+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Abril de 2019

Versión para descarga


PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (12:21 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 ciudadanas y ciudadanos Senadores, rectifico, señor Presidente, 91 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del lunes 29 de abril de 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las doce horas con treinta y ocho minutos del día once de abril de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ciento siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Alejandro Armenta Mier, comunicación por la que informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 26 de abril del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Xóchitl Gálvez, Informe de su asistencia y participación en el Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, llevado a cabo el 23 de febrero, en la ciudad de Mexicali, Baja California.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió del Senador Mario Zamora Gastélum, Informe de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 23 de febrero en el Salón Ejidal de la ciudad de Mexicali, Baja California.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Susana Harp Iturribarría, Informe de su participación en los Foros de Consulta Libre, Previa e Informada de las Personas Afromexicanas, realizado en las ciudades de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, Cuajinicuilapa, Guerrero y Mata Clara, Veracruz, realizados los días 9, 10 y 16 de febrero.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Kenia López Rabadán, Informe de su participación en la 63a. Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada del 11 al 22 de marzo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.-La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Informe de su participación en la XXII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada los días del 24 al 27 de febrero.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Nestora Salgado García, con la que Informe de actividades de su participación en la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeños, realizada los días 21 y 22 de marzo de 2019.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- S Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.-Se turnó a las Comisiones Unidas Gobernación; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica el Calendario Legislativo, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con Proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.- Fue aprobado.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se propone la incorporación del Adéndum y modificaciones  a las consideraciones del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.- Fue aprobado

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva que modifica los resolutivos tercero y cuarto del Acuerdo en relación con el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con Proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.- Fue aprobado en votación económica.

(Comparecencia)

Comparecencia del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el Marco del Análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.- En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Dante Delgado Rannauro del MC; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Verónica Martínez García del PRI; Ismael García Cabeza de Vaca del PAN; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; Higinio Martínez Miranda de MORENA; el Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios. En la segunda ronda, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Eunice Renata Romo Molina del PES; Antonio García Conejo del PRD; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Cora Cecilia Pinedo Alonso del PT; Verónica Delgadillo García de MC; Beatriz Paredes Rangel de PRI; María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN; José Alejandro Peña Villa de MORENA; el Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios; el Presidente de la Mesa Directiva, intervino para dar el mensaje final en relación a la comparecencia del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco del análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Dictamen de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social; en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.- Quedó de primera lectura.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que el dictamen será discutido la próxima sesión del Senado, a celebrarse el 29 de abril de 2019.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 98 y 99; y adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto que reforma el artículo 125 y adiciona una fracción al artículo 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisión de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se  reforman los artículos 157, 158 y 160; y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda; al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera; con proyecto de Decreto que reforma los artículos 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.- Quedó de primera lectura.

 

En el uso de la palabra, el Senador Marco Antonio Gama Basarte, solicitó se integre al Orden del Día con la finalidad de que se ponga a consideración de la Asamblea y se vote, llevar a cabo, bajo la figura de Parlamento Abierto el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su caso retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, Estado de México.- La Presidencia señaló que en el momento procesal oportuno se turnará su Punto de Acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento del Senado.

(dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República.- Para presentar el dictamen, intervino la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: Omar Obed Maceda Luna del PRD; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Dante Delgado Rannauro de MC; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; Julén Rementería del Puerto del PAN; Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En votación nominal, se emitieronse emitieron un total de 112 votos: 78 votos en pro; 4 en contra y 30 abstenciones.En consecuencia, quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Se remitió a Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el ejercicio multinacional "TRADEWINDS 2019", del 30 de mayo al 21 de junio de 2019.-Para presentar el dictamen, intervino el Senador Eruviel Ávila Villegas a nombre de la Comisión de Marina. Sin discusión, en votación nominal, se emitieronse emitieron un total de 106 votos: 101 votos en pro; 0 en contra y 5 abstenciones.En consecuencia, quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. Sin discusión, en votación nominal, se emitieron un total de 102 votos: 102 votos en pro; 0 en contra y 0 abstenciones.En consecuencia, quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de menores.Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes, en sentido negativo:

1. Un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA Minuta con proyecto de Decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y

2. Un dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA Minuta con proyecto de Decreto que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sin discusión, en votación nominal, se emitieron un total de 96 votos: 96 votos en pro; 0 en contra y 0 abstenciones. Fueron aprobados ambos dictamen. Se devolvieron a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

La presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160, y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de culturas populares. A solicitud de la Comisión de Cultura, se consultó a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Susana Harp Iturribarría de MORENA. En la discusión intervino Bertha Xóchitl Gálvez Ruizdel PAN. Se emitieron un total de 98 votos: 98 votos en pro; 0 en contra y 0 abstenciones.Fue aprobado en lo general y los artículos no reservados. Para presentar reservas, intervino la SenadoraNancy De la Sierra Arámburo del PT, al artículo 160 la cual fue admitida y aprobada. En la votación de artículo reservado, se emitieron un total de 94 votos: 94 votos en pro; 0 en contra y 0 abstenciones Fue aprobado en lo general y en lo particular con la modificación al artículo 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se remitió a la Cámarade Diputados para los efectos constitucionales.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciaria de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de los Países Bajos así como Representante Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).-Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Liechtenstein.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Japón.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia- Pacífico- África.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor de la ciudadana Helena Sybel Galván Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Cónsul General de México en Sao Paulo, República Federativa del Brasil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen punto de Acuerdo:

1. El que exhorta a los Congresos estatales de diversas entidades federativas a revisar sus Constituciones Políticas, a fin de armonizar su contenido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

2.  El que solicita a los titulares de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración a que rindan un informe sobre las acciones para prevenir y erradicar la trata de personas.

3. El que exhorta a las entidades que tienen pendiente armonizar sus legislaciones locales, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así como a instalar sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y a constituir sus Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

5. El que acuerda colocar una placa de reconocimiento postmortem en el espacio denominado "La Cuña" de este recinto legislativo, que disponga el nombre de la defensora de derechos humanos "Digna Ochoa y Plácido", así como un reconocimiento a las víctimas y personas defensoras de derechos humanos.

Para presentar los cinco dictámenes intervino la Senadora Kenia López Rabadán a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

Sin discusión, los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, los que contienen puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República recomienda a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar a revisar y operar la posibilidad de que no se modifique la edad de acceso al programa Pensión para Adultos Mayores que opera esa dependencia, en orden de mantener los efectos positivos que este apoyo ha tenido en las condiciones de vida de ese grupo de población y en la sociedad mexicana en su conjunto.

2. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza y en todo el territorio nacional.

3. El que exhorta a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a recabar la información necesaria sobre las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles.

4. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación, a la de Salud y a otras autoridades competentes, para que se instale el Registro Nacional de Población, se emitan las Normas Oficiales Mexicanas y se coordinen con los organismos constitucionales autónomos para la implementación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, el que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República resuelva si ejerce la facultad de atracción de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias presentadas contra el exgobernador del estado de Zacatecas.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre a nombre de la Comisión de Justicia.  Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la  Comisión de Minería y Desarrollo Regional, el que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a verificar que los proyectos mineros en operación en territorio mexicano respondan a los principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía local.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, Dos dictámenes de la  Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de Acuerdo:

1. El que recomienda al Congreso de Baja California Sur, a que revise la normatividad referente a las cuotas de aprovechamiento a las que son sujetos los turistas extranjeros que visitan el estado, contenidas en la Ley de Hacienda del estado.

2. Por el que el Senado de la República recomienda al gobernador de Chihuahua, a revisar el Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, con el fin de propiciar una plena coordinación en el ámbito de seguridad.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes:

1. De las Comisiones Unidas Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, el que DESECHA proyecto de Decreto que adicionaba diversas disposiciones de la Ley Minera.

2. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA dos proyectos de Decreto presentados durante la LXIII Legislatura.

3. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA, proyecto de Decreto por el que se declaraba la festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional, presentada durante la LXIII Legislatura.

4. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

5.- De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA el proyecto de Decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

6. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA tres proyectos de Decreto presentadas durante la LXIII Legislatura.

7. De la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, el que DESECHA siete proposiciones con punto de Acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, presentadas durante la LXIII Legislatura.

8. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que DESECHA ocho proposiciones con punto de Acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas.

9. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, el que DESECHA dieciocho proposiciones con punto de Acuerdo presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas.

10. De la Comisión de Cultura, el que DESECHA seis proposiciones con punto de Acuerdo presentadas durante la LXIII Legislatura.

11. De la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, el que DESECHA punto de Acuerdo que exhortaba al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México; y a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas.

12. De la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, el que DESECHA punto de Acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Desarrollo Social para que se incluyeran obras y acciones en materia de movilidad y sustentabilidad en los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

13. De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que DESECHA diez puntos de Acuerdo presentados en la LXIII Legislatura.

14. De la Comisión de Turismo, el que DESECHA cuatro puntos de Acuerdo presentados durante la LXIII Legislatura.
La asamblea autorizó la discusión y votación de manera conjunta de los catorce dictámenes que desechan asuntos. Sin discusión, fueron aprobados en votación económica y se instruyó descargar el registro correspondiente darlos por concluidos e informar a los proponentes.

(Comunicación)

Se recibió de la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, comunicación con la solicitud de fe de erratas, correspondiente al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que esta asamblea aprobó el pasado 11 de abril- La fe de erratas se refiere a los artículos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, y al artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto. La asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Fue aprobado y se remitió el texto aprobado a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Turno directo)

Se dio turno directo a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

 

De la Senador Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, con aval del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 115, 115 Bis y 115 Ter de la Ley General de Salud.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Nacional de Identificación Personal. -Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 61; y adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente del artículo 2, de la Ley General de Educación.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones XXVII al artículo 10 y XXV al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso al artículo 11 de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora María Merced González González, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.- Se dio turno directo a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del Sistema de Salud Pública. -Se dio turno directo a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que ponga en operación el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la distribución de combustible.- Se dio turno directo a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar a esta Soberanía un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los elementos de obra pública básicos de su factibilidad. -Se dio turno directo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, a considerar a la sociedad civil en la construcción de una agenda a favor de la igualdad de género. -Se dio turno directo a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como de la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. -Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador José Luis Pech Várguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo a que realice las modificaciones necesarias a la legislación estatal, para transparentar la forma en cómo se realiza el cálculo de los incrementos de las tarifas por el servicio de agua potable y que se establezca la Unidad de Medida y Actualización para sustituir al Salario Mínimo en las leyes correspondientes.- Se dio turno directo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que solicita se ponga a consideración de este Pleno y se vote, llevar a cabo, bajo la figura de "Parlamento Abierto" el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su caso retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó al Diario de los Debates.

(Efemérides)

De la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, del grupo parlamentario Morena, relativa a la Semana Nacional de la Seguridad Social.- Se insertó al Diario de los Debates.

 

De la Senadora Sasil de León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, relativa al 156 Aniversario del Natalicio del Dr. Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó al Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el lunes 29 abril a las 11:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintiuna horas con cuarenta y seis minutos.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión ordinaria del jueves 25 de abril de 2019, se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






Queremos solicitar a todas y a todos lo siguiente:

El pasado sábado 27 de abril se conoció del deceso de la licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas, destacada economista, con sensibilidad y agudeza jurídica.

Una mujer reconocida, inteligente, generosa y leal con sus convicciones y causas.

Destacada académica, servidora pública y legisladora federal.

Fue pionera en impulsar la participación en la toma de decisiones de las mujeres.

Fue integrante de la Segunda Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputada Federal, Senadora de la República, donde se desempeñó como Presidenta de la Gran Comisión y primera Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Hoy honramos la memoria de una mujer mexicana progresista y liberal.

MINUTO DE SILENCIO

Por lo tanto, les solicitamos a todas y a todos guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Pueden tomar asiento.

Por Acuerdo de la Mesa Directiva, hará uso de la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, al respecto.

Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quería expresar mi sentido y profundo pésame porque conocí a María de los Ángeles Moreno, hace ya creo que 25, 30 años, y para mí la noticia de su adelanto ha sido una triste noticia.

Una extraordinaria mujer feminista, congruente.

La conocí, conviví con ella en la Cuarta Conferencia de la Mujer en China. Devastada, acababa de salir de ser Presidenta del PRI, y conocí de cerca su congruencia por los derechos humanos de las mujeres y eso me convenció siempre porque sé la militancia de izquierda que existe también al interior del PRI y la militancia feminista.

A María de los Ángeles la movía la causa y el derecho, y yo sí lamento muchísimo su muerte, le quiero expresar mis condolencias, especialmente a Beatriz Paredes; a la Senadora Beatriz Paredes, al PRI, por supuesto que lo hago.

Sé lo que significa la baja de una mujer como ella en cualquiera de nuestras filas, pero en especial del PRI.

Y deseo que su familia tenga una pronta recuperación, pero que quede claro, no nos morimos del todo, ahí están nuestras ideas, nuestras luchas, nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestras canciones, a ella le gustaba cantar, y me encanta saber que todo lo que ella defendió lo seguimos defendiendo.

Descanse en paz, y muchas gracias por el uso de la palabra.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Malú Micher.

Tiene la palabra, por Acuerdo de la Mesa Directiva, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, señoras y señores Senadores:

El señor Presidente de la Mesa Directiva ha comunicado ya a los integrantes de esta LXIV Legislatura el fallecimiento de la licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas.

Compartimos con las Senadoras y Senadores que la licenciada Moreno fue la primera mujer y hasta ahora la única que ha llegado a presidir el órgano de gobierno del Senado de la República.

Esto fue en la LVII Legislatura del Senado, en octubre de 1994 fue Presidenta de esta Cámara Alta.

La legisladora Moreno Uriegas presidió el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados en la LV Legislatura federal; asimismo, fue Presidenta del Órgano de Gobierno de la Asamblea del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Esto la convierte en uno de los pocos mexicanos y, desde luego, la única mujer hasta hoy que ha encabezado los órganos de gobierno del Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, en su caso el Distrito Federal.

María de los Ángeles fue Secretaria de Estado, fue Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Brillante legisladora la recordamos, entre otras cosas, por su espíritu de conciliación y apertura, su capacidad negociadora y de inclusión que fue siempre el timbre de su gestión legislativa.

María regresó al Senado en la LX y en la LXI Legislatura de 2006 a 2012.

En esta Legislatura de la Equidad de Género, es pertinente rendir homenaje a una mujer que fue precursora por méritos propios de la participación femenina en los más altos niveles de liderazgo.

María de los Ángeles Moreno Uriegas, economista y política, vivió con intensidad, con gran pasión por México, defendió los intereses de la nación y del Estado laico y actúo para fortalecer siempre al Estado mexicano, honrándolo como funcionaria, trabajadora, honesta, eficaz, inteligente y serena, sin declinar nunca, en ningún momento, de sus principios y convicciones, ha dejado huella en la historia del Poder Legislativo Mexicano.

Desde aquí enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, a sus innumerables amigos, y con ellos decimos, como muchos mexicanos, vamos a extrañarla.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Kenia López, adelante.

Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece que este fin de semana fue un fin de semana complejo para quienes acompañamos los temas de mujeres y los temas de género.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a María de los Ángeles Moreno, nos queda clara su sonrisa franca siempre, siempre amable, siempre cercana, absolutamente inteligente es, sin duda, un gran recuerdo el que nos va a acompañar.

Este homenaje que le hacemos hoy en el Senado de la República demuestra que no es solamente un tema de mujeres, sino es un tema de mujeres y hombres la construcción de este país, que ella lo demostró, que estando sentada en el escaño más alto de este cuerpo colegiado, que siendo la lideresa del Senado, tuvo la posibilidad de construir y de aportar desde su visión de mujer.

Para quienes la acompañaron durante muchos años, a lo interno de su partido político, sin duda, será una gran pérdida, pero también para las mujeres y los hombres de los distintos partidos políticos que la conocimos y vimos certeza de su trabajo, hoy es un día que vale la pena desde esta Cámara de Senadores, señor Presidente, reconocer, más allá de partidos, más allá de temas políticos, hoy me parece que estamos reconociendo el trabajo de una mujer absolutamente inteligente, absolutamente amable y por supuesto, una servidora pública que desde su perspectiva, desde su visión y desde su partido aportó a este país.

Puse yo en mis redes sociales que este nuevo camino para ella está iluminado, y ojalá y así sea.

Muchísimas gracias, señor Presidente, y a sus compañeras y compañeros de partido, por supuesto, todo nuestro cariño estará en el mejor de los espacios, porque sin duda, fue una gran persona.

Muchísimas gracias, Senadora.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Dante Delgado, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Dante Delgado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sí es una trágica noticia la muerte de María de los Ángeles Moreno, porque aquí en este mismo recinto cuando se hizo el cambio de Xicoténcatl, en la LXI Legislatura luchó por el Estado laico, quiero decirles que María de los Ángeles luchó por políticas públicas que beneficiaran a todas las mexicanas y mexicanos, ella, como una mujer preparada, de convicciones, con emociones y, sobre todo, con congruencia, siempre procuró un estado de bienestar y desarrollo económico para los grupos vulnerables.

Libró batallas a favor de impulsar la banca de desarrollo que había sido severamente lastimada.

Impulsó los derechos de las mujeres, de los niños y, sobre todo, a lo largo de quienes pudimos convivir con ella en esa responsabilidad y en responsabilidades anteriores, acreditó humildad, sencillez, humanismo, precisamente por ello su presencia nos hará falta, mujer excepcional, pero sobre todo mexicana excepcional, porque como bien lo dijo el Senador Ramírez Marín, es una mujer que se destacó, por mérito propio, en condiciones de profunda adversidad, desempeñando el liderazgo en la Cámara de Diputados, el liderazgo en la Cámara de Senadores y el liderazgo en la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, pero sobre todo fue dos veces Senadora de la República y siempre comprometida con los sectores sociales más vulnerables de México.

Su emoción y su pasión le llevó un buen tiempo a estar bastante apartada de su propio partido, el que había dirigido, pero siempre fue congruente con sus principios, y lo dijo, “tengo que seguir en la misma ruta que había escogido, porque adentro, tenemos que darle una sacudida a ese partido”.

Para ella, el reconocimiento y admiración personal, quiero subrayar, desde luego para la bancada del Partido Revolucionario Institucional, pero muy en especial para Beatriz Paredes, que mi solidaridad y afecto, que la relación que tuvimos ella, Pedro Joaquín Coldwell y algunos otros compañeros más, con ellas nos logró estrechez y cercanía durante muchos años.

Creo que este Senado de la República debe tomar una iniciativa que es de la propia Beatriz en que le rindamos un reconocimiento. Movimiento Ciudadano respalda este planteamiento y creo que todos, quienes tengan que decir algo de ella, vale la pena que lo digan, anécdotas, vivencias, porque es una mujer por encima de la diferencia de partidos, porque es más progresista que muchos que se decían progresistas, fue una mujer verdaderamente progresista, con banderas a favor de las mejores causas de México.

Para mí es un pesar, para Movimiento Ciudadano es un pesar, pero su memoria, su pensamiento siempre estará presente en nosotros para no desviarnos de algo que siempre le dije: “María, la congruencia es sustantiva en la vida y tú eres una mujer congruente, porque eres un ser humano congruente”.

Gracias a la Mesa Directiva por haber tomado la iniciativa de que el primer punto del Orden del Día fue este minuto de silencio y este homenaje a María de los Ángeles Moreno.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está el Senador Mancera, la Senadora Geovanna Bañuelos, la Senadora Vanessa Rubio y después la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

Parece que la Senadora Ruiz Massieu estaba antes, vamos a escuchar al Senador Mancera y luego la Senadora Ruiz Massieu.

¿No tiene inconveniente?

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) No.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora Ruiz Massieu, quien es, además de Senadora de la República, Presidenta Nacional del PRI.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Expresar a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI, primero, gratitud por las expresiones que se han vertido aquí para recordar a nuestra compañera María de los Ángeles Moreno.

Decir que María de los Ángeles fue una mujer y una política de peso completo, una mujer preparada, con una enorme sensibilidad social, con un compromiso inquebrantable con México, con las mejores causas que siempre buscó nos unieran a los adversarios y a los propios priístas.

Su calidad, su sensibilidad, su congruencia como legisladora, como servidora pública, como demócrata y como mexicana, sin duda, se crecen en estos momentos de nuestro país.

Fue una mujer progresista y liberal en la mejor tradición de liberalismo mexicano.

La lucha que dio toda su vida por los derechos humanos, por la igualdad, por el Estado laico y por su ciudad, creo que ha quedado acreditaba por los comentarios que aquí se han vertido.

Quienes la conocimos, sus compañeros de partido, sus amigos, sin duda la echaremos mucho de menos.

Y reconociendo mucho estas muestras de solidaridad, de cariño hacia ella, queremos pedirle, señor Presidente, en nombre de nuestro grupo parlamentario y a los demás grupos parlamentarios, que pueda considerarse como Presidenta que fue de esta Cámara de Senadores, realizar un homenaje en Xico, en la Cámara de Xicoténcatl, para honrarla y conmemorarla en un homenaje sobrio en días posteriores.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Mancera Espinosa, adelante.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Tengo la encomienda del grupo parlamentario de externar nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos, a las amigas, a todas las personas que quisimos a la luchadora María de los Ángeles Moreno, una luchadora social, una mujer que, yo diría, no tuve la suerte de conocerla tanto, pero sí tuve la suerte de conocerla de manera directa, no una mujer que se pudiera clasificar o de izquierda o de derecha, porque era una mujer de causas y cuando abrazaba una causa la llevaba de manera digna y con toda convicción.

Me tocó tratarla en varias ocasiones y siempre su postura era una postura así, con plena convicción, temas muy importantes en donde tuvo logros que todo mundo reconoce, y además una mujer que respecto de su partido político siempre habló bien y siempre buscó tenerlo en la mejor posición.

Nosotros la vamos a extrañar en el desarrollo de la política pública de nuestro país, porque ella hasta sus últimos momentos, en las últimas oportunidades que tuve yo de platicar con ella seguía buscando crear mejores perspectivas de la política nacional, buscar las mejores formas de encontrar soluciones para México.

Así que estoy convencido de que es necesario rendirle este homenaje que se ha planteado aquí al grupo parlamentario, por supuesto que lo apoya, y nosotros reiteramos este sentido pésame a una mujer que incluso en la adversidad de esa dolorosa enfermedad la llevó con muchísima dignidad, pareciera que no pasaba nada por su salud, siempre estaba con esa sonrisa, cuando sonreía con esa sonrisa característica con la que la vamos a recordar.

Así que descanse en paz nuestra querida amiga María de los Ángeles Moreno.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

Senadora Geovanna Bañuelos, desde su escaño.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo queremos sumarnos a este sentido pésame que se hace particularmente al grupo parlamentario del PRI, al Senado de la República y a todo México.

Coincidimos en que María de los Ángeles Moreno era una mujer preparada, una mujer sensible, una mujer liberal de avanzada, que tuvo un sinnúmero de cualidades que ayudaron a que acciones tan contundentes como que hoy en día está integrado un Congreso de la Unión con paridad sea una realidad.

Estuvo atrás de muchas luchas, fue una mujer que rebasó la institucionalidad de un partido y que se entregó con profesionalismo y con honradez a su país.

Sostenemos que efectivamente debemos honrarla, nos sumamos a la petición que hace la Senadora Claudia Ruiz Massieu, que la debemos honrar de manera institucional, para quienes tenemos carrera dentro de la vida parlamentaria, dentro del Poder legislativo, no deja de ser un extraordinario referente la carrera y la trayectoria política de nuestra querida María de los Ángeles Moreno, logró, en tiempos en que la paridad no era una cuestión de obligatoriedad de la ley, presidir la Cámara alta del Senado de la República, como ya lo mencionaron, así como la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa.

Pero logró muchas otras cosas también significativas, probablemente más, concientizar a una sociedad en pensamiento de que se debe de actuar con sensibilidad, se debe de actuar con equidad y que se puede aun estando en los más alto niveles de la clase política de nuestro país, sostener con congruencia y con honestidad los principios.

Desde el Partido del Trabajo nuestro más sincero pésame para todos los compañeros Senadores, nuestro particular pésame para la Senadora Beatriz Paredes, para el profesor Alberto Anaya, quienes tuvieron la fortuna de compartir en lo público y en lo privado toda una historia.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos De la Torre.

Senadora Vanessa Rubio, sonido en su escaño.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Siendo la Vicepresidenta de México ante el Parlatino, me permito leer una declaración de condolencias que envió justamente este Parlamento Latinoamericano.

“El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la ex Senadora María de los Ángeles Moreno, destacada política e intelectual mexicana que a lo largo de su fructífera vida pública prestó invalorables servicios a su país y a la región latinoamericana y caribeña.

Además de los destacados cargos que desempeñó en México, ocupó importantes funciones en el Parlatino como Secretaria de Comisiones y después Secretaria General, cargos en los cuales dejó la huella de su probidad, inteligencia y compromiso.

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño expresa su sentido pésame a la familia de la ex Senadora, así como al Parlamento, al gobierno y al pueblo de este gran país mexicano”.

Sede, Parlamento del Parlatino, en la ciudad de Panamá.

Firman el Diputado Elías Castillo, Presidente.

Y el Diputado Pablo González, Secretario General.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Senador Cristóbal Arias, desde su escaño.

El Senador Cristóbal Arias Solís: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Deseo sumarme a este merecido homenaje a la Senadora María de los Ángeles Moreno.

Y sumarme a la propuesta que ha hecho la Senadora Claudia Ruiz Massieu, para que en breve podamos, en la antigua sede del Senado, hacer un justo, digno y merecido reconocimiento a una destacada mujer mexicana.

Conocí a María de los Ángeles Moreno como Diputada Federal, coincidimos y fuimos compañeros en el Senado de la República, y me quedo de ella el ser una mujer excepcional, culta, preparada y en tiempos de una correlación de fuerzas políticas distinta a la que hoy prevalece, siempre tuvo un trato personal amable, respetuoso a la oposición, a las minorías, y un trato muy delicado, como una gran mujer, a cada uno de quienes le tratamos.

La recuerdo muy bien, en tiempos difíciles, de confrontaciones, ella era una voz sensata en la política mexicana del partido predominante, del Partido Revolucionario Institucional, en todos los partidos políticos, más allá de los partidos, más allá de sus principios, de sus programas, de sus ideologías, siempre habrán de destacar personas positivas y María de los Ángeles fue siempre, en todo momento, una mujer altamente positiva.

La recuerdo siempre atenta, amable, respetuosa, prudente y congruente en su decir y en su hacer. Por eso estoy seguro que la mayoría de las Senadoras y de los Senadores del Partido Regeneración Nacional estaremos todos, todas, sumándonos a esta iniciativa para que tengamos ese acto importante en recuerdo de su trayectoria, en su memoria, en su honor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Arias Solís.

Senador Israel Zamora, desde su escaño.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, también nos unimos a la tristeza que embarga a los familiares y amigos de la Senadora María de los Ángeles Moreno.

Durante el fin de semana muchos de nosotros seguramente en nuestro celular comenzamos, en los chats en los que estamos, a recibir la noticia que había perdido la vida y había una característica común en todos esos chats o en esos mensajes, y era el lamento o la tristeza que había en las personas, porque todos ellos coincidían en la gran mujer que fue la Senadora María de los Ángeles.

Yo puedo decir que ella fue portavoz de muchas causas, muchas de ellas causas que eran de minorías y que a veces no encontraban la puerta para llegar a este recinto, al Senado, para defenderse y ella siempre mantuvo abierta esa puerta.

Por ella muchas de esas voces que a veces no se escuchan, que a veces por cuestiones o intereses políticos muy fuertes, como en el caso de los ataques que a veces sufre el Estado laico, ella fue portavoz de esas causas, y siempre se portó y permaneció en sus convicciones, en sus principios, de manera muy congruente.

Por eso creo que no solo es una pérdida que sufre el Partido Revolucionario Institucional, sino es una pérdida que sufre todo nuestro país, por esas causas minoritarias que representan una defensa al Estado laico también. Pero también recordamos toda la lucha que hizo para mantener una Banca de Desarrollo fuerte, fortalecida, en beneficio de todo nuestro país.

Por eso en nuestro partido también nos unimos al deseo que los familiares y amigos de la Senadora María de los Ángeles encuentren pronto consuelo y resignación.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Guzmán.

Senador Vasconcelos, sonido en su escaño.

El Senador Héctor Vasconcelos: (Desde su escaño) Quisiera solamente agregar un recuerdo en memoria de María de los Ángeles Moreno.

Sus muchas virtudes ya han sido descritas aquí por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, pero quisiera subrayar un aspecto de su trayectoria que hizo que nuestros caminos coincidieran hace aproximadamente una década.

Yo la había conocido hacía muchísimo tiempo, pero entre el año 2005 y 2010, más o menos, surgió la ocasión de hacer una defensa a ultranza del laicismo mexicano, del Estado laico.

Trabajamos, entonces, en el establecimiento de República laica y me consta que a veces, yendo en contra de la corriente de algunos sectores de su propio partido, ella defendió el Estado laico con la más arraigada convicción, con el mayor entusiasmo y sin regatear ningún esfuerzo.

Ahí trabajamos y me quedo con el recuerdo de esa María de los Ángeles Moreno, que además defendió otras muchas causas liberales en las que yo creo también muy profundamente.

Sea honrada su memoria y me agregaré a cualquier homenaje que el Senado de la República le pueda hacer en tiempos próximos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadoras y Senadores, esta Presidencia hace suya la propuesta del grupo parlamentario del PRI para realizar un homenaje formal en días próximos, una vez terminado el periodo ordinario de sesiones. Lo hacemos con gusto y con convicción.

Solamente quisiera agregar a todo lo dicho que también la ex Senadora María de los Ángeles Moreno, Legisladora, Diputada local por la Ciudad de México, fue una firme impulsora de las reformas políticas de la capital del país, lo hizo en 1997 apoyando la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Que incorporaba diversas modificaciones, entre otras las del plebiscito y la iniciativa ciudadana, y lo hizo también al promover la Reforma Política en el 2001.

Nos tocó a Beatriz Paredes y a un servidor, entonces como Diputados, como coordinadores parlamentarios, recibir la propuesta de la Asamblea Legislativa, encabezada por María de los Ángeles Moreno.

Con todo gusto hacemos nuestra la iniciativa para hacer un sentido, merecido homenaje a María de los Ángeles Moreno.

Bien, solicito a la Secretaría continúe con el Orden del Día.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió una comunicación del Senador Pedro Haces Barba, con el que remite informe sobre su participación en el “México Mining Day” de la Convención y Feria Minera “Prospectors & Developers”, realizada los días 4 y 5 de marzo en la ciudad de Toronto, Canadá.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedo enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de Senado.

Continúe la Secretaría.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió un oficio del Banco de México con el que remite informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasemos al siguiente asunto.






FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: También se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el que remite copia del dictamen a los estados financieros, correspondientes al 31 de diciembre de 2017 y 2018.








Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación, del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CONGRESOS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, un oficio con el que remite voto aprobatorio del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El punto anterior se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Energía.

En este punto la Asamblea queda enterada. Y se integrará el voto correspondiente al expediente, en virtud de la declaratoria constitucional emitida el pasado 4 de abril del 2019

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite voto no aprobatorio del proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se integrará el voto correspondiente al expediente, en virtud de la declaratoria constitucional emitida el pasado 4 de abril de 2019.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un oficio con el que exhorta al Senado de la República a rehacer o, en su caso, modificar sustancialmente el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato, que envió la Cámara de Diputados.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se remite a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibieron seis oficios, con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y Senadores promoventes, y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CONTRALORÍA INTERNA

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió un oficio de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2018.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda en poder de la Secretaría para consulta de las señoras y señores Senadores, y se pondrá a consideración del Pleno en la siguiente sesión ordinaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de Empleados Superiores de Hacienda.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: De igual forma se recibió, de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Partidas Secretas.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos Segunda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Del mismo modo se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






Antes de pasar al siguiente asunto, quiero felicitar a la Senadora Citlalli Hernández, que el día de hoy es su cumpleaños.

¡Muchas felicidades!

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, devuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La minuta que nos ocupa derivó de un proyecto legislativo aprobado en la Cámara de Senadores, como de origen, el 25 de abril de 2018. El propósito del proyecto de Decreto consiste en establecer que para los casos de madres o padres trabajadores con niñas, niños y/o adolescentes diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, gozarán de una licencia para ausentarse de sus labores por cuidados médicos de los hijos, en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización incluyendo, en su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Decreto, incorporando una modificación para adicionar un Artículo Segundo Transitorio, con el objeto de establecer la previsión de recursos presupuestales que se requieren para cumplir con la implementación de las acciones correspondientes, que garanticen el otorgamiento de las correspondientes licencias por cuidados médicos.

En tal virtud y por considerar que el citado proyecto satisface íntegramente el interés superior de la niñez, la Mesa Directiva acordó poner a consideración de la Mesa Directiva la Asamblea, que con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Senado, autorice si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se ponga a discusión de inmediato.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Senado, la Asamblea autoriza que el asunto se considere de urgente resolución y se le dispensen todos los trámites para proceder a su discusión en este momento, en este acto.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto descrito se considere de urgente resolución y se le dispensen todos los trámites para ponerlo a su discusión en este acto. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchísimas gracias, Senadoras y Senadores.

En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que de conformidad con el artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión que realicemos sobre el proyecto que nos ocupa versará únicamente sobre la adición del Artículo Segundo Transitorio al proyecto de Decreto, sin poder alterarse los artículos que ya han sido aprobados por ambas cámaras.

Por lo anterior, si la adición hecha por la Cámara revisora es aprobada por la mayoría absoluta de los votos presentes de los integrantes de esta Asamblea, todo el proyecto se enviará al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

También, por tratarse de un solo artículo, que es la adición de un nuevo Artículo Segundo Transitorio al proyecto de Decreto, la discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión la minuta. Se inserta la intervención de la Senadora Gabriela Benavides Cobos.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Al no haber oradores ni oradoras, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Senadora.

Procederemos a la votación del Artículo Segundo Transitorio, adicionado por la Cámara de Diputados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora de emitir su voto. Sigue abierto el sistema.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 115 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se aprueba el Artículo Segundo Transitorio adicionado por la Cámara de Diputados al proyecto de Decreto.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y de la Ley Federal del Trabajo. Se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Agradecemos a todas las Senadoras y Senadores su disposición para dispensar los trámites y aprobar por unanimidad esta reforma que apoya a los niños y niñas con cáncer y facilita que los padres y madres de familia puedan dedicarles tiempo y atención.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para la eliminación de la figura del Estado Mayor Presidencial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, en materia de bienestar y ahorro.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






También tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 157 Bis 1 y se reforma el artículo 157 Bis 12 de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157 BIS 1 Y 157 BIS 12 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 915 del Reglamento, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, en materia de contaminación del mar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Informo que tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad y democracia sindical y negociación colectiva.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se somete a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Napoleón Gómez Urrutia, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Esta Presidencia saluda la presencia de los Diputados Locales del Congreso del Estado de Guerrero, los Diputados Adalid Pérez Galeana, Arturo Martínez Núñez, Ossiel Pacheco Salas, Servando Salgado Guzmán y Carlos Cruz López, un saludo para los legisladores locales del Estado de Guerrero.

¡Bienvenidos!

Ruego a las Senadoras y Senadores su atención para la presentación del dictamen de reforma laboral que se someterá a discusión.

También solicito a las asesoras y asesores nos permitan trabajar ubicándose en la zona más adecuada y guardando silencio y respeto.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El presente dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, tiene por objeto garantizar la libertad sindical, fortalecer la justicia laboral y proteger la libertad de negociación colectiva.

Es importante señalar que el dictamen en cuestión logra armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017, en materia de justicia laboral y libertad sindical.

La razón de ser de esta reforma constitucional es generar beneficios a las personas empleadoras y a las personas trabajadoras, mejorando las condiciones de trabajo y fortaleciendo la tutela judicial efectiva, en materia de justicia laboral.

El dictamen se sustenta en los parámetros de regularidad constitucional, es decir, en los principios y derechos laborales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, poniendo las bases sólidas para una transformación y democratización del régimen sindical y de la negociación colectiva, toda vez que se incorporan los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.

A estos cambios se suma la ratificación por México del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, así como la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, ambos instrumentos internacionales para ser armonizados en un marco jurídico laboral vigente.

El dictamen en cuestión garantiza los derechos de libertad de agrupación de la clase trabajadora, cuya lucha se ha gestado durante décadas, buscando en todo momento la reivindicación legítima de los derechos laborales.

La Reforma laboral que se avala en el dictamen garantiza que las decisiones tomadas por los trabajadores serán consideradas y protegidas.

En ese sentido, se puede decir que la reforma contribuye al avance progresivo del derecho de las personas asalariadas al generar condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical, evitando cualquier posible injerencia, presión o coacción por parte de los empleadores o de las autoridades.

Un aspecto trascendental de la reforma es el establecimiento de una instancia de conciliación como requisito prejudicial que estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales, privilegiando la amigable composición. Ésta nueva figura en el marco legal ofrece una auténtica posibilidad de solución de los conflictos laborales, disminuyendo los plazos de resolución de los mismos a partir de un diseño que se llevará ante funcionarios conciliadores especializados en la resolución y solución de los conflictos. Con ello se sustituye la conciliación y administración de justicia tripartita, cuya ineficacia llevó a un detrimento en el acceso y la verdadera administración de justicia.

Por lo anterior, los órganos conciliadores cuentan con la independencia e imparcialidad necesaria para garantizar que sus actuaciones se ajusten a las exigencias sociales y de justicia que durante años han promovido miles y miles de personas trabajadoras.

De igual forma esta propuesta materializa lo mandatado por la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral del 24 de febrero de 2017.

Respecto del apartado de justicia laboral, es importante señalar que el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas recoge la preocupación e incertidumbre que padecen las personas trabajadoras respecto de la deficiente administración de justicia laboral existente.

En tal sentido, el dictamen optimiza el derecho a una tutela judicial efectiva entendida como el derecho a acudir a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de una acusación a través de un proceso en el cual se garantice el debido proceso y se emitan sentencias legítimas que tiendan a garantizar y proteger los derechos laborales cuando estos se vean en riesgo de ser violados.

El dictamen secunda el establecimiento de un sistema de justicia laboral eficiente y adecuada, acorde a las exigencias sociales y de justicia en la clase trabajadora, pero sobre todo acorde con los parámetros de un verdadero Estado de derecho.

Como se señaló anteriormente, uno de los ejes centrales de la reforma dictaminada es hacer efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo, lo cual responde a la necesidad de que la justicia sea impartida por los órganos del Poder Judicial. Por tanto, coincidimos con la creación de tribunales independientes con lo cual se propicia la emisión de sentencias justas y constitucionales.

Con lo anterior, el dictamen materializa el mandato constitucional de crear mecanismos efectivos para la solución de los conflictos laborales y disminuir los plazos de resolución de los mismos. En consecuencia, la presente reforma generará un cambio determinante en el sistema laboral mexicano transitando hacia un desarrollo integral y sustentable en el que toda persona trabajadora sea verdaderamente protegida por el marco normativo vigente, así como por los órganos de gobierno responsables de garantizar sus intereses.

En conclusión, esta reforma coadyuvará con el objetivo de alcanzar los parámetros óptimos de una sociedad justa y responsable, tanto con los trabajadores como con los empleadores en beneficio de sus propios intereses.

Ahora bien, durante los últimos meses quiero mencionar que celebramos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y yo personalmente como Presidente, una serie de reuniones con diferentes organizaciones y sectores sindicales, empresariales, empleados especialistas en derecho laboral, abogados democráticos y otros más, y aunque no fueron propiamente foros o reuniones de Parlamento Abierto porque no había llegado el dictamen de la iniciativa de Reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, sirvieron de base para identificar algunos puntos importantes que no estaban incluidos en el proyecto inicial y otros que no fueron modificados por los Diputados.

De tal forma que hay varias propuestas de modificación y actualización sobre algunos temas que tendremos que revisar y discutir en un próximo periodo de sesiones, ya sea ordinario o extraordinario.

De lo que hemos conservado con los originalmente proponentes y con los diferentes partidos políticos y fracciones parlamentarias, debo mencionar que el Senado de la República establece el compromiso de hacer los ajustes correspondientes para analizarlos y presentarlos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como posteriormente al Pleno de este Senado de la República.

Con ello en mente y como un compromiso de esta institución, solicito se apruebe el presente dictamen de esta iniciativa de Reforma laboral.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Napoleón Gómez Urrutia.

Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa. Senadoras, Senadores. Querido pueblo de México.

“Si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría”. Dice una frase común.

Pero las cosas extraordinarias sólo se consiguen en momentos extraordinarios, como éste que vive nuestro querido México.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos, Segunda, les fueron turnadas para su análisis y dictaminación la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva.

Con las reformas propuestas en el dictamen se armoniza la legislación secundaria para reglamentar la Reforma Constitucional de febrero de 2017 en materia Laboral. Asimismo, con los cambios propuestos se atiende a exigencias sociales que no habían recibido atención legislativa durante décadas en materia de derechos laborales colectivos.

Por otro lado, la reforma permite que nuestra legislación nacional se adecúe a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que amplían y protegen los derechos humanos de la clase trabajadora, como son: los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.

Es así que el asunto que nos ocupa significa un salto para nuestro Estado social y constitucional de derecho, pues conviene y contiene avances sustantivos como los siguientes:

1. Hace explícito el respeto para las libertades y dignidad de las personas trabajadoras, estableciendo que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores, así como su familia.

2. Establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia.

3. Dicta que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.

Por otra parte, en materia sindical y de negociación colectiva, el proyecto contiene los siguientes progresos:

1. Se establece que los integrantes de sindicatos, federaciones y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, lo que implica que no pueden ser obligados a formar parte de algún sindicato, federación o confederación.

2. Subraya que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los integrantes, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género.

3. De igual forma, aclara que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados.

Además, las directivas deberán rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio.

4.- Agrega que el registro del sindicato podrá cancelarse por incumplimiento de su objetivo cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión contra los patrones.

5. Sobre la firma del contrato colectivo, el dictamen indica que el apoyo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto, constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva.

6. Se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

7. Fija como obligación al patrón implantar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil.

8. Específica que debe entregar a sus trabajadores de forma gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo de los 15 días siguientes a que este documento sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación.

9. Se prohíbe al patrón cualquier acto u omisión que atente contra el derecho de los trabajadores a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva.

Tampoco puede realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus empleados.

10. En cuanto a trabajadores de confianza, refiere que no podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos.

11. En cuanto al salario, el documento precisa que en todos los casos…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senadora.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Claro.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Me pide la Senadora Jesusa Rodríguez que haga un llamado para el silencio y atención a la oradora.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Le agradezco mucho, señor Presidente.

Gracias, Senadora Rodríguez.

11. En cuanto al salario, el documento precisa que en todos los casos el trabajador tendrá acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago.

12. Se precisa que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener la designación de beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su desaparición derivada de un acto delincuencial.

Por otro lado, la propuesta contribuye a saldar una deuda histórica de justicia, de humanidad, de verdadero compromiso con los más necesitados, porque por primera vez en la historia de México habrá justicia para las clases trabajadoras del campo de todo nuestro país.

En este tema se contempla lo siguiente:

1. Se determina que el patrón llevará a cabo un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades para registrar la acumulación de estas, a fin de establecer la antigüedad y con base en la suma de éstas calcular las prestaciones y derechos.

2. Se establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores del campo, debiendo tomar en consideración la naturaleza, cantidad y calidad del trabajo, así como el desgaste físico ocasionado por las condiciones laborales.

3. Asimismo se señala que, para este tipo de trabajadores, el patrón tendrá la obligación de suministrar de forma gratuita habitaciones con agua potable y piso firme, y deberá impartir capacitación de seguridad sobre el trabajo. No más historias de esclavitud, inhumanas, en el campo mexicano.

Respecto a las trabajadoras del hogar, que constituyen otro de los grandes grupos vulnerables del sector laboral, que históricamente han sido objeto de discriminación y estigmatización, la reforma establece que los patrones están obligados a inscribirlas al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes.

Este aspecto, aunque benéfico, sin duda, necesariamente deberá adecuarse a las últimas reformas en la materia, recientemente aprobadas por esta Soberanía, a fin de completar su objetivo y reivindicar efectivamente los derechos de las trabajadoras del hogar.

Finalmente, en cuanto a la justicia laboral, el avance indiscutible es su judicialización, lo que le dará verdadera autonomía, independencia e imparcialidad, liberándola de las redes de corrupción añejamente construidas por poderes ejecutivos despóticos, cúpulas sindicales corruptas y el poder fáctico del capital

Así, la impartición de justicia laboral pasa a ser competencia del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, mientras que las funciones de conciliación y registro que hasta ahora corresponden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pasan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a los centros de conciliación de las entidades federativas.

Estas transformaciones orgánicas van acompañadas de un nuevo proceso laboral que, por mencionar solo algunas de sus bondades, se señalan las siguientes:

Establece una muy amplia suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores, asigna la carga de la prueba hacia el patrón en caso de negativa del despido, contiene una amplia reglamentación sobre el ofrecimiento, admisión y desahogo de los diversos medios de prueba, garantizando la celeridad de juicio y debido proceso, establece una estricta reglamentación sobre plazos y términos procesales para garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta.

Se otorgan amplias facultades al juzgador para impartir justicia, por encima de formalismos procesales.

Se establecen medidas cautelares especiales para casos de discriminación o acoso sexual.

Se moderniza la justicia laboral, al implementar la utilización de medios informáticos para la realización de diversos actos procesales.

Para finalizar, estimadas Senadoras y Senadores.

Destaco la participación de los trabajadores, sindicatos y empresarios en la construcción de la presente reforma laboral, quienes fueron escuchados mediante ejercicios de Parlamento Abierto.

El reconocimiento amplio para los integrantes de la Comisión, indudablemente de Estudios Legislativos y también del Trabajo y Previsión Social, al Senador Gómez Urrutia.

Por todo lo dicho, es que estoy convencida de que más allá de armonizar la legislación con las convenciones internacionales, este dictamen da respuesta a una larga lucha, donde hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores mexicanos dieron su vida por la democracia sindical y el mejoramiento de sus condiciones de vida, pues se trata esta iniciativa que pronto con su apoyo será ley, de un acto de justicia histórico, que contribuya a lograr la anhelada justicia social para el país y para los siempre discriminados.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Mucha gracias, Senadora Rivera Rivera.

Vamos a proceder a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como lo establece el artículo199, numeral 1 del Reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos por cada uno.

En consecuencia, daremos la palabra, en primer lugar, al Senador Miguel Ángel Mancera, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del PRD, vamos a fijar el posicionamiento respecto del dictamen de la Reforma laboral.

Estamos convencidos de que nuestro país requiere una modernización, adecuación y, por supuesto, el establecimiento de líneas de acción concretas para mejorar la relación y el impulso del sector de los trabajadores y las trabajadoras de la producción, de la productividad, de la relación con las empresas, con el empresariado.

Este dictamen que hoy está siendo analizado lleva, en la gran parte, esta intención. Digamos que se está construyendo un marco normativo que impulse, lo más importante, el avance en esta relación obrero-patronal que pueda dar un motor sustentable y, por supuesto, permanente de desarrollo a nuestro país.

El contenido del dictamen refleja propósitos en este sentido, se establecen cambios que no son menores en la forma de enjuiciar, en la forma de resolver las controversias laborales, se habla ya de la sustitución de la Junta Federal y Local de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los poderes respectivos; la creación de un Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral, la incorporación del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para solución de conflictos.

Es decir, una serie de lineamientos y una serie de disposiciones que lo que buscan es mejorar las tareas propias de la materia laboral, pero no podemos perder de vista también que hay que encontrar los equilibrios; una ley como esta debe encontrar los equilibrios, porque si no hay empresas difícilmente va a haber trabajadores.

No se trata de acabar con los ricos, se trata de acabar con los pobres, se trata de que no haya gente con desempleo. Así es que esta será la virtud, precisamente, de la legislación laboral: encontrar los equilibrios para que pueda haber productividad y para que pueda haber buenas condiciones hacia los trabajadores y las trabajadoras.

Nosotros estamos convencidos que el ánimo de construcción política que hoy está en este Senado es en esa línea, queremos tomar la palabra del Presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, del Senador Napoleón Gómez Urrutia, de seguir construyendo en este Senado, de seguir construyendo lo que en este momento no pueda ser totalmente abordado.

Queremos tomar esa palabra, ese compromiso, lo mismo y en el mismo sentido el compromiso formulado de manera directa por el Senador Ricardo Monreal, de abrir este espacio para la construcción, para escuchar a todos los sectores involucrados. Por supuesto para escuchar al empresariado, para escuchar a los académicos, a los expertos; el compromiso de tener un Parlamento Abierto en el Senado de la República que pueda continuar con esta construcción.

No es una tarea terminada, de ninguna manera, hay cuestiones todavía por discutir, por analizar. Nosotros queremos dejar constancia ya de mucho de estos temas que se tienen que ver, que se tienen que revisar; uno sustancial que advertimos ya, es lo que recién se aprobó en este Senado de la República respecto de las trabajadoras y los trabajadores del hogar.

Aquí nos tomamos fotografías y celebramos este logro, lo celebró el Presidente del Senado, lo celebró cada uno de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación. Todos celebramos haber llegado a este consenso, entonces sería muy lamentable que esta reforma bloqueara eso que se logró.

Por eso confío en que todos pondremos de nuestra parte para que eso no suceda, para que avancemos realmente como se está planteando.

Así es que en la parte conducente habremos de presentar reservas, sí, ya para dejar constancia de muchos de los temas que merecen una discusión detallada, una discusión profunda, una discusión con todos los grupos de interés en que a México le vaya bien, porque tanto los trabajadores y trabajadoras están interesados en eso, como la parte empresarial, la parte académica.

Y no quiero dejar de lado, por supuesto, nuestra tarea y nuestro compromiso como Senadoras y Senadores de la República.

Habremos, pues, de hablar del presupuesto. El presupuesto para hacer un cambio como el que se tiene que hacer de Juntas de Conciliación a jueces, en materia laboral, es decir, a Tribunales en el Poder Judicial, no es un presupuesto menor.

La implementación del sistema penal, se plantearon ocho años para llevarlo a cabo, y todavía hubo premura financiera, presiones difíciles de subsanar para los estados, para cada una de las entidades federativas, entonces, debe de estar bien armado esto, bien acuerpado financieramente.

Hay que revisar muy bien esta disposición que hoy establece la posibilidad, o más bien la obligación de probar hechos negativos, desde el punto de vista procesal esto hay que revisarlo, estoy refiriéndome al artículo 784, al artículo 400 Bis, en donde también debemos de revisarlo.

Ojo, este todavía con mayor cuidado porque se está estableciendo una obligación que no está en la legislación, ni en las prácticas de los Estados Unidos, y conste que estamos abonando para el Tratado de Libre Comercio, entonces esto puede ser contraproducente.

Hablamos también de plantear una penalidad porque se dice que hay que sancionar a los extorsionadores, pero conforme a la legislación del fuero común, conforme a la legislación federal, porque si no hay que establecer la figura típica y establecer la penalidad, porque si no se queda en una buena intención nada más, no está hoy señalado.

Y así me referiría también al artículo 154 de la cláusula de exclusión, cuando estamos hablando que fortalecemos a los trabajadores que por supuesto ellos tendrán toda la libertad y todo el derecho de afiliarse, y acabamos de firmar y acabamos de ratificar con nuestras firmas el Tratado de la OIT, cómo ahora les vamos a evitar que sean contratados si no se afilian. Ese es otro punto muy importante, entre otros, compañeras, compañeros.

Habremos de hacer nuestra presentación de las reservas, en su momento, pero nuestra intención, y que quede claro, es de apoyar a la clase trabajadora sin menoscabo de encontrar los equilibrios para que no se afecte a la pequeña, a la mediana empresa y a las empresas más grandes. Es decir, que no se pare el motor económico de nuestro país.

Esa será una tarea fundamental en los equilibrios de esta legislación laboral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Tiene la palabra el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: No basta la buena intención del mandatario. Es indispensable el factor colectivo que representan los trabajadores.

Al pueblo de México ya no le sugestionan las frases huecas, libertad de conciencia, libertad económica.

Pugnemos, pues, por la dignidad nacional, por el bienestar común y la justicia social.

General Lázaro Cárdenas del Río.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Estamos a punto de modificar una de las legislaciones más sensibles para la sociedad porque, sin duda alguna, la ley debe de proteger en todo momento a la clase trabajadora.

Recordemos que uno de los logros obtenidos en la lucha revolucionaria es el derecho laboral, consolidado por primera vez en la historia mexicana en la Constitución de 1917, y llevamos casi más de medio siglo sin una reforma integral que contemple aspectos que, en la actualidad, son de gran relevancia para beneficio de nuestros trabajadores.

El sector laboral debe tener derechos y obligaciones en igualdad de circunstancias, condiciones y oportunidades sin afectar roles de competencia entre el empleador, el trabajador y los agremiados sindicales.

Por ello, reconocemos en este dictamen la apertura de todos los grupos parlamentarios para lograr la reforma que desde tiempo atrás se ha trabajado entre los diversos grupos interesados, como lo son las organizaciones sindicales, el sector empresarial y el Congreso de la Unión, conocidos como consulta tripartita, pero también a los académicos y defensores de los derechos laborales.

Hoy consolidamos la reforma constitucional del 2017, la cual buscó dar mayor certeza jurídica a los trabajadores para el pleno acceso a la justicia laboral a través de mecanismos ágiles, imparciales, objetivos y eficientes en la solución de controversias.

Quiero resaltar tres aspectos sustanciales de esta reforma, como son:

Primero. La libertad sindical. Contemplada en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, permitiendo que los trabajadores se afilien libremente a un sindicato sin las presiones patronales. Recordemos que este convenio tiene tres principios de libertad sindical: la de crear, la de afiliarse y la de no asociación.

Esto representa un compromiso internacional que debemos adaptar a la legislación laboral, y consideramos que en este dictamen se contempla cada uno de ellos.

Segundo. Justicia laboral. Mediante la cual se liberan los obstáculos a los que actualmente se enfrentan los trabajadores en la solución de conflictos, garantizando con ello el derecho a acudir libremente ante tribunales independientes e imparciales.

Tercero. Negociación colectiva. Incluida en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue uno de los primeros temas discutidos y aprobados por esta LXIV en el Senado de la República.

Es el mecanismo que protege a los trabajadores a través de la asociación sindical y el contrato colectivo mediante la creación de un organismo descentralizado denominado Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral.

Estos elementos muestran la importancia que reviste una reforma que beneficia a la clase trabajadora de nuestro país porque ellos son la piedra angular en el avance económico y social de nuestra nación.

Estos tres aspectos son componentes fundamentales para el crecimiento de México, así lo entendemos los Senadores del Partido Verde y, en congruencia, votaremos a favor del presente dictamen y apoyaremos el ejercicio de Parlamento Abierto propuesto para analizar las observaciones que han enviado al Senado de la República los diversos grupos interesados y así fortalecer el sentido de representación de esta reforma.

Manifestamos el compromiso para reforzar los derechos laborales en temas como el mejoramiento de las condiciones de los trabajos especiales y de confianza y de las empleadas del hogar, que deben de ser debatidos para evitar las simulaciones y la evasión de la certeza laboral.

Para concluir, quisiera transportarnos a aquel México de 1934 a 1940, periodo en que el General Lázaro Cárdenas del Río, como Presidente de México, se comprometió a atender las demandas populares reflejadas en su plan sexenal.

Contenía lo que sería la posición del gobierno hacia la protección y el desarrollo de la organización sindical.

Las masas populares se consolidaban como el factor clave para el desarrollo económico del país; tal y como se reflejó en esa etapa en México, hoy continuamos avanzando hacia la búsqueda de la justicia social que permitirá a la clase laboral consolidar sus derechos laborales al igual que a los empresarios su seguridad económica, lo que resultará en la generación de más empleos que tanto nos demanda la sociedad.

Porque no debemos olvidar, compañeras y compañeros Senadores, que sin desarrollo económico no habrá nunca justicia social para México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Bolaños Cacho.

Tiene la palabra el Senador Joel Padilla, del Partido del Trabajo.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras, Senadores. Mexicanas, mexicanos y colimenses.

El día de hoy es un día histórico en el Senado de la República porque se presenta a nuestra consideración y votación un dictamen en materia laboral en el cual se reconocen derechos de los trabajadores que fueron bandera de lucha por más de tres décadas.

A principios de los años ochenta empezó la implementación en nuestro país del modelo neoliberal, que se caracterizó con la eliminación paulatina y falta de cumplimiento de prestaciones laborales de primer orden: salario digno, jornada laboral de ocho horas, reparto de utilidades, pago de horas extras, pago de prima vacacional y aguinaldo, democracia sindical, transparencia en los contratos colectivos.

Durante este periodo neoliberal imperó en nuestro país una política salarial restrictiva que contuvo el aumento salarial por años con el argumento de que eran inflacionarios, cuando en realidad lo que se buscaba era que los empresarios mantuvieran y no pusieran en riesgo sus márgenes de ganancias a costa del esfuerzo y el ingreso de sus empleados.

Los salarios perdieron durante este tiempo más del 70 por ciento de su valor adquisitivo, de igual forma, el sistema de pensiones fue privatizado y las empresas encargadas de administrar el ahorro para el retiro empezaron el gran negocio de su vida, cobrando elevadas e injustificadas comisiones por la prestación del servicio.

Las trabajadoras y trabajadores mexicanos vivían en condiciones precarias con salarios de miseria y, en la mayoría de los casos, sin prestaciones laborales dignas.

Aunado a ello, los líderes sindicales ocupaban sus cargos de manera vitalicia y terminaban representando más los intereses de los empresarios que los de sus agremiados.

La opacidad en cuanto a la administración de las cuotas sindicales era una regla, es por ello que el dictamen que hoy votaremos cobra una gran relevancia, entre los aspectos de interés que presenta destacan los siguientes:

Toda la justicia laboral pasa de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a tribunales especializados que pertenecerán al Poder Judicial, tanto a la Federación como de las entidades federativas.

En materia de democracia sindical, establece una mecánica de selección de líderes basada en el voto libre y secreto de los agremiados en vez de los procesos actuales de voto por aclamación.

En cuanto a la transparencia de los contratos colectivos, pretende transparentar el uso de los recursos de los sindicatos y propiciar la rendición de cuentas, con ello se cumple lo que México planteó dentro de los acuerdos en el marco del T-MEC y en la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y que corresponden a la reforma constitucional de 2017, que aborda temas como la transparencia de los contratos colectivos, el nuestro Sistema de Justicia Laboral, así como la libertad y la democracia sindical.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos congratulamos con esta iniciativa que, a sabiendas de que aún hay temas que debemos atender y legislar, representa un gran avance para el bienestar de la clase trabajadora de nuestro país.

Es por ello que las Senadoras y los Senadores del Partido del Trabajo, atentos a los derechos e intereses de los trabajadores, votaremos a favor del presente dictamen que da respuesta a las demandas históricas de los trabajadores y hace realidad la cuarta transformación en materia laboral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Joel Padilla.

Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Senadora Patricia Mercado: Gracias, señor Presidente.

Pues a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta reforma, a favor de generar una libertad sindical en nuestro país, terminar con esa opacidad, con esa dificultad tan grande que tienen los trabajadores y las trabajadoras hoy en México para conocer a sus dirigentes sindicales, para conocer su contrato colectivo, y también terminar con los contratos de protección y liberar la fuerza de la contratación colectiva.

En Chile, en Uruguay, realmente la productividad ha crecido a partir de una decisión importante del Estado en esos dos países de liberar esta contratación colectiva y hacer que cada grupo de trabajadores pudiera tener mejores condiciones de trabajo.

Las trabajadoras y los trabajadores de México son muy responsables con sus fuentes de trabajo a la hora de poder negociar sus condiciones de contratación, libertad sindical, contratación colectiva y un nuevo modelo de justicia laboral.

Se ha dicho que esta reforma tiene que ver con una historia, con una presión, por parte de Estados Unidos por esta declaración de la líder, de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, sobre que necesitaban que México tuviera una reforma sincera, planteaba ella, a favor de estos derechos.

En realidad la historia de esta reforma es una historia muy grande. En primer lugar, es una historia de muchos años de lucha del sindicalismo independiente, de los sindicatos democráticos de nuestro país, ahora agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores, en la nueva central sindical, es decir, es una historia que tenemos, por supuesto, que reconocer, es una historia larga, de trabajo y de lucha de estos sindicatos democráticos e independientes.

En Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de esta reforma, porque trae esta larga historia que además inicia con un trabajo muy profesional y serio que le encarga el entonces Presidente Enrique Peña Nieto al CIDE, le encarga el trabajo de ver qué necesitamos o qué necesitaríamos cambiar en México para realmente lograr una justicia cotidiana, se le llamo.

El CIDE lo que hizo no fue presentar documentos de por dónde tendría que ir la reforma, una reforma al sistema de justicia, sino que nos presentó casos por todo el país, foros regionales, presentaba a trabajadores enfrente, hablaban de su caso, y la pregunta era, ¿cómo resolverían eso? ¿Cómo harían justicia a este trabajador, a esta trabajadora o qué no harían de lo que hay en este momento para lograr justicia laboral?

De ahí, de ese ejercicio profundo de conocimiento con los distintos actores, empresarios, por supuesto, sindicatos, académicos, integrantes de sociedad civil, sale la propuesta que luego se expresó en la reforma a la Constitución, en los artículos 123 y 107, para este nuevo modelo de justicia laboral.

Después del 17, de enero-febrero del 17, hubo realmente muchas mesas de trabajo de manera tripartita de un lado y de otro, el Senado que se fue ya tenía lista una reforma laboral, ya tenía lista una reforma laboral en acuerdo con el Congreso del Trabajo, con los empresarios y, sobre todo, la fracción, que en aquel momento era mayoritaria del PRI, y afortunadamente el PRI al final dijo: “No. No vamos con esta reforma, no vamos a cerrar esta Legislatura, vamos a seguir discutiendo el asunto”. Y por eso se siguió discutiendo todo el año pasado, el 2018 y ahora el 2019.

Entonces, la historia es muy larga; sin embargo, hay diferencias, hay diferencias frescas, hay diferencias claras, el sector empresarial tiene diferencias en algunos temas, los sindicatos independientes y democráticos tienen diferencias en otros temas, los sindicatos agrupados en el Congreso del Trabajo también tienen diferencias.

Es decir, tenemos que seguir discutiendo en este Senado, y por eso es tan importante el acuerdo que promovieron, promovió Movimiento Ciudadano a través de nuestro coordinador y todas las fracciones parlamentarias, para que se haga un ejercicio de Parlamento Abierto y terminar de sentarnos y profundizar en esos temas, en los cuales hay diferencias.

Me parece muy importante este acuerdo de la Junta de Coordinación Política para hacer este ejercicio de Parlamento Abierto, terminar esta discusión y quizás en el próximo año legislativo, de septiembre a diciembre, podamos tener algunas reformas pertinentes si logramos estos acuerdos que, sin duda, en muchos sentidos se tiene razón.

Entoces, para Movimiento Ciudadano, que vamos a votar a favor de este dictamen, para nosotras y nosotros es apostar a un cambio de fondo en la normatividad laboral, donde el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, contra la violencia laboral y sexual, contra la discriminación sean los ejes de progresividad para garantizar una justicia laboral que cierre la brecha de desigualdad entre los desiguales.

Nuestro voto es a favor, porque seguiremos trabajando para que lo derechos colectivos e individuales de los y las trabajadoras no se vean amenazados por posturas regresivas y que la deuda social y laboral se salde.

Por ello, decía, queremos destacar este acuerdo que tuvo la Junta de Coordinación Política para seguir discutiendo, porque también están en la mesa temas centrales, el outsourcing, la subcontratación, el tema de la jornada laboral, las 48 horas ya no nos sirven, tenemos que cerrar esa jornada laboral y poner en la mesa la jornada de 40 horas, un sistema de seguridad social que sea un sistema universal de seguridad social frente a las nuevas formas de empleo, hay muchas cuestiones todavía que discutir, y todas las voces deben de ser escuchadas, todas las demandas que le sirvan a las y los trabajadores de México deben de ser atendidas y este es el compromiso de Movimiento Ciudadano.

Así es que votaremos a favor, es un reforma que va en el sentido correcto, efectivamente, ya se ha dicho acá, nosotros votamos una reforma para garantizar derechos a las trabajadoras del hogar, esta reforma laboral viene, nuestra reforma va a la Cámara de Diputados y en algún momento tendrán que empatar, sin duda, la reforma que votamos en este Senado sobre trabajadoras del hogar es mucho más progresiva que lo que viene en esta reforma y así también sobre otros temas.

Sin embargo, me parece que liberar la organización colectiva, la contratación y este nuevo modelo de justicia laboral también va en el camino correcto para lograr mayor igualdad de oportunidades y de trato en nuestro país.

Es un país que con ese modelo de contratos de protección, de no libertad sindical, de no derechos, acabamos, digamos, de aumentar el salario mínimo en diciembre, una excelente decisión, tuvo el país durante 30 años sin crecimiento económico y sin productividad, que los trabajadores vivan en un régimen de respeto a sus derechos laborales, en todos los países liberar la productividad, hace crecer la economía con trabajadores más capacitados, más dispuestos a partir de una organización que realmente defiende sus derechos.

Así es que, pues con el mayor entusiasmo, votar a favor para Movimiento Ciudadano de esta reforma y comprometernos a que todas y todos sean escuchados, todavía hay diferencias, vamos a sentarnos a verlas, invitemos a académicos, invitemos a sindicatos, a líderes sindicales, invitemos también a organizaciones de la sociedad civil para terminar de decir: hasta aquí llegamos.

En algún momento tiene que haber una decisión, posiblemente se pueda integrar todo, pero posiblemente no, posiblemente no lleguemos a acuerdos sobre el 100 por ciento, pero ese tampoco es el objetivo, porque es más o menos imposible, pero que todos sean escuchados, me parece que es una gran decisión del Senado, para no detener esta reforma, esta reforma necesitamos votarla hoy, que empiece a funcionar, que empiece a caminar y lo que tengamos que cambiar lo cambiaremos en los próximos meses y el próximo periodo legislativo.
Por lo menos de Movimiento Ciudadano que tengan muy claro los sindicatos independientes, los sindicatos democráticos, el Congreso del Trabajo y, por supuesto, los empresarios que estaremos en posibilidad de escuchar y de discutir para que esta reforma se vaya perfeccionando.

Enhorabuena, creo que vamos a tomar la mejor decisión este día por el bien de México, por el bien de la economía, por el bien de la productividad y por el bien de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas.

Hoy se nace pobre y se muere pobre; se nace rico y se muere rico. Y el trabajo no te da movilidad social.

Por supuesto que esta reforma no lo soluciona todo, pero vamos en ese camino para que trabajar sea un factor de movilidad social y que realmente este Decreto que estamos viviendo de la precariedad y la pobreza laboral trabajar ya no te hace salir de pobre ni te hace salir de precario, que eso se termine en nuestro país por el bien de todas y todos, y por un país que le da mayor oportunidad y trato a su gente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Patricia Mercado.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien hará el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde su escaño.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Con mucho respeto he escuchado cada una de las intervenciones de todos quien por sus partidos han sido destinados para hablar sobre ese tema.

Casi todos, gente joven, algunos con experiencias largas, otros con poca experiencia, pero finalmente es experiencia.

Y yo no puedo hacer otra cosa que hablarles de acuerdo con mi forma de ser, con mi edad, con mis convicciones y con lo que he hecho todos los días durante 40 años desde que era yo obrero de la Ford Motor Company, estaba en la Calzada de Guadalupe, y que ganaba yo 48 pesos a la semana.

A mí no se me olvida eso porque ya aprendí a ser algo, ya que soy autodidacta, sólo terminé sexto año de primaria.

Hoy el destino, el trabajo, lo que me gusta hacer, porque yo todavía huelo a obrero y me gusta el olor de los obreros.

Me gusta ir a las fábricas, me gusta hacer giras, ir a inauguraciones de empresas, visitar a los trabajadores, porque eso me gustaba que hicieran con nosotros cuando yo era un trabajador, que el salario mínimo era de 40 y tantos pesos semanales y para algo alcanzaba, porque no estaban las cosas como están ahora.

Y yo no firmé, porque no se firmó el acuerdo, yo acepté en general el proyecto, pero hice algunas reservas, reservas que enviaremos a ustedes pero que algunas compañeras y compañeros de mi partido han pedido ayudarme a leerlas porque yo soy el único del sector obrero del que le han llamado aquí con muchos apodos y muchas cosas.

Yo soy de ese sector, soy el Secretario General de la organización obrera más grande México y de América Latina, que tenemos más de cinco millones de afiliados, pero yo apenas tengo tres años de ser Secretario General, yo no le temo a que digan que a los seis se retire, porque yo ni siquiera sé si voy a llegar a los cinco años o a los cuatro, pero a mí esto no es que me guste, es que me encanta, me da mucho gusto cuando puedo entregar las llaves de las casas que se logran en Infonavit a las amas de casa o que los niños dicen: “venga aquí tenemos baño y nunca habíamos tenido baño”.

Me da mucho gusto ir a la inauguración de clínicas del Seguro Social a lo largo y a lo ancho del país.

De ir a la entrega de guarderías del Seguro Social también, que en estos días yo espero que pase mi propuesta para que también haya guarderías que den servicio en el tercer turno porque, afortunadamente, ya tenemos mucha gente, muchas mujeres que trabajan en el tercer turno y no tienen con quién dejar a sus hijos.

Me gustar ir a las premiaciones en las escuelas, porque yo no las tuve, pero ahora veo niños más preparados, jóvenes mucho más y unos no tan jóvenes pues muchísimo más.

Yo construyo, con lo que veo, con lo que siento, con lo que hago en las fábricas, en las maquiladoras, en todas las cuestiones a donde tenemos sindicatos.

Este fin de semana, viernes y sábado, fui a Coahuila y me quedé verdaderamente sorprendido porque me llevaron a un lugar que se llama “Derramadero” y yo nunca creí que hubiera ahí tantas naves industriales, y resultó que ahí hay 22 mil trabajadores de empresas automotrices, en lugares donde nada más había tierra y se sembraban o se siembran nogales, que se dan en el desierto prácticamente.

Y vi muchas mujeres, muchos jóvenes y muchos hombres que han dejado el arado o el campo porque ya no les es costeable y no pueden estar con eso nada más para su autoconsumo.

Y como en todas las giras, yo me traigo ejemplos de cómo sí se puede vivir y sí pueden estar las mujeres cuando puede uno cumplir con la equidad de género hasta en esas empresas que se pensaba que era un trabajo muy pesado para las mujeres, pero ahora todo se hace con robots y con mucha facilidad mueven las piezas y quienes trabajan, el 25 por ciento son mujeres.

Entonces, yo respeto mucho a todas y cada uno de ustedes, el trabajo al que se dedican, conozco a varias y varios que hemos coincidido en alguna diputación o en otra senaduría, y nos saludamos todos los días.

He platicado mucho con el Presidente de la Comisión y hemos llegado a algunos acuerdos, que no a una terminación de la reforma laboral, porque hacer hoy esta ceremonia en el Senado para que se apruebe, sabemos perfectamente que es porque es el compromiso que existe con Estados Unidos y Canadá.

Apartado 87 y apartado 98. Estos ya los firmamos, mi única subida a la tribuna fue para votar por el 98, y antes que empezara a hablar, porque siempre he andado en la silla de ruedas, empezaron a decir, con murmullos y todo, “es charro”.

Entonces, yo les dije: “no, déjenme explicarles algunas cosas, porque a lo que vengo es a votar a favor”. Si yo estoy viendo la votación y nosotros tenemos una minoría, sería absurdo que votara a favor solo por mis ideales. Mis ideales son que los trabajadores y las trabajadoras vivan mejor, que en su mesa nunca falte la comida suficiente para sus familias y que traigan dinerito en la bolsa, que no haya salarios mínimos ya, porque es insultante para los hombres y las mujeres que entran a una empresa como ayudantes en general, y entran con salario mínimo.

Nadie en su sano juicio puede pensar que con 102 pesos, en las mejores zonas, va a vivir una familia, ni un individuo siquiera vive con eso.

Entonces, eso un poco lo estamos retrasando en esta misma ley.

Desde mi punto de vista, y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, no debe existir el salario mínimo, debe existir el tabulador con categorías, pero para eso tenemos que tener buenos programas de productividad, para que parte de lo que ahorran las empresas se lo den a los trabajadores y la otra parte se queden con ellos. Y así no tendríamos tabuladores que al final dicen: “salario mínimo”.

A lo mejor es un completo mío porque yo nunca pasé de ganar el salario mínimo ahí, pero afortunadamente con todas las ganas del mundo me puse a trabajar en otras cosas y me fue bien, trabajé en muchas partes y empecé a ser un poco dirigente sindical, y también me fue bien, porque yo sí veo a los trabajadores y les doy una palmada en el hombro, y les pregunto: “¿cómo está tu familia?” Y la gente, ahora yo soy el jefe, no el jefe, yo soy el líder de esa organización, está cambiando y no estamos viendo que vamos a ir para atrás.

Yo felicito a todos quienes presentaron sus reservas y con mucho gusto seguiré estando en esta comisión a la que ya no debería haber venido, porque ya no debería haber sido Senador, porque tengo 78 años y quién sabe si alcance los cinco que nos faltan o cinco y medio. Pero, les repito, a mí me gusta mucho hacerlo.

Tengo varias cosas que no se tocaron, el outsourcing, que es un instrumento que inventaron en Estados Unidos y que también nos lo quieren imponer a nosotros, no ha dado resultado porque el outsourcing es pagarles una parte del sueldo del día con que trabajen cuatro horas, porque después se van a la universidad y eso aquí no pasa, no tenemos las universidades ni el nivel de vida que tienen allá.

Entonces, aquí que se le ponga un nombre en español y que se regule bien, porque a lo mejor el outsourcing, si hacemos las cuentas, es más bajo que el salario mínimo.

Yo tengo ya tres iniciativas, que las he ido posponiendo porque no he estado bien, pero espero que regresando al siguiente periodo voy a estar bien, y cuando digo que aquí y en la Cámara de Diputados he tenido compañeras y compañeros que aquí están, de mi partido, desde luego, Beatriz y yo hemos estado en varias legislaturas, también mi queridísima María de los Ángeles y les doy las gracias a todas y a todos ustedes por los mensajes que dieron y que se sintieron con calor.

Me dicen aquí que me queda un minuto. Señor Presidente, yo hablé con usted desde antes, hace varios días, para que me hiciera favor de dejar que me tomara un tiempo más, porque soy el único de este sector, pero ya terminó el tiempo, me dicen.

Solo quiero dar lectura a un documento que tengo, que nos va a abrir mucho los ojos en distintas cosas. Les quiero decir algo: yo he tomado los retos y zonas que son totalmente agrícolas las hemos convertido en zonas industriales, y constantemente se hacen más naves, crecen y crecen, porque desde Sonora a Yucatán, estamos en todo el país como CTM, y antes yo era líder de una organización, luego fui Secretario del sindicato, y así, con 40 años de experiencia que tengo.

Hoy se aprueba una reforma…

¿Sí me lo permite, señor Presidente?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Puede concluir, Senador, adelante.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) ¿Ya concluyo?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, es que ya lleva más de 10 minutos, pero adelante, termine la idea.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Bien, quisiera pedirle al Presidente de la Comisión de Trabajo que cuando hagamos tratos entre todos, primero, que no falten los miembros de la comisión, lo pasemos de una vez a máquina, teniéndolo ahí y lo firmemos, para que eso ya sea moneda de cambio y ya traigamos resultados a la comisión, porque si se deja hacer lo que uno cree que se está haciendo, por ejemplo, lo de los artículos 98 y 87, que ya se firmaron, no es con los líderes, no es con los Diputados ni con los Senadores, es con el gobierno; quien está dado de alta en los países es el gobierno, no somos nosotros, de allá nos llegan muchas reglas, pero por conducto de la Secretaría del Trabajo directamente de Ginebra.

Me reservo para cuando haya otra ocasión de volver a tener el micrófono y espero ya poder ir caminando allá.

Y vuelvo a hacerles las reflexiones, que me parece que uno no puede platicar de lo que no sabe, y luego pasa mucho eso, sino que la sensibilidad que hay, por ejemplo en la licenciada Patricia, que es mi compañera Secretaria de la Comisión de Trabajo, como la que hay en Napoleón, que conoce muy bien el sistema sindical de este país y como muchos otros que también lo conocen.

Por eso discúlpenme porque me pasé, le agradezco, señor Presidente, su tolerancia y si no me alivio pronto, yo le voy a pedir un permiso especial para tardarme un poquito mejor.

Tengo aquí unos documentos que se los voy a entregar a la Presidencia, porque creo que ya no me dan permiso para leer esto.

¿Sí?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Puede exponerlo, nada más le pido que sea lo más breve posible.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Gracias. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy se aprueba una reforma a la Ley Federal del Trabajo que da un giro total al derecho del mismo en México, derivado del mandato constitucional, aprobado en febrero de 2017.

Se argumenta, en la exposición de motivos, que la aprobación hecha por la Cámara de Diputados tuvo como finalidad el privilegiar los derechos de los trabajadores, procurando un equilibrio en las relaciones de trabajo con sus patrones y, más aún, señala que el impartidor de justicia laboral debe hacerlo verdad sabida y buena fe guardada, lo cual es contrario al fundamento constitucional de la reforma misma, ya que en la fracción XX del artículo 123 plasmó que el Tribunal Laboral en sus sentencias y resoluciones deberá observar principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, muy distinto a la verdad sabida y la buena fe guardada que señalé antes.

Por otra parte, la conciliación obligatoria no es ninguna novedad en la materia; sin embargo, su modalidad de requisito previo para poder dar inicio en caso de no llegar a un arreglo, a la instancia judicial, sí implica un cambio sustantivo y deseamos que funcione como está propuesto ya desde la reforma constitucional.

No hay duda, en nuestra coincidencia, por reafirmar la libertad sindical. A mí me parece que se menosprecia a las y los trabajadores como si se les llevará con un cuchillo a que trabajaran a fuerza en algún lado o que entraran a un sindicato, y que no se vea, cuando en lugar de ver uno en determinados lugares puros pisos de tierra, ve que van mejorando y ya esos pisos son de cemento y ya tienen una antena de televisión, que indudablemente es que les está yendo mejor.

Pero aquí se califica, de alguna manera, en términos generales, por cuestiones nada más de impresiones de lo que algunas veces leen, dejando de lado que además de los progresos democráticos el objeto de los sindicatos es lograr certeza en el empleo y garantizar mejoras laborales y bienestar.

Y termino, es necesario recordar lo que se descalifica sin conocimiento o al menos con olvido de nuestra historia, al movimiento obrero le combaten duramente por el Estado desde sus primeras intenciones de organización en la segunda mitad del Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Los sindicatos estatales prohibidos y las huleras eran un destino para ser esclavo, y se terminó con ellas. De esta que voy a terminar, cuando me faltan hojas, sacaré copias para quien guste tener una y las lea, porque hay cosas aquí que son fundamentales.

Hace rato hicieron mención del General Cárdenas que en su presidencia había hecho. En su presidencia él, junto con el licenciado Vicente Lombardo Toledano, fundaron la CTM y la CNC para acabar con lo que se hacía en el Maximato, y desde esa fecha nosotros hemos crecido y no tenemos, como me dijeron en la propia comisión, una compañera: ¡Ah! Usted es de los que deja a los hijos de los obreros sin comer.

No, trato de ser una gente que entiende y que sabe la responsabilidad que tiene. Por eso les agradezco mucho.

Señor Presidente, muchas gracias.

Compañeras y compañeros Senadores, muchísimas gracias por haberme escuchado.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Aceves del Olmo.

Vamos a pasar ahora con la intervención que corresponde al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

Volumen en la tribuna para la Senadora Reynoso.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Con el espíritu humanista que caracteriza al Partido Acción Nacional, y con la misma convicción con la que defendimos en el 2012 y en el 2017 las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución Política, con el afán de construir un mejor futuro para todas y todos los trabajadores de nuestra nación, con esa misma firmeza las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN estamos presentes en este momento histórico, construyendo, transformando y modernizando nuestro sistema jurídico hacia una verdadera y plena justicia laboral.

Históricamente, la sociedad mexicana ha padecido una profunda desigualdad. En materia laboral, la reforma constitucional, a través de la cual se incorporó el derecho de los trabajadores, así como las reformas legales que se han realizado a lo largo de la historia reciente, han sentado las bases para transitar hacia un sistema laboral, hacia un sistema de justicia laboral más eficaz que contribuya a ir cerrando la brecha de desigualdad social.
Compañeras y compañeros, la reforma que en un momento más estaremos aprobando, tiene como propósito dignificar a los trabajadores y trabajadoras en toda la República Mexicana de todos los oficios y modalidades, mediante el rediseño del Sistema de Justicia Laboral y de participación sindical.

Esta reforma, efectivamente, es una deuda histórica con la clase trabajadora, y atiende a una necesidad añeja derivada de un sistema legal obsoleto que ha frenado el desarrollo económico y laboral de los trabajadores, y que ha impedido contar con el dinamismo productivo que se requiere en nuestra actualidad para impulsar el desarrollo económico de nuestro país.

Por un lado, la reforma busca garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales de los más de 56 millones de trabajadores activos que hay en México, lo que se traducirá en mayor estabilidad y tranquilidad en el desempeño de sus labores y les dará certeza de una solución justa, pronta y eficaz ante un conflicto laboral.

Se trata de cambiar el panorama actual del pésimo funcionamiento de los juicios laborales, el cual representa un sinfín de problemas.

Miren, para darnos una idea del problema, tan sólo en el 2017 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 422 mil 978 juicios laborales en trámite, de los cuales sólo se habían resuelto 98 mil demandas. Es decir, tan solo un 23 por ciento.

La gran mayoría llevaban más de cinco años de litigio, a lo anterior se suman los 83 mil procesos que en promedio inician cada año.

Entonces, ¿dónde está la justicia pronta y expedita?

Por otro lado, la reforma que hoy estaremos aprobando transforma el viejo modelo sindical ofreciendo un nuevo diseño de participación laboral colectiva, y que busca alcanzar un sindicalismo democrático, independiente, alejado del corporativismo y el clientelismo que otorgue certeza a sus trabajadores y que sirva para ser un elemento de equilibrio entre los factores de la producción.

Es de todos bien sabido que la opacidad y la corrupción que impera en el sindicalismo mexicano ha contribuido, en gran medida, a la tragedia económica de la clase trabajadora mexicana, que lejos de defender los derechos de los trabajadores, por años los ha mantenido en un rezago económico y laboral, por lo que esta reforma era una deuda pendiente con la clase trabajadora de nuestro país.

Senadoras y Senadores, la reforma que estamos por aprobar será un detonador económico que impulsará la industria nacional, el crecimiento económico del país, lo que se reflejará en una mayor generación de empleos mejor remunerados.

En el contexto económico y político, nacional e internacional, en el que nos encontramos, esta reforma también es el resultado de la participación activa de diferentes actores especialistas en la materia, de litigantes patronales, de litigantes de los trabajadores y autoridades laborales de niveles tanto local, como federal, miembros de poderes judiciales, académicos, sindicalistas, representantes del sector patronal, así como de los compromisos internacionales asumidos por México para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores, porque el resultado es un modelo bueno en las materias de justicia laboral y sindicalismo.

No obstante, también hay que decirlo, el proyecto presenta aspectos que deben revisarse y mejorarse para alcanzar los fines señalados, y sobre ellos el grupo parlamentario de Acción Nacional estaremos presentando un paquete de reservas que tiene como propósito perfeccionar el proyecto.

Compañeras y compañeros, si bien hoy estamos dando un gran paso, quedan grandes temas pendientes por resolver, y como ya se ha mencionado también en anteriores participaciones: el combate en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en trabajos iguales, el salario mínimo, las simulaciones en las relaciones laborales patrón-trabajador, mejor conocido como el outsourcing, entre muchos otros en los que estaremos trabajando también.

Por ello, las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, y reafirmamos nuestro compromiso con los mexicanos, con las mexicanas, para seguir realizando los cambios que se necesitan.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Alejandra Reynoso.

Tiene la palabra el Senador Pedro Haces, hasta por diez minutos.

El Senador Pedro Miguel Haces Barba: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario de Morena, me dirijo a ustedes para hablar a favor del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

En el Senado somos conscientes y responsables del momento determinante que estamos viviendo, sobre todo desde el 1º de julio, cuando los mexicanos decidieron cambiar el rumbo, los ciudadanos optaron por un proyecto para la transformación de nuestra querida nación, hoy encabezada por el Presidente de todos y todas las mexicanas, Andrés Manuel López Obrador.

Es por eso que no podemos fallar a esa esperanza, los gobiernos neoliberales optaron por un modelo de competitividad internacional basada en salarios bajos, sacrificando el bienestar de los trabajadores. Es lamentable que los niveles salariales y las condiciones laborales en México estén peor que en otras naciones latinoamericanas. Más preocupante aún; es que en un país con una fuerza laboral de 52 millones de trabajadores, únicamente 567 mil, que es el uno por ciento, ganen más de 10 salarios mínimos al mes; mientras que el 81.5 por ciento obtiene menos de cinco salarios mínimos.

Por eso ahora, compañeros, no hay pretexto, tenemos la oportunidad de dar los resultados que tan urgentemente nos demanda nuestra sociedad, sobre todo para aprovechar todo ese gran potencial que tiene nuestro amado país.

En el grupo parlamentario de Morena, no tenemos duda de que este dictamen es la propuesta laboral más importante que se haya dado por su profundidad y por su alcance, se reforman 479 artículos de la Ley Federal del Trabajo.

La respuesta contundente a los enormes retos que hoy presentan los trabajadores, porque esta transformación de México no podía comenzar sin los que se esfuerzan todos los días para darle una mejor vida a sus familias, solo hacía falta la voluntad política y el compromiso de los trabajadores.

Hoy escribiremos un nuevo capítulo en la historia laboral de México. Así que, respetuosamente, invito a todas y a todos los Senadores integrantes de todas las bancadas, a dejar a un lado las diferencias y a que se sumen a esta gran reforma histórica que hoy México requiere.

Con su voto a favor, eliminaremos que las organizaciones de membretes sin trabajadores se acaben, que se acabe la corrupción en los sindicatos, que se implementen mecanismos serios para la verificación y declaración de representatividad.

La existencia o persistencia de sindicatos falsos que usan membretes para fraudes financieros ligados a nóminas de ese mal llamado outsourcing que tanto daño le ha hecho a México. Que se regulen los conflictos de despido que representan más del 90 por ciento de las demandas laborales en el tipo individual, dejando claro que es del interés social y, por ende, es un deber del Estado y de los diversos sectores salariales garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y libre de violencia.

Con esto, es muy importante apegarnos al capítulo de las sanciones para aquellos y aquellas servidoras públicas de los centros de conciliación que obstruyan o dilaten el procedimiento conciliatorio o la entrega de la constancia de representatividad, con ello habrá cero tolerancia a los coyotes que se quedan con el dinero de los trabajadores en contubernio con los corruptos funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Eso, compañeros, ya se va a acabar con esta reforma, y otro importante punto es el que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos deberá fijar los salarios profesionales de los trabajadores considerando el desgaste físico ocasionado por las condiciones de trabajo, y los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y empresas, con ello se refrenda y amplía el derecho de los trabajadores y patrones de constituir las organizaciones que estimen convenientes.

Ahora, el Estado y los patrones tendrán prohibido incurrir en todo acto de injerencia respecto a los sindicados de trabajadores, así como el reconocimiento de su personalidad jurídica sin sujetarla a condiciones que los restrinjan.

Al mismo tiempo, se consolida el derecho de la libre afiliación y de participación de los trabajadores en los sindicatos, federaciones, confederaciones, así como las garantías derivadas de los mismos.

La clase trabajadora se quita hoy en México los grilletes, con ello vendrá un nuevo amanecer para las mujeres y hombres que se parten el lomo todos los días para que sus familias vivan mejor.

Así, el grupo parlamentario de Morena, impulsando la democracia de los sindicatos, como también espero respetuosamente lo hagan hoy todas y todos los Senadores aquí presentes, porque ya no es aceptable que las cosas en México sigan siendo, como antes, ahora tienen que ser totalmente transparentes.

Por eso, confiamos en que en este Senado todos estemos de acuerdo en dar a los trabajadores mayores oportunidades para que mejoren su calidad de vida, reconociendo su derecho de organizarse libremente y la forma de ámbito que ellos decidan, se acaba el maltrato a los trabajadores mexicanos.

Ha llegado la hora de hacer a un lado a todos aquellos que sólo pretenden quitarles su dinero a los trabajadores, pero también a los empresarios.

Y lo digo tajante, ya lo vimos en Matamoros y para muestra basta un botón, ya no se puede patear la gallina de los huevos de oro, los empresarios en este país son el motor de la economía nacional, ya también basta de abusos para todos ellos, que ahora que vendrá la autonomía también vendrá acompañada de la equidad, de la democracia, del respeto, de la transparencia, de la certeza, de la gratitud, de la inmediatez, y así como el respeto a todos.

También en materia de registro y actualización sindical imperará cien por ciento a la voluntad de los trabajadores mexicanos, es un verdadero interés que respetemos hoy las decisiones que tomen las y los trabajadores en México.

La información de los registros de los sindicatos se deberá hacer pública y se tendrán que expedir copias a toda persona que lo requiere. Con estas reformas se busca transparentar a los sindicatos respetando su autonomía y gestión interior, porque los sindicatos sólo los deben de manejar todos aquellos que los integran.

Se garantiza la libre voluntad de los afiliados a un sindicato y el deber de éste de ajustarse a sus disposiciones estatutarias para que se designen a sus dirigentes, con la obligación de la directiva de siempre rendir ahora cuentas a todos sus afiliados.

También se creará el procedimiento de conciliación prejudicial de carácter previo y obligatorio antes de acudir a juicio y establece las reglas para su tramitación precisando los requisitos, plazos, etapas y consecuencias legales, facultando a la autoridad conciliatoria para que adopte medidas que le permitan cumplir con los principios de celeridad, economía y sencillez procesal.

En cuanto a la práctica de las notificaciones y entrega de citatorios, a efecto de agilizar los procedimientos de conciliación e incrementar siempre la eficiencia que tanto les ha faltado a las Juntas de Conciliación.

La solución, compañeras y compañeros, de todos los conflictos, sin afectar al debido proceso y los fines del derecho del trabajo.

También debemos reconocer, de manera responsable, que se atienden e incorporan completamente los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Y algo que llena de orgullo al grupo parlamentario de Morena, que es la perspectiva de género, haciendo exigible el respeto, igualdad y dignidad de las y los trabajadores, así como reconocer las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad de ley.

Considerando de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, no se va a permitir que continúe la violencia laboral, el acoso y la discriminación contra las mujeres que limitan su inserción, permanencia y desarrollo en el mundo laboral.

Y, al mismo tiempo, debemos de cuidar las fuentes de empleos yendo de la mano siempre con quienes invierten y arriesgan su dinero para que juntos generemos el desarrollo económico de México.

Vayamos codo a codo ahora trabajadores, empresarios y gobierno. Todos queremos certidumbre para tener un mejor futuro.

Senadoras y Senadores, el grupo parlamentario de Morena ha puesto el ejemplo histórico de una mayoría responsable y democrática promoviendo leyes en beneficio de todos y ya no sólo de unos cuantos, como se hacía antes.

México no se detendrá por algunos que se aferran a mantener sus privilegios, sobre todo cuando los beneficiarios de esta reforma somos todos los mexicanos.

Y para que gracias a la propuesta que hizo nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy los trabajadores van a ocupar un lugar de privilegio por primera vez en décadas.

Así que no nos hagamos esperar, compañeros, no perdamos el tiempo, saquemos juntos la aprobación de esta gran reforma, misma que es para ellos, sus familias y el desarrollo de nuestra nación.

Hoy México se pone a la vanguardia internacional brindando elementos sólidos para revolucionar y fortalecer la vida laboral de los años por venir.

Parafraseando a León XIII, decía: “del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones”.

Por ello, compañeros, vamos con todo, vamos juntos, vamos por México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Pedro Haces.

Terminaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Pasamos a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gutiérrez Castorena.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy estamos ante la oportunidad histórica de impulsar una gran transformación.

Por primera vez en la historia moderna de México, nuestra legislación laboral podrá ser una realidad, una vieja aspiración de justicia: el derecho de sindicación, de libertad sindical y de negociación colectiva.

Bajo las banderas reivindicatorias de la Revolución Mexicana, los gobiernos revolucionarios diseñaron un esquema de colectivismo estatal autoritario, en el que el gremio laboral fue organizado desde la perspectiva de los intereses que demandaron la reconstrucción del país devastado por la guerra y el empobrecimiento generalizado.

Son innegables las conquistas de la Revolución Mexicana, con un General Cárdenas que tuvo la visión de armonizar las necesidades de un Estado fuerte, capaz de materializar y sostener las aspiraciones revolucionarias con el estímulo a la producción en todos los órdenes y con una elevación de las condiciones de vida de obreros y de campesinos.

El corporativismo nació como una alternativa a la lucha asilada y desorganizada y como una acción en que el Estado asumiera la defensa de las clases más vulnerables de la sociedad.

En un principio sus beneficios fueron claros e innegables; sin embargo, es una realidad que el esquema corporativista, al correr de los años, terminó por pervertirse y corromperse, olvidando sus grandes propósitos hasta al grado de terminar produciendo una clase privilegiada dentro de la propia clase obrera, líderes aliados de los patrones alejados de sus agremiados, más ocupados por ocupar un cargo público o un puesto de elección popular que por mejorar las condiciones de vida de sus representados.

El charrismo sindical se convirtió en un cáncer de la clase trabajadora y de algunas empresas sujetas al chantaje y a la extorsión sistemática.

A final de cuentas, los propios trabajadores terminaron por considerar al sindicalismo como un mal necesario para obtener y conservar un empleo, pero no como un instrumento de auténtica lucha para mejorar sus condiciones de vida.

México exige una actualización a fondo en el tema sindical, los trabajadores mexicanos requieren nuevas fórmulas para su organización, que dejen atrás un corporativismo rancio y esclavizante, en el que se confunden oscuros intereses del Estado, de partidos políticos, de líderes de facto sin mayor legitimidad y hasta de organismos patronales permanentemente inmiscuidos en la vida interna de los sindicatos.

Este distorsionado ejercicio de la noble institución sindical, produjo la conciencia de muchos trabajadores, el convencimiento de que el destino de sus cuotas no tenía correspondencia con los nulos beneficios y acabó por alimentar sentimientos de desilusión, apatía y rechazo.

Es por ello que hoy tenemos la gran oportunidad de contribuir a una transformación histórica, sin dejar de reconocer que toda reforma legislativa es en sí misma perfectible, sin olvidar que hay muchos temas que son necesarios abordar y discutir en el mediano plazo.

Esta minuta responde a las urgencias de reconstruir un sindicalismo que vea hacia el futuro moderno, actuante, eficiente, en el que el trabajador sea el centro y no el pretexto, en el que el trabajador decida libremente sobre sus representantes bajo un esquema de voto secreto y efectivo, y no a mano alzado, que ha sido el método de la manipulación y el ninguneo.

Con esta reforma estaremos adecuando la vieja legislación del trabajo a las obligaciones que imponen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a los retos que plantean el T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica.

Asimismo, con esta reforma legal México se colocará a la vanguardia en materia de derecho internacional del trabajo, realizando una transformación a fondo en temas como: supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los conflictos laborales serán de la competencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas.

Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y los patrones deberán asistir a las instancias conciliatorias; en el orden local habrá Centros de Conciliación; en el orden federal se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el titular de tal organismo será designado por el Senado de la República y una terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Se introducen los principios de oralidad y mediación, continuidad, concentración y publicidad en los juicios laborales; los jueces impartirán justicia, verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo eliminar ciertos formalismos, la justicia laboral será más ágil, más imparcial y más eficiente para el desarrollo social y económico de México.

Esta reforma no busca crear perdedores y ganadores, esa sería una falsa disyuntiva que a la postre provocaría que todos saliéramos perdiendo, busca lograr una vieja demanda de democracia sindical que permita nombrar libremente a los dirigentes sindicales, que haya contratos colectivos auténticos, negociados y firmados con los trabajadores y no simulados, como son los contratos de protección.

Esta reforma tiene como objetivo el bienestar de todos los mexicanos, bajo una visión plural e incluyente que dé certidumbre jurídica a las inversiones y, al mismo tiempo, que garantice libertad y bienestar a los trabajadores, dentro de una nueva fórmula de democracia sindical.

Y también quiero insistir en una cuestión que es muy importante.

Nosotros, los Senadores de Morena, tenemos un compromiso moral muy grande con la clase obrera mexicana, si en algo hemos visto cómo se han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, si en algo hemos visto cómo ha generado, precisamente, los conflictos sociales, es que a partir de los bajos salarios y de su pobreza nos ha llevado a otros problemas más grandes.

Quiero decir que tenemos un compromiso real de que esta reforma va ir acompañada de otras que realmente vayan precisamente a resolver las necesidades y las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Daniel Gutiérrez.

Tiene ahora la palara la Senadora Blanca Piña Gudiño.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Gracias, señor Presidente.

Bueno, pues a mí me parece que estos son momentos muy importantes, sobre todo para los trabajadores de nuestro país, porque ellos siempre están esperando de nosotros lo mejor, las respuestas a sus demandas.

Después de haber estado en varios foros, con trabajadores de diferentes gremios, maestros, trabajadores de las universidades, trabajadores agrícolas, del campo, y algunos otros colectivos de trabajadores, creo que es importante aclarar que esta reforma laboral sí tiene un gran avance en cuanto a democracia sindical, y por supuesto que ellos deben de estarlo celebrando.

Pero de acuerdo a todas las inquietudes que recogimos, un tema que a ellos les compete mucho y que están muy preocupados es precisamente el tema del outsourcing que ya aquí lo mencionaron algunos Senadores que me antecedieron. Por lo cual después de decirles que yo voy a aprobar esta reforma laboral, quiero decirles lo siguiente.

El día de hoy estamos discutiendo un tema de mucha importancia y trascendencia, si bien hay un acuerdo en que esta propuesta permite avanzar en temas de democracia sindical, por lo que abre posibilidades de organizaciones a las y los trabajadores del país que abonen a mejorar sus condiciones de trabajo, no podemos omitir ni dejar de señalar que existen grandes temas que no se tocan en esta propuesta que son fundamentales, no porque yo lo diga, sino porque ha sido la exigencia de quienes votaron por nosotros, me refiero al tema de la subcontratación, incorporada en la reforma laboral del 2012, y que ha ocasionado la violación sistemática de los derechos laborales de las y los trabajadores de México.

Después de seis años, es evidente que los supuestos beneficios de la reforma laboral, promulgada por Calderón e implementada por Peña Nieto, fueron sólo mentiras, propaganda que escondía un gran desprecio por los derechos de los trabajadores y por los derechos laborales de organizaciones y de los trabajadores de México.

Algunos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo bastan para demostrar la gran farsa que fue la reforma laboral del 2012.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social del 2012 al 2017, se crearon en promedio 600 mil empleo formales, cien mil menos de los pronosticados por el Ejecutivo en turno, y 600 mil menos de lo que se requiere para alcanzar el pleno empleo, a lo cual se le suma la mala calidad de empleos creados, lo que no ayudó a combatir la precarización de la vida en que se encuentran las familias mexicanas.
En el sexenio posterior a la reforma laboral que comprende el periodo del 2013 al 2017, quienes ganaban menos de un salario mínimo pasaron de ser 6 millones 700 mil a 8 millones 700 mil, mientras que los que ganaban entre uno y dos salarios mínimos pasaron de los 12 millones a los 15 millones.

No sobra decir que el incremento de más de 3 millones de trabajadores con salarios de no más de 6 mil pesos es resultado de los esquemas de subcontratación que han precarizado el ingreso, a lo cual hay que agregarle que la subcontratación elimina la responsabilidad de la patronal frente al trabajador, dificulta la generación de antigüedad, el reparto de utilidades o incluso la posibilidad de que los trabajadores se sindicalicen, debido a la gran dispersión en que se encuentran.

Estos tres millones son una parte de los cerca de 8 millones de trabajadores que se encuentran en este esquema laboral y que viven en la incertidumbre al ser subcontratados por más de 900 empresas dedicadas al outsourcing, de las cuales apenas 100 tienen un registro ante el Seguro Social.

Como legisladores estamos obligados a escuchar a quienes nos votaron, y quiero decirles que yo escucho la voz de los millones de trabajadores condenados a la pobreza por la política económica neoliberal, y por ello les exhorto a que nos comprometamos a que antes de que termine el presente año abramos el debate sobre el tema de la subcontratación en nuestro país.

Estoy convencida que mientras exista la perversa figura de la subcontratación no podremos hablar de justicia laboral, porque la misma representa una violación a los derechos más elementales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Piña Gudiño.

Tiene ahora la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera iniciar por hacer un exhorto al gobierno de los Estados Unidos que ya no hay excusas, que ahora sí tienen que cumplir y ratificar el Tratado, el T-MEC, también conocido como el USMCA.

Es evidente que la prisa y la presión que ejercieron nos dejan algunos temas pendientes, pero no por eso desconocer un gran trabajo y algo que urgía aquí en el país.

Primero que nada me quiero concentrar en el tema de justicia laboral.

A mí nunca se me olvidará cuando en mi clase de derecho laboral nos preguntaba el maestro si ya habíamos ido a conocer una de las junglas, y todos se quedaron: “cómo que junglas”. “Sí, las junglas de conciliación y arguendaje”, decía el maestro.

Y luego en la práctica me llevó a conocerlas y eran un cáncer. Desde que uno llegaba a la junta afuera ya estaban los abogados coyotes, los testigos que hacían fila para declarar falsedades, los árbitros y conciliadores que te decían: “de una vez, hombre, dile que le quitas el 80 por ciento y ahí queda”.

Era todo, menos justicia, laudos que duraban hasta ocho años con puras chicanadas y que hasta hace dos años tenías que pagar salarios caídos de siete años, quebraban empresas y se hacían riquísimos los abogados laboralistas.

Por eso y muchas razones, como el voto libre, secreto y directo de los trabajadores en los sindicatos, el quitar ya la conciliación tripartita y llegar a una conciliación más social, más profunda, es claro que vamos a votar a favor esta gran reforma laboral que desde 2017 sacaron la reforma constitucional.

Yo sí quisiera hacer algunos señalamientos que va a urgir sacar adelante.

Uno es el tema de la carga de la prueba, y aquí les pido su atención, porque si no se corrige de nada va a servir la conciliación.

Si el abogado del empleado sabe a priori que va en caballo de hacienda y el juicio lo va a ganar porque la empresa está obligada a aprobar un hecho negativo, es decir, el empleador está obligado a probar que no despidió, nunca van a conciliar porque siempre nos van a ganar, y entonces es un contrasentido hacer una gran reforma laboral que busque la conciliación cuando por un problema técnico de carga de la prueba los trabajadores nunca van a querer conciliar y siempre se van a querer ir a juicio.

Tenemos que también actualizar el tema de los trabajadores del hogar, los días de tolerancia de la huelga. Si hoy con 15 días las empresas sufren, y ahí están los casos de Matamoros, ahora imagínense 60, las van a quebrar.

Las revisiones contractuales, las prórrogas de las pre-huelgas, en fin, hay mucho que hacer y no juntaría en un minuto todas las tareas que nos quedan, pero sí insistirle a este Senado que el outsourcing no se puede ir limpio, porque limpio no ha sido.

Es la vía para robar las prestaciones de los trabajadores, su ISPT, su IMSS, su Infonavit y, lo peor, no dejarles ninguna antigüedad laboral.

Hay que ir por los sindicatos blancos, que se usan para lavar dinero y para evasión fiscal vía empresa y líder sindical, y hay que ir por sanciones fuertes a las extorsiones. Todos conocemos esos coyotes que van de local en local pidiendo de cinco mil pesos para no caerte con todo el sindicato.

Obviamente, y con esto cierro, la jornada laboral. En Europa, en España, en Estados Unidos, ya ni siquiera se habla de jornada laboral, se habla de home office, se habla de libre albedrío del trabajador, se habla de proyectos y aquí estamos hablando de una ley de austeridad que quería obligar a trabajar los sábados.

No, no retrocedamos, vamos hacia el futuro y vamos por esta gran reforma laboral.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Sepúlveda.

Tiene la palabra ahora el Senador Clemente Castañeda Hoeflich.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Emprender este proceso de reforma a la legislación laboral ha sido una exigencia y una necesidad, que tiene una larga historia en nuestro país.

Modernizar el sistema de justicia laboral y ampliar los derechos de los trabajadores en materia de libertad sindical y negociación colectiva, son asignaturas que México ha tenido pendientes durante mucho tiempo.

Reconocer esta realidad también nos obliga a reconocer que se trata de una reforma de gran calado, que demanda la máxima apertura, pero también la máxima publicidad, la máxima disposición al diálogo y la negociación de todos los sectores involucrados.

Solo para dimensionar el calado de esta reforma, como ya se ha dicho aquí, estamos hablando de la modificación de más de 650 disposiciones legales de cinco leyes diferentes, estamos hablando de la transformación integral del sistema de justicia laboral, de la creación de nuevas instituciones y de ajustes sustantivos a la relación entre trabajadores y sus empleadores.

Por supuesto que Movimiento Ciudadano va a votar a favor de esta reforma.

Sin embargo, también debo decir que hay una serie de observaciones que no están contenidas en lo que estamos votando el día de hoy. Sirvan estas observaciones como una ruta de vuelo, para que emprendamos lo antes posible ejercicios posteriores de reflexión, de consenso, de diálogo público, para poder tener un sistema de impartición de justicia laboral lo más sano y moderno posible.

Permítanme compartir con ustedes un par de observaciones que ya se han planteado en esta tribuna.

La primera, ya se ha dicho aquí, tiene que ver con el tema de la carga de la prueba. Distintas voces han señalado cuáles son los problemas que tendría, en términos de impartición de justicia laboral, la reforma tal cual se está planteando en el presente dictamen.

Quizá valdría la pena preguntarnos si no vale la pena reabrir esta discusión, donde por supuesto participen los trabajadores, pero también los empleadores, para tratar de afinar esto en los mejores términos y no obstaculizar, por supuesto, la productividad de las empresas.

En segundo lugar, ¿qué sucederá con los derechos de los trabajadores que decidan no participar en un sindicato? Ya se ha referido aquí también este tema, esta reforma dice que los patrones están obligados a preferir a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo están, lo que afecta, desde nuestra perspectiva, derechos fundamentales de los trabajadores y podría representar una práctica discriminatoria.

En esos mismos términos vale la pena que este Senado tenga una discusión al respecto.

Y el tercer ejemplo es ¿cómo se garantizará la democracia sindical en los emplazamientos y terminaciones de huelgas?

Esta reforma no contempla escenarios en los que la mayoría de un sindicato, mediante el voto libre, pueda declarar terminada una huelga, lo que resulta en un contrasentido respecto del espíritu de la propia reforma.

A estos ejemplos que están contenidos en lo que estamos discutiendo el día de hoy se suman muchas otras omisiones faltantes, que también se han discutido aquí, por ejemplo, temas como la revisión del modelo de outsourcing o la ampliación de diversos derechos de los trabajadores.

Si el Poder Legislativo está decidiendo realizar una reforma de gran calado a la legislación laboral, ¿por qué dejamos fuera temas cruciales que son tan importantes y que son, pareciera, intocables?

Finalmente¸ es importante destacar una preocupación central, particularmente de varios sectores productivos del país, que es la incertidumbre ante el papel que jugará el gobierno federal, particularmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la implementación de la reforma.

La incertidumbre, debo decirlo con absoluto respeto, no es gratuita, es producto de la desconfianza y de las dudas que se generan en la toma de decisiones del actual gobierno.

Por ello, me parece que es fundamental que la Secretaría del Trabajo emprenda un proceso de diálogo y entendimiento con los sectores vinculados al ámbito laboral, para despejar cualquier interrogante, para dar garantías de que se van a respetar los tiempos de la reforma, que se procurará la estabilidad laboral y, sobre todo, para dar garantías que se va a continuar con la revisión y el perfeccionamiento del marco jurídico laboral.

Por estas y otras razones, es que muchos Senadores de diversos partidos políticos hemos solicitado que el Senado de la República se dé un tiempo para poder revisar esta reforma, que se dé un tiempo para profundizarla, para mejorarla y, sobre todo, para escuchar a todas las partes, a las mexicanas, a los mexicanos que demandan ser tomados en cuenta.

Me alienta mucho lo que he escuchado en esta tribuna de parte del Presidente de la Comisión de Trabajo, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, de parte de la Senadora Presidenta de Estudios Legislativos, Ana Lilia Rivera, en el sentido de que hay disposición para poder seguir dialogando con los distintos sectores, en el ánimo de construir.

Me alienta mucho también saber que la mayoría de las fuerzas políticas estamos comprometidos con sacar adelante esta reforma, pero que también queremos que sea bajo tiempos y condiciones de apertura de nuestro Parlamento, atendiendo, por supuesto, a la exigencia que demandan los nuevos tiempos, que demandan nuestros convenios internacionales y la urgencia de modernizar todo nuestro sistema de carácter laboral.

Termino diciendo que como legislador de Movimiento Ciudadano y también como representante de millones de trabajadores jaliscienses, confío en que se honrarán los compromisos que se han expresado públicamente, concretamente de la Junta de Coordinación Política, para emprender una profunda revisión de la legislación laboral y para atender, eventualmente, modificaciones y omisiones que quedan pendientes.

Desde Movimiento Ciudadano nunca seremos un obstáculo cuando se trate de la ampliación de derechos y de la modernización de nuestra legislación, pero al mismo tiempo nunca renunciaremos a la exigencia de construir verdaderos ejercicios de Parlamento Abierto, de diálogo y de inclusión de todas las voces.

Enhorabuena por la libertad sindical y por la justicia laboral.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Clemente Castañeda.

Tiene la palabra la Senadora Kenia López Rabadán.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señor Presidente.

A nombre del Partido Acción Nacional vengo a hablar en pro del presente dictamen, que incluye reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de la Defensoría Pública, a la Ley del Instituto de Vivienda para los Trabajadores y a la Ley del Seguro Social.

Esta miscelánea materializa tres conceptos que debemos destacar, reconocer y comunicar a las y los mexicanos el día de hoy.

Resolvemos hoy a favor de la justicia laboral, de la libertad sindical, de la negociación colectiva y de la paridad de género, la libertad sindical y negociación colectiva en materia de libertad sindical.

Con esta reforma, los trabajadores participan en la negociación colectiva y podrán unirse al sindicato de su elección. No obstante, esto es un avance, en el momento procesal oportuno presentaré una reforma para que vayamos todavía más allá, para que los trabajadores y trabajadoras puedan decidir si forman parte de un sindicato de su elección o inclusive si no quieren formar parte de ninguno.

La presente reforma resolverá los conflictos laborales a cargo de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, en las entidades federativas.

Asimismo, los trabajadores tendrán la posibilidad democrática de elegir a sus líderes o lideresas sindicales mediante el voto libre y secreto.

En materia de paridad de género, celebro que las directivas de los sindicatos tengan una visión de igualdad en su composición.

La presente reforma permite acudir a los tribunales, a los trabajadores o a los patrones para que tengan una instancia conciliatoria, hecho absolutamente trascedente, ya que permite a ambas partes un espacio de conciliación corto, no gravoso y evidentemente en su beneficio.

La función conciliatoria en el ámbito local estará a cargo de los centros de conciliación. Esta conciliación no debe exceder de 45 días naturales, tiempo que también permite certeza, tanto a los patrones como a los trabajadores.

A nivel federal será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien se hará cargo del registro de los contratos colectivos, del registro de las organizaciones sindicales y también de los procesos administrativos.

Al titular de este organismo se le designará por este cuerpo colegiado, por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo Federal, en un terna.

Por ello hoy, compañeras y compañeros, el Partido Acción Nacional está a favor de la presente reforma, no sin antes reconocer que aún hay mucho por hacer, hay cosas pendientes que habremos de discutir en el Parlamento Abierto, hay cosas pendientes que habremos de discutir a favor de los trabajadores, y a favor, por supuesto, también de los empleadores.

La libertad sindical implica la posibilidad de pertenecer a un sindicato, pero también la posibilidad de no pertenecer a ningún sindicato. La libertad implica también la posibilidad de pagar cuotas, pero también el derecho de no pagarlas si así lo deciden los trabajadores.

Estos dos son los mejores ejemplos de que aún hay mucho por discutir sobre los temas laborales en nuestro país. Hoy reconocemos un avance, sí, pero reconocemos también que todavía no se ha dicho la última palabra.

Reconocemos que necesitamos escuchar a los empresarios, necesitamos escuchar a los sindicatos, necesitamos escuchar a los trabajadores; porque se ha dicho muy bien aquí, lo que necesitamos son mujeres y hombres en este país que tengan trabajo, pero un trabajo que les permita salir adelante, un trabajo que les permita vivir con dignidad, un trabajo que les permita que sus derechos humanos, sus derechos económicos, sus derechos laborales sean en beneficio de su calidad de vida.

Por eso hoy el Partido Acción Nacional dice sí; sin embargo, aún hay mucho por hacer.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora López Rabadán.

Senador Enrique Murat tiene la palara.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy es un día histórico para nuestro país. Tuvieron que pasar más de 50 años para reformar todo lo que vamos a reformar.

En derecho, acceso y accesibilidad no son lo mismo, tenemos una deuda pendiente y hemos estado corto en torno a la accesibilidad. Este grupo de reformas lo que busca es avanzar en ese sentido.

En materia de derechos laborales, México ha sido pionero en reconocer los derechos de los trabajadores, ya que los incorporó desde tiempo atrás; sin embargo esto ha sido letra muerta. Trabajemos para que esto cambie.

Por eso, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México fijamos nuestra postura en torno a este trascendental dictamen, que sin duda marca un punto de inflexión en la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores y la vida sindical en nuestro país, para que nadie más sufra esta falta de accesibilidad.

Lo que busca esta batería de reformas y modificaciones en materia laboral es solventar y reconocer en el marco jurídico mexicano derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, pero más importante, busca actualizar nuestros ordenamientos en materia laboral acorde a las nuevas circunstancias económicas y a los retos que tenemos como nación.

Y como actor global frente a un mundo globalizado e hiperconectado que está cambiando, de manera vertiginosa, a las relaciones laborales, las formas de trabajo donde las fronteras están quedando desdibujadas, y existe un mayor predominio de la tecnología, la innovación y la productividad.

En este contexto en el marco del proceso de ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Congreso de la Unión hace una lectura correcta y oportuna sobre la necesidad de atender las demandas y compromisos pactados con nuestros principales socios comerciales en beneficio de la clase trabajadora mexicana de la productividad y la competitividad.

Y, sobre todo, permitirá acabar de raíz con las malas prácticas sindicales que por muchos años estuvieron por encima de los intereses de los trabajadores en detrimento de sus derechos y de este importante capital humano que es la energía de vida y mueve a nuestro país.

Reconocemos la apertura y el diálogo que tuvo a bien la Colegisladora que permitió aprobar con amplio consenso estas reformas. Como se acaba de mencionar en esta tribuna, aun cuando no hubo un parlamento abierto, se permitió escuchar las exigencias de los distintos sectores.

En el mismo sentido estamos ciertos que esta Cámara alta votará en favor de los trabajadores y los patrones de México.

Esta minuta en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva busca adecuar y armonizar nuestra legislación laboral a la reforma constitucional de febrero de 2017 y, sobre todo, con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de la clase trabajadora, como son los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre derecho, de sindicación y negociación colectiva, además que atiende los compromisos pactados en el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico, y del Anexo 23 del T-MEC.

Lo más relevante es lo relativo a mecanismos de resolución y solución de controversias en donde se busca una verdadera protección de los trabajadores en el Sistema Laboral Mexicano, una lucha que teníamos pendiente.

Sin el ánimo de reiterar en lo que ya se ha expuesto, sólo quiero destacar algunos puntos que a juicio de nuestra bancada serán determinantes en este cambio de paradigma laboral que garantiza justicia, transparencia, libertad y democracia sindical y, sobre todo, pondera el respeto a los derechos humanos de los trabajadores.

Con estas modificaciones y reformas, se revoluciona la impartición de justicia laboral, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar origen a los Tribunales Laborales.

Se crea un fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

Se fortalece la democracia sindical con nuevos ejes de rendición de cuentas y transparencia.

Se establece el proceso de selección de líderes sindicales sujetos a voto personal, libre, directo y secreto, y se incluyen garantías al trabajador desde lo individual, se eliminan las brechas de género, por mencionar algunos.

Sin duda, en el Partido Verde consideramos que en México se abre un nuevo capítulo para la libertad sindical y el sindicalismo, en lo colectivo la instauración de mecanismos serios y eficaces para la verificación y declaración de representatividad en los sindicatos, acabará con la existencia de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección, así como los sindicatos extorsionadores que tanto daño nos han hecho en el país.

Con la aprobación de esta reforma inicia una nueva etapa donde nos corresponde armonizar y adecuar otros ordenamientos en la materia para que esta gama de derechos tengan plena vigencia y aplicación.

Tenemos un largo camino que recorrer, sobre todo en el tema de la reelección, y corresponde a este Poder Legislativo generar los consensos y condiciones en beneficio de las trabajadoras y trabajadores de México, fuente del crecimiento económico, del desarrollo y del bienestar.

Es por eso que nuestra bancada estará siempre a favor de los derechos de los trabajadores de los mexicanos, y hará lo propio y votará en ese mismo sentido.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Murat Hinojosa.

Tiene la palabra el Senador Omar Obed Maceda.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Gracias.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, desde luego acompaña esta histórica votación.

Para no ser repetitivo, dos cosas que principalmente celebramos es que la justicia laboral por fin entra en una etapa judicial que sea jurisdiccional.

La segunda, desde luego, que contenga diversas reformas en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras del país; sin embargo, consideramos que todavía puede mejorarse aún más.

Como recordaremos, el día martes pasado por consenso en esta Cámara, se votó una minuta en materia de las personas trabajadoras del hogar; sin embargo, la minuta que hoy analizamos contiene lo mismo, es decir, se repite básicamente la esencia de lo que ya aprobamos en el capítulo décimo tercero de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué puede pasar con esto?

Bueno, técnicamente es una apreciación técnica, de ninguna manera queremos generar polémica, pero el caso es que ambas reformas modifican los artículos 331, 332, 333, 334 y 336, además del 342, y básicamente los artículos 338 y 340 derogan el dictamen votado precisamente el día martes, y se mantienen en la minuta que hoy discutimos.

Por lo cual, consideramos y ponemos esta consideración, si es posible eliminar lo concerniente al capítulo XIII en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del hogar.

¿Qué pasaría si no porque, repito e insisto, es una cuestión técnica, no es una posición política a ultranza?

Si no pasara esto que proponemos esta minuta sin cambio podría congelarse al ser enviada por el Senado hasta que hubiese publicación y después implica la devolución al Senado, y la ley que dio origen-motivo de la minuta no habrá variado.

Y el caso también técnico sería que ambas minutas se aprueben y corresponda al Poder Ejecutivo Federal que determine o no cuáles serán las observaciones.

Sería un primer punto.

Y el segundo, no menos importante, tiene que ver con la Junta de Gobierno que se plantea en esta reforma, donde se propone que tres organismos con autonomía constitucional, como son el Inai, el Inegi y el INE la integren.

Consideramos por una cuestión, insisto y perdón que sea repetitivo, una cuestión técnica que más bien otras instituciones públicas podrían ser más cercanas por sus funciones constitucionales, por sus funciones conferidas orgánicamente a la materia laboral, y éstas instituciones para ser incluidas en lugar del Inai, el Inegi y el INE en la Junta de Gobierno de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, debieran ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y, volviendo al fondo que es una reforma de pasar la justicia laboral a una situación judicial, pues que hubiera un representante del Poder Judicial de la Federación en esta Junta.

Esas son algunas observaciones, puntualmente las haremos en voto particular, y queríamos hacer esta manifestación ante este Pleno.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Omar Obed.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna Bañuelos.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores.

Como ya lo expresó mi compañero el Senador Joel Padilla, en el Partido del Trabajo acompañamos y celebramos esta reforma laboral.

Sostenemos que la minuta de reforma laboral, sin duda, propone un cambio radical y profundo en el sindicalismo mexicano y la justicia laboral.

La libertad y democracia sindicales fortalecerán el movimiento por los derechos laborales, mejorará las condiciones de trabajo y colaborará a encontrar el equilibrio entre los factores de producción que en el mediano y largo plazo se transformarán en mejoras salariales y en bienestar para las y los trabajadores mexicanos.

Sin embargo, para que esta reforma pueda considerarse una auténtica reforma laboral progresista es necesario que se incluyan materias importantes que afectan directamente a millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos, outsourcings, acoso sexual en los centros de trabajo, los esquemas de contratación de empresas análogas y digitales y la contratación mediante honorarios asimilados a salarios.

La minuta no contempla la revisión del régimen de trabajo por subcontratación que fue incluida en nuestra legislación laboral en el sexenio de Felipe Calderón.

Desde su incorporación varios partidos políticos y defensores de los derechos laborales señalaron que su inadecuada regulación en la Ley Federal del Trabajo traería graves consecuencias para la clase trabajadora.

Bajo la normativa actual, el outsourcings se ha utilizado principalmente para que las empresas evadan sus obligaciones laborales en detrimento de los derechos fundamentales de los trabajadores; es decir, la subcontratación ha facilitado la simulación laboral y no se ha utilizado para la realización de tareas que por su naturaleza especializada requieren trabajadores calificados de manera no ordinaria.

Esta problemática afecta, principalmente, a mujeres y jóvenes quienes para poder incorporarse al mercado laboral deben aceptar condiciones de trabajo que vulneran sus derechos constitucionales.

Esta Legislatura, debe tener, tiene el deber de atender la situación actual de las juventudes mexicanas, en específico el trabajo.

Se debe erradicar la precarización de sus condiciones laborales y salariales.

Es alarmante que la actual generación de jóvenes, los Millennials, será la primera en varias décadas que no podrán aspirar a un estilo de vida mejor que el de sus padres.

Otra grave omisión de la reforma consiste en no revisar y actualizar la normativa laboral en materia de acoso sexual en los centros de trabajo.

Dada la coyuntura y la cultura machista, es necesario fortalecer los procedimientos para prevenir y erradicar el acoso sexual en los centros de trabajo.

A raíz del Movimiento #MeToo en México, salieron a la luz diversos casos de mujeres que han sido violentadas en sus trabajos, que han sido objetivizadas y sexualizadas no sólo por sus compañeros de trabajo, sino por todos los hombres en posiciones de poder dentro de las empresas.

Resulta increíble que en pleno siglo XXI no exista igualdad material y sustantiva plena entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Asimismo, es en extremo condenable que una mujer por el simple hecho de ser mujer no sea tomada en cuenta en un centro de trabajo o sea víctima de acoso sexual en el mismo.

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo decimos: ¡Ya basta a la situación de violencia de género en nuestro país que afecta a millones de niñas y mujeres!

Es urgente incorporar a la Ley Federal del Trabajo la obligación de las empresas de contar con protocolos adecuados para la prevención, erradicación y denuncia de acoso sexual.

Otra materia que omite la reforma laboral que estamos discutiendo es la regulación del trabajo a distancia, comúnmente denominado “home office”, así como los esquemas de contratación laboral en las aplicaciones digitales de economía colaborativa.

Finalmente, se debe incluir en la legislación laboral el esquema de contratación por honorarios asimilados a salarios, un esquema por el que muchas personas se encuentran contratadas y que utilizan las empresas para contratar a trabajadores de confianza sin seguridad social y otros derechos laborales.

Senadoras y Senadores, durante los últimos 30 años los derechos laborales pasaron a segundo plano y fueron prácticamente aniquilados so pretexto de flexibilizar el mercado laboral para atraer inversiones y, supuestamente, crecer económicamente.

La realidad en nuestro país es otra, el poder adquisitivo del salario se desplomó, las condiciones laborales son desastrosas, el subempleo y la informalidad crecieron y el bienestar social colapsó.

Es momento de legislar pensando en los muchos, no en los pocos.

Por eso reitero, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo decidimos “sí” a la reforma laboral y decimos “sí” al Parlamento Abierto que habrá de atender, según el compromiso suscrito por todos los coordinadores de la Junta de Coordinación Política todos estos temas que son pendientes y que también son urgentes en nuestra legislación.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos.

Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se considera suficientemente discutido.

Y en esa virtud se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea, que tenemos registradas aquí en la Mesa, hasta este momento las siguientes reservas:

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, se reservan los artículos 245 Bis, 371, 390 Bis, 400 Bis, 784, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez, se reservan los artículos 49, 146, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340 y 342 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Senadora Alejandra Lagunes Soto, se reserva el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Senadora Kenia López Rabadán, se reservan los artículos 110, 132, 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, se reservan los artículos 154, 156, 390 Bis, 395, 413, 784, 920 y 929 y se plantea la adición de un artículo 1007 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, se reservan los artículos 245 Bis, 784, 937, 927 y 920 de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, se reservan los artículos 400 Bis, 784, 926, 927 y 929 de la Ley Federal del Trabajo; y propone adicionar un artículo 1007 Bis, y la adición del artículo Vigésimo Noveno Transitorio, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Obed Maceda Luna, se reservan los artículos 245 Bis, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 y 590-D de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Mario Zamora Gastélum se reservan los artículos 110, 360, 371 y 390 Ter, de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, se reservan los artículos 245 Bis, 371, 371 Bis, 373, 590-D, 897, 923, 927-F, Décimo Primero Transitorio y Vigésimo Segundo Transitorio, de la Ley Federal del Trabajo.

De la Senadora Vanessa Rubio Márquez, se reserva el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Eruviel Villegas, se reservan los artículos 364, 399 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Del Senador Damián Zepeda Vidales, se reservan los artículos Sexto y Décimo Segundo Transitorios del dictamen.

De igual manera, del Senador Mauricio Kuri González, se reserva el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo.

Y de la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, se reservan los artículos 110, 132, 390 Bis, 451 y 920 de la Ley Federal del Trabajo y Décimo Tercero Transitorio del dictamen.

Asimismo, de la Senadora Verónica Martínez, nos llega una reserva al artículo 784, de la Ley Federal del Trabajo.

¿Falta alguna reserva?

Senadora Beatriz Paredes.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Enviamos, reconozco que sí un poquito tarde, las reservas al Capítulo VIII de los Jornaleros, de los trabajadores del campo, artículo 279 Quáter, artículo 280 Bis y artículo 283.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Estamos en tiempo, no es tarde aún.

Quedan reservados los artículos 279 Quáter, 280 Bis y 283 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Correcto? De parte de la Senadora Beatriz Paredes.

¿Alguien más que desee reservar?

Senador Eruviel Ávila.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Le agradecería mucho también pueda registrar los siguientes artículos 364, 399 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ya le di lectura a esa reserva que usted ha hecho, los artículos 364, 399 Ter y 400 Bis están reservados por el Senador Eruviel Ávila.

Ya lo señalamos y lo reconfirmo.

Pregunto, ¿si existe alguna otra reserva que desee realizar o adición que desee hacer algún Senador o Senadora?

Si no es así, en consecuencia, con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del dictamen en un solo acto, en lo general y los artículos no reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Señor Presidente, conforme al registro electrónico se emitieron 120 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, democracia y libertad sindical y negociación colectiva.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Para iniciar con las reservas, se concede la palabra a la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reservas a los artículos 245 Bis, 371, 390 Bis, 400 Bis, 784, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

La minuta que nos ocupa contempla algunas reformas que pueden ocasionar algunos inconvenientes hacia el sector empresarial. Recordemos que parte fundamental de esta reforma laboral es mantener el equilibrio entre los trabajadores y los empleadores, es por ello, con el objetivo de acercarse a este equilibrio, propongo las siguientes modificaciones en lo particular.

El mantener las adiciones propuestas al artículo 787, fracción VI, la cual establece la negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la prueba; y la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador, no exime al patrón de probar su dicho, deja en estado de indefensión a los patrones, rompiendo el equilibrio procesal y provoca que la mayoría de los juicios individuales sean de alto riesgo para los patrones.

Señora Presidenta, le puedo pedir un poco de orden, ¿por favor?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le rogamos a este Pleno que ponga atención a la Senadora.

Gracias.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Por otra parte, la modalidad de voto directo no se encuentra establecida en la Constitución ni en el Anexo 23-A del T-MEC y es contraria a los convenios 87 y 98 de la OIT, así como a los principios de libertad sindical, porque restringe la libertad de negociación colectiva, el derecho a la autodeterminación en los procesos de elección y prohíbe que las decisiones de un sindicato puedan ser acordes a sus estatutos.

Se debe reconocer el derecho de sindicación de los trabajadores para pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Se propone que se incluya un recuadro con las boletas de votación para que el trabajador, en los procedimientos seguidos para definir la representación de un sindicato, pueda ejercer el derecho de no pertenecer o dejar de pertenecer al mismo.

Esta reforma no lo está contemplando.

Se debe regular la prórroga del periodo de pre-huelga para que no sea de forma unilateral, ya que este tipo de prórroga es una práctica que carece de fundamento legal y que se ha tolerado a pesar que el Poder Judicial de la Federación ha señalado su ilegalidad.

Se debe establecer que será necesario que exista un acuerdo entre el patrón y el sindicato para poder ampliar o prorrogar el periodo de pre-huelga.

El artículo 245 Bis de la minuta permite la división de un contrato colectivo existente en empresas que realicen operaciones aeronáuticas. Es indispensable eliminar esta propuesta debido a que dividir un contrato colectivo en diversos contratos colectivos por el gremio generará conflictos y competencias entre los gremios de una misma empresa, lo que pondría en riesgo la estabilidad de la misma.

Se adiciona que los contratos colectivos de trabajo no podrán contener cláusula de exclusión por separación respecto a trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o expulsión, pero subsiste la de inclusión, esto es, la obligación de ser sindicalizado para ingresar a laborar o se mantienen los derechos de preferencia de trabajadores sindicalizados sobre los que no lo sean, lo que atenta claramente contra la libertad de sindicación, de pertenecer o no al sindicato.

Se propone que en lo referente al emplazamiento a huelga, se acompañe el acta de votación, en donde conste que la mayoría de los trabajadores miembros del sindicato hayan aprobado las peticiones y el emplazamiento a huelga. Esto es parte de la transparencia.

Se deben establecer mecanismos en los que la mayoría de los trabajadores puedan concluir el procedimiento de huelga mediante acuerdo entre estos y el patrón, para evitar que la huelga pueda tener duración indefinida y estar a merced de quien represente el sindicato. Por lo que se propone incluir el derecho de la mayoría a terminar un movimiento de huelga que afecte al centro de trabajo.

A pesar que la minuta prevé que los patrones también podrán solicitar al Tribunal que determine a quién le son imputables los motivos de la huelga, solo podrán hacerlo cuando hayan transcurrido 60 días a partir de la fecha del estallamiento, periodo que resulta demasiado excesivo y que puede impactar en la subsistencia del centro de trabajo. Por lo cual, se propone disminuir este plazo a solo 15 días.

Quiero también, para finalizar, que quede claro que al igual que el sector empresarial y obrero, respaldo y doy mi voto a favor, y de confianza, de esta reforma laboral; sin embargo, no quiero que esta se malinterprete en los hechos, no quiero que termine por afectar a las empresas de México y a las personas trabajadoras.

Que esta reforma no sea un pretexto para la anarquía sindical disfrazada de libertad, coartada por líderes intocables y con intereses muy personales, que esta reforma no sea un pretexto para atentar contra la libre empresa y el sector empresarial. Que no sirva de excusa para frenar el crecimiento económico y poner en incertidumbre las fuentes de empleo de los mexicanos y las mexicanas.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a consultar a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Martha Márquez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 245 Bis.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite discusión la reserva del artículo 245 Bis. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el artículo en sus términos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 371.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 371. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a proceder, hasta el final, decir el destino de cada uno de los artículos por lo que le consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se admite a discusión la reserva del artículo 390 Bis.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, la reserva del artículo 390 Bis. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se admite a discusión el artículo 400 Bis.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, el artículo 400 bis. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 784.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 784. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 927.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 927. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 929.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 929. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 937.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 937. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Los artículos 245 Bis, 371, 390 Bis, 400 Bis, 784, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reservas a los artículos 49, 146, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340 y 342 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo sí quiero ser bien clara, porque hoy vamos a ver de qué está hecho Morena, porque esto que hoy se está aprobando es una doble moral, hubo un acuerdo político de que se iba a aprobar la reforma de trabajadores del hogar en la Cámara de Diputados para corregir esto que está mal en esta minuta que estamos votando.

Todo lo que ustedes votaron por unanimidad, que además pusieron unos letreros gigantes para darles derechos a las trabajadoras del hogar, se han negado en la Cámara de Diputados aprobar esa minuta.

Si ustedes no aceptan los cambios que estoy proponiendo, una vez más las trabajadoras del hogar se van a quedar sin derechos laborales.

Por eso yo pido o hacemos estos cambios, porque dijo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó en la mañana que estos cambios se hagan en la Cámara de Senadores, que se hagan en este momento.

Si ustedes, estos cambios que yo estoy presentando no son más los que ustedes votaron el pasado martes, ni más ni menos, no estoy agregando nada. Al contrario, aceptamos algunas sugerencias que hizo el Director del IMSS para corregir la minuta que mandamos, el viernes pasado lo corregimos y no se ha querido votar.

¿Y saben qué? No se va a votar, y con qué cara vamos a celebrar esta Ley Federal del Trabajo, si las trabajadoras del hogar se van a volver a quedar sin derechos laborales.

Aquí hay dos caminos: o saca la minuta la Cámara de Diputados que mandamos para corregir esta aberración que ahorita ustedes me van a negar que se cambie, o hay un compromiso político de Morena para que la minuta salga en la Cámara de Diputados o ustedes apóyenme cambiando esta Ley Federal del Trabajo.

50 años han esperado las trabajadoras del hogar, 60 años sin derechos laborales y como veo las cosas, ya ni siquiera nos escuchan.

Yo no voy a leer una por una, simplemente es la ley que aprobamos la semana pasada, el martes pasado.

Yo le pido al Senador Ricardo Monreal, a Martí Batres y a todos los Diputados de Morena, están en sus manos que las trabajadoras del hogar no se queden sin derechos laborales, hay una negativa explícita de la Cámara de Diputados para que no se vote esta reforma que salió por unanimidad del Senado.

Entonces, yo les pregunto: ¿están de acuerdo que modifiquemos los 10 artículos para que se reforme esta Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadoras del hogar y se vaya a la Cámara de Diputados de regreso y la aprueben allá?

¿Pero cómo le hacemos? Malú, así no, ¿cómo le hacemos? Simplemente pido el compromiso de que no llegue el 1º de mayo sin que las trabajadoras del hogar tengan sus derechos laborales.

Yo pedí, toda la mañana, hablé con todo mundo, hablé con Martí Batres, hablé con Ricardo Monreal, hubo un compromiso político de sacar esa minuta en la Cámara de Diputados y no se ha sacado y hasta el momento no sabemos si se va a sacar.

Y si esta ley se aprueba en los términos que viene y no se aprueba en estas reservas nos vamos a quedar sin derechos laborales para las trabajadoras del hogar.

Entonces, simplemente todos los artículos, les voy a poner un ejemplo porque no se los voy a leer todos, en la ley que aprobamos se define qué es el trabajo del hogar; en la minuta que estamos aprobado no está definido; lo más sencillo es hacer un trabajo político para que la Cámara de Diputados, el día de mañana, apruebe la minuta que le mandamos y corrija todo lo que hoy vamos a estar apoyando en materia de trabajadoras del hogar.

Entonces, el tema es que va a pasar el tiempo, sino lo corregimos aquí que fue el acuerdo que hizo la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que lo corrija el Senado, yo les pediría que mejor lo corrigiera el Senado y no estemos a expensas de la otra minuta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La Senadora Xóchitl Gálvez, nos solicita que se someta a consideración todo el paquete de estas reservas.

Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para consultar a la Asamblea si se admiten a discusión las 10 reservas presentadas por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

(Se recoge la votación)

La votación consiste en preguntar al Pleno si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Xóchitl Gálvez.

La Secretaria Senadora Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Falta algún Senador? Sí, Senador Añorve.

¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?

Señora Presidenta, conforme al registro electrónico, se emitieron 52 votos a favor, 65 en contra y cero abstenciones.

No se admiten a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: De esta forma, los artículos 49, 146, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340 y 342 de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Antes de continuar, pido un poco de orden porque hasta acá incluso se oyen todos los murmullos.

Tiene la palabra la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del PVEM, con una reserva al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: Muchas gracias, señora Presidenta.

La estigmatización relacionada con el VIH y el Sida tiene costos económicos, sociales y de salud para las personas trabajadoras que viven con estas condiciones, sus familias y sus comunidades.

Solicitar o aplicar pruebas de laboratorio de VIH en un ambiente laboral de forma obligatoria o como precondición para el proceso de contratación, promoción o permanencia, es una práctica violatoria de los derechos humanos que sucede sistemáticamente en nuestro país.

La tolerancia estructural de dichas prácticas debe de atenderse, el Estado mexicano tiene como obligación legislar, no sólo para sancionar los actos discriminatorios, sino también para prevenirlos.

México, como miembro de la ONU, adherente a los objetivos de desarrollo sostenible y a la declaración política sobre el VIH y el Sida tiene el compromiso global de contribuir a la meta de poner fin a la epidemia para el 2030.

Además, debe asegurar el acceso y progresividad de los derechos humanos para todas las personas sin importar su condición médica, orientación sexual o identidad de género.

Nuestro país tiene la prerrogativa de promulgar disposiciones legislativas específicas pro-persona para velar porque las personas o grupos vulnerados no sean discriminadas en el acceso irrestricto, entre muchos otros derechos, la salud, un empleo digno y una profesión libremente elegida.

La evidencia, además de tres décadas, ha llevado a ONU-Sida a asegurar que las estrategias coercitivas, como son las pruebas obligatorias, no sólo violan los derechos fundamentales de las personas, sino que suponen un obstáculo para alcanzar la meta de acabar con la epidemia, pues alejan a las personas de los servicios de atención y tratamientos que requieren al profundizar temores y estigmas.

Por lo anterior, con el objetivo de garantizar la protección de grupos vulnerados, eliminar prácticas que estigmatizan y desfavorecen a la población seropositiva trabajadora y que pueden motivar o exacerbar su vulnerabilidad frente al VIH, presento la reserva al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para agregar como prohibición la fracción XVIII: “exigir, solicitar o coaccionar a cualquier persona a que se realice estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo”.

Y la fracción XIX: “despedir a cualquier persona trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por ser portadora, familiar, cónyuge, concubina o dependiente de una persona portado de VIH”.

Frenar todo tipo de discriminación directa y por asociación persistente en el mundo laboral para las personas seropositivas, sus familiares, cónyuges o dependientes es responsabilidad del Estado.

Sigamos construyendo un país de derechos; sigamos ampliando la protección a grupos vulnerados; sigamos luchando por un país donde no sea un sueño trabajar dignamente y construir una vida plena y libre de discriminación y estigmatización.

Un país donde para cualquier persona tener el trabajo de sus sueños sea posible.

Les pido que se sumen hoy en un momento clave, cuando existe aún incertidumbre en el abasto de medicamentos antirretrovirales para las doscientas mil personas que viven con VIH en México.

Sigamos institucionalizando la visibilidad y protección para las personas seropositivas trabajadoras de nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Lagunes Soto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera a discusión la reserva al artículo 133, presentada por la Senadora Lagunes.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Lagunes al artículo 133. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El artículo 133 queda en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reserva a los artículos 110, 132, 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta.

Pues es evidente que esta Cámara revisora, de revisora no tuvo nada, porque no se va a mover un solo artículo de la minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados.

Es evidente que los Senadores y las Senadoras no tuvimos la posibilidad de ser escuchados en una discusión trascendente a propósito de la Ley Federal del Trabajo.

Es evidente que sabiendo que hay algunas cosas que se puede perfeccionar y mejorar en esta miscelánea de leyes, pues simple y sencillamente la mayoría ha optado por rechazar todas las reservas, ya sean a favor de los trabajadores, ya sean a favor de los patrones, ya sean a favor de las trabajadoras del hogar, simple y sencillamente hoy la mayoría que está representada por el Presidente de la República, pues simple y sencillamente dice: “no”.

Sabiendo esto venimos a dar testimonio, literal testimonio de lo que nos preocupa.

Déjenme decirles que en el artículo 110, en la fracción VI, hoy se prevé en esta discusión que el pago de las cuotas sindicales ordinarias, previstas en los estatutos de los sindicatos, se ubican en los supuestos de los descuentos en los salarios de los trabajadores, y éstas están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes.

Hablando de las cuotas sindicales, lo que hoy nosotros proponemos se adicione es que los descuentos en los salarios de los trabajadores estén prohibidos salvo en los casos y los requisitos siguientes:

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos y adicionamos previa autorización expresa del trabajador.

Porque no podemos compartir que las cuotas sindicales se descuenten sin que el trabajador previamente lo autorice.

Por lo que toca al artículo 371, en la fracción XII, dice: “los estatutos de los sindicatos tendrán, contendrán, en la fracción XII, forma de pago y monto de las cuotas sindicales”.

Nosotros estamos proponiendo se adicione “los cuales no serán obligatorias para los trabajadores, en caso de que el trabajador opte por pagarla suscribirá un convenio con el sindicato”.

Aquí se ha dicho que estamos a favor de los trabajadores, pero qué mejor que darles la posibilidad a los trabajadores de pagar o no pagar cuotas.

Imagínense ustedes con los desafortunados salarios que millones de mexicanos y mexicanas tienen, desafortunados salarios, además se les obliga a pagar una cuota sindical.

Queremos ayudarlos, dejémosle la posibilidad de no pagar las cuotas sindicales.

Si bien es cierto, el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo menciona “que nadie puede ser obligado a formar parte o no de un sindicato”.

No obstante hoy proponemos que este derecho se ejerce en cualquier momento.

Hoy están ustedes aprobando el artículo 390 Bis. Nosotros proponemos que haya un recuadro para poder expresar la voluntad de no formar parte ni ser representado por ninguno de los sindicatos.

Si este derecho se tiene, por qué no hacerlo en cualquier momento, específicamente en esta modificación al artículo 390.

Y por último, y con esto concluyo, el artículo 390 Ter, establece que en el caso en el que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión no cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por él mismo.

El sindicato podrá, actualmente dice: “prorrogar o ampliar el periodo de pre-huelga, y lo que estamos proponiendo es que esta prórroga o ampliación de pre-huelga sea de común acuerdo con el patrón”.

Con estas reservas, compañeras y compañeros, el Partido Acción Nacional apoya sí, a los empleadores, pero también apoya a los trabajadores. Es una lástima que hayan decidido políticamente no aceptar ni una reserva.

Es una lástima que estemos dejando vacante la posibilidad de ayudar, desde el Senado de la República a las trabajadoras y a los trabajadores de este país y también a los empleadores.

Sin duda, una de las posiciones públicas que se ha topado por diversos actores políticos es que habrá un parlamento abierto. Ojalá que ahí podamos hacer uso no sólo de la palabra, sino de la decisión en la que hoy no sólo el Senado ha declinado.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Kenia López a los artículos 110, 132, 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los reservas presentadas por la Senadora Kenia López Rabadán a los artículos 110, 132, 371, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Los artículos mencionados quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar reservas a los artículos 245 Bis, 784, 920, 927 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señora Presidenta.

En la primera reserva tiene que ver con el giro aeronáutico, es una reserva para eliminar el artículo 245 Bis.

El texto que plantea el dictamen, permite la división de un contrato colectivo existente en empresas que realicen operaciones aeronáuticas.

Ya hemos visto los graves problemas que se han generado en Mexicana, lo vemos cada vez que vamos al aeropuerto, que siempre hay temas sindicales con este sector, y el problema es que a partir de esta permisión se van a generar conflictos de competencias entre los gremios, inclusive, de una misma empresa.

Si me permite, señora Presidenta, puedo de corrido dar.

Muy bien, esa es la primera reserva.

La segunda, como decía la compañera Kenia, si no es para pedir el voto, sí dejar testimonio, y vamos a insistir en el tema de la carga de la prueba.

En este sistema jurídico como en la mayoría, el que afirma está obligado a aprobar por simple lógica y natura, quien afirma es quien tiene los elementos de la prueba.

Es cierto que en materia laboral se abusó y muchas veces los empleadores despedían al trabajador, le ofrecían una migaja, el trabajador se iba a juicio y ahí lo traían al pueblo con reinstalación y otra vez con, te ofrezco reinstalación y te ofrezco reinstalación.

Pero eso se combate de otra manera, no se combate dando al traste con todo el sistema jurídico mexicano y ahora pretender que una de las partes se viole el equilibrio procesal y se le pide a la empresa que pruebe que despidió; es decir, se le pide a una de las partes que pruebe un hecho negativo. Eso ni en China se hace, porque es ir en contra de la valoración de las pruebas.

Pero insisto, lo más grave es que si el trabajador ya sabe que él no tiene que probar absolutamente nada, nunca va a pedir conciliación, porque las va a ganar todas, y si esta reforma sale como va a salir y nos tardamos en modificar esta nueva carga de la prueba.

Estamos condenando a todos los empresarios a que se les hagan tsunamis y filas de demandas que van a perder por un error garrafal en quien propuso esta modificación de la carga de la prueba.

Por eso estamos pidiendo modificar el artículo 784 del proyecto.

Otra de las reservas tiene que ver con el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo.

El texto planteado detalla el procedimiento de la huelga y los requisitos para que se inicie, para que se integre como requisito el comienzo de una huelga, el acta de votación en la que la mayoría de los trabajadores hayan aprobado, creemos que se debe modificar.

Lo que queremos es que se garantice que el sentido de las posiciones que formulen los trabajadores esté respaldada por la mayoría y no solamente por el líder sindical, porque hoy es una práctica común que se hacen cartas a Santa Claus, los trabajadores no tienen ni idea de lo que pide el líder sindical, y el líder sindical de ahí se agarra para extorsionar o para cobrar.

Pero, bueno, como ya sabemos que no van a aceptar ni una, mejor ni continúo, simplemente voy a manifestar que el sector patronal nos dio a todos los Senadores una copia con todas las aberraciones que trae en materia jurídica, en materia procesal, en materia jurisdiccional este dictamen, y hay un compromiso de este Senado de a la brevedad hacer los cambios.

Para septiembre ha es muy tarde y desgraciadamente por las prisas y por la imposición de los americanos sale hoy un dictamen que tiene deficiencias unas muy graves y qué lástima que esta Cámara revisora se ha convertido en una simple oficialía de partes.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las cinco reservas a la Ley Federal del Trabajo, presentadas por el Senador García Sepúlveda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Samuel Alejandro Sepúlveda, a los artículos 245 Bis, 784, 920, 927 y 937de la Ley Federal del Trabajo. Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Los artículos 245 Bis, 784, 920 927 y 937de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, con reservas a los artículos 400 Bis, 784, 926, 927 y 929 de la Ley Federal del Trabajo; y propone adicionar un artículo 1007 Bis y la adición de un Artículo Vigésimo Noveno Transitorio, todos de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo primero quiero dejar constancia de que en el terreno de los hechos, el grupo parlamentario del PRD ha cumplido con su palabra de apoyar obviamente la modernización de esta relación obrero-patronal de impulsar y no ser obstáculo.

También para que, en breve, podamos tener buenas noticias para nuestro país respecto de las relaciones con el Tratado de Libre Comercio, porque así se ha dicho que buena parte de esta premura tiene que ver precisamente con este asunto de la aprobación del Tratado, entonces, nosotros esperamos que así sea.

Pero también nos quedamos con el compromiso del presidente de la comisión, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, y del Coordinador del grupo parlamentario de Morena, que tendremos el parlamento abierto, que vamos a llevar a cabo las discusiones relativas y necesarias para mejorar este equilibrio procesal, laboral obrero-patronal.

Las reservas que estamos presentando son al 400 Bis a fin de agregar un párrafo en donde se diga: “salvo que de acuerdo con los estatus del sindicato, los trabajadores deleguen en un comité las facultades para negociar y aprobar el acuerdo de revisión contractual junto con el sindicato, ateniendo a la voluntad de los trabajadores”, cual es el espíritu de todo lo que se ha aprobado aquí en el Senado.

La reserva al artículo 784 tiene que ver con algo que comentaba ya Samuel también, la necesidad de probar hechos negativos.

Esta ha sido una discusión de largo tiempo y además un tema reiterado en los tribunales en el litigio laboral; sin embargo, atendiendo a que el trabajador a veces tiene una gran dificultad para probar que fue despedido, se revirtió la carga de la prueba y se dijo “no, el que tiene que probar que no lo despidió es el patrón”.

¿Cuál es el mecanismo para ello? Ofreces el trabajo, ofreces la reinstalación en las mismas condiciones, con el mismo salario, pero ahora ni eso, ahora ni eso. Verdaderamente me parece que este es un obstáculo procesal mayor.

¿A quién va a afectar de manera considerable? A las MiPymes, no tengo ninguna duda, va a afectar al sector empresarial si nosotros no corregimos esto como lo estamos planteando y como se ha comprometido.

De la misma manera la reserva al artículo 926…

Saludo al Senador Armenta.

Yo pensé que estaban aplaudiendo la reserva, pero no, ya vi que llegó.

Saludo, bienvenido, querido amigo.

Esta reserva al 926 tiene que ver con el diferimiento de la audiencia que puede ser o que debiera ser a petición de la mayoría de los trabajadores, no necesariamente a petición del sindicato, sino a petición de la mayoría de los trabajadores.

Volvemos con el mismo espíritu, no con otro, con lo mismo. Estamos hablando obviamente del procedimiento de pre-huelga.

Artículo 927, en su fracción V. Aquí lo que estamos proponiendo es eliminar la facultad de ampliar la pre-huelga, de prorrogar la pre-huelga, solamente por parte del sindicato; es decir, esto se puede ampliar, sí se puede prorrogar, pero ya lo dice la ley, de común acuerdo, porque se está afectando la fuente de empleo.

La huelga es algo que no quisiéramos, bueno, los orientales hacen huelga trabajando, eso es diferente, pero aquí si cierras la fuente de empleo y después del plazo que se dio prorrogas de nueva cuenta el cierre de la fuente de empleo, nos parece que va a ser grave. Claro que si hay un común acuerdo es una cuestión absolutamente distinta.

Lo que corresponde al artículo 929 habla, en la propuesta, en lo que se está aprobando, que una vez que se ha declarado existente la huelga queda así, ya definitivamente, queda ésta en sus términos. Aquí lo que estamos diciendo es que para que se termine no necesariamente otra vez con el sindicato, con la mayoría de los trabajadores, con la mayoría, no estamos diciendo con algunos de los trabajadores, la mayoría y por supuesto con el patrón.

Estamos agregando un artículo 1007-Bis, que es simple y sencillamente poner hoy lo que puede ser el tema de discusión, de debate, de una tipificación penal, sancionando con dos a cuatro años de prisión y multa de 200 a dos mil unidades de medida y actualización al líder sindical que lleve a cabo una suspensión de trabajo en contravención de lo establecido con la ley. Es de lo que se habló, pero ponemos la tipificación y la sanción correspondiente.

Teniendo estos dos elementos sin duda hace la diferencia.

Y, finalmente, una propuesta de un 29 transitorio para la instrumentación de la reforma. Se requieren recursos para implementar una reforma, en donde estamos hablando de un cambio de las juntas de conciliación a tribunales especializados.

No es un tema menor, nada más en la Ciudad de México, en tabuladores, estarían hablando prácticamente de un 30 a 40 por ciento de incremento, más lo que se tendría que pensar en instalaciones especializadas.

No es un tema menor, hoy no se tiene previsto este recurso y no obstante que la implementación es gradual, vuelvo a recordar, cuando se hizo la implementación del sistema penal nos dimos ocho años, de 2008 a 2016 y todavía hubo premura financiera. Hoy puede suceder lo mismo.

Reitero nuestra principal motivación, que haya equilibrio, que no se vaya a frenar la inversión, la productividad, las fuentes de empleo, porque si no después vamos a tener una gran protección laboral y no vamos a tener fuentes de empleo. Eso no puede pasar, debemos encontrar los equilibrios a través de estas tareas.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas, cinco modificaciones y dos adiciones, presentadas por el Senador Mancera Espinosa.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Miguel Ángel Mancera, de los artículos 400-Bis, 784, 926, 927 y 929 de la Ley Federal del Trabajo, y su propuesta de adicionar un artículo 1007-Bis, y la adición de un artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley Federal del Trabajo. Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 400 Bis, 784, 926, 927 y 929 de la Ley Federal del Trabajo, así como la adición de un artículo 1007 Bis y de un Artículo Vigésimo Noveno Transitorio a la Ley Federal del Trabajo, quedan en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, para presentar reservas a los artículos 279 Quáter, 280 Bis y 283 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Honorable Asamblea:

He estado muy atenta al debate en lo general, pues sin duda esta es una de las reformas de más hondo calado en la realidad nacional.

Sería deseable que las cuestiones estratégicas encuentren un proceso legislativo maduro, con mucho mayor tiempo para que las comisiones y los legisladores puedan profundizar el análisis.

Estoy convencida que de pronto hay decisiones de voto que se vinculan con una preocupación, que la sociedad vaya a señalar negativamente una u otra posición. Todos estamos en favor de la democratización sindical, no tengo la menor duda, pero esa actitud positiva no debe suponer que no se analicen otras aristas de esta reforma, que por muchas décadas es la más importante que hemos tenido en la institucionalización de la relación del Estado con los trabajadores y con los empleadores.

Tampoco es motivo para olvidar el papel histórico que en su momento tuvo el gran sindicalismo de nuestro país, que no inició como corporaciones verticales. Yo quiero reivindicar el papel histórico que la Confederación de Trabajadores de México tuvo en la conquista de varios de los elementos que caracterizan la seguridad social mexicana.

Dentro de estos temas que se quedaron fuera están los relativos al tratamiento que en la legislación laboral tienen los trabajadores del campo.

Quiero decirles, que desde mi perspectiva, es absolutamente dramático, como la legislación laboral que estamos permitiendo continúe, trata el tema de los trabajadores del campo.

Por eso expreso mi rechazo al artículo 279 Quáter, al artículo 280 bis y al artículo 283. La manera en que se dice que el patrón, el empleador deberá autorizar que los trabajadores, en el predio, tengan acceso al agua para el uso doméstico o para la atención de sus aves de corral, me parece insólita, es una legislación que tiene términos feudales.

Y por eso quiero arrancar, a este Honorable Pleno y a los grupos parlamentarios, el compromiso de que en el Parlamento Abierto que han comprometido realizar para revisar, de manera integral, las cuestiones que quedaron pendientes de esta legislación, estableceremos un nuevo capítulo de trabajadores del campo en donde se trate a los jornaleros agrícolas como lo que son, trabajadores dignos, que además, con su trabajo proveen de alimentación a todos los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

Vamos a ir por partes.

Primero, la reserva al artículo 279 Quáter, después al artículo 280 Bis, y por último al artículo 283, todos de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservar presentadas por la Senadora Beatriz Paredes, de los artículos 279 Quáter, 280 Bis y 283 de la Ley Federal de Trabajo. Quienes estén porque se admita a discusión…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No.

Primero, el 279 Quáter.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Votamos por separado? Quienes estén porque se admita a discusión la reserva del artículo 279 Quáter, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión el artículo 279 Quáter.

Quienes estén porque se admita a discusión la reserva presentada al artículo 280 Bis, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Y quienes estén porque se admita a discusión la reserva al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 279 Quáter, 280 Bis y 283 de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reservas a los artículos 245 Bis, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 y 590 de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Gracias. Con permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

De nueva cuenta retomaré muy brevemente estas reservas en lo particular, insistiendo en que seamos perceptivos, son cuestiones que consideramos en el grupo parlamentario del PRD, situaciones técnicas, situaciones estrictamente procedimentales, alguna con un respaldo incluso en una tesis jurisprudencial, para tener esta claridad, para que ojalá puedan discutirse, si fuese el caso, y si no, pues seguramente será tema de alguna iniciativa posterior a estos temas.

La primera reserva, que es al artículo 245 Bis, se refiere, básicamente, a que permitir que un sector laboral tenga establecida la posibilidad que se agrupen mediante gremios, por poner el ejemplo y ser muy claro, de pilotos, sobrecargos o el denominado personal de tierra, consideramos que no es necesario porque esto ya ocurre.

En cambio abre la puerta para que otros sectores laborales pudiesen utilizar este artículo para demandar una organización interna similar, elevando el riesgo de conflicto interno por disputa o roces derivadas de acuerdo en beneficios no igualados entre los trabajadores.

Además, lo más grave que pudiese ocurrir, consideramos que estos sindicatos gremiales no podrían demandar la titularidad del contrato colectivo. Y para esto, nuestro máximo Tribunal Jurisdiccional ya en una tesis que únicamente me permitiré leer el rubro, ya se pronunció; es decir, hay un criterio serio y formal.

Leo textual: “sindicatos gremiales, carecen de legitimación a causa para reclamar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo que tiene celebrada una sociedad mercantil con un sindicato que integra la universalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en la misma empresa”. Insisto, son cuestiones técnicas.

La segunda reserva es toda esta lista de artículos, del 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340 y 342 que se refieren al Capítulo Décimo Tercero, que básicamente comentamos y se ha retomado en varias intervenciones, que se refiere a las personas trabajadoras del hogar. Insistimos en que se podría generar un conflicto o lo que sería más complicado y sería en detrimento de estas personas trabajadoras del hogar de que de aprobarse el dictamen que estamos discutiendo sin eliminar de esta minuta este Capítulo Décimo Tercero, los beneficios serían mínimos, en comparación con lo que en este Pleno el día martes votamos por amplia mayoría, por unanimidad, en beneficio de las trabajadoras del hogar.

Y la tercera reserva tiene que ver, de nueva cuenta seré breve, con el artículo 590-D, respecto a la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Insistimos, como fracción parlamentaria, que si bien es cierto el Inai, el Inegi y el INE son organismos constitucionalmente dotados de autonomía, también lo es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, la propia Secretaría de Salud, y con esta reforma que busca la judicialización de todo el proceso laboral, son las más adecuadas para estar en esta Junta de Gobierno, en lugar de estos tres institutos, porque sus funciones otorgadas constitucional, orgánica y administrativamente son más apegadas a la función que tendrá esta Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Sería todo de mi parte.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 10 reservas presentadas por el Senador Omar Maceda Luna.

La Secretaria Senadora Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Omar Obed Maceda Luna, a los artículos 245 Bis, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 y 590 de la Ley Federal del Trabajo. Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, las reservas presentadas por el Senador Maceda Luna, a 10 artículos, quedan en los términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reservas a los artículos 371 y 390 Ter a la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos.

Hago uso de la voz a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI, para presentar las siguientes reservas de la fracción Bis del artículo 371 y el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, que señala la necesidad de que la mayoría de los trabajadores aprueben el contenido de un contrato colectivo en caso de firma o revisión, así como un proceso definido para ello, que si bien, y lo debo decir, a primera lectura resulta un tema noble y de participación de los agremiados, en la práctica parece o queda claro que resultaría inoperante, burocrático y tardío para hacer realidad la aplicación de dicho contrato.

Quiero aclarar que la reforma de discusión en este Pleno es una continuación de la Reforma Constitucional en materia laboral que se dio en 2017 como parte de las reformas estructurales, con lo cual se fortalecieron las relaciones laborales, los derechos de negociación colectiva y la libertad sindical.

Hoy, en el marco de esta discusión, es necesario adecuar la ley para el debido funcionamiento del Sistema de Justicia Laboral sumando a los compromisos internacionales signados por México.

En este sentido, los Senadores del PRI, si bien acompañamos en lo general la propuesta que hoy se presenta, es necesario salvaguardar la competitividad y la estabilidad tanto de sindicatos, como de empresas.

En ese sentido, el PRI cree en la autonomía y en la libertad sindical, así como en la democratización de los procesos internos de los mismos a fin de garantizar su estabilidad y la mejor protección de los derechos laborales.

Sin embargo, también debemos ser cuidadosos en no violentar la autodeterminación de éstos, su independencia y los procedimientos expeditos.

Quiero señalar que para la firma o revisión de los contratos colectivos existe una comisión de trabajadores quienes realizan labores de negociación a nombre y representación de la colectividad de los agremiados, por lo que incluir las adiciones que propone el dictamen resta objetividad y eficiencia a la comisión electa.

Además de que la naturaleza del derecho constitucional y asociación de los trabajadores en un sindicato tiene por finalidad depositar en un ente su representación para que vele por sus derechos y progreso laboral, por lo que las figuras que se pretenden adicionar atenten contra esta naturaleza y con una de las funciones principales de un sindicato, por lo que su eficiencia y existencia quedarían bastante mermadas.

Con esta reserva no pretendemos restar la participación de los trabajadores, ojo, esto es importante, sino todo lo contrario. Queremos que los logros en prestaciones y alcances del contrato colectivo o en su revisión, o pérdida de manera inmediata sin un proceso que pueda ser tardía su aplicación, o en el peor de los escenarios pueda revertirse la negociación que en su momento resultara favorable para los trabajadores debido a los factores de poder, intereses gremiales o patronales.

La verdad es que me puse a revisar qué partes del mundo tenían algo así, y únicamente encontré dos casos.

Uno es Islandia, y en Islandia lo que sucede es que cerca del 10 por ciento de los trabajadores son los que participan cuando les toca ser convocados para este fin.

Y el otro es Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda, más bien es el sindicato el que decide qué porcentaje de trabajadores son los que deben de tener, qué porcentaje debe estar de acuerdo para que pueda ser válido el contrato.

Entonces, me llama la atención que si prácticamente en el mundo no tiene mucha razón de ser esto, ¿por qué tenerlo que ser ahora?

Y quiero dejar claro, y sobre todo para la gente que nos está viendo por YouTube, o en el Canal del Congreso, lo digo con mucho respeto y entiendo cómo es el tema parlamentario, pero a mí no se me olvida que nos señalaron mucho, que el pueblo de México quería dejar atrás las líneas y por consigna votar en el legislativo de determinada manera.

Ojalá que puedan ver cómo todos los compañeros Senadores quieren estar poniendo atención, quién leyó, quién realmente está consciente de lo que está votando, o simplemente porque alguien más le dijo: esto lo vamos a hacer de esta manera, y así va a ser, y tan, tan.

Ojalá, compañeros, que tomemos en cuenta esto, no es más que con el único afán de enriquecer una ley que estamos seguros va a ser de gran trascendencia e importancia.

Y para mí fue muy relevante porque una persona a quien yo le tengo un gran reconocimiento me dijo: “Mario, esto que estamos votando hoy, si se va a así, en los próximos años nos vamos a estar arrepintiendo de que sea de esta manera, porque el abrir a que los contratos sean autorizados por todos los trabajadores puede generar un gran problema, no sólo para los sindicatos, sino para los propios trabajadores, o para la propia empresa”.

Ojalá lo consideren, aunque después de ver el antecedente está claro cómo van a votar.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las dos reservas presentadas por el Senador Mario Zamora Gastélum.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas al artículo 371 y 390 Ter a la Ley Federal del Trabajo, presentadas por el Senador Mario Zamora Gastélum. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Los artículos 371 y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reservas a los artículos 360, 371, 372 Bis, 373, 590 D, 897 F, 923 y 927 de la Ley Federal del Trabajo.

Sonido en el escaño del Senador, por favor.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Inicio con el artículo 360 del dictamen, y solicito a usted se le dé autorización a la Senadora Claudia Anaya, de que me auxilie con otros de los que tenemos reservados.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Claro que sí.

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Esta reserva es que no haya la desnaturalización sindical porque, como lo decía el Senador Mario Zamora, pues a veces parecería que se trata de destruir todo lo que se ha hecho durante tantos años.

El párrafo del artículo en cuestión, que a la letra dice: “la anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan”.

Se considera debe ser eliminado este párrafo, ya que el derecho de los trabajadores para organizarse en la forma que ellos decidan corresponde a un principio de libertad sindical en la redacción de sus estatutos y no corresponde a la clasificación de sindicatos formados por trabajadores.

Es cuanto en esto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador, ¿entendí que las demás reservas las va a presentar la Senadora Claudia?

Sonido, por favor, entonces, al escaño de la Senadora Claudia Anaya Mota.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

La siguiente reserva es el artículo 371. Con relación al 371 Bis del dictamen, es para respetar la libertad de autonomía sindical en la redacción estatutaria.

Lo que sucede es que está cambiado el concepto de la transcripción expresa de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano. En la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio no hay ninguna disposición que refiera al voto directo, más sí en la redacción del TLC habla de la obligatoriedad de tener un voto personal, libre y secreto acorde también a nuestra Constitución Política.

Entonces, en el dictamen se contiene una adición a las fracciones XIX, XIX Bis, X y de más relativos del artículo 371 que violenta precisamente la autonomía y libertad sindical incluyendo el término directo como obligatorio y estableciendo el contenido obligatorio de los estatutos en el que encontramos, diversas otras relaciones directas.

Entonces, lo que habría que hacer es utilizar el término correcto, que es el que tiene la Constitución y que es el que habla también los convenios internacionales y las organizaciones internacionales, misma que es imposible aplicar como lo tiene el dictamen, que es con la palabra “voto directo”.

Es decir, debiera decir: “voto personal, libre y secreto”, de eso trata la segunda reserva del Senador Carlos Aceves, que me pide que le ayude con la presentación.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Continuará el Senador Aceves del Olmo con los demás artículos?

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) La reserva al artículo 590 D del dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo en la participación tripartita, en la Junta de Gobierno.

Es de la mayor importancia reformar el artículo 590 D de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para incorporar en la integración de la Junta de Gobierno, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una representación obrera y patronal en igual número y de acuerdo a la representatividad de las propias organizaciones.

Lo que en modo alguno implica la dualidad de ser juez y parte en la administración de justicia, que en todo caso no compete a dicho centro, sino que de participar en la aprobación para un mejor desempeño de esta autoridad autónoma.

En la reforma constitucional este órgano se contempló como un organismo público descentralizado, y con fundamento en ello se trata de órganos independientes por ministerio de ley y no por la composición de sus órganos directivos.

En consecuencia del mismo, no está sujeto a la participación o no de representantes de los factores de una de las leyes que regula la organización y funcionamiento de este tipo de organismos le atribuye un fin eminentemente social que justifica, en su caso, la participación de los intereses, por lo que deben incluirse, ya que aunque no integran la administración pública centralizada, forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio como lo ha resuelto la Corte.

Esto, señora Presidenta, es porque actualmente son Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y nacionales, y en ellas hay representantes de los empresarios, representantes del gobierno y representantes de los sindicatos.

Ha funcionado, pero hay otra cosa más. Para que cambien las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Judiciales, cuando menos la de la Ciudad de México, que es de las más grandes, tarda más o menos cinco años en hacerlo, entonces, como se aplica en cuanto se aprueba esta ley la promulgue el Presidente de la República hay que ponerla en práctica, y no existen todavía esas representaciones en el nuevo Sistema de Tribunales Judiciales.

Y nosotros sentimos que esto va a frenar lo que de por sí ya es grave, pero, además, requiere de varios miles de millones de pesos los cambios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Aceves, ¿quiere que las reservas, cada una de las reservas sean votadas en lo individual o las votamos todas en un solo acto?

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Paso al otro.

Esta es la reserva de los artículos 923 y 927 del dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y es, el artículo 923 establece la procedencia de un emplazamiento oportuno cuando transcurridos cuatro años, el contrato colectivo existente registrado no hubiera sido revisado, cuando sin duda ello contraviene la voluntad de las partes para la forma de celebración y vigencia de su contrato haciéndole nugatorio por lo que la adición que se hace o esté en el artículo, en la reforma, no tiene sustento legal, contraviniendo todo principio de certeza jurídica en perjuicio de los trabajadores, organizaciones y patrones.

La fracción V del artículo 927 de la minuta establece en su primer párrafo que podrá admitirse prórroga adicional cuando el criterio del tribunal exista causa que lo justifica, lo que deja sin efecto el derecho de huelga que corresponde ejercer a los sindicatos dejando en la subjetividad del tribunal el conocer o no, proceder o no, una nueva prórroga, ya que corresponde a las partes y de común acuerdo, promover cuantas veces sea necesario en aras de encontrar una solución pacífica al conflicto.

Solicitamos, señora Presidenta, la votación conjunta en un solo acto, para este último.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Ya presentó también la del artículo 927?

El Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Sí.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Aceves del Olmo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas a los artículos 360, 371, 372 Bis, 373, 590 D, 897 F, 923 y 927 de la Ley Federal del Trabajo, presentadas por el Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 360, 371, 372 Bis, 373, 590 D, 897 F, 923 y 927 de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una reserva al artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su venia, señora Presidenta.

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros Senadores.

En relación al artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo que habla sobre el registro de los sindicatos y al cual se le agrega federaciones y confederaciones, se adiciona una fracción III en relación a una nueva situación para que estas tres entidades: sindicatos, federaciones y confederaciones puedan ser cancelados.

Que lee como sigue:

“Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar un emplazamiento a la misma o también de un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo.

En consecuencia, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemente de responsabilidades que pueden derivarse por la comisión de dichas conductas delictivas.

Fin de la cita.

Dos puntos que quiero destacar sobre este tema.

Número uno, esta disposición resulta inconstitucional y violatoria de los convenios 87 y 98 que el Estado mexicano tiene celebrados y ratificados con la Organización Internacional del Trabajo.

¿Y por qué es esto? Porque en caso de que un dirigente actúe, en efecto, de manera ilícita a través de actos de extorsión se está castigando a todo el sindicato completo o a la federación o a la confederación, que se castigue al que hace el ilícito, al que se le compruebe el ilícito, pero no a una decena, una centena o a miles de trabajadores que muchas veces forman parte de los sindicatos y confederaciones, porque al final del día el que va a acabar terminando pagando los platos rotos es que el o la trabajadora que se queda desprotegido.

Esto es violatorio de los derechos humanos de los trabajadores y de la protección que por ley, está sujeto todo el sector obrero de nuestro país.

Y la segunda preocupación que existe respecto de este artículo 369 es cómo se va a determinar el acto de extorsión o la ilegalidad de la exigencia de pago.

Al final del día, y lo sabemos todos, esto puede acabar en un dicho entre dos personas que va a resultar muy difícil, que va a resultar muy difícil de dirimir de manera clara.

Se habla en genérico que los encargados de desahogar estas acusaciones serán los tribunales. Habría que precisar este importante elemento, y desde luego, evitar que de manera discrecional, por diferencias sindicales o por diferencias políticas, se pueda inculpar a una persona, pero al final del día los trabajadores sean los que resulten afectados.

Estas son dos importantes razones por las que consideramos que la redacción actual del artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo sobre la cancelación de registro de sindicatos, federaciones y confederaciones, va en detrimento de los derechos de las y los trabajadores de México.

Es cuanto, muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rubio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Rubio.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, por la Senadora Vanessa Rubio Márquez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, queda en los términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reservas a los artículos 364, 399 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su anuencia. Compañeras y compañeros, Senadoras y Senadores:

Efectivamente, hoy vengo en nombre de mi grupo parlamentario y particularmente en nombre de Juan Carlos Aceves del Olmo, a presentar reservas a estos tres artículos ya referidos.

Primero. Me refiero al artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, de la minuta que estamos analizando, que estamos debatiendo.

Hoy día el texto de esta Ley Federal, en su artículo 364, reza, su primer párrafo: “los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con tres patrones por lo menos”.

El texto de la minuta del dictamen que estamos analizando, en su primer párrafo, reza: “los sindicatos deberán constituirse con 30 trabajadores o con tres patrones por lo menos”. Es decir, está eliminando el concepto de “trabajadores en servicio activo”.

Por lo cual la propuesta muy concreta y respetuosa es que se reconsidere y se contemple esta figura de trabajadores en servicio activo para poderse constituir en un sindicato.

La libertad y el derecho de coaligarse es el fundamento y soporte de las instituciones esenciales del derecho colectivo de trabajo en nuestro país.

En este sentido, nuestra Carta Magna, así como la Ley Federal del Trabajo, consagran el derecho de los trabajadores y patrones de unirse y organizar una fuerza común para fortalecer la defensa de sus intereses.

De no realizarse la precisión ya referida, se llegaría al extremo de hacer posible que cualquier grupo de personas pueda constituir un sindicato de obreros, dicha condición se traduciría en la imposibilidad de cumplir real y efectivamente con la finalidad que orienta el nacimiento de estas agrupaciones.

He de comentarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado únicamente a los trabajadores en activo, considera que los trabajadores en activo no atenta contra el principio de la libertad sindical, es decir, la Primera Corte lo ha determinado así, así es que es importante que podamos regresar al artículo original, al actual, al vigente.

Resulta importante recuperar en el texto la precisión de que son trabajadores en activo quienes pueden constituir un sindicato. Así es que dejamos la propuesta formalmente en este artículo 364.

Ahora quiero también participarles que por lo que refiere al artículo 399 Ter señala que el convenio de revisión o de modificación del contrato colectivo de trabajo debe celebrarse ante la autoridad registral, el Tribunal o el centro de conciliación competente, según corresponda; sin embargo, es importante modificar dicho texto haciendo la precisión respectiva para que en lugar de decir “celebrarse” se diga “depositarse” lo anterior debido a que la autoridad no debe estar necesariamente en la negociación que lleven a cabo los particulares, en este caso patrones, sindicato, así que debe respetarse esta circunstancia. Por eso la necesidad y la propuesta de cambiar la palabra “celebrarse” por “depositarse”. Para que la autoridad conociera del hecho, bastaría con que se registrarse el convenio correspondiente.

Por otra parte, otra reserva al artículo 400 Bis, este artículo señala que: “las modificaciones contractuales deberán aprobarse por la mayoría de los trabajadores regidos por los mismos a través del voto personal, libre y secreto”.

Si bien resulta fundamental respetar y salvaguardar la participación de los trabajadores en las revisiones contractuales, lo cierto es que la titularidad de su representación en dichos procesos corresponde a una comisión negociadora o al sindicato mismo. De conservarse el requisito de solicitar de nueva cuenta el voto de cada uno de los trabajadores no tendría objeto la existencia de un acuerdo previo, también carecería de sentido la intervención previa de una comisión negociadora cuyos acuerdos carecerían entonces de validez que en tanto no los apruebe la Asamblea con la mayoría de los trabajadores.

En consecuencia, dicha situación conllevaría a la nulidad de la negociación misma, limitando la libertad de representación de la propia organización sindical.

Concluyo, compañeras y compañeros.

Las condiciones en las que se diseña y se negocia un contrato colectivo de trabajo cambian constantemente, los contratos colectivos deben adaptarse y responder a las transformaciones de la realidad, se trata, en suma, de fijar mecanismos que nos permitan tener un sector laboral cada vez más dinámico, más fuerte y que siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.
Y le agradeceré que se puedan votar en un mismo acto estas tres reservas a estos tres artículos que hemos referido.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Así se hará, Senador Ávila Villegas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las tres reservas presentadas por el Senador Ávila Villegas.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas presentadas a los artículos 364, 399 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo, presentadas por el Senador Eruviel Ávila Villegas. Quien estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por lo tanto, los artículos 364, 399 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo, quedan en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas a los artículos 6 y Décimo Segundo Transitorio del dictamen.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señora Presidenta.

Con el permiso de esta Honorable Asamblea.

La reforma que hoy aprobamos contó con el voto a favor del Partido Acción Nacional, y lo hizo porque consideramos que es una reforma en lo general positiva, creemos que es un ejemplo de cómo podemos coincidir y nos da mucho gusto que se haya avanzado en ciertos aspectos, principalmente yo destacaría cuatro, entre muchos otros más.

Primero. El que por fin se dio cumplimiento a la Reforma Constitucional de 2017, que establecía el paso de las juntas de conciliación hacia esquemas de tribunal y de Poder Judicial.

¿Qué es esto? La impartición de justicia la debe de hacer el Poder Judicial en un país, no tiene por qué el Poder Ejecutivo estar involucrado en funciones de impartición de justicia.

Todos sabemos el manejo, en términos generales, deficiente de las juntas de conciliación y arbitraje y hoy este paso es una deuda histórica que se tenía con el sector, por lo tanto, es muy positivo.

Segundo. Se hace una reforma también a todos los procedimientos que nos permiten ahora contar con, además de un verdadero Tribunal, además de una verdadera impartición de justicia, un esquema mucho más ágil, oral, moderno, que se va a traducir en una justicia expedita para todas las personas que están involucradas en el ámbito laboral, lo cual es muy positivo.

Tercero. Un avance innegable en materia de democracia sindical, particularmente el voto directo de los trabajadores, libre, secreto, pero directo, en diversas actividades, como por ejemplo la elección de las directivas y, que ha sido muy polémico hoy, la revisión y la firma de los contratos colectivos de trabajo.

Cuarto. La libertad en materia sindical, los avances que se dan para poder elegir sindicatos y ser dueño de las decisiones que son al interior de ellos.

Y, por último, destacar esta visión del enfoque, primero, conciliador, que se da a través de un órgano, en este caso un instituto, para hacer un esfuerzo de conciliación previo a que lleguen los asuntos a un juzgado, que es una materia que se está llevando a cabo ya en algunos otros ejes de la justicia en nuestro país.

Por todos esos motivos es que esta reforma es positiva, deriva de la reforma constitucional y deriva de los compromisos que se dieron en el marco de la firma del T-MEC, de la negociación, perdón, con Estados Unidos y con Canadá.

Por eso el voto a favor.

Sin embargo, hay una serie de pendientes o temas que dañan o que no se alcanzaron en esta reforma, que nos parece muy importante puntualizar y que lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la sesión, el derecho a la no sindicalización, que quede de manera clara el ejercicio a través de una boleta, como bien lo dijo hace poco nuestra compañera Kenia López Rabadán; la pena específica para aquellos que extorsionen, que lleven a cabo las presiones indebidas, el tema de los varios contratos colectivos, el tema de la carga negativa de la prueba. ¿Cómo va a ser posible que alguien esté obligado a probar un negativo? ¿Cómo pruebas un negativo? Imposible probar que no hiciste algo y así está quedando en la legislación, desgraciadamente, en el caso mencionado.

El tema del condicionamiento a la afiliación al sindicato, el tema de la certificación o la calificación de la huelga y algunos otros temas más. Dentro de esos temas más, sumado a las reservas que han presentado ya nuestros compañeros, estamos hoy presentando un par de temas en específico que les queremos proponer que tengan a bien aprobar, para tener una reforma mucho más completa.

En los transitorios no se establece un plazo específico, ni en la reforma constitucional ni en esta reforma laboral, para tener como máximo ya implementados los tribunales en materia laboral en este país. Se confunde en un artículo transitorio porque se dice en uno que para los órganos locales sí va a haber un plazo específico máximo de tres años y luego en un segundo transitorio, en este caso el sexto, se dice que se va a establecer un plazo, así dice el título, pero ya en el texto, solo se le pone plazo, al establecimiento del órgano para la conciliación y el registro laboral.

No hay un plazo en esta reforma para que se establezcan los tribunales laborales. ¿Entonces qué puede pasar? Que se queden en el limbo, que una buena intención de pasar, de juzgar, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales no encuentre nunca el fin, porque dice que va a ser el Senado, con declaratorias, quien los va a aprobar, pero no se le pone un máximo, como sí se puso, por ejemplo, a la reforma del Sistema de Justicia Penal.

Entonces, esto hace que todos los órganos involucrados pongan en marcha acciones de manera gradual para llegar a tiempo al máximo. ¿Si no qué va a pasar? Pues todos van a decir: “después, después, no hay dinero, no se llevaron a cabo esas acciones” y no vamos a ver que se cristalice esta reforma que hoy estamos proponiendo.

Yo los invito a que me diga alguien de esta Asamblea cuál es el plazo máximo para establecer los tribunales laborales. No lo van a encontrar en la reforma, porque no existe y es una deficiencia fuerte que tiene esta reforma laboral.

Entonces, proponemos que se ponga que en un plazo no mayor a seis años se lleve a cabo toda la modificación para el Tribunal laboral. ¿Por qué seis? Porque si tiene de plazo máximo cuatro el Instituto de Conciliación, nos parece que pudieran ser seis un espacio adecuado para irlo estableciendo de manera gradual.

La otra reserva que estamos proponiendo a nombre del grupo parlamentario del PAN, es el tema presupuestal.

Si bien el Décimo Segundo Transitorio dice, en términos genéricos, que el Congreso tiene que destinar los recursos para implementar la reforma, la verdad de las cosas es que sabemos que este tipo de transitorios son “llamados a misa”, no se traducen en nada si no le pones compromisos concretos.

Por eso proponemos que diga que para ese compromiso de poner los recursos el Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, porque esta reforma crea un órgano implementador, como se creó un órgano implementador para la reforma de justicia penal, aquí los transitorios crean un órgano donde está el Ejecutivo, están los gobernadores, están diferentes instancias y ellos van a estar coordinando acciones para llevar a buen puerto esta reforma.

Bueno, lo que proponemos aquí es que este órgano le proponga cada año al Ejecutivo, para ser incorporado en el proyecto de presupuestos, cuánto dinero se necesita para avanzar en la implementación de la reforma laboral y llegar al último año de su implementación verdaderamente habiéndolo implementado, porque si no, lo que va a pasar es lo que pasó en la reforma de Justicia Penal; si no le metes el dinero adecuado no se puede hacer el paso a los tribunales, que en aquél caso era de un Tribunal escrito, un Tribunal oral y aun en ese esquema se requería mucha inversión, y en este caso también.

Entonces, lo que proponemos, en concreto, es que la obligación sea de este Consejo el proponerle al Presidente cada año que incorpore en el proyecto de presupuesto el recurso que requiere gradualmente la reforma laboral y que la Cámara de Diputados se encuentre obligada a considerar este presupuesto para su implementación.

Si no, es muy probable que esta reforma que hoy todos celebramos se quede en buenas intenciones y que unos años más adelante estemos volteando atrás y digamos: “no se pudo implementar”.

Bueno, esas son las dos propuestas específicas, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención y esperemos que podamos fortalecer esta reforma laboral que hoy todos aprobamos.

Muchas gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las dos reservas propuestas por el Senador Zepeda.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas al Artículo 6o. y Décimo Segundo Transitorios del dictamen, presentadas por el Senador Damián Zepeda Vidales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 6 y Décimo Segundo Transitorio del dictamen, quedan en sus términos.

Tiene ahora la palabra el Senador Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una reserva al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Mauricio Kuri González: Con su permiso, señora Presidenta.

Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, de esta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Pleno de esta Cámara de Senadores, la reserva mediante la cual se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo.

El dictamen emitido en sentido positivo, referente a la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia liberal, libertad sindical y negociación colectiva, para su discusión y votación, en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

Los párrafos que se adicionan al artículo 184, en el sentido de que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo al trabajador no exime al patrón de probar su dicho, lejos de equilibrar procesalmente a las partes, violentará los derechos de los patrones, principalmente a las Mipymes, beneficiando en la mayoría de los procesos a terceras personas y no a los trabajadores.

Además, dicha disposición creará contingencias laborales importantes que pondrán en peligro las fuentes de trabajo y desalentarán la creación de empleos formales, la apreciación de los hechos y la valoración de los medios de prueba en una función del juez y no del legislador, por lo que el dictamen no debe inmiscuirse en estas cuestiones.

Las modificaciones concretas, quedarían en los términos siguientes.

Artículos 784.

Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al Tribunal de la fecha y la causa de despido.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Kuri.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Kuri González.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, presentadas por el Senador Mauricio Kuri González. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, queda en sus términos.

Tiene ahora la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas a los artículos 110, 132, 390 Bis, 451 y 920 de la Ley Federal del Trabajo, y del Décimo Tercero Transitorio del dictamen.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Toda vez que el grupo parlamentario ha planteado y manifestado su postura, voy directo a las reservas que se proponen, en la que se deroga la fracción VI del artículo 110 y la fracción XXII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que lo que busca es, precisamente, el poder garantizar y preservar los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, particularmente el derecho al salario, a un salario íntegro y justo por su trabajo.

Y en congruencia con la libertad sindical, es necesario eliminar, de la Ley, las disposiciones en donde, que permite al patrón realizar los descuentos de las cuotas sindicales, así como la obligación del patrón de hacer dicho descuento, de tal manera que sea el trabajador el que termine y determine la forma en que, la que hará sus aportaciones al sindicato al que pertenezca, el que así fuese.

La segunda reserva, se propone modificar la fracción I, primer párrafo, 2 y 3, primero y segundo párrafos, así como los incisos a) en su primer párrafo del artículo 390 Bis de la Ley Federal del Trabajo en la cual en cuatro párrafos diferentes menciona que para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial, es preciso que tal solicitud sea hecha por al menos el 30 por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo. Esta expresión es, a todas luces también incorrecta, ya que en ese momento no existe contrato alguno que pueda cubrir a alguien.

El trámite, justamente versa en el hecho de crear un contrato colectivo, en este sentido es necesario cambiar la expresión 30 por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato, por una expresión más adecuada, como la que en esta reserva se plantea y que lo tiene la Mesa Directiva, que es que el 30 por ciento de los trabajadores de la empresa o establecimiento donde se pretenda que rija el contrato.

También en otra, la segunda, la tercera reserva, perdón, que presento, propone modificar los artículos 451 y 920 de la Ley Federal del Trabajo, en el que es indispensable aprovechar la oportunidad, a efecto de garantizar que en el procedimiento de huelga que cumplan los principios fundamentales de la democracia sindical a la que alude también el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo; es decir, la OIT que hemos ratificado en este Senado recientemente. En este sentido es muy importante también precisar que debemos evitar que un sindicato minoritario pueda estallar una huelga contra los intereses de la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento. Para lograr este objetivo, las propuestas ya también fueron presentadas.

Y, por último, la cuarta reserva que presento, que se presenta a nombre del grupo parlamentario, es adicionar un párrafo segundo al Artículo Décimo Tercero Transitorio del propio dictamen, que lo que busca es la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en los estados, a la mayor brevedad y considerando que la Federación cuenta con los recursos económicos internacionales, derivados del Plan Mérida, así como con los recursos humanos para capacitar el nuevo modelo.

Se propone que la Federación capacite a las autoridades conciliadoras locales y de los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas y los dote de nuevos recursos, de recursos financieros necesarios para la implementación adecuada del Sistema de Justicia Laboral.

Ojalá y pudieran considerar parte de estas reservas por las Senadoras y Senadores, pero sobre todo, haciendo hincapié en esta última reserva en la que habla de, precisamente, la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en los estados en donde inclusive hay recursos económicos desde el Plan Mérida, porque se necesita capacitar, formar y adiestrar a las nuevas autoridades que van a estar llevando la materia de conciliación desde los tribunales del Poder Judicial de todas las entidades federativas.

Es decir, necesitamos que desde este Senado, en este transitorio, que no lo contempla la minuta que llega de Cámara de Diputados, y que al no incorporar ésta como tal, estaríamos dejando en estado de indefensión todo este andamiaje que se quiere hacer en materia laboral, y que finalmente no va a haber ni la capacitación, ni el adiestramiento a estas nuevas figuras para llevar la justicia laboral de manera pronta y expedita.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las seis reservas presentadas por la Senadora Martínez Simón.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas presentadas a los artículos 110, 132, 390 Bis, 451 y 920 de la Ley Federal del Trabajo, y Décimo Tercero Transitorio del dictamen, presentadas por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por lo tanto, los artículos 110, 132, 390 Bis, 451 y 920, así como el Décimo Tercero Transitorio del dictamen quedan en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reservas a los artículos 110 y 784 de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Verónica Martínez García: Con la venia de la Presidenta.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar dos reservas.

Una, a la fracción VI, del artículo 110.

Y otra a la fracción VI, del artículo 784, ambas de la minuta en discusión con base en las siguientes consideraciones.

Por lo que hace a la adición de un segundo párrafo de la fracción VI del artículo 110, consideramos que es una medida que atenta contra la voluntad colectiva de los trabajadores que han determinado regirse por las reglas y procedimientos establecidos en los estatutos de cada organización sindical, los cuales fueron aprobados por ellos mismos.

De este modo, es potestad de los trabajadores ingresar o no a una organización sindical y a decidir hacerlo expresamente están aceptando ser sujetos de los derechos, pero también de las obligaciones que les han sido conferidos.

Por ejemplo, a contribuir para sostener, para darle fuerza a la organización sindical a la que pertenecen.

Dicha reforma rompe con el espíritu de conjuntar voluntades en la defensa de los intereses y objetivos que como trabajadores e integrantes en un gremio se busca alcanzar y que es un principio fundamental de todo sindicato.

En virtud de lo anterior es que propongo que sea eliminada la adición del segundo párrafo a la fracción VI del artículo 110, la cual refiere lo siguiente: los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

Fracción VI, el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla, lo anterior porque el fondo de la propuesta del dictamen resulta incompatible con la naturaleza de las organizaciones sindicales, así como la finalidad de la unión colectiva en la defensa de los trabajadores.

La segunda reserva que presento ante este Pleno es la fracción VI al artículo 784, y que tiene por objeto que los procedimientos para resolver los conflictos laborales ante los tribunales conserven el equilibrio procesal que actualmente ostentan, pues la reducción del dictamen podría dar lugar a las simulaciones y litigios abusivos, lo que trastoca el espíritu de equidad que debe guardar la legislación laboral respecto a cada uno de los sectores que en ella se ven involucrados.

La minuta que discutimos rompe con el principio de que quien afirma está obligado a probar, ya que a pesar de que los patrones nieguen la existencia de un despido injustificado invocado por el trabajador, o de que a éste le sea ofrecido el mismo empleo, tendrán que probar, además, que no despidieron injustificadamente al empleado que les demanda. Es decir, tendrían que acreditar un hecho negativo, lo cual constituye una desventaja procesal.

Es importante señalar que dicho desequilibrio debilita el esquema de conciliación propuesto en esa reforma laboral, debido al desinterés de llegar a un acuerdo conciliatorio por quien se encuentre favorecido de esta circunstancia, lo que constituye una incongruencia que no está subsanando y que sí fomentaría una imparcialidad que podría incidir en la resolución de este tipo de juicios.

Aunado a lo anterior, el contenido de la adición propuesta hace que el gobierno mexicano incumpla con el compromiso contraído en el apartado tres, inciso a), del artículo 23.10 del T-MEC, donde se obliga a garantizar los procedimientos que conozcan los tribunales laborales, sean justos y equitativos.

Por ello es que busco el respaldo de esta Asamblea para que la presente reserva sea aprobada y con ello se eliminen el segundo y tercer párrafo que se adiciona a la fracción VI del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:

Fracción VI, la negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba, asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se admiten a discusión las dos reservas presentadas por la Senadora Verónica Martínez.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas a los artículos 110 y 784 de la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la Senadora Verónica Martínez García. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 110 y 784 de La Ley Federal del Trabajo permanecen en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una reserva al artículo 245 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Buenas tardes, Senadoras y Senadores. Señora Presidenta, con su permiso.

Los que suscriben, Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.

Con fundamento en el artículo 149, numeral 2, fracción IV del Reglamento del Senado, sometemos a consideración de este Pleno la presente reserva al artículo 245 Bis del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Primero. La reforma estimula y permite la división de un contrato colectivo de trabajo provocando con ello una multiplicidad de los sindicatos, o sea, se están pulverizando los sindicatos con esta disposición.

Es importante se pueda suprimir el contenido de un nuevo artículo 245 Bis propuesto en el dictamen.

Segundo. La propuesta contenida en la iniciativa es contraria al criterio emitido por el Poder Judicial en el sentido de que los sindicatos gremiales carecen de legitimación para reclamar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado una sociedad mercantil con un sindicato, que integra la universalidad de trabajadores que presten sus servicios en la misma empresa.

Consideración Tercera. El artículo 245 Bis establece un supuesto de excepción para sindicatos gremiales de pilotos y sobrecargos.

Es del todo importante, pues la regla general establece que en donde existe un sindicato de empresa o industria, en donde se representa a la mayoría de los trabajadores, no podrá reclamarse la representación de un gremio en lo particular, por lo cual se debe eliminar la reforma que establece que la pérdida de la mayoría declarada mediante el proceso de la ley, breve, producirá la titularidad del contrato colectivo de trabajo como excepción a la regla general.

Por último, la supresión anterior es con la finalidad de que no existan excepciones en el entendido de que todos los sindicatos tienen los mismos derechos, y si existe ya alguno con la titularidad del contrato por ser parte de la empresa, resulta autorizante permitir la entrada de sindicatos gremiales, lo cual generaría que el contrato colectivo se fragmentara afectando la libertad sindical de los demás trabajadores que forman parte la empresa al no formar parte del gremio.

Con este cambio que proponemos generaremos certeza jurídica para que los trabajadores afiliados a un sindicato de empresa, así como a los empleadores mismos, ya que de lo contrario la titularidad de un contrato ira de un sindicato a otro sin considerar las necesidades particulares de los trabajadores que no forman parte de un gremio en particular y que también se ven afectados por ese mismo contrato colectivo.

Además, la certeza también se da para inversionistas que no van a tener la certeza de contar con claridad el hacer algún negocio en México y saber que van a existir en una misma empresa varios sindicatos que puedan estar especializados en equis carreras o equis prácticas que se realicen de trabajo, y esto estamos alejando a la inversión y estamos dañando a los trabajadores que quieren estar en un sindicato.

Es cuanto, señora Presidenta.

Ojalá y esta consideración pueda ser aceptada en lo positivo.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mayorga Delgado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva presentada por la Senadora Mayorga Delgado a discusión.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas presentadas al artículo 245 Bis de la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El artículo 245 Bis de la Ley Federal del Trabajo queda en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, para presentar reservas al Artículo Décimo Primero Transitorio y Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Vengo a esta tribuna a presentar una reserva a los Artículos Décimo Primero y Vigésimo Segundo Transitorios del dictamen que se discute.

Esta reserva responde al principio constitucional de seguridad jurídica y de no retroactividad de la ley en perjuicio del gobernado.

Con esos dos principios jurídicos en mente se propone precisar en el Artículo Décimo Primero Transitorio que sobre los registros de contratos y sindicatos ya otorgados no podrá aplicarse retroactivamente las disposiciones de esta reforma y que los ya existentes surtirán sus efectos legales y plenamente.

Como se puede observar, esta propuesta es de elemental precisión jurídica, pues existen condiciones preestablecidas que regulan los contratos colectivos de trabajo existentes, mientras que ya fueron aprobadas por las partes involucradas y suscritas voluntariamente.

Por lo anterior y con respeto a la libertad sindical, a la garantía de seguridad jurídica y a la propia voluntad de las partes firmantes, se deben modificar las disposiciones transitorias que establecen alguna forma la aplicación retroactiva de la ley, eliminado el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio y sustituyendo el texto del Artículo Décimo Primero Transitorio para quedar como sigue:

Décimo Primero.- En los registros de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos ya otorgados, no podrá aplicarse retroactivamente las disposiciones de la reforma en la materia y aquellos surtirán sus efectos legales en atención al principio constitucional de la seguridad jurídica.

Aprovecho mi participación para reconocer que con esta reforma se beneficiará a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país, pero también debemos reconocer que quedan varios temas pendientes y que por eso refrendamos el compromiso de atenderlos lo antes posible en un ejercicio de Parlamento Abierto donde se escuchen las posturas de todos los involucrados, sindicatos y, por supuesto, cámaras empresariales.

Temas tan relevantes, entre otros, como la regulación del outsourcings que aquí se ha dicho, por supuesto, en algunos casos, es una especie de esclavitud moderna, merece una reflexión exhaustiva y plural y, por supuesto, cambiar la condiciones de trabajo donde muchas trabajadoras y trabajadores están siendo explotadas, como aquí se ha dicho y como yo lo he venido sosteniendo también en todas mis intervenciones.

Esta es una deuda que tenemos todavía con los trabajadores de nuestro país, por eso llamo a este proceso de Parlamento Abierto, sea llevado a cabo como lo acordamos en la Junta de Coordinación Política a la brevedad posible.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Añorve, ¿está usted de acuerdo que las dos reservas se sometan a consideración en el mismo acto?

Por favor, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las dos reservas presentadas por el Senador Añorve.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión las propuestas presentadas a los artículos 154, corrijo, a los Artículos Décimo Primero Transitorio y Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, presentados por el Senador Manuel Añorve Baños. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los Artículos Décimo Primero y Vigésimo Segundo Transitorios de la Ley Federal del Trabajo quedan en sus términos.

El Senador Clemente Castañeda presentó reservas a los artículos 154, 156, 390 Bis, 395, 413, 784, 920 y 929, así como la adición de un artículo 1007 Bis a la Ley Federal del Trabajo, nos ha pedido que se incluya el texto íntegro de las reservas que ha presentado en el Diario de los Debates, cosa que se hará en este mismo momento, y nos pide que sometamos directamente a consideración de ustedes si se admiten a discusión las reservas a los artículos antes mencionados.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta, Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión de la Asamblea los artículos reservados, 154, 156, 390 Bis, 395, 413, 784, 920 y 929 y la adición de un artículo 1007 Bis de la Ley Federal del Trabajo, presentados por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los artículos 154, 156, 390 Bis, 395, 413, 784, 920 y 929, quedan en los términos del dictamen.

En virtud de que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 49, 110, 132, 133, 146, 245 Bis, 279 Quáter, 280 Bis, 283, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 360, 364, 369, 371, 371 Bis, 373, 390 Bis, 390 Ter, 395, 399 Ter, 400 Bis, 451, 590-D, 784, 897, 897-F, 920, 923, 926, 927, 929, 937 de la Ley Federal del Trabajo y los Artículos Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo Segundo Transitorios del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La votación a favor es para que quede en los términos del dictamen. Preciso a pregunta expresa de la Senadora Malú Micher.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 70 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 49, 110, 132, 133, 146, 245 Bis, 279 Quáter, 280 Bis, 283, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 360, 364, 369, 371, 371 Bis, 373, 390 Bis, 390 Ter, 395, 399 Ter, 400 Bis, 451, 590 D, 784, 897, 897 F, 920, 923, 926, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo. Los Artículos Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, democracia y libertad sindical y negociación colectiva. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Esta reforma es resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos por la democracia y la libertad sindical, por el salario y por mejores condiciones de vida, y responde también a los compromisos del Estado mexicano derivados de la Reforma Constitucional de 2017, y a los tratados internacionales como el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

Felicitaciones, Senadoras y Senadores, por este paso a favor de los derechos de los trabajadores.






Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, en materia de libertad sindical.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se concede el uso de la palabra al Senador Napoleón Gómez Urrutia, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Esta reforma que acabamos de aprobar no podría ser completa si no igualamos y modificamos en términos de libertad sindical a los trabajadores también del Apartado B junto con los del Apartado A.

Esto lo discutimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se tomaron las discusiones y los análisis correspondientes y finalmente se votó a favor de la libertad sindical para todos los trabajadores mexicanos, sean del Apartado A o del Apartado B, para poder igualar también con las condiciones de los convenios internacionales de los derechos de los trabajadores por igual que estamos luchando y transformando para que en el ejercicio de la libertad, de la decisión libre, personal y secreta de todos los trabajadores para elegir a la organización sindical a que deseen pertenecer, para elegir a sus dirigentes y a la contratación colectiva, pudiera ser igual para todos.

Porque actualmente en el Apartado B se establece claramente que los trabajadores, una vez que fueron admitidos a formar parte del sindicato del servicio público federal o de cualquier institución pública considerada u organismo, como Apartado B, solo podrán dejar de pertenecer al sindicato si son expulsados. Así es como está actualmente y por eso esta iniciativa, así está en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Así es que esta decisión que se analizó y discutió en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y fue aprobada, es importantísima para igualar a todos los trabajadores de México.

Por eso el presente dictamen, aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, es relativo a la reforma del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin que los Trabajadores al Servicio del Estado puedan dejar de pertenecer al sindicato en el momento que ellos lo decidan, sin necesidad de ser expulsados, lo cual viene armonizar el derecho a la libre sindicalización dispuesta para las personas trabajadoras contempladas por el Apartado A del artículo 123, así como por lo previsto en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por este Senado de la República por unanimidad.

El dictamen en cuestión fue aprobado en comisiones, ya que favorece la libertad sindical, pues resulta importante que los trabajadores tengan la opción de poder dejar de pertenecer a un sindicato sin necesidad de pasar por un proceso de expulsión, tal como y se encuentra regulado en la normatividad vigente.

En conclusión, con este dictamen se reconoce el derecho de las personas trabajadoras del Estado, a gozar de forma plena y efectiva de su derecho humano laboral a decidir libremente sobre su pertenencia a un sindicato, lo que los coloca en un plano de igualdad y se hace valer la lucha y esfuerzo que durante muchos años han llevado a cabo para que les sea reconocido y garantizado el derecho referido.

Por todo lo anterior, invito a las compañeras y compañeros Senadores a que este dictamen sea analizado y aprobado en su oportunidad, para igualar las condiciones de trabajo, la libertad sindical, la democracia y la transparencia de todos los trabajadores de México.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Gómez Urrutia.

Tiene la palabra la Senadora Mayuli Latifa, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión… ¿No?, no intervendría. Gracias.

Vamos a pasar a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias. Muy buenas tardes.

Hablar de libertad es hablar de democracia.

La importancia de la libertad de asociación en lo general y la libertad sindical en lo particular, son dos derechos característicos de todo sistema democrático, son derechos de los que deben gozar todos los trabajadores.

A lo largo de la historia los trabajadores han luchado por la protección de sus derechos, los logros han sido grandes, pero esta batalla es histórica y no debe cesar.

No es posible que en pleno Siglo XXI los trabajadores estén obligados a permanecer en un sindicato determinado y que se sujete el empleo de estos a la condición de permanecer en dicha organización.

No es posible que estos mínimos derechos de libertad de asociación les sean negados a los trabajadores al servicio del Estado.

Estas disposiciones eran abiertamente contrarias a lo previsto por nuestro sistema jurídico, así como por los instrumentos internacionales aprobados por esta Soberanía, contradecía lo dictado por la Organización Internacional del Trabajo, máximo organismo internacional en la materia, de la que México es miembro.

Por eso el pasado 9 de octubre de 2018 presenté esta iniciativa, cuyo objetivo era armonizar el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el ordenamiento jurídico mexicano, misma que el día de hoy se somete a votación de esta Soberanía.

Lo que se pretende es muy sencillo, otorgar a los trabajadores la libertad de formar parte o no y no ser obligados a pertenecer o permanecer en un sindicato, cuyos fines no son protegidos por sus intereses, sino por los de algunos otros.

Para el Partido del Trabajo, el avance progresivo de los derechos laborales de las y los mexicanos resulta fundamental y siempre será nuestra prioridad velar por el bienestar de los trabajadores.

Como ustedes saben, dentro de esta iniciativa presentada el 9 de octubre también se contemplaba un mecanismo para la creación de un sindicato diverso, articulado que no fue contemplado en este dictamen final.

Sin embargo, aplaudo la reserva del Senador Pedro Haces, que tiene como finalidad el armonizar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con el artículo que establece el presente dictamen, estableciendo las hipótesis normativas para que se puedan formar otros sindicatos.

Por eso, esta tarde les solicito a todos, compañeros Senadores, voten a favor este dictamen, para poder seguir trabajando por quien más lo necesita.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra.

Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado, a nombre del grupo parlamentario de Partido Movimiento Ciudadano.

¿Ya no?

Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) No, preguntaba si somos los únicos que vamos a posicionar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, solamente están los grupos parlamentarios del PT y Movimiento Ciudadano, solicitando posicionamiento.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) Bueno, desde aquí, desde mi lugar, obviamente decir que votaremos a favor.

Hemos votado ya una gran reforma para la libertad sindical de los trabajadores del Apartado A, por supuesto que lo tenemos que hacer para los trabajadores del Apartado B, y simplemente dejar como en la mesa que ese es un tema, los trabajadores del Apartado B viven en un régimen de excepción.

Creo que es una discusión que tendremos en el futuro, está cuestionada esta división entre A y B porque efectivamente son derechos distintos, y bueno, se queda ahí, en uno de los temas que seguramente discutiremos en este ejercicio de Parlamento Abierto.

Como parte de la gran agenda laboral y que esta propuesta es una propuesta que en el mismo, en la misma tarde, en la misma sesión trabajadores del Apartado A y del B ganen este derecho a la libertad sindical.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Patricia Mercado.

Está a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen.

Si no hay intervenciones, tiene la palabra el Senador Pedro Haces, para presentar reservas a diversos artículos.

El Senador Pedro Miguel Haces Barba: Buenas tardes, Senadoras y Senadores. Con su venia, señor Presidente.

Quiero presentar, ante esta Asamblea, reservas a diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la intención de acabar con dos de los grandes males que más le duelen a México en la burocracia del Estado mexicano.

La corrupción y aquellos liderazgos sindicales que tanto se aferran a esos privilegios históricos que han tenido y con esta reserva y la aprobación de las y de los Senadores se les va a acabar.

Sin darse cuenta que México está en transformación y ya vive una nueva etapa histórica, justo para eso hoy estoy aquí en esta tribuna, para pedir y generar los cambios en beneficio de todos los mexicanos, para eso es fundamental ajustar la reforma para evitar la corrupción y la impunidad sindical para que no siga prevaleciendo.

Estas reservas, plantean otorgar plenas libertades para que los sindicatos puedan adherirse a las federaciones y confirmen qué es lo que desean, en principio derogar el artículo 68 de la ley, debido a lo que establece que cada dependencia tendrá solamente un sindicato y, en caso de que varias organizaciones pretendan tener la representatividad, la autoridad competente únicamente podrá otorgar el reconocimiento al sindicato mayoritario.

Esta previsión va en contra de la libertad sindical que se pretende conseguir con el proyecto de Decreto que se aprueba. Además, compañeros, es necesario modificar los artículos 71, 73, 78, 79 y 84 de la ley, toda vez que estos contienen disposiciones que favorecen al sindicato único por dependencia e impiden, a los trabajadores, la posibilidad de optar por otras diversas organizaciones sindicales.

No olvidemos el espíritu de esta reforma, se trata de fomentar el sindicalismo libre y empoderar a los que lo merecen, a los trabajadores no a unos cuántos líderes sindicales, por eso es primordial proteger el derecho de los trabajadores a participar democráticamente en los procesos de elección de sus directivas. Y eso tiene que venir claramente en el artículo 69 para establecer las bases de la democracia sindical.

No dejemos a los trabajadores expuestos a líderes que solo ven por sus intereses particulares, en particular en las federaciones que no cuentan con la capacidad necesaria para atender las necesidades de los millones de trabajadores que las integran el día de hoy.

No nos debe de temblar la mano, Senadoras y Senadores, es necesario modificar el artículo 78 para que los sindicatos tengan una real libertad sindical y puedan adherirse a la federación que ellos crean y estimen conveniente.

En plena libertad y de acuerdo con la normatividad interna, también es muy importante incorporar, en el texto de la ley, la previsión de que el voto para la elección de dirigentes sindicales debe ser personal, libre, directo y secreto; es un proceso de elección iniciado mediante la convocatoria y con la intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme al capítulo primero, del título cuarto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; quién será la instancia encargada de la verificación de ese proceso.

De esta manera, compañeros, tendremos líderes sindicales con verdadera legitimidad en beneficio de las relaciones obrero-patronales.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno las reservas a los artículos 68, 69, 71, 73, 78, 79 y 84 para quedar como sigue.

Se deroga el artículo 68, para quedar en los términos de la ley vigente, se agrega un párrafo al artículo 69, para quedar como sigue: “la elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de todos y cada uno de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con un plazo no menor a 15 días y este se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de la elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán totalmente nulas”.

Se modifica el artículo 71, para quedar como sigue: “para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen 20 trabajadores, y se agregaría el texto, de una misma dependencia”.

Se modifica el artículo 73, para quedar como sigue: “el registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo, la solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal”.

De igual modo se propone modificar el contenido del artículo 78, para quedar en los siguientes términos: “los sindicatos podrán adherirse a las federaciones de sindicatos de trabajadores, de acuerdo con sus normas internas”. Se deroga la fracción V del artículo 79.

Y por último, se agrega al artículo 84, la siguiente redacción, la cual considero y seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, que con esto vamos a dar hoy, a esta LXIV Legislatura, un hecho nuevo histórico.

¿Por qué? Porque las federaciones de sindicatos ahora se propone que se rijan por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que esta ley señala.

Es cuanto, señor Presidente y, muchas gracias por esta oportunidad de escucharme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Las reservas presentadas por el Senador Pedro Haces, del grupo parlamentario del Partido Morena, son para proponer la modificación a los artículos 69, y adicionar los artículos 71, 73, 78, 79 y 84 al proyecto de Decreto, y derogar el artículo 68 del texto vigente, a efecto de hacer congruente la reforma propuesta.

Dé lectura la Secretaría a las propuestas de modificación.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy lectura.



Es cuanto.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Están a discusión las reservas y propuestas presentadas por el Senador Haces Barba.

No habiendo oradores, se pregunta si son de aceptarse.

Senador Miguel Ángel Navarro.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Yo he sido trabajador de la Federación, a mucho orgullo, señor Presidente.

Sin embargo, el patrón de los trabajadores de la Federación es el gobierno federal, y en los procesos de descentralización juegan un papel los gobiernos estatales.

La discusión que hemos pospuesto en este Senado, siendo la cuna del federalismo, es precisamente eso, federalismo, en el que los trabajadores de la salud, mis hermanos trabajadores, tanto del ISSSTE, como de los servicios estatales, y los trabajadores de la educación han quedado indefensos en muchas ocasiones ante un patrón en la descentralización que ha sido abusivo, pues muchos trabajadores de la federación han sido abusados en múltiples veces en sus derechos y en sus aportaciones.

Las aportaciones que hacen al ISSSTE, al FOVISSSTE o al SAT muchas veces, muchas son retenidas del salario de los trabajadores, pero no llegan a su fin, y esto ha generado que los trabajadores de la federación estén hoy en día en el buró de crédito.

Yo espero que en un futuro no se debilite a los trabajadores en la defensa de sus derechos, porque es una situación verdaderamente penosa y peligrosa.

Vayamos por unas reformas, pero también exijamos a los patrones en los estados, en la descentralización que han sido y son los gobernadores de los estados a que den cabal cumplimiento a los derechos de los trabajadores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Navarro.

Senador Damián Zepeda, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pedirles, no están las reservas publicadas en nuestra pantalla, entonces sí es muy difícil así a botepronto poder valorar una propuesta tan compleja de un compañero.

O sea, ¿qué estaríamos votando? ¿Quién aquí sabe exactamente qué propuso? Salvo lo que leyó, digamos, que comentó ahí y que ahorita leyeron ahí, salvo que tengan memoria fotográfica, que no tengo yo esa cualidad.

Entonces, me parece, señor Presidente, que por lo que veo están en la intención de aprobarlas. Yo pedirle al promovente si nos pudiera puntualizar exactamente en qué consisten estos cambios, porque hubo un discurso, pero no está publicado el tema.

O si, señor Presidente, como dice el Reglamento del Senado, podemos publicarlo y tener acceso a el, creo que básicamente estamos todos construyendo en positivo, votamos a favor en lo general, pero ya votar algo que ni siquiera conocemos, de veras está como en el absurdo.

La petición concreta: que puedan publicar aquí, o que nos puedan repartir a todos una copia, que podamos conocer qué se votaría, para poder valorar apoyar la propuesta del Senador promovente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zepeda.

Las reservas fueron entregadas en el momento en que abrimos la recepción de reservas.

Ahora bien, en este momento, y dando respuesta positiva al planteamiento del Senador Damián Zepeda, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios distribuya copias fotostáticas y suba la propuesta de las reservas a la pantalla de las Senadoras y Senadores.

Senador Narro Céspedes.

El Senador José Narro Céspedes: (Desde su escaño) Quiero expresar mi acuerdo con la propuesta que hizo nuestro Senador Pedro Haces, pero también quiero solidarizarme y expresar mi acuerdo con el planteamiento que hizo el doctor Navarro, porque han sido muchos los abusos contra los trabajadores con el tema de las Afores y las pensiones que han sido usadas para préstamos, para el saqueo, para el fraude y para el robo.

Entonces, queremos expresar nuestro apoyo a los trabajadores, y este planteamiento de cuentas claras en el tema de las Afores.

Y, por último, quiero plantearle, señor Presidente, que es muy importante que este Senado haga un exhorto a la Cámara de Diputados en esta propuesta que hace la Senadora Xóchitl, para que desahoguen el tema de las trabajadoras domésticas.

Creo que es una burla, no podemos quedar nosotros como Senado en el tema y creo que es muy importante que la Cámara de Diputados dictamine que nosotros hagamos un exhorto como Cámara de Senadores para solicitarle y pedirle con el debido respeto a la Cámara de Diputados que desahogue este tema, que fue un gran logro, que todas las fracciones parlamentarias del Senado logramos, entre otras, gracias a la Senadora Xóchitl Gálvez.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios que ya está en lo monitores la reserva presentada por el Senador Pedro Haces.

¿Pregunto si hay más oradores u oradoras registrados?

Si no hay más oradoras, ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se aceptan.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Pero apenas estamos buscando la información.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, se le dio lectura por la Secretaría.

Vamos a esperar un poquito más, pero se le dio lectura por la Secretaría, no solo fue la explicación que dio el Senador Pedro Haces, sino que la Secretaría dio lectura puntual a todos los textos de las propuestas presentadas, y está ya en los monitores, son textos muy breves.

Sonido en el escaño del Senador Eduardo Ramírez.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Señor Presidente, para tener claridad y no cometer como un acto de ventaja que vuelva a leer la Secretaría la reserva presentada toda vez que está hecha en tiempo y forma.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien, así lo haremos.

Vamos a escuchar antes a la Senadora Benavides.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que apoyamos la reforma, el dictamen que originalmente hablaba sólo del artículo 69, creo que lo que nos sorprende a todos es que por tratarse de un dictamen que solo tenía un artículo el compañero proponga modificar ese artículo, pero además derogar uno más y cinco más adicionarlos.

Estamos en favor de esa lucha, pero creo que aquí el procedimiento es lo que pudiera ser cuestionado y, bueno, yo creo que leyendo la iniciativa del Senador Pedro, pues podamos sacarla adelante.

Lo que sorprende a todos es este procedimiento donde solo se tenía un dictamen con un solo artículo y ahora se habla ya de siete artículos: uno que se deroga y cinco que se adicionan y que no estaban en la minuta del dictamen que hoy se discute; pero por supuesto que apoyamos al Senador Pedro, y yo creo que con la aclaración podríamos darle adelante.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, solo para aclarar la situación que plantea la Senadora Benavides, en el Reglamento del Senado se plantea, en el artículo 201 la posibilidad de que en la discusión en lo particular se reserven artículos del dictamen para suprimirlos o modificarlos en su primer numeral; y en el segundo numeral se plantea la posibilidad de que las propuestas de adición sean para agregar artículos al cuerpo normativo del dictamen.

Por lo tanto, lo planteado por el Senador Haces Barba está dentro de lo reglamentario en el Senado. Está adicionando al cuerpo del dictamen.

Senadora Mayuli Latifa, sonido, por favor.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo sí pediría el tiempo igual necesario, en las comisiones que sesionamos tanto el Senador Napoleón y una servidora, quienes somos los que dictaminamos en comisiones unidas, bueno, hubiera sido prudente también haber tenido alguna observación, sin embargo, está este Pleno para poder hacer algún tipo de reserva.

Creo que son diferentes artículos, estamos hablando del 68, 69, 71, 73, 78, 79, 84, y creo que no en cinco minutos podemos hacer un comparativo de qué fue lo que, cómo es el texto vigente, la propuesta del dictamen y ahora la reserva.

Y por lo que pudiera ver así de manera muy rápida pareciera que se está derogando artículos que ni siquiera estuvieron en el dictamen como tal.

No tengo con certeza ni con seguridad esto que estoy comentando porque apenas estamos observando la documentación que se acaba de poner en nuestros escaños, y sí pensaría que al menos si me permitieran, con el Presidente de la Comisión, Napoleón Gómez Urrutia y una servidora, que fuimos los que dictaminamos, pudiéramos acercarnos para ver evidentemente qué fue la propuesta del Senador y, por supuesto, que hubiera un poco mayor de claridad, inclusive a todo el Pleno, para que podamos determinar.

Creo que estamos hablando de más de cinco, seis artículos, y sí genera ciertas dudas la manera en que se están llevando a cabo estas reservas y la votación.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Dé lectura la Secretaría, nuevamente, a la propuesta de reserva y adiciones del Senador Haces Barba.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy lectura.

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.

El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un sindicato.

Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo.

La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a quince días y que se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las selecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.

Artículo 71. Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores de una misma dependencia.

Artículo 73. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal.

Artículo 78. Los sindicatos podrán adherirse a las Federaciones de Sindicatos de Trabajadores, de acuerdo con sus normas internas.

Artículo 79. Queda prohibido a los sindicatos.

I.- Hacer propaganda de carácter religioso;

II.- Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro.

III.- Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen;

IV.- Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades, y

V.- Se deroga.

Artículo 84. Las Federaciones de Sindicatos se regirán por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta ley.

En ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica si…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pregunto si hay algún orador u oradora.

Si no es así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si se aceptan las propuestas presentadas por el Senador Pedro Haces.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que hemos concluido la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto que nos ocupa, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 69, 71, 73, 78, 79 y 84 del proyecto de Decreto y la derogación del artículo 68 del texto vigente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional.

Aclaro que la votación a favor, es a favor del dictamen con las modificaciones aceptadas.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado, por favor.

El Senador Dante Delgado: (Desde su escaño) Señor Presidente, el procedimiento sería, aprobar el dictamen y después las reformas, tiene que ser en dos momentos, precisamente por lo que señaló el Senador Damián, para que quede constancia, por favor, así debe de ser.

Usted invocó la ley, hagamos que se cumpla la ley.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asesoría de Servicios Parlamentarios fue en este sentido, en este procedimiento, en virtud de que originalmente se trataba de un solo artículo que se puso a discusión y en el transcurso de la discusión se agregaron las reservas.

Ahora bien, si así lo desean, podemos separar la votación y hacemos la votación, bueno ustedes lo están sugiriendo, pero cuando ha habido un artículo a discusión, originalmente se junta la discusión en lo general con la discusión en lo particular.

No es un invento del Presidente.

Bien, para dar satisfacción a la solicitud de los Senadores, vamos a separar la votación, ciérrese el sistema electrónico.

Acá hay otra opinión, Senadores, me disculpan, pero me están pidiendo los compañeros de este lado que no se separe la votación, que sea una sola votación como se instruyó originalmente, así es que no hay consenso en esta modificación al procedimiento, y pues pido disculpas por las molestias.

Vamos a continuar con el procedimiento original de votar todo en un solo acto.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación.

Sí, Senador Dante Delgado, sonido en su escaño.

El Senador Dante Delgado: (Desde su escaño) Señor Presidente, por procedimiento, se va a aprobar el dictamen, en términos de la propuesta que dio la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y después se aprueban en su caso las reservas, porque así lo dice el Reglamento del Senado, no dice que es un solo acto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, con el objeto de darle la mayor armonía a la votación, estamos pidiendo a la bancada de Morena que nos ayude para hacer la votación en dos momentos.

Vamos a hacer la votación en dos momentos, entonces se hará primero la votación en lo general y después la votación en lo particular.

Por lo tanto, votaremos primero el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y después votaremos los demás artículos, las reservas y las adiciones de los demás artículos aprobadas por esta Asamblea.

Ábrase el tablero electrónico por tres minutos para votar el artículo 69 con la modificación propuesta por el Senador Pedro Haces y aceptada por esta Asamblea.



Esta es la votación del artículo 69 con la modificación propuesta por el Senador Pedro Haces, aceptada por la Asamblea.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 117 votos; 115 a favor y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado el artículo 69, con la modificación propuesta.

Ábrase ahora el tablero electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 71, 73, 78, 89 y 84 del proyecto de Decreto y la derogación del artículo 68 del texto vigente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, admitidos y aceptados por esta Asamblea.

Senador Samuel García, desde su escaño.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sobre las reservas para que nos oriente la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el artículo 200.2 del Reglamento del Senado establece que las reservas únicamente pueden ser de artículos específicos del dictamen, y en el dictamen el único artículo que hay es el 69, entonces, queremos conocer el procedimiento como es que en una reserva se van a agregar artículos que ni siquiera están en el dictamen como son el 71, 73, 78 y 84.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene que hacerse una interpretación integral tomando en cuenta otros artículos, particularmente en este caso el artículo 201, numeral 2, señala lo siguiente de manera textual: “los debates en lo particular también se refieren a propuestas de adición de artículos al cuerpo normativo del dictamen”.

Esto quiere decir que pueden proponerse adiciones de artículos al cuerpo normativo del dictamen que es lo que hizo el Senador Pedro Haces con sus propuestas de adición.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Muy bien.

Yo sólo deja constancia de la discrepancia de que es muy claro el artículo 200, que tienen que ser específicos del dictamen y donde la ley es clara no podemos interpretar.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Damián Zepeda, sonido en su escaño.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señor Presidente, nosotros coincidimos con la interpretación del Senador Samuel; sin embargo, si este está haciendo la interpretación, nada más pedir que quede asentado tal cual el criterio que se está estableciendo en el acta correspondiente para que en futuros debates quede claro la decisión de este Pleno; que ya causó el antecedente de que aun cuando no sea materia del dictamen se puede abrir cualquier artículo de la ley que se esté discutiendo.

O sea, hoy es algo que están planteando en beneficio de Morena, mañana nada más sepan que pueden estar debatiendo dos artículos de otra ley, y podemos aquí en el Pleno agarrar sin haber comentado en comisiones y decir: “¿qué crees, pues también quiero reservar estos 20 artículos más de la ley?” Y bajo este precedente se abriría el debate aquí.

Nada más ser consistentes en el tiempo si ese va a ser la interpretación de la Mesa Directiva, porque teníamos otra valoración al ser claro el artículo 200 en ello, válido si se está tomando artículo 201-2, digo, en fin, es la decisión, pero sí que quede en acta para poderlo citar como antecedente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Quedan asentadas las opiniones de los Senadores Samuel García y Damián Zepeda.

Y, en efecto, los criterios que se sigan tendrán que ser como el del día de hoy, que son de acuerdo a lo que señala el Reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 71, 73, 78, 79 y 84 incorporados al dictamen y la derogación del artículo 68 del texto vigente, también incorporado al dictamen con la aceptación de esta Asamblea, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.



Sí, Senador Obed Maceda.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, Mesa Directiva, solo una duda, si es posible que se pudiese aclarar o precisar, probablemente entendí mal.

¿Con este precedente que se sienta no es probable que se ponga en riesgo el proceso legislativo en iniciativas presentadas o en el trabajo de las comisiones?

Porque se pudiese generar una situación, por ejemplo, acabamos de tocar reformas constitucionales y de repente, si estamos discutiendo un artículo como el 16, 19, 20 o 22 en materia penal y alguien quiera brincar a un artículo electoral, nos va a llevar tiempo; seguramente no va a pasar en votación, pero sería un precedente.

De esta manera, quiero entenderlo, ¿va a ser así? Es mi pregunta, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, nada más quiero precisar que no está ocurriendo algo extraordinario que no haya sucedido, ya hoy, por ejemplo, en la discusión anterior, tuvimos reservas y adiciones que se presentaron, bueno, adiciones sobre artículos que no venían en el cuerpo del dictamen y se planteaba en las adiciones incorporar dichos artículos.

Entonces, ya aquí tengo un ejemplo de un Senador que planteó tres artículos nuevos, que no estaban en el cuerpo del dictamen, que discutimos con anterioridad, sobre la Ley Federal del Trabajo.

No es una cosa que esté ocurriendo por primera vez.

En segundo lugar, pongo otro ejemplo, que es el de la Guardia Nacional, donde se incorporaron otros artículos que no estaban originalmente en el dictamen, en el cuerpo del dictamen y se modificó el conjunto del dictamen, que llegó a través de la minuta originalmente, incluso desde el Pleno mismo, no pasaron por las comisiones dictaminadoras, sino en el Pleno se presentaron esas modificaciones.

Entonces no está ocurriendo algo extraordinario, ni nuevo.

Ahora bien, es el Pleno del Senado, el que aprueba si se admiten a discusión las propuestas de adición y es el Pleno el que aprueba de manera económica si se aceptan y después en tablero electrónico nominalmente, es el que aprueba el contenido de las propuestas.

Entonces son tres momentos importantes en los que el Pleno decide sobre ello.

Y, finalmente, reiteraría. El propio Reglamento del Senado, en el artículo 201, establece la posibilidad de agregar artículos al cuerpo del dictamen. Ya ha ocurrido recientemente y ha ocurrido históricamente.

En todo caso, estamos siguiendo de manera puntual la discusión de artículos que han sido reservados por las Senadoras y Senadores.

Lo que no podemos hacer, en todo caso, es discutir artículos que no han sido reservados o propuestos como adición.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron, conforme al registro electrónico, 118 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 69, 71, 73, 78, 79 y 84, y se deroga el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, en materia de libertad y democracia sindical. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados, como parte del derecho a la salud.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que estos tres asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que estos asuntos se incorporen a la agenda del día para trámite. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Los dictámenes que se incorporan al Orden del Día están disponibles en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omiten sus lecturas.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omitan sus lecturas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan de primera lectura los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los cuidados paliativos, multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados, como parte del derecho a la salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCORPORAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS ANTE ENFERMEDADES EN  SITUACIÓN TERMINAL, LIMITANTES O AMENAZANTES A LA VIDA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, COMO PARTE DEL DERECHO A LA SALUD

(Dictamen de primera lectura)



Estos tres dictámenes han quedado de primera lectura.






Informo a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la que informa la reincorporación a sus funciones del Senador Alejandro Armenta Mier, y a todas las comisiones e instancias de las que formaba parte con las responsabilidades que en ella tenía.

Por lo anterior, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora al Orden del Día.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política al Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza que se incorpore, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se aprueba la reincorporación a todas sus funciones del Senador Armenta Mier. Comuníquese.






Tenemos la discusión de dos dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y siete de Relaciones Exteriores Europa, que proponen desechar diversos puntos.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza su discusión y votación conjunta.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza su discusión y votación conjunta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, pasamos a la discusión conjunta de los dictámenes que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.








Otro dictamen de la Comisión de Hacienda, que dice:

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO       

(Dictamen a discusión)



Es cuanto.






Doy lectura a siete dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, por los que se desechan diferentes proposiciones con puntos de Acuerdo.

El primero es.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase por total y completamente concluido.






El segundo dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase por total y completamente concluido.






Tercer dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase por total y completamente concluido.






Siguiente dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase en total y completamente concluido.






Siguiente dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)








Siguiente.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase por total y completamente concluido.






Último dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA

(Dictamen a discusión)



Archívese el presente asunto y téngase por total y completamente concluido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Están a discusión los dictámenes que proponen desechar diversos puntos de Acuerdo.

De no haber oradores ni oradoras, pregunto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes para su discusión.

De no ser así y de no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes mencionados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, quedan aprobados los nueve dictámenes que proponen desechar diversos puntos de Acuerdo.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar de ello a los promoventes.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva 17 dictámenes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, por los que se ratifican diversos nombramientos de personal diplomático.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que estos dictámenes se incorporen al Orden del Día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, están a discusión.

La discusión de cada uno de estos dictámenes y su votación se realizará de manera separada.

Concluido lo anterior, la protesta correspondiente a cada uno de los nombramientos que, en su caso, se ratifiquen se hará de manera conjunta.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

En virtud de lo dicho, pasamos a la discusión del primer dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Manuel López Moreno como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del anterior Acuerdo.



Les informo que habrá casi 20 votaciones de manera continua, por lo cual se ruega su permanencia en el salón.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Sigue abierto el sistema, favor de registrarlo.

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Sigue abierto el sistema, favor de registrarlo.

Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico, se emitieron 110 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está aprobado el punto de Acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de todos los dictámenes de este tema.






Pasamos a la discusión del segundo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el tablero electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del mismo.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, se informa que se emitieron 107 votos a favor, cero en contra y cero en abstención, de un total de 107 Senadores y Senadoras presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se aprueba el punto de Acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba. Comuníquese.

La propuesta se hará de manera conjunta al finalizar la discusión de todos los dictámenes.






Pasamos a la discusión del tercer dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Teresa Mercado Pérez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del anterior Acuerdo.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto?

Sigue abierto el sistema electrónico de votación.

¿Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto?

Señor Presidente, le informo que hay un total de 106 votos a favor, cero en contra y cero abstención.

Confirmo, 106 votos a favor. De un total de 106 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se aprueba el punto de Acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana María Teresa Mercado Pérez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al terminar la discusión de todos los dictámenes.






Pasamos a la discusión del cuarto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano David José del Carmen Jiménez González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Honduras.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

En virtud que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del anterior Acuerdo.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador que haga falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto, Senador.

Señor Presidente, se informa que se emitieron 102 votos a favor, cero votos…

El tablero sigue abierto, Senador. ¿Algún Senador que haga falta de emitir su voto?

Señor Presidente, se informa que se emitieron 105 votos a favor; cero votos en contra y cero votos en abstención.

Con el voto del Senador Armenta un total de 105 votos a favor, de 105…

Senador Ahued, también a favor. Se registra su voto. ¿Alguien más?

Fueron un total de 106 votos a favor, cero en contra y cero en abstención. De un total de 106 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba el punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano David José del Carmen Jiménez González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Honduras. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al terminar la discusión de todos los dictámenes.






Pasamos a la discusión del quinto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa de Brasil.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto?

Señor Presidente, le informo, hay un total de 109 votos a favor, cero votos en contra y cero votos en abstención, de un total de 109 Senadoras y Senadores presentes, señora Presidenta.

Es cuanto.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los 17 dictámenes.






Pasamos a la discusión del sexto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Óscar Ricardo Valero Recio Becerra como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Argentina.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión.

En virtud de que no hay ningún orador ni oradora registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del anterior Acuerdo.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Falta algún Senador o Senadora? A ver, a la Senadora Rosales, ¿ya?

¿Alguien más que falte de registrar su voto?

Señor Presidente, se emitieron 110 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del ciudadano Oscar Ricardo Valero Recio Becerra como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Argentina. Comuníquese.

La propuesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los 17 dictámenes.






Pasamos ahora a la discusión del séptimo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Romeo Ruíz Armento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Guatemala.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura:



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

En virtud de no haber oradores, ni oradoras, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del anterior Acuerdo.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, conforme al registro electrónico se emitieron 111 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Romeo Ruiz Armento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Guatemala. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión.






Pasamos ahora a la discusión del octavo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Ricardo Cantú Garza como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura:



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.
Pregunto si hay oradoras u oradores.

De no haberlos, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 110 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Ricardo Cantú Garza como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador. Comuníquese.

La protesta se realizará de manera conjunta al finalizar la discusión de todos los dictámenes.






Pasamos ahora a la discusión del noveno dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Víctor Hugo Morales Meléndez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Perú.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradores, ni oradores, ábrase el sistema electrónico por dos minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Señora Presidenta, conforme al registro electrónico, se emitieron 107 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Víctor Hugo Morales Meléndez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Perú. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión del os 17 dictámenes.






Pasamos a la discusión del décimo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Patricia Galeana y Herrera como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión el dictamen.

En virtud de que no hay ningún orador ni oradora registrada, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del anterior acuerdo.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Pregunto, ¿si falta algún ciudadano Senador o Senadora por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico y el voto del Senador Clemente Castañeda, se emitieron 110 votos a favor y cero en contra.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Patricia Galeana y Herrera como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la votación de los 17 dictámenes.






Pasamos ahora a la discusión del décimo primer dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Peñafiel Soto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para avisar de la votación. Ábrase el tablero electrónico para recoger la votación nominal del Acuerdo.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 114 votos en pro y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Carlos Peñafiel Soto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los 17 dictámenes.






Pasamos a la discusión del décimo segundo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Raquel Serur Smeke como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 115 votos a favor y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor de la ciudadana Raquel Serur Smeke como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del décimo tercer dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores ni oradoras, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Pregunto ¿si falta algún ciudadano Senador o Senadora de emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema electrónico de registro.

Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora de emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico de registro.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 114 votos a favor y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los 17 dictámenes.






Pasamos a la discusión del décimo cuarto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Manuel Nungaray Valadez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Paraguay.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

De no haber oradoras ni oradores, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación.



Quiero aprovechar para felicitar al Senador Emilio Álvarez Icaza, que obtuvo hoy su Doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora por emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora de emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico de registro.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 110 votos a favor y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Manuel Nungaray Valadez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Paraguay. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunto al finalizar la discusión de los 17 dictámenes.






Pasamos ahora a la discusión del décimo quinto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy cuenta, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores ni oradoras que quieran hacer uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para avisar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: ¿Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora por emitir su voto? Aún se encuentra abierto sistema electrónico de registro.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 113 votos a favor y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final.






Pasamos ahora a la discusión del décimo sexto dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Roselia Margarita Barajas y Olea como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Costa Rica.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Como nadie quiere hacer uso de la palabra, ábrase el tablero electrónico por dos minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora falta de emitir su voto?

Señor Presidente, le informo que hay 112 votos a favor, cero en contra, cero en abstención de un total de… más el voto de la Senadora Martha Márquez.

Serían 113 votos a favor, cero en contra, cero votos en abstención.

¿Pueden auxiliar a la Senadora Cora? Si no, sumamos su voto.

Serían 114 votos a favor, cero en contra, cero en abstención, incluyendo el de la Senadora Martha Márquez, y de la Senadora Cora Cecilia, de un total de 114 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. Ya se incluyeron los votos de la Senadora Cora Cecilia Pinedo y de la Senadora Martha Cecilia Márquez.

Aprobado el punto de Acuerdo, por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la Ciudadana Roselia Margarita Barajas y Olea como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Costa Rica. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta.






Pasamos a la discusión del décimo séptimo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Víctor Manuel Barceló Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante del Parlamento de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy cuenta.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Senador García Conejo, ¿quiere hacer uso de la palabra?

El Senador insiste en tomar la palabra, y tiene derecho a ello.

No se la puedo negar.

El Senador Antonio García Conejo: Muy buenas noches compañeras Senadoras y Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

Manifestarles a ustedes.

“El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres y mujeres que tiene a su alrededor”. Nicolás Maquiavelo. Historiador, pensador, político y autor, filósofo y diplomático italiano.

Compañeras y compañeros Senadores y Senadoras, los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguas como la historia de las propias sociedades humanas, pues se remonta al inicio de las relaciones entre los pueblos.

La primera práctica diplomática documentada data de hace más de 3 mil 400 años, ocurrida entre la dinastía XVIII de Egipto y otras grandes potencias en el antiguo Oriente.

Históricamente las normas y la práctica de la diplomacia moderna, tomaron forma en la Italia renacentista del siglo XV en el intrincado contexto de las relaciones políticas que imperaban entre los reinos y repúblicas italianas.

Pero hoy como ayer, las relaciones diplomáticas forman conjunto con el comercio, la comunicación y la guerra, el sustrato esencial de una sociedad internacional, cuyo entramado de relaciones y actores ha experimentado una constante y creciente complejidad a lo largo de la historia.

En México, la diplomacia es la primera línea en la defensa de la soberanía y de la promoción de los intereses nacionales y el instrumento para ejercer dicha actividad en su mayoría es promedio de servicio exterior mexicano.

Quiero reconocer a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de América Latina y El Caribe, a la Senadora Vanessa Rubio Márquez, y al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Héctor Vasconcelos y Cruz, comisión de la cual formo parte, por el profesionalismo y el arduo trabajo que desarrollamos en las Comisiones Unidas para la ratificación de 16 Embajadores y un Cónsul General en los países hermanos de América Latina y El Caribe, agregando el de San Paulo y la República del Japón, y que en su mayoría forman parte de ese Servicio Exterior Mexicano.

Las y los diplomáticos que hoy ratificamos y rectificaremos como Jefes de Emisión en las diversas adscripciones contarán con las facultades que la Constitución y los tratados internacionales en la materia, les confiere para cumplir con los objetivos de la política exterior y proteger los intereses de nuestro país en el exterior.

De manera especial, desempeñarán las funciones de representación política, económica y cultural; de protección de connacionales, implementarán una labor institucional para el incremento del prestigio de México en el mundo.

Por ello, más que destacar el perfil académico y profesional con el que cuenta cada uno de las y los ciudadanos designados, quiero resaltar el compromiso asumido por las y los Embajadores para lograr que el Estado mexicano y nuestros connacionales que se encuentran en dichos países se sientan verdaderamente representados.

Hay grandes retos compartidos en América Latina y El Caribe en temas como migración, pobreza, inseguridad, tráfico de estupefacientes, democracia, medio ambiente, etcétera; pero también hay enormes oportunidades que podemos y debemos aprovechar, como es el turismo, el intercambio económico, comercial, cultural, educativo, tecnológico, entre otros, razón por la cual el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votó y votará favorablemente la ratificación de las y los Embajadores y los Cónsules General de Río de Janeiro y de Sao Paulo de la República de Brasil:

Luis Manuel López Moreno, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, María Teresa Mercado, David José del Carmen Jiménez, José Ignacio Piña Rojas, Óscar Ricardo Valero, Romeo Ruiz Armento, Ricardo Cantú Garza y Víctor Hugo Morales.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiempo, Senador.

El Senador Antonio García Conejo: Termino.

Patricia Galeana y Herrera, Carlos Peñafiel Soto, Raquel Serur Smeke, Francisco Javier Olavarría Patiño, Juan Manuel Nungaray Valadez, Roselia Margarita, Víctor Manuel Barceló, Héctor Humberto, Héctor Humberto Valezzi Zafra, Raúl Bolaños Cacho Guzmán y Melba María Pría Olavarrieta.

Hoy los desafíos que tienen nuestros Embajadores y Embajadoras…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ya se acabó su tiempo, Senador.

El Senador Antonio García Conejo: Para construir el crecimiento, termino, señor Presidente, de México en todos los ámbitos es una tarea que debemos acompañar y supervisar.

La apuesta del gobierno federal porque la promoción turística y comercial se realice a través de las embajadas y consulados en el exterior no es un tema menor y se debe poner en la justa dimensión al ser el turismo nuestra tercera fuente de ingresos a nivel nacional, y países como Argentina, Perú, Chile y Colombia, entre otros, que representan nuestros principales mercados turísticos en América Latina y el Caribe, deben cuidarse y atenderse de la mejor manera.

Deseo, por el bien de las y los mexicanos, que el trabajo a desarrollar de las y los ciudadanos designados nos lleven a que nuestro país siga siendo una potencia mundial en materia del turismo.

Muchas gracias por la tolerancia, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Conejo.

Senadora Margarita Valdez, sonido en su escaño.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Aprovechando la coyuntura para informarles a los compañeros Senadores y Senadoras, que ahorita que salgan el Senado está iluminado de morado, es a una iniciativa y propuesta de la Comisión de Salud para solidarizarnos con los enfermos de Crohn y Cuci que hay en nuestro país.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Valdez Martínez.

Al no haber más oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora hace falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto.

¿Algún Senador o Senadora hace falta de emitir su voto?

Señor Presidente, le informo que se emitieron 110 votos a favor, 111 votos a favor, cero en contra y cero en abstención. De un total de 111 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Víctor Manuel Barceló Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante del Parlamento de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración con sede en Montevideo, Uruguay. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva dos dictámenes más, uno de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; y otro de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, por los que se ratifican nombramientos de Personal diplomático.

Consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a los asuntos de hoy, los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Japón. Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es todo, cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto?

Señor Presidente, le informo, se emitieron 108 votos a favor; cero votos en contra y cero votos en abstención de un total de 108 Senadoras y Senadoras presentes, más el voto del Senador Armenta, 109 votos y del Senador Pech 110, 111 de Julio Menchaca, Víctor Fuentes, Indira Kempis. ¿Alguien más?

113 votos emitidos de un total de 113 Senadoras y Senadores presentes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Japón. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta.






Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Raúl Bolaños Cacho Guzmán como Cónsul General de México en Sao Paulo, República Federativa de Brasil.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, le informo que se emitieron un total de 109 votos a favor, cero en contra y cero en abstención de un total de 109 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Raúl Bolaños Cacho Guzmán como Cónsul General de México en Sao Paulo, República Federativa del Brasil. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los 19 dictámenes.

Procederemos ahora a tomar la protesta conjunta de los 17 embajadores, embajadoras y de dos cónsules generales.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran las Embajadoras, los Embajadores y el Cónsul General que acaban de ser ratificados.

Por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Margarita Valdez, Ricardo Ahued, Antares Vázquez, Alejandra Reynoso, Vanessa Rubio, Noé Castañón, Nancy De la Sierra, Antonio García Conejo, Alejandra Lagunes, Sasil De león Villard, Citlalli Hernández, Félix Salgado Macedonio, Cora Cecilia Pinedo, Eduardo Murat Hinojosa, Casimiro Méndez y Héctor Vasconcelos, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Permitan, por favor, a los Embajadores y Cónsules quedar al centro, Senadoras y Senadores. Por favor háganse un poquito más a la izquierda, Senadores.

Senadores, Héctor Vasconcelos y Vanessa, ¿pueden hacerse un poquito más a la derecha?, para que queden al centro los Embajadores. Un poquito más, queridos Héctor y Vanessa; un cachito más a la derecha, pero solo de movimiento, no políticamente.

Se ruega a todas y todos ponerse de pie.

(Todos de pie)

Señoras y señores, el Senado de la República ha ratificado los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor, de la siguiente forma:

Al ciudadano Luis Manuel López Moreno como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.

Al ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.

A la ciudadana María Teresa Mercado Pérez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Al ciudadano David José del Carmen Jiménez González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Honduras.

Al ciudadano José Ignacio Piña Rojas como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa de Brasil.

Al ciudadano Óscar Ricardo Valero Recio Becerra como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Argentina.

Al ciudadano Romeo Ruiz Armento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Guatemala.

Al ciudadano Ricardo Cantú Garza como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.

Al ciudadano Víctor Hugo Morales Meléndez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Perú.

A la ciudadana Patricia Galeana y Herrera como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

Al ciudadano Carlos Penafiel Soto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.

A la ciudadana Raquel Serur Smeke como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Ecuador.

Al ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

Al ciudadano Juan Manuel Nungaray Valadez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Paraguay.

Al ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.

A la ciudadana Roselia Margarita Barajas y Olea como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Costa Rica.

Al ciudadano Víctor Manuel Barceló Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante del Parlamento de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay.

A la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta designada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Japón.

Al ciudadano Raúl Bolaños Cacho Guzmán designado como Cónsul General de México en Sao Paulo.

En consecuencia, debo preguntarles, señoras y señores: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos que se les han conferido a ustedes, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Embajadores y Cónsules: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

Felicidades, señoras y señores funcionarios, a nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.
Se solicita a la Comisión designada acompañe a los funcionarios, cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos, en la Mesa Directiva, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 88 Bis 1 y 88 Bis 2 a la Ley General de Salud, en materia de médicos residentes.

También recibimos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 y adiciona también el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo a domicilio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que estos dos asuntos se incluyan en el Orden del Día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Los dictámenes están disponibles en sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 88 BIS 1 Y 88 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)








PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 311 Y ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO A DOMICILIO

Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omitan sus lecturas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

Sí se omiten.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, ambos dictámenes quedan de primera lectura.






COMUNICACIÓN

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que se recibió de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, una comunicación por la que informan que las mismas comisiones aprobaron un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para dictaminar la idoneidad para ratificación o negativa de ésta, de nombramientos de tres Magistrados de la Tercera Sección de Sala Superior y quince Magistrados de Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cual dichas dictaminadoras se encuentran en vía de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el expediente JA.589/218 del Juzgado VIII de Distrito, en materia administrativa de la Ciudad de México.



La Asamblea ha quedado enterada. Y la comunicación, junto con el Acuerdo al que se refiere, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Notifíquese a la autoridad judicial competente para informarla del seguimiento del cumplimiento de la sentencia correspondiente.






Honorable Asamblea: En virtud de que hoy es el penúltimo día del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, todas las iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo que se encuentran listados en el Orden del Día de la sesión de hoy se turnan a comisiones. Los turnos correspondientes se publicarán en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El que suscribe, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación1; conforme a las estadísticas de la autoridad en salud, al menos un 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad, destacándose el aumento considerable de las enfermedades crónicas en gran parte de la población2.

En México, para el año 2014 el 6.4% de la población se reportó en condiciones de discapacidad3, lo cual equivale a 7.65 millones de personas; al contrastarlo con el porcentaje informado en el reporte previo del 2010 correspondiente al 5.1%4 se observa un aumento considerable de la población que presenta alguna discapacidad, situación que invita a cuestionarse acerca de las medidas que desde las políticas públicas se están impulsando y pueden materializarse con el fin de proteger los derechos de este grupo poblacional.

Con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, el Estado mexicano adquirió nuevos compromisos encaminados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, iniciando con una dinámica endógena robusta para brindar a los titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, el marco jurídico adecuado para su ejercicio.

En alcance a esta disposición constitucional y bajo la óptica progresista que implica el reconocimiento de un más amplio espectro de derechos humanos, en el año 2007 el gobierno mexicano adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”5 y su correspondiente Protocolo Facultativo.

El referido instrumento internacional reúne diversos aspectos en los que se resumen obligaciones administrativas y legislativas que deben cumplir los Estados Parte a fin de promover la participación e integración de las personas con discapacidad; además, enfoca sus esfuerzos a través de ocho principios que, al igual que el contenido del documento, buscan preservar la dignidad de esta población.

Es precisamente el numeral 1 del artículo 9 de la Convención el que introduce la obligación del Estado mexicano de adoptar “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones […]”6, ello con el fin de que esta población tenga la posibilidad de vivir de manera más independiente y participativa.

En ese ánimo y compromiso, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el año 2011, retomó en su radar aspectos relativos a la accesibilidad en los diversos entornos en los cuales se desenvuelven las personas con discapacidad y para el interés de esta iniciativa, en el entorno informático y de las tecnologías de la información y la comunicación. En adición, el artículo 32 de la Ley citada circunscribe la accesibilidad a la posibilidad de ejercer efectivamente el derecho al acceso a la información, así:

“Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

I. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad […]”7.

Lo anterior confirma el apremio del gobierno nacional por armonizar cada una de sus actuaciones en aras de materializar las exigencias internacionales y nacionales sobre este particular.

Es claro que las tecnologías y servicios de información han dado pasos agigantados en corto tiempo; son cada vez más frecuentes y ostentosos los avances que sobre las TIC´s se alcanzan y tales logros permean las distintas esferas en las cuales nos desarrollamos, desde la personal hasta la laboral.

En este universo tecnológico coexisten tantas condiciones como personas transitan al interior de él, condiciones tales que, de no ser tomadas en cuenta paralelamente a la inserción de adelantos, serán pasadas por alto y omitidas en la atinada implementación de estrategias y herramientas de equidad, generando barreras para el uso y goce de los servicios tecnológicos de la población con discapacidad.

En términos de lo expresado por García Bilbao y Rodríguez-Porrero,

“Las Nuevas Tecnologías a la par que son una esperanza también pueden constituir una nueva barrera y un motivo de desequilibrios y desigualdades entre ciudadanos sino incorporan, para su utilización por el colectivo de personas con discapacidad, la necesaria accesibilidad o capacidad de ser utilizadas por cualquier persona al margen de sus deficiencias”8.

Es necesario asumir el compromiso de diseñar y desarrollar soluciones guiadas por estándares que realmente garanticen el acceso efectivo de las personas con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva al uso de las tecnologías y servicios de información, de manera que estos espacios virtuales de difusión y discusión no se perpetúen como nuevas formas de exclusión y segmentación social.

El ideal de que los medios y plataformas digitales se caractericen por contar con un diseño universal, capaz de adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad, no puede quedarse en la letra, máxime teniendo en cuenta que en México el grueso de esta población cuenta al menos con una herramienta TIC en casa9.

En tal sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enlista un conjunto de derechos de los usuarios con discapacidad, de los cuales -para el propósito de esta iniciativa- es destacable el incorporado en el artículo 201 referente a las entidades del Estado, así:

Los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los órganos constitucionales autónomos; así como de las dependencias de la Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán contar con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En el caso de la Administración Pública Federal, los portales deberán atender a las disposiciones establecidas en el marco de la Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, así como a las actualizaciones tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación de dichas funciones de accesibilidad en los sectores privado y social”10.

Al tenor de esta disposición, la presente iniciativa retoma la importancia de atender este precepto y en ese sentido plantea introducir  en la máxima norma del Congreso de la Unión la obligación de garantizar el derecho humano al acceso a la tecnología y la información de las personas con discapacidad, en atención a dos principios orientadores:

• Principio de accesibilidad: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

• Principio de progresividad: a partir del cual la protección a los derechos humanos debe comprender una esfera cada vez más amplia que a su vez está acompañada de acciones desde lo administrativo y lo legislativo. Se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual11.

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la accesibilidad en los sitios web debe cumplir, por lo menos, con dos características: que sea perceptible por alguno de nuestros sentidos y que sea compatible con las herramientas de asistencia tecnológica que utilizan algunas personas con discapacidad, ello con el fin de proporcionar un acceso equitativo y en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad12. Es por ello que esta iniciativa se propone implantar en el sitio web oficial y demás plataformas de uso digital del Congreso de la Unión, tales aspectos y demás estándares necesarios.

De esta manera, se busca consolidar la lucha por la eliminación y minimización de las barreras que impiden o disminuyen el acceso a las tecnologías y a la información de las personas con discapacidad, en aras de una igualdad real de oportunidades y goce de tales derechos.

La iniciativa propone, además, que la observancia de esta nueva disposición se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido por los estándares internacionales en la materia. Para brindar una mejor explicación al respecto, a continuación se presentan de manera enunciativa mas no limitativa, los principales estándares:

PRINCIPIOS INTERNACIONALES WCAG 2.0

PAÍSES QUE HAN LEGISLADO AL RESPECTO

1. Perceptible: la información y los componentes de la interfaz deben ser presentados a los usuarios de manera que puedan percibirlos.

1.1 Alternativas de texto: se deben proporcionar alternativas de texto, de modo que se puedan cambiar a otras formas según las necesidades del usuario; detalles como letra grande, audio sincronizado con subtítulos, símbolos, braille, contraste entre el texto y el fondo o un lenguaje más simple. Asimismo, los botones de imagen de formularios y zonas activas de los mapas de imagen deben contar con un texto alternativo adecuado.

Directriz 1.3 Adaptable: se debe crear contenido que se pueda presentar de diferentes maneras sin perder información o estructura. Por ejemplo, diseños más simples.  

Directriz 1.4 Distinguible: facilitar que los usuarios vean y escuchen los contenidos.

2. Operable: los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables.

Directriz 2.2 Tiempo suficiente: proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 

Directriz 2.3 Convulsiones: no se debe diseñar el contenido de una manera que pueda causar convulsiones.

Directriz 2.4 Navegable: se deben proporcionar formas de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.

3. Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz deben ser comprensibles.

Directriz 3.2 Predecible: las páginas web deben de funcionar de manera acorde a esta directriz.

Directriz 3.3 Asistencia de entrada: se debe proporcionar ayuda a los usuarios con el fin de evitar y corregir errores.

4. Robusto: el contenido debe ser lo suficientemente robusto para que pueda ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia.

Directriz 4.1 Compatible: se debe maximizar la compatibilidad con los agentes de usuarios actuales y futuros.13

Argentina

• Cuenta con la Ley 26.653 la cual regula la accesibilidad de la información en las páginas web. De igual forma, establece que los requisitos de accesibilidad serán los determinados por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), conforme a la Norma de Accesibilidad Web 2.0 y los Niveles Mínimos de Conformidad. 14

Canadá

• Adoptó los principios a través del ordenamiento Policy on Communications and Federal Identity”; esta política y sus instrumentos de apoyo se aplican a los departamentos y otras partes de la administración pública federal.
• El gobierno de Canadá busca que las autoridades sean claras y sensibles a las diversas necesidades de información del público.15

Chile

• Adoptó los principios internacionales para asegurar el acceso a Internet y sitios Web de los órganos de la administración del Estado; esto con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a la información, desenvolverse en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.16

• En agosto de 2006, se publicó y promulgó el “Decreto 100/ 2006” el cual establece las características mínimas obligatorias que se den cumplir en los sitios web de los órganos de la Administración del Estado. 17

Colombia

• En 2011, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) ratifico la “Norma Técnica 5854” que busca implementar los requisitos de accesibilidad que deben implementar las páginas web en Colombia y esta norma es equivalente a WCAG 2.0.

• Por otra parte, el “Decreto 2693 de 2012”, establece los lineamientos generales del Gobierno en Línea de la República de Colombia. Este Decreto debe ser acatado por las entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones administrativas18

Italia

• Italia, implementó las “Disposiciones para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a las herramientas informáticas”, la cual debe ser acatada por todos los integrantes de la administración pública y establece los requisitos de accesibilidad. 19

Con el objeto de dar mayor claridad a los cambios propuestos por esta iniciativa se comparte el siguiente cuadro comparativo:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 139.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan

 

 

ARTICULO 139.

1. …

 

 

2. Los sitios web, aplicativos web y contenidos digitales que contengan información relevante de ambas Cámaras deberán ser completamente accesibles para personas con diferentes tipos de discapacidad, para lo cual se deberán considerar los estándares internacionales en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 139.

1. …

2. Los sitios web, aplicativos web y contenidos digitales que contengan información relevante de ambas Cámaras deberán ser completamente accesibles para personas con diferentes tipos de discapacidad, para lo cual se deberán considerar los estándares internacionales en la materia.

TRANSITORIO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril de 2019.

Suscribe

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila.

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Discapacidad y salud. España. 16 de enero de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2MHv9WQ Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

2 Ídem.

3 BIBLIOTECA DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México. México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SQdhyB Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

4 INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. Censo de Población y Vivienda: discapacidad en México. México, 2010. Disponible en: https://bit.ly/1BBohjB Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

5 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estados Unidos de América, 2006. Disponible en: https://bit.ly/1pX3OTp Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

6 Ídem. Pág. 42.

7 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. México, 2011. Artículo 32. Disponible en: https://bit.ly/2NXVWy0 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

8 GARCÍA BILBAO, Álvaro y RODRÍGUEZ-PORRERO MIRET, Cristina. Nuevas tecnologías y personas con discapacidad. Revista Intervención Social. Madrid, 2000. Vol. 9. Número 3. Pág. 284. Disponible en: https://bit.ly/2F1JFFy Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. La discapacidad en México, datos al 2014. México, 2016. Pág. 82. Disponible en: https://bit.ly/2lWRVOu Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

10 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. México, 2014. Artículo 201. Disponible en: https://bit.ly/2CvA6hV Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Principio de progresividad. Disponible en: https://bit.ly/2TOCbiG Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019.

12 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. ¿Cómo sabemos que una página web es accesible para personas con discapacidad? México, 2011. Disponible en: https://bit.ly/2Hp80so Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019.

13 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Principios Internacionales. 2008. Disponible en: https://bit.ly/1yLBqY4 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

14 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Ley 26.653: Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. Argentina, 2010. Disponible en: https://bit.ly/2hjRTkd Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

15 GOVERNMENT OF CANADA.  Policy on Communications and Federal Identity. Canadá, 2016. Sitio web: https://bit.ly/2sAO5j9    Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

16 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  Requisitos básicos para un sitio web accesible. Chile, 2015. Pág. 1. Disponible en: https://bit.ly/2TBpmc6 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

17 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Decreto 100/2006. Chile, 2006. Disponible en: https://bit.ly/2W2maTA Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

18 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Decreto 2693. Colombia, 2012.  Disponible en: https://bit.ly/2T4X0lD Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.

19 DIARIO OFICIAL DE ITALIA. Disposiciones para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a las herramientas informáticas. Italia, 2014. Disponible en: https://bit.ly/2Y05HRJ Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ALMACENAMIENTO RURAL Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98, 99 Y 100 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y  172 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ALMACENAMIENTO RURAL Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98, 99 Y 100 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano es generar las condiciones para lograr el bienestar de las familias campesinas e incrementar la productividad del sector agrícola, estableciendo directrices que se traduzcan en lograr un progreso en las actividades agropecuarias con la finalidad de obtener mejores rendimientos y una más justa distribución de la riqueza que contribuya también a la generación de empleo; por lo que se requiere la expedición de instrumentos jurídicos que ordenen los procesos productivos del sector.

Así lo mandata el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"…el Estado mexicano debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar el bienestar a la población campesina, a través de la participación y su incorporación en el desarrollo nacional. Asimismo, con base en este mismo precepto constitucional, el Estado debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

También es atribución del Estado mexicano expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público."

Por lo que con fecha 11 de febrero de 2010, durante la LXI Legislatura a nombre propio y del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural.

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen correspondiente con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Es importante mencionar que en el proceso de estudio para la elaboración del Dictamen correspondiente las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural formularon consulta respecto del contenido de la iniciativa a sus integrantes, así como al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentaria (CEDIP) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). A si como también se solicitó opinión a las Secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que dichas dependencias formularan las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes.

Con fecha 28 de abril de 2011 fue votada y aprobada con modificaciones entre las que se pueden referir a algunas definiciones en la Ley y la adecuación a la regulación aplicable a los instrumentos que documentan el depósito de productos agropecuarios y de semovientes en las instalaciones de los almacenes rurales, redacción en estricto apego a los lineamientos formales de la Técnica Legislativa, se modificaron algunos preceptos de la Ley de Almacenamiento Rural a fin de aportar claridad a sus contenidos.

Además, se modifica la intención original de la iniciativa de solo establecer un almacén rural por región, imposibilitando la instalación de más almacenes, considerando que deben ser las necesidades de cada región las que determinen el número de almacenes rurales necesarios.

Por otra parte, se revalora la intención original de la iniciativa de ser Ley reglamentaria de los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que por la naturaleza de la presente iniciativa, esta resulta vinculada solo a la fracción XX del artículo 27 constitucional.

Por último, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de la iniciativa y dado que el proyecto legislativo refiere a un nuevo ordenamiento, las Comisiones dictaminadoras consideraron oportuno enriquecer algunos preceptos de la legislación vigente, mediante la adición y reforma practicadas a tres artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de hacer congruente el marco jurídico vigente con el establecimiento de la regulación del almacenamiento especializado aplicable a los productos agropecuarios y a los semovientes, modelo normativo que ya existe en otros países y que resulta indispensable al medio rural mexicano.

Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara baja con 381 votos en pro y fue turnada a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El 29 de abril de 2011 se recibió oficio en la Cámara de Senadores con el que se remitía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural y se reformaban los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y dictamen correspondiente.

Finalmente el pasado 15 de diciembre de 2015 por Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso la conclusión de los proyectos de Ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las LIX, LX y LXI Legislaturas.

Por lo que el suscrito considera de suma importancia presentar de nuevo el Proyecto de Iniciativa en comento, ya que el almacenaje rural, al ser parte del proceso de comercialización demanda ser impulsado por el Estado y en favor del desarrollo rural, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el tercer párrafo del artículo 1°, al citar lo siguiente:

"..Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución…"

Con base en lo anterior resulta indispensable que el Estado regule el almacenamiento rural, otorgando certidumbre, visión de largo plazo y articulación a los diversos procesos productivos agropecuarios y a la economía en su conjunto, sin ingerir con una reglamentación rígida que frene el buen desempeño de los flujos comerciales, ni trastocar la dinámica del mercado.

Para aumentar los niveles de productividad en el sector agropecuario, se requiere dotar a los agentes rurales, de un marco jurídico adecuado, acorde a las necesidades actuales y a los niveles internacionales de los socios con los que México mantiene relaciones comerciales que cumpla con las exigencias de un mercado agroalimentario cada vez más competitivo, con mayores requerimientos de productividad, calidad y sanidad.

Dentro de este marco queda patente la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento rural seguro y eficiente para la guarda, custodia y conservación de productos, que otorgue utilidad de las mercancías, al ser contrapeso de otras externalidades que padece la producción agropecuaria como las ambientales y estacionales, cuidando las normas sanitarias aplicables a los productos que serán objeto de depósito.

El proceso para integrar y modernizar al sector agropecuario requiere de la publicación y actualización de leyes destinadas al campo en general y a la actividad agropecuaria en lo particular, que contienen nuevos conceptos para lograr la integración competitiva en el mercado de productos en el comercio, que permitan un mejor y más ágil acceso al capital con y mejores condiciones de crédito financiamiento e inversión productiva así como la optimización de los recursos públicos que se otorgan al sector.

La labor del sector agropecuario no termina con la cosecha o con la producción de animales, continúa en la distribución y comercialización de los productos; en este punto el productor agropecuario debido a la necesidad de contar con dinero sobre su producción, la vende en los tiempos de cosecha cuando los precios se ubican generalmente en su punto más bajo, y conforme pasan las épocas de cosecha, los precios tienden a subir y la posibilidad de programar su comercialización a lo largo del año; es mediante sistemas eficientes de acopio y almacenamiento que los productores lograrán mejores precios por sus productos y también contribuirá al beneficio de la población en general al regularizar ciclos y precios, garantizando el abasto oportuno. Existe la convicción de que es necesario activar una desregulación y simplificación administrativa, sin que ello implique la renuncia a la efectiva rectoría y supervisión por parte de las autoridades de la materia.

Las normas actuales que rigen el sistema de almacenamiento bajo el régimen de los Almacenes Generales de Depósito, que son regulados tanto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito tienen su principal actividad en sectores industriales y comerciales urbanos principalmente y se han instalado en lugares propios para atender esa demanda, por lo que frecuentemente resultan inaccesibles a la mayoría de los productores del campo, amén que la ubicación de las mismas no coinciden con los lugares estratégicos que cubran las necesidades de ubicación de acuerdo a los productos a depositar en las diferentes regiones del país.

Para que el almacenamiento rural opere en la dirección correcta y dé respuesta a los requerimientos del sector agropecuario mexicano y, a la necesidad de contar con información veraz y actualizada de inventarios, se propone la expedición de la Ley de Almacenamiento Rural, como un instrumento jurídico que proteja a los usuarios, garantizando el cumplimiento de sus objetivos: incrementar la productividad del agro nacional y fomentar el desarrollo rural.

La presente iniciativa busca crear un servicio de almacenamiento rural que contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento y comercialización del sector y a fomentar la confianza de los productores agropecuarios en los almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y asegurar el depósito de sus productos, y que tendrán la posibilidad de negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el país de acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la obtención de créditos, o bien para lograr mejores precios en sus productos.

En la Ley de Almacenamiento Rural están previstos los instrumentos necesarios, para que los costos del almacenaje, sean accesibles tanto a los productores como para quienes pretendan solicitar las autorizaciones para operar almacenes rurales y bodegas rurales simplificando los trámites para su constitución y prestación del servicio.

Los lugares en que se instalen los almacenes de depósito rural, deberán atender a las necesidades de los productores en los lugares estratégicos, considerando: la cercanía a los lugares de producción, los medios de comunicación con que se cuenta y las necesidades de cuidado de los bienes depositados.

La tutela del marco legal que se propone se le confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), toda vez que dicha dependencia tiene entre sus atribuciones legales, propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir más y mejor, además de integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía.

En esta ley se otorgarán a la SAGARPA las facultades legales necesarias para la aplicación e interpretación, y para su operación supervisión y control, por lo que se fortalecerán las atribuciones conferidas en otros ordenamientos dirigidas a integrar y articular los diversos procesos productivos.

La Secretaría es la instancia adecuada ya que de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lleva a cabo funciones de interrelación directa con los productores mexicanos, también porque cuenta dentro de su estructura con órganos desconcentrados como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que tienen los medios e infraestructura suficiente para atender de manera inmediata los requerimientos de los productores con los que tradicionalmente han venido trabajando.

Las facultades que dota la presente ley a la Secretaría, permitirán conocer la existencia en cantidad y calidad de los productos almacenados bajo el amparo de la Ley, cubriendo el vacío que hasta hoy se tiene por el desconocimiento de los inventarios de los diferentes productos agropecuarios, para eso se crea el Sistema de Integral de Información del Almacenamiento Rural, que permitirá que al Sector en su conjunto la toma de decisiones que redunden en beneficio de los intereses de los productores.

El Sistema Integral de Información del Almacenamiento Rural es una base de datos que contendrá la información relevante, que tiene como finalidad coadyuvar al manejo eficiente y confiable del almacenamiento rural, así como establecer una base sólida de conocimiento y control de inventarios y movimientos de los productos susceptibles de almacenamiento rural, para el conocimiento de los recursos nacionales y para el funcionamiento más ordenado y adecuado del mercado a favor de los productores rurales.

Por otra parte se dota a la Secretaría de facultades para la realización de auditorías, verificación, inspección de los almacenes y bodegas rurales que se encuentren sujetas a la presente ley, con el objeto de otorgar certeza a los depositantes de mercancías y sobre los documentos, certificados de depósito rural, de igual forma a quienes realizan operaciones mercantiles con ellos.

También la Ley que se propone, deja sentadas las bases para evitar la práctica de emisión de certificados de depósito de productos inexistentes o inventarios inexactos, o que no contengan las especificaciones de calidad y contenido que emanan de su texto, a efecto de otorgar certidumbre a los mismos para garantizar su operación confiable como instrumento de financiamiento por los particulares y las instituciones financieras del país.

Bajo el contexto descrito el almacenamiento rural representa una necesidad latente, tomando en cuenta que este servicio con establecimiento y acceso sencillo, amparado en una Ley, constituiría un instrumento de defensa para que el productor comercialice sus productos a precios reales y en mejores condiciones, disponiendo de un sistema sencillo y con certificados de depósito simples que respalden la cantidad y calidad de la producción, sirviendo éstos como garantía ante las instituciones crediticias.

Cabe destacar que la responsabilidad que otorgaría la propuesta de Ley de Almacenamiento Rural a SAGARPA, no requeriría de partidas presupuestales especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por tal razón el mandato quedaría enmarcado en el ejercicio de las funciones de la Secretaría, haciendo uso de los propios recursos de que disponga.

En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento legal que dé certeza jurídica en las transacciones comerciales de los productos agropecuarios, genere certidumbre a los agentes económicos del sector, y permita la incorporación de nuevos productos crediticios con el objetivo primordial de incrementar la productividad y calidad del agro nacional.

Por otra parte, desde su presentación y aprobación en la LXI Legislatura, no se encuentra una iniciativa integral en materia de almacenamiento que incide en mejorar la productividad y competitividad de los productores y que es congruente con los objetivos y estrategias con las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Federal, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2013-2018.

En general, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante cinco estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario; Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.

En particular, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, considera en su Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, una estrategia específica en esta materia, la 1.6: “Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante el almacenamiento y transporte”.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Primero. Se expide la Ley de Almacenamiento Rural.

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I Del Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden público e interés social.

La aplicación e interpretación para efectos administrativos de la presente Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las demás atribuciones que se vinculen con la debida ejecución de este ordenamiento y que le estén conferidas a otras dependencias del Ejecutivo federal.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, así como de sus instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio nacional;

II. Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, control, guarda o conservación de Productos Almacenables;

III. Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y conservación de Productos Almacenables, así como de las actividades que se deriven de las disposiciones contenidas en la presente Ley;

IV. Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por Almacenes Rurales;

V. Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, y

VI. Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo de existencias de Productos Almacenables resguardados en instalaciones autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales.

Capítulo II De las Definiciones

Artículo 3. Para efectos de la Ley se entiende por:

I. Almacenamiento o Almacenaje Rural: Conjunto de actividades de recepción, acopio, manejo, conservación, control, guarda y custodia de Productos Almacenables;

II. Almacén Rural: Persona física o persona moral que se encuentra debidamente autorizada para prestar el servicio de Almacenamiento Rural en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que de ella deriven;

III. Autorización: Acto administrativo que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual faculta a personas físicas o morales para operar como Almacenes Rurales;

IV. Certificación: Procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría o terceros autorizados por la misma, hacen constar que las instalaciones, la infraestructura, los procedimientos y los establecimientos de los Almacenes Rurales, cumplen con la normatividad aplicable a la preservación y al buen estado de los Productos Almacenables que mantenga en depósito un Almacén Rural;

V. Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito: Documento expedido por los Almacenes Rurales, en términos del tercer párrafo del artículo 229 de la Ley general de títulos y Operaciones de Crédito, mediante el cual se representan el valor, la calidad y la existencia de los productos agropecuarios o semovientes resguardados en sus establecimientos;

VI. Contrato de Depósito Rural: Acuerdo celebrado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural en su calidad de depositante, con el objeto de depositar Productos Almacenables;

VII. Cuotas por Almacenaje: Tarifa de los servicios que por concepto de Almacenaje Rural se aplique al resguardo de los Productos Almacenables, la cual deberá ser erogada por el depositante;

VIII. Depositante: Propietario o poseedor legítimo que ingresa Productos Almacenables a los Almacenes Rurales, con motivo de la celebración de uno o varios Contratos de Depósito Rural;

IX. Disposiciones administrativas de carácter general: Actos administrativos de carácter general, que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como: acuerdos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de Almacenamiento Rural, y demás disposiciones aplicables al objeto de esta Ley;

X. Establecimiento: Silos, granjas, corrales y demás instalaciones de que dispongan las personas autorizadas, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural;

XI. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XII. Ley: Ley de Almacenamiento Rural;

XIII. Productos Almacenables: Maíz, trigo, sorgo, arroz, garbanzo, soya, frijol, café, azúcar, semovientes, así como los demás productos que autorice la Secretaría en términos de la presente Ley, y de la normatividad que de ella derive;

XIV. Retención: Acto administrativo expedido por la Secretaría que consiste en asegurar temporalmente los Productos Almacenables depositados en Almacenes Rurales, cuando se presente algún riesgo fitosanitario y/o zoosanitario, o en cumplimiento de disposición jurídica vigente;

XV. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XVI. Sistema: Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVII. Unidad de Verificación: La persona física o moral que realiza actos de verificación; y

XVIII. Verificación: Procedimientos que ejecuta la Secretaría o los terceros autorizados que tienen como objeto comprobar el cumplimiento de la presente Ley.

Capítulo III De la Autoridad

Artículo 4. La Secretaría podrá celebrar los convenios que resulten necesarios con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los municipios.

Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría:

I. Expedir las autorizaciones de funcionamiento de los Almacenes Rurales, con base en lo dispuesto por esta Ley;

II. Establecer mediante acuerdos expedidos por el Titular de la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación, qué Productos Almacenables son susceptibles de ser depositados en Almacenamiento Rural, en adición a los señalados en la fracción XV del artículo 3 de esta Ley;

III. Dar a conocer al público en general, las autorizaciones que se otorguen para el funcionamiento de Almacenes Rurales, así como las solicitudes que se presenten y la cancelación o suspensión de las autorizaciones previamente concedidas;

IV. Verificar, inspeccionar y certificar el funcionamiento de los establecimientos que operen los Almacenes Rurales y que se encuentren destinados al depósito de Productos Almacenables en los términos de la presente Ley;

V. Establecer las obligaciones que deberán cumplir los Almacenes Rurales para integrar las bases de datos relativas a la integración de los inventarios; a los procedimientos que permitan preservar la calidad de los productos almacenados y de sus insumos; en términos de lo establecido por la Secretaría mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación;

VI. Evaluar, y en su caso, determinar la ubicación geográfica de los lugares en los que sea factible autorizar la operación de Almacenes Rurales, según las necesidades del Estado o región;

VII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio de Almacenes Rurales autorizados por la Secretaría, así como de aquellos que con motivo de una cancelación o suspensión han perdido la autorización para fungir como tales;

VIII. Determinar, y en su caso, ejecutar las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar, destruir o resguardar los Productos Almacenables depositados, cuando exista un riesgo sanitario o de desabasto, atendiendo el criterio de las autoridades correspondientes o a los peritos reconocidos por la Secretaría;

IX. Calificar las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan al incumplimiento de la misma;

X. Fijar con base en el servicio de Almacenamiento Rural que les ha sido autorizado, las garantías que deban otorgar quienes obtengan la autorización para operar como Almacenes Rurales;

XI. Regular la integración, la operación y el funcionamiento del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; y

XII. Las demás que determinen otros ordenamientos en materia de Almacenamiento Rural.

Artículo 6. El monto del pago de derechos que deberán realizar a la Federación, las personas físicas o morales interesadas en presentar a la Secretaría solicitudes de autorización para operar como Almacén Rural, o bien para prorrogar la autorización ya concedida, se determinará en la Ley Federal de Derechos.

Artículo 7. La Secretaría podrá celebrar convenios con Organismos Públicos o empresas privadas debidamente reconocidas, conforme a las Leyes aplicables como verificadores o profesionistas independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría, con el objeto de que se constate, el estado que guardan los establecimientos de que disponen las personas autorizadas, para operar como Almacenes Rurales y se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad aplicables.

Título Segundo De los Almacenes Rurales

Capítulo l De las Autorizaciones

Artículo 8. La Secretaría, expedirá las autorizaciones que resulten procedentes a las personas físicas o morales, para operar como Almacén Rural.

Artículo 9. La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará los Productos Almacenables factibles de ser recibidos en Almacenamiento Rural que den lugar a la expedición del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, por parte de los Almacenes Rurales, en adición a los señalados en el artículo 3, fracción XV de esta Ley.

De igual forma integrará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el Directorio de los Almacenes Rurales que se encuentren autorizados en los términos de esta Ley.

Artículo 10. Para funcionar como Almacén Rural, se deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 15 de esta Ley y las demás disposiciones legales y/o administrativas en la materia y podrán almacenar los productos que les sean autorizados por la Secretaría, de acuerdo a la capacidad acreditada de sus instalaciones.

Artículo 11. Para efecto de otorgar las autorizaciones a que refiere la presente Ley, la Secretaría podrá solicitar a los interesados que acrediten la capacidad técnica y económica, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, ya sean personas físicas o morales, en los términos que establezca la Secretaría mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 12. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley, deberán usar en su denominación la expresión “Almacén Rural”.

Ninguna persona física o moral distinta a las señaladas en el párrafo anterior, podrá usar el término “Almacén Rural”. La institución que así lo haga, será sancionada conforme a la Ley.

Artículo 13. Para la autorización del establecimiento de Almacenes Rurales, se atenderá a las necesidades de cada región, de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, la recepción de solicitudes de autorización que estarán acompañadas con la información que deban presentar los interesados, de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría.

Corresponde a la Secretaría, a través de la unidad administrativa, que designe su titular, mediante instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la verificación e inspección de los Almacenes Rurales.

Capítulo II De los Almacenes Rurales

Artículo 15. Para obtener la autorización para operar como Almacenes Rurales, las personas físicas dedicadas a la actividad rural, así como las personas morales constituidas con arreglo a la legislación nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con capacidad de contratar;

II. Operar establecimientos para la guarda, custodia, manejo y consignación de Productos Almacenables;

III. Contar con instalaciones de almacenaje dentro del territorio nacional;

IV. Tener domicilio legal dentro del territorio nacional;

V. Acreditar ante la Secretaría que cuentan con establecimientos de su propiedad o ser legítimo poseedor;

VI. Contar con Registro Federal de Contribuyentes.

VII. Cumplir con los requerimientos que se prevén en el Capítulo III de éste Título.

VIII. Para el caso de Almacenamiento Rural de semovientes, los interesados en obtener la autorización, deberán acreditar ser propietario o legítimo poseedor de la granja o corral confinado exclusivamente al depósito de animales donde se reciban éstos.

Asimismo, deberán comprobar que los establecimientos destinados a este tipo de servicio de Almacenamiento Rural, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Sanidad Animal, respecto a las medidas zoosanitarias y de Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Reducción de Riesgos;

IX. Deberán contar con un seguro contra riesgos que asegure todos los Productos Almacenables; y

X. Los demás que establezcan las disposiciones previstas en la presente Ley y en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Las autorizaciones que sean otorgadas al amparo del presente artículo, son por su propia naturaleza intransferibles.

Artículo 16. Los Almacenes Rurales tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo y control de Productos Almacenables bajo su custodia, amparados por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

Artículo 17. Los Almacenes Rurales podrán operar uno o varios establecimientos para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, obteniendo la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que deberá presentarse solicitud por cada establecimiento. Aquellos establecimientos autorizados, deberán recibir en depósito sólo los Productos Almacenables referidos en la autorización correspondiente.

Artículo 18. Los Almacenes Rurales podrán prestar el servicio de Almacenaje Rural, a los usuarios que deseen depositar Productos Almacenables, que se especifiquen en la autorización que para tal efecto expida la Secretaría, en estricto apego a las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 19. En relación a los Productos Almacenables depositados, los Almacenes Rurales podrán expedir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, mismos que no son títulos de crédito.

Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales autorizados, deberán amparar el depósito de Productos Almacenables, cuya existencia y almacenamiento sea verificable.

Artículo 20. Las personas morales que deseen obtener la autorización para operar como Almacén Rural, deberán contar con un capital social mínimo íntegramente pagado por aportes en efectivo y/o en especie equivalente a 8,702 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y para el caso de las personas físicas, deberán acreditar la existencia de un haber patrimonial cuyo valor sea igual a esta suma.

Artículo 21. Los Almacenes Rurales no podrán participar en actividades de especulación comercial ni bursátil, incluyendo la colocación de títulos de deuda en el mercado de valores, ni asumir deudas bancarias o financieras, ni emitir obligaciones o bonos, ni gravar sus bienes o activos.

Sus pasivos serán aquellos resultantes de la actividad propia de las operaciones de Almacenamiento Rural, así como salarios, cargas fiscales y sociales devengadas.

Artículo 22. Los Productos Almacenables bajo la custodia de los Almacenes Rurales no podrán ser objeto de embargo, gravamen o secuestro por cualquier causa o persona distinta de las consignadas en los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni podrá ejecutarse contra ellos acción o mandamiento de ejecución con motivo de cualquier operación o adeudo a cargo del Almacén Rural, que no se encuentre directamente relacionado con esos productos y los documentos que amparan su Almacenamiento Rural.

Artículo 23. La autorización que otorgue la Secretaría previo pago de los derechos correspondientes, tendrá una duración de cinco años contados a partir de su entrada en vigor y podrá ser prorrogada por el mismo plazo, siempre y cuando el Almacén Rural, se haya conducido conforme a los términos establecidos en su autorización, en estricto apego a las disposiciones aplicables a la materia, asimismo con tres meses de anticipación a la conclusión de la vigencia de la autorización, deberá manifestar por escrito su interés y disposición para continuar funcionando como Almacén Rural, para que se lleve a cabo la inspección correspondiente para determinar la procedencia de la prórroga, así como el pago de los derechos respectivos.

De igual forma, dicha autorización podrá ser revocada o suspendida en el momento que la autoridad constate el incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley y a las demás disposiciones legales y/o administrativas que expida la Secretaría.

Artículo 24. El Almacenamiento Rural autorizado y supervisado por la Secretaría, será acreditable mediante la celebración de uno o más Contratos de Depósito Rural de Productos Almacenables a título oneroso, acordado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural.

El costo de los servicios de guarda y custodia de los Productos Almacenables, depositados previstos en el Contrato de Depósito Rural, implicarán un concepto independiente al monto que cubra los servicios de seguro, conservación u otros, que maneje el Almacén Rural de que se trate, sin exceder las políticas generales determinadas para tal efecto por la Secretaría de Economía.

Capítulo III De las Instalaciones

Artículo 25. Los Almacenes Rurales deberán designar a la persona que será la responsable del establecimiento, asimismo sus instalaciones deberán cubrir los siguientes:

I. Requerimientos mínimos:

a) Aduana de recepción;

b) Báscula;

c) Laboratorio de acuerdo al producto o productos a que sea destinada;

d) Montacargas y otros sistemas automatizados de movimiento;

e) Equipo contra incendio;

f) Equipo de ventilación si el producto lo requiere;

g) Tener en lugar visible los anuncios que permitan saber al público, que se trata de un establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, en términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene autorizadas realizar, y

h) Los demás requerimientos que mediante disposiciones administrativas de carácter general establezca la Secretaría.

II. Tratándose de granjas o corrales la designación de la persona que será responsable del establecimiento, deberá contar con los servicios de un médico veterinario responsable, conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal, así como:

a) Aduana de recepción;

b) Báscula;

c) Lugar de bebederos, comedores y sombreadores;

d) Lugar de estancia;

e) Equipo contra incendio;

f) Contar con mangas, corrales, presas de manejo y otros equipos para el manejo humanitario de los animales;

g) Tener en un lugar visible al público los anuncios de que se trata de un establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, aprobado en los términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene autorizadas realizar, y

h) Los demás requerimientos previstos en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Capítulo IV Del Procedimiento de Recepción

Artículo 26. Para la recepción de los Productos Almacenables en los establecimientos previstos en esta Ley, se requiere:

I. Celebrar el Contrato de Depósito Rural, el cual deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

a) Los generales del depositante.

b) La descripción, cantidad y calidad de los productos.

c) La dirección y/o ubicación precisa del Almacén Rural.

d) Las cuotas por concepto de almacenaje, seguro y maniobras.

e) Las instrucciones del depositante relativas a las necesidades de almacenamiento, que requiera el producto almacenable depositado.

f) Las condiciones de depósito de los productos.

g) Anexar los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios que se requieran, conforme a las leyes aplicables.

h) Tratándose de Productos Almacenables importados, anexar los permisos correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable.

i) Anexar en su caso, el certificado de verificación de origen debidamente validado por las autoridades mexicanas.

II. Expedir los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

III. Condiciones Generales:

a) La forma en que se cobrarán las tarifas (sobre el valor de los productos, sobre la base del peso de los mismos, por unidades, entre otros.)

b) La fecha en que deberá cubrirse el pago de la cuota por concepto Almacenaje Rural.

c) Los aspectos en que no se hará responsable el Almacén Rural.

d) Los casos en que el Almacén Rural se encuentre obligado a responder.

e) Las condiciones y la cobertura del seguro de los bienes en resguardo, a petición del depositante.

Artículo 27. Todos los Productos Almacenables, cuyo depósito se encuentre representado por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, deberán contar con un seguro contra riesgos, que deberá ser contratado por el depositante o por el Almacén Rural, según se estipule en el Contrato a que se refiere el artículo anterior. En caso de siniestro se procederá en los términos del propio contrato de seguro.

Título Tercero Funcionamiento de los Almacenes Rurales

Capítulo Único De la Operación de los Almacenes Rurales

Artículo 28. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para operar como Almacenes Rurales, deberán:

I. Mantener y conservar los establecimientos en las condiciones en las que les fue otorgada la autorización;

II. Celebrar el contrato previsto en la fracción I, del artículo 26 de la presente Ley, por cada depósito de Productos Almacenables que se resguarden en sus establecimientos;

III. Cumplir con lo pactado en los Contratos de Depósito Rural que celebren con sus depositantes, así como con aquellas obligaciones que de dichos instrumentos deriven;

IV. Ser responsable frente a cada depositante por el resguardo de los Productos Almacenables agrícolas mezclado o combinado, de la misma forma que si el producto agrícola hubiese sido depositado por separado;

V. Recibir los Productos Almacenables autorizados, siempre y cuando se encuentren en condiciones de ser depositados y de conformidad con la capacidad de sus instalaciones, mediante la práctica que el Almacén Rural tenga autorizada por la Secretaría;

VI. Requerir al depositante de Productos Almacenables, la presentación de los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones que sean aplicables a la condición sanitaria de los bienes que se pretenden depositar;

VII. Cumplir con lo establecido en la Ley de Federal de Sanidad Animal, relativo a las Buenas Prácticas Pecuarias y de Disminución de Riesgos, en el resguardo de los Productos Almacenables que sean semovientes;

VIII. Recabar, en su caso, copia de los documentos que acrediten la legítima importación de aquellos Productos Almacenables que así lo requieran;

IX. Emitir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, siempre y cuando los Productos Almacenables estén efectivamente almacenados en sus instalaciones al momento de su expedición y cumplan con las características que se contienen en dicho certificado;

X. Acreditar la existencia de los Productos Almacenables representados en los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, los cuales deberán cumplir con los elementos establecidos en el artículo 30 de la presente Ley y con la información que la Secretaría determine mediante disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

XI. Recibir el pago por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural de los productos que reciban en depósito. Las tarifas por este concepto deberán fijarse de acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría de Economía;

XII. Retener, en caso de no recibir el pago correspondiente, los Productos Almacenables depositados en sus establecimientos, hasta en tanto se garantice el pago por concepto de los servicios relacionados con el Almacenamiento Rural de dichos Productos Almacenables;

XIII. Entregar los Productos Almacenables depositados, contra la presentación y la devolución del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, que los represente, cuando así lo exija el legítimo tenedor y hacer el registro correspondiente para efectos de informar a la Secretaría;

XIV. Entregar los Productos Almacenables depositados, en el establecimiento en el que originalmente se recibieron, en la cantidad, calidad, grado y peso previstos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente, con independencia de que posteriormente a su recepción, hayan sido transferidos a otra instalación;

XV. Realizar la cancelación de aquellos Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que correspondan a los Productos Almacenables entregados en los términos de lo establecido en la fracción XIII del presente artículo;

XVI. Contar con la plataforma que establezca la Secretaría, en la cual puedan acceder para realizar el registro de datos que, en términos de las disposiciones aplicables, se incorporen al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVII. Entregar puntualmente a la Secretaría los reportes periódicos a que se refiere el artículo 40 de la Ley, así como la información que se requiera para integrar la base de datos que conforma el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XVIII. Dar aviso oportuno a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria;

XIX. Informar a la Secretaría en los casos en los que sus instalaciones hayan sufrido alguna modificación o siniestro o cualquier daño, que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

XX. Informar a la Secretaría, sobre la modificación de su patrimonio social en caso de ser persona moral, y su estado patrimonial en caso de ser persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación o cambio;

XXI. Permitir en todo momento la inspección en instalaciones, libros, documentación y cuentas que la Secretaría determine, facilitándole los elementos necesarios para la realización de la misma;

XXII. Quienes obtengan una autorización en los términos de esta Ley, estarán obligados durante el periodo que dure la misma y hasta en tanto concluya la liquidación de las operaciones inherentes al servicio de Almacenamiento Rural, a proporcionar la información, los documentos y los demás elementos que faciliten las condiciones para que se lleven a cabo de manera oportuna, las verificaciones e inspecciones que realice la Secretaría o terceros autorizados; y

XXIII. Las demás que se encuentren previstas en la presente Ley y en la normatividad, que en materia de Almacenamiento Rural, expida la Secretaría.

Artículo 29. Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán proyectos de inversión para la comercialización, la modernización de la infraestructura comercial y desarrollo de capacidades administrativas, técnicas y de información comercial a los almacenes rurales regulados por esta Ley. Asimismo, se deberá asegurar la convergencia de los programas de apoyo al desarrollo, de la infraestructura de acopio y almacenamiento para la comercialización, así como los programas de pignoración, aseguramiento y coberturas, a fin de fortalecer el servicio de almacenaje objeto de esta Ley.

Título Cuarto De los Instrumentos emitidos en materia de Almacenamiento Rural

Capítulo Único De los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito

Artículo 30. La expedición de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se regirán conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 31. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales, para acreditar la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables que sean depositados en Almacenamiento Rural, deberá contar, con los siguientes elementos mínimos:

a) Lugar y fecha del depósito.

b) Fecha de expedición.

c) Plazo señalado para el depósito, el cual no excederá los nueve meses.

d) Nombre del depositante, y en su caso, el tercero beneficiario del mismo.

e) Folio que corresponde al Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito.

f) Denominación del Almacén Rural y la firma del responsable del establecimiento.

g) Fecha de inicio del Contrato de Depósito Rural y el vencimiento del mismo.

h) Los términos de los seguros, si los Productos Almacenables están amparados contra incendio u otras circunstancias de carácter eventual o natural.

i) La mención respecto a si los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se encuentra sujeto al pago de derechos, impuestos u otras responsabilidades fiscales.

j) La mención de las tarifas o adeudos a favor del Almacén Rural, o en su caso, el señalamiento de no existir adeudos.

k) En el caso de remate de los productos, por el no pago del servicio de Almacenamiento Rural, o el abandono de los Productos Almacenables, la postura legal será valor declarado o avalúo de las personas externas, reconocidas por la Secretaría, y

l) Las especificaciones de los productos depositados, tales como:

1. Peso y valor declarado por el depositante;

2. La acreditación correspondiente respecto de las calidades del producto almacenable depositado y demás características útiles para su identificación.

Artículo 32. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito expedidos por los Almacenes Rurales son indivisibles. Cuando por cualquier causa deba de disponerse de sólo parte de los productos almacenados, que ampara el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, éste deberá cancelarse emitiendo uno nuevo por el saldo que quede efectivamente depositado.

Los Almacenes Rurales, no podrán expedir más de un Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito por un mismo conjunto de Productos Almacenables depositados. Asimismo, no podrán expedir duplicados de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

En caso de que el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, sea extraviado o le sea sustraído al legítimo tenedor, los Almacenes Rurales deberán cancelar dicho documento, y expedir uno nuevo que acredite la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables referidos en el Contrato de Depósito Rural correspondiente.

Artículo 33. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos en términos de la presente Ley, pueden ser transferibles en términos de endoso no negociable a favor de persona determinada, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo 34. Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, no sustituyen al contrato de depósito.

Artículo 35. Los Almacenes Rurales, llevarán un registro de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, en donde se anotarán todos los datos contenidos en el mismo, la información obtenida para el registro deberá ser reportada a la Secretaría.

Título Quinto Del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales

Capítulo Único De la Conformación del Sistema

Artículo 36. El Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, es la base de datos a cargo de la Secretaría, que se integra de la información que entregan los Almacenes Rurales, a través de reportes, por lo cual la Secretaría emitirá disposición en la que se establecerá la periodicidad, en los que se da cuenta de las existencias físicas reflejadas en los inventarios, así como las entradas y salidas que se realizan en los establecimientos dedicados al Almacenamiento Rural, que se encuentran autorizados por la Secretaría, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables.

El Sistema tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado, información veraz y oportuna relativa al manejo eficiente y confiable de la infraestructura autorizada, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, así como establecer una base sólida de conocimiento de los inventarios y movimientos de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural, a efecto de, coadyuvar al funcionamiento más ordenado del mercado, en favor de los productores agropecuarios y del desarrollo nacional.

Serán principios rectores del Sistema la accesibilidad, la transparencia, la objetividad y la independencia.

El Sistema será operado y administrado por la Secretaría, en los términos de la normatividad que la rige.

El Sistema está vinculado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable siendo parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

Artículo 37. Los Almacenes Rurales, deberán participar en el Sistema, proporcionando los datos relativos a la existencia, cantidad y calidad de los Productos Almacenables depositados bajo el esquema del Almacenamiento Rural, así como cualquier otra información, que en cumplimiento a las disposiciones aplicables, les sea solicitada por la Secretaría.

Artículo 38. La Secretaría proporcionará a cada Almacén Rural una clave de acceso a la plataforma del Sistema para efecto de que proporcionen por ese medio, los datos requeridos conforme a lo dispuesto en la Ley, con independencia de que dichos datos deban, en términos de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, presentarse de manera física por medios impresos.

Artículo 39. La información del Sistema es pública, cuyo acceso se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respetando los criterios de protección de los datos personales.

Artículo 40. Los Almacenes Rurales deberán proporcionar la siguiente información periódicamente, según lo establezca la Secretaría en el calendario que les asigne:

I. Reporte de entradas y salidas de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural;

II. Reporte de Inventarios;

III. Reporte de operaciones conteniendo todos los datos relacionados con las mismas, incluyendo la información de registro previsto en el artículo 35 de la presente Ley;

IV. Reporte de las Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito., cancelados;

V. Reporte de incidencias y novedades del periodo;

VI. Reporte de control de sanidad;

VII. Reporte de las operaciones, altas, bajas y montos de aseguramiento;

VIII. Las demás que la Secretaría establezca con carácter transitorio o permanente, mediante disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

Título Sexto De las Infracciones, Sanciones y Delitos

Capítulo I De las Infracciones

Artículo 41. Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que emanen de la misma, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Son infracciones administrativas:

I. Incumplir con el mantenimiento y conservación de los establecimientos con los que opera el Almacén Rural, en los términos en lo que fue otorgada la autorización;

II. Incumplir con los requerimientos previstos en las fracciones I y II del artículo 26 de la presente Ley;

III. Infringir los términos pactados en los Contratos de Depósito Rural que celebre con sus depositantes;

IV. Recibir Productos Almacenables, que no estén en condiciones de ser depositados o que estando en condiciones, se reciban al margen de las prácticas autorizadas por la Secretaría;

V. Recibir Productos Almacenables en depósito, sin solicitar al depositante la presentación de los certificados fitosanitarios y zoosanitarios correspondientes, conforme a las disposiciones que sean aplicables a su condición sanitaria;

VI. Incumplir con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, aplicables al Almacenamiento Rural de Productos Almacenables;

VII. Recibir Productos Almacenables importados, sin recabar copia de los documentos que acrediten su legítima importación, conforme a las disposiciones legales aplicables:

VIII. Exceder las tarifas máximas establecidas por la Secretaría de Economía, para el cobro a los depositantes por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural;

IX. Incumplir con el registro de las actividades y operaciones señaladas en el artículo 40 de la Ley;

X. Entregar los Productos Almacenables, depositados en un establecimiento diferente al que originalmente se recibieron;

XI. Entregar los Productos Almacenables depositados en cantidad, calidad, grado y peso diferentes a los previstos en El Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente;

XII. Omitir la cancelación de cada Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, recibido contra entrega del Producto Almacenable depositado;

XIII. Carecer de la plataforma establecida por la Secretaría, para realizar el registro de datos en el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XIV. Incumplir con los plazos de entrega de la información requerida para la integración del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

XV. Transgredir la obligación de avisar oportunamente a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria;

XVI. Omitir informar a la Secretaría, en los casos en que las instalaciones hayan sufrido alguna modificación o siniestro o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

XVII. Incumplir con la obligación de informar a la Secretaría sobre la modificación de su patrimonio social, en caso de ser persona moral, y el estado patrimonial, en caso de persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación o cambio;

XVIII. Obstruir o denegar el acceso para las verificaciones e inspecciones en instalaciones, libros, documentación y cuentas que realice la Secretaría;

XIX. Participar en actividades de especulación comercial y/o bursátil y/o asumir deudas bancarias o financieras y/o emitir obligaciones o bonos y/o gravar sus bienes o activos, para fines distintos a los directamente relacionados con su operación;

XX. Incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley; y

XXI. Las demás infracciones que resulten aplicables, en términos de la legislación vigente y de la normatividad que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Los representantes legales, directores autorizados y designados responsables de los establecimientos, serán responsables solidarios de los daños que se causen por dolo o negligencia en la operación de los Almacenes Rurales.

Artículo 42. Para la imposición de sanciones la Secretaría, previo el cumplimiento a la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes que resulten aplicables en términos de la normatividad que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Para los efectos del párrafo anterior, se establecen las siguientes sanciones:

I. Multa;

II. Suspensión temporal de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural;

III. Revocación o cancelación de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural.

Artículo 43. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas a las personas autorizadas para operar un Almacén Rural, con independencia de otras sanciones a que haya lugar, de acuerdo a lo siguiente:

I. De 250 hasta 2,500 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI y XVII del artículo 41 de la Ley;

II. De 2,501 hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las fracciones II, III, VII, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX y XX del artículo 41 de la Ley;

Estas multas se impondrán a los actores materiales de la conducta infraccionada, de conformidad con lo establecido en la Ley y/o en las disposiciones administrativas de carácter general, que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría.

Artículo 44. Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

La reincidencia se podrá castigar hasta con el doble de la máxima prevista para la infracción de que se trate, con independencia de que puede dar lugar a la revocación de la autorización en los términos señalados en la fracción VI, del artículo 46.

Las multas a que se refiere la presente Ley, deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el infractor promueva cualquier medio de impugnación, en el que no se obtenga una resolución favorable, su importe deberá ser cubierto de inmediato una vez que se notifique al infractor la resolución correspondiente.

Capítulo II De la Suspensión

Artículo 45. La Secretaría, previa audiencia de las personas a las que se autorizó para operar un Almacén Rural, podrá declarar la suspensión de la autorización otorgada, por un período de entre 20 y 90 días naturales, en los siguientes casos:

I. Por no presentar los informes a que se encuentran obligados ante la Secretaría, en términos de la presente Ley o conforme a lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general respectivas;

II. Realizar Prácticas de Almacenaje Rural no autorizadas de manera reiterada y que se caractericen por devolver los Productos Almacenables en instalación distinta a la que fueron depositados o en cantidad, calidad, grado y peso distintos a los establecidos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito;

III. Si los establecimientos que presten el servicio de Almacenamiento Rural, no cubren al menos los requisitos que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general;

IV. Por no informar a la Secretaría, de las modificaciones o siniestros que hayan sufrido sus instalaciones o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural;

V. Abstenerse de designar un responsable de cada establecimiento para el Almacén Rural, según sea el caso;

VI. No contar con la plataforma que establezca la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general, para acceder al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales;

VII. Recibir en depósito Productos Almacenables, que no estén permitidos en términos de la autorización para operar como Almacén Rural;

VIII. Abstenerse de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en lo que respecta al Almacenamiento Rural.

Durante el tiempo que dure la suspensión, no se podrán prestar servicios de Almacenamiento Rural.

Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la suspensión deberán cumplirse en sus términos y no afecta la validez del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito., ni de los Contratos de Depósito Rural emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción.

La suspensión impuesta no exime a las personas autorizadas de cumplir con la obligación que originó dicha suspensión y del cumplimiento de las demás que impone esta Ley para la prestación del servicio de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere al depósito de Productos Almacenables que se estén proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Capítulo III De la Revocación

Artículo 46. La Secretaría, respetando la garantía de audiencia de las personas autorizadas para operar un Almacén Rural, podrá declarar la revocación de dicha autorización, en los casos siguientes:

I. Por no iniciar operaciones de Almacenamiento Rural, dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 15;

II. Por no mantener, después de haberse otorgado la autorización correspondiente, los requerimientos de capitalización establecidos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20;

III. Efectúen operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o en las disposiciones administrativas de carácter general o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas mercantiles o suspenden por determinación propia las actividades de Almacenamiento Rural que le han sido autorizadas por un período no mayor a los treinta días naturales, sin justificación alguna;

IV. Mezclen Productos Almacenables depositados de diferentes calidades en sus establecimientos, y que derivado de ello, causen detrimento a dichos productos almacenados y en consecuencia, a los depositantes;

V. Permitan y avalen la emisión de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, relativos a Productos Almacenables que no mantengan en depósito, dupliquen la emisión de dichos documentos o no coincidan con las características que ampare dicho documento;

VI. En caso de reincidencia en las conductas previstas en el artículo 41.

Para efectos de esta fracción se entiende que reincide, al que incurrió en una infracción y fue sancionado, y en adición de aquella, cometa la misma infracción dentro de un periodo inmediato de sesenta días naturales siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución correspondiente.

Artículo 47. La declaración de revocación de la autorización se inscribirá en el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales. La revocación impedirá a la persona o personas autorizadas para operar un Almacén Rural a prestar los servicios de Almacenamiento Rural.

Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la revocación, deberán cumplirse en sus términos y no afecta la validez de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni de los Contratos de Depósito Rural, emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción. La sanción impuesta no exime a las personas autorizadas, de cumplir con las obligaciones que impone esta Ley, para la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere a los que se estén proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Capítulo IV De los Delitos

Artículo 48. Serán sancionados con pena de prisión de tres a nueve años y multa de 500 hasta 2000 mil días de salario, a quien con arreglo a la Ley tenga facultades de administración, representación o manejo de los Almacenes Rurales que:

I. Dispongan o autoricen la disposición indebida de los Productos Almacenables depositados al amparo de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, en los Almacenes Rurales;

II. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que amparen Productos Almacenables con datos sobre sus características, calidades o especificaciones distintas a aquellas, que de manera real tengan los Productos Almacenables en los Almacenes Rurales;

III. Proporcionen datos falsos a la Secretaría o al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales a su cargo respecto de los movimientos y existencias de los Productos Almacenables y demás información que obligatoriamente deben presentar conforme lo previsto en la Ley;

IV. Tengan a su cargo la guarda y custodia de los Productos Almacenables depositados y sin causa justificada los retengan contra la voluntad de quien deba disponer de ellos por su calidad de legítimo tenedor del Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que ampare dichos productos;

V. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de la guarda de Productos Almacenables inexistentes o no depositados en los establecimientos del Almacén Rural que lo emite;

VI. Expidan por duplicado Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de Productos Almacenables que ya cuenten con los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito.

Artículo 49. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años el titular de la autorización para operar un Almacén Rural, quien a sabiendas, siga realizando actividades para operar en calidad de Almacén Rural, aun cuando se le hubiere revocado la autorización por la autoridad competente para operar con ese carácter.

La misma sanción se aplicará a quien realice operaciones previstas en el presente ordenamiento, ostentándose como Almacén Rural, sin contar con la autorización correspondiente en los términos de la Ley.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tendrá un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Almacenamiento Rural, para expedir los acuerdos secretariales y demás disposiciones administrativas de carácter general que deriven de ésta, con motivo de su debida instrumentación, mismas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos los acuerdos, circulares y demás disposiciones legales emitidas por la Secretaría, que contravengan el contenido de esta Ley.

Cuarto. La ejecución de las atribuciones que este ordenamiento confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, se desempeñarán a través de las unidades administrativas ya existentes, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 99. El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, promoverá la elaboración, observancia, inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad en lo facilite las transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y de semovientes. Además, promoverá la creación de una base de referencia que de financiamiento de cosechas e inventarios.

Artículo 100. Este Servicio promoverá ante las dependencias competentes de la administración pública federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas a la inocuidad en el almacenamiento de semovientes y de productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que prevengan o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para la movilización y operación de redes de frío de los productos agropecuarios.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril de 2019.

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por los Senadores Beatriz Elena Paredes Rangel y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del PRI, y de la Senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 BIS Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los Senadores Dante Delgado, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Los suscritos, SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 61 BIS Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en un trato cruel, inhumano o degradante, o en un abuso de medicalización, o menoscabado de su capacidad para decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.1   

Se han identificado dos modalidades de violencia obstétrica; por un lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas o el suministro de medicamentos no justificados por el estado de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico,2 y por otro lado, la psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante en el transcurso de una práctica obstétrica.3

En la revisión Cochrane titulada “Apoyo continuo para las mujeres durante el parto”4, se señala que “es frecuente ver en hospitales de países de medianos ingresos, especialmente en América Latina, a mujeres en trabajo de parto sin apoyo y bajo un modelo de atención medicalizado y deshumanizado. Este es el modelo de atención prevalente en zonas urbanas, donde actualmente reside más del 70% de la población. En la actualidad, en México más del 90% de las mujeres que viven en las grandes ciudades tienen su parto en hospitales”.

En México, estudios realizados en los servicios de salud que brindan atención ginecobstétrica destacan que la proporción de mujeres que reportaron algún tipo de abuso durante el trabajo de parto fue del 29%.5 De acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 830 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo, y un porcentaje muy alto está relacionado con situaciones de vulnerabilidad.6 En muchos casos, las fallas estructurales del sistema de salud se combinan con conductas de maltrato de parte del personal médico hacia las mujeres y sus familias. La violencia obstétrica no constituye otra cosa más que una violación al derecho a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación, a la vida privada, a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos, y al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico.7

II. El pasado 27 de febrero del presente año, GIRE presentó8 un caso documentado que ilustra la triste realidad que enfrentan muchas mujeres durante el parto:

“Rosalía ingresó al hospital para parir. Quedó en coma, con daño en pulmón, riñón e hígado. Permaneció varias semanas en medicina interna. Una cadena de negligencias médicas le arrebató la vida este domingo 24 de febrero.

Rosalía tenía 19 años. El primero de diciembre del año pasado, cuando cursaba la semana 39 de embarazo, empezó a sentir malestares y acudió al Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Ciudad de México para ser atendida. La regresaron a su casa porque aún no estaba lista para la cesárea, pero le dijeron que, aunque no presentara contracciones, fuera de nuevo al hospital si se sentía muy cansada.

 Acompañada de un tío abuelo y de su abuela, regresó la mañana siguiente al hospital. Ingresó contenta y por su propio pie. Sus familiares supieron de ella casi doce horas después. Cuando su abuela solicitó informes, sólo le dijeron que estaba en trabajo de parto. A la medianoche del 3 de diciembre le informaron que estaba muy delicada de salud y que no podía pasar a verla. Nunca le explicaron qué tenía. Cuando por fin pudo verla, la encontró entubada y en coma. Le habían realizado una histerectomía, perdió mucha sangre y le había dado un paro cardiaco. También se le hizo una traqueotomía de emergencia. A pesar de que la abuela solicitó varias veces que le explicaran por qué su nieta estaba en esas condiciones, nunca le dieron un diagnóstico ni le informaron sobre las consecuencias de lo que le pasó. Luego se enteraron de que el parto ocurrió en la noche del 2 de diciembre. Rosalía estuvo internada en terapia intensiva hasta el 31 de diciembre. Después la pasaron a medicina interna. Una médica les dijo a sus familiares que su cerebro parecía el de una persona de 70 años, que probablemente no escucharía ni vería. Tampoco sabían si volvería a caminar.

El 13 de febrero GIRE presentó un amparo urgente señalando los tratos crueles, inhumanos y degradantes que recibió Rosalía. El Juez determinó que la falta de asistencia médica implica una violación al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, que podría causarle daños de difícil o imposible reparación, y ordenó que se le valorara de manera inmediata y se le otorgara el tratamiento pertinente para preservar su salud. Derivado también del amparo, los familiares y algunos representantes de GIRE tuvieron una reunión con los médicos, en la que pudieron recibir información sobre Rosalía y el tratamiento que se le daría. Los familiares esperaban que se le brindara atención inmediata, profesional y humanizada. No fue así. Rosalía murió el domingo 24 de febrero.”

La mayoría de los aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial cada año se dan en mujeres que no presentan factores de riesgo de tener complicaciones para ellas ni para sus bebés, sin embargo, el momento del nacimiento es crítico, ya que el riesgo de morbimortalidad puede aumentar considerablemente si surgen complicaciones.9 Por ello es fundamental contar con protocolos y mecanismos adecuados para impedir cualquier práctica médica que menoscabe los derechos y la salud de las mujeres. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos, y la mayoría de estos casos son prevenibles o tratables. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las infecciones (generalmente tras el parto), la hipertensión gestional (preeclampsia y eclampsia), y los abortos peligrosos. Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo.10

Una de las Recomendaciones de la OMS, señala que, durante todo el trabajo de parto y el nacimiento, la mujer cuente con acompañamiento por parte de una persona de su elección, dado que ello contribuye a una experiencia de parto positiva y en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico. Es decir, estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias técnicas adecuadas, conlleva contar con apoyo práctico y emocional continuo.11  

Es fundamental reconocer que el abuso por parte del personal de salud es una práctica que existe en nuestro sistema y no puede ser normalizada.12 Resulta urgente este reconocimiento para plantear alternativas que puedan aplicarse a cabalidad en las diferentes instituciones de salud.     

Atendiendo las recomendaciones de la OMS, para que el parto este centrado en la mujer y en el respeto a sus decisiones, se requiere adecuar la Ley General de Salud para posibilitar que toda mujer embarazada pueda estar acompañada por alguien de su confianza, que ella elija, siempre y cuando se tomen en cuenta las disposiciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica establecidas por la Secretaría.  

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:

LEY GENERAL DE SALUD

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 61 Bis.– Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

SIN CORRELATIVO

Artículo 61 Bis.– Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

Durante la prestación de los servicios de salud, la mujer embarazada tendrá derecho a estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza que ella libremente elija, de conformidad con las disposiciones que a tal efecto emita la Secretaría para garantizar el ejercicio de este derecho en cumplimiento a lo establecido por la presente Ley para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Es obligación de las autoridades y prestadores de los servicios de salud informar clara y oportunamente a la mujer embarazada de este derecho.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. …

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis. Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. …

II. Acciones para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea;

 

 

 

II Bis. Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas;

II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

III. Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

 

 

 

IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y

V. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

VI. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 61 Bis; y las fracciones II y II Bis, recorriéndose las subsiguientes al artículo 64, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

Durante la prestación de los servicios de salud, la mujer embarazada tendrá derecho a estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza que ella libremente elija, de conformidad con las disposiciones que a tal efecto emita la Secretaría para garantizar el ejercicio de este derecho en cumplimiento a lo establecido por la presente Ley para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Es obligación de las autoridades y prestadores de los servicios de salud informar clara y oportunamente a la mujer embarazada de este derecho.     

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. …

II. Acciones para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea;

II Bis. Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas;

II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

III. Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y

V. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

VI. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril de 2019

Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez.- Sen. Dante Delgado.

1 “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos” Grupo de Información en Reproducción elegida, A.C. (GIRE), México, 2015

2 Medina, Graciela, “Violencia obstétrica”, en Revista de Derecho y Familia de las Personas, Buenos Aires, núm. 4, diciembre 2009. Disponible en: 
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/articulo/pdf/VIOLENCIAOBSTETRICA11.doc

3 OMS, “Appropriate technology for birth”, en The Lancet, Reino Unido, vol. 326, núm. 8452, 24 de agosto de 1985, pp. 436-437.

4 Bohren MA, Hofmeyr G, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6

5 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en:
https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html

6 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

7 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2019/02/27/parir-y-morir/

8 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2019/02/27/parir-y-morir/

9 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 2018. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1

10 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

11 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 2018. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1

12 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en:
https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 6 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT)

De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 Y 6 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

ANTECEDENTES

La primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989 con el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la financiación de las concesiones con una aportación del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) del 50% de los costos de la construcción, a la vez que el Gobierno aportaba un 25%. De este modo y tan sólo el 25% restante debía ser aportado por las empresas privadas” (Vassallo e Izquierdo, 2010).

A partir de 1990, en México se aceleró la construcción de infraestructura carretera considerada de altas especificaciones técnicas. La realización de esas tareas se llevó a cabo mediante el otorgamiento de cerca de medio centenar de concesiones otorgadas por el gobierno de la república para la construcción, operación, explotación y conservación del sistema carretero en el territorio nacional.

El esquema concesionario de carreteras vigente en nuestro país hace posible una asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión (aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan créditos) sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de concesión.

La participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento de importancia para el financiamiento y operación en dicho sector. Las autopistas representan una de las áreas de infraestructura de transporte en la que ha habido una extensa participación empresarial y en donde los costos que se derivan de la inversión, conservación y manejo administrativo en que incurren los concesionarios ha sido materia constante de revisión y debate.

La necesidad de dotar al país con vías de comunicación terrestres de calidad ha generado el surgimiento de innumerables estudios sobre la pertinencia de examinar si los mecanismos empleados para la participación del capital privado en la construcción de autopistas han respondido a las expectativas. De tal suerte, una vertiente de tales análisis está enfocada a evaluar si la inserción del sector privado en el ramo carretero nacional ha fortalecido un esquema que impulse el desarrollo de infraestructura, eleve la cobertura y calidad de los servicios, y al mismo tiempo genere beneficios sociales.

Como resultado de la participación privada en diversos procesos de concesiones carreteras, es pertinente analizar la naturaleza y los alcances de esta figura como instrumento para el desarrollo de proyectos en el ramo en nuestro país, con el propósito de contribuir a examinar los mecanismos de carácter legislativo que dan sustento legal a la explotación del servicio por empresas particulares a través del régimen de concesiones.1

En México, el Congreso ha aprobado modificaciones significativas al marco legal que sustenta el otorgamiento de concesiones de infraestructura vial en autopistas.

La anterior Ley General de Bienes Nacionales fue abrogada, entrando en vigencia una nueva normatividad en mayo de 2004, reformas relevantes tienen lugar también en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, cuyas últimas reformas se publican al inicio de 1999, al igual que las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La creciente participación de inversores privados en el ramo de las comunicaciones orilló a plantear inicialmente adecuaciones de fondo al marco legal de las comunicaciones viales mexicanas. La participación privada en el ramo de la infraestructura vial tuvo un destino desafortunado obligando al Estado mexicano a reasumir gran parte de las responsabilidades de las autopistas concesionadas, situación que ocasionó al gobierno mexicano serios conflictos políticos y el consecuente incremento a los pasivos presupuestales.

Durante muchos años en México en el ramo de las concesiones viales, se ha pugnado por la existencia de una mayor apertura en la información sobre el otorgamiento de concesiones, al igual que sobre el establecimiento de criterios diferenciales sobre la fijación de tarifas en las autopistas mexicanas.

Hasta el primer semestre del año 2003, en 13 países de América Latina se entregaron en concesión un total de 35,112 kilómetros de carreteras (243 concesiones). De este total, 450 kilómetros son urbanos, formando parte de 15 concesiones en 7 ciudades de 5 países, en tanto que 42 concesiones corresponden a puentes y túneles, que, incluyendo sus accesos, abarcan 24 kilómetros de vías. 2

La Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, constituyen los elementos normativos de referencia obligada en un estudio que persiga examinar el tema de las concesiones de vías de comunicación terrestres en nuestro país.

En lo que respecta a la Ley General de Bienes Nacionales, ésta señala en los artículos 72 al 77, diferentes disposiciones enfocadas a establecer que el Estado, por conducto de las dependencias administradoras de inmuebles, podrá otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre inmuebles federales mediante concesión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, las autopistas de cuota o carreteras de peaje han constituido un serio problema que desde hace décadas viene afectando la economía. A todo lo largo y ancho del territorio nacional existen tramos carreteros que representan un negocio altamente rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron concesionadas.

De acuerdo con la SCT y Banobras (2003) una concesión carretera es “un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”; asimismo, con la evolución de diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos, actualmente se cuenta con una legislación especializada, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de enero de 2012, que tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la distribución de beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión de un servicio público específico. 3

De acuerdo con la Ley APP y con la Dirección General de Desarrollo Carretero, las APP en el sector carretero comprenden tres principales tipos de contratos de largo plazo que incluyen las concesiones carreteras “tradicionales” (única opción hasta antes del año 2012), además de proyectos de prestación de servicios (PPS) y el aprovechamiento de activos.

El desempeño de las concesiones de infraestructura carretera es un tema de suma importancia para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los montos de inversión requeridos, a la vez que presentan diversos retos para la medición de sus efectos y beneficios esperados en el largo plazo, aunado a la escasa información pública de calidad y confiable, lo que provoca una necesidad por explorar nuevas herramientas para aproximarse a la medición del desempeño de dichas concesiones, dadas las limitaciones que aún presentan las evaluaciones costo – beneficio, auditorias de gastos y otras técnicas convencionales

En los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se triplicó, lo que genera ingresos millonarios para las empresas que las construyen y operan.

A lo largo y ancho del país existen tramos carreteros con tarifas de peaje muy costosas y aquí le mencionamos algunos ejemplos:
• Entronque La Rumorosa – Libramiento de Tecate, Baja California, $78.00

• Libramiento de Tecate – Entronque Tijuana, Baja California, $123.00

• Entronque Tijuana – Ensenada, Baja California $40.00

• Libramiento Norte de la Ciudad de México (ARCO Norte) son 223 kilómetros de longitud, con un costo de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos).

• La Marquesa-Ciudad de México sólo es un puente de 21 kilómetros por el que pagas cerca de $85 pesos. Esto significa que cada kilómetro te costará alrededor de 3 pesos con 90 centavos.

• Guadalajara-Tepic sus 169 kilómetros te costará $409 pesos en total, alrededor de $2 pesos con 42 centavos por kilómetro

• Macrotúnel de Acapulco pagas $8 pesos con 50 centavos por cada kilómetro.

Desde hace varias décadas la federación ha dejado en manos de la iniciativa privada la construcción de estas convirtiéndolo en un gran negocio para unos cuantos empresarios favorecidos por los gobiernos en turno.

Tal es el caso de la constructora OHL, la cual el anterior gobierno federal le otorgo la concesión de gran parte de los tramos de peaje que recorren casi todo el territorio de la capital del país y la zona metropolitana o las de Baja California.

Cabe mencionar que en estas autopistas los aumentos a las tarifas de peaje que se han realizado año con año no han sido proporcionales a la inflación, si no han estado muy por encima de ella.

Con esta iniciativa se pretende reestructurar el proceso de concesiones, permisos y prorrogas de las carretas y puentes federales para dar mayor transparencia al otorgamiento de estas y evitar que se otorguen beneficios a costa del daño patrimonial que se le causa a la federación y a todas y todos los mexicanos.

Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta que reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Texto Actual

Propuesta PT

CAPITULO III

CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos.

 

 

 

 

 

 

También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión.

La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.

 

 

 

 

 

 

 


Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente.

Artículo 6o. Bis. - Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente:

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo.

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación.

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido afirmativo.

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto;

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones.

CAPITULO III

CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de doce años, las cuales podrán ser prorrogadas por una única ocasión hasta por un plazo de cinco años. La solicitud de prorroga podrá ser presentada una vez que hayan transcurrido dos tercios de la vigencia de la misma. Inmediatamente después de terminada la vigencia de la concesión los caminos y puentes federales pasarán a ser administrados por el Estado mexicano de forma permanente sin que puedan volver a ser concesionados.

Cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos, ésta solicitará la autorización de la Secretaría de Hacienda y crédito Público sobre la rentabilidad económica y utilidad para el Estado del proyecto respectivo.

También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión.

Una vez que la Secretaría tenga la autorización favorable de la Secretaría de Hacienda y crédito Público contestará en definitiva las solicitudes de prórroga, a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo máximo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión

La Secretaría establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta: los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la prórroga de la concesión.

También serán tomadas en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente.

Artículo 6o. Bis. - Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente:

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo.

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación.

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre sobre la rentabilidad económica, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto.

 


En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto;

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones.

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos de la ley mencionada para quedar como sigue:

Artículo 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de doce años, las cuales podrán ser prorrogadas por una única ocasión hasta por un plazo de cinco años. La solicitud de prorroga podrá ser presentada una vez que hayan transcurrido dos tercios de la vigencia de la misma. Inmediatamente después de terminada la vigencia de la concesión los caminos y puentes federales pasarán a ser administrados por el Estado mexicano de forma permanente sin que puedan volver a ser concesionados.

Cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos, ésta solicitará la autorización de la Secretaría de Hacienda y crédito Público sobre la rentabilidad económica y utilidad para el Estado del proyecto respectivo.

También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión.

Una vez que la Secretaría tenga la autorización favorable de la Secretaría de Hacienda y crédito Público contestará en definitiva las solicitudes de prórroga, a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo máximo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión

La Secretaría establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta: los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la prórroga de la concesión.

También serán tomadas en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente.

Artículo 6o. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente:

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo.

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación.

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre sobre la rentabilidad económica, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto.

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto;

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto para reestructura el proceso de concesiones, permisos y prorrogas de las carretas y puentes federales.

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.- Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.- Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas.- Sen. Joel Padilla Peña.- Sen. Cora Cecilia Pineda Alonso.- Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.

1 José de Jesús González Rodríguez “Las concesiones de las autopistas mexicanas, examen de su vertiente legislativa” Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

2 Características Legales de los Sistemas de Concesión Vial en diferentes países de América Latina

3 Instituto Mexicano del Transporte- “Concesiones carreteras en México, una aproximación a su productividad económica como medida de desempeño”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Sasil de León Villard, del grupo parlamentario del PES)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY MINERA

(Presentada por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario del Partido Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II; 78, FRACCIÓN VII; 89, FRACCIÓN II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 314 FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII Y X AL ARTÍCULO 152 Y UN DÉCIMO AL ARTÍCULO 406 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los Senadores Dante Delgado, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Los suscritos, SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES VIII A X AL ARTÍCULO 152 Y UN DÉCIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 406 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. En México, el uso de la cárcel y penas privativas de la liberad para enfrentar la crisis de violencia que vive el país ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Incluso, el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en aumento, lo que podría indicar que cada vez más mujeres participan de estas actividades delictivas, o bien, que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena.1

Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Así pues, las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.2

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada en agosto de 2017,3 tuvo como propósito, entre otros, generar información sobre la experiencia del internamiento de la población privada de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito. Según cifras de la ENPOL, en los 37 centros penitenciarios objeto del estudio (de un total de 272 a nivel nacional) viven 506 niños con sus madres. De acuerdo a la opinión de las madres, sus hijos tienen importantes carencias de bienes y servicios: el 97.5% de las madres dijeron que el centro penitenciario no les proporciona calzado para sus hijos, el 95% señaló que sus hijos carecen de ropa, y el 91.9% dijo que sus hijos carecen de materiales escolares.

El uso de penas desproporcionales contra las mujeres en el marco de la guerra contra las drogas tiene impactos negativos que no toman en cuenta las condiciones de vida de las mujeres y su grado de participación en estas actividades ilícitas, manifestándose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos negativos sobre todo su entorno familiar y comunitario. Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario.4

II. En México se estimó, al cierre de 2016, que hay 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas, de las cuales 95% eran hombres y el 5% restante mujeres. 35% de la población reclusa no tenía sentencia y el grupo con mayor afectación era el de las mujeres pues 44% de ellas aún estaba en proceso. Finalmente, para ese año los gobiernos locales reportaron que 111 mil 214 personas (59%) ejercieron alguna actividad ocupacional durante su periodo de reclusión; 71,779 (38%) se encontraban estudiando o recibiendo capacitación y 16,073 (9%) realizaban otro tipo de actividad. Cabe mencionar que una misma persona podía haber ejercido más de un tipo de actividad.5 Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común.

Actualmente en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. El Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana6 de 2015, señala que los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de ellas y de sus hijas e hijos, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.

Por su parte, la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”7 señala, que las mujeres en conflicto por delitos relacionados con las drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes. La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad.

Mediante la presente iniciativa se busca concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas en esta materia y plantea reformas que, de aprobarse, puedan garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo a reducir la violencia de género institucional, fomentar el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena, y contribuir a construir una sociedad justa.

Concretamente se plantea incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fase procesal, criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como hacer valer la responsabilidad del Estado para buscar medidas alternativas que sean menos lesivas y que no incurran en violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo las etapas de la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I a la VII.

SIN CORRELATIVO

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I a la VII.

VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un periodo razonable.

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se le proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención ginecológica por parte del personal femenino, si así lo desea. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.   

Artículo 406. Sentencia condenatoria

SIN CORRELATIVO

Artículo 406. Sentencia condenatoria

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años; sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

 Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa.

DECRETO

Que reforma y adiciona los artículos 152 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152 y se adiciona un décimo párrafo al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I. al VII. …

VIII. En el caso de personas que sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un periodo razonable.

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se le proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención ginecológica por parte del personal femenino, si así lo desea. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.  

Artículo 406. Sentencia condenatoria

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias, alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años; sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019

Atentamente

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez.- Sen. Dante Delgado.

1 “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes”, EQUIS Justicia para las mujeres, México, noviembre 2017.

2 Ídem

3 En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpo l/enpol2017_07.pdf

4 Boiteux, Luciana, “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”. Colectivo de Drogas y Derecho (CEDD), octubre, 2015. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/ pub-priv/Luciana_v08.pdf. PIERIS, Nischa Jenna, Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Washington D.C, enero 2014. http://www.oas.org/en/cim/ docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf. GIACOMELLO, Corina, Estados Unidos, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Tirant lo Blanch, México, 2013. GIACOMELLO, Corina, “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”. International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, octubre 2013.

5 “Estadísticas sobre el Sistema penitenciario estatal en México” EN NÚMEROS, DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS, Vol. 1, Núm. 11, oct-dic 2017, publicación electrónica trimestral editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); ennumeros@inegi.org.mx.

6 CNDH, Informe Especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Nov. 2016

7Resolución 70/1 de la Asamblea General. Se puede consultar en:
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion_-Genero_CND.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

De NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, Senadora de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES: SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 ADICIONANDO LA FRACCIÓN VII; SE REFORMA EL ARTÍCULO 217 ADICIONANDO UNA NUEVA FRACCIÓN X Y RECORRIENDO EL CONTENIDO EXISTENTE  LA FRACCIÓN XI, ASÍ COMO, ADICIONANDO NUEVAS FRACCIONES XII XIII, XIV Y XV; Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 246 BIS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los medios de comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde la mitad del siglo XX y hasta la fecha la televisión ha ocupado un lugar primordial para la mayor parte de la población mexicana; si bien en los últimos 20 años hemos observado el surgimiento de nuevas formas de comunicación vinculadas al surgimiento y desarrollo de la internet; así como el avance tecnológico de los últimos años.

La American Marketing Association (AMA) capítulo México presentó la  investigación titulada ‘Unpacking Gender Blas In Advertising’ (Desentrañando los prejuicios de género en la publicidad), en la que la agencia J. Walter Thompson en Nueva York, el Instituto Geena Davis de la Universidad Mount Saint Mary y la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California analizaron 2,000 comerciales de los archivos de Cannes Lions, muestra que la presencia de mujeres en la publicidad no ha cambiado en la última década. Dicho estudio señala que los hombres tienen 62% más probabilidad de asumir estos roles, mientras que ellas tienen 48% más posibilidad de estar en una cocina1.

En México existe una gran presencia de la mujer en la publicidad, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las mujeres no representan personajes en los que la inteligencia es parte integral del papel, como doctoras, científicas y académicas. Las iniciativas que buscan erradicar los estereotipos de género siguen siendo escasas. De acuerdo César Enríquez Morán, presidente de la American Marketing Association (AMA), capítulo México, el problema radica en que la industria publicitaria mexicana sigue siendo mayoritariamente un espacio controlado por los hombres2. En segundo lugar, a las mujeres se les sigue educando para realizar cierto tipo de actividades”.

De acuerdo con Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México estamos tan acostumbrados a prejuicios y estigmas discriminatorios que nos parece normal que las mujeres asuman los papeles de niñeras o amas de casa, por eso es importante que los roles se disuelvan y dejemos de ocupar el lugar de la cuidadora oficial de la familia”3. Hemos normalizado los criterios discriminatorios hacia la mujer y no vemos nada malo en ellos.

De acuerdo con los expertos consultados por la Revista expansión, existen diez características que permiten al consumidor reconocer la publicidad sexista:

1. Niega la voluntad de las mujeres y justifica los deseos de los hombres.

2. Fija estándares de belleza femenina y los convierte en sinónimos de éxito

3. Asegura que las mujeres son las únicas que pueden realizar actividades del hogar.

4. Convierte a una mujer en objeto decorativo o sexual y la reduce a un simple trofeo.

5. Ejerce presión social sobre el cuerpo femenino a través de la promoción de determinados productos.

6. Presenta al cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones y con mucha oportunidad de mejora.

7. Sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia.

8. Muestra la incapacidad de las mujeres para controlar sus emociones.

9. Ratifica que cada género desarrolla actividades distintas y que es incorrecto intercambiar papeles en la sociedad.

10. Compara el cuerpo de la mujer con un objeto de deseo para el hombre.

Este es un proyecto creado en el 2011 que surge por la necesidad de crear una estrategia lúdica para detectar la violencia de género en los contenidos publicitarios o propagandísticos expuestos en los diferentes medios. El trabajo está hecho cuenta con el apoyo de la sociedad mexicana, quien evidencia públicamente y critica dicha publicidad a través de un observatorio que opera en redes sociales. Desde 2017 el proyecto, además de denunciar la publicidad sexista, ha ampliado su espectro para también hacer un señalamiento contra la publicidad racista y clasista.

La objetivación e hipersexualización de la imagen de la mujer en la publicidad comercial para la promoción y venta de productos y servicios, ha llevado al surgimiento de proyectos ciudadanos que buscan combatir el sexismo, la reproducción de estereotipos de género y la difusión de imágenes e información que fomente la violencia contra las mujeres de los medios de comunicación en México.

Un ejemplo muy importante a este respecto es el Observatorio de Las Publivíboras, un proyecto a cargo de las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C., que busca crear una estrategia lúdica para detectar la violencia de género en los contenidos publicitarios o propagandísticos expuestos, denunciando la publicidad sexista, racista y clasista en los diferentes medios de comunicación en México. El observatorio de las Publivivoras busca incidir en la sociedad mediante dos actividades primordiales:

1) La presentación de la campaña por medio de una plática lúdica y gratuita en universidades. En la cual realizan un sketch de cabaret para sensibilizar a jóvenes sobre las causas y consecuencias de la publicidad sexista. Brindando información sobre la campaña, da ejemplos de comerciales sexistas, e indicando a la población estudiantil y docente cómo participar en ella, a través de las redes sociales e intercambiar opiniones con las y los presentes.

2) La segunda es la evidencia pública de la publicidad sexista, clasista y racista a través de “La Noche de las Publivíboras”, evento gratuito donde, parodiando a las entregas de premios, se reconocen las campañas publicitarias denunciadas por la sociedad. Previo al evento se contacta a las empresas y agencias de publicidad responsables de los comerciales nominados y “ganadores”, para establecer un diálogo sobre las campañas nominadas y la posibilidad de hacer publicidad incluyente que bien puede ser creativa.

No obstante, lo anterior, la industria publicitaria cuenta con una gran capacidad de influencia, por lo cual es necesario establecer mejores mecanismos para erradicar aquella publicidad que pone a la mujer en una posición de inferioridad frente al varón, que la hace ver como objeto para el disfrute de su contraparte masculina; que perpetúe los roles tradicionales de género, fije estereotipos de belleza discriminatorias y ejerza presión contra la diversidad de las mujeres. Esta es una tarea que exige la responsabilidad y participación activa del Estado, regulando las practicas publicitarias que vayan en contra del principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.

Comparativa de la legislación en materia de publicidad sexista

Existe una enorme diversidad en la regulación del sexismo en la publicidad, por ejemplo, muchos de estos estados prohíben el sexismo en la publicidad, mientras que otros tienen más prohibiciones genéricas relacionadas con violaciones de Derechos humanos o dignidad de las personas. Sin embargo, existen otros países que se niegan a promulgar leyes que prohíban el sexismo en la publicidad, privilegiando para ello la primacía dada a la libertad de expresión.

Por ejemplo, la legislación noruega y danesa prohíbe la publicidad sexista. De acuerdo a sus respectivas oficinas del Defensor del Consumidor, la legislación es violada si el uso del cuerpo de un modelo es irrelevante para el producto en cuestión.

En los casos de Francia, Alemania y Bulgaria, la dignidad humana juega un papel importante al momento de evaluar el contenido de los anuncios publicitarios. En el caso de Francia, un consejo especializado de monitores, respeto por la dignidad humana en los programas de acceso público y ha encontrado frecuentemente que la representación degradante o degradante de las mujeres viola la ley francesa. Del mismo modo, ambos organismos reguladores en Alemania y Bulgaria han condenado la Representación del cuerpo femenino como objeto sexual.

En cambio, Suecia y Estados Unidos no regulan estrictamente la publicidad, debido a la gran protección otorgada a la libertad de expresión.

España fue pionera en ese sentido al dictar en 2004 la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género que modificó la Ley general de publicidad, donde se establece que es ilícita toda comunicación comercial que considere a las mujeres de manera vejatoria mediante:

La utilización particular y directa de su cuerpo, o partes de este, como objeto desvinculado del bien promocionado (cosificación) o El empleo de su imagen relacionada con comportamientos estereotipados que coadyuven a producir violencia de género.

Tres años más tarde, se sancionó en México la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con el fin de evitar, entre otras cuestiones, que los medios fomenten este comportamiento nefasto contra la población femenina y promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, así como patrones de conducta generadores de violencia.

En Argentina, en el año de 2009, mediante la promulgación de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley considera que es ilícita toda difusión o publicación de imágenes y mensajes estereotipados utilizados por los medios de comunicación, que de forma directa o indirecta, promueva la explotación de las mujeres o de sus imágenes, o que difame, injurie, humille, deshonre, discrimine o vulnere su dignidad, así como también el empleo de la población femenina en imágenes y mensajes pornográficos que legitimen un trato desigual o construyan patrones socioculturales capaces reproducir desigualdad o de generar violencia contra las mujeres.

En el Reino Unido, a partir de junio de 2019, la Autoridad de Normas de Publicidad aplicará un nuevo código para regular la publicidad, erradicando el contenido sexista de ella. Dicho código establece que los miembros del público podrán informar los avisos al regulador si sienten que infringen el código.

Anuncios cuyo contenido replique estereotipos de género, como aquellos que muestren a una mujer que lucha por estacionar un auto o un hombre que se niega a hacer las tareas domésticas mientras su esposa prepara la cena serán prohibidos. Las nuevas reglas, prohibirán a las compañías británicas la difusión de campañas y promociones que representen a hombres y mujeres comprometidos en actividades estereotipadas de género, ya que dichas representaciones fomentan la desigualdad entre mujeres y hombres y pueden causar daños psicológicos.

Los anuncios ya no podrán mostrar a una persona que no logra realizar una tarea específicamente debido a su género, como un hombre que no puede cambiar un pañal o una mujer que no puede hacer bricolaje. Las reglas también prohibirán los anuncios que sugieran que transformar tu cuerpo te hará tener un éxito romántico, mientras que también aclara las reglas sobre la sexualización de las mujeres jóvenes.

En el caso de México en el año 2007 se sancionó la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con el fin de evitar, entre otras cuestiones, que los medios fomenten este comportamiento nefasto contra la población femenina y promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, así como patrones de conducta generadores de violencia.

Sin embargo, existe una gran dispersión normativa en el tema de políticas de género, lo cual es una barrera significativa para el tratamiento de los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres. Más aún en el caso específico de la publicidad, su regulación se encuentra en varios ordenamientos lo que dificulta su aplicación. Y el caso de la publicidad sexista es uno de los elementos donde existe un mayor rezago en nuestra legislación, como expondremos a continuación.

La única mención expresa, respecto del contenido de la publicidad en México, que aborda el tema de la desigualdad entre mujeres y hombres, se encuentra contenido en los lineamientos para el tratamiento de la publicidad destinada al público infantil, en el título decimo primero, sobre los Contenidos Audiovisuales, capítulo I, artículos 216 a 221 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el cual señala las Competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación relativos a la publicidad dirigida a la población infantil.

En el caso de la Secretaría de Gobernación, la facultad para regular la publicidad se encuentra en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión; dentro del Título Sexto de la Propaganda Comercial.

En el Reglamento el tema de género se expresa en el párrafo quince de los considerandos, que señala que se incorporan cambios que orientarán la radio y televisión en sus actividades de fortalecer la solidaridad, la equidad de género y el respeto a los derechos de grupos vulnerables; y dentro del artículo 3° del Reglamento que indica que la radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; al estímulo a nuestra capacidad para el progreso, a la facultad creadora del mexicano para las artes; a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.

Además, en los artículos 39 al 46 del Reglamento aborda diversos temas entre los cuales se encuentra: equilibrio entre el tiempo destinado al anuncio comercial y el conjunto de la programación; las características que debe tener la publicidad de bebidas alcohólicas; la prohibición de la publicidad para los productos del tabaco en el horario destinado para todo público; así como la prohibición de publicidad referente a cantinas, o bien aquella que ofenda a la moral, el pudor y las buenas costumbres, por las características del producto que se pretenda anunciar. Y la autorización para que las estaciones de radio y televisión concesionadas transmitan, de las 00:00 y hasta las 05:59 horas, programación de oferta de productos.

Sin embargo, dicho reglamento no trata ningún aspecto del tema de la igualdad entre mujeres y hombres en la información, publicidad o propaganda comercial que utilizan los proveedores de bienes y servicios.

Asimismo, existe la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo descentralizado adscrito al sector de la Secretaría de Economía, encargado de Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 1° establece los principios básicos en las relaciones de consumo, entre los cuales podemos encontrar en el numeral VII de dicho artículo, aquel que señala la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios; asimismo su numeral X garantiza la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Sin embargo, entre las atribuciones que se han brindado a la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Ley en la materia no se contempla el tema de la igualdad entre mujeres y hombres en la información, publicidad o propaganda comercial que utilizan los proveedores de bienes y servicios.

En México, otro elemento fundamental de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Sin embargo, dicho ordenamiento no contempla en su contenido el tema de la publicidad. No obstante, lo anterior, esta legislación menciona como parte del Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en el artículo 38, numeral VIII, que se debe vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

En cuanto a la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la Ley señala en el artículo 41, numeral XVIII, que es facultad y obligación de la federación vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia.

Y en el artículo 42 de la Ley en su numeral X señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. También en el numeral XI del mismo artículo señala que también es su atribución el sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Además, el numeral XII del artículo 42, mandata a la Secretaría de Gobernación a realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Como podemos observar la legislación existente en materia de protección al consumidor, radiodifusión y telecomunicaciones, no discriminación, e incluso la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al no contemplar la figura de la publicidad presenta un vacío importante que deja en estado de indefensión a las mujeres ante el fenómeno de la publicidad sexista en nuestro país.

Por estas razones, la presente iniciativa aborda las carencias de la actual legislación dotando de herramientas para eliminar el contenido sexista de la publicidad o propaganda comercial en los medios de radiodifusión, televisión o audio restringido.

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Texto actual

Propuesta de Reforma

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. al VI. …

Sin correlativo

 

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. al VI. …

VII. Supervisar que la publicidad o propaganda comercial respete los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación radiodifundida o televisión y audio restringido, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. al VIII. …

IX.…           

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, y

 

 

 

 

 

 

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

 

 

 

Sin correlativo

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo

 

 

 

Sin correlativo

 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. al VIII. …

IX. …

X. Con base en los resultados de la supervisión que realice el Instituto, imponer las sanciones establecidas en esta Ley por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la publicidad o propaganda comercial a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres; y respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, con perspectiva de género. Estos lineamientos serán aplicables a toda la publicidad pautada a través de medios de radiodifusión o televisión y audio restringidos

XI. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, y

XII. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad o propaganda comercial, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Los lineamientos deberán garantizar los Derechos Humanos, especialmente los de las Mujeres, con perspectiva de género. Para la emisión de los lineamientos deberá contar con la aprobación del Instituto Nacional de las Mujeres.

XIII. EI ordenar al medio de comunicación, o bien al proveedor del bien o servicio, la suspensión de la propaganda o publicidad comercial que viole las disposiciones establecidas en el artículo 246 BIS de esta Ley relativas a la prohibición de la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, de carácter sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta generadores de violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación.

XIV. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente a juicio de la Secretaría de Gobernación.

XV. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

Sin correlativo

Artículo 246 Bis. La Publicidad que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar la igualdad entre mujeres y hombres; promoviendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Queda prohibida la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, de carácter sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta generadores de violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforma el artículo 216 adicionando la Fracción VII; se reforma el artículo 217 adicionando una nueva fracción X y recorriendo el contenido existente la fracción XI, así como, adicionando nuevas Fracciones XII, XIII, XIV y XV; y se adiciona un nuevo artículo 246 BIS.

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. al VI. …

VII. Supervisar que la publicidad o propaganda comercial respete los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación radiodifundida o televisión y audio restringido, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. al VIII. …

IX. …

X. Con base en los resultados de la supervisión que realice el Instituto, imponer las sanciones establecidas en esta Ley por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la publicidad o propaganda comercial a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres; y respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, con perspectiva de género. Estos lineamientos serán aplicables a toda la publicidad pautada a través de medios de radiodifusión o televisión y audio restringidos.

XI. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, y

XII. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad o propaganda comercial, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Los lineamientos deberán garantizar los Derechos Humanos, especialmente los de las Mujeres, con perspectiva de género. Para la emisión de los lineamientos deberá contar con la aprobación del Instituto Nacional de las Mujeres.

XIII. EI ordenar al medio de comunicación, o bien al proveedor del bien o servicio, la suspensión de la propaganda o publicidad comercial que viole las disposiciones establecidas en el artículo 246 BIS de esta Ley relativas a la prohibición de la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, de carácter sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta generadores de violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación.

XIV.  Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente a juicio de la Secretaría de Gobernación.

XV. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 246 Bis. La Publicidad que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar la igualdad entre mujeres y hombres; promoviendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Queda prohibida la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, de carácter sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta generadores de violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de la presente ley que contravengan el presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

1 Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad,
https://expansion.mx/mercadotecnia/2018/03/08/decalogo-para-identificar-el-sexismo-en-la-publicidad

2 Ibidem

3 Marcas no eliminan estereotipos femeninos en la publicidad,
https://expansion.mx/mercadotecnia/2017/08/17/marcas-no-eliminan-estereotipos-femeninos-en-la-publicidad






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 274 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD)

MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES, Senadora de la República, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 274 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una aproximación para definir al derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra en la capacidad natural que tenemos todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual (autonomía personal).

En este sentido, el derecho que nos ocupa es una de las manifestaciones más importantes de la dignidad humana, pues implica la libre elección de las personas sobre el desarrollo en su vida.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en un criterio aislado que la dignidad se constituye como un derecho absolutamente fundamental; base, condición y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad.

El criterio al que se hace referencia es el siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 165813
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXV/2009
Página: 8

“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”.

Para Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el “reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos”1.

Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la que el Estado Mexicano forma parte, en su artículo 3 establece el reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho que toda persona tiene, mientras que en el artículo 11, se establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 1 se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mientras que en el numeral 29 se estipula que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

En este sentido, en el instrumento internacional referido en primer término, se reconoce a la dignidad y la personalidad jurídica como derechos humanos, mientras que la citada declaración menciona a la dignidad como algo distinto de los derechos, esto es, como un principio.

A propósito, en el discurso de su santidad el papa Juan Pablo II a la Quincuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en la página 2, se establece que la búsqueda de libertad en nuestro tiempo tiene su fundamento en aquéllos derechos universales de los que el hombre goza por el simpe hecho de serlo (reafirmación de la dignidad humana), así como que éstos enraizados en la naturaleza de la persona, se reflejan las exigencias objetivas e imprescindibles de una ley moral universal.

En México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de dos mil once, que implementó el control de convencionalidad que consiste en el reconocimiento de los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte, se ha propiciado que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan en algunos casos, de acuerdo al referido control de convencionalidad y aplicando el principio pro personae.

Muestra de ello, es la existencia de un precedente muy importante en cuanto a la explicación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se dio al resolverse el amparo en revisión 237/2014, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

De ahí que, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una de las expresiones más genuinas de la dignidad humana, dado que implica la libre elección de la persona sobre su desarrollo individual y de vida, es decir, es la manifestación de libertad más poderoso, y resulta indispensable y necesario que los ordenamientos legales respeten este derecho.

En este sentido, en nuestro país el matrimonio es una institución cuya característica primordial es la voluntad de las personas para llevarlo a cabo, y uno de los objetivos que persigue es formar una familia, con el fin de ayudarse mutuamente.

Ahora bien, en términos de las disposiciones legales aplicables, en el caso de que en un matrimonio exista la ausencia del consentimiento de uno de los consortes, es decir, de su voluntad, es susceptible de declarase su nulidad absoluta, lo que traería como consecuencia la inexistencia del referido matrimonio, lo cual, tiene lógica naturalidad, dado que si una de las personas no expresó su voluntad, no puede quedar vinculada a otra con la que no quiere estar ni formar una familia.

Lo anterior, implica que la voluntad es el aspecto más importante en dicha institución.

Es aplicable a lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis siguiente:

Época: Séptima Época
Registro: 239988
Instancia: Tercera Sala.
Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 205-216, Cuarta Parte.
Materia(s): Civil.
Página: 116

NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEORICAS, Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES. Si por actos inexistentes debe entenderse, aquellos que adolecen de un elemento esencial, ya sea el consentimiento o el objeto, y que no reúnen los elementos de hecho que suponen su naturaleza o su finalidad, y en ausencia de los cuales, lógicamente es imposible concebir su existencia; y por cuanto se refiere a los actos jurídicos viciados de nulidad absoluta, puede sostenerse que son aquellos en que el acto se ha realizado de manera imperfecta, aunque sus elementos esenciales se presenten completos, ya que al haber sido celebrados sin observar las reglas imperativas establecidas en la ley, carecen de perfección conforme a las normas previstas para garantizar la defensa del interés general o de orden público, y así, asegurar la protección de un interés privado; es indudable que, atento lo anterior de conformidad con los artículos 2078, 2079 y 2080 del Código Civil del Estado de México, el acto jurídico que adolezca de objeto o de consentimiento, o haya ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, no es susceptible de valer ni desaparecer por confirmación, cuyos vicios pueden invocarse por todo interesado, a efecto de prevalecerse contra los mismos. En tal virtud, al ser iguales las sanciones para tales actos, por consistir en que no pueden engendrar alguna consecuencia jurídica, pues aunque produzcan provisionalmente ciertos efectos, éstos se retrotraerán al momento en que se declarase judicialmente la nulidad absoluta o la inexistencia, con lo que se destruye el acto de que se trate, tales circunstancias implican que, en la realidad, las diferencias entre nulidad absoluta e inexistencia, son puramente conceptuales y teóricas, de acuerdo con la doctrina. Por lo cual, si el matrimonio es un contrato civil, como así se establece en el párrafo tercero del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que las nulidades y las inexistencias de los actos jurídicos pueden afectar el matrimonio, en razón de ser un contrato; y sin embargo, es válido afirmar que el matrimonio como contrato tiene particularidades y efectos, de las que los demás actos jurídicos y contratos no participan y, consecuentemente, las sanciones civiles que se aplicaren, en el caso de nulidad absoluta o de inexistencia, sustraen al matrimonio del régimen general de las nulidades y de las inexistencias, por lo que los hijos habidos dentro de un matrimonio declarado nulo, deben conservar su filiación, según lo estatuye el artículo 326 del Código Civil del Estado de México.”.

En efecto, la Primera Sala de la Corte Mexicana concluyó que el sistema de disolución del matrimonio sin causa constituye un “un régimen de fácil acceso al divorcio, en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, y todo ello con la finalidad de evitar enfrentamientos entre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos odio, violencia egoísmo y acciones maliciosas, lo que suele trascender al equilibrio anímico no tan sólo de los hijos sino también de los miembros que integran ese núcleo familiar”.

Si bien este pronunciamiento se realizó a propósito del análisis de la constitucionalidad de una legislación que establecía el divorcio sin causa, esas consideraciones resultan relevantes para esta iniciativa de ley porque descartan expresamente que el mandato de protección a la familia derivado del artículo 4º constitucional imponga al legislador la obligación de dificultar la disolución del matrimonio, incluso si lo único que hace la medida impugnada es exigir el trascurso de un plazo para que se pueda solicitar la disolución el matrimonio.

Corolario a lo anterior, se destaca que la protección de la familia no puede conseguirse en ningún caso “creando mecanismos” para mantener unidas a dos personas que han celebrado un matrimonio cuando al menos una de ellas decide romper esa relación, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De esta manera, consideramos que, imponer a los cónyuges el plazo de un año para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, previsto en el artículo 274 del Código Civil Federal, en términos de lo resuelto por nuestro máximo tribunal, no es una medida que persiga un fin constitucionalmente legítimo. El hecho de que se obligue a una persona a permanecer casada en contra de su voluntad -incluso si esta obligación sólo se impone durante un año como lo hace la norma que nos ocupa- no contribuye de ninguna manera a proteger los derechos de los miembros de la familia y no respeta el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad jurídica.

En consecuencia, la porción normativa del artículo 274 del Código Civil Federal que señala que podrá solicitarse el divorcio por mutuo consentimiento “sino pasado un año de la celebración del matrimonio” desde la celebración del matrimonio, resulta contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 274 del Código Civil Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 274 del Código Civil Federal.

DECRETO

Artículo Único. Se reforma el artículo 274 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 274.- El divorcio por mutuo consentimiento puede pedirse en cualquier tiempo después de la celebración del matrimonio.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. María Leonor Noyola Cervantes.

1 Silva Meza Juan N. y Silva García Fernando. Derechos Fundamentales Bases para la Reconstrucción de la jurisprudencia mexicana, México, Editorial Porrúa, 2013, Segunda Edición, p. 555.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario del Partido Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXXII DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario PAN)

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXXII DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz. Aunque los conceptos de transparencia y rendición de cuentas van de la mano, tienen una característica que los hace diferentes; y es que la transparencia significa que la información se encuentra disponible para toda la ciudadanía, que está a la vista de todos; en cambio, la rendición de cuentas va más allá, es una metodología completamente estructurada que mediante un proceso interno se manejan y administran los recursos públicos, de tal manera que estos conceptos son variables pero dependientes uno del otro.

El fortalecimiento de las democracias modernas y su evolución, ha dado paso a garantizar a la ciudadanía un ejercicio transparente de la función pública para que puedan conocer y evaluar el desempeño gubernamental y el de sus representantes. Entre los atributos de la transparencia podemos encontrar la facilidad de acceso a la información, la fácil comprensión de dicha información, la relevancia de la información y la confiabilidad de la misma.

La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en ejes estratégicos para el combate contra la corrupción, problemática que ha venido aquejando a nuestro país y que es un freno para su desarrollo. De acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las consecuencias económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas generan pérdidas económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno Bruto (PIB)1. La poca o nula falta de transparencia y rendición de cuentas, genera descontento y desconfianza en la ciudadanía hacía sus representantes.

En México, en el año 2002, fue la primera vez que se contó con una ley de acceso a la información pública, un año después, en el 2003, la ley estableció que las y los ciudadanos podían solicitar información al Gobierno, pero se previó una clasificación de cierta información como reservada o confidencial, la cual no podría hacerse pública hasta un periodo de tiempo de doce años. Así se dio a la ciudadanía la posibilidad de examinar documentos que solían ser secretos y se dio paso a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el acceso a la información como un derecho, el cual será garantizado por el Estado. Es preciso reconocer que en el tema de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad. El tema del soborno, como expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país se han dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; con la finalidad de obtener influencia, para obtener beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los principales elementos del soborno es por un lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso público. Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener beneficios.

Aunado a lo anterior, hay que mencionar que en casos de desvío de recursos se ha tenido poco avance al respecto, ya que las empresas fantasmas siguen representando una problemática alarmante. Basta con recordar la estafa maestra, en donde se extraviaron 7 mil 600 millones de pesos. Aunado a lo anterior, hay que agregar también los casos en donde empresas fantasmas han ganado licitaciones de Gobierno, o empresas que se crean de la noche a la mañana y ganan alguna licitación u obtienen dinero público.

Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto que en los casos de concesiones, contratos, convenios, permisos, licitaciones o autorizaciones otorgadas, sea publicada la información referente al Acta Constitutiva de la persona moral que se vio beneficiada con dicha decisión, de tal forma que se pueda constatar el año de su creación, su giro comercial, domicilio fiscal y nombre de quienes integran el Consejo de Administración o su equivalente, además en los casos de proveedores y contratistas, se busca sea publicada su domicilio fiscal y RFC. Todo lo anterior, con el único fin de poder constatar que no existe tráfico de influencia y conflicto de interés entre los actores involucrados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar en los siguientes términos:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. a XXVI. …

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse el Acta Constitutiva de la sociedad en donde se identifique notaría pública y número de escritura, su objeto, nombre o razón social del titular, domicilio fiscal, nombre de los integrantes del Consejo de Administración o su equivalente, año de creación, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

...

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas, el cual contendrá el Acta Constitutiva de la sociedad en donde se identifique notaría pública y número de escritura, su objeto, nombre o razón social del titular, domicilio fiscal, nombre de los integrantes del Consejo de Administración o su equivalente, año de creación y vigencia;

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web
<http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 2017)





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 77 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULOS 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los siglos XVII y XVIII, diversos pensadores entre los que podemos citar a John Locke1, en Inglaterra y el barón de Montesquieu2 en Francia, observaron la necesidad de que el poder público estuviera fraccionado a efecto de limitarlo y evitar sus abusos, por lo que propusieron que el poder no se concentrase en una sola persona, sino que existieran órganos del Estado que tuviesen funciones distintas, unos elaborarían las leyes (poder legislativo), otros aplicarían las mismas (poder ejecutivo) y unos terceros resolverían los conflictos derivados de su aplicación (poder judicial), lo que sin duda constituiría una verdadera garantía de la libertad individual.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna de los mexicanos. En ella se plasman los derechos fundamentales de los individuos que habitan en nuestro país y las obligaciones de sus gobernantes.

Así pues, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, de donde dimana todo poder político y se instituye para beneficio de éste, reflejándose su voluntad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, en la que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que conforman el gobierno de nuestra nación: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Conforme a la doctrina sostenida por el mencionado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, uno de los pensadores más influyentes durante la Ilustración, al dividir los poderes los individuos tienen garantizada su libertad en apego a la justicia, lo cual no siempre acontece, siendo necesario que se solventen los conflictos que surgen entre los individuos, personas físicas o morales.

El Poder Judicial tiene la facultad estatal de administrar la justicia a través de la aplicación de las leyes, a efecto de dirimir conflictos, velando por los derechos de los ciudadanos y procurando la exacta aplicación de la Ley.

En ese contexto, el Poder Judicial funciona en forma permanente, es decir, los órganos que lo componen son estables y tienen funciones que no pueden ejercerse por otras entidades gubernamentales o privadas, por lo que es de vital importancia que cuente con todos los recursos materiales y humanos necesarios para el desempeño de sus labores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Página de Internet, define el Poder Judicial como “Es el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás Poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito Colegiados y Unitarios y los Jueces de Distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes; resolver las controversias que surjan entre particulares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. Además, forma parte de este Poder el Consejo de la Judicatura Federal que cumple con importantes funciones de carácter administrativo, de disciplina y vigilancia y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal que se preocupa de la formación de Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios a fin de que posean los atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que deben regir la carrera judicial. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana”3.

Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se publicaron cambios esenciales al sistema electoral mexicano los cuales establecen un nuevo modelo de integración y distribución de competencias de las autoridades electorales, así como del sistema de partidos, reformando los procedimientos sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización y su proceso de verificación así como la participación ciudadana, entre otros aspectos importantes.

En ese contexto, son de resaltarse las funciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte del Poder Judicial de la Federación, el cual se constituye como un órgano encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete magistrados y magistradas; cinco salas regionales y una sala especializada, integradas por tres magistrados y magistradas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto los Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, los siguientes tipos de controversias electorales:

• Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.

• Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos (que son resueltas en única instancia por la Sala Superior).

• Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.

• Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y tribunales electorales locales (es decir, de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos) que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

• Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación.

• Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores; así como entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores.

• La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos, agrupaciones, así como personas físicas o morales.

• La resolución de procedimientos sancionadores, relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos públicos, la propaganda de entes públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña.

• Las demás que señale la ley.

En este contexto, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, funcionando en forma permanente con una Sala Superior conformada por siete magistrados y salas regionales.

Ahora bien, el artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone textualmente: “El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, cada una.

Los Magistrados, tanto de la Sala Superior como de las Salas Regionales, serán elegidos, conforme a lo dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 99 constitucional, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es de comentarse que los cargos de magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada, pueden quedar vacantes por diversas causas ya sea naturales o legales, temporales o definitivas, por lo que, en el caso de que la ausencia sea definitiva, es susceptible de ocuparse dichas vacantes por el individuo que cubra los requisitos de ley para desempeñar el cargo respectivo.

El décimo primer párrafo del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona textualmente:

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.”

En el entendido de que todos los cuerpos normativos son perfectibles y de que los cambios sociales y tecnológicos inciden también en el ámbito jurídico se observan las siguientes áreas de oportunidad.

1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, los Magistrados Electorales mencionados, serán elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora bien, toda vez que el Senado de la República es un órgano eminentemente político en el que la construcción de acuerdos requiere la participación de los diversos grupos parlamentarios y, en su caso, de los senadores independientes, la elección respectiva puede no sucederse a favor de ninguno de los candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se observe previsión legal alguna para el supuesto de que los miembros del Senado de la República no alcancen un acuerdo para la elección del Magistrado Electoral que cubra la ausencia presentada, hecho que provocaría que se prolongue en el tiempo la ausencia del Magistrado titular de la o las Salas superior, Regionales o Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las que estarían obligadas a trabajar con la ausencia de uno o más de sus magistrados titulares, en virtud de lo cual, es de preverse que ante la mencionada posibilidad y a efecto de que no se suceda indefinidamente una ausencia de Magistrado titular en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera necesario que, en caso de que la suprema corte envíe hasta dos ternas sin que se logre el acuerdo de votos respectivo en el Senado de la República, se faculte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar el nombramiento respectivo de entre los candidatos propuestos.

Lo anterior con la finalidad de conservar el equilibrio de poderes que sostiene el estado de derecho de nuestro país, en especial para no desbalancear el funcionamiento del poder legislativo, representado en este caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede ver afectada su función constitucional de trabajar con un número determinado de Magistrados electorales, sin tener la posibilidad de solucionar este supuesto.

Una vez que se apruebe la reforma que nos ocupa, se deberán adecuar las disposiciones normativas respectivas, a efecto de que exista una armonización adecuada entre la norma constitucional y las leyes relacionadas, en el caso en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, en apego al mandato constitucional, prevé las reglas y el procedimiento para la elección de los Magistrados electorales que integren las multicitadas salas Superior y Regionales.

A efecto de clarificar la reforma que se propone, se presenta un cuadro comparativo entre el texto constitucional vigente y la reforma que se propone.

TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO PROPUESTO

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

 

 

 

 

 

 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Artículo 99. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya enviado dos ternas sucesivamente y ninguno alcance la mayoría requerida, supuesto en el que se cubrirá la vacante de magistrado electoral de sala Superior o regional, con la persona que, dentro de dichas ternas, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de una mayoría de cuando menos ocho votos de los Ministros presentes. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 99. …

I. a X. …

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya enviado dos ternas sucesivamente y ninguno de los candidatos alcance la mayoría requerida, supuesto en el que se cubrirá la vacante de Magistrado Electoral de sala Superior o regional, con la persona que, dentro de dichas ternas, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de una mayoría de cuando menos ocho votos de los Ministros presentes. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, realizara las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Sen. Claudia Edith Anaya Mota.

1 Locke John.- Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil.- Ed. Alianza.- España 2015. Pag. 72.

2 Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.- El espíritu de las Leyes.- traducción de Demetrio Castro Alfin.- Ed. Istmo S.A..- España 2002. Pag. 54.

3 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/Que-PJF.pdf.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, EJE MEDULAR DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT)

De la suscrita, GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, EJE MEDULAR DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los gobiernos no pueden ser opulentos ni despilfarradores. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El actual Presidente de la República, lo ha dicho de manera reiterada en las plazas, en las asambleas populares, en cada rincón del vasto territorio de México. Es la buena nueva para un pueblo empobrecido, marginado, excluido por una minoría rapaz, voraz, sin escrúpulos.

Del hartazgo de la clase política que venía desempeñándose con superficialidad, opulencia, frivolidad, banalidad, lejanía del pueblo, surge un principio, en una persona que sabe del dolor del pueblo, porque ha estado con él;que reivindica a la Rex publica, al servicio público y al gobierno: LA AUSTERIDAD. Como otrora el poeta Víctor Hugo refirió de Juárez, en su misiva que éste enviara pidiendo por la vida de Maximiliano en 1867: “México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República; el hombre sois vos”. En este momento de la vida política del país el principio es la AUSTERIDAD republicana; el hombre, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué significa la austeridad republicana?

Cifras del CONEVAL estiman que en México existen 53.4 millones de personas en pobreza1; en contraste, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los servidores públicos, esa minoría rapaz que tanto daño le ocasionó al país, se beneficiaban de toda clase de dispendios no importándoles la precariedad, la pobreza, en que viven mexicanas y mexicanos (donde, estudios de la Dra. Julieta Morales, catedrática de nuestra Máxima Casa de Estudios, la UNAM, asevera que la pobreza vulnera más al género femenino; por lo que hay que hablar de feminización de la pobreza). A decir del derroche del gasto público recordemos los viajes lujosos del entonces Presidente de la República o los suntuosos vestidos de su entonces esposa, Angélica Rivera, o los festines y celebraciones conmemorando la Independencia del país, o los famosos bonos y estímulos, las camionetas de lujo blindadas y la seguridad privada. Privilegios que más corresponden a una Monarquía absolutista que a una República.

México es país con enormes cuotas de pobreza, rezago, en extremo desigual y vulnerable y se debe, en parte, a los anteriores gobiernos que se encontraban en la opulencia mientras la mayoría de mexicanas y mexicanos sin tener siquiera para alimento. La OCDE ha sostenido que “México puede reactivar el crecimiento al replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza”2. Enfrentar el problema desde la raíz, por eso la necesidad de elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno.

La austeridad republicana significa dignificar el servicio público, una obligatoria reingeniería institucional. Debe por antonomasia combatir el derroche, la opulencia y el dispendio. Será un principio constitucional que guiará a la administración y eje medular del gasto público. Será de observancia obligatoria. Dará armonización y fundamento constitucional a leyes secundarias que, por cierto, ya se han presentado iniciativas ante el Congreso de la Unión: Iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, propuesta por Diputados de Morena; Iniciativa que Expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, del Diputado Benjamín Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, entre otras. Significa no más opulencia en los gobiernos de cualquier orden: federal, estatal y municipal.

Aquí, en la Cámara de Senadores, el 1 de septiembre de 2018, aprobamos un Acuerdo por el que se establecen Criterios y Medidas de Austeridad presupuestal en el Senado de la República, donde señalamos en sus considerandos 25 y 26 lo siguiente:

25. Que el artículo 134 constitucional, dispone que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

26. Que es convicción de las senadoras y los senadores de la República que el ejercicio de los recursos públicos se administre bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.3

Asimismo, en el ACUERDO, se específica lo siguiente:

PRIMERO. El objeto del presente acuerdo es establecer la coordinación entre la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración en el proceso de toma de decisiones presupuestales y aquellas relacionadas con el ejercicio y aplicación de recursos humanos, materiales y económicos, que sustentan el trabajo legislativo y parlamentario, así como establecer medidas de austeridad presupuestal en la Cámara de Senadores.

SÉPTIMO. Los criterios y acciones concretas en el Senado de la República enmarcadas en un plan de austeridad en el gasto, tienen como finalidad que este se ejerza en forma transparente y con mecanismos de rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.

Este Acuerdo, además de estar fundamentado en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 80, 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 275 del Reglamento del Senado de la República; con pleno apego a los principios que marca el artículo 134 -legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas-, debe, no obstante, encontrar su fundamento en el principio constitucional de la austeridad. De ahí que se derive el demás engranaje jurídico secundario. Por eso la necesidad que este principio de austeridad esté contemplado en el artículo 134 de nuestro máximo ordenamiento jurídico.

No debemos olvidar que los servidores públicos son, ante todo, servidores del pueblo, al que nos debemos. La austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía, el pueblo: las y los mexicanos. “La sociedad es el componente más importante del Estado, de la que surgen, a la que sirven y deben rendir cuentas las autoridades”.4

La austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles su verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos que se tenían anteriormente y que, por cierto, menoscaban el principio de progresividad contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contribuir a un Estado de Bienestar donde se comiencen a ejercer los DESC para toda persona, como los especifica el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 que a la letra dice:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Ya no más derroche. Es velar por el pueblo, por el interés colectivo, en detrimento de intereses particulares voraces. Por eso mismo se debe de hablar de empobrecidos y no de pobres; ellos, esa minoría rapaz, han empobrecido al pueblo. Solo mediante la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenido, que será un factor para garantizar la estabilidad política y la consolidación de las instituciones democráticas. México, “es un país rico, ubicado entre las economías de los G20 por su nivel de producción, pero un país pobre, porque las desigualdades sociales y económicas se reproducen y persisten en el tiempo […] Entre las carencias que muestran un estancamiento, se encuentra, en primer lugar, la seguridad social, siendo la más importante carencia de la población mexicana en general. Aproximadamente el 60% de la población no cuenta con ella, sin que exista, hasta la fecha, política pública capaz de reducirla.”6 Recordemos que nuestra Constitución de 1917 fue una de las primeras en consagrar los derechos sociales, hagámoslos efectivos.

A decir del Coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, Rolando Cordera Campos, “como punto de partida indispensable, es necesario subrayar la prioridad que lo social debería tener en lo político, hoy entendido sobre todo por su impronta democrática, y para las políticas que deban proponer –y proponerse- los gobiernos emergidos del nuevo contexto competitivo y pluralista que define a la democracia representativa mexicana. Para lo político, la reforma social del Estado debería estar presente como una de las prioridades más altas de las agendas partidarias, articulando y dando sentido a compromisos específicos cuya racionalidad debiera estar ordenada por propósitos de equidad enfilados a darle realismo a la propuesta esencial de la democracia: igualdad más allá de las urnas.”7

Gerardo Esquivel acierta en decir que ya “es hora de cambiar las reglas del juego, tanto económicas como políticas, que benefician a unos cuantos. La desigualdad se puede revertir a partir de la colaboración entre actores políticos, sociedad civil y sector privado. México necesita un gran pacto nacional por la IGUALDAD en donde la acción de la ciudadanía es clave para la construcción de un Estado más eficaz. México necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos. Que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres, para que paguen más los que más tienen y para hacer un Estado más transparente”8. Solo agregaría, hacer un Estado que privilegie la austeridad y combata la opulencia y el dispendio. Como se dijo al comienzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Lamentablemente los servidores públicos de gobiernos anteriores demostraron, entre tantos males, una falta de sensibilidad para con su otredad empobrecida, la distancia inicua que tiñe nuestra convivencia social. Por eso se habla de élite política, que se encuentra en el polo opuesto del pueblo mexicano empobrecido. Recordemos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo establece nuestro bloque de constitucionalidad.

“Hacen falta políticos en México de la talla del emperador-filósofo estoico, Marco Aurelio, quien gobernó con austeridad, humildad y sabiduría, el imperio más grande y poderoso en la historia”9. Y es así como se desempeña el actual presidente de la República: cercano a las personas y a sus necesidades; en contra de la banalidad y el privilegio.

El objetivo del Estado, desde su concepción, es la protección de la persona, esto es, el Estado siempre al servicio de cada mexicana y mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.

1 Véase en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf
(Fecha de consulta: 25/02/2019).

2 Véase en:
https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
(Fecha de consulta: 19/03/2019).

3 Véase en la página electrónica de la Cámara de Senadores:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
(Fecha de consulta 01/03/2019).

4 Cervantes Andrade, Raúl, La Constitución Mexicana y el constitucionalismo de principios, en Cien Ensayos para el Centenario, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, pág. 53.

5 Véase en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
(fecha de consulta: 15/03/2019).

6 Teruel, Graciela, México: País de pobres y no de clases medias, México, Fundación Konrad Adenauer, 2017, pág. 19.

7 Cordera Campos, Rolando, coordinador, Percepciones, pobreza, desigualdad. Encuesta Nacional de Pobreza, México, UNAM, IIJ,  2015, pág. 29.

8 Esquivel Hernádez, Gerardo, Desigualdad extrema en México, México, Oxfam, 2015, pág. 6.

9 Pazos, Luis, EPN: el retroceso, Editorial Planeta Mexicana, México, 2017, pág. 91.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

Quien suscribe, SALOMÓN JARA CRUZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 20161, se visibiliza y reconoce, por primera vez por parte de una institución de Estado, la existencia de este fenómeno en nuestro país; y se analizan las causas, las manifestaciones y las principales problemáticas asociadas al desplazamiento forzado en territorio mexicano, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos.

“Los desplazamientos forzados son consecuencia habitual de experiencias traumáticas asociadas a conflictos violentos o contextos de violencia generalizada que generan afectación en el ejercicio de derechos de personas y poblaciones afectadas. El desplazamiento forzado provoca, asimismo, la ruptura de los lazos familiares, sociales y culturales; pone término a relaciones de empleo sólidas, interrumpe las oportunidades educativas; niega el acceso a servicios y complica la satisfacción de necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina; y expone a personas inocentes a condiciones de mayor vulnerabilidad y necesidad de protección y asistencia”.

Para la realización de este Informe Especial, la CNDH recopiló información proveniente de distintas fuentes y de diferentes puntos de la república; recabó entrevistas y testimonios de víctimas directas e indirectas; solicitó información a diversas autoridades federales y estatales; y analizó informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, resoluciones emitidas por organismos internacionales de protección de derechos humanos, así como criterios y argumentos de carácter doctrinal, legislativo y jurisprudencial.

Entre las conclusiones, encontramos que el Desplazamiento Forzado Interno es una lamentable realidad que está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y sin arraigos. Las diferentes causas que provocan el Desplazamiento Forzado Interno no son exclusivas de México, sin embargo, sí son criticas en virtud de la creciente situación de violencia y la profundización de la crisis en materia de derechos humanos.  Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay más de 15 millones de personas desplazadas en el mundo.

En México, de acuerdo con diversos estudios de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)2, el Desplazamiento Forzado Interno ha afectado a una población de más 329 mil personas, las cuales han tenido que abandonar sus lugares de origen en razón de la violencia, inseguridad, violaciones a sus derechos humanos, discriminación por razones étnicas, religiosas o de género, violencia política, desastres naturales, implementación de proyectos y megaproyectos de desarrollo, la existencia de grupos paramilitares o delincuenciales, y por las amenazas contra el ejercicio de la libertad de expresión de quienes se dedican a la actividad periodística, al activismo o a la defensa de los derechos humanos, muchas de las cuales provienen de las propias autoridades estatales o municipales.

Desde la perspectiva de esta organización especializada en el tema, el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno ha adquirido un carácter masivo dentro del marco de inseguridad, violencia e impunidad que se ha generado a partir de los enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado; y no es un fenómeno ajeno a la problemática nacional en materia de desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, las cuales son prácticas ejercidas con la participación o la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales, de manera generalizada o sistemática.

En este contexto, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos recomienda recordar que los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU3, señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su  hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota, el cual tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más personas o núcleos familiares. En ambos casos, al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal como desplazados forzados y, por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional”.

Tal y como se documenta en el documento Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México – Informe 20174, el desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia. En 2016 el sector indígena fue el más afectado, al acreditarse al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que tan solo durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310,527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

De manera particular, en Huixiopa, Sinaloa, el 96% de sus habitantes han sido desplazados; y Michoacán es el mayor expulsor con 10 mil personas desplazadas. Oaxaca, por su parte, ha presentado dos eventos de desplazamiento interno masivo, que impactaron a 850 personas. Ambos desplazamientos se presentaron como consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población. El primero de ellos, tras los hechos ocurridos en el mes de junio en Nochixtlán en el que participaron policías federales y estatales generando el desplazamiento de 50 indígenas mixtecos. Y el segundo, derivado de un conflicto agrario y post-electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales que realizaron detenciones arbitrarias y ataques armados a la población5.

Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”6 en 2013, la violencia relacionada con el crimen organizado también ha conllevado a que miles de personas se hayan visto forzadas a desplazarse internamente en México durante los últimos años.

Información aportada a la CIDH señala que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores”.

Los testimonios y la información abundante recibida por la CIDH durante su visita, mostró como la violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país.

El Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) ha sostenido que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlo, han sido las principales causas de desplazamiento en México. Otras causas que están generando desplazamientos internos en los países de la región tienen que ver con proyectos de desarrollo de gran escala, comúnmente conocidos como megaproyectos, los cuales están afectando principalmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas/rurales, así como el desplazamiento relacionado con los efectos del cambio climático y desastres naturales.

Ante la falta de cifras oficiales, las estadísticas del IDMC indican que para finales de 2014 México registró una cifra de al menos 281.400 desplazados internos. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor. El hecho de que las autoridades no reconozcan la existencia del desplazamiento interno y de que haya permanecido sin cuantificarse ha favorecido su invisibilidad.

La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno.

La Comisión Interamericana observó que el desplazamiento forzado interno sigue sin ser documentado y analizado oficial e integralmente por el Estado mexicano, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno. En este contexto, es clara la necesidad de emprender acciones decididas para atender la compleja problemática asociada a las distintas violaciones a los derechos humanos que se conjugan en el fenómeno del desplazamiento forzado interno. La primera acción sería reconocer y aceptar plenamente la existencia del fenómeno, a efecto de que las víctimas de este puedan tener mecanismos de acceso a la justicia y restitución de derechos.

Una vez que hayamos reconocido y definido con mucha precisión lo que debe entenderse por desplazamiento forzado interno, entonces el segundo paso es el de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de desplazamiento forzado interno en la que se incluyan medidas prevención, atención y protección; se generen los instrumentos y los lineamientos necesarios de diagnóstico, medición y política pública; y se sienten las bases que permitan promover soluciones duraderas y la restitución plena de derechos a las víctimas de este fenómeno.

El Estado mexicano tiene la obligación y la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren las personas desplazadas; y tiene la obligación de garantizar la protección y el ejercicio de todos sus derechos.

En este sentido, diversos son los esfuerzos que se han emprendido hasta hoy para tratar de dotar a nuestro país de un marco jurídico idóneo para hacer frente al fenómeno del desplazamiento interno forzado. Destacan el Decreto del Congreso de Chiapas por el que se expidió la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día 22 de febrero de 2012; y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía expedir la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, presentada en la LXII Legislatura por el entonces Senador Zoé Robledo Aburto,

Por todas las razones hasta aquí expuestas y con base en los antecedentes señalados, el objeto de la presente iniciativa es el de reconocer constitucionalmente el fenómeno del desplazamiento interno y acentuar el carácter forzado que le define y caracteriza. De igual forma, proponemos asignar al Congreso de la Unión, de manera expresa y para no dar lugar a ningún conflicto de interpretación, la facultad de expedir una Ley General en materia de desplazamiento forzado interno, a partir de la cual se establezca claramente la distribución de competencias y la forma de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir este fenómeno; para atender y proteger a las víctimas del mismo; y para promover soluciones duraderas y garantizar su acceso a la justicia y la restitución de sus derechos.

A continuación, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para facilitar la comprensión del alcance y sentido de la adición propuesta:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

 

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

 

 

XXIX-Y a XXXI. ...

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; y en materia de desplazamiento forzado interno a través de medidas de prevención, atención, protección y generación de soluciones duraderas.

XXIX-Y a XXXI. ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad:

l. a XXIX- W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; y en materia de desplazamiento forzado interno a través de medidas de prevención, atención, protección y generación de soluciones duraderas.

XXIX-Y a XXXI. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, contará con 180 días para expedir la Ley General a la que hace referencia el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril de 2019

Suscribe

Sen. Salomón Jara Cruz.

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf

2 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

3 https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html

4 http://cmdpdh.org/project/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2017/

5 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

6 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, a nombre propio, y de los SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA., todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La intervención humana en el medio ambiente ha generado las más altas emisiones de gases de efecto invernadero en la historia. Nos encontramos en el periodo más cálido de los últimos 1,400 años y el cambio climático ha pasado a ser en una amenaza para el desarrollo sostenible de los Estados. De seguir con este ritmo de vida como sociedad, la temperatura promedio de nuestro planeta podría aumentar de 1.5°C a 2°C para finales del siglo XXI, lo que ocasionaría mayores olas de calor, episodios meteorológicos extremos, riesgo de pérdida amplia de diversidad y sistemas ecológicos, así como un aumento en los niveles del mar por el calentamiento de los océanos.1

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el cambio climático provocará en los países de la región una pérdida económica equivalente a 1% del producto anual entre 2010 y 2100.2 Es es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contener el cambio climático.

Del mismo modo, el sistema energético de México está basado primordialmente en combustibles fósiles que generan grandes cantidades de gases contaminantes al medio ambiente. De acuerdo al Balance Nacional de Energía de 2017 emitido por la Secretaría de Energía, el porcentaje total de la producción de energía primaria basada en hidrocarburos es del 84.54%.3 Lo que indica que nuestro sistema energético necesita una transformación radical para combatir el cambio climático y lograr una transición energética que reduzca la quema de combustibles fósiles para generar energía y que no se dañe el medio ambiente.

Ahora bien, ante las anteriores problemáticas ambientales, la implementación de energías renovables es una de las mejores estrategias por parte de los Estados a nivel internacional para cuidar el medio ambiente, toda vez que, conlleva múltiples beneficios como son; la disminución considerable de la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático, reducen la necesidad de industrias extractivas en la medida que se evita el uso de combustibles fósiles, no generan problemas de desechos tóxicos al medio ambiente, producen ventajas económicas al generar empleos directos e indirectos y se consideran un blindaje contra fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos. Asimismo, generan reducción de costos de los servicios municipales de energía eléctrica.4

En este sentido, en nuestro país la Ley de Transición Energética en su artículo 3 fracción XVI define a las energías renovables como aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes.5 Este mismo artículo considera como energías renovables al viento, la radiación solar en todas sus formas, el movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, la energía oceánica en sus distintas formas, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

La energía solar, una de las energías renovables mencionadas con anterioridad presenta mayor crecimiento en los últimos años en nuestro país, ayudando

considerablemente al combate del cambio climático y llegando a proyectar la curva de crecimiento más prometedora de entre las energías renovables para los próximos 20 años de acuerdo al Estudio de Mercado de la Energía Solar en México realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México.6

La energía solar es la que se obtiene por medio del aprovechamiento de la radiación electromagnética proveniente del sol y es transformada mediante dispositivos en forma térmica o eléctrica para su consumo posterior. La radiación solar se percibe por medio de un captador solar térmico o un módulo fotovoltaico para transformarla en energía útil.7 En virtud de esto, existen dos tipos de energía solar; la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica.

La energía solar fotovoltaica puede transformar directamente la radiación solar en electricidad mediante células fotovoltaicas hechas de silicio por medio de un proceso químico llamado “efecto fotovoltaico”. Este proceso se produce al incidir la luz sobre materiales denominados semiconductores que generan un flujo de electrones en el interior del material que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica por medio de un inversor que convierte la energía directa del sol en energía de corriente alterna para su aprovechamiento en casas o industrias. De esta manera la energía solar fotovoltaica aprovecha la energía limpia e inagotable del sol para generar energía eléctrica sin quemar combustibles fósiles y sin requerir ningún proceso de combustión que produzca polución térmica ni emisiones de gases CO2 que incrementen el efecto invernadero.

Asimismo, la energía solar térmica consiste en la captación de la radiación solar por medio de un colector para generar y transferir calor a un fluido determinado como el agua o el viento. Los sistemas fototérmicos se utilizan mayormente para el calentamiento de agua y el acondicionamiento de espacios en el sector residencial, sin embargo, también pueden emplearse para proporcionar calor en procesos  industriales.8 Con la implementación de esta tecnología se contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, toda vez que, no emite gases perjudiciales para la salud, sustituye el consumo de combustibles fósiles y permite un mayor ahorro en servicios públicos como el gas.

En este sentido, la generación de energía eléctrica por medio de fuentes de energía renovables es de suma importancia, ya que, en México, de acuerdo a la International Energy Agency (IEA) la mayor fuente de energía de nuestro país se genera por centrales térmicas que implementan la combustión del gas natural derivada del carbón y del petróleo, ocasionando un grave impacto ambiental y la generación de gases de efecto invernadero. De igual manera, México cuenta con una gran oportunidad respecto a esta fuente de energía renovable, toda vez que, dispone de una ubicación geográfica privilegiada respecto a la radiación solar en comparación de otros países. Se estima que en un día en el desierto de Sonora, en un cuadrado cubierto de celdas solares fotovoltaicas de 28 km de longitud por lado con un 10% de eficiencia, se podría satisfacer toda la demanda de energía eléctrica promedio en todo México equivalente a 550 GWh/día.9 Con base en lo anterior, existe la necesidad aprovechar la posición geográfica de nuestro país respecto a la radiación solar y fomentar el uso de la energía solar fotovoltaica con el objetivo de combatir el cambio climático.

Estos dos tipos de energía solar son solamente un ejemplo de los beneficios de implementar estas tecnologías sin descuidar los demás beneficios ambientales que contribuyen los otros tipos de energía renovables como son la eólica, geotérmica, hidráulica, energía de los océanos y la energía proveniente de la biomasa o residuos.

Ahora bien, de acuerdo al documento “Reporte de Avance de Energías Limpias 2017” elaborado por la Secretaría de Energía10 se establece que, durante el año 2017, el 21.08% de la energía eléctrica se generó a partir fuentes limpias. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente en virtud que México se ha comprometido a una meta del 30% de generación de electricidad procedente de fuentes de energías renovables para 2021 y 35% para el año 2024.11 Asimismo, mediante el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el Programa Especial de la Transición

Energética publicado el 31 de mayo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se estipula que la Estrategia de Transición establece una meta de 37.7% para el año 2030 y 50% para el año 2050 en relación con lo establecido en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.12

En este sentido es preciso mencionar que el 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a México. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país.

17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores nacionales son un reto gradual para México, es por ello que con la presente iniciativa se contribuiría al cumplimiento de las siguientes metas de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en el marco de la colaboración de México con los demás países.

1. En la meta del objetivo 7 (energía asequible y no contaminante)

a) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

2. En las metas del objetivo 12 (producción y consumo responsables)

b) Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

3. En las metas del objetivo 13 (acción por el clima).

c) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

4. En las metas del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos)

d) Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

Con base en las cifras anteriormente expuestas y los compromisos internacionales de los que México es parte en materia ambiental, es necesario tomar medidas al respecto con el objetivo de impulsar las energías renovables y combatir el cambio climático.

En este orden de ideas, una de las medidas que ha tomado el legislador, desde la expedición de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el 11 de diciembre de 2013, es incentivar fiscalmente a las personas morales que implementen energías renovables al establecer que es como deducible hasta el 100% del impuesto para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables de acuerdo al artículo 34 fracción XIII de la LISR. Sin embargo, el legislador únicamente contempló a las personas morales para este beneficio y olvidó a las personas físicas, toda vez que, si se contempla las deducciones enumeradas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas se concluye que no existen beneficios fiscales respecto al tema de energías renovables.

Esto produce una gran área de oportunidad, toda vez que, si de la misma manera en que se incentiva fiscalmente a las personas morales se incentiva fiscalmente a las personas físicas que tributan dentro de los regímenes de “salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, “arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles”, “enajenación de bienes”, etc., se podrán obtener mayores resultados en materia ambiental y se podrá dar cumplimiento a las metas y tratados internacionales mencionados con anterioridad y que México es forma parte.

Lo anteriormente expuesto se refuerza al contemplar el derecho comparado. Los mayores países que están logrando un mejor desarrollo bajo en carbono por medio de las energías renovables ha hecho valer distintos incentivos fiscales para la población. Tal es el caso de Estados Unidos ubicado en el segundo lugar a nivel mundial de capacidad solar fotovoltaica y segundo lugar a nivel mundial de capacidad de energía eólica de acuerdo al documento “Avanzando en la Transición Mundial Hacia la Energía Renovable” por parte de Renewable Energy Policy Network for the 21st Centurypublicado en 201713. En este sentido, se puede observar en la base de datos de “The North Carolina Clean Energy Technology Center” los diversos y múltiples beneficios que abarca cada estado de esa nación en materia de energías renovables. Tan solo en California existen actualmente más de 226 políticas e incentivos relacionados a las energías renovables. Uno de los más destacados es el “Residential Energy Conservation Subsidy Exclusion (Personal)” que es una exención de 100% de subsidio de impuestos a nivel federal y de manera personal otorgado a los ciudadanos que implementen energías solares renovables sin importar el régimen tributario en el que estén.14 Con esto se comprueba que los países con mayores avances en la reducción de gases tóxicos por medio de energías renovables implementan diversas acciones para incentivar fiscalmente a las personas con el objetivo de atacar el cambio climático.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia recordar el texto “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa Energética Sustentable para México” elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República en Agosto de 2004 donde los legisladores de esa época, ante la liberalización del mercado de electricidad entre 1998 y 2002, contemplaron que para alcanzar un verdadero cambio en las nuevas fuentes de energías renovables era urgente tomar diversas acciones para otorgar a los inversionistas en proyectos renovables incentivos fiscales y financieros. De igual manera, contemplaban que los incentivos fiscales eran importantes para la realización de proyectos de electrificación en zonas rurales, para la instalación de colectores solares en hospitales y hoteles y para fomentar la investigación y desarrollo en nuevas fuentes y tecnologías renovables.15

Hoy en día no es correcto olvidar lo que el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República quería implementar para impulsar las fuentes de energía renovables por medio de incentivos fiscales. Hoy en día no es correcto ignorar las metas que tiene México para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables. Hoy en día no es correcto bajar la mirada ante los compromisos internacionales que tiene nuestro país en materia ambiental para combatir al cambio climático y asegurarles a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a un medio ambiente sano. Por tales motivos es urgente tomar medidas para impulsar el uso de las energías renovables que cuiden nuestro medio ambiente, evitando la quema de combustibles fósiles para generar energía y que generan gases tóxicos dañinos a nuestro planeta tierra a través de incentivos fiscales que generen beneficios, no sólo a las personas morales, sino también a las personas físicas para la implementación de tecnologías sustentables.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ÚNICO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XI

DE LA DECLARACIÓN ANUAL

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII…

IX. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía.

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo. deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de esta Ley, de no haberse aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y la actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el último día en el que operó o funcionó la maquinaria y equipo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

1 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs.

2 NU. CEPAL, La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: síntesis 2010. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2010. Símbolo ONU: LC/G.2474. 113 págs.

3 Balance Nacional de Energía Eléctrica 2017. Secretaría de Energía. Sitio de Consulta:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414843/Balance_Nacional_de_Energ_a_2017.pdf

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Beneficios de usar energías renovables”. Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2018. Sitio Web:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/beneficios-de-usar-energias-renovables-172766?idiom=es

5 Artículo 3, fracción XVI. Ley de Transición Energética. Diario Oficial de la Federación 24 de diciembre de 2015.

6 Martí, Juan Rafael, “El mercado de la energía solar en México”, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Espala en México, 2015. Consulta:
http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Países/México/Mexicoenergiasolaricex2105.pdf

7 Guía de la Energía Solar, Caja Madrid, Consejería de Economía e innovación tecnológica. España. Consulta:
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-solar-fenercom.pdf

8 Rodríguez Suárez, J. Santiago. Rosenbuch, Joscha. Martínez Fernández, Manuel. La industria solar fotovoltaica y fototérmica en México. Secretaría de Economía. ProMéxico en cooperación con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. 2017.

9 Senado de la República. “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa energética sustentable para México.” Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 2004. Consulta:
http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf

10 Secretaría de Energía. Reporte de avance de Energías Limpias 2017. México. Consulta:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340121/Informe_Renovables_2017_cierre.pdf

11 Artículo Transitorio Tercero de la Ley de Transición Energética. DOF 24.12.2015.

12 ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Programa Especial de la Transición Energética. DOF: 31/05/2017.

13 REN 21. Nuevas Energías Renovables: Una alternativa Energética Sustentable para México. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. 2017. Consulta: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY-FINDINGS_Spanish_lowres.pdf

14 The North Carolina Clean Energy Technology Center. U.S. Department of Energy. Energy Efficiency & Renewable Energy. 2019. Sitio Web de Consulta: http://www.dsireusa.org/

15 Senado de la República. “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa energética sustentable para México.” Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 2004. Consulta:
http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE PLÁSTICOS

(Presentada por las Senadoras Claudia Edith Anaya Mota, Nancy De la Sierra Arámburo, Citlalli Hernández Mora, Indira Kempis Martínez y los Senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Paz Alonso)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN    Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 374 Y SE ADICIONA EL TÍTULO DIECISIETE A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Pedro Haces Barba, del grupo parlamentario del Partido Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1o., 4o. Y 7o. DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 7 DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS, al tenor de las siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, define al Tratado internacional como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.1

La denominación doméstica del Tratado, puede ser variante en cada Estado parte, pues la Convención señala “...cualquiera que sea su denominación particular”, siempre que comparta las mismas características esenciales. Esta multiplicidad de denominaciones se deriva de que los Tratados presentan entre sí características muy diversas según la materia a que se refieren, las partes que intervienen en la celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluyen, entre otras. Paul Reuter señalaba que no existe nomenclatura precisa sobre “tratado” y, en este sentido, términos como “tratado”, “convenio”, “pacto”, “acuerdo” o “protocolo” se usan como sinónimos.2

Una variante de estos acuerdos internacionales, son los Convenios o Acuerdos Interinstitucionales, los cuales son definidos en la fracción II, artículo 2 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados (LCT), como “Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.”

Los Acuerdos Interinstitucionales como instrumentos jurídicos, son útiles e indispensables desde el punto de vista administrativo, pues favorecen la cooperación interinstitucional con órganos administrativos extranjeros en funciones específicas; y beneficiosos desde el punto de vista internacional, porque permiten procedimientos céleres para requerimientos urgentes.

En el sistema jurídico mexicano se encuentra regulado este tipo de acuerdos entre órganos estatales y órganos de un Estado extranjero. “Es habitual que la doctrina jurídica mexicana equipare este tipo de acuerdo con los congressional-executive agreements, propios de la tradición constitucional norteamericana, o con los “tratados en forma simplificada”; sin embargo, la similitud entre estos materiales jurídicos es prácticamente nula, más aún, esta diferencia se acentúa a partir de la regulación que de ellos hiciera la Ley Sobre la Celebración de Tratados de 1992.”3

En consecuencia, debemos entender a los Acuerdos Interinstitucionales como una especie de Tratados internacionales que, sin embargo, en nuestro derecho positivo tiene un tratamiento diferenciado.

Nuestra Constitución Política, establece como facultad del presidente de la República, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Como facultad del Senado, se encuentra el aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

Pese a que los Acuerdos Interinstitucionales son Tratados, no se sujetan al proceso señalado en el párrafo que antecede, y su regulación en la LTC, deriva en la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por parte del Poder Ejecutivo y sin la participación del Senado de la República.

En el marco legal vigente, los Acuerdos Interinstitucionales sólo obligan a la dependencia que lo suscribió, más no crea derechos y obligaciones para los particulares. Desde la perspectiva del propio sistema jurídico mexicano resulta que los acuerdos interinstitucionales, al no ser considerados como tratados internacionales desde la perspectiva interna, no son parte de la “Ley Suprema de toda la Unión”, lo que significa que los jueces de los estados no están sujetos a ellos.4 Sin embargo, al no tener conocimiento del contenido de los Acuerdos, el Senado no puede garantizar que las dependencias suscriptoras, durante su celebración, no se excedan en sus limitantes.

“Es claro que el límite material de celebración de los acuerdos interinstitucionales resulta insuficiente, debiendo establecer entre otros límites el que no regulen materias que afecten a los particulares, o bien que no incidan en materias exclusivas de los poderes de la Unión. De otra forma, la aprobación del Senado de los tratados internacionales pasará a ser un simple recuerdo. El que se celebren dentro del ámbito competencial de cada una de las dependencias autorizadas para celebrarlos no impide que varias dependencias en su conjunto puedan recurrir al procedimiento del acuerdo interinstitucional, por cuanto no lo prohíbe la LCT.”5

“Los acuerdos interinstitucionales, como cualquier otro instrumento internacional, para estar de acuerdo con la Constitución requieren la aprobación del Senado y su celebración por el presidente de la República; si no se regulan de esta forma se violarían los arts. 76, fracc. I, 89, fracc. X, y 133.”6

En la LXII Legislatura, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, desechó diversas iniciativas de Ley que proponían que los Acuerdos Interinstitucionales fueran aprobados por este Senado. El argumento central era que estos ya se encontraban regulados en una Minuta, cuyo proceso legislativo se encontraba en trámite, referente a un proyecto de decreto que expedía la Ley General sobre la Celebración y Aprobación de Tratados, abrogando la LTC. Sin embargo, esta Minuta se desechó el 15 de diciembre de 2015, por lo que es necesario reabrir este debate.

Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anualmente se celebran decenas de Acuerdos Interinstitucionales, federales, estatales y municipales, en muy diversos ámbitos como educación, comercio, derechos humanos, inversiones y negocios, cultura, turismo, desarrollo municipal, educación, deporte, asistencia social, ciencia y tecnología, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo metropolitano.

Dado lo anterior, podemos concluir que, por un lado, la celeridad requerida y el amplio número de Acuerdos Interinstitucionales, justifican el procedimiento diferenciado, que, sin embargo, podría tacharse de inconstitucional, pues se vulnera una facultad de esta Cámara de Senadores.

Por otro lado, como ya se mencionó, el Senado carece de información puntual sobre el contenido de los Acuerdos Interinstitucionales, que genera opacidad y suspicacia sobre su contenido, con la consciencia de que, en ellos, podría haber auténticas obligaciones de Estado que, por su propia naturaleza, tendrían que someterse al procedimiento constitucional para su aprobación.

En consecuencia, es necesario incorporar los Acuerdos Interinstitucionales al tratamiento de aprobación de los Tratados, sin entorpecer su celebración y sin desdibujar sus objetivos.

La propuesta en la presente iniciativa, es que de conformidad al artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforme la LTC, para establecer expresamente la obligación de que los Acuerdos Interinstitucionales, se deban remitir al Senado de la República para su debida aprobación, en plazos breves y determinados, y generando la afirmativa ficta, es decir, ante la omisión del Senado en emitir una aprobación expresa del Acuerdo, dentro del plazo establecido en la LTC, se entenderá que resuelve en sentido afirmativo.

De acuerdo a la LTC, las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal informarán a la SRE acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La SRE formulará el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, deberá remitirlo al Senado de la República.

El dictamen de la SRE servirá como base para el Senado, a efecto de determinar la procedencia del Acuerdo en un lapso breve, revisando, principalmente, que este no vulnere las competencias de las entidades proponentes, asumas compromisos de Estado, afecte la imagen del país o ponga en riesgo, de alguna forma, la estabilidad nacional.

Si el Senado de la República dictamina improcedente su suscripción, se notificaría a la SRE, para que esta a su vez, lo informe a la instancia proponente. Si el Senado de la República dictamina positivamente su suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
A efecto de reducir el universo de Acuerdos, y por su propia naturaleza, se excluirán los Acuerdos de competencia local, es decir, estatales y municipales, para que el Senado, en congruencia a su propia naturaleza, sólo conozca los Acuerdos del ámbito federal.

Para mayor claridad, se señala en el cuadro siguiente la propuesta de reforma:

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 1o.- …

Sin correlativo

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal deberán ser suscritos por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores, en términos de la Constitución, esta Ley y de la legislación del Congreso de la Unión que corresponda.

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Artículo 4o.- Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.

Sin correlativo.

En el caso de los acuerdos interinstitucionales del orden federal, si el Senado no emitiera dictamen en un plazo no mayor a treinta días naturales, transcurrido dicho plazo se considerará que se resolvió positivamente y las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal podrán celebrarlos con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, remitirlo al Senado de la República.

Sin correlativo.

Si el Senado de la República dictamina improcedente su suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que esta a su vez, lo informe a la instancia proponente.

Sin correlativo.

Si el Senado de la República dictamina positivamente su suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de este Pleno el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 4, y el primer párrafo del artículo 7; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 1o, un párrafo al artículo 3, y dos párrafos al artículo 7, de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- …

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal deberán ser suscritos por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores, en términos de la Constitución, esta Ley y de la legislación del Congreso de la Unión que corresponda.

Artículo 4o.- Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de los acuerdos interinstitucionales del orden federal, si el Senado no emitiera dictamen en un plazo no mayor a treinta días naturales, transcurrido dicho plazo se considerará que se resolvió positivamente y las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal podrán celebrarlos con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, remitirlo al Senado de la República.

Si el Senado de la República dictamina improcedente su suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que esta a su vez, lo informe a la instancia proponente.

Si el Senado de la República dictamina positivamente su suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

1 http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf Consultado el 12 de febrero de 2019.

2 Reuter Paul, “Introducción al derecho de los tratados”, trad. de Eduardo L. Suárez—2ª ed. - Fondo de Cultura Económica (FCE), México 2001.

3 Orozco Torres Luis Ernesto, “Carácter y alcance de los acuerdos interinstitucionales en el sistema jurídico mexicano” Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad Nacional Autónoma de México (IIJ – UNAM), México 2016.

4 IBIDEM.

5 Ortiz Ahlf Loretta, Derecho Internacional Público, Cuarta edición, Ed- Oxford, University Press, México 2015.

6 IDEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI y de Senadores de diversos grupos parlamentarios)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por los Senadores Dante Delgado, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Los suscritos, Senadores del GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN MATERIA DE FONDOS SECTORIALES PARA LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. A nivel mundial la generación de energía eléctrica es una de las actividades que más producen dióxido de carbono (CO2), y cuya tendencia ha venido al alza debido al incremento en la demanda. Para 2020, se estima que las emisiones de CO2 a nivel mundial derivadas de la generación de electricidad llegaran a las 14,403.8 millones de toneladas, mientras que para 2040 está cifra se incrementara, alcanzando las 19,992.0 (Mt) de CO2, siendo el carbón la fuente primaria que más generara este tipo de contaminante.1 

La contaminación proveniente del sector energético es la principal causa de emisiones contaminantes hacia la atmosfera, ya que el sector eléctrico y de hidrocarburos son los que más repercuten en nuestro medio ambiente y potencian los efectos negativos del cambio climático. De acuerdo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), en 2016 el total de emisiones generadas para la producción de calor y electricidad fue de 132´583,975.68 toneladas.2

Ante este escenario, y derivado de la creciente demanda energética que se tendrá en nuestro país, México ha adquirido un gran compromiso a través del Acuerdo de París, mediante el cual se pretende mitigar los efectos generados por el cambio climático, pues se ha fijado la meta de reducir en un 25 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.3 La diversificación de las fuentes energéticas para la generación de energía eléctrica resulta trascendental para poder alcanzar dicha meta, siendo las tecnologías verdes las más viables para acelerar este proceso y cumplir con los objetivos del acuerdo.

II. Datos emitidos por la Secretaría de Energía (SENER), muestran un incremento esperado en la demanda de energía eléctrica de 56.1 por ciento, por lo que la participación de las energías limpias deberá jugar un papel central en la diversificación de las fuentes energéticas de nuestro país,4 y lo que además forma parte de los objetivos establecidos dentro de la Ley de Transición Energética.

La intervención de capital humano especializado, así como el desarrollo de nuevas tecnologías son fundamentales para llevar a cabo el proceso de trasformación del sector energético. En este sentido se estima que serán requeridos durante los próximos años alrededor de 135 mil especialistas en energías renovables5 para afrontar los retos de la transición energética, por lo que la inversión, capacitación y desarrollo de profesionales en la materia constituye una tarea adicional para la industria de nuestro país. De igual manera, no puede dejar de mencionarse que la correcta ejecución de proyectos energéticos renovables contribuye al desarrollo a través de la generación de empleos y nuevas oportunidades de inversión.6

III. El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, son los dos fideicomisos con los que cuenta México para atender las problemáticas en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética del país, a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos humanos especializados.

No obstante, los recursos asignados para estos dos fondos son inequitativos, pues el capital se distribuye en un 65 por ciento al sector de hidrocarburos y en un 20 por ciento para el desarrollo de tecnología y capital especializado en energías sustentables. Por su parte, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo recibe el 15 por ciento.

Esta distribución no resulta acorde a los retos y compromisos de México en materia de cambio climático, aunado a que la participación de las energías renovables tenderá a ser de mayor importancia a nivel nacional y mundial, no sólo por sus beneficios en la disminución de gases de efecto invernadero, sino también para hacer frente a las consecuencias negativas del cambio climático.

Es cierto que se estima que para el año 2029 el uso de combustibles fósiles seguirá siendo la fuente primaria para la generación de energía eléctrica, debido a que el gas natural será la principal fuente energética, por lo que se espera que tengan una participación de 55.0 por ciento;7 sin embargo, esta dependencia puede ser minimizada si se enfocan los recursos suficientes para la creación de nuevas fuentes que no generen contaminantes, o bien, que reduzcan de manera sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero.

El aprovechamiento de energías renovables y el desarrollo de tecnología y capital humano especializado en las mismas, deben ser los pilares de una nueva política de seguridad energética, por lo que la canalización de recursos suficientes para su sostenimiento es de vital importancia para el país.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la inversión en el desarrollo de tecnología y capital humano es fundamental para cualquier industria y es el primer paso para transformar de manera positiva nuestra política nacional de mitigación del cambio climático.

Por ello, mediante la presente iniciativa, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de reorganizar la distribución de recursos para el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia fondos sectoriales para la sustentabilidad energética.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico de institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 y se destinarán a lo siguiente:

I. El 45% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será:

a) y b) […]

II. […]

III. El 40% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se destinarán al financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía.

[…]

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Dante Delgado.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Noé Castañón Ramírez.

1 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf

2 “Resumen por sector de emisiones y transferencias de sustancias”, Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), (2016)
http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2014&param=01

3 “México debe eliminar subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático”, Animal Político, (17-11-2016):
http://www.animalpolitico.com/2016/11/combustibles-mexico-cambio-climatico/

4 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf

5 “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética”, Secretaría de Energía (SENER), (2017)
http://www.gob.mx/sener/articulos/programa-estrategico-de-formacion-de-recursos-humanos-en-materia-energetica-51838

6 “Importancia de la Inversión en Energías Renovables”, Mundo Solar, (2017)
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/importancia-de-la-inversion-en-energias-renovables/

7 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:

A lo largo de los años, México continua con una tendencia desfavorable respecto a los índices y percepción de corrupción, tal y como lo refleja en el último estudio realizado. Acorde a Transparencia internacional, nuestro país se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados. A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, seguimos en picada en este índice.

Lo anterior no es para menos, desvíos de recursos, construcción de obra pública con sobre costos y adjudicaciones directas son solo algunos ejemplos de prácticas de gobierno recurrentes y acentuadas en el último sexenio. Basta con mencionar algunos ejemplos de personajes marcados por la corrupción, tal es el caso de la caída de al menos 14 exgobernadores entre los que destacan:

• Javier Duarte de Ochoa-Veracruz

• Roberto Borge Angulo-Quinta Roo

• Andrés Rafael Granier Melo-Tabasco

• Guillermo Padres Elías-Sonora

Todos acusados de desvíos millonarios del erario, dejando marcado este periodo como uno de los más corruptos de la nación e incrementando la desconfianza y repudio de la ciudadanía hacia sus gobernantes.

Se tiene que dejar claro que este tipo de actos suelen disfrazarse muy bien en los resquicios que deja la Ley, por tal motivo, uno de los objetivos de la presente iniciativa es justamente eliminar cualquier tipo de interpretación en la que los servidores públicos se puedan aprovechar para hacer negocios y obtener cuantiosas ganancias, caso de la Ley que nos atañe en esta iniciativa y que se pretende modificar en puntos torales para su mejor aplicación.

ARGUMENTOS

De acuerdo con los compromisos y objetivos que las dependencias gubernamentales tienen en la promoción de programas institucionales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, tiene un papel fundamental en la operación de la vida pública en México.

Entre sus objetivos principales se encuentra reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que a la letra dice:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Es menester señalar que la aplicación correcta de esta Ley trae consigo bastantes beneficios, entre ellos cerrar la brecha u oportunidad de hacer negocios ilícitos, derivado de la interpretación de la norma a conveniencia, por lo tanto, este ordenamiento jurídico tiene que ser sinónimo de cero corrupción, velando en todo momento por el interés de la nación, con principios rectores fundamentales: Toda adquisición, arrendamiento y servicio del sector público con la mejor calidad al mejor costo.

Desde que entró en vigor la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se han realizado reformas que combatan resquicios legales que permitan actos de corrupción y desvíos de recursos públicos. Sin embargo, la malicia y habilidad de funcionarios que operan en las diversas Secretarias de Estado y entidades de la administración pública federal sigue prevaleciendo, burlando la Ley y haciendo jugosos negocios para el beneficio de sus propios intereses.

Un claro ejemplo de ello, es que en 2018 la investigación titulada La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público, acreedora del Premio Ortega y Gasset 20181, realizada por “Animal Político” y “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación derivada de la revisión de las cuentas públicas entre 2013 y 2014 demostró un sistemático e ilegal esquema de operaciones por el que el Gobierno Federal desvió a través de 11 dependencias $7,670,077,500 pesos mexicanos.

De esta forma, el procedimiento que reiteradamente se observó constaba en que las dependencias firmaron convenios con órganos públicos como universidades y estaciones de Radio y Televisión estatales para realizar determinados servicios. Las universidades y estaciones de Radio y Televisión públicas por su parte subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del total del convenio. Las dependencias implicadas en este caso de estafa fueron: 

Dependencia Gubernamental

Número de convenios

Petróleos Mexicanos

36

Secretaria de Desarrollo Social

10

Fondo de la Vivienda del ISSSTE

6

Secretaría de Comunicaciones y Transporte

4

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

3

Secretaría de Educación Pública

3

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

2

Registro Agrario Nacional

2

Secretaría de Economía

1

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

1

Fuente: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

A partir, de que se conocen los medios por los que opera el fraude, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado más de 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades cometidas en la contratación irregular de servicios. Adicionalmente, según el auditor de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, las denuncias involucran un monto de 3 mil 100 millones hasta ese momento2.

Por ello, es preciso que, en aras del fortalecimiento de la ley de adquisiciones, se deroguen espacios susceptibles a la corrupción que han demostrado ser los principales focos de ineficacia y malas prácticas con recursos públicos. La iniciativa propuesta urge combatir actos que vayan en contra de la transparencia y rendición de cuentas para la consolidación de un actuar democrático pleno.

El modus operandi para la desviación de dichos recursos tomaba ventaja, precisamente del párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que establece:

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización3

Asimismo, se estipula en el Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que:

“Para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas4”.

Adicionalmente, se establece en el reglamento que; para que se dé la asignación del contrato, bajo el supuesto del párrafo segundo de este artículo, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al señalado.

Dicha documentación deberá ser entregada antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del área contratante. Por lo tanto, esta figura legal en resumidas cuentas deja entrever que la dependencia, entidad o persona de derecho público que tenga la capacidad, entendida en los términos previamente expuestos en el reglamento, para cumplir con 51% del contrato celebrado con el ente público quedará exento de la presente Ley de Adquisiciones.

Puesto que las universidades subcontrataron a terceros por la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados, esta disposición legal se infringió. Lo que la iniciativa pretende promover es que se derogue el párrafo quinto del artículo primero con la finalidad de eliminar cualquier tipo de opacidad y eludir los procesos de licitación que deben seguirse conforme a la ley.

De esta manera, la presente iniciativa busca poner un alto a este tipo de fraude que ha representado la pérdida de miles de millones de pesos al erario.

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

Dice

Debe decir

Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

Articulo 1… .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… .

 

 

 

 

 

 

… .

 

 

… .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se deroga)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El ejecutivo federal realizara las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en un plazo de 120 días. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo único.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico para quedar como sigue:

Artículo 1o....

...

...

...

(Se deroga)

...

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El ejecutivo federal realizara las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en un plazo de 120 días.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.

1 Animal Político, “La Estafa Maestra”, Consulta en línea:
https://www.animalpolitico.com/2018/05/la-estafa-maestra-investigacion-de-animal-politico-gana-premio-ortega-y-
gasset-de-periodismo-2018

2 https://www.animalpolitico.com/2018/10/pgr-nuevo-fraude-estafa-maestra

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

Los suscritos, SENADORES DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164, numeral 3, 169, 171 y  172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO DE LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis de violencia e inseguridad que padece nuestro país tiene como una de sus razones la proliferación de conductas ilícitas por parte de la delincuencia organizada y la corrupción.  A su vez el principal motor de estas actividades es la ambición de contar con fuentes ilícitas de recursos económicos.

Nuestro país sobresale dentro de la comunidad internacional como lugar de origen y destino de flujos ilícitos tanto del orden financiero como económicos en general. En ese sentido, las autoridades encargadas de recabar datos estadísticos han sido omisas en consolidar los agregados estadísticos referidos tanto a los delitos precedentes del género de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como de la cifra económica a la que los bienes sujetos a los procesos de lavado y triangulación han sido sometidos. Dicha omisión se tiende a colmar con las estimaciones realizadas por empresas consultoras nacionales e internacionales que estiman que en México se llegan a lavar cada año entre cuarenta y sesenta mil millones de dólares. A efecto de hacer frente a dichos fenómenos y la cauda de efectos perniciosos para la economía, el sistema financiero y el estado de derecho es fundamental que el Estado actúe de manera categórica y eficaz en el cumplimiento de la ley y el abatimiento de la impunidad.

Uno de los tramos de actuación en materia de seguridad y justicia es precisamente el relacionado con la recuperación de activos de manos del crimen y la corrupción. La recuperación de activos se lleva a cabo fundamentalmente a través de tres procesos reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano y que son el decomiso, el abandono y la extinción de dominio. En los seis años de la presidencia de Enrique Peña Nieto únicamente se recuperaron activos por una cantidad cercana a los cuarenta millones de pesos, correspondiendo una cifra aproximada a los veinte millones de dólares a la figura del abandono y otro tanto a la extinción de dominio, no localizándose datos con relación a decomisos derivados de procedimientos penales federales. Como se puede observar, dichas cantidades son muy poco significativas al compararse con las correspondientes a  aquellas derivadas de flujos ilícitos y que en seis años pudieron haber sumado al menos 250 mil millones de dólares.

Como resultado de lo anterior, el denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo de expertos internacionales encargado de generar recomendaciones y de realizar evaluaciones a los miembros de la comunidad internacional en materia de prevención y combate al fenómeno de lavado de dinero, señaló en el informe de resultados de su valoración del desempeño de México en la materia, señaló que si bien nuestro país cuenta con un robusto marco jurídico e institucional, los resultados de las políticas antilavado y de recuperación de activos eran deficientes.

Toda vez que han sido objeto de la mayor preocupación en el seno de los órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, como la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito los fenómenos relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la corrupción y sus efectos erosivos de la gobernabilidad y el desarrollo de las naciones, es que se han generado diversos instrumentos y tratados internacionales que contienen obligaciones para los estados en materia de prevención y persecución de dichos actos ilícitos. En ese orden de ideas es que se han suscrito en el seno y auspiciados por la ONU los siguientes tratados internacionales: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus tres protocolos complementarios en materia de Trata de Personas, Tráfico de Migrantes y de Tráfico ilícito de Armas, así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dentro de ese contexto convencional, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) elaboró la denominada Ley Modelo de Extinción de Dominio, que tiene como objetivo el servir como una directriz legislativa y de estandarización a efecto de que los miembros de la comunidad internacional den cuenta con el desarrollo de procedimientos que, en un estricto régimen de respeto a los derechos humanos, sean idóneos y proporcionales en materia de Extinción de Dominio.

Al respecto es menester señalar que en el centro de la reflexión del respeto a los derechos fundamentales se encuentra la consideración del derecho a la propiedad. Este, como la totalidad de derechos humanos, es parte de un sistema complejo en el que ninguna de las prerrogativas del ciudadano tiene carácter absoluto. Lo anterior se confirma por el propio texto constitucional que somete a la institución de la propiedad privada a las modalidades que dicte el interés público.

La presente iniciativa ha sido desarrollada incorporando los referentes internacionales en la materia, adaptando los contenidos de la Ley Modelo señalada a la tradición jurídica sustantiva y adjetiva de nuestro país.

En tal sentido encontramos necesario que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que debe expedirse en cumplimiento del mandato constitucional derivado de enmienda propuesta originariamente por grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional para el combate eficaz a la corrupción y a la criminalidad organizada, tenga los atributos consagrados por la práctica y la contextura doctrinal internacional. A saber dichas características son:

- Procedimiento real verdaderamente autónomo del correspondiente a la vía penal.

- Acción de Extinción de Dominio imprescriptible, a efecto de inhibir la posibilidad de legitimación de acervos patrimoniales derivados de ilicitud por el simple paso del tiempo, lo cual sería un imperdonable y cándido proceso de lavado de dinero inherente al marco constitucional.

- Posibilidad de aplicación retrospectiva o retroactiva de la acción de Extinción de Dominio, a efecto de que esta se pueda aplicar incluso a conductas y hechos acaecidos de manera previa a la emisión de la legislación ulterior.

- Carga dinámica de la prueba. Lo anterior implica que, a diferencia del proceso penal que tiende a la individualización de una punición de carácter personal, en la persecución patrimonial es factible, idóneo, necesario y proporcional, el establecimiento del principio probatorio en virtud del cual, quien afirma, está obligado a probar. Si la Litis de la Extinción de Dominio consistirá en el origen lícito de acervos patrimoniales, es asequible jurídicamente la exigencia de que quien sostiene esa licitud la acredite en el ejercicio de garantía de audiencia.

En tal virtud y en acatamiento a la reforma constitucional que dispone la creación de una Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República propone el siguiente proyecto de LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

El contenido de este proyecto supone la regulación de aspectos de orden sustantivo y adjetivo de disposiciones de categoría constitucional.

Se disponen las hipótesis sustantivas de procedencia de la acción, quiénes son las partes del proceso así como las atribuciones a cargo del Ministerio Público, tanto del orden federal como de las entidades federativas y la policía en la preparación y presentación de la acción de Extinción de Dominio.

Destaca en los estándares internacionales que se reflejan en esta iniciativa el hecho de que las hipótesis procesales para el ejercicio de la acción NO están condicionados a que se adelanten etapas procesales de imputación penal, puesto que ello sería contrario a la naturaleza de la figura que se crea precisamente para remontar las gravosas cargas probatorias del todo indebidas e inconsecuentes para la reivindicación patrimonial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente proyecto de Decreto:

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en los siguientes términos:

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la administración de bienes sujetos a extinción, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Afectado.- Persona física o moral que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a esta ley.

II. Bienes.- Todos los activos de cualquier tipo, ya sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

III. Buena fe.- Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio.

IV. Actividad ilícita.- Conducta correspondiente a las enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentre relacionado con investigación o se cuenten con datos de prueba, sin que sea necesario la existencia de auto de vinculación a proceso o sentencia condenatoria.

V. Instrumentos.- Bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para actividades ilícitas.

VI. Juez.- Órgano jurisdiccional competente.

VII. Ministerio Público.- Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas.

VII. Productos.- Bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas.

Artículo 3. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna.

La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso.

Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su caso a los Códigos de Procedimientos Civiles de las Entidades federativas;

III. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y en las leyes locales en la materia;

IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil Federal y en su caso a los Códigos Civiles de las Entidades federativas;

Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en su caso a la legislación de la materia de las entidades federativas.

La documentación e información obtenida de la investigación de una causa penal, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Fiscal General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. Asimismo, los titulares de las Fiscalías Generales de los estados de la Federación entregarán un informe anual al Poder Legislativo Local, sobre el ejercicio de las facultades en materia de extinción de dominio.

Artículo 5. La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley.

Artículo 6. El ejercicio de la acción de extinción de dominio es imprescriptible.

Artículo 7. Los bienes que se encuentren sujetos al procedimiento de extinción no se legitiman por causa de muerte y en consecuencia, la extinción de dominio procederá sobre éstos. De igual forma, la muerte del o los afectados no cancela la acción de extinción de dominio.

Artículo 8. Se presume la buena fe en la adquisición y destino de los bienes; en consecuencia, ningún acto jurídico realizado sobre los bienes sujetos al procedimiento de extinción los legitima, salvo los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 9. Los bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal o comunal podrán ser objeto de extinción de dominio.

Artículo 10. Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio se podrá solicitar, previa autorización judicial, acceso a las bases de datos en búsqueda de la información necesaria para la procedencia de la acción, cruces de información en las bases de datos de entidades financieras, y en general en todas aquellas involucradas con la operación, registro y control de derechos patrimoniales. Esta autorización podrá concederse por un año, prorrogable por un término igual.

Para el ejercicio de estas funciones las entidades mencionadas facilitarán la consulta y cruce de bases de datos de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto se emitan.

No será oponible la secrecía bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos dentro del proceso de extinción de dominio.

CAPÍTULO SEGUNDO

Aspectos procesales

Artículo 11. En la aplicación de la presente ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que resulten inherentes a su naturaleza.

Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán ejercitadas previa orden judicial.

En caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, la autoridad competente podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible.

ARTÍCULO 12. Por cada bien perseguible en extinción de dominio se desarrollará un proceso, salvo las excepciones constitucionales y legales.

ARTÍCULO 13. El Ministerio Público podrá acumular en una misma investigación distintos bienes, cuando se constate alguno de los siguientes factores de conexidad:

I. Cuando los bienes aparentemente pertenezcan o estén vinculados bajo esquemas de dueño controlador o beneficiario controlador a una misma persona, al mismo núcleo familiar, al mismo grupo empresarial o societario o al mismo núcleo ejidal, comunal o agrario;

II. Cuando existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros, prestanombres, subordinados, empresas fachada o esquemas similares;

III. Cuando se trate de bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados; o

IV. Cuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica desarrollar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.

ARTÍCULO 14. Procederá la separación de procesos de extinción de dominio:

I. Cuando el Fiscal General o en quien delegue la facultad considere que hay razón suficiente para decretar el archivo o presentar demanda de extinción de dominio ante el juez, respecto de uno o algunos de los bienes que son objeto del proceso;

II. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno o algunos de los bienes;

III. Cuando se recaiga acuerdo entre el Ministerio Público y el afectado respecto de uno o algunos de los bienes; o

IV. Cuando uno o algunos de los bienes objeto del trámite o alguno de los afectados se encuentren en el exterior, siempre y cuando el Fiscal General o en quien delegue la facultad lo considere necesario y conveniente para garantizar la celeridad y el éxito del proceso.

La separación de procesos no generará cambio de competencia, y el Juez que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones.

Artículo 15. Durante el procedimiento se reconocen al afectado los siguientes derechos:

I. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la notificación de la pretensión de extinción de dominio o desde la materialización de las medidas cautelares.

II. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles.

II. Presentar y solicitar pruebas, e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos.

III. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes.

IV. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio.

Artículo 16. La decisión que admite la pretensión y todas las resoluciones que se adopten sobre la misma se notificaran a los afectados en forma personal, o a través de apoderado o defensor. Cuando no resulte posible efectuar esta notificación, ésta se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República o en su caso, en la entidad federativa, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación para deducir sus derechos.

Todas las demás notificaciones, aún las de carácter personal se efectuarán por medio de boletín judicial.

Artículo 17. Serán emplazados a juicio los afectados que hayan sido notificados personalmente de la demanda o por conducto de su apoderado o defensor o por instructivo, así como aquellos que habiendo sido notificados por edictos no se presenten a deducir sus derechos.

En caso de desconocimiento del titular de los bienes sujetos a extinción, se emplazará al afectado mediante la publicación por tres veces en el boletín judicial dónde radique el juicio, a efecto de que en un plazo de treinta días acuda a deducir sus derechos.

Artículo 18. En caso de incomparecencia del afectado debidamente notificado, el Ministerio Público podrá desistirse de la acción a efecto de promover el procedimiento de abandono previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 19. Los términos para recurrir y de traslado serán comunes y se contarán a partir de la última notificación.

Artículo 20. El Juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear, a discreción y sin prelación, cualquiera de los medios de apremio que le otorga la ley.

Artículo 21. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:

I.- El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o bien el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona;

II.- Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si no los tuvieren a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si lo estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por el interesado se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.

Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación, como tampoco si en esos escritos se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; el mismo tratamiento se dará a los informes que se pretendan rendir como prueba;

III.- Además de lo señalado en la fracción II, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no les serán admitidos, salvo de que se trate de pruebas supervenientes, y

IV.- Las copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos precedentes, para correr traslado a la contraria. El Juez prevendrá al ministerio público en caso de que advierta la falta de éstas para que subsane su omisión; en caso de la contestación a la demanda se prevendrá al demandado para que subsane su omisión. La omisión de las copias no será motivo para dejar de admitir los escritos y documentos que se presenten en tiempo oportuno. En este caso, el juez señalará sin ulterior recurso, un término que no excederá de tres días para exhibir las copias y si no se presentasen en dicho plazo, las hará el secretario a costa de la parte que las omitió. Se exceptúa de esta disposición el escrito de demanda principal.

V. La designación del domicilio ubicado dentro de la demarcación territorial dónde tenga lugar el juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias.

Artículo 22. Las partes podrán solicitar por sí o por conducto de persona autorizada copia simple o certificada de las constancias de autos que obren en el procedimiento a costa de la parte solicitante y previo el pago correspondiente.

Se autorizará a las partes o a sus autorizados copiar o reproducir por cualquier medio tecnológico el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, sin que se requiera decreto judicial en el procedimiento que así lo autorice.

Artículo 23. Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o Licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir su cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.

Artículo 24. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones dilatorias ni de incidentes, cualquiera que sea su naturaleza.

CAPÍTULO TERCERO

De la acción de Extinción de Dominio

Artículo 25. La acción de extinción procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio le corresponde al Ministerio Público.

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio antes del emplazamiento, previo acuerdo del Fiscal General. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. En ambos casos deberá existir causa justificada suficiente que deberá reportarse en el informe a que refiere el artículo 4.

Artículo 26. La extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones sobre los delitos a que refiere el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

I. Bienes que sean producto de actividades ilícitas.

II. Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas.

III. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas.

IV. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

V. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.

VI. Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.

VII. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

VIII. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.

IX. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material.

X. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien.

Artículo 27. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público o la policía bajo la dirección jurídica de aquel podrá generar la información y pruebas que se requieran en cada caso en que se tenga noticia de la existencia de bienes que se puedan encontrar en alguno de los supuestos del artículo 22. Así mismo se podrá emplear la información que se genere en el curso de las investigaciones administrativas o penales en relación con las actividades ilícitas correspondientes, en cualquier etapa en que se encuentren aquellas.

Para la realización de las investigaciones tendientes a la preparación o presentación de la demanda de extinción de dominio, el Ministerio Público o la policía realizarán las indagatorias que consideren de manera fundada y motivada.

Si las indagatorias tendientes a la preparación o presentación de la demanda de extinción de dominio implican la realización de actos de molestia, estos se llevarán a cabo de acuerdo con las formalidades correspondientes, considerando en todo caso las exigencias que para actos de investigación se requieran en la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, Código Nacional de Procedimientos Penales o Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, según sea el caso. 

Cuando se disponga que algún acto de investigación requiere control judicial este se realizará por parte de los jueces de control habilitados para el efecto. En dichos supuestos las autoridades investigadoras deberán señalar que el objetivo del acto de molestia esta relacionado con la preparación o el ejercicio de la acción de extinción de dominio.

La vulneración de derechos fundamentales en la investigación tendrá como consecuencia la nulidad de la actuación correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA COMPETENCIA

Artículo 28. El Poder Judicial de la Federación, contarán con jueces especializados en materia de extinción de dominio.

Los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas contarán con jueces especializados en materia de extinción de dominio.

Artículo 29. Son partes en el procedimiento de extinción de dominio:

I. El actor, que será el Ministerio Público;

II. El demandado, que será quien se ostente como dueño, titular del bien o bienes sujetos a extinción o a quien se repute dueño beneficiario o beneficiario controlador del bien o bienes objeto de la acción;

III. Tercero, quien o quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. Si los afectados fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común; y

El demandado y el tercero actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos.

Existirá litisconsorcio necesario en el procedimiento de extinción de dominio, siempre que dos o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma representación.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las medidas cautelares

Artículo 30. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines de la extinción.

El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida.

Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento.

Son medidas cautelares:

I. El aseguramiento de bienes;

II. El embargo precautorio;

III. El aseguramiento por valor equivalente;

IV. Aseguramiento de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos comerciales o empresas.

V. La inhabilitación de disposición material, que se inscribirá desde luego en el registro correspondiente sin importar en quien recaiga la titularidad del bien.

Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien ostente la titularidad del bien.

No se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o disponer medidas cautelares.

Artículo 31. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar.

Artículo 32. Cuando se tenga conocimiento de que los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en procedimiento judiciales o administrativos distintos del procedimiento de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente.

En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá modificar las condiciones de su custodia, dando prioridad a su conservación.

Artículo 33. El Ministerio Público o, en su caso, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con procedimientos en materia de la extinción de dominio.

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, depositar, adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o activos, u otra equivalente, cuando éstos estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio.

La inmovilización provisional e inmediata ordenada por el Ministerio Público tendrá una vigencia de noventa días contados a partir de que se notificó la medida a la entidad financiera, dentro de este plazo, el Ministerio Público solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos.

En estos casos quedarán salvaguardados los derechos de las entidades financieras respecto de créditos otorgados, garantías u obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la ley.

Artículo 34. Recibida la solicitud de la medida cautelar de aseguramiento, si lo encuentra ajustado a derecho, el Juez la concederá y procederá a hacer del conocimiento de inmediato su determinación a la entidad financiera.

Artículo 35. Cuando el Ministerio Público de la Federación o el Juez asegure un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea transferida.

Previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se retirará el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades, siempre y cuando la empresa cuente con los recursos para la compra del producto; suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya sido transferida al servicio de Administración y Enajenación de Bienes para su administración.

Artículo 36. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas en los asuntos de su competencia.

Artículo 37. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en términos de dicha ley.

Para tales efectos, se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente.

Artículo 38. Excepcionalmente, el Ministerio Público podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 26 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis meses, término dentro del cual el Ministerio Público deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio.

CAPÍTULO TERCERO

De la Sustanciación del Procedimiento

Artículo 39. El procedimiento consta de dos etapas: una fase inicial o preprocesal que estará a cargo del Ministerio Público, y una fase de juicio o procesal a cargo del juez que se iniciará a partir de la presentación de la demanda de extinción de dominio.

Artículo 40. La fase inicial o preprocesal iniciará de oficio cuando el Ministerio Público o la policía tenga conocimiento de un hecho ilícito materia de extinción de dominio, conforme a lo que disponga el artículo 22 Constitucional y esta ley, y sobre el cuál dirigirá la investigación con el fin de:

I. Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio.

II. Acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinción de dominio.

III. Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio y averiguar su domicilio para efectos de notificación.

IV. Acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y el presupuesto de extinción de dominio.

V. Desvirtuar la presunción de buena fe.

La actuación será reservada hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares.

Artículo 41. En el desarrollo de esta fase, el Ministerio Público o la policía bajo la dirección jurídica de este podrá utilizar cualquier medio probatorio y todas las técnicas de investigación que estime necesarias, tales como la entrega vigilada o controlada, las operaciones encubiertas, la intervención y grabación de toda clase de comunicaciones privadas y la vigilancia electrónica o de otra índole, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos fundamentales. En los casos que dichas técnicas de investigación requieran autorización judicial, la solicitará conforme a la ley de la materia.

Cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurran motivos fundados, se podrán adoptar o solicitar medidas cautelares sobre los bienes objeto de investigación, conforme a lo señalado en esta ley o la legislación aplicable.

Materializada la medida, la autoridad competente deberá resolver dentro de los cuatro meses siguientes si archiva los antecedentes o procede a formular pretensión. Por motivos fundados se podrá prorrogar este plazo.

Artículo 42. La fase inicial o preprocesal terminará ordenando el archivo temporal de lo actuado con las justificaciones de ley o mediante la presentación de la demanda de extinción de dominio ante el juez competente.

La decisión de archivo temporal podrá ser apelable.

Cuando sobrevengan elementos de juicio que permitan desestimar razonablemente los argumentos que motivaron la decisión de archivo temporal, la autoridad competente podrá reabrir la investigación.

Artículo 43. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda por escrito, la cual deberá contener, además de los señalados en el artículo 17 de esta Ley, los siguientes requisitos:

I. El juez que se considere competente;

II. El nombre y domicilio del o de los afectados, o quienes se consideran los titulares de los derechos de propiedad sujetos a la acción de extinción de dominio;

III. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su ubicación y demás datos para su identificación y localización;

IV. Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan los presupuestos de la extinción de dominio.

V. Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión y que tengan relación con los hechos, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de prueba;

VI. La solicitud de las diligencias que estime necesarias.

VII. La información sobre las medidas cautelares adoptadas. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación; el acta en la que conste la cadena de custodia, el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal;

VIII. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes;

IX. La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase inicial que requieran mantenerse en secreto o reserva.

X. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones; y

XI. Los fundamentos de derecho y la acción ejercitada, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables.</