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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica




De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez y Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dé a conocer el estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así como los recursos públicos involucrados.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA CÁMARA DE SENADORES.


Los que suscriben, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA, ANTE ESTA SOBERANÍA al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

De acuerdo al diseño jurídico-político del Estado mexicano, en el que se definen la división de poderes, el Congreso de la Unión, entre otras cosas, actúa como contrapeso de las acciones que desarrolle o implemente el Poder Ejecutivo Federal. En este sentido, es responsabilidad de los legisladores mantenernos al tanto de las políticas y medidas que el gobierno federal implemente en beneficio o detrimento de nuestros representados.Por tanto, tal y como lo prevé el artículo 93 constitucional, en el que se faculta a este poder colegiado a requerir la comparecencia de cualquiera de los integrantes de la administración pública federal, se exponen en el presente, las siguientes consideraciones con el fin de que el Senado de la República, cite a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que esclarezca diversas acciones que esta dependencia ha realizado y que resultan del mayor interés para esta soberanía, así como a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Desde el primer día de la actual administración, se anunció como uno de los principales proyectos de esta, la construcción del tren rápido México-Querétaro y del tren transpeninsular, obras que ya han quedado canceladas por los recortes presupuestales anunciados a principio de este año. Sin embargo, existen hechos publicados y documentados por diversos medios de comunicación, que hasta ahora no han quedado completamente esclarecidos.

Es relevante rememorar que después de una comparecencia del mismo secretario, en la que entre otras cosas se le cuestionó sobre las condiciones que habían rodeado la primera licitación del tren México-Querétaro, esta fue reconsiderada y pospuesta por el gobierno federal. De tal suerte que si en aquélla ocasión diversos legisladores tuvieron los argumentos y las pruebas suficientes para cambiar, al menos temporalmente, el rumbo de una decisión gubernamental, es importante que se realice el mismo ejercicio, toda vez que se han suscitado diversos hechos que merecen un esclarecimiento republicano.

Al respecto, cabe mencionar que en noviembre de 2014, la SCT dio a conocer que el proyecto ganador del contrato para la construcción del Tren México-Querétaropresentó una propuesta con un costo de 59 mil millones de pesos. El ganador fue un consorcio, integrado por las empresas GIA+A; Constructora Teya-de Juan Armando Hinojosa Cantú-; Prodemex -de Olegario Vázquez-; GHP Infraestructura Mexicana, y los expertos China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional de Ferrocarriles de Francia.

De este modo, Grupo Higa y sus filiales ganaron contratos por más de ocho mil millones de pesos (600 millones de dólares) en distintos proyectos de construcción en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad de 2005 a 2011.

Es necesario aclarar que la compañía china ganadora del contrato de esta obra fue la única que entre las concursantes recibió en dos ocasiones en su país a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El resto de los licitantes, acudieron a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de la SCT. Sobre ello, la SCT no ha aclarado las razones por las cuales esta empresa tuvo un trato diferenciado al resto de las concursantes y es uno de los temas más importantes para que el Secretario comparezca ante esta soberanía.

Ahora bien, respecto a la primera cancelación de esta obra, medios de comunicación de China reprodujeron palabras de Wang Mengshu, asesor del gobierno oriental para proyectos de alta velocidad ferroviario, en las que aseguraba que México habría pagado aproximadamente 16 millones de dólares en compensación por los costos que supuso la preparación del proyecto.

Sobre lo anterior, es menester que el titular de esta dependencia explique los términos de la cancelación y la veracidad de esta información, toda vez que se trata de recursos públicos que se habrían podido ahorrar si la planeación y licitación del proyecto se hubiera hecho de manera adecuada o apegada al marco jurídico aplicable.

Para el caso de la segunda cancelación, derivada de la reducción presupuestal, la empresa CRCC solicitó en el mes de febrero el reembolso por los gastos ejercidos, los cuales, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deben ser utilizados exclusivamente para recuperar recursos ejercidos por viáticos, hospedaje, pasajes, papelería, entre otros. De suerte que a pesar de que esta Ley contempleel reintegro de estos gastos, son erogaciones que pudieron evitarse con una mejor planeación de los proyectos y del estado de la economía nacional.

El Subsecretario de Comunicaciones y Transportes durante todo el proceso licitatorio, debería acompañar al titular de la dependencia en esta comparencia ante el Senado, para explicar a detalle montos y contratos. Sin embargo, eso será imposible dado que Carlos Almada López es el nuevo Embajador de México en Japón.

Cabe mencionar que el común denominador en los hechos descritos es la relación de Grupo Higa, con obras y proyectos sobre los que existen pruebas documentales de un probable conflicto de interés. Es responsabilidad de esta Soberanía, el solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una respuesta clara y puntual, sobre estos hechos de interés público y claro impacto presupuestal.

Por tanto, es relevante conocer las impresiones y las pruebas que el secretario de Comunicaciones y Transportes pueda ofrecer al Senado de la República, respecto a información que a pesar de ser de dominio público y documentada periodísticamente, ha quedado parcialemnte explicada por las instancias gubernamentales responsables. Este tema no es solamente de interés de los legisladores, sino demanda persistente de los ciudadanos.

Tambien es necesario referirse al proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que, inicialmente el gobierno federal anunció que la inversión para este proyecto ascendería a 120 mil millones de pesos, no obstante recientemente se ha anunciado que la inversión ascenderá a 169 mil millones de pesos, sin explicar claramente los motivos de este incremento. Según datos de la SCT, 58% de esos recursos será de origen público y 42% mediante créditos privados.

Poco después del anuncio de la puesta en marcha de esta obra, la SCT anunció que contrataría a la empresa estadounidense Parsons International, para que se hiciera cargo de este proyecto. Sin embargo, un medio de circulación nacional, hizo pública una carta de Francisco Pantoja, Secretario Particular Adjunto del Titular del Ejecutivo Federal, por medio de la cual le solicitaba una explicación a la SCT sobre los motivos por los cuales se adjudicó de manera directa la gerencia de este proyecto a dicha compañía.

La misiva indica que el monto de la gerencia del proyecto supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente para la excepción a licitaciones; y señala que en este concurso, la SCT sólo invita a empresas extranjeras sin el acompañamiento de empresas nacionales.

En respuesta a lo anterior, el titular de la SCT sólo declaró que dicha carta no es un documento oficial y que aún se encuentra en análisis, como si lo que revelara esa carta no fuera por sí mismo grave en dos sentidos: en primera instancia podría denotar una nula coordinación entre el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete; y en segundo lugar, de comprobarse lo que el secretario particular adjunto del presidente menciona en su carta, el titular de la SCT habría infringido la ley y debería responder ante las autoridades correspondientes.

Mucha de la información relevante para conocer a fondo la realidad de este proyecto, debería ser pública, sin embargo, vale recordar que a pesar de financiarse a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), el contrato con Parsons está reservado hasta 2026.

Otro tema que debe aclarar el secretario Ruiz Esparza, es que de 16 procesos de contratación concluidos y 4 vigentes que comprenden el proyecto de construcción para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), clasificados en tres etapas que son: Gerencia del Proyecto del NAICM por un monto que asciende a 2 mil 362 millones de pesos (42%); Proyectos Ejecutivos del NAICM por mil 842 millones de pesos (34.5%); y Proyecto Ejecutivo de Pistas por un monto de mil 79 millones de pesos (20.2%). De los cuales sólo el 1 por ciento fue realizado por Licitación Pública; 20 por ciento por invitación a 3 participantes; y el 79 por ciento correspondieron a adjudicación directa.

Derivado de lo anterior, puede concluirse que en el Proyecto del Aeropuerto existen también aparentes irregularidades que deben de ser esclarecidas ante esta soberanía, con el fin de descartar o confirmar con las pruebas que ofrezca el secretario la comisión de actos irregulares en la dependencia que él encabeza.

Uno de los temas recientes, relacionados con la gestión del Secretario, es la caída del Satélite “Centenario”, cuyo costo fue de 7 mil 500 millones de pesos. Se estimaba que diez días después de su lanzamiento estaría en la posición satelital adecuada y entraría en operación 10 meses después, una vez que hubieran concluido los periodos de pruebas en órbita y la validación de los servicios de red en tierra.

No obstante, el lanzamiento fue fallido, ante lo cual la SCT aseguró que los servicios que iba a proporcionar este satélite, están garantizados con el próximo lanzamiento del Morelos III, planeado para el próximo 22 de octubre desde Cabo Cañaveral, Florida.

Cabe destacar que desde  la cuenta pública 2013, la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló los costos millonarios y operativos que representaba el lanzamiento de este satélite, debido a que habían existido postergaciones y fallas técnicas. Esto, además de que tras el fallido lanzamiento del Centenario se difiere la entrada en operación del Sistema Móvil Satelital para la prestación de servicios de voz, datos, rastreo y video, entre otros.

Los retrasos en el lanzamiento del que sería el segundo de los tres dispositivos que conforman el nuevo Sistema Satelital Mexicano (Mexsat), iniciado a finales de 2010, derivaron en el almacenamiento del vehículo espacial en las instalaciones del fabricante desde noviembre de 2013, lo que generó un costo para el gobierno mexicano de más de cinco mil 300 millones de dólares.

La cadena de fallas reportadas desde el inicio del contrato llevó incluso a que la SCT reconsiderara la contratación con la empresa rusa de los servicios para el lanzamiento y puesta en órbita del Morelos III, previsto originalmente para noviembre de 2014 y reprogramado para el mismo mes de este año.

Según el informe de la ASF, la empresa reportó una falla en uno de sus lanzamientos, sin embargo, las firmas asesoras contratadas consideraron en aquel momento que no era conveniente un cambio de proveedor, ya que se perderían unos 50 millones de dólares pagados para este propósito

Ante todo esto, la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal, señaló que “el contrato ya estaba firmado, se analizó la posibilidad de salirse y buscar una alternativa; sin embargo, había un costo en el contrato, un castigo por salirse, una garantía de 60 millones en caso de cancelación” y agregó que:  “Se hizo un estudio de mercado por parte la administración anterior, donde lo que se definió eran costos, tiempos, y tasas de éxito del lanzador, y con estos criterios se tomó la decisión.”

De esta manera, es preciso que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, responda de manera precisa cuáles han sido las alternativas que se han implementado para resarcir la capacidad satelital que el satélite centenario ofrecería a nuestro país, así como las condiciones concretas que le hicieron tomar la decisión de lanzamiento al gobierno federal.

En lo que respecta al “Apagón Analógico”, los atrasos en el cumplimiento del apagón analógico han sido la constante. En el pasado mes de diciembre de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó de su postergación hasta el 31 de diciembre de 2015 en virtud del nivel de penetración reportado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Cabe señalar que la ley indica que una vez alcanzado el 90% de penetración, es posible proceder al apagón.

Algunos estudios indican que la decisión de otorgar televisores digitales no ha sido  la mejor en términos presupuestales debido a la ignorada posibilidad de únicamente repartir decodificadores que convirtieran la señal análoga en digital. El costo promedio de un decodificador es de 600 pesos, mientras que el precio de las pantallas oscila entre 1,900 y 2,200 pesos. Por lo anterior el costo de la transición, cuando esta sea completada, habrá sido de alrededor de 27 mil millones de pesos.

En relación al punto anterior, el cambio de entregar televisores en lugar de decodificadores se hizo bajo la premisa del impulso que estos tendrían en la alfabetización de las familias beneficiadas tomando en cuenta que dichos aparatos pueden recibir internet. Sin embargo, se dejó de lado que para concretar dicha idea, es necesaria la compra de hardware adicional como teclados, mouse y la contratación del servicio de internet que en conjunto añadirían un total de 10 mil millones más al proyecto del apagón analógico.

Por ello, es preciso que el secretario de Comunicaciones y Transportes, responda sobre el estado actual de penetración y específicamente, sobre la factibilidad de concretar el proyecto el 31 de diciembre del presente año conforme lo han declarado las autoridades.

En lo que se refiere al Caso OHL, en fechas recientes, fueron publicados varios audios que describían ampliamente las relaciones que sostenían por un lado el ex Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena y por el otro, el representa en México de la compañía española OHL,  Pablo Wallentin. Las filtraciones relatan el cómo la empresa pudo inflar las previsiones de tráfico del Viaducto Bicentenario, así como numerosas llamadas para acordar el pago de vacaciones para el ex secretario Apolinar Mena y su familia en el hotel Fairmont Mayakoba de la Riviera Maya, en diciembre pasado. En un segundo momento, se filtraron audios donde Pablo Wallentin y Gerardo Fernández, director jurídico de OHL, relatan supuestos planes para sobornar algunos magistrados.

Cabe recordar, que durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, la persona que desempeñaba el papel de Secretario de Comunicaciones, era Gerardo Ruíz Esparza, actual secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Durante su gestión, se otorgó la concesión para la construcción del Viaducto-Bicentenario, una de las obras en las cuales se atribuyen malos manejos entre el Edomex y OHL. El pasado 14 de mayo, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, respaldó las investigaciones y auditorías a la empresa OHL.

Por ello, es preciso que el secretario de Comunicaciones y Transportes, responda cabalmente amplia y detalladamente su participación y ejercicio de atribuciones públicas durante el sexenio en que fue secretario de Comunicaciones en el Estado de México.

De igual forma, es de genuino interés público el conocer de voz del Secretario de Comunicaciones y Transportes, cuál es la situación que guarda el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018, así como los ajustes que éste sufriría dada la nueva realidad presupuestal, expuesta por el propio Gobierno de la República.

Adicionalmente a lo anterior los legisladores tenemos  cuestionamientos sobre diversas obras de infraestructura, carreteras, caminos y puertos. Por  ello, es necesaria la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Toda vez que los procesos de contratación enfrentan un alto riesgo de ser corrompidos, debido a los altos montos de recursos e intereses económicos que se manejan entre los sectores públicos y privados.

Como sabemos, la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los ejes rectores de la política actual, mismos que México ha buscado implementar a través de diversas reformas, basta referirse a las relativas a la transparencia y acceso a la información o al Sistema Nacional Anticorrupción para comprender que hoy más que nunca, los funcionarios públicos, los políticos y todo aquél que ofrezca un servicio a la Nación está obligado a explicar su actuación cuando existan dudas sobre su desempeño. En este sentido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que las buenas prácticas establecen que mientras menos competitivo sea un proceso, mayores y más estrictas deberán ser las obligaciones de transparencia, para evitar la corrupción y promover transacciones favorables para el Estado.

No cabe duda que nos encontramos en una situación de esa naturaleza, los argumentos presentados en las consideraciones que anteceden estos párrafos son muestra de ello, por lo que, atendiendo a los preceptos Constitucionales que otorgan al Congreso de la Unión la función de control del poder Ejecutivo y Judicial, es menester que, atendiendo lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Carta Magna, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comparezca ante esta soberanía a fin de que los legisladores podamos formular preguntas en torno a temas que han ocupado esta alta tribuna durante la LXII Legislatura, y que siembran dudas sobre el manejo de los recursos públicos empleados en su gestión, así como de su actuación al frente de la Secretaria.

Al tenor de estas consideraciones, someto ala consideración de este Pleno el siguiente:

P U N T O   D E   A C U E R D O

ÚNICO.-  La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de dar aconocer el estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así como los recursos públicos involucrados, particularmente en cuanto al proyecto delnuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Proyecto del Tren Transpeninsular, el Proyecto del Tren México - Querétaro, sobre el programa para la distribución de pantallas digitales y la caída del satélite Centenario, así como la situación que guarda el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018.Sin menoscabo de abordar otras cuestiones de interés para los legisladores, se propone la siguienteagenda temática:

Transporte

I.I  Ferroviario

I.II Aéreo

I.II.I Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

I.II.II Deficiencias en los servicios actuales

I. Infraestructura 

II.I Carreteras y concesiones

II.II CAPUFE

II. Puertos 

III.I Infraestrucrutura portuaria y ampliación del Puerto de Veracruz

III.II Operación, renovación de contratos, medidas de control y supervisión.

III. Contratos 

V.I Mecanismos de asignación, concursos y contratos de servicios

V.II Proyectos relacionados a BANOBRAS

IV. Telecomunicaciones 

V.I  Apagón analógico

V.II Proyectos satelitales

V.III Avance y cumplimiento de la reforma aprobada en la materia

V. Transparencia y combate a la corrupción  

VI.I  Casos documentados de presumibles actos de corrupción

VI.II Información reservada sin sustento legal

VII. Programa Nacional de Infraestructura y perspectivas 2016

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de Julio de 2015.

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ

SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA