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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


Proposición con Punto de Acuerdo por el que Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales, asimismo que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
Presente

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales, asimismo que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

En las campañas electorales, el voto es el acto por medio del cual el ciudadano manifiesta una simpatía o antipatía, hacia un determinado partido o coalición de partidos, su programa electoral y sus candidatos. En este sentido, el voto representa la decisión suprema del elector, motivado por diferentes factores y motivaciones históricas y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y depositan en la urna.

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su orientación costumbres, hábitos, preferencias, filias y fobias políticas. Es decir, el voto también es resultado de un proceso sociocultural y político. En este sentido, refleja al propio votante: su pasado, su presente y su futuro.

Dónde se genera el voto ha sido una incógnita no resuelta definitivamente en la ciencia política, aunque hay hipótesis que plantean que el voto se genera en la conversación y que son varios y distintos los factores que inciden en la motivación y orientación del voto.

El saber qué es lo que mueve o motiva el comportamiento de los votantes en una coyuntura o contexto electoral es una interrogante que ha estado presente durante muchos años en las indagaciones no sólo de los estudiosos de la ciencia política, sino también de otras disciplinas científicas como la sociología, la antropología, la psicología y la mercadotecnia política; pero sobre todo, de los políticos y candidatos que durante los procesos electorales tratan de incidir o generar ciertos efectos en la conducta y comportamiento de los ciudadanos.

Y en este contexto, una de las prácticas más comunes en las campañas electorales es acudir a las necesidades inmediatas de la gente para cooptar su simpatía y voto, ya sea por un beneficio inmediato o la garantía de mantener vigente un apoyo para el futuro, sujeto al éxito electoral de un determinado partido o candidato.

Esta es una de las prácticas más combatidas en los últimos años y las más utilizadas por gobiernos locales y en elecciones federales. El ejemplo está a la vista y en múltiples denuncias, desde la elaboración o uso de los padrones de los programas sociales, la afiliación a los partidos vinculada con algún programa social, la distribución de despensas, materiales de construcción, regularización de vivienda, etc.

Este es el que algunos especialistas en procesos electorales denominan en voto del hambre.  Este tipo de voto, se genera por las severas carencias económicas en las que viven muchos ciudadanos, cuya principal preocupación no es el tipo de gobierno que tienen o de político que es electo, sino que su objetivo principal es la sobrevivencia económica.

Este tipo de ciudadanos ve en las campañas electorales la oportunidad para obtener un beneficio inmediato, como puede ser una despensa, material para construcción, algún objeto utilitario o, incluso, algún ingreso económico directo. Este tipo de voto, también, se le denomina utilitario, ya que la gente busca obtener una utilidad inmediata por su sufragio, incluyendo, la posibilidad de vender su voto al mejor postor y de esta forma, obtener una despensa, una torta, algunos refrescos o una borrachera puede ser motivo suficiente para que los votantes puedan otorgar su voto hacia un candidato o partido en particular.

 En este sentido, un adagio popular señala que “la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. Durante las campañas, los candidatos y partidos contendientes no sólo retoman el problema de la pobreza y marginación como tema central de su proselitismo, sino que también utilizan los programas sociales con fines electorales, reparten despensas alimenticias, materiales de construcción, aparatos electrodomésticos y diferentes objetos utilitarios como playeras, bolsos, pelotas y gorras entre los electores con el fin de conseguir su voto.

El planteamiento estratégico para movilizar este tipo de voto se centra en utilizar el hambre y las necesidades de muchos electores para ganar su voto. Por ello, se “regalan” productos alimenticios y una variedad de objetos y materiales con el fin de “comprar”, la voluntad de los ciudadanos. Este tipo de estrategia, se apoya en el principio persuasivo de reciprocidad que señala que si alguien recibe algo, moralmente se siente obligado a dar algo a cambio. En el caso de los programas sociales de apoyo a sectores empobrecidos, generalmente los partidos gobernantes los utilizan como estrategia electoral, señalando, por diferentes vías, que lo que se tiene es porque el partido y su gobierno lo ha conseguido e instituido, pero de perder la elección estos apoyos se pueden terminar.

Las elecciones federales del pasado 7 de junio nos muestran resultados evidentes de este tipo de comportamiento de los electores. En una elección competida en todo el país, se dan en el estado de Chiapas un número determinado de casillas con un comportamiento atípico de los electores, es decir, todos votan por una sola opción, un partido o coalición se llevan todos los votos, dando como resultado las denominadas “casillas zapato”, fenómeno que se pensó era ya parte de un pasado en el que predominaba un poder hegemónico y un control absoluto sobre la emisión y cómputo de los votos.

El hecho es que tras concluir los cómputos distritales de los comicios para diputados federales, efectuado por el Instituto Nacional Electoral (INE), de las 148,000 casillas instaladas, en 18 casillas el 100% de los votos se emitieron para un sólo candidato, si bien esto representa apenas el 0.001% del total de las casillas instaladas, si nos muestra un caso extremo de compra del voto, aprovechando la situación de pobreza de las familias.

Un esfuerzo colectivo por fortalecer y ampliar nuestra vida democrática, se puede ver vulnerado por la duda o acciones que atentan contra la voluntad ciudadana, como en cada entidad federativa del país, en el estado de Chiapas se suman muchas voluntades por hacer imperar el Estado de Derecho, por hacer de la democracia un modo de vida y un espacio en el que se exprese y participe toda la sociedad.

Creo que es necesario que cada uno de los casos se aclare y revise, con el propósito de eliminar cualquier duda, sobre el resultado de una elección que nos ha dado muchas lecciones a todos, la sociedad y los ciudadanos muestran cansancio ante las actitudes de los partidos y gobiernos, es momento de demostrar que el compromiso de los servidores públicos y gobernantes es con la gente, que aprendimos la lección.

Sabemos que 10 de éstas casillas atípicas, se registraron en Chiapas, en los municipios de Ocosingo, Ocozosocoautla, San Cristóbal y Comitán de Domínguez, a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Del resto, se registraron dos en la ciudad de Durango, a favor del PRI; también en los municipios de Tlapa y Ayutla, Guerrero, una a favor de Morena y otra del PRD, respectivamente; y una más en Juchitán Oaxaca a favor del PRI y finalmente una más en San Pedro Garza, Nuevo León.

Si bien parecen casos aislados, da la impresión que en el estado de Chiapas no se dio en las urnas la pluralidad que es característica en el resto del país. Ante esto es oportuno, dar una respuesta efectiva y transparente que demuestre que algunos casos aislados no vulneran la vida democrática de una entidad que lucha por su desarrollo.

Erradicar estas prácticas es una obligación del Estado mexicano y de las autoridades electorales, y esto sólo será posible si por parte del Estado se tiene un mayor control sobre los servidores públicos o se les sanciona con severidad al violar la ley, y por parte de las autoridades electorales, la acción efectiva es “no premiar” estas prácticas con la anulación de este tipo de casillas que reflejan la coacción del voto ciudadano.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se tomen las medidas necesarias para garantizar un cómputo transparente de las casillas “atípicas” denominadas zapato, a efecto de hacer efectivo el respeto a la voluntad democrática de los ciudadanos y se combatan las prácticas de compra de votos a través de programas sociales, o entrega de bienes que capitalizan la pobreza y necesidades de las personas.

SEGUNDO: Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales, asimismo que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 30 de junio de 2015

Sen. Mónica Arriola Gordillo

Rúbrica