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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De los Senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA INVESTIGACIÓN INTEGRAL, PRONTA Y EXPEDITA SOBRE LA PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN DEL CANDIDATO DEL PRD AL GOBIERNO DE MICHOACÁN, SILVANO AUREOLES CONEJO.

Los que suscriben, AGUSTÍN TRUJILLO ÍÑIGUEZ y JESÚS CASILLAS ROMERO, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:   

Consideraciones

Un servidor público es toda persona física, contratada, o designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar actividades atribuidas al Estado, a sus órganos gubernamentales o a los de la administración pública.1

En la Constitución Política de nuestro país, el título cuarto se dedica a las responsabilidades de los servidores públicos y establece en el artículo 108 que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Asimismo, se precisa que los funcionarios públicos serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Bajo esta premisa, los servidores públicos están obligados a actuar con legalidad y transparencia durante el ejercicio de sus funciones; por encima de todo, deben procurar la satisfacción y necesidades de la sociedad.

Por ningún motivo deben utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva.

El uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, es una condición que deben observar todos los todos los funcionarios públicos.

Cuando no transparentan o desvían el dinero de los ciudadanos, están ante un escenario que sugiere corrupción, la comisión de algún delito y lo más delicado es que nos enfrentamos a la falta de credibilidad, tal como sucede con el candidato del PRD al Gobierno del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Para dimensionar la gravedad de los hechos y la importancia de que éstos sean investigados a fondo y desde todas sus aristas, debemos señalar que las conductas antijurídicas ocurrieron en 2013 y 2014 cuando el ahora candidato se desempeñaba como diputado federal, encargo desde el cual habría gestionado recursos para 25 municipios de Michoacán por 5 mil 333 millones de pesos en 2013 y 264 millones en 2014, que beneficiaron a empresas de quienes hoy son candidatos del PRD a diversos cargos de elección popular.

Si bien es cierto que la gestión de recursos no es un acto ilícito, siempre y cuando ésta se desarrolle en el marco de ley, hay elementos que ponen en evidencia la simulación de competencia entre las empresas participantes en la licitación, sobreprecio en los costos y en la construcción de las obras. Primero se inscribían para la licitación de una obra, cuatro o tres empresas, que tienen como común denominador el mismo apoderado legal y el mismo auditor.

Ellos competían, determinaba el ayuntamiento a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, a quién se le adjudicaba la licitación, y en ese momento los otros avalaban el procedimiento y el auditor de dicha licitación, que era parte de los Consejos de Administración de esas empresas, avalaba la adjudicación de la obra.

Son acciones que pueden ser consultadas en los portales de Internet, de Compranet, que es una dependencia de la Secretaría de la Función Pública o del propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Entre los casos más graves se encuentra el acontecido en el municipio de Tuxpan, donde se destinaron 133 millones 724 mil 508 pesos a distintas obras realizadas por constructoras que son propiedad de personas cercanas a Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior representó un sobrecosto de 46 millones de pesos, pues el costo real de las obras se calcula en 87 millones.

Por otro lado, se han detectado obras con un sobreprecio superior al 50 por ciento en los municipios de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Senguio e Irimbo.

Hay elementos que dejan de manifiesto que el candidato del PRD a presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrara Tello es dueño de las empresas Qualiti Construcción S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones S.A. de C.V., mismas que entre el 2013 y 2014 recibieron alrededor de 49 millones de pesos gestionados por el propio candidato a la Gubernatura.

En el caso de la constructora Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V., ésta recibió 20 millones de pesos para realizar obras en el municipio de Tuxpan, entre sus principales socios se encuentran los también perredistas Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto.

No es la primera ocasión en la que se le vincula a Silvano Aureoles con conductas de esta naturaleza, basta recordar que desde el inicio de su campaña, dejo de manifiesto la utilización de recursos de presunta procedencia ilícita. 

Resulta fundamental que las investigaciones no se circunscriban únicamente a lo concerniente a las transacciones irregulares, sino que en complemento se lleve a cabo una investigación integral del ejercicio, uso y destino de los recursos públicos donde participaron las empresas Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V.

Nuestra Ley Suprema es clara en relación a la obra pública, el párrafo tercero del artículo 134 establece que “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

De la misma manera el artículo 134, párrafo 7 señala que “los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para la democracia moderna e indispensable para la construcción de buenos gobiernos, de ahí la importancia de que a partir de los indicios y documentales presentados ante las instancias correspondientes, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

A reserva de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones conducentes, en principio, por lo menos estaríamos ante la comisión de los delitos de ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado e incluso, enriquecimiento ilícito, este último tipificado como grave.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus atribuciones, realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno del estado Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría de cumplimiento financiero y de inversiones físicas de las obras construidas en los municipios de Michoacán por las empresas Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V. en los años 2013 y 2014, y en caso de acciones u omisiones se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de MAYO del año dos mil quince.

Atentamente

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SENADOR AGUSTÍN TRUJILLO ÍÑIGUEZ

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SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO

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