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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


La presente iniciativa tiene como finalidad la de ampliar el plazo previsto en la ley que será de cuatro a diez días, para la presentación de los medios de impugnación previstos en el ordenamiento, y con ello garantizar a las personas afectadas, por un acto o resolución de las autoridades electorales, sus derechos en la materia y que no sean mermados por limitaciones de carácter procesal carentes de justificación.

Asimismo, la iniciativa pretende que se permita el ofrecimiento de la prueba pericial en las controversias que surjan con motivo de los procesos electorales, con excepción de las que versen sobre los resultados de las elecciones. Para efectos de que su desahogo no ocasione rezago en la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los términos para emitir resolución, la modificación propuesta condiciona su admisión a que sea posible practicarla en los plazos legalmente establecidos.

Finalmente, establece que el juicio de revisión constitucional electoral contra las sentencias de los órganos electorales locales, deberá promoverse dentro de los 4 días siguientes a la notificación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIUA ELECTORAL

El que suscribe, diputado federal José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1, EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 7, Y ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS AL TÍTULO ÚNICO DEL LIBRO CUARTO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL INTEGRADO POR EL ARTÍCULO 88 BIS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México enfrenta un problema de credibilidad y confianza en materia institucional. La falta de transparencia, rendición de cuentas y la escasa idea de que la democracia está basada en la existencia de instituciones estructuradas correctamente y que funcionan de igual manera, se complementa con los datos estadísticos, ya que los mexicanos perciben como poco confiables al Instituto Nacional Electoral (INE) (32%), El Tribunal Electoral (31%), el Instituto Electoral de su estado (32%), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría General de la República (PGR) (31%). Los ciudadanos no confían en los partidos políticos (41%) ni en los sindicatos (33%). En una sociedad, la confianza que un individuo deposite en una institución está determinada por diversos factores políticos, sociales, culturales, educativos y económicos, los cuales contribuyen a modificar las expectativas de las personas. Es por ello, que en nuestro país, el tema de la transparencia y las resoluciones de los trámites en cualquier ámbito de la vida nacional son de carácter prioritario para la consolidación del sistema democrático.

En la historia del sistema electoral del país se tienen contemplados diversos hechos que han dado pauta a la transformación de lo que actualmente conocemos como medios o recursos contra los actos preparatorios del proceso electoral. Siendo el claro ejemplo de la tesis de la incompetencia de origen sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1869, defendida particularmente por el Ministro José María Iglesias cinco años después. Este precedente dio el primer acercamiento favorable al control judicial de los procesos electorales..

En 1977 se dio la expedición de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la primera que estableció recursos contra los actos preparatorios del proceso electoral y los que se emitieran durante su desarrollo. La evolución de la justicia electoral continuó con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1986, el surgimiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y del Tribunal Federal Electoral en 1990,la integración de este último órgano al Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) en 1996. Más allá del cambio de nombre de dichas instituciones, el avance fue sustantivo en tanto que se fueron ampliando los recursos para impugnar actos de las autoridades electorales, la obligatoriedad de sus efectos, los medios de prueba y la autonomía del Tribunal Electoral.

Contamos ahora con un sistema de medios de impugnación en materia electoral cuyo objeto es garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades competentes en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Su aplicación ha contribuido a dotar de certeza los procesos de renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a obligar a los actores que participan en esos procesos a conducirse conforme a la normatividad aplicable.

Este sistema impugnativo continúa perfeccionándose. Aún adolece de limitaciones que impiden a los justiciables promover los recursos a su disposición con los elementos necesarios para aspirar, con probabilidades, a una resolución que repare las violaciones cometidas en su perjuicio contra las normas electorales. Respecto a lo anterior, la presente iniciativa tiene por finalidad superar los inconvenientes prácticos suscitados por la regulación vigente de los plazos de interposición de los recursos previstos en la LGSMIME y de la prueba pericial en dicho ordenamiento.

Las reglas establecidas en el Libro Primero, Título Segundo, de la LGSMIME rigen el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación previstos en su texto, con excepción de los aspectos regulados especialmente para cada uno de esos medios en los demás libros que integran su estructura. Una de esas reglas es el artículo 8, el cual dispone que los medios de impugnación previstos en esa ley deberán presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que se haya conocido el acto o resolución impugnado o de que se hubiese notificado debidamente. Este es el plazo aplicable al recurso de revisión, a la apelación, al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y al juicio de revisión constitucional electoral. El juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para dirimir los conflictos laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y la revisión del Procedimiento Especial Sancionador tienen plazos especiales (tres días o cuarenta y ocho horas, quince días hábiles y tres días, respectivamente).

Para explicar las desventajas del plazo genérico de cuatro días es menester citar previamente los requisitos del escrito de impugnación que debe satisfacer el actor y cuya omisión tiene por efecto el desechamiento del recurso, a saber: nombre del actor, mencionar expresa y claramente los hechos motivo de la impugnación, los agravios causados por el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados, y en su caso, las razones por las cuales se estime que una o varias leyes electorales deben desaplicarse por ser contrarias a la Constitución y firma autógrafa del actor.

Conforme a lo anterior, resulta que el justiciable en su escrito impugnativo debe hacer un relato de los hechos en los que sustenta su pretensión. Esta exigencia no es de fácil cumplimiento para cualquier persona, como podría parecer a primera vista. La norma requiere una descripción precisa de las circunstancias que forman la causa del promovente. Dicha carga obedece a que el órgano competente para resolver fijará la cuestión controvertida a partir de los hechos alegados por el actor; las circunstancias que no se expongan en el ocurso no podrán ser materia del litigio. La realización de una narración exhaustiva es fundamental para hacer comprender a la autoridad que dirimirá el conflicto las causas de informidad con el acto reclamado.

Es un hecho notorio que no todos los justiciables son capaces de cumplir a cabalidad por si mismos este requisito debido a razones de preparación y tiempo. Desde luego, tampoco tienen los conocimientos necesarios para formular agravios. Es cierto que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están obligadas a suplir las deficiencias y omisiones en los agravios, pero sólo cuando puedan deducirse claramente de los hechos planteados por el promovente y como se ha señalado reiteradamente, en gran parte de los casos la relación de hechos es defectuosa. Esta serie de obstáculos para la presentación de un planteamiento de calidad, con posibilidades auténticas de obtener una resolución favorable, no es producto de una conjetura personal ni un problema pasado.

Luego entonces, los justiciables tienen que recurrir a los servicios de los profesionales del derecho para controvertir los actos y resoluciones de las autoridades electorales que consideren les causan perjuicio. Probablemente los partidos y las agrupaciones políticas, así como otros sujetos con estructura corporativa sometidos a las leyes electorales, no requieran emprender la búsqueda de un abogado pues cuentan con un equipo jurídico al interior de su organización, sin desconocer que incluso estas entidades pueden carecer de personal suficiente o capacitado para afrontar los litigios en la materia. No aplica el mismo razonamiento tratándose de los ciudadanos, quienes ante cualquier conflicto de carácter legal que les afecte tienen que dedicar parte de su tiempo a buscar un licenciado en derecho que los pueda patrocinar frente a los tribunales u otras autoridades.

El plazo genérico de cuatro días para interponer un medio de impugnación en materia electoral es breve si se considera que en ese tiempo el promovente debe conseguir un profesional del derecho que lo asesore y éste a su vez estudiar el caso, determinar el recurso procedente, elaborar el escrito inicial, recabar pruebas que sustenten las afirmaciones vertidas en el ocurso y presentarlo ante la autoridad responsable para su trámite, lo cual implica eventualmente un traslado al lugar en que resida dicha autoridad si es distinto al del domicilio del actor o del mismo abogado. A lo anterior se suma que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, de manera que el plazo corre incluso los fines de semana y los días de descanso obligatorio. En tales condiciones es difícil plantear un recurso de calidad, circunstancia que redunda indebidamente en perjuicio de los justiciables y de sus derechos previstos en las normas electorales.

Por su parte, el artículo 14 de la LGSMIME contempla la regulación de la prueba pericial. Se dispone que no podrá ofrecerse ni ser admitida en las controversias vinculadas a los procesos electorales. Las partes en estos conflictos no pueden aportar al caudal probatorio el dictamen de un perito. El órgano competente para resolver la contienda está facultado para ordenar oficiosamente el desahogo de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para modificar, revocar o anular el acto reclamado, pero el ejercicio de dicha atribución es discrecional, no obligatorio.

Atendiendo al grado de especialización de algunos temas comprendidos actualmente en el derecho electoral, como el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión y la fiscalización de sus ingresos y egresos, así como de los gastos de campaña, es adecuado que las partes en los procesos impugnativos comprendidos en la etapa de preparación de la elección puedan ofrecer como prueba de sus afirmaciones la opinión de un especialista. Lo anterior contribuirá además a que el órgano del INE o la Sala del TEPJF que conozcan del asunto tengan mayores elementos para su resolución. Las pruebas que pueden ofrecerse y admitirse de acuerdo a la normatividad en vigor son insuficientes por su naturaleza para dilucidar cuestiones que requieren conocimientos especiales en una ciencia, técnica, arte, oficio o industria determinados.

El régimen probatorio en materia electoral se ha ido completando paulatinamente. La precaria regulación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que sólo admitía las documentales públicas y con la cual operó el primer tribunal en el ramo constituido en 1986, fue superada por la ampliación del COFIPE de 1990 a los documentos privados, las pruebas técnicas (fotografías, grabaciones, etc.) y la instrumental de actuaciones, y este ordenamiento a su vez por la LGSMIME, que incorporó al catálogo la confesional, la testimonial y la pericial, aunque con ciertas limitaciones.

Con la presente iniciativa el suscrito pretende eliminar una de esas restricciones, en pro de que los justiciables puedan aportar en apoyo de sus pretensiones la prueba pericial en los litigios sobre el proceso electoral cuyos puntos controvertidos exijan razonablemente el dictamen de un experto para su resolución.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa pretende reformar el artículo 8, párrafo 1 de la LGSMIME con la finalidad de ampliar el plazo previsto en ese precepto de cuatro a diez días, y así establecer un tiempo razonable para la presentación de los medios de impugnación previstos en este ordenamiento y con ello garantizar a las personas afectadas, por un acto o resolución de las autoridades electorales, sus derechos en la materia y que no sean mermados por limitaciones de carácter procesal carentes de justificación.

No es óbice para esta reforma la opinión expresada reiteradamente acerca de que la brevedad de los plazos para promover y resolver los recursos regulados en la LGSMIME asegura la sucesión oportuna de los cargos de elección popular. Este razonamiento es totalmente válido respecto a los medios impugnativos que pueden tener efectos sobre los resultados de las elecciones constitucionales, como el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio de revisión constitucional electoral en el que se ataca el fallo de un tribunal local sobre la regularidad de los comicios locales. Se impone en estos casos el agotamiento pronto de las impugnaciones para que la instalación del Poder Legislativo y la asunción del Ejecutivo se verifiquen sin contratiempos en las fechas señaladas por la Constitución Federal y las Constituciones Locales.En cambio, no justifica la cortedad de los plazos de interposición en los recursos sin trascendencia directa sobre lo ocurrido en las urnas. La modificación propuesta por el suscrito atañe únicamente a estos últimos. En ese tenor, se propone la adición del Capítulo III BIS al Título Único del Libro Cuarto, para excluir del plazo genérico de diez días al juicio de revisión constitucional electoral que pueda modificar los resultados de una elección de las entidades federativas.

También se plantea reformar el párrafo 7 del artículo 14 de la LGSMIME para permitir el ofrecimiento de la prueba pericial en las controversias que surjan con motivo de los procesos electorales, con excepción de las que versen sobre los resultados de las elecciones. Para efectos de que su desahogo no ocasione rezago en la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los términos para emitir resolución, la modificación propuesta condiciona su admisión a que sea posible practicarla en los plazos legalmente establecidos.

Motivado por las razones expuestas a lo largo de este documento, pongo a consideración ante la Comisión Permanente la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

ÚNICO: Se reforma el párrafo 1 del artículo 8, el párrafo 7 del artículo 14, y se adiciona el Capítulo III Bis al Título Único del Libro Cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, integrado por el artículo 88 BIS para quedar como sigue:

Artículo 8

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

Artículo 14

1. a 6. …

7.La pericial podrá ser ofrecida y admitida, cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

c) Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma; y

d) Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

En ningún caso se admitirá la pericial en los medios de impugnación en los que se controviertan los resultados del proceso electoral.

LIBRO CUARTO

Del juicio de revisión constitucional electoral

Título Único

De las reglas particulares

Capítulo III BIS

De los plazos y de los términos

Artículo 88 BIS

  • El juicio de revisión constitucional electoral contra las sentencias de los órganos jurisdiccionales electorales locales en las que se confirmen, modifiquen o revoquen los resultados de elecciones locales, deberá promoverse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que se hayan notificado debidamente.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil dieciséis.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 4 de junio 2015.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga


1Encuesta telefónica sobre la confianza en las instituciones, Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados LXII Legislatura, Octubre 2014. Disponible en el sitio web: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/58-confianza-instituciones.pdf 05/06/15

2 FIX Zamudio, Héctor, “Ignacio Luis Vallarta. La incompetencia de origen y los derechos políticos”, en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A cien años de la muerte de Vallarta, México, UNAM, 1994, p. 21.

3 Ibid, p. 20.

4 MELGAR Adalid, Mario, Cuadernos para la reforma de la justicia. La justicia electoral, México, UNAM, 2000, p. 31.

5 MELGAR Adalid, Mario, op. Cit., págs. 33-39.

6LGSMIME, artículo 3.

7 LGSMIME, artículo 7, párrafo 1.

http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/completo.pdf Consultado el 04 de junio de 2015.