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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. José Luís Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al gobierno del estado de Chiapas a resolver los problemas entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y de Chiapas.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE RESULEVAN LOS PROBLEMAS ENTRE TRANSPORTISTAS DE CEMENTO ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIÁPAS

El suscrito, Diputado José Luís Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento enel artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

A N T E C E N D E T E S

PRIMERO.-Desde el día nueve de junio del dos mil quince, los transportistas agrupados en la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) en el Estado de Chiapas, decidieron evitar mediante la retención de camiones de carga, el ingreso de los transportes que trasladan el cemento de la “Laguna” en el Estado de Oaxaca hacia los distintos distribuidores en el Estado de Chiapas, en virtud de que empresarios del municipio de Comitán, Chiapas, denominadoGrupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán y la empresa Cemento Cruz Zzul, no accedieron a realizar un reajuste de tarifas en el flete por el transporte de tonelada de cemento, actualmente fijado en la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos00/100 M.N.), pretendiendo que ahora se les paguen los fletes a razón de $520.00 (quinientosveinte pesos 00/100 M.N.) la tonelada a Comitán. 

En razón de lo anterior camiones cargados con toneladas de cemento fueron retenidos de manera ilegal por la Alianza Mexicana de Organizaciones de

Transportistas A.C. (AMOTAC) en el Estado de Chiapas, en perjuicio tanto del Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán y la empresa Cemento Cruz Azul.

SEGUNDO.- Ante esta situación eldía 16 de junio de 2015 se realizaron platicas conciliatorias entre los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) y el C. Carlos de Jesús Bermúdez Albores, en representación de los empresarios de Comitán, ante la Secretaria de Transportes del Gobierno del Estado de Chiapas, sin embargo no hubo acuerdo porque no se presentó a la reunión el representante de la cementera.

El día 17 de junio de 2015, el ing. Guillermo Morales Montoya, Gerente de Logística y Distribución de la Empresa Cruz Azul, manifestó que no llegaría a ningún acuerdo con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) al considerar que la retención de los transportes de carga con cemento por el solo hecho de provenir de otro estado o representar a una empresa distinta a la que ellos representan equivale a un chantaje y una medida de presión ilegal para obtener un beneficio económico, afectando no solo a los transportistas de Comitán sino fundamentalmente a la cementara al impedir la distribución de su producto, entorpeciendo con ello la actividad económica y la libre distribución de mercancías.

La falta de cuerdos y la ilegal retención camiones de carga y el impedimento del libre tránsito de vehículos y el impedimento para el libre tránsito de mercancías y vehículos, el pasado día 18 de junio de este año, se dio paso a la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado para intentar mediar sobre el conflicto, lo que dio por resultado los siguiente acuerdos: 

  1. El C. Procurador de Justicia del Estado, se comprometió a que la Secretaria General de Gobierno convocara a reunión el viernes 19 de junio del actual, con los actores para que puedan resolver la problemática del reajuste tarifario que se ha mencionado.
  2. Los representantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC), liberarían las unidades con carga de cemento cruz azul, cada tres horas, tres unidades, a partir de los acuerdos con el C. Procurador, hasta liberar a todas las unidades que transportan cemento cruz azul a los municipios de San Cristóbal de las Casas y Comitán, ambos en el estado de Chiapas.
  3. Los representantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC), solicitaron que mientras estén en mesa de dialogo que no se cargue cemento por parte de la empresa en lagunas Oaxaca, para que no entorpezca las mesas de diálogo y negociaciones yque el área política le informe de ello, al representante de la empresa Cruz Azul.

En este orden de ideas tuvo verificativo una reunión de avenencia el pasadodía del 19 de junio de 2015, en la Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno, entre representantes de gobierno del Estado y la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC),  para llevar acabo la reunión de trabajo y atender los planteamientos de AMOTAC relacionada con la problemática que existe con las Empresas Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán distribuidores de cemento Cruz Azul, se alcanzaron los acuerdos siguientes:

“Acuerdos:

Primero: Los transportistas integrantes de la Alianza mexicana de Organizaciones de Transportista, A.C. (AMOTAC) realizarán el traslado de cemento desde la empresa productora Cruz Azul ubicada en Lagunas Oaxaca hasta la ciudad de Comitán de Domínguez, en las instalaciones de las empresas del Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán distribuidores de cemento Cruz Azul.

Segundo: Por su parte los representantes de las Empresas Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán, distribuidores de Cemento Cruz Azul, se comprometen a pagar $500.00 (quinientos pesos00/100 M.N.) pesos por tonelada de cemento trasladada por los transportistas de AMOTAC.

Tercero: Se señala el plazo de 30 días naturales para gobierno del Estado establezca comunicación con los representantes de la empresa cementera Cruz Azul, para  acordar las tarifas que podrán pagar los distribuidores de este producto a los transportistas de AMOTAC por concepto de flete.

TERCERO.- Sin embargo, y aun cuando pareciera que se han tomado acciones políticas y de concertación por parte del gobierno del Estado de Chipas a fin de solucionar un conflicto entre particulares, resulta de especial relevancia destacar que el Estado no puede, ni debe permitir la imposición por parte de ningún particular de directrices restrictivas en materia económica.

El Estado es quien tiene a su cargo la rectoría económica de la nación y en este sentido su función es la incentivar la competencia económica para detonar el desarrollo nacional.

CUARTO.-El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Por su parte, el artículo 26 constitucional, apartado A, consagra la facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, el artículo 3o. de la Ley de Planeación prevé que, mediante la planeación, se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En este orden de ideas, el artículo 16 del mismo ordenamiento legal establece la responsabilidad de las dependencias para elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de las entidades federativas, y las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; asegurando la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República.

Finalmente, el artículo 26 de la Ley de Planeación contempla que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijadas en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

Con fundamento en lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; así como tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. Todas para llevar a México a su máximo potencial.

Conviene destacar que el Capítulo VIII del citado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominado "Sistema Nacional de Planeación Democrática", refiere que con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración elaborará, entre otros programas, el "Programa Nacional de Infraestructura", y que los programas que emanen del Plan Nacional de Desarrollo deberán ser sujetos de medición y seguimiento.

Por ello, y con base en el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, en los cuales se establecen los elementos y características que deben contener los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Nacional de Infraestructura contiene

objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el Gobierno de la República, que se llevarán a cabo en esta Administración.

QUINTO.- El crecimiento económico es un tema estratégico y prioritario para México porque representa el medio para generar desarrollo y es la pieza clave para incrementar la competitividad.

Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan propuesto.

Una de las condiciones para que México pueda alcanzar su máximo potencial es la inversión nacional y extranjera en los sectores que detonen el crecimiento sostenido y sustentable.

Debido a que el crecimiento demanda grandes cantidades de recursos y los efectos sobre el nivel de crecimiento y desarrollo se concretan en el mediano y largo plazo, es necesaria la formulación de un Programa Nacional que cuente con una visión integral para su planeación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) se vislumbra como metas nacionales un "México Próspero" y un "México Incluyente", donde se considera que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, fomentan la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que genere la economía.

SEXTO.- Es decir, si"al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales", esto no podrá lograse si el Estado es presionado para otorgarfranquicias de paso a sectores o particulares que libremente dispongan de que bienes y servicios pueden ser ofrecidos o quiénes son los facultados para prestarlos.

En este sentido los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas y la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC),  paraatender los planteamientos de AMOTAC relacionados con la problemática que existe con las Empresas Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán distribuidores de cemento Cruz Azul, son preocupantes en extremo porque inhiben la competencia económica y el desarrollo nacional.

SÉPTIMO.- Igualmente estos acuerdos se opone a lo que la Suprema Corte de Justicia da la Nación ha establecido como jurisprudencia en cuanto a la rectroría del Estado.

Época: Novena Época

Registro: 167856

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIX, Febrero de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 1/2009

Página: 461

RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A AQUÉLLA.

El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental.

Amparo en revisión 80/2002. Casa Wong Multiservicios, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Amparo en revisión 737/2003. Edith Bañuelos Bazua. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Amparo en revisión 881/2004. Jorge Rafael Cuevas Renaud y otros. 3 de septiembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Amparo en revisión 794/2005. Constructora Maika, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

Amparo en revisión 386/2007. Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y otras. 26 de noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 1/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de enero de dos mil nueve.

Por todo lo anterior, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUERESULEVAN LOS PROBLEMAS ENTRE TRANSPORTISTAS DE CEMENTO ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIÁPAS.

Reciento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 30 de junio de 2015

Suscribe,

Dip. José Luís Esquivel Zalpa