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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


Quien suscribe, RUBÉN ACOSTA MONTOYA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor dela siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos jurídicos la corrupción es la violación de una obligación por parte de un servidor público o representante popular con el objeto de obtener un beneficio personal, en forma de dinero, regalos o favores de la persona que lo soborna o a quien extorsiona. En otras palabras, la corrupción supone el abuso del poder detentado para usarlo en beneficio propio. En este sentido, la corrupción deslegitima la democracia y genera desconfianza entre los ciudadanos hacia las instituciones estatales, al mismo tiempo que erosiona el tejido social.

La corrupción no es un fenómeno aislado, pues adopta múltiples formas de trasgresión al Estado de Derecho, por este motivo no puede combatirse eficazmente cuando sólo se persigue a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas.

La corrupción desincentiva la inversión del sector privado, afecta los ingresos de las familias mexicanas, distorsiona la distribución dela riqueza y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos; por lo tanto, la corrupción representa un fuerte obstáculo para el desarrollo nacional.

Por este motivo se requiere combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos en afectación del interés general, pero esas acciones deben alcanzar también a los particulares que incurren en prácticas indebidas.

El Estado mexicano ha suscrito y ratificado, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra este fenómeno; así como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueve y fortalece el desarrollo de los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos indebidos en el ejercicio de sus funciones.

En correspondencia con lo anterior, en los últimos años, nuestro país ha implementado numerosas medidas para combatir la corrupción a través de la puesta en marcha de diversos programas y políticas públicas, la adecuación del marco jurídico y la creación de nuevas instituciones especializadas en la materia. A pesar de los avances alcanzados, reducir significativamente los índices de corrupción y su impacto en la vida nacional sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo esta lógica, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión alcanzamos recientemente los consensos necesarios para conformar un sistema integral de combate a la corrupción con la finalidad de dotar al Estado mexicano de las herramientas jurídicas, culturales y administrativas necesarias para que nuestro país supere las malas prácticas tanto de los servidores públicos como de los particulares que obran en contra del interés general de la nación.

No obstante que el nuevo sistema nacional anticorrupción fue el fruto de intensas jornadas de trabajo, de discusión y negociación por parte de todos los partidos que contó incluso con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante el presente proceso electoral un solo instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN), ha pretendido adjudicarse de manera exclusiva la aprobación de tan relevante reforma.

Además de ello, el PAN se ha dedicado a ensuciar el proceso electoral con acusaciones en contra de otros partidos y candidatos que en la mayoría de los casos no tienen fundamentos sólidos, sin reparar en que éste mismo instituto político se ha convertido ya en un ícono de la corrupción a nivel nacional.

La opinión pública no olvida que el presidente nacional del PAN fue incapaz de explicar con qué recursos financian sus hijos el estilo de vida que llevan, llena de viajes, lujos y excentricidades. Tampoco se puede pasar por alto que sobre los miembros más conspicuos de los grupos parlamentarios del PAN en la presente legislatura federal pesan acusaciones de malgastar los recursos públicos que se les asignan para llevar a cabo eventos que hacen pasar como labores legislativas pero que en realidad no son más que fiestas privadas marcadas por el derroche y las conductas inapropiadas que ofenden gravemente la buena moral. Los mexicanos tampoco olvidarán que los miembros del PAN actúan en contra de los propios habitantes de las localidades en las cuales gobiernan, pues varios de sus diputados fueron exhibidos por condicionar la asignación de recursos federales para llevar a cabo obras en determinados municipios a cambio de la obtención de un porcentaje de esos recursos y de la designación de empresas constructoras en particular.

Resulta paradójico que el PAN se jacte de haber propuesto la conformación del sistema nacional anticorrupción, cuando al interior de sus filas ha solapado los ilícitos en los cuales sus miembros incurren.

Cuando no se castigan las conductas indebidas es lógico que éstas se sigan presentando, este es el caso del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, cuyo ex titular, Jorge Romero Herrera, hoy candidato a diputado local, en complicidad con miembros de su equipo administrativo, otorgó contratos millonarios a empresas ligadas a miembros de su partido, con lo cual queda acreditado el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La información publicada por el Periódico Reforma deja claro que Jorge Romero y sus allegados políticos, han estado haciendo uso del presupuesto delegacional para adjudicarse contratos entre ellos mismos, lo cuales sumarían alrededor de 55 millones de pesos asignados en un periodo de dos años por la figura de adjudicación directa o invitación restringida.

Cabe señalar además que los contratos fueron adjudicados a empresas ligadas a los familiares del hoy candidato a Jefe Delegacional por el PAN en Cuajimalpa, Camilo Campos López. Es el caso de Grupo Comercial Servicio Ibague, cuya representante legal es Simitria Alba López, madre de Camilo Campos, la cual ha obtenido 13 contratos por un valor de 16.8 millones de pesos.

Por este motivo, es lógico pensar en la posibilidad de que estos recursos otorgados en contratos estén siendo utilizados para financiar las campañas políticas del PAN en el Distrito Federal, concretamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, en donde sus candidatos se encuentran estrechamente vinculados al grupo político que encabezan Jorge Romero Herrera y Mauricio TabeEchartea.

Lo aquí expuesto, sin duda alguna, estaría afectando la equidad de la contienda electoral pues la cantidad señalada está muy por encima de los recursos que los partidos pueden gastar en las campañas políticas en cualquiera de las delegaciones mencionadas, lo cual hace imposible asegurar un piso parejo para el resto de los contendientes que ven seriamente afectadas sus posibilidades de conquistar el voto de los ciudadanos.

En virtud de lo anterior, consideramos pertinente solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar las irregularidades existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.

Asimismo, por considerar que los recursos provenientes de la adjudicación discrecional de contratos en la Delegación Benito Juárez están siendo utilizados para financiar las campañas del PAN en el Distrito Federal, exhortamos a la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a actuar de oficio y poner especial atención a los recursos gastados por el PAN en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge RomeroHerrera.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar de oficio y poner especial atención a la procedencia de los recursos gastados en las campañas electorales del Partido Acción Nacional en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, del Distrito Federal.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 26días del mes de mayo del año 2015.

SUSCRIBE

DIP. RUBÉN ACOSTA MONTOYA

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