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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene puntos de acuerdo:
En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. LILIA AGUILAR GIL, PT.
DIP. DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MC.
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, PRI.
DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS, PRD.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las y los jornaleros/as del Valle de San Quintín.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo:

  1. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín.
  2. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín.
  3. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.
  4. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.
  5. Punto de Acuerdo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.
  6. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el pasado fin de semana en la región del Valle de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las responsabilidades a que haya lugar.
  7. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín.
  8. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación.
  9. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 13 de mayo del 2015, se presentaron los siguientes puntos de acuerdo:

  1. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín.
  2. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín.
  3. De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.
  4. Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.
  5. Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida en la región del Valle de San Quintín.
  6. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.

En sesión diversa de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo de 2015, se presentaron los siguientes puntos de acuerdo:

  1. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín.
  2. De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación.
  3. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.

En las mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los promoventes refieren los hechos sucedidos el día 9 de mayo del presente año, en el valle de San Quintín, en el estado de Baja California, donde hubo un enfrentamiento entre campesinos y elementos de seguridad pública, tras una manifestación en la que un grupo .

de jornaleros agrícolas demandaron el respeto a sus derechos laborales y sociales, y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Al respecto, coinciden en reprobar el uso excesivo de la fuerza durante el operativo, que tuvo un saldo de varios jornaleros detenidos; setenta heridos, siete de ellos de gravedad, como resultado del uso de balas de goma y gas lacrimógeno por parte de los agentes de la policía del estado.

Manifiestan que es importante advertir que las denuncias respecto de la situación laboral y de explotación que viven los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, reflejan la realidad a la que se enfrentan más de dos millones de personas, en su mayoría indígenas del sureste mexicano, que en al menos dieciocho entidades federativas han visto vulnerados sus derechos humanos.

Exponen que la necesidad de un empleo, ha propiciado la migración interna de campesinos que con su mano de obra agrícola van siguiendo los ciclos de cultivo por distintas regiones del país; de forma que, casi medio millón de jornaleros, se trasladan desde su lugar de origen a los campos de trabajo, llevando consigo a sus familias.

Señalan que lo anterior, ha hecho vulnerables a las y los trabajadores, que resultan ser objeto de la imposición de condiciones laborales muy por debajo de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo; realizando, incluso, el mismo trabajo que sus similares del otro lado de la frontera pero con una paga de la décima parte.

Asimismo, advierten que los jornaleros y sus familias carecen de atención médica, viviendas adecuadas e higiénicas, al tiempo que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de trabajo carecen del servicio de educación que, a pesar de ser público y obligatorio, les es ajeno pues las escuelas se encuentran a kilómetros de distancia en los núcleos urbanos.

Manifiestan su preocupación por la omisión o la probable complicidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, que teniendo conocimiento de los hechos, no han implementado los mecanismos necesarios que contribuyan a atender y prevenir las graves violaciones de las que son víctimas los jornaleros campesinos que laboran principalmente en la zona norte del país. Asimismo, cuestionan el uso adecuado de los recursos que año con año son destinados al Presupuesto de Egresos de la Federación para ser aplicados al programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

Frente a ello, señalan la obligación que tienen las autoridades, conforme a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, no sólo de respetar y proteger los derechos de las personas, sino también de promoverlos y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo anterior, coinciden en la necesidad de atender las demandas del grupo de jornaleros que, cansados de tanto abuso, han alzado la voz por un salario más justo.

Asimismo, hacen referencia a la reunión celebrada el pasado 13 de mayo del presente, con los jornaleros agrícolas, las autoridades federales y estatales y la representación legal de los propietarios de los campos agrícolas, en la que se lograron diversos acuerdos como el de realizar una campaña de afiliación y credencialización al IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los jornaleros agrícolas; la libertad para los detenidos por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; la creación de un fideicomiso de inversión con aportación federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; la revisión de los programas sociales para los jornaleros; el mejoramiento de la vivienda, alimentación, condiciones de seguridad e higiene; garantizar el respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las empresas sean certificadas como libres de trabajo infantil y la libertad sindical para los jornaleros.

Quedando pendiente para la sesión a realizarse el próximo 4 de junio, el acuerdo respecto al salario base, con el compromiso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno de realizar las gestiones necesarias con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento justo para los trabajadores.

No obstante, los promoventes coinciden en manifestar su preocupación por las declaraciones hechas por los propietarios de los campos agrícolas, que han desconocido los acuerdos relativos a un aumento salarial de doscientos pesos diarios.

En este contexto, convienen en señalar la relevancia de dar seguimiento a las acciones que habrán de adoptarse para resolver el conflicto surgido en la entidad, así como al cumplimiento de la obligación de las autoridades competentes de velar por el debido respeto de los derechos humanos de todas y todos sin discriminación, garantizando la vigencia del marco jurídico que protege los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo previamente citados, que a la letra señalan:

  1. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:  

Primero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno del Estado de Baja California cese los actos de represión en contra de los Jornaleros del Valle de San Quintín.

Segundo.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, su urgente intervención para resolver, a la brevedad, el pliego petitorio presentado por los trabajadores del campo, con la finalidad de poner fin a las condiciones infrahumanas en las que laboran los campesinos, en cumplimiento al respeto y protección de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.

Tercero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente, con el fin de resolver este problema, cite a comparecer a los siguientes funcionarios:

  • Al Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong;
  • Al Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Vega de Lamadrid;
  • Al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida;
  • Al Director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Doctor José Antonio González Anaya; así como
  • Al Presidente Municipal de Ensenada B. C., Profesor Gilberto Hirata Chico
  1. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de mayo de 2015, en San Quintín, Baja California.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a prácticas que atentan contra su dignidad.

  1. De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen, atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación,  los conflictos generados en  la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que  viven los jornaleros agrícolas; asimismo, se investigue y se castigue a los responsables de la violación de derechos humanos en la  agresión que sufrieron dichos trabajadores el sábado 09 de mayo del año en curso.

Segundo.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el marco de su respectiva competencia,  atiendan y se busquen soluciones favorables a las demandas laborales y sociales que presentan los jornaleros agrícolas del Valle de  San Quintín y sus familias. Asimismo, se incrementen las medidas de  control y la supervisión de las condiciones laborales y de servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, así como a poner en  marcha de inmediato los programas sociales necesarios,  a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, de salud, educación y vivienda estos trabajadores y sus familias, en el país y particularmente del Valle de San Quintín, Baja California.

  1. Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la represión realizada por la administración del gobernador de Baja California, Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Baja California para que se sancione a los responsables de los actos represivos efectuados el 9 de mayo en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y a que agote las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.

  1. Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Procuraduría General de la República deslinde las responsabilidades penales a que haya lugar por los hechos cometidos los días 9 y 10 de mayo del presente año en la comunidad triqui del Valle de San Quintín, jornadas de violencia que tienen como agravante el exceso de la fuerza pública de la policía local en contra de los trabajadores agrícolas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enfáticamente el uso de la fuerza pública, el exceso de violencia de la autoridad estatal y se pronuncia por que inmediatamente se restablezca la mesa de diálogo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a responder las demandas de los jornaleros agrícolas de la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

  1. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la Secretaria de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejor las condiciones laborales de las y los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe pormenorizado a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respecto de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en el país, en particular en el Estado de Baja California, precisando las acciones que se adopten para evitar la violación sistemática de sus derechos laborales.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, del Estado de Baja California y del Municipio de Ensenada a detener toda medida encaminada a criminalizar la protesta social, adoptando las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos, en especial de las libertades de expresión y reunión. Asimismo, deberán informar las acciones tomadas a fin de evitar el uso excesivo de la fuerza, del allanamiento a domicilios particulares y detenciones arbitrarias derivados de protestas sociales.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar una protección efectiva a las personas trabajadoras en San Quintín, Baja California, en particular a las personas víctimas del posible uso excesivo de la fuerza pública en los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo.

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de Baja California a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, una investigación exhaustiva respecto de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la comunidad de San Quintín.

SEXTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja California a que en el ámbito de sus competencias y facultades investigue la presunta participación de funcionarios públicos estatales en la administración, posesión o funcionamiento de algunas de las empresas agrícolas que han sido señaladas por no cumplir la Ley federal del Trabajo y por violar los derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas.

SÉPTIMO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California a que, para no interferir en las investigaciones que se desarrollen contra personal de su administración, se sirva a presentar una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su encargo, con el único fin de esclarecer los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo.

  1. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:  

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que haga cumplir los acuerdos signados en la reunión de los días 13 y 14 de mayo 2015, por las autoridades federales y los trabajadores del campo del Valle de San Quintín.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que ponga a disposición de las autoridades judiciales, al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones de su actuar por los hechos ocurridos el día 9 de mayo en contra de los jornaleros indígenas del Valle de San Quintín.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que destituya al Secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, por existir conflicto de intereses en la problemática que viven los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a su actuar, por las responsabilidades legales que deriven de su acción u omisión.

Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicie una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, por el uso de la fuerza y agresiones a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

Quinto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos proporcione las medidas de protección necesarias, a la vida, integridad física y libertad de los voceros y líderes de los jornaleros, por el constante acoso del que son objeto por parte de la policía estatal y autoridades del gobierno de Baja California.

  1. De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y al Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de trabajo agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso sexual y laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de las y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen.

  1. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y diseñen acciones y políticas que permita impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.

III. CONSIDERACIONES

Atentos al objetivo que persiguen los diversos puntos de acuerdo descritos en el apartado anterior, esta Tercera Comisión resuelve elaborar un dictamen encaminado a contribuir con el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as agrícolas del país.

Por lo anterior, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en la relevancia de asegurar el cumplimiento de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, es preciso señalar que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos, corren a cargo de todos los poderes. Razón por la cual, las autoridades de todos los niveles no solamente deben respetar los derechos mediante conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos humanos.

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que esta obligación no puede ser ajena a las instituciones de seguridad pública, cuyo ejercicio de las funciones para prevenir y reprimir los hechos delictivos, hacer cumplir las leyes y sus reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los bienes jurídicos tutelados de la comunidad, debe apegarse al cumplimento de los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, velando en todo momento por que el uso de la fuerza legítima sea congruente con el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Motivo por el cual, consideramos necesario velar porque las actuaciones de los elementos policiales, en operativos como los que se han llevado a cabo recientemente en el estado de Baja California, se ajusten a los protocolos sobre el uso de la fuerza, así como a los principios y normas contenidas en nuestro marco jurídico mexicano.

De forma tal, que en caso de que en contravención a lo anterior, exista un uso excesivo o desproporcional de la fuerza y de las armas, se lleve a cabo la investigación correspondiente, a efecto de esclarecer los hechos que permitan deslindar responsabilidades o sancionar, en su caso, a quienes hubieren incurrido en la violación de los derechos de los ciudadanos.

Del mismo modo, resulta relevante la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como órgano garante de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

En este sentido, los integrantes de esta Tercera Comisión, teniendo conocimiento de que dicho organismo ha iniciado una investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur; coincidimos en la trascendencia de contar a la brevedad con el acuerdo de no responsabilidad, o en su caso, la respectiva recomendación que al efecto emita la Comisión.

Pues lo anterior, contribuirá a advertir las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los jornaleros de esa entidad.

Asimismo, esta Comisión considera fundamental la participación de la CNDH en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se encuentran en condiciones de pobreza.

En este sentido, como lo exponen los proponentes, se tiene razón de que el pasado 13 de mayo, se llevó a cabo una reunión con los jornaleros de la entidad, en la que participaron funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Según se ha informado, el diálogo que duraría más de quince horas, permitiría concretar alrededor de doce acuerdos en beneficio de los trabajadores agrícolas .

No obstante, el ajuste salarial sigue constituyendo una asignatura pendiente, que habrá de abordarse en una reunión posterior. Por lo anterior, se coincide con la propuesta de varios proponentes de exhortar a las autoridades y dependencias competentes, para que informen sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros del Valle de San Quintín, a efecto de estar en posibilidad de dar un correcto seguimiento a la atención de las acciones a implementar para salvaguardar los derechos laborales, de salud, educación y vivienda de dichos trabajadores y sus familias.

Por último, esta Comisión manifiesta su profundo interés por contribuir a la atención de un problema, que como ha sido señalado en las proposiciones, no es exclusivo de una región. Pues como ha sido expuesto por diversas organizaciones civiles, tan sólo la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), indica que alrededor de dos millones de jornaleros son explotados en México, a raíz de una práctica generalizada en alrededor de 19 de las 32 entidades del país.

Por ello, coincidimos en que la denuncia que de esta problemática han hecho los trabajadores de una entidad, debe conducir a la adopción de medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos de quienes laboran en el campo.

En este orden de ideas, resulta de la mayor trascendencia tener conocimiento sobre las acciones que la Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y unidades administrativas correspondientes, ha implementado para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, en atención a que es a dicha dependencia a quien, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete conducir la política interior que competa al Ejecutivo, así como vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así́ como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

Por lo que, de conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva de esta Tercera Comisión, por el que se determinó que en primer término se requeriría un informe sobre el tema de interés, y en virtud de la trascendencia de la tarea del Estado de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos, máxime teniendo en cuenta, que éstos han sido vulnerados en contra de un sector de la población, los integrantes de esta Comisión consideramos de suma importancia exhortar a los funcionarios a quienes compete esta labor, para que informen sobre las acciones que se han implementado para la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el país.

Asimismo, es preciso señalar que los integrantes de esta Comisión, consideran pertinente llevar a cabo una reunión de trabajo con el Grupo de Trabajo Plural de legisladores, creado para dar seguimiento a los acontecimientos en el Valle de San Quintín, conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de fecha 21 de abril del presente año.

Lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para conocer las demandas de los trabajadores, y con ello, dar seguimiento a las acciones que permitan evitar que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores agrícolas de esta y otras regiones del país.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un informe sobre los resultados de las investigaciones que se deriven.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que a la brevedad posible, emita las resoluciones sobre las investigaciones iniciadas con motivo de la probable violación a los derechos humanos de las y los jornaleros/as agrícolas del Valle de San Quintín; y remita a esta soberanía un informe sobre los resultados de dichas investigaciones.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias competentes, en un término no mayor a 15 días naturales, remitan un informe sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros/as del Valle de San Quintín; así como las acciones a implementar para salvaguardar, garantizar y promover los derechos laborales, de salud, educación, vivienda y de libertad de expresión de las y los trabajadores y sus familias en la entidad.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias competentes, implementen acciones para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el Estado de Baja California y en todo el país, según su ámbito de actuación.   

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince.

TERCERA COMISIÓN


Diversas notas consignadas por los medios de comunicación,  los acuerdos pactados fueron: 1. Fideicomiso tripartita para desarrollo de la zona; 2. Campaña de afiliación al IMSS; 3. No retención de salarios ni condicionamiento de los mismos; 4. Detenidos serán juzgados conforme a la ley; 5. Atención al tema de vivienda; 6. Una reunión más del Gobernador con la Alianza; 7. Respeto a derechos laborales; 8. Certificación libre de trabajo infantil; 9. Programas sociales itinerantes; 10. Registro de sindicato a la Alianza de Jornaleros; 11. Respeto a la autonomía y libertad sindical; 12. De ambas partes, no represalias, paz pública, concertación y conciliación.

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