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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
En torno a la investigación del homicidio del ciudadano Alan Cerón Moreno.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, CONRELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 78/2012 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO DEL C. ALAN CERÓN MORENO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.” presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.” Dicha proposición fue presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1247.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones que con base a la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1992, precisa que una desaparición forzada ocurre cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o varias personas, o cuando éstas resultan privadas de su libertad, de una u otra forma, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno, con apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la Ley.

Indica que pese a los esfuerzos legislativos internacionales y nacionales en la materia, en agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, señaló en conferencia de prensa que el total de personas no localizadas en México era de 22,322.

Señala que de acuerdo a el “Informe alternativo relacionado con la lista de cuestiones emitidas por El Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas respecto de México”, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Amnistía Internacional, la organización no gubernamental Human Rights Watch, en estudios realizados documentan diversos actos como desapariciones forzadas.

Destaca que la cifra oficial de desapariciones con participación de agentes gubernamentales no se ha dado a conocer por parte del Estado; además, actualmente no existe una forma establecida en la cual las autoridades judiciales o administrativas comuniquen una desaparición en el registro nacional.

En la propuesta, se señala que en México la desaparición de personas es un problema generalizado que ocurre en gran parte del territorio, indica que en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para hacer frente a dicho problema, entre ellas, como la sociedad civil ha demandado, urge crear una unidad especial de búsqueda así como un registro transparente y efectivo, único de víctimas a escala nacional.

Indica que así lo reafirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que el 13 de febrero del año en curso dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluara en Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

Informa que una y otra vez, los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país. Al respecto, la entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, y no supo especificar de qué tipo de desapariciones se trata, o si se puede hablar de delitos o no.

Señala que en el lamentable contexto descrito anteriormente, el pasado 24 de diciembre de 2011, un joven Morelense de 20 años de nombre Alan Cerón Moreno fue privado de su libertad junto con tres amigos cuando se encontraban en un campo de fútbol de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Cuernavaca. Manifiesta que según reportes oficiales de esa entidad, se presume la participación de policías en activo de Guerrero.

Se describe que dos días después de los sucesos, en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de diciembre, policías municipales localizaron a Cerón Moreno y a una joven con visibles huellas de tortura y de ataduras de pies y manos, al norte de esta capital, y les llevaron a la agencia central del Ministerio Público (MP) del Distrito Judicial de Los Bravo, ubicada a cinco cuadras del zócalo de la localidad.

Indica que desde ese lugar, Alan Cerón realizó una llamada telefónica a su familia para informarles que se encontraba en la agencia del MP de Chilpancingo, donde presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad, pidió una muda de ropa y solicitó que le enviaran dinero para regresar a Morelos. Manifiesta que el joven, durante la llamada, puso al teléfono a un agente del MP del fuero común de nombre Falcón Bautista, quien dijo que Alan estaba bien, “golpeado, pero estable, y que se encontraba en un lugar seguro”.

Se informa que después de muchos impedimentos por parte de las autoridades, entre los que debe señalarse la violencia de elementos de la Policía Ministerial quienes apuntaron con sus armas de fuego a la madre y el padre de Alan, mientras les interrogaban, a las 22:30 horas del mismo 26 de diciembre de 2011, los padres de Alan Cerón Moreno llegaron a Chilpancingo pero el joven ya no estaba en la agencia del MP.

Ante esta situación, se expresa que el 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012. De acuerdo a ésta, los funcionarios señalados como responsables de la desaparición de Alan Cerón son tres agentes del Ministerio Público del fuero común, Falcón Bautista, René Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, así como agentes de la Policía Ministerial adscritos al distrito judicial de Los Bravo.

Indica que a casi cinco meses de la desaparición del joven en una agencia del MP del fuero común, y como resultado de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima, el 12 de mayo de 2012, el cuerpo de Alan fue encontrado, en avanzado estado de putrefacción, en las inmediaciones de una barranca ubicada entre la ciudad de Chilpancingo y el poblado de Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, sobre un camino de terracería que une ambos puntos.

En la propuesta se indica que abogado de la familia, Miguel Ángel Rossete, señaló a medios de comunicación que con el paso de las investigaciones que ha realizado la familia de forma privada, han ido descubriendo cada una de las mentiras del MP. Señaló que al momento de exhumar el cuerpo de Alan, dieron datos y pruebas sobre los responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Asimismo, declaró que las procuradurías de Morelos y Guerrero no han esclarecido el caso. Esta última incluso ha señalado que no había videocámaras afuera de sus oficinas porque, supuestamente, las estaban reparando.

Al respecto del caso, se indica que existe la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Señala que desde hace un año, la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la indagatoria. Ni la SEIDO ni la Secretaría de Gobernación han emitido reporte alguno.

Indica que el pasado 30 de marzo de 2015, la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan, inició una caminata de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, concluyó su tortuoso recorrido en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en busca de una audiencia con el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

El lunes 06 de abril un representante de la Secretaria sostuvo una reunión con la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan , sin embargo, la familia declaró desconfiar en las instituciones gubernamentales debido a los ya más de tres años de exigencias y no tener respuestas.

El proponente manifiesta que lo anteriormente descrito pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país, así como el desinterés del gobierno de cualquier orden, para atender los casos de desaparición forzada y para transparentar los datos. De igual forma, la inexistencia de mecanismos y/o dependencias adecuadas para investigar y resolver justamente estos casos se hace cada día más insostenible.

Se indica que la renuencia de algunos partidos políticos representado en el Congreso de la Unión para dictaminar la Ley de Desaparición Forzada, es otra muestra de la obstaculización impuesta para atender esta problemática.

Finalmente, señala que resulta alarmante que la lucha por la justicia tenga que ser emprendida por las personas familiares de las y los desparecidos. Expresando que este calvario debe terminar y las autoridades deben tomar las cartas en el asunto y atender el caso de manera pronta y expedita, trabajando para que ni una madre, padre, o familiar más, tenga que agotar sus propios medios, incluyendo su vida, para realizar la labor que le corresponde a ellas. Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del cumplimiento de la recomendación 78/2012, sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública de los avances en el cumplimiento de dicha recomendación.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a informar la situación actual que guarda la investigación correspondiente respecto a la desaparición forzada, presuntamente cometida por diversas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta Comisión expresa su compromiso y preocupación por el respeto a los derechos humanos. Tales derechos no solo están contemplados en el primer párrafo del artículo 1° de nuestra Constitución Política, sino que esta misma como poder supremocontempla el reconocimiento de todo Derecho Humano contenido en Tratados Internacionales signados por México. En el mismo sentido, el respeto a los derechos humanos es una obligación para todas lasautoridades, el artículo 1° en mención estableceen su párrafo tercero que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta Comisión estima que la muerte de cualquier persona es lamentable y comparte la preocupación del proponente por el caso del occiso Alan Cerón Moreno. El 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012.

Es importante mencionar que de acuerdo a la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los padres de Alan Cerón denunciaron que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero omitieron brindarles la atención y salvaguarda a la que tenían derecho en su calidad de víctimas del delito, el 26 de diciembre de 2011 presentaron un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y, posteriormente, el 20 de febrero de 2012, ante laComisión Nacional de los Derechos Humanos y en esa fecha se dictó un acuerdo de atracción para conocer del caso, y se dio inicio al expediente CNDH/1/2012/2075/Q. El 16 de mayo de 2012, en Chilpancingo, Guerrero, se encontró el cadáver de Alan Cerón.

Esta dictaminadora destaca que existe también la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al gobierno del estado de Guerrero, que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

En el Centro de Reinserción Social (CERESO) en Atlacholoaya, se encuentran dos personas recluidas, mismas que por la PGR ya fueron identificadas como actores intelectuales del asesinato. En este sentido, consideramos necesario solicitar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los avances en la implementación de la recomendación antes mencionada, puesto que es de vital importancia hacer valer, respetar, y difundir los derechos fundamentales de las personas.

Respecto al exhorto al gobierno del estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública de los avances en el cumplimiento de dicha recomendación, esta dictaminadora considera que es atendible para conocer las acciones emprendidas por dicho estado.

Es importante destacar que el artículo 102 Constitucional establece que los organismos de protección de los derechos humanos formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

En el mismo sentido, se considera viable conocer la situación que guarda la investigación de la Procuraduría General de la República sobre los actos cometidos por presuntas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno, esto sin vulnerar la secrecía de la información.

Como se indica en la proposición materia de este dictamen, el lunes 06 de abril un representante de la Secretaria de Gobernación sostuvo una reunión madre de Alan,Rosa María Moreno, en la que se exigió dar seguimiento a la investigación ya que desde hace cuatro años busca justicia para el caso asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno y con esta finalidad se considera oportuno exhortar a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento de la recomendación 78/2012, respecto del caso del C. Alan Cerón Moreno.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero a atender la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y remitir un informe a esta soberanía de los avances en su cumplimiento.

Tercero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, dentro del marco legal, informe a esta soberanía, sobre el estado que guarda la investigación del homicidio del C. Alan Cerón Moreno.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a dar seguimiento y coadyuvar en el diálogo entre las instituciones competentes y los familiares del C. Alan Cerón Moreno.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los treinta días del mes de junio de 2015.