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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar al Senado de la República respecto de las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los organismos internacionales de los que es parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES UN INFORME CON LOS POSICIONAMIENTOS, DISCURSOS, PRONUNCIAMIENTOS OFICIALES Y VOTOS RAZONADOS DE MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe con los posicionamientos, discursos, pronunciamientos oficiales y votos razonados de México en organismos internacionales.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la Senadora Laura Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del  Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Como toda política pública, la política exterior no puede ser ajena a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas como componentes esenciales de la actividad del Estado en todos sus rubros. Si bien hay esfuerzos relevantes en este sentido, es importante advertir la urgencia de una nueva dinámica que ponga gran parte de la información que hoy es prácticamente desconocida a la disposición del público en general y de los legisladores quienes tienen la responsabilidad de conocerla y evaluarla.

La participación de México en organismos internacionales es probablemente una de las áreas donde mayor activismo registra la política exterior de nuestro país. Prácticamente no hay tema relevante de la agenda doméstica e internacional de México que no encuentre reflejo en negociaciones diplomáticas relevantes en el seno de organismos internacionales para la emisión de una resolución, un nuevo instrumento jurídico o bien para la creación de un régimen internacional en materias que van desde el desarme y hasta el combate al cambio climático. En términos generales, la actividad del Estado Mexicano es vasta en lo que hace a la promoción de iniciativas propias en la deliberación de los grandes asuntos globales y, desde luego, en los procesos de votación sobre resoluciones y declaraciones torales para la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sustentable, los derechos humanos y el estado de derecho.

Paradójicamente, y sin menoscabo de la voluntad de apertura mostrada por los funcionarios a cargo de estas materias en el Gobierno Federal, no existen suficientes mecanismos de transparencia proactiva, que permitan a la sociedad conocer con oportunidad y precisión los posicionamientos y los votos que se emiten en nombre del país en organismos internacionales. Para el Congreso en general, y específicamente para el Senado de la República, supone una restricción relevante para el correcto desempeño de su prerrogativa de análisis de la política exterior implementada por el Ejecutivo Federal y enmarcada en el artículo 76 fracción I de la Constitución. Para la sociedad en su conjunto, y para el público interesado, supone una limitación indebida de su derecho de acceso a la información pública sobre el desenvolvimiento de una política pública tan relevante como el resto para el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los mexicanos.

En general, la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, así como de otros organismos multilaterales, informan puntualmente de estos posicionamientos y pronunciamientos, así como de los votos y las razones que les dan origen, en las páginas electrónicas de sus misiones o representaciones permanentes. Adicionalmente, algunos de ellos, publican los mismos en alguna de sus gacetas o boletines gubernamentales e incluyen ciertos documentos relativos a las prioridades de la actuación del país en organismos durante un periodo determinado o bien información relativa tanto a la agenda de encuentros a celebrar o a la presentación de candidaturas del país a distintos cargos en organismos internacionales. Prácticamente todos los países europeos y un buen número de países asiáticos y latinoamericanos cuentan con sitios electrónicos actualizados sistemáticamente con estos y muchos otros contenidos.

Algunos países cuentan incluso con otros instrumentos que les permiten dar a conocer al Congreso la información relativa a los votos, posicionamientos y resoluciones trascendentales en el seno de organismos multilaterales mediante informes anuales. Es el caso de los Estados Unidos en donde, desde 1985, la Secretaría de Estado envía tanto al Presidente de la Cámara de Representantes como al Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado un reporte anual sobre el récord de votaciones en las Naciones Unidas. Un apartado relevante de este reporte es el que, de hecho, analiza la coincidencia entre los votos emitidos por los Estados Unidos y otros países. Reportes similares pueden encontrarse en la práctica de otros países miembros del Consejo de Seguridad pero también en los informes que sobre política exterior algunos gobiernos remiten a sus Congresos.

En el caso mexicano, es por todos conocido, el hecho de que el Informe de gobierno que anualmente rinde el Presidente de la República ante el Congreso, si bien contiene un apartado completo en materia de política exterior, no necesariamente informa sobre el registro de votación de resoluciones en foros multilaterales ni tampoco da cuenta precisa sobre los pronunciamientos públicos más relevantes del país emitidos en el seno de estos organismos. Lo anterior a pesar de que se trata de aspectos de la mayor relevancia para la política exterior del país en la medida en que reflejan, por un lado, el posicionamiento del gobierno mexicano y, por el otro, la voluntad de asumir compromisos con profundas implicaciones sobre el quehacer y la representación internacional del Estado en su conjunto. De ahí las iniciativas presentadas por un grupo de Senadoras y Senadores de la República, entre ellos una servidora, en noviembre pasado, buscando precisamente desarrollar un esquema de transparencia y rendición de cuentas para la política exterior de México con el acento puesto en los compromisos internacionales adquiridos.

Resulta evidente, por tanto, la necesidad doble de recibir esta información tal cual se ha venido produciendo y acumulando desde el inicio de esta administración pero también la de establecer un mecanismo para que se remita periódicamente al Congreso y se divulgue con mayor sistematicidad en los medios electrónicos de los que dispone la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Misiones de México ante los Organismos Internacionales más importantes para la agenda multilateral del país. Al respecto vale la pena recordar que la Ley General de Transparencia incorpora obligaciones de transparencia proactiva mediante las cuales cualquier información que sea de utilidad o se considere relevante deberá ser publicada por parte de los sujetos obligados.

Llama la atención, por ejemplo, que el Ejecutivo Federal, en virtud del artículo 8 de la Ley de Aprobación de Tratados en materia económica, se encuentre obligado a remitir al Senado informes periódicos sobre las negociaciones comerciales en curso en las que participa la administración pública federal y que, sin embargo, no esté igualmente obligado a presentar Informes periódicos sobre la actividad multilateral de México toda vez que también supone la adopción de compromisos y de decisiones que comprometen internacionalmente al Estado.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República, a la brevedad posible, y previo a la presentación de su tercer Informe de Gobierno, un Informe que contenga los posicionamientos, discursos y pronunciamientos que el Gobierno Federal, a nombre de México, emitió en reuniones públicas de organismos internacionales donde cuenta con representación permanente, así como el registro de votos y las razones con que los sustentaron, en el seno de los mismos, en lo que va de la presente administración.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir, durante el inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, el Informe al que se hace referencia en el resolutivo primero así como incorporar la información relativa al capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a publicar y actualizar sistemáticamente esta información en los sitios electrónicos tanto de la Cancillería como de las Misiones de México ante Organismos Internacionales.”

 

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente el acceso a la información pública representa uno de los logros más relevantes de nuestro proceso de transición democrática y se ha convertido en un eje vertebral de las políticas públicas y del funcionamiento de la administración pública. En este sentido, la política exterior no puede estar fuera de este principio general que debe resultar aplicable para todas las instituciones públicas del país.

La Política Exterior debe entenderse como una de las más importantes políticas públicas con una incidencia directa sobre la vida de los ciudadanos en distintos aspectos que incluyen, entre muchos otros, la seguridad, la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y la salud. Se trata, por tanto, de una política que se construye a través de acciones, posicionamientos, instrumentos y procesos deliberativos de los cuales los ciudadanos tienen derecho a conocer.

III.- Para esta dictaminadora, acceder al razonamiento de las distintas posiciones que asume el Gobierno Federal en asuntos de Estado a través de su política exterior, es un asunto de vital importancia para ejercer a cabalidad la facultad del Senado de la República consagrada en la fracción I del artículo 76 constitucional, relativa al análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, así como para dotar al ciudadano de las herramientas que le permitan definir un criterio y una posición informada sobre los asuntos del Estado mexicano en organismos internacionales.

IV.- Es importante recordar, que para esta Dictaminadora no es ajeno el papel que tiene el Congreso de la Unión -particularmente el Senado de la República- como órgano de control político y corresponsable de la política exterior con el Ejecutivo Federal y que la solicitud es de hechos o decisiones que no se encuentran restringidos por ningún ordenamiento legal.

Esta Dictaminadora considera que la proposición en análisis tiene fundamento en el numeral I, del Apartado A del artículo 6to. Constitucional que establece para el ejercicio de derecho a la información que:

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.     Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”

Adicionalmente esta Dictaminadora realizó una revisión jurídica de los supuestos sobre los cuales las leyes reglamentarias pudieran establecer los supuestos de reserva de información, y en el caso particular de la información sobre los posicionamientos, discursos, pronunciamientos, registro de votos y su razonamiento en reuniones públicas de organismos internacionales, está no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 113 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En tal sentido, las disposiciones reglamentarias del artículo sexto constitucional no establecen restricción alguna en solicitudes de información en materia de política exterior,

V.- Los legisladores y legisladoras en la revisión de las facultades del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente del mismo, sobre sus capacidades de solicitar o exhortar al Ejecutivo Federal para que remita al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, un Informe posicionamientos, discursos y pronunciamientos del Gobierno Federal, emitidos en reuniones públicas de organismos internacionales donde México cuenta con representación permanente.

La Constitución establece en el artículo 69 que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Pero la Constitución, le otorga al Legislador a partir de la reforma del 10 de febrero de 2014, el segundo párrafo del artículo 69, una vez recibido el Informe de Gobierno,  la oportunidad a cada una de las Cámaras de realizar el análisis del informe y solicitar al Presidente de la República una ampliación de la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

Sin embargo, la importancia de la reflexión del presente Dictamen radica en el hecho particular de información a priori sobre los informes que está obligado a brindar el Ejecutivo Federal al Senado de la Republica en materia de política exterior y del fehaciente cumplimiento de las funciones del Senado en la materia, se fundamenta a partir de una interpretación sistemática de los artículos sexto, artículo 69, y párrafo cuarto del artículo 93 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del correcto funcionamiento del diseño e supervisión de la Política Exterior del Estado mexicano de manera conjunta por dos poderes de la Unión.

A opinión de esta Dictaminadora para el cumplimiento de lo establecido en el inciso I del artículo 76 que establece como facultad exclusiva al Senado el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República; del Secretario del Despacho correspondiente que rinden al Congreso y del cumplimiento de lo establecido en la fracción X del artículo 89 por el que establece la facultad al Poder Ejecutivo para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, el Congreso debe contar con la información en tiempo y forma para el cumplimiento de sus obligaciones, información que administra y determina el Poder Ejecutivo, sujeto a la supervisión del Congreso, en tanto que la restricción o dilatación de esta información, limita el pleno ejercicio de las facultades que establece la Constitución de coordinación y de control entre poderes.

Esta dictaminadora considera que si bien el Constituyente de 1917 otorgó al Senado la facultad de sancionar y analizar la política exterior del Ejecutivo, como un mecanismo de control sobre el papel de México con el resto del mundo, la construcción de una agenda internacional en materia de derechos humanos, seguridad, cambio climático, acuerdos comerciales y los mecanismos regionales de cooperación y desarrollo, obligan a un papel más activo del legislador para evaluar el desempeño del Estado mexicano en un mundo más interdependiente. Entonces, hemos de procurar una mayor y mejor cooperación, así como el establecimiento de canales de diálogo que nos permitan como Estado jugar un mejor rol en los intensos procesos internacionales de negociación.

Desde el punto de vista de esta Dictaminadora, el segundo resolutivo en análisis que solicita:

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir, durante el inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, el Informe al que se hace referencia en el resolutivo primero así como incorporar la información relativa al capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

Que la información que hace referencia este resolutivo son los posicionamientos, discursos y pronunciamientos que el Gobierno Federal, que ha emitido en organismos internacionales con representación permanente, el registro de votos y las razones con que los sustentaron, deberá remitirse en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República e incorporarlo en lo subsecuente capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

VI.- Como antecedente a la solicitud de la promovente, encontramos en los artículos 5 al 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en materia de procedimiento de información sobre la celebración de Tratados, que establece, y para los efectos se cita textualmente:

 

“DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado.

El informe contendrá:

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que guardan las negociaciones, entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.

Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las comisiones a las que haya sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión a la que se refiere el artículo anterior, deberán requerir a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que represente a México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de esta ley.

Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de:

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;

II. Los alcances de la negociación;

III. Los compromisos de la negociación, y

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que se refiere el artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitirá si lo considera necesario, un Punto de Acuerdo, relativo al contenido del informe.

Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán presentar informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas a las que haya sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, a la subcomisión correspondiente.

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y obtener la información mencionada. Podrán allegarse de estudios que realice el personal a su cargo o los que requieran a las dependencias competentes del Poder Ejecutivo.

Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las y los funcionarios señalados.

Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá someterse al Senado junto con los siguientes documentos:

I. Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan conforme al tratado de que se trate;

II. Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y reglamentos de México;

III. Los rubros que México concedió durante la negociación;

IV. La forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al tratado firmado;

V. La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y

VI. Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las razones.

Artículo 10. Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha en que el Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado.”

IX.- Desde una interpretación estricta de las reformas emanadas del artículo sexto constitucional la LXII Legislatura reconstituyó todo el andamiaje jurídico de acceso y rendición de cuentas de la administración pública, que otorga al ciudadano todo derecho de solicitar y con mayor razón, a quien en representación del ciudadano tiene la obligación constitucional de ejercer funciones de control y responsabilidad compartida en materia de política exterior.

VII.- Ahora bien, desde una interpretación estricta de las reformas constitucional y legal en materia de transparencia, observamos que el Estado mexicano refundó el andamiaje jurídico de acceso a la información y rendición de cuentas, reconociendo al ciudadano el derecho de solicitar y acceder a toda la información pública. Entonces, observando el principio constitucional de máxima publicidad, es dable que quien tiene la obligación constitucional de ejercer funciones de control y responsabilidad compartida en materia de política exterior, pueda, como cualquier ciudadano, acceder a la información en comento.

Esta dictamidora considera en tal sentido procedente la solicitud de la promovente de mejorar la accesibilidad por parte del Legislador o de cualquier ciudadano, la información debe ser publicarse y actualizarse de manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos tanto de la propia Secretaría como de las Misiones de México ante los Organismos internacionales, la información a que se refieren los resolutivos primero y segundo.

Finalmente, si bien es cierto es un caso de la solicitud por parte de un integrante del Senado de la República, órgano legislativo que interviene en el proceso de la definición y evaluación de la política exterior, y que dicha solicitud está dentro de sus facultades constitucionales, los integrantes de esta Comisión, en una interpretación sistemática del razonamiento del dictamen, también considera que el respeto del derecho de acceso a la información por un integrante del Congreso de la Unión, no restringe o limita los derechos de los ciudadanos en el mismo caso, la información debe ser de carácter público y sujetarse a la rendición de cuentas, en tal sentido, la capacidad de control de órganos distintos al Congreso, o de la opinión pública, obliga al Ejecutivo Federal a garantizar el acceso y publicación sobre las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar periódicamente al Senado de la República respecto de las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.


Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incorporar un análisis de dichas intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican, en los informes anuales a los que hace referencia la fracción I del artículo 76 Constitucional.

Tercero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a publicar y actualizar de manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos tanto de la propia Secretaría como de las Misiones de México ante los Organismos internacionales, la información a que se refieren los resolutivos primero y segundo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de junio de 2015.

POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter

Presidente

     

Sen. Daniel Amador Gaxiola

Secretario

     

Sen. Fernando Yunes Márquez

Secretario

     

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes

 Secretaria

     

Dip. Alejandro Montano Gúzman

     

Dip. Filiberto Guevara González

     

Sen. René Juárez Cisneros

     

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

     

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

     

Dip. Rocío Reza Gallegos

     

Dip. Fernando Rodríguez Dova

     

Dip. Amalia García Medina

     

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

     

Sen. Manuel Bartlett Díaz

     

Dip. María Sanjuana Cerda Franco