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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la implementación de programas y políticas públicas para prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALEZCA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TENGAN COMO FIN PREVENIR LAPARTICIPACIÓN DE MENORES EN ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad”, presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

  1. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad”.
  2. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1194.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador señala que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos años debido a las ganancias millonarias que producen sus actividades, lo que, de acuerdo con el promovente, representa un problemasocial que perturba la paz pública y pone a prueba a las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Indica que Edgardo Buscaglia, experto en temas de Delincuencia Organizada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que México es uno de los seis países con mayor presencia de la delincuencia organizada y cuyo sistema arroja el mayor nivel de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, solamente superado por Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial.

El senador considera que, como consecuencia de las premisas anteriores, la incidencia delictiva de los menores de edad ha ido en aumento, pues son un grupo susceptible y vulnerable. Indica que las autoridades no se han preocupado en elaborar estadísticas con cifras oficiales, sin embargo, señala que hay aproximadamente 30,000 niñas y niños que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de 22 delitos diferentes, del fuero común y federal.

El promovente refiere que los adolescentes que se encuentran inmersos en la delincuencia presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela; residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia.

Al respecto, señala que en 2005 se llevó a cabo una importante reforma al artículo 18 constitucional en coadyuvancia con los Derechos del Niño, instaurando el denominado “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, el cual tuvo como principal objetivo garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de niñas y niños, establecer el sistema de justicia específicos para aquellos que presuntamente hayan infringido las leyes penales.

Asimismo, expone que en México se considera la delincuencia organizada como un problema de seguridad pública, mas no como un problema social que afecta a cada uno de los mexicanos, por lo que considera que se necesita crear medidas de previsión para que los menores no delincan, así como un sistema especializado capaz de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir.

De manera que el senador proponela creación de programas sociales y políticas públicas que busquen la adaptación de estos menores, mediante estímulos educativos, deportivos, culturales, dejando ver que tienen alternativas para un futuro próspero.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñen e implementen programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, destaca la información proporcionada por el senador, en la que se da cuenta de que cerca de 30 mil menores de edad están integrados a grupos de la delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades.

Al respecto, la Asociación Civil Cauce Ciudadano refiere que, hasta 2013, alrededor de 24 mil menores se habían integrado al Cartel de Sinaloa, cerca de 17 mil colaboraban con los Zetas y otros 7,500 se ubicaban en las filas de La Familia Michoacana.

La misma fuente refiere que son jóvenes entre 13, 14 y 15 años los que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando la droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas; asimismo, diversas organizaciones civiles señalan que entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013 1,873 adolescentes fueron asesinados; cabe destacar que dicha tasa se incrementa en estados como Guerrero y Chihuahua.

Otro dato importante para el análisis de este fenómeno es el proporcionado por la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, que dio a conocer que cerca del 65 por ciento de los presos de la Ciudad de México son menores de 25 años de edad.

Ahora bien, desde 1923, año en que se estableció el primer Tribunal para menores en San Luis Potosí, nuestro país tuvo un sistema tutelar para el tratamiento de la justicia de los menores, mismo que se caracteriza por concebir al menor infractor como inimputable e irresponsable de su conducta; en este sistema no existe el delito, sino una línea que va del estado de peligro a las faltas administrativas y donde no se aplican penas sino medidas de seguridad, asimismo, no hay derecho para la defensa.

No obstante, este sistema tutelar ha sido superado para constituir un sistema de justicia integral para adolescentes. En ese sentido, es preciso puntualizar que el 3 de junio del presente año, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión realizó la declaratoria de reforma constitucional, la cual faculta al Congreso para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

Dicha reforma obedece a las recomendaciones emitidas por organizaciones internacionales, asimismo, está vinculada con los tratados internacionales signados por México que se refieren al tema de la justicia para niños y adolescentes, tales como la Convención de los Derechos de los Niños (1989); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing, 1985); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados delibertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices RIAD, 1990).

Asimismo, vale la pena destacar que con la reforma al artículo 4, en el que se reconoce la protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tales como la alimentación, la salud, la educación o el sano esparcimiento bajo un marco de respeto a su dignidad y ejercicio de sus derechos humanos, se sentaron las bases para la instauración de un sistema de justicia efectivo para los adolescentes, que atienda sus necesidades y contribuya al desarrollo de la persona.

De igual forma, se debe hacer notar que nuestro sistema jurídico dio un paso adelante con la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se reconoce a los niños como sujetos con derechos y también deberes, es decir, se les reconoce como personas en formación.

Actualmente, el artículo 18 constitucional establece lo siguiente:

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Así, México se suma a las naciones que han adoptado la justicia para adolescentes comoun ámbito que debe ser atendido por una jurisdicción especializada yque debe abarcar diversos aspectos de política social, de política judicial y de control de gestión, identificados como:

  • Prevención
  • Procuración de justicia
  • Impartición de justicia
  • Tratamiento o ejecución de la medida
  • Investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia.

En ese sentido la propuesta del senador está relacionada conla prevención,investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia, aspectos que entrañanimplícitamente, la prevalencia del interés superior del menor y que obliga a que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes se oriente hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de la persona y el desarrollo de sus capacidades.

Lo anterior no es más que un cambio en la concepción de la justicia para adolescentes que busca, en todo caso, que la sanción para los infractores sea de alguna forma “educativa”, y bajo esa lógica, la prevención del delito debe seguir los mismos preceptos.

El proponente señala que el problema de los menores que actúan dentro del crimen organizado son víctimas de un sistema que opera con los preceptos de la seguridad pública y no de una política social que busque alejarlos de dichas conductas, es decir, se ha descuidado el desarrollo de los menores y la oferta de oportunidades de crecimiento y esparcimiento sano por una búsqueda de la seguridad y del combate de los actos de la delincuencia organizada.

Por tanto, la prevención del delito es un componente central en toda estrategia de control del crimen y la delincuencia, dado que se atienden factores de riesgo presentes en el individuo, la familia, los espacios públicos, la comunidad y, de esta forma, evita que se traduzcan en actos criminales.

Prevenir la penetración del crimen organizado en núcleos poblacionales vulnerables, como lo son los niños y adolescentes, debe ser una de las tareas que el Congreso de la Unión deberá contemplar en el diseño delSistema Nacional de Justicia para Adolescentes, no obstante, actualmente México cuenta con mecanismos que buscan hacer frente a esta problemática.

La Secretaría de Gobernación, encargada tanto de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación;de coordinar, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la materia; y de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito en todo el territorio nacional, ejecuta, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2013-2018.

El PNPSVD tiene como objetivo el diseño de políticas públicas, programas y acciones que pongan freno a la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que las generan. Como el propio nombre del programa lo indica el programa tiene como propósito combatir las causas que originan la delincuencia.

Es cierto que no se trata el problema de la delincuencia organizada per se, sin embargo las estrategias que deriven de la implementación de este programa sí consideran la incidencia del crimen organizado, dado que se compone de:

  • Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;
  • La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;
  • El fomento de la solución pacífica de conflictos;
  • Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y
Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.

De igual forma, el programa involucra aspectos como el comunitario, que pretende atender los factores que generan la violencia y la delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria; en el aspecto situacional que tiene como propósito modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva; y,finalmente, la prevención en el ámbito psicosocial, la cual tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia.

De conformidad con lo anterior, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el PNPSVD (2015) contempla a los niños y adolescentes en el objetivo 2, que se denomina “Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritarias”. En este rubro, se establecen las siguientes estrategias:

2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.

2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.

2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.

2.4 Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.

2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.

Cabe destacar que uno de los ejes de este programa se relaciona con acciones dirigidas específicamente a la población joven —en sus distintos grupos y como un sector social particular— que respondan a sus características y problemas particulares, orientados a la protección de los derechos humanos de los jóvenes, su fortalecimiento como actores estratégicos del desarrollo y su empoderamiento social.

Por tanto, esta Comisión considera debe formularse un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, intensifique y fortalezca sus programas y políticas públicas a fin de prevenir la participación de los menores en la delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los treinta días del mes de junio de 2015.

1http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131217_mexico_menores_adolescentes_reclutados_narcotrafico_chapo_guzman_zetas_sinaloa_an