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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a revisar o, en su caso, elaborar programas de desarrollo social y humano enfocados a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal con la participación de los sectores público, social y privado; y exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del estado de Chihuahua a proporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, a la familia del niño Christopher Raymundo Márquez Moray.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A GARANTIZAR LA INTEGRALIDAD Y CONCURRENCIA EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA ENTIDAD, EN RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE TERMINARON CON LA VIDA DEL NIÑO CHRISTOPHER RAYMUNDO MÁRQUEZ MORA. 

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, a garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en relación con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Chirstopher Raymundo Márquez Moray.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

 

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27demayo de 2015, la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“I.Los indignantes y vergonzosos acontecimientos que a manera de “juego” terminaron con la vida del niño Christopher Raymundo Márquez Moray y que ha nos consternado al mundo entero, nos dejó suspendidos en una extraña realidad, diría “oculta, ficciosa o simulada realidad”. No menos indignante, contradictorio y preocupante, es que aún con la herida abierta por este caso, la sociedad chihuahuense muestre preocupación por lo sucedido y a los pocos días vuelque el palenque de la feria de Santa Rita con la presentación de los Tigres del Norte, pidiendo a gritos y de manera sistemática tocar narcocorridos. Esta es la incongruencia y confusión por la que estamos viviendo y pasando los chihuahuenses y que nos obliga a reflexionar y preguntarnos ¿En qué estamos fallando y porque?

Por un lado tenemos el bullying que se ha incrementado en las escuelas y en las calles, pero igualmente grave es la penetración de la cultura del narcotráfico, instalada ya en todo México, lo que ha contribuido a crear modelos que los niños buscan repetir, pero también a mostrar situaciones que no podemos ignorar. Ahora tal parece que a nadie sorprende ya ver u oír sobre las fosas con cuerpos, las ejecuciones, las torturas, los levantones, las narcomantas, los bloqueos, las desapariciones y todo este terrible léxico que ha normalizado las conductas violentas en nuestro país, y que junto con el mercado de las drogas se ha ido desarrollando hasta alcanzar todos los ámbitos: el cine, la literatura, las artes, el lenguaje cotidiano, las aspiraciones personales e incluso las posibilidades de futuro que tienen las y los niños y jóvenes en un país como el nuestro.

Lamentablemente para nosotros la herida social que deja Christopher no sólo muestra el grado de infiltración de la narcocultura en nuestras vidas, sino que nos da una señal muy grave que expertos y psicólogos mexicanos llevan alertando desde hace algunos años: los peligros y los efectos psicológicos que tienen los menores al vivir inmersos y por años en la violencia desmedida generada en varios puntos del país. Un perito de la Fiscalía de Chihuahua, reveló que a partir de 2020 en Chihuahua se registraría una epidemia o generación de psicópatas menores de edad, pero desafortunadamente se ha adelantado cinco años y estamos viendo ya individuos menores de 15 años de edad que están mostrando estas conductas violentas.

Esta reproducción cultural de la violencia por parte de los niños y adolescentes, particularmente en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada, como es el caso, ha normalizado la violencia incorporándola a los juegos infantiles. Son muchos los señalamientos de niños que juegan a ser narcotraficantes y secuestradores.

De los miles de asesinatos vinculados al crimen organizado, todos tenían familias, pero no ha habido ninguna campaña para atender a los menores que dejaron atrás. Eso, unido a las carencias del sistema de justicia es lo que ha originado situaciones como la vivimos; sin duda reflejo de la sociedad que somos, envenenada por las drogas, el alcohol, la corrupción, la injusticia, la desigualdad social, el empobrecimiento, la violencia y la impunidad. Los números lo demuestran, seguimos en primer lugar en divorcios y segundo en homicidios dolosos; también ocupamos los primeros sitios en número de madres trabajadoras solas y familias desintegradas.

Ante esta descomposición social, cuya principal causa es el colapsado núcleo de la sociedad: La familia; las opiniones, críticas y demás imputaciones se centran en la responsabilidad de los padres de familia, mayormente... Hay razón en ello puesto que es una responsabilidad compartida y aquí es donde entra el papel que juega la autoridad; el Estado en su conjunto en esta materia. La situación en Chihuahua es consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones y  ausencias de familia y sociedad, pero también de un gobierno presionado por la pesada situación sociopolítica y económica que ha marcado el recrudecimiento de la pobreza en todo el estado. Un tejido social roto que refleja la ausencia de políticas públicas y de un gobierno que gasta más dinero en hacer promoción de su administración en medios de comunicación locales como nacionales, que destinarlo a programas de apoyo a niños de escasos recursos. Las autoridades en el estado nunca se han preocupado de esta situación, aunque hayan tenido conocimiento de ella desde hace muchos años.

II. En el caso que nos ocupa, mucho se ha discutido si solo dos de los implicados, los de mayor edad, pueden ser procesados penalmente por asesinato e ir a prisión, mientras que el resto fue puesto bajo tutela pública porque la legislación estatal impide que se les den sentencias de reclusión.

En este tenor, la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua contempla que un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales no podrá ser juzgado como adulto y que si es declarado responsable de un delito, responderá en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada de la de los adultos. La diferencia radica en el sistema especial previsto por la Ley.  Los menores de doce años a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, están exentos de responsabilidad y no son sujetos de la ley ni de sus procedimientos. Para los efectos de la aplicación de la Ley, se distinguen tres grupos etarios:

 

I. Entre doce años cumplidos y menos de catorce años;

II. Entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años; y,

III. Entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

La privación de libertad es una medida sancionadora de carácter excepcional que debe aplicarse como última opción. La medida privativa de libertad en centro especializado, aplicable a los adolescentes infractores es:

 

I. De seis meses a diez años, cuando tengan entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años.

II. De seis meses a quince años, cuando tengan entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

De ahí la urgencia de tener una estrategia que permita prevenir e identificar todas las formas de violencia contra la infancia, más que velar por cuidar la impunidad del delito, ya que la legislación actual permite que sean castigados por las vías apropiadas y respetuosas con sus derechos, pero también reinsertados a la sociedad.

Así que podríamos hacer una revisión minuciosa de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua y hacer sendos análisis del tipo de sanción aplicable en estos casos, o disminuir la edad penal; o si no es posible disminuirla entonces aplicar una sanción mayor a los menores infractores. Pero todo ello no soluciona el problema de fondo. Generar leyes reactivas sólo saturara los centros de readaptación social y profesionalizará la delincuencia, mientras no se aborde el problema de fondo y se expidan leyes preventivas. Un informe reciente del ombudsman mexicano ha alertado sobre la situación que viven en los centros de internamiento de menores donde se detectaron casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, insalubridad de las instalaciones y hacinamiento. Así que el asesinato de Christopher no es cuestión de leyes, sino problema de sociedad que arroja la descomposición del tejido social. La solución aquí no es sólo establecer penas más duras contra los niños y jóvenes, va más allá de castigar, pues todo empieza desde la descomposición familiar, los ejemplos, las carencias y el entorno social y cultural.

En este aspecto vale la pena resaltar que la implementación de la reforma penal en Chihuahua va dirigida a un sector de la población como son las víctimas, los ofendidos y los infractores; pero el Desarrollo Social y Humano abraza a toda la población en general, no sólo a un segmento de la población. Este es el meollo del asunto, que en Chihuahua no hay ciudadanía, ni se conoce porque lo que sucede allá no es otra cosa más que el reflejo vivo y latente de la descomposición del tejido social y de la pérdida, o más bien dicho, ausencia de valores.

III. En este sentido, la Ley de Desarrollo Social y Humano en Chihuahua establece las bases, no sólo para elaborar políticas públicas focalizada, dirigidas a resolver el grave problema de abandono social, sino también para generar Cohesión Social. Pero lamentablemente las leyes no se aplican en Chihuahua. La indiferencia, la indolencia, el descuido y la avaricia del gobierno son mostrados ahora en todo su esplendor en un asunto que constituye, más que un asunto policiaco, un factor de descomposición social, reflejo del descuido gubernamental ante influencia de la narcocultura en la infancia y la ausencia de políticas públicas que generen resultados reales en la prevención del delito.

Pero imagínense, en las manos del gobernador César Duarte, Chihuahua recibió de nuevo la medalla por encabezar con más eficiencia la reforma penal. La medalla a un estado que por años ha sido salvajemente golpeado por la violencia del crimen organizado pero igualmente desatendido por un gobierno endeudado y agobiado por las acusaciones en su contra; ¿Cómo andarán los demás estados?. Imagínense a Duarte hablando a nombre de todos los titulares del poder ejecutivo de las entidades, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores en Los Pinos, hace unos días…que vergüenza.

Lo que debe hacer el gobernador con carácter de urgente es corresponsabilizarse de esta situación y presentar una estrategia estatal contra todas las formas de violencia hacia los menores.

IV.-Por lo que se refiere a la capacidad de las personas menores de edad, es cierto que deben recibir una sanción los que son inimputables por ley ya que de acuerdo con el principio de Autonomía Progresiva, las personas menores de edad en Chihuahua comenzaron a desarrollar su intelecto y a discernir, pero cuando el ambiente era de sangre y fuego y a la par de la falta de oportunidades de calidad de vida que siguen sufriendo millones de mexicanos en este país.

El desarrollo cognitivo del niño o niña arroja información sobre su percepción y disposición con respecto a lo que cree que “debe hacer” y cómo “debe actuar”. El desarrollo emocional y moral muestra información de acuerdo con la cual el niño o niña tienen la necesidad de adoptar mecanismos inconscientes en la búsqueda de preservar su salud psíquica y que a la vez le sirven como elementos para contrarrestar ideas y afectos dolorosos e insoportables. De aquí la trascendencia del Principio del Interés Superior de la Infancia, que se vincula con el Principio de Dignidad y que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna.

El nuevo paradigma de derechos con enfoque de PROTECCION INTEGRAL y desarrollo de capacidades, sustentado en la Convención, significa un cambio fundamental en la percepción de la infancia ya que se pasa de la idea del “menor” como objeto de compasión-represión, a la idea de la infancia-adolescencia como sujetos derechos, donde se asume su capacidad y personalidad jurídica. Lo anterior supone ir en contrasentido de varias leyes, como por ejemplo nuestro código civil estatal en su artículo 23 señala:

 

 “ARTÍCULO 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejecutar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

Por estas disposiciones retrogradas la minoría de edad sigue siendo un argumento que se utiliza para negarles ciertos derechos que le son inherentes a todas las personas, independientemente de su condición legal. En el actual sistema de justicia, las opiniones de los menores son raramente tomadas en cuenta, aún en casos donde están directamente están involucrados.

Al respecto debe considerarse que la reforma constitucional en derechos humanos coloca por encima de las leyes locales los tratados internacionales, lo que significa que las primeras debieran ser congruentes con los segundos. De esta forma lo que contravenga lo reconocido en los tratados deberá ser modificado en aras de ser congruentes con aquellos.

En tal virtud proponemos que se legisle a favor de establecer la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y comprenda el escenario en que participa, pueda expresarse libremente y quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil.

V. De esta forma alzamos una petición al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que convoque al Sistema Estatal de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua a la generación y adopción de políticas públicas enfocadas a integración familiar, así como a  la reinserción y rehabilitación de familias que hayan pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley y se vincule la corresponsabilidad de los padres de familia.

Porque esta cruenta historia que ya dio la vuelta al mundo debe detonar y hacer un alto en el camino para que sociedad y gobierno cambiemos la ruta y prioricemos acciones que generen ciudadanía y cohesión social. Para crear ciudadanía hay que ver a las niñas, los niños y los adolescentes como personas en toda la extensión de la palabra. Los esfuerzos de los gobiernos en la reconstrucción del tejido social por cuanto al ámbito material, serán insuficientes si los ciudadanos no regresamos a los principios fundamentales.

Por otro lado, un grado mínimo de especialización para lograr una intervención efectiva y una adecuada valoración de la participación infantil, es requisito indispensable para hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia del niño, niña o adolescente.”

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, a fin de que convoque de inmediato a la Comisión Estatal para el Desarrollo Social y Humano, órgano encargado de la coordinación de programas y proyectos, para garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la Política Estatal Desarrollo de Social y Humano en la entidad, a la elaboración de criterios de planeación, formulación y ejecución de políticas y programas de desarrollo social y humano enfocados a crear Ciudadanía y Cohesión Social con perspectiva de familia, en los ámbitos regional y municipal con la participación del sector público y particularmente de las personas, familias y organizaciones en general, de los sectores social y privado.”

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua a que dentro de la elaboración de políticas públicas se propongan medidas legislativas en pro de garantizar a favor de las niñas, niños y adolescentes:

I. La protección integral de sus Derechos, sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y personas con plena capacidad jurídica.

II. El acceso a la justicia mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica a través de la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y el escenario en que participa, además de que pueda expresarse libremente, para quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil. 

III. Se vincule la corresponsabilidad de los padres de familia de los menores en conflicto con la Ley.

IV. Se trate lo relativo a la reinserción y rehabilitación de familias que han pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley.

TERCERO.-Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aproporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y/o educacional, a la familia de Christopher y en su caso vigilar que se garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CUARTO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua y a las autoridades locales para que se apliquen los fondos federales como SUBSEMUN y el Programa Nacional de Prevención del Delito a las acciones tendientes a fomentar la cultura de la legalidad y priorizando a aquellas que tengan un impacto directo en la prevención del delito en los menores de edad.”

 

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en virtud de que el caso ya mencionado sucedido en Aquiles Serdán Chihuahua, resulta alarmante al poner de manifiesto el grado de violencia que se vive no solo en la región norte del país, sino en todo el territorio nacional.

Se considera de suma importancia que este tipo de situaciones reciban la atención debida para que, en lo que toca al Estado, se implementen las medidas preventivas, correctivas y de reparación que resulten procedentes, procurando siempre el interés superior del infante. Debe señalarse que en un hecho como el que nos ocupa, que por sus particulares características adquiere el tratamiento de tema nacional, las partes involucradas reciban la atención debida, pues un episodio tan traumático bien puede desembocar en afectaciones psicológicas para las víctimas e incluso para la comunidad. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que una importante parte de nuestra niñez está creciendo y definiendo su personalidad en un ambiente violento que los lleva a perder sensibilidad humana.

Dado que este caso las exigencias de la madre así como las de la sociedad misma contravienen lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe intitulado “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, 2011”, la cual señala en su párrafo 308, referido al principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en el Sistema de justicia para niños y adolescentes que en su parte relevante dicta“De conformidad con las normas y estándares internacionales sobre la materia, los Estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso, y tener a disposición medidas alternativas a la privación de libertad.  El sistema de justicia juvenil debe además tener consideración especial con respecto a la proporcionalidad y la duración de las penas, sean éstas privativas o no privativas de libertad.”

De este modo el Estado mexicano debe asegurar el interés superior del infante, sin excepcionar ni diferenciar entre víctima y victimario, y en consecuencia está obligado a garantizar el respeto a los derechos de los menores establecidos en la carta de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales de los cuales México es signatario. En este tenor, es relevante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe señalado con anterioridad en su párrafo 309 establece que en caso de comprobar que los menores fueren culpables de infringir en las leyes penales, deberán ser puestos bajo la consideración de la comisión antes mencionada para así poder saber cuál será la alternativa que se deba tomar en contra de los culpables de infringir en las leyes penales.

II.- Esta Dictaminadora considera que sería un error buscar la aprobación de reformas legales reactivas a un caso en concreto, en este particular, destinadas a cambiar las leyes a modo de que se pueda inculpar a los aun presuntos autores de este crimen, disminuyendo el umbral de edad en el que los niños y adolescentes, pueden ser penalmente imputables. Este es un debate que mediante el adecuado proceso de reflexión, le correspondería a ambas Cámaras del Congreso de la Unión en el ámbito federal y a cada una de las legislaturas locales, respecto de las Entidades Federativas; debates que de darse nuevamente deberán considerar, reiteramos, el interés superior del infante, así como las consecuencias sociales que tendrían estas modificaciones que en lugar de formular acciones preventivas eficaces, podrían agravar la ola de violencia que se sufre a nivel nacional. Así mismo, la decisión de cambiar estas disposiciones legales nopodría hacerse aplicable al hecho que nos ocupa, en observancia del principio de irretroactividad de la Ley.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre las agresiones que ha sufrido la madre de Christopher, Tania Concepción Mora Alvarado, quien es ahora víctima de amenazas, acoso por parte de los medios de comunicación y estigmatización social, hechos que la orillaron a salir del estado.

III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de crear programas preventivos ante el aumento en número e intensidad de la violencia infantil, ya que debido a que estos menores están viviendo en un ambiente hostil, incorporan a su normalidad la violencia. Por ello, se recomienda a las autoridades de la republica establecer programas de capacitación para evitar este tipo de acontecimientos entre la sociedad mexicana, promover la sana convivencia entre los miembros de la sociedad y el respeto, para lo cual el apoyo del personal docente del país es de particular relevancia. En este tenor se considera que se debe poner mayor atención en el desarrollo de la infancia en México y la prevención de violencia tanto física como psicológica.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua, a revisar o en su caso elaborar, programas de desarrollo social y humano enfocados a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal con la participación de los sectores público, social y privado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de separación de poderes, exhorta al Congreso del estado de Chihuahua a iniciar los procesos legislativos tendientes a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes con sustento en lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño.

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a proporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, a la familia del niño Chirstopher Raymundo Márquez Moray, y en su caso vigilar que se garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de separación de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua a revisar o en su caso establecer, políticas públicas destinadas a fomentar la cultura de la legalidad, priorizando la prevención del delito en los menores de edad.

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7  días del mes de julio de 2015.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Gúzman

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Dova

 

 

 

Dip. Amalia García Medina

 

 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco

 

 

 

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