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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SAGARPA y de la CFE para que atiendan la problemática que afecta a los productores agrícolas de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, inmersos en una situación de cartera vencida, respecto al pago de los servicios de energía eléctrica, suscrita por la senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE SENADORES.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LOS TITULARES DE LA SAGARPA Y DE LA CFE PARA QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE VILLA DE RAMOS, SALINAS Y SANTO DOMINGO, INMERSOS EN UNA SITUACIÓN DE CARTERA VENCIDA, RESPECTO AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUSCRITA POR LA SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

Proemio

La suscrita, Sonia Mendoza Díaz, senadora de la República por San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez; y al director de la Comisión Federal de Electricidad, contador público Francisco Rojas Gutiérrez, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales construyan una salida negociada, viable, integral y con perspectiva de largo plazo a la problemática que afecta críticamente a los productores agrícolas de riego de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida respecto al pago de los servicios de energía eléctrica y en riesgo inminente de quiebra económica y, por tanto, productiva, con base en los siguientes

Considerandos

Para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones más difíciles, producto de diversos factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que promuevan su sustentabilidad, desarrollo, y competitividad.

Sin ir más lejos, apenas el pasado 6 de enero y con ocasión de la conmemoración del nonagésimo noveno aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones habrá de presentar ante esta soberanía una iniciativa con la finalidad de impulsar una “profunda reforma” del campo, tendiente a actualizarlo a los tiempos que vivimos y convertirlo en un sector económicamente competitivo. Para bosquejar lo que será la reforma agropecuaria, el titular del Poder Ejecutivo federal partió de la premisa de que es “inadmisible que los mexicanos que se dedican a esta actividad no puedan tener en el horizonte mejores condiciones para el desarrollo y una vida digna”.

La difícil situación que viven los campesinos mexicanos, que si bien es prácticamente generalizada, tiene a su vez regiones en que la precariedad llega a tales extremos que bien podríamos hablar de una quiebra técnica de esta actividad productiva primaria para los campesinos que ahí habitan. Esos episodios verdaderamente dramáticos los están viviendo todos los productores agrícolas de riego potosinos, pero particular y dramáticamente los que habitan en Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo.

De manera dialéctica, dos grandes problemáticas concurren para la tragedia del campo potosino: la insolvencia para liquidar diversas obligaciones financieras como el servicio de energía eléctrica; y la ausencia de insumos (producto de esa moratoria), entre ellos la electricidad, elementos indispensables para poder generar las ganancias que permitan superar la insolvencia.

En estas localidades, la pérdida de rentabilidad de la producción de riego y su desoladora situación tiene diferentes causas, entre ellas: el alto precio de la electricidad para el bombeo en los pozos; el incremento en los costos del diesel, la gasolina, los fertilizantes, los agroquímicos y demás insumos agropecuarios; el abatimiento estructural de los mantos freáticos; la ineficiencia los equipos debido al bajo voltaje en el servicio eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, así como diversas irregularidades en los cobros, aunado a la inseguridad desatada respecto del robo de cable y equipos electromecánicos.

Por si esto fuera poco, los productores agrícolas del altiplano potosino han resentido además una caída drástica en los precios pagados al productor debido a que es evidente que se está importando masivamente producto que no es necesariamente de buena calidad y sin las medidas arancelarias que propicien equidad comercial en el mercado interno, además del histórico intermediarismo, el aumento de la inflación y las extremosas condiciones climatológicas que en temporada de calor provocaron un estiaje inclemente, y ahora en temporada de frío, la imposibilidad de trabajar la tierra por temperaturas de varios grados Celsius bajo cero.

Si consideramos que en San Luis Potosí se estima la existencia de 1500 pozos de riego agrícola con un potencial de más de 150 mil hectáreas y que en ellos se generan más de 110 mil empleos directos al año, es necesario reconocer que las exorbitantes tarifas que les requiere la Comisión Federal de Electricidad los están asfixiando.

Gravita lo anterior desfavorablemente en el desempeño de la economía de las comunidades, y acentúa aún más la recesión y el inmovilismo.

El sector primario de la economía necesita el apoyo y respaldo de las empresas públicas para ser un puntal del crecimiento económico y suficiencia alimentaria, de lo contrario, la magnitud del problema derivará no solamente en la pauperización de grandes franjas poblacionales, sino en conflictos sociales que habrán de empeorar todavía más la situación.

Este problema que afecta a todo el estado se centra y agrava en 30 mil hectáreas de riego en Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas, en los que todos los productores agrícolas están gravemente afectados en su rentabilidad y la inmensa mayoría en quiebra técnica.

Cálculos conservadores estiman que el nivel de cartera vencida respecto del servicio de energía eléctrica rebasa los 32 millones de pesos solamente en el caso de los campesinos de los tres municipios de referencia, pero la inversión que se necesita para reactivar económicamente al sector es mucho mayor. Es evidente que los recursos destinados al campo potosino no son suficientes, sobre todo si atendemos a que el presupuesto de egresos de San Luis Potosí en 2014 alcanzará un monto global histórico de poco más de 34 mil millones de pesos, y sin embargo, al rubro de desarrollo agropecuario, hidroagrícola y forestal solamente se habrán de destinar 300 millones de pesos, es decir, 0.8 por ciento y 3 millones de pesos menos que en el Presupuesto del año anterior.

La cifra es ilustrativa sobre las razones que explican el colapso.

En esta región potosina, los principales afectados son los pequeños y medianos agricultores, víctimas de abandono por los diferentes órdenes de gobierno, dejados a su suerte para encarar deudas impagables, primeros afectados por la pérdida de sus capacidades productivas y testigos impotentes de la pérdida de empleos productivos en lugares en los que el desarrollo regional no es más que una declaración vacía de significado.

El costo directo del desastre social estriba en que se ha vuelto incosteable cosechar los productos y dejando la parcela en pérdida total de la inversión, descapitalizando al sector y provocando una caía dramática en el empleo, cuyos efectos sociales también inciden en el incremento de la inseguridad pública y el desasosiego en las comunidades.

Hoy más que nunca está en riesgo la seguridad alimentaria del país porque el desmantelar la base productiva nacional ocurren casos como los de Villa de Ramos, Santo Domingo Salinas que dejan de producir ajo, chile, zanahoria, frijol, maíz, tuna, forrajes y ganado, que son hoy tan necesarios para el mercado local.

Pese a la angustiante situación, estoy convencida de que una salida es posible, si las autoridades reconocen que resulta necesario construir una solución que trascienda el cortoplacismo y que asuma corresponsabilidad respecto de los retos que enfrenta el campesinado mexicano.

Para lograrlo es necesario buscar de manera propositiva, abierta y franca una negociación asequible para superar el inmovilismo que en nada contribuye a la solvencia de los productores.

Una agenda mínima consistiría en resolver el problema de la cartera vencida; facilitar líneas de crédito verdaderamente accesibles; flexibilizar las reglas de operación para apoyar componentes realmente requeridos por los productores; normar los precios a los productores con base en la oferta la demanda y los costos de producción; proteger la base productiva nacional ante la competencia desleal acotando desmedido deseo de las empresas por obtener ganancias a comercializar alimentos de cualquier parte del mundo sin importarles si al hacerlo descapitalizan al pequeño productor mexicano; y llevar a cabo un proceso de revisión legislativo para determinar las reformas que hagan más efectiva la persecución de los delitos que merman el patrimonio de los campesinos y para que el interés de los sistemas de factoraje sean apagados por la cadena de supermercados, por ser ellos los que están comprando crédito.

Estamos a tiempo de rescatar de cultura de riego, incentivar la salud y competitividad de la base productiva nacional y no caer como país situación de dependencia alimentaria. Superar la insolvencia de pagos detonará el sector agrícola como el principal motor de la economía nacional y dignificará el acceso de los ciudadanos mexicanos en condición de vulnerabilidad social a una política pública que los incluya, los respete y que haga del campo un sector que compita en condiciones económicas equitativas, y que sea productivo sustentablemente.

El gobierno federal tiene la palabra.

Con base en lo anterior, se realiza la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez; y al director de la Comisión Federal de Electricidad, contador público Francisco Rojas Gutiérrez, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales construyan una salida negociada, viable, integral y con perspectiva de largo plazo a la problemática que afecta crítica mente a los productores agrícolas de riego de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida respecto del pago de los servicios de energía eléctrica y en riesgo inminente de quiebra económica y, por tanto, productiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de dos 2014.

Senadora Sonia Mendoza Díaz (rúbrica)