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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura,con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LAS GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN AGRAVIO DE JORNALEROS EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIAal tenor de las siguientes:

Consideraciones

México sufre una profunda y grave crisis de violaciones a derechos humanos. En los últimos tres años, el nivel de protección de los derechos de todas y todos ha venido deteriorándose. La protesta social ha sido duramente atacada por los agentes del Estado en detrimento de las libertades de expresión y de reunión, consagradas en nuestra Constitución y en beneficio de sistemas autoritarios. Lo anterior a tal grado que, manifestaciones realizadas el 1 de diciembre, el 1 de septiembre e incluso en Chalchihuapan, Puebla y los desaparecidos en Ayotzinapa se han vuelto ejemplos de un Estado incapaz de volver su mirada hacia la gente que clama por el respeto de sus derechos. La crisis es preocupante y requiere de un verdadero compromiso del Estado en su conjunto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2014 sobre libertad de expresión señaló que “durante este año (…) recibió información sobregraves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habríanafectado a decenas de manifestantes y periodistas.” Sin entrar en detalle, este organismo internacional ha hecho eco de esta crisis y ha vuelto la mirada a lo que está ocurriendo en nuestro país.

A los enumerados casos, se suma uno por demás preocupante, lo ocurrido en el Valle de San Quintín, municipio de Ensenada en Baja California el pasado fin de semana en agravio de trabajadoras y trabajadores del campo. En este lugar, hace poco más de un mes, salió a la luz la explotación laboral que padecen cerca de 42 miles de personas, principalmente indígenas, no sólo con bajos salarios, sino con jornadas laborales de más de 12 horas, insalubridad, inseguridad, exposición a agroquímicos, y sin contar con ningún servicio de salud o de seguridad social, ninguna prestación laboral y el continuo acoso sexual hacia las mujeres, o la contratación de menores de edad.

Durante muchos años las empresas agrícolas instaladas en la región de San Quintín han contratado de manera permanente y temporal a miles de indígenas provenientes principalmente del estado de Guerrero y Oaxaca, quienes aceptan las precarias e inhumanas condiciones laborales que les ofrecen las empresas ante la ausencia de oportunidades de trabajo en sus comunidades de origen.

No hay que olvidar que la comunidad donde ocurrieron esto acontecimientos, se llama Nuevo San Juan Copala y está integrada casi en su totalidad por indígenas triquis de Oaxaca. Estas comunidades fueron desplazadas por la violencia política de grupos armados ligados al PRI en su original San Juan Copala en la mixteca oaxaqueña y que desde el 2010 fueron a reubicarse a Baja California ante la incapacidad del gobierno estatal y federal para brindarles seguridad en Oaxaca y para desmovilizar y castigar al grupo armado que los desplazó.

Desde hace unos meses las y los jornaleros del Valle de San Quintín han levantado la voz y se han organizado para exigirle a las autoridades estatales encabezadas por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y a las federales su intervención para que las empresas agrícolas que los contratan cumplan con la Ley Federal del Trabajo, con las obligaciones estatales y nacionales en materia de empleo temporal, y sobre todo que respeten sus derechos humanos.Las respuestas de ambos niveles de gobierno no han sido satisfactorias, pues no se atreve a encarar a los empresarios y a hacerlos cumplir la ley, probablemente porque los dueños de las empresas se encuentran vinculados, política y financieramente, tanto al PRI como al PAN.

El 17 de marzo, cientos de jornaleros de la comunidad de San Quintín, en Ensenada, realizaron un paro general y bloquearon la carretera Transpeninsular. En esa fecha, los trabajadores agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, afirmaron que el gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, no había mostrado interés alguno en el conflicto ni en atender el pliego petitorio que difundieron en octubre de 2014. Este bloqueo terminó con un desalojo por parte de las autoridades policiales, municipales, estatales y federales, en que se usaron balas de goma y gas lacrimógeno, resultando 200 jornaleros detenidos.

A pesar de que incluso el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta para no viajar a San Quintín, ni los representantes patronales, ni el Gobernador acudieron a la zona de conflicto, sino tras dos días después del bloqueo. A mediados del mes de abril, se conformó un Grupo de Trabajo de Senadoras y Senadores con el fin de dar seguimiento a la delicada situación laboral que enfrentan estas personas.

El más reciente incidente en la zona fue provocado por que el viernes 8 de mayo, el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava Miranda no acudió a una reunión programada con el movimiento de jornaleros, a pesar de que públicamente la Secretaría de Gobernación había anunciado que encabezaría las mesas de diálogo para solucionar las demandas de los trabajadores.Su pretexto fue que no tenía en qué transportarse hasta el lugar de las pláticas. Para esta reunión se encontraban reunidos cerca de 4 mil trabajadores, integrantes dela Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Lo anterior derivado de la marcha organizada por un grupo de campesinos en la Ciudad de México, el 6 de mayo, solicitando mejores condiciones de trabajo en el campo, pidiendo un diálogo sobre el recorte al sector y respeto a sus derechos humanos.

El mismo día, algunos jornaleros decidieron instalar un plantón frente a las oficinas del gobierno del Estado en San Quintín, “aunque un grupo de 200 hombres, ajenos al movimiento, empezó a bloquear la Transpeninsular y a agredir con piedras y palos a los automovilistas, por lo que los jornaleros decidieron retirarse para evitar que fueran ligados a tales hechos violentos.”

La mañana del 9 de mayo, algunos jornaleros intentaron impedir el ingreso a Rancho Seco, uno de los campos productores de jitomate más grande de la región, en respuesta, los patrones solicitaron que agentes de la policía estatal evitaran el boicot ante la falta de respuesta del Subsecretario de Gobernación. En cuanto se percató de lo anterior el dueño del rancho llamó a la policía, que arribó cerca de las 5 de la mañana. La policía de Baja California ingresó a la colonia Nuevo San Juan y golpeó a jornaleros. En estos hechos resultaron heridos 70 jornaleros, nueve de ellos hospitalizados con lesiones de gravedad, incluso por el uso de balas de goma. Las violaciones a derechos humanos se multiplicaron, toda vez que la policía entró a las casas con lujo de violencia, arremetiendo contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos.

De acuerdo con el testimonio de Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, Miranda Nava lo habría amenazado vía telefónica. “Fidel, no me conoces, no sabes quién soy”, le habría dicho el subsecretario de Gobernación, de acuerdo al testimonio de Sánchez.Hasta ahora, Miranda Nava no ha desmentido estas versiones y tampoco ha dado una posición clara ante la represión desatada por el gobierno estatal, en pleno proceso de diálogo con las autoridades federales.

La Alianza de Organizaciones por la Justicia Social ha demandado la renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien responsabilizan por el “provocador e ilegal operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, agredidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron en sus hogares entre las cinco y seis de la mañana del sábado pasado, con un saldo de 70 personas heridas de balas de goma, toletazos y golpizas brutales”.

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil, reunidas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social han hecho hincapié en la situación de zozobra en que viven las personas de San Quintín, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos y la falta de atención por parte del Subsecretario de Gobernación. Asimismo, han reprobado el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial.

Es claro que el gobierno federal, a través del Subsecretario de Gobernación ha instrumentado una política no de resolución de conflictos sino de simple “administración” para reducir los costos políticos de la federación y encarecer los costos de los gobierno estatales distintos al PRI.Por ello, los conflictos han ido en aumento y se van diversificando, pues lo que inició como un asunto de regulación de las empresas agrícolas y de respeto a los derechos laborales, se ha convertido ahora en un caso de represión policial, personas heridas, detenciones arbitrarias y acoso a las y los líderes sociales que defienden los derechos humanos de las y los trabajadores.

Las claras violaciones a los derechos humanos que se cometen en Baja California, la complicidad o actuación omisa y dolosa de las autoridades estatales así como la intervención fallida del Gobierno Federal obligan a esta soberanía a intervenir y a evitar que esas violaciones se sigan cometiendo o que incluso puedan agravarse como ocurrió el pasado sábado.Las víctimas de San Quintín son pobres, indígenas, que huyeron de su comunidad por la violencia política, y ahora en Baja California son víctimas de la explotación laboral y víctimas de la represión policial en una cadena de violaciones en donde se demuestra claramente el desprecio del Estado por los derechos de los pueblos indígenas, de los más pobres y los más desprotegidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la Secretaria de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejor las condiciones laborales de las y los trabajadores jornaleros en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe pormenorizado a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respecto de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en el país, en particular en el Estado de Baja California, precisando las acciones que se adopten para evitar la violación sistemática de sus derechos laborales.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, del Estado de Baja California y del Municipio de Ensenada a detener toda medida encaminada a criminalizar la protesta social, adoptando las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos, en especial de las libertades de expresión y reunión. Asimismo, deberán informar las acciones tomadas a fin de evitar el uso excesivo de la fuerza, del allanamiento a domicilios particulares y detenciones arbitrarias derivados de protestas sociales.

CUARTO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar una protección efectiva a las personas trabajadoras en San Quintín, Baja California, en particular a las personas víctimas del posible uso excesivo de la fuerza pública en los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo.

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta alos titulares de las Procuradurías General de la República yGeneral de Justicia del Estado de Baja California a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, una investigación exhaustiva respecto de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la comunidad de San Quintín.

SEXTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja California a que en el ámbito de sus competencias yfacultades investigue la presunta participación de funcionarios públicos estatales en la administración, posesión o funcionamiento de algunas de las empresas agrícolas que han sido señaladas por no cumplir la Ley federal del Trabajo y por violar los derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas.

SÉPTIMO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaal Gobernador Constitucional del Estado de Baja California a que, para no interferir en las investigaciones que se desarrollen contra personal de su administración, se sirva a presentar una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su encargo, con el único fin de esclarecer los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de mayo de 2015

SUSCRIBE

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA


Lanza, Edison, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014, v. II, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 9 de marzo de 2015, p. 220, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-libertad-de-expresion.pdf, consultado el 11 de mayo de 2015

Sin embargo.mx, “10 CLAVES | San Quintín destapa, otra vez, la explotación laboral de miles de jornaleros” en sin embargo.mx, 4 de abril de 2015, http://www.sinembargo.mx/04-04-2015/1301176, consultado el 11 de mayo de 2015

Muestra de ello es la empresa Santa María de Los Pinos, cuya propiedad según diversos medios de comunicación pertenece, a los hermanos Víctor y Antonio Rodríguez, este último, ex secretario de Fomento Agropecuario en el Estado. Misma situación en la que se encuentran las empresas Valladolid y Aragonés, propiedad de Manuel Valladolid Seamanduras, actual secretario de Fomento Agropecuario.

La Jornada Baja California, “Ataca la policía estatal a jornaleros de San Quintín; 70 heridos” en La Jornada, 9 de mayo de 2015, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/09/agrede-policia-estatal-a-jornaleros-del-valle-de-san-quintin-603.html, consultado el 11 de mayo de 2015

Aragón, Olga y Aguirre, Javier, “Gobernación deja plantados a jornaleros del valle de San Quintín” en La Jornada, 8 de mayo0 de 2015, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/08/irrumpen-provocadores-en-protesta-de-jornaleros-de-san-quintin-5518.html, consultado el 11 de mayo de 2015

Sin embargo.mx, “Campesinos exigen a la Segob mejores condiciones de trabajo en el campo” en sin embargo.mx, 6 de mayo de 2015, http://www.sinembargo.mx/06-05-2015/1336514, consultado el 11 de mayo de 2015

La Jornada Baja California, “Ataca…”, op. cit.

Idem

Sin embargo.mx, “VIDEOS muestran a jornaleros golpeados tras operativo de la policía de BC en San Quintín” en en sin embargo.mx, 9 de mayo de 2015, http://www.sinembargo.mx/09-05-2015/1340081, consultado el 11 de mayo de 2015

Durik Jean, (video) “Policía estatal entra a casas de jornaleros a disparar y go” en YouTube, 9 de mayo de 2015, https://youtu.be/4NT5aa4Ocss, consultado el 11 de mayo de 2015

Aragón, Olga, Cruz, Javier y Heras, Antonio, “Jornaleros de San Quintín exigen la destitución de Francisco Vega de Lamadrid” en La Jornada, 11 de mayo de 2015, p. 13, http://www.jornada.unam.mx/2015/05/11/politica/013n1pol, consultado el 11 de mayo de 2015

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, “San Quintín: escenario de nuevos actos de represión y criminalización de la protesta” en Fundar Centro de Análisis e Investigación,http://fundar.org.mx/san-quintin-escenario-de-nuevos-actos-de-represion-y-criminalizacion-de-la-protesta/#.VVD33Pl_NBe, 11 de mayo de 2015

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