+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en relación con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Christopher Raymundo Márquez Moray.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, A GARANTIZAR LA INTEGRALIDAD Y CONCURRENCIA EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA ENTIDAD, EN RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE TERMINARON CON LA VIDA DEL NIÑO CHIRSTOPHER RAYMUNDO MÁRQUEZ MORAY, SUSCRITO POR LA DIPUTADA ROCÍO REZA GALLEGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

“Invertir en Cohesión Social es crear Ciudadanía,
Invertir en Ciudadanía es crear Cohesión Social”

La que suscribe, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.Losindignantes y vergonzosos acontecimientos que a manera de “juego” terminaron con la vida del niño ChristopherRaymundo Márquez Moray y queha nos consternado al mundo entero, nos dejósuspendidos en una extraña realidad, diría “oculta, ficciosa o simulada realidad”. No menos indignante, contradictorio y preocupante, es que aún con la herida abierta por este caso, la sociedad chihuahuense muestre preocupación por lo sucedido y a los pocos días vuelque el palenque de la feria de Santa Rita con la presentación de los Tigres del Norte, pidiendo a gritos y de manera sistemática tocar narcocorridos. Esta es la incongruencia y confusión por la que estamos viviendo y pasando los chihuahuenses y que nos obliga a reflexionar y preguntarnos¿En qué estamos fallando y porque?

Por un lado tenemos elbullying que se ha incrementado en las escuelas y en las calles, pero igualmente grave es la penetración de la cultura del narcotráfico,instalada ya en todo México,lo que ha contribuido a crear modelos que los niños buscan repetir, pero también a mostrar situaciones que no podemos ignorar.Ahora tal parece que a nadie sorprende ya ver u oír sobre las fosas con cuerpos, las ejecuciones, las torturas, los levantones, las narcomantas, los bloqueos, las desapariciones y todo este terrible léxico que ha normalizado las conductas violentas en nuestro país, y que junto con el mercado de las drogas se ha ido desarrollando hasta alcanzar todos los ámbitos: el cine, la literatura, las artes, el lenguaje cotidiano, las aspiraciones personales e incluso las posibilidades de futuro que tienen las y los niños y jóvenes en un país como el nuestro.

Lamentablemente para nosotros la herida social que deja Christopher no sólo muestra el grado de infiltración de la narcoculturaen nuestras vidas, sino que nos da una señal muy grave que expertos y psicólogos mexicanos llevan alertandodesde hace algunos años: los peligros y los efectos psicológicos que tienen los menores al vivir inmersos y por años en la violencia desmedida generada en varios puntos del país.Un perito de la Fiscalía de Chihuahua, reveló que a partir de 2020 en Chihuahua se registraría una epidemia o generación de psicópatas menores de edad, pero desafortunadamente se ha adelantado cinco años y estamos viendo ya individuos menores de 15 años de edad que están mostrando estas conductas violentas.

Esta reproducción cultural de la violencia por parte de los niños y adolescentes, particularmente en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada, como es el caso, ha normalizado la violencia incorporándola a los juegos infantiles.Son muchos los señalamientos de niños que juegan a ser narcotraficantes y secuestradores.

De los milesde asesinatos vinculados al crimen organizado, todos tenían familias, pero no ha habido ninguna campaña para atender a los menores que dejaron atrás.Eso, unido a las carencias del sistema de justicia es lo que ha originado situaciones como la vivimos;sin duda reflejo de la sociedad que somos, envenenada por las drogas, el alcohol, la corrupción, la injusticia, la desigualdad social, el empobrecimiento, la violencia y la impunidad. Los números lo demuestran, seguimos enprimer lugar en divorcios y segundo en homicidios dolosos; también ocupamos los primeros sitios en número de madres trabajadoras solas y familias desintegradas.

Ante esta descomposición social, cuya principal causa es el colapsado núcleo de la sociedad: La familia; las opiniones, críticas y demás imputaciones se centran en la responsabilidad de los padres de familia, mayormente... Hay razón en ellopuesto que es una responsabilidad compartida y aquí es donde entra el papel que juega la autoridad; el Estado en su conjunto en esta materia.La situación en Chihuahua es consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones y  ausencias de familia y sociedad, pero también de un gobierno presionado por la pesada situación sociopolítica y económica que ha marcado el recrudecimiento de la pobreza en todo el estado. Un tejido social roto que refleja la ausencia de políticas públicas y de un gobierno que gasta más dinero en hacer promoción de su administración en medios de comunicación locales como nacionales, que destinarlo a programas de apoyo a niños de escasos recursos.Las autoridades en el estado nunca se han preocupado de esta situación, aunque hayan tenido conocimiento de ella desde hace muchos años.

II.En el caso que nos ocupa, mucho se ha discutido si solo dos de los implicados, los de mayor edad, pueden ser procesados penalmente por asesinato e ir a prisión, mientras que el resto fue puesto bajo tutela pública porque la legislación estatal impide que se les den sentencias de reclusión.

En este tenor, la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua contempla que un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales no podrá ser juzgado como adulto y que si es declarado responsable de un delito, responderá en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada de la de los adultos. La diferencia radica en el sistema especial previsto por la Ley.  Los menores de doce años a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, estánexentos de responsabilidad y no son sujetos de la ley ni de sus procedimientos. Para los efectos de la aplicación de la Ley, se distinguen tres grupos etarios:

I. Entre doce años cumplidos y menos de catorce años;

II. Entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años; y,

III. Entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

La privación de libertad es una medida sancionadora de carácter excepcional que debe aplicarsecomo última opción.La medida privativa de libertad en centro especializado, aplicable a los adolescentes infractores es:

I. De seis meses a diez años, cuando tengan entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años.

II. De seis meses a quince años, cuando tengan entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

De ahí la urgencia de tener una estrategia que permita prevenir e identificar todas las formas de violencia contra la infancia, mas que velar por cuidar la impunidad del delito, ya que la legislación actual permite que sean castigados por las vías apropiadas y respetuosas con sus derechos, pero también reinsertados a la sociedad.

Así que podríamos hacer una revisión minuciosa de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua yhacer sendos análisis del tipo de sanción aplicable en estos casos, o disminuir la edad penal; o si no es posible disminuirlaentonces aplicar una sanción mayor a los menores infractores. Pero todo ello no soluciona el problema de fondo. Generar leyes reactivas sólo saturara los centros de readaptación social y profesionalizará la delincuencia, mientras no se aborde el problema de fondo y se expidan leyes preventivas. Un informe reciente del ombudsman mexicanoha alertadosobre la situación que viven en los centros de internamiento de menores dondese detectaron casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, insalubridad de las instalaciones y hacinamiento.Así que el asesinato de Christopher no es cuestión de leyes, sino problema de sociedad que arroja la descomposición del tejido social. La solución aquí no es sólo establecer penas más duras contra los niños y jóvenes, va más allá de castigar, pues todo empieza desde la descomposición familiar, los ejemplos, las carencias y el entorno social y cultural.

En este aspecto vale la pena resaltar que la implementación de la reforma penal en Chihuahua va dirigida a un sector de la población como son las víctimas, los ofendidos y los infractores; pero el Desarrollo Social y Humano abraza a toda la población en general, no sólo a un segmento de la población. Este es el meollo del asunto, que en Chihuahua no hay ciudadanía, ni se conoce porque lo que sucede allá no es otra cosa más que el reflejo vivo y latente de la descomposición del tejido social y de la pérdida, o más bien dicho, ausencia de valores.

III.En este sentido, la Ley de Desarrollo Social y Humano en Chihuahua establece las bases, no sólo para elaborar políticas públicas focalizada, dirigidas a resolver el grave problema de abandono social, sino también para generar Cohesión Social. Pero lamentablemente las leyes no se aplican en Chihuahua. La indiferencia, la indolencia, el descuido y la avaricia del gobierno son mostrados ahora en todo su esplendor en un asunto que constituye, más que un asunto policiaco, un factor de descomposición social, reflejo del descuido gubernamental ante influencia de la narcocultura en la infancia y la ausencia de políticas públicas que generen resultados reales en la prevención del delito.

Pero imagínense, en las manos del gobernador César Duarte,Chihuahua recibióde nuevo la medalla por encabezar con más eficiencia la reforma penal. La medallaa un estado que por años ha sido salvajemente golpeado por la violencia del crimen organizado pero igualmente desatendido por un gobierno endeudado y agobiado por las acusaciones en su contra; ¿Cómo andarán los demás estados?. Imagínense a Duarte hablando a nombre de todos los titulares del poder ejecutivo de las entidades, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadoresen Los Pinos, hace unos días…que vergüenza.

Lo que debe hacer el gobernador con carácter de urgente es corresponsabilizarse de esta situación y presentar una estrategia estatal contra todas las formas de violencia hacia los menores.

IV.-Por lo que se refiere a la capacidad de las personas menores de edad, es cierto que deben recibir una sanción los que son inimputables por ley ya que de acuerdo con el principio de Autonomía Progresiva, las personas menores de edad en Chihuahua comenzaron a desarrollar su intelecto y a discernir, pero cuando el ambiente era de sangre y fuego y a la par de la falta de oportunidades de calidad de vida que siguen sufriendo millones de mexicanos en este país.

El desarrollo cognitivo del niño o niña arroja información sobre su percepción y disposición con respecto a lo que cree que “debe hacer” y cómo “debe actuar”. El desarrollo emocional y moral muestra información de acuerdo con la cual el niño o niña tienen la necesidad de adoptar mecanismos inconscientes en la búsqueda de preservar su salud psíquica y que a la vez le sirven como elementos para contrarrestar ideas y afectos dolorosos e insoportables.De aquí la trascendencia del Principio del Interés Superior de la Infancia, que se vincula con el Principio de Dignidad y que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna.

El nuevo paradigma de derechoscon enfoque de PROTECCION INTEGRAL y desarrollo de capacidades, sustentado en la Convención, significa un cambio fundamental en la percepción de la infancia ya que se pasa de la idea del “menor” como objeto de compasión-represión, a la idea de la infancia-adolescencia como sujetos derechos, donde seasume su capacidad y personalidad jurídica. Lo anterior supone ir en contrasentido de varias leyes, como por ejemplo nuestro código civil estatal en su artículo 23 señala:

 “ARTÍCULO 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejecutar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

Por estas disposiciones retrogradas la minoría de edad sigue siendo un argumento que se utiliza para negarles ciertos derechos que le son inherentes a todas las personas, independientemente de su condición legal. En el actual sistema de justicia, las opiniones de los menores son raramente tomadas en cuenta, aún en casos donde están directamente están involucrados.

Al respecto debe considerarse que la reforma constitucional en derechos humanos coloca por encima de las leyes locales los tratados internacionales, lo que significa que las primeras debieran ser congruentes con los segundos. De esta forma lo que contravenga lo reconocido en los tratados deberá ser modificado en aras de ser congruentes con aquellos.

En tal virtud proponemos que se legisle a favor de establecer la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y comprenda el escenario en que participa, pueda expresarse libremente y quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil.

V.De esta forma alzamos una petición al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que convoque al Sistema Estatal de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua a la generación y adopción de políticas públicas enfocadas a integración familiar, así como a  la reinserción y rehabilitación de familias que hayan pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley y se vincule la corresponsabilidad de los padres de familia.

Porqueesta cruenta historia que ya dio la vuelta al mundo debe detonar y hacer un alto en el camino para que sociedad y gobierno cambiemos la ruta y prioricemos acciones que generen ciudadanía y cohesión social. Par crear ciudadanía hay que ver a las niñas, los niños y los adolescentes como personas en toda la extensión de la palabra. Los esfuerzos de los gobiernos en la reconstrucción del tejido social por cuanto al ámbito material, serán insuficientes si los ciudadanos no regresamos a los principios fundamentales.

Por otro lado, un grado mínimo de especialización para lograr una intervención efectiva y una adecuada valoración de la participación infantil, es requisito indispensable para hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia del niño, niña o adolescente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, a fin de que convoque de inmediato a la Comisión Estatal para el DesarrolloSocial y Humano, órgano encargado de la coordinación de programas y proyectos, para garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la Política Estatal Desarrollo de Social y Humano en la entidad, ala elaboración de criterios de planeación, formulacióny ejecución de políticas y programas de desarrollo socialy humano enfocados a crear Ciudadanía y Cohesión Social con perspectiva de familia, en los ámbitos regional y municipal con la participación del sector público y particularmente de las personas, familias y organizaciones en general, de los sectoressocial y privado.

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua a que dentro de la elaboración depolíticas públicas se propongan medidas legislativas en pro de garantizar a favor de las niñas, niños y adolescentes:

  1. La protección integral de sus Derechos, sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y personas con plena capacidad jurídica. 
  2. El acceso a la justicia mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica a través de la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y el escenario en que participa, además de que pueda expresarse libremente, para quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil.  
  3. Sevincule la corresponsabilidad de los padres de familia de los menores en conflicto con la Ley. 
  4. Se trate lo relativo a la reinserción y rehabilitación de familias que han pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley. 

TERCERO.-Se exhorta a laFiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aproporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y/o educacional, a la familia de Christopher y en su caso vigilar quese garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CUARTO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua y a las autoridades locales para que se apliquen los fondos federales como SUBSEMUN y el Programa Nacional de Prevención del Delito a las acciones tendientes a fomentar la cultura de la legalidad y priorizando a aquellas que tengan un impacto directo en la prevención del delito en los menores de edad.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince.

DIP. ROCIO ESMERALDA REZA GALLEGOS


[*]Código Civil del Estado de Chihuahua. Artículo 23. Fe de erratas al Decreto No. 402-73 publicada en el P.O.E. No. 61 del 29 de julio del 2000. http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf