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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


La que suscribe, diputada federal LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos que agrupa a siete organizaciones civiles.

De acuerdo a la Red de Jornaleros Internos los estados donde existe explotación y abusos son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas de los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.

Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la Red de Jornaleros Internos. Se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura.

Además, señala la Red, el 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral.

La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años.

Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.

La Red, la mayoría de los jornaleros establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece jornadas laborales de ocho horas, los jornaleros agrícolas trabajan hasta 15 horas al día.

Asimismo más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. Todo ello a pesar de que los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales problemas que los jornaleros sufren, de acuerdo con la Red.

La vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse de 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas.

La organización Respuesta Alternativa ha registrado que más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuentan con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas.

Esta problemática  se ha presentado por la falta de supervisión por parte de las autoridades laborales, sanitarias, de asistencia social o migratorias.

La actividad en la zona se caracteriza por el movimiento de familias completas para realizar las labores agrícolas, conforme a las temporadas de recolección, los jornaleros provienen de comunidades rurales del centro y sur del país. Durante años se ha fomentado una cultura de violación a sus derechos humanos: carecen de servicios básicos, acceso a la salud, agua y educación.

Recientemente, alrededor de 50 mil jornaleros de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín (Ensenada, Baja California) se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales. El 17 de marzo, los trabajadores bloquearon la carretera transpeninsular y en respuesta la policía estatal, federal y miembros del ejército mexicano intervinieron para desalojarlos.

La protesta de un grupo de jornaleros en el valle de San Quintin, Baja California, del sábado 9 de mayo del año en curso, terminó en un enfrentamiento entre campesinos y policías locales.

Por lo que se reportó uso excesivo de la fuerza: disparos con balas de goma, gas lacrimógeno y malos tratos por elementos policiales. El saldo fue de 70 heridos, siete de ellos de gravedad, y cinco detenidos por diversos delitos.

Según el relato de la organización, los trabajadores de la comunidad triqui de Vicente Guerrero, en San Quintin, sostendrían este viernes una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para exigir un aumento salarial, pero el funcionario federal canceló y reprogramó la cita para el próximo miércoles 13 de mayo, lo cual provocó molestia a los campesinos.

Algunos policías entraron directamente a las viviendas de los jornaleros con lujo de violencia y detuvieron a  jornaleros, incluidos menores de edad.

Esta es la segunda ocasión que las autoridades responden con balas de goma, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a  los jornaleros por querer un salario justo y la defensa de los derechos laborales.

No es posible que estando en su país, el Estado no garantice la efectiva aplicación de las leyes laborales, de seguridad social, de asistencia social y de educación que garanticen los derechos humanos de estas personas. Es doblemente grave que el gobierno haga uso de la fuerza para disuadirlos de ejercer su derecho a la asociación, libertad de expresión y negociación colectiva, para exigir el respeto a los derechos que durante décadas les han negado.

Por tanto, las autoridades deben abstenerse de vulnerar los derechos de los jornaleros agrícolas, intensificar el número de visitas de verificación en estos sectores de alta incidencia, así como fomentar mecanismos interinstitucionales para supervisar periódicamente los centros de trabajo, con la finalidad de evitar la explotación laboral y proteger los derechos humanos de los trabajadores.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamentea la Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de mayo de 2015, en San Quintín, Baja California.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la ProcuraduríaGeneral de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a prácticas que atentan contra su dignidad.

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 12 de mayo de 2015.

 

DIP. LILIA AGUILAR GIL
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

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