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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional de Seguridad a realizar la planeación y ejecución de programas necesarios a fin de asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria, en los términos de la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, REALICEN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NECESARIOS A FIN DE ASEGURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVEN CON MADRES RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS, MIENTRAS ÉSTAS CUMPLEN UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías De Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional De Seguridad para que en el marco de sus atribuciones tomen las medidas pertinentes para asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en Centros Penitenciarios, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria, en los términos de la Constitución Y los Tratados Internacionales en la materia, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los niños que viven en prisión con sus madres han sido denominados “niños invisibles” debido al abandono institucional y social que padecen. Estos niños sufren y viven la pena impuesta a sus madres sin tener ninguna responsabilidad en el delito. Expertos en el tema aseguran que esta situación viola el principio de derecho penal de intrascendencia de la pena a terceros ya que un acto cometido por la madre afecta el desarrollo del niño.

La ausencia de políticas públicas y normatividad que protejan a los cerca de dos mil infantes que se ubican dentro de nuestro sistema penitenciario obliga a este Senado de la República a revisar la implementación, por parte de las autoridades, de la legislación vigente.

El artículo 3 constitucional es muy claro al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media superior será obligatoria.

Además, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

No obstante lo anterior, desde hace más de dos décadas nuestro país forma parte de un listado de países que han ratificado e impulsado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto obliga a nuestro país a realizar mayores acciones tendientes a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin importa su condición o la de sus padres.

Resulta una triste realidad que en las cárceles de nuestro país no prevalezcan los derechos mencionados anteriormente y que el interés superior de la niñez debiendo ser el punto de partida de las acciones gubernamentales en la defensa, protección y promoción de los derechos de la niñez, en el caso de aquellos que habitan en los reclusorios no lo sea.

En la vida cotidiana de los reclusorios, las autoridades penitenciarias no tutelan los derechos de los infantes que por diversas circunstancias habitan en los reclusorios, mucho menos, se han tomado en cuenta las necesidades particulares que requieren para su desarrollo integral.

Diversos organismos internacionales, entre ellos Unicef, han realizado estudios respecto de la importancia de los primeros años de vida de cualquier individuo. Como resultado se ha determinado que la educación recibida durante los primeros 6 años de vida son determinantes para el futuro de los niños. La estimulación temprana, una nutrición adecuada, así como la atención médica especializada son indispensables para garantizar el desarrollo integral de los niños.

Dentro de algunos reclusorios existen Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que ofrecen cursos escolares a los niños que viven con sus madres. Por ejemplo, en el Centro de Reclusión de Santa Martha Acatitla, en el cual existen actualmente 128 niños y el CENDI se encuentra abierto de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes para ofrecer cursos educativos a todos los niños que quieran participar. Sin embargo, este centro no se encuentra certificado por la Secretaría de Educación Pública, situación que discrimina a los niños que viven al interior del reclusorio ya que al momento de incorporarse a la vida en libertad no cuentan con los documentos necesarios para comprobar sus estudios e incorporarse al grado escolar que les corresponde.

En este orden de ideas, cuando los menores cumplan 6 años de edad tendrán que incorporarse al sistema educativo en el exterior y se enfrentan a la imposibilidad de poder acreditar los años cursados al interior del centro. Además, se merma la calidad de la educación recibida por estos al no existir un control por parte de la autoridad competente sobre los temas impartidos.

Este asunto de la mayor relevancia para las y los infantes en México que atraviesan por esta situación no se encuentra regulada a nivel nacional, generando un trato diferenciaddo dependiendo de los criterios de los funcionarios en turno de cada centro penitenciario.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, con lo cual de acuerdo al artículo 4 de este instrumento legal quedó obligado a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”. Uno de los derechos contenidos en esta Convención es el derecho a la educación. Es obligación del Estado velar por el acceso de todos los niños y niñas del país a una educación de calidad. En especial aquellos niños que se encuentran al cuidado de una autoridad como los niños que viven en prisión. Asegurar que puedan acceder a una educación semejante a la que recibirían estando fuera de los centros de reclusión es uno de los primeros requisitos para garantizar su desarrollo integral y poder romper con patrones violentos y delictivos que los rodean.

Enfatizando la importancia de asegurar el derecho de la educación de los niños en prisión, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por la ONU en su artículo 23, 2) establece que “Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado”. Por estas razones es indispensable solicitar a la Secretaría de Educación Pública que realice una investigación de la situación de estos centros educativos en el país para que se regularice la educación que está siendo impartida en los mismos.

El interés superior del niño debe prevalecer en la toma de cualquier decisión gubernamental que impacte su desarrollo. Garantizar su derecho a la educación es primordial para construir nuevas oportunidades que los alejen de entornos criminógenos como la prisión.

El descuido de esta población en estado vulnerable puede influir negativamente en su proyecto de vida. Si la educación es la mejor herramienta para homologar las oportunidades de crecimiento de la población mexicana. Apostar por el futuro de estos niños y garantizar su derecho a la educación es el primer paso para acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Su nacimiento en la cárcel no debe ser condicionante de su futuro.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

UNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a desarrollar un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país, o en caso de considerarlo pertinente por la ubicación, condiciones o cualquier otra situación del centro penitenciario, se realicen convenios de colaboración entre dichos centros penitenciarios y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, que puedan brindar servicios educativos a los menores que viven con madres reclusas mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria en dichos centros penitenciarios.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se determinen las partidas presupuestales correspondientes, a fin de que las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública lleven a cabo la planeación y desarrolle un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios en los términos de la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil existentes ubicados en los reclusorios del país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos así como la elaboración de planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país.

ATENTAMENTE

Sen. Cristina Díaz Salazar

Sen. Diva Gastélum Bajo

Sen. Hilda Flores Escalera

Sen. Lilia Merodio Reza

Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora

Sen. Leticia Herrera Ale

Sen. María Elena Barrera Tapia

Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 24 días del mes de junio de año 2015


1 Este número puede variar ya que es decisión de la madre determinar su permanencia o salida de los centros de reclusión.

2Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño.