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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a informar sobre la atención a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES SÍ LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS HAN ATENDIDO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER AL ESTADO MEXICANO

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de la evaluación realizada por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), mediante el cual presentaron un documento de 44 puntos con 27 recomendaciones preliminares y específicas al Estado mexicano para que establezca medidas contra la discriminación hacia la población femenina, en especial a la inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres.

De este examen se desprenden varios aspectos que debieran ser sumamente preocupantes, no sólo para las niñas y mujeres, sino también para las autoridades en todos los ámbitos y niveles de gobierno, entre los que se destacan los siguientes:

1. Los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado Parte no se limitan a la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto afecten negativamente a la población en el goce de sus derechos humanos, en particular mujeres y niñas.

2. El sometimiento de las niñas y mujeres a niveles cada vez mayores y a tipos diferentes de violencia de género, tales como la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, por actores estatales, incluidos policías y las fuerzas de seguridad, así como por actores no estatales, como los grupos del crimen organizado.

3. Los diferentes niveles de autoridad y las competencias dentro de la estructura federal da por resultado una aplicación diferenciada de la ley dependiendo de si se ha realizado la adecuada armonización de la legislación pertinente o no a nivel estatal, como por ejemplo en lo que respecta al principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.

4. La falta de datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, condenas y sentencias infligidas contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres.

5. Las disposiciones fundamentales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no han sido implementadas.

6. La capacidad y los recursos asignados al mecanismo nacional para abordar la violencia contra las mujeres no ha sido adecuadamente reforzado para garantizar una coordinación eficaz entre los distintos órganos que lo componen.

7. La activación del Mecanismo de Alarma de Género está plagada de ineficiencias procesales, lo que dificulta su operación.

8. Las deficiencias y las diferentes definiciones del delito de feminicidio en la de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y en los Códigos Penales locales.

9. El elevado número y el aumento de los feminicidios cometido en varios estados, como Chiapas, Guanajuato,  Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, estado de México, Veracruz, Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

10. Las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los homicidios de mujeres,  lo que atenta contra la investigación apropiada de los casos, evita que las familias de las víctimas sean notificadas, sin demora, y se oponen a una evaluación más completa y más confiable de los feminicidios.

11. El creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en varios estados, como Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, que las desapariciones forzadas no son constitutivos de delito en varios Códigos Penales locales, la falta de un consistente registro oficial de desapariciones y la activación lenta o no en todos los protocolos existentes de búsqueda, como el Protocolo Alba y la Alarma Ámbar por las autoridades.

12. La prevalencia de la violencia de género, incluida la violación y la exposición de las mujeres y niñas a la vulnerabilidad y el riesgo en regiones donde el ejército y/o los policías conducen operaciones contra el crimen organizado.

13. El bajo número de casos de violencia contra las mujeres que se denuncian ante las autoridades porque tienen miedo a represalias y no confían en las autoridades; y la falta de protocolos estandarizados para investigar y procesar casos de violencia contra las mujeres, que atentan contra el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y dejan una proporción alta de casos impunes como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”.

14. La impunidad persistente con respecto a la investigación, procesamiento y castigo de los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres en todo el país, como los cometidos por autoridades públicas en 2006 en San Salvador Atenco.

15. La Oficina del Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no es competente para dar seguimiento a las denuncias trata de personas cuando el delito sea cometido por grupos delictivos organizados.

16. No se cuenta con un sistema para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata y la falta de atención a la trata interna.

17. La baja participación de las mujeres indígenas en la vida política de sus comunidades, su Estado y el país.

18. Las demoras en la respuesta de las autoridades competentes para garantizar los derechos humanos de las defensoras y periodistas, en particular, la libertad de expresión, la vida, la libertad e integridad de la persona así como el acceso a la justicia.

19. El contenido de los planes de estudio sobre salud reproductiva y sexual y derechos ha sido reducido.

20. Los informes que indican que 3 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido violencia en el lugar de trabajo, incluyendo acoso sexual y abuso.

21. Las diferenciales salariales importantes entre hombres y mujeres y que el 56.6% de la población activa femenina trabaja en el sector laboral informal y por lo tanto sin acceso a prestaciones de seguridad social.

22. La actual tasa de mortalidad materna de 53.5 muertos por  cada 100,000 nacidos vivos (2010) está lejos de la meta de los ODM propuesto para 2015 de 22,2 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos.

23. Los niveles altos de pobreza, analfabetismo, y múltiples formas de discriminación contra mujeres indígenas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

24. Los casos de mujeres que han sido denegadas acceso al aborto legal, incluso cuando cumplan los criterios legales restrictivos; que han sido reportados a las autoridades judiciales por los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales y, en consecuencia, privados de su libertad y condenadas a largas penas de prisión por motivos de infanticidio o asesinato.

Por ello, ante estas observaciones y preocupaciones expresadas por el Comité de expertas de la CEDAW es que se emitieron entre otras, las recomendaciones siguientes:

a) Revisar su estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niña. 

b) Invertir el impacto negativo de la estrategia sobre las mujeres y niñas y cumplir con sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, en particular los feminicidios; investigar, procesar y castigar a los perpetradores estatales y no estatales, y proporcionar reparación a mujeres que han sido víctimas de la violencia independientemente del contexto y de los presuntos perpetradores.

c) Proporcionar capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de las mujeres, a todos los policías, el ejército y la marina implicados en operaciones dentro de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un estricto código de conducta con el fin de garantizar con eficacia el respeto de los derechos humanos.

d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para el registro regular de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió la violencia, incluido el perpetrador y la victima y si ellos estaban relacionados el uno con el otro.

e) Tomar las medidas necesarias para garantizar, especialmente a través de una coordinación eficaz, la armonización de la legislación pertinente, coherente y consistente en todos los niveles con la reforma constitucional sobre derechos humanos (2011) y con el Sistema de Justicia Penal.

f) Establecer mecanismos efectivos a nivel federal y estatal para supervisar la aplicación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relacionada con el acceso de las mujeres a servicios de asistencia médica y educación.

g) Establecer mecanismos para monitorear y sancionar a funcionarios de la ley, incluido el poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de las mujeres.

h) Atender urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.

i) Tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación de los feminicidios se base en elementos objetivos que permitan su correcta clasificación en los Códigos Penales locales; acelerar su codificación en aquellos Códigos Penales locales pendientes; estandarizar los protocolos de investigación de la policía de los feminicidios en todo el país, e informar sin demora a las familias de las víctimas.

j) Acelerar las detenciones relacionadas con la violencia contra mujeres y proporcionar la información sobre el enjuiciamiento y el castigo de los perpetradores en su siguiente informe periódico, incluidos los relacionados con el caso de Atenco.

k) Elaborar un diagnostico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, incluyendo su ámbito, causas, consecuencias y propósitos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y niñas y las nuevas formas de explotación.  

l) Recopilar sistemáticamente datos desglosados y los análisis sobre la trata de mujeres con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y castigo de los delincuentes, así como medidas más eficaces para rehabilitar a las víctimas.

m) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, en particular las mujeres indígenas, incluyendo la realización de campañas de sensibilización dirigidas a aumentar la participación de mujeres en la vida política, en los niveles estatales y municipales.

n) Adoptar medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrado contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas así como adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.

ñ) Tomar todas las medidas apropiadas para reducir la brecha en los índices de analfabetismo entre las mujeres de las zonas urbanas y rurales.

o) Garantizar la implementación efectiva del Protocolo de intervención en casos de acoso sexual dentro de la administración pública y prever medidas similares para prevenir acoso sexual en el sector privado.

p) Adoptar medidas que mejoren la situación de las mujeres en la economía informal, monitorear su impacto y asegurar la continuación del programa Seguro Popular que tiene por objeto proporcionar servicios de salud a estas mujeres.

q) Ratificar los convenios de la OIT No. 156, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y No. 189 sobre el Trabajo decente para trabajadores domésticos.

r) Asegurar el acceso universal a servicios de salud y a la información y educación sobre salud sexual y reproductiva, particularmente para adolescentes con el objetivo de prevenir embarazos no deseados;

s) Fortalecer, bajo la dirección del Observatorio de Mortalidad Maternal, sus esfuerzos para disminuir la tasa de mortalidad materna, incluida la adopción de una estrategia global de la maternidad segura, que prioriza el acceso a servicios de calidad obstétricos prenatal y pos-natal, y el establecimiento de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

t) Armonice la legislación federal y estatal relativas al aborto para eliminar los obstáculos las mujeres enfrentan cuando buscan aborto legal y también a extender acceso al aborto legal.

u) Acelerar la adopción del Acto General en la Paternidad Responsable así como la creación del Registro Público Nacional de Deudores de la Pensión Alimenticia.

Así pues, las recomendaciones emitidas por el comité de la CEDAW son jurídicamente vinculantes para México, por lo que también se vuelve obligatorio su cumplimiento, no obstante lo anterior, a 32 años de su entrada en vigor, los principios de la Convención no se han consolidado a favor de las mexicanas, por lo que urge que el Estado Mexicano, en todos sus niveles y ámbitos de gobierno acaten de manera puntual y a la brevedad posible las recomendaciones hechas por la CEDAW.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres sí el Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como los titulares de las 31 Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, han atendido puntualmente las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) al Estado Mexicano y en su caso, que medidas se implementarán a fin de dar cumplimiento a la brevedad posible.

Atentamente

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA