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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, ASI COMO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE SE REALICEN Y AGILICEN LAS INDAGATORIAS SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL C. CANDIDATO A GOBERNADOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR EL ESTADO DE COLIMA; Y PARA QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con dos puntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La credibilidad en quienes pretenden arribar al poder político para ejercer acciones de gobierno, o para representar ante éste a los ciudadanos, es uno de los elementos esenciales de la transparencia y la rendición de cuentas.

Así ha sido desde hace tiempo, pero mucho más en la época actual, en la que una sociedad como la nuestra, dispone no únicamente de los tradicionales medios de comunicación para informarse, sino que incluso, una buena parte de ella, tiene acceso permanente a las novedosas técnicas de información y comunicación.

Se trata de una situación que permite a los ciudadanos, casi a la par en que se desarrollan los hechos, tener conocimiento de ellos, formarse una opinión y replicarlos de manera inmediata, haciendo participes de ese saber, a un copioso y creciente número de receptores, a través de las modernas redes de comunicación, en un ciclo que se autorreproduce y retroalimenta, dando por resultado una comunidad más informada, demandante, participativa y al pendiente de los asuntos públicos.

Debido a ello es que la credibilidad, la confianza y el conducirse siempre con la verdad se han convertido a estas alturas, en algunos de los máximos valores que la sociedad pondera y reconoce hacia los gobernantes o quienes buscan serlo, o en quienes son o pretenden ser representantes populares por la vía de las elecciones.

Desafortunadamente la cultura de la confianza como sustrato de la credibilidad, no ha logrado arraigar, ni constituirse en eje alrededor del cual debieran girar las propuestas políticas de varios candidatos que, a través el actual proceso electoral, buscan verse favorecidos con el voto ciudadano para arribar a diferentes cargos de elección popular.

En efecto, hay algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana.    

Un caso emblemático de esa situación, es el del candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.

Lo más grave es que la sociedad se ha enterado de esa situación, antes que por el reconocimiento o por voz propia de ese candidato respecto a la posesión de bienes y propiedades, a partir precisamente de informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, los que han acabado por demostrar la simulación con la que se conduce el candidato a gobernador por esa organización política [*].

Él, por el contrario, ha manifestado en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de esos medios.

Se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima.

Es de señalarse que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.

Lo real, sin embargo, conforme a la investigación realizada por el medio referido, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos.  

Es decir, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad.

Se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia. 

Tal vez a ello se deba que en reiteradas ocasiones el hoy candidato a la gubernatura, pero aún antes, estando como senador, haya sido cuestionado de diversas maneras, en relación con el empleo de dinero para diferentes asuntos: reparto de tarjetas durante su campaña, al menos en dos municipios del estado, para el acceso a recursos materiales a cambio de proporcionar los datos de las credenciales de elector; o acusaciones diversas sobre una presunta compra de votos.

Y, lo más escandaloso quizás: la construcción de un hotel, “el Castillo de Montitlán” levantado en cuatro predios no manifestados, ampliamente documentado y denunciado en los medios desde agosto de 2014.

En todo caso, ya con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.

Como puede apreciarse, no han sido precisamente la credibilidad y la confianza las que han distinguido al candidato del PAN por la gubernatura de Colima, sino todo lo contrario: el ocultamiento de la mayor parte de su patrimonio, la opacidad y la simulación con las que pretende mediante evasivas, hacerse del apoyo de la gente para arribar al gobierno de esa entidad.

Tan solo en lo que toca a la cuestión patrimonial que es la esencia de este punto de acuerdo, y de ser comprobado el origen desconocido, inexplicable o incluso ilícito de su patrimonio, el hoy candidato debiera ser objeto de investigaciones, las cuales tendrían sustento en el Título Cuarto de la Constitución, referido a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Y, de manera más específica, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre los que se encuentran incluidos los senadores y los diputados, la cual prescribe en su artículo 6, entre otras de sus obligaciones, las de:

XIII.-         Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XV.-           Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

 

Lo de la fracción XIII respecto a no obtener o pretender beneficios en el caso del candidato, pudiese bien ser objeto de investigación; en tanto que respecto de la XV, ahí sí no hay duda, pues el candidato habría incurrido en falta de veracidad al haber presentado sus declaraciones patrimoniales. Y si bien por el momento en virtud de su licencia, no es servidor público, lo cierto es que lo fue en el tiempo en el que pudiesen haberse cometido algunos de los ilícitos que se señalan, para lo cual aplicaría el artículo 13 del propio ordenamiento, que señala entre otras cosas que:

Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

V.-  Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

Es de señalarse que de acuerdo con el artículo 8, la falta de veracidad en la declaración patrimonial está tipificada como delito grave, pues en efecto según el artículo 36 se tiene la obligación de presentar la declaración bajo protesta de decir verdad. De hecho, de acuerdo con Código Penal Federal, se trataría en este caso, de una situación de enriquecimiento ilícito de llegar a comprobarse, según la siguiente disposición en la que se prescribe que:  

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Creemos que con lo que se ha señalado anteriormente hay elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el candidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.

Cabe destacar por último, que estos presuntos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…” [*]

Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido. El pueblo de Colima merece conocer el origen de esos recursos…. si mintió al Senado de la República, en su declaración patrimonial, entonces habrá que desconfiar de que los informes financieros que Preciado entregue al INE sobre los gastos de su campaña sean fidedignos…” [*]

Por ello es urgente, a dos semanas de los comicios en Colima, que se tengan de parte de las instancias en los ámbitos local y federal las resoluciones respectivas a esas denuncias.

Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con dos Puntos de Acuerdo de urgente resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que se haga la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 20 de mayo de 2015.

 

 

[*] Preciado oculta riqueza; el candidato de PAN falsea datos. Excélsior, 5 de mayo de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3. Fecha de consulta: 16 de mayo de2014
[*] Demanda Federico Rangel al MP investigar riqueza de Preciado. Ocultó al Senado su situación patrimonial, afirma líder del PRI. En: Diario de Colima, Jueves 14 mayo 2015.http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/. Fecha d consulta: 16 de mayo de 2015

Idem.

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