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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre los mecanismos y protocolos que se han implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes y cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES.

 

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen tres proposiciones con Punto de Acuerdo con relación a la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

 

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio de 2015, el Sen. José María Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3. Con fecha  24 de junio de 2015, la Sen. Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

5. Con fecha  24 de junio de 2015, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Sen. María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposicióncon punto de acuerdo en relación a la atención, protección y garantía de derechos humanos, con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.

6. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

 

 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El Sen. José María Martínez Martínez señala expresamente en las consideraciones de su proposición lo siguiente:

“La migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. A lo largo de la última década, los organismos y las agencias internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han implicado cada vez más en un diálogo sobre los niños y los adolescentes afectados por la migración, ya sea la suya o de la sus padres.

Estas instituciones han constatado la importancia y la complejidad del fenómeno, así como la gama de problemas a los que se enfrentan estos niños y adolescentes. Concluyen que existe una necesidad urgente de entender este fenómeno, especialmente en aquellas regiones o corredores con mayores tasas de migración infantil. Una de estas regiones es el corredor de América Central-México-Estados Unidos, en el que el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.

Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiado y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar.

Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.

El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, por temor a su propia deportación o la de sus familiares. En lugar de poder ejercer su derecho a desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitaria y otros servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral.

Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas.

En el caso de nuestro país, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y los adolescentes mexicanos huyan del país.

Hasta hace poco, las políticas consulares de nuestro país prestaba muy poca atención a los derechos de los niños migrantes. No se había implementado ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. Aunque los acuerdos mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes.

Los funcionarios consulares mexicanos adscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa, por lo que adoptan temporalmente la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento.

Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades.

El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias.

De conformidad con el informe Niñez y Migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y desafíos [*],las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus derechos o solicitar beneficios migratorios.

El INM deporta a más del 85% de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central. Nuestro país de acuerdo con este informe, no acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.

Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Esta situación solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y garanticen el acceso a protección internacional.

Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros por lo que se requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al regresar a territorio mexicano.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Migración, a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.”

Por su parte, la  Sen. Angélica de la Peña Gómez expone en su proposición lo siguiente:

“Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 tuvo lugar una crisis humanitaria sin precedente en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. En aquel entonces, las autoridades del país vecino comenzaron a detener a migrantes no acompañados menores de 18 años en un número nunca antes visto y, como consecuencia, alrededor de 53 mil menores de 18 años terminaron en los centros de detención que tiene la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera y principalmente en el estado de Texas.

En reacción a lo anterior, el 7 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo Federal presentó el Programa Frontera Sur, iniciativa que tenía como propósitos básicos el proteger al migrante y ordenar el paso fronterizo. Para ello se enumeraron cinco acciones, entre las cuales se incluyó de manera particular, la creación de centros de atención integral en la frontera sur, así como la emisión gratuita de Tarjetas de Visitante Regional.

Sin embargo, un año después de la denominada ‘crisis de los niños migrantes’ en el sur de Texas y a menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario del Programa Frontera Sur, las estadísticas oficiales revelan que México detiene y deporta a más migrantes indocumentados centroamericanos menores de 18 años que la Patrulla Fronteriza estadounidense.

De esta forma, es claro que la política migratoria de nuestro país ha desparecido y ha dejado su lugar a una estrategia de seguridad y de gestión migratoria enfocada en administrar los flujos fronterizos, a efecto de que los migrantes centroamericanos no ingresen o no se mantengan en nuestro territorio evitando con ello que lleguen a los Estados Unidos. No importan las razones que han llevado a la mayoría de esas personas a migrar hacia nuestro país ni tampoco las disposiciones legales que obligan a nuestras autoridades a realizar un procedimiento administrativo sustentado en el interés superior de la niñez.

No importa que muchas de esas niñas, niños o adolescentes vengan huyendo de situaciones de violencia que amenazan su vida e integridad;  y tampoco importa que nuestro país esté obligado a realizar una evaluación caso por caso para determinar la situación particular de cada migrante con base en los estándares más altos en materia de derechos humanos. La deportación a granel es la regla.

De conformidad con información proporcionada por el propio Instituto Nacional de Migración, los arrestos de menores de 18 años provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, sumaron 11 mil 893 en los primeros cinco meses de 2015, un incremento de 49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se detuvieron a 8 mil 003 niñas, niños y adolescentes.

El organismo señaló que del total referido, 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5 mil 780 iban con algún familiar. Además, dos terceras partes tienen una edad de entre 12 y 17 años, y del total, 8 mil 060 son hombres y 3 mil 833 mujeres.

Tan solo entre octubre y abril, se detuvieron a 92 mil 889 migrantes centroamericanos, cuando en el mismo periodo Estados Unidos retuvo a 70 mil 226. De esta forma, han sido razones y argumentos estrictamente cuantitativos los que han llevado a nuestro país a aplicar y justificar una política de expulsión masiva que atenta contra el mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual regula de manera específica en uno de sus capítulos la actuación de las autoridades relacionadas con la movilidad humana y establece claramente lineamientos y procedimientos a aplicar cuando se trate de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En el Senado de la República, somos conscientes de que las niñas, niños y adolescentes que deciden cruzar la frontera sin compañía, son más vulnerables a sufrir violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras peligrosas posibilidades.

En razón de lo anterior y dada la magnitud de la problemática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe en el que nos  alerta de que los migrantes, lejos de estar más protegidos tal y como aseguran las autoridades, siguen siendo objeto de agresiones y violaciones a derechos humanos a su paso por México. En concreto, la CIDH expresó su preocupación al Ejecutivo mexicano por los siguientes puntos.

1.- Aumentó del casi  98% detenciones en 2015.

2.- Persisten agresiones contra migrantes y también contra activistas.

3.- Falta de condiciones de seguridad para defensores de migrantes.

4.- No se aplican estándares internacionales en operativos migratorios.

5.- Detención de niños migrantes.

Para hacer frente a este realidad, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como el marco legal que reconoce a la niñez como sujeta de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Dicha Ley establece en su capítulo Décimo Noveno, relativo a la niñez migrante, una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los congresos locales armonizaran  su legislación y realizaran las reforman necesarias para estar en condiciones de cumplir con los preceptos de la ley general.

En este contexto, e DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo 12 estados han armonizado su legislación: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. Por lo tanto, es de lamentarse que los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no hayan concluido aún el proceso de armonización legislativa.

Y también es de lamentarse que el propio gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, tampoco esté cumpliendo con los lineamientos y procedimientos establecidos en la ley para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de movilidad humana. 

Lo anterior ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas a implementar desde enero un proyecto de apoyo a albergues para la niñez migrante no acompañados en el sur de México y a demandar al gobierno de México que finalice con las detenciones ilegales. En la opinión de la propia ONU y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el aumento de las detenciones ilegales contra la niñez migrantes, sin tomar en cuenta el principio de la excepcionalidad de la detención migratoria, constituye una violación a diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.”

En consecuencia, su contiene los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración que informe a esta soberanía sobre los mecanismos y protocolos que la institución a su cargo ha implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación que suspenda inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes; y cumpla con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evalúe la aplicación del Programa Frontera Sur y determine, en el ámbito de sus competencias, el impacto que dicho programa ha tenido en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.”

Finalmente, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, presentan los siguientes argumentos para sustentar su propuesta:

“1.-El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%).

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor intensidad, de retorno de migrantes. La dimensión que tienen estos fenómenos hacen que México sea, dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración internacional.

Debido a su ubicación geográfica, México se encuentra en una posición estratégica para toda clase de flujos migratorios y comerciales, los cuales se trasladan de sur a norte y viceversa.

2.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2009 y 2011, el número de procedimientos levantados por el delito de sustracción y tráfico de menores de edad y personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos, se ha incrementado a casi 4,500.

Derivado de la consecución de este tipo de delitos, las autoridades tanto de los ministerios públicos, como de carácter judicial, han detectado que en buena parte se debe a que uno de los padres se lleva al o los hijos o hijas, como venganza en contra del cónyuge o derivado de una discusión o situación de conflicto con su cónyuge o con quien comparta la patria potestad de los menores.

a).- Cifras Nacionales:

•México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos.

•No existen datos exactos de su magnitud, sólo se conocen las estadísticas migratorias de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, los datos que no están registrados por alguna institución, se desconocen, por lo que la cifra real debe ser mucho más alta.

•De enero a agosto de 2014, 15, 795 niñas, niños y adolescentes fueron presentados ante el INM, de los cuales 7, 528 viajaban sin compañía.

•La cifra es 160% más elevada que en el año 2012 (5,958) y 60% más que los datos arrojados en 2013.

•En 2013 se registraron 26 niñas, niños y adolescentes migrantes por día, mientras que en 2014 la cifra aumentó a 65.

•El 97% de niñas, niños y adolescentes migrantes son originarios de Honduras (7 mil), Guatemala (4 mil) y el Salvador (3 mil).

•Los Estados en donde más se han asegurado niñas, niños y adolescentes son: Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas.

Aunado a estas cifras, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Migración (INM), mencionan que en lo que va del año se rescataron a 11,893 niñas, niños y adolescentes originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 5,780 viajaban con algún familiar.

De las niñas, niños y adolescentes señalados en el párrafo anterior, 4,029 tienen entre cero y 11 años de edad; y 7,864 tienen entre 12 y 17 años, lo que significa que el 66 por ciento de extranjeros rescatados son adolescentes. En cuanto a su distribución por sexo 8,060 son hombres y 3,833 mujeres.

3.- La Ley de Migración vigente a partir del 26 de mayo de 2011, establece como principios de la política migratoria del Estado mexicano, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de los grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, y personas adultas mayores, así como víctimas del delito.

Tratándose del tema específico de la salida de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, la Ley establece que para salir del país sin padres, debe contarse con la autorización de éstos ante notario público, ello con el fin de que al estar en el extranjero la persona mayor de edad que lo acompañase contara con permiso para ejercer la tutela del menor de edad en caso de que fuese necesario; principalmente por el tema de que requiriera alguna intervención quirúrgica, que tuviera un accidente o alguna situación similar.

Asimismo, en el caso de que viajaran con alguno de sus padres, se requería la autorización notariada del otro, en virtud de que la patria potestad se ejerce de manera conjunta.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2015, establece una serie de aspectos garantistas de derechos en el contenido de la legislación y particularmente en el Capítulo Décimo Noveno, titulado “Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes”, entre los que destacan:
•El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio;
•El derecho a ser informado de sus derechos;
•El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;
•El derecho de la niña, niño o adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales;
•El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;
•El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;
•El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con el mismo;
•El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño o adolescente y esté debidamente fundamentada,
•El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y
•El plazo razonable de duración del proceso.

Asimismo, la Ley contempla que los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales que hayan sido repatriados a México, así como a los extranjeros no acompañados en situación de migración irregular, en tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio respectivo, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.

4.- En cuanto a política pública y acciones de gobierno, es importante señalar que a través de esfuerzos coordinados el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y el INM han implementado estrategias comunes para cumplimentar la Ley de Migración con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y salvaguardándolos íntegramente durante su estancia en el país, luego de ser rescatados por el Instituto, evitando con ello que sean expuestos a trabajos forzados, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltrato físico y verbal, entre otras condiciones de riesgo.

Asimismo, los Sistemas Estatales y Municipales DIF, brindan protección y atención especializada, en tanto su representación consular lleva a cabo el reconocimiento de nacionalidad y localización de sus familiares, para entregarlos a las autoridades migratorias de su país de origen y posteriormente reunificarlos con su familia, contando con personal especializado como médicos, psicólogos y trabajadores sociales para detectar y atender oportunamente a todas las niñas, niños y adolescentes canalizados.

Aunado a lo anterior, y como otra muestra del trabajo de la presenta administración, el pasado 11 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron un modelo integral basado en el enfoque de género y derechos humanos para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Dicho protocolo, señala la Cancillería, es una herramienta concreta de cómo llevar a la práctica la aplicación de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la cual fortalece las capacidades institucionales de la diplomacia mexicana en beneficio de la población, en particular aquella que atraviesa situaciones de vulnerabilidad, a partir de mecanismos como cuestionarios, lineamientos para la conducción de las entrevistas consulares y un sistema para la capturar de manera ágil y segura datos personales.

Sin duda, este mecanismos constituye un cambio de paradigma en cuanto a la atención consular, ya que brinda herramientas al personal de los consulados para dar atención integral y diferenciada a niñas, niño o adolescente con el objetivo de poder evaluar su interés superior, detectar de manera oportuna posibles situaciones de riesgo y activar la cadena de protección interinstitucional que garantice la salvaguarda de cada uno de sus derechos.

5.- Como se observa a lo largo del presente, en materia legislativa han sido loables los esfuerzos realizados por el Congreso de la Unión para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias que permitan la atención de la migración de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Asimismo, las loables e importantes acciones que a nivel Ejecutivo se están realizando con la finalidad de atender y respetar cabalmente el principio del interés superior de la niñez de niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente de aquellos que lo hacen en calidad de “no acompañados”.

Ante ello, reconociendo la labor realizada por el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), así como atendiendo las cifras expuestas por dicho Instituto, es necesario continuar con esta ardua labor y con ello exhortar a las entidades federativas para que a través de sus instancias correspondientes fortalezcan los mecanismos para coadyuvar con la política nacional migratoria, particularmente en lo relacionado a la atención, protección y garantía de derechos humanos, así como del principio del interés superior dela niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.”

En este tenor, las senadoras proponentes presentan el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, dentro de sus instancias correspondientes, a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.”

 

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones en estudio, que confluyen en la preocupación por asegurar el pleno respeto de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes y garantizar su trato adecuado cuando son puestos a disposición de las autoridades migratorias.

Debe considerarse que en México, el fenómeno de niños, niñas y adolescentes migrantes se ha venido agravando, pues si bien la cifra de cuántos menores no acompañados pasan por la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unidos es imprecisa; el número de menores que han visto frustrado su intento por las autoridades mexicanas es alarmante: en el primer semestre de 2014, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 8,007 menores de entre 0 y 17 años, de los cuales 4,230 viajan sin la compañía de ningún familiar. Visto lo anterior, se hace patente la necesidad de incorporar a la política migratoria del Estado mexicano, medidas de protección que contribuyan al mejor cumplimiento de la obligación de la autoridad de garantizar el interés superior del infante.

Lo anterior se hace patente al observar el incremento del fenómeno de menores migrantes no acompañados en trayecto a los Estados Unidos. De los miles de menores aprehendidos recientemente en la unión americana, la mayoría se le atribuye al continuo estado de violencia en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayor parte de los niños Guatemaltecos provienen de áreas rurales, lo cual indica que probablemente están en busca de mejores condiciones económicas, los Niños Salvadoreños y Hondureños, por otra parte, provienen de regiones con extrema violencia a tal grado que prefieren arriesgar sus vidas en el viaje hacia los Estados Unidos que permanecer en sus propios países. La economía es otro factor clave ya que de acuerdo con el Banco Mundial, en Honduras, Guatemala y El Salvador el 30%, 26% y 17% de la población respectivamente subsisten con sueldos de menos de 2 dólares al día aproximadamente. En lo que respecta a nuestros connacionales, en el primer semestre de 2014, 137,429 mexicanos fueron deportados desde los Estados Unidos, de ellos, 6,453 eran menores no acompañados, según datos del Instituto Nacional de Migración.

Ahora, si bien las causas de la movilidad humana pueden ser múltiples, complejas y operan de forma interconectada, podemos observar que la actual explosión migratoria de niños y niñas no acompañados, de acuerdo a la ACNUR, obedece a la crisis económica, la violencia, la persecución y la necesidad de reunificación familiar, factores que obligan a miles de menores a dejar su país de origen. Aunado a ello, encontramos una mala interpretación de la “Ley Wilberforce” de Estados Unidos, que establece un procedimiento para la deportación de menores que requiere llevar a tribunales los casos de menores migrantes, para determinar si deben o no ser deportados, procedimientos que normalmente duran entre dos y tres años, tiempo en que los menores indocumentados se entregan a sus padres o parientes en Estados Unidos o a familias de acogida mientras dura el proceso. Esto despierta la esperanza de menores y sus familias de que podrán permanecer en los Estados Unidos.

En 2013, el 98% de los menores indocumentados procedentes de Centroamérica no fueron deportados y sus casos siguen el proceso que marca la ley. Así, en el ejercicio fiscal pasado de las 50,000 niñas y niños migrantes sólo 2 mil, el dos por ciento, fue devuelto a su país de origen, por la Oficina de Restablecimiento de Deportados. Esta aparente permanencia provoca en la población centroamericana un espejismo que ha sido resentido en México, que ha visto pasar por su territorio a una cifra creciente de menores migrantes no acompañados.

Ahora bien, considerando que los niños migrantes enfrentan importantes desafíos durante el proceso de migración que se ven agrandados cuando no cuentan con documentos de identidad adecuados transitan sin sus familias, y en países donde no existe protección legal y en donde se les impide acceder a servicios básicos tales como la educación y la atención sanitaria; podemos comprender que estos infantes corren un gran riesgo de explotación y son susceptibles de caer víctimas de la explotación infantil.

Al respecto, dos investigaciones de ACNUR en torno a esta problemática han revelado que el 58% de los menores interceptados en EUA y entrevistados (404) tienen necesidad de protección internacional; y un 48.6% de los alojados en estaciones migratorias en México y entrevistados (280) manifestaron haber salido por causas relacionadas con violencia y seguridad. Además, se constató que el 73% de los niños y niñas no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México.

Resulta entonces preocupante que según señala el ·Posicionamiento Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. No más indiferencia y deshumanización” en 2013 México sólo aceptó el 23,5% de las solicitudes de asilo presentadas por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Sin incluir las visas de trabajo temporales disponibles para los guatemaltecos y beliceños, México sólo concedió 9.028 nuevos permisos de residencia temporal o permanente a los centros americanos en 2013 y sólo 142 fueron por razones humanitarias.

Así mismo, encontramos que Organizaciones de la sociedad civil señalan como obstáculos el hecho de que la violencia sistémica y multicausal de los países no se considera enla práctica, como un elemento para otorgar asilo, así como las prácticas de disuasión por parte de las instancias de apoyo; la dificultad de identificar el perfil de condición de refugiado en el tránsito; el no haber alternativas a la detención en el caso de que la persona se encuentre en una estación migratoria; o el hecho de que las personas ligadas al crimen organizado y otras formas de violencia son factores que inciden en que las solicitudes sean rechazadas.

Aunado a la baja tasa de reconocimiento, un aspecto preocupante es que no se respete el principio de no devolución en los procesos de detención y deportación, un derecho fundamental en el marco de la protección internacional. México ha aumentado su capacidad para interceptar, detener y deportar a los migrantes centroamericanos, pero los procedimientos de control, intercepción y deportación no van precedidos de pruebas que evalúen si estas personas requieren algún tipo de protección internacional, lo que deja en extrema vulnerabilidad a aquellos centroamericanos y centroamericanas que hayan experimentado violencia o amenazas dirigidas específicamente a ellos en sus países de origen y que huyeron para salvar sus vidas.

Es por ello que México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, es una Nación que está obligada a contar con políticas adecuadas e integrales. En el país se han hecho esfuerzos para enmendar deficiencias estructurales que propician abusos, corrupción, impunidad y violencia en aumento dejando en una condición de extrema vulnerabilidad a los migrantes mexicanos y centroamericanos. Desde el Legislativo, se han establecido normas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Migración, que establecen protocolos para garantizar la protección del menor y la plena observancia de su interés superior.

En este contexto, el estudio “Niñez migrante no acompañada en la región Norte y Centroamérica”, realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI),  revela que de octubre de 2013 hasta junio de 2014, más de 51,000 menores de edad han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza, de los cuales, 12,146 eran de nacionalidad mexicana. La respuesta del Gobierno estadounidense ha sido incrementar los espacios destinados a su detención, lo que sin embargo disminuye la posibilidad de identificar las necesidades especiales de protección, y que sin embargo la respuesta de las autoridades migratorias de México, ha sido la detención y activación de un proceso expedito para su devolución o repatriación, cayendo en omisiones a su obligación de velar por el interés superior de la niñez e identificar y brindar la protección internacional que las niñas y los niños necesitan.

Ante ello, es necesario señalar que el grupo vulnerable de menores migrantes, requiere de la implementación de políticas públicas de protección integral acorde a las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, sexo, etnia y nacionalidad.

En México, la autoridad migratoria, al asegurar a un menor, debe observar y procurar en todo momento el interés superior del niño e informar al menor de sus derechos dentro del procedimiento migratorio y  de los servicios a que tiene acceso, dar aviso al consulado de su país y poner en contacto al menor con éste, salvo cuando pueda ser asilado o refugiado, y canalizarlo a alguno de los albergues de tránsito para la infancia migrante públicos o privados para su salvaguarda, donde se les deberá proporcionar la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria.No obstante esta obligación, diversas organizaciones no gubernamentales han documentado que si éstos son mayores de doce años son ingresados a las estaciones migratorias, lugares que no cumplen con los estándares adecuados para su desarrollo y seguridad, ya que la política de los albergues del sistema DIF es no aceptar niñas o niños de doce años o más por no contar con las condiciones de seguridad requeridas ni con medidas de atención especializada para este grupo de edad.

Así mismo, se ha denunciado de manera reiterada que ni México ni los Estados Unidos garantizan a las niñas y los niños el rápido acceso a una asistencia jurídica ni a otra asistencia adecuada para impugnar la legalidad de su detención o incluso solicitar la protección internacional.

Por lo anterior, quienes integramos esta segunda comisión consideramos necesario dialogar con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración a efecto de conocer las acciones que en materia de protección a menores migrantes ha implementado y conocer de los esfuerzos que en forma regional se aplican para asegurar la protección del interés superior de los niños y niñas, a efecto de protegerlos de los graves riesgos que corren en su trayecto.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:


 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del  Instituto Nacional de Migración un informe sobre los mecanismos y protocolos que la institución a su cargo ha implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración. Para tales efectos y con fundamento del párrafo IV del Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a dicho Instituto remitir con carácter de urgente un informe detallado y pormenorizado sobre dicha situación, que incluya información sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes y cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evalúe la aplicación del Programa Frontera Sur y determine el impacto que dicho programa ha tenido en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, a fortalecer las acciones dirigidas a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de julio del año dos mil quince.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Gúzman

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Dova

 

 

 

Dip. Amalia García Medina

 

 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco