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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Guerrero, a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte alan cerón moreno, presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez a nombre de los diputados Roxana Luna Porquillo, Roberto Cabrera Solís, y Víctor Reymundo Nájera Medina del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1992, precisa que una desaparición forzada ocurre cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o varias personas, o cuando éstas resultan privadas de su libertad, de una u otra forma, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno, con apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la Ley.

Esta Declaración es una de las tantas herramientas utilizadas para la lucha por la justicia en casos de desaparición forzada.

Pese a los esfuerzos legislativos internacionales y nacionales en la materia, en agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tibursio, señaló en conferencia de prensa que el total de personas no localizadas en México era de 22,322.

Por su parte, de acuerdo a el “Informe alternativo relacionado con la lista de cuestiones emitidas por El Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas respecto de México”, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), hizo una prueba con 61 personas desaparecidas de las que tenían conocimiento, para verificar si efectivamente se encontraban dentro de la lista de 22,322 personas. De éstas, 23 sí contaban con el registro y 38 no lo tenían. De igual forma, el Comité "Hasta Encontrarlos" también realizó varias búsquedas y pudo observar que de 82 casos que ha documentado en tres informes sobre desapariciones en contra de personas defensoras de derechos humanos, sólo se encuentran registradas dos de ellas.1

En este sentido, para el año 2013, Amnistía Internacional había documentado 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos, y cuyo paradero continúa sin conocerse. De estos casos, la organización cree que hay indicios concluyentes para suponer la participación directa o indirecta de funcionarios públicos en al menos 85 casos.2

Paralelamente, la organización no gubernamental Human Rights Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de los casos habían participado las fuerzas de seguridad y por lo tanto, podían ser definidas como desapariciones forzadas.

Sin embargo, la cifra oficial de desapariciones con participación de agentes gubernamentales no se ha dado a conocer por parte del Estado; además, actualmente no existe una forma establecida en la cual las autoridades judiciales o administrativas comuniquen una desaparición en el registro nacional.

En México la desaparición de personas es un problema generalizado que ocurre en gran parte del territorio. En muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para hacer frente a dicho problema, entre ellas, como la sociedad civil ha demandado, urge crear una unidad especial de búsqueda así como un registro transparente y efectivo, único de víctimas a escala nacional.

Así lo reafirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que el 13 de febrero del año en curso dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluara en Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia. En dicha evaluación estuvieron presentes el actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, así como dos padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado; desaparición que, desafortunadamente, ha reflejado a nivel internacional solo una parte del gran problema que padecemos como nación puesto que no podemos olvidar a las personas migrantes desaparecidas o a las mujeres que enfrentan esta problemática también.

Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país. Al respecto, la entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, y no supo especificar de qué tipo de desapariciones se trata, o si se puede hablar de delitos o no.

En el lamentable contexto descrito anteriormente, el pasado 24 de diciembre de 2011, un joven Morelense de 20 años de nombre Alan Cerón Moreno fue privado de su libertad junto con tres amigos cuando se encontraban en un campo de fútbol de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Cuernavaca.3 Según reportes oficiales de esa entidad, se presume la participación de policías en activo de Guerrero.

Dos días después de los sucesos, en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de diciembre, policías municipales localizaron a Cerón Moreno y a una joven –con visibles huellas de tortura y de ataduras de pies y manos– al norte de esta capital, y les llevaron a la agencia central del Ministerio Público (MP) del Distrito Judicial de Los Bravo, ubicada a cinco cuadras del zócalo de la localidad.

Desde ese lugar, Alan Cerón realizó una llamada telefónica a su familia para informarles que se encontraba en la agencia del MP de Chilpancingo, donde presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad, pidió una muda de ropa y solicitó que le enviaran dinero para regresar a Morelos. El joven, durante la llamada, puso al teléfono a un agente del MP del fuero común de nombre Falcón Bautista, quien dijo que Alan estaba bien, “golpeado, pero estable, y que se encontraba en un lugar seguro”.4

Después de muchos impedimentos por parte de las autoridades, entre los que debe señalarse la violencia de elementos de la Policía Ministerial quienes apuntaron con sus armas de fuego a la madre y el padre de Alan, mientras les interrogaban, a las 22:30 horas del mismo 26 de diciembre de 2011, los padres de Alan Cerón Moreno llegaron a Chilpancingo pero el joven ya no estaba en la agencia del MP.

  Ante esta situación, el 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012.5 De acuerdo a ésta, los funcionarios señalados como responsables de la desaparición de Alan Cerón son tres agentes del Ministerio Público del fuero común, Falcón Bautista, René Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, así como agentes de la Policía Ministerial adscritos al distrito judicial de Los Bravo.

A casi cinco meses de la desaparición del joven en una agencia del MP del fuero común, y como resultado de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima, el 12 de mayo de 2012, el cuerpo de Alan fue encontrado, en avanzado estado de putrefacción, en las inmediaciones de una barranca ubicada entre la ciudad de Chilpancingo y el poblado de Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, sobre un camino de terracería que une ambos puntos.6

El abogado de la familia, Miguel Ángel Rossete, señaló a medios de comunicación que con el paso de las investigaciones que ha realizado la familia de forma privada, han ido descubriendo cada una de las mentiras del MP. Señaló que al momento de exhumar el cuerpo de Alan, dieron datos y pruebas sobre los responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Asimismo, declaró que las procuradurías de Morelos y Guerrero no han esclarecido el caso. Esta última incluso ha señalado que no había videocámaras afuera de sus oficinas porque, supuestamente, las estaban reparando.

Al respecto del caso, existe también la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.7

No obstante, desde hace un año, la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la indagatoria. Ni la SEIDO ni la Secretaría de Gobernación han emitido reporte alguno.

Cansada de las dilaciones y omisiones del aparato de impartición de justicia, el pasado 30 de marzo de 2015, la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan, inició una caminata de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. En este punto, cabe destacar que la madre del joven padece cáncer y pese a su delicada salud, concluyó su tortuoso recorrido en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en busca de una audiencia con el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Debido a su padecimiento –y las consecuencias del esfuerzo– estando en las afueras de la instancia, fue atendida por servicios médicos de la SEGOB y, posteriormente, se retiró con la promesa de que la familia sería atendida el lunes 06 de abril por un representante del gobierno.

Como fue acordado, la reunión se llevó a cabo ese lunes en Secretaría de Gobernación; sin embargo, la familia declaró desconfiar en las instituciones gubernamentales debido a los ya más de tres años de exigencias continuas en los que han recibido largas, falsas esperanzas, mentiras, e incluso fueron ignorados por diversas instituciones, sin obviar que fue una dependencia gubernamental la que consideran, entregó a su hijo al crimen organizado y con ello a su muerte.

Aunado a esto, Rosa María Moreno adelantó en medios de comunicación que regresaría 20 días después de la reunión del 06 de abril, debido a su tratamiento de quimioterapia, y en caso de no ser atendida, comenzaría una huelga de hambre a las afueras de SEGOB, afirmando estar dispuesta a morir a las puertas de esta instancia para exigir una investigación imparcial y profesional del caso de su hijo,8 y para demandar que nunca más una madre tenga que atravesar el sufrimiento que ella ha padecido a causa de la indolencia y corrupción institucional que se encuentra enraizada en nuestros aparatos gubernamentales

Lo anteriormente descrito pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país, así como el desinterés del gobierno de cualquier orden, para atender los casos de desaparición forzada y para transparentar los datos. De igual forma, la inexistencia de mecanismos y/o dependencias adecuadas para investigar y resolver justamente estos casos se hace cada día más insostenible.

En el tenor de lo expuesto, la renuencia de algunos partidos políticos representado en el Congreso de la Unión para dictaminar la Ley de Desaparición Forzada, es otra muestra de la obstaculización impuesta para atender esta problemática.

Finalmente, resulta alarmante que la lucha por la justicia tenga que ser emprendida por las personas familiares de las y los desparecidos. En estos momentos, la madre de Alan, arriesgando su vida, es quien encabeza las investigaciones y la exigibilidad de justicia para el caso de su hijo. Este calvario debe terminar y las autoridades deben tomar las cartas en el asunto y atender el caso de manera pronta y expedita, trabajando para que ni una madre, padre, o familiar más, tenga que agotar sus propios medios, incluyendo su vida, para realizar la labor que le corresponde a ellas.

De esta manera, exigiendo al Estado Mexicano el cumplimiento estricto de sus compromisos y obligaciones internacionales, bajo el entendido de que todo acto de Desaparición Forzada constituye un atentado a la dignidad humana, y exigiendo justicia para Alan Cerón Moreno, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del cumplimiento de la recomendación 78/2012, sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión públicade los avances en elcumplimiento de dicha recomendación.

Tercero.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a informar la situación actual que guarda la investigación correspondiente respecto a la desaparición forzada, presuntamente cometida por diversas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno.

Notas

1 Información disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED _NGO_MEX_19218_S.pdf (Consultada el 09 de abril de 2015)

2 Información disponible en: https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/personas-desaparecidas/cifras- esenciales/ (Consultada el 10 de abril de 2015)

3 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf

4 Información disponible en:

http://www.proceso.com.mx/?p=307744 (Consultada el 10 de abril de 2015)

5 Ibid

6 Ibid

7 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf

8 Información disponible en:

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492409& idFC=2015 (Consultado el 9 de abril de 2015)

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015

Sen. Luis Sánchez Jiménez

Dip.Roxana Luna Porquillo

Dip. Roberto Cabrera Solís

Dip. Víctor Nájera Medina

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