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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así también, al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con las disposiciones transitorias de dicha Ley, a fin de que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TLAXCALA, VERACRUZ, TABASCO Y TAMAULIPAS PARA QUE REALICEN LA ARMONIZACIÓN A SUS LEYES LOCALES CON LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ TAMBIÉN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A FIN DE QUE SE INSTALE EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, Y CON ELLO, SE EJECUTE PLENAMENTE DICHA LEY

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el  artículo  58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Es bien sabido que nuestro país, ha avanzado jurídicamente en materia de derechos humanos, con distintas reformas y adiciones a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales reconocidos en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte.

Como ejemplo de estas reformas tenemos el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula en su párrafo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo quiero referirme al párrafo noveno del artículo 4º constitucional, que precisa: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral…”

Al mismo tiempo, tenemos el artículo 73, que en su fracción XXIX-P, contempla la facultad que tiene el Congreso de la Unión para: “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

Con base en esta última reforma constitucional, se permitió la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual entro en vigor a partir del día 5 de diciembre de dos mil catorce y con ella se da un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a las persona, situando a la niñez y la adolescencia para que tengan activos sus derechos plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminadas a construir una infancia ideal para las niñas, niños y adolescentes. Partiendo ante todo, del irrestricto cumplimiento del principio del interés superior del niño, consagrado en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado mexicano.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye ente otros aspectos relevantes que a continuación se describen:

  • Reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Poniendo fin al régimen tutelar. 
  • Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos. 
  • Garantiza el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principios rectores, el interés superior de la niñez, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas niños y adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la transversalidad en las políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad. 
  • Contiene un catálogo de Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes que son: Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; Derecho a la Prioridad; Derecho a la Identidad; Derecho a Vivir en Familia; Derecho a la Igualdad Sustantiva; Derecho a No ser Discriminado; Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral: Derecho de Acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social; Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad; Derecho a la Educación; Derecho al descanso y al esparcimiento; Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura; Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información; Derecho de Participación; Derecho de Asociación y Reunión; Derecho a la Intimidad; del Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; y los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.  
  • Determina una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como para las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes. 
  • Contempla aspectos básicos para la operación de los Centros de Atención, en donde se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos a su género, a su edad y a su condición física y psicológica.
  • Crea el Registro Nacional y se establece que los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos Centros, serán las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia. 
  • Dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por los secretarios de despacho y será presidido por el Presidente de la República, lo cual resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
  • Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, la cual recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 
  • Establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, el de realizar acciones y tomar, medidas de conformidad con los principios que rigen a la Ley. 
  • Crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
  • Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, trasversales y con perspectiva de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del CONEVAL.  
  • Contempla un Programa Nacional que contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

Lo anterior, marca dentro de sus disposiciones transitorias una Ruta Crítica para su implementación, estableciendo acciones y medidas que las distintas autoridades federales y estatales están obligadas a emprender, así como los plazos respectivos que tienen cada una de ellas, y que a continuación se describen:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

TERCERO. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio anterior.

CUARTO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

SÉPTIMO. El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto. En su primera sesión, el Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración y aprobación del mismo los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el Sistema Nacional de Protección Integral, dentro de los siguientes treinta días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso aprobación de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 129 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará las acciones necesarias para la elaboración del Programa Nacional, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección.

OCTAVO. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General de la República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de la República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía constitucional de dicha Fiscalía.

NOVENO. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, celebrarán convenios y programas especiales para abatir el rezago de registro de nacimientos de niñas, niños y adolescentes.

DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 122 de la Ley que se emite por virtud del presente Decreto, en tanto entran en vigor las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aplicarán las medidas establecidas en la legislación procesal penal correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros de Asistencia Social.

DÉCIMO TERCERO. Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y los que deriven de la misma.

Sin embargo, cabe señalar que a la fecha tan sólo 16 congresos locales han aprobado sus leyes en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo estos: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Adicionalmente, se encuentran 14 iniciativas en proceso de dictamen ante los Congresos Locales de: Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz; y dos de los estados restantes trabajan ya en un anteproyecto de iniciativa que se presentará en los Congresos Locales de los estados de Tabasco y Tamaulipas.

Por ello, es importante que los Congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal realicen a la brevedad posible las reformas a los ordenamientos estatales para armonizar sus disposiciones conforme a lo que establece los artículos transitorios de la Ley General, a efecto de que se vean beneficiados los 41.5 [*] millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 [*]% de la población total de nuestro país, siendo esta población menor a los 18 años de edad, ya que con ello, se podrán impulsar la adopción, la creación y aplicación de políticas públicas encaminadas a construir una infancia ideal para las niñas, niños y adolescentes, partiendo del irrestricto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, bajo el principio del interés superior del niño.

Aclarando que estas leyes locales no necesariamente deberán ser una réplica de la Ley General, sino que se deberá legislar en aquellas cuestiones que sean fundamentales para dar operatividad a sus disposiciones. Las leyes locales de derechos de niñas, niños y adolescentes deberán enfocarse en regulaciones concretas para crear e implementar los mecanismos institucionales y de política pública previstos con anterioridad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por otro lado, cabe señalar que el Poder Ejecutivo Federal también ha incumplido las disposiciones transitorias de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que no se ha instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto, el Sistema Nacional de Protección Integral.

Por ello, es importante que el titular del Poder Ejecutivo Federal implemente a la brevedad el Sistema Nacional de Protección Integral, con el objeto de dar mayor protección a los derechos de las personas menores de 18 años. Lo anterior, hará que se coloque a las niñas y niños ante el pleno ejercicio de sus derechos y garantías que están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se debe tomar en cuenta el compromiso insoslayable de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar que las autoridades federales y estatales competentes continúen y materialicen el proceso de implementación de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea del Distrito Federal y a los Congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas para que armonicen sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad cumpla con las disposiciones transitorias de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral, y con ello, se ejecute plenamente dicha ley.     

Suscribe,

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 junio de 2015


[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos, disponible en

[*] Cálculos de acuerdo con Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.