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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA; ASÍ COMO LAS CAUSAS QUE LOS OBLIGAN A TRABAJAR EN CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

La Diputada Federal del Estado de Oaxaca, ANGÉLICA ROCÍO MELCHOR VÁSQUEZ integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Es un asunto público la situación en la que sobreviven las personas que trabajan en los campos agrícolas de Baja California, identificados como jornaleros.

Para nadie pasa desapercibido que está situación de vulneración de sus derechos humanos, ha sido del conocimiento de las autoridades que tienen el deber de atender las problemáticas a que se enfrentan las trabajadoras, los trabajadores y sus familias; pues debido a su necesidad de empleo, se les somete prácticamente a trata de personas en la modalidad de explotación laboral.

2.- Desde 2009, el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, viene instando al Poder Ejecutivo Federal, para que ejerza acciones para inhibir las conductas abusivas de los patrones y a mejorar las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores de los campos agrícolas en Baja California, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y todas aquellas entidades destino de migrantes oaxaqueños.Así por ejemplo a propuesta del Diputado de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Felipe Reyes Álvarez, con fecha cinco de marzo de 2009 se aprobó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PRIMERO: Se exhorta atentamente al titular del Poder Ejecutivo, y a los titulares de las Entidades Federativas emisoras y receptoras de migrantes para que reformulen políticas públicas y nuevos programas que garanticen la cobertura de las garantías individuales de los jornaleros migrantes, particularmente de las niñas y los niños. SEGUNDO: Se exhorta atentamente al Gobierno Federal que destine y aplique mayores recursos del presupuesto público, al programa de “Jornaleros Agrícolas” y los demás programas relacionados con la atención a este sector de la población en especial a los niños y jóvenes. TERCERO: Se exhorta atentamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que vigilen que se cumpla con las obligaciones y responsabilidades que deben asumir los productores-empleadores en atención a las leyes mexicanas.CUARTO.- Se exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública, para que formule e implemente un programa de atención integral educativo dirigido a los niños jornaleros migrantes, cuyo contenido, les provea de una educación integral en cuanto a la conciencia de sus derechos elementales y preparación para la vida además de los temas del programa oficial general. QUINTO: Se exhorta atentamente a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que a través de sus sedes estatales ubicadas en las entidades receptoras de jornaleros migrantes, Vigile el acatamiento del Artículo 4 fracción II, III, IV, VI y VII del Reglamento de la Procuraduría en lo relativo a: “…formular las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes por el incumplimiento y violación a las normas de trabajo y previsión y seguridad sociales y ante el Ministerio Público los hechos que presuntamente constituyan ilícitos penales; y a coordinar las actividades con las Procuradurías de la Defensa del Trabajo de las entidades federativas, a fin de establecer criterios comunes para el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la Ley les confiere”. SEXTO: Se exhorta atentamente a la Procuraduría para la defensa del Trabajo del Estado de Oaxaca, y al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante; para que establezcan coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, la correspondiente del Estado de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur y todas aquellas Entidades destinatarios de migrantes oaxaqueños; para trabajar en pro de la erradicación de la problemática de los Niños jornaleros migrantes. SEPTIMO: Se exhorta atentamente a las instancias de gobierno de las Entidades Federativas expulsoras y receptoras, responsables de atención a los migrantes a Implementar, de forma inmediata las acciones consistentes en promover la divulgación sobre los Derechos de los Niños en lo relativo a su implicación en jornadas laborales, mediante folletos en las lenguas de los inmigrantes, así como a través de talleres comunitarios en las zonas marginales; a establecer convenios de colaboración con los responsables de las Radios Comunitarias, radios comerciales y empresas socialmente responsables.”

Mismo que previo trámite fue aprobado por el H. Pleno y cumplimentado en sus términos al enviar los oficios a las dependencias requeridas.Pero es evidente que no han hecho lo indispensable y menos lo suficiente.

3.- A la fecha ante el desbordamiento del problema, provocado por que los empresarios y/o patrones llevaron al límite los abusos y la explotación de los seres humanos que para ellos son solo “la mano de obra”; las autoridades han empezado a encauzar las demandas de los trabajadores.

Dicho sea de paso, todo lo que logren los trabajadores y trabajadoras en esta fase, es bienvenido, porque sus demandas son justas y la apropiación de sus derechos se ha aplazado.

4.- Pero como en toda empresa, los patrones deben pagar íntegramente el salario justo y retributivo de sus trabajadores, además de otorgarles seguridad social y las prestaciones que por imperativo de la ley les corresponde

No es el estado el que debe pagar salarios por el trabajo que beneficia y reditúa grandes ganancias a los empleadores. Se trata -como se aprende en las lecciones básicas de derecho laboral- de una obligación por parte del patrón, es una contraprestación por el trabajo aportado por la parte obrera en esa relación de supra-subordinación. Es una retribución que debe ser justa y proporcional al beneficio obtenido por las empresas.

5.- Al Estado le corresponde otorgar servicio de seguridad social de nivel óptimo, en los centros de trabajo o en los lugares más próximos. Velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las generaciones. Garantizar el acceso a los servicios de educación para la población que labora en estas condiciones que a la brevedad deben ajustarse a los parámetros legales y dejar de ser sujetas de condiciones unilaterales por parte del capital.

Cambiar el asistencialismo por programas que solucionen de raíz la situación precaria de la población que es víctima de explotación laboral y maltrato a sus derechos, como consecuencia de la omisión del estado que los arroja a los campos de trabajo en esas condiciones de desigualdad y se desentiende también de garantizar su acceso a la justicia.

6.- Ante la situación imperante, es de justicia elemental, pronunciarse en favor de las demandas de las y los trabajadores; pero además profundizar en las causas que han llevado a las personas a concentrase en los campos agrícolas de producción extensiva, para así proponer la solución desde las diferentes vertientes al alcance del gobierno mexicano, cumpliendo así con su deber constitucional y convencional garante de los derechos humanos de todas y todos sin discriminación.

Es así que, desde luego, en el caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, se propone que el Estado Mexicano a través de los Poderes Ejecutivos deberán garantizar que la parte patronal cumpla con las condiciones indispensables para desarrollar su labor se desarrolle en condiciones de salubridad adecuados, que cuente con equipo especial para proteger su salud de los químicos utilizados como fertilizantes, plaguicidas y demás agentes tóxicos utilizados en los cultivos; que su salario se ajuste a $200.00 (DOSCIENTOS PESOS M.N.) por ocho horas de labor. Los servicios de seguridad social en favor de los y las trabajadoras y sus familias. Erradicar el trabajo infantil en los campos agrícolas y el cumplimiento de las obligaciones de los patrones y el Estado Mexicano, para el sano desarrollo y la educación de las niñas y los niños que acompañan a sus padres a los campos de cultivo y centros de trabajo.

En atención a lo descrito se propone la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y al Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de trabajo agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso sexual y laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de las y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen.

Suscribe,

DIP. ANGÉLICA ROCÍO MELCHOR VÁSQUEZ

Sede de la Comisión Permanente, a 19 de Mayo de 2015

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