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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA A CUMPLIR CON LOS ACUERDOS SIGNADOS CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN

Los que suscriben, JOSÉ HIGUERA FUENTES y MIGUEL ALONSO RAYA, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo en materia de consulta indígena de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

C o n s i d e r a c i o n e s

Los jornaleros agrícolas, no sólo del Valle de San Quintín, viven una innegable explotación laboral, realidad que socava derechos humanos fundamentales de más de 2 millones1 de personas, los cuales en su gran mayoría son indígenas del sureste mexicano. Esta explotación laboral o prácticas de semi-esclavitud ocurren en al menos 18 entidades federativas del país.

El caso de San Quintín es un ejemplo de abusos contra los jornaleros indígenas en todo el país, es un reflejo de las vejaciones constantes de sus derechos humanos. Trabajan más de 15 horas al día con un sueldo ínfimo y en condiciones infrahumanas, sin acceso a la salud ni a los servicios básicos; esto es, sin la salvaguarda a sus derechos laborales fundamentales, los cuales por el solo hecho de ser personas les pertenecen, y al Estado le corresponde generar los canales idóneos para su exigibilidad.

De acuerdo con Fidel Sánchez, uno de los voceros de la Alianza Nacional por la Justicia Social del Valle de San Quintín, desde el 15 de octubre de 2014 entregaron al gobierno de Baja California un pliego petitorio solicitando una mesa de diálogo, a fin de mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas. Sin embargo, no hubo respuesta de dicho gobierno.

Ante la falta de respuesta del Gobierno de Baja California, todos los jornaleros agrícolas decidieron realizar, el 17 de marzo del año en curso, un paro de labores en todo el Valle de San Quintín donde cerraron las vías de comunicación de la autopista transpeninsular y, en respuesta, la policía estatal, federal y miembros del ejército mexicano intervinieron para desalojarlos.

A partir de esa fecha, los jornaleros agrícolas se han reunido con los patrones, representantes de las empresas agrícolas, autoridades federales, estatales y municipales para exigir una respuesta a sus peticiones de incremento salarial, respeto a la jornada laboral y sus derechos (vacaciones, horas extras, días de descanso) con apego a la Ley Federal de Trabajo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y detener el abuso laboral y sexual a mujeres hombres jornaleros.

Frente a estas demandas por la exigencia al respeto de los derechos laborales, el pasado 9 de mayo un grupo de jornaleros acudióa la propiedad conocida como Rancho Seco a invitar a otros trabajadores para que se unieran al paro hasta en tanto no reanudaran la mesa de pláticas con el gobierno federal donde se conocerían las respuestas a las demandas laborales. De manera “coincidente”, la policía local recibióuna llamada de un propietario de un campo agrícola de San Quintín, acusando una supuesta intrusión de gentes extrañas y daños al alambrado por lo que la policía estatal respondióen menos de 10 minutos con un convoy de patrullas y vehículos blindados como si los trabajadores fueran unos delincuentes de alta peligrosidad. En una acción de “eficiencia sorpresiva”y dolosa, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arribaron a tratar de arrestar a los trabajadores y en un acto de provocación fueron a la colonia triqui, “Lomas de San Ramón”en veinte patrullas una tanqueta antimotines, conocida como El Tiburón, irrumpiendo y atacando en las casas de los jornaleros sin tener orden de cateo, agrediendo a mujeres, niños y todo aquél que se encontrara ahí, arrestando sin orden de aprehensión y provocando un enfrentamiento.

Por instrucciones de su mando superior, los policías abusaron de la fuerza al utilizar balas de goma y gas lacrimógeno en donde había niños, mujeres y hombres, quienes para repeler el ataque policiaco utilizaron piedras y palos.

El saldo de este evento fue la detención de varios jornaleros, incluidos menores de edad; acusados de disturbios. Hubo más de 70 heridos, siete de ellos de gravedad.

Quien ordeno ese operativo, con alevosía, incurrióen una gravísima irresponsabilidad, pues ordenar a la policía que ingrese a colonias y a las casas de los jornaleros es poner en peligro la vida mujeres, niños y hombres; además que se crea una situación de riesgo y de enfrentamiento, como sucedió. Lo que se vivióel 9 de mayo en San Quintín se trata de una represión contra los trabajadores y sus familias, que podría romper los términos de solución del conflicto, cuyo origen es legítimo pues se pide respeto a los derechos humanos y laborales.

Aunado a esta represión e intimidación contra los jornaleros, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en un acto totalmente desmedido, presentóla denuncia penal por daños en propiedad ajena, lesiones contra dos policías y delitos contra funcionarios públicos, solicitando a la Agencia del Ministerio Público que se fijara a tres detenidos una fianza individual de 7 millones 815 mil pesos y de 542 mil pesos para un cuarto arrestado, sin duda montos desproporcionados y discriminatorios para el objeto de la fianza misma, por ser montos inalcanzables para los procesados.

En este tenor, el pasado 13 de mayo del presente, se reunieron los jornaleros agrícolas y autoridades federales y estatales y la representación legal de los propietarios de los campos agrícolas (conformado por el Consejo Agrícola de Baja California), logrando acuerdos a demandas específicas de los trabajadores agrícolas. Fue una reunión de más de 12 horas donde el único tema pendiente fue el del incremento salarial. Entre los que estuvieron fue el gobernador de Baja California, Francisco Vega; el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante y David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación

En dicha reunión se acordóentre otros temas el de realizar una campaña de afiliación y credencialización al IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los jornaleros agrícolas; libertad para los detenidos por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; creación de un fideicomiso de inversión con aportación federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; revisión de los programas sociales para los jornaleros; mejoramiento de la vivienda, alimentación, condiciones de seguridad e higiene; garantizar el respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las empresas sean certificadas como libres de trabajo infantil y la libertad sindical para los jornaleros.

Sin embargo, los propietarios de los campos agrícolas del Valle de San Quintín, algunos de los cuales de manera cínica ocupan cargos en el gobierno estatal (como es el caso del Secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras), o como ex funcionarios de las administraciones estatales panistas, han declarado en estos últimos días que desconocen los compromisos signados con las autoridades federales y locales, sobre todo, declararon y reiteraron que sólo aumentarán un 15 por ciento al salario ¿acaso esto cumple con las demandas laborales y derechos de los jornaleros?

Estimados legisladores, no podemos ser comparsa de un gobierno que es juez y parte en el conflicto de los jornaleros agrícolas y, mucho menos cerrar los ojos frente al exceso y abuso de la fuerza pública desplegada el día 9 de mayo contra familias de los indígenas trabajadores del campo; actos documentados y conocidos por todos.

Pues ahora resulta que los productores o funcionarios panistas desconocen los acuerdos signados por el Gobernador de Baja California, las autoridades federales y los jornaleros agrícolas, argumentando que el sujeto que se ostentócomo representante legal de la organización del Consejo Agrícola de Baja California, durante la reunión del día 13 de mayo, no tenía facultades para acordar o negociar a nombre de dicho Consejo, a pesar de que en un desplegado pagado y publicado por ellos, el día 15 de mayo del presente, aceptaban su participación en la mesa de negociación y aceptaban los 13 puntos del acuerdo en comento.

Aunado a lo anterior, se le suman las declaraciones del líder nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, quién de manera amenazante dijo que: si alguna otra organización les disputa contratos colectivos en la zona agrícola del valle de San Quintín, en Baja California, participarán en el proceso.

Es preocupante esta situación porque no se puede jugar con la dignidad de los jornaleros agrícolas y podría repercutir en los 18 estados donde hay trabajadores agrícolas siendo víctimas de similares vejaciones.

De acuerdo con el INEGI hay zonas donde los jornaleros agrícolas ganan $204 o $210 pesos por jornal. Es decir, lo trabajadores del campo del Valle de San Quintín están exigiendo lo justo.

Por lo que habría que recordarle a los productores de los campos agrícolas del Valle de San Quintín y al gobierno del estado de Baja California que por omisión o complicidad permite se violenten derechos humanos y laborales, que existe un marco jurídico que protege los derechos laborales y de seguridad social que están establecidos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, y que se fortalece con la Ley Federal del Trabajo y la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que de no cumplirse se aplicarán sanciones.

En la Ley del IMSS en su artículo 304 establece que debe infraccionarse los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado al no registrarse ante dicho Instituto y, por consiguiente, no inscribir a sus trabajadores, señalando en su artículo 304 B que las multas pueden ir de 20 a 350 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.

Además, en el artículo 307 de la citada Ley se cita como delito de defraudación a los regímenes del seguro social, el hecho de que con uso de engaños o aprovechamiento de errores los patrones omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero-patronales, u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al Instituto o a los trabajadores, y de conformidad con el artículo 308, este delito se sancionarácon prisión de tres meses a nueve años de acuerdo al monto defraudado.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que haga cumplir los acuerdos signados en la reunión de los días 13 y 14 de mayo 2015, por las autoridades federales y los trabajadores del campo del Valle de San Quintín.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que ponga a disposición de las autoridades judiciales, al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones de su actuar por los hechos ocurridos el día 9 de mayo en contra de los jornaleros indígenas del Valle de San Quintín.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que destituya al Secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, por existir conflicto de intereses en la problemática que viven los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a su actuar, por las responsabilidades legales que deriven de su acción u omisión.

Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicie una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, por el uso de la fuerza y agresiones a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

Quinto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos proporcione las medidas de protección necesarias, a la vida, integridad física y libertad de los voceros y líderes de los jornaleros, por el constante acoso del que son objeto por parte de la policía estatal y autoridades del gobierno de Baja California.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de mayo de 2015

Suscriben,

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DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA

________________________

DIPUTADO JOSÉHIGUERA FUENTES

 



1 Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009

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