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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias a efecto de esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 37 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político el Partido del Trabajo.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON EL CARÁCTER DE URGENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS A EFECTOS DE QUE ESCLAREZCA Y RESUELVA LAS INCONSISTENCIAS OBSERVADAS EN LA SESIÓN DE COMPUTO EN DONDE SE ESTIMA LA DESAPARICIÓN DE POCO MAS DE 37 MIL VOTOS, DADA LA IMPORTANCIA QUE TIENE SOBRE LA CONSERVACIÓN O PERDIDA DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto, con moción de urgente resolución, a consideración del H. Congreso de la Union la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de su historia nuestro país ha experimentado diversos cambios; desde sus inicios, los procesos electorales han sido un eje rector del estado de derecho y de la clara manifestación del deseo del pueblo de vivir en la civilidad política, que va desde la realización unilateral de los procesos electorales del Estado Mexicano, mediante normativas electorales en donde el propio Estado era juez y parte, hasta la actualidad, en donde los organismos electorales de naturaleza especial y autónoma, se han convertido por disposición legislativa en protectores de la voluntad de la población a través del voto en sus diversas manifestaciones de participación ciudadana.

El Constituyente Permanente, ha adoptado para el ejercicio de la democracia el reconocimiento de los derechos de las minorías políticas para alcanzar, mantener y consolidar la estabilidad y la gobernabilidad del Estado mexicano, con la finalidad de abrir espacios al diálogo y la manifestación de corrientes políticas, quienes han demostrado que con el uso de la razón se pueden llegar a mejor términos, pues no se trata de estar de acuerdo en el método, sino en el resultado.

Es así como se abrieron los caminos para que las minorías se integraran el Congreso de la Unión y expresan sus opiniones, con libertad irrestricta, en las más altas tribunas del país.

Es ahora, en esta época, que, cuando nos encontrábamos felicitándonos, ante la nueva dinámica de la reforma política, en donde los representantes sociales estábamos de acuerdo de llevar a cabo la tarea de revisión de esos métodos ya  rebasados, para dar lugar a nuevas figuras de unidad e integración nacionales, ante fortalecimiento de la presencia de las minorías.

En este orden de ideas, en el artículo 41 de la Ley Fundamental se dejó plasmado un auténtico sistema de partidos políticos y, desde entonces, apareció una norma de carácter marginal que establecía la necesidad de que las fuerzas políticas alcanzaran un determinado porcentaje de la votación para conservar su registro como partido político no obstante su evidente naturaleza accesoria respecto de la preceptiva integral.

En consecuencia, el enunciado normativo relativo a la pérdida o conservación del registro, se encuentra supeditado a que la corriente de pensamiento y acción política de que se trate, alcance el rango de partido político en condición de minoría política, logrando, por medio del sufragio, llevar un número significativo de legisladores al Congreso de la Unión.

El Dictamen de 1977 que dio origen a la reforma electoral, dejó claro al establecer:

“…En la convivencia pacífica y armónica que la nación reclama, a las mayorías deberán, mediante la aplicación de estas reformas, reconocer los derechos políticos de las minorías, respetarlos y ver en la discrepancia una forma útil de contribución a la integración de la conciencia nacional. Al mismo tiempo, las minorías deberán adquirir el alto compromiso de participar responsablemente en el gobierno del país. La adición que se propone por el Ejecutivo, cumple cabalmente estos altos fines…”

De conformidad con el artículo 26, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados. El Partido del Trabajo en la pasada elección, obtuvo por el principio de mayoría relativa seis diputados, es decir, que de manera sobrada logró en exceso una diputación para actuar como una minoría política que garantice la libre expresión de una corriente ideológica en la Cámara en términos del párrafo primero del mismo precepto. En consecuencia, al reunir los elementos de ley como minoría política, el Partido del Trabajo tiene derecho a conservar sus prerrogativas como lo son, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, consecuentemente mantener el registro. Nuevamente el dictamen resulta ilustrativo:

“…Desde un principio ha sido claro que nuestro proceso democrático será más firme en la medida en que sea capaz de incluir, de manera organizada, a nuevos grupos sociales, que representen cualquier ideología, en el empeño de alcanzar una más definida democracia.

El sistema político mexicano demuestra su madurez y desarrollo al perfeccionar formas para la actuación de las minorías, de manera institucional, dentro de los cauces legales para que mejor se manifiesten e integren políticamente. Ellas serán más fuertes, en la medida en que vayan adquiriendo un sentido de universalidad para comprender que los intereses de los diferentes grupos, se enriquecen mutuamente y no necesariamente se anulan…”

Todos y cada uno de los motivos que ponderó el Constituyente Permanente para reconocer los derechos de las minorías políticas y abrir espacio en el seno del Congreso de la Unión a todas las expresiones del mosaico político se encuentran vigentes y son válidas hoy día, aún con mayor justificación. La necesidad de encausar por vías institucionales a las opciones políticas, de que todas las ideologías encuentren cabida en el Congreso de la Unión y de que sin discriminación cualquier fuerza política pueda plantear sus puntos de vista como componente de la representación nacional son razones necesarias y suficientes para que la fuerza política que mediante el voto directo haya obtenido diversos legisladores de mayoría relativa, vea reconocidos sus derechos y prerrogativas y, en consecuencia, siga disfrutando de los efectos de su registro como partido político.

No obstante a todo lo anterior, el actuar de la autoridad electoral, aun cuando los resultados electorales no han causado estado, cuando la moneda se encuentra en el aire, cuando las múltiples irregularidades denunciadas no han sido resueltas y en los casos más graves no han sido investigadas, con celeridad inaudita, no vista en la celebración de otros actos del proceso electoral, echó a andar una campaña mediática tratando de pasar como verdad una decisión de carácter política tomada por los consejeros, quienes, sin llevar a cabo la el análisis, investigación y la reflexión que les permitiera darse cuenta de que estaban incurriendo en un incumplimiento grave a sus funciones electorales, se anticipan a manifestar de manera unilateral su voluntad propia sin tener certeza de que esta coincida con la voluntad popular, con esa que quedo plasmada en el sufragio del pueblo mexicano.

El proceso para renovar la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal fue una oportunidad para que la voluntad ciudadana se manifestara, y fue así, no obstante la falta de claridad en la actuación de la autoridad electoral administrativa, dio por hecho que el proceso electoral por el simple transcurso del tiempo dejarían en claro los resultados electorales, no obstante, ser esta tarea la finalidad principal del Instituto Nacional Electoral.

El Partido del Trabajo, en estos momentos está siendo víctima de la falta de claridad, de certeza y legalidad del Instituto Nacional Electoral, cuyos titulares se han negado en dar respuestas a hechos y actos de determinancia, no solo para el resultado de las elecciones sino para la conservación del registro de ese organismo político, que se enfrenta al silencio cuando solicita se investigue y se clarifique hechos de opacidad manifiesta, como la caída del sistema de cómputo por espacio de varias horas en donde espontáneamente desaparecieron poco mas de treinta y siete mil votos a favor del Partido del Trabajo, cuya falta lo sujeta a la posible pérdida del registro, frente a un Consejo General que sin entrar a fondo al propósito y espíritu de la ley ni a las normas que regulan las facultades del Instituto Nacional Electoral, quien debiera haberse abocado a analizar el problema y canalizarlo a investigación a sus órganos internos para poder dejar en claro mediante un punto de acuerdo, las medidas a tomar y las resoluciones ante esos atropellos, no obstante, de manera por demás frívola, abocó a dar por hecho la pérdida del registro del Partido del Trabajo, sin reparar en que la disposición en que pretendían fundarse debe aplicarse en armonía con la preceptiva integral que regula el sistema de partidos políticos en México, una de cuyas características es precisamente dar cabida a las minorías políticas en la representación nacional.

El espíritu del reconocimiento constitucional de las minorías políticas cuando son capaces de ganar distritos con el consecuente ingreso de miembros del partido al Congreso de la Unión debiera ser suficiente para que el Partido del Trabajo, en el contexto del proceso electoral 2015 conserve su registro, no obstante, resulta por demás contradictorio que mientras la voluntad popular le otorga a ese partido político seis curules, la autoridad electoral, considere que es factible recibir ese resultado y aun así perder el registro, lo cual, además de contradecirse, viene a ser el resultado de una manejo opaco por parte de la autoridad electoral en el manejo de los resultados electorales.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta, con el carácter de urgente al Instituto Nacional Electoral, para que realice las investigaciones necesarias a efectos de que esclarezca y resuelva las inconsistencias observadas en la sesión de computo en donde se estima la desaparición de poco mas de 35 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o perdida de su registro como partido político.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 6 días del mes de julio de 2015.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS.