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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar las medidas conducentes e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. ABEL SALGADO PEÑA, PRI.
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, PRD.
DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, PAN.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INE QUE EXHORTE A LAS DIRIGENCIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES E INSTAR A SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A EVITAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA CON RELACIÓN A LA ELECCIÓN FEDERAL DEL AÑO 2018.

 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

  1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 17 de junio del 2015, el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.
  2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-906.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado proponente señala que durante el proceso electoral 2014-2015 fue una exigencia de todos y cada uno de los actores involucrados, el que en las elecciones imperara la equidad entre las distintas fuerzas, a fin de garantizar el normal y justo desarrollo de la contienda electoral.

Advierte que, afortunadamente el saldo de esta elección ha sido favorable para las instituciones del Estado mexicano. Tanto así, que las elecciones se desarrollaron, con contadas y focalizadas excepciones, en normalidad, tranquilidad y paz. El escenario y contexto perfecto para que la ciudadanía manifestara sus preferencias y afinidades políticas con total libertad y poder elegir así a los diputados  federales, a los locales, a los miembros de los ayuntamientos y los gobernadores de 9 Entidades Federativas.

No obstante lo anterior, refiere que durante el desarrollo de la contienda, en su fase de precampañas y campañas, se desarrollo un desafortunado fenómeno en el que el principal dirigente de un partido político nacional de reciente creación, y figura emblemática del mismo, utilizó las prerrogativas y los espacios en radio y televisión, para promover su figura, como él mismo lo ha reconocido, con miras a la elección presidencial del 2018.

Para motivar su petición, expone que en una serie de consultas que realizó el diario El Financiero, (publicación: 15 de abril de 2015), se da cuenta de la opinión de diversos expertos en materia electoral, en las que advierten la violación del dirigente de MORENA a la normatividad electoral.

Por otra parte, comenta que en recientes días se pudo constatar que la exprimera dama, Margarita Zavala, anunció públicamente, a través de un video difundido en la plataforma Youtube, y demás redes sociales, su intención de ser la abanderada por el Partido Acción Nacional para la elección presidencial de 2018. Un “destape” que a todas luces, es excesivamente anticipado en casi 3 años.

Si bien en este último caso, la militante de Acción Nacional no hace uso de recursos públicos para difundir su imagen, lo cierto es que sí realiza “llamados expresos” a militantes y ciudadanía para sumarse a su eventual campaña, que en los hechos, inició ya el domingo pasado, 14 de junio de 2015.

Recuerda que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya se ha manifestado sobre el particular en el siguiente sentido:

“la autoridad electoral será a quién corresponda velar por el debido cumplimiento de cualquier actor político, que eventualmente decida participar en este proceso [2018]y será el gobierno absolutamente respetuoso del orden legal, y se mantendrá en absoluta imparcialidad actuando en apego a los principios y a los objetivos que esta administración se ha trazado para lograr el desarrollo, crecimiento y bienestar para los mexicanos“.

Es ese contexto, concluye que es claro que la opinión de los destacados académicos, politólogos y juristas, es que la Ley electoral se revise a profundidad, para cubrir las lagunas que están permitiendo hacer uno uso abusivo de las prerrogativas de partido para la sobreexposición mediática de un solo personaje que ha reiterado públicamente su intención de contender por la Presidencia de la República en el año 2018, o bien para el posicionamiento mediático de una figura pública que está solicitando apoyo al interior y al exterior de su Partido Político.

El Diputado proponente comenta que el Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha manifestado públicamente que, de acuerdo con las normas vigentes, los actos anticipados de precampaña o campaña no pueden ser valorados sino hasta que arranque el proceso electoral. Esto significa, dentro de más de 2 años, tiempo suficiente en el que se podría ver afectada, irremediablemente, la equidad en la contienda. Por ello, si la autoridad electoral ya ha manifestado su imposibilidad legal para intervenir ante estos actos, concluye el diputado federal, es nuestra tarea como legisladores abocarnos al estudio y perfeccionamiento del entramado legal en materia electoral.

 

No obstante, recomienda que en lo que transcurre la etapa de revisión, estudio y, en su caso, modificación de las leyes en materia electoral, es necesario que impere un ambiente de ética política en los principales actores, y evitar hacer un uso abusivo de las prerrogativas públicas, de los tiempos de radio y televisión y de las redes sociales. Señala puntualmente: No debemos ampararnos en la libertad de expresión, pilar indiscutible del Estado mexicano, para sacar ventajas indebidas en procesos electorales remotos.

Por ello, señala que, a fin de no enturbiar el ambiente político y para no afectar irreparablemente el desarrollo de un proceso que se iniciará dentro de casi 3 años, es menester que esta Comisión Permanente inste a los Partidos Políticos, militantes y simpatizantes, a evitar expresiones y “destapes” como los que se han verificado a últimas fechas.

Por lo anterior, propuso el siguiente punto:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide y hace suya la preocupación manifiesta del legislador proponente, sobre la relevancia toral que cumplen los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, en materia electoral, tanto en los procedimientos de elección de autoridades y representantes, como en la actuación de autoridades electorales, candidatos, militantes, simpatizantes y ciudadanía en general.

En la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han ido estableciendo los alcances de estos principios. En particular, el Ministro Sergio Valls elaboró desde el año 2009 un breve artículo,1 que reproducimos a manera de glosario en su parte conducente, para la comprensión de dichos principios:

Tratándose del principio de certeza se ha señalado que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas.

En cuanto al principio de legalidad es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Respecto del principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

Por otra parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, tienen el alcance de una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales al emitir sus decisiones lo hagan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural.

Con la precisión conceptual que ofrece el documento elaborado por el destacado Ministro Sergio Valls, podemos hacer una aplicación inmediata y verificar si en las elecciones subsecuentes se han perfeccionado estos principios.

Por su cercanía temporal, reviste particular importancia la elección celebrada en el proceso electoral 2014-2015, que gracias al trabajo de autoridades, miles de ciudadanos, candidatos y demás actores, tuvo una destacada e histórica jornada electoral el pasado 7 de junio.

Tal como lo manifiesta el proponente, esta Comisión Dictaminadora sostiene que el saldo de esta elección ha sido favorable para las instituciones del Estado mexicano y, en efecto, las elecciones se desarrollaron, con muy focalizadas excepciones, en normalidad, tranquilidad y paz social. Se tradujeron en un ejercicio cívico ejemplar para el resto del mundo.

Del mismo modo, esta Primera Comisión reconoce que este proceso electoral se caracterizó por una profunda confrontación mediática y por un alto índice de judicialización, ambos elementos de presencia natural y obligada en los modernos procesos democráticos celebrados en los estados constitucionales de derecho consolidados.

No obstante, se advierte que también se dieron, como en otros casos, actos anticipados de precampaña y campaña electoral, que ahora se encuentran en proceso de impugnación y que, por lo tanto, no es objeto del presente dictamen ni competencia de esta Comisión pronunciarse al respecto, por existir diversos juicios y procesos en etapa de impugnación y resolución en el Tribunal Electoral, tanto de su Sala Superior como de sus Salas Regionales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente señala en su artículo 3º lo siguiente:

Artículo 3.

  1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;

Como se desprende de estas definiciones legales y su interpretación literal, nuestra normatividad prohíbe, por una parte, los actos anticipados: (i) cuando se llevan a cabo dentro de los procesos electorales, pero antes del inicio de la etapa de precampaña, y (ii) cuando se realizan en cualquier momento fuera de la etapa de campañas.

Sin embargo, en este segundo supuesto no se especifica si deben ser considerados “actos anticipados”, únicamente aquellos que se lleven a cabo dentro del proceso electoral. Una interpretación sistemática de la definición contenida en el inciso a, del numeral 1, del artículo 3 en comento, hace suponer que la calificación de “actos anticipados” únicamente se puede realizar dentro de los procesos electorales.

De este modo, es claro que la normatividad electoral requiere: (i) una modificación legal que precise los alcances de la prohibición temporal de llevar a cabo actos anticipados de campaña, o bien, (ii) una interpretación de la autoridad jurisdiccional en materia electoral que especifique las condiciones en las que se pueden verificar los actos anticipados.

No obstante, lo que en su momento pretendió el órgano reformador de la Constitución, así como el Legislativo Federal, tanto en la reforma constitucional como en las subsecuentes entramados legales construidos, fue garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad a favor de las autoridades electorales y en beneficio de la equidad debida en la contienda.

De esta forma, en tanto no exista, ya sea una reforma legal que modifique las definiciones relacionadas con los “actos anticipados”, sea de campaña o de precampaña, o bien, un pronunciamiento obligatorio mediante jurisprudencia construida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la interpretación que haga las autoridades electorales, federales y locales, debe privilegiar el respeto a los cinco principios electorales multi-referidos, así como el principio fundamental de equidad en la contienda.

Por otra parte, esta Dictaminadora advierte que diversos Partidos Políticos, potenciales candidatos a la Presidencia de la República, militantes y simpatizantes, han realizado actos que, si bien no se pueden calificar de ilegales a priori, en respeto y atención al principio de presunción de inocencia, así como de la imposibilidad de este cuerpo colegiado de manifestarse en cualquier sentido por el principio de división funcional de poderes, lo cierto es que se pudieran traducir en actos que afecten irremediablemente la contienda que, como bien lo señala el Diputado proponente, habrá de iniciarse en más dos años.

Los denominados “destapes” o anuncio de candidaturas a la elección presidencial que se celebrará en 2018 no están prohibidos per se. Los partidos políticos, los candidatos, los militantes, los simpatizantes y toda la ciudadanía gozan del irrestricto derecho humano a la libertad de expresión,  a partir de la cual pudieran manifestar su interés o predilección por la posible candidatura de persona alguna.

Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades electorales, en su carácter de órganos rectores, y de los Partidos Políticos, estos últimos como instituciones de interés público y principal mecanismo de acceso a candidaturas a cargos de elección popular, el garantizar el respeto y cumplimiento de la normatividad electoral, no solo en su cumplimiento estricto y literal, sino en cuanto a sus objetivos y alcances.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no prejuzga sobre las actuaciones de los diferentes actores políticos que relata el proponente en su punto de acuerdo, sin embargo, insta a las instituciones políticas a atender los principios electorales y una interpretación teleológica favorable al principio rector de equidad en la contienda.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

 

IV. PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Nacional Electoral que exhorte a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de conformidad con sus documentos básicos y la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de julio de 2015.


 

LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Presidente

 

 

 

Dip. Abel Salgado Peña
Secretario

 

 

 

 

Dip. José González Morfín
Secretario

 

 

 

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Secretaria

 

 

 

Dip. Manuel Añorve Baños
Integrante

 

 

 

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
Integrante

 

 

 

Sen. Graciela Ortiz González
Integrante

 

 

 

Sen. Manuel Cavazos Lerma
Integrante

 

 

 


 

LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. María del Pilar Ortega Martínez
Integrante

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks
Integrante

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Doval
Integrante

 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Integrante

 

 

 

Dip. Graciela Saldaña Fraire
Integrante

 

 

 

Dip. Tomás Torres Mercado
Integrante

 

 

 

Dip. Lilia Aguilar Gil
Integrante

 

 

 

 

 


1http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf