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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 376 ter al Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


Propone adicionar un artículo 376 Ter al Código Penal Federal para sancionar el robo de teléfonos celulares con el fin de tutelar el patrimonio y la integridad física de las personas.

La pena será de dos a cinco años de prisión a quien robe, trafique y aumentará cuando el teléfono celular sea utilizado para la comisión de otros delitos. Asimismo, cuando una persona duplique, altere, reprograme o de cualquier otra forma modifique el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI) o cualquier otro código de identificación de un teléfono celular, la pena será de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos mil días de multa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 376 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN TIPO PENAL ESPECÍFICO PARA EL ROBO DE TELÉFONOS CELULARES, CUANDO SE HAGA USO DE LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL, SEAN EMPLEADOS ESTOS APARATOS PARA COMETER OTROS DELITOS, O SEA MANIPULADO EL NÚMERO DE IDENTIDAD DE EQUIPO MÓVIL INTERNACIONAL (IMEI), VISTO QUE EL ROBO DE CELULARES SE HA CONFIGURADO COMO EL DELITO DE MAYOR INCIDENCIA EN EL PAÍS

El robo de los teléfonos celulares, no sólo se traduce en una pérdida patrimonial, mayor o menor para la víctima, sino que pone en riesgo la información personal, familiar y laboral contenido en la misma, la cual es usada en algunos casos para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad, extorsión, por citar algunos. Sin menoscabo de que para la comisión del robo de celulares suele usarse la violencia moral o física, provocándose inclusive lesiones de gravedad o la privación de la vida de la víctima. Razón por la cual y, con independencia del derecho del usuario al bloqueo de las líneas de telefonía móvil, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, surge la necesidad de sancionar penalmente y de manera específica  el robo de celulares para desalentar este delito que es el de mayor incidencia en el país, como ya sucede en otros países. 

ARGUMENTOS

De acuerdo a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, A. C. (ANATEL), “…hoy (los celulares) representan el primer artículo más hurtado en el país y una de las principales herramientas empleadas por la delincuencia.” (Estudio e Investigación para el Desarrollo de Nuevas Medidas Tecnológicas que Permiten Inhibir y Combatir la Utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos 2014). Nuestra iniciativa parte de esta realidad que exige acciones urgentes del Estado mexicano.

Los teléfonos celulares se han transformado en instrumentos esenciales para la comunicación en la sociedad actual, no sólo con fines personales y familiares sino educativos, laborales, noticiosos, por citar algunos. Por lo que sin exagerar, podemos hablar de un instrumento tecnológico de primera necesidad para el desarrollo cotidiano, económico, cultural, social y político de este mundo globalizado, y concretamente de nuestro país.

Con mayor razón, cuando los celulares actuales ya incorporan un sinnúmero de aplicaciones como, computadora portátil en muchas de sus funciones, conexión  a Internet y a las redes,  radio portátil, cámara de video y para fotos, reloj, calculadora, despertador,  entre otras

La telefonía celular o telefonía móvil, permite la comunicación a través de dispositivos no conectados por cables, si no por medio de ondas electromagnéticas; este invento surgió en los años 50  del siglo pasado en la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), obra del esfuerzo del científico soviético Leonid Ivanovich, siendo que la primera red comercial surgió en Japón en el año de 1974 por medio de la NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation).

Ante la importancia y profunda utilidad de los teléfonos celulares, su robo se ha transformado en el delito que más se comete en el país; de manera que, según cifras del 2013 de las más de 9 millones 700 mil denuncias por robo a transeúntes, el 57% es relativo al robo de celulares. Lo que se traduce, en números cerrados en 5 millones 600 mil de estos aparatos cuyo robo es denunciado (traducido en un daño patrimonial de alrededor de  6,000 millones de pesos anuales), sin menoscabo de aquellos hurtos que permanecen en el anonimato. Muchos de estos celulares son usados posteriormente para extorsionar o hacer secuestros, entre otros. (ANATEL, Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, e INEGI)

Siguiendo con ANATEL y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, éstos han publicado recientemente en su página de internet, un nuevo Estudio de Seguridad en la materia con los siguientes resultados:

“2) La atención de las empresas a las peticiones de información realizadas por las procuradurías de los gobiernos Federal y de las entidades federativas para la investigación de delitos.- También en este rubro se registró un incremento, y en 2013 la cifra de teléfonos investigados por su presunta relación con algún delito creció 41.7% (un total de 117,262 números telefónicos). Para la Anatel y sus socios, es de especial importancia la propuesta de establecer prioridades en los números a investigar, así como llevar a cabo auditorías que reflejen de qué manera las autoridades usaron esta información para obtener resultados en sus investigaciones."

El corporativo Symantec (dedicado al desarrollo y comercialización de software para computadoras, especialmente para la seguridad informática), llevó a cabo un experimento en nuestro país, al efecto dejó abandonados varios celulares en diversos lugares, resultando que de las personas que se hicieron de los mismos, 97 % trató de entrar a los datos y aplicaciones, 47% al correo, mientras que el 80% buscó acceder a redes sociales y fotos. Lo que es muy grave en el contexto de inseguridad que domina en el país.

 Por otra parte, en 45% del robo a transeúntes se sustrajo el celular (INEGI); siendo que en el país hay ya más de 104 millones de celulares en operación ( ANATEL).

El IMEI (número de identidad de equipo móvil internacional), es como dicen los especialistas, el equivalente a la huella digital de cada celular, y consiste en un código pregrabado normalmente de 15 dígitos, y que permite identificar a estos teléfonos a nivel mundial

Pues bien, otra forma de actuar de los delincuentes, es la manipulación del IMEI (número de identidad de equipo móvil internacional), con el objeto de duplicarlo.

“…es posible tomar un equipo inhabilitado después de que fue reportado como robado y cambiarle el IMEI para volver a usarlo y que en algunos sitios en las grandes ciudades se ofrece este “servicio” a bajo costo.

“Quien se acoge a esta opción está tomando el riesgo de ser timado, pues es muy complejo y costoso cambiar un IMEI (lo que se conoce como “hackeo ó ‑exeo”). A la vez, si fuera el caso de que un IMEI de un equipo activo y no robado ha sido reinstalado en un equipo diferente que sí ha sido sujeto de robo, en teoría puede funcionar en la red porque dicho IMEI no está en la lista de equipos robados/ extraviados. Sin embargo, si eso ocurre hay que recordar que dicha “transferencia de identidad” de un equipo a otro es un delito que se debe tipi­car y que en este caso dicha acción corresponde a las autoridades. Es por ello muy importante emitir legislación que prohíba y penalice el delito de manipular el IMEI de un equipo de cualquier forma, ya que es el elemento clave de su identidad, como lo es en el automóvil el número del motor. Quien posea equipo que permita cualquier manipulación del IMEI debe ser penalizado.” (Estudio e Investigación para el Desarrollo de Nuevas Medidas Tecnológicas que Permiten Inhibir y Combatir la Utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos 2014).

En agosto del 2014, entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual en su artículo 190 estableció la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones, a llevar a cabo el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Esta disposición y, el hecho de que México ha suscrito acuerdos para que los celulares robados no sean traficados en otros países, buscan desalentar el robo de los teléfonos celulares, lo que ha contribuido a este objeto más no lo suficiente, baste ver que en diversos puntos del país se continúan comerciando con teléfonos desbloqueados, sin importar que tengan reporte de robo; de ahí la necesidad de la presente iniciativa.

ANATEL agrega en su Estudio ya arriba precisado, que:”Es probable que la cifra de robos reportados continúe ascendiendo en los próximos años, antes de que inicie una tendencia de largo plazo a la baja, misma que crecerá al percatarse los delincuentes que la gente hace su reporte y/o denuncia y que la mayoría de los celulares robados ó extraviados son inhabilitados. Este es un ejemplo donde la participación ciudadana es la clave para el éxito del programa.”

Como queda dicho, de manera reiterada, se ha expresado, la necesidad de penalizar la manipulación del IMEI de los celulares robados y evitar que los celulares sean utilizados para la realización de otros delitos, en este sentido, entre otras, va la presente iniciativa. Esto sin menoscabo, de no caer en situaciones de castigar la pobreza.

Finalmente, esta iniciativa debe completarse con el fortalecimiento de las campañas contra el robo de celulares; sin menoscabo, de un cambio en la actitud y capacitación de los ministerios públicos, para facilitar la presentación de este tipo de denuncias y hacer expeditas las averiguaciones previas, y no como sucede actualmente en que además de los burocratismos, se disuade muchas veces a los ciudadanos víctimas del robo de un celular con la amenaza de acusarlos de falsas declaraciones ante autoridad.

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración la presente Iniciativa.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 376 ter al Código Penal Federal efecto de hacer frente al extendido robo de teléfonos celulares, a fin de  tutelar no sólo el patrimonio sino la integridad física de las personas.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona, un artículo 376 ter al Código Penal Federal, en los siguientes términos:

Artículo 376 ter.- Cuando una persona se apodere de un teléfono  celular con violencia, la pena será de dos a cinco años de prisión y de quinientos a  mil días multa, sin menoscabo de las penas aplicables a los otros delitos que cometa. La misma pena se aplicará a la persona que trafique con estos teléfonos celulares.

Cuando un teléfono celular robado conforme al párrafo anterior, sea usado para la comisión de otro u otros  delitos, la pena prevista para éste o estos, se aumentará en una cuarta parte.

Cuando una persona duplique, altere, reprograme o de cualquier otra forma modifique el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI) o cualquier otro código de identificación de un teléfono celular, la pena será de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos mil días de multa.

Los demás robos de teléfonos celulares no previstos en los anteriores párrafos, se castigarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Código.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará a los quince días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe,

DIP. JOAQUINA NAVARRETE CONTRERAS

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio del 2015