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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ENVÍE A LA BREVEDAD POSIBLE AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, A FIN DE QUE SEA APROBADA EN EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES.

Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría, al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia ylos años otorgan.

La acelerada transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población representa un reto para México con profundas repercusiones en los ámbitos económico, político y social, particularmente en relación con los derechos de las personas adultas mayores y la obligación del Estado Mexicano de protegerlos.

En México, la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como adulto mayor es de 60 años.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta población supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, cifra que podría triplicarse en los siguientes 40 años como consecuencia del proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento que vive nuestro país a causa de la reducción de las tasas de natalidad y de mortalidad y del aumento de la esperanza de vida.

En México, como sucede en otros países latinoamericanos, el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas. Aunado a ello, una de las particularidades de la vejez en nuestro país es que está formada mayoritariamente por mujeres, quienes integran el 60% de la población adulta mayor, y además representan un grupo vulnerable de la población.

Derivado de estas circunstancias tanto a nivel nacional como internacional se han llevado a cabo grandes esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos los derechos de este sector de la población.

En nuestro país existen dos importantes acciones, que permiten la protección de los adultos mayores, en primer lugar, se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), que en 2002 cambió de nombre a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual está incorporado a la Secretaría de Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica y de gestión con el objeto de dirigir las políticas públicas para la atención específica de la población de 60 años y más.

En segundo lugar y para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como para establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, se publicó en el 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanosestablece el derecho de las personas a contar con un nivel de vidaadecuado, que le asegurela salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social enla vejez.

Pese a ello, no existía un régimen de protección internacional específico para este sector de la población que estandarizará los derechos de las personas adultas mayores y que estableciera los mecanismos y el órgano u órganos para hacerlos exigibles.

El pasado 15 de junio durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El objeto de la Convención , el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las personas mayores, y que deben gozar plenamente de ellos en igualdad de condiciones con los demás.

Se reconocen como derechos de los Adultos Mayores:

  • Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
  • Derecho a la independencia y a la autonomía.
  • Derecho a la participación e integración comunitaria.
  • Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.
  • Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
  • Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
  • Derecho a la libertad personal.
  • Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.
  • Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación.
  • Derecho a la privacidad y a la intimidad.
  • Derecho a la seguridad social.
  • Derecho al trabajo.
  • Derecho a la salud.
  • Derecho a la educación.
  • Derecho a la cultura.
  • Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
  • Derecho a la propiedad.
  • Derecho a la vivienda.
  • Derecho a un medio ambiente sano.
  • Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.
  • Derechos políticos.
  • Derecho de reunión y de asociación.
  • Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
  • gual reconocimiento como persona ante la ley.
  • Acceso a la justicia.

La coyuntura actual en materia de derechos humanos generada porla reforma del artículo 1ro. constitucional, aprobada en 2011, reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, por lo que es necesario que nuestro país sea un de los primeros en firmar y aprobar la mencionada Convención.

La aprobación de la Convención, por parte del Senado de la república, como una de sus facultades exclusivas, permitirá reforzar las obligaciones jurídicas de respetar, promover y reconocer los derechos humanos de las personas mayores, conllevará la obligación de los Estados parte de adoptar medidas, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que envíe, a la brevedad posible al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

ATENTAMENTE

Perfil sociodemográfico Estados Unidos Mexicanos Censo de Población y Vivienda 2010.ENLACE.