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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 29

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Abril de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (12:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 107 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del jueves 25 de abril de 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día once de abril de dos mil diecinueve, encontrándose presentes noventa y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el once de abril de dos mil diecinueve.

La Asamblea guardó un minuto de silencio por los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Nadia Navarro Acevedo, informe de su participación en la 63a. Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 11 al 22 de marzo de 2019.- La Asamblea quedóde enterada y se publicó en la Gaceta.

Para referirse a los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, intervinieron los Senadores: Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; Kenia López Rabadán del PAN; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; José Narro Céspedes de MORENA; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Gloria Sánchez Hernández de MORENA; Nestora Salgado García de MORENA; Verónica Delgadillo García de MC; Rubén Rocha Moya de MORENA; Citlalli Hernández Mora de MORENA; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA; Ricardo Ahued Bardahuil de MORENA; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Daniel Gutiérrez Castorena de MORENA; José Luis Pech Várguez de MORENA.

El presidente de la Mesa Directiva, en relación con la urgencia de atender el tema de la seguridad pública, exhorto a todos las Senadoras y Senadores a aprobar antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el conjunto del paquete de leyes secundarias de la Guardia Nacional.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Mauricio Kuri González, comunicación con la que solicita que el Senador Napoleón Gómez Urrutia acredite su renuncia a la ciudadanía canadiense y a que se le requiera, que se abstenga de participar en los trabajos de las Comisiones y del Pleno, en cualquier tema relacionado con la discusión y aprobación de las reformas a la legislación secundaria en materia laboral y de la aprobación del T-MEC por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés.- La Asamblea quedó enterada.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento del C. Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argentina.- Se informó a la Asamblea que el 15 de abril de 2019, se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite adendum complementario a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que contiene diversas consideraciones derivadas de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa; así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con la incorporación de lo señalado en el adendum.- Se informó a la Asamblea que el 16 de abril de 2019, se dio turno directo a la Comisión de Seguridad Pública.

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, oficio por el que exhorta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República; a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, para que resuelvan y accionen los mecanismos adecuados para garantizar los derechos humanos y la seguridad laboral y social de los empleados de la Maquiladora North American Mailing Services, en Ciudad Juárez.-Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite voto aprobatorio del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 4 de abril de 2019).- La Asamblea quedó enterada y se integró al expediente.

Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, oficio  con el que remite voto NO aprobatorio del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 4 de abril de 2019).- La Asamblea quedó enterada y se integrará al expediente.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron once oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las Senadoras y los Senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social; en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.- Se informó a la Asamblea que el 15 de abril de 2019 se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal.- Se turnóa las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnóa las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo III denominado: "Desplazamiento Forzado Interno" al Título Decimoctavo, que comprende el artículo 287 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva que modifica el resolutivo segundo del Acuerdo en relación con el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con Proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.- Fue aprobado en votación económica.Se citó a comparecer al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el próximo jueves 25 de abril a las 12:00horas.

(Toma de Protesta)

Toma de Protesta del ciudadano Juan Paullada Figueroa, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.- El funcionario rindió protesta de ley.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el ejercicio multinacional "TRADEWINDS 2019", del 30 de mayo al 21 de junio de 2019.-Quedó de primera lectura.

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de primera lectura.

(dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.- Para presentar el dictamen, intervino el Senador Cristóbal Arias Solís a nombre de la Comisión de Gobernación. En la discusión, intervino la Senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁDEZ BALBOA

La Presidencia de la Mesa Directiva informó de las reservas al dictamen de los Senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN, al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; Cristóbal Arias Solís de MORENA, al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, y Dante Delgado Rannauro de MC, al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. El dictamen fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados, se emitieron un total de 110  votos: 107 votos a favor; 0 en contra y 3 abstenciones. Para presentar reserva al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, intervino el Senador Damián Zepeda Vidales, la que fue admitida a discusión. En la discusión de la reserva, intervino el Senador Cristóbal Arias Solís de MORENA, para presentar modificación a la reserva. Se aprobó la propuesta de modificación al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. El Senador Dante Delgado Rannauro de MC, intervino para presentar reserva al artículo 5 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, no fue admitida a discusión. En la votación en lo particular, se emitieron un total 110 votos: 102 votos en pro; 6 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia fue aprobado el artículo5 con modificaciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. Fue aprobado en lo general y en lo particular y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para que el Senado de la República resuelva la ratificación o no de las  designaciones efectuadas por el Presidente de la República de las Personas que ocupen el cargo de Magistrados en Materia de Responsabilidades Administrativas.- Intervino el Senador Miguel Ángel Mancera del PRD, Verónica Delgadillo García de MC. Fue aprobado en votación económica y se turnaron las designaciones efectuadas por el Presidente de la República y la Sentencia del recurso de revisión a las Comisiones de Justicia, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, solicitando su atención inmediata, notificando por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos a la autoridad Judicial de Amparo.

(dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión, intervino la Senadora Gabriela Benavides Cobos del PVEM, a favor.  En votación nominal, se emitieron un total de 112 votos: 112 votos en pro; 0 en contra y 0 abstenciones.En consecuencia, quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de menores.Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia de  MORENA, intervino para referirse a la comunicación remitida por el Senador Mauricio Kuri González del PAN,  para rectificación de hechos. El Senador Mauricio Kuri González del PAN, para rectificación de hechos.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 13 y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión en lo general, participaron los Senadores: Sen. Raúl Paz Alonzo del PAN,  a  favor; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI, a favor;Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA, a favor. Se emitieron un total de 109 votos: 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un solo acto y se remitió a la Cámara de Diputados.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas TRABAJADORAS del HOGAR.- Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores Napoleón Gómez Urrutia a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Martha Lucía Micher Camarena a nombre de la Comisión Para la Igualdad de Género, y Mayuli Latifa Martínez Simón a nombre de la ComisiónEstudios Legislativos, Primera. En los posicionamientos intervinieron los Senadores: Elvia Marcela Mora Arellano del PES;  Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, Antonio García Conejo del PRD.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁDEZ BALBOA

Continuando con los posicionamientos intervinieron los Senadores: Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélumdel PT; Patricia Mercado de MCNuvia Magdalena Mayorga Delgadodel PRI; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Blanca Estela Piña Gudiño de MORENA. En la discusión en lo general, participaron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria, a favor; Nancy De la Sierra Arámburo del PT, a favor; Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA a favor; Kenia López Rabadán del PAN, a favor;  Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA, a favor. 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Se emitieron 112 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.Aprobado por unanimidad. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

 

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁDEZ BALBOA

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias en los planteles educativos por cada ciclo escolar, del año 2012 a la fecha.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Verónica Delgadillo García a nombre de la Comisión de Educación. En la discusión participo la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, a favor. Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, por el que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, a través de su conducto y en coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno del estado de Chihuahua, así como con la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, analicen y, en su caso, resuelvan las diversas problemáticas que aquejan a los docentes del estado de Chihuahua, relacionadas con concursos, promociones y evaluaciones, a fin de darles certeza laboral y puedan continuar con sus labores profesionales.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes a nombre de la Comisión de Educación. Fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo para que remita a esta Soberanía un informe sobre las causas y especificidades que generaron el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones laborales al personal adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán.- Para presentar el dictamen intervino el Senador Casimiro Méndez Ortiz a nombre de la Comisión de Educación. En la discusión participaron los Senadores: Antonio García Conejo del PRD; Lilia Margarita Valdez Martínez deMORENA; Casimiro Méndez Ortiz de MORENA; Antonio García Conejo del PRD. Para rectificación de hechos, la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes de MORENA.  Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que remita a esta Soberanía un informe sobre el impacto presupuestal que tendrá la aprobación de la reforma educativa.- Para presentar el dictamen intervino la 
Senadora Minerva Hernández Ramos a nombre de la Comisión de Educación.Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, por el que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el sistema de educación básica.- Para presentar el dictamen intervino el Senador Joel Padilla Peña a nombre de la Comisión de Educación. En la discusión intervino el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA.  Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Cultura, el que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura para que envíe a esta Soberanía un informe en relación con el "Anexo 43. Ampliaciones al Ramo 48 Cultura", contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; así como un informe que contenga objetivos, destino y resultados alcanzados en número de metas y beneficiarios en relación con los recursos públicos destinados a proyectos de cultura en el Ejercicio Fiscal 2018.- Para presentar el dictamen intervino la sendora Susana Harp Iturribarría a nombre de la Comisión de Cultura. En la discusión intervino la Senadora Minerva Hernández Ramos, a favor. Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de Acuerdo por el que solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, ante la Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía, a efecto de presentar un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el país y los resultados obtenidos.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Kenia López Rabadán a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se designa a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Fue aprobado en votación económica.

(Turno directo)

Se dio turno directo a los siguientes asuntos:

De los Senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.-Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,  con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 60 y 360 del Código Civil Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio tuno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos", comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se dio turno directo a la Cámara de Diputados.

Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la titular de la Secretaría de Bienestar para que se defina a la brevedad, al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad, así como también, proporcionar el plan de trabajo a corto y largo plazo.- Se dio tuno directo a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced González González, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del Proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin de garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se dio turno   directo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaria de la Función Pública, a que investiguen y, en su caso, castiguen los presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico del Director General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia. 

De la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el análisis de la trayectoria del profesor José Santos Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que realiza ese órgano para hacer tal consideración.- Se dio turno directo a  la Comisión de Cultura.

Del Senador Alejandro Peña Villa, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de Trabajadores de la misma institución, a encontrar por la vía del diálogo una urgente solución al problema laboral que enfrentan y permita a su comunidad universitaria retomar sus actividades.- Se dio turno directo a  la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Del Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019.- Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política.

Del Senador Gerardo Novelo Osuna, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se recomienda al titular de la Secretaría de Energía; a los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética; a la titular de la Secretaría de Gobernación; al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y en coordinación con las Unidades de Verificación establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana, supervisen vigilen e inspeccionen, los permisos, concesiones, la ejecución y desarrollo de actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural en el municipio de Tijuana, Baja California.- Se dio turno directo a la Comisión de Energía.

De Senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República convoca a una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos   Borja, con el objeto de conocer el plan de trabajo y las acciones que implementará para cumplir con sus atribuciones legales.- Se dio turno directo a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

(Agenda Política)

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó al Diario de los Debates.

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se insertó al Diario de los Debates.

(Efemérides)

De las Senadoras y los Senadores  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al "Día de la Madre Tierra".- Se insertó al Diario de los Debates.

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó al Diario de los Debates.

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Hemofilia.- Se insertó al Diario de los Debates.

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Meningitis.. Se insertó al Diario de los Debates.

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el jueves 25 abril a las 11:00 horas.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con tres minutos.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior del martes 23 de abril de 2019, se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió una comunicación del Senador Alejandro Armenta Mier, por la que se informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de abril del año en curso.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De la Senadora Xóchitl Gálvez se recibió una comunicación con la que se remite informe de su asistencia y participación en el Foro de Análisis de las iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, llevado a cabo el 23 de febrero, en la ciudad de Mexicali, Baja California.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Continúe.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Del Senador Mario Zamora Gastélum, se recibió una comunicación con la que se remite el informe de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada el 23 de febrero en el salón “Ejidal” de la ciudad de Mexicali, Baja California.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado enterada.

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Quiero saludar la presencia de los alumnos del segundo semestre de la carrera de Derecho, de la Universidad Panamericana, que el día de hoy nos acompañan.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De la Senadora Susana Harp, se recibió una comunicación con la que se remite informe de su participación en los Foros de Consulta Libre, Previa e Informada de las Personas Afromexicanas, realizado en las ciudades de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; Cuajinicuilapa, Guerrero; y Mata Clara, Veracruz, realizados los días 9, 10 y 16 de febrero.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Continúe.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

De la Senadora Kenia López Rabadán, se recibió una comunicación con la que se remite el informe de su participación en la 63ª. Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada del 11 al 22 de marzo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Continúe.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De la Senadora Antares Guadalupe Vázquez, se recibió una comunicación con la que se remite informe de su participación en la XXII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada los días 24 al 27 de febrero.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De la Senadora Nestora Salgado García, se recibió una comunicación con la que se remite informe de actividades de su participación en la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeños, realizadas los días 21 y 22 de marzo de 2019.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Continúe la Secretaría.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, Senadora Patricia Mercado, sonido en su escaño.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera solicitar que estas dos primeras minutas que se han informado, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y por la que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sean turnadas también a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, al tratarse de asuntos relacionados con nuestra comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se obsequia el turno, incluyendo a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, en ambos casos, junto con las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, tomando como comisión coordinadora a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Sí, Senador Samuel García? Sonido en su escaño.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De igual manera, revisando la minuta, tiene que ver con temas de desarrollo municipal y municipios, usos de suelo, etcétera, y también con un precedente que ya tiene aquí el Senado, sobre los sistemas del Inegi en cuanto a federalismo y desarrollo municipal, y por eso pedimos que se amplíe el turno también a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, de esta minuta.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Su solicitud la llevaremos a la Mesa Directiva para el análisis más puntual; no se descarta, pero vamos a turnar a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y en la Mesa Directiva analizaremos su solicitud, con todo gusto, para ver con mayor puntualidad la relación temática de la misma.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De igual forma, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica el calendario legislativo, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Informo a la Asamblea que se recibieron dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

Uno, relativo al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Y otro, que contiene un Anexo sobre el mismo tema.

A dichos Acuerdos se les obsequiará el trámite correspondiente en el momento procesal oportuno.

¡Ay! Creo que dije lo que tenías que decir, mi Presidente, disculpa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. La Presidencia ratifica lo dicho por la Secretaría.






Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo que modifica los Resolutivos Tercero y Cuarto del Acuerdo en relación con el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

De no haber intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo que modifica los Resolutivos Tercero y Cuarto del Acuerdo en relación con el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República.

En consecuencia, queda definido el nuevo formato para la comparecencia y la determinación en que se someterá a segunda lectura el dictamen relativo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Comuníquese.






COMPARECENCIA

Honorable Asamblea, daremos paso a la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual se realiza a fin de dar cumplimiento a la fracción XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual determina, como facultad exclusiva del Senado de la República, analizar y eventualmente aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo.

Esta comparecencia se desarrollará de conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado el pasado 11 de abril, en relación con el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República, mismo que ha sido modificado en esta sesión plenaria.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que les solicito a las Senadoras y los Senadores Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Ismael García Cabeza de Vaca, Eruviel Ávila Villegas, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Raúl Bolaños Cacho Cué, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Eunice Renata Romo Molina, Pedro Haces Barba, Margarita Valdez y Ricardo Ahued, acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Se ruega a todas y a todos tomar sus asientos para reanudar la sesión.

Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Ruego a todas y a todos, si nos ayudan, Senadoras, Senadores, asesores.

Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le convocó en el marco del proceso de discusión y eventual aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, remitida a esta Soberanía por el Presidente de la República, el pasado 1 de febrero.

Asiste usted en cumplimiento de la fracción XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta Soberanía bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Les solicitamos a todos ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, le pregunto:

¿Protesta usted, decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores Senadores?

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Favor de tomar asiento.

Informo a la Asamblea que esta comparecencia se realizará con base en el siguiente formato. Lo informo también al Secretario.

Habrá una intervención inicial del Secretario compareciente.

Al término de la intervención anterior, habrá una participación de cada uno de los grupos parlamentarios, hasta por 10 minutos, en orden ascendente; dicho tiempo lo distribuirán de la siguiente manera:

Cinco minutos para fijar posicionamiento, y de manera continua cinco minutos para formular pregunta.

Concluidas las participaciones anteriores, el Secretario compareciente hará uso de la tribuna para contestar las preguntas.

Cada uno de los grupos parlamentarios tendrá una participación adicional de manera continua hasta por cinco minutos en orden ascendente para formular preguntas.

El Senador sin partido hará uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular preguntas al servidor púbico compareciente.

Concluidas las participaciones anteriores, el Secretario compareciente tendrá una intervención final para contestar las preguntas.

El Presidente de la Mesa Directiva hará uso de la palabra para un mensaje final.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el doctor Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

En virtud de que el propósito fundamental de esta comparecencia es escuchar la explicación del Secretario, en torno a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, propuesta por el gobierno federal, es que habrá la flexibilidad necesaria para escucharlo.

Sonido, por favor, en la tribuna.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, señoras y señores Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

Integrantes de la Mesa Directiva, coordinadores de las distintas fracciones parlamentaras. Senadoras y Senadores:

Permítanme reconocer, en primer lugar, el apoyo unánime que recibió la creación de la Guardia Nacional de parte del Senado de la República. Apreciamos y reconocemos la visión de Estado que hizo posible tal consenso.

Aquí, el Estado no representó una abstracción jurídica, sino un punto de encuentro político en el que predominó el interés superior de la nación. Aspiramos a continuar transitando con ustedes este camino.

La inseguridad y la violencia han lastimado por décadas a la sociedad mexicana como no había sucedido en nuestro país desde la época de la Revolución. Nuestra patria está dolida, exhausta por tantos años de violencia.

Hablamos de una crisis mayor a una responsabilidad sexenal.

Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica, una fría, desapasionada y objetiva evaluación nos lleva a la conclusión de que estamos ante una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales, incluye a cada administración sexenal que nos ha precedido, pero las trasciende.

Es mi valoración que todas las fallas estructurales de nuestro sistema político, económico y social se expresan precisamente en la inseguridad, son las consecuencias de un modelo económico, sectario y excluyente.

Por eso tenemos generaciones perdidas a causa de la violencia, o se habla con naturalidad de una cultura de la muerte, las cifras valen por sí solas.

Citaré sólo dos: en unos cuantos años la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El costo de este espiral de violencia es más que crítico, alrededor de 5.6 billones de pesos en 2018, cifra equivalente al 24 por ciento del Producto Interno Bruto, si hemos de hacer nuestras las estimaciones del Instituto de Economía y Paz de México; 21.6 del PIB, según el Foro Económico Mundial.

Detrás de estos fríos datos están miles de robos, secuestros y homicidios, pero también los huérfanos y la estabilidad y salud destrozadas de familias completas. Estas cifras nos hablan de un orden social descompuesto e históricamente excluyente.

Esta es la naturaleza y la dimensión del desafío que tenemos como país en materia de seguridad.

En ese contexto, cabe considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica, que facilite la construcción de consensos tal y como sucedió con la creación constitucional de la Guardia Nacional.

Esta neutralidad no pasa por la supresión de las diferencias democráticas, sino por buscar una convergencia superior para alcanzar la paz, con la eficacia, legalidad y urgencia que reclama nuestra gente.

En estas circunstancias de violencia e inseguridad, confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social, pero si la marginación y la falta de opciones de sobrevivencia económica se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país, la corrupción prevaleciente es la razón primaria de su descontrol, de su crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

De las reflexiones anteriores se desprende la necesidad de un cambio sustantivo de estrategia, una estrategia que debe de ir a las causas económicas y sociales profundas que generan la inseguridad.

Presento ante ustedes una síntesis de la estrategia propuesta en la materia y que ya fue entregada a esta Cámara.

1. Erradicar la corrupción y establecer un auténtico Estado de derecho; En materia de corrupción nadie se llamará a engaño en los cuerpos de seguridad; pintaremos una raya clara entre la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad y acabaremos con la delincuencia uniformada.

2. Garantizaremos empleo, educación, salud y bienestar. La idea motriz del programa de seguridad es que la paz y la seguridad son fruto de la justicia, los objetivos de la seguridad no pueden alcanzarse solo por la vía de la fuerza. Las fuerzas del orden tienen tan solo un rol complementario en la seguridad.

Debemos tener claro que no habrá paz sin justicia, que no habrá una seguridad estable, y permanente, si no atendemos las causas profundas que generan la violencia. Por ello la política social es el telón de fondo de la estrategia de seguridad.

3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad, por ello se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de derechos humanos, tanto en los planes oficiales de estudio, como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno.

Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado; se dará seguimiento puntual a cualquier denuncia en este sentido.

4. Regeneración ética de la sociedad. La crisis de valores y de convivencia constituye uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad que vivimos; ante este panorama, la regeneración ética es al mismo tiempo un medio y propósito de la “Cuarta Transformación”.

Se impulsará esta regeneración ética de la sociedad mediante la acción ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables, y pendiente en todo momento del interés superior de la nación.

5. Reformularemos el combate a las drogas. La prohibición de ciertos estupefacientes, particularmente de la marihuana, por parte del poder público, es ya insostenible desde cualquier punto de vista, tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública: en la mayor parte de los países las estrategias de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha traducido en una reducción del consumo.

La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud púbica que representan, sin duda, las sustancias prohibidas, hasta convertirlo en un asunto de seguridad nacional, y ha desembocado también en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en la medida en que su capacidad financiera, su poder de fuego, su capacidad operativa e internacionalización se ha incrementado de manera sostenida. Aún y cuando esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, la regulación de algunos de los estupefacientes, actualmente prohibidos, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.

6. Recuperación y dignificación de las cárceles. El Sistema Penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad.

Nos proponemos recuperar el control de los penales, de las mafias que se enseñorean en ellos.

Combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de las y los reclusos.

Finalmente, proponemos una reforma radical del Sistema de Seguridad Pública, proponemos repensar la seguridad nacional y reorientar, parcialmente, los recursos de diverso tipo, ahora destinados a las Fuerzas Armadas, para destinarlos, prioritariamente, a la seguridad pública. De tal manera que sin abandonar sus misiones constitucionales, las Fuerzas Armadas participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional.

Con la reforma constitucional, se ha resuelto tanto el vacío legal en el que los institutos armados venían participando en las labores de seguridad pública, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia.

Los efectivos iniciales de la Guardia Nacional, como ustedes saben, provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual policía federal. Adicionalmente, se convocará a 50 mil nuevos reclutas para que se integren de manera progresiva en el transcurso de los próximos años.

Estoy por concluir, señor Presidente, si me permitiera unos minutitos más.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Señor Secretario, por Acuerdo de la Mesa Directiva, la idea es que usted se extienda lo necesario para que podamos conocer las explicaciones que dan sustento a la Estrategia de Seguridad Pública. Puede continuar.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: Gracias.

Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, por su comprensión.

Estos nuevos elementos contarán con prestaciones semejantes a los de las instituciones castrenses, los respectivos procedentes de las Fuerzas Armadas y Policía Federal conservarán su antigüedad.

Los planes y programas serán unificados de acuerdo a un plan de estudios, que hará énfasis en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y control en el uso de la fuerza, entre otros, conocimientos necesarios para su mejor desempeño.

Se desarrollará un programa progresivo para homologar a la alza los ingresos y las prestaciones sociales de policías, militares y marinos.

La Guardia Nacional iniciará las operaciones en 150 regiones este año, 200 para el siguiente y 265 para el 2021, fecha en la que estimamos concluir el reclutamiento de estos 50 mil nuevos elementos.

Este año esperamos terminar la Guardia Nacional con 82 mil elementos. La Policía Federal tiene actualmente solo 36 mil. El 2021 contar con 120 mil elementos y el 2023 con 150 mil elementos, para que el Estado mexicano cuente con un instrumento capaz de responder eficazmente a los desafíos de la seguridad.

Como es de su conocimiento, se adecuó el gabinete de seguridad como instancia estratégica y de gestión de crisis, su objetivo es garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país, y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas de seguridad que se presentan.

El Presidente de la República coordina directamente el gabinete de seguridad, que sesiona diariamente en Palacio Nacional y en el cual participan los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta instancia da también seguimiento a las decisiones diarias correspondientes.

En cada región y en cada estado están teniendo lugar, también a temprana hora, reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia.

En las reuniones estatales están presentes las y los señores gobernadores o un representante del más alto nivel, en quien recae el mando de la mesa. Asisten invariablemente: el comandante de la Zona Militar o Naval correspondiente y el jefe del destacamento de la Policía Federal.

Ya rumbo al final, les digo a ustedes que la inteligencia será la base de la eficiencia de los cuerpos del orden. Esta estrategia no solo persigue la captura de objetivos criminales, sino desmontar las estructuras criminales basadas en el flujo millonario de recursos y armamento.

Para ello, la Unidad de Inteligencia Financiera se sumará a la Estrategia de Seguridad, para atacar los esquemas financieros de manera paralela a la persecución de los líderes de las organizaciones criminales.

Como parte de todo ello se promovió el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria del abandono de bienes. Los bienes decomisados al crimen organizado se destinarán a la atención de las víctimas, a fortalecer los programas sociales y a mejorar las condiciones de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

En esta estrategia es prioridad ya el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el feminicidio y el tráfico de personas, entre otros.

La prevención es uno de sus ejes estratégicos.

Nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, un punto de inflexión en la tendencia creciente. Lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años, y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar el 2024 un país estable y en paz.

Senadoras y Senadores, agradezco nuevamente su aportación, esfuerzo y compromiso colectivo para recuperar la paz y la seguridad en nuestro país. Es todo un desafío mantener el asunto en perspectiva. Nuestro mayor problema está en el corto plazo.

Esto no se descompuso de la noche a la mañana ni se va a componer de la noche a la mañana, sería irresponsable plantearlo en esos términos. Sin embargo, nos esmeramos diariamente, con el Presidente López Obrador a la cabeza, por dejar atrás cuanto antes los días más oscuros de la inseguridad.

La paz y la tranquilidad se sentirán en los hogares, en las escuelas y en la calle, en general.

Cuando la seguridad realmente llegue no será necesario citar estadísticas, solo entonces podremos decir: “misión cumplida”.

Mientras tanto, seguiremos haciendo un apostolado de nuestra responsabilidad, de otorgar una adecuada seguridad a todas y a todos los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para continuar el desahogo de la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, procederemos a las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Cada grupo parlamentario cuenta en esta ronda con diez minutos y podrá dividir su intervención, si así lo desea, en dos de cinco minutos, cada una, para posicionar y preguntar o podrá, en una misma intervención de diez minutos, posicionar y preguntar. Esto, a juicio de cada grupo parlamentario.

Comenzaremos con la participación del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez manifestará la postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos y acto seguido la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano hará las preguntas, hasta por cinco minutos.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Doctor Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública del gobierno de México, sea usted bienvenido de nueva cuenta al Pleno del Senado de la República.

Hoy tenemos que reconocer que nuestro país enfrenta tiempos de emergencia, como lo muestran los hechos ocurridos en los últimos días en diversas partes de este país.

Coincidimos con el diagnóstico del gobierno federal en cuanto a que la situación actual es resultado de una estrategia fallida para afrontar al crimen organizado, que se profundizó en un espiral de equivocaciones y omisiones, en particular, en los últimos 12 años.

En el grupo parlamentario de Encuentro Social sabemos que la seguridad de las y los mexicanos es uno de los mayores retos del Estado en transición, tarea que sin duda debe llevarse a cabo con respeto absoluto de los derechos humanos.

El pasado 1 de febrero esta Soberanía recibió la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Posteriormente se hizo llegar un addendum que incorpora las recientes reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, Extinción de Dominio y Prisión Preventiva Oficiosa, así como la legislación secundaria que organizará a la Guardia Nacional, lo anterior es muestra de la voluntad política del gobierno actual para la construcción de acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas y dar cabida a las distintas propuestas que permitan garantizar la paz y seguridad en todo el territorio nacional.

No podríamos estar más de acuerdo en los objetivos planteados en esta Estrategia Nacional, como se menciona en el documento, son dos.

Primero. Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

Segundo. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Coincidimos en que la creación y organización de la Guardia Nacional debe de ser una prioridad para la Federación, porque es necesaria y urgente para recuperar la paz del país y la seguridad de sus habitantes.

El nuevo modelo policial articulará los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno en la prevención del delito como uno de los ejes estratégicos de la Seguridad Pública.

No olvidemos que la tecnocracia fue la apuesta por el adelgazamiento del Estado, que condujo al abandono de la responsabilidad primera que un gobierno tiene para con el pueblo, que no es otra que la seguridad y garantía de los derechos.

La infiltración del crimen organizado ha alcanzado a todos los órdenes de gobierno y a las corporaciones policiacas, muchas de ellas sin la capacidad técnica y logística para enfrentar a bandas delictivas que en muchas ocasiones están mejor armadas y organizadas. Ésta es una realidad que deja al actual gobierno y al Poder Legislativo una tarea mayúscula y prioritaria.

Tenemos confianza en que la estrategia que se orquesta desde la Secretaría es el camino para cumplir con dicha tarea, pero reconocemos que cualquier medida en materia de seguridad debe ir acompañada de la justicia social que nuestro pueblo clama. Y por eso la apuesta también se dirige hacia los programas de bienestar que el gobierno federal implementa y que se encuentran dirigidos a reconstruir el tejido social y volver a construir los lazos comunitarios que siempre han hecho grande a este país.

No quiero perder la oportunidad de expresarle la preocupación de nuestro grupo parlamentario por la particular vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños ante la incapacidad del Estado para defender a la población, del crimen organizado.

La feminización de la violencia es alarmante, baste señalar la evolución de la criminalidad en municipios como Ecatepec, para ilustrar lo que digo. Por lo que consideramos especialmente necesario atender la emergencia de seguridad que vive el país desde una perspectiva de género y de interés superior de la niñez para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, las niñas y los niños.

En resumen, es fundamental la construcción de la seguridad pública a través de diagnósticos claros y precisos, y en coordinación con la política de bienestar.

La paz social sólo puede conseguirse con un Estado fuerte e invirtiendo en seguridad social para disminuir las desigualdades que construyen círculos de violencia sistemática en la población.

Compañeras y compañeros Senadores, la pacificación de México exige altura de miras y compromiso de todas y todos, por lo que acompañar una estrategia integral de seguridad pública de largo plazo, enfocada en el fortalecimiento de capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno, es urgente y necesaria.

Secretario, tenga la certeza que nuestro grupo parlamentario seguirá contribuyendo al avance que permita generar los mecanismos necesarios y las condiciones para acompañar dicha estrategia. Estamos con usted, esperamos que asuma su digna responsabilidad en correspondencia al voto de confianza que en representación del pueblo le externamos.

Hoy, en el natalicio de Belisario Domínguez, le recuerdo una de sus máximas: “si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada”.

Por su atención, muchas gracias, Señor Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Ávila Vázquez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Elvia Marcela Mora, hasta por cinco minutos, para formular las preguntas del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Buenas tardes, bienvenido. Estimado Secretario.

La Guardia Nacional deberá cumplir su función y operación de acuerdo a estándares internacionales y con apego irrestricto a los derechos humanos.

Sabemos que el gobierno federal suscribió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento a través del cual aportará los mecanismos necesarios en cuanto a capacitación para los elementos que compongan la Guardia Nacional.

En ese sentido, y partiendo de la obligación de crear las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales en materia de seguridad, queremos preguntarle.

¿Los elementos que conformen la Guardia Nacional serán certificados por parte del organismo internacional?

Adicionalmente quisiéramos saber.

¿Cuál será el mecanismo de información con el que la ciudadanía pueda saber sobre las evaluaciones de cumplimiento de estándares internacionales de la Guardia Nacional?

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mora Arellano.

Sólo utilizó un minuto, muchas gracias por su brevedad.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien, a nombre del grupo parlamentario del PRD, hará el posicionamiento y formulará las preguntas. Cuenta hasta con diez minutos.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señor Presidente. Saludo al señor Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sea bienvenido.

Con su presencia, señor Secretario, por primera vez estamos dando cumplimiento a este formato, formato de recepción de la Estrategia Nacional por parte del Ejecutivo Federal, y asimismo, de comparecencia del titular del ramo. Parece que esta comparecencia da vitalidad al sistema constitucional de pesos y contrapesos, da fuerza a la vida parlamentaria, por supuesto, nos permite también hacer un ejercicio importante de reflexión en estas tareas.

Este proceso, como ya se ha dicho aquí, tuvo inicio, precisamente, cuando usted, señor Secretario, el pasado 1 de febrero ante esta Soberanía hizo entrega de la Estrategia Nacional de Seguridad, en representación del Ejecutivo Federal.

Es precisamente este ejercicio el que nos permite conocer cuáles son los planteamientos, cuáles son las tareas, cuáles son las propuestas del gobierno federal respecto de la seguridad pública.

Y de conformidad con el mandato constitucional nos corresponde a nosotros, a las Senadoras y Senadores de la República analizar y, en su caso, aprobar o no, esta Estrategia Nacional de Seguridad.

En ese sentido, en el grupo parlamentario del PRD, hemos revisado, hemos leído tanto el documento original como el addendum que se acompañó al mismo y que forma parte integral de la estrategia.

De él advertimos ya notas que precisan y señalan la situación actual y también un pronóstico a futuro que considera el gobierno federal respecto de las reflexiones del titular del Ejecutivo.

Así es como se habla de tener coordinaciones estatales para la construcción de la paz y la seguridad, de plantear un nuevo modelo policial, de disuasión focalizada, desarrollar la justicia procesal, poder hacer uso de nuevas tecnologías tanto en materia de comunicación como en materia de desarrollo científico de las investigaciones; el abatimiento del tráfico de armas, punto por demás importante para la seguridad de nuestro país como siempre lo hemos estado reiterando; despistolizar nuestro país, a nuestra sociedad, es algo que puede cambiar sustancialmente el enfoque y el diario acontecer nacional.

Se habla también del fortalecimiento penitenciario, tema por demás importante y al que habré de regresar, precisamente, en el rubro del cuestionamiento de la pregunta.

Se habla de mejorar la justicia de adolescentes en conflicto con la ley, es decir, un marco que el gobierno federal ha planteado como objetivos, como tareas a realizar, como metas a alcanzar.

En ese sentido, en el grupo parlamentario del PRD consideramos que el documento está en sus términos como una estrategia, esa es la propuesta que está haciendo el gobierno federal para combatir a la inseguridad, ahí están los objetivos.

Señor Secretario, confiamos en que todos estos objetivos que señala en la estrategia se cumplan, esperamos que así sea.

En el grupo parlamentario del PRD le damos totalmente el beneficio de la duda para que así sea, para que sea para el bien de nuestro país, que se vuelvan una realidad.

De ustedes, de los servidores públicos del gobierno federal es toda la responsabilidad de que se logre.

De ustedes, pues, es toda la responsabilidad de que funcione esta estrategia.

En la misma se habla ya de la Guardia Nacional, se reitera, y se reitera algo muy importante que a nosotros nos ha interesado y que en este Senado se ha hecho énfasis una y otra vez, que el mando será civil, de esta Guardia Nacional.

Que será el nuevo modelo de policía y que será la nueva Policía Federal, la nueva Policía Nacional de México.

Le deseamos el mayor de los éxitos en esta conformación, porque ese mando, ese mando civil es el responsable de todo lo que haga o deje de hacer la Guardia Nacional, es usted, señor Secretario, nadie más.

Por ello, cuente usted con todo nuestro apoyo, cuente usted con un apoyo incondicional para llevar seguridad a estados y municipios.

Por eso le reitero, le reitero y le anticipo, le reitero que en el PRD no vamos a regatearle nada al señor Presidente de la República, ni a su gabinete de seguridad respecto de los planteamientos que considere necesarios para llevar tranquilidad y seguridad a nuestro país.

Por eso anticipo que aprobaremos esta estrategia que se propone, dado que es su responsabilidad el de rendir buenas cuentas.

Le deseamos mucho éxito.

Le deseamos que para cuando se dé cumplimiento al artículo 69 constitucional, que dice: “que la Estrategia Nacional será objeto de un informe anual sobre el estado que guarde”, es decir, dentro de un año tengamos datos alentadores.

Le deseamos que así sea para el bien del país, señor Secretario.

Le deseamos mucho éxito en este planteamiento estratégico que se ha puesto a consideración del Senado.

Cuente usted con el grupo parlamentario del PRD para convertir en una realidad estas líneas de acción.

Cuente con nuestro apoyo.

Le deseo y le deseamos, en el grupo, mucho éxito al mando de la Guardia Nacional, de esta nueva estrategia.

Le deseamos mucho éxito en la conducción de ésta, por demás, difícil tarea que entraña la seguridad pública en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente, por cuanto se refiere a la intervención.

Ahora pasamos a las preguntas.

La pregunta, señor Secretario, es muy sencilla en este sentido.

Se ha hecho una reforma al artículo 19 constitucional, usted en esta explicación ha tocado un punto que se señala en la Estrategia Nacional, que es el que se refiere a modernizar el Sistema Penitenciario.

Estamos claros que a partir del último tercio de 2015, con la implementación del Sistema Acusatorio, más de 70 mil personas salieron de las prisiones, más de 70 mil.

En la Ciudad de México fueron más de 15 mil, y yo estoy convencido que esta fue una de las causas que hoy tienen este esquema de inseguridad; esto, abonado con el esquema de la puerta giratoria.

Entonces, la pregunta, señor Secretario, es: ¿ya se tiene previsto que con las reformas al artículo 19 y con lo que vamos a seguir promoviendo para poner candados en el Sistema Penal Acusatorio habrá, sin duda, otra vez un crecimiento en el número del Sistema Penitenciario?, ¿se tiene la previsión económica, se tiene la previsión técnica, por supuesto, la previsión para poder dar recepción a este número, que no tengo ninguna duda que va a ser creciente?

Esa es la pregunta que yo le deseo formular.

Muchas gracias, por su respuesta.

Y gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien hará el posicionamiento y las preguntas a nombre del grupo parlamentario del PVEM. Cuenta para ello con hasta diez minutos.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Gracias, señor Presidente. Querida Asamblea. También saludos a las personas que nos ven a través del Canal del Congreso.

La presencia de usted, señor Secretario, en esta Cámara Alta del Congreso de la Unión, materializa el principio republicano de colaboración que debe guiar todas las acciones de los órganos que ejercen el poder público, por eso lo celebramos.

Es urgente que estos órganos a los que me refiero, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, emanados de ese poder soberano que reside en cada uno de los más de 129 millones de mexicanos, trabaje para, precisamente, satisfacer una de las necesidades cuyo cumplimiento más ha demandado la sociedad, su seguridad.

En materia de seguridad pública y de restablecimiento de la paz social, el Ejecutivo Federal y nosotros, tenemos la responsabilidad y también la seguridad de dar resultados contundentes y sin cortapisas, con independencia del partido político al que pertenezcamos.

Por eso las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconocemos que el Ejecutivo Federal haya tomado en consideración los planteamientos, sugerencias y observaciones relativos a esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que varios de mis compañeros Senadores de diversos grupos parlamentarios, le hicieron llegar.

También es urgente e imprescindible contar con todos los instrumentos jurídicos y las instituciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos derivados de las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, que consideramos, van a redundar en la mejora de la seguridad pública, de todo aquel que se encuentre dentro del territorio mexicano.

La violencia que azota a diversas regiones de nuestro país, requiere que juntos actuemos con urgencia en la implementación de soluciones que son objetivas y que se contemplan en la estrategia, que además van a ser o están siendo consensuadas con altura de miras.

Confiamos en el nuevo esquema que este gobierno está instrumentando para erradicar los alarmantes índices de violencia y celebramos el enfoque formativo para los niños y jóvenes que incentiva, precisamente, la cultura de la legalidad, para generar con ello un entorno social, armónico.

Dadas las condiciones de violencia e inseguridad que viven miles de familias mexicanas, debemos de acelerar los trabajos que den vida y operatividad a esta Estrategia Nacional.

La estrategia de seguridad forma parte trascendental en la ejecución y actuar del gobierno para combatir la violencia, y por ello, los Senadores del Partido Verde hemos revisado con detenimiento el addendum que ha tenido a bien enviar a este órgano legislativo, que contiene los cambios constitucionales que crean la Guardia Nacional y los elementos de las leyes secundarias, en donde me gustaría recalcar algunas cosa que considero importantes:

Primero. Destacar que dentro de estas leyes reglamentarias se considera el carácter civil de la Guardia Nacional al establecerla como una institución, como un órgano desconcentrado, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También es importante traer a relieve el hecho que de conformidad con la propuesta de las leyes reglamentarias que han sido puestas a consideración de nosotros, el mando originario de la Guardia Nacional será ejercida, precisamente, por una autoridad civil, que en este caso es usted, señor Secretario, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ratificamos entonces nuestra disposición para dar el siguiente paso y trabajar de manera conjunta en la construcción de consensos que permitan transitar oportunamente esa batería de nuevas leyes.

La violencia actual exige unión y trabajo, y debe ser permanente en cada uno de nosotros, como responsables de la seguridad pública, que permita también a la sociedad vivir de una manera más armónica y en tranquilidad.

Quisiera indicar que mi grupo parlamentario reitera su entera disposición para colaborar con el Ejecutivo Federal en nuestro ámbito de competencias y también con las instituciones que se derivan de dicho poder para implementar esta estrategia que analizamos.

Ha llegado el momento para decir adiós de una vez por todas a la violencia que ha azotado a nuestro hermoso país.

Muchas gracias.

Ese es el posicionamiento del Partido Verde y, si me lo permiten, señor Presidente, señor Secretario, voy a dar pie para posicionar o dar, o manifestar las preguntas que han surgido en el Partido Verde Ecologista de México.

Uno de los temas que ha llamado también nuestra atención es en materia de salud mental, consideramos que este rubro representa un aspecto primordial para reducir el crimen en nuestro país.

México necesita contemplar todas las vertientes para fortalecer los lazos de fraternidad entre los mexicanos.

Reconocemos que dentro del documento de la estrategia contempla la salud como garantía que otorga el Estado, asimismo establece una nueva fórmula para el combate a las drogas y para impulsar la construcción de la paz.

Pero estimamos importante también, que exista una coordinación adecuada con otras dependencias y entre los tres niveles de gobierno, para fortalecer la seguridad y para la salvaguarda de cada uno de los mexicanos.

Como ciudadanos hemos observado que se debe contemplar que la ciudadanía tenga un empleo y actividades constantes para mantener un enfoque positivo en convivencia social. Por ello nos gustaría conocer su postura acerca de lo siguiente, señor Secretario:

¿Cómo se coordinarán con las autoridades de salud, de los tres órdenes de gobierno para implementar campañas de prevención, de campañas de trastornos mentales en la población nacional y con ello buscar reducir los índices de violencia?

Otra pregunta es, ¿qué mecanismos aplicarán, dentro de la estrategia, para evitar que los cuerpos de seguridad, derivado del combate a la delincuencia, presenten algún trastorno mental que pudiera afectar su desempeño?

También quisiera preguntarle, señor Secretario, ¿si se tiene previsto implementar acciones para detectar y atender a los miembros de seguridad, en esta materia?

También, por último, para concluir esta ronda de preguntas, quisiera cuestionarle, señor Secretario, ¿si ha considerado y cómo se ha considerado a los jóvenes dentro de la implementación de la Estrategia Nacional? Yo considero que los mexicanos jóvenes no son el futuro de nuestro país, sino son ya el presente y día con día construyen, desde las bases más elementales, hasta cuestiones complejas, nuestra nación.

Por eso quisiera, conocer, señor Secretario, ¿cuál va a ser el rol de los jóvenes, si van a ser integrados a esta dependencia que estamos, a esta institución que estamos generando de la Guardia Nacional, y cuyas actividades ya se detallan en la Estrategia Nacional y en las leyes reglamentarias, y ver si van a tener participación, cuál va a ser su participación y cómo están siendo considerados?

Es cuanto, señor Presidente.

Agradezco mucho la atención del Secretario, de esta Honorable Asamblea.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Zamora Guzmán.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, quien tomará cinco minutos del tiempo que corresponde al PT, para que acto seguido, los otros cinco minutos sean utilizados por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Antes que nada quiero saludar al Secretario, Alfonso Durazo y agradecerle que nos acompañe en esta Soberanía, y también recordarle que esta siempre será su casa.

Desgraciadamente el día de hoy nos convoca un problema que hoy se posiciona como el más urgente: la inseguridad.

En el Partido del Trabajo estamos convencidos que la presente administración está determinada a que no sólo revertirá las tendencias, sino quebrantará, desmantelará y vencerá al crimen organizado de una vez por todas.

Las leyes secundarias motivadas por la creación de Guardia Nacional la dotarán de operatividad e inteligencia, así como los límites y facultades claras.

En nuestras manos tendremos la responsabilidad de enriquecer, modificar y aprobar los dictámenes correspondientes.

La inseguridad en nuestro país ha llegado a un nivel insoportable, insostenible, no importa quién tiene la culpa o quién no, no es momento de encontrar culpables, es momento de buscar soluciones.

El Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y el Congreso de la Unión no podemos fallarle a México, no podemos fallarle en este tema.

Por ello sé que estamos discutiendo la creación el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, necesaria para obtener los datos y métricas que guíen el actuar de las corporaciones de seguridad.

Ahora, tenemos que aceptar que la inteligencia, por su naturaleza, es imperfecta, pero es claro que debe ser analizada en su conjunto para la toma de decisiones, así como para identificar vulnerabilidades.

En este sentido le pregunto, Secretario: ¿la Guardia Nacional realizará la investigación de delitos y la generación de inteligencia?

¿Y qué pasará con las divisiones de investigación, inteligencia y científica de la Policía Federal?

¿Cuáles serán los mecanismos de protección en materia de ciberseguridad para resguardar la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

Asimismo, ¿se discutirán los lineamientos para el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública aplicando un criterio de uso diferenciado y progresivo?

En este orden de ideas, ¿cuáles serán los mecanismos institucionales para el control y verificación de legalidad del uso de la fuerza pública? ¿Y cuáles serán los lineamientos de capacitación para los elementos de las corporaciones policiales en este tema?

Por último, y para cumplir con el objetivo de regresar la tranquilidad a las y los mexicanos, es prioritario implementar una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado y en general todos los aspectos que vulneren la seguridad pública.

No basta con identificar la problemática de seguridad, se tiene que plantear una verdadera Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Hoy, en el Partido del Trabajo estamos tranquilos, sé que este documento que nos ha entregado establece los lineamientos para terminar con la corrupción, la impunidad y la violencia.

Habiendo dicho lo anterior, me gustaría finalizar preguntando:

¿En qué diferencia esta estrategia de seguridad, de este gobierno, a los anteriores?

¿Y qué acciones tomará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para combatir la corrupción?

Gracias por su atención.

Y gracias a todos ustedes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo.

Tiene la palabra la Senadora Giovanna Bañuelos, hasta por cinco minutos.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Buenas tardes, señor Secretario.

Al igual que mi compañera Nancy De la Sierra, y que el resto de mis compañeros, darle la más cordial bienvenida a esta que también es su casa.

Aprovechar para agradecerle y reconocer públicamente los acuerdos que de manera reciente se han hecho con el gobernador de mi estado, del estado de Zacatecas, en materia de seguridad.

Agradecemos desde el Partido del Trabajo, y reiteramos que vamos a acompañar sin escatimar ni recursos, ni esfuerzos, la lucha que ha emprendido, por su conducto, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, en construir la paz y la justicia que tanto reclamamos.

Coincidimos con él, lo hemos hecho desde hace muchísimos años, que la paz y la seguridad son fruto de la justicia.

Nuestro apostolado, nuestra vocación, nuestra lucha será permanente hasta alcanzar la tranquilidad en todos los rincones de nuestra nación, porque no podemos negarlo, hay una realidad tangible, innegable y dolorosa, muy dolorosa.

Los mexicanos se sienten vulnerables, acosados e intimidados por la violencia, vivimos en una sociedad frágil, indefensa ante este recurrente escenario de sufrimiento y muerte, y no es para menos, 74.6 por ciento de los mexicanos no se sienten seguros en la ciudad en la que viven, de acuerdo a la reciente encuesta de Inegi.

A la par, niños y adolescentes tampoco se sienten seguros ni en sus casas, ni en las calles, ni en las escuelas, según datos de la consulta realizada por el INE.

La inseguridad sigue alcanzando altos índices jamás imaginados, que sobrepasan los límites de la crueldad y quebrantan la dignidad humana.

La masacre en Minatitlán, Veracruz, es el más reciente ejemplo del infernal país en el que nos hemos convertido. Por lo tanto, estamos conscientes, no podemos vivir en un México sumido en la inseguridad y en la barbarie.

Es importante señalar que en recientes días se escucha de manera recurrente, frívola, la retórica recalcitrante que proviene desde algunos actores de la oposición, en la que intentan adjudicar a esta reciente administración la triste realidad que padecemos en el país desde hace muchos años, que no tiene origen en este gobierno, que no tiene origen en la cuarta transformación y que no tiene origen en la naciente administración de Andrés Manuel López Obrador, ni en la estrategia que habremos de implementar a lo largo y ancho de nuestro país a través de la Guardia Nacional.

Aprovechamos para anunciar que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo habrá de aprobar no solamente la Estrategia Nacional en materia de seguridad, sino también las leyes reglamentarias que tenemos como reto inmediato, poner a consideración de ustedes, discutirlas y votarlas para que sea funcional esta importante figura de la Guardia Nacional.

Respecto a lo que acabo de exponer, desde pasadas administraciones hemos visto con mucho pesar los funestos resultados de la inacción ante el tráfico de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país.

El comercio de armas representa para nuestro vecino del norte un lucrativo negocio, pero para México las armas de fuego traficadas ilegalmente representan las herramientas del crimen organizado para el ejercicio de la violencia. Señor Secretario, le pregunto: ¿Cómo se llevará a cabo la estrategia para abatir el tráfico de armas que se realiza principalmente desde el sur de Estados Unidos hacia nuestro país?

Otra pregunta que me gustaría fuera gentil de contestarnos es: ¿A qué se debe que este primer trimestre del 2019 tengamos una cifra récord de homicidios dolosos, es por el reacomodo del crimen organizado, por la entrada de esta nueva administración o por el combate de la misma a grupos delincuenciales? ¿Qué vamos a hacer para poderlo contener? Adicional al plan que con atención escuchamos respecto al corto, mediano y largo plazo que se tiene en la estrategia de seguridad.

El segundo cuestionamiento, Secretario, es que mucho se ha hablado en diferentes foros respecto a las condiciones en las que operan las policías en los distintos órdenes de gobierno de nuestro país. Es de todos conocidos, que si bien la policía más importante por su proximidad social y conocimiento del territorio es la municipal, pues las condiciones en que desarrollan su trabajo –gracias, señor Presidente, concluyo- no son las mejores.

¿Qué vamos a hacer en esta estrategia para, por un lado, combatir el rezago que se tiene en materia de infraestructura en las policías municipales, pero por el otro, también, impedir que se involucren con grupos del crimen organizado?

Le agradezco mucho, le agradecemos mucho en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sus atentas respuestas y nuevamente bienvenido, Secretario.

Gracias, compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos De la Torre.

No quiero dejar de saludar a estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, que se encuentran presentes, invitados por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

¡Bienvenidos!

Y también saludo la presencia de alumnos del cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, que están presentes aquí como parte de su desarrollo profesional.

¡También sean muy bienvenidos!

Tiene la palabra el Senador Dante Delgado, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que hará uso de los diez minutos que corresponden a este grupo parlamentario.

El Senador Dante Delgado: Señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores.

En el tema del combate a la inseguridad y a la violencia, todos tenemos que ser responsables y participar. La crisis de inseguridad que vive el país es el problema más urgente que debemos atender, es la consecuencia más dolorosa de los males estructurales del país: corrupción, impunidad, desigualdad.

En Movimiento Ciudadano entendemos que el grave problema de la violencia no se solucionará en poco tiempo y que es un sinsentido exigir a cualquier gobernante, del partido que sea, resuelva en meses un problema que en realidad son muchos problemas y con demasiados años creciendo.

La exigencia de poner un alto a la violencia y recuperar la paz es de todos los mexicanos, no solo de los que disienten de las declaraciones oficiales, sea cual sea el adjetivo que se le otorgue.

Queremos que acabe la violencia porque es un problema que vivimos todos, que sufrimos todos y que nos toca resolverlo a todos. Es el reto de los que estamos aquí, comenzando por el Ejecutivo, no solo porque fue la promesa que le hizo al país, sino porque es su responsabilidad institucional.

El Presidente tiene la enorme responsabilidad de terminar con la violencia y nosotros la obligación de permitir construir la estrategia y formar el equipo con el que tendrá que dar resultados y rendirle cuentas al país.

Esa es la razón por la que vamos a aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Púbica, así como hemos aprobado los nombramientos de las personas que el Ejecutivo ha propuesto en distintos campos y disciplinas, y de manera especial para estar al frente de diversas áreas de seguridad e impartición de justicia, porque la crisis de violencia e inseguridad que ha vivido México, demanda no solo concebir una nuestra Estrategia de Seguridad, si no transformar, de manera que se tomen decisiones y se ejerza el poder público.

No vamos a cuestionar el contenido de su estrategia, aunque no estamos convencidos de ello en su totalidad. Por ejemplo, con la reforma del artículo 19 constitucional, que amplía las causales de prisión preventiva oficiosa que el gobierno y el grupo mayoritario considera un logro y una herramienta para combatir la impunidad.

En Movimiento Ciudadano no coincidimos con esta visión, ya que ampliar las causales de prisión preventiva oficiosa no es más que una forma de abuso penal que viola los derechos humanos, pero votamos a favor de la Estrategia porque debe ser producto de la corresponsabilidad y del diálogo democrático, y porque su implementación y sus alcances dependerán, en gran medida, de la capacidad de construir acuerdos y del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Votaremos a favor de la Estrategia, porque una vez aprobada y transcurrido el tiempo necesario y razonable sí vamos a evaluarla y a exigir resultados, porque en un año tendrá que estar aquí usted nuevamente, señor Secretario, para presentar un informe que nosotros analizaremos a profundidad, lo haremos con metas claras, verificando el cumplimiento de los objetivos y midiendo el desempeño de las instituciones de seguridad y procuración de justicia nacionales.

Secretario Alfonso Durazo Montaño, en un año sí tendrá que notarse un cambio y no habrá discurso, descalificaciones ni controversia que valga, porque una vez que este Poder Legislativo haya aprobado todas y cada una de las decisiones del Presidente en la materia, en un año, no habrá lugar para excusas ni justificaciones.

Adelanto los parámetros con los que evaluaremos la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la que debe ser republicana, federalista y respetuosa de los derechos humanos.

El apoyo de las Fuerzas Armadas en esta labor debe ser, como se ha dicho incansablemente, temporal y apegada a los parámetros de convencionalidad. No nos opondremos a la incorporación de militares retirados, sería un sinsentido no aprovechar la experiencia de profesionales que aún tienen mucho que dar por su país, pero esta colaboración debe ser sin vínculos de subordinación militar.

La seguridad pública es una responsabilidad de todas las autoridades civiles del país, desde un alcalde hasta el Presidente de la República, y ninguna autoridad civil tiene permitido renunciar a esta responsabilidad de Estado.

La Estrategia debe ser federalista y pasa por diseñar e implementar verdaderos mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, pasa por un verdadero proceso de fortalecimiento de las policías locales y por el incremento del estado de la fuerza en entidades federativas y en los municipios del país.

A raíz de la reforma constitucional que aprobamos, directamente usted, señor Secretario, tiene la responsabilidad y obligación de emprender procesos de mejoramiento de las policías locales, esta debe ser una prioridad en la ejecución de la Estrategia y de su responsabilidad como Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

Reconocemos en usted su disposición al diálogo, y por el bien del país espero que todo el gobierno federal se contagie de la voluntad que usted está demostrando.

Por nuestra parte, sepa que en Movimiento Ciudadano pondremos nuestros votos y nuestra confianza para que esa Estrategia logre sus objetivos. Por ello, estamos construyendo en consenso las cuatro normas sustantivas que le darán soporte.

Por ello, queremos que sea republicana, federalista y respetuosa de los derechos humanos, y sobre todo para que nos permita recuperar la paz que México y todos los mexicanos requieren.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador dante Delgado.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, hasta por cinco minutos, para el posicionamiento del PRI; y acto seguido, la Senadora Verónica Martínez García contará con cinco minutos para las preguntas de su partido.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Señor Secretario, bienvenido a casa.

Todo mi respeto y consideración para usted, pero el problema lo trasciende a usted.

Del 1º de diciembre a la fecha la población nacional, lejos de encontrar en su gobierno consuelo empático o una ruta estratégica de solución a nuestra severa crisis de seguridad pública, ha encontrado únicamente reproches, reparto de culpa y la recurrente expresión “nos heredaron un cochinero”.

No, señores, nadie les heredó nada, nadie les regaló el país. Todos quienes tenemos una responsabilidad de Estado fuimos contratados para resolver las problemáticas de la nación. Es falso que la demanda de paz sea básicamente una exigencia de los conservadores, la exigencia es social, una exigencia legítima y llena cada vez de más impaciencia.

¿Dónde radica la molestia e impaciencia ciudadana ante la falta de resultados en materia de seguridad?

¿Es a caso la mafia del poder, que sin tener poder, embosca a la 4T?

¿Será acaso la prensa fifí que desde las tinieblas magnifica el drama?

¿Será acaso la culpa, de esta falta de resultados, la perversa oposición, esa que ustedes en cada momento dicen que ya no existe porque el pueblo acabó con ella?

No, señores, el malestar social tiene un origen primario, son sus mentiras ustedes aseguraron que llegando a la Presidencia de la República se terminaba la violencia. Esa mentira es la que hoy los está hundiendo; también su soberbia, no reconocer errores y entramparse en datos erróneos que son incapaces de aclarar.

En pocas palabras, su lengua se les va enredando en el cuello y ahora se están asfixiando.

Nosotros hemos estado aquí prudentes, respetuosos y responsables. En su momento recibimos y analizamos la propuesta del Presidente para la creación de la Guardia Nacional, no solo eso, hicimos un gran esfuerzo político por llegar a los mejores acuerdos y consensos, para entregarle al Presidente una herramienta legislativa funcional y oportuna. Y no le dimos solamente la Guardia Nacional, le dimos también la Ley de Seguridad Interior en un transitorio.

De nuestra generosidad parlamentaria no puede quedar duda: altura de miras, se llama.

Hoy recibimos al Secretario de Seguridad Pública, a propósito de su obligación constitucional de presentarse ante esta Soberanía, previo a la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto de esta, algunos comentarios.

La Estrategia no utiliza datos, cifras o indicadores que nos permitan claramente identificar cuáles son las metas de la actual administración. Es necesario el establecimiento de criterios comunes para el seguimiento medible y cuantificable en una línea de tiempo.

¿Cómo podremos realizar el análisis anual y contrastar los avances, cuando la redacción se centra en historias específicas y no en datos concretos?

Ejemplo, los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública son meramente manifiestos de apreciación subjetiva. Y ahí les van:

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

¡Ah!, pues esta es la parte en la que, sin datos, se sostiene que desde el 2006 se abandonó la procuración de justicia.

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

¡Ah!, pues esta es la parte en donde se hace una promoción de las dádivas gubernamentales.

3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.

¡Ah!, pues esta es la parte en la que se cae en los supuestos de lo absurdo, que solo la 4T puede combatir la inseguridad respetando los derechos humanos.

4. Regeneración ética de la sociedad.

¡Ah!, pues esta es la parte en donde se culpa al neoliberalismo de todos los males, afortunadamente que ya se abolió.

5. Reformular el combate de las drogas.

¡Ah!, pues esta es la parte en la que se renuncia a combatir las adicciones.

6. Emprender la construcción de la paz.

¡Ah!, pues esta es la parte en donde se ofrece reducción de penas, amnistías e indultos, que por cierto ya lo han estado haciendo sin informarnos a cuánta gente han sacado de la cárcel, qué delitos estaban ellos compurgando en la cárcel y cuál es el mecanismo judicial que utilizaron para sacarlos de la cárcel.

7. Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.

¡Ah!, pues esta es la parte en la que se habla del autogobierno, pero no nos dicen cómo lo van a resolver.

8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz.

¡Ah!, bueno, esto se divide en tres apartados: la crítica, la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en administraciones anteriores, pero la justificación de por qué ustedes sí las pueden utilizar.

El uso de la Policía Federal durante 20 años totalmente resquebrajado en la crítica que les hacen, desde mi punto de vista muy injusto.

Otro apartado es de la Guardia Nacional, poniéndola como la panacea de la seguridad y donde ahí se habla de las leyes secundarias que vamos a abordar.

Y el último, la coordinación nacional, estatal y regional, en donde habla que se van a estar realizando estas reuniones diarias en las regiones, en los estados y la reunión diaria que tiene el Presidente en materia de seguridad.

Y aquí también cabría una reflexión…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiempo, Senadora.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Termino, pero estamos bien entretenidos, señor Presidente, yo no sé para qué me callan.

Es aquí una reflexión bien importante.

¿Estas reuniones diarias están teniendo un resultado? Y se lo pregunto, ¿a razón de qué?

¿Cómo es posible que hace 13 días hubo una supuesta invasión del Ejército mexicano a los Estados Unidos y que Trump nos está acusando no sólo eso, está acusando a nuestro Ejército de encubrir a narcotraficantes?

¿Qué está pasando en estas reuniones diarias de seguridad pública?

¿Nos están ocultando información o no saben lo que está sucediendo?

No me extiendo más porque tiene el uso de la palabra mi compañera Verónica, pero de verdad esperemos que todas las estrategias aquí planteadas tengan el presupuesto suficiente y tengan la altura de miras para que podamos construir en equipo y resolver los problemas de inseguridad del país, todos queremos vivir en paz y con seguridad.

Sería cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su presencia, señor Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Anaya Mota.

Tiene la palabra la Senadora Verónica Martínez, le quedan tres minutos.

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Señor Secretario, sea usted bienvenido al Senado de la República. Compañeras y compañeros Senadores:

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que hoy estamos analizando y que se nos hizo llegar por parte de la Secretaría que usted encabeza, le brinda al gobierno la oportunidad de presentar una visión sobre los retos que México enfrenta en la materia y articular un plan de acción coherente para hacerle frente.

Quiero informarle que en aras de sumar y contribuir, y con el único fin de apoyar y fortalecer la estrategia, nuestro grupo parlamentario le hizo llegar varias observaciones, mismas que lamentablemente fueran ignoradas en el addendum.

Secretario, la estrategia que hoy nos vienen a exponer, desde nuestro punto de vista, tiene buenas intenciones; pero carece de acciones contundentes y tampoco presenta un diagnóstico sobre la situación de violencia en el país.

Por ejemplo, en su eje cinco, plantea reformular el combate a las drogas, terminando con el modelo actual para cambiarlo por uno en el que se pretende, en primera instancia, mantener bajo control a quien tenga una adicción, y cito textualmente.

“En Estados Unidos los costos sociales de las adicciones, incluido el alcohol, son enormes, las necesidades de cambiar de enfoque salta a la vista, la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados para combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación”.

Desde nuestro de vista, la Estrategia en el control de adicciones, es más un tema de salud pública que como tal debe ser atendido por las instituciones correspondientes; sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, los decomisos de sustancias tales como: la cocaína, heroína y marihuana han disminuido abismalmente. Y esta realidad de la caída en los decomisos sí tiene directamente que ver con la seguridad pública, por lo cual consideramos importante analizar a profundidad los factores que han propiciado dicha disminución.

En este sentido, quiero hacerle la siguiente pregunta:

¿A qué se atribuye esta alarmante y significativa disminución en el decomiso de drogas en nuestro país?

¿Cuáles serán las acciones o medidas pertinentes para corregir esta situación?

¿Cuál será la estrategia para implementar y hacerle frente al fenómeno de las adicciones?

De igual manera, señor Secretario, en el primer trimestre de este año hemos visto un incremento en los índices delictivos.

En el marco de la Estrategia que hoy nos viene a presentar, está la aprobación por unanimidad de la Guardia Nacional y las reformas al artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa. En el grupo parlamentario del PRI hemos apoyado la creación de dichos mecanismos, pues nuestra prioridad siempre será la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos.

En este contexto, y en relación con las recientes declaraciones del Presidente de la República en las que asegura que en seis meses se verán los resultados, le quiero preguntar lo siguiente.

¿En qué fecha usted se compromete a darnos un informe con dichos avances y resultados?

¿A qué porcentaje aspira, usted, a disminuir los índices delictivos que tenemos actualmente en nuestro país?

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Martínez García.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien hará el posicionamiento a nombre de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos; acto seguido, la Senadora Indira de Jesús Rosales tendrá cinco minutos para hacer las preguntas.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Con su permiso, señor Presidente.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de forma respetuosa quiero darle la bienvenida a este recinto parlamentario y a su casa. En primer lugar, creo que es fundamental establecer el posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Será fundamental que con su acompañamiento y el consenso de todos los grupos parlamentarios se respete la letra y también el espíritu de los acuerdos que dieron vida a la Guardia Nacional como nueva institución mexicana, que por cierto fue votada por unanimidad en este Pleno, dándole al Ejecutivo las herramientas necesarias para restablecer la paz, el orden y el estado de derecho en nuestro país.

Acción Nacional está de acuerdo en fortalecer el enfoque de prevención tanto a nivel situacional como focalizado, así como a través de políticas públicas que atiendan las causas delictivas; sin embargo, es fundamental que estas medidas estén acompañadas de acciones concretas, presupuestos, acompañamiento de la sociedad civil en el terreno, así como de consecuencias concretas y previsibles. El gobierno de la República debe reconsiderar la implementación de programas de prevención social de las violencias con la coadyuvancia de la sociedad organizada.

La reconfiguración de los programas y participaciones federales a los estados y municipios es parte importante de la Estrategia, Acción Nacional la acompaña; sin embargo, de nada sirve modificar las fórmulas para el cálculo de aportaciones si en el fondo no se hace una regeneración a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que abarque el fortalecimiento del federalismo en la materia, ponga énfasis en la construcción de capacidades e institucionalidad a nivel municipal, reconstruya nuestro sistema penitenciario y dignifique el rol y el estatus de la policía en lo local.

Celebramos la atención particular del gobierno de la República que quiere darle al robo de hidrocarburos, a la persecución del lavado de dinero y a las estructuras financieras del crimen organizado, la utilización de la extinción de dominio y el combate al tráfico de armas, todos estos objetivos son fundamentales para revertir los descalabros de años de desatención en estos rubros; sin embargo, no se puede dejar de mencionar que sin inteligencia y talento e inversiones considerables en el capital humano y tecnológico poco se podrá avanzar.

Es impostergable que el gobierno federal voltee a ver estos rubros como estratégicos y más allá de las políticas de austeridad dedique los recursos necesarios para verdaderamente incidir en estos cambios; al mismo tiempo, se fortalece la inteligencia financiera del gobierno federal.

Sería muy edificante verla perseguir a fondo narcotraficantes, huachicoleros y traficantes de armas.

Un tema preocupante para el grupo parlamentario es la contradicción en el mensaje del gobierno federal que actualmente envía a las organizaciones criminales. Desde la promesa de amnistía, el cese del combate frontal al crimen organizado, la caída estrepitosa en la incautación de narcóticos y armas.

Estos mansajes han generado una atmósfera de permisividad e impunidad que han envalentonado a los grupos criminales.

Casos como Minatitlán no se entienden más que en un contexto de vacío de autoridad, que hasta el momento no ha sido llenado con un mensaje claro y contundente del Ejecutivo Federal en favor del estado de derecho, el abatimiento de la impunidad y la atención particular y decisiva de la autoridad federal en estos casos ruines que ofenden hasta la médula a todas y todos los mexicanos.

La demanda de paz y seguridad no es y nunca ha sido exclusiva de un partido o un grupo social en particular, es el principal reclamo social y político a nivel nacional.

Bien harían en sensibilizarse y recordar que las comunidades más vulnerables del país son las principales víctimas de la violencia y la delincuencia.

Un tema que es de su competencia, Secretario, es el crecimiento e inconsistencias de las cifras que las propias autoridades federales publican diariamente en materia de violencia y homicidios.

La creciente diferencia entre las cifras que se publican diariamente durante las conferencias de prensa, contrastadas con las cifras que el propio gobierno publica a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuentan dos completas distintas contradicciones.

Esta creciente contradicción genera…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, tiempo.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Esta contradicción genera tensión en la narrativa presidencial, un falso diagnóstico bajo el cual se están tomando decisiones al día a día y una incapacidad para agregar a nivel estratégico la información para verdaderamente alimentar la formulación de una política criminal y de prevención que en la realidad revierta la tendencia innegable, alcista de la violencia.

En lugar de esas promesas, como que en seis meses se reducirá la violencia, le invito a que con base en análisis serios y con datos firmes, como los publicados por el propio Secretariado, se implementen estrategias, programas y políticas basadas en evidencias y no en una ocurrencia del día.

Acción Nacional hace votos para que en seis meses cese la violencia o, por lo menos, disminuya sustancialmente, tal y como se prometió.

El Partido Acción Nacional participará activamente en la configuración de las leyes secundarias que darán vida a la nueva Guardia Nacional. Sin embargo, nunca dejaremos de señalar las omisiones en materia de seguridad pública como en el resto de la agenda nacional.

Seremos una oposición constructiva y propositiva para los acuerdos. La seguridad es demasiado importante para estar sujeta a la mezquindad política.

No compartimos…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, todavía falta otra intervención de su partido, está dejando muy poquito tiempo.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Concluyo, señor Presidente.

No compartimos la Estrategia, pero el grupo parlamentario del PAN se abstendrá de votarla en contra.

La pacificación del país es la más fundamental de las responsabilidades del gobierno de la República.

Por lo tanto, señor Secretario, le deseo mucho éxito en este gran reto que tiene por delante.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca.

Senadora Indira Rosales, le quedan más o menos dos minutos para formular las preguntas.

Sonido, por favor, para la Senadora Rosales.

Sonido en la tribuna que está del lado derecho, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muy buenas tardes.

Voy a intentar ser absolutamente lo más breve posible.

Bienvenido, compañero Senador y Secretario.

Soy veracruzana, entonces sería irresponsable de mi parte no hacerle un cuestionamiento al respecto de lo que está ocurriendo en el estado y en donde usted acaba de estar el fin de semana pasado.

Justamente el día de ayer falleció, en la carretera, una alcaldesa de Mixtla de Altamirano, junto con su esposo y su chofer, y desafortunadamente no hay una acción concreta por parte del gobierno del estado.

Y el Presidente de la República, en compañía de usted, mencionaba que existe una coordinación por parte del gobierno federal con el estado.

Mi pregunta sería enfocada justamente a eso, hemos escuchado los veracruzanos muchas veces la palabra “coordinación”, me gustaría saber, ¿cuáles son las acciones concretas que el gobierno federal está realizando en el gobierno del estado en materia de seguridad?

Y quisiera también preguntarle, ¿si en estas reuniones de seguridad si avala usted la ausencia del Fiscal General del estado en estas reuniones?

¿No es posible que no será que esa ausencia pudiera afectar este combate a la seguridad en el estado de Veracruz?

Y, bueno, y la pregunta también obligada, y la solicitud más bien que yo le haría, señor Secretario, es ¿si pudiera la Secretaría de Seguridad Pública enviar un comisionado directamente de gobierno federal en materia de seguridad a la entidad veracruzana?

Me alegra muchísimo que usted reconozca que estamos viviendo el momento más oscuro, y aceptamos que no ocurrió esto a partir del 1º de diciembre del año 2018; sin embargo, sí es el momento en que más se ha encrudecido esta situación.

Esa sería mi pregunta, señor Secretario, porque no creo que el Presidente me deje continuar.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rosales San Román.

Tiene el uso de la palabra el Senador Higinio Martínez Miranda, a nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, quien utilizará los diez minutos para hacer el posicionamiento y preguntas de la primera ronda.

El Senador Higinio Martínez Miranda: Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario Alfonso Durazo, bienvenido. Señoras y señores Senadores:

Ese es el tema el de la seguridad pública el que más preocupa y ocupa a los ciudadanos.

En consecuencia, es el tema que más preocupa y debe preocupar al gobierno federal, y en la misma dimensión debería de ser el tema que más preocupe y ocupe a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, yo espero sinceramente que así lo sea.

En este Senado alcanzo a ver mayoritariamente nuestra preocupación por la seguridad en nuestro país.

Por lo tanto, compañeras y compañeros Senadores, y a los dirigentes de todos los partidos, en nuestro de vista no ha lugar en estos tiempos para acusar, para señalar responsables por la terrible inseguridad que se vive en todo el territorio nacional.

¿De qué nos sirve hablar del fracaso de Fox en esta materia?

¿De qué nos sirve hablar del fracaso de Calderón?

¿De qué nos sirve hablar del fracaso de Peña Nieto?

Si eso ya es pasado, ya quedó para la historia, para mí, para mi Partido Morena, para los mexicanos mayoritariamente fueron sancionados, castigados el pasado 1º de julio, por esa actuación.

¿De qué nos sirve seguir hablando?

Lo que la gente hoy quiere son resultados.

Sabe perfectamente que los gobernantes que acabo de mencionar, y los repito, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron, no quisieron o no supieron darle la seguridad que tanto anhelaban los ciudadanos.

Por eso desde Morena no aceptamos que a 5 meses, 4-5 meses de haber aceptado la administración general se quiera atribuir la responsabilidad absoluta de los altos índices de inseguridad que se vive en el país al actual titular del Ejecutivo Federal, son 4 o 5 meses de haber iniciado.

No aceptamos esa acusación y señalamiento que se hacen al gobierno federal, cuando es evidente, para la mayoría que se están dando pasos serios, responsables en materia de seguridad pública, por el Ejecutivo y que pronto tendremos resultados satisfactorios para la población en general.

Desde que inicio el nuevo gobierno, el pasado 1º de diciembre, asumimos la responsabilidad de acompañar, y este gobierno la asumió, de gobernar este país y gobernarlo bien, este nuevo gobierno asumió la responsabilidad de velar por la seguridad de los mexicanos y por la paz en nuestro país, no olvidamos este compromiso, lo tiene claro el Presidente de la República.

En este tema, la seguridad pública se tiene que cumplir y el nuevo gobierno está obligado, lo sabemos, no necesitan recordárnoslo.

Pero lo establece el artículo 21 constitucional, la responsabilidad es de todos los niveles de gobierno, a la letra el artículo dice:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación el orden público y la paz social”.

Habla de los tres órdenes de gobierno, ¿estamos de acuerdo?

Entonces no sólo el gobierno federal es responsable, no sólo el gobierno federal es responsable. Ahí veo una cartulina, en la fracción de Movimiento Ciudadano, donde habla de muchos asesinatos, no sé cuántos de esos se hayan dado en Jalisco, en Jalisco, si me dicen que es responsabilidad absoluta de Andrés Manuel López Obrador, los asesinatos que se dan desde que llegó el nuevo gobierno en Jalisco, aceptaría yo que lo que se dice es que el gobernador de Jalisco solamente está de florero, solamente así se podría entender y responsabilizar a un Presidente de la República que tiene al mismo tiempo, que ha llegado en Jalisco.

Y así como se habla de la responsabilidad del Presidente de la República, que se llama Andrés Manuel López Obrador, ya tan pronto se le quiere quemar en leña verde, ¿por qué no hablamos de la responsabilidad de otros gobernantes?

Que de acuerdo al artículo 21 constitucional, tiene responsabilidad, entre otros, por ejemplo, de Alfredo del Mazo, en el Estado de México; de Héctor Astudillo, en Guerrero; de Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; de Diego Sinhue Rodríguez…

Permítame, voy para alla, es por territorio, voy bajando.

De Diego Sinhue Rodríguez, en Guanajuato; de Carlos Joaquín González, en Quintana Roo; de Cuitláhuac García, en Veracruz; de Enrique Alfaro, en Jalisco, y de todas y todos los gobernadores de los estados, del resto de los gobernadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, pero las preguntas están fuera de formato y ya en otras comparecencias he negado preguntas al orador.

Vamos a continuar con el formato acordado.

El Senador Higinio Martínez Miranda: En otro momento, Senador, en otro momento.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continúe el orador con su intervención.

El Senador Higinio Martínez Miranda: En otro momento doy clases, hoy no vengo preparado para eso, Senador.

Al final lo que quiero decir es cuestionen, se vale cuestionar todo, todo, cuestionen la política económica del gobierno actual, cuestionen la política exterior, la atención en la salud, los programas sociales, el tema educativo, y si quieren discutamos eso de que se habla, de que existe un ataque presidencial a los medios de comunicación.

Y si quieren también sigamos debatiendo sobre el nuevo aeropuerto que, por cierto, ahí los apoyo a ustedes.

Todo eso se puede discutir, pero en donde no cabe la disputa política, en donde no caben los intereses partidistas, donde no debe haber lugar para la mezquindad y para el regocijo o las fallas del contrario, como aquí vino a hacer gala la fracción parlamentaria del PRI, es en la seguridad pública, en la seguridad pública de todas y todos los mexicanos, de todas nuestras familias, la de ustedes y la mía, la de millones que esperan de nosotros algo más que discursos y disputas estériles, en esa materia no cabe ese asunto, sumémonos a este esfuerzo.

Por eso, en Morena creemos, confiamos y acompañamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la respaldamos y avalaremos, por supuesto, con nuestro voto.

El documento lo explica detalladamente y de forma completa, lo que acaba de venirnos a exponer el Secretario Durazo me parece que con mucha precisión nos da mejores luces de lo que contiene el documento.

Reconozco que la mayoría de los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a este documento, a esta estrategia. Ojalá y todos actuemos en favor de los mexicanos, allá afuera quienes han sido alcaldes, quienes han sido diputados, gobernadores que ha habido, lo que llama la atención a la gente es la seguridad.

En este asunto, y termino, señor Presidente, ojalá y deberíamos actuar como lo hicimos hace dos días, todos juntos aquí festejando, festinando la aprobación de una reforma a la Ley Laboral, que se hizo justicia a trabajadoras del hogar, y todos, la mayoría.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiempo, Senador.

El Senador Higinio Martínez Miranda: La mayoría saludando, abrazándose, tomándose selfies, por qué no en materia de seguridad, que es el tema número uno para este país, por qué no actuamos así, y terminando esta comparecencia todos aportamos nuestras ideas, nuestros mejores argumentos para sacar adelante al país.

Todos podemos hacerlo.

Quisiera pedirle, Secretario Durazo, ya no me da tiempo de leerle mis preguntas, se las hago llegar en este papel, si no el Presidente me va a apurar, son cinco preguntas que ojalá pudiera responder.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya. Y aceptamos que le pase las preguntas por escrito al señor Secretario.

El Senador Higinio Martínez Miranda: No más, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Higinio Martínez.

Tiene la palabra el Secretario de Seguridad Pública para contestar las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en esta primera ronda.

Adelante, Doctor Alfonso Durazo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: Gracias a todas y a todos los Senadores participantes.

Quiero decirles a ustedes que recibo con respeto todos sus posicionamientos y todos sus cuestionamientos, aunque no necesariamente comparto sus argumentos.

En el caso de nuestra compañera, la Senadora Katya Ávila, gracias por el apoyo del Partido Encuentro Social a la aprobación de la Guardia Nacional, valoramos igualmente su apoyo a la iniciativa a la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada ante esta Cámara.

Coincido con usted en el tema de la debilidad institucional de los cuerpos municipales de seguridad. Tenemos que hacer policía desde abajo, si no tenemos capacidad para superar la debilidad institucional de los cuerpos municipales, no vamos a ser exitosos en el combate a la inseguridad.

Con el consenso, la aprobación unánime de la Conferencia de Presidentes Municipales se elaboró el modelo nacional de policía que impulsaremos en todos los municipios del país bajo un formato homologado. No se trata de crear una policía nacional, sino formar a las policías municipales bajo un modelo nacional de policía que estandarice la capacitación, las percepciones, el sistema de seguridad, de retiro, los mecanismos de evaluación y ascenso, etcétera, etcétera.

Comparto una de las debilidades del sistema de seguridad en el país, es la vulnerabilidad de mujeres y niños. Por ello, en el caso de la Estrategia planteamos con énfasis la necesidad de dotar de una perspectiva de género y dar prioridad a la niñez en materia de seguridad.

Aprecio el voto de confianza que le otorga al gobierno de la República en materia de seguridad, y puedo decirle con plena certeza y compromiso que no les defraudaremos.

La compañera Senadora Elvia Marcela Mora, nuevamente el tema de la Guardia Nacional, en su formación será fundamental la capacitación en el tema de los derechos humanos.

La Organización de las Naciones Unidas en virtud del acuerdo firmado con la Alta Comisionada de esa organización para los derechos humanos de la ONU, nos acompañará en el proceso de capacitación de todos los elementos de la Guardia Nacional.

Puedo informar a ustedes que todos esos elementos, provengan de donde provengan, serán certificados para garantizar niveles de confianza en toda la organización.

La información sobre certificación será abierta, estará disponible al público en, obviamente, a la opinión pública, en las páginas correspondientes que en su momento se establecerán para la Guardia Nacional.

Quiero hacer un comentario que involucra a varias participaciones, y decir a ustedes que apreciamos mucho las aportaciones que hicieron todos los grupos parlamentarios para enriquecer la Estrategia Nacional de Seguridad, y que absolutamente todas las aportaciones fueron incorporadas en dicha estrategia, absolutamente todas las aportaciones.

Rendimiento de cuentas, el Senador Miguel Ángel Mancera. Agradezco a la fracción parlamentaria del PRD, el apoyo otorgado a esta Estrategia, lo valoramos, nos compromete.

Por supuesto, el rendimiento de cuentas será una organización, la Guardia Nacional, será una organización transparente. Hemos dicho que invitaremos a organizaciones internacionales y a organizaciones de la sociedad civil a acompañarnos en los diferentes procesos que tendrá a su cargo la Guardia Nacional, particularmente en el tema de rendición de cuentas.

Aquí, por supuesto, no faltaba más, nos sometemos a las disposiciones de esta Cámara para rendir cuentas, no solo en el evento anual, sino siempre que seamos requeridos para ello.

El addendum tomamos en cuenta, ya lo mencionaba, todas las participaciones. El tráfico de armas es uno de los grandes retos, efectivamente, Senador, me gusta la figura de despistolizar a nuestro país, pero tenemos, en este tema, un problema mayor, el 67 por ciento de los asesinatos, de los homicidios cometidos en el país se cometen precisamente con armas que han llegado de contrabando a México, particularmente por la frontera norte.

Así es que ese es uno de los retos, pero la despistolización está asociada al combate a la corrupción, porque gracias a la corrupción es que pueden entrar a nuestro país las armas de contrabando. Vamos a presentar, muy pronto, un programa de combate a la corrupción en las aduanas del país y ahí se incorporará la vertiente del combate a las armas de contrabando.

¿El mando será civil? Sin ninguna duda, la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y si bien es cierto que se ha propuesto como titular de esa organización a un General, es un General en proceso de retiro, que significa desvinculado de los mandos y de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero como también ha señalado el Senador Dante Delgado, en esta circunstancia, no podemos darnos el lujo de desaprovechar a elementos a quienes el país les ha invertido enormemente; lo importante es que ninguno de estos elementos actúe de manera subordinada a una institución distinta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad.

Rendir cuentas. Aquí estaremos siempre que seamos requeridos.

Pregunta: La reforma al artículo 19, efectivamente, impulsará el número de ciudadanas, ciudadanos, que eventualmente irán a prisión imputados por alguna responsabilidad penal, pero el artículo, la reforma al artículo 19 tiene el objetivo de cerrar el paso a la fuerza, a la puerta giratoria.

Como también señalaba el Senador Dante Delgado, creo que en otras circunstancias del país estaría yo en contra de una modificación de esta naturaleza, pero en una situación de emergencia nacional como la que vive el país en materia de seguridad y dado los niveles de corrupción que hay en todo el aparato de seguridad y de procuración y administración de justicia, es imprescindible, me parecen imprescindibles estas modificaciones para robustecer el marco jurídico y dar mayor eficacia, capacidad de respuesta en la materia al Estado mexicano, al gobierno de la República en materia, respetando invariablemente los derechos humanos.

Se tiene, efectivamente, Senador, la previsión, en este momento hay casi 18 mil espacios en los penales federales, espacios desocupados en los penales federales.

El Senador Rogelio Israel Zamora, ¿rendir cuentas? Por supuesto que sí.

¿Tenemos la responsabilidad de dar resultados? Por supuesto que sí.

Aquí se ha dicho, y esto vale para las inquietudes que han planteado todas las fracciones. No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí somos responsables de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos.

Y lo vamos a hacer sin regateos y tenemos muchos elementos para cuestionar a otras administraciones, a otros gobiernos; no los vamos a poner sobre la mesa, no porque no haya argumentos, sino porque no está en nuestro ánimo echarnos la bolita unos a otros.

Es una sutileza teórica decirle a una persona, a un mexicano, a una mexicana, que un delito es del fueron común, que un delito es del fuero federal, como disculpa para no atenderlo.

Tenemos que entrarle juntos, creo que el gobierno, nótese el cuidado, de la República, la Administración 2006-2012, podemos hablar de muchas de las deficiencias que se presentaron en la estrategia de seguridad, de sus resultados, no los voy a calificar, tampoco voy a calificar los resultados o falta de ellos de la Administración 2012-2018.

No obstante el rigor con el que fue expresada la posición de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, porque finalmente no vengo aquí a poner a nadie en la balanza, venga a compartir los argumentos que sustentan una Estrategia Nacional de Seguridad.

Y, finalmente, vengo también a llevar, eventualmente, su simpatía para esas propuestas y que nos demos la oportunidad de construir, eventualmente, un respaldo unánime al resto de las iniciativas que faltan para dar forma legislativa total a la Guardia Nacional.

Porque la Guardia Nacional no solo requiere el voto de las y los Senadores morenistas, son leyes secundarias y podríamos, y no se requiere una mayoría calificada, pero la creación de un instrumento como la Guardia Nacional si quiere, sí requiere y le es imprescindible el respaldo unánime de esta Cámara.

Ojalá lo logremos en el paquete de iniciativas secundarias, como lo logramos en la reforma constitucional.

El tema de la salud mental es un tema relativamente nuevo en la atención del personal de seguridad, pero está tomando una relevancia extraordinaria.

Vamos a atender el tema de la salud mental y el tema del estrés mental, estrés psicológico, estrés emocional, de todos los integrantes de la Guardia Nacional y, en general, de los cuerpos de seguridad del país.

¿Cómo se coordinará en los tres órdenes de gobierno?

Bueno, la próxima semana presentaremos la Estrategia de Combate a las Adicciones. Si no reducimos los niveles de consumo de droga en el país igualmente no vamos a ser exitosos en lograr mejores niveles de seguridad.

¿Qué haremos con los jóvenes?

Los jóvenes son uno de los actores fundamentales en la Estrategia de Seguridad. Tenemos dos millones 600 mil jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan; 300 mil que quieren estudiar pero no encuentran espacio; y dos millones 300 mil que no quieren estudiar, pero que buscan empleo y no lo encuentran.

Iniciamos ya un programa emergente de educación superior. Vamos a masificar la educación superior. No habrá un solo joven en el país que quiera estudiar y que no encuentre un espacio en un centro de educación superior.

Estamos avanzando en este programa.

Y los dos millones 300 mil jóvenes que en este momento buscan empleo y no lo encuentran, en tanto la economía tiene capacidad para generar esos empleos, estamos promoviendo su incorporación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de capacitación que les permitirá un ingreso de tres mil 600 pesos mensuales por cuatro horas de capacitación.

Esta es una vía para rescatar de las garras de la criminalidad a los jóvenes.

No es tiempo de buscar -Nancy De la Sierra, Senadora del PT, gracias por el apoyo, lo recibimos con compromiso, el apoyo a la Estrategia de Seguridad- quién tiene la culpa, ya lo dije, nosotros no vamos a perder el tiempo “echándonos la bolita” unos a otros. Somos los responsables de construir las respuestas de seguridad en el país y lo vamos a lograr.

Si hay que repartir culpas, francamente las hay para todos, pero este no es el objetivo de mi presencia acá, en esta comparecencia.

La Guardia Nacional tendrá, obviamente, facultades para investigar el delito en apoyo del Ministerio Público, obviamente para realizar tareas de ciberseguridad, para resguardar la seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no solo eso, la ciberseguridad de todas las instalaciones estratégicas del gobierno mexicano y para coadyuvar en la ciberseguridad de las grandes instalaciones también del sector privado, porque existe actualmente en la Policía Federal una división de investigación y una división científica, ambas tienen responsabilidades en este ámbito y ambas pasarán a la Guardia Nacional en un plazo máximo de 18 meses.

Sobre el uso de la fuerza, bueno, está sobre la mesa un documento de trabajo en el cual se establecen los mecanismos institucionales para normar y evaluar el uso de la fuerza pública.

Uno de los rubros fundamentales del programa de formación de los elementos de la Guardia Nacional, junto con derechos humanos, será el uso de la fuerza pública, para que responda a los principios fundamentales de legalidad y de contexto democrático en el que se está diseñando la Guardia Nacional.

¿Qué diferencias hay entre la actual estrategia y las anteriores?

Las anteriores estrategias estuvieron basadas exclusivamente en el recurso o en el uso de la fuerza policial y militar. Nosotros proponemos transitar hacia una visión amplia, que vaya a la atención de las causas profundas que generan la inseguridad, causas de carácter político, económico, social, particularmente entre los jóvenes y particularmente de sobrevivencia económica.

Si no somos capaces de generar estas oportunidades, particularmente para los jóvenes, no lograremos niveles adecuados de seguridad así tengamos un policía en cada esquina.

¿Qué haremos con la corrupción?

El combate a la corrupción es uno de los ejes fundamentales de este gobierno y la iniciativa número uno en materia de corrupción es el ejemplo, desempeñarnos con ética y apegados a una rigurosa honestidad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades públicas.

La Senadora Geovanna Bañuelos, del PT, gracias por el apoyo a la estrategia. El 74.6 por ciento no se sienten seguros en el país, según datos del Inegi; y hay ciudades donde estas cifras son todavía mayores.

Esto es parte del reto que tenemos, reducir no solo la incidencia criminal, sino la percepción, de tal manera que los ciudadanos sientan mayor tranquilidad para desempeñar sus actividades cotidianas.

No tienen, efectivamente, los problemas actuales de seguridad su origen en la naciente administración. Decía yo que el problema de la inseguridad es histórico, es crónico y es histórico, y aun cuando no tiene su origen en la actual administración, asumimos, sin regateos, la responsabilidad de regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

No me voy a meter en el tema de las cifras, porque deben saber ustedes que también en materia de cifras de incidencia de criminalidad hay una crisis.

El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra mensualmente los datos, nosotros lo estamos haciendo diariamente sobre las mismas fuentes, pero las mismas fuentes, quiero decirles a ustedes, son los gobiernos estatales, son las fiscalías o las procuradurías estatales, y hay diferencias entre una cifra y otra porque una cifra es diaria y la otra se emite mensualmente, y en ese periodo hay una reclasificación jurídica de las carpetas de investigación. El día que se registra se clasifica como homicidio doloso y puede pasar posteriormente a culposo, o a la inversa.

Y en el caso de la estadística de homicidios del día no se cuantifican los cuerpos hallados en fosas clandestinas y esa cifra sí se incorpora en los datos mensuales del Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Policía Municipal, es la policía más importante.

¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya hablé del modelo nacional de policía.

Valoro mucho, Senador Dante Delgado, las reflexiones que sustentan el respaldo que otorga a la iniciativa. Coincido con usted en que es el problema más urgente que hoy enfrenta nuestro país y también coincido en que es uno de los males estructurales más graves que padecemos. No se solucionará de un día para otro, como usted muy atinadamente lo contempló.

Lo del artículo 19, decía que en otras circunstancias yo tampoco estaría de acuerdo, pero en las actuales de emergencia nacional, en materia de seguridad, es un instrumento que robustece el marco jurídico y apoya o facilita la eficacia del gobierno en materia de combate a la delincuencia.

En un año tendrá que notarse un cambio y aquí vendremos, Senador, a rendir las cuentas correspondientes. Y tengo la certeza plena de que esas cuentas dejarán satisfechos a esta Asamblea.

Coincido y firmo anticipadamente una iniciativa de la Ley de la Guardia Nacional de carácter republicano, federalista y respetuosa de los derechos humanos. Si transitamos por esa ruta, estoy seguro que no tendremos absolutamente ningún problema para construir un acuerdo unánime, sin vínculos de subordinación militar.

Comparto completamente y por supuesto el proceso de mejoramiento de las policías locales. Ahí tenemos otro de los grandes retos en materia de seguridad, con casi 2 mil 500 municipios en el país, sólo mil 800 tienen cuerpos de seguridad, y de ellos sólo 900 tienen más de 20 elementos, y de ellos solamente el 40 por ciento están medianamente capacitados, así es que ahí tenemos uno de los grandes retos.

Por otro lado, los presupuestos de apoyo a estados y municipios en materia de seguridad, creo que es conveniente fortalecerlos porque finalmente todo se traduce en un impacto presupuestal, pero en el marco de las posibilidades no regatearemos esfuerzos ni empeños para mejorar y hacer policía desde abajo.

Bueno, ya lo dije, no vengo aquí a repartir culpas aún y cuando si ese fuera el objetivo de mi comparecencia habría culpas que repartir para todos.

Respetuosos, así debe ser y espero que así siga siendo, que seamos respetuosos como ha sido el proceso para la creación de la Guardia Nacional, y que aún en el marco de las entendibles diferencias no perdamos la capacidad de ser respetuosos para expresarlas y, en esa medida, le demos viabilidad a la permanencia a un diálogo permanente hasta construir los consensos necesarios para sacarla con el mayor respaldo posible.

El tema de la corrupción, erradicar la corrupción, bueno, hay innumerables mediciones internacionales que califican o ubican los niveles de corrupción existentes en nuestro país.

Diré que en el año 2000, nuestro país se encontraba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial.

Que en el 2006, se encontraba en el lugar número 70.

Que en el 2012, pasó al lugar número 100.

Y que en el 2018, nuestro país se ubicó en el lugar 138 del ranking de corrupción mundial entre 175 países evaluados.

Cada quien saque sus cuentas y vea la responsabilidad que eventualmente le corresponde en ese tema.

En este momento, quiero decirles a ustedes, que en estos cuatro meses de gobierno ninguna institución del gobierno federal ha sido merecedor de alguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, absolutamente ninguna, y que todas aquellas que hemos recibido por responsabilidades institucionales de años cometidas en años anteriores, absolutamente todas han sido aceptadas y están en proceso y están en curso de atención.

No se está ocultando información, eso jamás.

Creo que no pueden hacer ese señalamiento a nuestro gobierno, no ha habido gobierno más abierto, más transparente que el actual, todos los días rendimos cuenta ante la opinión pública y no hay cuestionamiento que eludamos por comodidad, mucho menos por complicidad.

A la Senadora Verónica Martínez, observaciones.

Bueno, señala que no atendimos las observaciones que hicieron a la Estrategia, creo que esa valoración no es precisa, atendimos en general todas las observaciones y lo hicimos con la mejor buena fe.

El control de las adicciones es un tema de salud pública, sí, por supuesto, creo que desde ese enfoque hay que combatirlas; no obstante, que tiene su componente de seguridad, pero aquí cuando yo hablo de revisar la política prohibicionista les recuerdo a ustedes que el principal promotor de la política prohibicionista fue nuestro vecino del norte; sin embargo, ahí en la mitad de los estados ya se ha permitido, bajo una modalidad u otra, el consumo de algunos enervantes, particularmente de marihuana.

El tema de los decomisos, por ahí deje una hojita, por favor, debe de estar por ahí, a ver si puedo precisar qué sucede actualmente.

Que nosotros, gracias, durante 2018 la Policía Federal aseguró un total de 65 toneladas de marihuana; 2 y media de cocaína; 2 de cristal, etcétera.

Ahora van 20 toneladas de marihuana; 531 de cocaína; 2.7 kilogramos de cristal; 121 de heroína, y esto estoy hablando sólo de la Policía Federal.

Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático, no nos vamos a justificar por la vía de hacer grande cada uno de estos resultados que la Policía Federal, y en general los cuerpos de seguridad, tienen obligación de cumplir.

En el caso del Senador Cabeza de Vaca, se respete la letra y el espíritu de la Guardia Nacional. Lo haremos puntualmente.

Quiero decirles a ustedes que los elementos del Ejército y la Marina pasarán comisionados a la Guardia Nacional.

Conservan la vinculación administrativa porque presupuestalmente la Guardia no tiene vida, o no tiene vida presupuestal todavía. El próximo año ya veremos cómo plantea la Cámara de Diputados la suficiencia presupuestal para la Guardia.

Pero lo más importante es que no habrá subordinación de mando de ningún elemento comisionado como actualmente sucede a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de la Marina, hay muchos elementos de ambas instituciones que están comisionados, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, y obedecen a los directivos de Petróleos Mexicanos, y así obedecerán a la dirección de la Guardia Nacional que recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Pero un dato más para su tranquilidad, porque es un planteamiento que ha generado inquietud.

La comisión es sólo por cinco años, y en esos cinco años, que es el plazo máximo que tenemos para construir la Guardia Nacional, podrán regresarse los elementos comisionados al Ejército o a la Marina, y esos elementos no perderán ninguno de sus derechos, ni su antigüedad.

Pero una vez cumplidos los cinco años, ya los elementos que se queden en la Guardia serán policías de la Guardia Nacional, ya no tendrán absolutamente vinculación alguna con ninguna de las instituciones de las que proceden.

Si seis años después, o siete después quisieran regresar a esas instituciones ya no podrán hacerlo. Solamente podrá suceder en el plazo por ustedes establecido, que es el de cinco años, y con estos elementos y argumentos puedo darles a ustedes la certeza de que no hay motivo de preocupación respecto a una subordinación indebida de la Guardia Nacional.

El tema del acompañamiento a los programas de seguridad, el tema de prevención, por supuesto, mencionaba yo que la política social está en el trasfondo de la política de seguridad, no pretendemos cargarle a la política de seguridad las responsabilidades que debe resolver, perdón, a la política social las responsabilidades que debe cumplir la política de seguridad.

Pero como complemento de la política social está, por supuesto, la política de prevención, que es el toque fino de la solución de los problemas de seguridad.

Fortalecimiento al federalismo en la materia, sin ningún problema.

Policía local, el sistema penitenciario sin inteligencia, capacitación y recursos humanos no podrá avanzar adecuadamente la Guardia Nacional, estoy completamente de acuerdo. Nosotros creemos más en el uso de la inteligencia que en el de la fuerza porque, además, la inteligencia reduce los riesgos de la acción de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad.

No hay contradicción, no hay contradicción.

El tema de la amnistía lo pusimos sobre la mesa con diversos acotamientos, y creemos que es una posibilidad que debemos analizar sin reservas y en el contexto de una emergencia nacional.

Si finalmente de un análisis colegiado concluimos que no hay lugar o no es conveniente impulsar un proceso de amnistía se cierra el capítulo, pero si eventualmente se ve en la amnistía una posibilidad para agregar, mejorar los niveles de seguridad sin pasar por la impunidad, creo que debemos darnos la oportunidad de analizarlo.

El tema de la caída en los decomisos, bueno, ya lo mencionaba, inconsistencia de cifras no hay tal, las cifras diarias miden una cosa y las cifras del secretariado miden otras completamente.

En el transcurso de las cifras, las cifras que se generan determinado día y las del Secretariado transcurre un mes, y en ese mes puede haber, como decía, una reclasificación de la condición jurídica de ese homicidio y eso termina modificando, haciendo una diferencia en las cifras.

Las cifras oficiales son las del Secretariado, las cifras del día son las que nosotros utilizamos para evaluar los niveles de violencia en el país, entre otras variables, y tienen propósitos exclusivamente tácticos.

En seis meses cese la violencia, no, sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia, es un problema estructural, es un problema crónico, es un problema histórico, tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero aplicarnos desde ya sin regateos, aportar a su solución sin regateos, por limitaciones de carácter político o ideológico.

Y, finalmente, bueno, en el caso de la Senadora Rosales, lo que ocurre en Veracruz, quiero decirles que estaremos por allá el día de mañana, y mañana informaremos a la gente de su estado las acciones concretas que impulsaremos para garantizar mejores niveles de seguridad.

Si avalo la ausencia del Fiscal General, nosotros respetamos la autonomía del Fiscal, y el Fiscal no está obligado a asistir, no está obligado a asistir, pero debo decir que en general, la presencia de un Fiscal, o de su representante o del procurador local que tiene una condición jurídica distinta, ayuda invariablemente.

No estoy de acuerdo en un comisionado de seguridad, el gobierno federal es responsable de garantizar el respaldo a las autoridades estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el estado, y el día de mañana, con ese propósito estaremos allá y la presencia del gobierno federal, de las fuerzas federales será más robusta, eso es lo único que puedo adelantar por razones obvias.

Agradezco mucho las palabras del Senador Higinio Martínez, el apoyo, por supuesto, de la fracción de Morena a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Presidente López Obrador, la gente quiere resultados, y reitero, no vamos a echarnos la bolita unos a otros.

Qué no se podría decir de los gobiernos, por ejemplo de 2006 a 2012, en materia de seguridad, o de 2012 a 2018, no me corresponde a mí decirlo en esta tribuna, muchos analistas se han encargado y se seguirán encargando de evaluar para bien o para mal ese desempeño.

No me voy a regodear en la sangre derramada en esos sexenios a causa de la violencia, ojalá no hubiesen sucedido todos esos homicidios.

Reconozco que esos gobiernos, ambos gobiernos, estoy seguro que trataron de hacer su mejor esfuerzo, y estoy seguro también que no lo lograron, no obstante las circunstancias y no obstante su empeño.

Sí difiero en el tema de la estrategia que se basó exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar.

Y, finalmente, tampoco voy a caer en el desahogo de dar cifras de corrupción de gobiernos anteriores, porque son más que conocidas.

Gracias a todas y a todos por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor Secretario.

Quiero comentar que hay alumnos de la Universidad de Guanajuato, invitados por el Senador Erandi Bermúdez, son alumnos del equipo de litigación de la Universidad de Guanajuato.

¡Bienvenidos, también!

Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas de los grupos parlamentarios, dichas intervenciones serán, hasta por cinco minutos.

En consecuencia, comenzaremos en orden ascendente, incluyendo al Senador sin grupo parlamentario.

Tiene la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenas tardes, estimado doctor Durazo.

Bienvenido a este Senado de la República, su casa, institución de los poderes del Estado, en la que usted sí es visible y que ha luchado incansablemente para darle a usted su lugar como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el menoscabo e invisibilización de su figura como responsable de la seguridad de nuestro país, quien se ha generado desde el propio titular del Ejecutivo Federal, al darle al Secretario de la Defensa Nacional, la presencia y representación en los temas de la institución civil, llamada Guardia Nacional, y que fue adscrita a su Secretaría.

Este Senado de la República es la institución que promovió la reforma de la Guardia Nacional de sentido, carácter, identidad y modelo civil, y así lo plasmó en la reforma constitucional, aunque lamentablemente el titular del Ejecutivo se empeña insistentemente, prácticamente todos los días en una lógica militar.

Le confieso, Secretario, que me sorprende y decepciona que sea el Presidente López Obrador el que asigne el mayor rol público al Ejército en décadas; es más, inclusive superior a los gobiernos neoliberales, como él le llama.

A mí honestamente me sorprende que estemos ante una lógica militarista, le digo con absoluto respeto, no esperaba estar en este sexenio con esa lógica, voy a centrar mis observaciones, señor Secretario en seis temas:

1. Reconozco y resalto su presencia, así como la voluntad de diálogo que usted tiene, Secretario, ojalá eso cunda en el gabinete.

Y también lo resalto porque es la primear vez que se da cumplimiento al artículo 69 constitucional, es de gran importancia que este Senado revise esta estrategia.

Y también me da mucho gusto que se dé cumplimiento al artículo 66 constitucional, fracción XI, que por cierto, sus correligionarios ya andaban incumpliendo.

Vino usted aquí después de la primera lectura. Qué bueno que está, ojalá hubiera sido antes.

2. En la estrategia vemos varios qués y pocos cómos.

Los ocho ejes de la estrategia nos dicen sí varios qués, pero no nos dicen con claridad los cómos, excepto uno, la profundización del paradigma militarizante de la Seguridad Pública, que sí bien se menciona en el addendum, pero la verdad que está incorporado más como una lógica narrativa que como algún otro esquema.

3. Lo que no se puede medir no se puede evaluar, y difícilmente mejorar. La estrategia carece de un diagnóstico basado en cifras, datos y con sustento fundado en una evidencia empírica más allá de afirmaciones y poco sustento. Falta un diagnóstico previo y serio formulado a partir de fuentes gubernamentales, no gubernamentales, pero también de información técnica de la academia y la sociedad civil de grupos focales o, por ejemplo, encuestas que permiten saber si esa estrategia tendrá aceptación, correspondencia a quien va dirigida.

Contiene un elemental diseño, por así decirlo, de mecanismos para la implementación y, sobre todo, prácticamente no incluye indicadores ni mecanismos de evaluación de resultados de rendición de cuentas, de transparencia, de participación ciudadana de estándares internacionales que permite evaluar no sólo en resultados, sino también el impacto.

4. No se observa una política pública con enfoque de derechos humanos, aunque ciertamente hay un eje y se menciona, está en la narrativa, pero ha evolucionado muchísimo el desarrollo de política pública con este enfoque.

5. Sorprende y preocupa la ausencia de la conceptualización de seguridad ciudadana. Le invito, Secretario, que me diga cuántas veces está mencionada seguridad ciudadana como concepto en la estrategia.

6. Dos ausencias notables, Secretario.

La centralidad del rol de las víctimas, y el contraste que hay entre los delitos patrimoniales como estrategia desarrollada, versus los delitos contra la vida la integridad, por ejemplo, desapariciones forzadas u otros. Hay un contraste notable, Secretario, y estos delitos han generado un enorme daño, se desarrolla muchísimo los delitos patrimoniales.

Tengo varias preguntas, por tiempo no voy a alcanzar a darlas, se las voy a entregar, pero déjeme formular sólo una, contando con la anuencia del Presidente, por favor.

Por qué el Senado de la República habría de aprobar una estrategia con un diagnóstico casí sin datos, construidas sin el respeto de los estándares internacionales, sin ninguno de los elementos que las ciencias sociales han determinado para la construcción de la política pública y, sobre todo, por qué aprobar esta estrategia sin la participación ciudadana en el ejercicio democrático de la construcción de comunidades seguras para recuperar la seguridad desde una perspectiva ciudadana y de derechos humanos.

Por su atención, Muchísimas gracias, señor Secretario.

Le entrego el documento para que si usted es tan amable, por escrito me las pudiera hacer llegar. Y rogándole al Senador Presidente, que mi intervención sea incorporada de manear completa en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Así será.

Se incorporarán las preguntas que no alcanzó a formular en el Diario de los Debates.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene la palabra la Senadora Eunice Renata Romo Molina, para hacer las preguntas a nombre del Partido Encuentro Social.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Muchísimas gracias, señor Presidente. Doctor Durazo, sea usted bienvenido al Senado de la República, su casa.

Voy a insistir en un tema que se ha utilizado para golpear esta estrategia, me parece que usted ya ha contestado; sin embargo, creo que para quienes nos ven vale la pena aclarar y abrir el tema. Y en ese sentido hablaré de una cuestión.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública resalta la necesidad de regular el uso de la fuerza a través de un instrumento que se apegue a los estándares internacionales, y que sea aplicado a todos los cuerpos de seguridad pública.

Se menciona que se debe establecer un catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que es necesario el planteamiento de reglas para el control y administración del equipamiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

La normatividad nacional e internacional establece que se debe garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la facultad policial, de hacer uso de la fuerza y armas de fuego.

En ese sentido la pregunta sería: ¿cómo vamos a garantizar que la Guardia Nacional no hará mal uso de la fuerza y que se apegará a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, honradez y a los derechos humanos?

Aprovecho esta tribuna para terminar y señalar que como parte de la coalición parlamentaria, celebramos que comparezca ante esta Soberanía, no sólo para presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino también para dar respuesta y atender a las peticiones que la ciudadanía tiene.

Me parece importante resaltar que es un tema urgente, dar puntualidad a la atención a la demanda ciudadana de seguridad, y también me parece importante resaltar que nosotros sabemos que la encomienda que asumió el año pasado, diciembre, es titánica, y usted junto con su equipo tiene una gran responsabilidad.

Estamos seguros de que la próxima ocasión que comparezca, tendrá la dignidad de ofrecer los resultados a los que estamos obligados todas y todos.

Sería cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Eunice Renata Romo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio García Conejo, para formular las preguntas a nombre del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, y demás integrantes. Querido Senador Alfonso Durazo, hoy Secretario de Seguridad Pública de nuestra nación.

Sea usted bienvenido al Senado de la República, y excompañero Diputado Federal en la Legislatura LXII.

Usted representa, señor, en usted recae una de las responsabilidades, yo diría más grandes de nuestro país, y digo más grandes porque es la más sentida de las y los ciudadanos en este momento.

México no puede seguir viviendo en el miedo, México no puede seguir viviendo en el estrés, la preocupación. No pueden más ya las madres de familia, los padres de familia vivir pensando y preocupados por la seguridad de sus hijos, de sus hijas, de sus propiedades.

Usted tiene una grandísima responsabilidad, no dudo que sabrá enfrentarla con mucha dedicación, con pasión, con fuerza.

Yo quiero manifestarle, a usted, que en los tiempos que recorrí el estado de Michoacán, uno de los temas que, y no solamente yo, seguramente mis compañeras Senadoras y Senadores, pues esos reclamos de los ciudadanos: seguridad y trabajo.

Fueron los dos temas que más la gente pidió: seguridad y trabajo.

Yo hablé que para lograr tener resultados se requerían dos cosas: Una acción fuerte, una estrategia de prevención y otra de reacción.

Y en la de prevención hay muchas cosas, hoy no me voy a detener a decir todo lo que se pudiera hacer, porque no se trata de un tema de ocurrencia, se trata de un estudio claro, preciso, pero la prevención tiene que ver desde la niñez, fortalecer los valores en la sociedad, esos valores que han llegado para quedarse, desde el respeto a la vida, la bondad, la solidaridad entre muchos más, pero se requiere un trabajo fuertísimo en la primera institución que es la familia; segunda institución, que es la escuela.

Sino trabajamos fuertemente en esa parte a la prevención, muy difícil vamos a poder cortar ese círculo vicioso que se está y que se ha venido generando. Mientras estás deteniendo a los delincuentes, que por cierto la mayoría son muy jóvenes, pues ahí van los adolescentes enseguida y los niños también que no tienen esa atención adecuada.

Entonces la prevención es fundamental, desde mi punto de vista, debe de ser un programa muy fuerte, muy agresivo preventivo.

Y el otro tema, la reacción, señor Secretario, son comentarios, y luego termino con una pregunta.

En el tema de la reacción, pues es un tema que tiene que ver con enfocar las estrategias basadas en resultados y no en recorridos disuasivos de las fuerzas. El otro creo que pudiera ser elevar las capacidades en materia pericial, partiendo de la relevancia de la prueba científica en el Sistema Penal Acusatorio, aprender de los errores ya cometidos y no caer en las mismas circunstancias.

El costo que representa para los alcaldes, de acuerdo a lo ya aprobado en la Guardia Nacional, el costo que va a tener sí es preocupante, porque hay alcaldes, municipios muy pobres, pero tienen un alto índice de inseguridad y no van a poder, ellos, cubrir ciertos gastos.

Eso no puede ser, creo que es un tema que usted tendrá que revisar y lograr que eso no suceda, porque eso no ayudaría, desde mi punto de vista.

La fracción del Partido de la Revolución Democrática jamás va a ser un obstáculo de las estrategias que implemente el Presidente de la República y usted, señor.

Hemos demostrado con hechos en las propuestas que se han realizado, es un compromiso con la sociedad de México y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, porque el tema de Seguridad Pública, queridas amigas y amigos, no tiene colores, no tiene ideologías políticas; los delincuentes no miran eso, ellos van por lo suyo, ellos van por un interés económico. Mientras estamos nosotros debatiendo y echándonos culpas, ellos están ganando terreno.

Así es que nosotros, desde la fracción del Partido de la Revolución Democrática, hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo, para dar todos esos instrumentos que se requieren: La Ley de Uso de la Fuerza, Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones y reformas a la Ley General de Seguridad.

Querido, Secretario, me preocupa mucho que no vaya a ser, eso sí, que no vaya a ser más fuerte el remedio o más grave el remedio que la enfermedad.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiempo, Senador.

El Senador Antonio García Conejo: Sí, concluyo, señor Presidente.

Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con el respeto absoluto a los derechos humanos cuidando los protocolos.

Por otro lado, decirle que el turismo es una de las tres más importantes fuentes de ingreso de México, nuestro potencial nos ha colocado, de algunos años a la fecha, dentro de los primeros 10 lugares en la captación de turistas; al día de hoy más de cuatro millones de empleos directos y cerca de 10 millones indirectos, pero la industria del turismo tiene un serio riesgo sino cuidamos la seguridad en los lugares más afluentes de turistas y donde contemplan no solamente sol y playa, sino también los pueblos mágicos.

La pregunta, señor Secretario: ¿Qué estrategias estará usted implementando, que den ese blindaje que se requiere para garantizar la tercera fuente de economía para las y los mexicanos?

Por su atención, muchas gracias y bienvenido nuevamente a su casa que es la Cámara de Senadores.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Conejo.

Tiene la palabra el Senador Enrique Murat Hinojosa, para formular las preguntas del PVEM, hasta por cinco minutos.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Estimado Secretario, bienvenido, lo felicito por venir a dar la cara. Señor Presidente, compañeras y compañeros.

Antes de iniciar las preguntas del Partido Verde, quiero dejar claro que no comparto la actuación de varias compañeras y compañeros del martes pasado y el día de hoy.

El Senado de la República es el eco de la nación y debe de ser el eco de la unidad, no de la división. Ya basta de construir narrativas estériles desde la oposición o desde el gobierno que no abonan en nada, que se utilice la más alta tribuna del país para construir narrativas mediáticas es una verdadera vergüenza, eso que se haga afuera, pero no acá; que se haga ante los medios.

Yo comparto lo que dijo la Senadora Nancy De la Sierra: “Todos somos Veracruz, porque todos somos México”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución que usted coordina, tiene entre sus funciones ejercer el mando de la fuerza pública para proteger a la ciudadanía de las amenazas que ponen en peligro las libertades y la integridad de los mexicanos. Sin duda, bajar los índices delictivos en nuestro país, no es una tarea fácil, se requiere de una especialización, visión y estrategia que pueda contener y erradicar la situación de violencia que vive nuestro país desde hace algunas décadas, la cual en muchos estados es alarmante.

Casos como lo que ocurrió en Minatitlán, en el estado de Veracruz, no pueden ser vistos con normalidad, no debemos continuar normalizando la violencia. Hemos perdido la capacidad de asombro, no podemos perder de vista que lo que pasa en una entidad nos afecta a todos por igual, debemos ver por la unidad de nuestro país. México es y debe ser nuestra prioridad.

Continuemos con la construcción de acuerdos como lo hicimos con la Guardia Nacional, por unanimidad, no digo que no cuestionemos, pero que estos cuestionamientos sean cuestionamientos de nivel, más allá de quien esté al frente del gobierno o quién ejerza una mayoría parlamentaria, el objetivo de todos nosotros como legisladores es trabajar para impulsar los cambios y las transformaciones que se necesitan de manera profunda, no solo desde el discurso.

Por eso en el Partido Verde no vamos a escatimar una sola coma, un solo esfuerzo y una sola acción en la búsqueda de las soluciones ante la violencia. Está claro que esta situación ha superado, en todo, a tres administraciones y solamente todos, unidos, vamos a poder darle respuesta a los mexicanos, no divididos.

Por ello existen dos aspectos fundamentales que me gustaría destacar en el combate a la violencia.

El primero, enfocado al manejo de los recursos públicos. Nos llama la atención que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública busca, como primer objetivo, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, y entre los mecanismos para lograr este objetivo, se realizarán diversas acciones en materia fiscal, de contrataciones y de auditoría.

Por ello, nos gustaría conocer sus apreciaciones sobre esto.

¿Cómo será, primero, la forma de coordinación de su dependencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y con la Auditoría Superior de la Federación para el combate a la corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal?

Segunda pregunta, ¿qué acciones de coordinación ha llevado a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el sector empresarial, particularmente en lo que se refiere a las contrataciones y licitaciones públicas?

¿Cuáles, señor Secretario, son sus principales preocupaciones?

El segundo tema con relación a uno de los principales ejes de la estrategia para resguardar la integridad de los mexicanos mediante la creación de la Guardia Nacional, sabemos que aún están pendientes las leyes secundarias para la consolidación de este cuerpo de seguridad y en el Partido Verde estamos comprometidos en la construcción de un cuerpo de seguridad que dé resultados.

En tal sentido, resulta importante conocer:

Uno. ¿Qué capacitación se le dará a los elementos del Ejército y de la Marina que integrarán la Guardia Nacional?

Segunda pregunta, en relación a este tema, ¿qué diferencias sustanciales habrá entre la Policía Federal y la Guardia Nacional?

¿Y si todos los elementos de la Policía Federal pasarán a formar parte de la nueva institución?

Tercera pregunta, en torno a la Guardia Nacional, ¿de qué forma participarán las autoridades estatales y municipales en la definición de acciones de la Guardia Nacional?

Cuarta pregunta, ¿cómo será el despliegue de esta Guardia Nacional?

Y, finalmente, ¿de qué forma vigilarán que estos elementos no cometan ningún acto que vulnere los derechos humanos de la ciudadanía?

Todo esto que debatimos hace un par de semanas.

Por sus respuestas y por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Murat Hinojosa.

Tiene la palabra la Senadora Cecilia Pinedo Alonso.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores. Honorable Asamblea. Bienvenido, señor Secretario, a esta que es su casa.

México enfrenta enormes desafíos y, sin duda, la inseguridad es la de mayor impacto en la vida de las personas.

Hoy sabemos que uno de cada tres adultos ha sido víctima de delitos. La violencia afecta a todos, en algunos casos de manera brutal impacta en las comunidades completas, generando incertidumbre y dolor en las familias.

La violencia y la inseguridad impactan todos los ámbitos de la vida de las personas, obstaculiza el desarrollo de la economía, y deja huellas en las familias y en la sociedad.

Es por ello que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es fundamental la coordinación entre entidades federativas con organismos e instituciones de seguridad pública, la intención de mejorar, en formación y desempeño, una institución que debe cumplir altos estándares internacionales y que se rija bajo principios de servicio a la sociedad.

Es imperativo que en el combate a la inseguridad se garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos, no solo de los delincuentes, también de las víctimas. No queremos que se repitan prácticas acostumbradas.

Cumplir con la meta de la estrategia que aquí se discute nos acercará cada vez más a nuestro objetivo de salvaguardar la vida, libertades, integridad y el patrimonio de personas, así como la generación de un orden público y paz social.

Sin embargo, en un enfoque integral para que la estrategia sea más efectiva, va acompañada de acciones de gobierno que promuevan la creación de empleos, servicios educativos y atención a la salud.

Es así como debemos buscar, como representantes del Estado, atender un fenómeno que rebasa ámbitos locales.

Estoy cierta que, como parte de esta cuarta transformación, el combate a la pobreza constituye la mejor estrategia para acabar con la inseguridad y la violencia. Brindar seguridad, acabar con la impunidad y recuperar para los mexicanos los espacios públicos, es un compromiso que con esta estrategia estamos haciendo realidad. Y cuente con el apoyo de Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo.

Quiero hacer una pregunta, señor Secretario, porque este tema no se ha tocado.

¿Qué acciones se están tomando en materia de readaptación social y cómo espera lograr que el Sistema Penitenciario deje de ser un espacio desde el cual se cometen delitos como la extorsión?

¿Cómo se combatirá el autogobierno en los penales y qué nos puede decir de los modelos de penales bajo la administración privada? Que tenemos información que están muy por debajo de la capacidad en su ocupación.

Antes de concluir quiero entregarle una carpeta, que es una solicitud para que se corrija un fenómeno y me voy a sumar a lo planteado por el Senador Higinio, por el Senador Murat y también por su convocatoria, para no dividirnos más.

Creo que el interés de los que estamos en esta alta responsabilidad, en esta Asamblea, es el de velar por los intereses de los mexicanos y no vamos a velar divididos, vamos a velar unidos.

Y con esa intención, no comentaré este hecho en público, pero sí se lo voy a encargar, porque mi estado no es una excepción de hechos de corrupción y de impunidad, y esta petición se la quiero hacer de manera personal.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cora Cecilia.

Tiene la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Secretario, ¡bienvenido!

En Movimiento Ciudadano reconocemos su buena voluntad y su disposición durante todo este tiempo para la construcción de un diálogo de consensos y como lo dijo mi coordinador, Dante Delgado, esperemos que el resto del gobierno federal se contagie de esa buena voluntad.

Secretario, en Movimiento Ciudadano hemos insistido en diversos momentos, en este Senado y en diferentes lugares, que la única vía que tenemos para construir una estrategia de seguridad que sea viable y que además sea duradera, pase de manera obligatoria por el fortalecimiento de los policías locales.

Pero para fortalecer a la policía local resulta indispensable conocer y dimensionar la realidad en la que ellos se encuentran. Y esa realidad, Secretario, es profundamente desoladora: pésimos salarios, falta de entrenamiento, estancamiento laboral, sin instrumentos para realizar su trabajo, sin garantías legales, mientras que por otro lado les exigimos todos los días que pongan en peligro su vida para defender la vida y la integridad de niñas y niños, de hombres y mujeres en nuestro país.

Señor Secretario, debe de quedar muy claro, no habrá una solución de fondo al problema de inseguridad si no nos perfilamos hacia la consolidación de policías que sean eficaces, que sean eficientes, que estén bien equipadas, que sean profesionales y que además estén coordinadas, esto en todo el país.

En este sentido, y con muchas resistencias, hay que mencionarlo, se logró incluir en la reforma constitucional de la Guardia Nacional, por un lado, la obligación de diseñar esquemas de coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad locales.

Y, por otro lado, en un artículo transitorio, se logró que se diseñaran programas de fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Sé que la Estrategia de Seguridad Pública por su parte también plantea un esquema de coordinación regional y estatal; sin embargo, señor Secretario, aún persisten muchísimas dudas sobre cómo se va a lograr el verdadero fortalecimiento de las policías locales para que éstas reasuman con eficiencia y con eficacia su responsabilidad en materia de seguridad pública.

Esto significa, en primer lugar, construir una relación de coordinación, coordinación más no subordinación.

En segundo lugar, asumir el compromiso de invertirle a las policías locales.

Y en tercero, consolidar instituciones locales para que no sean vulnerables y para que no queden a la merced del crimen organizado.

Es por eso que le pregunto lo siguiente:

¿Qué mecanismos de colaboración específicos se están implementando con las autoridades locales?

¿Qué metas concretas y cuáles son los plazos que se ha fijado la Secretaría de Seguridad Pública para que se logren estos objetivos?

¿Qué criterios de corresponsabilidad se tomarán en cuenta, es decir, qué hará el gobierno federal para apoyar a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública para diseñar incentivos y sin duda garantizar el cumplimiento de los objetivos de mejora policial?

Mire, voy a concluir mi participación, Secretario, con una pequeña reflexión.

En los primeros meses de este año se han asesinado a 11 mil personas, sin contar la tragedia de Minatitlán, en Veracruz; ha habido 227 feminicidios y sólo los registrados, porque muchos no son contabilizados como tal; ha habido 387 secuestros; 5 mil 486 casos de abuso sexual; también 350 violaciones y más de 187 mil robos.

Estas cifras no son datos, no son inventos, es la realidad que ha enfrentado nuestro país, es la realidad de miles y miles de mexicanos.

Y esta información fue proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y al terminar mi participación le hare entrega de ella para que estos datos, para que estas cifras, no se olviden, Secretario.

La violencia y la inseguridad tienen secuestrado a México desde hace muchísimo tiempo, el número de personas asesinadas y desaparecidas no disminuye, va creciendo y esto ha provocado que el miedo se adueñe de nuestro país.

Hace un par de días el señor Presidente se comprometió públicamente que en seis meses daría resultados en contra de la inseguridad y de la violencia.

Yo creo que el problema de inseguridad y violencia no se pueden resolver en algunos meses, pero en un año, Secretario, en un año no habrá pretextos para fallarle a la gente.

En un año y en los próximos años ustedes van a venir aquí a rendir cuentas y aquí nos vamos a ver en el Senado de la República para recordarles esa promesa.

Señor Secretario, por el bien de México, de las mexicanas y de los mexicanos, esperemos que vengan aquí con mejores cuentas.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Delgadillo García.

Tiene la palabra la Senadora Beatriz Paredes Rangel, para formular las preguntas del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Muchas gracias, señor Presidente. Mesa Directiva. Honorable Asamblea:

¡Bienvenido señor Secretario, a su casa!

El pasado martes, 19 Senadores intervinieron en un debate que me llenó de dolor, desconcierto, desesperanza, implicado en la disputa de a quién culpar y a quién exculpar, se perdió de vista la desgracia de los deudos, la fatalidad de quienes perecieron, el azoro y el miedo de la población de Minatitlán, la indignación de Veracruz, no tuvimos la capacidad como Senado de simplemente condenar los asesinatos y exigir a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y eficaz.

Por eso, saludo el tono conciliador de su intervención inicial, el esfuerzo por tener un análisis histórico y sistémico que permita superar el tono de debate de conquista electoral del problema de la inseguridad. Ojalá encuentre campo fértil entre todos nosotros.

Lo cierto es que mientras no se resuelvan las causas estructurales que abonan el terreno para la generación y prevalencia de la violencia, podemos empantanarnos en la retórica de las condenas y exculpaciones, mientras nuestra sociedad se desangra y, lo que es peor, se desalma.

Y es que la inseguridad no se soluciona por Decretos, instrucciones o discurso, ni siquiera por marcos jurídicos pertinentes, son procesos, largos y complejos procesos para incidir en la realidad, para lograr que las instituciones sean más eficaces, que las corporaciones sean funcionales, que los individuos sean plenamente honrados, que las estrategias preventivas sean útiles, que la sociedad esté informada y alerta, que los juzgadores actúen con justicia y agilidad, que la readaptación rehabilite.

Pienso que el combate a la inseguridad requiere de un gran pacto nacional, que movilice a todos los órdenes de gobierno, gobiernos municipales, estatales y federal, a la sociedad civil, que haga que el erario aporte presupuestos oportunos y suficientes.

Requiere de una revisión integral del sistema de justicia, porque además de buenas policías se requieren buenas fiscalías y procuradurías que realicen una investigación científica que sustituyan los testimonios como la madre de las pruebas por la evidencia, que realicen su labor con perspectiva de género, que investiguen para detener, en vez de detener para investigar y, sobre todo, que puedan acreditar sus acusaciones ante un juzgado. De igual forma, una impartición de justicia ajena a cualquier tipo de corruptela.

Ya mencionó usted, y lo aprecio, la necesidad de intervenir dramáticamente en el sistema de readaptación social, todo esto constituye un complejo proceso que requiere del esfuerzo de todos, de la madurez de todos y de diagnósticos certeros que no tengan omisión alguna.

Por ello, señor Secretario, considero indispensable incorporar al diagnóstico sobre la violencia que padece el país, la dimensión internacional del narcotráfico y el papel que en el trasiego de la droga juega el territorio mexicano.

No sólo ha sido un modelo económico excluyente, y me preocuparía si centramos nuestro análisis y nuestras políticas en la definición de que es con una política social que resarza la imposibilidad que ha tenido el modelo económico de resolver la incorporación de todos los ciudadanos al empleo bien remunerado, caigamos en actitudes que pueden ser insuficientes y, perdóneme por usar este término de repente, inocentes.

En ese sentido, tenemos que reconocer que hay un fenómeno de delincuencia internacionalizado, en el que los montos de recursos que esparce el narcotráfico internacional y sus socios nacionales y los controles que ejercen, sea por generosas compensaciones o graves amenazas, requiere definiciones que no encontramos en la estrategia, aunque entiendo que pueda ser intencional, porque son temas enormemente delicados, definiciones de otro rango.

¿Cuál será la cooperación de otros estados en la estrategia de identificación y combate al crimen organizado transnacional?

¿Qué pasa con la Iniciativa Mérida?

¿Todavía se valora una estrategia de legalización de estupefacientes, además el de la marihuana?

¿Con qué mecanismos se informará a la sociedad quienes son los amnistiados y cómo juega la estrategia de amnistía en la erradicación de la violencia?

A este Senado le importa saber quiénes han sido amnistiados y por qué motivo.

Otro tema, y concluyo, señor Presidente, es el extraordinariamente doloroso. Es el tráfico de personas, asunto que ha provocado de los crímenes más aberrantes de los últimos años.

Es por ello, que respetuosamente sugiero un programa integral de desarrollo y protección de los derechos humanos en la frontera sur, que erradique el tráfico de personas, especialmente de niñas y niños que después de ser secuestrados son prostituidos.

¿Cuál sería su opinión, además de que se use la más alta tecnología para la vigilancia y protección en el tránsito de la frontera sur?

Señor Secretario, a usted y a mí nos unió para siempre un doloroso crimen, por eso confío que, independientemente de su posición administrativa y jerárquica, pondrá todo su empeño, toda su emoción en superar la dramática crisis de criminalidad que padece nuestro país.

Hago entrega de las observaciones a la Estrategia de Seguridad que presenta el grupo parlamentario.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel.

Tiene la palabra la Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario Durazo:

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública propuesta, refiere que según datos del Inegi se cometen más de 31 millones de delitos al año, y que el 99 por ciento de estos quedan impunes.

A la enorme mayoría de los muertos, lesionados, torturados y desaparecidos no se les ha hecho justicia.

Los familiares de las personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente ante la inactividad de las autoridades.

Ante esta realidad incuestionable, la Estrategia de Seguridad Pública no señala una propuesta en específico para abatir los índices de impunidad.

Es más, dentro de sus objetivos habla como tal de emprender la construcción de la paz, que propone, y cito textualmente: “procesos de desarme, desmovilización y reinserción social condicionados a la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la contrición sincera, la reparación del daño y el perdón de las víctimas.

Hay que recordar que en los foros por la paz, que organizó el gobierno de transición, el clamor de muchas familias afectadas por los delitos más crueles fue: “Ni perdón, ni olvido”, “Sin justicia no hay perdón”.

Se dice que se usará la justicia transicional para lograr la pacificación, pero no queda claro con qué alcances.

¿Se piensa perdonar a narcotraficantes, tratantes de personas, feminicidas, secuestradores?

Creemos que el despropósito puede ser mayúsculo, ya que, por una parte, se diagnostica la impunidad como uno de los más grandes problemas y, por otro, se propone indultos, amnistía y reducción de penas a delincuentes.

Coincidimos en que la solución de fondo a la crisis de inseguridad requiere de una respuesta integral para atender un grave y profundo rezago social, pero también necesariamente tiene que pasar por la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley, la reparación del daño a las víctimas y la garantía de no repetición.

En esta lógica de pacificación, tal parece que ante la dificultad de imposibilidad de hacer justicia se opta por el perdón, se hace un borrón y cuenta nueva; pareciera que es más fácil pretender olvidar los delitos y las sanciones que serían aplicables que perseguir a los delincuentes.

Una pregunta, señor Secretario, ¿cuál es la estrategia en materia de seguridad para abatir el grave, muy grave problema de impunidad que vivimos en nuestro país?

Y transmito también otra pregunta de mi grupo parlamentario.

Entre 2015 y 2018, uno de cada diez feminicidios en el país afectaron a niñas y adolescentes.

En 2018 ocurrieron en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes por razones de género.

¿Cómo construir, señor Secretario, de forma colectiva una política de Estado para prevenir y también frenar la delincuencia, la violencia armada basada en la construcción de la paz, la lucha contra la impunidad y el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes?

Es cuanto, señor Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

Tiene la palabra el Senador José Alejandro Peña Villa, del grupo parlamentario del Partido Morena, hasta por cinco minutos.

El Senador José Alejandro Peña Villa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes compañeras Senadoras y Senadores. Buenas tardes a los medios de comunicación. Invitados que nos acompañan.

Buenas tardes, Secretario Alfonso Durazo.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el documento rector que establece las directrices para el diseño e implementación de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública, con la finalidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

Es importante recordar que en cumplimiento a la disposición derivada de la reforma constitucional de 2014, este Poder Legislativo, recibe por primera vez del Ejecutivo su propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

A diferencia del pasado, con esta disposición normativa, encontramos al menos tres elementos a resaltar en la presentación de esta Estrategia Nacional.

1. Rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Lo cual significa que cada año, por lo menos, tendrá que acudir a este recinto legislativo a informar los avances de la implementación de dicha estrategia.

2. Transparencia. Toda la ciudadanía tiene acceso a esta información.

3. Publicidad, se cumple con el principio de máxima publicidad al publicar el contenido de la misma.

Esta estrategia e absolutamente pertinente, México vive una crisis de inseguridad desde hace por lo menos dos sexenios, lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi de 2018, entre sus resultados se encuentra uno que se estima a nivel nacional que 64.5 por ciento de la población de 18 años y más, considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa.

2. EL 79.4 por ciento de la población, 18 años y más, considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia.

Lo anterior no es fortuito, ni producto de la casualidad, obedece al fracaso de los gobiernos anteriores para atender el problema de fondo de la inseguridad pública, precisamente por tener un errado diagnóstico del problema y, en consecuencia, una estrategia fallida, que no sólo contuvo la inseguridad, sino que desbordó a niveles alarmantes, con secuelas que tenemos hasta hoy en día.

Esta pasividad y omisión de las administraciones pasadas, aunado a la complicidad de muchos servidores públicos con el crimen organizado, han dificultado la atención inmediata de este grave problema que aqueja a nuestro país, afectando a otros ámbitos de la vida social y económica.

Sin lugar a dudas, otros factores que no podemos, ni debemos desestimar ante la actual situación que vive nuestro país, son los niveles de pobreza.

En los pasados sexenios, se invirtió bastante dinero público en programas sociales, que en lugar de disminuir la brecha social, la aumentaron; el modelo económico que se impuso fue excluyente, benefició a un sector económico muy pequeño y esto provocó una mayor fragmentación y desigualdad social.

Según datos del Coneval, en su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, señala que entre el 2008 y el 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones.

Asimismo, respecto a la situación laboral de los jóvenes, según datos del Inegi 2018, comenta que los 15 millones de personas jóvenes ocupan de 15 a 29 años, poco más de 8.9 millones, laboran en el sector informal.

En síntesis fracasó un modelo económico, impulsado por los que hoy se dicen preocupados por la situación de México, que cuando gobernaron, ignoraron el fondo del problema de nuestra grave inseguridad que vive el país.

Sin embargo y a pesar de las adversidades, estamos a tiempo de cambiar el rumbo, la estrategia de seguridad pública que nos presentó el Secretario de Seguridad Pública, licenciado Alfonso Durazo, representa una oportunidad para enfrentar la delincuencia organizada y cambiar la inseguridad en todas sus modalidades, pero no es el único instrumento que se requiere para atender este problema.

De tal suerte, que en próximos días habremos de analizar y, en su caso, aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Ante problemas urgentes, soluciones inmediatas; sin embargo, ustedes lo saben, es muy pronto para evaluar el tema de inseguridad en esta nueva administración, ya que los niveles de inseguridad que se venían registrando en los últimos sexenios difícilmente se pueden frenar con un Decreto. La presente estrategia no sólo identifica con claridad la problemática de seguridad que aqueja a nuestro país, sino que propone acciones decididas, planificadas para resolver a la sociedad o darle a la sociedad la paz que necesita. Esta estrategia privilegia la prevención y la procuración de la justicia.

En Morena no olvidamos los problemas de fondo de la descomposición social, la pobreza y la desigualdad, y de oportunidad para quienes representamos.

Debemos de recuperar la agenda social, relegada en el pasado y poner en el centro del debate su análisis y propuestas para el bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos.

Compañeros Senadores, les invito a que no hagamos un juicio sumario, reflexionemos, más allá de la coyuntura política y social que vive el país.

La estrategia enuncia un paradigma de inseguridad pública, radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores, pues se asume que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación de los derechos humanos que padece el país, es el síntoma de una crisis más profunda por lo que se plantea un firme combate a la corrupción y el impulso a las políticas sociales de bienestar del nuevo gobierno.

Para concluir, y si me lo permiten realizar, tres preguntas al Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ya se le terminó el tiempo, señor Senador.

El Senador José Alejandro Peña Villa: Muy rápidas, muy breves.

Muchas gracias por la atención, bienvenido, y estamos con usted apoyando la Estrategia de Seguridad Pública.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Peña Villa.

Al concluir esta segunda ronda de preguntas, tiene la palabra el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para dar respuesta a ellas.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: Nuevamente a las y los Senadores por su participación, por sus preguntas, sus comentarios, sugerencias que enriquecen de manera extraordinaria mi visión personal.

Al Senador Álvarez Icaza le expreso que valoro profundamente la colaboración de las Fuerzas Armadas en la construcción de la Guardia Nacional.

En una circunstancia como la actual no tenemos, lamentablemente, otra posibilidad. No se trata de una lógica militarista, es una lógica realista.

La Policía Federal se fundó también como hoy proponemos construir la Guardia Nacional, con elementos provenientes del Ejército y de la Marina, nada más que en aquella ocasión hace poco más de 20 años, se transfirieron sólo siete mil 500 elementos, y luego muchos años después para la creación de la Gendarmería se transfirieron sólo cinco mil.

Ahora estamos hablando de 50 mil elementos, y eso hace elemental la necesidad de contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina.

No se incluyen indicadores, bueno, los indicadores son los de la incidencia criminal que revisamos diariamente en el gabinete de seguridad, pero también están otros indicadores como el de la corrupción, sobre los cuales hay mediciones internacionales anuales y, por supuesto, están las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, y otra serie de variables que mide el Inegi en sus indicadores trimestrales.

Este conjunto de indicadores serán los referentes para evaluar el acierto en la aplicación de la estrategia de seguridad.

Si bien en términos nominales no me he referido al concepto de seguridad ciudadana, en términos implícitos, es más que evidente que la estrategia de seguridad que está basada en un concepto de seguridad ciudadana puesto que incorpora todos aquellos componentes que son imprescindibles para garantizar la seguridad ciudadana que implica el mejoramiento de la condición socioeconómica de los ciudadanos y no sólo el control de algunas de las variables de seguridad.

¿Por qué el Senado habría de aprobar la estrategia propuesta? En la propia estrategia están los elementos que la justifican y podría repetir aquí los argumentos ahí expuestos, pero este gobierno fue ampliamente votado y ello conlleva un respaldo social a las propuestas de gobierno que estamos haciendo, y ello implica también el apoyo social a las acciones que estamos emprendiendo en materia de seguridad.

A la Senadora Renata Romo, ¿cómo vamos a garantizar ética y derechos humanos en la Guardia Nacional? Primeramente, con el ejemplo, creo que se ha subestimado el valor del ejemplo de un desempeño ético, honesto, honorable en el cumplimiento de una responsabilidad, porque son esos valores fundamentales los que permiten a un gobernante conservar la voluntad política para combatir la corrupción, y si no hay voluntad política, ya lo hemos visto, los aparatos administrativos no son eficaces.

Por años se han generado nuevas leyes anticorrupción y nuevos aparatos administrativos para combatir la corrupción. Sin embargo, contradictoriamente, el crecimiento de la corrupción ha sido exponencial.

Y en ese contexto del ejemplo y de la voluntad política, los aparatos administrativos para combatir la corrupción darán resultados que no se han conocido en el sector público.

El Senador García Conejo, aprecio el apoyo y el respaldo que expresa a favor de la iniciativa, prevención desde la niñez, valores, por supuesto la familia, incorporar desde el sistema educativo los valores cívicos, valores sociales, familiares que lamentablemente se han ido perdiendo.

Coincido en que la seguridad no es sólo un asunto policial.

Aprender de los errores, totalmente de acuerdo.

El costo para los alcaldes, estoy de acuerdo. No debe haber absolutamente ningún costo para los alcaldes, y en principio no lo habrá, porque estamos hablando que la Guardia Nacional no va a ir a actuar bajo la lógica de los operativos como ha sucedido históricamente, va a actuar en cumplimiento de una misión y eso no va a implicar absolutamente ningún impacto presupuestal, ni a los estados, ni a los municipios.

Por ahí, en el documento de trabajo, viene un artículo que hace referencia a esa posibilidad. Desde ahora pido a ustedes que lo desestimen.

La reflexión que hacen los delincuentes no miran colores, y mientras nosotros nos peleamos, ellos avanzan. Totalmente cierto.

Que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Eso es imposible.

La Guardia Nacional, estamos trabajando juntos el diseño, pero la Guardia Nacional está concebida con niveles de excelencia a nivel internacional, y creo que si nos aplicamos como es nuestro interés, podremos construir un organismo responsable de garantizar la seguridad en el país, no sólo que responda los más altos estándares internacionales, sino que sea un ejemplo internacional.

El blindaje al turismo, estoy totalmente de acuerdo. En unos días más vamos a presentar un programa para apoyar el mejoramiento de la seguridad en las 21 poblaciones turísticas más relevantes del país.

Enrique Murat, bajar los índices delictivos no es fácil. Totalmente de acuerdo.

Ver por la unidad, seguir construyendo, seguir el ejemplo de construcción de la Guardia Nacional en el ámbito de las leyes secundarias tal y como se hizo en la definición de la reforma constitucional, nada me daría más gusto.

Yo ofrezco desde aquí mi colaboración, mi apertura, mi disposición para llegar a una propuesta de consenso, sólo unidos podremos dar una respuesta contundente en materia de seguridad, tal y como lo demanda la ciudadanía. Totalmente de acuerdo.

Las preguntas: ¿cómo será la coordinación para corrupción, lavado? La Unidad de Inteligencia Financiera está adscrita administrativamente a la Secretaría de Hacienda, en virtud de acuerdos internacionales, pero tiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de lavado de dinero, que es una de las vertientes fundamentales para combatir el crimen organizado.

Acciones con el sector privado para contrataciones, recuerden que la decisión del gobierno ha sido concentrar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda todos los trámites relacionados con licitaciones.

Y en el caso de la Secretaría de Seguridad, nos ajustaremos a esa directiva del gobierno federal, así que no habrá, no será muy activa la participación de la Secretaría en esta materia.

Ya hablé sobre la capacitación que se dará a los elementos de la Guardia Nacional, es un programa académico elaborado de manera colectiva por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y la Defensa Nacional.

Las diferencias de la Policía Federal y la Guardia Nacional, creo que la más relevante es que la Guardia Nacional tiene una formación, una disciplina y una capacitación homologada a la militar y eso hace toda una diferencia, respecto a la Policía Federal.

¿Cómo será el despliegue? El despliegue será permanente en cada una de las 266 regiones, pero ya se integraron dos, la de la Laguna; es decir, la Guardia Nacional tendrá un despliegue permanente en cada una de estas 266 regiones y se irán cubriendo, en la medida que vayamos reclutando y capacitando a nuevos elementos.

¿Cómo se vigilará que no se violen los derechos humanos? Habrá órganos internos, la Guardia Nacional contará con los órganos internos de control correspondiente, pero también están los órganos externos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Senadora Cora Cecilia Pineda, gracias por el apoyo a la iniciativa. La coordinación con entidades federativas es muy estrecha, ni siquiera podría hablar aquí de salvedades; estándares internacionales si aspiramos a recuperar el reconocimiento social a los cuerpos de seguridad mediante el desempeño de la Guardia Nacional, y eso nos obligará a actuar y apegarnos a estándares internacionales de desempeño.

¿Qué se está haciendo en materia de penales, reubicación de reos para despresurizar cárceles que están saturadas? Cárceles que fueron diseñadas para recibir a dos mil reos tienen actualmente tres mil y estamos reubicando a las personas privadas de la libertad en penales sin violar, obviamente, sus derechos humanos, pero en penales que les permitan cumplir con su pena en condiciones de respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción.

En los penales la interrupción de la señal de tal manera que cancelemos de tajo la operación criminal que se comete desde las cárceles.

La Senadora Verónica Delgadillo, gracias por sus palabras. Fortalecimiento de las policías locales. Totalmente de acuerdo, tenemos qué incrementar salarios, hay policías municipales que reciben, que tienen percepciones de dos mil 490 pesos en el país.

¿Qué podemos esperar de un policía con una percepción de esa dimensión? Y en la misma dimensión se encuentran las carencias de prestaciones sociales, las carencias de capacitación.

¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear la Universidad de la Seguridad Pública que va a articular a todas las academias estatales y municipales que existen en el país, con el propósito de estandarizar los programas de capacitación. Todo ello apegado al modelo nacional de policía.

El Presidente dijo que en seis meses, lo que nosotros estamos planteando es que en seis meses aspiramos a lograr un punto de inflexión en la tendencia creciente, en la pendiente creciente de la incidencia criminal y, por supuesto, en un año aquí nos veremos para rendir cuentas y tengan ustedes la certeza de que estas cuentas serán favorables para las y los mexicanos.

En el caso del modelo nacional de policía, busca aclarar las funciones de cada nivel de gobierno para articular una política de seguridad que no traslape funciones ni competencias, está diseñado el modelo para generar una infraestructura financiera, normativa de indicadores y de sistemas de calidad que permitan a las policías ofrecer cobertura suficiente y calidad en el servicio policial.

Y estos elementos están propuestos para la Guardia Nacional, el modelo B a la policía como un facilitador de la vida social y no como un órgano represivo del Estado.

A mi estimada Senadora Beatriz Paredes, lamento que la fracción haya decidido no apoyar activamente la iniciativa, pero debo decirle que respeto profundísimamente sus palabras, profundamente.

Ni culpar ni exculpar dar respuesta, ese debe ser el objetivo de nuestra tarea, las causas estructurales, totalmente de acuerdo y esas no se superan de un día para otro, un gran pacto nacional está sobre la mesa, la propuesta habría que trabajarla políticamente.

Incorporar el componente internacional. Estoy totalmente de acuerdo, si no lo mencioné fue por respetar las restricciones de tiempo, pero las características del crimen organizado en nuestro país es precisamente su carácter internacional.

El narcotráfico nada más, los ingresos por narcotráfico se ubican entre los 35 y los 50 mil millones de dólares anuales y la sola dimensión de la cifra nos habla de la dimensión del reto y, en ese carácter internacional es imprescindible la colaboración internacional.

La Iniciativa Mérida. Estamos proponiendo que los recursos hasta ahora no utilizados de la Iniciativa Mérida se destinen, fundamentalmente, a apoyar la prioridad que hoy tenemos en materia de seguridad, que es la creación de la Guardia Nacional, que en un contexto de limitaciones presupuestales como las que tenemos bien vendría ese apoyo.

Y en este momento, en el caso de la revisión de la política prohibicionista, me quedaría en el tema exclusivo de la marihuana, creo que debe ser un proceso y que no podemos abrir indiscriminadamente esta regulación o liberación, pero finalmente los términos de esta idea, de esta propuesta, corresponderán al Congreso de la Unión.

Y lo mismo sucede en el caso de la amnistía. Ciertamente no es solo que el modelo económico sea excluyente, hay condiciones de muy diverso tipo que impactan negativamente a la seguridad o que inciden en la inseguridad.

Hasta hoy solo se ha liberado a personas cuyo expediente está marcado por motivaciones políticas.

En el caso de la amnistía, recuerden que no estamos hablando de una decisión unipersonal, ni siquiera del Presidente, una amnistía solo es posible mediante una ley y consecuentemente los términos, la última palabra sobre una eventual amnistía, corresponderán al Congreso de la Unión.

Tráfico de personas. Por supuesto es un tema complicado en la frontera sur, se empiezan a coludir y a pretender coincidir, y confundir el tráfico de personas con caravanas de migrantes que están movidas por una genuina necesidad.

El tema de la tecnología me parece que es un recurso imprescindible para eficientar los trabajos de inteligencia y en esa medida los trabajos de seguridad.

Y me resulta muy grato que lo recuerde, Senadora, nos unió un amigo que fue arrebatado por un crimen, pero nos sigue uniendo su misma causa.

Gracias por sus palabras, a la Senadora María Guadalupe Murguía.

La Estrategia para Abatir Índices de Impunidad. Hay un círculo vicioso muy claro, que inicia con la corrupción, continúa con la impunidad y sigue con la inseguridad. Hay quien dice que primero es la impunidad y luego la corrupción, yo digo que primero es la corrupción y luego la impunidad.

No tengo ninguna duda que este gobierno será sumamente exitoso en el combate a la corrupción. Hay mediciones internacionales, como ya señalaba, que ubican los niveles de corrupción de 175 países en el mundo, una de ellas del Banco Mundial, pero está Transparencia Internacional, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y falta muy poco tiempo para que se dé la primera medición internacional que ya incorpore resultados sobre el éxito de nuestro gobierno en el combate a la corrupción.

Estoy seguro que esos números van a ser sumamente alentadores y que van a tener un impacto muy importante en la reducción de la impunidad.

Decía, la amnistía no es una decisión unipersonal, ni siquiera presidencial, es una decisión producto de una ley y es decisión, será decisión del Congreso de la Unión si eventualmente se da, y si eso llegar a suceder, los términos bajo los cuales sería otorgable. No es una decisión del Ejecutivo, sí fue una decisión, una propuesta nuestra de campaña, pero corresponderá a esta representación definirla.

Reparación del daño, perdón de las víctimas. Bueno, una política de Estado.

Feminicidios. Totalmente de acuerdo, una política de Estado, porque solamente juntos podremos ser más eficaces en el combate a una de las características de los homicidios o agravantes de los homicidios, que toma cada día, lamentablemente, mayor relevancia, que es el tema de los feminicidios.

Agradezco el respaldo de Morena a la iniciativa en voz de nuestro compañero Alejandro.

Y, finalmente, para concluir, expresarles a ustedes mi aprecio personal, para cada una, para cada uno de ustedes. Valoro ese aprecio muy por encima de las diferencias políticas e ideológicas que sin duda tenemos. Ojalá no las tuviéramos, pero es también elemental que las tengamos.

Trabajemos para superar las de carácter político y hagámoslo con la certeza de que afinar o superar esas diferencias será invariablemente por el bien de nuestro país, por el bien de la seguridad de las y los mexicanos.

Gracias a todos por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Las Senadoras y Senadores de la República agradecemos la presencia del ciudadano Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

La situación de muchas regiones de nuestro país representa un reto para el país, para su gobierno y para el Secretario de Seguridad Pública.

Desde hace varios meses, en noviembre del año pasado, empezamos a debatir temas sobre los que usted nos ha reportado hoy, cuando el entonces Presidente Electo presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Han sido estos meses intensos de debates, pero por fortuna también de acuerdos y resoluciones. En estos meses resolvimos varias reformas constitucionales que tocan de lleno o parcialmente el tema de la seguridad, por ejemplo, el Nuevo Catálogo de Delitos Graves, el tema de la institución de la extinción de dominio en casos de corrupción, la ampliación de las responsabilidades penales del Presidente de la República y de los legisladores.

Las Cámaras federales y las Legislaturas de los 32 estados aprobamos también la formación de la Guardia Nacional.

Ahora estamos iniciando el debate de la legislación secundaria, indispensable para que ese instrumento de protección ciudadana, de paz y seguridad, sea eficiente en la lucha contra la delincuencia y respetuoso de los derechos humanos.

Desde noviembre pasado el Plan Nacional de Paz y Seguridad señaló con toda claridad, que una estrategia eficaz debe basarse en la reconstrucción del tejido social y las comunidades, la recuperación de oportunidades para la juventud, la eliminación de las ganancias que alimentan el crimen organizado. En resumen, sobre todo en la prevención de la violencia y del delito.

Suele ser muy celebrado el ostentoso despliegue de fuerza en las poblaciones vulnerables del país pero, como bien diagnosticó la actual administración federal, este enfoque no ha llevado a ningún lado.

Usted acaba de informarnos que el gobierno de la República ha optado por el camino más difícil, no ostentoso, pero sí el más eficaz.

El gobierno atenderá las causas de la delincuencia, prevendrá el delito y reforzará a las y los mexicanos quienes desde sus comunidades están construyendo un México para la paz.

Sepa usted, Secretario, que contará con todo el apoyo que nos corresponda dar para que tenga éxito en su tarea.

Confiamos en usted, en su honestidad, su trayectoria, su profesionalismo, su preparación y estamos seguros que estará a la altura de la grave responsabilidad que le toca.

Señor Secretario, agradecemos su presencia, la atención que ha brindado a este Senado de la República, la información proporcionada y el cumplimiento de lo establecido por la fracción XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias, señor Secretario.

Solicito a la comisión designada acompañe al Doctor Alfonso Durazo, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)






Enseguida, tenemos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social; en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Informo a la Asamblea que a petición de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la discusión de este dictamen, en segunda lectura, se realizará en la próxima sesión plenaria, que ha propuesta de la Mesa Directiva será el lunes 29 de abril.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Enseguida, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Mayuli Latifa.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Nada más de manera muy rápida y breve, porque el día de hoy por la mañana convocamos las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera; y la del Medio Ambiente.

Quiero agradecer y reconocer al Senador Murat la posibilidad de poder llevar a cabo estas comisiones unidas, toda vez de que tenemos una emergencia y urgencia de tipo nacional, ecológica y económica en este país, y me refiero al tema específicamente del sargazo.

Quiero decirles, no hubo quórum lamentablemente.

Y así es como amaneció Tulum, el día de hoy con el sargazo. Así es como amaneció el día de hoy Playa del Carmen, con el sargazo.

Estamos ante una urgencia y emergencia internacional que 19 países de este planeta están tratando de combatir y de poder mitigar. Yo le pido de manera respetuosa a la Mesa Directiva, a la Jucopo y a todas las Senadoras y Senadores que así como tenemos una agenda prioritaria en materia de seguridad, en materia educativa, en materia también laboral, estamos ante esta situación.

Están los satélites de la NASA, cuatro satélites de la NASA y de Estados Unidos, monitoreando esta información que podemos ver aquí, y por supuesto, igual, de la Universidad del Sur de Florida.

Voy a entregar en un momento más oficios al Presidente de la Mesa Directiva y al Presidente de la Jucopo, porque la urgencia de haber emitido este dictamen el día de hoy, es para que antes de que concluya este periodo ordinario en el Senado de la República hubiéramos aprobado esta propuesta de una servidora, y hay otras iniciativas propuestas de otros Senadores de otras fracciones parlamentarias que se estaban trabajando de manera conjunta.

No esperemos a que la Cofepris nos emita una alerta sanitaria al estado de Quintana Roo, que es el que representa más del 40 por ciento del turismo de este país. Le estamos pegando a la gallina de los huevos de oro, señores, el turismo en el país es el tercer sector económico de este país, y Quintana Roo representa un poco más de ese 40 por ciento. Hoy estamos ante una contingencia ecológica, inclusive económica, y esperemos que no haya una contingencia sanitaria.

Es por eso que hago un llamado a que podamos de la manera breve, y sobre todo también con la Cámara de Diputados, sacar propuestas que muchos Senadores hemos presentado aquí, no sólo una servidora, hay otras de otras fracciones parlamentarias, con el propósito de atender esta situación de emergencia nacional.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esta Asamblea ha quedado enterada y coadyuvaremos cuando se haga la solicitud formal ante las instancias correspondientes.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Freyda Marybel Villegas.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, estamos preocupados los quintanarroenses por la situación del tema del sargazo, pero también hay que decirlo, no lo comentó la Senadora, el año pasado se les dieron 460 millones de pesos y no vimos transparencia, no vimos resultados, incluso presentamos un punto de Acuerdo, que todavía no se ha podido subir porque hemos tenido mucha carga de trabajo, que comprueben y que sea auditen por parte de la Auditoría Superior de la Federación estos recursos, es un reclamo ciudadano de todos los quintanarroenses que no sabemos que se entregaron estos recursos a empresas de dudosa procedencia con observaciones.

Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo de atender el tema del sargazo, pero también no vamos a entregar cheques en blanco.
Primero que comprueben lo que se les entregó el año pasado, y después empezamos a hablar del tema de atender la emergencia que se está dando en este momento a través de, por supuesto, de las autoridades federales.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Marybel Villegas.

No está a discusión el tema. No estamos a discusión, ni es el momento procesal.

Yo les rogaría que nos permitan continuar con el tema, que nos permitan continuar con el Orden del Día.

Usted nos acaba de mencionar, Senadora, que va a presentar el oficio.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Latifa, advirtiendo desde ahorita, para el conocimiento de todos, que no estamos a discusión ni a debate el tema que usted ha expuesto.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Es correcto, no voy a debatir lo que ahora se acaba de mencionar por la Senadora que hace un momento hizo el uso de la voz.

Lo que creo es que tenemos que trabajar en este Senado de la República.

Si hay inconsistencias en manejo de recursos que se denuncie, pero no podemos evitar la situación que hoy reclama.

Quiero a parte señalar que hay una coordinación, que no se diga otra cosa en este Senado de la República. Hay una coordinación de trabajo desde la Federación con el Estado y los municipios, lo hay desde la Secretaría, desde la Semarnat y diferentes, de turismo, por supuesto, porque afecta también.

Fonatur, el director de Fonatur lo dijo, “con el sargazo no va a haber turismo en Quintana Roo, y Quintana Roo lo que representa es uno de los factores importantes en el sector”.

Lo que quiero dejar bien en claro, porque no voy a politizar el tema, sobre todo que hace señalamientos prejuzgados, porque se está prejuzgando.

Yo lo que estoy nada más pidiendo es que podamos en este Senado de la República tomar decisiones que nos compete desde aquí, desde el Senado y trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal, estatal y los municipales como se está haciendo.

Muchísimas gracias, señora Presidenta, por el uso de la voz.

Y nada más para hacer estas precisiones.

Si hay actos de corrupción que se denuncien, pero no podemos evitar la inconsistencia que hoy está.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Las decisiones que nos competen en este Senado es tener un trámite ordenado desde esta Mesa Directiva.

Vamos a proceder, Senadora, por favor.






Y enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de ayuda a refugiados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98 Y 99 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Gama Basarte.

El Senador Marco Antonio Gama Basarte: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Quiero solicitarle, poner a su consideración que se pueda incorporar al Orden del Día y votar por este Pleno mi solicitud de llevar a cabo, bajo la figura de Parlamento Abierto, el análisis y la discusión sobre la viabilidad de continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía o de retomar el análisis y discusión sobre la construcción del Aeropuerto en Texcoco.

Con la finalidad de que a México le vaya bien es necesario seguir generando consensos en este Senado de la República, estamos a tiempo de reconsiderar una decisión que en su momento se tomó, tal vez, sin contar con la información suficiente, y hoy con la herramienta del Parlamento Abierto tenemos la posibilidad de reflexionar sin sesgos políticos lo mejor para el país y su desarrollo.

Repensar en esa posibilidad permitirá tomar el camino de la certeza, la cordura y la confianza porque con los tumbos que se han dado sobre la decisión del nuevo Aeropuerto comenzó el extravío que llevó a México a perder las expectativas de crédito y crecimiento económico que se tenían al inicio del actual gobierno.

Asumamos nuestra responsabilidad, y para esto me permito citar, precisamente, a Belisario Domínguez, que en uno de sus discursos comentó, y lo cito: “Sin embargo, Senadores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla su deber la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca”. Cierro la cita.

Todos somos mexicanos, nos interesa nuestro país, ya se ha demostrado en diferentes acciones, por eso, señora Presidenta, le pido que atendamos el llamado de Belisario Domínguez, de que tomemos la responsabilidad que nos toca como uno de los poderes que tiene en sus manos los destinos de esta patria, y a fin de que prevalezca el interés de la nación votemos la implementación del Parlamento Abierto organizado con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado, a efecto de escuchar a los expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, para que con las conclusiones se dote de nueva información al titular del Ejecutivo y tenga elementos suficientes para reconsiderar la viabilidad de continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto, ya sea en Santa Lucía o en Texcoco, pero con elementos brindados responsablemente por el Pleno de este Senado de la República.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador, Gama Basarte, con mucho gusto vamos a, en el momento procesal correspondiente, vamos a turnar, si usted así lo decide, directamente a la Comisión de Comunicaciones y Trasportes su punto de Acuerdo, para que lo más pronto posible puedan trabajarla y gestionarla.

Yo les quiero, yo quiero hacer un llamado a este Pleno para decirles que hay un orden procesal correspondiente, no es este el momento de los puntos de Acuerdo, estamos ahorita con la primera lectura de diversos dictámenes.

Esta Presidencia es muy tolerante con todos los Senadores que han pedido la palabra, y desde su escaño han planteado sus preocupaciones, pero les pedimos que nos ayuden entre todos a tener y cumplir el orden que nos marca el artículo 72 del Reglamento.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de provisión de recursos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 125 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación de vicepresidentes de la Mesa Directiva en comisiones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160, y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en materia de culturas populares.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157, 158 Y 160 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y bienestar de animales de compañía en ambiente doméstico.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-G DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que también se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de derecho a la vivienda para la población en situación de marginación o vulnerabilidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Y tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidad de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tal y como lo acordó la Asamblea, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



En términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 7 de febrero de 2019, corresponde al Senado de la República discutir y, en su caso, aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 1º de febrero del 2019, el Presidente de la República envió al Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual en sesión plenaria, celebrada en esa fecha, fue turnada a la Comisión de Seguridad Púbica para su análisis y dictamen correspondiente, para dar cumplimiento a la fracción XI del artículo 76 constitucional, que confiere al Senado la atribución de analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del Titular de la Secretaría del ramo, mediante acuerdo votado por esta Asamblea se determinó la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la República.

Dicha comparecencia se realizó hace unos momentos en la sesión plenaria del día de hoy, 25 de abril de 2019.

El dictamen se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy, por lo que consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A este dictamen, en la sesión plenaria del 10 de abril de 2019 se dio primera lectura, no obstante, como es de su conocimiento, el pasado lunes 15 de abril se recibió de la Secretaría de Gobernación un addendum y un nuevo texto, el cual incluye nuevos elementos para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El 16 de abril, dicho documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el portal del Senado.

La Junta de Coordinación Política remitió un Acuerdo por el que propone la incorporación del addendum y modificaciones a las consideraciones del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.



Es cuanto.
Dicho Acuerdo se acompaña de un anexo que contiene la propuesta para incorporar el referido addendum y las modificaciones en los términos señalados.

El Acuerdo y el anexo se encuentran en el Orden del Día y están publicados en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, la discusión del dictamen que nos ocupa se realizará con el contenido del addendum incorporado, y las modificaciones a las consideraciones del dictamen para que, en su caso, la votación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se realice en los términos del anexo del referido Acuerdo.

En virtud de que la Asamblea ha otorgado la autorización anterior, resulta necesario modificar el Artículo Único del proyecto de Decreto que contiene el dictamen, con el objeto de que la referida discusión y la resolución que adopte la Asamblea sea congruente con el debate que se realice, considerando el addendum y la nueva versión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por lo que la Mesa Directiva suscribió una propuesta para modificar el artículo Único del proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura al contenido de esta propuesta.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señora Presidenta.

“Único.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo del artículo 69 constitucional, presentó el Presidente de la República el 1º de febrero de 2019, y modificada con el addendum enviado el día 15 de abril de 2019, complementario a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por favor, señora Secretaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta esta propuesta.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite esta propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión el dictamen con la modificación al Artículo Único del proyecto de Decreto al que se refiere el addendum y la nueva versión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que incorpora dicho addendum.

En este sentido, se concede el uso de la palabra a la Senadora Jesús Lucía Trasviña, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con su permiso, señora Presidenta. Estimados, compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

El dictamen que se presenta tiene por objeto la aprobación del proyecto de Decreto por el que este Senado de la República aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de otras disposiciones, en su artículo 69 contiene que en el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que ésta guarde.

Conforme a lo anterior, el Presidente de la República presentó ante este Senado de la República, el 1º de febrero del presente año, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, misma que fue turnada por la Mesa Directiva en la misma fecha a esta Comisión de Seguridad Pública para su dictamen.

Esta estrategia se hizo llegar de manera inmediata a los integrantes de esta Comisión, y se dio cuenta de ello en el seno de la sesión ordinaria correspondiente.

La estrategia que se dictaminó fue presentada por el Presidente de la República para efectos de lo señalado en el artículo 76 constitucional, que establece que son facultades exclusivas del Senado analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley.

En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada.

En ese marco la Mesa Directiva emitió dos acuerdos, uno en que fijaba un plazo de 30 días para su dictaminación, y otro que señalaba una metodología para que esta dictaminación fuera en el marco del Parlamento Abierto.

En este sentido, ante el proceso que se estaba dando para la aprobación de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, parte fundamental de la estrategia a dictaminar, se pidió la ampliación del plazo, y por otra parte se llevaron a cabo audiencias con expertos y organizaciones de la sociedad civil, de igual forma se abrió el portal del micrositio de la Comisión para que la población que así lo deseara, hiciera propuestas sobre la estrategia.

Posteriormente, en fechas reciente se aprobó la reforma a diversas disposiciones constitucionales en materia de la Guardia Nacional, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de marzo del presente año.

En esta reforma constitucional se establece en el artículo 76, fracción XI como facultad exclusiva del Senado analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada.

Así se procedió a la dictaminación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, atendiendo a la normatividad vigente en el momento de su presentación, y a lo dispuesto en la reciente reforma en cuanto a la Guardia Nacional.

Como se aprecia en las consideraciones de esta Comisión Dictaminadora en el dictamen, las opiniones y propuestas a las consultas a través del micrositio, las intervenciones de los participantes en las audiencias, así como la versión estenográfica de las mismas, se harán llegar al Ejecutivo Federal por conducto de las Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para las consideraciones pertinentes.

En este mismo sentido, en las propias consideraciones se solicita respetuosamente al Presidente de la República que lleve a cabo las adecuaciones correspondientes a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se deriven de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.

Lo anterior porque estaba perfectamente claro que estaba dictaminando la estrategia que en estricto cumplimiento de la norma el Ejecutivo federal habría presentado oportunamente a este Senado de la República el 1º de febrero del presente año, misma que en uno de sus apartados contemplaba la guardia Nacional, que con posterioridad fue objeto de adecuaciones en las reformas constitucionales señaladas. No había otra estrategia y los tiempos establecidos por este Pleno se estaban venciendo, como lo dejó de manifiesto el Presidente de la Mesa Directiva del Senado en la sesión del 10 de abril del presente año, en que quedó de primera lectura este dictamen.

La Comisión de Seguridad Pública llevó a cabo su trabajo de forma correcta, ahora contamos con el addendum presentado por el Ejecutivo Federal de la estrategia en fecha 15 de abril del presente año en que se adecuan diversos temas derivados de reformas constitucionales, destacadamente en materia de Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, que enriquecen el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que habrán de formar parte del debate y aprobación de este dictamen.

En este mismo sentido también acabamos de tener la comparecencia del señor Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de conformidad con lo acordado por este Pleno.

Para terminar, solo quiero reiterar que, como señala en las propias consideraciones del dictamen, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como todos los documentos, es perfectible, por lo que habrá de tener ajustes derivados de su operación y de la evaluación de sus resultados.

Estamos ante uno de los temas prioritarios para el desarrollo del país, sobre todo para que los mexicanos accedamos a una mejor calidad de vida en paz y en tranquilidad. Por lo que en este Senado tenemos la obligación de participar para que esta Estrategia se fortalezca de manera permanente.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Vamos a proceder a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

Iniciamos con el Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Como bien lo sabemos, hace algunos momentos tuvimos la comparecencia del Secretario Alfonso Durazo, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, desde luego, se suma a esta Estrategia Nacional.

Creo que bien lo referían algunos de nuestras compañeras y compañeros, no podemos ser indolentes ni retardar estas tareas tan sensibles, tan delicadas polarizándolas, pintándolas de colores.

Surgieron varias dudas, muchas de ellas se aclararon, algunas quedarán pendiente, pero ojalá desde esta Cámara, desde esta posición que tenemos quienes formamos parte de algunas comisiones podamos abonar a esta estrategia.

Tiene, desde luego, algunas observaciones la fracción, básicamente son cuestiones técnicas en artículos transitorios, cuestiones donde hemos observado que se pueden contraponer algunas disposiciones, pero siempre en el afán de sumar, de colaborar, de que hoy entendemos que es una situación que debe rebasar cualquier posición política y, en su momento buscar una coordinación.

Anteriormente y retomando parte de quien decía que la responsabilidad es de uno u otro sexenio, pues yo creo que más bien retomaríamos la experiencia, ya ensayamos mandos mixtos, ya ensayamos mandos únicos, pero podemos intentar un mando coordinado, podemos adecuar esta estrategia para que, en conjunto desde una policía municipal, una policía estatal ayuden en el funcionamiento de lo que va a arrancar como la Guardia Nacional.

Y así mismo no privar y queremos incluir la función y las tareas de las autoridades administrativas de toda índole, de todos los ámbitos, porque cada una de estas partes puede sumar y abonar.

Concretamente y para no extendernos mucho, consideramos que dentro de esta estrategia hay dos grandes pendientes. Y estos son el apartado relativo al uso de la fuerza y al Registro Nacional de Detenciones, que los alcances los establece el Artículo Cuarto Transitorio de la reforma en materia de Guardia Nacional.

¿Por qué son importantes o por qué resaltamos, como grupo parlamentario, estas dos situaciones? Porque una regulación del uso de la fuerza no tenemos que verla como una situación que vaya a vulnerar o que vaya a reprimir a la población. Tenemos que tener, derivado de un ejercicio serio del uso de la fuerza, protocolos de actuación para evitar tragedias, para saber cómo reaccionar ante alguna amenaza que ponga en riesgo, precisamente a la población civil.

Y en el caso del Registro Nacional de Detenciones, pues precisamente nuestra historia ha estado en algunos momentos plagada de inconsistencias, de una descoordinación y, hoy tenemos que abonar en estos dos rubros para tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.

Finalmente, repito e insisto, la fracción parlamentaria se suma a esta estrategia con observaciones que son de manera muy puntual y en cuestiones que son técnicas y que pueden abonar a que funcione mejor este nuevo sistema que tenemos.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Maceda Luna.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del PVEM, para el posicionamiento de su partido, hasta por diez minutos.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, con su permiso, señora Presidenta.

Me da gusto ver que ya estamos un poquito más de Senadores hoy aquí, la verdad es que ha sido un día bastante cansado, pero interesante, lo que nos hacía falta para cerrar el ciclo con el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por supuesto era la comparecencia del Secretario Durazo, me parece que fue una muy buena comparecencia, hubieron muchísimas preguntas.

Y yo quiero, desde esta tribuna, agradecer que haya tomado tan en serio y como un tema de relevancia para la seguridad pública, el tema de la salud mental. Es sumamente importante hablar de salud mental entre nuestros ciudadanos, para el beneficio de una cultura de paz y, por supuesto, para la seguridad de nuestros estados, pero al mismo tiempo es importante hablar de la salud mental; es decir, de las personas que nos cuidan.

¿Cómo cuidamos a los que nos cuidan? ¿Con qué tipo de programas? ¿Con qué tipo de atenciones? Entonces, esto para mí desde el punto de vista personal vino a cerrar un ciclo importante en esto y por supuesto ahora sí a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde, vamos nosotros a aprobar esta estrategia.

Por otra parte, también se dieron muchos temas en cuanto a la redacción de la propia estrategia, recordemos que cuando esta llegó no habíamos nosotros estudiado, no habíamos analizado, a fondo, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

Y por otra parte, habían otros dos temas de mucha importancia, como era la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, mismas que ya vienen contempladas dentro del addendum que nos envían y que por supuesto, insisto, este documento nosotros fuimos un poco enfáticos pidiendo que se dijera un poquito más el cómo, sí tenía el qué, pero necesitábamos marcar ahí el inicio del cómo.

Lo que va a dar paso posteriormente, ya a que en el Plan Nacional del gobierno se puedan contemplar, por supuesto, indicadores, pero no los indicadores de siempre, indicadores que realmente reflejen el trabajo, reflejen la interacción que va a tener la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y, por supuesto, las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, y no menos importante, la de los municipios.

Me dio gusto escuchar hoy también el fortalecimiento que va a haber a partir de ello. ¿Por qué? Porque en los municipios nuestra policía municipal es la que conoce el territorio y es la que en un momento determinado puede dirimir las controversias cotidianas.

Si nuestra policía municipal hace su parte por supuesto la gran carga y lo que aqueja hoy a nuestro país como es el crimen organizado, puede ser totalmente la tarea de la Guardia Nacional.

También importante para mí decir que la parte de prevención al delito es uno de los ejes. La prevención social del delito como eje de la política nacional de seguridad pública, me parece de lo más acertado, porque una cosa es lo que hacen nuestros cuerpos de seguridad y otra es la que nosotros podemos hacer desde la ciudadanía.

Y es aquí donde les convoco a todos los compañeros que se encuentran en este Pleno, y voy en el mismo sentido que decía la Senadora Beatriz Paredes, cuando tuvo el uso de la tribuna hace rato: un día en el que la guerra, como le llaman, en vez de haber estado en la calle estuvo en el Twitter, en una red social y estuvo entre nosotros mismos. Bueno, me voy a incluir porque yo opiné sobre eso que sucedió, sobre esas publicaciones.

Señores, compañeros Senadores y Senadoras, se supone que este es un equipo, se supone que el Senado de la República es un equipo, no puede ser que aquí nos veamos como equipo y en la calle o en las redes sociales nos veamos como enemigos, eso no abona para nada a nuestro país y, lo repito, si ese día en vez de tantos tuits echándole la culpa a alguien, y veo las cifras que hace rato ponían aquí, parece que estamos compitiendo a ver quién es el peor, vamos a cambiar, vamos a decir quién es el mejor. Así, esa debe ser nuestra visión.

Y en ese mismo sentido, les reitero: aquí somos un equipo y no se vale decir aquí una cosa, aprobar cosas por unanimidad, como la Guardia Nacional, prueba de que sí podemos llegar a consensos, y saliendo de aquí publicar en redes sociales o decirle a la gente que no crean en las cosas que se hacen.

En Yucatán, pongo el ejemplo claro de mi estado, la seguridad pública no se politiza, y haremos todo de nuestra parte para que no se haga, ¿Por qué? Porque este es el resultado, lo que nos sucede en este país en parte es el resultado del abuso de la politización de la política de seguridad pública.

Es tiempo de que, insisto, nos veamos como un equipo, y que juntos desde este Senado se ponga el ejemplo de lo que tiene, de lo que tenemos todos, gobiernos y ciudadanos, incluyendo al legislativo, que hacer en nuestro país.

Insisto, la fracción parlamentaria del Partido Verde, por supuesto que va a favor, y esperaremos las primeras acciones de la Guardia Nacional.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Camino Farjat.

Tiene el uso de la tribuna, la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT, hasta por diez minutos.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

Recuperar la tranquilidad de todas las familias mexicanas merece, es una prioridad para los que aspiramos ver un país distinto. Sabemos que no es una tarea fácil porque los niveles de descomposición crecieron exponencialmente.

También sabemos que una estrategia se debe atacar de manera integral, y que no veremos resultados a corto plazo. Pero también sabemos y estamos convencidos de que necesitamos apoyar las propuestas que nos ha presentado el Ejecutivo.

Los que amamos a nuestra patria y nos preocupamos por nuestros hijos avanzamos con propuestas para resolver estos problemas, porque los vivimos todos.

Todos somos mexicanos y mexicanas, y todos queremos que nuestro país avance.

La Estrategia Nacional de Seguridad propuesta es justa, clara y ambiciosa, ya que busca atender los problemas de inseguridad desde su raíz.

Los objetivos que plantea son, a su vez, factores determinantes para la paz y bienestar de nuestro país.

Asimismo, la Estrategia Nacional de Seguridad presenta nueve estrategias específicas para eliminar la corrupción, combatir el delito y hacer más eficiente la labor de la policía, con el objetivo de brindar un ambiente de paz, desarrollo y bienestar para todas y todos.

Esa estrategia no se sustentará solo con el uso de la fuerza, porque la experiencia que nos han dado 12 años de guerra contra el narcotráfico ha demostrado que eso no resuelve el problema de fondo. No se puede enfrentar la violencia solamente con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

En los últimos 30 años el modelo neoliberal aplicado en nuestro país ha dado como resultado el estancamiento de la economía, convirtiendo a México en uno de los países con menor crecimiento del mundo y de los más violentos.

Esta situación ha dejado sin oportunidades a toda una generación, ya que sin una robusta generación de empleos no hay bienestar, y sin un desarrollo económico incluyente que genere bienestar no puede haber paz y tranquilidad social.

Se promoverá antes que nada el desarrollo y la creación de empleo, se atenderá a los jóvenes garantizando su derecho al estudio y derecho al trabajo. Se llevará a cabo la recuperación del campo, sacándolo del abandono en el cual se encuentra, así como el rescate de los valores culturales, morales y espirituales.

Para enfrentar el problema de la violencia se aplicarán nuevas estrategias para hacer efectivo el Estado de derecho, también se atenderán las causas que originaron esta crisis de inseguridad y de violencia, pero siempre estará presente la noción del desarrollo incluyente, el empleo y el bienestar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia que aqueja a varias regiones de nuestro país desde hace muchísimos años.

Por ello, las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos y votaremos a favor de este dictamen que, estamos seguros, abonará a recuperar la tranquilidad que nos arrebataron.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora León Gastélum.

Tiene el uso de la tribuna ¿o desde su escaño?

Sonido, por favor, al escaño del Senador Dante Delgado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Senador Dante Delgado: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores, el posicionamiento de Movimiento Ciudadano fue expuesto en la comparecencia del señor Secretario.

Queremos ratificar la confianza en que, con la participación de todos los que estamos aquí presentes, logremos sacar, por unanimidad, las leyes necesarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional.

Tendremos que trabajar de manera ardua estos días próximos, a efecto que en el periodo extraordinario al que nos habrán de convocar, la Junta de Coordinación Política ha acordado que sea del 13 al 17 de mayo y que podamos, ojalá se den las condiciones para que así suceda, aprobarlo por unanimidad, el ánimo es dar los instrumentos al gobierno de la República.

Movimiento Ciudadano alentó la construcción de un consenso amplio para la reforma constitucional y ahora estamos trabajando en la misma dirección, debe haber los instrumentos, le corresponde al Ejecutivo llevarlos adelante, estamos pensando en un sistema institucional de seguridad pública que permita que más allá de quien esté en el gobierno se tengan los instrumentos y las herramientas para garantizarle a la sociedad nacional el derecho a la vida, a la libertad, al patrimonio de los ciudadanos y, desde luego, de sus familias.

En ese sentido queremos nosotros externar que estaremos a la expectativa de los resultados de la Guardia Nacional, pero también del trabajo de coordinación que la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana tenga con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque más de 220 policías estatales y municipales en estos momentos están en las calles, necesitamos que haya una sistematización y celebremos las palabras del Secretario cuando se compromete a tener un modelo de policía nacional en donde la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales participen con los mismos códigos de servicio a la sociedad.

Enhorabuena y en ese sentido nos habremos de manifestar.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Dante Delgado.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su venia, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y Senadores:

El día de hoy este Senado discute la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es la primera ocasión en la historia reciente porque ahora tiene la facultad de aprobarla. Esta obligación permite al Ejecutivo presentar un diagnóstico sobre la situación que guarda el país en materia de seguridad pública, sus retos, pero sobre todo se espera el trazo de un plan claro, preciso para superar esos retos, y por su parte las Senadoras y Senadores tenemos la responsabilidad, nosotros seremos los primeros en analizar y, en su caso, aprobar esta estrategia para que pueda ser implementada, es la primera vez.

Esta facultad exclusiva le da al Senado una capacidad de control y contrapeso hacia el Poder Ejecutivo, y a su vez constituye la corresponsabilidad de este órgano legislativo en la lucha contra la inseguridad que sin duda, se ha dicho repetidamente, ha imperado en este país desde hace mucho tiempo, y sin duda también que nos lastima a todos.

Pero, sin embargo, señoras y señores Senadores, estaba a punto de proponerles que deberíamos prohibir los discursos en materia de seguridad. Debe ser porque soy yucateco y el Secretario de Seguridad Pública de Yucatán va a cumplir 19 años en el encargo, ha servido a cuatro gobernadores y de partidos distintos, y les puedo asegurar una cosa, nunca lo he escuchado decir un discurso que no sea por el día del policía.

La seguridad no depende de los discursos, no depende de las posturas políticas, la seguridad depende, primero, de un cuerpo de valores que tiene que asumir completa una sociedad y después un cuerpo o de cuerpos de seguridad que sean fundamentalmente honrados, fundamentalmente comprometidos con esa sociedad. Por eso, el día de hoy no podemos dar nuestro voto aprobatorio a esta estrategia, porque en nuestras consideraciones no se cumple con los objetivos que el documento debe perseguir, carece de información consistente, de sustento técnico, no ofrece esas soluciones precisas, y sobre todo, no las ofrece medibles para que podamos alcanzar efectivamente la tranquilidad y paz que se está esperando. Es un documento fundamentalmente declarativo, con un análisis político y una declaración política.

En ese sentido permítanme señalar algunos aspectos objetivos que son faltantes en este documento.

No se ofrecen datos ni cifras que permiten conocer cómo entiende el gobierno federal la situación de inseguridad o violencia que vive el país, tendremos que atenernos a las declaraciones con el riesgo de que las declaraciones sean un día unas y otro día otras, según la coyuntura.

Por otro lado, se plantea una serie de objetivos y estrategias pero que no se relacionan entre sí.

Hace tiempo que existen programas sociales.

¿Cómo éstos van a incidir para disminuir la violencia?

No es tampoco la primera vez que se distribuyen bienes o servicios y se dice que combatiendo la pobreza se disminuirá la violencia.

¿Quién lo va a medir?

¿Cómo lo vamos a poder acreditar?

¿Cómo vamos a saber si efectivamente el programa de jóvenes está incidiendo en los índices de acciones?

Hay un buen número de personas que sostienen exactamente lo contrario, el programa sin controles puede ser que aumente.

¿Cuáles son los efectos que van a tener estos programas directamente en la violencia?

¿Quién los va a medir?

¿Cómo lo vamos a poder acreditar?

Los resultados específicos que debemos esperar de la estrategia deben ser medidos para que esta evaluación pueda hacer que sean eventualmente mejorados.

Necesitamos indicadores que evalúen esos avances y la eficacia de la actuación de la autoridad durante estos años de administración. Esto quiere decir que no tendremos forma de saber si la estrategia una vez implementada está funcionando o no, y eso es fundamental.

Todas y todos sabemos, ya lo dijo Álvarez Icaza, “que lo que no se puede medir no se puede mejorar.”

Otro punto preocupante es no saber si se le está dando la importancia que amerita el fortalecimiento de las instancias locales de seguridad al sistema de justicia, dos elementos indispensables.

Les he citado el ejemplo de un estado. Déjenme decirles algo, podremos mandar, como lo hemos hecho, Ejército, Marina, gendarmes o guardias nacionales, y si no hemos creado las policías locales que junto con sus sociedades adopten un cuerpo de valores, los transmitan, los defiendan y vigilen su cumplimiento, ninguna estrategia funcionará. Es imprescindible que esta Estrategia contemple exactamente qué va a ser en materia de fuerza de seguridad locales y cómo van a mejorar.

Se centra en delitos patrimoniales a nivel federal, pero omite otros, los del fuero común como el homicidio, el feminicidio o el secuestro.

Hay un aumento de feminicidios en los cuatro primeros meses de un 21 por ciento.

Y de secuestros de más de un 50 por ciento.

¿Esto es algo que nos alegra? De ninguna manera, al contrario, no puede haber ninguna clase de regocijo o gozo en esta materia.

Amigos, hoy debiera ser un día de esperanza, que erradiquemos de una vez los discursos políticos alrededor de la seguridad y nos concretemos en hechos, hechos objetivos, cuyo análisis merezca mejora de las instituciones, no solamente el desplante político.

En suma, la Estrategia Nacional de Seguridad, analizada objetivamente, es, sin duda, un documento incompleto, no aborda, ni analiza los temas atinentes completos, ni ofrece las soluciones esperadas, se centra en un discurso político que por sí solo no nos va a ayudar a superar la inseguridad o la violencia.

Los discursos sin diagnóstico, sin planeación, sin rumbo específico sólo son eso, posturas políticas, y la seguridad no se va resolver con política.

Respetamos absolutamente el derecho del gobierno a plantear sus propias soluciones a los retos que enfrenta el país, lo anunciamos, tenemos toda la disposición de sumarnos y apoyar, tenemos la absoluta convicción de que este es un trabajo de todas las fuerzas políticas si de verdad quieren cumplir su misión.

Pero que quede claro, no dejaremos, ni renunciaremos a nuestro papel de señalar objetivamente las cosas que se deben cambiar.

No, no nos regocija de ninguna manera en esta materia, ni en ninguna otra, pero especialmente en esta, que el gobierno no pueda cumplir sus metas.

Queridos Senadores y Senadoras, aquí las campanas están sonando por todos, no nos preguntemos por quién está sonando, cada muerte cuenta sobre uno de nosotros, cada excepción, cada isla de seguridad que hoy existe en el país debiera convertirse en la generalidad de la República, y ese debiera ser nuestro principal objetivo.

No sólo no nos regocijamos, se los decimos, ese sentimiento que ustedes tienen hoy lo hemos vivido, lo hemos vivido y por eso me puedo comprometer frente a ustedes, no nos verán nunca contar los muertos a voz en cuello en el Pleno de un Senado o de una Cámara de Diputados.

No nos verán nunca colgar pancartas o carteles con las fotos de familiares.

No nos verán nunca haciendo de ésta la causa de un spot para una campaña electoral, ese es el compromiso que hacemos con ustedes hoy porque este es un tema de todos, pero es un tema que requiere de compromisos completos, no solamente de discursos, eso es lo que llama hoy, eso es a lo que llama hoy la República, eso es lo que nos pide una estrategia de seguridad, una estrategia que retome el papel de la escuela como formadora, no solamente como trámite; y los maestros como formadores, no solamente como bolsa de trabajo.

Una estrategia que retome la centralidad de la familia y el papel de los padres para recuperar valores, una estrategia que de verdad haga énfasis en valores, sólo así, estimados compañeros, recuperaremos para el país la paz, y espero para todos, no solamente la paz, fundamentalmente la alegría de vivir en este maravillosos país.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ramírez Marín.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los Senadores.

Hoy nos convoca un tema que desde mi punto de vista es el más importante de todos por los que transita nuestro país, prueba de ello es que desde aproximadamente casi siete horas se está hablando de ello.

Y lo que realmente me preocupa es que a pesar del tiempo que se ha invertido lo que hemos hablando no es estrictamente de una estrategia, mucho menos de un plan que nos permita suponer que las cosas se van a componer porque nos dicen el cómo.

Hemos escuchado una gran cantidad de intervenciones en donde lo que vemos es más bien anhelos, en otros lo que observamos es, en todo caso, pues la concesión de confianza para el gobierno de la República, pero en ninguna parte se ha señalado con claridad cómo se va a construir la paz que reclama México, no se dice.

Miren, yo tengo aquí copias de algunas partes del dictamen, y tal como lo refirió el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, él hablaba y enlistaba los objetivos, que los dividió en ocho.

Y miren ustedes si esto no es un documento que simplemente habla de aspiraciones porque dice, el primero: “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”.

Dice que propone simplemente hacer enfrentar a quien cometa acto de corrupción a la justicia, y lo propone como uno de sus lineamientos en la estrategia general, dice que va a investigar y va a clausurar a las empresas fantasmas, establecer la obligación a las declaraciones patrimoniales y fiscales.

Sí, muy bien, eso ya es una obligación, no es parte de una estrategia, eso es cumplir con una ley que hoy ya existe y que debiera de ser más que una estrategia algo en lo que está ya, pues simplemente obligado a perseguir.

Dice: “garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar”, pues eso es otra obligación del Estado el garantizar, pues si no el empleo por lo menos la salud sí y la educación también, eso parte de una estrategia francamente de seguridad, pues yo no veo cómo puede encuadrar ahí, es parte de las razones naturales de un gobierno que tiene que hacer bien las cosas.

Más adelante, en el punto tres: “pleno respeto a la promoción de los derechos humanos”.

Bueno, faltaba más, qué más hay que hacer que asumir, que bueno, el respeto a los derechos humanos, y además con la cantidad de Senadores y Senadoras que tenemos aquí pro-derechos humanos, pues no me parece que debe formar parte del documento de estrategia y menos a partir de ahí establecer un diagnóstico y luego aprobar esa estrategia.

Luego, “regeneración de la ética de la sociedad”.

Esto sí, bueno, dice: “la regeneración de la ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegados al derecho”, y que con todo esto, con la regeneración de la ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas”.

O sea, que si se muestra un gobierno así de repente todos nos vamos a convertir en eso.

La verdad es que eso no es verdad, se necesita en una Estrategia de Seguridad, algo más que el ofrecer conductas que, por cierto, ni están claras, ni se cumplen a cabalidad, porque la transparencia no significa pararse todos los días a una rueda de prensa, ni siquiera eso es información. Eso es simplemente comunicados en los que muchas veces ni siquiera coinciden los de un día con el del día siguiente.

Entonces el hablar de transparencia en esos términos y el hablar de honestidad y ejemplificar con la actitud y que la gente se va a portar bien solamente por el ejemplo, únicamente es una ilusión.

Luego dice: “reformular el combate a las drogas”, y lo pone como en dos grandes apartados, por un lado los que ya están dentro de las drogas, a los que lamentablemente han caído, los ciudadanos que consumen, bueno, ver cómo irlos sacando de esto, irles dando tratamientos médicos, más o menos así reza la propuesta.

Y por otra parte, bueno, pues tratar de limitar las prohibiciones al consumo de algunas, que hay sustancias que todavía están prohibidas, pero no se dice, y fíjense cómo se llama el título, reformular el combate a las drogas y en ninguna de sus partes hay una sola letra de cómo va a ser ese combate, simplemente se habla de la eliminación de previsión de sustancias, se consumen algunas sustancias, en todo caso la rehabilitación de quienes ya las consumen, pero no se dice el combate, entonces cómo, de qué habla pues, en dónde podemos inscribir esto en el marco de una estrategia.

Luego dice: “emprender la construcción de la paz, que se promoverá la adopción de modelos en justicia transicional”.

Hay muchísimos expertos pronunciándose en contra de esto, porque no se podría establecer tal cual, la justicia transicional en nuestro país porque no está en la Constitución así expresada. Entonces no se puede solamente a través de una disposición aquí en la aprobación de una estrategia, pensar que lo van a modificar en alguna ley, ni siquiera dicen en cual, pues establecer un sistema o modelos de justicia transicional cuando en México lo que aplica es la justicia convencional, no la transicional y que no puede cambiarse nada más porque sea el deseo de alguien, pero además tampoco se dice cómo, a quiénes, con qué gradualidad, no se establece nada de eso.

Me parece pues, que se un documento al que le falta mucho, que solamente viene a cumplir con un requisito que está en la ley y que, por supuesto, trata de evadir los compromisos de poner cifras, de establecer con toda claridad cuáles son las metas que se piensan alcanzar, en qué tiempo se piensan alcanzar.

La gente ya, en México, lo que quiere es que se alcance la paz, que la tranquilidad llegue, no sé si se va a lograr en seis meses, quisiera creer ese ofrecimiento del Presidente.

Pero déjenme sacarles unas cuentas, el próximo martes 30 de abril cumpliremos 5 meses de este gobierno, más 6 que está pidiendo, ya llevamos 11, cuando desde campaña se dijo que se iban a hacer las cosas, que se iban, prácticamente a resolver de la noche a la mañana, sé que no es posible, pero así se dijo, ahí está, recuerdo algunas entrevistas, para ser específico, recuerdo una muy claro, en el programa de Ciro Gómez Leyva, donde lo dijo con toda claridad, que rápidamente se iba a componer y claro que no, pero ahora se le viene a echar la culpa a todo lo anterior, a las herencias que no son heredadas, a todas estas cosas que francamente pues por más que quisiéramos creer, pues francamente no hay manera que nos convenzan para poderlo creer.

Yo quisiera, para tratar de dejar muy clara nuestra posición, la del grupo parlamentario de Acción Nacional, que no estamos en contra de esta buena intención, digámosle así, de que se alcance la paz, lo que sí no vemos es que este documento alcance como para llamarse una estrategia, por lo tanto, si lo que venimos es para aprobar una estrategia, pues cuando tengamos una estrategia a la mano, que pueda ser considerada así, pues estaríamos en la posibilidad de aprobarla, mientras tanto nos tendríamos que abstener de aprobar un documento que no contiene el mínimo rigor para considerarse un documento que pueda permitir medir la actuación de alguien.

Y sí, y sí tiene que haber datos.

Hace un rato el Secretario trataba, pues de enmendar las matemáticas diciendo que el promedio diario con la cifra mensual y que porque el tipo de delito cambiaba durante el mes y lo reclasificaban, la verdad es que no tienen cómo explicar pues lo inexplicable, lo que hay que hacer es reconocer las cosas, empezar a actuar, y ahí sí va a contar, estoy seguro, porque no he oído una sola voz en ningún partido, que no esté de acuerdo que se logren las condiciones necesarias, alcanzando la paz en nuestro país, y estoy seguro que ahí estaremos todos sumados en ese esfuerzo. Deseamos de verdad que se puedan hacer las cosas bien, que se pueda resolver el problema grave de seguridad que tiene nuestro país, pero no se va a resolver con actos de fe o con buenas intenciones, se va a resolver con una estrategia, y ésta, hasta hoy no se ha presentado, por lo tanto no la podemos aprobar, en consecuencia nuestro voto en este punto será en abstención.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Muchas gracias, Senador Julen Rementaría.

Tiene la palabra la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena.

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores.

Quiero nada más aclarar al Senador que me antecedió en la palabra, que el Presidente jamás se ha comprometido a que en seis meses se va a resolver el tema de la inseguridad, en seis meses estará funcionando si todos nos ponemos de acuerdo en el tema de la Guardia Nacional, pero nunca el Presidente de la República se ha comprometido a que en seis meses se va a arreglar un problema que tenemos y que nos heredaron desde hace más de 100 años.

En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 10 de febrero de 2014, establece, entre otras cosas, establece aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo, para el desarrollo nacional y la coordinación institucional entra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la rendición de cuentas, la procuración de justicia y la autonomía del Ministerio Público.

Esta reforma busca también propiciar la integración de un gobierno que trabaje para la salvaguarda de los interese de la nación en su conjunto y que permita, tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus atribuciones sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y transparencia. De esta forma se faculta al Poder Legislativo para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes y programas que elabora el Poder Ejecutivo.

Con esta reforma se establecen canales adecuados de correspondencia entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para que exista un balance de facultades y responsabilidades y obligue de manera conjunta a que trabajen por el bien común generando una nueva etapa de estabilidad prolongada, con programas y planes que realmente sean eficaces y eficientes.

Parte de la reforma indicada incorpora una obligación del Presidente de la República de presentar ante la Cámara de Senadores, para su análisis y aprobación, a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo, lo que además fortalece el Pacto Federal. A la presentación del día de hoy de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la comparecencia del titular de la Secretaría del ramo ante esta Soberanía, este Senado habrá de responder asumiendo su responsabilidad y congruencia con la aprobación de este dictamen.

Lo anterior dado el desastroso antecedente y el abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, donde nos dejaron más de 200 mil carpetas sin investigar. La descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos que tienen hoy estos efectos lamentables para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública del país, los cobardes asesinatos, el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción institucional y varios otros ilícitos que no se podrían realizar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos que fueron cómplices y ayudaron a la delincuencia categóricamente a cometer esos ilícitos.

Y nosotros decimos desde esta tribuna que eso se tiene que terminar.

Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican lamentablemente a nuestro país en niveles históricos de criminalidad, y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad, millones de personas han tenido que modificar sus patrones de vida para protegerse, y muchos han tenido que migrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad.

La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia. Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia, la vida del ciudadano está impactada en el hogar, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en las calles. Es decir, los mexicanos viven en constante miedo.

Hoy lo decimos claramente, a los ciudadanos no les interesa la separación de responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios, ni si los delitos son del orden del fuero federal o del fuero común, ni de colores partidistas. Lo que hoy demandan es que el gobierno en su conjunto les garantice su seguridad, la de su familia y de que no ocurran hechos lamentables. Los ciudadanos demandan una estrecha coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales, demandan en lo inmediato el combate a los delitos que más afectan a la población.

Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano que involucra a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno. En congruencia con lo anterior, hoy asumimos el compromiso de apoyar el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República no sin antes hacer las observaciones correspondientes, por supuesto, desde este escaño para contribuir a mejorar y eficientar los ordenamientos legales.

Quiero comentar que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se establecen ocho objetivos y ocho estrategias específicas, dentro de los ocho objetivos se enlistan, en el número seis, el denominado “emprender la construcción de la paz con un apartado correspondiente al Consejo de Construcción de Paz”, con los que se propone adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas. El Consejo de Construcción de Paz propone establecer lo antes posible, y ser una instancia de vinculación y articulación entre las instituciones, actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

Nosotros consideramos que esta estrategia que hoy nos vino a presentar y a explicar el doctor Durazo sí contempla el cómo y el porqué, tenemos muy claros los objetivos y las estrategias que se van a implementar.

Es por eso que el día de hoy pedimos a todos ustedes su voto aprobatorio para que esta Estrategia Nacional que tanto le urge a México, que tanto le urge a las familias que han sido víctimas precisamente de toda esa delincuencia.

México hoy tiene un gran dolor por todo lo que estamos viviendo, y es por eso que esta estrategia urge, así como urge también que nosotros estemos próximamente aprobando estas leyes secundarias para que podamos contar con una Guardia Nacional que responda a las expectativas de los ciudadanos.

En Morena estamos convencidos de que esta estrategia va a funcionar con el apoyo de los ciudadanos y el acompañamiento de todas las fuerzas políticas de este Senado de la República.

Muchísimas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

No habiendo oradores a favor ni en contra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del anterior proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Necesita ayuda? Ayuda, por favor. Ya están ahí.

Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Sigue abierto el sistema, por favor regístrenlo.

Señor Presidente, se emitieron 78 votos a favor, 4 en contra y 30 abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada el 1 de febrero de 2019 por el Presidente de la República, con la adenda presentada el 15 de abril de 2019 y el texto modificado del Artículo Único del proyecto de Decreto. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.






A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2019”, del 30 de mayo al 21 de junio de 2019.

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “TRADEWINDS 2019”, DEL 30 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Eruviel Ávila, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros, Senadoras y Senadores, muy buenas tardes.

Hoy vengo a nombre de la Comisión de Marina a someter a consideración de ustedes el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo Federal la salida de elementos de nuestra Marina Armada de México fuera de límites de nuestro país.

El objetivo es que participen en la edición 2019 del evento denominado “TRADEWINDS”, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019 en las costas de Santo Domingo, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas. Nuestras Fuerzas Armadas recibieron la invitación para participar en este Ejercicio Multinacional por conducto de la Oficina de Cooperación y Defensa de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal solicitó el permiso correspondiente para la salida de los elementos de la Armada fuera de los límites del país, conforme a lo establecido en el artículo 76, fracción III de nuestra Carta Magna.

En su caso, nuestro país participaría con una fuerza compuesta por la patrullas oceánica denominada ARM “CALIFORNIA”, con un helicóptero denominado Panther, una sección de elementos de Infantería de Marina de 30 elementos, un equipo de tres elementos de trabajos submarinos, un equipo médico de dos especialistas en Cámara Hiperbárica y Medicina Subacuática, un equipo de dos elementos de nadadores de rescate, un equipo de dos elementos de enfermeros táctico, un elemento de medicina aérea.

El ejercicio denominado “TRADEWINDS 2019”, constituye una oportunidad inmejorable para que las naciones participantes puedan unirse y crear una fuerza multinacional que esté preparada para actuar en casos de crisis en la región del Caribe. Además, se busca genera y fortalecer los lazos de cooperación en materia de asistencia humanitaria, seguridad y protección marítima, favoreciendo la coordinación entre las unidades de las Armadas participantes.

Nuestro país ha sido parte de este ejercicio ya desde el 2014, este tipo de ejercicios permiten que miembros de nuestras Fuerzas Armadas incrementen su nivel de capacitación y adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos.

Quiero también compartir y hacer un paréntesis, antes de concluir mi intervención, compañeras y compañeros Senadores, para enviar una respetuosa felicitación a nombre de la Comisión de Marina al Almirante Secretario, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, ya que el pasado domingo, Domingo de Pascua, le fue conferida la Condecoración de Perseverancia Excepcional Primera Clase por 50 años de servicio en la Armada de México por parte del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Dicho galardón le fue otorgado durante la conmemoración del 105 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, evento al que acudí muy honrosamente en representación de la Comisión de Marina ya referida. Sin duda, la labor del señor Secretario como miembro de la Marina Armada de México ha sido excepcional y por eso es que esta condecoración es bien merecida.

Quiero también agradecerle a la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el señor Embajador Héctor Vasconcelos, el apoyo a esta iniciativa para la salida de los compañeros que ya hemos referido. Senadoras y Senadores por lo anteriormente expuesto, les solicitamos su aprobación, de favor, para permitir la salida de miembros de nuestra Marina Armada de México para participar en este ejercicio de capacitación, coordinación con nuestros países, con nuestros hermanos países del Caribe.

Solo compartiendo experiencias con las Fuerzas Armadas de nuestros países hermanos y creando una fuerza común, podremos tener una región en paz.

Muchas gracias por su voto de confianza, en su caso.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ávila Villegas.

Se ruega a todas y a todos guardar el debido orden, silencio y poner atención. Está a discusión el dictamen.

Al no existir oradoras ni oradores, se consulta si alguien desea reservar algún artículo. Al no haber reserva alguna, ábrase el sistema electrónico para recoger la votación, en lo general y en lo particular en un solo acto por tres minutos. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que concede autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salid de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país a fin de participar en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2019”, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la paz.

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Josefina Vázquez Mota, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes.

Todo el día de hoy hemos dedicado nuestras intervenciones y posicionamientos, fundamentalmente al tema de seguridad.

¿Y para qué queremos la seguridad si no es fundamentalmente para la construcción de la paz?

El presente dictamen, y quiero invitar a todas las Senadoras y Senadores a acompañarlo a favor, tiene como propósito incorporar justamente el derecho a la paz en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este derecho a la paz no está considerado en esta ley.

Si no garantizamos el derecho a la paz, cómo construir todos los anhelos y todos los propósitos por los cuales en gran medida estamos aquí.

Agradezco a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y también a la Comisión de Estudios Legislativos que preside el Senador Manuel Añorve, y a todos los integrantes de la misma, por acompañar este derecho y garantizar la paz.

La paz no es solamente la ausencia de la guerra. En nuestro país afortunadamente no estamos en guerra, pero tampoco vivimos con paz.

La paz es el derecho a caminar sin miedo.

La paz es el derecho a amar con libertad.

La paz es el derecho a realizar los sueños.

La paz es el derecho a salir de casa y saber que regresaremos con vida.

La paz es ampliar nuestros márgenes de libertad.

Y una tercera parte de nuestra población, casi 40 millones, son niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto, quiero invitar a crear la conciencia de que las actitudes y estructuras que construyen sociedades pacíficas requieren de una voluntad colectiva.

Cada día, todas y todos nosotros construimos o destruimos la paz.

Y sería una buena pregunta cada noche, antes de dormir, reiterar una y otra vez si ese día construimos o destruimos la paz.

La construimos o la destruimos con nuestro lenguaje. La construimos o la destruimos con nuestra actitud. La construimos o la destruimos cuando construimos puentes o cuando levantamos muros.

La construimos o la destruimos cuando decidimos por la tolerancia u optamos por la intolerancia y el fanatismo.

En los tres primero meses del año se cometieron 285 homicidios dolosos contra niñas, niños y adolescentes, más de tres casos cada día.

No puede haber derecho a la paz cuando el 80 por ciento de las violaciones y abuso sexual se dan en casa. No puede haber derecho a la paz cuando el INE reporta, en la más reciente encuesta, que las niñas y los niños se sienten más seguros en su casa, pero también es donde más son agredidos.

¿Cómo construir un mejor país cuando la agresión de quienes nos deben de amar está en lugar del amor?

En este dictamen se propone que trabajemos juntos para que este derecho a la paz sea una realidad para todas las niñas y los niños de México.

Y por cierto pienso, y cada vez de manera más recurrente, que tampoco nos caería mal a nosotros como adultos aprender a ser constructores de paz.

Son ocho elementos o valores los que determinan la construcción de la paz: la equidad, somos más o menos equitativos, qué tan libres somos, la solidaridad, la dignidad, la igualdad, el respeto, la tolerancia, y no solamente la tolerancia como soportar lo que el otro piensa o dice, sino como la capacidad de disentir, pero la capacidad de escuchar y atender y, por supuesto, la justicia.

Muy estimadas Senadoras y Senadores, la minuta de hoy tiene como propósito finalmente incorporar el derecho a la paz.

Les pido su acompañamiento favorable a este dictamen, pero sobre todo, los invito, y por supuesto yo reitero mi compromiso, que tiene que ser cotidiano, de cada noche poder hacer un balance que estuvimos del lado de la construcción de la paz y no de la destrucción de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vázquez Mota.

Tiene la palabra el Senador Manuel Añorve, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia.

El derecho a la paz fue una deuda social hasta la década de los años setentas, cuando comenzaron a estructurarse los Derechos de Tercera Generación o Derechos de Solidaridad, es ahí donde legalmente nace y se incluye el derecho a la paz.

Es imperante recordar que la paz no debe de ser entendida solamente como la ausencia de guerras y conflictos, sino que realmente implica la primacía de la justicia en los ámbitos individuales y comunitarios.

Por ello, consideramos de suma importancia el presente dictamen en sentido positivo, en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en los artículos 13 y 16 se agregan: el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo.

Y aprovecho para felicitar nuevamente a la Senadora Josefina Vázquez Mota y, por supuesto, a todas las integrantes y los integrantes de esta importante comisión.

La adición del derecho a la paz es de gran envergadura y trascendencia por la preminencia de la niñez y juventud en México.

La paz, tal como señala Naciones Unidas, no es una abstracción puesto que posee un profundo contenido cultural, político, social y económico.

En este sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y que se garantice su desarrollo integral.

El objetivo de esta reforma es el desarrollo de habilidades sociales y afectivas para frenar la violencia, el insulto y la discriminación que suponen una realidad cotidiana para mucho niños en un país en donde la pobreza golpea a más de la mitad de la población.

El presente dictamen coadyuva en el cumplimiento de los mecanismos de protección establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, cabe resaltar que a pesar de la vigencia legal que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño en México, 27.6 por ciento de los adultos considera que los derechos de los niños los definen los padres, y todavía hay quienes consideran que los niños no tienen derechos 3.6 por ciento.

Asimismo, un 54.5 cree que en México las personas golpean a los niños para que obedezcan, lo cual es un indicador de violencia hacia los infantes.

Estas cifras muestran la importancia de crear conciencia para que se reconozcan totalmente los derechos de la niñez y las obligaciones que tiene la ciudadanía con ellos.

Particularmente celebro el presente dictamen en aras al derecho a la paz para todas las niñas, niños y adolescentes.

Isaac Newton mencionaba: “Los hombres construimos demasiados muros, y no suficientes puentes”.

Hoy, compañeros, es tiempo de crear juntos estos puentes a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes; crear puentes a favor del presente y del futuro de México.

Me permito cerrar esta intervención citando a Eleonor Roosevelt: “No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y trabajar para conseguirla”.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Añorve Baños.

Está a discusión el dictamen en lo general. ¿Pregunto si hay Senadores o Senadoras que quieran intervenir? Al no haber oradores registrados. ¿Consulto si alguien desea reservar algún artículo? Toda vez que no hay artículos reservados. Ábrase el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto nuevamente, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron 99 votos en pro y cero en contra, y si me permite sumar el del Senador Cristóbal a favor y la Senadora Jesusa a favor, serían 99 votos a favor, tienen problemas con el sistema, 101, señor Presidente, aquí también el Senador, 102, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿No falta nadie de votar?

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la paz. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

Los dictámenes se encuentran publicados en Gaceta Parlamentaria, en consecuencia pasaremos a su discusión conjunta.






Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Están a discusión los dictámenes.

Consulto si alguno se reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto a la Asamblea, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

Pregunto nuevamente a la Asamblea, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

Señor Presidente, conforme al registro en el tablero electrónico, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Ya terminó la votación, pero registramos la intención de votar a favor de la Senadora Delgadillo.

En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

Precisamos también que el proyecto anterior que se votó de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la paz. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.






Informo que dimos primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160, y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de culturas populares.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157, 158 Y 160 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo diario)

A solicitud de la Comisión de Cultura, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Susana Harp Iturribarría, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Cultura, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Muchas gracias, por permitirme presentar. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros del Senado.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, ponen a su consideración el proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derechos de Autor, y deroga la disposición que permite la libre utilización de las expresiones del arte popular o artesanal.

Como ustedes saben, la Ley federal del Derechos de Autor es la norma que establece la protección de los derechos de los creadores, artistas, intérpretes o ejecutantes y demás personas involucrada en la difusión, reproducción y puesta en valor de las obras artísticas y literarias.

La dificultad de reconocer la autoría colectiva de las comunidades se tradujo en la figura de la libre utilización. Esto es que cualquiera podría disponer de tales obras siempre y cuando se señalara la región o la etnia de las que vinieran de procedencia.

Esta circunstancia dejó en una condición de uso y explotación y libre comercialización a muchos elementos de las culturas populares y elementos de las culturas e identidades de los pueblos y comunidades indígenas.

Con esta premisa normativa, la del uso libre, está en estado de indefensión el patrimonio cultural, y sobre todo dejamos en un segundo plano a estas expresiones tradicionales como si fueran manifestaciones artísticas de menor categoría.

Como nos dijo hoy la doctora Rigoberta Menchú: “Los pueblos originarios tienen sus propias bellas artes”.

De ahí que la propuesta sea eliminar la figura de libre utilización de las obras literarias, artísticas de arte popular y artesanal, a fin de restituir a sus custodios originales el derecho de decidir si se reproduce y quien la reproduce.

Lo mínimo que podemos solicitar a quien explota una obra artística o literaria es la autorización de quienes se han encargado por generaciones de proteger su patrimonio y su legado cultural.

Con esta reforma se equipara de manera justa las obras literarias y artísticas, producto de las culturas populares o elementos de las culturas e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a cualquier obra literaria o artística que protege la Ley Federal del Derecho de Autor. Es decir, les damos el mismo tratamiento.

La omisión de la protección el legado cultural en las normas jurídicas se ha convertido en un impedimento más en el acceso pleno de la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y ha permitido el abuso de empresas nacionales y extranjeras como el plagio de los textiles de Santa María Tlahuiltoltepec, por la diseñadora francesa Isabel Marant.

Los huipiles de Xalapa de Díaz, las blusas y vestidos de San Antonino Velasco, como el que hoy traigo puesto. La cerámica de la familia García de Ocotlán, imitada por Jean Bergoglio, y los multiplagiados textiles del Istmo de Tehuantepec, y los Tenangos de Doria, de Hidalgo, entre muchas expresiones más.

Senadoras y Senadores, no lo consintamos más, por favor. Deroguemos el uso libre de las expresiones, de las culturas populares e indígenas y actualicemos nuestra ley para la protección de este legado, del que siempre decimos sentirnos orgullosos.

Hoy les pido que este orgullo se traduzca en verdadera protección.

Por su atención y apoyo, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Susana Harp.

Está a discusión el dictamen. Consulto si hay oradoras u oradores. Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente.

Más que nada felicitar a la Senadora Susana Harp por esta acertada decisión de cambiar la Ley Federal del Derecho de Autor, y seguramente en el Partido Acción Nacional vamos a votar todos a favor de esta ley que era indispensable.

Yo creo que los Tenangos de Doria, de Hidalgo son de los textiles más pirateados, que sus creadores originarios no han visto un beneficio económico.

¿Qué nos faltaría en los próximos días hacer para complementar lo que estamos haciendo hoy?

Crear el sujeto de derecho, que es la famosa reforma constitucional, que es indispensable para que el pueblo de Tenango de Doria, pueda tener el usufructo de cualquier derecho de autor, porque hoy el problema es si alguien quiere utilizarlo, a quién le paga las regalías.

Entonces, esa parte complementa lo que hoy, por lo menos hoy no lo van a poder usar, hoy con esta ley se para el plagio y creo que eso es muy importante.

Después que abordemos la reforma constitucional vamos a lograr darle la identidad jurídica al pueblo, que es el dueño de ese patrimonio cultural, y que va a poder tener un beneficio por cualquiera que lo explote.

Entonces, sumarme, pedir la votación a favor de este dictamen.

Felicitarte, nuevamente, Susana, porque esas son las cosas que realmente van marcando un camino en beneficio de las comunidades indígenas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz.

Al no haber más oradoras ni oradores, consulto si existe alguna reserva.

Senadora Nancy De la Sierra, adelante, tiene una reserva en relación con el artículo 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Informo que se recibió la reserva de la Senadora Nancy De la Sierra, en relación con el artículo 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

¿Pregunto si hay alguna otra reserva? De no ser así, con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del dictamen en un solo acto, en lo general, y los artículos no reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, en lo general, y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Necesita ayuda? ¿Quiere hablar?

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, favor de registrarlo. ¿Necesita ayuda la Senadora Cora?

Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico, se emitieron 98 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160 y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de culturas populares.

Se concede, la palabra a la Senadora Nancy De la Sierra, para referirse a su reserva al artículo 160 del proyecto de Decreto.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, compañeras y compañeros Senadores.

En los últimos siglos hemos vivido capítulos desafortunados en los pueblos originarios, de dolor y de tragedia, de discriminación y de injusticia.

Tenemos que admitir, sin lugar a duda, que la historia está ahí, siempre y cuando reconozcamos que el futuro está en nuestras manos, en este caso, para emitir las normas correspondientes que modifiquen dichas injusticias.

Por ello aplaudo el presente dictamen, no solo por identificar la omisión normativa de la protección de las exposiciones culturales tradicionales, sino que también por corregirlas.

En este sentido, me gustaría realizar una aportación al artículo 160 del presente dictamen, misma que se trabajó con el equipo de la Comisión de Cultura de esta Soberanía adicionando, y me permito leer el párrafo:

“Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular o exista duda sobre el mismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, con opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, podrá autorizar el uso solicitado. Lo anterior, a efecto de que ante duda o ausencia del titular designado por la comunidad o etnia correspondiente, sea la Secretaría de Cultura con opinión del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que lo autorice”.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Dé lectura la Secretaría a la propuesta de modificación del artículo 160 a la Ley Federal del Derecho de Autor, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura:



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación de la Senadora Nancy De la Sierra. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión la propuesta.

Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Senadora Nancy De la Sierra. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 160, con las modificaciones aceptadas.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Necesita ayuda la Senadora Eunice Romo, por favor. Sasil De León, ayuda de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para votar. Favor de ayudar a la Senadora Cora Cecilia.

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, conforme al registro electrónico se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; 95, con la Senadora Mayuli Latifa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado el artículo 160 del proyecto de Decreto, con la modificación aceptada. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160, y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de las culturas populares. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Sonido en el escaño de la Senadora Gina Cruz.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Estoy revisando las redes sociales y se hace una publicación en la página oficial del Senado de la República, donde se anuncia la visita de Senadores y Asambleístas que vienen a hacer una visita oficial al Senado de la República de los Estados Unidos de América.

Yo nada más quiero hacer notar que su servidora y la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, no fuimos requeridos, ni siquiera nos avisaron de esta reunión o de esta visita oficial que se hizo al Senado de la República.

Nada más para hacer constar la falta de atención y la falta de respeto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solo comento lo siguiente. Los congresistas de Estados Unidos que estuvieron en el Senado, hoy por la mañana, pidieron entrevistas específicas con ciertos Senadores y quedaron en hacer ellos una ruta.

Entonces, pidieron entrevistarse con algunos Senadores y en cada caso, cada quien respondió a esas solicitudes de los propios congresistas.

Senador Kuri, desde su escaño y después Senador Madero.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, creo que no es un buen pretexto para que no hayan invitado a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, por lo menos haberle avisado que venían y por supuesto haberla acompañado.

Si ellos son invitados de nosotros y vienen para acá, por lo menos debería haber estado ahí la que es la interesada y responsable de la relación de América del Norte, y no nada más me refiero a mi Presidenta, sino a toda la comisión que ella preside.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No fueron invitados por el Senado, ellos hicieron un viaje y tuvieron un conjunto de reuniones, aquí en el Senado y fuera del Senado. Hicieron un calendario de reuniones los congresistas correspondientes.
Senador Madero, desde su escaño.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

No es exacto lo que se informa en la fuente oficial del Senado, en la cuenta de Twitter, donde dice que se reunieron en esta reunión en la Mesa Directiva, precisamente, para analizar los temas del T-MEC y los temas del T-MEC y la relación entre México y Estados Unidos de América tienen que ver con las comisiones, señor Presidente, pertinentes.

A mí sí se me hace que aquí está habiendo una omisión en el involucramiento de las comisiones, tanto de Relaciones Exteriores América del Norte, como de Economía, en la relación con las autoridades, los legisladores de Estados Unidos.

No es la primera vez, ha habido visitas oficiales a Estados Unidos y no se han incluido en el pasado también.

Entonces por eso a mí me preocupa, porque si en algún momento va haber un proceso de dictaminación de este tema y las comisiones responsables no están involucradas, creo que le toca al Presidente del Senado representar a todos los Senadores y representar también al cuerpo completo, y a las comisiones.

Si esto fuera el caso, también hubiera la posibilidad de haber hecho la contrapropuesta de ampliar esta convocatoria, que estoy seguro que los Senadores de Estados Unidos no hubieran tenido ningún problema.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, en el caso de reuniones donde solicita la entrevista con la Mesa Directiva, pues hacemos determinados tipos de formatos.

Hoy mismo tuvimos la visita de la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, y se extendió la invitación a la Mesa Directiva y a la Comisión de Asuntos Indígenas, como en otros casos, aquí particularmente se pidieron reuniones en específico, no fue una reunión con la Mesa Directiva. Incluso, no estuvo presente la Mesa Directiva en esta reunión.

Senador Erandi Bermúdez, desde su escaño.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente, en las palabras que usted dice comenta que ellos dijeron con quién querían reunirse aquí en el Senado de la República.

Me es más preocupante todavía eso, porque quiere decir que ellos, entonces, pueden hacer y disponer de las instalaciones y de los lugares del Senado de la República de México. Distinto sería si ellos nos hubiera invitado a Estados Unidos, fue aquí en México, y ellos no pueden disponer ni de las instalaciones ni de la agenda del Senado de la República debido a que ellos tuvieron que haber sido invitados; si no, no pudieron haber tenido acceso al Senado de la República, para empezar, no deberían de haber tenido el acceso para entrar.

Entonces, alguien, al final del día, sí organizó, los órganos informativos de la Cámara de Senadores, son los que están dando cuenta de esta información.

Por eso me parece más preocupante todavía, señor Presidente, que digan que ellos fueron los que decidieron con quién reunirse, y eso me preocupa mucho porque al final del día en los órganos informativos del Senado de la República, no del Senador Martí Batres, no de los Senadores independientes, sino del Senado de la República lo hicieron, incluso se reúnen en el Senado de la República, en la Presidencia.

Si es así, Presidente, incluso en la foto aparece un banner impreso por el Senado de la República, donde aparecen las dos banderas, no creo que ellos desde Estados Unidos hayan traído espontáneamente estos banner desde Estados Unidos y haberlos colocado en lugares estratégicos.

Solamente pedirle, señor Presidente, con todo respeto, el también reconocer cuando se cometen errores, yo creo que todos los hemos cometido, yo creo que vamos a seguir cometiendolos porque somos seres humanos, pero también en ese ánimo, señor Presidente, de querer construir también es de sabios poder reconocer cuando se ha cometido un error, porque los hemos cometido todos.

Es cuanto y disculpe la intervención, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay ningún problema ni nada que disculpar, está en su derecho de manifestar sus puntos de vista totalmente.

Solamente le diría que ni él ni ningún otro visitante de ningún país decide sobre las instalaciones del Senado, su presencia en el Senado de la República obedece en todo caso a la disposición que tiene aquel Senadora o Senador de recibirlos, en este caso hubo una solicitud y en virtud de esa, consideramos pertinente hacer la recepción, no es el primer caso en que ha sido así, y no todas las visitan pasan por la discusión de la Mesa Directiva, y somos muy respetuosos de las visitas que ha habido, incluso de las más polémicas.

Por ejemplo, hubo un visitante venezolano que estuvo con ustedes y no tuvimos problema en que estuviera de visita y se reuniera con ustedes, ha habido amplia libertad para las entrevistas.

Senadora Kenia López, desde su escaño. Y después el Senador Vasconcelos. Y después Félix Salgado.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Dos cosas nada más.

Primero decirle que el día de anteayer una servidora solicitó muy respetuosamente, por supuesto apelando a la sensibilidad de la Mesa Directiva y del Presidente de este Senado de la República, que en las redes sociales se hiciera una mención sobre los lamentables hechos de Veracruz, y no se hizo, que pareciera que se politizó a tal grado que este Senado de la República no fue capaz de mandar un solo mensaje en las redes sociales, un solo mensaje, para decir que era lamentable lo que había sucedido en Veracruz.

Segundo. Con todo respeto, Presidente, la foto en la que aparecen los Senadores, y que hoy la Senadora Gina Cruz hace referencia, es una foto en donde se encuentran presentes cinco hombres: usted, como Presidente de la Mesa; el Senador Napoleón, el Senador Vasconcelos y los dos invitados.

Sabiendo que la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte es mujer, me parece que no sólo por educación, no sólo por ser incluyente, sino como visión de género, el Senado mexicano no se representa con tres hombres y cero mujeres, tenemos la mitad casi de los escaños, señor Presidente, la mejor oportunidad de haber invitado a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, además de por lo que corresponde a su comisión, así hubieran pedido una reunión expresa para con nombre y apellido para Senadores, me parece que hubiera sido una visión de género.

Todas las mujeres aquí estamos totalmente de acuerdo en que hay cosas que hemos ganado. Y no hemos ganado esa foto con cinco hombres y cero mujeres en este Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Vasconcelos.

El Senador Héctor Vasconcelos: (Desde su escaño) Yo quisiera sugerir que de ahora en adelante a lo mejor pudiera establecerse un protocolo para determinar qué comisiones deben estar presentes cuando haya una solicitud de visitantes extranjeros para visitar el Senado de la República para que quede de alguna manera acordado entre todas las fuerzas políticas representadas en este Senado una mecánica para atender a visitantes extranjeros y de tal manera que nadie se sienta excluido.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Félix Salgado Macedonio.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Coincido con mi compañero Senador Vasconcelos y también hago nuestra la inquietud y el reclamo de los compañeros del PAN; sin embargo, yo creo que habría que darles más información a ellos.

Hay un documento, hay una carta, que está dirigida al compañero Ricardo Monreal donde le piden los representantes norteamericanos, Cuéllar y Correa, se explore la viabilidad de concertar una reunión con el Presidente de la Mesa Directiva y coordinador de la mayoría en el Senado de la República.

Por lo que someto a su consideración concretar un encuentro con su distinguida persona para el día 25 de abril, no se omite mencionar que el motivo de la visita de dichos congresistas es con la finalidad de obtener información sobre la reforma laboral.

Es decir, no están, a ver, no están pidiendo una reunión con ustedes, serénense, ustedes no son la mayoría, están pidiendo la reunión con el coordinador de la bancada mayoritaria y con el Presidente de la Mesa Directiva, así de simple, y están en todo su derecho de recibir a cualquier visitante, sea nacional o sea extranjero, no hay ninguna objeción legal y jurídicamente.

Ahora, eso de que no pueden utilizar las instalaciones, bueno, eso es fascista.

¡Cómo no vamos a recibir! Si yo quiero ir al Capitolio, por qué no me van a recibir en un salón. Yo quiero ir al Congreso, por qué no me van a recibir en un salón. Quiero tener un intercambio de opiniones, existe la libertad de expresión.

No se sientan mal, para el 21 o para el 24 échenle ganas en las urnas para que sean mayoría.

Muy amable.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Nancy De la Sierra.

A ver, por alusiones, el Senador Erandi. ¿Lo mencionó? No escuché que lo mencionó. Entonces no hay alusiones, tiene que expresar su nombre.

Senadora Nancy De la Sierra, sonido en el escaño.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera nada más hacer una aclaración muy puntual.

Este no es un tema de género en esto, probablemente hay un error en la redacción del Twitter, que se corrija, sigamos adelante con nuestra sesión que está bastante cargada porque estas discusiones lo único que hacen es dividirnos.

Hoy quiero decirle que estuvimos en la Comisión Para la Igualdad de Género, estuvimos en Puntos Constitucionales aprobando paridad, para eso sí, pero para una foto donde no hay una mujer, por favor, no abusemos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora De la Sierra.

Senador Bermúdez, desde su escaño.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo creo que esta discusión hubiera terminado desde hace un rato, si usted hubiera reconocido la carta que leyó hace un rato el Senador, y note decir que ellos vinieron de motu proprio a estas instalaciones.

Yo creo que todos hubiéramos quedado contentos con eso si realmente se ha transparentado.

Entenderé, señor Presidente, que su forma va a ser decir no, siempre no, y no reconocer cuando tenga un error.

A mi juicio muy personal, y le digo con todo respeto, señor Presidente, yo creo que esta discusión, no solamente del grupo parlamentario, sino de quien representa una comisión, que representa al Senado de la República.

Esta comisión que preside la Presidenta Gina, no preside al grupo parlamentario, ella representa a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, y yo creo que nosotros y todos los Senadores presentes si hubiéramos escuchado de usted lo que el Senador hizo mención en la carta, yo creo que todos hubiéramos estado contentos, si no me invitaron a la fiesta no voy, pero no tratar de echar culpas y decir que ellos por motu proprio fueron los que quisieron venir y ellos decidieron con quién reunirse, eso me parece desproporcionado porque entonces, pues quiere decir que ellos van a venir a dictar la agenda que tenemos nosotros en el Senado.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Mire, Senador.

Senador, permítame tantito, nada más preciso.

Lo que dijo el Senador Félix Salgado Macedonio y un servidor es exactamente lo mismo. Yo no dije que ellos llegaron de repente, dije que solicitaron reuniones expresas con determinados Senadores, y esos Senadores son los que leyó el Senador Félix Salgado Macedonio.

Por lo tanto, procedimos o no a aceptar dichas solicitudes.

Yo aquí tengo mi carta, él leyó una carta, yo aquí tengo una que está dirigida a mí precisamente para solicitar dicho encuentro, al cual, pues respondí positivamente.

¿De acuerdo?

Es una solicitud que me hicieron como lo han hecho otras delegaciones, otros visitantes.

En las reuniones que se dan de carácter internacional hay reuniones de muy diversa índole, de diversa composición y de diverso alcance.

El alcance de esta reunión, que fue solicitada, está expresado en el contenido de la carta que leyó el Senador Félix Salgado Macedonio, esta es igualita, dirigida a mí, y respondimos, en todo caso, a dichas solicitudes.

Si fuera de otra naturaleza así habría sido.

Bien, por favor, Senador Félix Salgado Macedonio, por alusiones.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pero yo sí lo mencioné.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Te me quedaste viendo, esas son alusiones personales, se me quedó viendo, me señaló.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senador.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Digo lo que dijo el Senador, así me dijo, es una alusión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, ahorita le voy a dar la palabra.

Permítame, le voy a dar la palabra, pero voy a escuchar primero al Senador Kuri.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Nunca aludí, y usted como Presidente no alude.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Por eso, no le voy a dar la palabra por alusiones, pero le voy a dar la palabra después de ustedes porque la solicitó.

Senador Kuri, desde su escaño.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Le platico que no dijo el nombre del Senador, solamente se refirió como Senador, al igual que él hace rato. Nada más quiero puntualizar algo sobre lo que comentó el Senador hace ratito.

Aquí no tiene que ver nada la mayoría, aquí es un solo Senado, es un solo Senado y somos tan iguales usted como su servidor, y en el sentido que estaba platicando hace rato y que lo recibió la Mesa Directiva no fue a nombre de un grupo parlamentario o no fue a nombre de un Senador en particular, fue a nombre del Senado de la República.

Y si ustedes consideran que tener una reunión con integrantes de Estados Unidos y que no esté presente la Presidenta o personal de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, creo que estamos totalmente en un error.

Y le vuelvo a repetir, aquí no se trata de mayorías, ni de minorías, somos exactamente lo mismo y por eso somos un solo Senado, independientemente del grupo parlamentario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a escuchar a la Senadora Saldaña y después al Senador Félix Salgado.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo me quedaría con el comentario que hizo el Senador Vasconcelos, de poder establecer los protocolos necesarios para que en este Senado todos nos sintamos incluidos y para que podamos atender y crecen en temas tan importantes como los que se tratar para América del Norte.

Sería cuanto y que podamos seguir con nuestra sesión y sugerir se quedara el comentario del Senador Vasconcelos y se pudiera tomar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Senador Félix Salgado Macedonio, desde su escaño.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Para alusiones personales y rectificación de hechos.

Miren, creo que ya les quedó claro, la carta fue dirigida a dos nada más, al de la mayoría y al Presidente de la Mesa Directiva, no a ustedes, a nadie más.

Y entiendo, pues, que ustedes querían estar ahí, lo entiendo, y ojalá que en una próxima ocasión se les pudiera invitar a los señores del PAN, muchos de ellos son muy amigos de Donald Trump, muy amigos, simpatizan con él, con el cierre del muro y tantas cosas.

Pero nada más les quiero refrescar la memoria.

¿Quién invitó al terrorista de Venezuela y no nos invitaron?, ¿ya se les olvidó?

Utilizó el pódium ahí en la conferencia de prensa, utilizó el escaño, ahí se lo sentaron en las piernas, lo estaban presumiendo a su chulada, y días después fue encarcelado en otro país por andar con sus cosas, por violencia.

Eso les debería de dar pena, traer a ese tipo de amiguitos invitados aquí al Senado que denigran, deshonran.

¿Alguna otra pregunta, adoradores de Trump?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Kuri, adelante, por favor.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Yo creo que hay que recordarle al Senador Salgado Macedonio que ya son gobierno, que si ustedes dicen que es terrorista hay instituciones, yo sé que ustedes no creen en eso, pero hay instituciones donde pueden ir a la institución a denunciar que había un terrorista y agárrenlo, vayan por él, no vengan aquí a decir que lo trajimos.

Y no vengan a insultar que adoradores de Donald Trump, porque los únicos que se han quedado callados durante todos este tiempo, que Donald Trump ha acabado con una gran cantidad de conciudadanos, son ustedes, es este gobierno federal.

Ha sido totalmente omiso y silencioso ante las calumnias y ante los gritos y aseveraciones de Donald Trump.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Félix Salgado.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

¿Por qué no le preguntan al gobierno de Colombia, por qué y en qué condiciones detuvo a su invitado de honor? Nada más para que vean la doble moral que tienen, ese es su invitado.

En este caso los dos legisladores, congresistas y extranjeros no fueron invitados por nuestros compañeros, ellos querían una reunión con el coordinador y con el de la Mesa Directiva, es distinto, es diferente y aquí hay un documento.

¿Ustedes tienen el documento donde el terrorista se venía a reunir con ustedes? ¿Y quién les autorizó ocupar las instalaciones del Senado para un terrorista? ¿Quién les autorizó? ¿Dónde está la autorización? ¿Por qué se atreven a hacer eso?

Ustedes no son autoridad, aquí hay un Reglamento Interno, aquí hay un gobierno interior que ustedes deben de aprender a respetar, señoras y señores del otrora PAN.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Madero, sonido en su escaño.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo creo que el tema está suficientemente discutido. Creo que todos estamos cansados, hay mucha agenda.

La observación era más que nada con el espíritu que hace el Senador Vasconcelos, mis respetos en que se fijen reglas para que nadie se sienta omiso o maltratado, tienen todo el derecho de recibir a las personas que quieran en lo individual, lo único, tal vez lo que prestó la duda es que se presentó como parte del medio de comunicación oficial del Senado, no de parte de las redes sociales, del Senador fulano o zutano, está a nombre del Senado y cuando está a nombre del Senado sí tiene que incluirse a todos, a mi juicio, eso es lo que nos pudiera ayudar un poco más, porque es la fuente oficial, aquí dice: “Cuenta oficial del Senado de la República”. Y esto nos está representando a todos.

Cuando se habla en esa cuenta, pues sí deben de ser de la manera más incluyente y plural, cuando yo recibo a una persona, quien quiera que sea la puedo subir, así, subo, recibo estudiantes, me tomo una foto con ellos y nadie se puede sentir porque no los invité a los demás, pero no es el Senado de la República el que está informando que los Senadores del PAN recibieron estudiantes, porque ese no es el caso.

Cuando sean temas oficiales, cuando sea la Mesa Directiva, en el salón y cuando sea la cuenta oficial del Senado, que se tome eso en consideración.

Es cuanto, señor Presidente, y sugiero que ya pasemos a desahogar lo que resta de la agenda.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Madero.

Simplemente para que conste en el Diario de los Debates y en audios y videos, quiero darle lectura a lo siguiente:

Este es un oficio que dice así:

Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, Senado de la República. Le informo que los representantes Henry Cuéllar y Lou Correa de California, integrantes de la Coalición Neodemócrata y el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos de América, viajarán a la Ciudad de México del 24 al 26 de abril próximos, encabezando una delegación de legisladores y asesores de la Cámara de Representantes.

Al respecto, los representantes Cuéllar y Correa, han solicitado se explore la viabilidad de concertar una reunión con el Presidente y coordinador de la mayoría en el Senado de la República, por lo que someto a su consideración concretar un encuentro con su distinguida persona para el día 25 de abril.

No se omite mencionar que el motivo de la visita de dichos congresistas es con la finalidad de obtener información sobre la reforma laboral. Por lo anterior, se somete a su consideración la recepción de los representantes antes mencionados.

Quedando al pendiente de su amable respuesta y calificados comentarios.

Bien pues solicitaron una reunión con el Senador Presidente de la Junta de Coordinación Política y con un servidor. Entonces, respondimos positivamente a esas solicitudes.

No nos pidieron una reunión con la Mesa Directiva y no nos pidieron una reunión con las comisiones, no nos pidieron otro tipo de reuniones, de todas maneras agradecemos sus comentarios, de cualquier manera retomamos la sugerencia del Senador Vasconcelos, que nos sobra y de todas maneras haremos las observaciones correspondientes al área que sube los tuits para que sean precisos, en este caso se trata de una actividad del Senado que puede ser reportada en las redes del Senado, pero describiendo con mayor precisión qué tipo de actividad fue.

Gracias.

La composición de las delegaciones suele variar mucho y también ha habido reuniones de puras mujeres, también.

Entonces eso depende de la composición que tenga cada reunión.

¿De acuerdo?

Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Creo que será motivo de una discusión en otras áreas, pero yo no estoy de acuerdo con la Senadora Kenia, en que se nos tome a las mujeres como adorno, como parte de un escenario, es que si hay 5 hombres, pues 5 niñas, si existen 10 hombres, que se vean que ahí están las féminas adornando lo bonito.

Yo quiero estar en las fotos cuando esté demostrando lo que valgo, cuando esté dando una opinión, cuando esté defendiendo a las mujeres, pero yo les pido, en nombre de muchas de las mujeres que están aquí, que no nos vayan a ir a poner en las fotos nada más para adornar, es todo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Kenia López.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Como comentó la Senadora Presidenta de la Comisión de Igualdad: “No han entendido nada”

Es evidente que la forma es fondo, es evidente, compañeras, con todo respeto, que estando casi la mitad de los escaños representados por mujeres, pedir que en una reunión haya una mujer, me parece que cuando menos, más allá de las filias políticas y de esta necesidad absurda de quedar bien con alguien o de demostrar el afecto, o el apoyo, o el cariño a su partido, es un acto de congruencia.

Yo creo, y lo digo con todo respeto a mis compañeras que si alguien se siente “florero” o “muñeca”, esa persona, nosotras aquí hemos luchado muchísimo por estar aquí, muchísimo, en lo personal, en lo privado y en lo público.

Si alguna compañera aquí se quisiera sentir florero o muñeca, yo creo que sería casi imposible verbalizarlo, imposible que alguna de nosotras si quiera lo sugiera para otra de nosotras porque es inofensivo y es irresponsable.

Ninguna de las aquí presentes se nos ha regalado nada, así hayan votado por Andrés Manuel y alguna de ustedes se sientan quizás muy agradecidas, de todas maneras están aquí porque algo hicieron bien en la vida para estar en un escaño.

Perdón, pero me parece que no ayuda al discurso de género, que por quedar bien con su partido, que por quedar bien con una posición que quizás no se sientan suficientemente importantes para representar aquí, vengan a decir algo en contra del tema de género, no se lo merece ninguna mujer en este país y me parece que no nos lo deberíamos de merecer ninguna de nosotras mismas, disminuirnos entre nosotras, vulnerarnos entre nosotras, achicarnos entre nosotras no le ayuda al discurso de género, como dijo la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género: “Qué lamentable! Parece que no han entendido nada”.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Cora Cecilia Pinedo.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero invitar a que continuemos con la sesión, esto no es una decisión de equidad de género, ya metieron hasta al Presidente. El Presidente no tiene nada que ver en esta discusión.

Yo tengo el privilegio de presidir una de las Comisiones de Relaciones Exteriores. Hemos tenido muchísima actividad, me canso de invitar a los compañeros y casi siempre asistimos los mismos.

Aquí se trata de que cada quien asumamos nuestra responsabilidad y que nos pongamos las pilas. Toda la región esta que me toca a mí coordinar, a través de mí es que hacen la solicitud para visitar las instalaciones de este Senado.

Yo creo que aquí lo que nos ocupa es ocioso porque no es un tema de equidad de género, no es un tema de que si se ganaron o se perdieron las elecciones, eso ya de las elecciones lo tenemos que superar.

Yo los invito a que nos pongamos a trabajar, a que continuemos la sesión que parece ser que es muy larga, y hay temas también mucho más importantes.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Pinedo Alonso.

Ya hemos dado respuesta puntual a la inquietud que había originalmente, y ya se demostró que no había motivo de reclamo. Ahora bien, por otro lado simplemente yo diría que hay muchas reuniones en el Senado y tienen composiciones muy diversas en cada reunión, pues están quienes deben de estar, quienes han sido solicitados o solicitadas.

Y, por cierto, los invito a una reunión, todos los que nos quiera acompañar, está el Embajador de la Unión Europea, y tiene interés de que lo escuchen el máximo de Senadoras y Senadores, así es de que vamos a estar aquí en el llamado “Plenito”, abajo en el Salón de la Comisión Permanente.

Le hemos pedido a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como a otras Senadoras y Senadores que han mostrado interés, que nos puedan acompañar a dicha reunión, mientras se queda Mónica aquí.






PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNANDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Les pedimos el favor de no chiflar, estamos en el Pleno del Senado, por favor.

Informo a la Asamblea que se recibieron de la Secretaría de Gobernación diversos nombramientos de embajadoras, embajadores y cónsul, propuestos por el titular del Ejecutivo Federal para su ratificación de esta Soberanía.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a cada una de las propuestas de nombramiento.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta, doy lectura a los nombramientos.

Ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Letonia y Lituania.








Ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.








Ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.








Ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el principado de Liechtenstein.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Las anteriores propuestas de nombramiento a las que dio lectura la Secretaría se turnan a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Europa.

Continúe la Secretaría, por favor.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibieron las propuestas de nombramientos de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Japón.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo, se recibió la siguiente propuesta de nombramiento de la ciudadana Helena Sybel Galván Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que funja como Representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De igual forma se recibió la siguiente propuesta de nombramiento del ciudadano Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Cónsul General de México en Sao Paulo, República Federativa del Brasil.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna la propuesta de nombramiento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.






Tenemos la discusión de diversos dictámenes con puntos de Acuerdo.

Por acuerdo de la mesa directiva y por economía procesal, se desahogarán y votarán en un solo acto, agrupados por comisión.

En consecuencia, están a discusión cinco dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Doy lectura a cada uno de los dictámenes.

Primer dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Segundo dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Tercer dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Cuarto dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Quinto y último dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Kenia López, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar los cinco dictámenes.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señora Presidenta. Es un gusto que presida usted este Senado.

Vengo a fundamentar cinco dictámenes aprobados en la pasada reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos.

En el primer dictamen se exhorta, respetuosamente, a los congresos estatales a que armonicen plenamente el contenido de sus constituciones locales con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011.

Quisiera hacer mención respecto a esta importante reforma constitucional, ya que es la más relevante en la historia de nuestro país en materia de derechos humanos. Por ello, las entidades federativas están obligadas a establecer, en sus constituciones locales, los principios pro-persona de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, progresividad e interpretación conforme a los tratados internacionales.

Lo anterior, para garantizar la existencia de un cuerpo de derechos que fortalezcan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, así como tengan una protección y defensa eficaz.

En el segundo dictamen, se solicita, respetuosamente, a los titulares de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración, a que rindan un informe sobre las acciones para prevenir y erradicar la trata de personas, así como a las y los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de las 32 entidades federativas, a que informen las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en sus espacios de jurisdicción.

Es oportuno mencionar que México es un país de origen tránsito y destino de víctimas de trata de personas, considerando como grupos más vulnerables a las mujeres, niñas y niños, personas en contextos de movilidad urbana, personas originarias de poblaciones indígenas o aquellas que viven diversos tipos de violencia, quienes son separadas de sus hogares y comerciados como mano de obra, servidumbre o como objetos sexuales.

La información recibida servirá para evaluar el trabajo que se está realizando en las entidades federativas, así como para realizar las adecuaciones legislativas que sean necesarias.

En el tercer dictamen, se exhorta a las entidades federativas que tienen pendiente armonizar sus legislaciones locales, de conformidad con la Ley General de Víctimas. Igualmente se les exhorta a instalar sus comisiones estatales de atención a víctimas y a constituir sus fondos de ayuda, atención y reparación integral.

Asimismo, se solicita rindan un informe sobre el avance en el cumplimiento de dichas obligaciones.

En este punto quiero resaltar que aún está pendiente la constitución de 11 comisiones estatales de atención a víctimas y, si bien es cierto, en algunas entidades federativas ya se han nombrado a sus titulares, también lo es que en muchas de ellas no se cuenta con la infraestructura adecuada para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas.

En el mismo sentido, existen otras entidades que no cuentan con fondo de ayuda, asistencia o reparación integral o que existiendo su monto es insuficiente para dar protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas u ofendidos.

En el cuarto dictamen, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Es de destacar que la Convención Interamericana Sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es un instrumento vinculante que promueve, protege y asegura el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir en su inclusión, integración y participación en la sociedad, por lo que resulta imperante que el Estado mexicano lleve a cabo la firma ratificación de tan importante instrumento internacional.

En el quinto y último dictamen se acuerda colocar una placa de reconocimiento post mortem en el espacio denominado “La Cuña” de este recinto legislativo, que disponga el nombre de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, y reconozca a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos.

Es de subrayar que Digna Ochoa se destacó por su entrega, pasión y brillante desempeño como defensora de derechos humanos, por su labor ha sido reconocida y homenajeada por diversas instituciones y organizaciones, ya que, sin duda, ha sido un ejemplo y fuente de inspiración para los defensores de los derechos humanos.

Señora Presidenta, no omito mencionar que todos los dictámenes han sido aprobados en la comisión, por unanimidad.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Kenia López.

Están a discusión los cinco dictámenes.

Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse cada uno de los dictámenes.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobados los cinco dictámenes. Comuníquense.






Tenemos la discusión de cuatro dictámenes con puntos de Acuerdo, de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Doy lectura a cada uno de los dictámenes.

Primer dictamen.

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

(Dictamen a discusión)








Segundo dictamen.

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

(Dictamen a discusión)








Tercer dictamen

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

(Dictamen a discusión)








Cuarto y último dictamen.

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

Tiene la palabra la Senadora Marcela Mora, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, para presentar los cuatro dictámenes.

Senadora Mora, ¿va a hacer uso de la palabra?

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante, por favor.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: A fin de darle celeridad a la sesión quisiera entregar el posicionamiento, para que se señale íntegro en el Diario de los Debates, para poderle dar celeridad y pasar directamente a votación.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perfecto.

El posicionamiento de los cuatro dictámenes nos lo ha proporcionado, la presentación de estos cuatro dictámenes, la Senadora Marcela Mora, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, y se integrarán al Diario de los Debates.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, los dictámenes están a discusión.

Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República resolver si ejerce la facultad de atracción de las carpetas de investigación integrada por la Fiscalía General del estado de Zacatecas, en relación con las denuncias presentadas contra el exgobernador del estado de Zacatecas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros legisladores.

Los zacatecanos están esperando este momento desde hace mucho tiempo. Yo quiero, desde esta tribuna, hacer un amplio reconocimiento a la labor que realiza la Comisión de Justicia, a todos sus integrantes, porque aun dentro de la pluralidad como está integrada esta comisión, coincidieron de manera unánime que era importante atender este exhorto.

Que es un punto de Acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga sendas investigaciones en contra del exgobernador de mi estado, Miguel Alonso Reyes, que por diversos delitos en su momento fueron interpuestas ante las autoridades y que tristemente todavía es hoy en día el momento en que no han sido atendidas, están radicadas en el estado de Zacatecas, en su momento fueron interpuestas por distintos actores, importantes en la vida pública de mi estado, legisladores federales, legisladores locales, actores políticos, en el que a través de un sinnúmero de pruebas intentaban demostrar que se estaba haciendo un mal uso del ejercicio de la función de gobernar en el estado, un mal uso de los recursos públicos y un rosario de delitos.

Por eso quiero agradecer sinceramente a los integrantes de la Comisión de Justicia porque sin duda a través de este punto de Acuerdo nos dan esperanza a los zacatecanos de que por fin se pueda investigar y eventualmente en un corto plazo hacer justicia.

Como ya les mencionaba, al interior de la Comisión de Justicia hemos analizado este exhorto para que la Fiscalía resuelva si atrae estas investigaciones. Actualmente, como ya lo dije, se encuentran en la Fiscalía General del estado de Zacatecas, es a través de la denuncia de un sinnúmero de delitos graves como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos con la presunta participación de ex funcionarios y familiares lo que se le acusa a Miguel Alonso Reyes.

Como se puede observar, este asunto es un asunto grave, no es un asunto menor.

A través de la deliberación colegiada y con la razón jurídica de nuestro lado, esta Comisión de Justicia ha dictaminado con base a diversos argumentos importantes a destacar y que deben de sentar precedente:

Primero. No se debe tolerar la realización de conductas delictivas que afecten el patrimonio de la sociedad, los servidores públicos de las instituciones de justicia deben de atender las solicitudes, segundo obviamente, las solicitudes de las partes con prontitud y sin causar dilaciones injustificadas, así como deberán facilitar el acceso a la justicia, ya que de no hacerlo de esta manera se estarían afectando los derechos humanos de los denunciantes como se advierte en el artículo 1o. de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Tercero. La autoridad ministerial ha omitido ejercer su obligación constitucional de manera general frente a la comunidad, lo que conlleva a consentir la impunidad y la repetición de actos trasgresores de derechos al restringir la persecución de los delitos y tolerar que se actúe libre e impunemente.

Cuarto. Como recordarán, la extinta Procuraduría General de la República desechó las denuncias contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, y después de dos años remitió las carpetas de investigación a la Fiscalía del estado de Zacatecas, las cuales las tiene a su cargo sin ningún avance. Por lo que se deduce que de manera clara la PGR no sólo fue omisa, sino que fue completamente irresponsable con su obligación de impartir justicia.

Hace tiempo aspirar a un cambio en nuestro país era una ilusa utopía, hoy estamos dando muestra de que podemos lograr una verdadera y profunda transformación pese a nuestra diversidad política, pues por encima de nuestras ideologías, por encima de nuestra formación partidista, este parlamento tiene y lo ha demostrado una misión común, contribuir a la justicia.

Por eso finalizo con esta reflexión.

Para la construcción de una mejor nación se requieren de dos premisas:

Primero. Hay que luchar con determinación desde cualquier trinchera, desde cualquier escaño, desde cualquier puesto público para erradicar las corruptelas y más si vienen desde el poder.

Segundo. Quienes estamos en un puesto público tenemos la obligación de dar un ejemplo de honradez.

Por consiguiente, para ser un pueblo de valores, de principios, se debe comenzar por las instituciones.

En tal sentido, compañeras y compañeros Senadores, les exhorto de manera respetuosa que voten a favor de este dictamen que la Comisión de Justicia pone a su consideración y que podamos darle a todos mis paisanos, a los zacatecanos, la tranquilidad de que por lo menos de tantas injusticias puede existir la esperanza, la posibilidad de que por fin se investigue.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre.

Está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar los proyectos mineros en operación y promover la minería responsable. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de Senado del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO Y REGIONAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Alguien de la comisión va a presentar el dictamen? Está a discusión.

No habiendo ninguna oradora ni orador registrado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de dos dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno los dictámenes.

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Leo el primer dictamen, señora Presidenta.








Leo el segundo dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Están a discusión los dictámenes.

Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse cada uno de los dictámenes.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban ambos dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobados los dictámenes. Comuníquese.

Tenemos la discusión de seis dictámenes de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos.

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar diversas iniciativas con proyectos de Decreto.

Y ocho dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Asuntos Fronterizos y Migratorios; de Cultura; de Minería y Desarrollo Regional; de Desarrollo y Bienestar Social; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Turismo, que proponen desechar diversos puntos de Acuerdo.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza su discusión y votación conjunta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la discusión y votación conjunta de los catorce dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, pasaremos a la discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a cada uno.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Leo el primer dictamen, señora Presidenta, de dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA

(Dictamen a discusión)








Leo el segundo dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES

(Dictamen a discusión)








Tercero.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA FESTIVIDAD DE DÍA DE MUERTOS UNA FIESTA NACIONAL

(Dictamen a discusión)








Uno más, señora Presidenta.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)








El siguiente Acuerdo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)








Un Acuerdo más.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESECHAN TRES INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA

(Dictamen a discusión)








Un dictamen más.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Continúo con otro dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Uno más, punto de Acuerdo.

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Descárguese y actualicen los registros de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.






Uno más.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)








Un dictamen más.

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)








Leo uno más.

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

(Dictamen a discusión)








En otro dictamen.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

(Dictamen a discusión)








El último dictamen, señora Presidenta.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Están a discusión los dictámenes.

Consulto si se reserva algún dictamen en especial.

En virtud de no haber reserva de ningún dictamen y de que no hay oradoras ni oradores registrados para su discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse los dictámenes por los que se desechan diversas iniciativas y puntos de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica si se aprueban los dictámenes que desechan diversas iniciativas y puntos de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, quedan aprobados los 14 dictámenes. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Honorable Asamblea, informo que la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, entregó a la Mesa Directiva una solicitud de fe de erratas correspondiente al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que esta Asamblea aprobó el pasado 11 de abril.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore al Orden del Día.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con mucho gusto, señora Presidenta. Todavía tenemos energía, ¿verdad compañeros Senadores y Senadoras? Así que consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el asunto referido a la agenda del día. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio correspondiente.

FE DE ERRATAS

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

Dirigida al Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Presente.

El pasado jueves 18 de abril analizamos y discutimos en la sesión ordinaria del Senado de la República el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Al respecto, me permito recordarle que durante la discusión del dictamen presenté diversas reservas a la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, las cuales tuvieron a bien ser avaladas y aprobadas por el Pleno del Senado.

Sin embargo, el documento de reservas que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 18 de abril, no corresponde con los acuerdos alcanzados durante el transcurso de la sesión con el Senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del grupo parlamentario de Morena, y con el Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia.

Derivado de lo anterior, y con el acuerdo al que alcance en su momento con los Senadores Monreal y Menchaca, me permito remitirles el documento que contiene las reservas a las que me he referido.

Lo anterior, con la finalidad de hacerlas del conocimiento al Pleno, y se realice la fe de erratas correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. Senadora Nuvia Mayorga Delgado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Para claridad del proceso les informo que la aplicación de una fe de erratas se hace necesaria para mantener la figura de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por ser el órgano previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria para ejercer atribuciones similares a las previstas en el proyecto de referencia, así como para incorporar la figura del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, mismo que contendrá el padrón de visitas de inspección y de inspectores de todo el país, y en todos los niveles de gobierno.

Lo anterior, para asegurar el cumplimiento de la nueva ley que se propone y sus disposiciones reglamentarias que en su momento se expidan.

La fe de erratas se refiere a los artículos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, y al Artículo Tercero Transitorio del proyecto del Decreto para tramitar la adecuación correspondiente de lo que nos solicita la Senadora Nuvia Mayorga, pondremos a su consideración el texto de la fe de erratas.



El documento está disponible en sus escaños, y de esta forma se hace de su conocimiento.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora de emitir su voto. Sigue abierto el tablero.

Reitero si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto, por favor.

Le informo, señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, se aprueba la modificación a los artículos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, y el Artículo Transitorio Tercero del proyecto de Decreto. Remítase el texto aprobado a la Cámara de Diputados.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solicito a la Secretaría dar cuenta de los turnos directos solicitados por las Senadoras y Senadores y de la ampliación de turno autorizado por la Mesa Directiva.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto que abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo de 2002. El turno es a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MARZO DE 2002

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado domingo 7 de abril inició el Horario de Verano de este año 2019, el cual concluirá el domingo 27 de octubre.

En nuestro país, hay dos ordenamientos que regulan las zonas horarias y el horario estacional. Por un lado, está la Ley del Sistema de Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 29 de diciembre de 2001; y por el otro, el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002.

En el artículo 3 de la Ley del Sistema de Horarios de los Estados Unidos Mexicanos se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:

I. Zona Centro: Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V de este mismo artículo;

II. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur; Chihuahua; Nayarit, con excepción del municipio de Bahía de Banderas, el cual se regirá conforme a la fracción anterior en lo relativo a la Zona Centro; Sinaloa y Sonora;

III. Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California;

IV. Zona Sureste: Referida al meridiano 75 oeste y que comprende el territorio del Estado de Quintana Roo, y

V. Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Por su parte, el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos ordena que se aplique el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

I. Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional;

II. Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

III. Estado de Baja California, sujeto al meridiano 120 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 grados por horario estacional;

V. Todas las demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional. En los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California; Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

En los municipios fronterizos que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros, así como el Municipio de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

Este horario estacional, conocido como horario de verano, se estableció en México en 1996. En su momento se dieron como argumentos en favor de su implementación los siguientes:

A) Se ahorraría energía, ya que se aprovecharían las horas extra de luz solar para hacer las actividades de rutina.

B) Impactaría positivamente en la economía de los negocios ya que las personas al salir de sus trabajos, al haber luz natural todavía, aprovechan para hacer compras pendientes.

C) El turismo se ve favorecido ya que los turistas pasean por más tiempo, lo que redunda en que gasten más dinero en las distintas actividades que podrán realizar durante esas horas extras de luz natural.

D) La seguridad se ve beneficiada ya que en las noches hay más luz lo que inhibe la comisión de delitos.

E) La salud de las personas se ve favorecida al aprovechar la luz natural que aún hay en la noche para ejercitarse al aire libre.

Sin embargo, la verdadera razón de la implementación del horario estacional es tener periodos de coincidencia mayor con los países con quienes se mantienen importantes intercambios comerciales, financieros y turísticos. Es decir, nuestro país aplica desde 1996 el horario de verano con el fin de estar en congruencia con los horarios que tienen las principales economías del mundo y, no tanto, para aprovechar la luz del día y ahorrar así en el consumo de energía eléctrica.

La ciudadanía en general no ha percibido las ventajas, ni los beneficios del uso del horario de verano, por el contrario, hay una molestia colectiva por su implementación ya que refieren principalmente daños en su salud.

Entre las desventajas y perjuicios que genera poner en práctica cada año el uso del horario de verano, están las siguientes:

* No se percibe ningún beneficio económico en la economía familiar ya que no hay cambios sustantivos en los montos de las facturas eléctricas de los usuarios.

* En los trabajos que se realizan en las instituciones públicas y privadas se ha demostrado que con el uso de horario de verano, los empleados disminuyen su productividad.

* La seguridad de quienes madrugan para asistir a su trabajo o trasladarse a la escuela son propensos a ser víctimas de la delincuencia ya que cuando salen de sus hogares aún está oscuro el día.

* El cambio de horario produce desajustes o desperfectos en los equipos de cómputo y electrónicos.

Es en el tema de la salud donde la población percibe las principales consecuencias negativas de la implementación del uso del horario estacional: se afecta el biorritmo natural de las personas causando estrés físico y mental, cansancio, falta de concentración, desajustes en los estados de vigilia y sueño, insomnio, irritabilidad, ansiedad, bajo rendimiento laboral y escolar.

Las personas de cualquier edad sufren estos padecimientos de salud con el uso del horario de verano, sin embargo, los menores desde la primera infancia padecen de un estrés permanente en tanto su organismo se ajusta al nuevo horario, afectando ello su sano desarrollo integral; las niñas y los niños que asisten a la escuela ven mermado su rendimiento escolar, presentan una descompensación alimenticia al no comer a sus horas habituales y tienen momentos de sueño recurrente durante el horario escolar.

En las niñas y los niños que asisten a la escuela, el desajuste en su reloj biológico se debe a que con el horario estacional, se acuestan más tarde porque anochece también más tarde, y cuando son obligados a descansar más temprano no logran conciliar el sueño porque no es su hora normal de dormirse, generando descompensaciones en su descanso que se reflejan negativamente en su nivel de vida. En estos infantes su reloj biológico tarda en ajustarse por lo menos dos meses, en tanto que en los adultos la adaptación al nuevo horario es en promedio de quince días.

Existen distintas encuestas y estudios que refieren la opinión de las personas y las consecuencias negativas del uso del horario estacional.

El año pasado la Comisión Europea realizó en el mes de julio una encuesta sobre el uso del horario estacional. El 84% de los europeos encuestados optaron por la eliminación del horario de verano y mantener la misma hora durante todo el año dando como razón principal el impacto negativo que tiene en el biorritmo natural de las personas.

En materia de salud cardiovascular, la revista The American Journal of Cardiology menciona que con el uso del horario de verano se presenta un aumento en el índice de incidencia a corto plazo del infarto agudo de miocardio.

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología ha dado cuenta en diversos estudios publicados en la revista de Psicología Aplicada que con la aplicación del horario estacional los empleados duermen 40 minutos menos generando un aumento en las lesiones laborales y una disminución en la productividad del trabajo.

Finalmente, el Doctor Till Roenneberg de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich, Alemania, ha sostenido que el uso del horario estacional ocasiona que la mayoría de las personas reduzcan drásticamente su productividad, disminuyan su calidad de vida e incrementen la susceptibilidad a enfermedades y lesiones. La razón de ello es que el sistema circadiano de los humanos, que consiste en los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario de las personas, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo, no se ajusta al horario de verano y su adaptación estacional a los fotoperiodos cambiantes se ve interrumpida por este.

De todo lo anterior, se advierte que la implementación del uso del horario estacional u horario de verano, que se creó con la supuesta idea de generar un ahorro en el consumo de energía, lo que en realidad ha provocado es un trastorno en la salud e integridad de la población mexicana. Lo afirma la población en general y lo demuestran los estudios que al respecto se han mencionado. El malestar ciudadano en contra de la aplicación del horario de verano está justificado en términos de seguridad y, sobre todo, en términos de su salud personal.

Por las razones que se han mencionado, y con la finalidad de garantizar el bienestar y la salud de todos los mexicanos, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentamos la presente iniciativa que pretende eliminar la implementación que anualmente se aplica del horario estacional, mejor conocido como horario de verano, que con engaños se empezó a aplicar en nuestro país desde el año de 1996.

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MARZO DE 2002.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2020.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Sen. Joel Padilla Peña.






A petición de la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 55 a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. El turno es a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN)








A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de libertad sindical. El turno es a las Comisiones de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El marco jurídico que rige las relaciones de los trabajadores del sector público en México se caracteriza por el intervencionismo estatal en las relaciones laborales colectivas, que restringe la autonomía sindical y les impone a los trabajadores reglas de excepción en el apartado B del Artículo 123 Constitucional, que impiden la libertad sindical. Asimismo la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, (LFTSE) establece una normatividad diferente de la que aplica para el resto de los trabajadores asalariados  y determina tanto las relaciones de trabajo de los servidores públicos, como la estructura y procedimientos electorales de sus organizaciones sindicales, así como las condiciones que deben cubrir los trabajadores para ocupar los cargos de dirección sindical.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado obliga a los trabajadores a sindicalizarse en un sindicato único por dependencia administrativa del sector público, niega la contratación colectiva estableciendo a cambio condiciones generales de trabajo, y es nugatoria del derecho de huelga.

La divergencia de opiniones respecto a la reglamentación estatal de la actividad sindical ha motivado la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirimiendo la controversia relacionada a la libre sindicalización en mayo de 1999, aunque subsisten voces que reclaman que se conserve una reglamentación proteccionista de la vida sindical porque consideran necesaria la legitimación de sus acciones por parte de las autoridades laborales gubernamentales. En tanto que diversos sectores de los trabajadores al servicio del Estado demandan el respeto a la plena autonomía y libertad sindical, ahora tipificada por la LFTSE, porque reconocen en la propia organización sindical un poder de representación efectivo de los trabajadores y demandan la modernización del marco institucional de las relaciones laborales.

Por otra parte, la normatividad de la LFTSE otorga a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) el monopolio de la representación de los trabajadores de base del sector público y centraliza la toma de decisiones en las direcciones sindicales de los sindicatos nacionales sobre las condiciones de trabajo, las estructuras y las acciones sindicales, lo cual ha permitido que los intereses de las direcciones sindicales se vinculen directamente a las directrices gubernamentales e impongan prácticas verticales de conducción y control sindical que restringen la vida democrática de los sindicatos. Pero esta historia está modificándose, pues en la vertiente política de la vida de las organizaciones sindicales del servicio público se ha abierto otra disyuntiva: la de contar con alternativas de aglutinamiento de los sindicatos del sector público tal como es el caso de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) cuyo elemento aglutinante se ubica en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Le ha llegado pues la hora al sindicalismo del sector público de redefinirse en los más diversos escenarios de la economía y política mexicana. Pero no es fácil la transformación por la carga pesada de intereses que le han acompañado en  su historia: participar en la organización del Estado mexicano, política, administrativa y laboralmente; recrearse en su propia idolatría como grupo de poder y de presión social, económica y políticamente; ser botín de   personajes varios de la vida  política mexicana y, en última instancia, aglutinar la expresión político sindical y de expresión social de las limitaciones de sus cerca de dos millones de agremiados, que por cierto descienden vertiginosamente en cuanto a su número.

Es importante destacar que la LFTSE, amplía el régimen de excepción a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, impone la unidad sindical obligatoria y establece a la FSTSE como la única Federación permitida por la ley, fortaleciendo así la tendencia corporativa iniciada en los años treinta y restringiendo así el poder de negociación colectiva como acuerdo bilateral, con lo cual se limita el derecho de huelga y se niega la libertad de asociación sindical.

Mientras que en el apartado “B” se reconoce el derecho de los trabajadores para asociarse en sindicatos, en su ley reglamentaria se restringe el derecho de asociación haciéndolo prácticamente nugatorio. En la Constitución no existe disposición alguna que apoye la sindicación única y en la Ley Federal del Trabajo se establece el principio de pluralidad sindical particularmente en el artículo 388 que regula las reglas aplicables; además, se ignora el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que en México tiene rango de norma jurídica constitucional, de conformidad con el artículo 123 Constitucional desde el año de 1950, conforme al cual los trabajadores pueden formar el número de sindicatos que consideren necesarios para defender sus intereses. De esta manera la regulación del conflicto laboral y de la negociación colectiva, limitada a Condiciones Generales de Trabajo, prevaleció sobre la autonomía de la vida interna de las organizaciones sindicales, hecho que se explica porque el Estado actúa paralelamente como empleador y como agente central en el desarrollo de políticas públicas.

Los ejes sobre los cuales giró la política laboral en el sector público en los años ochenta y noventa fueron la descentralización de la administración pública federal, la flexibilización del trabajo, la racionalización, la implantación de nuevas normas, reglamentos, controles y mecanismos de supervisión del trabajo, así como el uso intensivo de los recursos materiales, la restricción de los aumentos salariales y la reducción de las prestaciones sociales, todo ello acompañado de la disminución de empleos en el sector.

Además, las políticas de ajuste económico y las restricciones en el gasto público pusieron, en el centro de la reforma de la administración pública, la eficiencia y la productividad como factores decisivos en la gestión y operación del sector; ello, aunado a la introducción de un conjunto de controles en la distribución y asignación de recursos, fue minando y restringiendo la capacidad del uso discrecional y clientelar de los recursos públicos, lo cual había permitido durante las décadas anteriores mantener la alianza política entre los sindicatos y el gobierno en turno, así como el monopolio de la representación política del partido de Estado.

El reclamo de inconstitucionalidad de los artículos 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por considerar que contravienen el artículo 123 de la Constitución General de la República y el artículo segundo del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación que entró en vigor el 4 de julio de 1950.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiterados criterios jurisprudenciales que la sindicación única que establece el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional. El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias.

Dicha libertad sindical, sostiene la Suprema Corte, debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato por dependencia gubernativa, establecido en el artículo 68 de la citada ley, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

En cuanto a la libertad de asociación, es un derecho establecido en las leyes mexicanas y en el derecho laboral internacional de suerte que se deben crear mecanismos jurídicos que permitan el ejercicio de un pluralismo sindical transparente y acorde a la realidad actual.

La libre sindicación de los trabajadores del sector público es un derecho constitucional que debe garantizarse para que los trabajadores tanto del apartado A) como del apartado B) del artículo 123 constitucional cuenten con las condiciones para su pleno ejercicio. Actualmente, algunos sectores de trabajadores reclaman la democratización de sus organizaciones y contemplan la posibilidad de encabezar acciones para conformar sus propias organizaciones sindicales.

Para mejorar las relaciones jurídico laborales en el ámbito del derecho burocrático, con la presente iniciativa se pretende que en cada dependencia pública los trabajadores al servicio del Estado tengan reconocido el derecho a una libre sindicación, y en caso de que concurran más de un sindicato el contrato colectivo de trabajo lo celebrará con aquel que represente a la mayoría, pero en ningún momento se objetará la coexistencia de diversa entidad sindical.

De igual manera, para fortalecer los derechos sindicales de los trabajadores, se establece que éstos puedan formar parte del sindicato que mejor convenga a sus intereses, siempre que lo soliciten de manera expresa en cualquier momento de la relación laboral. En sentido contrario, el trabajador podrá dejar de formar parte del sindicato al que pertenece, para lo cual bastará que así lo manifieste por escrito ante el área correspondiente del sindicato en cuestión. En una dependencia de gobierno podrá haber más de un sindicato, y para que se puedan constituir se requerirá que lo formen veinte trabajadores o más.

Mediante la presente iniciativa se busca también eliminar el monopolio actual que tiene la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, permitiendo que los sindicatos puedan constituir y adherirse a la Asociación, Federación, Confederación o Central de su sector o rubro, las cuales serán reconocidas por el Estado cuando reúnan los requisitos que establezca la Ley.

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 68.- En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario.

Artículo 68.- En cada dependencia los trabajadores al servicio del Estado tienen reconocido el derecho a la sindicación sin más limitaciones que las que la libertad sindical impone en la materia. En caso de que concurran más de un sindicato el contrato colectivo de trabajo lo celebrará con aquel que represente a la mayoría, pero en ningún momento se objetará la coexistencia de diversa entidad sindical. 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato que mejor convenga a sus intereses, siempre que lo soliciten de manera expresa en cualquier momento de la relación laboral. El trabajador podrá dejar de formar parte del sindicato al que pertenece, para lo cual bastará que así lo manifieste por escrito ante el área correspondiente del sindicato en cuestión.

Artículo 71.- Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o más, y que no exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros.

Artículo 71.- Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o más, aunque exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros.

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos.

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación;

II.- Los estatutos del sindicato.

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro.

Artículo  72.-  (…)
I.- a IV.- (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que la peticionaria cumple con los requisitos legales, para proceder, en su caso, al registro.

Artículo 73.- El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o cuando se registre diversa agrupación sindical que fuere mayoritaria. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal, en los casos de conflicto entre dos organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y resolverá de plano.

Artículo 73.- El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal, en los casos de conflicto entre dos organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y resolverá de plano.

Artículo 75.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicato.

Artículo 75.- Queda prohibido  todo acto de reelección y de ampliación de periodo dentro de los sindicatos. La simulación de dichos actos se impugnará ante el Tribunal y, en tanto éste resuelve el fondo del asunto, se deberá nombrar una representación interina.

Artículo 78.- Los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado.

Artículo 78.- Los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Asociación, Federación, Confederación o Central  de su sector o rubro, las cuales serán reconocidas por el Estado cuando reúnan los requisitos que establezca la Ley.

Artículo 84.- La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se regirá por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

Artículo 84.- La Asociación, Federación, Confederación o Central  se regirán por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

Por los motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA LIBERTAD SINDICAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 68.- En cada dependencia los trabajadores al servicio del Estado tienen reconocido el derecho a la sindicación sin más limitaciones que las que la libertad sindical impone en la materia. En caso de que concurran más de un sindicato el contrato colectivo de trabajo lo celebrará con aquel que represente a la mayoría, pero en ningún momento se objetará la coexistencia de diversa entidad sindical. 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato que mejor convenga a sus intereses, siempre que lo soliciten de manera expresa en cualquier momento de la relación laboral. El trabajador podrá dejar de formar parte del sindicato al que pertenece, para lo cual bastará que así lo manifieste por escrito ante el área correspondiente del sindicato en cuestión.

Artículo 71.- Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o más, aunque exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros.

Artículo  72.-  (…)

I.- a IV.- (…)

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que la peticionaria cumple con los requisitos legales, para proceder, en su caso, al registro.

Artículo 73.- El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal, en los casos de conflicto entre dos organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y resolverá de plano.

Artículo 75.- Queda prohibido  todo acto de reelección y de ampliación de periodo dentro de los sindicatos. La simulación de dichos actos se impugnará ante el Tribunal y, en tanto éste resuelve el fondo del asunto, se deberá nombrar una representación interina.

Artículo 78.- Los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Asociación, Federación, Confederación o Central  de su sector o rubro, las cuales serán reconocidas por el Estado cuando reúnan los requisitos que establezca la Ley.

Artículo 84.- La Asociación, Federación, Confederación o Central se regirán por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Sen. Joel Padilla Peña.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Silencio para que pueda escuchar, Senadora.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adicionan los artículos 115, 115-Bis y 115 Ter de la Ley General de Salud para limitar la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. El turno es a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 115, 115 BIS Y 115 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, con aval del grupo parlamentario del PT)








A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley Nacional de Identificación Personal, en Materia de Derecho de Identidad. El turno es a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

Del Senador Joel Padilla Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente Ley Nacional de Identificación Personal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no sólo de la persona, sino para beneficio de la sociedad, es un derecho elemental que lleva consigo elementos tanto de origen como de identidad personal. Estos constituyen no solamente el origen de las personas sino también elementos claves de identificación. Por ello, identificar a las personas a través del acta de nacimiento es primordial, pero sobre todo a éstas se les debe asegurar su registro y contar con la certeza de que los datos del acta de nacimiento contengan la información valida y confiable.

Es cierto que los códigos civiles y leyes en México señalan la necesidad de que un menor sea registrado ante un juez o ante el oficial del Registro Civil de su municipio o delegación después de su nacimiento, y que éste tenga la información básica en su acta de nacimiento, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el sexo, nacionalidad1 y el nombre de los padres, pero no obstante a lo señalado por la ley, hay personas que en la actualidad no son registradas.

El derecho de identidad en la Constitución y en la ley

La adición constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, del artículo 4, párrafo octavo, fue el parteaguas para reconocerse en México el derecho a la identidad como derecho fundamental para que las personas tengan le certeza de que el Estado tiene que reconocer y buscar los mecanismos legales para hacerla efectiva.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo octavo, menciona: “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento1

En México, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el derecho a la identidad es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de los ciudadanos, porque por esta vía se podrá contar con datos demográficos objetivos con los cuales se lograrán diseñar estrategias y acciones dirigidas a la población.

Además, el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México, entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por otra parte, los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan la inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado y a la protección.

El derecho elemental de contar con un nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y origen es esencial, que produzca certeza respecto a la identidad de la persona, puesto que es de interés público que tengan estos elementos que la identifiquen y distingan del resto de las demás.

En México, muchos individuos aún no han sido registrados, la inexistencia de documentos oficiales con datos fidedignos trae aparejado problemas jurídicos y sociales, en concordancia con la ineficacia, en el cumplimiento de todos sus derechos consagrados en los tratados internacionales, Constitución, códigos y leyes.

Es necesario que se redoblen esfuerzos para que el derecho a la identidad sea cumplido a cabalidad y no sólo por así establecerse en la Constitución sino por el bien común. 2

Por las razones expuestas las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo sometemos a esta Soberanía la siguiente iniciativa para la creación de la Ley Nacional de Identificación Personal.

“LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL”

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el ___ de ______ de   ____

TEXTO VIGENTE

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

EL ____________ DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS D E C R E T A:

“LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL”

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- Esta Ley será reglamentaria de las disposiciones establecidas en el párrafo octavo del artículo 4° y el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85,86 y 87 de la Ley de Población; y artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Créase el Registro Nacional de Identificación Personal, El registro es un organismo autónomo que cuenta con personalidad jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera.

Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, esta última en beneficio de todos los mexicanos que radican en el exterior.

La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de las personas y regular la gestión y el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación.

I. Para la aplicación de esta Ley, rigen los siguientes principios básicos:

a) Validez jurídica y eficacia de los documentos electrónicos. Tendrán la misma validez jurídica y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, banco de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos o magnéticos, de conformidad con la ley de la materia.

b) Unicidad. Existirá un número único de identificación al que se vincularán todos los datos personales públicos o privados que se tengan que inscribir y registrar por mandato legal o judicial, y se hará constar en forma obligatoria en los diferentes documentos tanto públicos como privados.

c) Universalidad. Toda persona, podrá acceder a los servicios que el Registro Nacional de Identificación Personal, bajo las condiciones y circunstancias establecidas en la Ley y su Reglamento.

d) Eficiencia. Los procesos correspondientes a la información registral guardarán simplicidad, simplificación administrativa, uniformidad, celeridad, pertinencia y utilidad que garantizan la interoperabilidad del Registro Nacional de Identificación Personal.

Artículo 2o.- El Registro Nacional de Identificación Personal es el órgano encargado de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas. Debiendo inscribir los actos y hechos relativos a su capacidad y estado civil.

De lo establecido en el párrafo anterior, desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo eficaz e integrado de la información.

Artículo 3º. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Garantizar el ejercicio del derecho a la identidad de las personas.

II. Precautelar la situación jurídica entre el Estado y las personas naturales dentro de sus relaciones de familia.

III. Proteger el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas.

IV. Proteger la confidencialidad de la información personal.

V. Evitar el subregistro o carencia de datos en registro de una persona.

VI. Proteger la información almacenada en archivos y bases de datos de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas.
VII. Propender a la simplificación, automatización e interoperabilidad de los procesos concernientes a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, de conformidad a la normativa legal vigente para el efecto.

Artículo 4o.- El Registro Nacional de Identificación Personal tiene su sede central en la Ciudad de México. Podrá establecer, trasladar o desactivar oficinas registrales en diversas áreas del territorio nacional.

Artículo 5o.- La inscripción en el Registro Nacional de Identificación Personal se efectuará bajo criterios simplificados, mediante el empleo de formularios y de un sistema automático y computarizado de procesamiento de datos, que permita la ejecución de un registro único de identificación de todos los ciudadanos mexicanos dentro de territorio nacional y en el exterior del mismo, así como la asignación de una Cédula de Identidad Nacional (CIN) que contenga algún dato biométricos como: huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de firma; datos del acta de nacimiento y datos de la Clave única del Registro Poblacional (CURP).

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES

Artículo 6o.- El Registro Nacional de Identificación Personal es el órgano encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de las personas señaladas en la presente ley. Asimismo, expedirá el reglamento de las inscripciones y normas complementarias para la expedición de la Cédula de Identidad Nacional (CIN).

Artículo 7o.- Son funciones exclusivas del Registro Nacional de Identificación Personal:

I. Planear, organizar, dirigir, revi  y motivar las inscripciones de su competencia para la expedición de la Cédula de Identidad Nacional (CIN).

II. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de la persona, así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley;

III. Emitir la constancia de inscripción correspondiente;

IV. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con el Instituto Nacional Electoral;

V. Mantener vigente el registro Nacional de Identificación Personal;

VI. Emitir la Cédula de Identidad Nacional (CIN) que acredite la identidad de las personas;

VII. Velar por el ilimitado respeto del derecho a la intimidad e identidad de las personas y los demás derechos inherentes a ella derivado de su inscripción al Registro Nacional de Identificación Personal;

VIII. Promover la capacitación del personal calificado que requiera la Institución;

IX. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades judiciales y policiales pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en el inciso VII y en el párrafo octavo del artículo 4º; inciso I segundo párrafo del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México; artículos 85,86 y 87 de la Ley de Población y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

X. Garantizar la protección de los datos personales relativos a las personas que son materia de inscripción;

XI. Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros dactiloscópico y pelmatoscopico de las personas;

XII. Cumplir con las demás funciones que se encomienden por ley;

Artículo 8o.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación Personal mantendrá estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades:
a) Entidades Federativas y Municipios de la República Mexicana
b) Instituto Nacional Electoral (INE);
c) Registro Nacional de Población (RENAPO);
d) Embajadas y Consulados de México;
e) Secretaria de Relaciones Exteriores;
f) Centros de Salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación de nacimientos o defunciones;
g) Poder Judicial
h) Cualquier otra dependencia, instancia o entidad pública o privada, cuando ello fuese necesario.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 9o.- La estructura orgánica del Registro Nacional de Identificación Personal es la siguiente:

a) Alta Dirección

- Dirección General
- Consejo consultivo
- Gerencia General

De los organismos de:

b) Organización

- Oficina central
- Oficinas registrales

c) Asesoramiento

- Gerencia de información, estadística y planificación
- Gerencia de asesoría jurídica

d) Apoyo

- Gerencia de administración
- Gerencia de presupuesto

e) Control

- Oficina General de Control Interno

Artículo 10.- Alta dirección:

La persona titular del Registro Nacional de Identificación Personal es nombrada por el Senado de la República, en base a una terna propuesta por el Ejecutivo Federal, por un período de 6 años, conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El desempeño del cargo es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. No podrán ser nombrados Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal, los candidatos a cargo de elección popular, los que desempeñen cargos directivos de la administración pública federal, estatal, municipal o de las organizaciones políticas o bien que se hayan desempeñado los 6 años anteriores a su postulación.

La persona titular del Registro Nacional de Identificación Personal es la máxima autoridad de dicho organismo, ejerce su representación legal y es el encargado de dirigir y controlar la Institución. Se encarga de designar las oficinas registrales de todo el país.

Está autorizado para efectuar las modificaciones convenientes para un mejor servicio a la población, creando o suprimiendo las dependencias que fueren necesarias.

Artículo 11.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal sólo puede ser removido por acuerdo de mayoría del Senado de la República y en virtud de la comisión de actos que, constituyan faltas graves. Se considera falta grave a titulo enunciativo más no limitativo, la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o la desmerezcan en el concepto público.

Son causales de vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal;

I. Renuncia;
II. Muerte;
III. Incapacidad física grave, temporal mayor a 6 meses; e
IV. Impedimentos sobrevinientes.

Las causales de vacancia antes señaladas se aplicarán a los demás miembros de la Dirección Nacional de Identificación Personal.

Artículo 12.- Corresponde al Senado de la República declarar la vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal. En los casos previstos en los incisos I. y II., del artículo anterior declarará la vacancia dentro de los 10 días naturales de producidos. En los casos restantes, la declaración de vacancia se hará dentro del término de treinta días naturales.

La designación del Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal se efectuará dentro de los 50 días calendario siguientes a la remoción o vacancia.

Artículo 13.- El Consejo Consultivo del Registro Nacional de Identificación Personal está compuesto por cinco miembros, uno designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno por el Registro Nacional de Población (RENAPO), uno por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), uno por el Instituto Nacional Electoral (INE), uno por la Secretaria de Salud (SSA), por un período renovable de tres años.
Son sujetas las mismas incompatibilidades que la ley prevé para el Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal.

Artículo 14.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo del Registro Nacional de Identificación Personal.

Artículo 15.-  De los órganos de:

I.- Organización:

a) La Oficina Central unifica la información de los hechos y actos inscritos en las oficinas registrales, se encarga de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos del país.

b) Las Oficinas Registrales se encontrarán a cargo de jefes de registro civil. Son las encargadas de registrar y observar los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones disponen, así como de proporcionar la información necesaria a la Oficina Central, a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de las personas y la asignación del código único de identificación.

II.- Asesoramiento:

a) La Gerencia de Informática, Estadística y Planificación sugiere las acciones y procedimientos del sistema registral, dirige las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. Igualmente, fórmula los planes y programas de la institución e informa sobre el cumplimiento de las metas programadas.

b) La Gerencia de Asesoría Legal se encarga de brindar la asesoría en materia de su competencia a la Alta Dirección y las demás instancias del Registro Nacional de Identificación Personal.

III.- Apoyo:

a) La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y ejecutar las actividades administrativas de la institución. Propone a la Alta Dirección la política en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

b) La Gerencia de Presupuesto se encarga de coordinar y conducir los sistemas de presupuesto y racionalización. (Establece y evalúa la ejecución presupuestal y conduce la racionalización de la organización).

IV.- Control:

a) La Oficina General de Control Interno estará a cargo de fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios del Registro Nacional de Identificación Personal y supervigilar el desempeño administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

CAPÍTULO IV
DEL REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 16.- El presupuesto del Registro Nacional de Identificación Personal están constituidos por:

a) Cobro de derechos, en especial los que se recaudan por conceptos de la emisión de constancias de inscripción de los actos de su competencia y los que se recaudan por concepto de los servicios que presta el Registro;

b) Las asignaciones que se le confiere mediante El Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral;

c) Las aportaciones, asignaciones, legados, donaciones, transferencias y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especies que le otorguen personas naturales o jurídicas nacionales, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional.

Dicho presupuesto, será presentado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como un rubro independiente dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral y será enviado a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para que lo integre en el Paquete Económico que someterá a la Cámara de Diputados.

CAPÍTULO V
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NACIONAL (CIN)

Artículo 17.- La Cédula de Identidad Nacional es un documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado.

Artículo 18.- La Cédula de Identidad Nacional es obligatoria para todos los mexicanos o personas de nacionalidad mexicana. Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la presente ley, el reglamento de las inscripciones y demás normas complementarias.

Artículo 19.- La Cédula de Identidad Nacional será impresa y procesada con materiales y técnicas que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición.

Artículo 20.-  Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto a la Cédula de Identidad Nacional (CIN). Tampoco podrá requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad.

La Cédula de Identidad Nacional es otorgada a todos los mexicanos nacidos dentro o fuera del territorio de la República desde la fecha de su nacimiento y a los que se nacionalicen, desde que se aprueba el trámite de nacionalización. La CIN  deberá asignar un Código Único de Identificación el mismo que se mantendrá invariablemente hasta el fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la misma.

Artículo 21.- La Cédula de Identidad Nacional (CIN) deberá contener, como mínimo la fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de éste, además de los siguientes datos:

a) La denominación de Cédula de Identidad Nacional (CIN)

b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona;

c) Los nombres y apellidos del titular;

d) El sexo del titular

e) El lugar y fecha de nacimiento del titular;

f) El estado civil del titular;

g) Número de Acta, municipio y año de registro correspondientes al acta de nacimiento del titular;

h) La Clave de Registro e Identidad Personal (CRIP) y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular;

i) La firma del titular;

j) La firma del funcionario autorizado; y,

k) La fecha de emisión del documento;

Artículo 22.-  En el primer ejemplar de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) que se emita, constará, además de los datos consignados en el artículo anterior, la identificación pelmatoscópica del recién nacido.

En sustitución de la huella dactilar y la firma del titular se consignará la de uno de los padres, los tutores, guardadores o quienes ejerzan la guardia y custodia del recién nacido.

Se autorizará la emisión de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) sin la impresión de la huella dactilar, cuando el titular presente un impedimento de carácter permanente en todos sus dedos que imposibilite su impresión. Igualmente, podrá omitirse el requisito de la firma cuando la persona sea analfabeta o se encuentre impedida permanentemente de firmar.

Artículo 23.- El Código Único de Identificación de la persona constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifica para todos los efectos. En tal virtud será adoptado obligatoriamente por sus distintas dependencias como número único de identificación de la persona en los registros de orden tributario y militar, licencias de conducir, pasaportes, documentos acreditativos de pertenencia al sistema de seguridad social y, en general en todos aquellos casos en los cuales se lleve un registro previo trámite o autorización.

Artículo 24.- El Registro emitirá duplicado de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) en casos de pérdida, robo, destrucción o deterioro. El duplicado contendrá los mismos datos y características de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) original, debiendo constar además una indicación en el sentido que el documento es duplicado.

Artículo 25.- La Cédula de Identidad Nacional (CIN) no tendrá vigencia, en tanto no sufra deterioro considerable o no produzca en su titular cambios del estado civil, nombre o alteraciones sustanciales en su apariencia física, como consecuencia de accidentes o similares, en virtud del cual la fotografía pierda valor identificatorio. En este caso, el registro emitirá un nuevo documento con los cambios que sean necesarios.

De conformidad con el párrafo anterior, todas las personas tienen la obligación de informar a las dependencias del registro la verificación de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo primero del artículo anterior en lo que respecta a su persona a efectos de la emisión de una nueva Cédula de Identidad Nacional (CIN).

TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta en tanto no se implementen sistemas automáticos de transferencia de información en las oficinas registrales, las inscripciones de los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones señalan se efectuarán manualmente en los Libros de Registro que para dichos efectos serán diseñados y distribuidos por el Registro Nacional de Identificación Personal y que permitirán la asignación del Código único de identificación a las personas.

SEGUNDO.- En una primera etapa se encontrarán obligadas a gestionar la obtención de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) todas aquellas personas nacionales mayores de 18 años de edad. Posteriormente, ésta obligación se hará extensiva a todos los nacionales de conformidad con la presente ley.

Para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 4°, apartado ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interesado deberá:

I. Presentar solicitud por escrito a el Registro Nacional de Identificación Personal, en cualquier tiempo;

II. Acreditar su derecho a la nacionalidad mexicana, conforme lo establece esta Ley; y

III. Acreditar plenamente su identidad ante la autoridad.

TERCERO.- Las cartas y declaratorias de naturalización, los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento, así como los de recuperación de nacionalidad, expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos.

La referencia a documentos identificatorios distintos a la Cédula de Identidad Nacional (CIN) deberá ser actualizada por las entidades públicas correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de dos años de publicada la presente ley.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal presentará una terna al Senado de la República para designar al primer Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación Personal, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días de la entrada en vigencia de la presente ley.

QUINTO.- Los registros especiales ante las Oficinas del Registro Civil, continuarán con la inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos de sus competencias en los municipios en que se encuentren establecidos, de igual manera ocurrirá con las oficinas establecidas de CURP.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Sen. Joel Padilla Peña.

1 Leonel Cásares García, Noción básica del derecho a la identidad en México

2 Leonel Cásares García, Noción básica del derecho a la identidad en México






A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fórmula de asignación presupuestal. El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)








A petición del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61 y se adicione un párrafo segundo a la fracción III del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de integridad física, en actividades deportivas lúdicas o recreativas. El turno es a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61; Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD)








A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma educativa. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)








A petición de la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 8 y 33 y se adiciona un párrafo tercero recorriéndose el subsecuente, el artículo 2o. de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de una cultura de respeto, valoración y erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas. El turno es a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 8o. Y 33 Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena)








A petición de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconocimiento jurisdiccional de la Corte Penal Internacional. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario del Partido Morena)

Quien suscribe, Antares G. Vázquez Alatorre, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, fracción, I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa que reforma el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad 

Desde que existen registros, la humanidad ha cometido múltiples atrocidades en nombre de conquistas, expansión territorial, recursos naturales y odio. Los crímenes de lesa humanidad, o crímenes contra la humanidad son -junto con los crímenes de guerra- los agravios más graves que se pueden cometer en contra de individuos o grupos sociales, y que causan un agravio para la humanidad en su conjunto.

Entre estos crímenes se encuentran los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población; encarcelación o privación de libertad que viole el derecho internacional, tortura, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, la desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas1; algunos ejemplos son:

• 1982-3 | Genocidio contra los Mayas en Guatemala

Cometido contra la etnia Maya Ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983, causando la muerte de mil 771 personas, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

• 1948-92 | Apartheid

Durante el tiempo del apartheid en Sudáfrica, la minoría blanca que gobernaba el país impulsó una política de segregación racial que privaba al 80 por ciento de su población de raza negra de los derechos humanos más básicos.

En 1994, tras las primeras elecciones multirraciales, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Años más tarde, el apartheid fue incluido por la ONU dentro de los crímenes de lesa humanidad.

• 1993 | Limpieza étnica en la ex Yugoslavia

La limpieza étnica en gran parte de Bosnia contra los no serbios durante la segunda guerra de los Balcanes provocó la matanza de miles de hombres, mujeres, niñas y niños en el territorio de la antigua Yugoslavia. Más de 10 mil personas fueron asesinadas y más de 161 han sido procesadas.

• 1994 | Genocidio de Ruanda

Después de las distintas oleadas de violencia entre hutus y tutsis, sucedió en Ruanda uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. En él, un millón de personas fueron asesinadas y alrededor de 200 mil mujeres fueron violadas.

• 2014 | El ISIS en Siria

La ONU investiga crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el ISIS en Siria, ya que habrían utilizado el terror entre la población civil, adoctrinando a menores y ejerciendo torturas, ejecuciones, amputaciones, exhibiciones públicas de cuerpos mutilados, lapidaciones de mujeres y niñas, matrimonios forzosos, secuestros y esclavitud sexual.

Conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad2, suscrita por México en 20023, se ha establecido que:

Cualesquiera de los actos que constan a continuación son crímenes que recaen bajo la competencia del Tribunal respecto de los cuales habrá responsabilidad personal:

a) …

b) CRIMENES DE GUERRA: A saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes;

c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.

Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan.

2. El Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional

A raíz de la gravedad de los crímenes contra la humanidad contenidos en el numeral anterior, la comunidad internacional comprendió la necesidad de crear un instrumento permanente que llevara ante la justicia a los individuos acusados de cometerlos, generando una revolución en los derechos humanos y el derecho internacional público, estableciendo con el Estatuto de Roma uno de los más poderosos mecanismos en la lucha contra la impunidad.

De esta manera, el 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países decidieron establecer una Corte Penal Internacional (CPI) permanente para juzgar a dichos individuos, estableciéndola como una institución judicial complementaria a las jurisdicciones nacionales que actuará sólo cuando el Estado, que normalmente debería ejercer jurisdicción sobre un caso concreto, no pueda o no quiera hacerlo. Así, la obligación y derecho primario de investigar, enjuiciar y –en su caso– sancionar a quienes perpetren crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra corresponderá, precisamente, a los Estados y no a la Corte 4.

El principio de complementariedad, aunado a la estructuración y funcionamiento actual de las instituciones internacionales, conlleva otro tema de fundamental importancia: la cooperación. El adecuado y eficaz funcionamiento de la CPI dependerá en gran medida de la cooperación pronta y oportuna que a ella brinde la comunidad internacional en su conjunto, así como cada uno de los Estados en lo particular. Este panorama obliga –explícita e implícitamente– a los Estados a adecuar sus sistemas jurídicos nacionales a los estándares reconocidos por el Estatuto de Roma (ER), de tal manera que tengan la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables.

Es de relevancia señalar que la Corte no está concebida como un poder supranacional, sino que se encuentra vinculado a la Organización de las Naciones Unidas, que aplica los principios de su Carta y sus demás ordenamientos. De acuerdo con el Estatuto, es obligación de cada Estado armonizar su orden jurídico para la prevención, la erradicación y la sanción de estas conductas y para facilitar por todas las vías la jurisdicción complementaria de la Corte con los procesos y mecanismos que dispone el tratado en cuestión, para procesar a las personas acusadas de la presunta comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional.

Durante la conferencia diplomática que negoció el Estatuto de Roma se acordó que la CPI tuviera competencia sobre el crimen de agresión, pero no se alcanzó un acuerdo en torno a su definición. Al haber sido diseñado como un instrumento que progresivamente debía aumentar su aplicación y alcance, el Estatuto adoptado en 1998 incluyó al crimen de agresión en el listado de crímenes de competencia de la CPI (en su artículo 5), pero sujetó el ejercicio de la competencia de la Corte a que se adoptara una disposición que lo definiera y enunciara las condiciones para dicho ejercicio.

Fue así como, tras intensas negociaciones, ambos aspectos fueron decididos en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala, Uganda, el 20105. La definición se incluyó en el artículo 8 bis del Estatuto, como sigue:

Una persona comete un ‘crimen de agresión’ cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

Las condiciones para el ejercicio de la competencia de la CPI se incluyeron en el artículo 15 bis del Estatuto, que dispuso que la Corte ejercerá su competencia respecto de este crimen:

(i) tratándose de crímenes de agresión cometidos un año después de la aceptación o ratificación de las enmiendas por treinta Estados Partes, y

 (ii) a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

El mínimo de 30 ratificaciones de la enmienda, como primera condicionante, fue cumplido el 25 de junio de 2016, y tras una histórica activación en la 16ª Asamblea de los Estados Partes6 (por primera vez desde los juicios posteriores a la 2ª Guerra Mundial en Núremberg y Tokio), una corte internacional es capaz de responsabilizar penalmente a los líderes por el crimen de agresión.

A pesar de este gran avance, México no ha ratificado la enmienda7 que permita que se lleve a la legislación penal mexicana el delito de agresión, además de que no se han realizado adaptaciones efectivas que permitan la cooperación de la Corte, pues no se ha reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma adecuada ni se han realizado las modificaciones correspondientes en la legislación penal.

3. Reforma Constitucional al Artículo 21 y sus contradicciones con el derecho internacional.

Mediante Decreto publicado el 20 de junio de 2005, en el Diario Oficial de la Federación8, se adicionó un párrafo quinto al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa original tenía el propósito de adecuar la Constitución al contenido del Estatuto de Roma, a fin de garantizar su aplicación plena en México, sin embargo, la reforma legislativa no es coincidente con los más altos estándares, pues lejos de hacer un reconocimiento llano de la jurisdicción de la Corte, lo que hace es crear una reserva a la aplicación del Estatuto conforme a los criterios que -caso por caso- determine el Senado.

Esta disposición atípica establece una reserva encubierta que no está permitida por el derecho internacional, y mucho menos si se analiza la redacción a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados9 reza:

Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado;

Como es evidente, la reforma al artículo 21 Constitucional establece una modificación de facto al alcance de los artículos 12 y 13 del Estatuto, que mandatan puntualmente que el Estado que pase a ser Parte en el Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes ya citados, pero con la redacción actual, la Corte no puede ejercer su competencia si el Senado –bajo consideraciones indeterminadas– no reconoce la competencia.

Este hecho crea adicionalmente una reserva amplia10, pues no sólo se le otorgó al Senado una facultad supra legal, sino que se hizo sin limitaciones a la misma.

El fin primigenio del Estatuto de Roma, que es resultado de un proceso de luchas que han impulsado la evolución derecho internacional de los derechos humanos, es castigar los crímenes horrendos que se han dado en la historia reciente de la humanidad. Además, el Estatuto plantea un objeto disuasivo, pues trata de impedir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, a través de un mecanismo de jurisdicción que asegura que los que realicen este tipo de crímenes serán llevados a la acción de la justicia.

En consecuencia, si el Senado decide que no procede la competencia en un asunto u otro, se estará en contra del objetivo y fin de este. En derecho internacional es esencial que las reservas guarden compatibilidad con el objeto y el fin del tratado, sobre todo por lo que hace a Instrumentos relativos a derechos humanos, por lo que a todas luces el Legislativo ha violentado los principios internacionales y el mandato de la Constitución en la materia.

4. Interpretación conforme y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

El máximo tribunal del país resolvió respecto al posicionamiento de las normas sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución11, por mayoría de 10 votos sostuvo que existe un reconocimiento al conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Además, se estableció que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano.

Esta decisión establece que los tratados internacionales que contengan derechos humanos son norma suprema, salvo aquellos casos en los que al existir una disposición constitucional que los limite, prevalecerá lo dispuesto por la Carta Magna.

Como ya se ha expuesto, al adaptarse la Constitución para aceptar la jurisdicción de la Corte se hizo un trabajo técnicamente ineficaz y materialmente violatorio, pues el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución contiene una reserva que impide casuísticamente la admisión de la jurisdicción de la Corte, contraviniendo las disposiciones que con carácter de norma suprema debe atender el Estado Mexicano.

Una de las responsabilidades del Legislativo, derivada de la reforma constitucional de 2011, consiste en armonizar el marco normativo federal a fin de eliminar o modificar las normas que sean contrarias a derechos humanos y dar cumplimiento al principio pro persona, la interpretación conforme y la vigencia del bloque de constitucionalidad, independientemente del origen nacional o internacional de la norma.

A fin de brindar mayor certeza respecto a la reserva modificación que a lugar debería realizarse, se incluye el siguiente cuadro comparativo.

DICE

DEBE DECIR

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.







El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

 




Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.







El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto por el Estatuto de Roma.


Por lo expuesto, someto ante el Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO. Se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...

...

...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto por el Estatuto de Roma.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de cooperación con la Corte Penal Internacional, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación secundaria aplicable en materia penal y procesal penal a fin de tipificar los delitos que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de garantizar la cooperación con la Corte Penal Internacional, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta en tanto se realicen las modificaciones mandatadas en el mismo, las autoridades competentes aplicarán la tipificación de los delitos que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los términos que el mismo Instrumento dispone.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

1 https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-lesa-humanidad-las-mayores-atrocidades-de-la-historia

2 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx

3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/PI36ABIS.pdf

4 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

5 Conferencia de Revisión, Resolución RC/Res. 6 (11 de junio de 2010), disponible en el enlace:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8015.pdf

6http://www.coalitionfortheicc.org/es/news/20180102/historica-activacion-de-la-jurisdiccion-del-crimen-de-agresion-
en-la-corte-penal

7 https://crimeofaggression.info/documents/1/Informe_de_Avances_sobre-ESP.pdf

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2051466&fecha=20/06/2005. Es relevante mencionar que desde entonces a la fecha, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido modificada en diversas ocasiones, por lo que el contenido que antes se encontraba en el párrafo quinto, actualmente se encuentra en el párrafo octavo y sobre él versa el contenido de esta reforma.

9 https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf

10 Véase Salgado Pesantes, Hernán, "Las reservas en los tratados de derechos humanos", en varios autores, Liber Amicorum, Héctor Fix Zamudio, San José de Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, vol. I, p. 13

11http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556






A petición del Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de regulación de Cannabidiol. El turno es a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN)








A petición de la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de erradicación y prevención de abuso de autoridad en instituciones de procuración de justicia. El turno es a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo parlamentario de morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente: iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 8 artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Primero.- Los ciudadanos tienen derecho a la protección de su seguridad, su integridad y sus derechos básicos y constituye una obligación de estado garantizar esa protección. Sin embargo, en México la primera línea de defensa de esos derechos son instituciones policiacas con poca preparación, que en muchas ocasiones terminan violando los derechos que deberían proteger por falta de protocolos de actuación y lamentablemente los ciudadanos tienen pocas herramientas para documentar y combatir esos abusos.

Segundo.- En abril de 2018, después de una serie de investigaciones, Amnistía Internacional determinó que “en nuestro país las detenciones arbitrarias son recurrentes y normalizadas en contextos específicos donde las personas que generalmente son víctimas de éstas se encuentran en situación de vulnerabilidad, ejemplos de éstas son las detenciones que viven los jóvenes, las personas defensoras de derechos humanos que son detenidas por motivos políticos o personas que participan en movimientos sociales, la extorsión, la detención de personas por un delito que no cometieron para sembrar evidencia, la discriminación y pobreza”.

Es tan grave lo que estamos viviendo, que el centro PRODDHH informó que, en México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades. ¡Es inaceptable!

Tercero.- Además de las detenciones arbitrarias y de los pocos elementos que tienen los ciudadanos para denunciar esos abusos, la situación se vuelve más grave cuando las autoridades son suplantadas por delincuentes mediante uniformes y patrullas clonadas, situación que es fomentada por la propia autoridad que no establece reglas claras ni medidas de seguridad para evitar la sencilla reproducción de sus patrullas, en ese contexto, en México los ciudadanos tienen que distinguir entre patrullas oficiales sin placas, sin la debida identificación, sin número de unidad, con policías que no se identifican y con delincuentes que utilizan esas facilidades para clonar patrullas y utilizarlas para cometer delitos.

Cuarto.- En días pasados, en Zacatecas- mi tierra- un joven inocente murió sometido por policías de investigación, los policías lo golpearon y lo asfixiaron. Los policías que lo detuvieron no portaban uniforme, eran policías investigadores que realizaban labores de peritaje dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas donde unas horas antes había ocurrido un cruel asesinato y al calor de aquella tragedia, no era sencillo diferenciar entre un policía armado y sin uniforme o un sicario. El joven opuso resistencia a su sometimiento y la brutalidad de quienes lo detuvieron le causó la muerte.

Al día de hoy, ni siquiera sabe cuántos policías participaron en el asesinato de este joven inocente, tampoco es posible determinar cuáles policías abusaron de su fuerza y cuales aplicaron el uso legítimo de la fuerza, todo esto ha mermado considerablemente la poca confianza de los ciudadanos en la Fiscalía de Zacatecas y ha desatado el miedo entre la población que ahora siente que debe cuidar de los delincuentes y también de las autoridades.

Quinto.- Las tragedias deben servir para aprender de nuestros errores, es imposible regresarle la vida a Marco y no es posible brindarle consuelo a su familia, pero podemos hacer algo para que su muerte nos haga reflexionar y nos ayude a prevenir para que estas tragedias no se sigan repitiendo, por eso presento esta iniciativa que, de aprobarse, obligará a las autoridades a identificarse plenamente, que los procedimientos de la policía queden gravados con audio y video, para que en caso de abusos, los ciudadanos puedan denunciarlos, documentarlos y que poco a poco, vayamos limpiando nuestras policías de los agentes prepotentes y violentos para que los buenos policías puedan recuperar la confianza que merecen.

Todo esto con el fin de prevenir y erradicar  el abuso de autoridad dentro de las instituciones encargadas de la prevención del delito y procuración de justicia. Es por eso que en base a lo anterior someto a su consideración, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 8 ARTÍCULOS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Articulo 153.- Al momento de ser detenidos, interrogados o inspeccionados por las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley, los ciudadanos tendrán derecho a:

I) Solicitar y recibir información precisa sobre el procedimiento, sobre las causas del mismo y sobre sus alcances y repercusiones.

II) Solicitar y recibir los datos precisos que permitan identificar con claridad a los servidores públicos que realizan y ordenan el procedimiento

III) Videograbar el procedimiento, a conservar el video del procedimiento y a difundirlo.

IV) Que le sean leídos y explicados sus derechos y garantías.

V) Verificar mediante aplicaciones móviles, que los servidores públicos que ordenan y realizan el procedimiento, verdaderamente son quienes dicen ser.

Artículo 154.- Ninguna institución policial podrá utilizar vehículos para el ejercicio de sus funciones, cuando estos carezcan de placa, numero de unidad y nombre de la institución plenamente legibles y a la vista.

Artículo 155.- Ningún elemento de las instituciones policiales podrá desempeñar sus funciones, sin estar uniformado y debidamente identificado con su nombre, placa y número de oficial, legible y a la vista. Salvo que únicamente realicen tareas de investigación.

Artículo 156.- Durante el ejercicio de sus funciones, los integrantes de las instituciones policiales, deberán registrar en video sus actuaciones, para tal motivo contarán con cámaras y micrófonos en sus uniformes, en sus patrullas y en las instalaciones de su dependencia donde interactúen con ciudadanos.

Artículo 157.- Para garantizar el derecho de ciudadanos y policías a la videograbación de las actuaciones de toda institución policial, estas dependencias nombrarán a los responsables necesarios para garantizar el funcionamiento de cámaras, micrófonos y memorias de almacenamiento del contenido audiovisual, así como su debida custodia. Dichas responsabilidades se individualizarán.

Cuando los responsables de garantizar el funcionamiento de cámaras, micrófonos y memorias de almacenamiento del contenido audiovisual, así como su debida custodia, incumplan con su obligación, serán inmediatamente despedidos y sometidos a los procesos administrativos y penales conducentes.

Cuando los integrantes de las instituciones policiales dañen, escondan o impidan intencionalmente el funcionamiento adecuado de cámaras, micrófono o memorias de almacenamiento para el contenido audiovisual, serán inmediatamente despedidos y sometidos a los procesos administrativos o penales conducentes.

Articulo 158.- Los ciudadanos que fueron sometidos a una detención, interrogatorio o inspección, podrán solicitar y tendrán derecho a recibir copia completa del contenido audiovisual del procedimiento y en caso de que no exista, deberán ser notificados del despido del servidor público responsable de la inexistencia y así como a participar en los procesos penales y administrativos que se deriven de las acciones u omisiones que causaron la inexistencia de los registros.

Artículo 159.- Además del resguardo que deberán realizar las instituciones policiales del material audiovisual, dichos registros deberán compartirse con el Centro Nacional de Información mediante los procedimientos establecidos en esta Ley.

Artículo 160. El material audiovisual, deberá permanecer bajo custodia de las instituciones policiales cuando menos 90 días hábiles, siempre y cuando no exista notificación de un procedimiento judicial o administrativo donde pueda ser utilizado como elemento de prueba, en cuyo caso deberá permanecer bajo custodia hasta en tanto se notifique la terminación del procedimiento y deberá ser proporcionado como evidencia cuando así lo solicite la víctima, el indiciado o la autoridad competente.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial de la Federación.

Segundo.- Las instituciones policiales tendrán un plazo de 90 días posterior a la publicación del presente decreto, para garantizar que todos sus integrantes tengan uniformes y patrullas conforme a lo dispuesto en los artículos que se adicionan a esta ley.

Tercero.- Las instituciones policiales tendrán un plazo de 2 años posteriores a la publicación de este decreto, para adquirir, instalar y poner en funcionamiento la tecnología necesaria para que sus uniformes, patrullas e instalaciones cuenten con cámaras, micrófonos y memorias de almacenamiento para los fines establecidos en el presente decreto.

Cuarto.- Derivado de lo establecido en el presente decreto, la cámara de diputados podrá establecer en el presupuesto de egresos de la federación, un fondo de aportaciones, donde la federación aporte el 50% de los recursos necesarios para adquisición de patrullas, cámaras, micrófonos, memorias de almacenamiento y software de los primeros 100 municipios en cumplir con los lineamientos establecidos en el presente decreto.

Dado den el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. María Soledad Luévano Cantú.






A petición de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de anulación del principio de derecho en el juicio de amparo indirecto. El turno es a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena)

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los días 6 y 10 de junio del 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las, ya clásicamente celebres, reformas constitucionales en materia de derechos humanos y justica constitucional.

En virtud de estas reformas, cambió la concepción de los de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, pasando de una visión positivista a un enfoque constitucionalista, en el que el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de las personas se erigen como piedra angular del Estado de Derecho.

Este cambio de paradigma jurídico se ha concretado normativamente, en gran parte, mediante reformas a la legislación secundaria, como la publicación de la Ley de Amparo del 2 de abril del 2013, que abrogó a su predecesora de 1936, para dar reglamentación al renovado texto de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Así, la expedición de la nueva ley de amparo estuvo rodeada de una gran expectativa por parte los diversos operadores jurídicos del país, con la esperanza de que finalmente se le reivindicara al juicio de amparo su carácter de medio efectivo de defesa de los derechos humanos, librándolo de los obstáculos procedimentales y tecnicismos, que generalmente han obstruido el acceso a la justicia de los ciudadanos y que, disfrazadamente, han dado inmunidad a ciertos actos de autoridad.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por México el 18 de diciembre del 1980, en su artículo 25.1, establece la obligación de los estados parte, de garantizar la existencia de un recurso efectivo, rápido y sencillo, que las personas puedan hacer valer ante los jueces o tribunales competentes, para ser amparadas contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por el Estado1.

Este precepto del pacto de San José se inspiró en la institución mexicana del juicio de amparo2, nacido en el siglo XIX como medio de control constitucional de los actos de autoridad que atentasen en contra de las libertades fundamentales de las personas. Sin embargo, irónicamente, nuestro juicio constitucional ha quedado lejos de ser un recurso sencillo, en los términos de que indica la Convención Americana, ya que, se encuentra plagado de tecnicismos y rigorismos que lo vuelven sumamente complejo.

En efecto, de acuerdo con la Real Academia Española, el término “sencillo” en cuanto a adjetivo, significa “que no ofrece dificultad”3. En dicho tenor, no cabe duda de que juicio de amparo, tal cual como se encuentra actualmente regulado no es un recurso sencillo, pues se caracteriza por ser un proceso complejo e inaccesible para las personas que no cuenten con una formación jurídica especializada, lo que claramente resulta incompatible con el carácter universal de los derechos humanos, cuya tutela efectiva debe estar al alcance de toda persona sin distinción.

En este orden de ideas, si bien, en su momento el juicio de amparo fue un hito mundial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, que inspiró a legislaciones extranjeras y tratados internacionales, lo cierto es, que actualmente ha quedado bastante superado en el contexto internacional debido a su complejidad técnica.

Es por lo anterior, que la ley de amparo del 2013 fue una importante oportunidad para renovar nuestro juicio constitucional adecuándolo a los estándares internacionales en materia de tutela efectiva de los derechos humanos, volviéndolo más sencillo para el justificable. Sin embargo, pese a sus bondades, la nueva ley no redujo la complejidad del juicio y, de hecho, en muchos aspectos lo volvió más técnico y rigorista, conservando muchas de sus características decimonónicas que debieron superarse.

Particularmente, en la ley prevalece una regla del juicio de amparo originaria del siglo XIX, que actualmente resulta convencional, por constituir una medida que exige el dominio técnico del derecho como requisito para acceder a la protección de la justicia federal: se trata del denominado “principio de estricto derecho”.

Conforme al referido principio, el juzgador de amparo debe limitarse a valorar las consideraciones expuestas por el quejoso sin atender a ningún aspecto distinto, por lo que no puede invocar vicios notorios de inconstitucionalidad que no haya hecho valer el quejoso. Esto quiere decir, que para que un juicio de amparo prospere, necesita ser promovido por un jurista versado en argumentación constitucional.

En apalabras de Mirón Reyes, el principio de estricto derecho “limita la función del juicio de amparo, ya que, por deficiencias técnicas, los juzgadores de amparo no pueden declarar inconstitucional un acto de autoridad y, por tanto, el mantener vigente la transgresión a la norma fundamental, deja sin vigencia la función de defensa de la Constitución que le corresponde al juicio de amparo”4.

Sobre lo anterior, es necesario considerar que los principios que rigen el juicio de amparo tienen legitimidad y validez porque que se encuentran expresamente establecidos en los artículos 103 y 107 de la constitución. No obstante, el principio de estricto derecho no tiene un asidero constitucional expreso, pues ni siquiera fue concebido en los orígenes de dicho juicio constitucional, sino que se estableció por causas circunstanciales cuando, a finales del siglo XIX, el juicio de amparo estaba regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, pensándose únicamente para los amparos promovidos en contra de resoluciones judiciales, cuando se alegaba la violación a la garantía de exacta aplicación de la ley5.

Así, en la actualidad el principio de estricto derecho únicamente se puede extraer mediante una interpretación a contrario sensu del párrafo quinto de la fracción II del artículo 107 constitucional que, a la letra, señala lo siguiente:

“En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.”

Esta disposición constitucional, presenta la institución procesal de la suplencia en la deficiencia de la queja (o simplemente “suplencia de la queja”), según la cual, el juzgador está obligado a suplir cualquier deficiencia que advierta en los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, basándose únicamente en la causa de pedir para resolver conforme a derecho, asegurando así el derecho de acceso a la justica.

La razón que subyace a la figura de la suplencia de la queja es el reconocimiento de que existen personas que, por sus condiciones personales o contextuales, se encuentran en una situación desventajosa frente al orden jurídico y que, por lo tanto, sería injusto exigirles un conocimiento jurídico especializado o contar con un profesional del derecho que los tenga, para poder acceder a los tribunales del estado a reclamar violaciones a sus derechos fundamentales.

Es así, que la ley de amparo, reglamentando el párrafo quinto de la fracción II dl artículo 107 de la Constitución, precisa en su artículo 79, los supuestos en los que el juzgador deberá aplicar la suplencia de la queja.

Dicho artículo se transcribe a continuación:

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Como puede observarse la disposición citada obliga al juzgador a suplir la deficiencia de la queja en un amplio número de supuestos, empero, esto resulta insuficiente para el actual paradigma jurídico en el que la tutela de los derechos humanos es una obligación general a cargo de la autoridad y no una excepción.

En efecto, si bien la suplencia de la queja permite que el juzgador atienda la causa de pedir del justiciable, sin considerar las deficiencias técnicas que este pueda presentar su en su argumentación, lo cierto es que,  esta figura sigue constituyendo la excepción a una regla, que hace una distinción basada en condiciones socioeconómicas, de edad, de contexto social o de situación jurídica, entre otras, que claramente tienen como finalidad proteger a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, que por dicha circunstancia pueden ver dificultado su acceso a la justicia. Sin embargo, ante el actual paradigma jurídico, tal distinción carece razonabilidad ya que la protección a los derechos humanos de las personas debe ser universal para todas las personas que acudan ante el aparato jurisdiccional de estado en busca de la protección a sus derechos.

Se afirma lo anterior partiendo del contenido y alcance de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos emanadas del artículo 1° constitucional, tal como se explica a continuación:

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 señala que, en nuestro país, todas las personas, sin distinción gozaran de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el estado sea parte. Así mismo, señala que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover, en el ámbito de sus competencias, los derechos humanos de las personas.

Por otro lado, el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, previamente referido, impone al estado la obligación de garantizar la existencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo que las personas puedan hacer valer ante los jueces o tribunales competentes, para ser amparadas contra actos que violen sus derechos humanos.

Luego entonces, de una interpretación armónica del bloque constitucional integrado por los artículos 1 constitucional y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se pueden extraer como conclusión, que el juicio de amparo, que es por antonomasia el recurso para la protección de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, debe ser los suficientemente sencillo como para permitir que todas las personas sin distinción pueda recurrir en igualdad de condiciones ante el estado a fin de exigir el respecto, garantía y protección de sus derechos fundamentales.

Ante este panorama, las figuras jurídicas del estricto derecho y de suplencia de la queja necesitan un replanteamiento legislativo que permitan la adecuación del juicio de amparo al actual marco de obligaciones estatales en materia de tutela de los derechos humanos, pues comparto la opinión de Joel Carranco Zúñiga que en relación al tema que no ocupa diagnostica lo siguiente:

“La profunda renovación en este sentido, si a transformar significativamente el juicio se refiere, tendría que ver con adaptarlo a tiempos modernos y permitir que para todos los casos esté dispuesta la suplencia de la queja deficiente, sea víctima u ofendido, patrón o trabajador, en condiciones de pobreza o con un mejor estado económico, menor o adulto, sujeto de dere- cho agrario o de propiedad privada. Así, se despojaría de uno de los rasgos más polémicos que demeritan la intención de contar con un sistema de defensa más justo. Después de todo, no está reñido que el juzgador resuel- va con una integridad de conocimiento, y si advierte que existe una razón que no forma parte de los conceptos de violación en la demanda o agravios en los recursos, hacerla valer en la sentencia. En pocas palabras, abolir el principio de estricto derecho daría un respiro en uno de los tecnicismos del juicio de amparo.7

*Lo resaltado en negritas es propio.

Así mismo, el Poder Judicial de la Federación ya se ha pronunciado sobre el deber de los jueces de interpretar los alcances de la suplencia de la queja de conformidad con el marco actual de protección de derechos humanos, tal como lo sustenta el criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación:

Época: Décima Época, Registro: 2003771, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A. J/6 (10a.), Página: 1031

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011.

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser liberado.

Es por lo hasta ahora expuesto, que la presente iniciativa propone reconfigurar el principio de estricto derecho y la suplencia de la queja en el juicio de amparo, de tal forma que esta sea la regla y el principio de estricto derecho la excepción.

Ahora bien, la suscrita no deja de lado que la razón que subyace en el principio de estricto derecho es la seguridad jurídica, la cual constituye un valor de primer orden en cualquier estado derecho y que si bien, ante un paradigma constitucionalista debe ser secundario a la tutela de los derechos fundamentes, lo cierto es, que no debe ni puede ser completamente inobservado.

Por lo anterior, a fin de no abrir la puerta a excesos que rompan con la seguridad jurídica en la sustanciación de los juicios de amparo, la iniciativa tiene como propósito que la suplencia de la queja se convierta en una regla de aplicación general únicamente para permitir el acceso de toda persona a un recurso sencillo que le proteja de violaciones a sus derechos humanos de conformidad con lo mandatado por el artículo 25.1 del pacto de San José.

Es por ello, que se propone que la suplencia de la queja se aplique de forma general únicamente en los juicios de amparo indirecto en los que el quejoso sea una persona física o moral.

Con esta precisión, deliberadamente se excluye de la propuesta al juicio de amparo directo, ya que esta vía del juicio de amparo no tiene la naturaleza de un auténtico medio de protección de derechos humanos sino más bien de una última instancia jurisdiccional en procesos de legalidad.

Efectivamente, solo el amparo indirecto conserva el espíritu de medio jurisdiccional de protección de derechos humanos con el que fue creado en el siglo XIX, ya que desde la ley de amparo de 1882 se institucionalizó la procedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones judiciales con lo que se degeneró su naturaleza para convertirse tanto en juicio constitucional, como en un recurso de última instancia8.

Para reforzar lo recién dicho, cito al gran jurista Emilio Rabasa, que diáfanamente expuso esta naturaleza dual del juicio de amparo:

“Pero la ley es impotente para cambiar la naturaleza de las cosas, y la diferencia entre juicios y recursos depende de la naturaleza de la naturaleza de la reclamación que los origina, y se funda en la diferencia irreductible entre el todo y la parte; el juicio no se inicia sino intentando una acción para reclamar la satisfacción de un derecho; comienza por la demanda y concluye por la sentencia que causa ejecutoria; el recurso se entabla sobre una resolución judicial para reclamar la revisión y tiene por objeto que se corrija la mala aplicación de una ley; es una parte del juicio que comienza con la reclamación del error cometido y concluye con sentencia, que no es necesariamente la misma que pone fin al juicio. En este concepto, el procedimiento de amparo tal como lo autoriza y establece la ley, puede ser un juicio y puede ser un recurso.”9

Asimismo, es pertinente puntualizar, que tal como se mencionó previamente, el principio de estricto fue pensado originalmente para ser aplicado únicamente en los amparos promovidos en contra de resoluciones judiciales cuando se impugnara la violación al deber de exacta aplicación de la ley.

Así, excluyendo de la propuesta al amparo directo, se asegura que la suplencia de la queja sea exclusivamente para personas físicas o morales que acudan a la jurisdicción constitucional, exclusivamente a causa de la violación a sus derechos fundamentales, ya que abarcar el amparo directo podría generar serias inconsistencias, toda vez que en dicha vía, la demanda puede ser promovida por autoridades del Estado, cuando estas han sido parte de una controversia judicial, por lo que, de no hacer distinción, se caería en el absurdo de que entes del estado pretendan ser beneficiarios de la suplencia de la queja, lo cual iría en  contra de la propia naturaleza de la figura.

Por todo lo expuesto, a fin de contribuir con el mejoramiento de la justicia constitucional en México, colmando una de las insuficiencias de la reforma a la ley de amparo del 2013, y teniendo la convicción de que, en un estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y el apego irrestricto al texto de la ley, no son razón suficiente para dejar de lado la tutela efectiva de los derechos fundamentales y el pleno acceso a la justicia, se pone a consideración de esta soberanía la reforma al artículo 79 de la ley de amparo, agregando una fracción VIII y modificando su penúltimo párrafo, a fin de dar aplicación general a la suplencia en la deficiencia de la queja y anular el principio de estricto derecho en el juicio de amparo indirecto, de la manera que se expone a continuación:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

 


En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

VIII.- Cuando en amparo indirecto, el quejoso sea una persona física o moral.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V, VII y VIII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Por los motivos expuestos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que contiene:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando una fracción VIII y modificando el penúltimo párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y
b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y
b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

VIII.- Cuando en amparo indirecto, el quejoso sea una persona física o moral.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V, VII y VIII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

1 ARTÍCULO 25.- Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

2 Al respecto, ha señalado Héctor Fix Zamudio que: “… ...el derecho de amparo, inclusive con ese nombre fue promovido por los diplomáticos mexicanos en las reuniones internacionales que aprobaron varias declaraciones y tratados de derechos humanos... y en esta dirección pueden enorgullecerse los juristas mexicanos, al haber aportado sus esfuerzos para la consagración en los artículos XVIII y 8, respectivamente, de las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos Humanos, respecto del reconocimiento de un recurso sencillo y breve que ampare (como lo consigna el texto oficial en castellano) a los particulares contra la violación de los derechos de la persona humana reconocidos en los ordenamientos nacionales” (Mac-Gregor, Ferrer  y Herrera García, Eduardo Cords. El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917, tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4337-el-juicio-de-amparo-en-el-centenario-de-la constitucion-mexicana-de-1917-tomo-ii

3 Diccionario de la Lengua Española. Consultable en línea en: https://dle.rae.es/?id=XZHIBJB.

4 Mirón Reyes, Jorge Antonio, El juicio de amparo en materia penal, Porrúa, 2003, p. 88.

5 Pérez Daza, Alfonso (Cord), El principio de estricto derecho, Concejo de la Judicatura Federal, México, 2017, p.18.

6 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sean parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

7 Carranco Zúñiga, Joel, Diagnóstico del juicio de amparo a cuatro años de vigencia de la nueva ley, en Mac-Gregor, Ferrer y Herrera García, Eduardo Cords. El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917, tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4337-el-juicio-de-amparo-en-el-centenario-de-la constitucion-mexicana-de-1917-tomo-ii.

8 Rabasa, Emilio, El articulo 14 y el Juicio Constitucional, Porrúa, México, 2000, 7° edición, p.96.

9 Ídem.






A petición de la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en materia de pronto pago a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El turno es a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La que suscribe, SENADORA MARÍA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ, integrante de la Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con la facultades que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 en su numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la Republica vigente por lo que se realiza la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA EL PRONTO PAGO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- La Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la principal fuente de trabajo de los mexicanos, según CONDUSEF, estas generan el 72% de empleo en el país.

SEGUNDO.- El desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa debe ser una prioridad nacional toda vez que generan el 52% del Producto Interno Bruto del país, según CONDUSEF y su crecimiento impactaría directamente en el crecimiento de la economía de todo el país.

TERCERO.- La capitalización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mexicana fortalece el mercado interno, porque además de ser proveedoras de bienes y servicios, estas empresas consumen la mayoría de sus insumos, tecnología y servicios en el país, lo que genera un circulo virtuoso de crecimiento y derrama económica.

CUARTO.- Asegurar un pago inmediato para las Pequeñas, Medianas y Medianas Empresas  que son proveedoras del gobierno es el primer paso para darle mayor dinamismo a la economía mexicana, el cual tendría como beneficio el que estas empresas cuenten con el recurso necesario para pagar los salarios de sus empleados, abrir mayor número de plazas, pagar a sus proveedores y desarrollarse como empresa.

Por lo anteriormente expuesto, dejo en consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se añade un inciso al artículo 11 de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

IX. El pronto pago a las MIPYMES que sean proveedoras de productos y servicios del Gobierno de los tres Poderes de la Unión en sus tres ámbitos Federal, Estatal y Municipal en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Para el cumplimiento de este programa, la Secretaria de Economía fungirá como gestora permanente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Federación, Estados, y Municipios y las áreas administrativas de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, con la finalidad incentivar que en un plazo máximo de 8 días hábiles, sean pagados los bienes y servicios prestados por las MIPYMES contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Además de lo anteriormente señalado, la secretaria entregará anualmente el premio “Responsabilidad MIPYME” a la entidad pública más comprometida con el pago puntal de sus obligaciones con las pequeñas y medianas empresas.

SEGUNDO.- Se modifica el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas, el plazo máximo de pago no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica.

TERCERO.- Se modifica el artículo 380 del Código de Comercio, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 380.- El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude.

Cuando la compraventa sea entre un ente público en calidad de comprador y una micro, pequeña o mediana empresa en calidad de vendedora, el plazo máximo de pago será de 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- La presente modificación entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado den el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. María Soledad Luévano Cantú.






A petición de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz Nativo. El turno es a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE  LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO

(Presentada por las Senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Morena)

Las que suscriben, Senadoras ANA LILIA RIVERA RIVERA Y JESUSA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, en esta LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es centro de origen del maíz, en nuestro país evolucionaron a través de miles de años unas 64 especies diferentes. Respecto al color, existe en México maíz blanco, amarillo, morado, rojo, etc. Es común ver que en las comunidades indígenas se busca consumir tortillas de diferente color en distintos días, para darle variedad a la dieta.

La relación de los mexicanos con el maíz se ha dado a través de siglos, el maíz depende de nosotros y nosotros dependemos del maíz, ya que para que el mismo se dé es necesaria la acción de los seres humanos. El maíz, nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, desde su descubrimiento por los pueblos mesoamericanos para quienes no solo representaba la base de su alimentación, sino que consistía también en un actor relevante para su economía.

En México no hay una sola persona que no conozca la semilla del maíz, pues nuestra dieta diaria incluye de una manera o de otra algún derivado de esta planta ancestral, cada una con su sabor específico, cada una originada en algún lugar de lo largo y ancho de nuestro país cuya población agricultora ha sabido conservar desde hace siglos.

Nuestra relación con la planta, no puede ser expresada con la simpleza del alimento que nos nutre, es mucho más sagrado y profundo que eso, como expresara Juan Corneli de Rosas1: “Cada vez que el campesino cultiva la milpa, no sólo asegura su sustento alimenticio básico, sino que mantiene viva y presente una actividad que lo vincula con una herencia cultural de miles de años en la humanidad, y a su vez, que lo relaciona con los otros integrantes de su comunidad. La concepción ancestral de la relación entre el hombre y la tierra, y sobre todo, su relación y reciprocidad con el cultivo del maíz, permite a los pueblos campesinos actuales reproducir sus formas de organización social y su cultura, de igual manera que les da la oportunidad de auto-reproducirse como miembros de su grupo.

El maíz no es sólo un producto material, es un eje simbólico que articula la memoria colectiva de los pueblos originarios. Es un eje a través del cual el pasado mítico y simbólico de los pueblos autóctonos puede ser recuperado, reproducido y reinterpretado”.

Éste “eje simbólico”, involucra al maíz como protagonista de nuestra creación en la memoria ancestral de nuestros antepasados, lo anterior queda de manifiesto con un breve extracto del Popol Vuh2:

De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac (el gato del monte), Utiú (el coyote), Quel (una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y Hoh (el cuervo). Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, les dijeron que fueran a Paxil y les enseñaron el camino de Paxil. Y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los Progenitores. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil y Cayalá.

Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y plantas grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los Progenitores, Tepeu y Gucumatz, así llamados. A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y  padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.  

No obstante su importancia, la política de muchos gobiernos ha sido la de desmantelar esta relación mediante el abandono del campo y la construcción de una amplia arquitectura legislativa para favorecer a las grandes empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas.

De la lectura de un artículo de investigación, podemos hacernos una idea de cómo fue que el campo se fue deteriorando hasta llegar a la situación en que nos encontramos hoy en día, es así que podemos saber que a finales de los años setenta y durante la década de los noventas, por medio de Banrural se entregaban créditos y subsidios prácticamente exiguos y que no eran suficientes para que campesinos e indígenas pudieran trabajar la tierra, lo que trajo como consecuencia la introducción de maíz híbrido que no se adaptaba y requería del uso de agroquímicos (abonos químicos, plaguicidas y herbicidas) a las tierras de cultivo3.

Continúan los autores del artículo señalando cómo el uso de los agroquímicos transformó a las comunidades donde causaron estragos en la economía, la cultura y la ecología del territorio, provocando erosión de los suelos, cambio en el uso de las tierras por pastizales, la entrada de ganado intensivo e insectos que se comen las milpas; ríos y manantiales contaminados y casi sin peces. Todo esto debilitando las plantas de maíz que ya presentan menos resistencia al viento y sobre todo se ha afectado la diversidad en la milpa4.

Concluye este artículo expresando como todo lo anterior ha provocado el abandono del territorio y las tierras de cultivo y poniendo de manifiesto una dura realidad, la exposición de los campesinos a la contaminación por plaguicidas, donde son constantemente bañados por avionetas que fumigan los campos industriales, provocando grave intoxicación, enfermedades incurables, malformaciones y muerte.

Algunos ejemplos recientes; en el gobierno de Vicente Fox, desapareció la Productora Nacional de Semillas (Pronase), y de esta forma se propició la dependencia de las semillas de empresas particulares. Durante el sexenio de Felipe Calderón se creó la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, abriendo por completo la puerta para la venta de semillas transgénicas en México.

De acuerdo a información dada a conocer por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA),2004; los transgenes se han introducido en algunas variedades tradicionales de maíz en México. Ello fue confirmado mediante investigaciones científicas auspiciadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, no se han publicado resúmenes de este trabajo revisado por especialistas y la información difundida hasta ahora ha sido vaga5.

Muchos de los campesinos y organizaciones comunitarias que más han hecho escuchar su preocupación por el flujo génico de transgenes perciben al maíz GM (Genéticamente Modificado) como una amenaza directa para la autonomía política, la identidad cultural, la seguridad personal y la biodiversidad. Muchos campesinos no perciben ningún beneficio directo de las actuales variedades de maíz transgénico6.

Se expresa en un estudio de la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad), “que en un país de alta diversidad de parientes silvestres de maíz, en el que los beneficios agronómicos no están definidos ni estudiados y donde existen riesgos conocidos y desconocidos en materia sanitaria y ambiental, no debiera sembrarse este tipo de maíz hasta no garantizar un riesgo cero (aquel en el que no existen riesgos ni ambientales ni para la salud) y un beneficio claro para nuestro país y sobre todo para los agricultores que viven y han vivido por centenares de años de sembrar tan importante cultivo”7.

Es importante señalar que no se trata de rechazar la biotecnología, sino de que esta se ponga al servicio de la humanidad sin tener que depredar, dañar, menoscabar, y o poner en riesgo la salud y la vida de las personas que consumen organismos genéticamente modificados.

A pesar de su gran valor cultural, social, económico y hasta simbólico, preocupa que en la actualidad la producción del maíz nativo no alcanza para el consumo interno del país. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con fecha 2011, “México produce 22 millones de toneladas de maíz y consume 30 millones de toneladas. El país importa entre siete y ocho millones de toneladas, principalmente de Sudáfrica”8, es decir, casi 20% de su producción total.

Aunado a esta gran contradicción está también el hecho de que las grandes compañías transnacionales de semillas transgénicas han pretendido penetrar la producción mexicana de diversos cultivos, entre ellos el maíz, por lo que los agricultores y campesinos se han visto ante un problema por partida doble. Por un lado, que su producto local no pueda competir con el mercado a gran escala y por el otro, que sus semillas se vean en riesgo de desaparecer poco a poco pues las lógicas economicistas que estas compañías imponen no dan tregua al pequeño y mediano productor.

En algunos estados las comunidades ven afectadas sus cosechas debido a que junto a las suyas existen otras de medianos agricultores cuyas semillas son si no transgénicas, por lo menos sí híbridas, lo que trae como consecuencia que el ciclo de polinización se altere y se les obligue a comprar para sembrar dichas semillas seleccionadas según los estándares del mercado internacional. Es decir, que a pesar de que en las comunidades se mantienen las tradiciones de selección y conservación, el mercado llega con sus propios estándares de medición, selección y de acaparamiento de la producción. Con ellos también llega el abaratamiento de las cosechas locales y el incremento de precios de las semillas genéticamente modificadas.

A manera local y no incluidos en ninguna organización, los campesinos mexicanos de igual forma luchan a su manera por conservar la tradición de cosecha de la planta del maíz. Normalmente estos campesinos son los más vulnerables ante la irrupción de las semillas híbridas en el mercado, pues no es fácil adquirir conciencia de lo que éstas significan. El mercado llega a las comunidades rurales con el discurso de que al sembrarlas obtendrán maíz más grande y mejor pagado, lo que convence a muchos agricultores. En consecuencia, es difícil que tras sembrar por algunos años las semillas híbridas puedan sembrar de nuevo las semillas originarias, pues los mismos procesos y nutrientes de la tierra se ven modificados ya que la cosecha de semillas híbridas implica la combinación de nuevos fertilizantes que alteran la tierra.

En nuestro país los organismos gubernamentales no han hecho lo suficiente para rescatar la semilla o para defenderla frente a las semillas genéticamente modificadas, aunque sí han expresado la importancia de esto. Por ejemplo, la CONABIO, ha manifestado que “mantener la agro-biodiversidad requiere de un esfuerzo internacional coordinado para conservar los procesos ecológicos y socioculturales que subyacen la diversidad genética de los cultivos en aquellos lugares en donde se encuentran los parientes silvestres y en donde la agricultura tradicional todavía se practica”9.

Ante la falta de apoyos oficiales, los agricultores se han visto obligados a implementar métodos de defensa de la semilla. Por ejemplo, debido a su labor de conservación y selección son bastante conocidos los lugares de diferentes estados de la República donde agricultores de todo el país acuden por semillas locales de buena calidad. Están, por ejemplo; Cocotitlán, Estado de México o los llanos de Serdán en Puebla. El método que utilizan los campesinos de estos lugares para seleccionar y conservar sus semillas ha sido por costumbre transmitida de generación en generación.

En México existen diversas organizaciones de agricultores que han manifestado desde hace décadas la necesidad de conservar la identidad nacional a través del maíz, Según Gustavo Esteva y Catherine Marielle (2003), las razones que motivan a organizaciones como estas a llevar adelante el rescate de las semillas originarias están:

“1) En primer término, para entender y proteger las relaciones entre el hombre y el maíz en el contexto de las comunidades rurales tradicionales del país, que constituyen parte esencial de nuestra población, y así apoyar su florecimiento y el de nuestra nacionalidad.

2) En segundo lugar, para contribuir al conocimiento científico del maíz, que es una planta paradigmática a nivel mundial y sobre todo en México, de especial importancia en diversos capítulos de múltiples ciencias.

3) En tercer lugar, para salvaguardar los recursos genéticos y los saberes y conocimientos relacionados con ellos, tomando en cuenta que el maíz es fundamental para la soberanía alimentaria y el bienestar en México y otros países”10.

Por su trascendencia, resulta relevante que se promuevan acciones a favor de su protección. Como poder legislativo, nos toca expedir las leyes necesarias para asegurar su continuidad y que se otorguen los estímulos necesarios para que los campesinos puedan asegurar el abasto y apoyar su economía.

El protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, busca proteger la diversidad biológica frente a los riesgos potenciales que presentan los organismos genéticamente modificados que resultan de la aplicación de la biotecnología moderna11, nuestro país suscribió este acuerdo y por lo tanto aceptó tomar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes para cumplir las obligaciones derivadas del Protocolo12.

Es momento de hacer propuestas que abonen a deshacer el daño ocasionado por políticas públicas que en lugar de contribuir al fortalecimiento del maíz, provocaron un daño a nuestra herencia cultural y soberanía alimentaria; ahora, hagamos leyes que robustezcan la base de la alimentación de todxs los mexicanos.

Es por ello, que se propone la expedición de una Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, Ley que tiene como objetivos:

I. Declarar al maíz nativo como Patrimonio Alimentario Nacional

II. Fomentar el desarrollo sustentable del maíz nativo

III. Promover la productividad, competitividad y biodiversidad del maíz nativo

IV. Promover las actividades de los productores originarios de maíz nativo

V. Establecer los mecanismos de protección al maíz nativo, en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante.

Como parte de ésta propuesta, se contempla declarar el cultivo del maíz nativo mexicano como patrimonio alimentario, de tal manera que se permita a la población ejercer su derecho a la alimentación y enfrentar el cambio climático mediante su uso racional y equitativo.

Se reconoce también el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada en condiciones de no discriminación y a consumir productos derivados del maíz libres de organismos geneticamente modificados.

Para coadyuvar a la adopción de las políticas y programas públicos necesarios, se crea el Consejo Nacional del Maíz (CONAM) como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la coordinación, planeación formulación, ejecución y evaluación de los programas que se establezcan en materia de protección del maíz nativo. Este consejo se integrará por un presidente que podrá ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, un Secretario técnico que será el titular de la Subsecretaria de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y representación de la sociedad civil, campesinos, comunidades indígenas y académicos quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo, revisar y proponer cambios a los programas de semillas de maíz, coadyuvar para la autorización y supervisión de los bancos de semillas y resolver sobre las autorizaciones de patrimonio alimentario.

Es relevante señalar que mediante este ley se creará un Programa Nacional de Semillas, el cual estará a cargo de la SADER con la coadyuvancia y supervisión del CONAM, con lo que se pretende:

• Crear Bancos de Semillas para el almacenamiento, mejoramiento y preservación del habitat y de las tierras; el fomento a la diversificación del maíz y constituir un activo frente al cambio climáticos.

• Asegurar el abasto de semillas en condiciones de equidad.

• Proteger y fomentar el maíz libre de Organismos Genéticamente Modificados.

• Garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del maíz y de sus productores, así como de las comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han trabajado el maíz nativo.

• Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar las características del maíz nativo.

Es en razón de todo lo expresado con anterioridad que ponemos a consideración de este Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION DEL MAÍZ NATIVO.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Generalidades

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es:

I. Declarar al maíz nativo como Patrimonio Alimentario Nacional;

II. Fomentar el desarrollo sustentable del maíz nativo;

III. Promover la productividad, competitividad y biodiversidad del maíz nativo;

IV. Promover las actividades de los productores originarios de maíz nativo.

V. Establecer los mecanismos de protección al maíz nativo, en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante.

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Bancos de Semillas Comunitarios: Son los bancos de semillas de maíz nativo creados por ejidos y comunidades. Las semillas se obtienen de los agricultores de la comunidad y se seleccionan y almacenan de acuerdo al sistema de almacenaje acordado.

II. Bancos de Semillas: Son los centros de almacenaje de semillas que tienen por objeto la protección del Patrimonio Originario: la conservación in situ, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras; el fomento a la Diversificación del Maíz; y constituir un activo frente al cambio climático.

III. CONABIO: La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

IV. CONAM: El Consejo Nacional del Maíz.

V. Directorio: Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas al que se  refiere el artículo 5, fracción VII de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

VI. INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

VII. Ley: Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz.

VIII. Maíz Nativo: Es el grano que resulta del proceso de domesticación y cultivo originario de diversificación genética que por razones históricas, biológicas y culturales han realizado los campesinos  del país.

IX. OGMs: Organismo u organismos genéticamente modificados;

X. Patrimonio Alimentario Nacional: El cultivo del maíz nativo mexicano que permite a la población ejercer su derecho a la alimentación y enfrentar el cambio climático; mismo que constituyen parte de su Patrimonio Nacional.

XI. Patrimonio Originario: Las líneas genéticas originales y variadas del maíz que se encuentran en la república mexicana,  que constituyen parte de su Patrimonio Nacional

XII. Productores originarios: Productores que descienden de quienes originariamente han cultivado el maíz nativo;

XIII. SADER: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

TÍTULO SEGUNDO
De la Protección del Maíz

Capítulo I
Del Patrimonio Originario

Artículo 3. El Patrimonio Originario comprende lo siguiente:

I. La información que permite advertir la existencia de las poblaciones que habitan en el territorio nacional al iniciarse la colonización, independientemente de que estas poblaciones cuenten, o no, con conciencia de su identidad indígena;

II. La información histórica relacionada con las instituciones y condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y geográficas de las poblaciones a las que se refiere la fracción anterior; y

III. En general todo aquello que permita al Estado mexicano, representarse como centro de origen del maíz a nivel mundial.

Artículo 4. En las autorizaciones referidas en esta Ley, se deberá respetar y preservar el Patrimonio Originario, por lo que no se otorgarán éstas, salvo que se acredite científicamente que no existe riesgo alguno de contaminación.

Capítulo II
Del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario Nacional

Artículo 5. El Patrimonio Alimentario se rige por lo siguiente:

I. Acciones que posibilitan al Estado y a sus habitantes, hacer frente al cambio climático mediante un uso racional y equitativo del Patrimonio Originario y Alimentario;

II. Derecho de todas las personas a una alimentación adecuada en condiciones de no discriminación;

III. Derecho de todas las personas a acceder a la información necesaria para conocer y ejercer su derecho a la alimentación;

IV. Derecho de todas las perdonas de consumir productos derivados del maíz libre de OGMs;

Capítulo III
Del Consejo Nacional del Maíz

Artículo 6. El Consejo Nacional del Maíz es un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de programas que se establezcan en materia de protección al maíz nativo.

Artículo 7. El CONAM estará integrado de la siguiente manera:

I. Un Presidente que será el titular del Poder Ejecutivo Federal;

II. Un Secretario Técnico que será el Titular de la Subsecretaria de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER;

III. Tres Vocales por la Sociedad Civil;

IV. Tres Vocales por Campesinos;

V. Tres Vocales por grupos y comunidades indígenas; y

VI. Tres Vocales por académicos.

Los vocales durarán en su encargo tres años y podrán ratificarse por una sola vez.

Artículo 8. Las propuestas para el nombramiento y/o ratificación de los vocales se presentaran ante la SADER que hará el nombramiento respectivo.

La SADER con auxilio del INPI, en el ámbito de sus competencias,  convocarán a los grupos de la sociedad civil; organizaciones de campesinos; universidades y ejidos y comunidades agrarias e/o indígenas a celebrar las asambleas correspondientes para que formulen sus propuestas de nombramiento y/o ratificación de vocales.

Artículo 9. Los miembros que integran el CONAM tienen voz y voto y sesionan en asamblea ordinaria, por lo menos una vez cada cuatro meses, misma que será presidida por el Presidente, y en su ausencia, por el Secretario Técnico, quienes pueden convocar a sesiones extraordinarias cuando existan asuntos urgentes que tratar.

Artículo 10. El CONAM tendrá las siguientes facultades:

I. Coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre fomento y protección al maíz nativo;

II. Resolver sobre las autorizaciones del Patrimonio Nacional;

III. Revisar y, en su caso, proponer la modificación de los programas de semillas de maíz, para que se ajusten a la Ley;

IV. Coadyuvar con SADER para la autorización y supervisión de los Bancos de Semillas de Maíz;

V. Proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y estudios sobre el Patrimonio Alimentario; y

VI. Las demás que las leyes le confieran.

Artículo 11. Las funciones de los miembros del CONAM tendrán carácter honorífico, por lo que los Consejeros no percibirán retribución alguna, emolumento o compensación por su participación.

TÍTULO TERCERO
Del Fomento al Maíz Nativo

Capítulo I
Del Programa Nacional de Semillas de Maíz Nativo

Artículo 12.  Se considera de utilidad pública la creación de un programa nacional de semillas de maíz nativo, que tenga por objeto:

I. Asegurar el abasto en condiciones de equidad;

Il. Erradicar las prácticas de las empresas productoras y comercializadoras de semillas que atenten contra el objeto de esta Ley;

III. Proteger y fomentar el maíz libre de OGMs;

IV. Garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del maíz y de sus productores, así como de las comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han trabajado el maíz nativo;

V. Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar las características del maíz nativo.

Artículo 13. La SADER será la dependencia encargada de planear, diseñar, normar, elaborar los anteproyectos de presupuesto y ejecutar el programa nacional de semillas del maíz nativo.

Artículo 14. La CONAM revisará y, en su caso, modificará el programa nacional de semillas de maíz nativo, para que se ajusten al objeto de esta ley.

Capítulo II
Del Presupuesto

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, al remitir a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá establecer las partidas presupuestales necesarias para cumplir con el programa nacional.

Artículo 16. La Cámara de Diputados, para determinar el presupuesto deberá revisar a través de las comisiones correspondientes, la evaluación de los programas que contempla esta Ley, y demás acciones realizadas para el cumplimiento de la misma; para tal efecto, y de así considerarlo necesario, podrá requerir información oficial, así como la comparecencia de los funcionarios públicos involucrados, además de las audiencias con los sectores e individuos interesados o expertos en la materia.

Artículo 17. El ejercicio del presupuesto aludido en este capítulo estará a cargo de la SADER.

Capítulo III
Del Directorio de Productores Originarios

Artículo 18. El Directorio deberá incluir la categoría de Productores Originarios del maíz nativo.

Artículo 19. El registro en el Directorio se utiliza como requisito para acceder a los programas y servicios que establece esta Ley.

Artículo 20. Los productores originarios del maíz nativo podrán solicitar su registro en el directorio mediante solicitud a SADER, la que se hará pública en todas sus instalaciones y en su portal de internet.

Artículo 21. La solicitud a la que se refiere el artículo anterior deberá contener exclusivamente:

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. Sistema o sistemas producto a los que se dedica el productor;

III. Declaración bajo protesta de decir verdad, y

IV. Descripción de la prueba o pruebas que se anexen a la solicitud y que acrediten su condición de productor originario.

Artículo 22. Los medios de prueba pueden ser cualquiera de tipo documental, no prohibido por las leyes, que resulte idóneo para acreditar la calidad de productor originario.

Deberá presumirse la veracidad de los documentos, incurriendo en los delitos correspondientes quien declare con falsedad o utilice documentos falsos.

Capítulo IV
Del Inventario de la Biodiversidad del Maíz

Artículo 23. La CONABIO será la entidad responsable de elaborar y publicar el Inventario de la Biodiversidad del Maíz.

Las especies que se contemplen en el Inventario se considerarán Patrimonio Originario en los términos de esta Ley.

Capítulo V
De los Bancos de Semillas

Artículo 24. La SADER establecerá Bancos de Semillas de maíz nativo para proteger el Patrimonio Originario.

Los Bancos deberán garantizar a los productores el acceso al maíz nativo diversificado y libre de OGMs.

Artículo 25. Los ejidos y comunidades tendrán derecho a establecer y constituir bancos de semillas comunitarios, de maíz nativo, con el objeto de protegerlo y fomentarlo.

Cada banco de semillas comunitario será administrado por un Comité que se designe ya sea, en consulta pública, por usos y costumbres o en asamblea, según corresponda.

Una vez establecido el banco de semillas comunitario, y designado su correspondiente Comité, se deberá dar aviso a la SADER.

Artículo 26. Los Bancos de Semillas de maíz nativo serán autorizados por la SADER y supervisados por la CONAM.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial del Gobierno de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal tendrá un término de 90 días naturales a la entrada en vigor de esta Ley, para emitir el Reglamento respectivo.

ARTÍCULO TERCERO. La SADER tendrá un término de 90 días naturales, posteriores a la publicación del Reglamento de la presente Ley para nombrar a los vocales que integraran el Consejo Nacional del Maíz.

ARTÍCULO CUARTO. El Consejo Nacional del Maíz deberá instalarse dentro de los 30 días naturales, posteriores al nombramiento de sus vocales por parte de la SADER.

ARTÍCULO QUINTO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga lo establecido en la presente Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera.- Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez.

1 Corneli de Rosas, Juan. Maiz,fuente de identidad y presente de un pueblo.
2005. Facultad de Psicología,UNAM,Mexico.

2 Anónimo, (1999). Popol Vuh. Ed.8ª, Santafé de Bogotá, D,C., Colombia.Panamericana Editorial.

3 http://www.surysur.net/mexico-la-batalla-por-el-maiz-y-la-guerra-por-el-territorio/

4 Ídem

5 Comisión para la Cooperación Ambiental. (2004). Informe del Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Conclusiones y Recomendaciones. Recuperado de
http://www3.cec.org/islandora/es/item/2152-maize-and-biodiversity-effects-transgenic-maize-in-mexico-key-findings-and-es.pdf

6 Ídem

7 Piñero, D.2001. “Reflexiones para una política sobre organismos transgénicos en México: el caso del maíz. CONABIO. Biodiversitas 34:8-10

8 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2011). México importa el 20 por ciento del maíz que consume. 15 de febrero de 2019, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Sitio web:
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/506570/

9 CANABIO Y The Economics of Ecosystems &Biodiversity. (Sin fecha). Ecosistemas y agrobiodiversidad en sistemas de producción de maíz de pequeña y gran escala. CANABIO. México, DF.

10 Gustavo Esteva y Catherine Marielle. (2003). Sin maíz no hay país. México, DF.: Culturas Populares de México.

11 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/protocolo-de-cartagena

12 Fracción 1 del artículo 2 del Protocolo de Cartagena.






A petición de la Senadora María Merced González González, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de regulación de actividades riesgos para el medio ambiente. El turno es a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; Y DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

(Presentada por la Senadora María Merced González González, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La suscrita, María Merced González González, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Argumentación

El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos que invitan al aumento sostenido del consumo de bienes de diversa índole, ha impactado significativamente el volumen y la composición de los residuos producidos por las sociedades del mundo. En este sentido, lo que se debe tener en cuenta, son las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos, que pueden ser negativas para la salud tanto de las personas, como de los ecosistemas naturales. Es por ello que una gestión integral y responsable de los residuos es de vital importancia para que el proceso de disposición final de nuestros residuos tenga un impacto menor a la salud de la población y el entorno natural. 

Una de las prácticas más comunes para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, es la disposición final en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto. Sin embargo, en México, este modelo de gestión no aplica del todo a los residuos industriales y/o peligrosos, ya que, desde finales del siglo XX, cerca del 70% de estos residuos termina en los hornos cementeros como combustible alterno, o llamado Combustible Derivado de Residuos para la producción de cemento. El co-procesamiento, nombre que le da la industria del cemento a la incineración de residuos, ha sido una práctica común que amenaza la salud ambiental y humana en las comunidades donde esta práctica se lleva a cabo.1

En México, existen 36 plantas cementeras activas, siete de ellas se encuentran en la parte centro del país, en la región denominada Valle del Mezquital, donde se ha visto claramente el impacto social y ambiental que la industria del cemento causa en la zona.2

En los años setentas, se instaló una fábrica de CEMEX en Huichapan, Hidalgo municipio que orgullosamente represento como Senadora; la cual, en los años noventa, buscó aumentar su competitividad en el mercado reduciendo sus costos de producción con la incineración residuos, incluyendo peligrosos, como complemento o suplemento de los combustibles fósiles para llevar sus hornos a más de 1500°C y poder llevar a cabo el proceso de producción del cemento, sin importar las emisiones de contaminantes que esta actividad pudiera provocar.3

De hecho, los materiales que se reciben como combustible alternativo son residuos provenientes de diferentes industrias, desde la del petróleo, siderúrgica, metal-mecánica, hasta la química, así como diversos tipos de solventes, aceites quemados, llantas, baterías de autos, desechos electrónicos (monitores y cerebros), casetes, discos, plástico variado, desechos biológico infecciosos, metales pesados, plaguicidas y coque derivado de petróleo, principalmente.4

Durante el proceso de elaboración del cemento se libera una amplia gama de agentes contaminantes, tales como polvo, el ruido, el impacto visual que le genera al paisaje,5 y las emisiones de gases generados por la combustión de combustible derivado de residuos, en los hornos, que son: óxidos nitrosos, óxidos sulfurados, arsénico, aluminio, cadmio, plomo, cobre zinc, hierro y cromo; así como dioxinas y furanos, que son elementos altamente tóxicos, tal es así que el Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes tiene incluidas a las cementeras que incineran residuos entre las cuatro fuentes principales de emisión de dioxinas y furanos.

Las prácticas poco responsables en materia de medio ambiente que se llevan a cabo durante el co-procesamiento de los residuos tienen consecuencias que provocan el detrimento de tanto los ecosistemas circundantes, como la salud y la calidad de vida de la población que vive en la zona.6 En este sentido, se debe resaltar que la presencia de estas emisiones de forma continua representa una gran amenaza para el entorno natural, calidad del suelo, cuerpos de agua y los núcleos poblacionales ubicados en zonas aledañas a la fuente emisora de los contaminantes.7

Particularmente, las dioxinas y furanos son considerados contaminantes de síntesis y degradación, que se forman de manera espontánea en procesos de combustión, cuando hay oxígeno, carbón, hidrógeno y cloro, en temperaturas entre 200 y 650°C. Incluso, están considerados como los contaminantes ambientales de mayor trascendencia a nivel mundial, por su estabilidad química, su ubicuidad en todos los componentes bióticos y abióticos del ecosistema; así como los efectos adversos que produce en la salud animal y humana.8

Estos contaminantes son moléculas muy estables, y por ello persistentes, es decir, no se degradan fácilmente, por lo cual, pueden durar muchos años en el ambiente; son bioacumulables en los tejidos grasos de los organismos por su alta solubilidad en lípidos y se biomagnifican, esto significa que aumentan su concentración progresivamente a lo largo de las cadenas alimenticias, de un animal a otro, hasta llegar al hombre, especie en la cual pueden alcanzar altas concentraciones por tener múltiples fuentes de exposición.9 Dicho de otra manera, los seres humanos son propensos a acumular estos contaminantes y ser susceptibles de enfermedades crónico-degenerativas.

Entonces, se puede percibir que las dioxinas y furanos ingresan a las personas tanto al ingerir alimentos y agua contaminada, como al inhalar partículas que las contienen. Estos contaminantes, aún en dosis bajas, producen efecto directo por acumulación simple en alimentos (cereales, oleaginosas, hortalizas, frutas, agua), o partículas de suelo y por acumulación biológica, a lo largo de varias cadenas alimentarias.10 Asimismo, es debido a su persistencia que pueden viajar grandes distancias, arrastrados por corrientes de aire, de agua y mediante la migración de animales que los han bioacumulado.11

Pero ¿qué hay de malo en las dioxinas y furanos? Bueno, pues los efectos de las dioxinas y furanos han sido reportados desde 1949, aunque se realiza el primer reporte del impacto adverso a la salud por contaminantes como las dioxinas y furanos, por la exposición de una planta química en Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, el origen histórico de estos contaminantes se identifica en la guerra de Vietnam cuando Estados Unidos utilizó un herbicida conocido como el “agente naranja” que desencadenó innumerables males congénitos en los hijos y nietos de hombres y mujeres expuestos durante la guerra.

Asimismo, fueron los compuestos liberados en el desastre ambiental ocurrido en 1976 en Seveso, Italia en una filial de la empresa farmacéutica Hoffman La Roche y debido a ello se supo que este compuesto se sintetizaba como arma química por parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y por Estados Unidos. En aquella ocasión, se produjo una fuga accidental en la planta química productora de triclorofenol, en la que se liberaron gases tóxicos, cargados de dioxinas que alcanzaron a matar cerca de 73 000 animales.

En 1999 se reporta un nuevo accidente con dioxinas y furanos, esta vez por la presencia de éstas en huevos de gallina destinados a consumo humano, debido a la contaminación del alimento por estas toxinas.12 También se reporta su presencia en grasas comestibles de diferentes tipos. Asimismo, es debido a la permanencia de las dioxinas en el organismo y de su alta liposolubilidad es que se ha reportado la presencia de estos tóxicos en la leche de mujeres expuestas a estos compuestos por consumo de alimento contaminado.13

De hecho, los PCDD (Policlorodibenzo-p-Dioxinas) y PCDF (Policlorodibenzo Furanos) son inductores enzimáticos, son disruptores endócrinos que afectan el metabolismo, son carcinógenos y teratogénicos, es decir, que causan alteraciones congénitas que se refleja en generaciones posteriores a la que estuvo expuesta al contaminante;14 asimismo, se han registrado efectos toxicológicos, entre los que se mencionan hepatotoxicidad, neurotoxicidad, toxicidad dérmica, inmunotóxicidad, mutagenicidad y alteraciones durante el desarrollo embriológico, perturbación endócrina y propiedades cancerígenas.15 De hecho, los impactos sobre la salud humana se registran tanto a nivel de trabajadores de plantas y minas dedicadas a la producción de materia prima como en la población general expuesta.16

Como se ha explicado anteriormente, es muy común que se dé la acumulación en tejido graso de metabolitos del DDT y de PCBs (bifenilos policlorados), lo cual es común que se presente en compuestos clorados que son solubles en tejido graso, con lo que se observa que valores pequeños de descarga, como los que son usualmente admitidos para las dioxinas, pueden bioacumularse hasta valores extremadamente altos. Es por ello que los organismos quedan sometidos a diferentes concentraciones, muy distintas de las concentraciones iniciales de descarga.

Entonces, de acuerdo con las características químicas de estos compuestos y por su permanencia en el organismo, se encuentran residuos en alimentos de origen animal y vegetal, a partir de los cuales y por procesos de bioacumulación, pasan a lo largo de la cadena alimenticia, de un organismo a otro, hasta llegar al humano, especie en la que se pueden alcanzar altas concentraciones por tener diversas fuentes de exposición.17

Las personas también actúan como depósitos biológicos de muchos contaminantes, en particular, de compuestos orgánicos liposolubles. Hay estudios que demuestran la presencia de dioxinas y furanos en la leche materna. Lo cual corrobora la presencia de depósitos secundarios vivientes, por lo cual según en periodo de exposición a la fuente de contaminación, los riesgos de morbilidad y mortalidad aumentan considerablemente.

La presentación de efectos tóxicos causados por dioxinas en el ser humano se relaciona con exposición ocupacional, accidental o por consumo de alimentos con residuos,18 por lo que se puede ver que la exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.

La exposición crónica de los animales a las dioxinas ha causado varios tipos de cáncer. Se ha demostrado que las personas expuestas a dioxinas y furanos demuestran alta incidencia de sarcomas en tejidos blandos, leucemias linfocíticas, así como incidencia de cáncer de próstata, glándula mamaria y testículo.19

lo antes mencionado, fue probado en un estudio realizado en España, donde se probó que los gases emitidos (dioxinas, furanos, cadmio, cromo, arsénico y benceno) al incinerar residuos de diversa índole producen una mayor incidencia de cáncer en las población que habita las zonas aledañas a los incineradores. 20

Como las dioxinas están omnipresentes, todos tenemos una exposición de fondo y una cierta concentración de dioxinas en el organismo: la llamada carga corporal. En general, no es de suponer que la exposición de fondo normal actual tenga efectos en la salud humana.21 No obstante, debido al gran potencial tóxico de esta clase de compuestos, es necesario tomar medidas para reducir la emisión de estos contaminantes al ambiente.

En conclusión, se debe hacer notar que dentro de las principales fuentes están las emisiones producto de la incineración de residuos hospitalarios, urbanos e industriales, y diversas industrias, principalmente, la industria del cemento.22 Por lo que la quema de residuos químicamente variables por cementeras genera cócteles contaminantes bastante ricos que tienen un efecto negativo sobre la salud de las personas, que ya están de por sí están expuestas a otras fuentes de contaminantes, según el ámbito donde se desenvuelvan.

Entonces, el mayor foco de contaminación de la industria cementera son los hornos, que al utilizar residuos sólidos como combustible alternativo con la finalidad de llevar a cabo sus procesos provoca la emisión de diversas sustancias tóxicas como metales pesados, dioxinas y furanos.23

En este sentido, se puede ver que, hasta ahora, las regulaciones, solamente basadas en limitaciones de descarga, son incapaces de proteger a la población de los fenómenos de acumulación biológica, y de la multiplicación de fuentes industriales con tipos de emisión similares (incremento de hornos en una cementera).

Además, no se debe de dejar de considerar que, al no existir una forma de poder mitigar este tipo de partículas, no se puede asegurar que las emisiones contaminantes estén controladas en su totalidad y que no se propagarán a otros lugares, por lo que las propuestas de solución siguen siendo el adoptar planes de manejo óptimo de residuos como basura cero y el rechazo total a la incineración de residuos ya sea en hornos cementeros o incineradores. Es por ello por lo que es muy necesario desarrollar regulaciones que no solo consideren contaminantes aislados y cócteles de contaminantes, si no, estándares sujetos a la suma de descargas desde distintas fuentes y a la existencia de depósitos secundarios.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

• Se establece que la Federación podrá regular y controlar las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos que constituyan un riesgo para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales.

Reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

• Se amplían las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas para expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral y disposición final de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

• Se establece que los municipios podrán contribuir en coordinación con las entidades federativas para la prohibición de un plan de manejo de residuos peligrosos que sea potenciadora del cambio climático.

• Se propone prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la generación y manejo integral de residuos peligrosos considerando la forma de manejo y tratamiento, incluyendo procedimientos físicos, químicos, biológicos y térmicos.

• Se propone que al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, se distinguirá y prohibirá los procesos de incineración y co-procesamiento en los cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, así mismo, quedará prohibida la incineración y el co-procesamiento mediante combustión de residuos, deberán ser valorizados mediante otros procesos. En tales casos, deberán promoverse acciones que tiendan a fortalecer la infraestructura de valorización o de tratamiento de estos residuos, por otros medios.

• Se establece que, en materia de residuos peligrosos, estará prohibida la incineración de residuos peligrosos contenidos en el artículo 31 de esta Ley, además de los que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos, con el fin de evitar un riesgo ambiental.

• Establecer que será objeto de sanción el Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos.

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 5o.-

I. a III…

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;

VII. a XXII.- …

ARTÍCULO 5o.-

I. a III…

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos que constituyan un riesgo para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;

VII. a XXII.- …

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 7.- …

I. …

II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

III. a XXIII…

Artículo 7.-…

I. …

II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral y disposición final de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

III. a XXIII…

Artículo 9.-

I. a XIII. …

XIV. Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno estatal;

XV. a XXI. …

Artículo 9.- …

I. a XIII. …

XIV. Formular, establecer, evaluar y en su caso, prohibir sistemas de manejo ambiental del gobierno estatal;

XV. a XXI. …

Artículo 10.- …

I. a VIII. …

Sin correlativo

 

 

IX. a XII. …

Artículo 10.-

I. a VIII. …

VIII Bis. Contribuir en coordinación con las entidades federativas para la prohibición de un plan de manejo de residuos peligrosos que sea potenciadora del cambio climático.

IX. a XII. …

Artículo 21.-

I. La forma de manejo;

 

II. a VII…

Artículo 21.- …

I. La forma de manejo y disposición final que incluya procedimientos físicos, químicos, biológicos y térmicos.

II. a VII…

Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción de bienes y servicios.

Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá y prohibirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción de bienes y servicios.

Artículo 67.-

I. a VIII. …

IX. La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental.

Artículo 67.- …

I. a VIII. …

IX. La incineración de residuos peligrosos contenidos en el artículo 31 de esta Ley, además de los que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental.

Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

I. a IV. …

V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin la autorización correspondiente;

VI. a XXIV. …

Artículo 106.- …

 

 

I. a IV. …

V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos.

 

VI. a XXIV. …

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 5o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5o.-

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos que constituyan un riesgo para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 7, fracción XIV del artículo 9, fracción I del artículo 21, artículos 63, 67 y fracción V del artículo 106; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 10, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7.-…

I. …

II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral y disposición final de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

III. a XXIII…

Artículo 9.- …

I. a XIII. …

XIV. Formular, establecer, evaluar y en su caso, prohibir sistemas de manejo ambiental del gobierno estatal;

XV. a XXI. …

Artículo 10.-

I. a VIII. …

VIII Bis. Contribuir en coordinación con las entidades federativas para la prohibición de un plan de manejo de residuos peligrosos que sea potenciadora del cambio climático.

IX. a XII. …

Artículo 21.- …

I. La forma de manejo y disposición final que incluya procedimientos físicos, químicos, biológicos y térmicos.

II. a VII…

Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá y prohibirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción de bienes y servicios.

Artículo 67.- …

I. a VIII. …

IX. La incineración de residuos peligrosos contenidos en el artículo 31 de esta Ley, además de los que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos, con el fin de evitar un riesgo ambiental.

Artículo 106.- …

V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado den el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. María Merced González González.

1 CARRASCO-GALLEGOS, B. y J. Vargas. 2015. Incineración de Residuos en Cementeras. Como una falsa solución inserta en los mercados de carbono. Entre textos. Universidad Iberoamericana León. 18: 1-13.

2 PERALTA-RIVERO, C., B. Carrasco-Gallegos y L. Leyva. 2017. Análisis del Impacto Social, Económico y Ambiental de la Industria Cementera en el Municipio de Huichapan, Hidalgo. Megaproyectos Urbanos y Productivos. 2017 UAEM. México.

3 DE LEÓN, A., J. Hernández, S. Casique y J. Caballero. 2012. Afecciones en la Salud de la población de Apaxco-Atotonilco expuesta a COP´s por industrias que incineran residuos peligrosos y el caso de la fábrica Eoltec. [En línea] [Fecha de consulta: 02 de abril de 2019] Disponible en:
https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf

4 CRUZ-SÁNCHEZ, A. Incinerador de Cemex provoca afecciones en un 30% de habitantes de Huichapan, Hidalgo. 2013 La Jornada. [En línea] [Fecha de consulta: 02 de abril de 2019] Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est#

5 VILLAR-NIETO, C. “Atlas de Riesgo Socioambiental por la Operación de la Industria Cementera en México. UAEM. Facultad de Geografía. 2017

6 MARTÍNEZ-JIMÉNEZ, E. 2018. Visualizador web de la incidencia de cáncer en el Valle del Mezquital, México y su relación con la contaminación de las industrias cementeras. UAEM. 2018

7 Ibídem

8 CRUZ, A., G. Moreno y M. Lara. 2010. Toxicología de las dioxinas y su impacto en la salud humana. Revista de Medicina Veterinaria. 19: 73-84.

9 Ibídem

10 FOCANT, J. y E. De Pauw. 1999. Las dioxinas. Mundo científico. 206: 84-87.

11 GIRALDO, J. y A. Ocampo. 2005. Determinación de precursores de dioxinas y furanos de los gases procedentes de un incinerador en un reactor catalítico. Revista EIA. 3: 83-94.

12 Ibídem

13 Ibídem

14 Ibídem

15 MONTENEGRO, R. Impacto Sobre la Salud y el Ambiente de las Empresas Cementeras que Incineran Residuos.2013

16 COBO, I., A. HOYOS, B. Aristizábal y C. MONTES de Correa. 2004. Dioxinas y Furanos en cenizas de incineración. Revista Facultad de Ingeniería. 32: 26-38

17 Ibídem

18 Ibídem

19 Ibídem

20 García-Pérez, J., P. Fernández-Navarro, A. Castelló, M. López-Cima, R. Ramis, E. Boldo y G. López-Abente. 2013. Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and instalations or disposal of hazardous waste. Environmental International. 51: 31-44

21 OMS. Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. 2016. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de abril de 2019] Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health

22 Ibídem

23 Ibídem






A solicitud de los Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones XXVII al artículo 10 y XXV al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es turnada directamente a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII AL ARTÍCULO 10 Y XXV AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por los Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

A petición de la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. El turno es a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La que suscribe, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante su resolución 44/25. La Convención se abrió a firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Firmada por el Estado Mexicano en misma fecha, aprobada por la Cámara de Senadores el 19 de junio de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año, de conformidad con el artículo 89 fracción X de la Constitución Política Mexicana.

Dicha Convención constituye un referente para el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven, protegen y garantizan los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos Facultativos de la Convención; el primero relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor en febrero de 2002, y un segundo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor  en enero del mismo año. México firmó y ratificó ambos protocolos en el mismo año.

Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ampliamente ratificada por los Estados Parte, era el único tratado internacional sobre los derechos humanos que carecía de un procedimiento de comunicaciones directas para la denuncia. Por lo tanto, surge un Tercer Protocolo Facultativo que fue adoptado por la Asamblea General en el mes de diciembre de 2011, abierto para su firma y ratificación en febrero del 2012. Durante la ceremonia de la firma, 20 Estados suscribieron el Protocolo; Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas. Este Protocolo aún no ha sido suscrito por México.

El Tercer Protocolo Facultativo permitirá reafirmar el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y garantizará el acceso a un mecanismo internacional para denunciar violaciones, en casos de violencia, explotación o discriminación que no se resuelvan a nivel nacional. Para ello, un comité de expertos en derechos de la niñez, considerará las quejas sobre vulneración de sus derechos y emitirá recomendaciones al Estado entre las que se puede incluir: una rehabilitación, indemnización o peticiones para acusar a los autores de los hechos.

De acuerdo con los datos presentados en el Informe Anual de Unicef 2017 sobre la situación de la infancia en México, 60% de las niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método violento de disciplina, presentándose 8 de cada 10 agresiones en la escuela y la vía pública. En el caso de las niñas, 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.

El 18% de las personas desaparecidas en el país son niñas y niños, es decir, casi 2 de cada 10, de los cuales el 80% son adolescentes entre 12 y 17 años y de estos el 60% son niñas.

En promedio 3 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados diariamente entre 2011 y 2016 de los cuales, 8 de cada 10 fueron niños y adolescentes varones.

Cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes viven hoy en México una realidad multidimensional donde el fenómeno de la violencia está presente en múltiples ámbitos y con distintos impactos,  es imperativo reforzar el ejercicio de titularidad de sus derechos, promoviendo que los ejerzan cuando no obtengan justicia y reparación a nivel nacional.

Es importante mencionar, que sólo podrán reclamar el cumplimiento de sus derechos niñas, niños y adolescentes de los países que suscriban el Tercer Protocolo Facultativo, por lo tanto, su firma y ratificación significa una manifestación de voluntad política verdadera para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Esto implicaría un acceso directo de las víctimas a los mecanismos internacionales para la protección, atención y restitución de sus derechos.

Con el referido Protocolo, niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a un sistema directo de denuncia en el supuesto de que se vean vulnerados sus derechos; dispondrán de un mecanismo internacional para ello en caso de no existir soluciones nacionales o que estas resulten insuficientes o ineficaces.

El Protocolo asegura el interés superior y el derecho a ser escuchado de niñas, niños y adolescentes, se escuchará su opinión en consonancia con su edad y  madurez. Contempla un Procedimiento de Comunicaciones, el cual podrá ser presentado por, o en nombre de, personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado Parte.

Un aspecto que es importante no perder de vista, es que la reforma en materia de derechos humanos requiere de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto, la firma del Protocolo de referencia ampliará la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra Carta Magna que menciona; “Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.” La Reforma a la Constitución Política en Materia de Derechos Humanos, no representa por sí misma el respeto absoluto a los mismos; es importante considerar que la niñez y la adolescencia mexicana son un tema prioritario para el Estado y en ese sentido, se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar sus derechos. Es así, que la firma del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, constituye una necesidad apremiante para dar cumplimiento a lo establecido en la multicitada Reforma Constitucional, que marca un nuevo paradigma en lo referente a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas. En este marco resulta adecuado mencionar, que la situación de la niñez y la adolescencia en México, lejos de gozar de un estado de derecho y protección de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que vulnera sus derechos.

Lo anterior da pie a que el Estado Mexicano suscriba este Protocolo, el cual garantizará que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a mecanismos internacionales para denunciar violaciones a sus derechos, en el caso de que el Estado Parte no brinde los mecanismos eficientes y eficaces para ello. En nuestro país se requiere del respeto, promoción, defensa y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia; los diferentes actores involucrados debemos impulsar una agenda en esta materia, es por ello, que hoy exhorto respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a la firma de este Protocolo, que representa un avance fundamental para el ejercicio pleno de derechos por parte de niñas, niños y adolescentes.

Por lo antes expuesto, someto a consideración y aprobación de esta H. Asamblea lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes.






A petición de la Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del sistema de salud pública. El turno es a la Comisión de Salud.

La que suscribe, Eva Eugenia Galaz Caletti, Senadora de la LXIV Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema de Salud se compone de todas las instituciones y organizaciones que buscan mejorar la salud de las personas. Dicho sistema se integra de “personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales”.1

En el caso de México, el Sistema de Salud comprende tanto el sector público como el privado. El primero comprende al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); a Petróleos Mexicanos (PEMEX); a la Secretaría de la Defensa (SEDENA); a la Secretaría de Marina (SEMAR); a los Servicios Estatales de Salud (SESA); al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y el Programas IMSS-Oportunidades. El sector privado contempla compañías aseguradoras, farmacias, consultorios, clínicas y hospitales.2

Las instituciones que más población atienden en el país son el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular. La diferencia entre ellos se presenta porque los afiliados del primer Instituto mencionado están previstos en el apartado A del artículo 123 Constitucional; respecto a la segunda Institución, sus afiliados están regidos bajo el apartado B del mismo precepto constitucional; y finalmente, el Seguro Popular comprende a todas las personas que no están beneficiadas por alguna otra dependencia de salud.

La infraestructura del IMSS cuenta con más de 5,700 unidades médicas, 1,806 de régimen ordinario y casi 4,000 del Programa IMSS Oportunidades. Además cuenta con 1,451 guarderías, 1,400 farmacias, 4 centros vacacionales, 136 tiendas, 118 Centros de Seguridad Social (CSS), 3 Centros Artesanales (CA), un Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM), un Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART), la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, 73 teatros, 12 unidades deportivas y 17 velatorios a lo largo y ancho del país.3

En tanto, el ISSSTE tiene 1,166 unidades médicas distribuidas en los tres niveles de atención. Existen Consultorios Médicos en Centros de Trabajo; Consultorios de Atención Familiar; Unidades de Medicina Familiar; Clínicas de Médica Familiar con Especialidades; Clínicas con especialidades; Clínicas con Especialidades con Quirófano; Clínica Hospital; Hospitales Generales; Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.4

Sin embargo, el Sistema de Salud mexicano, al poseer una infraestructura amplia, esta también se encuentra fragmentada y trae consigo varias consecuencias: la falta de coordinación entre los lugares de atención, dificultad para acceder a los servicios médicos, impartición de servicios de salud sin calidad, falta de seguimiento al historial clínico de los pacientes, uso irresponsable de recursos económicos, entre otros.5

En consecuencia, la Secretaría de Salud ha buscado mecanismos diversos para incrementar los servicios de salud dirigidos a la población, en especial para aquellos que no están afiliados en ninguna Institución, mediante el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).6

El CAUSES es un documento utilizado en el Seguro Popular, donde se mencionan las “intervenciones médicas a las que tiene derecho el beneficiario”. En la actualización del año pasado (2018), aumentaron el número de intervenciones, las cuales son: la prevención y promoción en salud; medicina general y especialidad; urgencias; cirugía general; y obstetricia. Asimismo, se contemplan los auxiliares de diagnóstico y medicamentos.7

Cabe señalar que en el 2018 se emitió el Estudio sobre los Efectos de la Acreditación en Unidades Hospitalarias con Intervenciones de CAUSES, el cual detectó incumplimientos en hospitales generales en cuestiones de infraestructura y equipamiento (área quirúrgica), falta de personal y de capacitación a éste; en hospitales materno-infantiles, se observa la falta de personal especializado en atención neonatal; en hospitales comunitarios, los incumplimientos están en la estructura física (equipamiento y áreas disponibles); y en hospitales pediátricos se presentan omisiones en la estructura del área quirúrgica.8

En comparación con los programas que el propio Estado Mexicano realiza para abastecer los servicios de salud y fortalecer sus infraestructuras, también existen contratos hospitalarios en Asociación Público-Privada (APP), los cuales poseen mejores mecanismos de rendición de cuentas y transparencia a través de informes mensuales sobre el desempeño de los servicios que presta el sector privado en materia de salud, utilizando la infraestructura de éstos últimos9.

De acuerdo con la Ley de Asociaciones Público Privadas, los proyectos APP se denominan como:

Artículo 2° aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.10

A su vez, en la misma Ley, el artículo 14° indica que tales proyectos son viables cuando la dependencia interesada emite un dictamen que debe contener: la descripción del proyecto y viabilidad técnica; inmuebles, muebles y derechos; autorizaciones: viabilidad jurídica; impacto ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico; rentabilidad social; estimaciones de inversión y aportaciones; y viabilidad económica y financiera.11

La dependencia encargada de analizar y publicar el dictamen con carácter público en el Portal de Transparencia Presupuestaria es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, esta Secretaría debe incluir información sobre el nombre del proyecto; número de licitación; nombre del convocante; nombre del desarrollador; plazo del contrato de asociación público-privada; monto total del proyecto; monto de los pagos programados; indicadores sobre la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto; y resultado de la evaluación.12

Aunado a esto, el IMSS tiene proyectos de Hospitales en APP, que comprenden el “diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y prestación de servicios complementarios”. Es el caso del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, Nayarit; el Hospital General de Zona en Tapachula, Chiapas; el Hospital General Regional en Tepotzotlán, Estado de México; y el Hospital General Regional en García, Nuevo León.13

Referente al ISSSTE, hay proyectos de nosocomios en APP para la sustitución del Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”; para la construcción del nuevo Hospital General en el sur de la Ciudad de México; la construcción del nuevo Hospital en Tepic, Nayarit; sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell”; y la construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán.14

Por ello, las Asociaciones Público-Privadas prometen ser una alternativa para mejorar el acceso a Servicios de Salud, dado que el financiamiento es aportado por el sector privado en Hospitales y Clínicas públicas, aumentando la posibilidad de que la población mexicana pueda recibir atención médica general y/o especializada oportuna.

No obstante, es indispensable que todos los establecimientos de atención médica cuenten con las condiciones estructurales necesarias para brindar servicios de calidad. Además de socorrer los Hospitales y Clínicas que sufren mayores carencias y que sus principales pacientes se encuentren en mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Lo anterior implica realizar un diagnóstico de las Unidades Médicas a fin de identificar las condiciones estructurales indispensables que debe tener cada una de éstas, es decir, qué unidades cuentan con el equipo e instrumental mínimo para llevar a cabo sus actividades. Dado que no existe un informe que detalle la calidad, productividad, e infraestructura de cada una de estas Instituciones, consideramos necesario solicitar dicho informe a la Secretaría de Salud, para poder tener un panorama de qué acciones son pertinentes realizar desde esta Soberanía.

Además, se considera necesario recomendar a las Secretarías relacionadas con la regulación de las autorizaciones de nueva infraestructura en salud bajo la figura de asociaciones público-privadas, que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen que lo contratado sea lo que se requiere, y que cuente con los recursos humanos y equipo necesario para su operación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, realicen un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la infraestructura para la atención médica.

SEGUNDO.- El Senado de la República recomienda respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise la regulación de la autorización de nueva infraestructura en salud bajo la figura de asociaciones público-privadas, a fin de que se garantice que se requiere, y que cuente con los recursos humanos y equipo necesario para su operación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti.

1 Organización Mundial de la Salud (09 de noviembre del 2005). ¿Qué es un sistema de salud? Disponible en: https://www.who.int/features/qa/28/es/ Consultado el: 01 de abril del 2019.

2 :Corona González, Ricardo Daniel (15 de enero del 2017). De la Fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. El Sistema de Salud en México CONAEMI. Disponible en:
https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-fragmentaci%C3
%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal Consultado el: 01 de abril del 2019.

3 Instituto Mexicano del Seguro Social. Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/PIIMSS_2014-2018_FINAL_230414.pdf Consultado el: 1 de abril de 2019

4 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (diciembre del 2016). Catálogo único de Unidades Médicas del iSSSTE. Disponible en:
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/todo-el-publico/umedicas/Catalogo_unico_unidades_Medicas_2016_introduccion.pdf Consultado el: 02 de abril del 2019.

5 Ibidem.

6 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Sistema de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, enero-junio 2017. Disponible en:
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2017/
InfdeResdelSPSSEne-Jun2017.pdf Consultado el: 02 de abril del 2019.

7 Gobierno de la República. Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/catalogo-universal-de-servicios-de-salud-causes-2018
Consultado el: 02 de abril del 2019.

8 Secretaría de Salud (2018). Estudio sobre los efectos de la acreditación en unidades hospitalarias con intervenciones de CAUSES. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/417387/Informe_Final_Estudio_de_Acreditaci_n_CAUSES.pdf
Consultado el: 02 de abril del 2019..

9 Hernández, Mauricio, y Santamaría, Carmen (16 de octubre del 2018). Las asociaciones público-privadas en los hospitales mexicanos. En Revista Nexos. Disponible en:
https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=604 Consultado el: 02 de abril del 2019.

10 Ley de Asociaciones Público-Privadas. última Reforma publicada en el DOF el 15 junio del 2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_150618.pdf Consultado el: 02 de abril del 2019.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Instituto Mexicano del Seguro Social (2018). Libro blanco de los Proyectos de Asociación Público-Privada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/rendicion/2012-2018-LB-1-Asociaciones-Publico-Privadas-APP.pdf Consultado el: 02 de abril del 2019.

14 Institución de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (18 de abril del 2017). Proyectos de Asociación Público-Privada. Disponible en:https://www.gob.mx/issste/documentos/proyectos-de-asociacion-publico-privada Consultado el: 02 de abril del 2019.






A petición de la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El turno es a la Comisión de Salud.

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en ocasión del día mundial de concienciación sobre el autismo (2 de abril de 2019), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 2 de abril como la fecha para crear conciencia acerca del autismo. Desde 2007, cada año se celebra este día reflexionando sobre la inclusión de las personas en nuestras sociedades y evaluando las acciones que atiendan a este segmento de la población.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se caracteriza por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas. Es un trastorno neurológico que afecta las funciones del cerebro en hombres y mujeres por igual. No existe un estudio médico para diagnosticar el autismo, sino que éste es analizado mediante la observación de la conducta y su comparación con las estandarizadas. El Trastorno del Espectro Autista se manifiesta en los primeros tres años y su detección temprana ayuda a tener una mejor oportunidad para tratar el padecimiento.  Se desconoce la causa concreta que provoca el autismo por lo que no existe una cura para ello, sin embargo, las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) pueden mejorar su calidad de vida con el tratamiento adecuado y las terapias ayudan a atenuar los síntomas y los medicamentos a corregir la agresividad, hiperactividad, la falta de sueño y las convulsiones.

La carencia de información y concientización sobre el autismo ha hecho que las sociedades contemporáneas excluyan a quienes padezcan este trastorno. Es por ello qué es tan importante detenerse en esta fecha para evitar que sus derechos humanos sean lastimados y revisar que las políticas públicas vayan encaminadas a la visibilidad, la inclusión y la participación de las personas con autismo dentro de sus comunidades.

El color azul es el que identifica la lucha que sostienen las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y a sus familiares. Es una forma de apoyar la investigación, tratamiento y la asignación de presupuesto para quienes tienen este padecimiento. Los especialistas consideran de la mayor relevancia que quienes han sido diagnosticados con TEA (Trastorno del Espectro Autista) tengan el apoyo familiar y la ayuda profesional externa para que puedan tener más oportunidades de vivir incluidos en la comunidad. Por ello, el color azul es también un signo de solidaridad.

Cabe resaltar que las estadísticas que se manejan sobre los casos de TEA (Trastorno del Espectro Autista) pueden varían considerablemente, esto es porque el método de identificación de casos es variable de un estudio a otro. Algunas de las cifras que dan a conocer algunos estudios revelan que 1 de cada 88 niños a nivel mundial lo padece y el incremento anual se estima en 20%, según estadísticas de la organización internacional Autism Speaks; por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de cada 160 niños en todo el mundo tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA). La CDC (Center for Disease Control and Prevention) reporta que es un caso de autismo por cada 68 nacimientos y en  Estados Unidos el TEA afecta a uno de cada 59 niños. En México, según datos del INEGI, hay registro de 45 mil niños con el Trastorno del Espectro Autista.

En cualquier caso, los datos son muy reveladores, existen mas padecimientos de este trastorno de lo que podemos creer y sin duda alguna es de gran importancia acompañar los esfuerzos, que desde distintos ámbitos de la sociedad se realizan con el propósito de concientizar y de atender a quienes sufren este padecimiento, directa o indirectamente.

En 2015, el Congreso Mexicano aprobó por unanimidad la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista. Dentro de la exposición de motivos se señaló algunos aspectos de la realidad mexicana en materia de autismo:

– Falta de armonización de disposiciones legales, políticas públicas y recursos presupuestales para atender de manera eficaz a este creciente núcleo social.

– Falta de información precisa sobre el número de casos existentes en las ciudades y en el medio rural y su clasificación por grado.

– Carencia de centros encargados de orientar y apoyar a padres dispersos e impotentes, con información suficiente para detectar señales tempranas de alerta que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento terapéutico.

– Vacío de comunicación social que cree una conciencia colectiva y una cultura de inclusión en apoyo a quienes están involucrados en el problema.

– Ausencia de políticas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional de salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas.

– Escasez de maestros capacitados en el adecuado manejo, integración e inclusión de niños y jóvenes con esta condición en planteles escolares públicos y privados.

– Insuficiencia de innovación de material didáctico y el uso de nuevas tecnologías.

– Inexistencia de opciones suficientes y probadas de capacitación para el trabajo de aquéllos cuya capacidad y habilidad se los permita.

– Estado de indefensión ante la violencia delincuencial y abusos del aparato de prevención del delito.

A cuatro años de aprobada la Ley, en México no tenemos una institución que realice investigación científica sobre la condición del espectro autista, por lo que es urgente la suma de esfuerzos para atender a este sector y la concientización de la población. Lamentablemente, tampoco existen políticas públicas en el sector educativo, social y laboral para acompañarlos e incluirlos en el desarrollo de México.

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La H. Cámara de Senadores acompañará los esfuerzos nacionales e internacionales, los días 2 de abril de cada año, mediante una ceremonia encabezada por la Mesa Directiva y la Comisión de Salud, en la que se de cuenta de los avances legislativos de México en la materia y se ilumine la Torre de Comisiones en color azul, como símbolo de solidaridad con quienes padecen el Trastorno del Espectro Autista.

Segundo. La H. Cámara de Senadores le solicita al Secretario de Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge Alcocer Varela, informe a esta soberanía sobre las acciones que implementará para cumplir con lo dispuesto en la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista, así como, sobre el presupuesto que se ejercerá para atender a este sector de la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.






A petición del Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal que ponga en operación las pipas adquiridas en enero de este año para la distribución de combustible. El turno es a la Comisión de Energía.

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE DE FORMA INMEDIATA PONGA EN OPERACIÓN EL RESTANTE DE 575 PIPAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN ENERO DE ESTE AÑO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El plan presentado por el Presidente en diciembre del año pasado para combatir el huachicol, prevé que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, terminales de almacenamiento y despacho, estaciones de rebombeo y ductos. También contempla una nueva forma de distribución del combustible, cerrando los ductos y haciendo uso de pipas para repartirla.

El huachicol es una actividad ilegal que afecta el patrimonio de la nación y las finanzas públicas, las tomas clandestinas de combustible se dispararon en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, logrando un aumento en la incidencia de este delito del 262% generando pérdidas estimadas en 2018 por la cantidad de 35 mil millones de pesos, 16.6% más respecto a los 30 mil millones de pesos de 2017, siendo esta cifra brutalmente mayor a los 7 mil millones de pesos que representaba esta actividad en 2012.

Sin embargo, la actual administración calcula las perdidas en aproximadamente 66 mil millones de pesos, debido a que incluye no solo la ordeña de ductos, sino, también el robo de pipas.

Independientemente de la cifra que se utilice para cuantificar el daño patrimonial que ocasiona este ilícito, lo importante es tener presente que se deben de poner en práctica acciones que se dirijan a combatir este delito y prevenir que en el futuro se siga cometiendo. También es importante que permeen en su implementación la coherencia, la logística y la seriedad, ya que de lo contrario seguiremos experimentando situaciones como las que se presentaron el mes de enero pasado.

La falta de previsión de los efectos negativos que ocasionaría la implementación de un plan de esta magnitud en contra del huachicol, tal y como se presentó con el cierre de ductos, generó que varios estados como el Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas y Puebla resintieran una crisis en materia de retrasos en la distribución y escasez de gasolina.

Desde el 4 de enero, comenzaron los reportes de escasez y las circunstancias cambiaron únicamente para agravarse, ya que se reportó caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.

Ante esto, el Gobierno Federal anunció que se habían firmado contratos para adquirir 571 pipas con un costo cercano a 85 millones de dólares, con el fin de garantizar el abasto de combustible en el país, sin embargo, las compras se hicieron a través de una adjudicación directa y no mediante licitación, como lo establece la ley, argumentando que nos encontrábamos en una situación de emergencia y era necesario garantizar el abasto de combustible.

Días después de este anuncio, la cifra de autotanques para transportar el combustible aumentó a 671, erogando para ello un total de 92 millones de dólares, que se distribuirían entre 6 empresas: Navistar México, Detroit Diesel Allison México, Corporación Heil Trailer de México, Traylfer, Scania Comercial y Fruehauf Trailer Corporation.

“Sin embargo, a dos meses del anuncio oficial de la compra, Pemex Logística indicó que sólo 96 de estos camiones se encontraban en “operación constante”.

“Actualmente están en operación 96 equipos, los cuáles se encuentran en operación constante desarrollando la distribución y abasto de productos para cubrir la demanda, motivo por el que se asignan a diferentes Terminales de Almacenamiento y Despacho, sin que sea posible precisar su ubicación puntual, pues está dependerá de la demanda en el momento exacto”, dio a conocer Pemex Logística el 11 de marzo.

Con base en el proyecto expuesto por Hacienda, en la semana del 4 al 8 marzo se habrían entregado un total de 270 unidades; mientras que entre el 11 y 15 de marzo se agregarían 102 unidades, y la misma cantidad se sumarían entre el 18 y 20 de marzo.

Finalmente, del 25 al 29 de este mes se completaría la entrega de 299, para el total de las 671 unidades. Con este plan, para el 11 de marzo Pemex debió contar con al menos 270 unidades.

De acuerdo con el reporte de la vocería, de ese total, unas 280, el 42.4%, ya están disponibles en territorio nacional. Según la Presidencia, 211 vehículos, 31.87%, aún se encuentran en proceso de verificación, calibración, rotulación y emplacamiento.

Por instrucciones de López Obrador, el manejo de las pipas está bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Previo a la compra, el Gobierno federal contrató a 700 operadores que se harán cargo de las unidades, que cobran, aunque no exista “herramienta de trabajo”, de acuerdo con fuentes de la SEDENA.”1

Las políticas públicas tienen la finalidad de atender las problemáticas que aquejan a una sociedad en un tiempo y contexto determinado, la simple implementación de las mismas, por más loable que sean sus fines, no pueden considerarse exitosas sin que se demuestre que tienen resultados positivos, ya que si en el transcurso de su implementación se generan daños o perjuicios a la sociedad a la cual van dirigidas dichas políticas, o en su implementación se presentan complicaciones, estamos en presencia de una política pública ineficiente.

El hecho de que se hayan adquirido las unidades de transporte con la finalidad de superar una crisis de desabasto de combustible y que estas no se encuentren en operación, contradice la lógica por la cual fueron adquiridas, hecho que no podemos seguir permitiendo se postergue ante la ineficiencia administrativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que de forma inmediata ponga en operación las 575 pipas restantes adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la distribución de combustibles

Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

1 https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/de-671-pipas-que-compraron-solo-operan-96/





A petición de la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar a esta Soberanía un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los elementos de obra pública básicos de su factibilidad. El turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








A petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de la ONU a considerar a la sociedad civil en la reconstrucción de una agenda a favor de la igualdad de género. El turno es a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Martha Cecilia Márquez Alvarado, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se llevó a cabo la versión número 63 de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 11 al 22 de marzo del presente año. En esta ocasión la discusión y la negociación entre los países presentes, se centró en los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Dicha Comisión, creada desde el 21 de junio de 1946, es el principal órgano internacional intergubernamental, dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Jerárquicamente, depende del Consejo Económico y Social de la ONU.

Tras su creación, ha ido tomando relevancia y asumiendo un rol de liderazgo en el seguimiento y la revisión de los avances y complicaciones para la implementación, de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing.

Durante el periodo anual de sesiones de la Comisión, los representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas se reúnen durante dos semanas en la Sede de la ONU en Nueva York, para debatir sobre los avances y las brechas en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el principal documento de política mundial sobre igualdad de género, y la 23ª Sesión Especial de la Asamblea General, celebrada en 2000 (Beijing +5), así como sobre las cuestiones emergentes que afectan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Los Estados Miembros acuerdan medidas para acelerar los avances en esta materia y promover el disfrute de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social. Las conclusiones y recomendaciones de cada periodo de sesiones se envían al Consejo Económico y Social para su seguimiento.1

La representación de nuestro país en dicha reunión, se llevó a cabo esencialmente por la Misión de México ante Naciones Unidas. Mecanismo oficial de representación, a partir del cual, México puede tener presencia y voz, así como emitir propuestas para adecuar o modificar el contenido de los párrafos que conformarán el documento final.

Durante mi corta estancia en la Ciudad de Nueva York, sostuve una reunión con el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Embajador y Representante Permanente de México ente la ONU. Acudí a la CSW63, en calidad de integrante de la delegación oficial mexicana, lo que me vuelve aún más responsable de la tarea que tengo como legisladora para seguir acompañando los trabajos de la Delegación Mexicana en ediciones posteriores de CSW.

Considero que la construcción de una agenda a favor de la igualdad de género, no puede soslayar la experiencia y el deber de la sociedad civil organizada, así como la presencia de representante del Poder Legislativo Federal. Así mismo, considero que el acompañamiento al INMUJERES, definido como la entidad del Gobierno Federal que coordina la política nacional en materia de igualdad y de erradicación de la violencia contra las mujeres, debe incluir a partir de ahora una visión integradora y de equilibrio para que las propuestas que emita, no contravengan las disposiciones legales y el marco jurídico sobre el que se cimienta el Estado Mexicano.

Lo anterior en virtud de que el documento final de la CSW63, a partir de propuestas realizadas por nuestro país, pudo haber considerado términos y conceptos basados en la Declaración de Buenos Aires, instrumento no vinculante para México; o en la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Lo descrito en el párrafo anterior, lo fundamentamos en lo siguiente:

La CEDAW, es un Tratado Internacional vinculante para el Estado Mexicano, de acuerdo con las normas de derecho interno, desde 1981 y a partir de la Reforma de 2011, los derechos y las garantías que contiene se reconocen constitucionalmente.

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité), es el encargado de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención (artículo 17 CEDAW) y México como Estado Parte está comprometido a someter al Secretario General de Naciones Unidas, informes periódicos sobre las medidas administrativas, legislativas y judiciales que haya adoptado a fin de hacer efectivas las disposiciones de la Convención, para ser examinadas por el Comité.

En 2002, México reconoció la competencia del Comité, en un Tratado Internacional conexo que se denomina “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (PF-CEDAW), para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas, que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado, a cualquiera de los derechos enunciados en la Convención (artículos 1 y 2 PF-CEDAW).

El Comité de la CEDAW, debe ser capaz de implementar efectivamente el Tratado Internacional que le ha sido encomendado, recordando que su autoridad deriva del consentimiento de los Estados y que le otorga poderes limitados para cumplir con lo que ha sido acordado en el tratado. Su actuar, debe apegarse a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece con suficiente claridad, los principios a partir de los cuales se genera la interpretación del contenido de los tratados.

Por ejemplo, el artículo 31 de la Convención de Viena, establece que: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”

Por lo que es importante señalar, que el Comité que monitorea el Tratado Internacional, no tiene autoridad; y que ni bajo el Tratado que la crea, ni bajo el derecho internacional, su interpretación hace lugar a crear nuevas obligaciones estatales; ni mucho menos a alterar su esencia. Por lo que en consecuencia, cualquier entidad que interprete un Tratado a modo que incluya supuestos derechos, actúa rebasando los límites de la autoridad contraviniendo su mandato.

Así mismo, el compromiso de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, de “armonización legislativa”, no opera en recomendaciones de CEDAW, ya que ni la Convención ni ningún otro tratado a nivel internacional obliga al Estado Mexicano a promover internacionalmente, aspectos que no son reconocidos o que no están contenidos en la legislación federal vigente en México.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, a llevar a cabo foros de discusión previos a la celebración de la próxima edición de CSW, para garantizar que las propuestas de México sean acorde a las demandas de la sociedad civil organizada.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, a revisar el contenido de las propuestas planteadas por nuestro país en la siguiente edición de CSW, a fin de que sean acordes al vocabulario acordado y no contravengan disposiciones adoptadas por el Estado Mexicano o contenidas en la legislación federal vigente.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, a considerar pluralidad en la representación y la participación de la sociedad civil organizada que integre la Delegación de México, en la siguiente edición de CSW.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 Información obtenida y transcrita desde la página http://www.unwomen.org/es/csw





A petición de la Senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como la aplicación eficaz de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. El turno es a la Junta de Coordinación Política.

Lilly Téllez, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, A DARLE SEGUIMIENTO AL INCENDIO OCURRIDO EN LA GUARDERÍA ABC, EN HERMOSILLO, CAPITAL DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO A LA APLICACIÓN EFICAZ DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 5 de junio del año 2009, ocurrió la mayor tragedia infantil en nuestro país: el incendio de la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora, donde murieron 49 niños, otros 70 quedaron lesionados con daños físicos irreparables, y un número aún no calculado estuvieron expuestos debiendo llevar tratamientos médicos de por vida, al igual que padres y familiares de las víctimas.

A continuación, se presenta un recuento de los principales acontecimientos relacionados con el incendio de la Guardería ABC, S. C.

Era una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que operaba en un lugar habilitado en una antigua nave industrial, a un costado de una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en un espacio de 50 por 30 metros; no tenía salidas de emergencia, ni contaba con extinguidores.

El personal que laboraba ahí eran empleadas o maestras, lugar en donde atendían a más de 200 menores de entre seis meses y 5 años de edad, de los cuales 142 estaban ahí el día de la tragedia.

De manera incontrolable, el fuego consumió las instalaciones de la Guardería ABC donde los menores de edad se encontraban durmiendo. El fuego inició en la citada bodega y en cuestión de segundos, se extendió a todo el lugar.

En un principio el incendio se atribuyó a un sobrecalentamiento del cable de uso rudo que abastecía de energía eléctrica a un aparato de refrigeración en la bodega de la referida Secretaría de Hacienda local, donde se almacenaban archivos, documentos y placas de vehículo.

En enero de 2010, el reconocido perito y consultor estadounidense David Smith participó en la investigación de manera gratuita. Su peritaje sostiene la teoría que ha sido avalada por el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, A.C., para quien el incendio fue provocado, ya que en la bodega no había electricidad y el “cooler” estaba muy lejos de donde comenzó el incendio.

En el mismo sentido, diversos testigos, que en su momento fueron proporcionados por los padres de los menores, han afirmado que el día del incendio en el almacén contiguo a las instalaciones de la Guardería ABC, se observó movimiento por un grupo de hombres que eran dirigidos presuntamente por Carlos Andrés López Meza alias “El Teniente”, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, quien fuera Secretario Técnico del entonces Gobernador Eduardo Bours Castelo. Es de resaltarse, que poco más de dos meses después de la tragedia de la Guardería ABC, López Meza fue asesinado de nueve impactos de arma de fuego, el 17 de agosto de 2009, homicidio que sospechosamente hasta la fecha no ha sido aclarado.

Esta tragedia involucra por un lado, la transferencia de una responsabilidad pública del Estado (el servicio de guarderías que establece la Ley del Seguro Social) a particulares, pero también implica la existencia de un instrumento jurídico de gobernanza contractual a través del cual se concretó un convenio de subrogación suscrito entre el IMSS y la Guardería ABC, ya que al momento de la tragedia ésta estancia infantil funcionaba bajo los parámetros del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Recordemos que esto ocurrió cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de República; Eduardo Bours Castelo estaba en los últimos meses de su cargo como Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al igual que Ernesto Gándara Camou, quien era el alcalde de Hermosillo, capital del Estado de Sonora.

10 días después del incendio, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, determinó atraer las investigaciones debido a que la estancia infantil recibía recursos por parte del IMSS por el servicio subrogado que brindaba, dado que al propio Instituto le correspondía prestar el servicio de seguridad social; además de que en virtud de que la bodega contigua a la guardería y donde se tiene conocimiento que comenzó el incendio, pertenecía al Gobierno de Sonora, esto podría implicar un conflicto de intereses para la autoridad estatal.

En su momento, la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, formada por padres de las víctimas de la Guardería ABC, denunciaron ante la PGR que tanto el Procurador de Justicia del Estado y el Gobernador de Sonora en esos momentos, Abel Murrieta Gutiérrez y Eduardo Bours Castelo, respectivamente distorsionaron la escena del crimen, y con ello no tan sólo entorpecieron la impartición de justicia, sino que impidieron que las víctimas hasta la fecha no puedan conocer lo que realmente ocurrió el 5 de junio de 2009, ni la que la PGR, hoy la FGR, no ha dado ninguna respuesta a esta demanda.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación que concluyó con la Recomendación 49/20091 del 31 de julio de 2009, en la que en su momento estableció que hubo una violación a los derechos fundamentales de los menores y sus familiares que fueron vulnerados y confirmó la responsabilidad de servidores públicos del gobierno municipal de Hermosillo, del Gobierno del Estado, del IMSS, y de la Delegación de esa dependencia en el Estado de Sonora.

Del análisis de las constancias que integraron dicha Recomendación, la CNDH “acreditó la existencia de acciones y omisiones violatorias a los Derechos Humanos en perjuicio de los menores de la Guardería ABC, S. C., en Hermosillo, Sonora, que resultaron fallecidos y lesionados, de las personas que ahí laboraban y las que el día del siniestro arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de los familiares de los menores que acudían a la mencionada guardería, relativo al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como al derecho a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de una prestación y ejercicio indebido del servicio público, por parte de servidores públicos del IMSS, del Gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, así como de los responsables de la Guardería ABC, S. C., que actuaron bajo la anuencia o tolerancia de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las autoridades de dicho municipio, con lo cual se consideró que la conducta desplegada por los servidores públicos de las tres instancias de gobierno contravinieron lo dispuesto por los artículos 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo; 14, párrafo segundo,. y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales de observancia general en el territorio nacional… en los que se reconoce el derecho a la vida y a la integridad personal, así como a un nivel de vida adecuado de salud y bienestar, y que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor lo requiere; que los niños gozarán de protección especial y de los beneficios de la seguridad social para desarrollarse en buena salud, figurando entre los primeros que reciban protección y socorro, así como que las instituciones públicas y privadas de bienestar social deberán tener una consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño, asegurando la protección y cuidado para su bienestar garantizando su supervivencia y desarrollo”2.

Por tanto, la CNDH emitió la Recomendación 49/2009 al Mtro. Daniel Karam Toumeh, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y al Lic. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. A cada uno de ellos les indicó una serie de irregularidades -por acción u omisión- en el ámbito de su competencia relacionados con la creación y operación de la Guardería ABC, el incendio respectivo y en su caso, se llevaran a cabo procedimientos contra servidores públicos de distintos niveles para deslindar o fincar las responsabilidades que correspondieran.

El 6 de agosto de 2009, previa solicitud hecha por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad que estaba prevista en el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, así como los actos administrativos y omisiones que dieron lugar a ellos. Esta Facultad de Investigación quedó radicada bajo el número 1/20093.

El Pleno de la Corte designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ponente en el asunto citado. En tal virtud, en junio de 2010, presentó un proyecto de dictamen4 de 370 hojas en el que concluyó que en los hechos del incendio de la Guardería ABC “se incurrió en violaciones de garantías individuales” y determinó como “autoridades responsables de las violaciones graves de garantías individuales” a 14 funcionarios públicos de alto nivel correspondientes a los tres niveles de Gobierno, entre ellos, Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido) y Daniel Karam Toumeh, ambos ex directores del IMSS; Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora, y Ernesto Gándara Camou, quien fuera alcalde de la ciudad de Hermosillo, Son.

Dicho proyecto de dictamen no obtuvo la mayoría de votos de los Ministros de la Corte, sin embargo, sentó un precedente muy importante sobre las responsabilidades que tuvieron servidores públicos de nivel jerárquico superior en el incendio de la Guardería ABC.

Posteriormente, se elaboró un nuevo proyecto5 que fue aprobado por mayoría de ocho votos y tres en contra de los Ministros integrantes de la Corte en el que se determinó que en los hechos del incendio de la Guardería ABC, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales. Asimismo, solamente fueron señalados como responsables distintos servidores públicos de mediano y menor nivel. Por el IMSS, se señalaron al Delegado Estatal en Sonora y al Titular del Departamento Delegacional de Guarderías; como Autoridades Estatales de Sonora al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, y como Autoridades Municipales de Hermosillo, Son., al Director de Inspección y Vigilancia Municipal y al Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Por su parte, los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, formularon Voto de Minoría6 en el Dictamen emitido en la Facultad de Investigación 1/2009. En el manifestaron que “con fundamento en los hechos probados y en los deberes legales y constitucionales omitidos, los Ministros que suscribimos este voto consideramos que las siguientes autoridades resultan responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad, en los términos ampliamente desarrollados con anterioridad”.

De igual forma, señalaron el nombre y cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de las violaciones graves a los derechos que protege la Constitución:

A) Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Daniel Karam Toumeh, Director General (marzo de 2009-2012).
2. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Director General (2006-2009).
3. Sergio Antonio Salazar Salazar, Director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009).
4. Carla Rochín Nieto, Coordinadora de Guarderías (2007-2009).
5. Arturo Leyva Lizárraga, Delegado Estatal en Sonora (2006-2009).
6. Noemí López Sánchez, Titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).

B) Autoridades del Gobierno del Estado de Sonora.
7. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado (2003-2009).
8. Wilebaldo Alatriste Candiani, Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009).
9. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda (2007-2009).
10. Fausto Salazar Gómez, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009).
11. Jorge Luis Melchor Islas, Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la 2011).

C) Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
12. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal (2006-2009).
13. Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009).
14. Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).

Como se puede apreciar, tanto en el proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como en el Voto de minoría en el que también participa, al igual que Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, se aportan elementos importantes para acreditar la responsabilidad del incendio de la Guardería ABC, a servidores públicos de nivel jerárquico superior y no sólo de nivel medio. Estos elementos debieron ser considerados por las distintas autoridades encargadas de investigar lo ocurrido aquel 5 de junio de 2009.

La importancia de este asunto en la Agenda Nacional es indudable. Al respecto, el 3 de junio de 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó el Acuerdo por el que se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, Sociedad Civil en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 20097, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que padres de las víctimas en el caso de la Guardería ABC, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tener una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington y solicitar que se imparta justicia.

Por ejemplo, en una nota del periódico Excélsior de esa fecha se indica que “Padres de víctima denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la falta de transparencia, justicia y acciones para evitar que se repita una tragedia… A más de 5 años (65 meses) ninguno de los 30 sospechosos sujetos a proceso penal, entre funcionarios de los tres niveles de gobierno y los socios de la Guardería ABC, han pisado la cárcel por su responsabilidad en la mayor tragedia infantil en la historia nacional”8. Asimismo, se da cuenta en los portales de noticias Reforma9, Animal Político10,

El 5 de junio de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicó el Boletín 123/2015 en el que manifestó que “se solidariza e insiste en el cumplimiento de la exigencia de las víctimas directas e indirectas para el esclarecimiento pleno de los hechos y la realización de las garantías de no repetición, para lo cual resulta fundamental el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los estados de la República y la armonización de sus leyes locales”11.

El 14 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en la causa penal 126/2009 y sus acumuladas, dictó sentencias condenatorias por la responsabilidad en la comisión de diversos delitos a los distintos servidores públicos en el incendio de la Guardería ABC que van de los 20 a los 29 años de prisión12 .

El 5 de junio de 2017, frente a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, un grupo de activistas instalaron un monumento en memoria de los 49 menores que fallecieron. El periódico español El País registró esta situación e indicó que “el suceso dejó una herida profunda en la sociedad que la falta de culpables no ha dejado sanar”13.

Cuatro días después de que se cumplieron ocho años de la tragedia que nos ocupa, el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Hermosillo, Sonora, “confirmó la responsabilidad de las 19 personas acusadas de los delitos de homicidio y lesiones culposas”14 en el incendio de la Guardería ABC.

En un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se “informó que en los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 13 de mayo de 2016, dictada por el juez primero de Distrito en el estado, el Tercer Tribunal consideró que los implicados incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de guardería y la ocupación de la bodega contigua, como lo señaló la sentencia del juez natural”15. Esta información se replica por distintos medios de comunicación como Proceso16, Animal Político 17, Excélsior18, Heraldo19, La Silla Rota20, entre otros.

El 5 de junio de 2018, el periódico El Universal publicó una nota periodística con el título “¿Quiénes son los sentenciados por el caso ABC que siguen en libertad?”21. Ahí se manifiesta que “a nueve años de luto y lucha de los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, no hay una sola persona responsable presa… Aunque hay 19 personas sentenciadas, por tratarse de delitos culposos (delitos no graves), ninguna está en prisión y todas siguen el proceso de libertad…”22.

Por último, en Sesión del 3 de octubre de 201823, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala y a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, decidió ejercer su facultad de atracción en las solicitudes 222/2018 y 223/2018 sobre los hechos relacionados con el incendio de la Guardería ABC.

Respecto a la solicitud 222/2018, se “consideró que el asunto cumple los requisitos de interés y trascendencia para su atracción, porque su análisis podría permitir examinar la regularidad constitucional de la sentencia reclamada, específicamente la parte en que –a raíz de un control ex officio– se declaró la inconvencionalidad del artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se inaplicó la porción normativa que prevé la regla para sancionar el concurso ideal de delitos, vigente en dos mil nueve, para luego configurar una fórmula específica al caso concreto, lo cual implicó que las penas de prisión impuestas se elevaran considerablemente”24.

En cuanto a la diversa solicitud 223/2018, “se consideró que las notas de importancia y trascendencia también se cumplen, porque la atracción del asunto podría permitir a la Primera Sala evaluar si la condena impuesta a los sentenciados cumple los estándares respecto a la reparación integral del daño causado a las víctimas y ofendidos de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, pero sobre todo, pudiera llevar a examinar si la decisión de postergar su cuantificación a través de un incidente de inejecución es compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en su vertiente de justicia pronta”25.

Dichos asuntos se encuentran pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 8 de febrero de 2019, la suscrita, presentó un Punto de Acuerdo26 por el que se exhorta al IMSS, a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC. Esta proposición fue apoyada por la también senadora sonorense, Sylvana Beltrones Sánchez del grupo parlamentario del PRI quien además propuso que se citara al “Director de Administración, al Director Jurídico y al Titular del Órgano Interno de Control del IMSS a fin de realizar una mesa de diálogo y conciliación con los padres de los menores afectados de la guardería ABC…”27

Dicha propuesta fue considerada de urgente resolución y se aprobó en votación nominal por 95 votos a favor, cero en contra y una abstención28.

En el comunicado No. 034/2019 del 10 de febrero de 2019, se da cuenta que el titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “a solicitar una medida cautelar a fin de que el Instituto pueda seguir brindando servicios y medicamentos a familiares de las niñas y niños afectados por el incendio de la Guardería ABC…”29

Sobre el particular, el 13 de febrero de 2019, la CNDH emitió el Comunicado de Prensa DGC/049/19 en el que informa que “el IMSS debe respetar y garantizar los derechos de las personas, obligación a la que no puede renunciar o pretender delegar a terceras instancias… también dirigió sendos oficios a la SFP y a la ASF para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven y adopten las medidas que permitan al IMSS restablecer de inmediato las acciones de reparación integral del daño con motivo de la Recomendación 49/2009, a la que debe dar cabal cumplimiento”30.

Derivado de lo anterior, mediante el comunicado No. 038/2019, el IMSS informó “que restituye de manera inmediata los servicios suspendidos desde noviembre pasado a los familiares de los afectados por el incendio ocurrido en la Guardería ABC, el 5 junio de 2009 en Hermosillo, Sonora”31.

El Senado de la República recibió la respuesta formal por parte del IMSS, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mediante la cual se da cuenta que el Director General del IMSS le envió el oficio No. 0952170500/031 de fecha 13 de febrero de 2019, al Delegado Estatal de Sonora, Lic. Guillermo Noriega Esparza y al Director del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, Dr. Miguel Ángel Baeza Esparza, “a fin de instruir la restitución de manera inmediata de los servicios subrogados, a los familiares de los afectados por el incendio ocurrido en la Guardería ABC…”32.

Por otra parte, es importante señalar que en una nota publicada en el portal de Internet de Notimex, el pasado 28 de febrero del año en curso, se indica que el actual director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que expuso que “aunque el IMSS no es parte en los juicios, es de su interés que el caso quede completamente resuelto y se determinen las responsabilidades, sanciones e indemnizaciones correspondientes. Consideró que se debe dar seguridad y certeza jurídica a las víctimas y sus familias, pues el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución prevé que todas las personas tienen derecho a que los tribunales les administren justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta”33.

El 15 de marzo de 2019, el mismo titular del IMSS, compareció ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República34 e informó que “inició los trámites necesarios ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para ofrecer una disculpa pública a los padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, en Hermosillo, Sonora”35.

Estos antecedentes que se han descrito de manera enunciativa, más no limitativa, nos permiten recordar y tener presente, parte de los principales acontecimientos que han sucedido a partir del incendio de la Guardería ABC.

CONSIDERACIONES

A casi 10 años del incendio de la Guardería ABC, es inadmisible que aún no se haya impartido justicia a las víctimas y a sus familiares, ni esté claro lo que originó esa tragedia, ni se hayan determinado completamente las responsabilidades, por acción o por omisión, de las autoridades municipales, estatales o federales correspondientes.

Cabe señalar que inicialmente había 32 personas procesadas, donde se incluía a servidores públicos de alto nivel jerárquico de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, la lista se depuró y sólo se ha imputado responsabilidad a 19 personas de los 22 presuntos culpables, todos ellos funcionarios de menor nivel36. Además, las sentencias dictadas han sido apeladas.

Por ejemplo, en mayo de 2016 se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de prisión, pero hay todavía 10 casos están sin sentencia.  

El hecho de que a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un proceso jurídico que le conllevó varios meses de análisis, haya atraído dos Juicios de Amparos relacionados con los expedientes penales derivados del incendio de la Guardería ABC, nos da la oportunidad de aportar elementos que permitan que las familias de las víctimas puedan obtener justicia, que hasta la fecha, les ha sido negada, ya que el Estado Mexicano, a través de autoridades de los tres niveles de Gobierno, violaron los derechos humanos de los 49 menores de edad que murieron, además de 70 más que quedaron lesionados con daños físicos irreparables, y de un número aún no calculado que estuvieron expuestos, debiendo llevar tratamientos médicos de por vida derivado de la peor tragedia infantil en nuestro país.

Como podemos darnos cuenta, la impunidad con que ha sido tratado este caso desde el punto de vista jurídico es evidente, y ha sido el sello característico de esta historia. Ha habido impunidad en todas las exigencias de justicia que han realizado los padres y los familiares de los menores a lo largo de todos estos años. No es posible, ni admisible que a casi una década del incendio, las instituciones encargadas de impartir justicia, no hayan culminado las investigaciones, ni determinado las sanciones a todas las personas involucradas en el incendio de la Guardería ABC, que al paso del tiempo se ha convertido en una marca imborrable no tan sólo para la ciudad de Hermosillo y sus habitantes, sino para todo el país, ya que además de ser considerada la peor tragedia infantil en la historia de México, es también el acontecimiento que dejó al descubierto lo mal que funcionan diversas instituciones del Estado Mexicano, cuando se está prestando un servicio.

En ese sentido, desde el Senado de la República tenemos la posibilidad de contribuir a que situaciones como estas nunca caigan en el olvido de la sociedad y a que se haga justicia. Existen diversas pruebas y testimonios que indican que el incendio de la Guardería no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de una sucesión de complicidades gubernamentales, de actos de corrupción en todos niveles, de negligencias, acciones y omisiones que han marcado la historia de México, ya que han dejado en evidencia la incapacidad del Estado Mexicano para hacer justicia de manera pronta, expedita y eficaz, velando así por el derecho que tienen las víctimas a ser restituidos o reparados en el ejercicio de sus derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internaciones que México ha suscrito en la materia de derechos de los niños y que en todo momento protegen el principio del interés superior del menor.

En el ámbito de sus atribuciones, esta Soberanía busca contribuir, a través de una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos sobre el incendio de la Guardería ABC, a que las distintas autoridades involucradas en las investigaciones y resoluciones de los asuntos que tienen a su cargo, puedan llegar a su fin con imparcialidad, objetividad, eficiencia y eficacia, así como que se imparta justicia, se determinen las responsabilidades y se establezcan las sanciones que correspondan.

Cabe mencionar que, aunque esta no es la primera ocasión que este asunto se aborda en el Congreso de la Unión; sí es la primera vez que la presente LXIV Legislatura lo retoma para efectos de crear una Comisión Especial, y es la primera donde se pretende impulsar la adopción de una modalidad diferente en donde además de contribuir a que las autoridades competentes de cada uno de los órdenes de gobierno realicen las acciones necesarias a fin de que las víctimas obtengan justicia y les sea reparado el daño que les fue causado, también coadyuve en la obtención de información que permita el deslindar las responsabilidades administrativas o penales que el caso amerita respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC.

No es posible que a diez años del incendio de la Guardería ABC, se hayan realizado múltiples investigaciones sin que hasta el momento, no hayan llegado al fondo del asunto, ya que no se han sancionado a los altos funcionarios que estuvieron implicados en estos lamentables acontecimientos.

En tal virtud, es que vengo a solicitar la creación de una Comisión Especial que tenga como finalidad principal darle seguimiento a los acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como a la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Sobre el particular es que considero que existen dos argumentos fundamentales que se convierten en la base de la presente petición a esta Honorable Asamblea, ya que cada uno de estos rubros, permitirán que la Comisión Especial que se está solicitando se integre, tenga un gran campo de acción y cúmulo de trabajo, en particular para que desde este Recinto Legislativo recuperemos la memoria de un hecho que no debe quedar en la impunidad.

El primer argumento es el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de atraer dos amparos de la Guardería ABC, el 222/2018 y el 223/2018; uno de ellos es el promovido por 19 de los sentenciados, que impugnaron las penas que le impusieron por el caso, y el otro es el promovido por los familiares de las víctimas, quienes exigen lo contrario, es decir, penas mayores para los responsables de los delitos.

En ese sentido, recordemos que en junio del año pasado, un Tribunal Federal sentenció a esas 19 personas, entre ellos dos socios de la Guardería, la ex – jefa del Departamento de Guarderías y el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El principal argumento jurídico por el que fueron imputados y declarados culpables es que los sentenciados incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de la Guardería ABC y la indebida ocupación de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado.

Lo que en ambos Amparos se analizar la constitucionalidad y convencionalidad que realizó el Juez de distrito al inaplicar el artículo 64 del Código Penal Federal, vigente con anterioridad a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, y con ello determinar si es jurídicamente justificable la cuantificación de la sanción que realizaron a través de un incidente de inejecución, determinando si esto es compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.

Este hecho tan trascendental jurídicamente hablando le brinda al caso la esperanza para que se haga justicia y se les resarza eficazmente el daño a todos los familiares de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia; ya que será el máximo Tribunal del país el que tenga la oportunidad de ser la instancia que resuelva de manera definitiva el caso.

El segundo argumento es que desde esta Comisión Especial que se está proponiendo crear, se realice como parte de su trabajo ordinario, un análisis profundo sobre la eficacia de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que después del incendio de la Guardería ABC, las deficiencias en los servicios que presta el Estado, ha ocasionado que menores de edad fallezcan por razones diversas, desde bronco aspiración o descuido por dejar una cisterna abierta.

Lo cual denota deficiencias tanto en las capacitaciones que se le brindan a las personas que están a cargo de los grupos de niños, como en la base que debe tener un ordenamiento jurídico que sea eficaz y que resuelva los múltiples problemas que se puedan ocasionar en los lugares donde se atienden a niños menores de edad.

Las razones aquí presentadas, le brindan a la presente proposición la vigencia sobre la importancia de por qué se debe impulsar la creación de esta Comisión Especial; particularmente para todos aquellos que piensen que el caso de la Guardería ABC ha concluido, y no tenemos que seguir abordándolo. Todo lo contrario compañeros Senadores, es un caso que no ha podido concluirse en virtud de que las víctimas no han alcanzado la justicia.

A continuación y de manera respetuosa, se presentan los nombres de los niños que perdieron la vida en el incendio del 5 de junio del año 2009, en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora:

1. María Magdalena Millán García
2. Andrea Nicole Figueroa
3. Emilia Fraijo Navarro
4. Valeria Muñoz Ramos
5. Sofía Martínez Robles
6. Fátima Sofía Moreno Escalante
7. Dafne Yesenia Blanco Losoya
8. Ruth Nahomi Madrid Pacheco
9. Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
10. Lucía Guadalupe Carrillo Campos
11. Jazmín Pamela Tapia Ruiz
12. Camila Fuentes Cervera
13. Ana Paula Acosta Jiménez
14. Monserrat Granados Pérez
15. Pauleth Daniela Coronado Padilla
16. Ariadna Aragón Valenzuela
17. María Fernanda Miranda Hugues
18. Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
19. Marian Ximena Hugues Mendoza
20. Nayeli Estefania González Daniel
21. Ximena Yanes Madrid
22. Yeseli Nahomi Baceli Meza
23. Ian Isaac Martínez Valle
24. Santiago Corona Carranza
25. Axel Abraham Angulo Cázares
26. Javier Ángel Merancio Valdez
27. Andrés Alonso García Duarte
28. Carlos Alán Santos Martínez
29. Martín Raymundo de la Cruz Armenta
30. Julio César Márquez Báez
31. Jesús Julián Valdez Rivera
32. Santiago de Jesús Zavala Lemas
33. Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
34. Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
35. Aquiles Dreneth Hernández Márquez
36. Daniel Rafael Navarro Valenzuela
37. Juan Carlos Rodríguez Othón
38. Germán Paúl León Vázquez
39. Bryan Alexander Méndez García
40. Jesús Antonio Chambert López
41. Luis Denzel Durazo López
42. Daré Omar Valenzuela Contreras
43. Jonathan Jesús de los Reyes Luna
44. Emily Guadalupe Cevallos Badilla
45. Juan Israel Fernández Lara
46. Jorge Sebastián Carrillo González
47. Ximena Álvarez Cota
48. Daniela Guadalupe Reyes Carretas
49. Juan Carlos Rascón Holguín

Por tanto, es que resulta de suma trascendencia el que desde esta Soberanía se pueda preservar la memoria de los 49 niños que murieron, se emprendan las acciones que se especifican en el presente documento, así como analizar la eficacia de la citada Ley General, y si de verdad ha cumplido con su objetivo, para que en función del resultado de ese análisis, se puedan promover iniciativas de reforma de manera específica que tengan como finalidad el mejorar el marco jurídico en la materia a las leyes que según proceda.

En ese sentido, es que me permito presentar la presente proposición con punto de Acuerdo que pretende contribuir a alcanzar la verdad y la memoria respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC, intentando sentar las bases para que sea ante las autoridades competentes en la materia se obtenga una justicia pronta, efectiva e imparcial que brinde a las víctimas la certeza jurídica de saber lo que ocurrió y que los responsables reciban su castigo por las autoridades facultades para ello, así como las demás atribuciones que se le otorgarán de manera específica. No debemos permitir que el incendio de la Guardería ABC pase de la injusticia al olvido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 119 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, que originaron el incendio de la Guardería ABC, S. C., de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

Segundo. La Comisión Especial tiene por objeto coadyuvar a la obtención de información que permita deslindar las responsabilidades penales, civiles, administrativas o cualquier otra que el caso amerita respecto del incendio de la Guardería ABC, así como analizar la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil37, y en su caso, promover la aprobación de reformas a ésta y a las demás las leyes específicas que se vinculen con el tema aquí abordado.

Tercero. La Comisión Especial se integrará por un máximo de diez miembros. Su Presidencia estará a cargo del Grupo Parlamentario mayoritario en el Senado de la República y sus integrantes son:

1. Senadora Lilly Téllez, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional.

2. Senadora Nestora Salgado García, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional.

3. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4. Senadora Claudia Edith Anaya Mota, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

5. Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

7. Senador Juan Manuel Fócil Pérez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

8. Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

9. Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

10. Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, Sin Grupo.

Cuarto. La Comisión Especial estará vigente durará el tiempo que sea necesario hasta que cumpla el objeto que originó su creación.

Quinto. De manera anual, la Comisión Especial emitirá un Informe de Labores en el que de forma concreta se vean reflejados los avances y demás actividades que haya realizado en ese periodo de tiempo.

Sexto. La Comisión Especial acatará las disposiciones jurídicas y reglamentarias que le son aplicables a las comisiones ordinarias, de conformidad con el Marco Jurídico del Congreso de la Unión y del Senado de la República.

Séptimo. La Comisión Especial contará con un Consejo Consultivo que estará integrado por los padres de familia de las víctimas, y que tendrá como finalidad el orientar y asesorar a los miembros de la Comisión respecto de la forma en que se pueda impulsar la recuperación de la memoria del incendio de la Guardería ABC. Para todo lo relativo a la creación, objeto, características y dinámica de trabajo que tendrá el Consejo Consultivo, la Comisión Especial emitirá un Acuerdo de creación en donde estará especificado todo lo anterior.

Octavo. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión Especial tendrá la posibilidad de reunirse con las víctimas del caso, generando un esquema de Audiencias Públicas, así como organizar reuniones de trabajo con los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que estime pertinentes.

Noveno. Para su funcionamiento, la Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que serán aprobados por la Comisión de Administración.

Décimo. De encontrar elementos jurídicos suficientes, los miembros de la Comisión Especial se encargarán de presentar, ante las instancias correspondientes, las quejas o denuncias correspondientes.

Senado de la República, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Lilly Téllez

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2009/Rec_2009_049.pdf consultada el 12 de febrero de 2019.

2 Op. cit., pp. 1-2.

3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un micrositio con información sobre el ejercicio de la Facultad de Investigación 1/2009: http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Principal.html

4 http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf Consultado el 13 de febrero de 2019.

5 Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, así como voto particular formulado por el Ministro Juan N. Silva Meza y votos concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167674&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019.

6 Voto de minoría que formulan los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, en el Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández: publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167675&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019.

7 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145079&fecha=03/06/2010 Consultado el 18 de febrero de 2019.

8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/27/989222#view-1 Consultado el 18 de febrero de 2019.

9 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=377802&urlredirect= Consultado el 18 de febrero de 2019.

10 https://www.animalpolitico.com/2014/10/caso-de-la-guarderia-abc-llega-la-comision-interamericana-de-dh/ Consultado el 18 de febrero de 2019.

11 https://cdhdf.org.mx/2015/06/cdhdf-refrenda-exigencia-de-justicia-y-verdad-para-victimas-en-la-guarderia-abc/ Consultado el 18 de febrero de 2019.

12 Nota informativa DGCS/NI 29/2016 del 14 de mayo de 2016, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal: http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2016/notaInformativa29.pdf Consultado el 20 de febrero de 2019.

13 https://elpais.com/internacional/2017/06/06/mexico/1496759996_565769.html Consultado el 20 de febrero de 2019.

14 https://www.unomasuno.com.mx/confirman-condenas-contra-19-personas-por-la-tragedia-en-la-guarderia-abc/ Consultado el 20 de febrero de 2019.

15 Ídem.

16 https://www.proceso.com.mx/490406/confirman-condenas-contra-19-personas-la-tragedia-en-la-guarderia-abc Consultado el 20 de febrero de 2019.

17 https://www.animalpolitico.com/2017/06/reduce-sentencias-guarderia-abc/ Consultado el 20 de febrero de 2019.

18 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/10/1168916 Consultado el 20 de febrero de 2019.

19 https://heraldodemexico.com.mx/estados/confirman-sentencias-condenatorias-a-19-implicados-en-caso-guarderia-abc/ Consultado el 20 de febrero de 2019.

20 https://lasillarota.com/estados/tribunal-reduce-penas-a-implicados-en-caso-abc/156337 Consultado el 20 de febrero de 2019.

21 https://www.eluniversal.com.mx/estados/quienes-son-los-sentenciados-por-el-caso-abc-que-siguen-en-libertad Consultado el 15 de febrero de 2019.

22 Ídem.

23 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5763 Consultado el 20 de febrero de 2019.

24 Ídem.

25 Ídem.

26 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89074 Consultado el 8 de febrero de 2019.

27http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-08-1/assets/documentos/Propuesta_aprobada_Sen.Sylvana.pdf Consultado el 8 de febrero de 2019.

28 http://www.senado.gob.mx/64/votacion/3269 Consultado el 8 de febrero de 2019.

29 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/034 Consultado el 10 de febrero de 2019

30 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_049.pdf Consultado el 14 de febrero de 2019.

31 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/038 Consultado el 15 de febrero de 2019.

32http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-28-1/assets/documentos/DGPL_2P1A_406_SEGOB_IMSS.pdf Publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República número LXIV/1SPO-92 de fecha 28 de febrero de 2019 y consultado en esta misma fecha.

33http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/670721/pide-germ%C3%A1n-mart%C3%ADnez-sancionar-a-responsables-
de-caso-de-guarder%C3%ADa-abc Consultado el 28 de febrero de 2019.

34 https://youtu.be/lhgVIkKo5DI Consultado el 19 de marzo de 2019.

35 https://www.milenio.com/politica/guarderia-abc-imss-alista-disculpa-publica-caso Consultado el 15 de marzo de 2019.

36https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/5/enterate-guarderia-abc-que-ha-pasado-con-los-responsables Consultado el 20 de febrero de 2019

37 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.






A petición del Senador José Luis Pech Várguez, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo, realice las modificaciones pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de Quintana Roo, con objeto de transparentar la forma como se realiza el cálculo de los incrementos de las tarifas que establece este ordenamiento y que se establezca la unidad de medida y actualización para sustituir al salario mínimo en las leyes correspondientes. El turno es a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que solicita se ponga a consideración de este Pleno y se vote, llevar a cabo, bajo la figura de "Parlamento Abierto" el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su caso retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México. El turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








MESA DIRECTIVA

Se autoriza la ampliación del turno del siguiente asunto:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, recibida este día, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Íbamos a salir a las dos de la mañana.

Esta Presidencia ratifica los turnos y la ampliación de turno de los que ha dado cuenta la Secretaría y la felicita, y le agradece ampliamente por su destacada labor magistral.

Ya no necesitamos servicio de estenografía. No, no es cierto, claro que sí.






Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política remitió a la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza incorporar el Acuerdo al Orden del Día de la sesión de hoy.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se incorpore el Acuerdo referido en la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.

Perdón, dé lectura, por favor, señora Secretaria.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Les informo que los textos de las intervenciones en el rubro de efemérides se integran en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, relativa a la Semana Nacional de la Seguridad Social.








De la Senadora Sasil de León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, relativa al 156 Aniversario del Natalicio del Dr. Belisario Domínguez Palencia.

Relativa al 156 Aniversario del Natalicio del Dr. Belisario Domínguez Palencia.

La que suscribe, Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo del 156Aniversario sobre la conmemoración del natalicio de Belisario Domínguez Palencia.

CONMEMORACIÓN DEL156 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL
DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA
23-abril-2019

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán de las Flores, Chiapas, un 25 de abril de 1863. Cursó parte de su formación académica en su estado natal, pasando por el Instituto de Ciencias y Artes del Estado y posteriormente concluyendo el bachillerato y su educación superior en Paris, Francia.

A su regreso a México en 1889, el joven estudiante chiapaneco se había formado ya como médico cirujano. Regresó a Comitán para cumplir lo que siempre había soñado: ocuparse de los suyos.

En 1909 fue electo presidente municipal de Comitán; y en 1912, Senador suplente por Chiapas. El 3 de marzo de 1913, debido a la muerte del Senador propietario, asume su encargo como Senador de la República.

Sus profundas convicciones y su moral inquebrantable llevaron al Senador Belisario Domínguez, a denunciar ante el pleno del Senado de la República, el autoritarismo y la ilegalidad que sostenía el régimen del traidor Victoriano Huerta. En un discurso inolvidable el Senador reconoce que peligraba su vida, y va más allá al ofrecerse como mártir si eso ayudaba a salvar a la nación.

Todos conocemos las consecuencias que este discurso tuvo la noche del trágico 7 de octubre de 1913, cuando el Senador Belisario Domínguez, fue cobardemente asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Su muerte ocasionó gran indignación y protesta pública. El tirano Huerta, acorralado, se vio obligado disolver el Congreso y dar un golpe de Estado contra el poder Legislativo, situación que derivó en grandes conflictos hacía el exterior, lo que orilló a Huerta a renunciar y a abandonar el país. El asesinato de nuestro prócer marcó el final de un régimen traidor que caería no mucho tiempo después.

El Senador Belisario Domínguez, hombre congruente en sus ideales que, con su vida, pagó el precio de construir un estado de libertades más democrático e igualitario. Es desde entonces un referente de la libertad. Su calidad humana y sus valores incuestionables se encuentran presentes en este Senado de la República para honra de su legado y su memoria. 

 “El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo”.

Belisario Domínguez Palencia

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Sasil de León Villard.






Las intervenciones de la agenda política se insertan en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Se han agotado los asuntos de la agenda.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo lunes 29 de abril a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 21:46 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfono: 53-45-30-00
Exts. 5405/5406

Internet: http://www.senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO


















COMPARECENCIA

Del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco del análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Para presentar la posición de su grupo parlamentario y preguntas, intervienen los Senadores Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Elvia Marcela Mora Arellano, del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM; Nancy De la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Claudia Edith Anaya Mota y Verónica Martínez García, del PRI; Ismael García Cabeza de Vaca e Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN; e Higinio Martínez Miranda, del Partido Morena.

Intervención del Doctor Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para contestar las preguntas.

Para presentar pregunta-respuesta, intervienen los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Eunice Renata Romo Molina, Antonio García Conejo, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Verónica Delgadillo García, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Gaudalupe Murguía Gutiérrez, José Alejandro Peña Villa. Y Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadan, para dar respuesta a las preguntas.











DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura al dictamen suscrito por la Comisión de Seguridad Pública.

La Junta de Coordinación Política remite Acuerdo por el que modifica el procedimiento aplicable al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Se aprueba.

La Junta de Coordinación Política remite Acuerdo por el que se propone la incorporación del adéndum y modificaciones a las consideraciones del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se aprueba.

La Mesa Directiva presenta propuesta de modifcación al Artículo Único que se aprueba.

El Presidente de la Mesa Directiva informa que la discusión del dictamen se realiza con la modificación al Artículo Único del proyecto de Decreto al que se refiere el addendum y la nueva versión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que incorpora dicho addendum.

Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

Para presentar la posición de su grupo parlamentario, intervienen los Senadores Omar Obed Maceda Luna, del PRD; Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Jorge Carlos Ramírez Marin, del PRI; Julen Rementería del Puerto, del PAN; y Lucía Virginia Meza Guzmán, del Partido Morena.

Se aprueba en lo general y en lo particular el Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Se remite al Ejecutivo Federal.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157, 158 Y 160 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de segunda lectura)

Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre de la Comisión de Cultura.

Para su discusión en lo general, interviene la Senadora Bertha Xóchilt Gálvez Ruiz.

Para su discusión en en lo particular, interviene la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, quien presenta propuesta de modificación que se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 157, 158 y 160; y se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se remite a la Cámara de Diputados.




































































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