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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. A lo largo de la última década, los organismos y las agencias internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han implicado cada vez más en un diálogo sobre los niños y los adolescentes afectados por la migración, ya sea la suya o de la sus padres.

Estas instituciones han constatado la importancia y la complejidad del fenómeno, así como la gama de problemas a los que se enfrentan estos niños y adolescentes. Concluyen que existe una necesidad urgente de entender este fenómeno, especialmente en aquellas regiones o corredores con mayores tasas de migración infantil. Una de estas regiones es el corredor de América Central-México-Estados Unidos, en el que el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.

Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiado y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar.

Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.

El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, por temor a su propia deportación o la de sus familiares. En lugar de poder ejercer su derecho a desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitaria y otros servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral.

Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas.

En el caso de nuestro país, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y los adolescentes mexicanos huyan del país.

Hasta hace poco, las políticas consulares de nuestro país prestaba muy poca atención a los derechos de los niños migrantes. No se había implementado ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. Aunque los acuerdos mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes.

Los funcionarios consulares mexicanosadscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa,por lo que adoptan temporalmente la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento.

Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades.

El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias.

De conformidad con el informe Niñez y Migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y desafíos [*],las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus derechos o solicitar beneficios migratorios.

El INM deporta a más del 85% de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central. Nuestro país de acuerdo con este informe, no acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.

Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Esta situación solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y garanticen el acceso a protección internacional.

Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros por lo que se requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al regresar a territorio mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Migración, a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

ATENTAMENTE

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los dos días del mes de junio de 2015

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,


[*]Center for Gender & Refugee Studies, 2015.

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