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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES PARA QUE A LA BREVEDAD DESAHOGUEN LA INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL PRI EN CONTRA DE LOS CANDIDATOS DEL PAN A GOBERNADOR DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y BAJA CALIFORNIA SUR POR EL POSIBLE FINANCIAMIENTO DE ORIGEN DESCONOCIDO; Y SE EXHORTA AL INSTITUTO LOCAL Y ÓRGANO DE FISCZALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE INVESTIGUE EL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADO AL CANDIDATO DEL PAN EN ESE ESTADO.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con dos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

A raíz de las importantes reformas que se realizaron a 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en febrero de 2014 se publicaron nuevos ordenamientos legales para su reglamentación, así como adecuaciones diversas a otras leyes existentes que constituyen en su conjunto, lo que ha dado en llamarse la reforma en materia electoral; surgida ésta, de la convergencia y consenso de las fuerzas políticas de nuestro país, y que tuvo como fin esencial, el de lograr un sistema electoral más equitativo y transparente, a través de nuevas reglas que fortalecieran la representación y la imparcialidad de los órganos electorales.

Parte nodal de ese propósito consistió también en garantizar el respeto a la voluntad ciudadana, y en el establecimiento de sanciones estrictas a la violación de las normas en los procesos electorales, para lo cual de manera específica se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales que se propuso, entre otros asuntos, el establecimiento de los tipos penales y las sanciones en ese campo, con su correlato en las reformas que para darles consistencia, quedaron plasmadas en el Código Penal Federal.

De la misma manera, y con el fin de contribuir al logro de los propósitos de la reforma electoral, los nuevos ordenamientos y adecuaciones legales dieron origen al Instituto Nacional Electoral, dotándole de mayores y más claras facultades; lo mismo que a la Procuraduría General de la República. Al primero, entre otras atribuciones, la de estar en condiciones de realizar una más eficaz y expedita fiscalización de los recursos destinados al financiamiento de las campañas políticas; y, a la segunda, para una mejor aplicación de la Ley, a través del fortalecimiento de facultades de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Conforme a los plazos establecidos por la reforma electoral, en marzo iniciaron las campañas políticas para renovar como cada tres años, entre otras instancias, la composición de la Cámara Baja a nivel Federal, los titulares de las 16 delegaciones del Distrito Federal y su Asamblea Legislativa, la integración de los ayuntamientos en 887 municipales; y, para un periodo de seis años, los titulares a gobernador en nueve entidades federativas, entre las que se encuentran las de Baja California Sur y de Querétaro.

Es de presumirse que especialmente en estas dos últimas entidades, los candidatos a gobernador por el Partido Acción Nacional, habrían incurrido en delitos graves en materia electoral.

Así lo evidencia el video difundido en redes sociales1 y retomado por gran cantidad de medios de comunicación tanto locales como de alcance nacional, en el que se da cuenta de una conversación sostenida por ambos personajes, en la que el candidato de esa organización política por Querétaro, hace referencia a algún individuo cuya identidad se desconoce, al que se refiere como “kors”, que estaría entregando seis millones de pesos por cada mes hasta la finalización de la campaña política, lo que haría un total de 30 millones de pesos en aportaciones de origen desconocido; dándole a entender a su correligionario y candidato a gobernador por Baja California Sur, que un apoyo similar estaría disponible para él, por parte de ese ‘benefactor’ no identificado. 

Esa es al menos la interpretación y lo que se deduce de la conversación en clave sostenida por ellos en la que, la palabra kilos” pudiese equivaler conforme a algún código convenido por ambos, a millones de pesos. Literalmente comunica, al parecer el candidato de Acción Nacional por Querétaro al de Baja California Sur en ese video del mes de enero, que esa persona a la que no identifica por su nombre contribuiría con seis “kilos” por mes hasta el día de la elección.

Es decir, con treinta millones de pesos para cada una de esas campañas políticas para gobernador en sendas entidades monto que, de comprobarse, equivaldría a más de 100 veces al de las aportaciones autorizadas por los particulares para el apoyo a esas campañas.

Más grave aún resulta el hecho derivado de dicha conversación, en el sentido de que habría un compromiso de los candidatos, una vez habiendo ganado la elección, para el pago de dichos apoyos, si bien no se aclara o ahonda en la forma en que habría de realizarse dicho pago o las compensaciones que habrían de hacerse en favor del ‘benefactor de los candidatos no identificado; en cualquier caso, se infiere que seguramente incurriéndose en conductas ilícitas o actos de corrupción, en detrimento de las finanzas públicas de los gobiernos de esas entidades federativas.

De ser comprobadas por las autoridades competentes las conductas ilícitas en las que pudiesen haber incurrido esos candidatos de Acción Nacional, ellas encuadrarían en lo estipulado por el artículo 400bis del Código Penal Federal, así como en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señalándose en éste último que:

Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley2.

A ese respecto es de señalarse que desde el día 5 de este mes el Secretario Jurídico y apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), contra los candidatos del Partido Acción Nacional en Querétaro y Baja California Sur, los C. C. Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis respectivamente, por el posible financiamiento ilícito para el desarrollo de sus campañas, habiendo aportado para ello como prueba de esa demanda, documentos diversos y el propio video al que se ha hecho referencia, que recoge la conversación sostenida entre ambos candidatos, que estaría mostrando el ilícito por ellos cometido y que es del amplio conocimiento de la opinión pública.

Debieran ser en todo caso atendibles las inquietudes y preocupaciones externadas por el apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, al momento de presentar la denuncia en el sentido de que, de comprobarse la veracidad del audio, los candidatos postulados por el PAN habrían desplegado una conducta dolosa; que se requiere por parte de la autoridad electoral, el inicio de una investigación a fondo, para conocer el origen de estos recursos, ya que “…Por elemental sentido de respeto a la ley, los electores requieren saber el origen de estos recursos: ¿Quién los aporta? ¿De dónde vienen? Y ¿A cambio de qué?... ”3, Porque distorsionar la voluntad del electorado a través de ‘influencias nocivas’, como es la incorporación de recursos que incluso podrían ser ilícitos, llevan a que la ciudadanía tenga una suspicacia por la forma en que se conducen los procesos.

Y debiera ser atendible en lo inmediato dicha demanda, porque se está a escasas tres semanas de los comicios electorales en esas dos entidades y a nivel nacional pues, de no ser así, se estaría cayendo en el indeseable  apotegma jurídico que va en el en el sentido de que Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía’; ya que en efecto pueden ser diferentes las consecuencias de las penalizaciones previstas por la Ley, dependiendo del momento en que se adoptan las resoluciones y de la aplicación de las mismas.

Cabe señalar que, en congruencia con la demanda presentada que se señala ante los órganos competentes a nivel federal y nacional, otro tanto han hecho los integrantes de los comités estatales y los representantes del CEN del Partido Revolucionario Institucional ante las instancias correspondientes en los estados de Baja California Sur y Querétaro, quienes han demandado de ellas, que se cite a quien corresponda “para que aclare si se habla de millones de pesos o millones de dólares”; y que también digan “qué les ha pedido el ‘financiero’ de esas campañas a cambio de esa cantidad millonaria”4; confiando en que, por tratarse de una denuncia penal, habrá de ser la autoridad competente, la que determine la sanción que corresponda, lo mismo que la autoridad electoral, “… porque además los candidatos del PAN se han excedido en el dispendio de recursos, rebasando con mucho los gastos de precampaña y campaña…”5.

Por último, existen también evidencias como se muestra en un audiovideo6 que circula profusamente, de que el gobierno del Estado de Baja California Sur, estaría destinado recursos públicos de manera ilegal, a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional; específicamente recursos para el pago de estudios demoscópicos, tal y como se establece en dicho audio, en el que por un lado el candidato y el C. Gobernador de esa entidad, hacen alusión a la encuesta a cargo de una conocida casa encuestadora;, lo que se ve confirmado por el compromiso verbal del C. Secretario de Finanzas de dicha entidad de realizar el pago correspondiente a ese servicio.

Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter al juicio de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para que, con la celeridad que el caso lo amerita, desahogue la investigación correspondiente a la demanda presentada por representantes del Partido Revolucionario Institucional, en contra de los candidatos a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur, por el presunto rebase de los topes de campaña, a partir de financiamientos de origen desconocido.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que a la brevedad se realicen, a través de su Comisión de Fiscalización, las indagatorias sobre los montos y procedencia de los recursos empleados por los candidatos a gobernador del Partido Acción Nacional de los estados de Querétaro y Baja California Sur, ya que presuntamente han excedido los montos autorizados por la ley como aportación proveniente de los particulares, y cuyo destino se desconoce.    

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Organismo Público Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para que investiguen el posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional y, para la aplicación en su caso, de las sanciones correspondientes.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 13 de mayo de 2015.

 


1ENLACE Fecha de consulta: 9 de mayo de 2015

2 Ley General en Materia de Delitos Electorales (Subrayados nuestros).

3 Denuncia PRI recursos ilícitos en campañas del PAN. En; “El economista”, 6 de mayo de 2015. ENLACE Fecha de consulta: 9 de mayo de 2015.

4 Representante del CEN del PRI en Baja California Sur. Presenta el PRI denuncia contra el PAN ante la PGR. En: Peninsular Digital, 6 de mayo de 2015. ENLACE. Fecha de consulta: 9 de mayo de 2015.

5 Idem,

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