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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la NOM-031-SSA3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión
P  R  E  S  E  N  T  E

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE FORTALEZCA LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO, EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, DE LA NOM-031-SSA3-2009, RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE COORDINE, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES ESTATALES EN LA MATERIA, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A SU ALBERGUE, RESGUARDO Y PROTECCIÓN, A CARGO DE LA DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA.

Quien suscribe, Dip. María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos.

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho, a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad; a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, así como ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono [*].

En este marco, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento emitido en el año 2002 [*], declara los compromisos que los gobiernos integrantes adquieren, asumen y ejercen para dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento en las formas de organización social, económica y cultural. Entre los que se encuentra como uno de sus objetivos el “ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las personas de edad, y apoyo a las personas que prestan asistencia” (105), señalando en específico, entre sus medidas el “… g) Establecer y aplicar normas y mecanismos para garantizar la calidad de la asistencia prestada en contextos estructurados;…”

Acorde con esos propósitos, México ha instrumentado un amplio marco legal y desarrollado políticas públicas destinadas a la atención de las personas adultas mayores. En dichos instrumentos se promueve el respeto a la dignidad humana, el goce a la libertad, la independencia, la protección, los cuidados y el bienestar integral, garantizándoles el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.

Su importancia es tal, que se concibe la atención a ese sector de la población mediante la Asistencia Social, como una expresión de la solidaridad humana que se manifiesta en la familia, la sociedad y en el ámbito del Estado. Estos propósitos están regulados en diversos ordenamientos jurídicos como son la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, los propósitos y objetivos de ese andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores. Cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Una de las principales causas para que suceda tal abandono es la idea preconcebida de que la persona adulta mayor ya no posee una vida laboral útil y comienza a generar gastos a la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, se apodera de los bienes materiales del adulto mayor. En estos casos el abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede, ya sea de manera verbal o física y en ocasiones se le desplaza de la familia, llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Sucede también que los adultos mayores que no tienen hijos, ni familiares, enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar, sufrir abandono, vivir en la calle, llegar a la indigencia y la desprotección jurídica. Situaciones que sumadas a la condición de maltrato, violencia o abuso realizado por integrantes de la propia familia y el rechazo de los propios familiares ha hecho que el Estado impulse algunas acciones de atención especial o seguridad social en favor de este sector desprotegido, como es la creación de centros gerontológicos, albergues, asilos y casas de medio tiempo, así como alentado espacios similares desde el ámbito social o privado.

En estos espacios residen adultos mayores con limitaciones físicas, mentales o económicamente desamparados, en los cuales se tiene establecido que deben recibir vivienda, comida, servicio médico, actividades culturales y artísticas, terapia física y terapia ocupacional, entre otras.

No obstante que dichos espacios están destinados a brindar condiciones adecuadas de permanencia y protección para un sector en alta condición de vulnerabilidad, una simple recopilación hemerográfica puede dar cuenta de la situación real de dichos centros. Uno de ello fue el ocurrido la madrugada del pasado martes 23 de junio del año en curso en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, y que hasta la fecha ha registrado el lamentable deceso de 17 adultos mayores del asilo Hermoso Atardecer, administrado por la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A.C.

Dentro del mencionado andamiaje jurídico, se establece en la Ley General de Salud, artículo 3º, fracción XVIII, que la Asistencia Social es materia de Salubridad General, correspondiéndole a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la organización, operación, mejoramiento y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general, en este caso, la Asistencia Social (13, inciso B, fracción I). Para lograr dicho propósito se emiten las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

A mayor abundamiento, la Ley de Asistencia Social señala en su artículo 7, que los servicios de salud en materia de Asistencia Social que presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; y que los servicios que presten los gobiernos locales, así como los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud, en lo relativo a su régimen local.

Por su parte, el artículo 14 de la ley en comento establece claramente las atribuciones de la Federación en esta materia, entre las que se encuentran la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (fracc. III); la coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas (fracc. IV); así como la vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven (fracc. VIII).

En función de lo anterior, se infiere que las competencias en materia de Asistencia Social son concurrentes, por lo que corresponde a las autoridades de Salud y a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisar el funcionamiento de los centros de atención para adultos mayores del país y de manera específica, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2009, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, considerando que el paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad, es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista. Particularmente, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de sus derechos humanos, especialmente en esta etapa de la vida.

Por ello, resaltan los Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis 2010) al dar cuenta de los niveles de exclusión, falta de reconocimiento y obstaculización de derechos y oportunidades, fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

En ella se revela, entre otros resultados, que en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad y que el 40.3% describe como sus principales problemas los económicos, aspectos que en parte resuelven o son obligados a resolver, al sujetarse a la protección y resguardo de un albergue, asilo o casa de asistencia diurna.

Tales consideraciones motivan una amplia participación de la instancia nacional y coordinación a nivel local de las instituciones responsables de los Derechos Humanos en el país, a efecto de evaluar y conocer en que condiciones se encuentran en esos lugares, teniendo específicos parámetros de revisión, con la intención de identificar cualquier forma de maltrato o acciones que vulneren los derechos humanos de los adultos mayores.

Fundamentalmente deberá considerarse que las violaciones a los derechos humanos contempla aspectos como las condiciones de salud, alimentación, limpieza, calidad de la atención, entre otras; situaciones que pueden ser reconocidas en la diversa cobertura mediática que a nivel local se encuentra, al indagar sobre casas hogar para ancianos en diversas partes del país.

Lamentablemente, a pesar de loables y significativas acciones emprendidas por reconocibles instituciones, existe una enorme cifra negra de ancianos que son maltratados en albergues públicos o privados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE FORTALEZCA LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO, EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, DE LA NOM-031-SSA3-2009, RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD;

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE COORDINE, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES ESTATALES EN LA MATERIA, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A SU ALBERGUE, RESGUARDO Y PROTECCIÓN.

Dado en la Cámara de Senadores, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de junio de 2015.

______________________________

Dip. María Sanjuana Cerda Franco


[*] Derechos de los adultos mayores. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Abril de 2012. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/9%20cartilla%20Derechos%20adultos%20mayores.pdf.

[*] Disponible en http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-SP.pdf.