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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-2009, sobre el delito de peculado.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A CONCLUIR CON LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL EX ALCALDE DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZALO ALARCÓN BÁRCENA; EL EX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, WILFRIDO TORRES GONZÁLEZ; Y EL EX TESORERO ALBERTO TORRES ALMEIDA, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DURANTE 2006-2009, SOBRE EL DELITO DE PECULADO.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El 18 de mayo del presente año [*], la Auditoria Superior de la Federación ratificó una denuncia interpuesta en 2010 ante la PGR, en la cual se establece el desvío de recursos públicos por parte del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán, Estado de México, durante 2006-2009; asimismo, el 1 de junio, se conformó el peritaje en el que se cuantifica el desvío de recursos federales, por un monto de 37 millones 95 mil pesos, causado por los ex servidores públicos en comento [*].

Lo anterior es clara evidencia de la responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, y de la complicidad con que actuaron para ello, quienes fungieran como su secretario del ayuntamiento y su tesorero.

En marzo de 2008 Alarcón, siendo presidente municipal, celebró un contrato de inversión bursátil, con número 100060247, con Casa de Bolsa S.A. de C.V., y Grupo Financiero Interacciones con fecha de vencimiento al 9 de marzo del 2010, cuyo importe fue de 50 millones. La fuente de este financiamiento fueron fondos federales del ramo 33 del año 2009 y de años anteriores, así como fondos de carácter estatal y municipal [*].

Sin embargo, esta inversión desapareció, ya que al 31 de diciembre de 2009, en el estado de cuenta enviado al municipio de Atizapán por Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. se reflejó un decremento de 50 millones 58 mil 867 pesos.

Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación consideró que la inversión realizada por el ex alcalde de Atizapán, Gonzalo Alarcón Bárcena, fue irregular y violatoria de la Ley; esto es en virtud de la revisión de la Cuenta Pública, que inicio en el año 2010, por parte de la Auditoria por el desvío de recursos federales, desde ese entonces a la fecha, los ex servidores públicos antes citados lograron evadir la acción de la justicia mediante subterfugios jurídicos, pues promovieron juicios de amparo y cuestionaron la competencia de las autoridades judiciales, tanto federales como locales.

Es importante señalar que, ya se cuenta con una averiguación previa con número de expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/II/154/2010, la indagatoria ya está integrada y perfeccionada y por ende, el Ministerio Público de la Federación determino ejercitar acción penal en contra de del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida.

En materia penal, el artículo 223, fracción I del Código Penal Federal, establece que el que comete el delito de peculado, todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración. Asimismo, al que cometa el delito de peculado se le impondrá de dos años a catorce años de prisión, y la inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Es preciso señalar que en el peculado, el dolo siempre se integra por la intención dañada, consistente en el hecho de apropiarse indebidamente de los fondos confiados a la guarda y manejo, distrayéndolos de su destino; asimismo, el delito conlleva el ánimo que guía el apoderamiento, para fines o usos personales, pues no puede concebirse un hecho delictuoso, sin la ejecución de actos que obedezcan a una voluntad dañada o designio antijurídico.

Asimismo, el artículo 220 del Código Penal Federal, establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público.

Por su parte, el Código Penal del Estado de México, en el artículo 140, estipula que comete el delito de peculado, el servidor público que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros con o sin ánimo de lucro, de dinero, rentas, fondos o valores, o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal mayoritaria, o fideicomisos públicos; y se le impondrá una pena de uno a diez años de prisión y la destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión público.

Con base en los informes de “Porcentaje, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza, por municipio, 2010” del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el número de personas en situación de pobreza extrema es de 17,599; ante tales circunstancias, es reprobable que el dinero público sea tomado para usos distintos, con el fin de enriquecer a personas que hacen uso indebido de su cargo público, a estos servidores que se enriquecen con dinero del pueblo merecen todo el castigo que la ley les dicte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de acuerdo

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado.

SEGUNDA. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado, a hacer los trámites conducentes conforme a las atribuciones que la ley le confiere, para coadyuvar con la investigación en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015.


[*] Página consultada: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/902182.html

[*] Página consultada: http://huellas.mx/politica/2015/06/05/golpe-bajo-al-pan-en-atizapan-de-zaragoza/

[*] Página consultada: http://noticieros.televisa.com/mexico/1506/pgr-busca-exedil-atizapan-fraude-peculado/

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