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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y de Sinaloa a investigar y resolver los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. Asimismo, exhorta a desarrollar e implementar estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones de inseguridad.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, PRD.
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN, QUE SE ACEPTÓ.
SEN. ARQUIMEDES ORAMAS VARGAS, PRI.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


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Descargar Documento (Propuesta_adicion_aprobada.pdf)

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA EL PRONTO ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINATOS DE MARÍA TERESA ADONA PONCE Y LUIS OSWALDO DUARTE JIMÉNEZ, RESPECTIVAMENTE.

 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad”, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

 

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

 

 

I. ANTECEDENTES

  1. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición conpunto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad”.
  2. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-905.

 

II. CONTENIDO

Los diputados señalan que los trabajadores de la salud son profesionistas que deben acudir a prestar sus servicios a pesar de las situaciones de inseguridad que afectan a la población en general.

Exponen que la falta de recursos para que la población más desfavorecida acceda a los servicios básicos de salud se ha cubierto con pasantes y prestadores de servicio social que, explican, además de padecer carencias propias de su estancia, están sometidos a las condiciones de inseguridad, acoso del crimen organizado y la violencia que azota diversas regiones de nuestro país.

Refieren que desde 1935, Gustavo Baz Prada, director de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM lanzó el proyecto de la realización del servicio social por los estudiantes de medicina y estableció como requisito indispensable para poder presentar el examen de médico cirujano una estancia práctica de 5 meses en alguna población sin profesionistas legalmente titulados.

Asimismo, explican que el servicio social, específicamente en medicina, implica un año de prácticas, de preferencia en centros médicos rurales, con el fin de fortalecer la atención primaria y la aplicación de principios de salud pública en estas comunidades.

Indican que el 75 por ciento de los centros médicos rurales están cubiertos por pasantes y que existe una mínima supervisión del trabajo de los pasantes lo que, consideran, ha dado lugar a problemas en la atención con calidad de los pacientes que acuden a los servicios de salud.

Apuntan que la inseguridad es uno de los problemas más recurrentes y graves a los que se enfrentan los pasantes pues indican que, de acuerdo con una encuesta realizada en nueve entidades del país, el 75% de los médicos encuestados han tenido un incidente de inseguridad, siendo las primeras causas, la extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo de vehículo.

De esta forma, señalan  que María Teresa Adona Ponce, residente de medicina de la Universidad de Autónoma de Guadalajara, daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (Umaps), en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar y que el pasado 14 de junio, fue encontrada muerta en la salida al municipio de Cuerámaro.

En sus consideraciones, relatan que la última ocasión que María Teresa fue vista con vida, fue el viernes 12 de junio, luego de salir de la Umaps y que ya había denunciado un intento de allanamiento previamente, el cual habría sido ignorado, tanto por las autoridades como por los responsables de la Secretaría de Salud.

Puntualizan que ni las autoridades de la Región A ni de la Región B, han realizado ningún pronunciamiento, a pesar de que, por medio de un comunicado oficial, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, confirmó el fallecimiento de la pasante.

Los diputados explican que, de confirmarse este caso, sería el segundo caso en ocho meses, en el que una estudiante de medicina es asesinada en Guanajuato, luego de salir de la unidad donde realizaba sus pasantías.

Para dar soporte a la aseveración anterior, los diputados refieren que el pasado 26 de octubre del 2014, Paulina Méndez, estudiante de la especialidad en Traumatología en el Hospital General Regional en León, fue asesinada en un asalto, luego de resistirse a ser despojada de su computadora portátil por un sujeto, quien le clavó un objeto punzocortante en el pecho.

Igualmente, señalan que Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y, posteriormente, se le encontró asesinado por el camino de terracería que conduce de la carretera Internacional México 15 al rancho Las Brisas, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Consideran que los homicidios relatados deben esclarecerse y que la Comisión Permanente debe pedir a las autoridades las condiciones para que se garantice la integridad y la seguridad de estos profesionistas de la salud.

Bajo esa línea argumental, proponen lo siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa el pronto esclarecimiento de los asesinatos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente.

SEGUNDO. Así mismo, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a abordar la problemática de la prestación del servicio de salud en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad y riesgo, para elaborar y presentar una estrategia que garantice la integridad de los trabajadores de la salud.

 

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario señalar que la formación profesional de los egresados de la carrera de medicina exige que el último año de estudios corresponde a la prestación del Servicio Social, el cual es un requisito obligatorio para la titulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º constitucional y la Ley General de Salud.

Los objetivos de establecer esta práctica como requisito esta relacionada con contribuir a la conservación de la salud de la población del país, proporcionando servicios de calidad profesional y humanística; colaborar al desarrollo de la comunidad especialmente en poblaciones rurales, zonas marginadas urbanas y aquellas con mayor carencia de servicios de salud, favoreciendo la realización de actividades de promoción para la salud, prevención, asistencia directa, educación e investigación para la salud y coadyuvar con las instituciones de Educación Superior para consolidar la formación del médico, fortaleciéndole una conciencia de solidaridad y compromiso social.

De esta forma, los estudiantes que estén por terminar los estudios en la carrera de medicina son asignados a distintas unidades para desarrollar sus conocimientos y prestar servicios a comunidades rurales y marginadas, principalmente. Se estima que cerca del 40% de los pasantes de medicina prestan su servicio social en unidades Médicas Primarias, no obstante, durante los últimos años se han presentado diversas quejas y denuncias respecto a las condiciones de seguridad que se ofrece a los pasantes.

Como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud tiene la atribución para establecer las bases para implementar y conducir la política nacional que eleve la calidad de los servicios y de manera simultánea, apoyar la formación de recursos humanos para la salud que den respuesta efectiva a las necesidades de la población en la materia.

Considerar la seguridad de los profesionales de la salud es fundamental, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio que requieren de la prestación de servicios de salud, ya sea por su localización o por su marginación, lo que resulta grave dadas las condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones.

Lo anterior provoca que los médicos pasantes enfrenten, además de sus labores, la de encontrarse en una situación de violencia que se traducen en agresiones directas a profesionales de la salud, quienes se encuentran en una situación más vulnerable debido a la función que desempeñan.

En 2012, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMPFEM) se pronunció al respecto ante una ola de violencia en contra de los profesionales de la salud, y reportó que, en un semestre de ese año, al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos,  secuestrados  o asesinados en diversas entidades del país, sin que la Secretaría de Salud y las autoridades proporcionaran condiciones de seguridad de forma oportuna.

En el mismo año, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio denominado “Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social”, en el que se señala que la ausencia de seguridad en la prestación del servicio social fue patente en el universo de estudiantes consultado.

El estudio refiere que, la inseguridad percibida por el grupo estudiado se agrupó en tres aspectos:

a) Como afectación en la persona del médico:37.4 por ciento de los pasantes no se sintió seguro en los poblados, rancherías, barrios y cabeceras municipales de los nueve estados donde trabajaron; uno de cada cuatro (26.7 por ciento)advirtió que su vida corrió peligro en algún momento. Inseguridad y peligro mortal conformaron la afectación.

b) Como intento y consumación de delitos sobre los pasantes: 35.9 por ciento mencionó intentos de irrupción sin consentimiento en el centro de salud, y en16.8 por ciento de los casos se logró este propósito. Uno de cada diez pasantes señaló tentativa de acoso o abuso sexual. Les robaron objetos de valor a18.7 por ciento de los mismos, en tanto que 1.5 por ciento dijo haber sido víctima de secuestro o intento del mismo. Habitar en un medio donde se cometen delitos constantemente afectó de tal forma a los estudiantes que uno de cada cuatro (23.3 por ciento) pensó en abandonar el servicio social por esta razón.

c) Como incapacidad institucional para brindar el mínimo de protección al grupo médico: 71.8 por ciento expresó que las autoridades de las comunidades donde laboraron no supervisaron la seguridad de los médicos y a poco más de la mitad (55 por ciento) no se les indicó a su llegada a quién dirigirse en caso de enfrentar problemas de inseguridad dentro de la comunidad. Esto indica que las autoridades de las comunidades no se mostraron interesadas en salvaguardar la seguridad de los practicantes, a pesar de que 66 por ciento de ellos eran mujeres jóvenesque se enfrentaban solas a lugares percibidos como inseguros y peligrosos.1

Lo anterior expone de manera clara la situación que enfrentan los practicantes al prestar su servicio, pues consideran que no se les han brindado las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de su labor y que, contrariamente, han sido afectados por la inseguridad y la violencia.

Ante este escenario, en fechas recientes, los mexicanos hemos sido testigos de dos crímenes cometidos en contra de profesionales de la salud. El primero de ellos fue el asesinato de María Teresa Adona quien era prestadora de servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, Centro de Salud Rural en Romita, Guanajuato,  y que fue hallada colgada de un árbol el sábado 13 de junio.

Julio Bueno, anestesiólogo, pediatra, y líder de la organización Médica #YoSoy17 se refirió al caso y denunció que ella ya había dado aviso a la Secretaría de Salud sobre presuntas amenazas por parte de un paciente y de la comunidad. Respecto a este caso, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guanajuato emitió un comunicado por el fallecimiento de la joven e informaron que ya se solicitó información a la Secretaría de Salud de Guanajuato y a las autoridades competentes.

Frente a estos hechos, la asociación #YoSoy17, convocó a una movilización nacional el lunes 22 de junio frente a los edificios de la Secretaría de Salud de cada estado, misma que tuvo como motivo exigir mayores condiciones de seguridad a los pasantes y profesionales de la salud. 

El otro caso al que se refieren los diputados proponentes, es el de Luis Oswaldo Duarte, pediatra y neumólogo, quien fue “levantado” el 8 de junio al salir de su consultorio particular, ubicado en la zona urbana de Culiacán. Su cuerpo fue encontrado sin vida a un lado de su vehículo calcinado. Se presume que falleció por lesiones por arma de fuego calibre .9 mm en la cabeza y espalda.

Respecto al hallazgo, el Secretario de Salud del estado, Ernesto Echeverría Aispuro, consideró que se trata de una gran pérdida para la comunidad médica y para la sociedad. Derivado de estos hechos, la comunidad médica de la entidad exigió, a través de una manifestación, que las autoridades apliquen los recursos necesarios para aclarar los hechos y castigar a los culpables, dado que los médicos sospechan, este crimen podría estar relacionado con el ejercicio de su profesión.

Lo anterior refleja la violencia e inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos y, particularmente, aquellos que en el ejercicio de su profesión y como un trámite para la obtención de un grado profesional, deben trasladarse a comunidades rurales o marginadas a prestar atención médica a quien lo necesite, resultando vulnerables ante actos delictivos y de acoso que los convierte en víctimas.

Esta Comisión dictaminadora, por tanto, coincide con la preocupación de los proponentes y estima procedente los exhortos a las Procuradurías de los Estados de Guanajuato y Sinaloa, a fin de que esclarezcan los asesinatos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente.

Por lo que se refiere a la propuesta de exhorto al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que diseñe una estrategia con el objetivo de garantizar la seguridad de los prestadores de los servicios de salud; al respecto, esta Comisión considera necesario señalar que dicho Consejo es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que sus resoluciones y acuerdos generales deben ser observados por las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema.

No obstante, los hechos denunciados en la proposición se presentaron en el ámbito de las entidades federativas, que presentan circunstancias dispares en la manifestación del fenómeno delictivo, por lo que esta Comisión dictaminadora considera que deben valorarse en lo particular. Con fundamento en lo anterior, se estima necesario exhortar, antes que al Consejo Nacional de Seguridad, a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas, para que diseñen e implementen las medidas que permitan garantizar la integridad de los profesionales de la salud en dichas entidades. Al ser estas las autoridades responsables de la seguridad pública en sus demarcaciones, tienen conocimiento de las variables específicas a considerar con el objeto de diagnosticar, diseñar e implementar las estrategias que permitan atender el problema eficazmente a nivel local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión pone a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

 

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para que se investigue y resuelva a la brevedad posible los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Sistema Nacional de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, así como a las autoridades encargadas de la seguridad pública de las 32 entidades federativas, para que desarrollen e implementen estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones de inseguridad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintidós días del mes de junio de 2015.


LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Presidente

 

 

 

Dip. Abel Salgado Peña
Secretario

 

 

 

 

Dip. José González Morfín
Secretario

 

 

 

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Secretaria

 

 

 

Dip. Manuel Añorve Baños
Integrante

 

 

 

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
Integrante

 

 

 

Sen. Graciela Ortiz González
Integrante

 

 

 

Sen. Manuel Cavazos Lerma
Integrante

 

 

 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez
Integrante

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks
Integrante

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Doval
Integrante

 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Integrante

 

 

 

Dip. Graciela Saldaña Fraire
Integrante

 

 

 

Dip. Tomás Torres Mercado
Integrante

 

 

 

Dip. Lilia Aguilar Gil
Integrante