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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; asimismo, exhorta a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a continuar capacitando a los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

INTERVINO LA DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, NA.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


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DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SEEXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR Y CASTIGAR SEVERAMENTE TODA REPRESALIA CONTRA VÍCTIMAS QUE DENUNCIEN TORTURAS O MALOS TRATOS, SUS FAMILIARES, REPRESENTANTES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA MATERIA.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las Propuestas con punto de acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, presentado por el Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2.- Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del Ministerio Público, y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, que presenta la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

LaPrimera Comisión del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las Proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente los resolutivos.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015,fue presentada la propuesta con punto de acuerdo en la cual se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1199.

2.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del Ministerio Público, y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1207.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Dentro de las propuestas, se considera a la tortura como un crimen en derecho internacional y es que en todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse su utilización bajo ninguna circunstancia, es importante mencionar que esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional aun cuando alguno de ellos no haya ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura.

Las propuestas, mencionan que el país se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a la tortura, ya que por un lado, se ha avanzado en el marco constitucional al incorporar diversas obligaciones internacionales; por otro lado, se ha enfrascado en una estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, la cual privilegia el uso de la fuerza sobre la investigación científica y profesional y la protección de los derechos de las víctimas.

Ante los planteamientos analizados en las propuestas con punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen:

1.- Propuesta presentada por el Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares del PVEM.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, asimismo, garantizar el derecho de todas las victimas a una reparación integral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a continuar capacitando a los servidores públicos en prevención y erradicación de torturas y malos tratos, incluyendo el trato debido y no revictimizante a víctimas y sus familiares.

2.- Propuesta presentada la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del ministerio público y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

III. CONSIDERACIONES

El uso de la tortura persiste en muchos países del mundo, a pesar de su prohibición absoluta tanto en el derecho internacional como en el marco jurídico doméstico. Pese a que la comunidad internacional condena esta práctica unánimemente sigue ocurriendo de manera generalizada y persistente. Muchas veces los mismos agentes encargados de la aplicación de la ley y de la protección de los ciudadanos son quienes incurren en este delito.

La tortura está absolutamente prohibida en la Constitución Mexicana y en diversos ordenamientos de derecho interno. Del mismo modo, México ha suscrito los más importantes instrumentos internacionales para la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura, como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de la ONU, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU.

LaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosensuartículo 1º tercer párrafo, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligacióndepromover,respetar,protegerygarantizarlosderechoshumanosde conformidadconlosprincipiosdeuniversalidad,interdependencia,indivisibilidady progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

La reforma constitucional de 2008 en materia penal, tiene una importancia fundamental para la introducción de nuevos procedimientos acusatorios, orales y contradictorios, que amplían las garantías procesales de las personas, y que consagran el derecho de presunción de inocencia como un eje del sistema de justicia penal y seguridad pública.

Asimismo, la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos eleva al máximo rango normativo las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, que se refuerzan mediante la adopción de un sistema de control difuso de convencionalidad, que se estableció en el país tras la histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010.

Con el propósito de darle plena funcionalidad a la reforma en derechos humanos en el ámbito judicial, y atendiendo a las obligaciones que se desprendieron de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en julio de 2011, atender las recomendaciones, y publicó el engrose de sus deliberaciones el 4 de octubre de ese año, la consulta a trámite en el Expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, que estableció la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada del tribunal interamericano en los casos en los que México hubiera sido parte y dio la máxima amplitud posible al criterio de interpretación del derecho interno conforme a derechos humanos mediante un modelo de control difuso de convencionalidad, que también debe ser aplicado ex officio a la luz de normas constitucionales que reconozcan derechos de las personas.

En cumplimiento a estas acciones, el 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, como un importante desarrollo normativo encaminado a crear las reglas, principios, medidas, mecanismos y procedimientos para garantizar a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos el pleno acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, además de crear un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que dará un soporte institucional para vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, entre otras autoridades, por los jueces.

Estas iniciativas, del Poder Constitucional de México, demuestran un compromiso indudable para asegurar que las obligaciones jurídicas constitucionales e internacionales para la protección de los derechos de las personas se realicen.

Ello no significa que temas tan sensibles y dolorosos como la persistencia de la tortura se hayan resuelto, pero sin duda se cuenta ya con un marco de reglas y directrices que avanzan hacia la vía cierta de un sistema de justicia y seguridad más garantista y conforme a los estándares más elevados.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar las políticas públicas de apoyo a las víctimas, es el responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas referidas en la Ley.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene una serie de objetivos que mandata la propia Ley General de Víctimas, como se puede observar en los siguientes artículos:

“Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.”

Asimismo la Procuraduría General de la República (PGR) comprometida con la atención victimas ha estado analizando las políticas y acuerdos para la salvaguarda de los derechos humanos de los probables responsables de delitos del orden federal.

La PGR, ha anunciado que en este tema, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) aplicará un nuevo programa de capacitación al personal, acorde a lo que establece el Protocolo de Estambul, capacitación que se realizará conforme a los estándares internacionales y que se hará extensivo a Procuradurías y Fiscalías de todo el país.

La PGR tiene una valoración cuantitativa y cualitativa que permite transparentar la información y dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en el combate a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación han sido instruidos para que en el momento en que un Juez de Distrito haga de su conocimiento hechos que presuman la existencia del delito de tortura se inicien las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la República, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, ha determinado implantar en forma obligatoria el “Protocolo de Estambul”, mismo que fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo anterior, en la inteligencia de consolidar acciones encaminadas a proteger la integridad psicofísica de las personas, en consonancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República.

Esta Comisión dictaminadora, manifiesta que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidos a torturas y deben estar protegidas en todas las circunstancias en las cuales se pueda ejercer este delito, asimismo la dictaminadora manifiesta que es necesario redoblar esfuerzos para tratar de prevenir la práctica de la tortura, en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, esta Comisión dictaminadora, manifiesta que con anterioridad se dictaminaron en conjunto los puntos de acuerdo que se mencionaron en el capítulo de antecedentes, por la similitud del tema en estudio y por economía procesal; por estas razoneslos legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, asimismo, garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen capacitando a los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los treinta días del mes de junio de 2015.