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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 49 de la Ley de Aviación Civil.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


Propone establecer que cuando el consumidor del servicio de transporte adquiera boletos de ida y vuelta o para destinos o tramos múltiples, el proveedor no pueda dejar sin efecto el boleto de vuelta si es que el consumidor no utiliza el boleto de ida.

GABRIEL DE JESÚS CÁRDENAS GUÍZAR, diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Como sabemos en 1924 se inició el desarrollo de la transportación aérea en México con la Compañía Mexicana de Aviación para cubrir una ruta de México a Tampico. Los primeros servicios que se realizaron fueron para transportar a los obreros petroleros a diversos campos de la huasteca Veracruzana. Tiempo después se ampliaron rutas de México a Tuxpan y de Tampico a Matamoros para el transporte de funcionarios petroleros. El resultado de esto fue la construcción de aeropuertos: en 1927 se concluyeron los aeropuertos de Pachuca, Guadalajara y Torreón y en 1929 quedo terminado el aeropuerto de la ciudad de México. (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2008).

Es entonces, que el transporte aéreo, tiene un rol fundamental en la economía y el turismo,da acceso a los mercados internacionales, y es una vía de ingreso para visitantes extranjeros, lo que representa una significativa contribución a la economía del país.

De acuerdo a un estudio publicado por Boeing Current Market Outlook 2012-2031, se estima un crecimiento de la industria aérea mundial en cuanto a tráfico durante los próximos 20 años, con una tasa promedio anual del 5%, liderada por la región Asia -Pacífico, principalmente China, a una tasa de crecimiento de 7% anual, seguido por América Latina con un crecimiento no tan lejano, de un 6.5%.

Sin embargo, la industria aérea mexicana no ha estado al margen de este crecimiento. Como se observa, ésta ha tenido un crecimiento en número de pasajeros transportados desde el año 2009 (46.9 millones), cuando tocó fondo por la salida de una de las aerolíneas más grandes del país.Desde entonces, ha tenido un incremento anual de 4% en 2010 y 2011, cerrando con un crecimiento de 12% en 2012, año en que se transportaron 55.1 millones de pasajeros.

Es entonces que la industria aérea en México ha venido creciendo en los últimos años y, con base a datos y puntos analizados, se espera que continúe su crecimiento en los siguientes años.

No obstante, lo que propone la presente iniciativa es que en los casos en que el consumidor adquiera boletos de ida y vuelta o boletos para destinos o tramos múltiples y no haga uso de uno de ellos, los proveedores no dejen sin efecto los boletos y los tramos siguientes, en estos casos conforme a lo que se establece en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se protege los derechos de los consumidores, en donde busca evitar que los consumidores paguen precios exagerados o que constituyan una desventaja para el público en general o de alguna clase social.

Debe reconocerse el derecho de los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad a ceder o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, considerándose como parte del pago según lo pactado, y debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a 1 día de la fecha determino prevista para la prestación del servicio, asumiendo el consumidor los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo de dicha emisión.

El objetivo de la presente iniciativa es establecer que cuando el consumidor del servicio de transporte adquiera boletos de ida y vuelta o para destinos o tramos múltiples, el proveedor no pueda dejar sin efecto el boleto de vuelta si es que el consumidor no utiliza el boleto de ida.

La Ley de Aviación Civil señala que “el contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o un permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio”. Lo anterior se trata, simplemente, del principal derecho del usuario de transporte aéreo; el concesionario o permisionario no es otro que la línea aérea que le presta el servicio, y el contrato es nada menos que su boleto.

Entonces, el consumidor al comprar un boleto de avión, contrata un servicio, lo que, como cualquier otro trato comercial, trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes.

En la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), se ha detectado, gracias a las quejas que presentan los consumidores, que los principales motivos de malestar son por el cobro indebido, el incumplimiento en el servicio y por último la negativa de pago por pérdida de equipaje.

Si bien los concesionarios o permisionarios pueden fijar y modificar libremente las tarifas, deberán hacerlo de manera no discriminatoria, y en igualdad de condiciones para todos los usuarios.

Es importante destacar que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que tiene la facultad de negar el registro de las tarifas establecidas por las compañías aéreas si considera que éstas implican prácticas de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal.

Es verdad que siempre existe la posibilidad de que las aerolíneas expidan una cantidad de boletos que rebase la capacidad disponible de la aeronave, lo cual, a fin de asegurar la rentabilidad del servicio, está permitido. De suceder esto, la compañía aérea debe hacer del conocimiento del pasajero por conducto de su personal, así como a través de folletos, las opciones de indemnización con que cuenta y de manera inmediata proporcionarle la que él elija.

Sin embargo, cabe señalar que si bien está permitida y es legal la sobreventa en nuestro país, y en el que se indemniza de diversas formas al consumidor por los inconvenientes generados por la aerolínea, es incongruente que cuando el consumidor es el que adquiere los boletos de ida y vuelta o boletos para destinos o tramos múltiples y no hace uso de uno de ellos, los proveedores simplemente dejan sin efecto los boletos y los tramos, perdiendo por completo los consumidores su derecho.

Sabemos que este medio de transporte es fuente frecuente de reclamaciones por diversos factores; quizá el número de operaciones que se realizan y el altísimo volumen de contratación de este sector sea uno de los motivos principales de ese elevado número de quejas: a mayor número de vuelos, existe más probabilidad de que se produzcan incidencias en lo relativo al puntual cumplimiento de las obligaciones a cargo de las compañías.

Es importante tener en cuenta desde un primer momento que la especial protección que brinda el ordenamiento jurídico de protección al consumidor, por su situación de necesidad, bien por la diferencia de poder entre las partes, bien por otras circunstancias, lo que busca principalmente es proteger en todo tiempo el derecho de los consumidores.

La Subprocuradora de Servicios de Profeco, menciono que hay 429 quejas en el sector de aerolíneas, al cierre de la segunda semana de abril del año 2015, siendo Aeroméxico la línea aérea con más quejas ante la Profeco, ya que de las 429 denuncias que recibió el 33% son para esta aerolínea.

Los principales motivos de las quejas son la negativa a otorgar el servicio, relacionada con la sobreventa de vuelos; así como el rechazo al cambio o devolución, lo cual tiene que ver con los cargos extra que se hacen cuando se cambian reservaciones o no se pueden cancelar.En 2014 las líneas aéreas sumaron mil 898 quejas, con un porcentaje de conciliación de 84 por ciento del total.

Como podemos observar la inconformidad de los consumidores en los servicios de trasporte aéreo es bastante grande.

En esta industria aérea es una actividad donde existen tarifas que son fijadas libremente por los proveedores, sin embargo, con ciertas limitaciones, con forme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

“Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.”

Es entonces, que la protección del consumidor se desarrolla en el marco del sistema de economía social de mercado establecido dentro del régimen económico de la Constitución, debiendo ser interpretado en el sentido más favorable para el consumidor. 

La situación que tenemos que analizar es el derecho a la libertad contractual que tienen las empresas de transporte de pasajeros a establecer entre sus condiciones generales y de forma unilateral, que cuando el proveedor vende pasajes de ida y vuelta y por alguna razón el consumidor no abordo la ruta de ida, pierde todo derecho a utilizar el ticket de regreso, por cuanto la empresa proveedora da por perdido éste derecho.

Si bien es cierto, que son numerosas las aerolíneas que aun recurren a este tipo de prácticas a nivel mundial y se ha revisado información que “explican que de esta forma tratan de proteger sus intereses, puesto que la compra de un billete de ida y vuelta conlleva un importante descuento en comparación con la adquisición de billetes separados para un solo trayecto”. En consecuencia, si un pasajero adquiere un billete de ida y vuelta, debe realizar ambos trayectos para poder beneficiarse justificadamente del descuento. En México, este tipo de pasajes de ida y vuelta,a precios rebajados o en oferta, son ofrecidos generalmente en fines de semana largo en apoyo a incentivar el turismo interno.

Otro de los argumentos de las aerolíneas con este tipo de práctica son los relacionados con la pérdida de lucro derivada de la imposibilidad de revender el asiento en el vuelo al que no se haya presentado el consumidor que previamente lo había abordado.

Sin embargo, en México en su legislación, el fundamento de la protección al consumidor es la existencia de una situación de desequilibrio entre el consumidor y el proveedor, y lo que busca la presente iniciativa es prevenir esta práctica nociva para los consumidores, ya que, los proveedores se encuentran en una posición de ventaja frente a los consumidores o usuarios.

La iniciativa no contraviene ninguna norma de orden constitucional, al contrario, la iniciativa tiene presente el derecho constitucional de la libertad de contratar entre particulares, con la Constitución Política que señala la obligación del Estado de defender el interés de los consumidores y usuarios y armoniza con el derecho de los consumidores a recibir un servicio por el cual han pagado, determinando como clausula abusiva aquella decisión unilateral y desproporcional del proveedor del servicio a dar por cancelado el billete aéreo no utilizado en uno de sus tramos.

Debe quedar establecido que si un consumidor ha realizado un pago por boletos tanto de ida como de retorno, o por varios tramos, no existe razón para desconocer el pago realizado por cada uno de los tramos ni, ante la falta de abordaje del primero, ni restringir el acceso a los demás tramos programados.

En lo que respecta a los derechos de las y los consumidores en nuestra Constitución y en nuestra Legislación Federal podemos señalar lo siguiente, desde el punto de vista del derecho de consumo, esta práctica seria abusiva, principalmente por los siguientes fundamentos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebidaa favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.”

Ley Federal de Protección al Consumidor

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.”

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad

Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios;

III. Secretaría: la Secretaría de Economía, y

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor.”

ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas encuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.”

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.”

Ley de Aviación Civil

“Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.”

“Artículo 27. Se considera transporte aéreo privado comercial aquél que se destina al servicio de una o más personas físicas o morales, distintas del propietario o poseedor de la misma aeronave, con fines de lucro.”

“Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia deslealque impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.

En las tarifas se describirán clara y explícitamente las restricciones a que estén sujetas y permanecerán vigentes por el tiempo y en las condiciones ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del conocimiento del usuario al momento de la contratación del servicio.”

“Artículo 49. El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio.

El contrato deberá constar en un billete de pasaje o boleto, cuyo formato se sujetará a lo especificado en la norma oficial mexicana correspondiente.”

Es entonces, que un consumidor que no se presente a abordar el vuelo de ida o a uno de los tramos no implica que no lo hará tampoco en el vuelo de regreso o al tramo siguiente, respectivamente.

Ello, implicaría desconocer que existen diversos motivos, incluso involuntarios, por los cuales un consumidor no se presenta al abordaje y que ello no impide que tome otras vías para llegar al destino y sin problemas abordar el tramo siguiente o vuelo de retorno, por el cual ya ha realizado el pago respectivo.

Por lo que aceptar dicha práctica, dice el Indecopi, implicaría que los proveedores perciban un doble ingreso por un mismo espacio en el vuelo (el que cancelo unilateralmente y que está volviendo a vender) lo cual no puede colocarse por encima del derecho de los consumidores a acceder a un servicios por el que ya pagaron, esto es un práctica abusiva.

Las aerolíneas pueden ofertar precios distintos en función a que se adquiera un trayecto o el trayecto de ida y vuelta: sin embargo, que se obligue al pasajero a hacer uso de todos los trayectos se considera un obvio detrimento del debido equilibrio de las prestaciones, por lo que concluye que es una cláusula abusiva.

Las ventajas de la presente iniciativa serían las siguientes;

  • Adquiere el derecho a utilizar los boletos de ida y vuelta o para destinos o tramos múltiples.
  • Se reducen los gastos que incurre el consumidor cuando pierde el tramo de ida o algún tramo.
  • El Estado protege al consumidor en el servicio de transporte al eliminar una practica abusiva y protege el libre mercado.
  • Las empresas de transporte aéreo generarán mayor confianza y fidelidad a sus consumidores y mejorara su imagen empresarial.

 

La presente iniciativa podría generar impacto en el presupuesto de la empresa con la presente prohibición, sin embargo, esta no sería significativa, pues solo afecta un porcentaje de los consumidores, y los beneficios son mayores y beneficia actualmente a más de 3 millones de consumidores y en proyecciones del sector al 2016 seria a más de 7 millones de consumidores.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de decreto:

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 50.

El consumidor del servicio de transporte de pasajeros puede ceder o transmitir a otro consumidor la prestación del servicio adquirido o contratado o cuando exista consentimiento expreso del consumidor para que éste se realice posteriormente de acuerdo con los términos y condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido.

Debiendo comunicar al proveedor anticipadamente hasta un día antes o menos de la fecha de término de ejecución del servicio contratado, en cuyo caso el consumidor asumirá todos los gastos relacionados únicamente con la expedición de la misma, que en ningún caso podrán cobrar tarifas superiores a la autorizada previamente.

Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios dejar sin efecto la operación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona el párrafo tercero, cuarto y quinto del artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 49.

El consumidor del servicio de transporte de pasajeros puede ceder o transmitir a otro consumidor la prestación del servicio adquirido o contratado o cuando exista consentimiento expreso del consumidor para que éste se realice posteriormente de acuerdo con los términos y condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido.

Debiendo comunicar al proveedor anticipadamente hasta un día antes o menos de la fecha de término de ejecución del servicio contratado, en cuyo caso el consumidor asumirá todos los gastos relacionados únicamente con la expedición del nuevo billete de pasaje o boleto, que en ningún caso podrán cobrar tarifas superiores a la autorizada previamente.

Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios dejar sin efecto la operación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas:
International Consumer Protection and Enforcement Network, sitio web de la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación (ICPEN) - una organización integrada por las autoridades de protección de los consumidores de más de 50 países, https://icpen.org/
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revisado y actualizado: marzo 6, 2015 1:53 pm,http://www.aicm.com.mx/
http://www.sct.gob.mx
Dictamen recaído en el proyecto de ley 1524/2012-CR, con un texto sustitutorio que propone la Ley que protege al usuario que propone la Ley que protege al usuario del servicio de transporte en tramos múltiples.
Aeroméxico, la línea aérea con más quejas, recibió el organismo, 33% son para esta aerolínea, Ana Valle, última actualización 20 Mayo 2015, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html

Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 29 de Mayo de 2015.
Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)