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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.


Propone elevar las multas a las entidades reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito cuando incurran en el delito que precisa el artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Paralelamente se propone elevar las penas en contra de aquellos que siendo empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión del delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito se establece que la violación a las disposiciones a que se refiere su artículo 115, será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la misma ley, con multa equivalente del 25% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 500,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Por otra parte, la reforma al segundo párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal, establece que las penas previstas en este artículo aumentarán hasta en una mitad para los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Comisión Permanente

H. Congreso de la Unión.

Presente.

La suscrita DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 fracción II, 56, 57 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con información derivada de estudios realizados por los Centros de Análisis del Congreso, diversos criminólogos precisan que el lavado de dinero se caracteriza por ser un conjunto de operaciones materiales e inmateriales, numerosas, complejas y estructurales entre sí, efectuadas por la delincuencia organizada existente al interior de un grupo de poder fuerte, mediante las cuales los recursos ilícitos provenientes u obtenidos son transformados en lícitos. Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), define el lavado de dinero como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.

Cifras de 2012 en materia de lavado, con información del Fondo Monetario Internacional, refieren que: “la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra, añadiendo que en México, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa, aproximadamente, el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país”.  

El marco normativo en nuestro país

Uno de los primeros antecedentes sobre la materia, aprobado en 1996, se ubica en el Código Penal Federal que establece, en su Título Vigésimo Tercero, artículo 400 bis, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las sanciones que establece van de penas de “cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.

Paralelamente, en este incipiente esfuerzo institucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue dotada de atribuciones “para emitir disposiciones de carácter general en la materia de prevención, detección, y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito de  operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Por otro lado y como resultado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 26 de agosto de 2010, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de octubre de 2012. En la exposición de motivos los legisladores reconocimos la necesidad de “proveer al Estado con las mejores herramientas jurídicas para prevenir en México la Comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, por lo que, en efecto, la responsabilidad de las autoridades para combatir la delincuencia en el país, cuyos resultados aún distan de alcanzar niveles deseados, se debe también canalizar en forma segura y confiable la participación activa de la sociedad en la consecución de este fin”.

Los legisladores consideramos “que es necesario ampliar su objeto para establecer que no sólo se trata de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, sino que también se requiere establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero[1]”.

Los instrumentos internacionales

En este contexto existen diversos mecanismos internacionales entre los que se destaca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional mejor conocida como Convención de Palermo. En su artículo 6, sobre la Penalización del blanqueo del producto del delito, se establece que “cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente”. Paralelamente en el artículo 7 se establece que cada Estado “establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero…”.

Contexto actual

Si bien la parte central de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita queda clara en el artículo 2 al establecer que fue expedida con el objeto de “proteger el sistema financiero y la Economía nacional, por medio del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional”, queda también claro que las Leyes en materia de lavado de dinero en nuestro país son relativamente nuevas y, en comparación con las existentes en otros países, pudieran parecer incluso laxas.

En este contexto es innegable el avance que la delincuencia organizada ha observado a lo largo de estos años en gran medida, hay que reconocerlo, por su lícita capacidad económica que sólo es posible con la complicidad de un entramado institucional que lo hace permisible. Cabe destacar que, en este orden de ideas, el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, en entrevista con un prestigiado medio nacional, en el marco de la Convención Nacional Bancaria realizada el pasado 25 de abril, reconoce que la existencia del llamado “blanqueo” en los bancos sigue latente, afirmando que: “las sentencias de lavado de dinero prácticamente no existen en la administración de Calderón, siendo que México se convirtió en la capital del lavado de dinero”.

Y los ejemplos están a la vista, basta recordar el reconocimiento del Banco HSBC en Estados Unidos de permitir el lavado de dinero en sucursales de nuestro país ante lo cual, en el caso de México, sólo se plantearon sanciones administrativas. Para darnos una idea de la cantidad de recursos que se manejan en los bancos de México, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el periodo enero – abril de este año su utilidad neta ascendió a poco más de 34 mil millones de pesos. Sólo en abril pasado, los resultados por intermediación ascendieron a 10,000 millones de pesos, lo que significó 50% de lo reportado al cierre de 2012, y un aumento de 73% respecto a los 6,000 millones de pesos observados al cuarto mes del año pasado[6] .

Es por ello que, como una nueva generación de reformas, es necesario fortalecer no sólo las sanciones en contra de los delincuentes sino también de aquellos que presuntamente les facilitan la disponibilidad lícita de sus recursos ilícitos. En este sentido es necesario que los empleados, funcionarios y organizaciones bancarias que incurran en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita enfrenten penas y multas más severas.

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa que se propone plantea elevar las multas a las entidades reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito cuando incurran en el delito que precisa el artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Paralelamente se propone elevar las penas en contra de aquellos que siendo empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión del delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tal virtud pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito ydel Código Penal Federal.

Primero.- Se reforma el décimo párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: 

Artículo 115.-

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente ley, con multa equivalente del 25% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 500,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Segundo.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 400 bis.-

Las penas previstas en este artículo aumentarán hasta en una mitad para los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente a los doce días del mes de junio del año 2013.

SUSCRIBE

Sen. Dolores Padierna Luna


[1] IBID.

[2]Notimex. “Banca pule ganancias en México” El Economista. 3 de junio 2013. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/06/03/banca-pule-ganancias-mexico