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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 26

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Abril de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (12:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

Honorable Asamblea, buenos días. Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del miércoles 10 de abril de 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Sonido en el escaño de la Senadora Claudia Anaya.






INTERVENCIONES

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

No quisiera que iniciara la sesión sin hacer referencia a un lamentable acontecimiento que sucedió el día de ayer en la Comisión de Seguridad Pública.

Veo que está enlistado, en primera lectura, en los asuntos del día de hoy, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Primero, quiero referirme a la situación de maltrato y desprecio que sentimos varios Senadores por parte de la Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

Quiero decirle que el Reglamento, en el artículo 130, instruye a que los presidentes de las juntas directivas sean los encargados de mantener el orden y conducir las sesiones con respeto, son obligaciones de los Senadores, en el artículo 10, conducirse con respeto de los demás legisladores.

También el artículo 86 nos habla de que los Senadores en el uso de la palabra deben abstenerse de proferir ofensas e injurias.

Ayer no solamente se me negó la palabra en la Comisión de Seguridad Pública para pedir que se discutiera más ampliamente el dictamen de Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El acuerdo al que habíamos llegado para dictaminar la Estrategia era que viniera el Secretario de Seguridad Pública, para externarnos la visión y lo que él entendía por la Estrategia que estábamos aprobando para su implementación.

No solamente se incumplieron los acuerdos para la elaboración del dictamen, sino que al momento de discutir el dictamen se nos niega la palabra a los Senadores.

Yo procuro, se lo digo, señor Presidente, tratando de ser muy objetiva, ir siempre a todas las comisiones y aquí al Pleno, preparada de los temas que vamos a tratar, y siempre procuro conducirme con todos mis compañeros con respeto.

Le pedí a la Senadora Trasviña respeto, le dije que éramos iguales, que debíamos escucharnos, y me dijo que: “no somos iguales y que ella no es tapadera de asesinos, de corruptos, que ella y yo no somos iguales”.

Yo tampoco soy tapadera ni de corruptos, ni de asesinos, ni de nadie, yo quiero que se me respete como Senadora, quiero que se respete mi trabajo, quiero que se me dé el uso de la voz cuantas veces sea necesario en las comisiones y que se respeten mis posturas con el Reglamento establecido para las conducciones en el Pleno, pero de ninguna manera voy a permitir que se nos siga faltando al respeto, ni en las comisiones ni en el salón de Pleno.

Me parece importante ponerlo sobre la mesa porque en varias ocasiones ya he hecho este señalamiento desde este espacio y, desafortunadamente, en vez de ir para adelante vamos para atrás.

Ojalá que se pueda retirar este dictamen que está publicado el día de hoy, lo tenemos que arreglar porque además dice: “dictamen al Decreto de la Estrategia de Seguridad Pública”.

Eso en técnica legislativa no existe; si no corregimos los vicios le vamos a mandar al Presidente un documento mal hecho y esa tampoco no es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad en este Senado.

Sería cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Anaya Mota.

Senadora Josefina Vázquez Mota, desde su escaño.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero sumarme a lo que ha expresado la Senadora Claudia Anaya.

Quienes ayer estuvimos como miembros de esta Comisión de Seguridad, el dictamen que se nos pidió votar ayer a favor, y que de manera muy respetuosa, y ahí está el registro del Canal del Congreso, expresamos preocupaciones que creemos son importantes, hay temas de fondo y hay temas de forma, señor Presidente, Senadoras y Senadores.

En temas de fondo, este dictamen ni siquiera considera la reforma constitucional que nosotros votamos como Senado para la creación de la Guardia Nacional. Esto fue uno de los puntos que, entre otros, también pedimos que se reconsideraran, y en mi persona hice la propuesta de darnos un espacio a los equipos técnicos para lograr sacar por consenso este dictamen.

En segundo lugar, tampoco se han llevado a cabo las comparecencias de diversos funcionarios, y también hice la propuesta en la mejor de las actitudes y de manera civilizada, como corresponde, de llevar a la Junta de Coordinación el día de hoy, porque no es la primera vez que la Junta colabora a que se cumplan o se asistan a este diálogo y a estas comparecencias que creemos indispensables, aún más tratándose de una Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por la que este Senado ha trabajado de manera incansable buscando el mayor de los consensos.

Aprovechando una votación en el Pleno, lamentamos que de manera autoritaria se haya votado este dictamen sin hacerse estas consideraciones. Y la forma, señor Presidente, la forma es realmente lamentable, de cualquiera Senadora o Senador que use cuando ya no hay ideas, lo que sigue, entonces, sea la descalificación, cuando no hay contenido, lo que sigue sea la ofensa; o cuando no hay sustancia, lo que siga sea el agravio, la calumnia y la difamación.

La respuesta que se dio a la Senadora Claudia Anaya es reprobable, como si se hubiese dado a cualquiera de nosotras o nosotros.

En el Senado si no guardamos y cuidamos la civilidad política y el respeto, no podemos entonces seguir construyendo para el país.

Por lo tanto, señor Presidente, consideramos que este dictamen tiene que ser revisado de manera urgente y sería muy lamentable que siguiera adelante un proceso legislativo con las deficiencias que se han señalado, hay problemas de fondo y hay problemas de forma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

Senadora Verónica Camino, desde su escaño.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Ayer, digo, de las intervenciones, porque yo ayer fungí como Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública a la falta de ambos Secretarios. En cuanto al uso de la palabra, los Senadores que la pidieron se les fue otorgada, esa es parte de la labor del Secretario.

Lo que comenta la Senadora Claudia Anaya se da en asuntos generales. Y cuando todavía estábamos dando uso de la palabra previo la votación del dictamen, la Senadora Josefina Vázquez Mota se retiró.

¿Por qué? Porque aquí había una votación, cosa que después de la votación correspondiente se pidió un receso para que pudiéramos venir a votar. Entonces, en cuanto al uso de la palabra, en la parte que a su servidora le corresponde, fue otorgada a quienes lo pidieron.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Verónica Camino.

Senador Kuri, desde su escaño.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero mandar un extrañamiento a la Presidenta de esta Comisión.

La semana pasada tuvimos ingobernabilidad en el Senado, señor Presidente.

Hubo agandalle por parte de la Mesa Directiva.

Hubo falsificación de firmas.

Hubo incorporación de temas sin acuerdos.

Y el día de ayer, señor Presidente, una vez más hubo una falta de respeto a nuestra Senadoras y a nuestros Senadores.

El problema más importante que tiene el país, el desafío más grande que tiene nuestro país es el tema de la seguridad, y no se puede hacer sobre las rodillas y mucho menos con falta de respeto. Y si seguimos así estaremos, sin lugar a dudas, en un estado de ingobernabilidad en el Senado de la República.

Por eso le pedimos que muevan y que cambien la agenda del día, y que no presenten este punto en la agenda del día para que podamos discutirlo más, y que se pueda regresar a la Comisión de Seguridad, para poder dar un verdadero dictamen en este sentido.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Me parece muy bien que se pida respeto, de igual manera pedimos respeto para la Mesa Directiva.

En consecuencia y en congruencia, también pedimos respeto para la Mesa Directiva.

La Senadora Lucía Trasviña, tiene la palabra.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: De nuevo y de frente, compañeras Senadoras y Senadores.

Compañera Edith, si consideras que mis palabras te ofendieron, te pido disculpas como mujer, igual a Josefina.

Pero también quiero que elevemos la voz y le pidamos disculpas al pueblo de México que tenemos sumido en el dolor, en la pena y en las lágrimas.

Que le pidamos disculpas porque no fuimos capaces de hacer nada para evitar las 200 ejecuciones, las 24 mil mujeres ejecutadas, los 40 mil desaparecidos.

Pero también les pido que tengamos el consenso para llevar a la cárcel a los ex presidentes, protectores de la delincuencia organizada y del crimen organizado.

Yo me debo al pueblo de México, me cueste así la vida voy a luchar por mi pueblo.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Solo para efectos del Diario de los Debates, pido a Servicios Parlamentarios que incluya expresamente lo siguiente:

Que la Mesa Directiva no participa de ningún agandalle, ni falsifica firmas.

Por favor, para Servicios Parlamentarios.

Tiene la palabra el Senador Mancera Espinosa, desde su escaño.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, el día de ayer se llevaron a cabo, de manera simultánea, varias reuniones que están emparejadas con la sesión del Pleno.

De acuerdo con el artículo 138 de nuestro Reglamento, se establece que las reuniones de comisiones se convocan en horas diferentes a las sesiones del Pleno, en las convocatorias se especifica el carácter público o privado de las reuniones y de ello se notifica a la Mesa.

En casos urgentes, en el punto número tres, en casos urgentes o excepcionales, el Presidente de la Mesa puede autorizar que se convoque a una reunión de comisión simultánea al desarrollo de las sesiones del Pleno, que es ayer el supuesto, pero yo desconozco si hay esta autorización, si se hizo esta excepción.

Segundo punto. Cuando se está llevando a cabo una sesión de éstas, y así lo dice el artículo, en estos supuestos, los integrantes de la comisión están obligados a estar presentes en las sesiones del Pleno cuando se verifica quórum o se realiza votación nominal, que fue el caso de ayer, porque tuvimos aquí la ratificación de un Magistrado en materia agraria y era indispensable que estuviéramos aquí en el Pleno, estaban los llamados, estaban las alertas.

Yo llegué a la Comisión de Seguridad y, cuando iba a entrar, una de mis compañeras Senadoras me dijo: “ya se marcó un receso para ir a votar”.

El audio, el que yo he visto, se solicita el receso y se concede el receso para que se viniera a votar, entonces nosotros nos quedamos en la votación, señor Presidente, y después de la votación nos dijeron que pues ya había pasado la sesión, que ya se había desahogado.

Entonces, yo lo que quiero llamar es, esto es importantísimo, estamos hablando de la Estrategia Nacional de Seguridad, que no vaya en un procedimiento viciado, primero, para que no se tenga dada la primera lectura de un dictamen que no fue votado en esas condiciones y que, además, está incumpliendo con este Reglamento, desde mi punto de vista.

Segundo, que conforme lo señala el artículo 76 constitucional, es necesario que antes que se apruebe, y ahí entiendo que pudiera ser un segundo momento, pero no se ha discutido, ni se ha planteado, ni se ha resuelto, es necesaria la comparecencia del Secretario de Seguridad.

Se decía que no porque tiene y vulnera el principio de retroactividad y que estaríamos vulnerando esta garantía.

La Suprema Corte de Justicia ya ha establecido que en disposiciones constitucionales no opera la irretroactividad, entonces quiere decir que está vigente esta disposición constitucional.

A lo que yo llamo, primero, señor Presidente, es a que no se tenga esta primera lectura, porque iríamos en un camino que estaría, sería un fruto del árbol viciado, eso es lo que sería, sería un fruto de ese árbol viciado este procedimiento.

Entonces hagámoslo bien, todos estamos en la disposición de que se apruebe una Estrategia Nacional de Seguridad, todos queremos, y lo hemos dicho, yo lo he dicho públicamente ahí en la tribuna, coadyuvar con la Estrategia que plantea el Presidente.

Pero este dictamen, en una de sus fojas, Presidente de la Mesa Directiva, señala que el mando operativo de la Guardia Nacional será el Ejército y la Marina.

¿Cómo el Senado va a aprobar una Estrategia Nacional de Seguridad en donde se dice que el mando de la Guardia Nacional lo tiene el Ejército y lo tiene la Marina? Me parece que eso no abonaría.

Entonces, nosotros con todo el afán de construir, lamentablemente se dio este incidente, que se reciente en el grupo parlamentario, pero estamos con el afán de apoyar a la Presidenta de la Comisión, de apoyar la Estrategia que marca el Presidente.

Yo lo que le señalo son estos artículos y estas disposiciones y, por lo tanto, estaría yo en total desacuerdo con que se aprobara el Orden del Día, como está propuesto, porque tendría el efecto de que estuviera la primera lectura dada a este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, antes de continuar dando el uso de la palabra, que lo vamos a dar a las Senadoras y Senadores que lo han solicitado, solamente quiero expresar, para que quede constancia de una vez, independientemente de que al final lo reafirme, dos cosas:

Primero, quedan asentadas las expresiones de las Senadoras Claudia Edith Anaya y Josefina Vázquez Mota, así como las disculpas ofrecidas por la Senadora Lucía Trasviña, las cuales reconocemos y agradecemos, primer asunto, que me parece dejar asentado de una vez para que en el transcurso de las intervenciones esto no se olvide, la Mesa Directiva recoge ambas cosas.

Y en segundo lugar, quiero señalar, a reserva de precisarlo con mayor minuciosidad, que la Mesa Directiva resolvió hoy por la mañana convocar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal ante el Pleno del Senado, en cumplimiento con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 76 de la Constitución, ya reformada la Constitución, publicada.

En el contexto de las reformas de la Guardia Nacional, tiene la obligación de comparecer ante el Senado antes de la aprobación que haga este Pleno, eventualmente de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entonces, hoy por la mañana la Mesa Directiva acordó también el convocar a esta comparecencia, que no sólo no se va a eludir, sino que la propia Mesa Directiva lo ha resuelto también.

Tiene la palabra la Senadora Alejandra León, después la Senadora Beatriz Paredes, el Senador Añorve, en lugar de la Senadora Beatriz Paredes, primero Añorve.

Bien, tengo anotados los siguientes: la Senadora Alejandra León, después anoté a Beatriz Paredes, hablará Manuel Añorve, después el Senador Alejandro Peña y después la Senadora Beatriz Paredes.

Y agregaré a los demás que pidan la palabra.

Adelante, Senadora Alejandra León, desde su escaño.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) Muy buenas tardes a todos los compañeros, primeramente, como integrante de la Comisión de Seguridad, pues doy fe de los hechos, tanto como de Verónica como de la compañera Claudia.

Senadora, usted tiene siempre mis respetos y mi admiración, Senadora Claudia.

Y referente al discurso de la corrupción que hemos estado dando siempre en el recinto aquí en el Senado, yo con mucho respeto les pido a mis compañeros de la coalición que ese discurso lo llevemos a los hechos, porque ya no somos oposición, ya somos gobierno, y a seis meses de que el Poder Ejecutivo se encuentra tomando las riendas de este país, no hemos visto a ni un solo de los corruptos que decimos que son en la cárcel.

Yo creo que debemos de ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, porque ya el que sea el discurso de todos los días, cada vez que alguien de nuestra coalición tome la tribuna y nadie, ni siquiera un Senador se atreva todavía a presentar alguna denuncia contra algún funcionario o contra algún gobierno de sus estados, la única que ha presentado una denuncia de juicio político en contra de mi gobernador corrupto, he sido su servidora.

Entonces, yo les convoco y les invito a que ese diálogo de la corrupción y esos argumentos de la corrupción, los llevemos a los hechos y que ya sea hora de presentar las pruebas ante las instancias correspondientes para que se accione y ya no nada más nos quedemos en ese discurso.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora León Gastélum.

Senador Añorve, sonido en su escaño.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Por supuesto que es de tomar nota y felicitar el reencauzamiento que se está dando al trámite parlamentario para la comparecencia del Secretario de Seguridad.

Quiero decirle que, a nombre del grupo parlamentario del PRI, siempre hemos tenido la disposición de buscar los acuerdos, como lo hicimos en la Guardia Nacional, que fue histórico, salió por unanimidad.

Que entendemos que el tema de seguridad pública es un tema que tenemos que reforzar y al tema de la inseguridad hacerle frente todos; y decirle que el día de ayer en la Junta de Coordinación Política envió a la Presidencia de la Mesa Directiva un comunicado para que se baje, por supuesto, en primera lectura, este tema, pero dando más argumentos, en base a lo que usted ya nos hizo el favor de informar de la comparecencia, lo lógico es que se baje, para que primero se dé la comparecencia y después, obviamente, se pueda discutir la Estrategia Nacional de Seguridad.

Esto es siempre en el ánimo, como aquí ya se ha dicho por algunas Senadoras y Senadores, por supuesto de buscar los acuerdos y los consensos, y en unos momentos más tendremos una reunión de Junta de Coordinación Política, que preside el Senador Ricardo Monreal, y la cual estaremos presentes, quienes participamos, y obviamente también es un buen momento, y así lo repito con toda la intención, pues para buscar los consensos y obviamente reencauzar este tema, que no es un tema menor, y en el cual todos pues queremos aportar y que nazca una Estrategia Nacional de Seguridad Pública después de la comparecencia y fortaleciendo en este tema que es tan importante para todos.

Y, por supuesto, nuestra solidaridad con Claudia Anaya, con Josefina Vázquez Mota, y nuestro agradecimiento, también, por supuesto, por la disculpa, porque también es importante reencauzar este debate y ponernos a trabajar en un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra el Senador Alejandro Peña, sonido en su escaño.

El Senador José Alejandro Peña Villa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para aclarar parte de lo que se decía, del procedimiento que llevamos a cabo.

Efectivamente, se pidió un receso, yo fui el que pidió el receso, pero previo a que se autorizara el receso para que viniéramos a votar, se consideró a los ahí presentes que votáramos en lo que se estaba discutiendo que era el dictamen antes de salir.

Entonces, yo revisando la lista de los asistentes, le ofrezco una disculpa al Senador Miguel, pero no está su firma de que haya asistido.

Entonces, los que estuvimos ahí presentes acordamos de que votáramos antes de venir al Pleno a hacer el voto que teníamos en turno en ese momento.

Y, por otro lado, también en cuanto a la participación del compañero del Senador Pedro Haces, argumentando lo que está en los artículos 130 y 143 del Reglamento, pues nos dio la claridad de que estaba llevando, cómo se estaba llevando el procedimiento y fue de acuerdo a las atribuciones de la Comisión y de la Presidenta de la misma.

Entonces, nada más para aclararlo, sí se dio el receso, pero previo a que diéramos el receso también a votar, se puso a consideración de los asistentes para que votáramos el dictamen, y así fue como se llevó a cabo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Peña Villa.

Para alusiones, el Senador Mancera, desde su escaño.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para alusiones, y para ilustrar al Pleno y también a mi compañero.

Efectivamente, yo estaba en este Pleno y ahí están los videos, en mi labor de coordinador, tanto para un punto de Acuerdo que estaba presentando uno de mis Senadores, como por la incorporación que se dio de último momento de una sesión que tuvimos en la Comisión de Justicia, de la ratificación de magistrado en materia agraria.

Pues no está aquí en el Pleno, pero cuando llegué, que no me va a dejar mentir Josefina, que iba a entrar, me dijo: “Hay un receso y podemos ir a votar” Y me regresé, pero estaba ahí en la puerta.

Pero independientemente de eso, yo creo, señor Presidente, que usted ha dado un argumento que ya es fundamental, va a comparecer el Secretario ante el Pleno, ¿cómo vamos a aprobar un dictamen antes de que comparezca el Secretario ante el Pleno?

Parece que necesitamos escucharlo a él, para que él también pueda plantear esa Estrategia que se corrige de lo que llegó, porque lo que llegó no es ni siquiera lo que aprobamos nosotros, sino que hoy está en la Constitución.

Entonces, para alusiones nada más lo que quería aclarar es por qué no había llegado antes a una sesión simultánea del Pleno, porque en mi labor de coordinador del grupo parlamentario tenía que estar aquí hasta ese momento.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien.

En un momento yo me extenderé en la explicación de por qué está el punto en el Orden del Día, simplemente quiero señalar que la Mesa Directiva acordó hoy por la mañana sostener el punto en el Orden del Día, en primera lectura, la primera lectura no implica que hoy se discute, se discute hasta la segunda lectura.

El planteamiento de la Mesa Directiva es: está el punto en el Orden del Día porque llegó un dictamen que cubre con las formalidades del procedimiento. Y después de esta primera lectura, se cita a comparecer para el día 23 de abril al Secretario de Seguridad Pública ante el Pleno del Senado.

Y después de la comparecencia ante el Pleno, será la segunda lectura para la aprobación eventual de la Estrategia, discusión y, en su caso, aprobación de la Estrategia.

Tiene la palabra la Senadora Beatriz Paredes, sonido en su escaño.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En primer término, quiero reiterar lo que expresó el Senador Añorve, y ratificar toda nuestra solidaridad y aprecio por la Senadora Claudia Anaya, quien además es una de las legisladoras más responsables, más completas, y que enorgullece a nuestro grupo parlamentario por su congruencia y por su minuciosidad al analizar todos los temas que corresponden al Senado.

Aprecio las disculpas que ofreció la Senadora Trasviña, y creo que este incidente que se presentó en la Comisión de Seguridad Pública nos lleva a todos a hacer una reflexión sobre el tono de los debates, que podamos debatir con toda la energía y con toda la firmeza, pero también con el respeto a quienes podemos ser contrarios en la vida electoral, pero somos colegas en el Senado de la República, y enaltecer el nivel del debate en el Senado de la República.

Sobre la forma en la que está presentada el dictamen a primera lectura.

Yo quisiera hacer una consideración política, señor Presidente.

Como miembro de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a nosotros nos hubiera gustado que nos remitieran también para expresar una opinión. Eso no se dio porque para entonces no se había formalizado la instalación de la comisión. Entiendo que no fue una omisión de la mesa.

Sin embargo, hicimos una revisión del documento, y nuestras conclusiones, que a este Senado puede coadyuvar y enriquecerlo de manera sustantiva, porque como bien ya se dijo aquí, el tema de la seguridad pública, de la seguridad cotidiana y de la seguridad nacional, es el tema que más preocupa a la sociedad mexicana.

No me parece sensato, después del esfuerzo que se hizo en este Senado para sacar por unanimidad la Guardia Nacional, que por un problema de tiempo y procesal no podamos intervenir todas las fuerzas políticas con mucho mayor cuidado en complementar el dictamen, particularmente si la Mesa Directiva ya determinó que haya comparecencia del Secretario de Seguridad Pública.

Yo no quisiera que esto se volviera un tema de orden político, de descalificación de nadie. Creo que una alternativa sensata que acoge la opinión de los grupos parlamentarios de oposición es que la propia Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad retire el dictamen, que retire el dictamen para que pueda ser enriquecido, que retire el dictamen porque va a venir el Secretario de Seguridad Pública, que retire el dictamen habida cuenta de que algunos compañeros Senadores, por las razones que expusieron, no pudieron estar en la discusión.

Me parece que si la propia Comisión de Seguridad retira el dictamen, nos estamos cuidando todos, pero sobre todo estamos cuidando la posibilidad de que lleguemos a un voto de consenso en la Estrategia de Seguridad Pública.

Si seguimos precipitándonos, probablemente estemos dificultando la construcción de consensos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel.

Senador Mauricio Kuri.

Después, Senadora Antares Vázquez.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Entiendo que le molestó mi comentario, sin embargo, quiero decirle que yo no me dirigí a usted en el tema que habíamos dicho que había usted falsificado las firmas.

Lo que sí dije, y lo sostengo, es que, sin lugar a dudas, apareció el tema de la CRE sin ningún acuerdo político la semana pasada.

Y quisiera preguntarle si hubo alguna investigación sobre el tema de las firmas falsas que esta Mesa Directiva recibió y las dio por buenas.

La semana pasada también vimos que hubo una sesión especial, cosa que no existe, donde se le dio el triple de tiempo a un Diputado, se le dieron nueve minutos con 30 segundos al Diputado, y solamente tres minutos a los Senadores.

Es increíble, estamos muy de acuerdo en que se les cite, por supuesto, al Secretario de Seguridad Pública, pero eso debió haber sido antes, señor Presidente, desde la comisión, no ahorita.

Y por supuesto que le aceptamos las disculpas a la Senadora Trasviña; sin embargo, creemos que si ella tiene alguna denuncia que hacer contra alguien en particular, este país es de instituciones y por supuesto que puede ir a ellas.

Por último, decirles que el dictamen que están proponiendo el día de hoy está mal, porque no hay congruencia entre lo que dice la Guardia Nacional y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Es cuanto, señor Presidente

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tres precisiones quiero hacerle, Senador Kuri.

Primera, al Diputado Porfirio Muñoz Ledo se le dieron tres minutos y se tomó nueve, pero aquí mismo se le estuvo diciendo que se había pasado ya del tiempo en varias ocasiones.

Ahora, no fue el único que se pasó el tiempo, aunque fue el que se pasó más tiempo.

Segunda precisión. Sobre el tema de las firmas. Hay Senadoras, Senadores que presentaron denuncias ante determinadas autoridades, y ya esas autoridades les darán respuestas.

La Mesa Directiva no tiene ningún estudio, ni capacidad jurídica ni técnica para hacer estudios grafoscópicos.

En tercer lugar. Sobre el contenido de dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. Eso ya es la materia de discusión del Pleno.

Usted tiene una opinión, hay otras opiniones, y esas opiniones ya se presentarán ante el Pleno.

La Mesa Directiva no prejuzga sobre el contenido de ningún dictamen, sus integrantes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con los dictámenes. La Mesa Directiva sólo recibe los dictámenes y los presenta ante el Pleno del Senado, que es el que decide sobre ellos.

Senadora Antares Vázquez, tiene la palabra, desde su escaño.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero ahora sí que honrar a la Senadora Lucía Trasviña por la disculpa, porque sin duda eso le enaltece. Estoy absolutamente de acuerdo en que las faltas de respeto no deben ser toleradas en este Senado porque somos personas, independientemente de ser Senadores y Senadoras.

Pero en ese mismo ánimo, quiero hacer un exhorto atento a quienes se han atrevido a agredir a la Mesa Directiva, en la persona del Presidente de esta Mesa y de la Vicepresidenta, que frecuentemente ha sido agredida, Mónica Fernández, de diferentes Senadores y Senadoras que han hecho alusiones a cosas, acusando de “chicanadas”, de “madruguetes” y una serie de cosas.

A mí me extraña, porque parece que al interior de los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación en la Mesa Directiva, no haya comunicación adecuada de los acuerdos que se toman y de las facultades que tiene la Mesa Directiva.

La Mesa Directiva no tiene la facultad de poner en duda una firma, no tiene la facultad de rechazar un dictamen que se presenta, siguiendo la forma legislativa para hacerlo, no es facultad de la Mesa; sí es facultad defender la Ley y el Reglamento del procedimiento legislativo.

Entonces, todos los señalamientos acalorados, agresivos que se han dado en este Pleno, y de los que todas y todos hemos sido testigos yo pediría, en el mismo ánimo que se hizo la denuncia de lo que la Senadora Claudia Anaya hizo, en ese mismo ánimo pido a los y las Senadoras que han sido agresivos contra la Mesa Directiva acusándola de cuestiones de ilegalidad y una serie de cosas, que también ofrezcan una disculpa, porque no se puede tolerar que a la representación legal del Senado, en donde todos los grupos parlamentarios tienen representación, se nos sobaje de esta manera.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Antares Vázquez.

Y coincido con el espíritu de su intervención.

Senador Bolaños Cacho, tiene la palabra, desde su escaño.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero, primero, secundar la intervención de la Senadora Beatriz Paredes, creo que en la medida en la que más elevemos nuestro debate, más vamos a enaltecer nuestra labor legislativa.

Y hacer una atenta sugerencia a este Pleno y a su Presidencia, señor Presidente, toda vez que existe un antecedente de un oficio que se envió el día de ayer, con dos firmas de dos Senadores del grupo mayoritario, en el cual se solicitaba que se retirara del Orden del Día el presente dictamen, y aún y cuando se pudiera advertir que no cuenta con el voto de las firmas ponderadas de la Junta de Coordinación Política.

Por eso menciono que es un antecedente, yo quisiera sugerirle a este Pleno, que toda vez que estábamos citados a las 12:30 horas los coordinadores de todas las fuerzas políticas a una reunión de la Junta de Coordinación Política, que es el Órgano de Gobierno de este Senado de la República, que podamos continuar con la sesión del día de hoy, hasta en tanto sea este Órgano de Gobierno, prefiriendo los acuerdos, el que tome la decisión correspondiente en cuanto al presente dictamen.

Creo que la Senadora Josefina Vázquez Mota también fue clara hace unos momentos, siempre hemos privilegiado, en la Junta de Coordinación Políticas, los acuerdos y hoy podemos dar ejemplo una vez más de ello.

Sigamos con la sesión del día de hoy, esperemos a la resolución que emitamos quienes coordinamos a todas las fuerzas políticas de este Senado en la Junta de Coordinación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Josefina Vázquez Mota, sonido en su escaño.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Señor Presidente, sumarme a esta petición, que sé que no está en el terreno de la Mesa Directiva, en su competencia, pero sí en nuestra comisión de poder retirar este dictamen, para que nos permitan poder hacer lo consecuente y considerar incluso la reforma constitucional aprobada por este Senado.

Reitero, la mayor y la mejor de las voluntades y disposiciones para construir en esta materia y también la voluntad de llevar a la Junta de Coordinación aquello en lo que podamos contribuir para su mejor resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, muchas gracias. Quisiera hacer algunas puntualizaciones.

Primero, quiero señalar que al comenzar este periodo ordinario de sesiones, el Presidente de la República cumplió con un nuevo mandato constitucional, que es enviar al Senado de la República su propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esa Estrategia la vino a presentar de manera directa el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Recibimos esa Estrategia de Seguridad Pública y la turnamos a la Comisión de Seguridad Pública. Aprobamos en el Pleno un formato para darle trámite a la propuesta de Estrategia de Seguridad Pública. Ese formato que presentó la Mesa Directiva y votó el Pleno, dice diversas cosas, entre otras, que se ejercerá esta atribución constitucional señalada antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones.

También que a partir del turno dictado en la sesión del 1º de febrero, la Comisión de Seguridad Pública elaborará un dictamen en el que proponga una resolución sobre la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que finalmente es lo que hizo la Comisión de Seguridad Pública.

También se aprobó, en el Pleno del Senado, que aprobado el dictamen por la Comisión de Seguridad Pública se remitirá, dentro de las 24 horas siguientes, a la Mesa Directiva del Senado; y también se aprobó en otro de los puntos, que la Mesa Directiva del Senado integrará al Orden del Día dicho dictamen en la sesión inmediata siguiente.

Todo eso viene en el formato que aprobó el Pleno del Senado a propuesta de la Mesa Directiva. Esto quiere decir que la Comisión de Seguridad Pública se ciñó a lo que se estableció en el formato acordado por el Pleno del Senado de la República.

Ahora bien, de manera formal la Mesa Directiva recibe los dictámenes de las diversas comisiones y los inscribe al Orden del Día, esto sucedió desde anoche, recibimos un dictamen e inmediatamente se inscribió al Orden del Día, no se inscribió hoy por la mañana, sino que inmediatamente se revisó el dictamen, la Secretaría Parlamentaria señaló que cubría con todos los requisitos formales de ley y se incorporó al Orden del Día. De tal manera que por eso está inscrito el dictamen en el Orden del Día

Hay una observación, en el sentido de que de acuerdo a la reforma que se realizó sobre la Guardia Nacional, se establece una nueva obligación que no existía previamente a la llegada de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que es la comparecencia del Secretario.

Dice la reforma que el Senado de la República analizará y aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo. En ese sentido, lo que ha hecho la Mesa Directiva es que está citando al titular del ramo a comparecer ante el Senado de la República.

De esta manera, tenemos un dictamen, el dictamen solo dice que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el Presidente de la República.

Ahora bien, vendrá el Secretario de Seguridad Pública a defender dicha Estrategia y después de la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, el Senado, en su caso, si así lo decide, aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Tenemos un orden lógico que no queda afectado, de ninguna manera, por la inclusión del dictamen, en primera lectura, el día de hoy.

¿Qué significa la primera lectura? La primera lectura es la información que la Mesa Directiva hace al Pleno del Senado y que la Comisión hace al Pleno del Senado, en el sentido de que hay un dictamen. Y hasta la segunda lectura es cuando se da la discusión.

La Mesa Directiva lo que ha resuelto es, teniendo la presentación del dictamen en primera lectura, se cita al Secretario de Seguridad Pública para cumplir con una nueva obligación constitucional.

Y tercero, después de ello, después de dicha comparecencia, se discute y se aprueba, en su caso, en el Senado, en el Pleno del Senado, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Por eso el procedimiento que se está planteando no afecta, en ningún sentido, el cumplimiento de la obligación de la comparecencia y tampoco plantea acelerar ninguna discusión, porque si la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública es el día 23 de abril, como está planteado, quiere decir que la aprobación en el Pleno será después del 23 o después de dicha comparecencia.

Bien, tengo al Senador Damián Zepeda.

Perdón, antes, nada más quiero señalar lo siguiente, que se establece en el Reglamento: “al ser publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria las comisiones dictaminadoras solo pueden retirarlo previa aprobación del Pleno”, además, “donde se funden y motiven las causas”.

Bien, adelante, Senador, desde su escaño.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Bien, señor Presidente.

Un poco en ese sentido va.

Primero, estamos debatiendo el Orden del Día, no está aprobado el Orden del Día. Eso quiere decir…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se debate el Orden del Día, bueno, se debate el Orden del Día, pero lo formula la Mesa Directiva; no se vota el Orden del Día.

Pero, adelante, adelante.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Pero está una propuesta de retirar el tema. En efecto, esa es la propuesta, señor Presidente.

Sin ahondar más en el debate, son claras dos cosas:

La primera, una que usted está diciendo, una reforma constitucional que obliga al Secretario a venir al Pleno a defender la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, explicarla. Así dice la Constitución, no deja lugar a dudas y qué bueno que se vaya a atender.

La segunda, señor Presidente. Ese elemento es indispensable para la valoración del tema en el Senado, incluyendo desde la comisión; o sea, estuvo mal que hayan votado en comisión el tema sin haber venido a la comparecencia del Secretario, pero vamos a suponer que usted diga: “no, no necesariamente”, el dictamen está mal, es ilegal lo que dice el dictamen. Yo les pido que lo lean, lo que dice el dictamen –lo digo con respeto- es contrario a lo que dice nuestra Constitución vigente.

No podemos votar o poner a disposición algo que es ilegal. Dice que se requiere de la participación de las fuerzas castrenses, dice que el mando operativo es de las Fuerzas Armadas, o sea, no está adecuado a la reforma.

Entonces, es un sinsentido, es un llamado al sentido común el que estamos haciendo. Que se corrija, incluso desde el propio gobierno debería llegar un alcance y corregir su propuesta, o bien, aquí corregirla, pero desde comisiones.

Sin aumentar el debate, sin ofender a nadie, simplemente una propuesta de sentido común: que se retire el dictamen por el procedimiento que recomiende la Secretaría de Servicios Parlamentarios, ya sea que lo votemos aquí, pero hacemos un llamado al grupo mayoritario para, en sentido común y buen afán -estos son los motivos-, votemos, retirémoslo, se regrese a comisiones, se cite al Secretario, lo escuchemos, se adecúe la Estrategia a lo que aprobamos en la Guardia y se acabó el problema.

Podemos discutir de manera positiva el tema de seguridad pública, qué bueno que hubo disculpas, hay temas que no hemos superado y demás.

Esa es la propuesta concreta, señor Presidente, no forcemos, que no sea un tecnicismo legal el que nos obligue a continuar por este camino de la tensión. Creo que lo podemos resolver en este momento.

Está mal el dictamen, si quieren les digo en qué hojas y en qué puntos; viene la Estrategia, no nada más dice un punto resolutivo, viene anexa la Estrategia y la Estrategia, de la página 40 a la 47 está mal, porque nada de esas páginas se adecúa a lo que ya es marco jurídico constitucional, ¿pues qué estamos haciendo?

El llamado es: oigan, ¿no podemos ponernos de acuerdo en que se retire?, ¿de verdad? Que venga el Secretario, se rehace y ya, se pone a disposición y votamos algo positivo.

Esa es mi propuesta, señor Presidente, ver si podemos procesarla.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, esta Mesa Directiva no puede prejuzgar sobre lo que usted dice. Si tiene razón o no tiene razón, eso lo determinará el Pleno. Si el Pleno decide que usted tiene razón, será cuando se entre al fondo del asunto, y para entrar al fondo del asunto se requiere discutir el dictamen.

Cuando se discuta el dictamen en la segunda lectura es cuando tendrán que hacerse valer esos argumentos. Si el Pleno del Senado coincide con usted lo apoyará en esas formulaciones, pero cabe la posibilidad que haya puntos de vista distintos, que también habrá en el debate.

Pero en este momento no estamos en el fondo del tema, lo que usted señaló es materia de la discusión que haya sobre el dictamen.

Bien, Senadora Margarita Valdez, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El inicio de esta discusión y de este análisis-debate fue la palabra “respeto”. En ese sentido, se han vertido muchos conceptos ya de lo que es el respeto, pero para ser congruentes, yo solicito que primero empecemos a respetar la institución en la que estamos, y si ya existe un Reglamento y una normatividad, tenemos que respetarla.

Si ya nos explicaron de una y otra forma que esto no es motivo para retirar ese dictamen, yo sugiero que ya sigamos con el Orden del Día de lo que está establecido.

Y como ejemplo que a veces queremos ser muy incongruentes, recuerdo que hace dos semanas se proponía, inclusive de mi parte, que se retirara un dictamen en el sentido de las mujeres que se les había aprobado una incapacidad post parto, que consideraba que no era lo adecuado y en el Pleno se nos hizo saber que ya cuando está dictaminado en comisiones ya no se puede retirar ese dictamen.

Por lo tanto, creo que para ya no gastar el tiempo del Senado en discusiones estériles, que no nos van a llevar a nada puesto que el Reglamento y la normatividad no nos lo permiten, sigamos con el Orden del Día.

Es un punto de vista personal, que así como unos dicen que hay que quitarlo, también habemos quienes decimos que no se retire y que hay que seguirle, como debe ser.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Paredes, desde su escaño.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo tengo, como usted lo sabe, por usted y por la Mesa Directiva, un enorme respeto y aprecio el espíritu democrático que ha caracterizado las decisiones en muchos de los temas que conduce la Mesa Directiva.

Aquí queremos solicitar que sea el espíritu democrático el que campee en la decisión. El artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso General estipula que las decisiones del Presidente de la Cámara estarán…

Perdón, sé que hay…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora Paredes Rangel.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Decía yo que el artículo 68 de la Ley del Congreso General estipula que es el Pleno el que determina las decisiones últimas.

Mi solicitud respetuosa es que habida cuenta que tiene la facultad la Mesa Directiva de integrar el Orden del Día, pero que se somete a aprobación del Pleno, ese trámite lo hemos realizado todos los días, le demos fondo al hecho de que se someta a consideración del Pleno.

Seguramente, si no hay una reflexión de lo que significa intentar el consenso sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el valor político que tiene intentar el consenso para el Estado mexicano, cuando usted someta a votación si se retira o no el punto, habrá una respuesta partidista a este tema. A lo que yo apelo es a que sea el espíritu democrático el que resuelva el asunto.

No estamos diciendo que se suspenda para siempre.

No estamos posponiendo de manera infinita, tenemos dos hechos supervinientes que llevarían a retirar el dictamen o que la Mesa Directiva estuviera de acuerdo en retirarlo.

El hecho superviniente de la Estrategia de la Ley de la Guardia Nacional de la aprobación.

Y el hecho superviniente que usted nos expresó de que la Mesa Directiva acordó citar al Secretario de Seguridad Pública.

Yo sé que mis compañeras y compañeros de Morena votarán partidistamente, pero aquí exhorto a todos a que actuemos como Senadores de la República, más que como miembros de un partido político.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes.

Quiero, antes de darle el uso de la palabra, señalar lo siguiente:

Agradezco sus expresiones para con la Mesa Directiva y para con el Presidente, muchas gracias, es recíproco el reconocimiento, no sólo en términos de respeto, sino también de reconocimiento de la altura en el debate de nuestra parte para usted, Senadora.
Sólo quisiera señalar lo siguiente:

En el análisis que hemos hecho sobre cómo está toda la situación referente a este tema, ubicamos varias cosas.

Una de ellas es que ya hubo un procedimiento que el Pleno aprobó para abordar el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y formalmente la Comisión de Seguridad Pública se ciñó a él.

También, por otra parte, tenemos nosotros determinados tiempos, es decir, estamos ya casi por finalizar el periodo de sesiones y la obligación constitucional que tenemos es resolver este tema antes de que termine el periodo de sesiones.

Tomando en cuenta las obligaciones que tiene la Mesa de darle publicidad a un dictamen en primera lectura, que finalmente la primera lectura cumple esa función, darle publicidad a un dictamen.

Tomando en cuenta que hubo un procedimiento que aprobó el Pleno, y tomando en cuenta también los tiempos que tenemos, es que hemos hecho esa formulación para que se mantenga la primera lectura el día de hoy, se cite a comparecer para el día 23 al Secretario de Seguridad Pública y después de esa comparecencia se discuta y apruebe, en su caso, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero no es un planteamiento partidista; sino es un planteamiento formal que hace la mayoría de la Mesa Directiva y ya se convirtió en acuerdo de la Mesa Directiva, a partir de los procedimientos que marca el Reglamento y la ley, y a partir de lo resuelto por el Pleno en el formato inicial y también por los tiempos que marca la Constitución.

De otra manera, vemos mucha incertidumbre, es decir, si el dictamen se regresara no sabríamos cuándo se presente en primera lectura. Por lo tanto, tampoco tendríamos certidumbre sobre la organización de los siguientes pasos a seguir y no sabríamos los tiempos que esto llevaría.

Esto está planteado en términos de estos tiempos que tenemos ahora, esa es la formulación que se está haciendo con estas características, una cosa está relacionada con la otra, es decir, la presentación en primera lectura de hoy está relacionada con la comparecencia del martes y está relacionada con la posterior aprobación de la Estrategia en el Pleno.

Si esas fechas se modifican, ya no sabríamos con exactitud cuáles serían los momentos y espacios en que se llevaría a cabo cada uno de los pasos.

Senador Miguel Ángel Mancera, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Primero, yo quisiera reconocer también las expresiones que se han hecho aquí, y por supuesto las disculpas a las compañeras que se han manifestado, me parece que ha sido un acto que vale por sí mismo, y ya se han hecho varios planteamientos desde el punto de vista político.

Yo, reconociendo también la apertura de la Mesa Directiva, la conducción que usted ha realizado para permitir todo este debate, señor Presidente, quisiera abonar ahora al punto nada más jurídico, de estricto razonamiento jurídico, porque si nosotros dejamos hoy aprobada esta primera lectura de este dictamen, es un dictamen en donde subsisten, como ya lo mencionaron aquí otros Senadores, contradicciones constitucionales.

Cada Senador tenemos una obligación de control constitucional difuso, cada Senador, cada uno de nosotros lo tenemos, y eso es inherente al cargo. Entonces, no podríamos esperar hasta un debate posterior dejando pasar esto o pasándolo inadvertido, ni siquiera abona al documento que envió el Secretario, porque ahora va a ser público que el documento que se envió tiene serias contradicciones constitucionales, entonces, yo diría, en esa misma lógica, tenemos varios argumentos jurídicos en este momento para que se retire el dictamen.

Va a venir el Secretario, ya tenemos una fecha.

Inmediatamente que comparezca el Secretario pasemos a dictaminarlo, porque ahora sí conoceríamos la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que hoy se tiene dictaminado no es la Estrategia Nacional de Seguridad, es público. Digo, cualquier persona, ya ni siquiera en un análisis legislativo, se puede decir que no está el mando en la Marina y que no está el mando en el Ejército, pues eso se ha reiterado.

Yo quiero reiterar este llamado que se ha hecho a que reencaucemos lo que debe ser, y no vería yo la incertidumbre si se hace inmediato esto, la comparecencia del Secretario, la reunión en la comisión, ya con los argumentos del Secretario y aprobar lo que el Secretario nos va a decir que es la Estrategia Nacional.

Hoy el documento que tenemos no es la Estrategia Nacional de Seguridad, entonces, le vamos a dar primer lectura y nosotros vamos a consentir eso, que no es la Estrategia Nacional de Seguridad, porque si hubiera llegado un alcance o tuviéramos otro documento lo entendería.

Entonces, le reitero respetuosamente este llamado, ya fuera de cualquier análisis político, sino en el estricto cumplimiento jurídico, señor Presidente, para cumplir cabalmente con este análisis que debe hacer el Senado, previo a que tiene que comparecer el Secretario para que él nos diga cuál es la Estrategia, entonces, si aprobamos en un dictamen de comisiones la Estrategia de la que platica el Secretario de Seguridad, de otra manera estaríamos aprobando un documento que todo mundo ha señalado las deficiencias que tiene.

Por eso yo reitero esto, lo podemos hacer con fundamento en el 105, podemos argumentar con él, es decir, con todas las disposiciones que hemos aquí mencionado.

Se lo manifiesto respetuosamente, sé que puede ser motivo de un análisis jurídico. Y si es necesario que hagamos un receso y se plantee también en la Junta de Coordinación Política, que ya lo hemos hecho aquí cuando estuvo el debate de los Ministros de la Suprema Corte, pues también.

Y créanme, en el ánimo, yo en este momento ofrezco toda la disposición del grupo parlamentario del PRD para que en las fechas que se señalen, cumpliendo con la Constitución, quede aprobada la Estrategia.

Yo tengo esa intención de que se apruebe la Estrategia que plantea el Presidente porque me parece que esa es su facultad, porque es su responsabilidad.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Sólo haría las siguientes precisiones en materia jurídica:

Primero, Senador Mancera, la primera lectura no se aprueba, la primera lectura no tiene ningún sentido aprobatorio, sólo tiene un sentido informativo para que el Pleno conozca.

Segundo, en la discusión que se realice cuando se haga la segunda lectura, que será posterior, se puede modificar un dictamen parcialmente, totalmente, puede ser rechazado o puede ser aprobado.

Los juicios de valor sobre el contenido del mismo los tiene cada Senador o Senadora y los hace valer en el momento del debate, que es cuando ocurre la segunda lectura.

Sí hay un documento que se está discutiendo como base, que es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada el 1º de febrero.

Así es que sobre ese se ha hecho la discusión en la comisión dictaminadora correspondiente, sobre la cual resolvió la comisión dictaminadora.

Entonces, en ese sentido, yo diría que no se preocupe, no se estaría aprobando hoy el documento de ninguna manera.

El Senador Mancera Espinosa, finalmente, desde su escaño.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para esos efectos y para lo que conocemos perfectamente en materia jurídica, que se llama acto consentido, yo le pido que de esta publicidad que se está dando se quede asentado que yo no estoy de acuerdo con tener, por formulado como consentido en ese sentido jurídico, porque es muy claro el con sentido jurídico, el consentimiento en este caso, en el momento en el que nosotros dijéramos: “¿oye, no estás de acuerdo, pero si te dieron primera lectura y no dijiste nada, aquí se ha dicho, se hizo del conocimiento y no se dijo nada?

Yo sí quiero decir, en abono a la propia comisión, para que le vaya bien a la comisión en su dictamen, que debiéramos de reencauzar, porque si había la duda de si la Constitución en el artículo 76 era aplicable o no, que ese era un debate de la comisión, hoy ya no está la duda, usted mismo lo acaba de decir, y eso reorienta el propio debate de la Comisión de Seguridad, que sobre esas bases podría construir.

Y ya no intervengo más, nada más que quede esa constancia también para el Diario de los Debates, de mi posición respecto a la publicidad que se está dando de la primera lectura.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda la constancia de su postura y también de las precisiones que se han hecho desde la Mesa Directiva.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal Ávila.

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Señor Presidente. Ciudadanas legisladoras y legisladores:

La naturaleza de un Parlamento es esta: discusiones, debate, deliberación, puntos de vista dispares y hasta encontrados.

Pero también el Parlamento, y sobre todo el Senado de la República tiene una naturaleza que la hace distinta.

En ocasiones la discusión álgida, la pasión, el sentimiento, la lucha partidaria nos aleja de una conciliación y nos aleja de la posibilidad de encuentros, de consensos, de acuerdos.

Yo siempre he intentado que prevalezca en este Senado el consenso, siempre. Escucho a todos, hablo con todos y los respeto a todos y a todas.

Por cierto, aunque ya lo hizo Lucía, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, le ofrezco una disculpa a Claudia Anaya, mi paisana, y una disculpa a Josefina, Senadora del PAN.

No demerita a ningún hombre, ni a ninguna mujer ofrecer la posibilidad del reencuentro y de reencauzar la discusión.

Creo que esa es nuestra función y nuestra obligación como parte de este Senado de la República, el que yo personalmente tengo aprecio por la institución, independientemente de quién constituye mayoría o quién constituye oposición, esas son posiciones que cambian, que son temporales y que nadie puede afirmar el que se mantengan permanentemente en un statu quo.

Por eso en la discusión que estaba escuchando, señor Presidente, he querido buscar una solución ecléctica que no ponga en riesgo una decisión de la Mesa Directiva, ni tampoco anule su autoridad, pero que también la mayoría pudiera estar satisfecha, o lo más satisfecha de buscar un mecanismo de solución a este tema controversial que se ha planteado.

¿Cuál es la alternativa que yo les pido puedan aceptar en aras de caminar y de resolver este diferendo, que se trata de una disposición constitucional que establece el artículo 69 en su párrafo tercero, y que es relativa a la estrategia de seguridad pública que debe informar el Ejecutivo Federal y debe de tener el conocimiento o tomar el conocimiento esta Cámara como facultad exclusiva, por cierto?

Les plantea a todos los legisladores y legisladoras lo siguiente:

Primero, obviamente, como aquí lo ha afirmado el Presidente, no estaríamos aprobando, menos debatiendo, ni deliberando una estrategia, que coincido con varios de ustedes en que no está adecuada, de que no previene la reforma constitucional recientemente aprobada, de que no es congruente, porque ni siquiera está contemplada la Guardia Nacional, es una institución que todos hemos votado en favor.

En ese sentido, lo que planteamos es que pueda, el dictamen, revisarse en la Junta de Coordinación Política, tendríamos nosotros reunión a las 12:30, no se hizo la reunión por ese diferendo que alteró nuestra reunión y que en la Junta de Coordinación Política podríamos adecuarlo, modificarlo, aunque tiene que ser sometido al Pleno una vez que se adecúe, que dejemos sub júdice el proceso porque había voces en nuestra bancada que fuera hoy mismo cuando se aprobara en una segunda lectura dispensada y nosotros hemos afirmado que no, que no se va a aprobar el día de hoy, que por supuesto lo había comentado con Senadores del PAN y con Senadores del PRD, en la mañana que nos sorprendió el debate, porque intentábamos desde muy temprano construir una salida que a todos nos beneficiara.

Les propongo que las modificaciones de todos los grupos parlamentarios esta tarde las implementemos, las integremos, pero también les propongo que antes de aprobarse venga el Secretario de Seguridad Pública al Pleno, como ya lo afirmara el Presidente de la Cámara, que venga, modificamos todo lo que se quiera, no tenemos ningún inconveniente, porque finalmente es una estrategia que al gobierno federal le interesa y que al Senado como Cámara exclusiva debería estar muy interesado en revisarla, discutirla, deliberarla.

Y les propongo que hasta en tanto no venga el Secretario de Seguridad Pública, hasta en tanto no modifique la Junta de Coordinación Política este dictamen, hasta en tanto podamos nosotros llevarlo al Pleno.

Es una solución ecléctica, nosotros no podemos tampoco poner una posición en contra de nuestra Mesa Directiva, debe de entendernos, nosotros respaldamos la conducción de Martí Batres como Presidente de la Cámara, no podemos tampoco generar una confrontación, no lo podría hacer, aunque pudiésemos asumir una actitud autoritaria y decirles a los compañeros así se va a hacer, no, siempre lo platicamos, siempre lo definimos e intentamos lograr que el grupo no se divida.

Esa es nuestra obligación como parte del grupo parlamentario de la mayoría, pero no dejamos de aceptar que hay razones, los argumentos jurídicos del Senador Mancera son atendibles, yo se lo dije a él, se lo dije al PAN, se lo dije al PRI, y se lo dije también al PT y al PES, intentemos construir, nosotros tenemos la mejor disposición, a muchos de ustedes les asiste la razón, cuando yo los escuchó les aseguro que coincido con muchas partes de lo que expresan, por eso intento no subir mucho, porque podrían estar en una posición similar.

Yo les planteo eso para superar la crisis, esta mini crisis que en cualquier Parlamento hay, Parlamento es eso, somos una Cámara viva y no debe de asustarse nadie ni afuera ni adentro, porque es parte de una Asamblea deliberativa viva.

Entonces ojalá y lo acepten, señor Presidente, le rogaría, si usted lo estima pertinente, considerar o someter a la consideración de la Asamblea si está suficientemente discutido plantearle las propuestas, si usted lo estima pertinente e intentar superar esta pequeña crisis en la Cámara de Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Hay cuatro puntos que ha planteado el Senador Ricardo Monreal, esta Presidencia está de acuerdo con esos cuatro puntos, son los siguientes:

Primero, hoy queda en primera lectura el dictamen, sí, es lo que dijo el Senador Monreal.

Segundo, la Junta de Coordinación Política se reúne para recoger los planteamientos de la oposición a fin de formular o buscar formular las modificaciones que se consideren hacer al dictamen.

Tercero, comparece el Secretario de Seguridad Púbica, y después de ello, se realizará la segunda lectura, para ya recogiendo las opiniones que se vertieran al interior de la Junta de Coordinación Política y ya realizada la comparecencia hacer las modificaciones en la sesión del Pleno donde sea la segunda lectura.

Bien, eso es lo planteado por el Senador Ricardo Monreal y esta Presidencia está de acuerdo con esa formulación.

De todos modos vamos a someterlo a consideración del Pleno.

Senador Zepeda Vidales, sonido en su escaño.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Una sugerencia, que todo mundo está buscando el como sí. Pues yo creo que si nos ponemos en ese plan, es que es muy buen plan, está todo mundo poniendo alternativas, verdad.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es del gobierno federal, no es del Senado de la República, pues es del Estado mexicano, quién propone la Estrategia de Seguridad Pública, ¿y quién la va a implementar, nosotros o el gobierno federal? El gobierno federal.

Debería el gobierno federal adecuar, pues el planteamiento, su planteamiento que hizo ya no es compatible con nuestro orden constitucional vigente, pues.

Entonces, de verdad, lo correcto es que haya un alcance el gobierno al respecto, o bueno nosotros vamos a poner aquí lo que nosotros creemos, a moverle y luego lo viene a implementar el gobierno, es un tema compartido, pero creo que el respeto la saque, a la propuesta del gobierno debe de retroceder, es un simple comentario, o sea si yo estuviera en el Poder Ejecutivo, particularmente de seguridad pública, caray, de verdad no puede haber una comunicación y decir: tenemos este problema, no podemos actualizar este documento; o sea, no le podemos hacer una propuesta actualizada al Senado para que el Senado pueda votar un tema que ya se apega a lo que se aprobó.

Me parece sensato, nadie está retando a nadie aquí, es simplemente un planteamiento, que pudiera tener procedencia, está el 105 con moción suspensiva, señor Presidente, y que pudiera votarlo usted y sacarlo o está el 205 que es pedirle a la comisión si su propio coordinador está mostrando voluntad, pues que no podemos pedirle a la comisión que retire el dictamen, lo dice el 205 y nadie ofende a la Mesa Directiva.

Ya quedó claro, digamos, era lo que se había acordado. Pero simplemente se está poniendo información nueva en la mesa.

Entonces, ahí está la propuesta, me parece a mí lo sensato, y eso que no somos gobierno, que el gobierno, si la Constitución dice que el gobierno manda su Estrategia de Seguridad Pública, y hubo un cambio importante en el país y constitucional, pues debería de adecuarla.

¿O aquí nos vamos a sentar a adecuar lo que va a ser el gobierno en seguridad pública?

Pues está bien. Me parece que no es el orden normal de las cosas y no se trata de ofender a nadie.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Zepeda, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Propuesta concreta.

Una que va por la buena fe, basado en el 205, basado en la voluntad que ha mostrado el grupo parlamentario de Morena, mayoritario, pedirles si podemos ahorita la labor política para que la Comisión retire el dictamen.

El 205 lo dice, si no quieren, está bien, es válido, pero es una petición política.

Sino, moción suspensiva, 105 para que no se inicie el debate del tema, me queda claro que es el debate del tema, pero es que la primera lectura inicia el análisis del tema. Basado en el 105, numeral 2, y ya ver si lo podemos retirar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, dos precisiones.

Primera, el artículo 205 lo que señala, es que las comisiones dictaminadoras pueden solicitar al Presidente al devolución de un dictamen siempre que lo hagan antes de la publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Y en el numeral 2, dice que de haber sido publicado ya un dictamen en la Gaceta Parlamentaria, cosa que ya sucedió, las comisiones dictaminadoras sólo pueden retirarlo previa aprobación del Pleno, mediante solicitud por escrito al Presidente que funde y motive las causas.

Dicha solicitud no la tenemos. Permítame, Senador, permítame, por favor.

No existe una solicitud de la Comisión para retirar el dictamen, y en la consulta directa que hemos hecho con la Presidenta de la Comisión, ya nos dijo que no va a existir esa solicitud, que no se va a retirar.

Por lo tanto, no aplica, en primer lugar.

Segundo, la moción suspensiva no aplica porque no hay discusión, entonces no habría qué suspender. La moción suspensiva se da cuando ya hay un debate en el Pleno, y ahorita no tenemos un debate sobre el contenido del dictamen, entonces si hubiera una discusión sobre el dictamen, que eso se da hasta la segunda lectura, ahí sí podría presentarse la moción suspensiva, que no es el caso en este momento.

Por lo tanto, vamos a consultar sobre la propuesta hecha por el Senador.

Sonido en su escaño del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo creo que lo relevante es que todos los grupos estamos de acuerdo en que vamos a modificar el dictamen, vamos a modificar el contenido, que hay que hacer adecuaciones, todos estamos de acuerdo en que no lo vamos a votar hoy.

Estamos todos de acuerdo en que vendrá, y que es importante lo haga el Secretario de Seguridad precisamente para ajustar esa estrategia, que tiene una complicación. El Senado no la puede modificar, el Senado sólo puede decir sí o no.

La tiene que modificar el Secretario, lo puede hacer cuando venga aquí a hacer su comparecencia, y decir: donde debe decir tal cosa, entiéndase tal cosa, para eso es su comparecencia.

Si lo dejamos en primera lectura, ya vamos a dar por sentado el que existe ahora, de ahí lo conveniente que no quede en primera lectura, sino que a partir del Secretario estemos dictando un nuevo procedimiento.

Se puede hacer que hoy no quede de primera lectura, sí, siguiendo el espíritu de lo que acaba de expresar el Senador Monreal.

Propongo dos maneras:

Una, que hemos recorrido en todos los sentidos, que son las modificaciones al Orden del Día.

Me objetan, no se puede modificar el Orden del Día porque el 205 dice que publicado, sólo si lo retira. No, eso se refiere al dictamen, no al Orden del Día, si el Orden del Día se modifica el dictamen ya no cuenta, no se cambia su publicación en la Gaceta Parlamentaria, ya quedó publicado, la próxima vez que se presente en el Orden del Día será para primera lectura.

Este es un trámite que hemos hecho muchas veces, el Presidente le pregunta a la Asamblea a propuesta de alguien, en este caso pudiera ser del propio Senador Monreal, si está de acuerdo en que el Orden del Día se modifique para excluir tal parte del Orden del Día.

Cualquiera, no dice que los dictámenes no pueden excluirse, el Orden del Día se integra y se puede modificar por el Pleno.

Y, finalmente, la otra propuesta sería, me parece a mí, un poquito más rebuscada, pero de todas maneras útil, y es que cuando el Presidente diga: queda de primera lectura, alguien levante la mano, y diga: señor Presidente, para objetar el trámite, moción de procedimiento.

Se pone a discusión, se vota y no queda de primera lectura.

Lo importante aquí es que no nos puede entrampar el trámite. Alguien me decía hoy, lo leguleyo, cuando estamos totalmente de acuerdo en lo que queremos hacer.

Destrabémoslo, señor Presidente. Estamos todos de acuerdo en que debe haber una estrategia de seguridad a la altura de lo que necesitamos, y creo que eso es lo más importante a rescatar en este Senado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para nuevamente dejar constancia que, por supuesto, la argumentación que ha dado el Senador Ricardo Monreal y Presidente de la Jucopo, es siempre en la disposición de buscar acuerdos.

Decir, señor Presidente, a este Pleno y a usted, como Presidente de la Mesa Directiva, que normalmente en la vida parlamentaria se buscan las formas para buscar, obviamente, y perdón la repetición, los acuerdos que requieren los dictámenes.

Decirle, señor Presidente, que queremos acompañarlos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este debate solamente se está dando en el trámite parlamentario, porque en el fondo y en la forma sabemos que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es una estrategia necesaria para hacerle frente a los problemas que se viven en el país.

Y queremos dejar constancia que si nace con vicios parlamentarios, o este debate que se ha alargado y que consideramos innecesario, pues simple y sencillamente lo vamos a trasladar a nuevas sesiones y donde se rompe la armonía, porque esto yo lo he vivido en la vida parlamentaria muchísimas veces.

Primero son las comparecencias de los Secretarios, lo vemos en las comparecencias, en la Ley de Ingresos, en el Presupuesto de Egresos, con los Secretarios en turno de Hacienda y después se va a la discusión.

O sea, no estamos diciendo que estamos trabajando ominando este esfuerzo, sino queremos tomarle la palabra al grupo mayoritario mayor para llegar a acuerdos y poderlos acompañar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Añorve Baños.

Yo agradezco los comentarios en el sentido que se han realizado, simplemente quiero comentar que se ha llevado a cabo el procedimiento formal, no hay un vicio en el procedimiento y, en todo caso, estamos escuchando planteamientos sobre la integración del Orden del Día.

Así es que quiero subrayar que se ha continuado con el procedimiento que se señala en la Ley Orgánica y en el propio Reglamento al respecto.

Quisiera comentar que las experiencias que hay entre la presentación de la primera lectura y la segunda lectura son muy variadas. Hay dictámenes que han sido transformados casi por completo de la primera a la segunda lectura.

La primera lectura no implica una votación del Pleno, no se debate su contenido, solamente es un acto informativo.

Y en la segunda lectura es donde se da el debate y ahí podrán incorporarse todas las transformaciones que se comentan, pero ya el debate es precisamente en la segunda lectura, el debate del contenido; este es un debate, básicamente, procedimental.

En la segunda lectura pueda haber amplias modificaciones, de hecho con lo que se ha dicho aquí por el propio coordinador de la mayoría, hay apertura para que pueda haber diversas modificaciones en el contenido de la propia estrategia o de lo que apruebe finalmente el Pleno del Senado.

Senador Paz Alonzo y vamos a concluir.

El Senador Raúl Paz Alonzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Creo que el Senador Monreal fue muy claro, la esencia del Parlamento es construir los acuerdos. Creo que hemos, ya llevamos más de una hora explorando muchísimas alternativas de cómo encontrar nuestras coincidencias en las diferencias que tenemos hoy, de cómo en la búsqueda de ese acuerdo de un tema tan importante y tan sensible para México, como es la seguridad pública, en evidentes y claros errores en la estrategia presentada de los cambios constitucionales que hemos hecho.

Y quiero dejar muy en claro el nombre del grupo parlamentario del PAN. Ante la falta de disposición de la Mesa Directiva de bajar esta primera lectura, en alternativas que tenemos muy claras para hacerlo, si esto no sucede, no acompañaremos esta Estrategia de Seguridad.

Primero. Porque está mal.

Segundo. Porque creo que es una falta de respeto a los que pensamos diferente o a los que tenemos algo que aportar, que no nos den esa concesión sencilla para poder construir una verdadera estrategia donde el Senado vaya junto y podamos solucionar este problema que tanto le duele a México, que es la seguridad pública.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Paz Alonzo.

Vamos a resolver el tema.

Hay dos propuestas.

Una es en el sentido de que se queda la primera lectura del dictamen, esa es la opinión de la Comisión que se mantenga en la primera lectura el dictamen, no la retiran; pero esa misma propuesta de que se mantenga en el Orden del Día, también plantea reunión de la Junta de Coordinación Política para recoger los diversos puntos de vista que tiendan a generar un consenso para modificar el dictamen.

Y también que hizo el Senador Ricardo Monreal, y se plantea la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, que es un planteamiento que hace la Mesa Directiva. Todo esto tiene que ocurrir antes de la segunda lectura. Esa es la primera propuesta.

Es decir, se quedan en primera lectura con estas condicionantes, reunión de la Jucopo, para consensos que propone Monreal; comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, que propone la Mesa Directiva, antes de la segunda lectura.

La otra propuesta es que se retire del Orden del Día del hoy.

Entonces, vamos a votar, si se vota en sentido afirmativo, es la primera opción; si se vota en sentido negativo, es la segunda opción; es decir, quienes estén a favor, votarán porque se quede en primera lectura, con las consideraciones que ya mencione.

Quienes voten en contra, votarán porque el punto no esté en el Orden del Día de la sesión de hoy.

En consecuencia se retiraría, si es en contra es por retirarla.

Senadora Paredes Rangel.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) La propuesta de retirar de la Orden del Día, exclusivamente el punto uno de dictámenes de primera lectura, no sustituye ni omite la propuesta muy importante que hizo el Senador Monreal.

La propuesta que hace el Senador Monreal, es muy pertinente y nuestro grupo parlamentario está con esa propuesta.

El tema de la solicitud que presenté y por eso me gustaría que las cosas se votaran en sus méritos, tiene que ver con que no queremos exponer, a este Senado, en un dictamen que va a ser de primera lectura, pero la sociedad mexicana no conoce el proceso parlamentario, para la sociedad mexicana si ese dictamen como se tiene que publicitar se difunde, van a suponer que aprobamos una iniciativa, un dictamen que autoriza una Estrategia Nacional de Seguridad que no integra el elemento sustantivo de la Estrategia de Seguridad del Presidente, que es la Guardia Nacional.

Entonces no es una propuesta que se oponga a lo que plantea el Senador Monreal, es una propuesta en donde le pedimos a la Mesa Directiva que en uso de sus facultades y con un espíritu democrático se pueda acompañar a la propuesta del Senador Monreal, con la posibilidad de retirar el dictamen.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí. Solo preciso que la propuesta que hizo el Senador Monreal comenzó diciendo que apoya el planteamiento de la Mesa Directiva; es decir, es una propuesta global que, por un lado, apoya el planteamiento de la Mesa Directiva.

Y por otra parte, incorpora estos elementos de la discusión, previa a la aprobación, discusión o modificación que se haga en la segunda lectura.

Senador Ramírez Marín, sonido en su escaño.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solo solicitarle que se voten por separado, son dos preguntas.

La primera, si están de acuerdo que se quede de primera lectura.

La segunda, si está de acuerdo con que se retire del Orden del Día.

Son dos votaciones inmediatas, significan más o menos lo mismo, pero para mayor claridad.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Dice usted que la votación es si se está de acuerdo en que se quede en el Orden del Día?

EL Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Eso es lo que dije, solo estoy comentando que hay otros elementos, pero en términos formales directos eso es lo que se votará, si se queda en el Orden del Día o no la propuesta.

Haremos una votación.

En sentido afirmativo es que se quede en el Orden del Día.

En sentido negativo es que sale del Orden del Día.

¿De acuerdo?

Senador Guadiana Tijerina, sonido en su escaño.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: (Desde su escaño) Bueno, creo que una de las cosas importantes es que si todos los grupos parlamentarios estamos interesados en que quede integrado el tema de la Guardia Nacional y la Estrategia de la que se está hablando, para nosotros es importante, yo creo que para todos también debe ser importante lo de la primera lectura para obviar tiempo, porque estamos a punto que termine el periodo de sesiones del Senado, el periodo extraordinario y entonces eso dificultaría el bajar el dictamen y no se apruebe la primera lectura.

Como ya dijo el Presidente y lo han dicho muchos, lo ha dicho el Senador Monreal, entre primera y segunda lectura hay modificaciones y las modificaciones las pueden hacer los coordinadores en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de los grupos parlamentarios y sean un poquito más prácticos, en lugar de estar con que bajemos ya el dictamen; que si el dictamen tiene algunos errores, se van a corregir en la Junta de Coordinación Política, pero ya pasemos la primera lectura por los tiempos que tiene el periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril.

Si todos estamos interesados en que salga adelante el tema de Guardia Nacional yo creo que es muy importante y debe votarse ya la primera lectura y no se baje del Orden del Día este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Guadiana Tijerina.

Vamos a pasar a votar.

El sentido afirmativo es que se queda en el Orden del Día.

En sentido negativo es que sale del Orden del Día esta primera lectura.

A ver, Senador Erandi Bermúdez.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitaría que esta votación sea de carácter nominal.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Correcto.

¿Hay otra cosa?

Sonido en el escaño de para la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Creo que lo conducente, insisto en lo que dije hace rato, que las discusiones a veces nos llevan hasta tres horas y resulta seguimos, y estamos en la misma posición.

Tenemos que respetar a la Mesa Directiva, esté quien esté, no es cuestión partidaria. Si ya nos explicaron cuál es el mejor procedimiento para que esto se respete, creo que ya es lo justo que nos vayamos a votar.

Creo, señor Presidente, que cuando usted nos dice que ya no va a dar la palabra, ya no la debe dar y me sujeto, porque luego está pidiendo la palabra desde hace minutos y resulta que siempre se la dan a otra persona, y es cuando uno insiste en hablar, aunque sea repetitivo.

Creo que ya lo dijo usted, que nos vamos a votar y nos vamos a votar.

Y ahí muere.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias Valdez Martínez.

Senador Salgado Macedonio, desde su escaño.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Miren, compañeros, yo he estado en la Cámara de Diputados y aquí en la de Senadores cuatro veces; y en mis cuatro veces nunca había visto esto que ahora estoy viendo; llegaban con un “tamalote caliente” y decían que esa era la iniciativa, y se aprobaba de inmediato, con una inmensa mayoría de PRI y de PAN, lo recuerdo muy bien.

Y miren, son tan perfeccionistas que les fallaron todas sus reformas, todas sus reformas les fallaron; les falló la reforma energética, la reforma educativa, la reforma hacendaria, todas las reformas les fallaron y por eso el pueblo los castigó. Eso es por un lado.

Por otro lado, y creo que unos son católicos, creo que Dios también los castigó.

Bueno, y ahora están con sus cosas, ahora están muy observadores: esto está mal, esto está bien y ahora va para atrás.

¿Por qué va para atrás?

Pues porque ustedes quieren, nada más, por eso va para atrás, dicen ustedes.

En todos los parlamentos del mundo existen las mayorías, ahora nosotros somos la mayoría, Morena, y aquí ya no hay más.

Señor Presidente, la propuesta más sabia, más inteligente, más coherente y más científica que hago, es: vayámonos a la votación, ya por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ábrase el tablero electrónico hasta por tres minutos.

Miren, déjenme decir esto, permítanme tantito.

Hace un momento les pedí a los Senadores Margarita Valdez y Félix Salgado que ya no intervinieran, pero hubo más intervenciones de este lado. Entonces, tampoco puedo estar frenando a los compañeros que no hablen y si hay más intervenciones se sigue desarrollando el debate.

Entonces, vamos a pararle aquí porque hay más peticiones de este lado, hay más peticiones también de este lado. Así que vamos a abrir el tablero electrónico.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recibir la votación.

En sentido afirmativo, será porque se quede en el Orden del Día, la primera lectura del dictamen, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.

En sentido negativo, será porque salga del Orden del Día el dictamen, en primera lectura, que presenta la Comisión de Seguridad Pública.

Ese es el sentido de la votación.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Informo el resultado de la votación, señor Presidente: 60 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones.

Permanece en el Orden del Día.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada ante este Senado por el Ejecutivo Federal, permanece en el Orden del Día, como primera lectura.

Vamos a continuar con el Orden del Día.

Senador Guadiana, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: (Desde su escaño) Después del tema de tanto tiempo sobre este dictamen, yo estaba esperando.

¿Todavía no se aprueba el Orden del Día, verdad, para otro tema? Es otro tema.

El asunto es este.

Que quise yo decirle aquí al Pleno, subimos ayer un punto de Acuerdo de urgente resolución porque un alcalde de Coahuila se puso en huelga de hambre desde el lunes, es sobre un tema que ya lo llevamos a tribuna sobre los apoyos fronterizos que se establecieron del gobierno federal en toda la frontera con los Estados Unidos, y que de los cinco manantiales quedaron dos dentro y tres fuera, los que quedaron fuera fueron: Morelos, Allende y Villa Unión.

Y el alcalde Antero Alvarado del municipio de Allende, que es el más poblado, está en huelga de hambre porque realmente el colapso por la parte económica, y ya hay un éxodo ya de esa población por la falta de actividad económica y falta de trabajo.

En el 2012, hubo un éxodo por la matanza de Allende en el 2011 de más de 300 personas, cuyo punto de Acuerdo también lo subimos.

Y ahora se presenta este tema, y el alcalde realmente se siente presionado social y políticamente en su municipio, y él cumpliendo con su responsabilidad.

Ya se le dijo a la Secretaria de Economía, al Secretario de Hacienda.

Y en este punto de Acuerdo yo quisiera que si pudieran subirlo el día de hoy con el apoyo del Pleno al Orden del Día, y si no a más tardar el día de mañana, pero hoy mismo vamos a darle difusión a este punto de Acuerdo, pero quise decirlo porque creo que es una situación grave el que esté en huelga de hambre el alcalde.

Muchas gracias, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, el punto que usted plantea está en el Orden del Día, está en el punto 108, o sea, ya está contemplado en el apartado que corresponde, que es el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

La Mesa acordó seis rondas de puntos de Acuerdo, se abordará el tema que le corresponde dentro del Orden del Día que ha sido formulado ya por la Mesa Directiva al Pleno.

El Orden del Día sólo se sometió a consideración del Pleno, en un punto específico, que fue la primera lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública. El resto del Orden del Día continúa.

Nadie cuestionó este punto de usted, está en el Orden del Día y ahí sigue.

Si quiere modificar su ubicación, tiene que verlo con su grupo parlamentario.

Senador Rocha Moya, sonido en su escaño.

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Senador Presidente, con su venia.

Quiero distraer tantito al Senado, al Pleno.

Miren, quiero hacer un reconocimiento a todas las Senadoras y Senadores, el 19 de marzo el Senado tomó un acuerdo para darle seguimiento y apoyo a los productores de maíz blanco de Sinaloa y del país.

La Mesa Directiva nos apoyó de inmediato pasando del punto de Acuerdo a la Jucopo, ahí se acordó por unanimidad.

Quiero informarles que el día de ayer por la noche se concluyó felizmente el proceso de asignación de precios para el caso del maíz.

¿En qué sentido? Se modificó el ingreso objetivo de 3 mil 960 toneladas a 4 mil 150, hubo acuerdo pleno de los productores con el gobierno.

En este caso queremos nosotros, los iniciadores del punto de Acuerdo, el Senador Mario Zamora, la Senadora Imelda Castro y un servidor, agradecer y reconocer al Senado.

Creemos que es importante hacerlo porque hubo un seguimiento puntual a este punto de Acuerdo, y en buena medida contribuyó a que se diera una solución satisfactoria, por eso empiezo por agradecerle a la Mesa Directiva, al Presidente Martí Batres, porque nos permitió agilizar, no podíamos haber presentado el punto de Acuerdo, había 87 puntos de Acuerdo, y lo presentamos sin ir a la tribuna, lo mandaron a la Junta de Coordinación Política.

En la Junta de Coordinación Política, y me interesa mencionarlo para que lo sepan los productores, aprobaron este punto de Acuerdo el Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta y coordinador de la bancada de Morena; el Senador Mauricio Kuri González, Coordinador de la bancada del PAN; el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, Coordinador de la bancada del PRI; el Senador Dante Delgado Rannauro, Coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano; el Senador Miguel Ángel Mancera, Coordinador de la bancada del PRD; la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Coordinadora de la bancada del PT; la Senadora Sasil De León Villard, Coordinadora de la bancada del PES; así como los otros integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Además el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, coordinador de la bancada del Partido Verde; la Senadora Marybel Villegas Canché, de la fracción de Morena; el Senador Higinio Martínez Miranda, de la fracción de Morena; la Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, de la bancada del PAN.

¿Por qué quise mencionarlos, compañeros? Porque quise que se sepa que fuimos todos los Senadores, porque aquí se votó unánimemente, y el triunfo de los productores de maíz, que generalmente se convierte en un conflicto social, pues en buena medida obedece a que el Senado de manera muy responsable mantuvo su apoyo para que esto fuera así.

Pero además habría que reconocer la sensibilidad del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador e inmediatamente asumió algunos criterios de solución que propusimos nosotros y propusieron los productores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiempo, Senador.

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Ya termino.

Igualmente reconocer la gestión, el trabajo, la coordinación del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Todos, sobre todo los productores, hicimos algo, contribuimos en algo para que esto saliera adelante.

Mi reconocimiento a las Senadoras y Senadores, a nuestros compañeros.

Esto es importante hacerlo así porque estuvo ante un problema muy sensible, el maíz es alimento para las personas, para los animales, en general, que viene a redundar a lo que es el sistema alimentario de nuestro país.

Muchas gracias a todos, y qué bien que esto lo dediquemos en memoria del General Zapata, que hoy cumple 100 años de haber fallecido, de haber sido asesinado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Rocha Moya.

Les ruego a todas y a todos que esperen el turno de sus temas de acuerdo a la organización del Orden del Día, todos los temas son importantes; sin embargo, hay un orden de prelación en los puntos, no podemos abordarlos así porque entonces no resolveríamos ninguno.

De todas maneras esta Mesa Directiva ha sido flexible, pero les ruego que podamos continuar con la sesión porque apenas vamos a pasar al acta.






ACTA

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecinueve.

(Comunicaciones)

Se recibió del Tribunal Electoral del estado de Querétaro, oficio con el que comunica la vacante definitiva del cargo de Magistratura Propietaria, generada por la renuncia del C. Sergio Arturo Guerrero Olvera, con motivo de su designación como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, oficio con el que informa que la Comisión de Selección ha designado a la C. Rosa María Cruz Lesbros, como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en sustitución del Dr. Luis Manuel Pérez de Acha.-  Quedó de enterado.

 

Se recibió del Congreso del estado de Tabasco, Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a reformar el huso horario que se aplica en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las Senadoras y los Senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 70 y adiciona un artículo 70 Bis a la Ley de Migración, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201, primer párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que declara el 22 de marzo de cada año, como el "Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas", para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la Ley de Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que declara el 21 de marzo como el "Día Nacional del Síndrome de Down", para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley General de Educación; de la Ley General de Salud; de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que comunica el "Acuerdo de la Mesa Directiva sobre los días que se deberán considerar inhábiles durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados", para suspender sus sesiones ordinarias por más de tres días, del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio con el que comunica que el Ing. Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comparecerá, ante la Comisión del ramo, el día de hoy a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política.- Quedó de enterado.

(dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Rubén Rocha Moya, Presidente de la Comisión de Educación; Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión, intervinieron los Senadores: María Leonor Noyola Cervantes del PRD, a favor; Rogelio Israel Zamora Guzmán de PVEM, a favor; Nancy de la Sierra Arámburo del PT, a favor, y Casimiro Méndez Ortiz de MORENA. En votación nominal, se emitieron 93 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, el Proyecto de Decreto quedó aprobado. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe de la recepción de la aeronave "José María Morelos y Pavón".- Para presentar este dictamen  y los otros tres dictámenes intervino el Senador Higinio Martínez Miranda a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. En la discusión, intervino la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo del PT.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para la para recibir la visita del Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel.

 

(R E C E S O)

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudó la sesión.

 

Continuando con la discusión del dictamen, intervino el Senador Marco Antonio Gama Basarte del PAN, quien propuso modificaciones, las que no fueron admitidas. En votación económica, fue aprobado en sus términos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar a esta Soberanía, los avances en la implementación del Programa México Conectado, y exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que garanticen el acceso a internet.- En la discusión, intervinieron los Senadores: Mauricio Kuri González del PAN, a favor; Higinio Martínez Miranda de MORENA, a favor. En votación económica fue aprobado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar el título de concesión que otorgó el gobierno federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista de altas especificaciones "Tuxpan-Tampico".- Sin discusión, en votación económica fue aprobado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emprender las acciones necesarias, junto con la Operadora de Autopista Sayula, concesionaria de la autopista Guadalajara-Colima, para que se creen esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes.- Sin discusión, en votación económica fue aprobado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional,  con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República recomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina de México, incluir de manera permanente en la fase de adiestramiento para el servicio militar nacional, capacitación en materia de protección civil; y reconoce la labor, de ambas dependencias, en labores de rescate.- Para presentar el dictamen, intervino el Senador  Radamés Salazar Solorio por la Comisión de Defensa Nacional. En la discusión, intervino la Senadora Josefina Vázquez Mota del PAN, a favor. En votación económica, fue aprobado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, siete dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que DESECHAN puntos de Acuerdos :

1. El que exhortaba al Presidente electo a abstenerse de manipular a los ciudadanos y a la opinión pública, mediante consultas.

2. El que exhortaba al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planeaba realizar la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

3. El que exhortaba al equipo de transición designado por el Presidente electo, para que se desistiera de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

4. El que exhortaba al Presidente electo y a su equipo de transición a aclarar el sustento legal y la metodología que se emplearía para la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

5. El que exhortaba al Presidente electo y a su equipo de transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya".

6. El que exhortaba a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de invierno 2018-2019, se implementara un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco.

7. El que exhortaba al Presidente electo a abstenerse de manipular los resultados de la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En la discusión, intervinieron las Senadoras: Beatriz Paredes Rangel del PRI, para referirse al dictamen que exhortaba al Presidente electo y a su equipo de transición a aclarar el sustento legal y la metodología que se emplearía para la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, para referirse al que exhortaba al Presidente electo y a su equipo de transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya". En votación económica,  fueron aprobados los dictámenes. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargarlo de sus registros y a archivarlo como totalmente concluido.

(Pronunciamiento)

El presidente de la Mesa directiva a petición de la Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel y en consecuencia del minuto de silencio solicitado por la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, hace un exhorto a las autoridades competentes para que presenten la información correspondiente en relación con el feminicidio de la C. Dana Lizeth Lozano e informen de los avances de las investigaciones sobre el caso.

(Iniciativas)

La Senadora Jesusa Rodríguez Ramírez a su nombre y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 212 y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Imelda Castro a su nombre y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La presidencia informo que en virtud de que ha transcurrido el término de diez días hábiles para que el Ejecutivo Federal pudiese objetar o no el nombramiento de referencia, establecido en el párrafo octavo de la fracción VIII, del Apartado A, del artículo 6° constitucional y el párrafo cuarto, del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Mesa Directiva determina que la C. Josefina Román Vergara rinda su protesta ante el Pleno de la Cámara de Senadores, como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

(Proposiciones con Punto de Acuerdo)

Dos, del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario Morena y del Senador Gustavo Madero Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Economía, a realizar las acciones diplomáticas pertinentes ante el gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de resolver el problema en el retraso de la revisión del transporte de carga, proteger las exportaciones de nuestro país y evitar el congestionamiento en la Frontera Norte, que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas.- La Asamblea, consideró ambos puntos de Acuerdo de urgente resolución. Sin discusión, fueron aprobados.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda y Crédito Público, a evitar la extinción de la vaquita marina.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud que no suspenda la estrategia del Tamiz Metabólico Neonatal.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar mesas de trabajo con el gobierno del estado de Morelos y sus municipios, para establecer estrategias de restauración histórica de la “Ruta de Emiliano Zapata Salazar”, y a la Secretaría de Turismo para el fomento turístico del mismo.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

La presidencia informo que la Mesa Directiva Acuerdo hacer del conocimiento del titular de la Fiscalía General de la República el vencimiento del plazo de veinte días hábiles previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para objetar el nombramiento del C. José Agustín Ortíz Pinchetti, como titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y para objetar el nombramiento de la C. María de la Luz Mijangos Borja, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin que se hubiese alcanzado resolución al respecto.

 

El Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno de la Ciudad de México un análisis sustentado con datos sobre el incremento en la incidencia delictiva durante la actual administración, así como el plan de acción institucional para hacer frente a dicha problemática.- Se turnóa la Comisión de Seguridad Pública.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las propuestas de designación como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a los ciudadanos: Juan José Paullada Figueroa, José Eduardo Beltrán Hernández y Edmundo Sánchez Aguilar.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, por el que se ratifica al ciudadano Rubén Gallardo Zúñiga, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.- La Asamblea autorizó agregarlo en el Orden del Día. Para presentar el dictamen intervino el Senador Mario Zamora Gastélum por la Comisión de Reforma Agraria. Sin discusión, se emitieron 82 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones. En consecuencia quedó aprobado en dictamen que ratifica al ciudadano Rubén Gallardo Zúñiga, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario. El funcionario rindió protesta de ley.

(Agenda Política)

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó al Diario de los Debates.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se insertó al Diario de los Debates.

(Efemérides)

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Salud.- Se insertó al Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el miércoles 10 abril a las 11:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos.

 

Fin de la sesión.

ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión ordinaria del martes 9 de abril de 2019 se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Queda aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió una comunicación de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la que informa los nombres y el periodo por el que fueron designados los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano y el Defensor de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Continúe la Secretaría.






CONGRESOS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió del Congreso del Estado de San Luis Potosí, un oficio por el que exhorta a rechazar o modificar el proyecto de Decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta para revocación de mandato de Presidente de la República.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibieron tres oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de Decreto por el que se declara el día 25 de septiembre de cada año como Día del Estado Laico.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada, se da por totalmente concluido el asunto.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se da por totalmente concluido el asunto.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5o., recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Organizaciones Ganaderas.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 457 y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, como el Día del Urbanista Mexicano, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se declara el 2019 como el año de las Lenguas Indígenas, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio por el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año como el Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador artí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: De igual forma, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Honorable Asamblea, como es de su conocimiento en la sesión del pasado 21 de marzo del 2019, en uso de las facultades que le confiere al Senado de la República el párrafo octavo, de la fracción VIII, del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó por el Pleno de esta Soberanía el nombramiento de la ciudadana Josefina Román Vergara, como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El nombramiento se comunicó al Presidente de la República, para que con fundamento en lo dispuesto en la parte final del octavo párrafo de la fracción VIII, Apartado A del artículo 6o. constitucional, hiciera uso de su derecho de objetar el nombramiento referido en un plazo de 10 días hábiles sin que se haya recibido en esta Cámara manifestación alguna en relación con el ejercicio de la mencionada atribución constitucional.

En virtud de lo anterior, la ciudadana Josefina Román Vergara, fue convocada para acudir a esta sesión y rendir su protesta constitucional para asumir el cargo de comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y se encuentra en el salón contiguo.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores Martha Guerrero Sánchez, Xóchitl Gálvez Ruiz, Margarita Valdez, Mario Zamora, Clemente Castañeda, Nancy De la Sierra, Verónica Camino, Antonio García Conejo, Eunice Renata Romo y Daniel Gutiérrez Castorena, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Se pide a todas y a todos ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

Ciudadana Josefina Román Vergara: En la sesión del pasado 21 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores en uso de sus facultades, conferidas por el párrafo octavo, de la fracción VIII del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le eligió como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En consecuencia, debo preguntarle: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Josefina Román Vergara: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

A nombre del Senado de la República, ¡le deseamos éxito en su encargo!

Solicito a la comisión designada acompañe a la Comisionada Josefina Román Vergara, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)






Compañeras Senadoras y Senadores, daremos cuenta de las homologaciones, rectificaciones, ampliaciones de turno y ampliaciones de plazo que autorizó la Mesa Directiva, así como de turnos directos solicitados por los propios proponentes.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

A la Comisión de Derechos Humanos se autoriza la homologación de los siguientes asuntos:

Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos individuales del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, presentada el 22 de enero de 2019.

Punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, presentado el 7 de febrero de 2019, para quedar ambos proyectos en las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.

Se autorizó la ratificación de turno de los siguientes asuntos:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentados el 2 de octubre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 57, fracción VI; 54, fracción I, II, y III; y adiciona un Capítulo Quinto Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentando el 20 de noviembre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentada el 7 de febrero de 2019.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que incorpora el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer algunas o varias consecuencias jurídicas a las personas por su intervención en la comisión de delitos, presentada el 12 de febrero de 2019.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado el 7 de marzo de 2019.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada el 12 de marzo de 2019, para quedar los seis proyectos en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, a los presidentes de las Comisiones de Justicia y de Salud, se autorizó la ratificación de turno del siguiente asunto:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, presentado el 8 de noviembre de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

A la Comisión de Puntos Constitucionales se autorizó la rectificación de turnos a los siguientes asuntos:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la igualdad y la democracia de la distribución de las prerrogativas a los partidos donde se modifica la fórmula de 30  por ciento igualitario y 70  por ciento diferenciado, con el objetivo de que la fórmula sea una distribución 100 por ciento igualitaria, y por ello pasar a la democracia inequitativa a la democracia igualitaria, presentada el 2 de octubre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 31 de octubre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la base segunda, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 31 de octubre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 27 de septiembre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política ce los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 27 de septiembre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de diciembre de 2018.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 26 de febrero de 2019.

Iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo de la fracción I, inciso a), de la fracción II, y el primer párrafo de la fracción II, del artículo 41, así como los incisos g), e), i), de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política ce los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el doble financiamiento para los partidos políticos nacionales, presentada el 1 de febrero de 2019.

Para quedar los ocho proyectos en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Al Senador Miguel Ángel Navarro Quintero se le autorizó la ampliación de turno de los siguientes asuntos:

Proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo cuarto, del artículo 4o. de la Constitución Política ce los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 4 de diciembre de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Salud.

A la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios se le autorizó la primera ampliación de plazo de los siguientes asuntos:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, presentada el 7 de febrero de 2019.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, presentada el 19 de febrero de 2019.

A la Comisión de Defensa Nacional se le autorizó la primera ampliación de plazo del siguiente asunto:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada el 8 de noviembre de 2018.

A las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Primera, se les autorizó la primera ampliación de plazo de los siguientes asuntos:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, presentada el 12 de febrero de 2019.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, presentada el 12 de febrero de 2019.

A la Comisión de Salud se le autorizaron las ampliaciones de plazo de 36 iniciativas y 24 puntos de Acuerdo para emitir el dictamen correspondiente.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social se le autorizó la primera ampliación de plazo para emitir el dictamen de nueve proyectos.

A petición de la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se le dio turno directo a las proposiciones con punto de Acuerdo de exhortar al Gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de migrantes. El turno es a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

A petición de la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, espero haberlo dicho bien, gracias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte. El turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A petición del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El turno es a la Comisión de Justicia.

A petición de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca y difunda las políticas, y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta del Volcán Popocatépetl. El turno es a la Comisión de Seguridad Púbica.

A petición del Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 6 y se añaden los artículos 176 a 181 de la Ley Federal de Sanidad Animal y se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, en materia de bienestar animal. El turno es a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a las proposiciones con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía un informe sobre las características de las pipas adquiridas y si cumplen con lo establecido por el peso y las dimensiones máximas. El turno a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

También a petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos. El turno a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

A petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el inciso d) del artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de eliminación del impuesto. El turno a la Cámara de Diputados.

A petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos y del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 17 y la fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativa, Primera.

A petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y décimo tercero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en materia de devolución de cantidades pagadas indebidamente. El turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

A petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 26-Bis y reforma el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. El turno es a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

A petición de la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, en materia de violencia digital. El turno es a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

A petición de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México, en Materia de integración de la comisión de cambios. El turno a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

A petición del Senador Roberto Moya Clemente, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 10 y adiciona un párrafo 11 y un párrafo 12 y párrafo 13 al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de subejercicios. El turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

A petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que convoque, de manera urgente, al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. El turno a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

A petición de la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas. El turno a la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Secretaria Verónica Noemí Camino Farjat: Continúo, señor Presidente.

A petición del Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía que priorice y establezca en los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros durante el Ejercicio 2019, los mecanismos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los recursos asignados. El turno es a la Comisión de Economía.

A petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a restablecer la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres. El turno es a la Comisión de Salud.

A petición del Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se encuentren los humedales en México. El turno es a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

A petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo, en relación al abasto eléctrico en México para los próximos años. El turno es a la Comisión de Energía.

A petición del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de entidades federativas a integrar un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de personas integrantes de instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber. El turno es a la Comisión de Seguridad Pública.

A petición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y la Contraloría Interna den a conocer el contrato de Outsourcings de esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S. A. de C. V. Queda en poder de la Mesa Directiva.

A Petición de la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que se reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Estrategia de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y con los productores del carbón en ese estado. El turno es a la Comisión de Energía.

A petición del Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata la estrategia necesaria para garantizar la seguridad de la vaquita marina. El turno es la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

A petición del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convoque a diversos actores a la celebración de una Cuarta Convención Nacional Fiscal. El turno es a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

A petición del Senador Gustavo Madero Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El turno es a la Comisión de Gobernación.

A petición de la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como a los diversos representantes de la industria lechera en dicha entidad federativa. El turno es a la Comisión de Economía.

A petición del Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco del cumplimiento de los objetivos de las Zonas Económicas Especiales. El turno es la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a este Pleno los Convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo. El turno es la Comisión de Relaciones Exteriores.

A petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, para que en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 considere el diseño e implementación de un programa que opere las estancias infantiles. El turno es a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

A petición del Senador Ricardo Velázquez Meza, del grupo parlamentario de Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al titular del ejecutivo del estado de Baja California Sur, a implementar una campaña de erradicación de las plagas fitófagas que están consumiendo el palmar datilar en la población de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. El turno es a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 50, fracción XXIX-S y un segundo párrafo a la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativo, Segunda.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones; y de Estudios Legislativos.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el noveno párrafo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, en materia de pago de multas en especie. El turno es a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones; y de Estudios Legislativos.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del Apartado A, así como el inciso c) en su fracción XI del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones; y de Estudios Legislativos, Segunda.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo en relación a los derechos de la niñez y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo otorgar recursos para la promoción del estado de San Luis Potosí. El turno es a la Comisión de Turismo.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente, como medida regulatoria y preventiva, un etiquetado o distintivo especial en los productos de alto contenido de azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías, bebidas azucaradas y refrescos, que refiera emergencia nacional sanitaria por diabetes y obesidad. El turno es a la Comisión de Salud.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a informar sobre las distribuciones de los alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. El turno es la Comisión de Educación.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, actualicen e incorporen información sobre educación alimentaria y nutricional. El turno es la Comisión de Educación.

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud para que inicien el proceso de revisión y actualización de la NOM-043-SSA-2-2012, servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. El turno es a la Comisión de Economía.

A petición del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con los municipios y/o alcaldías cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Niño de Guzmán. El turno es a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

A petición de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la aplicación de la prueba del Tamiz Metabólico Neonatal en todo el país, así como garantizar el reembolso de los recursos estatales que sean necesarios para mantener su aplicación. El turno es a la Comisión de Salud.

A petición de la Senadora Rocío Adriana Abreu, del grupo parlamentario del partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno de Campeche, para que suspendan la construcción y reubiquen la caseta de peaje situada en el kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo de Isla Aguada. El turno es a la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Esta Presidencia ratifica las homologaciones, rectificaciones, ampliaciones de turno, ampliaciones de plazo y turnos directos que ha dado la Secretaría.






El siguiente asunto del Orden del Día corresponde a un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo señalado.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente, doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Está a discusión el Acuerdo.

Para hablar a favor, tiene la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Gracias, señor Presidente.

Antes que cualquier cosa, quiero en verdad agradecerle a la Jucopo, al Presidente de la Jucopo, a cada uno de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, el que le hayan dado seguimiento y se haya formado esta Subcomisión para ver el tema de las estancias infantiles, un tema que se ha convertido en un gran problema, que recordemos que en la primera sesión que tuvimos en el inicio de este segundo periodo fue lo primero que la Senadora Josefina Vázquez Mota exhortó, para que se viera el tema de las estancias y fuimos recogiendo este tema.

Hoy que es 10 de abril este tema ha seguido y cada vez con más fuerza, debido a que ahorita ya hay más de cuatro mil amparos, ya hay diversos jueces en diversas partes del país que le han dado la viabilidad que continúen las Reglas de Operación del 2018 del Programa de Estancias Infantiles y no del nuevo programa que se tiene en este momento.

Estamos hablando que se está perjudicando a la niñez, que los que están siendo totalmente excluidos de este gobierno federal son los niños, más de 350 mil niños, más de 400 mil madres que muchas de ellas han dejado su trabajo y también el desempleo que se ha originado en estas casi 9 mil 500 estancias infantiles en el país.

Ha habido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ha habido recomendaciones del Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes.

Ha habido recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Y esto todavía no se ha podido dar solución, se ha tenido una encuesta del Grupo de Economistas Asociados, que todos conocemos como GEA, en donde una de las preguntas a una encuesta generalizada que hicieron preguntaron: ¿qué cuáles han sido las inconformidades de los programas sociales que esta administración tiene? Y han comentado que el programa, que no hubiera tenido que haber salido, era el de las estancias infantiles.

Entonces, lo que queremos en esta comisión, que está conformada por Senadoras y Senadores de cada uno de los grupos parlamentarios dentro de la Comisión de la Niñez, era precisamente pedirle a la Secretaria de Bienestar y a la Subsecretaria de Bienestar el que puedan venir al Senado y que nos expliquen acerca de mucho que han dicho y que cada que salen a medios o cada que dan información siempre están cambiando, están cambiando el sentido de que primero había corrupción, de que después no encontraron la calle y el nombre de los niños o de la mamá, entonces, queremos que nos digan puntualmente, niño por niño, quiénes son los fantasmas que existen y que no tengan que pagar todos los niños que se están viendo afectados y las mamás.

Yo agradezco mucho al Senado que se haya formado esta Subcomisión, porque las niñas y los niños mexicanos sí existen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nuvia Mayorga.

Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, el Senador Manuel Añorve Baños.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Por supuesto que aplaudo enormemente a mis compañeros integrantes de la Junta de Coordinación Política por la aprobación de este acuerdo por el que se crea una Subcomisión encargada de dar seguimiento al recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles.

Y todos sabemos lo desafortunado que fue este recorte donde presupuestalmente hablando el 50 por ciento del programa de las estancias infantiles en todo el país se dio a partir del Presupuesto de Egresos, que se discutió en el mes de diciembre pasado.

Este recorte, como aquí se ha dicho, ha puesto en incertidumbre al personal que labora en dichas estancias, pero particularmente a las madres de familia y a las niñas y a los niños que asistían a estos lugares.

Solamente quiero dar un dato para no olvidarlo.

Actualmente en nuestro país sólo uno de cada diez niños tiene acceso a un servicio de guardería o estancia infantil, y pareciera que el gobierno federal se ha empeñado en agravar aún más esta situación recortando, como lo he dicho, el presupuesto de las estancias que operan con apoyos del Programa de la Secretaría de Bienestar.

Por esto, como recordarán, el pasado 7 de febrero en este Senado logramos la aprobación de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, apoyado por todas las fuerzas políticas aquí representadas, en el que se solicitaba, entre otras cosas, garantizar la operación del programa de estancias durante este año, acuerdo y además de consenso que fue inútil en el objetivo porque no se ha logrado por supuesto este tema que discutimos puntualmente el 7 de febrero pasado, lamentablemente hoy seguimos, como lo he dicho, sin respuestas.

Señoras y señores, se puede observar los más afectados por este lamentable decisión del gobierno federal son los menos afortunados, nuestros niños se quedan sin apoyo.

A las maestras se les descalificó de manera puntual diciéndoles corruptas.

Se habló de niños que no existen.

Por supuesto atrás de todo este andamiaje hay educadoras y encargadas de estancias que se quedan sin empleo, las responsables tienen demandas laborales, están realmente con grandes problemas y que además lo único que han hecho las responsables, las encargadas, las educadoras, es trabajar y apoyar a los niños que más lo necesitan.

Yo he dicho de manera muy puntual que los niños no votan.

Y por supuesto que aplaudimos este acuerdo y por eso nuestro voto será a favor.

De igual manera estamos ciertos que este es el momento que debe de venir a comparecer la Secretaria de Bienestar Social, porque también no tengo mayor intención que decir lo que se dice, por supuesto por las afectadas, que están en una situación crítica, que no están cumpliendo tampoco ya con amparos que no solamente han sido presentados, sino otorgados a las afectadas y que lo que queremos es que se resuelva este tema que no es menor, porque no vamos a quitar el dedo del renglón.

Allá afuera, en todo el país, no solamente en el estado de Guerrero, hay educadoras, maestras, que tienen y están viviendo una situación crítica. Y lo que queremos, por supuesto, es privilegiar la protección de los derechos de los niños y de los padres de familia.

Yo mismo escribí un punto de Acuerdo para que compareciera la Secretaria de Bienestar. Y debo de recordarles que en este punto de Acuerdo fui muy puntual en decir que el objetivo de este programa es apoyar a los niños y las niñas, y que no iba a estar de acuerdo en la observación, declaración desafortunada del Secretario de Hacienda donde dijo que: “ese recurso sería para los abuelitos y que los abuelitos podían cuidar a los niños con ese recurso”.

Yo quiero recordarle al Secretario de Hacienda que los abuelitos cuidan a los nietos de gratis, no necesitan estar pidiendo recurso económico alguno para poder cuidar a los nietos.

Por eso, felicito nuevamente a la Junta de Coordinación Política.

Y ojalá con esta Subcomisión especial podamos llegar a resultados puntuales y en apoyo a muchísimos y miles de niños y niñas que están necesitando en una guardería especializada su atención puntual.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Añorve Baños.

Tiene la palabra la Senadora Margarita Valdez, del Partido Morena.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Buenas tardes a todos los compañeros, a los medios, a los invitados que están presentes, pero sobre todo a todos los mexicanos y mexicanas que nos siguen a través de áreas diferentes.

Con su venia, señor Presidente.

Yo también celebro, igual que todos los compañeros que me han presidido en la palabra, el que se haya reestructurado una subcomisión de la cual me siento muy orgullosa de formar parte. Soy parte de la Comisión de los Niños y de la Adolescencia, y en esta ocasión vamos a estar pendientes de este programa que se ha reestructurado.

Yo nada más le quiero recordar a los compañeros y al pueblo de México que ya sabíamos que iba a estar complicado el cambio de régimen.

Yo les recuerdo a todos que no nada más cambiaron las siglas de un partido o un personaje de cada seis años, estamos modificando y cambiando un régimen y ya no va a ser igual.

Definitivamente esta comisión nos va a servir para aclarar, efectivamente, información y desinformación que se ha dado a través de las redes.

Para empezar, todas las madres sabemos que lo más natural es tener a nuestros niños en el regazo durante el más tiempo posible.

Las guarderías, que son para guardar a las criaturas o las estancias para que se estén, pues no es lo más natural; sin embargo, durante muchos años, en muchas sociedades se ha propuesto ayudar a las madres, a las mujeres que van a trabajar, para eso fueron estructuradas las estancias y las guarderías.

Actualmente el problema del recorte, el problema de reestructurar las guarderías ha causado mucho revuelo, es natural, son cambios de reglas, es otro sistema, pero no son ahorita los primeros que quieren defender a la niñez.

Quienes venimos de guarderías sabemos que ha habido grupos liberales, que son los que se encargan de proteger a los niños.

Los niños desde su inicio, y es una lucha que hemos mantenido siempre de este lado de la historia, deben de tener padres y madres que trabajan, deben de tener padres y madres que les den educación, deben tener padres y madres que les den seguridad social, y las guarderías vienen siendo algo extraordinario.

Yo celebro que ahora todos estemos en la misma idea y nos interesen los derechos de los niños.

Habemos quiénes nos hemos preocupado por esos niños, habemos quienes estamos aquí para que no haya niños con hambre, para que no haya niños explotados, para que no haya niños sin educación, no nada más la guardería que está dejando sin empleo a algunos.

Que se preocupan, no las maestras, quienes están preocupados por el recorte son los dueños de las guarderías.

Allá en Durango no ha pasado nada extraordinario, los niños siguen estando bien cuidado y bien protegidos.

Reitero, y espero que todos estemos de acuerdo en esta Subcomisión para que marche de acuerdo a los intereses de los niños, y no de los intereses de quienes quieren hacer negocio con los niños.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Margarita Valdez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su venia, señor Presidente.

Ver el día de hoy este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sin duda, es para congratularnos; sin duda, ver que podemos llegar a coincidencias, y donde se pueden construir realmente es para reconocerlo; pero también debo decir que más nos vamos a congratular cuando no quede solamente en la disposición para trabajar en una Subcomisión Especial, sino que realmente la restitución de los recursos llegue al programa y llegue a cumplir sus objetivos.

Hemos presentado diferentes alternativas, hemos visto cómo el sí se puede, y hemos planteado varias vías con las que consideramos este problema podría resolverse.

Iniciamos ese periodo legislativo con este tema. Estamos a muy pocos días de que concluya este segundo periodo ordinario y triste sería que concluyera sin una solución para el tema de estancias infantiles.

Por eso a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, por supuesto que nuestro voto será a favor, y por supuesto que el interés superior de la niñez está por sobre todos los temas y todos los asuntos.

También quiero desde aquí manifestar a mis compañeros que participaron en la Unión Interparlamentaria donde, sin duda, la educación de la primera infancia es fundamental para el desarrollo integral de las personas.

Y donde también en esta sesión de la Unión Interparlamentaria se puso el tema, donde también manifestamos la preocupación y, por supuesto, aquí hacemos eco de sus palabras porque qué bueno que se piense en grandes proyectos para México, pero de nada sirve si no empezamos por hacer acciones y tomar decisiones para las grandes personas y grandes seres humanos de México, que son nuestros niños y nuestras niñas.

De nada serviría que pensáramos en megaproyectos si no empezamos por la formación integral en esta primera infancia.

Por eso yo me congratulo en esta Comisión Especial, en esta Subcomisión porque estoy convencida que se pueden llegar a acuerdos, y esperemos que antes de que concluya este segundo periodo ordinario pueda haber más resultados, resultados que sean para beneficio de los niños, de las niñas, de las madres trabajadoras, de los padres trabajadores, porque ante todo ponemos a los niños.

Y desde aquí también decirle al Presidente, queremos que a México le vaya bien, queremos que la economía mejore, pero queremos que también en la Agenda vengan los niños y las niñas, porque si no entonces, ¿y las criaturas qué, dónde quedan en la Agenda Nacional?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio García Conejo.

El Senador Antonio García Conejo: Muy buenas tardes queridas Senadoras, Senadores, medios de comunicación, público aquí presente. Con su permiso, señor Presidente. Gracias a los demás integrantes de la Mesa Directiva.

Muy rápido, solamente expresar mi alegría de que la Mesa de Coordinación Política, la Junta, perdón, de Coordinación Política tomó este acuerdo para formar esa Subcomisión que le dará seguimiento al tema de las estancias infantiles.

Eso de guardería me suena así como que vas a guardar algo, estancias, lugares para lo más preciado, sin duda que tiene México, las niñas y los niños.

Pareciera que se tratara de un tema como de algunas y algunos Senadores que solamente quieren estar enchinchando, como decimos comúnmente, al gobierno federal, pero creo que no es así, y a mí me da mucho gusto que prácticamente de todas las fracciones se ha tomado este acuerdo.

Yo lo felicito, y por supuesto que nosotros como grupo parlamentario, pues apoyamos esta determinación, con mucho gusto el Partido de la Revolución Democrática se congratula con esta decisión.

Nada más para citarles un ejemplo que va a ser de gran trascendencia.

Yo tengo mucha confianza de que el gobierno que encabeza nuestro Presidente, porque nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador va hacer el favor de reactivar algo que es muy sensible para todas y todos.

Es hablar de los niños, es hablar de los futuros ciudadanos que tendrá este país, no es un tema menor, es un tema de grandísima trascendencia.

Hoy me viene a la mente recordar a Maricela, que es jefa de familia, madre de tres hijos, uno de 10, uno de 6 y uno de 3, que en días pasados me llama y me pide auxilio, es una mujer que no tiene, bueno, sí tiene empleo, ¿pero saben cuánto gana diario, queridas amigas y amigos? 80 pesos por estar trabajando en un hogar; 80 pesos; 80 pesos porque tiene que llevarse a la niña más chica o al más chico, al mismo tiempo estar trapeando y estar limpiando, estar haciendo el aseo en esa casa, pero también al mismo tiempo le dan la oportunidad de que cuide o estar al pendiente de su hijo menor.

Me llama y me pide que le ayude con un triciclo para vender raspados, para vender agua fresca, porque siente que con eso va a poder sacar un centavo más y dice, y quiero ver como lo acondiciono ese triciclo para llevarme a mi hijo el más chico.

Imagínense a una madre de familia, en la calle, en las temperaturas que tiene Huetamo sobre los 38 grados, 38, a 40 grados o a veces más, a esa madre ahí con su hijo.

Ustedes pueden decir, pero bueno, ¿quién tiene la culpa o quién la mandó a que tuviera hijos? Eso es muy fácil, pero hoy el Estado mexicano, las autoridades tanto municipales, estatales, para que sea compartida la responsabilidad y nosotros como parte del Poder Legislativo, pues estamos obligados a hacer cosas para bien.

Ese es el propósito, por eso me pongo a pensar, ¿esta madre cómo va a cuidar a sus hijos o quién la va a ayudar para que sus hijos tengan un hogar digno y que crezcan y que puedan tener pues ese acompañamiento? Solamente con este tipo de programas, queridas amigas y amigos.

Las estancias infantiles por supuesto que es un espacio o un programa extraordinario, hay que mejorarlo sí, hay corrupción, pues hay que investigar y que se investigue a fondo si hay corrupción, que se corrija, pero no puede ser todo basado y que esto lo vaya a cancelar, lo voy anular porque hay corrupción, porque entonces estaríamos desde mi punto de vista actuando de una manera no adecuada.

Por eso yo felicito y agradezco mucho a todas las fracciones que hayan determinado formar esta subcomisión.

Yo con mucho gusto acepté, por parte de mi fracción, que me dieran la oportunidad de darle seguimiento, porque creo en que es algo que vale la pena, queridas Senadoras y Senadores.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Conejo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena.

El Senador Jesús Encinas Meneses: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Claro que al señor Presidente de la República le importan mucho los niños, le importa mucho la infancia en México, tan es así, que está limpiando de corrupción toda las dependencias públicas que gobiernos pasados nos heredaron.

El señor Presidente de la República no quiere heredarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes una empresa como Petróleos Mexicanos llena de corrupción, de una empresa como, bueno ni el Seguro Social, quiere limpiar todo ello y ha empezado, y ha empezado ya.

Quiero decirles que las estancias infantiles, un proyecto muy interesante, muy noble no queda atrás, pero desafortunadamente aquellos, que hoy muchos están aquí, se les olvida que el Programa de Estancias Infantiles fue corrompido por aquellos que ahora se levantan en esta tribuna a criticar las acciones del señor Presidente de la República.

Las estancias infantiles donde se supone que se tenía que dar asistencia social a los niños era negocio para muchos de los que están en estos momentos en algunos de sus escaños.

El gobierno de la República suspende este programa porque había más de 90 mil niños que no existían y los cuales estaban siendo cobrados por muchos, muchos de los que están hoy acá.

Creo, creo en México, creo en los programas sociales que ha implementado el señor Presidente de la República, estoy convencido de que hay que perseguir a los culpables como lo dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, estoy convencido que hay que llevar a la cárcel a los corruptos, pero no como lo hacían en tiempos pasados, de hacerlo político.

Creo que la justicia en México va a alcanzar a todos los corruptos que llevaron al fracaso muchos programas dignos de tener hoy presentes.

Hace rato una Senadora decía que había que meter a la cárcel.

Sí Senadora, sí los vamos a meter a la cárcel, pero con procesos justos, no nos vamos a manchar como se mancharon ustedes.

Y hay que empezar por aquellos que desvirtuaron los programas sociales, sobre todo aquellos que beneficiaban a nuestros niños.

Es todo, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Jesús Encinas.

No habiendo más oradores ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mencionado Acuerdo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Aprobado el Acuerdo relativo al recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles. Comuníquese.






Pasando al siguiente punto, informar que tenemos la primera lectura de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal.






Enseguida tenemos una primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Antes de pasar a la discusión del siguiente dictamen, informo a la Asamblea que se recibieron de la Secretaría de Gobernación, diversos nombramientos de embajadoras y embajadores, propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, para su ratificación de esta Soberanía.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a cada una de las propuestas de nombramiento.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura a las propuestas de nombramiento:

Ciudadana María Teresa Mercado Pérez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.








Ciudadano José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.








Ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.








Ciudadana Patricia Galeana y Herrera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.








Ciudadana Roselia Margarita Barajas y Olea, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Costa Rica.








Ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba.








Ciudadana Raquel Serur Smeke, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador.








Ciudadano Ricardo Cantú Garza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.








Ciudadano Romeo Ruíz Armento, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Guatemala.








Ciudadano David José del Carmen Jiménez González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Honduras.








Ciudadano Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.








Ciudadano Juan Manuel Nungaray Valadez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Paraguay.








Ciudadano Víctor Hugo Morales Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Perú.








Ciudadano Carlos Peñafiel Soto, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.








Ciudadano Víctor Manuel Barceló Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, así como representante del Parlamento de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay.








Ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna cada una de las propuestas de nombramiento a las que dio lectura la Secretaría, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.

Continúe la Secretaría.






Doy lectura a otra propuesta de nombramiento:

Ciudadana Luz Elena Baños Rivas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna esta propuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores.






Quiero dar lectura a una misiva que dice lo siguiente:

COMUNICACIÓN



Nos han enviado esta misiva.






Vamos a pasar, a la discusión de un dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, por el que se desechan 66 proposiciones con punto de Acuerdo, presentadas durante las LXII y LXIII legislaturas del Senado de la República. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura al dictamen:



Es cuanto.

Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar las proposiciones con punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha los puntos de Acuerdo.Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Vamos a pasar al apartado de iniciativas, para el cual tiene la palabra la Senadora Rocío Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia política.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Agradezco el apoyo de todas y todos aquellos amigos Senadores de las distintas fuerzas políticas, representadas en esta Soberanía, en los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que se sumaron a esta iniciativa, asimismo, a las diferentes asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que nos han acompañado en esta lucha incansable.

También a la maestra Katya y la maestra Evelia, impulsoras de esta iniciativa.

En México, el avance en el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido progresivo, pero no eficiente. Resulta increíble que en la actualidad todavía existen dificultades que nos limitan a votar y ser votadas con plena libertad en el marco de respeto de nuestros derechos humanos.

A pesar de que actualmente son reconocidos los derechos de las mujeres a participar en la vida pública, desde los espacios de decisión, y que además han introducido criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país, la violencia política por razón de género.

Si bien, en nuestro país se ha posicionado en la agenda pública el respeto de los derechos políticos electorales de las mujeres, lo que ha dado paso a acciones institucionales para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública, aquí y ahora, desde esta tribuna, levantamos la voz y decimos: ¡no es suficiente!.

Alzamos la voz por las compañeras que en el camino se han quedado en la búsqueda de hacer realidad un país más justo, nos unimos a aquellas, que como yo, han sufrido en carne propia la ferocidad de estas prácticas que violentan nuestras capacidades.

Vivimos en un Estado de derecho en el que la observancia de las normas debería imperar, sin embargo, la realidad es que la violencia contra nosotras se ejerce cotidianamente y de diversas formas: económica, psicológica, laboral, física, sexual contra la familia, incluso hasta llegar a la muerte.

Ejemplo de lo anterior es que durante el 2018 se suscitaron 237 agresiones contra mujeres que participaban en el ámbito político en el país. Del total, 127 fueron intimidaciones y amenazas, 23 lesiones dolosas y 23 asesinatos, entre otros.

Las entidades que encabezan los asesinatos fueron Guerrero, con cinco casos; Oaxaca, con cuatro casos; Michoacán, con tres, y Morelos, con tres.

Asimismo, encontramos casos como los de nuestras compañeras, las presidentas municipales de Santiago Tamazola, a Nayeli Huerta; de San Miguel, en la Mixteca de Oaxaca; Fidencia Bernal Cuenca, y de San Juan Bautista, Martha Regules Mendoza quienes han sido amenazadas para que renuncien a sus cargos.

Otro caso es el de la candidata a la alcaldía de Coyoacán por Morena, María Rojo, que a pesar de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que había sido, había sufrido violencia, Éste negó la procedencia de la anulación de la elección.

En ese sentido, la FEPADE dio cuenta de que durante el Proceso Electoral 2017-2018 solo se abrieron seis carpetas de investigación por violencia de género. Lamentablemente no se logró una resolución a favor de las víctimas y ese es uno de los incentivos para que esta forma de violencia no disminuya.

Ante esta situación, urge que sigamos fortaleciendo el trabajo legislativo en materia de erradicación de violencia y garantía de los derechos políticos-electorales de las mujeres.

En la actualidad, todavía identificamos la existencia de vacíos legales en las normas que menoscaban el desarrollo de las mujeres en la escena política, ya sea como militantes de los partidos políticos, aspirantes a candidata a un cargo de elección popular o puesto de dirigencia al interior de los institutos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Es por ello que consideramos imperativo incluir la definición de este tipo de violencia, entendiéndola como toda aquella acción y omisión, incluía la tolerancia, que basada en el elemento de género, dada en el marco de ejercicio de derecho político electoral, cause daño físico, psicológico, económico, sexual o feminicida en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias con el objeto o resultado del menoscabo o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de las prerrogativas inherentes a sus cargos públicos.

Estoy segura que las mujeres estamos comprometidas a terminar con todo tipo de violencia. La política no debe ser una excepción.

“¡Juntas, invencibles, por una mejor sociedad!”

Por su atención y suma, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rocío Abreu. Se turna a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Ana Lilia Rivera, Martha Guerrero, Jesús Encinas, Gloria Sánchez, Primo Dothé, Guadalupe Covarrubias, Nestora Salgado, Noyola, Obed, García Conejo, Fócil, Jesusa Rodríguez, Mónica Fernández, Félix Salgado Macedonio, Ricardo Ahued Bardahuil, Eva Galaz, Núñez, Elizabeth Núñez y Alejandra Lagunes.






Tiene la palabra la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con el aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, noveno párrafo; y adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, presentadas por las Cámaras del Congreso.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, NOVENO PÁRRAFO; Y ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El día de hoy las Senadoras y Senadores que conformamos el grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos esta iniciativa con proyecto de Decreto, para reformar los artículos 94, noveno párrafo y la fracción I del artículo 105 de la Constitución, a fin de que un 33  por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores puedan interponer controversias constitucionales.

Nuestro texto constitucional establece medios de control, que tienen como objeto garantizar el principio de la supremacía constitucional.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de control de constitucionalidad son los instrumentos, a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido en la Constitución.

La Constitución contempla diversos medios de control, de los que conoce la Suprema Corte de Justicia, como son el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Por lo que respecta al juicio de amparo, todos sabemos, es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades en contra del gobernado que lo promueve para restituirlo en el pleno goce de sus derechos.

Por su parte, la acción de inconstitucionalidad constituye una vía, por la que las minorías en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos y algunos organismos autónomos sometan a consideración de la Corte, una ley que consideran inconstitucionalidad, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado.

De acuerdo con el Ministro José Ramón Cossío, la función básica de las acciones de inconstitucionalidad, es darle racionalidad y poner límites a los principios de las mayorías; es decir, es un mecanismo para que la minorías puedan consultar a la Corte en relación con la constitucionalidad de una norma que consideren contraria a nuestro máximo ordenamiento.

Respecto a las controversias constitucionales, es la Suprema Corte quien conoce de las mismas, en los supuestos a los que se refiere el artículo 105.

En esta iniciativa, me refiero expresamente a las controversias que se suscitan entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras o la Comisión Permanente, sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales.

Las controversias constitucionales, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, solo pueden ser presentadas por el Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, de tal suerte que las minorías en el Congreso no pueden interponer este juicio si no es por conducto del citado Presidente de cualquiera de las Cámaras.

Lo anterior, propicia que en asuntos de particular relevancia, en donde existe una clara invasión de atribuciones, y hay que traer a la memoria el asunto de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, las minorías no tienen ningún mecanismo de control constitucional para salvaguardar las atribuciones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

Por ello, resulta necesario reformar los artículos 94 y 105 constitucionales, para que, al igual que en las acciones de inconstitucionalidad, tratándose de controversias constitucionales, también sea posible que un 33  por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores puedan interponerlas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las minorías y preservar el respeto entre poderes.

Estos son algunos de los elementos más importantes que contiene esta iniciativa que las Senadoras y Senadores del grupo de Acción Nacional ponemos a la consideración de todos ustedes.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Aval de Grupo con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 94, noveno párrafo; y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las preocupaciones constantes desde la creación de la Constitución de 1824 fue establecer mecanismos para su protección, por ello dicha Constitución instituía al Supremo Poder Conservador a velar por el texto Constitucional al establecer en el artículo 171 “Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la Federación, y de los Estados”.

Al igual que la Constitución de 1824, el texto de la Carta Magna actual establece medios de control que tienen como objeto garantizar el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponeEsta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…”.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los medios de control de la constitucionalidad1, “son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En nuestro país, la Constitución contempla diversos medios de control, de los cuales conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son:

• El juicio de amparo

• Las controversias constitucionales.

• Las acciones de inconstitucionalidad.

Por lo que respecta al juicio de amparo, “…es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo”. 2

Por su parte, la acción de inconstitucionalidad fue introducida al sistema jurídico mexicano mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y constituye una vía para que las minorías del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales; así como el Ejecutivo Federal; los Partidos Políticos tratándose de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Fiscalía General de la República, sometan a consideración de nuestro Tribunal Supremo la que consideran una Ley contraria al texto constitucional, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado.

De acuerdo con la SCJN, se trata de “Un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales3”.

El Ministro José Ramón Cossío4, señala que la función básica de las acciones de inconstitucionalidad es “darle racionalidad y ponerle límites al principio de las mayorías”, es decir, se trata de un mecanismo con que cuentan las minorías a efecto de que puedan consultar a la SCJN, en relación a la constitucionalidad de una norma que consideran contraria a nuestro máximo ordenamiento, con lo cual se garantiza su supremacía.

En cuanto a las controversias constitucionales, fueron introducidas en nuestro ordenamiento constitucional en la Constitución de 1824, donde se atribuía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las mismas.

Por lo que respecta a las controversias constitucionales, el texto constitucional señala que será la SCJN quien conozca de las mismas, con excepción de las relacionadas a la materia electoral, que se susciten entre:

• La Federación y una entidad federativa;

• La Federación y un municipio;

• El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

• Entidades Federativas;

• Dos municipios de diversos Estados;

• Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

• Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

• Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

• Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Sin embargo, en el caso de las controversias constitucionales, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, se requiere que sea el Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, quien promueva dicho medio de control constitucional; de tal suerte que las minorías en el Congreso, no pueden interponer dicho juicio, si no es por conducto del Presidente de cualquiera de las Cámaras.

Lo anterior, propicia que en asuntos de suma relevancia, donde exista una clara invasión de atribuciones, las minorías no puedan ejercitar ningún mecanismo de control constitucional para salvaguardar las atribuciones del Congreso de la Unión; lo que genera un clima de incertidumbre jurídica que deteriora las relaciones entre los poderes y provoca desconfianza de la población hacia las instituciones. 

Por ello es que resulta necesario reformar el artículo 105 constitucional para que al igual que en las acciones de inconstitucionalidad, tratándose de controversias constitucionales, sea posible que un 33% de integrantes del Congreso de la Unión puedan interponerlas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las minorías, preservar el respeto entre poderes y dotar de certeza al orden jurídico mexicano.

En los últimos años la SCJN se ha convertido en mediador de las diferencias entre los distintos órdenes y niveles de gobierno, ante la pluralidad política que se vive hoy día, en donde diferentes partidos políticos gobiernan a nivel municipal, estatal y federal; es necesario que mediante instrumentos jurídicos, todos los actores políticos tengan la posibilidad de recurrir a la Corte, para expresar lo que consideran una invasión a sus atribuciones, o para denunciar la inconstitucionalidad de alguna norma.

A mayor claridad, se adjunta cuadro comparativo de la propuesta.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo 94. …

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

d) Una entidad federativa y otra;

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

k) Se deroga.

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

 

 

 

 

II. a III. …

Artículo 105. …

 

 

I. …

 

a) a l) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que una de las partes sea el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la Comisión Permanente, la controversia podrá ejercitarse por su respectiva presidencia o por el equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes.

II. a III. …

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el noveno párrafo del artículo 94, y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. …

a) a l) …

Siempre que una de las partes sea el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la Comisión Permanente, la controversia podrá ejercitarce por su respectiva presidencia o por el equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes.

II…

III…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

- FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÌVAR LELO DE LARREA, Arturo (Coord.), La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Tomo VIII Procesos Constitucionales Orgánicos, Ed. UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2008, pp. 1038
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio; El Juicio de Amparo, 25 ed., México, Porrúa, 1988, p. p. 1108
- Cerezo Vélez, Félix, Introducción al Derecho Procesal Constitucional. En Ruperto Patiño Manfer, Ruperto y Ríos Ruiz, Alma de los Ángeles (Coord.), Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2009, pp. 459
- COSSÌO D, José Ramón, Artículo 105. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 452

1 Véase ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? en:
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx

2 Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, diciembre de 2006, p. 189, tesis 2ª./J.181/2006; IUS: 173858.

3 Op. Cit. 1

4 COSSÌO D, José Ramón, “Artículo 105”. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 180

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias a la Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar, reconocer y proteger el derecho a la vida.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos, Senadoras y Senadores:

El Estado, de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, debe garantizar el primer derecho de todo ser humano: la vida, pues no es para ignorar que el derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y en general todas las garantías fundamentales, son consecuencias y derivan de la existencia de la vida.

Por ese motivo el derecho a la vida forma parte de las normas imperativas del derecho internacional, que no puede ser objeto de extinción por ningún motivo o circunstancia, haciendo de él un derecho fundamental y necesario para colocarlo en el primer plano de protección.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció, en su artículo 3, el derecho que tiene todo individuo a la vida, misma declaración a la que México ya se ha adherido.

También México, en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que abrió un panorama jurídico más claro, pues esta Convención establece la obligación que tiene el Estado para reconocer a todo niño el derecho intrínseco a la vida, en su artículo 6.

De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo 1, como el primer derecho humano, el derecho a la vida y más importante aún, resulta de claridad que la Declaración Americana sobre Derechos Humanos establece el momento en que se adquiere el derecho a la vida, al ordenar, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.

Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción.

Es por ello que en nuestro país, como Estado parte de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos desde el año 1981 debe respetar, proteger, garantizar y promover el derecho humano a la vida desde la concepción, es decir, México debe reconocer y garantizar este derecho como el primer derecho consagrado en nuestra Constitución.

Un sinnúmero de instrumentos internacionales sobre derechos humanos protegen la vida y además protegen el derecho humano a la salud y seguridad social.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 1, establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de su persona.

Por su parte, el artículo 1o. de nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, como lo he venido repitiendo.

Desde ese punto de vista, en materia de derechos humanos, es inexcusable que el derecho a la vida no se encuentre literalmente reconocido por la Constitución, siendo que este derecho no puede restringirse ni suspenderse por ninguna causa.

Los derechos humanos, además de ser inalienables e intransferibles, son irrenunciables.

Por eso estas inconsistencias se convierten en un obstáculo para garantizar el derecho a la vida, por lo tanto, no deben existir en nuestro derecho mexicano y mucho menos en nuestra Constitución.

En este sentido, debemos retomar de manera sistemática y armoniosa el derecho internacional de los derechos humanos, de los cuales México forma parte, en el sentido de modificar o armonizar su derecho interno a lo previamente pactado.

Por ser la vida el bien más preciado que posee el ser humano, se tiene la necesidad de establecer un marco jurídico-político de protección que atienda el derecho natural que le es consustancial por el solo hecho de ser persona.

Esta misma naturaleza nos lleva a demandar al Estado el reconocimiento, la protección y la garantía del derecho a la vida, siendo fundamental su conservación por ser la base de todos los demás derechos.

Desde esta perspectiva, el Estado está obligado a diseñar las normas jurídicas necesarias para que cada persona, bajo los lineamientos previstos por la ley, esté obligada a respetar a los otros.

En términos prácticos, el Estado tiene la obligación moral y jurídica de implementar, conforme a las normas internacionales que regulan el derecho humano a la vida, un desplegado de medidas de tipo político, legislativo, judicial y administrativo, para que se reconozca, garantice y proteja el derecho a la vida, para evitar condiciones que propicien el ejercicio de acciones negativas que causen daños irreversibles a la dignidad humana en cualquier etapa de la vida.

De ahí que para la preservación de la vida humana es necesario el reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, no obstante que internacionalmente se reconoce el derecho a la vida, como se ha venido sosteniendo, por instrumentos internacionales de derecho que son vinculantes para el Estado mexicano, pero la falta de protección establecida por escrito en nuestra Constitución da lugar a interpretaciones que pudieran no estar apegadas al respeto irrestricto del derecho humano a la vida.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante señalar que esta iniciativa no busca de ninguna manera criminalizar a la mujer o a ningún otro grupo, es más, reconoce y deja a salvo las excepciones establecidas en la ley, fortaleciendo así la rectoría del Estado en esta materia.

Por eso, en esta iniciativa se reconoce explícitamente que las leyes federales y locales contemplan algunos casos en los que el aborto está despenalizado, lo que además de respetar y fortalecer el Pacto Federal, garantiza que no haya penalidad para las mujeres que se ven en la necesidad de abortar, dentro de los casos que en los estados se prevé.

Como lo he dicho repetidamente en esta exposición, mi iniciativa está a favor del derecho a la vida, más no de criminalizar a las mujeres.

Por eso, se propone plasmar en la Constitución que el Estado deberá garantizar y proteger el derecho a la vida, de conformidad con las leyes aplicables, en las que se establecen, como todos sabemos, las excepciones y salvedades en las que el aborto está despenalizado.

En conclusión, esta iniciativa busca plasmar el derecho a la vida en la Constitución, fortalecer el entramado jurídico de los derechos humanos en nuestro país, armonizar nuestra Carta Magna con los diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado, y reconocer la existencia de salvedades legales en esta materia, garantizando la no criminalización de la mujer.

Por su atención, muchas gracias.

Y acepto.

Iniciativa

El suscrito, Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración inciso  de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La encendida polémica sobre el derecho a la vida, tiene como uno de sus puntos de partida, la aseveración de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual es una aseveración absolutamente cierta.

Sin embargo, en el análisis con respecto al derecho a la vida que atañe a los no nacidos, debemos reflexionar si el Estado hace las preguntas correctas sobre cuándo inicia la existencia de un individuo que es, por cierto, sujeto de derechos inalienables. Preguntas tales como ¿Cuándo inicia la vida? ¿Cuándo se es ser humano? ¿Qué ocurre desde los primeros días de gestación? El genetista Peter Tallack, fundador de “The Science Factory” en su libro “En el vientre materno”, lo explica minuciosamente.

Cuando el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo se fusionan en uno se completa el proceso llamado fecundación, esto es “…dos conjuntos de material genético, uno de la madre y otro del padre, se combinan para formar un nuevo mensaje genético”. “Es el momento de la concepción, cuando se produce el ADN único de un nuevo ser, una firma humana que no había existido nunca, y jamás se repetirá. Se ha creado la primera célula de lo que se convertirá en una nueva vida humana.”1.

Esto quiere decir que el nuevo ser humano no forma parte del cuerpo de la mujer, no es un órgano de la mujer del cual ella misma pueda decidir libremente que hacer con esa parte de su cuerpo, pues como lo han demostrado diversos investigadores en la materia entre los que se encuentran Tallack, es una nueva vida, con genética distinta a la de sus padres, con un ADN único en el universo, el cual creará una membrana externa que más adelante se llamará placenta que lo protegerá por espacio entre 38 a 40 semanas.

Sin embargo, para que una nueva vida surja, ha sostenido la ciencia que debe acontecer un proceso de transferencia de 46 cromosomas, aportando la mitad de ellos cada uno de sus progenitores. Cada cromosoma está compuesto por un filamento en forma de espiral que contiene moléculas de ADN de célula humana cargadas de genes diseminados,  los cuales son clave para la singularidad del nuevo ser humano.

Por lo anterior, podemos determinar  que los genes son un conjunto de instrucciones para convertirlo en humano, pues cada gen o combinación de genes son responsables de un rasgo en concreto, su acción conjunta determina su singularidad física y genética.2
Por tal motivo, se comparte la idea de que el derecho a la vida debe partir y parte de la premisa que la existencia de la vida humana ocurre desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que el óvulo es fecundado con el espermatozoide. Partiendo del hecho que un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización completa, en el que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía, de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida como son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos, sin perder su nivel estructural hasta su muerte, todos los seres vivos están constituidos por células y en el interior de éstas se realizan las secuencias de reacciones químicas, capitalizadas por enzimas, necesarias para la vida.3

Por lo tanto, un cigoto (que se forma a partir de la unión del espermatozoide con el gameto femenino y los pronúcleos masculinos y femeninos entran en contacto y replican su ADN) posee una identidad genética propia, diferente a la de los que le transmitieron la vida, y contará con la capacidad de regular su propio desarrollo el cual, sino no se interrumpe, alcanzará cada uno de los estadios evolutivos del ser humano. De esta manera, el ADN de ambos progenitores se funden para alcanzar la estructura y patrón propios del nuevo individuo, y a la vez, con la fecundación se pone en marcha el motor de desarrollo embrionario con el que se inicia una nueva vida, ese nuevo ser vivo, ya un embrión, se divide después en dos células, cada una de ellas con una finalidad biológica definida; más tarde en tres, luego en cuatro y así sucesivamente, hasta formar un organismo completo y estructurado.4

Al tercer día, el embrión ya está formado por ocho células. Se auto organiza siempre de manera asimétrica, siguiendo una trayectoria unitaria programada de forma temporal y espacial, las células van generando los órganos y los tejidos. Antes de implantarse en el útero al inicio de la segunda semana, y desde el primer día, el embrión ha ido mandando señales moleculares a la madre para que ambos se coordinen como dos vidas distintas, en perfecta simbiosis durante toda la gestación.5

La nueva vida se divide y se comporta de manera distinta al cuerpo gestante, pues éste nuevo ser ya tiene vida propia en sí mismo, por estas razones científicas y biológicas, es que no se puede definir al producto de la concepción como parte del cuerpo de la mujer, sino como un cuerpo distinto.

Partiendo de la premisa de que la vida surge desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es que el Estado de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, debe garantizar el primer derecho de todo ser humano, la vida. Pues no es para ignorar que el derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad, y en general, todas las garantías fundamentales, son consecuencias y derivan de la preeminencia de la vida.         

Por ese motivo, el derecho a la vida forma parte de las normas imperativas del ius cogens internacional, que no puede ser objeto de extinción por ningún motivo o circunstancia, haciendo de él un derecho fundamental y necesario para colocarlo en el primer plano de protección.6

II.- Planteamiento del problema y argumentos de la iniciativa.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estableció en su artículo Tercero, el derecho que tiene todo individuo a la vida, declaración a la que México se ha adherido, como garante de este derecho.

Por otra parte, México en 1990 ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño, mismo que abrió un panorama jurídico más claro aún, pues esta Convención establece la obligación que tiene el Estado, para reconocer a todo niño el derecho intrínseco a la vida en su artículo 6.1, este artículo no podría interpretarse más correctamente sin la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 1 establece como el primer derecho humano, el derecho a la vida, y más importante aún, resulta la claridad con que la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos establece el momento en que se adquiere el derecho a la vida, al ordenar en su artículo 4.1 que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción….” es por ello que nuestro país como Estado parte de la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos desde el año 1981, debe respetar, proteger, garantizar y promover el derecho humano a la vida desde la concepción.

Es decir, México debe reconocer y garantizar este derecho como el primer derecho consagrado en nuestra Constitución, y no debe estar sujeto a modificaciones bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, también los instrumentos regionales de protección de derechos humanos han señalado que “Los derechos de cada hombre -entiéndase ser humano- están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos…”7

Así lo ha establecido además la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 32.2 al establecer que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás…”.

Para robustecer el marco normativo internacional de derechos humanos, en 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en donde estableció en su artículo 6.1, el derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, que además deberá ser protegido legalmente.8

Son un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la vida, y que además protegen el derecho humano a la salud y seguridad social. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo I establece que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de su persona”.

La propia Declaración Americana Sobre Derechos Humanos ha dejado establecido el derecho a la vida, y que éste debe ser respetado en toda persona, es decir, sin distingo alguno, y en este caso, éste instrumento regional de derechos humanos ha dejado claramente establecida la protección al derecho a la vida.9

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “…todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,…” desde ese punto de vista, en materia de derechos humanos, es inexcusable que el derecho a la vida, no se encuentre literalmente reconocido por la Constitución, siendo que este derecho no puede restringirse ni suspenderse por ninguna causa.

Los derechos humanos además de ser inalienables e intransferibles, son irrenunciables, es decir, se adquieren por el simple hecho de ser humanos, no podemos entregar nuestros derechos en manos de terceros para que decidan sobre nuestra vida o nuestro cuerpo, como tampoco podemos privarnos o prescindir  del derecho que la naturaleza humana nos otorgó.

Estas inconsistencias, se convierten en un obstáculo para garantizar el derecho a la vida, por lo tanto, no deben existir en nuestro derecho mexicano, mucho menos en nuestra Constitución. En ese sentido, debemos retomar de manera sistemática y armoniosa, el derecho internacional de los derechos humanos de los cuales México forma parte, en el sentido de modificar o armonizar su derecho interno a lo previamente pactado.  

Al tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la resolución de acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, encontró necesario analizar la Constitución para resolver sobre el derecho a la vida nasciturus, esto es, del no nacido. Y llegó a la determinación que, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 10/2000 y específicamente en la tesis de jurisprudencia14/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que esencialmente se dejó establecido que “…la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.10

Convenientemente, se destaca que, así como los instrumentos legales, el consenso científico dedicado a la investigación como la medicina, genética, biología molecular, embriología humana, y otras ramas afines, han sido claves para esclarecer las lagunas que se han dado sobre el inicio de la vida humana.

Por ser la vida el bien más preciado que posee el ser humano requiere la necesidad de establecer un marco jurídico-político de protección, que atienda el derecho natural que le es consustancial por el sólo hecho de ser persona. Esa misma naturaleza nos lleva a demandar al Estado el reconocimiento, la protección y la garantía del derecho a la vida, siendo fundamental su conservación, por ser la base de todos los demás derechos.

Desde esa perspectiva, el Estado está obligado a diseñar las normas jurídicas necesarias para que cada persona, bajo los lineamientos previstos por la ley, esté obligado a respetar a los otros, con más razón, cuando ese otro es un ser que no ha nacido, pero que transita con vitalidad dentro del vientre materno para su formación y desarrollo, último proceso que continuará una vez nacido hasta su muerte. Completando así el ciclo de la vida humana.

Obedeciendo esa ley natural, se debe respetar al ser humano desde la perspectiva integral de vida, esto significa que debe otorgarse la protección en cualquiera de sus etapas. El hecho de que el no nacido, no tenga la capacidad física ni jurídica para defenderse, ni ser apto para ejercer o velar por sus propios intereses, no debe ser un impedimento para considerarse jurídica, social y políticamente, como un ser que no tiene derecho a que se le reconozca su derecho a la vida. De ser así, se estaría cometiendo el exterminio de un ser humano, biológica, individual e independiente a su madre.

En términos prácticos, el Estado tiene la obligación moral y jurídica de implementar conforme a las normas internacionales que regulan el derecho humano a la vida, un desplegado de medidas de tipo político, legislativo, judicial y administrativo, para que tanto sus operadores como particulares, respeten el derecho a la vida, para evitar condiciones que propicien el ejercicio de acciones negativas que causen daños irreversibles a la dignidad humana desde cualquier etapa de la vida. De ahí que para la preservación de la vida humana surge la necesidad de positivizar este derecho, como un compromiso del Estado, para adoptar medidas de protección ante cualquier expresión que la ponga en peligro.

Por lo anterior es necesario el reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, no obstante que internacionalmente se reconoce el derecho a la vida como se ha venido sosteniendo por instrumentos internacionales de derecho que son vinculantes para el Estado mexicano, la falta de la protección establecida por escrito en nuestra Constitución da lugar a interpretaciones que pudieran no estar apegadas al respeto irrestricto del derecho humano a la vida dejando en estado de indefensión a los no nacidos.

En conclusión, es el Estado quien tiene la obligación de respetar y proteger en primer término el derecho humano a la vida, pues éste no debe estar sujeto a ideologías que pongan en peligro la extensión de este derecho.

III.- Contenido de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación, plasmamos de manera sucinta todos los contenidos de la iniciativa, organizados por artículo.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 1o. ...
...
...
...


(Se adiciona un último párrafo)

Artículo 1o. ...
...
...
...


El Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte, de conformidad con las leyes aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adicionan y reforman el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte, de conformidad con las leyes aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberán ajustar las leyes que sean necesarias, a fin de dar cumplimiento a la adición realizada.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Suscribe

Sen. Manuel Añorve Baños.

1 Tallack, Peter, En el vientre materno, México, National Geographic en español, p. 26.

2 Idem.

3 Nealson , K., & Conrad, P.,"Life: past, present and future". Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2011, p. 1923-1939.

4 Sadler, L., Fundamentos de embriología médica, Buenos Aires: Panamericana, 2015.

5 López Moratalla, N., Inicio de la vida de cada ser humano. ¿Qué hace humano el cuerpo del hombre? Cuadernos de bioética. 2011.

6 Rodríguez Custodio, Esperanza, Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a partir de la convencion sobre derechos del niño,  en Islas Colín Alfredo y de los Santos Argáez, José Manuel (Coords.), Derechos Humanos. Un escenario comparativo, México, Ed. Flores, 2016, p. 502.

7 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVIII.

8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 6.1.

9 Declaración Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 4.1.

10 Montoya Rivero, Víctor Manuel. El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de resolución, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. núm. 11, enero-junio 2009, p. 250.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Añorve Baños.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Mario Zamora, Gina Cruz, Eruviel Ávila, Obed Macedo y Guadalupe Murguía. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 38 de la Constitución, en materia de presunción de inocencia y derecho al voto activo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II Y ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

La reforma constitucional que presento propone derogar la fracción II y adicionar la fracción III del artículo 38 de la Carta Magna, en aras de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y posibilitar de manera efectiva el voto activo de personas que se encuentran en prisión sin una sentencia condenatoria y firme.

Como sabemos, a partir de la Reforma Constitucional del año 2011, el Estado mexicano reconoció a los derechos humanos en el sentido de otorgar la protección más amplia con la convencionalidad referida a los tratados internacionales suscritos y reconocidos por nuestro país, se elevó a rango constitucional el modo de entender la relación entre la sociedad y las autoridades con respecto y referencia a los derechos humanos.

En ese sentido, se reconoció que los derechos fundamentales deben potenciarse, máxime cuando se encuentren vulnerados o inaplicados en lo individual o en lo colectivo, lo anterior ha sido reiterado por parte de nuestros órganos jurisdiccionales y ha propiciado avances en el espíritu de nosotros, los legisladores, para progresar en el conjunto y con los criterios nacionales e internacionales de nuestra Carta Magna.

La reforma constitucional que presento está relacionada con la capacidad individual de contribuir en las decisiones propias del país, tal como lo es el derecho al voto activo, y por otra parte, busca la prevalencia y el respeto al principio de presunción de inocencia que consagra el sistema penal acusatorio.

Ese derecho humano, el de votar, garantizado a todos los ciudadanos mexicanos, es donde encuentra sentido la soberanía nacional, y con ello, la democracia misma, pues resulta la expresión de la voluntad para influir en la vida de la nación.

Asimismo, el reconocimiento intrínseco a la inocencia, entendido también como un derecho humano, obliga a las autoridades a probar la culpabilidad, pues aunque el juez de la causa hubiera emitido un auto de término constitucional o se hubiera decretado la vinculación a proceso, el principio de presunción de inocencia prevalece hasta en tanto se dicte la sentencia condenatoria y firme.

Ahora bien, la presentación de esta iniciativa, así como su viabilidad en la dictaminación y aprobación posterior, encuentra sustento en las interpretaciones jurisprudenciales nacionales e internacionales, tanto como en los precedentes de los órganos jurisdiccionales en la materia, lo anterior es así pues recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como último revisor en materia electoral, se pronunció a través de los juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, 352 y 353, 2018, en el sentido de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ordenando al Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado de la organización de las elecciones, la implementación de una etapa de prueba que garantice el voto activo.

Así, también a través de diversas resoluciones de la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha determinado que la fracción II del artículo 38 no puede entenderse como una prohibición absoluta, sino en concordancia al principio de presunción de inocencia, y el derecho a votar, fundamentado y motivado, hizo que se dictara la siguiente jurisprudencia, 39-2013, suspensión de los derechos-político electorales del ciudadano, prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional sólo procede cuando se prive de la libertad.

Debemos ser enfáticos en reconocer que si bien el voto activo es una prerrogativa en evolución, ésta debe estar acorde a los criterios internacionales en el sentido de que las normas inherentes a los derechos humanos deben favorecer en todo tiempo la protección más amplia.

Por tanto, si hasta ahora resulta una realidad el que las personas procesadas, privadas de su libertad, no puedan ejercer el voto, esta circunstancia se justificaba en la complejidad al acceso a la información de la campaña, la instalación de urnas y la participación de los funcionarios electorales, barreras que serían eliminadas por la presente reforma.

Es de llamar la atención el criterio de la Organización de las Naciones Unidas, que a través del Comité de Derechos Humanos ha determinado en la observación general número nueve, y en específico, en el párrafo catorce, de la observación general número 25, que: “si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar”.

Lo anterior, robustecido con criterios adoptados en otras legislaciones, como la de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, que tienen mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas privadas de su libertad y que no han sido sentenciadas; o como en Canadá, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y en España, que incluso garantizan el derecho al voto en caso de sentencias condenatorias, abren la discusión de la progresividad con que la legislación mexicana debe ser encaminada, es decir, privilegiar el voto activo.

Datos al respecto situaban a México, en el año 2018, con una población recluida de 204 mil 422 personas, de las cuales 80 mil 442 se encontraban en prisión preventiva, es decir, casi el 40  por ciento, según cifras recabadas por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido.

Por tanto, con el objeto de dar voz y garantizar plenamente el derecho de presunción de inocencia, se propone reformar el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión, proponiendo derogar la fracción II y adicionar la fracción III en términos de no suspender el derecho o prerrogativa a la emisión del voto en tanto no haya sido condenado por sentencia definitiva, pues no hacerlo sería ser omisos en la restricción de la voz de un sector social, pues sería creer que no tienen nada que aportar o que no son iguales o aptos para tomar decisiones, en continua violación a sus derechos humanos.

Por tanto, esta iniciativa busca que este Poder Legislativo federal corrija el rumbo y consagre el firme respeto de los derechos humanos en relación al voto activo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente: iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presunción de inocencia y derecho al voto activo; al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de la reforma constitucional de junio del año 2011, el estado mexicano reconoció el otorgamiento de los Derechos Humanos en el sentido de brindar la protección más amplia, asimismo, que los Tratados Internacionales suscritos y reconocidos por nuestro país, están al rango constitucional, ello modificó el modo de entender la relación entre la sociedad y las autoridades.

En ese sentido, dentro de ese desarrollo y evolución, se reconoció que los derechos fundamentales de los que todos somos poseedores deben potenciarse cuando se encuentren vulnerados o inaplicados en lo individual o lo colectivo.

Lo anterior ha sido criterio reiterado por parte de nuestros órganos jurisdiccionales y ha propiciado avances en el espíritu del reformador para progresar en conjunto con los criterios nacionales e internacionales en nuestra Carta Magna.

A pesar de estos avances legislativos, aún quedan diversos asuntos pendientes. Uno de ellos, relacionado con la capacidad individual de contribuir en las decisiones propias del país y los gobernantes, como lo es el derecho al voto activo y, por otra parte, el reconocimiento de la presunción de inocencia como el espíritu deseado por el legislativo en la inclusión del Sistema Penal Acusatorio.

I. Derecho al voto y la presunción de inocencia

El derecho al voto es la expresión libre de la voluntad para tomar una decisión colectiva, mismo que se encuentra garantizado por la Constitución, en el artículo 35, fracción I. Ese derecho también resulta una obligación de todo ciudadano de la República .

Ahora bien, para ser ciudadano mexicano se requiere la nacionalidad mexicana, la cual se adquiere por nacimiento o por naturalización, además de cumplir con dos requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir .

Ese derecho humano garantizado a todos los ciudadanos mexicanos encuentra sentido a la soberanía nacional, que reside esencial y originariamente en el pueblo, es decir, a la democracia misma, pues el voto resulta la expresión de la voluntad para influir en la vida de la nación, designado a los candidatos que ocuparán los cargos de elección popular.

En cuanto a la presunción de inocencia, se prevé en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política, como componente esencial del Sistema Penal Acusatorio, en el sentido de garantizar un derecho humano a toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal, presumiéndolo inocente en tanto no se decrete su responsabilidad a través de una sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria.

Lo que implica el reconocimiento intrínseco a la inocencia, obligando a las autoridades a probar la culpabilidad y no al ciudadano, pues, aunque el juez de la causa hubiera emitido un auto de término constitucional o se hubiere decretado la vinculación a proceso al considerarse que existen elementos constitutivos del delito, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente.

II. Limitantes históricas al derecho al voto

Históricamente han existido limitantes al derecho al voto activo, si bien en la especie el promovente de la presente reforma constitucional se refiere a las personas privadas de su libertad que se encuentran en prisión preventiva sin una sentencia firme, en otros grupos sociales han existido también privaciones en su ejercicio, como lo son las mujeres o los migrantes.

Sobre lo anterior, es pertinente recapitular brevemente la base histórica para llegar a la conclusión que es necesario permitir y garantizar una democracia participativa, plural e incluyente a quienes aún privados de su libertad ambulatoria, no han perdido su ciudadanía pues todavía se presumen inocentes, en aras de garantizar la igualdad y equidad en todos los aspectos de la elección.

Es decir, en el caso de la participación electoral de las mujeres, se estigmatizaba su participación en los comicios, lo que llevó a una larga lucha que empezaría a dar resultados el 17 de octubre de 1953, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular.

Sin que el derecho pasivo al voto se vea reflejado actualmente como lo debería, existen importantes avances legislativos y actividad jurisprudencial que han logrado garantizar a las mujeres no sólo el ejercicio al voto activo, sino además encaminar una paridad electoral para todos.

Actualmente la Constitución Política Federal reconoce la igualdad de mujeres y hombres ante la Ley (art. 4), el derecho de asociación (art. 9), el derecho que garantiza la expresión de ideas (art. 6), el derecho a votar y ser votado (art. 35), el derecho de petición (art. 8) y la ciudadanía de mujeres y hombres (art. 34).

Lo que hace visible el potencial de las mujeres en las actividades relevantes en el país, como ejemplo, en los procesos electorales de 2009, 2012 y 2015 la participación de las mujeres superó a la de los hombres en un rango de 6.82 a 8.30 puntos porcentuales, inclusive, el crecimiento en cuanto a participación de votantes es mayor para mujeres que para hombres .

Otros de los grupos históricamente excluidos lo fueron los migrantes, que, a pesar de ser un tema controvertido y divisorio, pues existe el argumento de que el voto migrante en el extranjero es demasiado costoso y quienes se encuentren fuera del país en tales condiciones deben asumir las consecuencias, lo cierto es que también suma a que se tome una decisión deliberativa mayoritaria sobre el destino de la política del país.

Los orígenes del voto de los mexicanos residentes en el extranjero datan de julio del año 1996, cuando se reformó el propio artículo 36 constitucional, desligándose de la fracción tercera la necesidad en la emisión del voto activo en una circunscripción específica.

Posterior a ello, se presentaron sendas reformas constitucionales hasta el año 2005, en aras de regular el voto en el extranjero, el debate central de la discusión en las cámaras se dio en torno a la seguridad y confidencialidad del voto, tipo de elección a que se permitiría, la manera de allegar la información a los connacionales (campañas electorales), la manera de emisión o modalidad de estas.

A finales del mes de junio del año 2005 se publicó el Decreto que permitía el voto en el extranjero y se ordenó la modificación del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

En el pasado proceso electoral 2017-2018, se dictaminaron procedentes 181, 256 solicitudes y se registraron 98,854 paquetes electorales de votantes en el extranjero , lo que visualiza una gran garantía en la emisión del voto.

III. Interpretaciones

Resulta de capital importancia precisar en la presente exposición de motivos que, así como en otros temas de relevancia inherentes a temas constitucionales, las interpretaciones jurisprudenciales nacionales e internacionales, y los precedentes de los órganos jurisdiccionales de la materia, resultan la base para la aprobación de la reforma propuesta.

Lo anterior es así, pues recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como último revisor en materia electoral se pronunció a través del SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 acumulado , en el sentido de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ordenando al Instituto Nacional Electoral, órgano encargado de la organización de las elecciones, la implementación de una etapa prueba, ello, como resultado ya a diversas otras resoluciones extensivas del derecho al voto activo.

Entonces, resulta notorio el avance progresista y garantista en la protección del voto, siendo este último precedente, el resultado a la observancia de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y diversos criterios internacionales a los que haremos referencia.

En primer lugar, la línea extensiva de la SCJN en relación a la interpretación del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recayó en la jurisprudencia número 39/2013, del rubro: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.

Pues a través de diversas acciones de inconstitucionalidad y otros criterios , la SCJN ha determinado que la fracción II, del artículo 38 no puede entenderse como una prohibición absoluta, sino en concordancia al principio de presunción de inocencia y el derecho a votar.

No pasa inadvertido a la vista del suscrito propulsor de la presente reforma, el hecho de que el máximo intérprete constitucional advirtiera que, si bien es cierto son prerrogativas en evolución, que deben estar acorde a los criterios internacionales y en el sentido de que las normas inherentes a los derechos humanos deben favorecer en todo tiempo la protección más amplia, también lo es la imposibilidad, hasta ahora, de que las personas procesadas privadas de su libertad puedan ejercer el voto, lo que justifica dicha restricción, pues encuentra complejidad el acceso a la información de campaña, la instalación de urnas y los funcionarios electorales.
A mayor abundamiento, se observa que la SCJN ha interpretado el derecho al voto de manera evolutiva, en específico, de conformidad a la presunción de inocencia, precisando que el derecho al voto se suspende con el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté privado de su libertad, pues se encontraría implícita su imposibilidad física de ejercer ese derecho, barrera que sería eliminada por la presente reforma.

Por otro lado, resulta eminente que la progresividad constitucional debe encontrar sustento en las situaciones sociales actuales, los criterios y los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que, la complejidad o practicidad que han llevado a mantener la suspensión al voto en la fracción II, del artículo 38 de la Carta Magna, debe eliminarse a favor de un bien superior, como lo es garantizar el derecho al voto a un sector de la población que se presume inocente.

Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues en el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas garantizó el derecho al voto en el caso de las personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva.

Aunado a lo anterior, dentro de la razonabilidad para imponer cargas privativas en el ejercicio del derecho al voto, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos, ha determinado en la Observación General número 9, y en específico en el párrafo 14 de la Observación General número 25, que: “…Si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar .”

Países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Costa Rica tienen mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas privadas de su libertad que no hayan sido sentenciados, así también, países como Canadá, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y España garantizan el derecho al voto inclusive en casos de sentencias condenatorias.

IV. Estadísticas y cifras de reclusos sin derecho al voto

De conformidad a cifras del INEGI , en el año 2015 se encontraban 190,537 personas reclusas, de las cuales:

Procesos abiertos

Procesos Pendientes

Sistema Inquisitorio

118,819

73,258

Sistema Acusatorio Oral

53,876

31,775

En tanto que, en el año 2018, de conformidad a cifras recabadas por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido (World Prison Brief) en México se encontraban como total de la población recluida 204,422 personas, de las cuales 80,442 se encontraban en prisión preventiva, es decir el 39.4%.

Lo que nos habla de un grupo vulnerable que además se pone en desventaja, al no tener capacidad de incidir en las decisiones políticas del país, situación grave no sólo para quien no ha sido declarado culpable, sino que además goza de la presunción de inocencia.

V. Contenido de la iniciativa

Con el objeto de dar voz y garantizar plenamente el derecho de presunción de inocencia a quienes son sujetos a procesos penales, que se encuentre en prisión, se propone derogar la fracción II y adicionar la fracción III del artículo 38 Constitucional en términos de no suspender el derecho o prerrogativa a la emisión del voto en tanto no hayan sido condenados por una sentencia.

Por tanto, el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión, se derogará para garantizar los derechos fundamentales de presunción de inocencia y el derecho a votar.

En tanto que, en los artículos transitorios se prevé no sólo la entrada en vigor, sino además instruye al Instituto Nacional Electoral, como organismo público autónomo facultado para organizar elecciones para renovar los poderes ejecutivo y legislativo, por el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Política, la emisión de los Lineamientos, Reglamentos y Acuerdos que sean necesarios para garantizar su implementación en las elecciones federales del proceso electoral ordinario a realizarse en el año 2024, tomando en consideración lo siguiente:

a. La emisión del voto de las personas bajo prisión preventiva oficiosa deberá ajustarse a las fechas en que se vayan a realizar las elecciones ordinarias, sin embargo, el INE en plenitud de jurisdicción deberá establecer el cómo y en dónde, incluida la valoración del ejercicio del voto por correspondencia.

b. El Instituto Nacional Electoral deberá coordinarse con las autoridades penitenciaras o las autoridades que estime convenientes para garantizar las medidas de seguridad y protección al voto de las personas privadas de la libertad.

c. El Instituto Nacional Electoral deberá prever programas especiales de campaña para garantizar que el día en que se efectúe la votación, los reclusos en prisión preventiva oficiosa conozcan a los candidatos y sus propuestas.

d. El INE especificará el modo de elección y capacitación de los funcionarios de casilla que se encargarán de la elección.

Por último, la finalidad de derogar la fracción II y adicionar la fracción III, resulta en aras de evitar una reiteración o redundancia entre preceptos, lo cual sería contraria a la técnica legislativa, a mayor abundamiento se realiza un comparativo con la propuesta de reforma con la legislación vigente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. …

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;


IV a VII. …

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. …

II. Se deroga.

 


III. Durante la extinción de una pena corporal, a contar desde la fecha en que se dicte sentencia condenatoria.

IV a VII. …

En conclusión, como lo describió la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en la precisada resolución del SUP-JDC-352/2018 y acumulado: “Quitar la voz a un sector de la sociedad implica asumir una postura desde la cual se considera que no tiene nada que aportar, que no son iguales en dignidad o suficientemente aptas para tomar decisiones que les afectan”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración el siguiente proyecto:

DECRETO

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción II y adiciona la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

IV. …

V. Se deroga.

VI. Durante la extinción de una pena corporal, a contar desde la fecha en que se dicte sentencia condenatoria.

IV a VII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto Nacional Electoral, como organismo público autónomo facultado para organizar elecciones para renovar los poderes ejecutivo y legislativo, por el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Política, la emisión de los Lineamientos, Reglamentos y Acuerdos que sean necesarios para garantizar su implementación en las elecciones federales del proceso electoral ordinario a realizarse en el año 2024.

TERCERO. El Instituto Nacional Electoral deberá prever lo siguiente:

a. Que la emisión del voto de las personas bajo prisión preventiva oficiosa se homologue a las fechas en que se vayan a realizar las elecciones ordinarias, sin embargo, el INE en plenitud de jurisdicción deberá establecer el cómo y en dónde, incluida la valoración del ejercicio del voto por correspondencia.

b. Coordinarse con las autoridades penitenciaras o las autoridades que estime convenientes para garantizar las medidas de seguridad y protección al voto de las personas privadas de la libertad.

c. La elaboración de programas especiales de campaña para garantizar que el día en que se efectúe la votación, los reclusos en prisión preventiva oficiosa conozcan a los candidatos y sus propuestas.

d. Especificar el modo de elección y capacitación de los funcionarios de casilla que se encargarán de la elección.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril  de 2019.

Atentamente

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez.

Artículo 36, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Participación nacional por sexo, Estudio Comparativo Sobre la Participación Ciudadana en la Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015; Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral; consultable en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94197/CGex201712-8-ip_
9.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Voto en el extranjero, Numeralia Proceso Electoral 2017-2018; Instituto Nacional Electoral; consultable en:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/1Numeralia01072018-SIJE08072018findocx-3.pdf

Sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha veinte de febrero de 2019, consultable en:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0352-2018.pdf

Acción de Inconstitucionalidad resuelta por la SCJN número 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009.
Tesis Aislada XXXV/2002, del rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 14.
Tesis Jurisprudendencial P./J.33/2011, del rubro: “DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 6.

Observaciones Generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos, consultables en:
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR
%5D.html#GEN25

Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad; INEGI; consultable en:
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/268/study-description?idPro=

Prisión Preventiva; World Prison Brief; consultable en: http://www.prisonstudies.org/country/mexico

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Castañón Ramírez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, por el que se propone modificar el etiquetado frontal nutrimental de bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR EL QUE PROPONE MODIFICAR EL ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL DE BEBIDAS Y DE ALIMENTOS EN BENEFICIO DEL COMBATE A LA OBESIDAD

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidenta. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos y colimenses.

La obesidad y la diabetes son dos de los principales problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud pública.

Las estadísticas señalan que más de 70 por ciento de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad.

Durante el 2016 más de 100 mil personas murieron a causa de la diabetes mellitus, enfermedad que constituye la segunda causa de muerte en nuestro país.

Si no se emprenden medidas legislativas y políticas públicas adecuadas que combatan la obesidad, en 2045 habrá más de 20 millones de personas con diabetes.

Nuestro país ya vive una epidemia de sobrepeso y obesidad que también afecta a nuestras niñas, niños y adolescentes.

La epidemia se agravó en las últimas dos décadas, período en el cual las políticas alimentarias favorecieron la comercialización y publicidad de alimentos y bebidas procesadas, beneficiando a empresas transnacionales de alimentos chatarra y perjudicando la salud de todas y todos los mexicanos.

El consumo de productos chatarra, altos en azúcares, sodio y grasas dañinas han contribuido al deterioro en la salud de las personas.

Pese que actualmente contamos con un etiquetado del valor nutrimental de los productos procesados, lo cierto es que el etiquetado no es claro para la población, es un etiquetado engañoso que ha velado más por los intereses de la industria de alimentos y bebidas, que por interés público de la población en general.

El sistema de etiquetado actual ha recibido múltiple críticas debido a sus valores de referencia, a su poca capacidad para orientar la forma, la toma de decisiones de los consumidores y al uso de porciones arbitrarias que le permiten disfrazar las altas cantidades de ingredientes poco saludables.

Los organismos internacionales han recomendado implementar un etiquetado nutrimental en la parte frontal de los productos alimenticios envasados que sea fácil de entender para la población.

Por ello, las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo proponemos sustituir el actual sistema de etiquetado nutrimental por un sistema de advertencia con diseños y semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión que obedezca al interés público en relación con la protección a la salud pública y el derecho de todo individuo a una alimentación adecuada y a un consumo informado y responsable.

Asimismo, proponemos que el etiquetado frontal de los productos, cuyo semáforo indique los colores amarillo o rojo, deberá llevar la leyenda: “el consumo frecuente de este producto puede provocar serios daños a la salud”.

Esta iniciativa busca combatir la epidemia y el sobrepeso y obesidad en nuestro país y, a su vez, garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

Iniciativa

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, conforme a los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La obesidad y la diabetes son de los principales problemas que enfrenta el gobierno en materia de Salud Pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (INSP) 2016, 72.5% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, y más de 105,000 personas murieron a causa de la diabetes mellitus en ese mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La diabetes es la segunda causa de muerte en el país. De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, en 2017 México ocupó el lugar quinto de países con pacientes enfermos de diabetes -antecedido por China, India, Estados Unidos y Brasil-, con 12 millones de pacientes; y se proyecta que para 2045 haya 21.8 millones de personas con esta enfermedad.

El consumo de alimentos y bebidas con altas cantidades de azúcares, grasas y sodio es la principal causa de la generación de obesidad y diabetes en las personas. Entre las principales consecuencias de la obesidad se encuentran: la diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión y osteoartritis.

Es imperativo que esta Soberanía tome las medidas legislativas adecuadas para contribuir a la atención, control y disminución de la morbilidad asociada al sobrepeso y a la obesidad.

El derecho humano a una alimentación adecuada

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente que debe ser prioridad de todo gobierno. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos.1

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.2

Nuestra Carta Magna es muy clara en la protección jurídica que da a este derecho humano. En el párrafo tercero del artículo 4º  ordena que  “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

El derecho a una alimentación adecuada se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, la Declaración Universal de Derechos Humanos4 y la Observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: el derecho a una alimentación adecuada (Artículo 11).5

Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por alimento adecuado se entiende, “que la alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. Por ejemplo, si la alimentación de los niños no contiene los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental no es adecuada. La alimentación con gran densidad de energía y escaso valor nutritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades, podría ser otro ejemplo de alimentación inadecuada.”6

En este sentido, los alimentos que estén disponibles para su adquisición deben ser seguros para el consumo humano y las personas deben de estar en condiciones de conocer de manera fehaciente y sin lugar a dudas sobre el contenido de los alimentos y bebidas que se ponen a la venta para su consumo.

Como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación general 12: el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, para el disfrute de todos los derechos humanos por todos.

De acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y en este caso el derecho a una alimentación adecuada.

La obligación de promover consiste en que el Estado debe fomentar el conocimiento y la aceptación del derecho a una alimentación adecuada a través de mecanismos que faciliten su ejercicio como un sistema de etiquetado de alimentos y bebidas que permita a la población tener acceso a alimentos sanos. La educación sobre los derechos humanos es una parte esencial de las obligaciones relacionadas con estos derechos.

Respetar el derecho a una alimentación adecuada consiste en abstenerse de interferir en el disfrute de ese derecho; por su parte la obligación de proteger se cumple cuando se impide que otras personas interfieran en el disfrute del derecho, en este sentido, se requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada, con publicidad engañosa o con sistemas de etiquetados de difícil comprensión para el público en general o con información que no es la adecuada para informar sobre el valor nutrimental de los alimentos y bebidas.

La obligación que los Estados tienen de proteger el derecho humano a una alimentación adecuada incluye garantizar que los alimentos que lleguen al mercado sean seguros y nutritivos. “Los Estados, por consiguiente, deben establecer y aplicar normas de calidad y seguridad de los alimentos, y garantizar prácticas justas e iguales en el mercado. Además los Estados deben adoptar las medidas legislativas y de otro orden necesarias para proteger a las personas, especialmente los niños, de la publicidad y las promociones de alimentos que no sean sanos con el fin de apoyar los esfuerzos de los padres y de los profesionales de la salud por estimular pautas más sanas de comida y de ejercicio físico. Un Estado debe tener además en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales.7

De ahí la importancia que tiene la presente iniciativa mediante la cual se pretende, con el interés de proteger y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada,  sustituir el sistema de etiquetado nutrimental vigente de Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de semáforo nutrimental que, atendiendo al interés público, facilite su comprensión para todo tipo de público consumidor, de modo que a su vez pueda constituir una herramienta de inclusión informativa contribuyendo a la educación nutricional de la población.

El sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas

De acuerdo con datos de Alianza por la Salud Alimentaria, “En México, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes pesan más de lo que deberían, reflejando una epidemia de sobrepeso y obesidad. Esta situación se agravó en las últimas dos décadas, periodo en el cual las políticas alimentarias favorecieron la comercialización de alimentos y bebidas ultra-procesados.”8

Estos productos son generalmente altos en azúcares, sodio y grasas dañinas, contribuyendo a la epidemia de obesidad, así como a la diabetes y enfermedades cardiovasculares, que como ya hemos mencionado son las principales causas de muerte en nuestro país y de las principales erogaciones que tiene el sistema de salud pública.

Organismos internacionales han recomendado a los países implementar un etiquetado nutrimental en la parte frontal de los productos alimenticios envasados, fácil de entender y útil, con la finalidad de disminuir el consumo de los alimentos y bebidas que contienen azúcares, sodio y grasas dañinas para el organismo.

“Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo. Gran parte de estas enfermedades se encuentran relacionadas con la alimentación, que es un facto modificable y que, por lo tanto, puede prevenirlas o reducir su riesgo. A escala poblacional se ha recomendado disminuir el consumo de energía a partir de grasas saturadas, azúcares simples adicionales y sodio, los cuales se encuentran de manera frecuente en los productos alimenticios procesados en cantidades que contribuyen a exceder los límites máximos de ingestión diaria recomendada, lo que incrementa el riesgo de enfermedades.

Entre las políticas y acciones reconocidas como costoefectivas para el control de la obesidad y las ECNT en la población, se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables, a través de un Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB)”9

En 2015 entró en vigor el Sistema de Etiquetado conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA), el cual ha recibido críticas sustentadas en investigaciones así como en la bibliografía disponible a escala nacional e internacional, por parte de un Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal:10

a) Está basado en un sistema propuesto en Europa, desarrollado en el Institute of Grocery Distribution, organización de investigación financiada por la industria de alimentos y bebidas y el sector de tiendas de autoservicio.

b) La información que contiene corresponde a los componentes reconocidos como nocivos desde la perspectiva de la salud pública, mientras que los valores de referencia que utiliza se desarrollaron con base en una dieta de 2000 kcal, que corresponde a una mujer adulta sana que realiza actividad física moderada.

c) Es un sistema que presenta dificultad para interpretar los datos contenidos en las etiquetas, incluso para el público especializado, por tanto, es muy limitado para orientar las decisiones de consumo de la población en general en nuestro país. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, incluyó un módulo de evaluación del SEFAB y mostró que su uso y comprensión a escala nacional son muy bajos.

Aunado a ello, un estudio encabezado por la Universidad de Waterloo, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública11 demostró que las personas de bajos ingresos utilizan menos y comprenden  menos las GDA, y reportan menor influencia en su selección de productos; en consecuencia, no contribuye a tomar decisiones más saludables entre los consumidores.

d) No hubo consultas a expertos académicos ni evidencia científica suficiente antes de su implementación;

e) Utiliza valores de referencia incorrectos como límites máximos para los ingredientes o componentes que presenta y que carecen de sustento científico.

f) Usa porciones arbitrarias que, al manipularse, permiten disfrazar las altas cantidades de ingredientes poco saludables en los productos.

Atento a lo anterior, y en consonancia con la postura del Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal, concluimos que el sistema de etiquetado que actualmente se utiliza en nuestro país, que está basado en las Guías Diarias de Alimentación, no funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos.12 En este sentido, proponemos sustituir este sistema de etiquetado nutrimental basado en las Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de advertencia con diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión, de acuerdo a las recomendaciones que sobre aportes nutrimentales emita al efecto la Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública y el derecho de todo individuo a una alimentación saludable y a un consumo informado y responsable.  

De acuerdo a recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de un grupo internacional de expertos académicos con apoyo de más de 11 organizaciones profesionales de salud nacionales e internacionales, considera que “en México se requiere de un etiquetado de advertencia para ingredientes críticos en los alimentos (…), por las siguientes razones:”13

a) Cuenta con la mejor evidencia científica sobre su facilidad de comprensión.

b) Es el mejor comprendido en la población mexicana.

c) Al ser más simple, permite la toma de decisión en unos cuantos segundos.

d) Existe evidencia de que puede ser comprendido incluso por niños.

e) Se ha comprobado que contribuye a elecciones más saludables.

f) Se ha comprobado que promueve la reformulación de productos con un perfil poco saludable en un tiempo reducido.

g) Contribuye a proteger el derecho humano a una alimentación adecuada.

Por todas las razones expuestas, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comprometidos con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, sometemos a esta Soberanía la presente Iniciativa para modificar el artículo 212 de la Ley General de Salud a efecto de sustituir el sistema de etiquetado nutrimental de Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de advertencia con diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión, que obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública y el derecho de todo individuo a una alimentación adecuada y a un consumo informado y responsable.  

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma al artículo 212 de la Ley General de Salud:

Texto actual

Propuesta

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 212.- (…)

 

 

 

 

 

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio. Dicha información será presentada mediante un sistema de advertencia de etiquetado frontal, gráfico, de fácil comprensión para todo tipo de público consumidor, de modo que pueda constituir una herramienta de inclusión informativa contribuyendo a la educación nutricional de la población.

 

 

Para efectos de esta ley, se entenderá por etiquetado frontal el que deberá aparecer en la parte anterior del producto, en un área claramente visible, de modo que no pueda ocultarse ante el consumidor durante su exhibición comercial. El etiquetado frontal deberá abarcar al menos el 20 % de la parte anterior del producto y colocarse en la parte superior de la misma.

Se entiende por gráfico al sistema de etiquetado que utilice los colores rojo, amarillo y verde para indicar el “Alto”, “Medio” y “Bajo” contenido de grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio que contengan los alimentos o bebidas no alcohólicas aquí considerados, en un diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión, de acuerdo a las recomendaciones que sobre aportes nutrimentales emita al efecto la Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública y el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a un consumo informado y responsable.  

El etiquetado frontal de los productos cuyo semáforo indique los colores amarillo o rojo, deberá llevar la leyenda “el consumo frecuente de este producto puede provocar serios daños a la salud”, y estar escrita con letra legible y en colores contrastantes.

(…)

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 212.- (…)

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio. Dicha información será presentada mediante un sistema de advertencia de etiquetado frontal, gráfico, de fácil comprensión para todo tipo de público consumidor, de modo que pueda constituir una herramienta de inclusión informativa contribuyendo a la educación nutricional de la población.

Para efectos de esta ley, se entenderá por etiquetado frontal el que deberá aparecer en la parte anterior del producto, en un área claramente visible, de modo que no pueda ocultarse ante el consumidor durante su exhibición comercial. El etiquetado frontal deberá abarcar al menos el 20% de la parte anterior del producto y colocarse en la parte superior de la misma.

Se entiende por gráfico al sistema de etiquetado que utilice los colores rojo, amarillo y verde para indicar el “Alto”, “Medio” y “Bajo” contenido de grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio que contengan los alimentos o bebidas no alcohólicas aquí considerados, en un diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica comprensión, de acuerdo a las recomendaciones que sobre aportes nutrimentales emita al efecto la Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación con la protección a la salud pública y el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a un consumo informado y responsable.  

El etiquetado frontal de los productos cuyo semáforo indique los colores amarillo o rojo, deberá llevar la leyenda “el consumo frecuente de este producto puede provocar serios daños a la salud”, y estar escrita con letra legible y en colores contrastantes.

(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Normas y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a 90 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar las Normas Oficiales Mexicanas relativas al etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Sen. Geovana del Carmen Bañuelos De la Torre.- Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso.- Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.- Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas.- Sen. Joel Padilla Peña.

1 El Derecho a la alimentación adecuada. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Folleto Informativo # 34, Ginebra, junio, 2010, p. 3.

2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Citado en Op. Cit, p. 3.

3 “Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.”

4 El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ordena:
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

5 En su numeral 4 menciona: “El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.”

6 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Op. Cit. p.4.

7 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Op. Cit. p. 21

8 Alianza por la Salud Alimentaria, Hoja Informativa, El etiquetado nutrimental frontal aprobado por el gobierno mexicano ha sido útil a la industria alimentaria, no al consumidor. Consultado el viernes 8 de marzo en https://impuestosaludable.org/wp-content/uploads/2013/06/Hoja-Informativa-2-view.pdf

9 Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas para una mejor salud. México, 2018. Consultado el viernes 8 de marzo de 2019, en http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9615

10 En 2017, la Secretaría de Salud solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la constitución de un grupo de expertos académicos en etiquetado, independientes y libres de conflictos de interés, con la encomienda de emitir una postura para contribuir al desarrollo de un sistema de etiquetado para productos industrializados que proporcione información útil para facilitar la decisión de compra, identificando el contenido de energía, nutrimentos e ingredientes en los componentes, cuyo exceso en la dieta puede ser perjudicial para la salud como azúcares añadidos, sodio, grasas totales, grasas saturadas y energía. El grupo de expertos dio a conocer públicamente su Postura mediante el artículo Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. Op. Cit. p. 482.

11 Ibidem, p. 481.

12 Ibidem, p. 484.

13 Ibidem

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Joel Padilla.

Y si usted me lo permite, me gustaría que me dé oportunidad de sumarme a su iniciativa. Gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, en materia de cobro de cuotas voluntarias en escuelas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Buenas tardes compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día de hoy presento una iniciativa relacionada con un tema por demás trascendente para la vida de nuestro país, que complementa los esfuerzos que hemos venido realizando y que forma parte de un paquete de iniciativas que he presentado en materia de respeto al derecho de la educación gratuita.

Al respecto, comparto con ustedes que la educación es un bien básico indispensable para la formación de la autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de aquí su carácter de derecho humano y en tanto, un bien básico para toda persona.

La educación elemental debe ser obligatoria, universal y gratuita.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el objetivo de la educación debe de ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los derechos humanos de otros valores democráticos.

Se ha documentado periodísticamente y por testimonios de miles de personas, maestros, padres de familia y alumnos, que existen muchísimos casos en que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia para efectos de la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes, su permanencia, expedición y entrega de documentos, que en caso de no ser cubierta, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos

De conformidad con la Asociación Civil “Mejora tu Escuela”, las cuotas escolares son contribuciones económicas que realizan los padres de familia a las escuelas públicas, y de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia, cada ciclo escolar ingresan a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, siendo en promedio el equivalente a la cantidad que va desde los 250 hasta los 2 mil pesos por cada alumno que cursa educación básica, cuyo objetivo, según se informa, es de destinarlas al pago de mantenimiento, remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos.

Sin embargo, tampoco existen datos oficiales que determinen el destino final y la utilización de dichos recursos.

En nuestra consideración, es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad, previstos en el artículo 3o. de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales, con la existencia de cuotas voluntarias se han trastocado, dado que en los hechos los funcionarios de las escuelas limitan, condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y fundamental a la educación gratuita que sus hijos tienen reconocido en la Carta Magna.

En este sentido, en concordancia con las reformas que he propuesto y que están encaminadas a prohibir las cuotas voluntarias y que es evidente que la práctica en el cobro de éstas por parte de las autoridades escolares es una actividad recurrente y parte de la cotidianidad.

Es necesario que se hagan las adecuaciones correspondientes al Código Penal Federal, particularmente en el artículo 218, tratándose del delito de concusión y se establezca como un agravante el hecho de que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones o exámenes y la retención o expedición de documentos a cambio del pago de las cuotas voluntarias en cualquier plantel público de educación.

Lo anterior, con el objeto, por una parte, de que se inhiba la conducta por parte de las autoridades escolares para cobrar las cuotas voluntarias a cambio del ingreso, la permanencia, la aplicación de exámenes o la expedición de documentos de cualquier persona con este concepto.

Y por otra parte, para que las autoridades escolares que lleven a cabo esta conducta sean castigadas por tales hechos que atentan en contra de los principios de la accesibilidad y gratuidad de la educación.

Por su amable atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

Iniciativa

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un bien básico indispensable para la formación de la autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de aquí su carácter de derecho humano. Y en tanto bien básico para toda persona, la educación elemental debe ser obligatoria, universal y gratuita.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los derechos humanos y otros valores democráticos.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, así como que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 señala que toda persona tiene derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13 indica que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 estipula que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad.

Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Son aplicables a lo anterior, los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes:

Registro: 2015296
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 84/2017 (10a.)
Página: 180

“DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD. Si bien la configuración mínima del derecho a la educación pública superior, prevista en el artículo 3o. de la Constitución Federal, no establece que el Estado Mexicano deba proveerla de manera gratuita, sino sólo promoverla para lograr distintos objetivos colectivos necesarios para el desarrollo de la Nación, lo cierto es que el Estado Mexicano asumió la obligación de extender la gratuidad también a la educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional y en las diversas normas internacionales, así como en el compromiso asumido en el artículo 13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 13, número 2, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", que establecen que debe implantarse progresivamente la enseñanza superior gratuita.”.

Época: Décima Época
Registro: 2015297
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 79/2017 (10a.)
Página: 181

“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. El artículo 3o. constitucional configura un contenido mínimo del derecho a la educación que el Estado Mexicano está obligado a garantizar con efecto inmediato; contenido que puede y debe ser extendido gradualmente por imperativo del principio de progresividad. De una lectura sistemática del párrafo primero y las fracciones IV y V de esa norma constitucional se advierte una diferencia entre la educación básica y la educación superior, en cuanto a sus características, por lo que, en principio, éstas no necesariamente deben ser las mismas. En efecto, del artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la educación básica está conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria. Que la educación básica y media superior son obligatorias. Que, además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por ésta la educación básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el deber de promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y la superior, que sean necesarias para la consecución de distintos objetivos sociales. De aquí se sigue que en nuestro sistema constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros.”.

En abril de 2013, se reformó la Ley General de Educación, en su artículo 6 señala que la educación que el Estado imparta será gratuita, así como que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Asimismo, dicha disposición normativa establece que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Ahora bien, se ha documentado periodísticamente y por testimonios de miles de personas (maestros, padres de familia y alumnos), que existen muchísimos casos en los que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia, para efectos de la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes, de su permanencia y entrega de documentos oficiales, que, en caso de no ser cubiertas, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos.

De conformidad con la asociación civil “Mejora Tu Escuela, las cuotas escolares son contribuciones económicas que realizan los padres de familia a las escuelas públicas y de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia (FNAP), cada ciclo escolar ingresa a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, siendo en promedio, el equivalente a la cantidad que va desde los 250 hasta los 2000 pesos por cada alumno que curse educación básica, cuyo objetivo según se informa, es destinarlas al pago de mantenimiento, remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos; sin embargo, tampoco existen datos oficiales que determinen el destino final y la utilización de dichos recursos.

Es nuestra consideración, es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal, así como en los Instrumentos Internacionales mencionados con antelación, con la existencia de las cuotas voluntarias se han trastocado, dado que, en los hechos, los funcionarios de las escuelas limitan, condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y fundamental a la educación gratuita que sus hijos tienen reconocido en la Carta Magna.

Ahora bien, en aras de que se respeten y garanticen los referidos principios de accesibilidad y gratuidad en la educación, la suscrita presentó en esta 64 Legislatura del Senado de la República, diversas iniciativas de ley, la primera, con el fin de que se prohíban las cuotas voluntarias en la Constitución Federal y en la Ley Reglamentaria, la segunda, con el objetivo de que se otorguen recursos en el presupuesto de egresos suficientes que garanticen dicha impartición, así como una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que se nos informe el destino y aplicación de los recursos generados por concepto de Cuotas Voluntarias.

En este sentido, en concordancia con las reformas que he propuesto y que están encaminadas a prohibir las cuotas voluntarias y que es evidente que la práctica en el cobro de estas, por parte de las autoridades escolares es una actividad recurrente y parte de la cotidianeidad, es necesario que se hagan las adecuaciones correspondientes a la legislación penal.

Lo anterior, con el objeto, por una parte, de que se inhiba la conducta por parte de las autoridades escolares para cobrar las cuotas voluntarias a cambio del ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones y exámenes o la retención y expedición de documentos de cualquier persona por este concepto, y, por otra parte, para que las autoridades escolares que llevan a cabo esta conducta, sean castigados por tales hechos que atentan en contra de los principios de accesibilidad y gratuidad de la educación.

En efecto, es fundamental que se adicione el texto del artículo 218 del Código Penal Federal, particularmente, tratándose del delito de concusión que consiste en aquélla conducta llevada a cabo por un funcionario público que hace uso de su cargo por sí o por interpósita persona, para hacer pagar a otra persona una contribución, renta, impuesto, que no esté previsto en la ley; para que, se establezca como una AGRAVANTE el hecho de que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos, a cambio del pago de las “cuotas voluntarias” en cualquier plantel público de educación.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 218 del Código Penal Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 218.- Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.

En los casos en los que el funcionario público exija por sí o por interpósita persona, la entrega de cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación a cambio del ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. María Leonor Noyola Cervantes.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta, para a través de usted pedirle a la Senadora Leonor, que si me permite suscribir su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí acepta, igual de mi parte. Gracias. También desea sumarse a la iniciativa la Senadora Nadia Navarro.

Pase la Secretaría de Servicios Parlamentarios a recabar las firmas.






Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control de Tabaco, a fin de considerar las instalaciones del Poder Legislativo, como zonas libres de humo de tabaco.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26, Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

El proyecto de Decreto adiciona un párrafo del artículo 26 y un párrafo del artículo 27 de la Ley General para el control del Tabaco, lo hago a nombre del Senador Monreal y de su servidor.

Espero que puedan entender el propósito de esta iniciativa.

En el mundo mueren cada año 7 millones de personas como consecuencia de las enfermedades del tabaco, 6 millones promedio por ser fumadores y un millón por estar en espacios que están contaminados por el tabaco y son afectados, aun sin fumar.

Esta situación se ha venido debatiendo de manera muy intensa y debo de decir que el más afectado en la producción del tabaco ha sido mi estado, Nayarit, en el que en el 2003-2004, siendo Presidente Vicente Fox y Julio Frenk, Secretario de Salud, se comprometieron a inhibir la producción de tabaco y a multiplicar la producción de otros productos alternos y construir el Canal Bicentenario. Hoy en día, ni se crearon productos alternativos, ni se terminó, hoy en día, el Canal Bicentenario, y de ser una zona próspera, muy próspera del país, hoy viven en la mendicidad mis paisanos.

Sin embargo, hoy en día tiene Nayarit todavía el primer lugar en producción, pero tan sólo de 30 mil, promedio bajó, a 8 mil hectáreas, y donde año con año bajan ciudadanos de zonas originarias y también bajan niños que desafortunadamente se ven vulnerados por el tabaco verde, ya que la humedad suelta, libera nicotina que afecta a los niños. Por suerte y por obligación, hoy las empresas están atrayendo, algunas de ellas, para darles espacios para educación, para salud, para alimentación a los niños.

Yo considero que México tiene que dar una gran lucha, ¿por qué? Porque económicamente México se está quedando muy corto, de tiempo atrás, por dos factores en materia de salud: uno, por el cambio demográfico y epidemiológico.

México ha venido en un proceso de envejecimiento con enfermedades crónico degenerativas que se incrementan también por el consumo de tabaco, pero también México se ha quedado corto porque la salud, la salud, al igual que otras áreas del país, se vio contaminada por la profunda corrupción en cada uno de los espacios de las instituciones del país, y hoy en día, seguramente pronto estuviéramos discutiendo el federalismo, un federalismo que si hablamos de Robin Hood, sería de Hood Robin, le quitó dinero al pobre para dárselo a los ricos, y ha afectado en materia de salud, profundamente la salud de los mexicanos.

Nosotros estamos proponiendo que como legisladores pongamos el ejemplo. Y cuál es el ejemplo que el día de hoy yo vengo a proponer en esta reforma y adiciones a la Ley General para el Control del Tabaco.

Debo proponerles que haciendo el compromiso por la salud y por México, el Congreso Federal, el Congreso de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sean declarados espacios libres de humo de tabaco, con el fin de que en ningún lugar, en ningún centímetro de este Senado de la República y también de la Cámara de Diputados, nadie esté fumando, nadie esté consumiendo tabaco, ya que no solamente se afecta el que consume, nos está afectando también a los que no consumimos.

En México actualmente existen más o menos 7 mil muertes por consumo, perdón, 7 mil muertes por personas que sin consumir tabaco son afectadas y mueren.

Esto representa para la economía nacional alrededor de 5 mil millones de pesos.

Yo les pido a todos ustedes y a todas ustedes lo reflexionen, no se trata de afectar a nadie, se trata de beneficiarnos todos, beneficiarnos por el no consumo, pero también beneficiar a otras personas sociales y grupos como los del estado de Nayarit, donde ha bajado la siembra, pero ha aumentado la pobreza.

Muchas gracias por su atención y espero que esta iniciativa de ley sea apoyada por todas las personas aquí reunidas y por todos los grupos parlamentarios.

Iniciativa

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Senador integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno:

Proyecto de Decreto por el se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 26. …

Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

Artículo 27. …

Queda exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las instalaciones del Congreso de la Unión, en donde no podrán existir zonas exclusivas para fumar.

Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS):

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son no fumadores expuestos al humo ajeno.

Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco.

Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico.

En algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan con frecuencia en el cultivo de tabaco para aumentar los ingresos familiares. Esos niños son especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe la piel cuando se manipulan hojas de tabaco húmedas.1

Según estas cifras, se estima que existe una población afectada por el humo del tabaco que no lo consume.  Esto parte de un grave problema de salud pública, ya que representan una alta estadística de mortalidad de quienes consumen y de quienes no lo hacen. El Estado como órgano general garante del derecho a la protección de la salud, debe proveer las políticas públicas que estime necesarias para la protección de la salud de los ciudadanos, y a su vez también implementar políticas de educación y formación de valores y conciencia para que la ciudadanía este en la posibilidad de discernir con información veraz y oportuna sobre los datos, estadísticas, características del fenómeno que el humo del tabaco tiene en el cuerpo humano.

Una de las cosas más preocupantes de este fenómeno es que el humo de tabaco también esta matando a una parte de la población que no consume directamente. Ante esto, también los poderes gubernamentales deberán buscar las estrategias públicas más favorecedoras y humanas para controlar la mortalidad de los que no consumen. Ante esto la OMS también informa:

Humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos de tabaco como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer.

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.

• En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido.

• Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos.

• El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada año.

• En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno.

Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas, no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar. Más de 1300 millones de personas, o el 18% de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo.

Ante esta realidad, es muy importante que las instituciones garantes del derecho a la salud también formen parte de las políticas de concientización y educación de los efectos nocivos del tabaco, y que además sean ejemplo de ello. Para que se genere un ambiente de confianza, estabilidad y de voluntad de los poderes públicos en el combate a la mortalidad del humo de tabaco.

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) considera como primera causa de muerte prevenible y evitable los decesos causados por el consumo de tabaco.2 Y también explica que: El humo del tabaco contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos o cancerígenos. En México, 5,659 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al humo de tabaco ajeno, provocando un gasto económico al sector salud de $8,693,773,232.

Por esta condición es imperante que las instituciones adopten políticas y estrategias públicas que tiendan a desalentar el consumo del tabaco, por lo que una de estas estrategias debe ser que en los espacios gubernamentales se declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, es decir, que desde la infraestructura de los espacios y edificios gubernamentales se declaren como espacios en donde no se pueda fumar, con el objetivo de alentar a los ciudadanos a dejar de el consumo del tabaco, promoviendo la confianza entre las instituciones y los ciudadanos, instituciones que están siendo concientizadas y comprometidas con la salud de los ciudadanos.

En ese tenor, un buen comienzo es que, desde los espacios del Poder Legislativo de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se restringa el consumo de tabaco y se declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. Y la vía adecuada es la modificación de la Ley General para el Control del Tabaco, para que se incluyan estas instalaciones como las áreas antes mencionadas.

Es importante recordar que: Una de las maneras de proteger a la población de las consecuencias por la exposición al humo de tabaco es estableciendo Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco (ELHT). México fue el primer país de América Latina en ratificar el Convenio Marco de la OMS para el control de Tabaco en 2004, este convenio establece en su artículo 8 la Protección contra la exposición al humo de tabaco, en particular, en nuestro país, la Ley General para el Control de Tabaco, establece en su Capítulo III, artículos del 26 al 29, las especificaciones para el consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco.

La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT), obliga al mantenimiento de Espacios Libres de Humo de Tabaco, de tal forma que, el reconocimiento que se otorga es una acción de fomento, no de vigilancia sanitaria.3

Las estadísticas oficiales sobre fumadores, no fumadores, inicios, decesos, entro otros son devastadores, y muestra de ello es la revelada en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017:4

Resultados principales
Población total (12-65 años)

Consumo de tabaco en el último año: El consumo de tabaco en el último año se mantiene sin cambios en la población de 12 a 65 años. En 2011, el 21.7% fumaron en el último año (17.3 millones) y en 2016 el 20.8% (17.6 millones). En los hombres, la prevalencia de consumo de tabaco en el último año se mantuvo sin cambios significativos en el periodo 2011-2016 (31.4%), en términos absolutos pasó de 12 millones a 12.8 millones. En las mujeres, la prevalencia de consumo de tabaco en el último año pasó de 12.6% (5.2 millones) a 10.9% (4.8 millones) en 2016.

Ex fumadores de un año o más de abstinencia:

La prevalencia de ex fumadores de un año o más de abstinencia se incrementó en el período: en 2011, el 26.4% fueron clasificados como ex fumadores (21.0 millones) y en 2016 aumentaron a 30.2% (25.6 millones).

Nunca Fumadores: En 2011, el 51.9% del total de la población refirió nunca haber fumado en su vida (41.3 millones) y en 2016 el 49.0% (41.4 millones).

Edad de inicio de consumo diario: En promedio la edad de inicio de consumo de tabaco diario en la población fue de 20.4 años en 2011 y en 2016 disminuyó a 19.3 años. En hombres fue de 20.0 años en 2011 y en 2016 disminuyó a 18.8 años. En las mujeres la edad de inicio fue de 21.7 años en 2011 y en 2016 fue de 21 años.

Edad de inicio de experimentación: En promedio la edad de inicio en la que se experimentó por primera vez el consumo de tabaco en la población fue de 17.0 años en 2011 y en 2016 se mantiene en 16.9 años. En hombres la edad de inicio de experimentación fue de 16.2 años en 2011 y en 2016 se mantiene en 16.4 años.

En las mujeres la edad de inicio de experimentación fue de 18.3 años en 2011 y en 2016 se mantiene en 18.1 años.

Es por todo lo anteriormente que, derivado de los argumentos y consideraciones expuestas, este legislador considera que se debe reformar Ley General para el Control del Tabaco para que las instalaciones del Poder Legislativo, considerando ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, se consideren zonas 100% libres de humo de tabaco, por tanto, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 26. …

Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

Artículo 27. …

Queda exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las instalaciones del Congreso de la Unión, en donde no podrán existir zonas exclusivas para fumar.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero.

1 OMS. (2018). “Tabaco”, en Micrositio de la Organización Mundial de la Salud, Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Consultado el 15 de enero de 2019.

2 Comisión Nacional Contra las Adicciones. (2018). “Acciones y Programas”, en Micrositio de la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco.
Consultado el 25 de marzo de 2019.

3 Ídem.

4 Secretaría de Salud. (2018). “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Consumo de Tabaco: Prevalencias Globales y Patrones de Consumo 2011-2016”. Publicado 2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246060/fact_comparativo_final_010417_V7.pdf
Consultado el 25 de marzo de 2019.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Navarro Quintero.
Sonido al escaño de la Senadora Jesusa Rodríguez, por favor.

La Senadora Jesusa Rodríguez Ramírez: (Desde su escaño) Nadamas para adherirme, claro, a la iniciativa, pero también para señalar un detalle.

Este edificio está construido de una forma tal que no hay ventanas, ya nos hemos quejado mucho de ese problema, pero el único espacio libre que hay, es precisamente el patio central, donde la gente fuma, y eso la arquitectura misma produce que en los pasillos se absorbe todo el humo de ese tabaco y se va hacia las oficinas que a su vez no tienen oxigenación alguna, así que, no solamente es buena la iniciativa, me parece buenísima, no solamente es buena como para dar ejemplo, sino también para no enfermarnos aquí diariamente.

Gracias, doctor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Jesusa Rodríguez.

Se suman los Senadores Rocha, todo el grupo parlamentario de Morena; el grupo parlamentario del PT; Mancera Espinosa y todo el grupo parlamentario del PRD; Gina Cruz, Lupita Saldaña, Gama, todo el grupo parlamentario del PAN; Indira Kempis, todo el grupo parlamentario del PES y Zamora Gastélum. Si usted lo tiene a bien, pasarían de Servicios Parlamentarios a recabar las firmas a la iniciativa. Y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de garantizar acceso a estancias Infantiles.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL; Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Con su venia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Trabajando esta iniciativa me pregunta alguien de mí equipo que hasta cuándo es la temporalidad de este tema, y yo le contesto: la temporalidad en bien de la niñez no acaba nunca. Vamos a trabajar por esto lo que nos quede en el Senado y lo que nos quede de vida por los niños y niñas de México.

Hoy presento a este Pleno una iniciativa de reforma a diversas leyes que tienen como propósito prever de manera expresa el derecho a una estancia infantil.

Propongo cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en ese ordenamiento se establezca como un derecho garantizar a este sector de la sociedad el acceso a una estancia infantil, y dejar en claro en qué consiste la prestación de este servicio.

También prevé reformar la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer como un derecho de desarrollo social que los menores puedan contar con la prestación de este servicio.

Las adecuaciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil tienen el propósito de que en este ordenamiento se mandate al Estado a prestar los servicios de estancias infantiles.

También, reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene como propósito prevenir que los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes no puedan sufrir recortes presupuestales, a menos que esto esté sujeto a coyunturas del momento.

Estas son las reformas que hoy propongo, y no dejé de mandar mi mente hace 25 años, cuando juré trabajar en bien de los niños y niñas, como pedagoga.

Y me tomé el atrevimiento de revisar perfiles de mis compañeros, y hay más de 25 aquí que son maestros educadores, psicólogos, especialistas en temas de la niñez. Y creo que entenderán de qué les hablo.

Y para quien tenga alguna duda, hoy también me traje algunas imágenes y algo de teoría, para que luego que algo suceda, no digan: lo hice por desconocimiento de causa.

Investigaciones rigurosas de la neurociencia, la biología molecular, el desarrollo psicológico, la economía, el Consejo Científico Nacional de Desarrollo Infantil han dejado en claro que la primera infancia es vital para el desarrollo del niño.

Diversas disciplinas han afirmado que es trascendental estimular al niño en esta etapa, porque el cerebro crece más, porque los niños aprenden más rápido, y en esto a México se le ha catalogado como un país que hace invisible la primera infancia, se trata de una oportunidad de vida en esta etapa irrepetible, que no debemos permitir que se deje pasar.

Y platicándoles un poquito cómo operan las estancias infantiles.

Otra cosa, estas decisiones de dar recurso para el cuidado de los niños se manejaban hace 40 años, no retrocedamos 40 años, hemos trabajado mucho todas y todos para que esto avance, por eso se han dado saltos a favor de nuestros niños.

En los 80’s se creía que era suficiente componer el televisor o con darle comida a un niño, o ponerle un juguete a la mano, hoy en día se sabe que necesitas estimularlo porque nace ya con algo, pero depende de la estimulación, que el niño se va a desarrollar.

¿Cómo opera una estancia infantil?

Una estancia tiene supervisión de Protección Civil, de Cofepris, de Salud, de Sedesol, la tenía, de DIF Estatal y DIF Nacional.

¿Reciben capacitación en qué temas?

¿Qué hacer en momentos de un sismo o en otros desastres naturales?

Cursos de primeros auxilios, alimentación sana, higiene, cursos lúdicos y educativos.

Se certifican, tienen normas oficiales, las estancias son inclusivas, tenían cuatro mil niños con discapacidad.
¿Saben a quiénes tienen?

A débiles visuales, a niños con problemas auditivos, a niños con autismo, con discapacidad motriz, con síndrome de Down, y estas titulares se capacitan para atenderlos. En las estancias también se detectaban problemas de nutrición y problemas neuronales, y se registraban en una plataforma para que fueran atendidos debidamente.

Todo esto se está viniendo abajo, y quiero que todas y todos lo sepan. Las estancias tenían que cubrir con uso de suelo, con un dictamen de ecología, con un dictamen estructural, con un dictamen eléctrico, con un dictamen de instalación de gas, con factibilidad vial. Todo esto tenían que cumplir las estancias.

A las titulares se les pedía mínimo preparatoria y cursos de pedagogía y psicología para el desarrollo de los niños.

El 45 por ciento de estas estancias están ubicadas en las zonas más marginadas de este país. En estas estancias se les daban dos comidas calientes, sanas y seguras a los niños.

¿Sabían ustedes que el 56 por ciento de niños menores de cinco años viven en pobreza, que uno de cada siete niños tiene desnutrición crónica? En el caso de las zonas indígenas es uno de cada tres.

El 38 por ciento de niños menores de dos años tienen anemia. Esto también, para esto nos ayudaban las estancias.

Hace poco estuvo aquí Virginia Sendel, y platicábamos un poquito, sabían ustedes que el 90 por ciento de los accidentes de nuestros niños y niñas suceden en casa, las quemaduras de nuestros niños suceden en casa, porque a alguien se le ocurre que puede ser cuidado con el abuelo, por el abuelo, por el vecino, por el tío, por el hermano mayor que a veces tiene nueve años o diez.

Es fácil pensar en un programa que reparte dinero, eso es sencillo. Yo las invito y los invito a quienes hoy tienen mayoría, a quienes saben de qué les hablo, a quienes saben del tema a que hablen con el Presidente, que lo sensibilicen, que le hablen de la magnitud del daño que se la ha hecho a nuestros niños y niñas.

No queremos corrupción, yo no soy corrupta ni muchos de los que estamos aquí, somos gente que le queremos aportar a México.

Tienen que explicarle y tiene que venir aquí un programa nuevo, pónganle otro nombre, pero que sea algo sustentado, que nos ayude a ayudar a nuestros niños.

Es sencillo regalar dinero, es complicado, pero es mejor que hagamos un programa integral que pueda ayudar a nuestros niños y niñas, aquellos que viven en las zonas más pobres, aquellos de las ciudades, no los abandonemos.

Y como le dije a mi equipo, todos los días que me resten, vamos a trabajar a favor de lo mejor que tiene este país: nuestros niños y nuestras niñas de México.

Muchísimas gracias.

“¡Estancias infantiles, sí!”

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se suman los Senadores Vanessa Rubio, todo el grupo parlamentario del PAN, Verónica Delgadillo, Mancera, Zamora Gastélum, todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; todo el grupo parlamentario del PAN; todo el grupo parlamentario del PRD.

Por lo que le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recaben las firmas.






Tiene la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Población, en materia de derecho a la identidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

(Presentada por la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con la venia de la Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Presento ante ustedes una iniciativa que busca fortalecer y asegurar el pleno ejercicio de un derecho que tiene cada persona desde su nacimiento y se conforma de los orígenes, nacionalidad, nombre y unicidad con la que nos identificamos de manera individual, me refiero al derecho a la identidad.

La identidad, la valiosísima identidad entre todos nosotros se refiere a un derecho humano, político y social que implica el reconocimiento jurídico de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, la pertenencia a un Estado, territorio, sociedad y familia como condiciones necesarias de su dignidad.

El derecho a la identidad es además un derecho habilitador, porque a través del mismo es posible ejercer otros, como votar, solicitar y obtener empleo, tener un crédito, casarse u obtener un pasaporte y hasta ser Senador de la República.

Por ello, el documento de identidad debe ser de fácil acceso, uso, interconectividad e irrepetibilidad.

En México existen grandes retos por atender en este sentido, porque contamos con un sinnúmero de documentos y claves que son utilizados como identificación o como requisito para realizar algún trámite y no todos en todos los lugares aceptan, aunque muchas veces deberían, las mismas identificaciones y tampoco todos tenemos, aunque deberíamos, las mismas identificaciones; está la CURP, el RFC, la Credencial de Elector, la licencia para conducir, el pasaporte, el número de seguridad social, la Cédula Profesional, la Cartilla Militar, un número de empleado, un número de registro de escuela.

No puede ser que siendo México la doceava economía del mundo, habiendo elementos tecnológicos de mucha seguridad para hacer la integración de bases de datos y expedientes, existiendo experiencias internacionales tan positivas como la de la India, en México no hayamos logrado una identidad única para todos los ciudadanos.

Con una población 10 veces mayor que la de México, en la India se han recolectado 1.3 billones de huellas que representan más del 90  por ciento de su población, convirtiéndolo en un sistema biométrico, en el sistema biométrico más grande del mundo.

El aumento de registros ofrece al Estado Indio, datos que permiten realizar estimaciones presupuestarias adecuadas para una mejor administración, así como para una planeación más efectiva de todas las políticas públicas y acciones privadas.

En nuestro país, esfuerzos y propuestas han ido y venido en el pasado, la propia Clave Única, la Cédula de Identidad, la Clave Única de Identidad, entre las más destacadas.

Por falta de intercambio de información, por celos a veces entre los propietarios de una parte de la información, por falta del adecuado uso de los grandes avances tecnológicos, por falta de la prioridad de este tema en la Agenda Nacional o por falta de recursos, el caso es que hoy no tenemos una única identidad los mexicanos y no contamos con una identidad biométrica en este sentido.

Mi propuesta es la priorización y la instrumentación de una identidad biométrica única para todas las y los mexicanos, ello nos daría a todos por igual pleno acceso al derecho de identidad e implicaría, entre otros, la sistematización de la información y de las bases de datos, una más eficaz y más transparente distribución de los programas sociales, por ejemplo, un más eficaz y más transparente pago de impuestos, más eficaces y más transparentes acciones con fines de seguridad personal, de servicios generales a la ciudadanía, ataques de delitos.

Muchos de nosotros hemos sido objeto de delitos o de delitos financieros, los unos y los otros, indispensable contar con un registro de identidad biométrica única y tener mayor precisión en datos demográficos para la planeación económica, política y social en nuestro país.

Por ello propongo crear, reformar y derogar diversos artículos de la Ley General de Población para que, entre otros, el Registro Nacional de Población incluya la Clave Única de Identidad e Información Biométrica de cada persona y las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno contribuyan a su integración, integridad, robustecimiento y operabilidad.

La Clave Única de Identidad e Información Biométrica nos dará, a todos los ciudadanos, identidad, seguridad y certeza jurídica que fortalecer nuestros derechos en el sentido más amplio.

Espero, compañeras y compañeros pudieran apoyar esta propuesta.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Senadora de la República la LXIV Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral 1, fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Población. Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La identidad está conformada en su mayoría por el conocimiento que tiene una persona de sus orígenes, su nacionalidad y el nombre que le identifica ante la sociedad.

En el IV Encuentro de Directores del Registro Civil, celebrado del 29 de julio al 4 de agosto de 2007, se definió el derecho a la identidad como el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de pertenencia a un Estado, territorio, sociedad y familia como condiciones necesarias para preservar su dignidad individual y colectiva.

A través del derecho a la identidad es posible ejercer otros derechos, como obtener el pasaporte, contraer matrimonio o votar. Por ello, este derecho es la vía de acceso para un conjunto de derechos reconocidos tanto por el orden jurídico nacional como en el internacional.

La identidad en México ha sido un concepto que se encuentra en nuestro marco jurídico desde 1933 cuando se promulgó la Ley de Identificación Personal, respondiendo a la necesidad de mantener un sistema en el que se pudiera registrar e identificar a todas las personas en nuestro país. Cabe señalar que, desde aquel año, además de la creación de un Registro Nacional, se estableció la emisión de una cédula de identificación que serviría para que cualquier ciudadano se identificara con toda certeza.

Posteriormente, el 29 de agosto de 1936 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Población, que sustituyó a la Ley de Identificación Personal. Destaca que en esta Ley General se estableció el Servicio Nacional de Identificación.

Desde 1936 la Ley General de Población ha sufrido diversos cambios: en 1947 para incorporar al Registro Nacional a los mexicanos residentes en el extranjero y recabar los datos de identificación de los habitantes en México, tanto mexicanos como extranjeros; y en 1974, para modificar radicalmente el contenido de la Ley a efecto de establecer los métodos de identificación, los procedimientos técnicos del registro y la elaboración de un solo sistema.

El 6 de abril de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 36 constitucional a fin de incorporar la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

La reforma constitucional antes mencionada provocó que la Ley General de Población fuera reformada en 1992, para expresar la integración del Registro Nacional de Población, así como la expedición de una cédula de identidad a cada persona que integre la población de México.

Vale la pena mencionar que en 2009 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana como un instrumento que garantizaría el ejercicio de este derecho, incorporando tecnología biométrica. La Cédula de Identidad Ciudadana pretendía vincular el rostro, huellas dactilares e inclusive la huella del iris de cada mexicano.

En atención de lo anterior, el 19 de enero de 2011 se reformó el Reglamento de la Ley General de Población para establecer el registro de los datos biométricos como parte de la Cédula de Identidad Ciudadana. Sin embargo, en la práctica el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana quedó inconcluso.

El interés del Órgano Reformador de la Constitución por el derecho a la identidad ha sido importante. Prueba de ello es la reforma constitucional publicada el 17 de julio de 2014 incorporó en el artículo 4 de nuestra Carta Magna el derecho fundamental a la identidad como un derecho gratuito, oportuno y universal. Se trata de un derecho dual, de manera que toda persona tiene derecho a la identidad, al mismo tiempo que tiene derecho a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento.

En el debate parlamentario en torno a la aprobación de la reforma constitucional de 2014, se expuso que cuando se registra a una persona se capturan características básicas que son elementales para el conocimiento de la dinámica demográfica, lo que permite la planeación y aplicación de políticas públicas importantes para el desarrollo del país.

En 2015 durante la administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto se trató de dar un impulso a la Clave Única de Identidad. Sin embargo, al igual que durante el gobierno de Calderón Hinojosa, se enfrentaron importantes restricciones presupuestables que no permitieron que el proyecto fuera viable en su implementación.

Ante la reforma constitucional antes referida, el 5 de enero de 2015 el entonces Presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento Hacia la Clave Única de Identidad, documento que se pretendía que sirviera como identificación con datos biométricos para todos los mexicanos en todo momento. Desafortunadamente, después de varios años el proyecto quedó trunco.

Es importante reconocer los esfuerzos que se han realizado desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para fortalecer el derecho a la identidad y brindar garantías de su ejercicio, a efecto de evitar que, por la falta de cumplimiento de este derecho, cualquier persona sea colocada en una situación de vulnerabilidad; sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para su consolidación y ejercicio pleno.

Derecho internacional relacionado con el derecho a la identidad

De entre los instrumentos internacionales de los que México es Parte, se considera conveniente destacar los siguientes por guardar una importante relación con el derecho a la identidad:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en sus artículos 6 y 15, establece el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica y de contar con una nacionalidad.

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 6 que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 3 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 16 que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

5. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo XVII menciona que toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones.

6. La Convención sobre los Derechos del Niño apunta en su artículo 8 que el Estado debe respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluyendo nacionalidad, nombre y relaciones familiares.

Adicionalmente es importante mencionar que en 2007 el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una opinión sobre el alcance del derecho a la identidad. Dentro de su análisis consideraron que el derecho a la identidad está indisolublemente ligado al individuo como tal y, por consiguiente, al reconocimiento de su personalidad jurídica, en todas partes, así como a la titularidad de derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Así pues, el Comité Jurídico determinó que:

• Es un derecho autónomo, cuya existencia no está subordinada a otros derechos, sino que es un derecho en sí mismo.

• Es un derecho que, además de tener un valor y contenido propio, sirve a otros derechos para su plena realización y ejercicio, y

• El derecho a la identidad tiene un núcleo central de elementos claramente identificables que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de reconocerlos y garantizarlos, en conjunto con aquellos otros derechos que se deriven de las propias legislaciones nacionales o bien de las obligaciones que se hayan contraído en razón de los instrumentos internacionales pertinentes.

Derecho comparado

De una revisión del ejercicio del derecho a la identidad en otros países, es posible advertir que algunas naciones ya incorporan la información biométrica como parte del instrumento que utilizan para garantizar el ejercicio de este derecho. Se describirá a continuación lo desarrollado por España, Estonia, Perú e India. Destaca el caso de India por la cantidad de población registrada, así como por el aprovechamiento de la tecnología para ejercer el derecho a la identidad.

• España

En 1951 se estableció en el orden jurídico español la emisión de un Documento Nacional de Identidad por cada habitante. Este instrumento es el medio de autenticidad de la identidad y sirve también como documento de viaje. El Documento Nacional de Identidad español cuenta hoy en día con los siguientes elementos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, progenitores, número de identificación, fotografía, firma, huellas dactilares e iris; que son obtenidos mediante la lectura del chip que contiene el Documento.

• Estonia

Estonia es un país que ha destacado por la incorporación de la tecnología a sus procedimientos y servicios administrativos. Ha destacado internacionalmente por contar con sufragio electrónico desde 2005. En ese sentido, Estonia ha desarrollado el e-ID System como un sistema de identidad digital.

De esta forma, se le entrega a cada ciudadano estonio una identificación legal con un chip que sirve para identificarse ante el sistema salud, el sistema bancario, para votar, para viajar dentro de la Unión Europea, para pagar impuestos, para la formalización de negocios de forma electrónica y para ingresar al Sistema de Información de Educación.

Cabe señalar que la identificación con chip contiene actualmente datos biométricos y otros elementos de identidad que permiten reconocer al titular del documento.

• Perú

En Perú cuando los habitantes realizan su registro reciben un Documento Nacional de Identidad, que contiene en el presente, entre otros, los siguientes elementos: código único de verificación, nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, domicilio, firma, fotografía, huella dactilar e información biométrica.

Además de ser un medio de identificación oficial, el Documento Nacional de Identidad sirve para votar, realizar trámites bancarios, viajar, formalizar un negocio, realizar actos de la vida civil (como contraer matrimonio o divorcio), celebrar algún tipo de contrato o bien inscribirse a cualquier sistema de seguridad social.

• India

La República de la India comenzó a implementar un programa de reconocimiento biométrico en el 2009, a través del sistema denominado Aadhaar, que contiene nombre y apellidos, domicilio, género, fecha de nacimiento, iris de cada ojo, fotografía y diez huellas dactilares.

Actualmente se han recolectado 1.3 billones de huellas, que representa más del 90% de su población, convirtiéndose en el sistema biométrico más grande del mundo.

El sistema ha permitido solucionar algunos de los problemas históricos del país. El sistema Aadhaar es utilizado para pagar impuestos, recolectar pensiones y obtener beneficios del gobierno. El sistema soluciona por completo el problema de robo de identidad y fraude, al utilizar rasgos únicos e irrepetibles.

El aumento de registros ofrece al Estado indio datos que permiten realizar estimaciones presupuestales adecuadas para una correcta administración, así como los elementos necesarios para una planeación más precisa.
Problemática actual

A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para consolidar el derecho a la identidad en México, aún quedan retos por atender. En ese sentido es importante apuntar que en nuestro país existe un sinnúmero de documentos y claves que son utilizados como identificación o como requisito para realizar algún trámite. Por ejemplo, los mexicanos contamos con la CURP, el RFC, la credencial de elector, la licencia para conducir, el pasaporte, el número de seguridad social y el número de empleado, sólo por mencionar algunos. Como se ha expuesto, existen países que proporcionan a sus habitantes un único número, clave o documento que les permite identificarse ante cualquier autoridad o particular.

Cabe señalar que el artículo 104 de la Ley General de Población, modificado el 22 de julio de 1994 establece que la Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular. No obstante, esta disposición no ha tenido operatividad pues la Cédula de Identidad Ciudadana no existe.

Para subsanar este hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, una resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer como documentos válidos de identificación personal los siguientes: la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular, la licencia para conducir, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales y las demás identificaciones nacionales que, en su caso, apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es importante mencionar que el régimen transitorio de la reforma constitucional de 2014 impuso una obligación al Congreso de la Unión para que, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto, se realizaran las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población. Con esta propuesta legislativa se busca atender el mandato que quedó plasmado en ese régimen transitorio que hasta la fecha no se ha encuentra atendido.

Adicionalmente, debido a la diversidad de procedimientos y en algunos casos ausencia de procedimientos en los Registros Civiles en las Entidades Federativas, así como las diferencias presupuestales asignadas a esta función en los Estados, los ciudadanos enfrenten dificultades para ejercer de manera plena su derecho a la identidad. Por ello, se requiere una homologación de los criterios, al mismo tiempo que se logra una interconexión de las bases de datos.

Parte de la problemática que pretende atender la presente iniciativa de reforma incluye la protección a menores de edad no registrados. Este sector población se enfrente a problemas de tráfico de menores de edad, y situaciones de maltrato infantil, explotación laboral, discriminación reclutamiento en el crimen organizado y discriminación. Es necesario redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad, lo cual permitirá inhibir la comisión de estos delitos que tanto lastiman a las víctimas y sus familiares.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión del delito de robo de identidad. Según esta institución, 67% de los casos se debe a la pérdida de documentos o al robo de la cartera.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las pérdidas anuales de la banca mexicana por el delito de robo de identidad ascienden hasta los 120 millones de pesos.

Ante esta realidad, el 29 de agosto de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de cambios a la Circular Única de Bancos que buscan combatir el robo de identidad dentro del sector bancario. Estos cambios incorporan y regulan el uso de datos biométricos (huella dactilar, principalmente) para la autenticación de los usuarios de la banca.

Posteriormente, en diciembre de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) y las instituciones bancarias anunciaron que, como una forma de prevenir y erradicar el robo de identidad, a partir del 2019 todas las instituciones bancarias deberán validar la autenticidad y vigencia de la credencial de elector para cualquiera de los trámites que realicen.

El sistema contempla que los bancos cuenten en sus ventanillas de atención con captores de huella y la captura del nombre del ciudadano, clave de elector y número de credencial; los cuales se remiten a la autoridad electoral mediante el Sistema de Verificación que se ha desarrollado desde hace un par de años. De manera que se verifica toda la información, incluida la huella con la base de datos que resguardan y remiten la respuesta con un simple sí o no para determinar la coincidencia.

Contenido de la iniciativa

Con esta modificación a la Ley General de Población se pretende actualizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la identidad, a través de la implementación de tecnologías de la información para facilitar al ciudadano el ejercicio de este derecho, al mismo tiempo que la autoridad vuelve más eficiente sus procesos.

Uno de los puntos torales de esta propuesta es la incorporación de la información biométrica a la identidad, tanto de mexicanos como de extranjeros, de esta manera el uso de biométricos permitiría un ejercicio pleno al derecho a la identidad al tener certeza de que únicamente el titular del derecho es quien lo ejerce. Así pues, posterior a la implementación de esta propuesta se disminuirá drásticamente el robo de identidad.

Biometría es definida como el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o físicos. Por lo anterior, sistema de identificación biométrica es entendido como un sistema informático compuesto por un conjunto de equipos (hardware) y aplicaciones (software) destinado a la recopilación e identificación biométrica a través de una imagen digital del rostro, las huellas dactilares, y la huella del iris, mediante la comparación de ciertas características con la información de esa persona en una base de datos.

Como parte de la propuesta se modifica el artículo 87 de la Ley General de Población para actualizar el Registro Nacional de Población, de manera que ahora sea integrado por el Registro de Mexicanos, sin hacer distinción entre ciudadanos y menores de edad; así como por el Registro de Extranjeros en México.

En el Registro Nacional de Población deberán contenerse los siguientes datos como elementos que integran la identidad de cada persona:

I. Nombre(s) y apellido(s);

II. Sexo;

III. Lugar y fecha de nacimiento;

IV. Nacionalidad, cuando corresponda;

V. Filiación;

VI. Clave Única de Identidad, cuando corresponda;

VII. Información biométrica, y

VIII. Los demás que establezca el Reglamento.

La Clave Única de Identidad reemplazará a lo que hoy conocemos como la Clave Única de Registro de Población y al momento de generar la Clave Única de Identidad se registrará la información biométrica, de manera que tanto la Clave como los biométricos se encuentren siempre asociados. Tomando en consideración que en ocasiones no es posible capturar la información biométrica como en términos generales se realiza con la población, la Secretaría de Gobernación, aprovechando la tecnología disponible, emitirá los criterios que permitan registrar la identidad biométrica de las personas a edad temprana y de las personas que no cuentan con la información biométrica tradicional.

Ante la información que contendrá el Registro Nacional de Población, se considera necesario precisar que los datos personales allí contenidos tienen carácter confidencial, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Tanto el Registro de Mexicanos como el Registro de Extranjeros en México contarán con la documentación necesaria para acreditar la estancia legal en este país, ya sea a través de su acta de nacimiento, de naturalización o los documentos migratorios necesarios.

Actualmente el Registro Nacional de Población es administrado por la Secretaría de Gobernación, situación que se mantiene en la propuesta que se somete a consideración de esta Soberanía. Cabe señalar que se le atribuyen a la Secretaría de Gobernación la facultad de determinar los mecanismos para la actualización del Registro Nacional de Población, la seguridad de la información y el uso de las tecnologías biométricas necesarias para acreditar fehacientemente la identidad de las personas y la asignación de la Clave Única de Identidad. Además, será obligación de la Secretaría de Gobernación implementar las acciones necesarias para el manejo, custodia y tratamiento adecuado de la información contenida en el Registro Nacional de Población, mediante mecanismos que eviten e impidan su alteración, eliminación, pérdida, transmisión y acceso no autorizados, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales.

Se considera importante señalar que, en aras de contribuir a consolidar el derecho a la identidad en México, se establece la interconexión de bases de datos, así como la contribución de todas las autoridades que cuenten con datos personales, incluyendo los órganos constitucionales autónomos. De manera que las bases de datos y registros de personas de los tres órdenes de gobierno y de todos los Poderes de la Unión estarán relacionados a efecto de evitar duplicidades y de eficientar el ejercicio de este derecho por parte del ciudadano.

Con el propósito de unificar y facilitar el derecho a la identidad, en esta propuesta se establece que, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Identidad como mecanismo de acceso principal a los registros de personas que integran para su operación. De esta forma el ciudadano contará con una clave ligada a sus biométricos que le permitirá el ejercicio de su derecho en cualquier esfera pública.

Adicionalmente, en esta propuesta se señala que los particulares que así lo requieran podrán utilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal, sin embargo, deberán contar con la autorización de la persona cuya identidad pretendan validar. Además, la información a que hace referencia este artículo sólo podrá ser utilizada para los fines para los que fue solicitada. En la práctica se busca que instituciones bancarias, instituciones privadas del sector salud, o bien cualquier particular que por sus actividades lo requiera, pueda aprovechar el derecho a la identidad para validar a la persona que tiene enfrente. Se trata de implementar una plataforma en la cual únicamente se muestre la información indispensable para validar la identidad, sin que en ningún momento se ponga en riesgo la información confidencial de la persona. Por ello, la Secretaría de Gobernación deberá adoptar medidas para que quienes reciban información a través del Servicio Nacional de Identificación Personal no la divulguen a terceros.

Además de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, la Secretaría de Gobernación podrá atender las solicitudes relacionadas con los datos contenidos en el Registro Nacional de Población, en los casos siguientes:

I. Cuando lo soliciten dependencias y entidades públicas, así como los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, para el ejercicio de sus atribuciones;

II. Cuando una persona solicite su propia información;

III. Cuando exista orden judicial, o

IV. En los demás casos que establezcan las leyes.

De acuerdo con la propuesta que se presenta, tendrán el carácter de documentos oficiales de identificación aquellos que la Secretaría de Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación. Previo a la emisión de los documentos oficiales de identificación, sus emisores deberán validar la Clave Única de Identidad.

Considerando que el derecho a la identidad se extingue con la vida, la Secretaría de Gobernación dará de baja la Clave Única de Identidad cuando se registre una defunción ante el Registro Civil correspondiente, mediante la presentación de un certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos para la interoperabilidad de las bases de datos a fin de facilitar la vinculación del Certificado de Defunción con el registro de defunción.

Cabe señalar que el actual Capítulo VII denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana” se modifica para llamarse “De la identificación y registro de identidad de las personas”. Asimismo, se crea un Capítulo VII Bis denominado “Del Servicio Nacional de Identificación Personal”.

Se establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como el servicio de interés público que presta el Estado, exclusivamente a través de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual, con base en la información contenida en el Registro Nacional de Población, valida, verifica y acredita la identidad de las personas.

A continuación, se muestra el comparativo de la legislación vigente con la propuesta de modificación.

Ley General de Población (vigente)

Propuesta de modificación

CAPITULO VI
Registro Nacional de Población

CAPITULO VI
Registro Nacional de Población

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Artículo 85.- El Registro Nacional de Población es la base de datos, administrada por la Secretaría de Gobernación, que contiene los datos relativos a la identidad legal, y la información biométrica de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en México.

Artículo 87.- En el Registro Nacional de Población se inscribirá:

I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; y

II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

Artículo 87.- El Registro Nacional de Población está integrado por:

I. El Registro de Mexicanos, y

 

II. El Registro de Extranjeros en México.

Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

Artículo 88.- El Registro de Mexicanos contendrá los datos de las personas que, conforme lo dispuesto por la Constitución, posean la nacionalidad mexicana.

 

Artículo 88 Bis.- El Registro Nacional de Población debe contener los datos siguientes:
 
I. Nombre(s) y apellido(s);
II. Sexo;
III. Lugar y fecha de nacimiento;
IV. Nacionalidad, cuando corresponda;
V. Filiación;
VI. Clave Única de Identidad, cuando corresponda;
VII. Información biométrica, y
VIII. Los demás que establezca el Reglamento.

 

Artículo 88 Ter.- El Registro de Mexicanos debe contener, además de la información prevista en el artículo que antecede, la siguiente:

I. Los datos de inscripción de nacimiento y defunción de las personas, contenidos en los archivos de las Direcciones Generales del Registro Civil del país y de las Oficinas Consulares de México;

II. Cuando corresponda, el número de la Carta de Naturalización, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. En el caso de niñas, niños y adolescentes, y personas consideradas como incapaces jurídicamente, de conformidad con la normativa aplicable, la Clave Única de Identidad de la o las personas que ostenten la patria potestad o tutela, y

IV. La firma del titular, tratándose de mexicanos mayores de dieciocho años, o bien, de padre, madre o tutor, en el caso de niñas, niños y adolescentes y personas consideradas como incapaces jurídicamente, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.

Artículo 89.- Se deroga.

Artículo 90.- El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación.

Artículo 90.- El Registro de Extranjeros en México debe contener, además de la información a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, la clave con la que la autoridad migratoria reconoce a los extranjeros y la información relacionada con las altas y bajas que modifiquen este registro, así como con los cambios del estado civil de los extranjeros que se encuentren en el país.

El Registro de Extranjeros en México se integra con la información que proporciona el Instituto Nacional de Migración, a través de los mecanismos que determine la Secretaría de Gobernación, mediante disposiciones administrativas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

 

Artículo 90 Bis.- Los datos personales contenidos en el Registro Nacional de Población tienen carácter confidencial, de conformidad con las disposiciones aplicables.

 

Artículo 90 Ter.- La Secretaría de Gobernación determinará, de conformidad con lo señalado en el Reglamento, los mecanismos para la actualización del Registro Nacional de Población, la seguridad de la información y el uso de las tecnologías biométricas necesarias para acreditar fehacientemente la identidad de las personas y la asignación de la Clave Única de Identidad.

 

Artículo 90 Quáter.- La Secretaría de Gobernación será responsable de implementar las acciones necesarias para el debido manejo, custodia y tratamiento adecuado de la información contenida en el Registro Nacional de Población, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia; mediante mecanismos que eviten e impidan su alteración, eliminación, pérdida, transmisión y acceso no autorizados, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales.

Artículo 91.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Unica de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

Artículo 91.- La Secretaría de Gobernación, al registrar a una persona, asignará la Clave Única de Identidad.
La Secretaría de Gobernación debe establecer los criterios que permitan registrar la identidad biométrica de las personas a edad temprana y de las personas que no cuentan con la información biométrica tradicional, considerando los avances que la tecnología permita, a efecto de que sea asociada a la Clave Única de Identidad en los términos del Reglamento y disposiciones aplicables.

Artículo 92.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal.

Artículo 92.- Se deroga.

 

Artículo 93.- Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:

I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;

II. Recabar la información relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y

III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Unica de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.

Artículo 93.- El Registro Nacional de Población se alimentará de la información que le proporcionen los Registros Civiles del país, la cual integrará la Base de Datos Nacional de Registro Civil, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 94.- Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.

Artículo 94.- Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, deben contribuir a la integración y actualización del Registro Nacional de Población, por medio de la información contenida en sus bases de datos y registros de personas.

 

Artículo 94 Bis.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Identidad como mecanismo de acceso principal a los registros de personas que integran para su operación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 94 Ter.- La Secretaría de Gobernación puede solicitar, cuando lo requiera, información a las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, los tres órdenes de gobierno, así como a los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, respecto de los datos de identidad y de registro de personas, que obren en sus respectivas bases de datos.

 

Artículo 96 Bis.- La información que proporciona la Secretaría de Gobernación a los tres órdenes de gobierno, por conducto del Servicio Nacional de Identificación Personal, tiene carácter de confidencial, de conformidad con la legislación aplicable.
Los particulares que requieran utilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal deben contar con la autorización de la persona cuya identidad pretendan validar o conocer, en los términos que disponga el Reglamento.
La información a que hace referencia este artículo sólo podrá ser utilizada para los fines para los que fue solicitada.

 

Artículo 96 Ter.- Además de los supuestos establecidos en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación podrá atender las solicitudes relacionadas con los datos contenidos en el Registro Nacional de Población, en los casos siguientes:
I. Cuando lo soliciten dependencias y entidades públicas, así como los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, para el ejercicio de sus atribuciones;
II. Cuando una persona solicite su propia información;
III. Cuando exista orden judicial, o
IV. En los demás casos que establezcan las leyes.

El Reglamento establecerá el procedimiento y los requisitos para la atención de dichas solicitudes.

 

Artículo 96 Quáter.- La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de garantizar que quienes reciban información a través del Servicio Nacional de Identificación Personal no la divulguen a terceros, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia; salvo en los casos que establezcan las leyes, conforme lo determine el Reglamento.

CAPITULO VII
Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana

CAPITULO VII
De la identificación y registro de identidad de las personas

Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 97.- Todas las personas tienen derecho a la identidad, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.

El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el Reglamento.

Artículo 98.- La identidad legal de los mexicanos se compone de:

I. Nombre(s) y apellido(s);
II. Sexo;
III. Lugar de nacimiento;
IV. Fecha de nacimiento;
V. Nacionalidad, y
VI. Filiación.

Artículo 99.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y

II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Artículo 99.- Para el caso de los mexicanos por naturalización la identidad legal se entenderá en términos de lo dispuesto en la legislación en la materia

Artículo 100.- En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.

Artículo 100.- Tendrán el carácter de documentos oficiales de identificación aquellos que la Secretaría de Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación en los términos del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Previo a la emisión de los documentos oficiales de identificación, sus emisores deberán validar, mediante mecanismos de interoperabilidad que establezcan con la Secretaría de Gobernación, la Clave Única de Identidad, con base en lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 101.- La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación.

Artículo 101.- Para acreditar la identidad de una persona, los organismos e instituciones del sector público, del sector privado y del sistema financiero podrán consultar el Servicio Nacional de Identificación Personal, por medio de la Clave Única de Identidad, en términos de lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 102.- Cuando la Secretaría de Gobernación encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la Secretaría de Gobernación la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente

Artículo 102.- La Secretaría de Gobernación dará de baja la Clave Única de Identidad cuando se registre una defunción ante el Registro Civil correspondiente, mediante la presentación de un certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos para la interoperabilidad de las bases de datos a fin de facilitar la vinculación del Certificado de Defunción con el registro de defunción.

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, tanto el Certificado como el Acta de Defunción correspondiente deben contener la Clave Única de Identidad de la persona fallecida.
La Secretaría de Gobernación podrá dar de baja la Clave Única de Identidad, por motivo distinto al de defunción, cuando sea por resolución de autoridad judicial o se realicen procesos de actualización, asociación, corrección, sincronización o depuración al Registro Nacional de Población, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

 

CAPITULO VII BIS
Del Servicio Nacional de Identificación Personal

Artículo 103.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad Ciudadana.

Artículo 103.- El Servicio Nacional de Identificación Personal es el servicio de interés público que presta el Estado, exclusivamente a través de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual, con base en la información contenida en el Registro Nacional de Población, valida, verifica y acredita la identidad de las personas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 104.- La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Artículo 104.- Para prestar el Servicio Nacional de Identificación Personal al sector privado y al sistema financiero, se deberán cubrir las contribuciones a las que haga referencia la Ley Federal de Derechos, debiendo formalizarse para tal efecto, los convenios de colaboración que establezcan los términos en que dicho servicio deberá ser otorgado por la Secretaría de Gobernación.

Artículo 105.- La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Artículo 105.- El Servicio Nacional de Identificación Personal prestará los servicios que se establecen en el Reglamento y las disposiciones aplicables.

El Servicio Nacional de Identificación Personal podrá brindar los servicios de consulta e impresión de copias certificadas de las actas relativas al registro del estado civil, por los medios electrónicos que para tal efecto diseñe la Secretaría de Gobernación, en términos de la normativa aplicable.

Las copias emitidas por los medios a que refiere el párrafo anterior tendrán plena validez jurídica.

Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identificación Ciudadana.

Artículo 106.- Para el adecuado funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal, la Secretaría de Gobernación establecerá las especificaciones que permitan la interoperabilidad de la información de las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, así como de los tres órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, conforme a sus atribuciones, mediante el empleo de métodos homogéneos para el registro de personas, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia.

La operación, organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal estarán regulados en los manuales que para tal efecto emita la Secretaría de Gobernación.

Artículo 107.- La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación:

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s);

II. Clave Unica de Registro de Población;

III. Fotografía del titular;

IV. Lugar de nacimiento;

V. Fecha de nacimiento; y

VI. Firma y huella dactilar.

Artículo 107.- El Servicio Nacional de Identificación Personal organizará las bases de datos relativas a la identidad legal y biométrica, así como la Clave Única de Identidad, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 108.- Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y conservación.

Artículo 108.- El Reglamento establecerá los criterios específicos y los requerimientos mínimos para garantizar la uniformidad de la información relativa a la identidad legal y biométrica.

Artículo 109.- La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse;

I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años;

II. Cuando esté deteriorada por su uso; y

III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.

Artículo 109.- Se deroga

Artículo 110.- Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación, dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.

Artículo 110.- Se deroga

Artículo 111.- La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.

Artículo 111.- Se deroga

Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 112.- Se deroga

Entre los beneficios más importantes de esta reforma a la Ley General de Población se encuentra:

1) Acceso pleno al derecho a la identidad;

2) Sistematización de la información y las bases de datos con información de la identidad de las personas para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, entre otros;

3) Más eficaz y más transparente distribución de los programas sociales;

4) Más eficaz y más transparente pago de impuestos;

5) Más eficaz y más transparentes acciones de seguridad personal;

6) Mejor y más eficaz otorgamiento de servicios a la ciudadanía;

7) Se evitan delitos como el robo de identidad;

8) La protección a menores de edad;

9) Datos poblacionales más precisos;

10) La depuración de las listas de electores, y

11) Mejor movilidad de las personas entre estados.

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 85, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108; se modifica la denominación del Capítulo VII “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana”; se crea un Capítulo VIII Bis “Del Servicio Nacional de Identificación Personal”; se crean los artículos 88 Bis, 88 Tes, 90 Bis, 90 Ter, 90 Quáter, 94 Bis, 94 Ter, 96 Bis, 96 Ter y 96 Quáter; y se derogan los artículos 89, 92, 109, 110, 111 y 112 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 85.- El Registro Nacional de Población es la base de datos, administrada por la Secretaría de Gobernación, que contiene los datos relativos a la identidad legal, y la información biométrica de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en México.

Artículo 87.- El Registro Nacional de Población está integrado por:

I. El Registro de Mexicanos, y

II. El Registro de Extranjeros en México.

Artículo 88.- El Registro de Mexicanos contendrá los datos de las personas que, conforme lo dispuesto por la Constitución, posean la nacionalidad mexicana.

Artículo 88 Bis.- El Registro Nacional de Población debe contener los datos siguientes:

I. Nombre(s) y apellido(s);

II. Sexo;

III. Lugar y fecha de nacimiento;

IV. Nacionalidad, cuando corresponda;

V. Filiación;

VI. Clave Única de Identidad, cuando corresponda;

VII. Información biométrica, y

VIII. Los demás que establezca el Reglamento.

Artículo 88 Ter.- El Registro de Mexicanos debe contener, además de la información prevista en el artículo que antecede, la siguiente:

I. Los datos de inscripción de nacimiento y defunción de las personas, contenidos en los archivos de las Direcciones Generales del Registro Civil del país y de las Oficinas Consulares de México;

II. Cuando corresponda, el número de la Carta de Naturalización, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. En el caso de niñas, niños y adolescentes, y personas consideradas como incapaces jurídicamente, de conformidad con la normativa aplicable, la Clave Única de Identidad de la o las personas que ostenten la patria potestad o tutela, y

IV. La firma del titular, tratándose de mexicanos mayores de dieciocho años, o bien, de padre, madre o tutor, en el caso de niñas, niños y adolescentes y personas consideradas como incapaces jurídicamente, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 89.- Se deroga.

Artículo 90.- El Registro de Extranjeros en México debe contener, además de la información a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, la clave con la que la autoridad migratoria reconoce a los extranjeros y la información relacionada con las altas y bajas que modifiquen este registro, así como con los cambios del estado civil de los extranjeros que se encuentren en el país.

El Registro de Extranjeros en México se integra con la información que proporciona el Instituto Nacional de Migración, a través de los mecanismos que determine la Secretaría de Gobernación, mediante disposiciones administrativas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 90 Bis.- Los datos personales contenidos en el Registro Nacional de Población tienen carácter confidencial, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 90 Ter.- La Secretaría de Gobernación determinará, de conformidad con lo señalado en el Reglamento, los mecanismos para la actualización del Registro Nacional de Población, la seguridad de la información y el uso de las tecnologías biométricas necesarias para acreditar fehacientemente la identidad de las personas y la asignación de la Clave Única de Identidad.

Artículo 90 Quáter.- La Secretaría de Gobernación será responsable de implementar las acciones necesarias para el debido manejo, custodia y tratamiento adecuado de la información contenida en el Registro Nacional de Población, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia; mediante mecanismos que eviten e impidan su alteración, eliminación, pérdida, transmisión y acceso no autorizados, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales.

Artículo 91.- La Secretaría de Gobernación, al registrar a una persona, asignará la Clave Única de Identidad.

La Secretaría de Gobernación debe establecer los criterios que permitan registrar la identidad biométrica de las personas a edad temprana y de las personas que no cuentan con la información biométrica tradicional, considerando los avances que la tecnología permita, a efecto de que sea asociada a la Clave Única de Identidad en los términos del Reglamento y disposiciones aplicables.

Artículo 93.- El Registro Nacional de Población se alimentará de la información que le proporcionen los Registros Civiles del país, la cual integrará la Base de Datos Nacional de Registro Civil, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 94.- Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, deben contribuir a la integración y actualización del Registro Nacional de Población, por medio de la información contenida en sus bases de datos y registros de personas.

Artículo 94 Bis.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Identidad como mecanismo de acceso principal a los registros de personas que integran para su operación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 94 Ter.- La Secretaría de Gobernación puede solicitar, cuando lo requiera, información a las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, los tres órdenes de gobierno, así como a los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, respecto de los datos de identidad y de registro de personas, que obren en sus respectivas bases de datos.

Artículo 96 Bis.- La información que proporciona la Secretaría de Gobernación a los tres órdenes de gobierno, por conducto del Servicio Nacional de Identificación Personal, tiene carácter de confidencial, de conformidad con la legislación aplicable.

Los particulares que requieran utilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal deben contar con la autorización de la persona cuya identidad pretendan validar o conocer, en los términos que disponga el Reglamento.

La información a que hace referencia este artículo sólo podrá ser utilizada para los fines para los que fue solicitada.

Artículo 96 Ter.- Además de los supuestos establecidos en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación podrá atender las solicitudes relacionadas con los datos contenidos en el Registro Nacional de Población, en los casos siguientes:

I. Cuando lo soliciten dependencias y entidades públicas, así como los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, para el ejercicio de sus atribuciones;
II. Cuando una persona solicite su propia información;
III. Cuando exista orden judicial, o
IV. En los demás casos que establezcan las leyes.

El Reglamento establecerá el procedimiento y los requisitos para la atención de dichas solicitudes.

Artículo 96 Quáter.- La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de garantizar que quienes reciban información a través del Servicio Nacional de Identificación Personal no la divulguen a terceros, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia; salvo en los casos que establezcan las leyes, conforme lo determine el Reglamento.

CAPITULO VII
De la identificación y registro de identidad de las personas

Artículo 97.- Todas las personas tienen derecho a la identidad, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 98.- La identidad legal de los mexicanos se compone de:

I. Nombre(s) y apellido(s);
II. Sexo;
III. Lugar de nacimiento;
IV. Fecha de nacimiento;
V. Nacionalidad, y
VI. Filiación.

Artículo 99.- Para el caso de los mexicanos por naturalización la identidad legal se entenderá en términos de lo dispuesto en la legislación en la materia.

Artículo 100.- Tendrán el carácter de documentos oficiales de identificación aquellos que la Secretaría de Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación en los términos del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Previo a la emisión de los documentos oficiales de identificación, sus emisores deberán validar, mediante mecanismos de interoperabilidad que establezcan con la Secretaría de Gobernación, la Clave Única de Identidad, con base en lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 101.- Para acreditar la identidad de una persona, los organismos e instituciones del sector público, del sector privado y del sistema financiero podrán consultar el Servicio Nacional de Identificación Personal, por medio de la Clave Única de Identidad, en términos de lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 102.- La Secretaría de Gobernación dará de baja la Clave Única de Identidad cuando se registre una defunción ante el Registro Civil correspondiente, mediante la presentación de un certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos para la interoperabilidad de las bases de datos a fin de facilitar la vinculación del Certificado de Defunción con el registro de defunción.

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, tanto el Certificado como el Acta de Defunción correspondiente deben contener la Clave Única de Identidad de la persona fallecida.

La Secretaría de Gobernación podrá dar de baja la Clave Única de Identidad, por motivo distinto al de defunción, cuando sea por resolución de autoridad judicial o se realicen procesos de actualización, asociación, corrección, sincronización o depuración al Registro Nacional de Población, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO VII BIS
Del Servicio Nacional de Identificación Personal

Artículo 103.- El Servicio Nacional de Identificación Personal es el servicio de interés público que presta el Estado, exclusivamente a través de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual, con base en la información contenida en el Registro Nacional de Población, valida, verifica y acredita la identidad de las personas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 104.- Para prestar el Servicio Nacional de Identificación Personal al sector privado y al sistema financiero, se deberán cubrir las contribuciones a las que haga referencia la Ley Federal de Derechos, debiendo formalizarse para tal efecto, los convenios de colaboración que establezcan los términos en que dicho servicio deberá ser otorgado por la Secretaría de Gobernación.

Artículo 105.- El Servicio Nacional de Identificación Personal prestará los servicios que se establecen en el Reglamento y las disposiciones aplicables.

El Servicio Nacional de Identificación Personal podrá brindar los servicios de consulta e impresión de copias certificadas de las actas relativas al registro del estado civil, por los medios electrónicos que para tal efecto diseñe la Secretaría de Gobernación, en términos de la normativa aplicable.

Las copias emitidas por los medios a que refiere el párrafo anterior tendrán plena validez jurídica.

Artículo 106.- Para el adecuado funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal, la Secretaría de Gobernación establecerá las especificaciones que permitan la interoperabilidad de la información de las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, así como de los tres órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, conforme a sus atribuciones, mediante el empleo de métodos homogéneos para el registro de personas, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia.

La operación, organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal estarán regulados en los manuales que para tal efecto emita la Secretaría de Gobernación.

Artículo 107.- El Servicio Nacional de Identificación Personal organizará las bases de datos relativas a la identidad legal y biométrica, así como la Clave Única de Identidad, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 108.- El Reglamento establecerá los criterios específicos y los requerimientos mínimos para garantizar la uniformidad de la información relativa a la identidad legal y biométrica.

Artículo 109.- Se deroga

Artículo 110.- Se deroga

Artículo 111.- Se deroga

Artículo 112.- Se deroga

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Vanessa Rubio Márquez.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rubio Márquez.

Se suman a la inicitiva los Senadores Nancy De la Sierra, Murguía, Saldaña, Nadia Navarro, Moya, Xóchitl Gálvez, Indira Kempis, Zamora Gastélum, Nestora Salgado, todo el grupo parlamentario del PRD; Caraveo, el grupo parlamentario del PVEM; Ifigenia Martínez, Soledad Luévano, Cecilia Sánchez y Rocha también. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe las firmas de los adherentes que ha autorizado la Senadora Rubio.






Tiene la palabra el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con el fin de modificar la estructura del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Jesús Encinas Meneses: Con su permiso, señora Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores Senadores:

Ya escuchado de voz de la Presidenta qué es lo que se propone con esta iniciativa y es materializar el trabajo conjunto que hemos desarrollado el Senador con licencia Alejandro Armenta Mier, el Senador Ricardo Monreal y el grupo parlamentario de Morena, en aras de darle mayores capacidades de actuación al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Representa nuestro compromiso por transformar la política social de bienestar y de generar condiciones equitativas para quienes no han tenido acceso a servicios financieros formales o para los que han sido limitados.

Las instituciones de Banca de Desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el desarrollo económico.

La Banda de Desarrollo se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de diversos sectores sociales.

Uno de los principales compromisos de este gobierno radica en implementar una importante política de combate a la pobreza y a la desigualdad, erradicando el uso clientelar de los programas y con ello la corrupción que perjudica a los más necesitados.

De esta manera, la presente iniciativa busca robustecer las facultades que actualmente tiene el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por sus siglas, Bansefi, para dotarlo de mayor capacidad de operación, especialmente para el otorgamiento de los recursos que se ministren por medio de la política social de bienestar, así como desarrollar capacidades para ampliar su oferta de productos y servicios en condiciones equitativas.

Asimismo, se pretende establecer el marco regulatorio aplicable y necesario para que Bansefi pueda estar legitimada para operar como una institución fiduciaria ad hoc al actual modelo económico, financiero y político, y que pueda participar como institución fiduciaria en operaciones de emisión de certificados bursátiles de emisoras privadas y públicas.

Para asegurar que Bansefi se posicione como una institución que realice funciones de Banca Social con una mayor participación en su mercado económico, para generar y captar recursos, se modifica su objeto, atribuciones, así como la denominación de la institución a Banco del Bienestar, a fin que el sector al que atiende la identifique con dicha función social.

La proyección que se espera con esta reforma es que el Banco contribuya a generar un desarrollo económico con equidad en el país, al proveer productos financieros integrales que atiendan con eficacia los factores que propicien la inclusión financiera y el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo.

El Banco del Bienestar generará productos y servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, al tiempo que continuará la labor de fortalecimiento del ahorro y el crédito, principalmente dirigidos al segmento de población de menores ingresos, así como a través de la educación financiera.

En primer término se propone el cambio de denominación de la institución, a fin que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se le denomine: Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

El Banco del Bienestar tendrá como meta favorecer las condiciones de los beneficiarios en estado de vulnerabilidad, exclusión, discapacidad, marginación o incluso discriminación, lo cual redundará en un beneficio extensivo para el país, aminorando factores que han propiciado fenómenos de desempleo, violencia e inestabilidad social.

En ese sentido, el Banco del Bienestar regirá su actuación bajo los principios de transparencia, honestidad y honradez, mediante auditorías constantes, eficientes y eficaces, fortaleciendo las áreas de control y revisión, para cumplir con una exploración puntual del ejercicio de sus funciones, que garanticen la dispersión de los programas sociales y su proceso de actuación.

Se armonizarán sus contenidos con una política nacional de combate a la pobreza, cuyos esfuerzos serán encabezados desde la propia Secretaría del Bienestar, convirtiendo a esta Banca de Desarrollo en un valioso aliado e instrumento de otorgamiento de los recursos que serán puestos a disposición de quienes más lo requieren.

Una política de bienestar requiere de estrategias que tomen en cuenta los enfoques: el social y el económico, solo así se podrán generar instrumentos que contribuyan a crear condiciones estructurales que mejoren la calidad de vida de los millones de mexicanos que se encuentran en situaciones de desventaja.

A fin de lograr lo anterior, es menester que el Banco del Bienestar cuente con facultades, crecimiento estructural y herramientas que permitan facilitar el cumplimiento de sus objetivos, contribuyendo como un eslabón más en las estrategias del Estado para la implementación de políticas y programas sociales para el bienestar de los mexicanos.

Señoras y señores Senadores, el Banco del Ahorro Nacional, que nació en 1950, ha cumplido con la misión de generar ahorro en México. Hoy ese ahorro y esos programas sociales de que habla el señor Presidente de la República se van a poner en marcha, los recursos se van a ir al Banco del Bienestar para que desde ahí se ejerzan.

Este Banco es el único, junto con Banjercito, que nos dejaron las administraciones pasadas, corruptas y corruptoras.

Ustedes se acordarán, como usted lo sabe muy bien, Senadora, que la Banca mexicana fue vendida al extranjero en su totalidad. El último en vender el banco Bancomer fue el ex Presidente, tristemente célebre, Vicente Fox.

Hoy, con esta iniciativa queremos tener un Banco que sirva realmente a los mexicanos, el Banco del Ahorro Nacional, que se convierte en Banco del Bienestar.

Por su atención, a los que nos atendieron, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El Suscrito, Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa materializa el trabajo en conjunto que venimos desarrollando el Senador con licencia Alejandro Armenta Mier y su servidor, en aras de darle mayores capacidades de actuación al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Representa nuestro compromiso por transformar la política social de bienestar y de generar condiciones equitativas para quienes no han tenido acceso a servicios financieros formales o para los que han sido limitados.

Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito. Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el desarrollo económico.

Como parte del Sistema Bancario Mexicano, regido por el Estado a fin de orientar sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, los bancos de desarrollo atienden actividades productivas determinadas que los definen por especialidad.

La Banca de Desarrollo se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de diversos sectores sociales.

Sabemos que un verdadero combate a la pobreza transita, de manera obligada, por la creación y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de esta importante labor, a fin de que, desde una perspectiva social y el fortalecimiento desde el Poder Legislativo, así como del marco jurídico que rige su actuar, se diseñen y pongan en marcha, eficaces y oportunas acciones de beneficio social, con énfasis en la persona, en específico, atendiendo las necesidades urgentes con la finalidad de coadyuvar a cerrar la brecha que divide a los más necesitados de quienes tienen las condiciones para conseguir sus satisfactores.

Uno de los principales compromisos de este gobierno es la puesta en marcha de una importante política de combate a la pobreza y a la desigualdad, erradicando el uso clientelar de los programas y con ello la corrupción que perjudica a los más necesitados.

De esta manera, la presente iniciativa busca robustecer las facultades que actualmente tiene el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), para dotarlo de mayor capacidad de operación, especialmente para el otorgamiento de los recursos que se ministren por medio de la política social de bienestar, así como desarrollar capacidades para ampliar su oferta de productos y servicios en condiciones equitativas para quienes no han tenido acceso a servicios financieros formales o éstos sean limitados. Asimismo, se pretende establecer el marco regulatorio aplicable y necesario para que BANSEFI, pueda estar legitimada para operar como una institución fiduciaria ad hoc al actual modelo económico, financiero y político, y que pueda participar como institución fiduciaria en operaciones de emisión de certificados bursátiles de emisoras privadas y públicas.

Actualmente, BANSEFI, de conformidad con el artículo 3 de su ley orgánica, debe realizar funciones de banca social, teniendo por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión al sector al que atiende, ofrecer instrumentos y servicios financieros; así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el sano desarrollo económico nacional y regional de dicho sector.

Para asegurar que BANSEFI se posicione como una institución que realice funciones de banca social con una mayor participación en su mercado económico para generar y captar recursos, es y será conveniente modificar su objeto, atribuciones, así como la denominación de la institución a Banco del Bienestar, a fin de que el sector al que atiende la identifique con dicha función social. La proyección que se espera con esta reforma es que el Banco contribuya a generar un desarrollo económico con equidad en el país al proveer productos financieros integrales que atiendan con eficacia los factores que propicien la inclusión financiera y el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo; de igual manera, se establecerán políticas de fortalecimiento en las operaciones propias de una Banca social, con participación en el mercado para crear recursos propios por servicios inherentes a su objeto. Para ello, el Banco del Bienestar generará productos y servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, al tiempo que continuará la labor de fortalecimiento del ahorro y el crédito, principalmente dirigidos al segmento de población de menores ingresos, así como a través de la educación financiera. 

Es entonces que, para la realización y consolidación de una política integral de bienestar, ésta se debe soportar en instituciones jurídicamente sólidas y que armonicen no solo con lo que las dependencias de la Administración Pública Federal establecerán como programas y apoyos para los más necesitados, sino también, que se adecue a la esencia y visión global de toda una política nacional cuyo objetivo principal sea, el de erradicar la pobreza y la marginación en todas y cada una de las regiones del país.

En primer término, se propone el cambio de denominación de la institución a fin de que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se le denomine Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con el fin de que cuente con mayor posicionamiento entre la sociedad, armonice en su labor con la esencia y visión de toda una política integral de carácter social y para que de su sola mención, exista una identificación de su labor, con la finalidad de constituirse en una herramienta financiera para las y los mexicanos, particularmente, quienes requieren de los servicios de la banca social.

Esto es, el Banco del Bienestar debe ser una Institución confiable e innovadora de Banca Social que eleve el nivel de bienestar de los mexicanos mediante servicios e instrumentos financieros acorde a sus principales necesidades, siendo un medio eficiente para que pueda crear, directa o indirectamente, recursos generados por su propia actividad operativa para que apoye el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, al poder actuar como fiduciario en emisiones de certificados bursátiles fiduciarios para generar nueva inversión.

En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, incorpora la asignación de recursos para distintos programas sociales que fungirán como eje angular del Sistema de Bienestar Nacional. El otorgamiento de recursos de dichos programas será uno de los objetivos del Banco del Bienestar, ya que buscará eficientar la entrega de los apoyos económicos a través de nuevas tecnologías y procedimientos que garanticen la satisfacción y crecimiento de beneficiarios.

Para lograr lo anterior, el Banco del Bienestar tendrá como meta favorecer las condiciones de los beneficiarios en estado de vulnerabilidad, exclusión, discapacidad, marginación o incluso discriminación, lo cual redundará en un beneficio extensivo para el país, aminorando factores que han propiciado fenómenos de desempleo, violencia e inestabilidad social. En esa medida, el Sistema del Bienestar debe ser entendido no sólo como un beneficio para la población vulnerable, sino que tiene un alcance general y profundo en toda la sociedad.

En ese sentido, el Banco del Bienestar regirá su actuación bajo los principios de transparencia, honestidad y honradez, mediante auditorías constantes, eficientes y eficaces, fortaleciendo las áreas de control y revisión, para cumplir con una exploración puntual del ejercicio de sus funciones, que garanticen la dispersión de los programas sociales y su proceso de actuación.

Una de las principales modificaciones al marco legal del ahora Banco del Bienestar, consiste en armonizar sus contenidos con una política nacional de combate a la pobreza cuyos esfuerzos serán encabezados desde la propia Secretaría del Bienestar, convirtiendo a esta banca de desarrollo en un valioso aliado e instrumento de otorgamiento de los recursos que serán puestos a disposición de quienes más lo requieren.

Para ello, dentro de las funciones consideradas para el Banco del Bienestar, se encuentran la ampliación sustancial en la capacidad de otorgamiento de recursos de programas sociales con el propósito de cambiar las condiciones de vida y emprender el desarrollo social que permita la superación de la pobreza, la estabilidad social y el crecimiento sostenido, de tal manera que el Banco del Bienestar se constituya en el principal conducto para la dispersión de apoyos de los programas sociales del Gobierno Federal a través de medios de pago modernos, con la capacidad y legitimidad para generar nuevos recursos y medios para la dispersión de esos fondos con tecnología de vanguardia.

Es importante mencionar que una política de bienestar requiere de estrategias que tomen en cuenta dos enfoques, el social y el económico, pues sólo así se podrán generar instrumentos que contribuyan a crear condiciones estructurales que mejoren la calidad de vida de los millones de mexicanos que se encuentran en situaciones de desventaja, creando nuevas oportunidades y siendo una institución incluyente en cuanto a la aceptación de un  nuevo tipo de operaciones bancarias o financieras, que apoyen, fortalezcan y cobren viabilidad con la participación del banco.

En este sentido, y a fin de lograr lo anterior, es menester que el Banco del Bienestar cuente con facultades, crecimiento estructural y herramientas que permitan facilitar el cumplimiento de sus objetivos, contribuyendo como un eslabón más en las estrategias del Estado para la implementación de políticas y programas sociales para el bienestar de los mexicanos.

En efecto, la implementación de una política de bienestar a través de servicios e instrumentos financieros, requiere asegurar que el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios de los diversos programas sociales se efectúe de manera directa, puntual y que se asegure la oferta de productos y servicios complementarios diseñados específicamente para dichos programas.

Por lo que, en ese sentido, el Banco del Bienestar contribuirá al logro de sus objetivos a través de la propuesta de acciones y políticas públicas para el fortalecimiento de la estrategia en materia de acceso a los subsidios y programas sociales, aunado a que utilizará toda su infraestructura para recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales, haciéndolos llegar de manera eficiente y transparente a la población objetivo, incidiendo a la vez en la inclusión financiera a través de una oferta amplia de servicios que contribuyan al bienestar de dicha población.

Así, por los motivos antes expuestos, se proponen en la presente iniciativa el cambio de denominación, ampliación de objeto, atribuciones y crecimiento estructural del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a fin de lograr los objetivos de una verdadera banca de desarrollo, permitiendo a diversos sectores de la sociedad adquirir los apoyos necesarios para elevar su desarrollo social y económico.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía el estudio, discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN la denominación de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para quedar como “Ley Orgánica del Banco del Bienestar” así como los artículos 1; 2, fracciones I y III; 3, párrafos primero y segundo; 4; 7, fracciones III, VII, X y XI; 8, fracciones II, XII y XIII; 8 BIS tercer párrafo; 17, fracciones I y III; 25 primer párrafo; 36, último párrafo, y se ADICIONAN las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 7; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 8, y un artículo 25 bis, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL BIENESTAR

CAPÍTULO I
Denominación, definiciones, objeto y domicilio.

Artículo 1.- La presente Ley rige al Banco del Bienestar, con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Ley: A la Ley Orgánica del Banco del Bienestar;

II. ...

III. Institución: Al Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo;

Artículo 3.- El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, realizará funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación en tecnologías financieras que procuren mejores condiciones a los usuarios, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades de los usuarios y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el sano desarrollo del Sector y en general, que la actividad del Banco tenga un impacto positivo en el desarrollo económico con equidad a nivel nacional y regional, proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector, así como dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades.

El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, podrá operar bajo cualquier nombre comercial.

...

Artículo 4.- El domicilio de la Institución será la Ciudad de México. Podrá establecer, clausurar o reubicar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, informando a la Secretaría. Tratándose del establecimiento de sucursales, agencias y oficinas en el extranjero, deberá contar con autorización de la misma.

Artículo 7.- La Institución, como banca social, con el fin de fomentar el desarrollo del Sector y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto estará facultada para:

I. a II. ...

III. Promover el desarrollo y adopción de tecnologías financieras y modelos de negocio financieros, bancarios o bursátiles de todo tipo e innovadores, la capacitación, la asistencia técnica para el incremento de la productividad y del bienestar de los integrantes del Sector, para lo cual podrá allegarse de los medios necesarios para tales fines;

IV. a VI. ...

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento, modelos de negocio innovadores, generación de ecosistemas financieros, bursátiles y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del Sector;

VIII. a IX. …

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector;

XI. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro, la inversión y la adopción de medios de pago modernos dentro de las comunidades indígenas, con apoyo del Sector;

XII. Operar, administrar, distribuir y reportar los recursos de programas sociales de dependencias y entidades de acuerdo con la normatividad aplicable, así como las reglas de operación respectivas;

XIII. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro del Sector;

XIV. Diseñar y ofertar productos de crédito, inversión y ahorro para el Sector, así como desarrollar modelos novedosos de los previstos en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, tanto para captación de nuevos recursos, como en su administración y dispersión;

XV. Suscribir convenios de coordinación en apego a la normatividad aplicable, para incluir servicios financieros de los programas y productos diseñados por la Institución, y

XVI. Difundir a través de sus programas de publicidad y propaganda, los productos financieros diseñados por la Institución.

...

Artículo 8.- Para el cumplimiento del objeto y la realización de los objetivos a que se refieren los artículos 3 y 7 anteriores, la Institución podrá:     

I. …

II. Establecer planes de ahorro y crédito, así como redes de tecnología financiera digital, que permitan la adecuada masificación de servicios financieros y el fomento a la captación de recursos;

III. a XI. Bis…

XII. Participar en el capital social de sociedades de inversión, así como de sociedades operadoras de éstas, y en el de sociedades distribuidoras de acciones, además de prestar el servicio de distribución de acciones a sociedades de inversión propias o de terceros;

XIII. Fomentar el crédito de consumo, considerando condiciones financieras óptimas que permitan tener alcance y apoyo para el Sector, con el fin de cumplir con la inclusión financiera y bajo las consideraciones que en su caso estime el Consejo Directivo;

XIV. Actuar como fiduciaria en fideicomisos emisores de certificados bursátiles en los términos de las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores;

XV. Recibir mandatos para administrar recursos de terceros, y

XVI. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o conexa que autorice y regule la Secretaría.

Artículo 8 bis.- …

También podrán realizar en la institución, los depósitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y, en general, los depósitos de garantía que deban constituirse conforme a las disposiciones de las leyes federales, y en su caso, la Ciudad de México o por órdenes o contratos de autoridades de la Federación, y en su caso, la Ciudad de México.

Artículo 17.-

I. Cinco consejeros propietarios que representarán a la serie "A" de los certificados de aportación patrimonial que serán:

a)…

b)…

II…

III. Dos consejeros con carácter de independientes designados de común acuerdo por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los consejeros propietarios de las series “A” y “B”. Los nombramientos de consejeros independientes deberán recaer en personas de nacionalidad mexicana que por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos.



Artículo 25.- El Director General tendrá a su cargo la administración y representación legal del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo; al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:

I. a XXXII. …

Artículo 25 bis.- El Director General, así como los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, podrán expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de las direcciones a su cargo.

Artículo 36.-…

...

Tratándose de los financiamientos que tengan por objeto proveer de liquidez a las Entidades de Ahorro y Crédito deberán quedar garantizados por el fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular y cuya administración estará a cargo de la Institución. El Consejo Directivo determinará en cada caso, las características de las garantías que las Entidades tendrán que otorgar.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modificará el Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, a fin de armonizar la presente reforma.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos necesarios para el crecimiento y modernización del Banco del Bienestar con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, sujeto a Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la disponibilidad presupuestaria aprobada para ese efecto por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como a las ampliaciones y adecuaciones necesarias al Presupuesto asignado al Banco del Bienestar para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando éste u otros decretos, códigos, leyes, reglamentos o disposiciones jurídicas emitidas con anterioridad al presente Decreto, así como todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la Institución, hagan referencia al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se entenderá la remisión al Banco del Bienestar.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Jesús Encinas Meneses.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Encinas Meneses. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2o., 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2o., 27, 53, 73, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Está cerca de concluir la segunda década del siglo XXI, y aún persisten las deudas para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Se ha glorificado el pasado arqueológico, hacemos alarde de la enorme riqueza que nos han legado la diversidad cultural, el arte indígena, su sabiduría ancestral, sus conocimientos de la medicina tradicional y el respeto a la naturaleza.

A pesar de su enorme relevancia, sigue pendiente de superar la marginación, desigualdad y discriminación histórica actual y cotidiana de que son objeto.

También por la falta de acceso a servicios públicos de calidad y a la vez exclusión en los procesos de desarrollo y obra pública que afectan sus tierras y territorios.

No se les reconoce como sujetos de derecho público, tienen dificultad para acceder a la jurisdicción del Estado y subsiste el incumplimiento de sus derechos como pueblos y municipios indígenas, todo esto atenta contra su patrimonio natural y cultural: lenguas, tradiciones y costumbres, así como los elementos de su identidad.

En el discurso siempre se ha culpado a los propios indios de su situación o son los otros los responsables, los conquistadores, los evangelizadores, los criollos, los hacendados, los oligarcas, los caciques, los líderes, los políticos nacionalistas y desarrollistas.

Se ha pretendido erradicar la diversidad cultural y poner la lengua castellana, así como un solo Dios. Y a pesar de ello los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes están aquí. Durante siglos han aportado al patrimonio de la nación su fuerza de trabajo, sus recursos y sus cosmovisiones, también en todos sus idiomas reclaman sus derechos, defienden sus tierras y territorios y sus culturas.

No podemos negar que ha habido avances en los últimos 30 años.

El 1 de enero de 1994, el mundo se sorprendió con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que puso sobre la mesa el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas, decretándose un alto fuego con la instalación de las mesas de diálogo de San Andrés que dio como resultado la ley Cocopa.

El 5 de diciembre de 2000, se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional que incluía de manera íntegra los Acuerdos de San Andrés.

El artículo 2o. de la Constitución, aprobado en el año 2000, es producto de un largo proceso evolutivo de los derechos indígenas con orígenes en el exterior y en el México más profundo.

El Convenio 169 de la OIT, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los Acuerdos de San Andrés, los esfuerzos de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, son elementos indispensables en la configuración del artículo 2o. constitucional.

Pero a casi 18 años de su aprobación es tiempo de revisarlo y adecuarlo con los criterios más avanzados en la materia; y a la luz de los nuevos instrumentos y estándares acordados en materia de derechos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras.

Por ello, presento la siguiente iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 2o., 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos.

Uno. Entre ellos pretendemos reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Dos. Regular el derecho a la auto adscripción para fomentar que todos los demás derechos sean efectivamente realizables.

Tres. Fortalecer la libre determinación y autonomía en un contexto de interdependencia con el resto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Cuatro. Garantizar los derechos de los indígenas migrantes, pues en la actualidad uno de cada tres indígenas viven en las ciudades, es decir, si se considera que la población indígena alcanza los 25 millones de personas, entonces, más de ocho millones viven en zonas urbanas.

Cinco. Proteger los derechos lingüísticos establecidos y/o las obligaciones de fomento y garantía para todos los órdenes de gobierno.

Seis. Establecer la concurrencia de facultades en la materia para evitar leyes generales en materia de derechos de los pueblos indígenas que terminen con la disparidad, normatividad que existe actualmente.

Siete. Tierras y territorios, se propone la modificación del artículo 27 constitucional para crear un régimen social de tenencia de la tierra ex profeso para los pueblos y comunidades indígenas, así como los que lo deseen constituir.

Ocho. Derechos políticos, se propone la creación de municipios indígenas en los cuales se elegirá a sus autoridades de conformidad con sus sistemas normativos.

Nueve. Reconocer y fortalecer el aumentar el derecho a la consulta. Este derecho está parcialmente regulado en la Constitución y ello ha provocado que su garantía sea prácticamente nula sin acudir al juicio de amparo.

Diez. Transferencias presupuestales, siendo reconocidos como sujetos colectivos de derecho, los pueblos indígenas pueden obtener recursos presupuestales para el desarrollo de suspropias prioridades, acceder a programas gubernamentales y recibir subsidios.

Once. Fortalecimiento de los derechos en general, se fortalecen otros derechos como el educativo, salud y medio ambiente, así como el acceso a los recursos naturales.

Doce. Reconocer la existencia del pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran garantizando el ejercicio de sus derechos colectivos. Asimismo, les reconoce el carácter de sujetos de derecho con personalidad jurídica.

Ya no hay otros culpables, somos nosotros los legisladores de 2019 quienes podemos hacer las reformas necesarias para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Hoy que celebramos el Centenario de la muerte de Emiliano Zapata, me parece que es un buen día para que este Senado de la República reconozca plenamente sus derechos.

El desagravio está aquí en nuestras manos, aquí y ahora.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Raúl Bolaños, por favor.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Reconocer la iniciativa de mi amiga Xóchitl Gálvez. Reconocerle por esa lucha que ha hecho durante su vida por los pueblos originarios.

Y originario, un servidor, de un estado donde convergen más de 18 etnias que albergan más de un millón de indígenas, solicitarle me permita adherirme a dicha iniciativa junto con mis compañeros del PVEM.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se adhieren a su iniciativa los Senadores Vanessa Rubio, Susana Harp, Gama, Moya, Nadia Navarro, Indira Kempis, Maceda, Fócil, Rocha, Ifigenia, María Merced González, Damián Zepeda, Alejandra Noemí Reynoso, Mancera y Zamora Gastélum y todo el grupo parlamentario del PRI. Si lo tiene a bien, pasaría la Secretaría de Servicios Parlamentarios a recabar sus firmas. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en materia de enriquecimiento de alimentos con ácido fólico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Américo Villarreal Anaya: Muchas gracias. Con su venia, Senadora Presidenta. Buenas tardes compañeros.

En los últimos años se ha observado que la deficiencia moderada de algunas vitaminas y minerales se presenta en varias regiones del mundo entre una proporción elevada de individuos. Generalmente, las consecuencias de dichas deficiencias no son evidentes desde el punto de vista clínico, sin embargo, son importantes en la funcionalidad de los individuos y se manifiestan en un retraso en el crecimiento, una mayor susceptibilidad a padecer enfermedades o en una disminución de la capacidad neurocognitiva.

Por ello, desde el 2002, la Secretaría de Salud elaboró programas para promover la adición de nutrimentos a las harinas de trigo y de maíz procesadas industrialmente. Su objetivo primordial, era restaurar las vitaminas y los minerales que se pierden durante el procesamiento de los granos y la obtención de las harinas.

Por ejemplo, uno de los nutrientes que pueden ser adicionados a los alimentos sería el ácido fólico, cuya forma sería la sintética del folato, vitamina hidrosoluble del grupo de la vitamina B.

El folato tiene varias funciones en el cuerpo:

Ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular.

Trabaja para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas.

Ayuda a la formación de los glóbulos rojos.

Ayuda a producir ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que transporta información genética.

Sus funciones son amplias y beneficia a hombres y mujeres de cualquier edad, protege las células sanas, previene un tipo de anemia, contribuye a controlar la hipertensión, interviene en la formación del sistema nervioso, es beneficioso para el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia, reduce las probabilidades de padecer cáncer de colon, cáncer de cuello uterino y, en algunos casos, cáncer de seno.

Sin embargo, adquiere mucha mayor importancia para las mujeres en edad fértil y para las embarazadas, ya que, protege al futuro bebé de presentar mal formaciones como ausencia de todo o parte del cerebro, espina bífida, hendidura del labio y el paladar, entre otras, también disminuye las posibilidades de dar a luz un bebé prematuro y de bajo peso.

Estas dos son las razones más importantes para adicionar nutrimentos a los cereales: la primera tiene que ver con la restauración de los nutrimentos que se pierden durante el proceso de molienda de los granos. La segunda consiste en la utilización de los cereales como vehículo para aumentar el consumo de uno o varios nutrimentos, cuya deficiencia es reconocida en la población en general, o bien, en un segmento importante de ella.

Los gobiernos de diversos países, Estados Unidos, Canadá, Chile, Reino Unido, han hecho obligatoria la fortificación de la harina de trigo con ácido fólico, como principal ingrediente empleado en variedad de alimentos de consumo cotidiano como el pan, las galletas y los cereales.

El estándar de enriquecimiento de harina de maíz y trigo en México, que se ha llevado desde 2010, representa un importante componente junto con otras acciones nutricionales nacionales. Sin embargo, la norma no se hace cumplir correctamente dado que las supervisión es incompleta.

La nueva norma, que hoy proponemos, debe de asegurarse con datos cruciales cómo debería de supervisarse y aplicarse externamente el estándar sobre este enriquecimiento.

El nuevo gobierno tiene una importante oportunidad para reformar el sistema de supervisión, control y seguimiento asegurando que se materialicen completamente los potenciales benéficos de esta medida.

La iniciativa de ley que presentamos, busca establecer la obligatoriedad del enriquecimiento de las harinas de mayor consumo en nuestro país, maíz, harina y arroz, y que se establezcan nuevas o se reformen las anteriores Normas Oficiales con el propósito de reducir o eliminar las enfermedades congénitas principalmente.

Entre otras, que por esta deficiencia, se presentan entre nuestros ciudadanos, sobre todo, con la intención de proteger a nuestras futuras generaciones.

Estimados compañeros, creo que esta es una medida realmente costo-efectiva en el ámbito de la salud pública en donde el adicionar este nutrimento, ácido fólico, a las harinas que consumen en forma importante la mayoría de nuestra población pueda suplementarlo y de esta forma evitar que se presenten los padecimientos a los que he hecho referencia y, sobre todo, lo que seguramente todos hemos escuchado, la oportunidad de cada vez tener menor número de nacimientos con problemas del desarrollo neurológico.

Espero que podamos contar con su apoyo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senador Américo Villareal.

Sonido a su escaño de la Senadora Margarita Valdez, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Para adherirme a la muy buena propuesta de fortalecer las harinas aquí en México.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se adhieren a la inicitiva los Senadores Gutiérrez Castorena, Mancera, Rocha, Peralta, Luévano, Ostoa y todo el grupo parlamentario del Partido Morena se quieren adherir a la propuesta del Senador Américo Villarreal. Si usted lo tiene a bien.

Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe la firma de todos los que nos queremos adherir. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 y adiciona el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de maternidad en prisión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Nestora Salgado García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

De acuerdo con el último Informe Especial sobre las hijas e hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son lamentables e inaceptables las condiciones y el trato que el Estado mexicano brinda a las hijas e hijos de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios.

En dicho informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reitera a los tres niveles de gobierno, su preocupación sobre la ausencia de políticas públicas que hagan efectivas las disposiciones jurídicas para que se garantice la atención de las necesidades de niñas y niños que se encuentran con sus madres en centros de privación de libertad, y se privilegien la prestación de los servicios y la vigencia del principio de interés superior de la infancia.

Asimismo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, ha documentado violaciones permanentes y sistemáticas a los derechos humanos de hijas e hijos de mujeres privadas de su Iibertad, entre las que destacan principalmente, las deficiencias en materia de alimentación, condiciones de estancia, trato digno, salud, educación, recreación entre otros.

En este contexto, es importante recordar que las mujeres representan el 5.2  por ciento del total de personas privadas de su libertad, ya sea como personas procesadas o sentenciadas, en el fuero federal y común a nivel nacional, es decir, añade el número total de mujeres privadas de su libertad, del total de población femenina en centros de privación de libertad, 88  por ciento son madres, de ahí que haya sido posible contabilizar aproximadamente, hasta 600 niñas y niños viviendo con sus madres en prisión.

Este dato adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en México, proceden mayoritariamente de clases bajas y marginales, con escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional.

De ahí la necesidad de incorporar nuevas figuras en nuestro marco legal que nos permitan realmente priorizar y garantizar el interés superior de la infancia que se encuentra en esas condiciones de particular vulnerabilidad.

En este contexto, garantizar el respeto a los derechos humanos de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios constituye una obligación inevitable y que no se puedan desproteger.

Por ello propongo a esta Asamblea una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de que las autoridades penitenciarias garanticen que las hijas e hijos que viven con sus madres, puedan realizar conjuntamente y de manera semanal sus actividades educativas, culturales, deportivas y familiares al exterior de los centros penitenciarios.

Asimismo, propongo adicionar un supuesto para sustituir la pena privativa de la libertad, cuando la persona sea mujer y esté embarazada o tenga hijas o hijos menores de 12 años, a efecto de privilegiar el interés superior de la niñez.

Promover la cohesión del núcleo familiar y garantizar que las niñas y niños puedan desarrollarse plenamente en un entorno alejado de los centros de privación de libertad.

Concluyo no sin antes señalar que estas propuestas tienen como sustento el trabajo y el diagnóstico de importantes organizaciones de la sociedad civil que apoyan y acompañan a madres e infantes en esta situación y que también buscan un objetivo esencial, contribuir y garantizar al libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños en contextos más apropiados a su edad.

Muchísimas gracias por su atención.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Salgado García.

Se suman los Senadores Patricia Mercado, Citlalli Hernández, Indira Kempis, Malú Micher, Blanca Piña, Martha Guerra, Gloria Sánchez, Américo Villarreal, Jesusa Rodríguez, Lupita Covarrubias, Ricardo Ahued, Aníbal Ostoa, Cecilia, todo el grupo parlamentario del Partido Morena. Si lo tiene a bien, Senadora, pasarán a recabar las firmas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora María Merced González González, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de prohibición de uso de residuos sólidos urbanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

(Presentada por la Senadora María Merced González González, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora María Merced González González: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La de la voz, María Merced González González, Senadora de la República por el estado de Hidalgo, vengo a presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, la presente iniciativa que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Pero antes permítanme hacer un comentario a título personal.

Esta es la primera ocasión en la que ocupo un cargo de elección popular, y es un honor para mí compartir este recinto legislativo con ustedes compañeras y compañeros Senadores.

Fue una problemática ambiental en mi comunidad Maney, en el municipio de Huichapan, Hidalgo, la que me llevó a dejar la tranquilidad de la vida privada para involucrarme en algunas problemática sociales que afecta a la región, principalmente en temas ambientales.

Ahora ocupo un escaño en el Senado de la República y desde esta tribuna seguiré apoyando temas de índole ambiental, porque creo en las luchas ambientales y sostengo que un medio ambiente sano es clave para desarrollarse con amor y respeto hacia todos los seres vivos.

Por eso, compañeras y compañeros presento esta iniciativa.

La problemática del plástico ya es muy severa, la producción de plástico se ha disparado exponencialmente en los últimos 50 años, sólo en los últimos diez se ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad y la mayoría de los productos que se fabrican están diseñados para ser desechados después de un solo uso.

Los datos son alarmantes, sólo en 2016, la producción total de plástico alcanzó los 335 millones de toneladas. A esta cantidad hay que sumarle las fibras sintéticas que se usan en la ropa, cuerdas y otros productos que de forma conjunta representaron 61 millones de toneladas ese mismo año.

Se calcula que en ecosistemas marítimos, cerca de 700 especies, incluidas algunas en peligro de extinción están siendo afectadas por la presencia de los plásticos en su hábitat.

En muchas especies el daño es visible, pero los investigadores creen que en muchas otras no es posible identificarlo fácilmente, pues se ha demostrado que pueden afectar desde el plantón hasta las ballenas.

La iniciativa propone incorporar a la Ley el concepto de Residuos Sólidos Urbanos, a los que identifica como aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, entre otras.

También se amplían las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas para formular y ejecutar las acciones pertinentes dirigidas a prohibir los productos sólidos, urbanos de un solo uso.

La iniciativa establece que la Federación podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios asuman la facultad de prohibir el uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en cualquier variedad de plástico que están diseñados para usarse una sola vez.

Y propone que la utilización de agentes biodegradables deberá considerarse como criterio para la prevención y control de la contaminación del suelo.

Desde el grupo parlamentario de Morena, estamos decididos a actuar contra aquello que dañe nuestro planeta, en este caso, contra la contaminación que ha provocado el uso desmedido de plásticos de un solo uso que han afectado la flora y fauna del planeta.

Necesitamos girar hacia una percepción plenamente sustentable de las políticas, para que efectivamente las generaciones futuras no paguen las consecuencias de lo que hoy estamos dejando de hacer.

Esta iniciativa trata de abonar en ese sentido.

Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros Senadores.

Señora Presidenta, le solicito respetuosamente que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

Quienes suscriben, María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Argumentación

La producción de plásticos ha crecido exponencialmente en los últimos 50 años. Sólo en la última década se ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad y la mayoría de los productos que se fabrican están diseñados para ser desechados después de un solo uso.

Los datos son alarmantes: en 2016 la producción total de plástico alcanzó los 335 millones de toneladas, a lo que se suman las fibras sintéticas que se usan en la ropa, cuerdas, u otros productos que de forma conjunta representaron 61 millones de toneladas ese mismo año. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980.1

De 1950 a la fecha se han fabricado alrededor de 8,3 mil millones de toneladas de plástico, lo que equivale al peso de aproximadamente mil millones de elefantes. Tan sólo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. Además, se calcula que en nuestro planeta se utilizan cada año cinco billones de bolsas de plástico y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto, de las cuales casi 70% se quedan en el medio ambiente y más de 13 millones llegan al mar cada año.2

Uno de los ambientes más contaminados por los residuos plásticos es el marítimo. Si bien en la superficie marina se puede percibir una cantidad inmensa de estos materiales, únicamente representan el 15% del total, pues se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas de los océanos, a más de 10 mil metros de profundidad.3

Además, se calcula que cerca de 700 especies, incluidas algunas en peligro de extinción, han sido afectadas por los plásticos en el mar. En este entorno, los microplásticos son los elementos más dañinos. Estas nano partículas son fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros4 y que ya forman parte de la cadena alimenticia del ser humano.

Estudios científicos prevén que para mediados del presente siglo los océanos contendrán más desechos plásticos que peces, una de las estimaciones estadísticas más citadas es que la proporción será tonelada por tonelada.5

El daño que causan los plásticos de un solo uso es exponencialmente desproporcionado con los beneficios que nos aportan, además su tiempo de vida útil es de apenas minutos y el tiempo que tardan en desintegrarse puede ser de cientos a miles de años.

Todo lo anterior ha motivado a la Organización de las Naciones Unidas a encabezar la lucha contra la basura marina a través de la campaña Mares Limpios, que insta a los gobiernos a aprobar políticas de reducción de plásticos; alienta a la industria a minimizar los empaques de plástico y rediseñar los productos; y pide a las personas que cambien sus hábitos de consumo antes de que se produzcan daños irreversibles en nuestros mares.6

Además, diversas organizaciones no gubernamentales como Greepeace, han propuesto diversas soluciones para contrarrestar el cambio climático como prohibiciones y limitaciones gubernamentales con respecto a los productos o actividades con plásticos innecesarios o perjudiciales; así como, medidas legislativas que incluyan objetivos de reutilización; para que empresas y fabricantes se responsabilicen de los daños que causa el plástico en el medio ambiente y se les obligue a responder de todo el ciclo de vida y los costes reales de los productos.7

Alrededor del mundo diversos países ya han tomado las acciones legislativas que se muestran a continuación:

PAÍS

LEGISLACIÓN

 

Argentina

En Argentina, el uso de bolsas plásticas se encuentra prohibido en la legislación provincial de las siguientes provincias:
1.Neuquén8
2.Río Negro9
3.Chubut10
4.Buenos Aires 11

 

Dinamarca

En 1993, Dinamarca fue el primer país que introdujo un impuesto sobre las bolsas de plástico. Actualmente, una bolsa cuesta aproximadamente 40 céntimos y parte de dicho importe se va a impuestos, pero los supermercados también obtienen un beneficio. El incremento del costo de las bolsas plásticas ha reducido la venta de bolsas en más de un 40% a lo largo de los últimos 25 años. 12

 

España

El 10 abril del 2018, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordó aprobar la Proposición no de Ley sobre la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Como consecuencia, el gobierno deberá impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir, con fecha de efectos de 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico, estableciendo que, estos productos deberán ser fabricados al menos en un 50% con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de patata y a partir del 2025, en al menos el 60%.13

 

Estados Unidos De América

 

 

Actualmente, en el país no existe una legislación federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional; siendo esta materia regulada a nivel estatal o local. En 2014, California se convirtió en el primer Estado de Estados Unidos de América en prohibir las bolsas plásticas de un solo uso en todo su territorio; y a través de los años se han sumado cada vez más Estados para aplicar esta medida.14

Por otra parte, otros Estados han optado por cobrar cuotas por el uso de bolsas plásticas y en otros casos prohibirlas y además cobrar una cuota por el uso de bolsas de papel.15

 

Francia

En el marco de la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde adoptada en 2015, Francia se convirtió en pionero global con su veto a los desechables de plástico. Una extensión de la ley ya mencionada establece que para el año 2020 toda vajilla desechable debe ser fabricada con al menos el 50% de materiales biológico; para 2015 la cifra deberá aumentar al 60%. 16

 

Irlanda

En el año 2002, Irlanda se convirtió en el primer país en implementar un impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas.  Este gravamen, tuvo como consecuencia la caída del 90% en el uso de bosas de platico y genero $9.6 millones para un fondo verde que apoya proyectos ambientales.17

Desde el 2013, este impuesto también se aplica en Irlanda Del Norte y se denomina “carrier levy”; y se aplica a todos los consumidores que al momento de realizar su compra adquieran una bolsa plástica para un solo uso. 18

 

Reino Unido

En el 2015, se promovió una norma que obliga a cobrar una cuota por las bolsas de plástico, esto logro reducir su uso en Inglaterra en más de un 80% el primer año. Por otra parte, en el 2018 dio un gran paso en la lucha de la contaminación de los ecosistemas marinos, al prohibir el uso de los micro plásticos en la producción de cosméticos y productos de aseo personal.

Estas minúsculas partículas de plástico, de menos de cinco milímetros de diámetro, se utilizan en la elaboración de productos como cremas exfoliantes, geles de ducha y pastas dentífricas. Toneladas de ellas acaban en los mares, donde causan daños a la fauna y flora, y llegan incluso, en última instancia, a ser ingeridos por seres humanos.19

Ante la gravedad de los efectos contra el medio ambiente, diversas entidades federativas en México han actuado frente a este problema, rechazando el plástico y buscando el reemplazo de éste por materiales biodegradables. Este es caso de Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, donde ya existe legislación para regular estos productos altamente contaminantes:20

 

FECHA

LEGISLACIÓN

Veracruz

Mayo de 2018

Aprobó una reforma a la Ley Estatal de Residuos Sólidos para disminuir el uso de popotes y plásticos en territorio estatal 21 con el objetivo de frenar el daño ambiental a los cuerpos de agua y a la fauna marina.

Nuevo León

22 de diciembre de 2017

Presentan iniciativa de reforma por modificación del Capítulo IV del Título IV, y por adición de los artículos 168 Bis y 168 Bis I, de la Ley de Ambiental del Estado de Nuevo León, fue presentado por el Diputado Felipe Hernández, a partir del 25 de enero de 2020, en la cual queda prohibida la venta, dádiva y uso de popotes de polietileno, polipropileno y polímero de plástico

Baja California Sur

18 de julio de 2018

El Congreso del Estado de Baja California Sur, se aprobó por unanimidad de votos, las reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, el cual establece la eliminación del uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido, así como de popotes plásticos en establecimientos de la entidad.

Guerrero

19 de marzo de 2019

Aprueban reformas a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, que prohíben a los establecimientos comerciales el uso de bolsas de plástico y la entrega al consumidor de envases poliestireno expandido, popote, cucharas y vasos.

Chihuahua

30 de agosto de 2018

El Congreso prohibió el uso de popotes plásticos en restaurantes de la entidad, mediante reforma a la Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Oaxaca

16 de marzo de 2019

Probaron la entrada en vigor la reforma al artículo 16 que prohíbe el uso de unicel en locales comerciales.22

Sonora

30 de septiembre de 2018

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático presentó una reforma de ley para prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico por parte de cualquier tipo de establecimiento. Las sanciones que se manejarían por romper la regla irían desde 50 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización diarias (UMA).23

Yucatán

15 de enero de 2019

El gobierno estatal envió al Congreso Local la iniciativa de modificación de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos, la cual contempla la disminución y eliminación gradual del uso de bolsas y popotes de plástico.24

Coahuila

17 de diciembre de 2018

Aprobó una reforma para restringir la venta, facilitación y obsequio de bolsas y popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.25

Los ecosistemas de México se han deteriorado significativamente debido a la presencia de residuos plásticos y es una problemática de orden público que nos compete a todos los ciudadanos, no sólo a través de la prevención sino de la acción.

Así, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos decididos a actuar contra todo aquello que dañe nuestro planeta, en este caso, contra la contaminación que ha provocado el uso desmedido de plásticos de un solo uso que tanto han afectado la flora y fauna del planeta.

II. Contenido de la iniciativa

Reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

• Se propone incorporar a la Ley el concepto de Residuos Sólidos Urbanos, a los que identifica como aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

• Se amplían las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas para formular y ejecutar las acciones pertinentes dirigidas a prohibir los productos sólidos urbanos de un solo uso.

• Se establece que la Federación podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios asuman la facultad de prohibir el uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en cualquier variedad de plástico que están diseñados para usarse una sola vez, tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de poliestireno expandido.

• Se propone que la utilización de agentes biodegradables deberá considerarse como criterio para la prevención y control de la contaminación del suelo.

Reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

• Establecer que será objeto de sanción el incumplir, durante el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, las disposiciones previstas por la Ley y la normatividad derivada de ella. 

Con el propósito de exponer de forma clara los alcances de la iniciativa, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 3o.-

I.- a XXXIII. …

Sin correlativo

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV.- a XXXIX.- …

ARTÍCULO 3o.-

I.- a XXXIII. …

XXXIII Bis.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;

XXXIV.- a XXXIX.- …

ARTÍCULO 5o.-

I.- a XX.- …

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y

 

XXII.- …

ARTÍCULO 5o…

I.- a XX.- …

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la prohibición de productos sólidos urbanos de un solo uso.

XXII.- …

ARTÍCULO 7o.-

I.- a XX.- …

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y

 

XXII.- …

ARTÍCULO 7o.-

I.- a XX.- …

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la prohibición de venta, dádiva y uso de productos plásticos sólidos de un solo uso.

XXII.- …

ARTÍCULO 11.-

I.- a VII.- …

Sin correlativo

 

 

 

 

VIII. a IX. …

ARTÍCULO 11.-

I.- a VII.- …

VII Bis. La prohibición de uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en cualquier variedad de plástico que están diseñados para usarse una sola vez, tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de poliestireno expandido;

VIII. a IX. …

ARTÍCULO 134.-

I. a II. …

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

IV. a V. …

ARTÍCULO 134.- …

I. a II. …

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas, así como la utilización de agentes biodegradables y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

IV. a V. …

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- …

I. a XI. …

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y

XIII. …

Artículo 1.- …

I. a XI. …

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, tendientes a beneficiar al medio ambiente.

XIII. …

Artículo 106.-

I.  

II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, las disposiciones previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud;

 

III. a XXIV. …

Artículo 106.-

I.  

II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, así como de los residuos sólidos urbanos, las disposiciones previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud;

III. a XXIV. …

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5o., fracción XXI; 7o., fracción XXI, y 134, fracción III; y se adicionan la fracción XXXIII al artículo 3o. y la fracción VII Bis al artículo 11, todos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.-

I.- a XXXIII. …

XXXIII Bis.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;

XXXIV.- a XXXIX.- …

ARTÍCULO 5o…

I.- a XX.- …

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la prohibición de productos sólidos urbanos de un solo uso.

XXII.- …

ARTÍCULO 7o.-

I.- a XX.- …

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la prohibición de venta, dádiva y uso de plásticos sólidos urbanos como son

XXII.- …

ARTÍCULO 11.-

I.- a VII.- …

VII Bis. La prohibición de uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en cualquier variedad de plástico que están diseñados para usarse una sola vez, tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de poliestireno expandido;

VIII. a IX. …

ARTÍCULO 134.- …

I. a II. …

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas, así como la utilización de agentes biodegradables y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

IV. a V. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán considerar un plazo preventorio para que, en el año 2021, esté prohibido generar plásticos de un solo uso.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, fracción XII del artículo y 106, fracción II, ambos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1.- …

I. a XI. …

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, tendientes a beneficiar al medio ambiente.

XIII. …

Artículo 106.-

I.  

II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, así como de los residuos sólidos urbanos, las disposiciones previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud;

III. a XXIV. …

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Suscriben

Sen. María Merced González González.- Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila.

1GREENPEACE, Datos sobre la producción de plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en:
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/

2 GREENPEACE, Un millón de acciones contra el plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en:
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf

3 Ibidem.

4 SEMARNAT, Océanos Inundados de plásticos, [En línea] [Fecha de publicación: 25 de julio de 2018] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-inundados-de-plastico

5 NATIONAL GEOGRAPHIC El 91 por ciento del plástico que se fabrica no se recicla, [En línea] [Fecha de publicación: 05 de junio de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.nationalgeographicla.com/planeta-o-plastico/2018/06/el-91-por-ciento-del-plastico-que-se-fabrica-no-se-recicla

6 UNITED NATIONS, Día Mundial del Medio Ambiente [En línea] [Fecha de publicación: 05 de junio de 2018] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/environmentday/action.shtml

7 GREENPEACE, Un millón de acciones contra el plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf

8 LEY 2569. Provincia de Neuquén, 2008. [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2HYfmTg

9 LEY Nº 4417. Boletín Oficial, Provincia de Río Negro [En línea] [Fecha de publicación: 4 de junio de 2009] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2U0fedj

10 DECRETO 679-10. Provincia de Chubut, Negro [En línea] [Fecha de publicación: 21 de mayo de 2010] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2U2MArV

11 LEY 13868. Provincia de Buenos Aires, [En línea] [Fecha de publicación: 1 de octubre de 2009] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2uuWVxL

12 GUNN, KAREN, Así ha logrado Dinamarca reducir el uso de bolsas de plástico. [En línea] [Fecha de publicación: 22 de mayo de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2YxvrFt

13 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, España, [En línea] [Fecha de publicación: 7 de mayo de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2CHnZyj

14 NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES. State plastic and paper bag legislation. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2UfKxQB

15 NACE, TREVOR, List of every city in the US to ban plastic bags. FORBES, [En línea] [Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2FCFQ9Y

16 EASTAUGH, Sophie, Francia, el primer país que prohíbe los platos y vasos de plástico. CNN, [En línea] [Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2016] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://cnn.it/2K1bfJ1

17 IRELAND DEPARTMENT OF ENVIROMENT, COMMUNITY AND LOCAL GOVERNMENT. Plastic Bags [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2YyQ8Ra

18 GOVERNMENT SERVICES. Carrier levy. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2U2IYpR

19 UK GOV. World leading microbeads ban comes into force. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
http://bit.ly/2UXOqXC

20 Excelsior, Medio país veta plásticos; proponen uso de materiales biodegradables, [En línea] [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medio-pais-veta-plasticos-proponen-uso-de-materiales-biodegradables/1303496

21idem.

22 IMAGEN, México está diciendo adiós a plásticos  y desechables con estas iniciativas, Dinero en Imagen , [En línea] [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-esta-diciendo-adios-plasticos-y-desechables-con-estas-iniciativas/108401

23 Xakata México, Ecología y Naturaleza [En línea] [Fecha de publicación: 25 de agosto de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/estos-estados-mexico-que-han-prohibido-uso-bolsas-plastico-popotes

24 El Universal, Estados, [En línea] [Fecha de publicación: 19 de enero de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-yucatan-busca-eliminar-uso-de-popotes-y-bolsas-de-plastico

25 Vanguardia MX, En Coahuila ponen fin a uso de bolsas y popotes de plástico [En línea] [Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en:
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-coahuila-ponen-fin-a-uso-de-bolsas-y-popotes-de-plastico-reforma-entraria-en-vigor-en-2020

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora González González. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, informo a ustedes que por Acuerdo de la Mesa Directiva, y a petición de los grupos parlamentarios se incluyó un apartado de efemérides para referirse al Centenario del Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.

Las intervenciones serán por cinco minutos, y en orden creciente de los grupos parlamentarios.

EFEMÉRIDE

Para iniciar, tiene la palabra la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Compañeras Senadoras y Senadores:

Recordamos hoy con mucha indignación aquel 10 de abril de 1919, cuando en Chinameca fue asesinado por el traidor Guajardo, uno de los mayores luchadores sociales que ha visto este país, Emiliano Zapata, Caudillo del Ejército Libertador del Sur, hijo pródigo de Morelos. El mayor defensor de los pequeños campesinos.

Aquellos artífices que con sus manos, su sudor, sus anhelos apenas sobreviven con el fruto de larguísimas horas de trabajo.

La sociedad está en deuda histórica con los campesinos, y pagar esa deuda es la única forma legítima de honrar la memoria del General Zapata.

Como dijera nuestro héroe: “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”. Así Zapata murió fiel a las convicciones que lo hicieron inmortal, y lo grabaron en la mente y el corazón de los campesinos y luchadores sociales.

Su legado fue tal que sus reivindicaciones libertarias se reflejaron en los principios de la reforma agraria.

Zapata es en gran medida la figura que encarna la ideología que nutre el reparto agrario. “La tierra es de quien la trabaja”, decía.

La Constitución recogió este sentir en el artículo 27 constitucional, reglamentado en 1920 y 1922, años en que se promulgaron la primera Ley de Ejidos, y el Primer Reglamento Agrario, respectivamente.

Estos instrumentos plantearon la redistribución de la propiedad rural y la integración del ejido mexicano.

Casi 100 años después del inicio del reparto agrario, la deuda con el campo sigue sin saldarse. Este país no tiene soberanía alimentaria, nos alimentamos de maíz estadounidense, de arroz y chile provenientes de China, importamos frutas chilenas, nosotros las hijas e hijos del maíz, herederos de culturas que crearon técnicas que revolucionaron la agricultura, hemos olvidado al pequeño campesinado, de ellos se ha burlado por décadas la clase política del período neoliberal, nombrando cultivos de subsistencia a quienes no producen lo que el capital requiere, concediéndoles limosnas como Solidaridad, Procampo, y otros programas que traicionaron los principios agraristas, y pusieron fin al reparto agrario en la década de 1990.

Clase política que permitió la ocupación de las tierras, antes por hacendados, y después por empresas extractivas que toman de la tierra sólo el valor mercantil para dejar tras su paso suelos muertos y contaminados, sin fertilidad para la vida.

Su ambición ahora es por el territorio, el agua, los recursos mineros y los bosques.

Por lo anterior, sostenemos letra a letra que si no hay justicia para el pueblo, que no haya justicia para el gobierno.

El reparto agrario es la deuda más grande de los poderosos para con los oprimidos. En México se han robado las sonrisas, las esperanzas y el porvenir del campesinado mediante acciones programáticas ideadas en los escritorios.

El asesinato teórico del campo, como diría Enrique Dussel, fue planeado y perpetrado por los gobiernos tecnócratas de funcionarios formados en el extranjero para los que la tierra es sucia y no merece ni mirarse, si no se trata de la gran industria agrícola de los cereales, las frutas y el azúcar que alimentan al mercado global, y que no contribuyen al sustento de la vida del pueblo que las produce y las merece, y que enriquecen a los coyotes que empacan y enlatan chatarra para los supermercados, convirtiendo a México en ese extraño país donde la obesidad convive con la desnutrición.

El agrarismo de Zapata, en la historia de México fue el gran reparto de tierras hecho verdad durante el gobierno del General Cárdenas, fue la lucha que levantó Jaramillo en los años 40’s, contra esos Guajardos instalados desde entonces nuevamente en el gobierno.

Fue el emblema de las tomas de tierras de los años 60’s y 70’s, fue el despertar de la lucha indígena dese los años 80’s del siglo pasado, con los 500 años de olvido.

Fue el corazón que revivió con el alzamiento en 1994, en Chiapas, y es todavía hoy la fuerza viva del México profundo que clama por seguir haciendo historia.

Compañeras y compañeros.

¡Hoy más que nunca, Zapata Vive!

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ávila Vázquez.

Tiene la palabra el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, y demás integrantes. Queridas Senadoras, Senadores. Medios de comunicación, y público presente. Muy buenas tardes a todas y a todos.

“Todo aquel que se sienta en la silla presidencial, tarde o temprano se corrompe. Voy a decir verdades, amargas, pero nada expresaré a ustedes que no sea cierto, justo y honradamente dicho”. Palabras de Emiliano Zapata.

Esta tarde para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es un honor dirigir unas palabras a esta Asamblea, en la fecha histórica de hoy en que recordamos a don Emiliano Zapata Salazar, en el Centenario de su asesinato.

Una fecha en la que más que hablar de su muerte, que si bien es el inicio de su mito y leyenda, es necesario hablar de su vida y del legado valioso que dejó a las y a los mexicanos con su ejemplo.

Sin El Caudillo del Sur es incomprensible el rumbo que tomó la Revolución Mexicana, ya que si bien la causa por la democracia era justa, la denuncia del atraso en que vivían las comunidades indígenas resignificó el movimiento y amplió la lucha por una democracia, ahora es horizontal.

Zapata fue impulsor de los valores más altos de las demandas agraristas, como son la justicia social, la libertad, la igualdad, la propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México.

Su lucha inició, como lo refiere el gran poeta Pablo Neruda: “Cuando arreciaron los dolores en la tierra y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos”. De esa forma su ascendente continúa vivo, no solo en el imaginario colectivo, sino en el Plan de Ayala el cual dio forma a muchas de las garantías sociales que tutelan nuestra norma suprema.

La lucha de Zapata visibilizó las demandas, pero también a las comunidades indígenas, a ese México profundo como lo llamó Bonfil Batalla y el cual se apropió de los valles, las ciudades y entidades donde el Ejército Libertador del Sur se hizo presente.

No imagino el asombro de las y los habitantes de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914, cuando los ejércitos de Villa y Zapata entraron triunfantes a esta capital, ese día las y los campesinos dejaron de ser negados y se sentaron en las mismas mesas y entraron a los mismos lugares donde antes se les impedía el paso, esos lugares donde su voz no tenía eco.

En aquel día, ambos caudillos entraron al Palacio Nacional y al contemplar la silla presidencial entendieron que la suya no era una lucha por los cargos políticos o por el poder, sino por la justicia. Por ello, el Caudillo del Sur es ejemplo de lucha, pero también de mesura y de templanza al momento de ejercer el poder; el suyo no fue un poder unipersonal, ya que si ello hubiera sido así, su lucha no sería válida ni tendría la significación que las y los mexicanos damos a su figura y su causa.

Su ejemplo ha calado hondo en las comunidades de todo México, está presente en la literatura, en la cultura y el arte; su mito ha traspasado las fronteras y ha fascinado a propios y extraños, como a Carlos Fuentes, Pablo Neruda o Gutierre Tibón.

Por lo anterior, a 100 años de su desaparición física, Zapata vive y mientras no hayamos resuelto las demandas de las comunidades indígenas, mientras haya atraso en el reparto agrario, mientras hombres y mujeres no tengan los mismos derechos de la propiedad y mientras haya comunidades explotadas en sus recursos naturales por las empresas nacionales o extranjeras, el legado de Zapata no estará cumplido.

Por ello tenemos que continuar trabajando para hacer letra viva el ejemplo del Caudillo.

Esta efeméride es recordatorio de su vida, pero también de la deuda con los principios de libertad y justicia que aún siguen vigentes.

“¡Zapata Vive y la lucha sigue!”

Muchas gracias

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Conejo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Señora Presidenta, compañeras y compañeros Senadores.

Hoy es un día importante para la historia de México, como dice mi compañero: “¡Zapata vive!”.

Vinieron los aztecas, su dura explotación y un humillante dominio, y Anenecuilco quedó.

Vino una nueva conquista, la de los blancos, sufriendo injusticias y explotación, y Anenecuilco quedó.

Vinieron las luchas por la Independencia, los días turbulentos del México independiente, y Anenecuilco quedó.

Vinieron los días turbulentos de México independiente, y Anenecuilco quedó.

Vino la época de la Reforma, y a pesar de que el pueblo luchó por ella sus leyes perjudicaron y fortalecieron a sus explotadores, y Anenecuilco quedó.

Vinieron leyes injustas sobre terrenos baldíos permitiendo nuevos despojos, y Anenecuilco quedó.

Vino un régimen dictatorial, el Porfiriato que se olvidó de los pueblos, y Anenecuilco quedó.

Vinieron diferentes gobiernos y partidos durante la Revolución, quisieron acabar con ellos y hoy continúan amenazando, y Anenecuilco quedó.

Por todo ello, la vida de este pueblo vio nacer un heroísmo sostenido a través de más de seis siglos de historia, Zapata es solo uno de sus momentos; el pueblo es su verdadero héroe, el hombre una simple expresión de aquel heroísmo.

La ambición de los hacendados quiso destruir al pueblo y el pueblo, en defensa propia, destruyó las haciendas. Esta es la explicación más sencilla y exacta que puede hacerse de la revolución zapatista.

Zapata es digno hijo de su gran padre: el pueblo.

Estos son extractos del relato de Zapata del escritor Jesús Sotelo Inclán, en su libro “Raíz y Razón de Zapata”. No puede ser más claro y más exacto y, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de gente. Pareciera que seguimos en una ruta similar muy parecida.

México y muchos países de Latinoamérica, a raíz de la globalización y sus descontentos continúan inmersos en un círculo vicioso, cero movilidad social, violencia y crimen organizado, concentración de la riqueza en unos cuantos, marginación, desigualdad social y pobreza sostenida, abuso y avaricia de unos cuantos en contra y en detrimento de la mayoría, sobreexplotación de los recursos naturales y lo más triste, más del 50  por ciento del país concesionado a no más de mil familias para la explotación de sus grupos.

Hoy 10 de abril de 2019 se conmemora y se cumplen 100 años de la muerte del Caudillo del Sur el General Emiliano Zapata, quien nació el 8 de agosto de 1879 en el estado de Morelos y, hoy más que nunca debemos de tener presente los ideales por los que murió, su vigencia son lectura y estudio obligado.

Es por eso y muchas razones más que el grupo parlamentario del Partido Verde, se suma al homenaje que este cuerpo legislativo le rinde y para mí el más grande héroe de la patria del México revolucionario, por lo que representa, sigue representando y representará.

Emiliano Zapata, líder militar pero, sobre todo, símbolo de la resistencia campesina y representante de los pobres. El Caudillo del Sur, ícono de la lucha revolucionaria fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, víctima de una cobarde emboscada.

Por eso sus restos no están aquí en el Monumento a la Revolución, ya que le estorbaba al General Venustiano Carranza.

Deja un importante legado por la reivindicación de los derechos de las clases marginadas y oprimidas, es por eso que su legado tiene vigencia en el siglo XXI y seguramente tendrá vigencia por siempre.

Zapata, pertenecía a una familia campesina, tomó conciencia de los grandes problemas de la población rural desde que fue nombrado Calpuleque, en donde fue electo por los suyos, recibiendo y haciéndose cargo de los documentos y títulos de sus tierras, interesándose e involucrándose en una larga y noble lucha por los derechos de los despojados hasta el final de su vida, intentando acabar con los hacendados y latifundistas y, sobre todo, con las penosas y humillantes prácticas abusivas contra la población campesina.

A 140 años del nacimiento y a 100 años de su muerte, Emiliano Zapata ocupa un lugar irremplazable dentro de la historia de México y es, sin duda, el ícono más relevante dentro del imaginario colectivo de la Revolución Mexicana, por lo que a lo largo de los años se ha convertido en referente obligado para todas las luchas de justicia social en nuestro país.

Gracias a sus convicciones y a su lucha plasmada en el importantísimo Plan de Ayala, hoy los campesinos son dueños de su tierra.

Recordemos que la Revolución Mexicana permitió el nacimiento de una transformación de protección hacia los tenedores de la tierra, promulgándose nuestra actual Constitución Política, con la incorporación de los derechos sociales. Sin embargo, a 100 años de su legado, la concentración de las tierras amenaza de nuevo.

En este sentido, el Movimiento Zapatista toma relevancia, continúa vigente y representa la lucha de los campesinos en contra del capitalismo, los gobiernos opresores y la explotación de los más vulnerables, reclamando la tierra para los que la trabajan.

El legado de Zapata ha inspirado otros movimientos revolucionarios, no solo en México, sino en América Latina, como ejemplo el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, se refiere a Zapata como personaje fundamental en la lucha de los pueblos originarios contra la explotación de sus tierras.

Ante lo que representa Emiliano Zapata para los mexicanos, el día de ayer presenté ante ustedes un punto de Acuerdo, con la finalidad de restaurar los espacios históricos que convergen en la Ruta del Caudillo del Sur, que lamentablemente se encuentran en abandono total y condiciones desfavorables.

El Caudillo del Sur no solo es un símbolo del movimiento agrario, sino el representante de un México que busca mantener su historia y tradiciones, abierto a las transformaciones económicas y sociales, pero respetando la tierra y la conexión con la naturaleza.

En el Partido Verde, reivindicamos su lucha y refrendamos nuestro compromiso con la población campesina y con los mexicanos menos favorecidos, para lograr su desarrollo y bienestar.

Las ideas nos acercan a las personas, las ideas nos abren horizontes, las ideas crean movimientos y, sobre todo, las ideas moldean y cambian al mundo, y muy pocas veces se quedan para siempre y se vuelven legados.

“¡Zapata vive y la lucha sigue!”

Muchas gracias, compañeros y compañeras.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Murat Hinojosa.

Tiene la palabra la Senadora Alejandra León Gastélum, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia de la Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea:

En este día se conmemoran 100 años de la muerte de Emiliano Zapata y en este Senado de la República se ha honrado su memoria declarando, el 2019 como el Año del Caudillo del Sur.

Las causas que motivaron la lucha de Emiliano Zapata aún siguen vivas, y las podemos sentir cuando recorremos el campo mexicano y vemos la pobreza y el abandono, cuando hemos escuchado las demandas de los hombres y mujeres del campo, que demandan atención y un trato justo y digno.

Emiliano Zapata se ha mantenido como uno de los símbolos de la lucha revolucionaria, en su vida fue consecuente con sus ideales, luchó por la justicia social y ha representado por décadas las aspiraciones del agrarismo mexicano.

La figura de Emiliano Zapata y lo que él representa ha trascendido y se mantiene vigente: justicia y tierra, un derecho que había sido arrebatado a los hombres y las mujeres del campo, un derecho que se ha exigido por los últimos 100 años y que aún hoy, en esta deuda, está por saldar.

La lucha de Zapata y los revolucionarios mexicanos permitió una reforma agraria que dio el derecho a la tierra para los campesinos, hizo realidad los derechos agrarios y laborales, educación, salud y derechos sociales para todos los mexicanos en la ley.

Sin embargo, a pesar de esa lucha y los derechos adquiridos para millones de mexicanos aun no es una realidad su acceso a los derechos que les otorga la Constitución.

El legado zapatista está más vivo que nunca, por primera vez, a casi un siglo de su muerte, los verdaderos revolucionarios que honramos su memoria recordamos su vida con el orgullo y la certeza de que estamos continuando con su lucha y que estamos trabajando por una patria más justa.

Los que luchamos por la “Cuarta Transformación” de México hoy celebramos su vida y damos las gracias por su lucha, por ese ejemplo de amor a nuestra tierra y la empatía con los que menos tienen.

Zapata construyó en el centro y sur del país una profunda base social, que se sustentó en un reclamo justo: la exigencia de un reparto de tierras entre los campesinos. Esta demanda fue la que sembró la semilla del agrarismo mexicano, que hoy forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sobre todo en su artículo 17 constitucional: “Las tierras y las aguas son de la Nación”.

La divisa permanente del revolucionario fue justicia y ley, porque lo que buscaba era recuperar la posesión original de las tierras, tal como existen en los títulos de propiedad de las comunidades indígenas.

Él nunca persiguió el poder, solo buscaba acabar con las injusticias y hacer que se cumpliera la ley. Hoy a nosotros nos toca luchar por el agua, un recurso natural no renovable, un bien de la nación y un derecho humano. Por eso no queremos la sobreexplotación de nuestras cuencas hídricas ni de nuestros acuíferos. Defendamos nuestros derechos humanos.

Los invito, compañeros Senadores de México, a defender nuestra agua para las presentes y futuras generaciones.

Hoy se cumplen 100 años de su asesinato en un acto de traición. Ante esta tribuna y ante todo México, las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo, refrendamos nuestro compromiso con los ideales zapatistas, con los campesinos, con los trabajadores, con los pescadores, con los que menos tienen, no descansaremos hasta ver concretada su obra.

Y desde esta tribuna decimos: “defendamos nuestra soberanía nacional, hagamos justicia y sigamos construyendo la patria que queremos”.

¡Viva México!

¡Viva la Revolución!

¡Viva Zapata!

¡Y viva Villa!

Sí, señores.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora León Gastélum.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes.

Hace cien años, en la hoy ex hacienda de Chinameca, Morelos, fue asesinado cobardemente y a traición nuestro General Emiliano Zapata, quien resumió mediante tres palabras la búsqueda que tenemos hasta ahora los mexicanos y las mexicanas: “Tierra, Justicia y Libertad”.

Si Zapata viviera no estaría aquí adentro, estaría allá afuera armando una revolución, probablemente también como en aquel momento tomando las armas, porque en una acción desesperada cuando la desigualdad, la inequidad y la injusticia existen, quizá para algunos no quede de otra.

El reparto equitativo de las tierras y el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, son las dos principales demandas del zapatismo. En esas grandes deudas históricas que tenemos hoy participamos todas y todos, y lo que nos deberíamos estarnos preguntando, lejos de conmemorar y de que este sea el año de Zapata, es cómo continuar su legado en el presente y en el futuro.

Tenemos un país que indiscutiblemente no solamente tiene una riqueza cultural, sino también de recursos naturales, de tierras y de campo.

Y hoy más que nunca quizá en un llamado también en alerta para proteger lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que en su momento los indígenas y los campesinos y campesinas no sólo de Morelos, sino del país, fueron sumando estas voces para entonces hacer la Revolución con sus propios cuerpos.

El incumplimiento de estos ideales zapatistas han hecho que en este momento tengamos temas tan importantes a discusión como la termoeléctrica, algunos proyectos o macro proyectos como el Tren Maya, o incluso algunos proyectos también en otras zonas que tienen que ver con la urbanización del campo y que en definitiva significan un detrimento en la salud y en la calidad de vida las y los habitantes.

Ya lo decía el Senador Eduardo Murat, y ayer nos lo recalcó con su iniciativa, la Ruta de Zapata hoy está en abandono.

Ustedes nada más tienen que ir a San Miguel Anenecuilco de los Zapata Morelos, al suroriente de ese estado, para darse cuenta que la Casa Museo de Emiliano Zapata hoy no cuenta con los recursos necesarios para su mantenimiento.

Y que este abandono es significativo porque resulta incoherente de nuestra parte decir que reivindicamos una lucha en la que ni siquiera participamos y que no le pongamos atención a los temas que hoy son importantes a debatir, y tomar en cuenta para seguir defendiendo los derechos de la tierra, de la justicia y de la libertad.

La indolencia gubernamental persiste, por eso repito que Zapata no estaría aquí.

En Movimiento Ciudadano consideramos que estos ideales zapatistas deben seguir siendo parte integral de la agenda pública nacional, es la mejor manera de honrar un legado de quienes murieron a traición por sus propias causas.

Seguiremos impulsando porque sea respetado el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, y por una administración equitativa de la tierra, de los recursos naturales y de los recursos agrícolas.

Hace unos días estuve en Cuautla, Morelos, y pongo ante mí un busto que me regaló el bisnieto de Emiliano Zapata y las y los morelenses en representación, con un compromiso, porque me hicieron tener este compromiso y llevarlo hasta acá, que ya lo expresó el Senador, de velar por la Ruta de Zapata y por estos derechos de los indígenas y las y los campesinos.

Los zapatistas no quieren otra cosa más que ser felices, esa era también una de las causas.

Y dicen en mi pueblo, San Miguel Anenecuilco de los Zapatas Morelos “que Zapata no ha muerto, que Zapata vive”.

Y vive, por supuesto, en cada persona que adentro y fuera de las instituciones públicas está haciendo su propia revolución y defendiéndola hasta con el cuerpo.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Kempis Martínez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Mario Zamora Gastélum:El que quiera ser águila, que vuele, el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”. Emiliano Zapata Salazar.

Con su permiso, señora Presidenta.

Hoy es un día muy significativo para la gente del campo, para los campesinos, para los agraristas y para todos quienes compartimos los ideales del General Emiliano Zapata, al conmemorar el Centenario Luctuoso del General Zapata, símbolo del agrarismo, de la lucha por la justicia social, por la tierra y por la libertad.

Para entender a Zapata es necesario conocer sus orígenes, mismos que tienen lugar en Anenecuilco, Morelos, lugar que fue heredero de una gran tradición agrícola.

El “Caudillo del Sur” desde niño vivió en carne propia los problemas agrarios.

Desde su comunidad, por sus venas corría una larga historia de lucha por la justicia de su pueblo, de sus antepasados, de sus orígenes, de su gente.

Los ideales de Tierra, Justicia y Libertad, son producto de ideales transmitidos de generación en generación por sus antepasados.

Por su ejemplo de trabajo, honradez y temple es que fue electo como Presidente del Consejo de Anenecuilco a sus 30 años de edad.

Defendió con valentía y determinación la posesión y redistribución de las tierras que le pertenecían a sus legítimos propietarios, los agricultores.

Sabía generar consensos sin subordinaciones y acuerdos sin deshonestidad y pacto sin trampas.

La Revolución Mexicana obtuvo en el zapatismo su gran contenido social.

A su movimiento se sumaron peones, campesinos, indígenas, jornaleros agrícolas, arrieros, pequeños comerciantes, así como sectores populares y rurales.

A Zapata le movía la sed de justicia, no el hambre del poder; no como a muchos que se alzan en su nombre y dejan en el olvido al campo y a sus campesinos y propietarios rurales.

La única ambición del Movimiento Zapatista era: “la tierra es para quien la trabaja”.

Logró ser reconocido como dirigente estatal del movimiento armado por el respeto que le tenían y porque era tanto un ciudadano responsable como un guerrero decidido.

Poco a poco fue formando algo más o menos que un ejército, yo diría una familia campesina que había cambiado momentáneamente el arado por el fusil, por la complejidad que los tiempos le marcaban.

La simulación y la mentira eran sus más grandes enemigos, pues no olvidemos que le dijo a Madero: “que al pueblo no se le engaña, y si no se le cumplen en sus compromisos, con las mismas armas que lo elevamos, lo vamos a derrocar”.

Creo que ese pensamiento fue y sigue siendo vigente.

El zapatismo se había caracterizado por su sentido de revolución social y la defensa del contenido agrario del Plan de Ayala, mismo que se consolidó con la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.

El zapatismo defendió un proyecto en donde el gobierno estuviera al servicio de la gente, en donde la justicia fuera pareja y en donde los gobernantes pudieran ser vigilados con transparencia, siempre por el pueblo, en el que las decisiones fueran tomadas por quienes estuvieran mayormente afectados sin ninguna restricción o simulación.

La herencia más importante de Emiliano Zapata fue su ejemplo de lucha por las causas populares, un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, no esconde formas de manipulación complicadas, no viste de democracia, acciones premeditadas con decisiones establecidas.

La Ley Agraria, planteada por Emiliano Zapata, debe ser analizada para el desarrollo y actualización de la norma que actualmente rige al campo mexicano.

Los Senadores del PRI reconocemos que ya la etapa de repartición de tierras concluyó; sin embargo, es necesario pasar a la siguiente etapa en donde se haga productiva a la tierra, donde se garantice la propiedad y el patrimonio de las familias agraristas, donde se reduzca la brecha, la desigualdad y la pobreza.

Para el grupo parlamentario del PRI y para nuestro partido como institución política, los ideales de justicia social del General Emiliano Zapata siguen vigentes para nosotros, pues no sólo son nuestra base, sino también nuestro origen.

Es su tiempo lo dijo Luis Donaldo Colosio: “la proclama de tierra y libertad es hoy todavía una exigencia de justicia, es condición para la paz, para la estabilidad del país y para la superación de la pobreza como destino”, frase que los Senadores priístas hacemos propia ayer, hoy y siempre.

La vigencia del Movimiento Zapatista, es producto de sus logros agrarios, políticos y sociales, la lucha de Zapata persiste por la autenticidad de sus orígenes, por sus raíces populares y la fuerza que la sostiene en la defensa de los pueblos, por sus derechos y su legítima resistencia para exigir lo que es suyo.

Recordar hoy a 100 años de su muerte, es hacer un homenaje también a aquellos campesinos que murieron por la justicia social, por la tierra de sus antepasados, pero también por aquellos que han sido despojados de sus tierras comunales por la ambición de unos cuantos.

No basta decirse zapatista o ponerlo como símbolo de un gobierno, se trata de asumirlo como condición de vida y traducir sus ideales en los actos del Estado, eso es ser zapatista, eso es ser un gobierno zapatista.
Y cito un twitter que puso hoy mi compañera Claudia Anaya: hay personas que con sus acciones te enseñan el verdadero sentido de la palabra dignidad.

Don Emiliano Zapata, vales más que mil discursos.

¡Que viva zapata!

¡Que viva la gente del campo!

¡Y que viva México!

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Zamora Gastélum.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace exactamente 100 años Emiliano Zapata cayó abatido por las balas disparadas por traidores que se oponían a un líder que siempre estuvo al lado de los más pobres, de los de sin tierra, indígenas y no indígenas, de los que fueron expoliados de sus bienes ancestrales para que el gran capital acumulara tierras, para dar paso a la agroindustria y a la ganadería extensivas en ranchos y haciendas suntuosas que beneficiaron a solo unos cuantos ricos potentados.

En la ex hacienda de Chinameca, el 10 de abril de 1919, murió el hombre; ese día también nació el símbolo para todos aquellos que, desde entonces, han luchado por el reparto agrario y para que los campesinos puedan cultivar sus tierras con sus manos y en paz.

Por la causa de la tierra Zapata tomó las armas y condujo una gran guerra de guerrillas al mando del Ejército Libertador del Sur, bajo el llamado de tierra y libertad.

En el contexto de la lucha de la Revolución, iniciada en 1910 contra la dictadura porfirista y por la democracia en México, fue la única manera a su alcance para defender los repartos de tierra que realizó en Morelos y por la demanda de una reforma agraria en el resto del país de acuerdo con el Plan de Ayala.

Los generales de las demás fracciones revolucionarias lo traicionaron una y otra vez hasta su asesinado en Chinameca, quizá por no haber sido de los triunfadores que se cubrieron de oropeles, aunque fuera por tiempo breve es que su memoria persiste, porque su lucha y su ideario agrarista ha trascendido por años.

La demanda de los campesinos sin tierra no ha sido resulta porque aún subsiste la discriminación social y económica hacia los indígenas y marginados.

Celebro que se haya declarado 2019 el Año del Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata, que sea un homenaje a la resistencia campesina e indígena y que conduzca reivindicaciones reales en cuanto a sus derechos, a sus culturas, a sus tierras y territorios.

Zapata hoy es un gran símbolo, es el símbolo de la posibilidad de justicia.

Zapata vive y la lucha seguirá hasta que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos plenamente.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, señora Presidenta.

“No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me lo dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”. Del libro de Pedro Páramo.

Después del 10 de abril decían y juraban que por las noches de luna llena lo veían galopar por la cima de las montañas con su traje de charro montado en su hermoso caballo, vigilante de las tierras que lo vieron nacer, crecer, las tierras que tanto amó, las tierras que cultivó con sudor y sangre; las tierras por las que luchó, las tierras por las que se fue a la Revolución.

La tierra que añora y preserva su memoria, la tierra que se niega a sepultar su recuerdo y su historia.

Emiliano Zapata fue un hombre de su tiempo, solidario y sensible a las injusticias ya amarguras de una de las peores dictaduras que le imponían al pueblo de México.

Confieso y me declaro que no estoy muy de acuerdo que se inmortalicen la memoria de grandes hombres como Zapata en piedra, en bronce, en madera o en algún otro material; la mejor manera de conmemorar la vida de un hombre de la estatura histórica de Emiliano Zapata que entregó su vida por mejorar la condición de su pueblo, la mejor manera de honrar su memoria no es encapsulando o en discursos, nombrando calles ni en piedra, la mejor manera de honrar a Zapata es concretar sus ideales, sus aspiraciones y sus sueños.

Emiliano Zapata no sólo fue un hombre, Zapata es la lucha diaria y permanente contra la corrupción, contra la explotación, contra la represión, Zapata es la lucha diaria contra el entreguismo, los delitos de lesa patria, Zapata es la lucha diaria y constante contra los vende patrias.

Conmemorar la vida de Emiliano Zapata es mantenernos a la expectativa, que con nuestra lucha diaria le cerremos el paso a los neoporfiristas y herederos de Huerta, que continúan resistiendo el cambio y/o porfiristas que aprobaron reformas como la energética, que permiten a trasnacionales despojar a las comunidades indígenas de sus tierras.

Neoporfiristas que con sus reformas laborales permiten despojar a los trabajadores de México de sus derechos, de su antigüedad, el derecho a la pertenencia sindical, a la jubilación.

Neoporfiristas que legislaron hace unos años protegidos de fuerzas militares y policiacas, traicionando al pueblo de México con pactos y factos.

Neoporfiristas aquellos que entregaron empresas y riquezas del país, amigos y familiares.

Neoporfiristas que entregaron carreteras y ferrocarriles al capital privado.

Neoporfiristas que aprobaron el Fobaproa, convirtiendo la deuda privada en deuda pública.

Prohibido olvidar, compañeros, prohibido olvidar, porque el pueblo de México es un pueblo que tiene muchas cicatrices, pero que en ocasiones nos falla la memoria.

Zapata tiene un gran mérito que es un digno ejemplo, jamás interrumpió su lucha armada a cambio de promesas, jamás abandonó las armas a cambio de ofrecimientos gubernamentales.

A Zapata jamás pudieron vencerlo ni con balas, ni con billetes.

La lucha de Zapata no ha concluido, la lucha de Zapata y de muchas de sus causas siguen pendientes para el pueblo de México, Zapata seguirá viviendo mientras existan hombres sin trabajo, mientras haya niños sin escuela, mientras hayan enfermos sin seguridad médica.

Zapata vive mientras los neoliberales, neoporfiristas sigan vigentes.

Zapata vive en aquellos pueblos que esperan la justicia negada por los porfiristas neoliberales.

Zapata vive mientras el pueblo siga tomando las riendas de su propio destino.

¡Zapata vive!

¡Zapata vive!

¡Zapata vive y vive!

¡Zapata vive y vive!

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Casimiro Méndez.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Gloria Sánchez. ¿Con qué objeto?

La Senadora Gloria Sánchez Hernández: (Desde su escaño) Deseo hacer una invitación al Pleno, si me permite.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, tiene dos minutos.

La Senadora Gloria Sánchez Hernández: (Desde su escaño) Gracias.

Hoy que recordamos el asesinato a traición del General Emiliano Zapata, hemos inaugurado en este Senado una exposición intitulada “Zapata vivo”, del compañero Maestro Luis García Gascón.

Esta exposición constituye un pase de revista a los muchos Zapatas que Emiliano fue, es y sigue siendo.

Porque cada uno de nosotros tiene un Zapata distinto en su imaginario personal.

Zapata el hombre.

Zapata el mito,

Zapata el ícono que se reproduce como la foto de Korda que ha estampado al Che en millones de camisetas.

Zapata el caudillo, Zapata siendo un Atila sureño, Zapata el caballerango de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz.

Zapata con sombrero de ala ancha, gazné al cuello y un puro en la mano.

Zapata el que recoge los postulados del Magonismo con una extraordinaria capacidad de síntesis, tierra y libertad.

Zapata el de mirada furtiva a quien se ve incómodo al lado de Villa en la silla presidencial.

Zapata el símbolo de los pobres y de los oprimidos.

Frente al féretro de Zapata hubo filas interminables de mujeres y hombres, tropa y campesinos, muchos se negaron a creer lo que sus ojos veían, ese no es el general, decía la gente, unos buscaban certificar el dedo mocho, otros el lunar en la cara, alguno aventuró a preguntar por la cicatriz de una cornada en la pierna, el lunar con forma de mano en el pecho.

“No es el niño Emiliano, no es Zapata”, decían

Habrán de circular fotos de su cadáver a modo de actas notariales que atestigüen lo que muchos no quieren aceptar, pero en la noche de los tiempos donde el pueblo siempre ha estado solo, la militancia se negará a reconocer su orfandad, su vuelta a la soledad y al desamparo, no es Zapata, Zapata vive y sigue encabezando la lucha de los oprimidos, la defensa de la tierra, de los recursos naturales de los mexicanos.

No cabe duda, ¡Zapata vive y la lucha sigue!

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gloria Sánchez.

Esta Mesa Directiva desea dejar constancia de su reconocimiento a Emiliano Zapata, héroe nacional que luchó por los principios de “tierra y libertad”.

Este 10 de abril, fecha del centenario de su muerte, lo recordamos como líder del Movimiento Campesino y Popular del México Revolucionario.

Murió Zapata, pero no sus ideales, ni su legado.

El grito de Zapata vive, la lucha sigue, aún se escucha y se seguirá escuchando en todas las marchas populares del país.

El diario de Zapata está arraigado fuertemente en las clases populares mexicanas, su lucha fue más grande que la tentación de poder. Por eso pasó de ser un hombre de su tiempo a ser un personaje mítico, un emblema de la inconformidad atemporal.

Zapata es un personaje irrepetible y tiene un merecido lugar en la historia nacional.

Zapata es un revolucionario histórico que vivirá en todos aquellos que tienen un motivo para combatir las desigualdades y las ambiciones desmedidas.

Zapata tiene vigencia hoy, Zapata tendrá vigencia siempre.

Quiero aprovechar este momento para también hacer un recordatorio que un día como hoy 10 de abril, pero de 1789 nació una gran mujer, nació Leona Vicario, independentista, miembro de los Guadalupe, financió a Matamoros y a Morelos durante la Guerra de Independencia.

Varios historiadores la consideran la primera periodista mujer del país, pues colaboró en el ilustrador mexicano semanario patriótico americano y el federalista.

Buena parte de su participación en el Movimiento Independentista consistió en distribuir correspondencia rebelde, prestar su casa como punto de reunión, ayudar a las familias de los presos, y reclutar a jóvenes para la lucha armada, financiada por ella misma.

Al descubrirse su filiación independentista le fueron confiscados todos sus bienes y riquezas, y ella fue recluida en el Convento de Belén de las Mochas, de donde se fugó 42 días después para seguir luchando por la Independencia de México.

México también celebra a las mujeres que han luchado por forjar la patria.






Continuando con la ronda de iniciativas, tiene la palabra el Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de medicamentos de alta especialidad o alto costo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Ricardo Ahued Bardahuil: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Como integrante del grupo parlamentario de Morena, de la LXIV legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, del 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de medicamentos de alta especialidad o alto costo, con base a lo siguiente:

Sólo en 2017 el Inegi reportó que el gasto de las familias mexicanas representó en promedio el 53 por ciento de sus ingresos, y el 16 por ciento en consultas médicas en el total de sus ingresos.

En nuestro país las enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, esclerosis múltiple, las autoinmunes, entre otras son las principales causas de mortandad en el mundo, responsables de poco más del 63 por ciento de las muertes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrado que poco más de 20 millones de puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente el 85.6 por ciento son permanentes, y el 14 por ciento son eventuales.

Si consideramos que contamos con una población laboral aproximadamente de 56 millones, según el Inegi resulta delicado que aproximadamente 60 por ciento del restante no tienen un servicio real.

Tan solo en nuestro país se calcula que aproximadamente 12 millones de personas padecen diabetes, de los cuales cuatro millones representan problemas de insuficiencia renal. Independientemente de los enormes esfuerzos por parte del sector salud, Seguro Popular, Seguro Social, el desabasto de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas es insuficiente de y de alto costo para las familias mexicanas, generando que incluso pongan en riesgo su patrimonio, tanto trabajo le ha costado durante tanto tiempo.

Yo quiero darles unos ejemplos:

En nuestro país ir a la farmacia a comprar un medicamento y hacerlo deducible es imposible; sin embargo, productos de una oficina, un sillón de piel, un escritorio, las galletas que se compran para las reuniones ejecutivas, los refrescos sí son deducibles.

Para los que tienen un automóvil de lujo cada año van deduciendo una parte de este vehículo, pero eso sí es deducible, las medicinas, no. La gente se puede enfermar, la gente puede tener sufrimiento, la gente puede entrar en quiebra porque no puede deducir los medicamentos que compra cotidianamente en una farmacia.

El Estado ha sido incapaz de surtir medicamentos. Ustedes pueden ver en la calle personas que tienen una diálisis, que tienen una bolsa y tampoco es deducible, pero sí son deducibles los empaques para las empresas.

Hagamos conciencia. Hay mucha gente que tiene ingresos sea por salario, sea por un pequeño negocio, sea porque tiene una renta o tiene una pequeña propiedad que renta, pero de la utilidad no puede deducir el gasto de una enfermedad.

Aquí en México un medicamento de cáncer no es deducible, el aceite de un carro de lujo cuando va al servicio sí es deducible, pero cuando va al servicio el ser humano y necesita medicamento, y necesita un jarabe, no es deducible. El jarabe para curarse no lo deduce un ser humano, pero el aceite de un vehículo de lujo sí es deducible.

Tenemos que revisarlo porque sencillamente nos parece que los que hacen, desde luego, el entramado fiscal, pareciera que es deducible lo que no es necesario, pero la salud no está en el programa de todo este asunto fiscal que tiene que corregirse.

Por eso hoy vengo ante ustedes para comentarles que hagamos conciencia, y que discutamos eso todos los Senadores y Diputados y que, en su caso, podamos hacer algo por la gente que tiene que deducir y que pone en riesgo su patrimonio.

Quiero agradecer la orientación que me hizo el Senador Américo Villarreal, también la orientación y los comentarios del doctor Miguel Ángel Navarro, porque esto ellos lo saben, lo conocen bien, nos orientaron plenamente de la injusticia fiscal que se vive en el país.

Aquellos que fueron a Harvard, aquellos que fueron a la universidad, aquellos que cobran impuestos ojalá y le pregunten a sus familiares si están de acuerdo con que no sean deducibles los medicamentos y que sean deducibles las cosas de lujo, los refrescos y lo que dije anteriormente.

Muchas gracias.

Muy amables por la atención.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ahued Bardahuil.

Se adhiere todo el grupo parlamentario de Morena, todo el grupo parlamentario del PRD, el Senador Zamora Gastélum, el grupo parlamentario del PT, el grupo parlamentario del PVEM, las Senadoras Patricia Mercado, Vázquez Mota, Nuvia Mayorga, la Senadora Xóchitl Gálvez y todo el grupo parlamentario del PRI. Si lo tiene a bien, Senador Ahued, todos se sumarían a su iniciativa.

Y le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios recabar las adhesiones. Se turna la parte correspondiente a la Ley del Seguro Social, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos; y la parte correspondiente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se turna a la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 13 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Paz.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DE LA PAZ

(Presentada por la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta. Muy estimadas Senadoras, Senadores.

El propósito de la presente iniciativa es para que se declara el día 13 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Paz.

¿Qué es la paz? De acuerdo con la cátedra de Shimón Peres, la paz es el conjunto de acciones guiadas por la equidad, la solidaridad, dignidad, respeto, tolerancia, justicia y libertad.

La paz, son las actitudes y estructuras que construyen sociedades pacíficas donde existe una responsabilidad colectiva, fundamentada en el servicio, es ver al otro desde la comprensión, la empatía y también la compasión.

Para construir paz, necesitamos que todas las y los mexicanos participemos, comprender que la paz es la única esperanza que tenemos para construirla, y olvidarla nos condena a destruirla. Para lograrlo, es fundamental saber qué no es la paz:

La paz, no es la ausencia de violencia y no es solo la ausencia de la guerra.

La paz, no es sentirme seguro en mi metro cuadrado, sin importarme el miedo de los otros.

La paz, no es la que se afirma cuando al presenciar un delito con violencia, argumentamos: “Menos mal que no te mataron”.

La paz, no es ese lugar que las balas no han alcanzado y al creer que es así nos equivocamos.

Solo tenemos dos caminos para transitar todos los días de nuestras vidas, o construimos paz o destruimos paz.

O somos constructores de paz con nuestra palabra y nuestro quehacer o, somos destructores de paz.

Les quiero compartir algunos testimonios de niñas y niños que nos dicen qué es la paz para ellos.

Luisa, de 11 años, dice: “La paz es amor”.

Andrés, de 9 años, escribe: “La paz vive dentro de una persona y se alimenta de los cultivos”.

Carlos, de 11 años, señala: “El primer recuerdo de paz que tengo, es cuando era un niño sin preocupaciones”.

De acuerdo con la Cátedra Shimon Peres, cuando hablamos de la paz, hablamos de la libertad pero, sobre todo, hablamos de que la paz es ser empáticos, la paz es ser tolerantes, la paz es actuar con justicia.

El día 13 de octubre de 1982, los premios Nobel anunciaron la entrega del Nobel de la Paz al doctor Alfonso García Robles, hasta hoy el único mexicano en contar con esta distinción; mexicano ejemplar que con su labor diplomática logró que en México y Latinoamérica se convirtieran en ejemplo mundial de países constructores de la paz.

Cuando afirmo que es momento de buscar la seguridad desde el desarme, una frase que refleja una visión que él tenía, implica que la construcción de la paz va más allá de la seguridad y de la ausencia de violencia, implica la capacidad que tenemos de encontrarnos con el otro, aunque ese otro piense distinto a mí; implica la capacidad que tenemos de construir paz en nuestro metro cuadrado, no esperando a que los otros resuelvan la paz que a mí me toca resolver.

Hoy los vengo a invitar a todas y a todos a que seamos constructores de paz, a que no dejemos la construcción de la paz a un tercero que probablemente ni siquiera está cerca de nosotros.

Los invito, en este Senado, a que cada noche nos preguntamos si fuimos constructores o destructores de la paz.

El doctor Alfonso García Robles, dedicó su vida a la construcción de la paz, logró concertar los tratados de Tlatelolco, que garantizaban el desarme nuclear en México y en América Latina.

Y termino citando a la UNESCO: “Las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben formarse los baluartes de la paz”.

Es galardón al doctor García Robles, fue anunciado un 13 de octubre de 1982, por ese motivo es que propongo en esta iniciativa conmemorar, cada 13 de octubre, el Día Nacional de la Paz, para recordarnos a cada una y a cada uno de nosotros que la paz la construimos en primera persona y la construimos cuando pensamos también en nosotros.

Los invito a ser de cada 13 de octubre el Día de la Paz y a cada día de nuestra vida ser constructores de paz en nuestro metro cuadrado y, si es posible también en nuestra comunidad y en este Senado de la República.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA PAZ”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paz es un concepto que parece olvidado y crear una conciencia para poder construirla no se genera de la noche a la mañana. Lastimosamente los niveles de violencia y de inseguridad que vive nuestro país, nos han sumergido en una cultura de guerra en la que hemos olvidado cómo construir paz.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 2018 fue el año más violento en la historia de México moderno registrando más de 30,000 víctimas de homicidios violentos. Ante esta cotidianidad de la violencia hemos perdido nuestra capacidad de asombro y nuestro potencial como agentes de cambio.

Sin embargo existen varios tipos de violencia en México y un reflejo de esto se ve en el reporte de Índice de Paz del Institute for Economics and Peace, donde se expone que desde el 2015 la violencia intrafamiliar ha aumentado en un 32% en México. Y es que el incremento de la violencia se debe no sólo a los crímenes de la delincuencia organizada, sino también a los de personas que pueden sentirse empoderadas por la vulnerabilidad de otros.

Este tipo de situaciones ya no permiten que pensemos en la paz más allá de la condición de ausencia de violencia, cuando en realidad la paz es mucho más que eso y su construcción implica muchas más responsabilidades que rebasan las cuestiones de seguridad.

Es importante visibilizar que combatir la violencia también engloba acciones desde lo individual y lo cotidiano; y que existe una paz positiva capaz de transformar nuestra cultura de guerra en una cultura de paz.

En este sentido es que considero importante tomar una ruta clara como sociedad y fomentar una paz positiva, que implique acciones concretas de todas y todos los mexicanos desde la solidaridad, tolerancia, respeto y empatía en nuestra vida diaria. Y también comprender nuestro derecho a exigir de las  instituciones (en todos los niveles), las mismas actitudes así como las condiciones que garanticen nuestro pleno desarrollo como sociedad, porque esas acciones son las que construyen paz.

En el afán de recordar y fomentar esto vale la pena celebrar en México un día destinado a la paz, porque sólo al comprender un concepto es cómo podemos aplicarlo, con la esperanza de que sea desde la verdadera paz donde construyamos no solamente una sociedad segura, sino más bien de bienestar.

La Organización de las Naciones Unidas decretó el día 21 de septiembre de cada año como el: Día Internacional de la Paz, justamente con los propósitos que aquí se han expresado. Sin embargo considerando la especial situación de violencia en nuestro país, es que consideramos incluir en el calendario de días nacionales: el Día Nacional de la Paz, es decir, no limitarnos a ser un eco de un organismo internacional sino más bien, a aterrizar la comprensión de paz desde nuestra realidad, y así impulsar desde las esferas públicas y privadas esfuerzos dirigidos concretamente a resolver nuestros conflictos y así, aprovecharlos como oportunidades de desarrollo en lugar de encuentros de violencia. Además tendremos dos días para impulsar la cultura de paz, el 21 de septiembre en el que se hace a nivel internacional y el 13 de octubre en México.

La razón de seleccionar el día 13 de octubre de cada año como Día Nacional de la Paz en México, es con la intención de reconocer la  única entrega del Premio Nobel de la Paz a un mexicano: Alfonso García Robles quien recibió el galardón el 13 de octubre de 1982.

Así, además de promover la paz estaremos reconociendo a este destacado escritor y diplomático mexicano ejemplar, quien fue uno de los funcionarios fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y además encabezó esfuerzos internacionales en materia de desarme nuclear en Latinoamérica. Recordar la carrera del único mexicano (hasta la fecha) acreedor del más alto reconocimiento de paz en el mundo, también redunda en el objetivo de no olvidar las acciones necesarias para construirla.

Por estos motivos es que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se declara el día 13 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de la Paz”, al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se declara el 13 de octubre de cada año, como Día Nacional de la Paz.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Josefina Vázquez Mota.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Gama Basarte.

El Senador Marco Antonio Gama Basarte: (Desde su escaño) A Josefina Vázquez Mota, sumarnos en nombre de todo el grupo parlamentario del PAN.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Claro que sí, también los Senadores Freyda Maribel y Eduardo Ramírez.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Eduardo Ramírez.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sumarnos a la iniciativa de la Senadora Josefina Vázquez Mota, no tenemos un Día Nacional de la Paz en nuestro país, consideramos que es una iniciativa que servirá muchísimo, particularmente para muchos estados de la República que viven en situación de violencia, además de que el 13 de octubre es también mi cumpleaños.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido a su escaño de la Senadora Verónica Delgadillo.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Gracias.

Para sumarnos al esfuerzo de la Senadora Josefina Vázquez Mota, como parte del Consejo Global para la Paz y la Tolerancia en el Mundo, reconocemos todo tipo de esfuerzos para construir caminos de paz y tolerancia entre las personas y entre las naciones.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se adhieren a la inicitiva, todo el grupo parlamentario del PVEM, el Senador Israel Zamora Gastélum también se suma con todo el grupo parlamentario del PRI. Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que, si usted lo tiene a bien, recaben la firma de quienes se han adherido a su iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I y adiciona la fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de acceso a la seguridad social como acción prioritaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El artículo 4o. constitucional, establece como un principio rector e irrenunciable el interés superior de la niñez, el cual desarrolla la tesis que en cuanto tengan que tomarse decisiones que afecten al desarrollo de la infancia, deberán tomarse la opción que mejor garantice el acceso a sus derechos humanos; no puede haber controversia ni discusión, primero la infancia, primero las niñas y los niños y después cualquier regulación administrativa, fiscal o política.

La reforma que hoy se presenta, pretende incluir como acción prioritaria el acceso a la seguridad social para niñas y niños, acciones que conllevan a un goce pleno de este derecho, dado que de acuerdo al Coneval seis de cada diez niñas y niños en México no tiene acceso alguno a la seguridad social.

Esta desigualdad está determinada por el tipo de relación laboral que tienen sus madres y sus padres, la gran mayoría de las niñas y niños que no tienen el acceso a la seguridad social provienen de hogares mono maternales; es decir, que solo su madre se hace cargo de esta familia.

Estas desigualdades sistemáticas de nuestro país deben de resolverse de forma progresiva, atendiendo siempre a los grupos prioritarios. Por una parte el de las mujeres, que dada la división sexual del trabajo, se hacen cargo del 95 por ciento de las actividades del cuidado, pero de igual forma los hogares mono maternales tienen como única fuente de ingreso el trabajo de la madre, entonces se encuentra en otra desventaja, que siempre mantiene en el nivel de la pobreza.

Del conjunto de personas que en México viven con hambre, la mayoría son mujeres, niñas y niños.

Por otra parte, la mayoría de las niñas y niños que nacen en un hogar con carencia social e ingreso por debajo de la línea de bienestar, si no reciben acciones afirmativas o medidas de nivelación que los equiparen con sus pares, viven siempre en la carencia y en el rezago.

Por eso es importante esta modificación a la Ley de Desarrollo Social.

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina, que la seguridad social es un derecho universal y, por ende, no puede condicionarse como un privilegio de una relación laboral de aquellos que tienen acceso a un empleo formal.

De igual forma, la Convención sobre los Derechos del Niño establece la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de este derecho para las niñas y niños.

En el año 2014 el Comité sobre los Derechos del Niño observó con preocupación que en nuestro país hay ausencia de políticas públicas para garantizar el desarrollo de la primera infancia, que se recrudece en las poblaciones indígenas o en las poblaciones con discapacidad.

Igualmente instó a nuestro país a emprender políticas públicas para aumentar la cobertura en el acceso a este derecho para niñas y niños.

La Ley General de Desarrollo Social establece diversos programas que deben ser considerados prioritarios, los cuales tienen una influencia directa en la vida de las personas, que les permite hacerse de las capacidades para enfrentar la pobreza.

El combate a la pobreza tiene que ver fundamentalmente con aumentar las capacidades de desarrollo de la población, capacidades que se adquieren con educación, con capacitación para el trabajo.

Si no existen acciones afirmativas que les permitan a estas niñas y niños recibir educación inicial, su desarrollo estará en desventaja en contra de sus pares, otros niños de otro nivel que sí tuvieron la oportunidad de acudir a una estancia o a una institución de desarrollo infantil.

La educación inicial provee de servicios para el desarrollo de habilidades previas al ingreso al preescolar. Hay niñas y niños que llegan a la primaria sin haber utilizado un lápiz en su vida, lo cual, sin duda, limita su derecho contra los otros niños que sí tuvieron educación preescolar e inicial.

Qué decir si se trata de niñas y niños con discapacidad, los cuales requieren mayores acciones afirmativas y de nivelación para su ingreso equitativo al aula escolar. Estas acciones comprenden en ocasiones complementos de terapias de rehabilitación, aprendizaje de lengua de señas y habilidades para la autonomía, que posteriormente los conlleva al goce de la vida independiente.

En los primeros años de desarrollo las niñas y niños con discapacidad necesitan este nivel de compensación.

Es fundamental que existan políticas públicas, es fundamental que existan adecuaciones legales. Por eso esta propuesta de modificación al artículo 19, para que diga:

“Los programas de educación serán obligatorios y prioritarios en sus niveles inicial, preescolar y básico, así como son prioritarios y de interés público los programas de acceso a la seguridad social para niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento y su edad preescolar”.

Sería cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Anaya Mota.

Se suman los Senadores Vanesa Rubio, Nuvia Mayorga, Zamora Gastélum, todo el grupo parlamentario del PRD, Gina Cruz, Gama y Xóchitl Gálvez, y, si usted lo tiene a bien, Senadora, pasarán a recabar las firmas, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de acoso sexual.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso, señora Presidenta. Señoras y señores. Senadoras y Senadores:

“Hace unos minutos salí a pasear a mi perro, un buey empezó a seguirme masturbándose. No pude perderlo, así que le pedí ayuda a un vecino que pasaba, para que no me siguiera hasta mi casa”.

“Me gusta mucho usar faldas y shorts cortos, con el tiempo lo he dejado de hacer. Cada vez tolero menos los gritos y las miradas en la calle, cada vez me da más miedo, más coraje, más repulsión”.

Estos dos mensajes que acabo de leer están en las redes sociales, son denuncias de dos mujeres, denuncias de acoso sexual, acoso sexual que vivimos las mujeres todos los días en este país, en todos los espacios.

Y yo quiero preguntarles a mis compañeras que están aquí, y también a las que nos ven a través del Canal del Congreso y en las redes sociales:

¿A quién no le ha pasado algo así? ¿A quién no le ha pasado algo como lo que acabo de compartir?

¿Quién no ha caminado por las calles con miedo, con inseguridad, con el temor a ser perseguidas, acosadas, secuestradas, lastimadas o laceradas de alguna forma?

Y la pregunta va a ser: ¿A quién no?

Porque lamentablemente la mayoría de nosotras hemos sido acosadas en algún momento de nuestra vida.

Yo les quiero compartir mi caso. Yo era adolescente, a la otra cuadra de mi casa había una abarrotera y al señor, el dueño de la abarrotera, le gustaba ver a las niñas. Cuando yo salía el señor se me quedaba viendo con una mirada que parecía que me iba a desnudar, que era profundamente lacerante y dolorosa, y además me decía una serie de cosas que me lastimaban.

Yo era una niña valiente. ¿Qué hacía cuando tenía tiempo? Rodeaba la manzana para no encontrarme con ese señor; otras veces que no podía rodear la manzana atravesaba frente a esa tienda con la mirada clavada en el piso, con el nudo en la garganta y con el coraje en el estómago.

¿Cuántas como yo pasaron por esa calle y nunca pasó nada?

Con el tiempo, me aterra pensar que alguna de las niñas que cruzábamos por ahí haya sido expuesta a algo mucho peor.

¿Cuántas de ustedes han vivido algo así? ¿Cuántas?

Triste, y lo digo así, triste e indignantemente, en México el acoso está normalizado y su normalización permite que esto se convierta en uno de los principales ingredientes para que siga creciendo la escala de violencia hacia las mujeres, hacia todas nosotras.

Y aquí he mencionado muchas veces cifras, cifras que voy a repetir hasta que nos taladre en la cabeza y nos quede muy claro que nacer en México y nacer siendo mujer es un grave peligro, porque, sí, óiganlo bien, compañeras y compañeros, México está dentro de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en el mundo, porque todos los días en este país le arrebatan la vida a nueve mujeres por cuestiones de género, porque todos los días hay 99 denuncias de delitos sexuales en México, más de 36 mil al año y solo son las que denuncian; porque todos los días hay 43 casos de abuso sexual, porque todos estos casos guardan muchos más, porque no se atreven a denunciar.

¿Y por qué no denunciamos las mujeres? ¿Por qué no denuncian las mujeres? Claro que por miedo.

¿Por qué? Porque vas con las autoridades y te revictimizan, te exponen y te hacen sentir culpable de lo que pasó, porque a nosotras sí se nos juzga cómo nos vestimos, qué hacemos, cómo andamos, a la hora que estamos en la calle y por dónde vamos circulando, porque siempre parece que la violencia que se ejerce hacia nosotras las mujeres es nuestra culpa y nuestra responsabilidad.

Y también muchas mujeres no denuncian.

¿Por qué? Porque aquí en México no pasa nada, porque los responsables de los que ejerce la violencia con nosotras, hacia nosotras, están libres.

En este país, con estas cifras tan tremendas, de verdad es muy lamentable que las mujeres estemos en constante peligro.

Y además resulta indignante y también inverosímil que todavía el acoso sexual en este país no esté tipificado como un delito con el Código Penal Federal.

Y eso no puede seguir así, en este Senado necesitamos entender que hay que hacer acciones claras y contundentes para cambiar esta realidad.

Por eso el día de hoy presento una iniciativa para que el acoso sexual sea agregado al Código Penal Federal y que sea tipificado bajo las siguientes características.

A quien cometa acoso sexual con fines lascivos hacia otra persona de cualquier sexo.

El delito de acoso sexual puede ser reconocido si se llevó a cabo en un espacio público o privado, pero también si se cometió a través de algún medio informático, por ejemplo, las redes sociales. El delito de acoso sexual puede causar intimidación, degradación o una posible humillación.

Miren, además proponemos que se interponga una pena de uno a cinco años de prisión y hasta mil días de multa a quien resulte responsable del delito de acoso sexual. Y en casos donde esté el responsable involucrado, un servidor público, que la pena sea el doble.

Miren, compañeras y compañeros, el acoso sexual es un grave problema en nuestro país; el acoso sexual atenta contra la dignidad de nosotras las mujeres, atenta contra nuestra seguridad y no lo podemos olvidar, no lo podemos ocultar y mucho menos lo podemos solapar.

Hoy yo y millones de mujeres les pedimos que por favor suscriban esta iniciativa, que apoyen esta propuesta para que hagamos lo que nos toca y para que comencemos a erradicar las diferentes formas de violencia que experimentamos las mujeres.

Yo sólo quiero concluir mandando un mensaje a todos los rincones del país.

No, no son piropos.

No, no son halagos.

No, no son bromas.

No, no es normal, es acoso sexual.

Y el acoso, el acoso es cosa seria, es violencia y las mujeres, las mujeres estamos hartas de sufrirlo todos los días.

Te necesitamos, los necesitamos para acabar con el acoso.

Ni una menos.

Porque vivas, vivas nos queremos.

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de acoso sexual.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Tan solo durante el año pasado en nuestro país se llegaron a registrar oficialmente 41,480 delitos contra la libertad y seguridad sexual, de los cuales corresponden 18,526 de abuso sexual, 2,674 de acoso sexual, 1,215 de hostigamiento sexual, 12,835 de violación, 10 incestos y 4,518 de otros delitos que atentan con la libertad y seguridad sexual.1

Otro dato alarmante que puede ser corroborado bajo la “Información sobre violencia contra las mujeres” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son las cifras que se encuentran en incremento de homicidios dolosos donde la víctima ha sido una mujer, 1,737 en 2015, 2,204 en 2016, 2,536 en 2017, 2,734 en 2018, 229 en enero de 2019, dando un total de 9,440 mujeres.2

A lo anterior habría que considerar el número de feminicidios, ya que durante los últimos cuatro años ha sido evidente la tendencia al alta de los casos registrados como feminicidios: 407 en 2015, 585 en 2016, 736 en 2017, 845 en 2018, dando un total de 2,648 feminicidios de enero 2015 a enero 20193, colocando a México dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, donde “98% de los homicidios relacionados con el género, no son procesados como tal, y muchas veces quedan en la impunidad”4

II. El acoso sexual constituye uno de los más graves problemas de la vida pública nacional, socava la dignidad de las personas y su virtual normalización es un ingrediente fundamental de la escalada de violencia que padece nuestro país, y que en particular las mujeres terminan siendo las principales víctimas.

A pesar de ello, y de que más de una decena de legislaciones estatales ya han tipificado el acoso sexual en sus respectivos código penales, el vigente Código Penal Federal no contempla el acoso sexual como un delito, sino que únicamente contempla en su artículo 259 Bis el “hostigamiento sexual”, pero el mismo sólo se cumple si quien lo comete se encuentra en una “posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, o cualquier otra que implique subordinación”, lo que deja fuera del espectro de los actos punibles al acoso sexual en el transporte público, en la calle, y en otras situaciones en las que el acosador no se encuentra en dicha “posición jerárquica”.

El 1 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,5 mismo que sí definió en el párrafo segundo de su artículo 13o. al acoso sexual, más allá de la existencia de una subordinación y distinguiéndolo en el mismo sentido del hostigamiento:

“El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.”

Adicionalmente, en la fracción III del artículo 14 de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que las entidades federativas deberán tomar en consideración promover y difundir que el hostigamiento sexual, y el acoso sexual son delitos.

Sin embargo, dicha ley sólo refiere en su artículo 60 que dichas acciones merecerán sanciones de carácter administrativo, por lo que se hace necesario sancionarlo penalmente tipificando el delito en el Código Penal Federal, de la misma manera en que 15 entidades federativas lo han incorporado en sus Códigos Penales.6

Para erradicar el acoso sexual y la violencia de género, es necesario realizar a la brevedad una reforma legislativa a nuestro Código Penal Federal, en orden a reparar lo que debería considerarse una grave omisión, y tipificar así el acoso sexual independientemente del hostigamiento.

III. La presente iniciativa contempla adicionar el nombre del capítulo I del título Decimoquinto del Código Penal Federal para incluir el delito de Acoso Sexual, por lo adicionalmente se propone incluir a dicho código un artículo 259 Ter, para que quede tipificando el acoso sexual bajo las siguientes características:

- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines lascivos asedie a otra persona de cualquier sexo.

- El delito de acoso sexual puede ser reconocido si llevó a cabo en un espacio público o privado, pero también si este se perpetúa al usar algún medio informático.

- El delito de acoso sexual menoscaba la integridad de las personas, y contraviene la dignidad humana

- El delito de acoso sexual puede causar intimidación, degradación y una posible humillación.

- Una víctima de acoso sexual se puede encontrar en una evidente desventaja, indefensión, e incluso que su vida corra peligro.

- Se propone que se interponga una pena de uno a cinco años de prisión, y hasta mil días de multa a quien resulte responsable del delito de acoso sexual.

- En los casos donde el responsable sea un servidor público, éste será destituido de su cargo e inhabilitado de uno a cinco años para ocupar otro cargo público.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona distintas disposiciones al Código Penal Federal en materia de acoso sexual

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el nombre del Capítulo I del Título Decimoquinto, así como un artículo 259 Ter al Código Penal Federal para quedar como sigue:

TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Ter.- Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, en espacio público, privado o a través de medios informáticos afectando la integridad, y como resultado de dicho acoso cause intimidación, degradación, o humillación que genere una desventaja, indefensión o riesgo para la víctima, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y hasta mil días de multa. Si el acosador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, adicionalmente será destituido del cargo, e inhabilitado para ocupar otro cargo público de uno a cinco años.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad federativa armonizará su marco jurídico de conformidad con el mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas, Incidencia Delictiva del fuero Común, nacional 2018,
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf

2 Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf

3 “Información sobre violencia contra las mujeres”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf

4 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU México,
http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/

5 Diario Oficial de la Federación (DOF), 01 de febrero de 2007,
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2 007

6 “Legislación penal de las entidades federativas que tipifican el acoso sexual como delito”, Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Diciembre de 2015,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/6_M onitoreoLegislacion/6.0/17_AcosoSexual_2015dic.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.

Se suman los Senadores Vanessa Rubio, Nuvia Mayorga, Nadia Navarro, Gina Cruz, Gama, Israel Zamora, Moya, Patricia Mercado, Claudia Anaya, Zamora Gastélum, todo el grupo parlamentario del PRD, Peña, Bours, Freyda Marybel, Encinas, Abreu, Cecilia Sánchez y Caraveo. Senadora Delgadillo, si usted lo tiene a bien que se adhieran, recopilarán las firmas en un momento. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional; la Ley General para la Igualdad entre Hombre y Mujeres, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en materia de igualdad salarial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señora Presidenta.

Y si me permites antes de presentar esta iniciativa.

Quiero reconocer a la Secretaría de Gobernación que a través de Conavim declaró la alerta de género en el estado de Puebla para más de 50 municipios. Una lucha que organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos, activistas, mujeres, familiares que pierden a sus hijas, a sus hermanas y a sus madres por su muerte violenta, hoy después de más de tres años el gobierno de México lanza esta alerta de violencia de género en el estado de Puebla.

Y reconozco de verdad esta sensibilidad para que menos mujeres sean victimizadas y muertas en el estado de Puebla.

Muchas gracias.

Y decirles que hemos avanzado mucho en materia de género, en materia de igualdad.

Debemos reconocer que esta legislatura ha sido muy activa en la presentación de iniciativas que demandan equidad.

Mujeres cuya lucha por una sociedad igualitaria debe ser reconocida, como Geovanna Bañuelos, en este Senado.

Indira Kempis, que el día de ayer presentó una iniciativa que va muy de acuerdo a la que presentaré en este momento; Rocío Abreu, por supuesto, Cora Cecilia Pinedo, Verónica Martínez, Malú Micher, Patricia Mercado y Verónica Delgadillo, en fin, creo que esta legislatura de paridad ha demostrado que nuestra presencia en este recinto, en esta Asamblea debe significar un avance sustancial en materia de igualdad y equidad.

Pero no podemos celebrar mucho, tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacerlo de manera constante, no podemos descansar, ha sido un largo camino de muchas generaciones que han recorrido, que han tocado puertas, que han presentado iniciativas y que hoy nos permiten seguir construyendo en igualdad.

Pero una de ellas es la igualdad salarial, hay que cerrar esta brecha en el ingreso y asegurarnos que ninguna mujer viva o experimente la discriminación en su trabajo por cuestión salarial.

Todos los números los sabemos y muchas mujeres hemos sido víctimas de esta desigualdad.

Hoy las mujeres constituimos más de la mitad de la población económicamente activa; no obstante, en promedio las mujeres mexicanas ganamos 16  por ciento menos que los hombres, situación que se agrava aún más en mujeres que pertenecen a los pueblos indígenas.

¿Y por qué ganamos menos si hacemos lo mismo que un hombre en el trabajo?

¿Por qué si somos igualmente eficientes?

Incluso las preguntas irían más allá.

¿Por qué existen remuneraciones distintas cuando se discrimina por género, o raza, orientación sexual, discapacidad o cualquier condición social?

Esto no está bien, significa que las mujeres y otros sectores de la sociedad no accedemos a la igualdad de oportunidades en este país.

Que aún más realizando los mismos trabajos con la eficiencia, no recibimos la misma remuneración.

Esto no puede continuar así en una sociedad en donde las mujeres somos el sostén de los hogares mexicanos, donde desafortunadamente a veces cubrimos el 100  por ciento de las necesidades de nuestros hijos y tenemos que ponderar entre un medicamento o el pago de deuda adquirida.

Esto de verdad es increíble porque no nos deja ni siquiera tener un ahorro para nuestra vejez.

Por eso el día de hoy estamos tomando un paso más y creo yo en la dirección correcta, pidiendo que no sólo se hable de cerrar esta brecha salarial, sino que se introduzca el principio de igualdad salarial, que se incluya en todas aquellas personas que son discriminadas y que, por supuesto, necesitan ser remuneradas de la misma forma, que sea un principio rector de las relaciones laborales, de las resoluciones judiciales y del diseño de las políticas públicas.

Por eso presento ante esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria en el apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Para lograr esta igualdad salarial nos espera un gran camino que recorrer y va a necesitar de la voluntad de todos ustedes.

Por eso creo yo que mujeres y hombre, Senadoras y Senadores debemos luchar todos los días para dejar una mejor sociedad a nuestros hijos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

La búsqueda por la igualdad entre hombres y mujeres ha sido una lucha histórica que ha tenido por objetivo alcanzar los mismos derechos -y obligaciones-, en todos los ámbitos como el familiar, social, económico, político, entre otros. En la consecución de dicho objetivo, se han realizado esfuerzos importantes; por ejemplo, en el ámbito político en México, se ha avanzado desde el voto a la mujer en 1953, hasta contar con la primera Legislatura paritaria en 2018.

Sin embargo, uno de los ámbitos en el que persiste la desigualdad entre mujeres y hombres es el económico, particularmente en el laboral, uno de los ámbitos en los que las mujeres se sienten más discriminadas. Si bien es un gran avance el número de mujeres que se han integrado al mundo laboral, con 20.8 millones de mujeres como parte de la Población Económicamente Activa en México, las condiciones bajo las que lo hacen no han sido las necesarias para una verdadera inclusión, ni favorables para su pleno desarrollo.

Entre 2011 y 2017, el CONAPRED recibió 2,528 quejas presentadas por mujeres, de las cuales, el 71% se encontraban relacionadas con actos de discriminación en el mundo laboral1. La principal razón que argumentaron fue discriminación a las mujeres embarazadas y en segundo lugar la discriminación por razón de género. Esta discriminación laboral, se ha traducido en desigualdad salarial, pues una de las mayores barreras que persisten en este sector para lograr la igualdad sustantiva es la brecha salarial de género, que se refiere a la diferencia en el ingreso entre hombres y mujeres en trabajos de igual o similar valor, así como en menores prestaciones sociales. 

Lamentablemente, que las mujeres ganen menos que los hombres, ha sido una tendencia generalizada en todo el mundo. De acuerdo con la ONU, con base en el promedio mundial, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre2.

En México, la brecha salarial ha llevado a que los hombres ganen en promedio 34% más que las mujeres3, aún cuando la educación y el empleo son similares; mientras que en 2017, de acuerdo con ONU Mujeres, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 23% a nivel mundial4; en tanto que en Europa, las mujeres ganan un 16% menos que los hombres5.

De acuerdo con el Reporte de Brecha de Género 2017 del Foro Económico Mundial, México ocupó la posición 50 del total de los 149 países estudiados y el puesto número 12 dentro de los países de Latinoamérica y el Caribe.

En lo que respecta a participación económica y oportunidades para las mujeres, se obtuvo el lugar 122 del total de países6, cifra que revela las grandes limitantes que aún enfrentan para incorporarse plenamente a la vida económica en México.

Con base en un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres, un funcionario gana 20,000 pesos aproximadamente, mientras que una funcionaria gana 15,000 pesos7; lo que representa una diferencia salarial del 25%. En el caso de las trabajadoras domésticas la brecha resulta aún mayor, pues perciben un sueldo aproximado de 1,000 pesos; mientras que un trabajador doméstico percibe 5,000 en promedio; lo que es igual a una diferencia salarial del 80%.

Por otro lado, hay otros factores que inciden en esta brecha salarial, como el hecho de que los espacios para mujeres en puestos de toma de decisiones aún sean reducidos; por ejemplo, en el sector privado, los Consejos Ejecutivos de compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, están compuestos por un 94.8% de hombres y tan sólo un 5.2% de mujeres.

Otros factores podemos encontrarlos en que el 60% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal y el 69.7% de las mujeres aún realizan trabajo no remunerado en el hogar. También, la maternidad ha resultado un elemento que un gran número de empleadores consideran para mantener menores salarios al considerar una mayor rotación o tiempo de incapacidad del personal; condiciones que han provocado la precarización del empleo femenino. Aunado a lo anterior, conciliar la vida laboral y familiar resulta un gran reto para las mujeres, ya que, además, la desigualdad en las tareas del hogar y cuidado de los hijos, persiste.

En consecuencia, la desigualdad salarial es uno de los principales obstáculos para el desarrollo tanto profesional como personal de las mujeres, pues además de colocarlas en una condición de desigualdad, se traduce en mayor vulnerabilidad al generar más probabilidades de que las mujeres vivan en condiciones pobreza, dado que las oportunidades de movilidad social para las mujeres son aún más difíciles que para los hombres. Asimismo, esta brecha reduce la autonomía y limita el empoderamiento de la mujer.

En conclusión, se debe comprender la importancia de la paridad y de la igualdad salarial en dos vertientes:

1. Cerrar la brecha salarial resulta fundamental para el pleno desarrollo de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, ya que lograr el empoderamiento económico de las mujeres deriva en autonomía económica, que a su vez se traduce en una mayor libertad y mejor calidad de vida.

2. Para el crecimiento y desarrollo tanto económico como social de nuestro país, en tanto que es necesaria la contribución igualitaria de mujeres y hombres para la transformación efectiva no sólo de México, sino del mundo. Como lo dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se calcula que “si las mujeres participan en la economía en igualdad de condiciones, el PIB mundial podría aumentar un 26% para el año 2025”8.

México tiene un compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, misma que dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 5 busca alcanzar la Igualdad de Género, mientras que el 10 plantea la Reducción de las Desigualdades, y el número 8 tiene por objetivo el Trabajo Decente y Crecimiento Económico, particularmente su Meta 8.5, pretende “alcanzar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor”.

Lograr la igualdad y no discriminación salarial, es posible. Cabe mencionar, como referente, que países como Islandia ya han implementado medidas que hacen ilegal que un hombre tenga ingresos mayores que una mujer por el mismo trabajo o posición.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa propone una remuneración igual, entre hombres y mujeres, cuando se trata del desempeño de las mismas actividades y/o responsabilidades; con salarios justos, equitativos y dignos, aunados a mejores condiciones laborales.

Asimismo, es fundamental que se diseñen políticas que permitan conciliar la vida    laboral con la familiar, aplicables para hombres y mujeres por igual, fomentando una cultura de responsabilidad igualitaria y compartida en el cuidado tanto de los hijos como del hogar.

Esta iniciativa se trata de una cuestión de justicia social, de garantizar los derechos de las mujeres, de revalorizar y dignificar el trabajo femenino.

FUNDAMENTO JURÍDICO

En el ámbito nacional, la iniciativa que se está sometiendo a consideración de esta Honorable Soberanía tiene su fundamento en diversos preceptos constitucionales, mismos que se analizarán de manera breve. En primer término el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental de igualdad, al señalar que todos los individuos son iguales ante la ley y que, asimismo, queda prohibido todo tipo de discriminación originada por cualquier motivo, como se desprende de sus párrafos primero y tercero:    

“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. […]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En relación a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el sentido de la igualdad es posicionar a los particulares en condiciones de acceso a derechos reconocidos constitucionalmente. Ello, implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, sin significar que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales; es decir, están aceptadas implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas.

Una vez establecido el marco normativo general aplicable a la igualdad, es conveniente precisar los alcances del derecho fundamental de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 4° Constitucional, que en lo conducente establece:

Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley.[…]”

El párrafo arriba transcrito se introdujo en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1964, es producto de un largo proceso para lograr una equiparación jurídica del género femenino y masculino. En la referida reforma se propuso elevar a la categoría de norma constitucional la igualdad jurídica entre los sexos y se indicó que esta serviría de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación. Advirtiéndose la participación plena de la mujer en los siguientes ámbitos: 1) el proceso educativo; 2) el mercado laboral; 3) la revalidación de la vida familiar y 4) las estructuras públicas o políticas.

Lo anterior, implica el derecho el derecho inalienable de las mujeres de participar de manera activa y plena, al igual que lo hacen los hombres y sin discriminación por razón de género, en los ámbitos esenciales de la sociedad, garantizando una igualdad de oportunidades. Lo anterior fue necesario atendiendo a que se le daba un trato discriminatorio, con independencia del plano social, en las legislaciones secundarias -federales y locales- que le impedían dicha intervención activa en las dimensiones aludidas.

En este mismo sentido, el numeral 123, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. Dicho precepto prevé el principio de igualdad salarial, conforme al cual los y las trabajadoras de una empresa o establecimiento que desempeñan la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tienen derecho a percibir igual remuneración, es decir, este principio no permite un trato preferencial o discriminatorio en cuanto al monto del salario que deben recibir los trabajadores ubicados en igualdad de circunstancias9.

De tal suerte, atendiendo a una interpretación sistemática, armónica y conforme, se puede desprender válidamente que los legisladores deben velar por este derecho fundamental no solo en las y los trabajadores adscritos al apartado A, sino también se deben extender a los del apartado B. Por ello, se tiene que garantizar la igualdad salarial en todas las leyes secundarias que tengan por objeto establecer las normas para corregir dicha desigualdad y no solo en la Ley Federal del Trabajo. De manera ilustrativa se transcribe la parte conducente del numeral 2 y 86 de la legislación antes aludida:

“Artículo 2°.- […]

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.”   

“Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.”

Por otra parte, también se acompaña la presente iniciativa de la reforma conducente a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de establecer la atribución de promover la igualdad salarial mediante campañas de difusión y divulgación, así como la prevención y erradicación prácticas que atenten contra el referido principio, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presenta el cuadro comparativo entre la legislación vigente y la propuesta de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, por último, a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

Artículo 33.- El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los Presupuestos de Egresos respectivos.

Artículo 33.- El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los Presupuestos de Egresos respectivos.

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a IX. […]

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

V Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica.

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. a V. […]

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. a V. […]

IV. Diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para fortalecer la igualdad salarial en los sectores público, privado y social.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a X. […]

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. […]

VI Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica.

VII. a X. […]

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo:

I. a LIV. […]

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico, y

LVI. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones aplicables

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo:

I. a LIV. […]

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico;

LVI. Promover en las instituciones públicas y privadas, el respeto al principio de igualdad salarial, y

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones aplicables

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Artículo 42.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y equitativas.

Artículo 42.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y equitativas.

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se modifica el artículo 33 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

“Artículo 33.- El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los Presupuestos de Egresos respectivos.

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.”

SEGUNDO.- Se modifican los artículos 5 y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para quedar como sigue:

“Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

V Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica.”

“Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. a V. […]

IV. Diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para fortalecer la igualdad salarial en los sectores público, privado y social.”

TERCERO. -  Se modifican los artículos 1 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. […]

VI Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica.

VII. a X. […]”

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo:

I. a LIV. […]

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico;

LVI. Promover en las instituciones públicas y privadas, el respeto al principio de igualdad salarial, y

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones aplicables.”

CUARTO.- Se modifica el artículo 42 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 42.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y equitativas.

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.”

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

1 CONAPRED. Ficha Temática: Mujeres. Disponible en:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaMujeres.pdf

2 ONU Mujeres. Una remuneración igual por trabajo de igual valor. Disponible en:
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/equal-pay

3 CONAPRED. Ficha Temática: Mujeres. Disponible en:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaMujeres.pdf

4 ONU Colombia. Un llamado urgente para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Disponible en:
https://nacionesunidas.org.co/noticias/un-llamado-urgente-para-eliminar-la-brecha-salarial-entre-mujeres-y-hombres/

5 El País.  Las europeas trabajan ‘gratis’ desde hoy hasta final de año porque ganan un 16% menos que los hombres. Disponible en:
https://elpais.com/economia/2018/11/03/actualidad/1541250399_672860.html

6 WEF. The Global Gender Gap Report 2018. Disponible en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 

7 INMUJERES. Brecha salarial de género en México, 2016. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101271.pdf

8 ONU. Guterres: Si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el PIB mundial podría aumentar un 26%. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/09/guterres-si-las-mujeres-pudieran-participar-en-la-economia-en
-igualdad-de-condiciones-el-pib-mundial-podria-aumentar-un-26/

9 Amparo directo en revisión 1800/2001. Refugio Solís Pantoja. 8 de marzo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo.

Se suman los Senadores Patricia Mercado, Rocío Abreu, Margarita Valdez, Covarrubias, Bours, Jesusa Rodríguez, Mora, Joel Molina, Peña, Cecilia Sánchez, Caraveo, Eduardo Ramírez, Martha Guerrero, Julio Menchaca, Noyola, Nuvia Mayorga, Rocha, Zamora Gastélum, Claudia Anaya, su servidora, Ovidio Peralta, Gutiérrez Castorena, Cruz, Fuentes y Américo Villarreal. Pase, por favor, la Secretaría de Servicios Parlamentarios a recabar las firmas conducentes que ha autorizado la Senadora De la Sierra. Y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.






Para finalizar tiene la palabra el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, en materia de participación del Banco de México, en contratación de deuda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA

(Presentada por el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, señora Presidenta. Y demás integrantes de la Mesa Directiva. Queridas Senadoras y queridos Senadores:

Medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan y que nos ven a través de las cámaras.

Muy buenas tardes todas y todos.

La iniciativa que pongo a su consideración tiene como propósito reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, a efecto de que sea el Banco de México quien analice las circunstancias económicas extraordinarias que imperen en el país, previo a la contratación adicional de deuda pública por parte del Ejecutivo Federal.

Ello permitirá que se estudien las condiciones de la contratación, el mecanismo de endeudamiento y la capacidad de pago, logrando establecer un proceso de corresponsabilidad entre el órgano autónomo con capacidad técnica y con compromiso ético, como lo es el Banco de México, es decir, una corresponsabilidad con el Ejecutivo Federal.

Lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos.

El artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública establece que el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del poder del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan.

Esta situación ha generado que las administraciones públicas puedan contratar mayor endeudamiento a voluntad propia, amparados en un artículo donde no se establece un concepto claro de qué son o a qué se refiere estas circunstancias económicas extraordinarias, y lo que es más grave, se deja la definición de estas circunstancias a juicio únicamente del Poder Ejecutivo Federal.

Es importante resaltar que el desarrollo económico de un país es una prioridad en todo gobierno, por ello cualquier política pública gira en torno a la adecuada administración de los recursos y cómo estos se aplican en temas fundamentales para fomentar el bienestar de la población, en la población.

En ese sentido, el gobierno administra los recursos que se obtienen por vía de los impuestos, derechos y aprovechamientos que sirven para financiar los distintos proyectos que enmarcan la política de progreso del país.

Sin embargo, en el caso de México los ingresos propios del Estado no han sido suficientes para cubrir el costo de programas o proyectos de infraestructura acudiendo en su momento al financiamiento interno o externo para solventarlos.

La historia de México nos ha mostrado un proceso de endeudamiento que inició en el gobierno de Agustín de Iturbide y continúa hasta nuestros días.

Si bien durante ciertos periodos de la historia, México ha gozado de cierta estabilidad en el crecimiento de su deuda. En los últimos años la deuda del gobierno mexicano ha observado un crecimiento importante y exponencial debido a diversos factores económicos que ha llevado a la necesidad de cubrir el déficit presupuestario a través del financiamiento.

Actualmente, y conforme a cifras provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la deuda neta en el sector público federal, es decir el gobierno federal y empresas productivas del Estado y la Banca de Desarrollo, al cierre de enero de 2019 se ubicó en 10 billones 800.6 mil millones de pesos.

La deuda interna neta del sector público federal fue de 6 billones 950.6 mil millones de pesos; mientras que la deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 202.7 mil millones de dólares, equivalente a 3 billones 850 mil millones de pesos.

Independientemente de que se debata si los préstamos adquiridos por el país a lo largo de su historia fueron bien aprovechados o no, o si pudieron contratarse en mejores términos, en este momento el endeudamiento refleja una urgente necesidad de prevenir y atender una carga financiera que dificulte el diseño de cualquier política de desarrollo en el país y que constituye un riesgo latente de estabilidad económica y social.

Por tal razón, la contratación e incremento de la deuda tiene una constante, las enormes facultades que aún conserva el Presidente de la República para definir la política de endeudamiento.

Por ello, considero que es el Banco de México una verdadera autoridad en materia económica que deba asumir la responsabilidad de opinar sobre las condiciones en que se contrate la deuda.

Lo anterior con base en lo dispuesto en el propio artículo 28 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual confiere al Banco de México procurar la estabilidad del Poder Adquisitivo de la Moneda Nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponda al Estado.

Además, de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

En ese sentido, considero que es una autoridad en la materia e institución de excelencia, merecedora de la confianza de la sociedad para poder intervenir mediante un análisis y dictamen en el momento en que el Ejecutivo Federal pretenda contratar montos adicionales de deuda pública.

Por lo anterior, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública para quedar como sigue:

“Artículo Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando previo análisis y dictamen del Banco de México, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan, cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización, informará al Congreso de la Unión.

Transitorios.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Conejo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






A continuación le pido a la Secretaría dé cuenta de los turnos directos que se han solicitado.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta.

A petición de la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un V párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo, en materia de plazo para presentación de demanda de amparo. El turno es a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN V PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO

(Presentada por la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo parlamentario de morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente comparezco ante esta Soberanía para presentar la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de amparo se basa en la idea de limitación de poder dentro del marco constitucional de las autoridades gubernamentales y de particulares cuando sus actos se equiparen a los de la autoridad, protegiendo los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos garantizando sus libertades frente al actuar arbitrario. En términos técnicos y jurídicos el derecho de amparo suele ser un tema complejo, por lo cual ha sido cuestionado por diversos juristas y académicos del derecho, ya que si su principal función es el salvaguardar los derechos humanos debe ser un instrumento de fácil acceso, sencillo y amplio para poder garantizar el Estado de Derecho.

En la historia jurídica de nuestro país el derecho de amparo apareció por primera ocasión en la península de Yucatán en 1841, una vez facultada por la República Mexicana para tener su propia Constitución Política, en su Constitución, Yucatán por medio del jurista Manuel Crescencio Rajón, conocido hoy como el padre del amparo mexicano tuvo a bien incluir en su artículo 53 este derecho. Así se habló por primera vez en el derecho legislado, del amparo decretado por órganos jurisdiccionales para combatir agravios contra las garantías individuales, en el proyecto de Rejón y en la Constitución yucateca de 1841.

Con la nueva ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 se recogieron una serie de cuestiones que anteriormente se habían fijado en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación e implemento novedosas disposiciones y figuras jurídicas añadiendo cuestiones innovadoras dentro del sistema de amparo mexicano, como el amparo a derechos colectivos, así como ampliar la esfera de la protección a derechos humanos, con esto se busca eficientizar la justicia mexicana. Lo anterior fue respondiendo a un cambio profundo de la reforma constitucional de 2011.

En diversas ocasiones, muchas leyes que han afectado a la ciudadanía y esta ha utilizado su legítimo derecho de amparo se ha encontrado una serie de dificultades burocráticas, lo cual contraviene totalmente el espíritu por el cual este recurso nació; además de que como esta estipulado hasta el momento en el artículo 17 de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo permite hacer legítimo uso de este derecho cuando se trata de una ley expedida por el Ejecutivo o el Legislativo Federal o local solo cuando se ha publicado la ley que afecta los derechos de los ciudadanos; dejando así un vacío legal donde el legislador puede encontrar alguna argucia legal para en ocasiones subsecuentes afectar de nueva cuenta a la ciudadanía.

Para explicar un poco mejor el párrafo anterior, pongo como ejemplo lo que el Ejecutivo del Estado de Zacatecas, ha utilizado en contra de los derechos de los ciudadanos zacatecanos; en el año 2017 el Ejecutivo por medio de la Ley de Ingresos y de Hacienda del Estado de ese año creo un nuevo impuesto que denomino “impuesto a la infraestructura”, con el cual cobra arbitrariamente a los zacatecanos el derecho a usar las vías de comunicación estatales; cerca de 800 zacatecanos en uso de su legítimo derecho decidieron acudir al amparo, logrando así que los tribunales del Poder Judicial de la Federación reconocieran que el cobro de este impuesto era ilegal y el recurso cobrado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas fuera devuelto a los ciudadanos que lograron ampararse, al declararse inconstitucional, el Poder Judicial de la Federación ordeno también al Gobierno del Estado de Zacatecas no volver a recurrir al cobro de este denominado “impuesto a la infraestructura” a las personas que ganaron el amparo; mas lo que el Poder Judicial de la Federación no logro fue que el Gobierno del Estado de Zacatecas dejara de cobrar este impuesto declarado inconstitucional por su desproporcionalidad. Logrando así que el Ejecutivo no modificara la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el año 2019 para que en el presente año mas personas no lograran recurrir al derecho de amparo en contra de este impuesto, violando así los derechos de los zacatecanos, es por eso que presento esta iniciativa con proyecto de decreto para añadir un quinto párrafo al artículo 17 de la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional.

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se añade un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17: El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

V. Cuando se reclame una norma de efecto reiterado, será de 15 días contados a partir de que ocurrió la afectación o afectaciones reclamadas.

TRANSITORIOS

Único.- La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. María Soledad Luévano Cantú.






A petición de los Senadores Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de publicidad de las sentencias. El turno es a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Deldadillo García, Bertha Xóchil Gálvez Ruiz, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Patricia Mercado)

El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del Artículo 73 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La opacidad en la que opera en el Poder Judicial es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. Actualmente las leyes de    transparencia obligan poner a disposición de la ciudadanía, sólo aquellas sentencias que sean consideradas de “interés público”, dada la ambigüedad de este concepto el Poder Judicial se escuda en esta disposición para mantener la opacidad en su labor como juzgador. 

“Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I.    

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III. a V. …”

Con el afán de transparentar la labor del Poder Judicial, se retoma el trabajo de investigación y seguimiento que ha realizado el colectivo Lo Justo es que Sepas, y en un ánimo de colaboración cercana entre sociedad civil organizada y legislativo se presenta esta propuesta. De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación y seguimiento realizado por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, se considera que el acceso a la información es un derecho humano reconocido y regulado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS 16). Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece, específicamente, el crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles (ODS 16.6); y que, respecto a la impartición de justicia, la transparencia y el acceso a la información son particularmente importantes pues permiten a la ciudadanía una mejor comprensión del sistema de justicia y, por tanto, de las herramientas que tienen a su disposición para el pleno ejercicio de todos sus derechos.

Parte fundamental del ejercicio de interacción entre la ciudadanía y autoridades, es contar con la posibilidad de observar, analizar y generar información a través de los datos que las autoridades ofrecen sobre su función, por lo que la transparencia judicial resulta esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base en la experiencia ciudadana al acercarse a las instituciones impartidoras de justicia.

Las sentencias judiciales son el resultado último y concreto del trabajo de las y los magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionales, que estas sentencias  tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía y que deben resolver los conflictos que surgen en una comunidad y sancionar los delitos que la afectan, por lo que representan una información necesaria para que la ciudadanía en general pueda entender los criterios de interpretación de la Ley y evaluar el desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales.

En México, según investigación realizada por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en 20151, ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumple con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.

Este panorama empeoró con la entrada en vigor, en mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ésta representó un retroceso legislativo contrario al principio de progresividad del derecho a la información y máxima publicidad, pues redujo la obligación de publicar todas las sentencias que hayan causado estado a únicamente las que el propio poder judicial considere de interés público y sin que este concepto se definiera 0de manera clara.

Según informe de EQUIS Justicia para las Mujeres de 20172, el concepto de interés público en la publicación de sentencias ha generado mayor opacidad judicial, pues cada Tribunal está interpretando de manera diferenciada y restrictiva su significado. Ejemplo de ello son los Poderes Judiciales de Zacatecas y Campeche que, en respuesta a solicitudes de acceso a la información, declararon no haber publicado una sola    sentencia durante dos años, pues no han “detectado” nada que resulte de interés para la sociedad.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:

Transparencia en las sentencias

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. …

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III. a V. …

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. …

II. Las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias;

III. a V. …

Por lo anteriormente expuesto, se somete ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma la Fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar como sigue:

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. …

II. Las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias;

III. a V. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, tendrán un plazo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes a fin de que todos los órganos jurisdiccionales del país pertenecientes a los poderes judiciales federales o locales publiquen las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias que emiten.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Verificación de la obligación de transparentar sentencias Judiciales. Diagnóstico de Situación” Equis Justicia para las Mujeres, México, 2015. 

2 “Transparencia en la Publicación de sentencias ¿Retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?”, Equis Justicia para las Mujeres, México, diciembre 2017. 






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

A petición de la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huesca. El turno a la Comisión de Asuntos Indígenas.

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LA RECOMENDACIÓN No. 3/2018 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO PARTICIPATIVO DE CONSULTA DE LA TERMOELÉCTRICA DE HUEXCA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL RESPETO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA, PUEBLA Y MORELOS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En el 2010, se originó la conformación del Proyecto Integral Morelos (PIM), que comprende la construcción y operación de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto, en ese sentido, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad determinaron instalar una central de ciclo combinado en el estado de Morelos.

No obstante, dicho proyecto generó inconformidad de diversas comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, debido a las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl, la omisión para formular la consulta a pueblos y comunidades indígenas.

En los últimos 10 años, el Proyecto Integral había sido suspendido en diversas etapas debido a múltiples amparos interpuestos por habitantes de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Pese a ello, la actual administración federal sometió a consulta ciudadana el pasado 23 y 24 de febrero sobre la termoeléctrica en Huexca. Al respecto, se presentaron incidentes en donde pobladores quemaron boletas y destruyeron casillas en diversas comunidades donde se realizó la consulta. Cabe señalar que días previos, Samir Flores, líder opositor a la termoeléctrica de  Huexca, fue asesinado a balazos en la mañana del pasado 20 de febrero afuera de su domicilio ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos.

Sin embargo, de acuerdo con una nota periodística, el pasado 2 de mayo de 2014, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador visitó Tlalquiltenango, Morelos, y prometió que apoyaría a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica. Luego, en Yecapixtla, Morelos, calificó de ofensa y agravio que quisieran "imponer una termoeléctrica".

En consecuencia, en la realización de la mencionada consulta se debe dar la información más completa sobre este proyecto, sus contenidos, trazos, tierras a afectar, los impactos en sus tierras y el medio ambiente para llegar a los mejores acuerdos y tener el consentimiento de las comunidades, en un marco de confianza entre las partes, que no cause la fragmentación de comunidades indígenas o el aumento de conflictos entre ellas.

Debido a que en las localidades aledañas al proyecto de la termoeléctrica se registra la presencia de pobladores indígenas, con una población aproximada de 14 965 personas, 3 de ellas consideradas como pueblo originario por tener más del 40% de sus habitantes de lengua indígena, y 9 comunidades de interés por tener una población de más de 150 habitantes indígenas.

Para realizar esta consulta a los pueblos indígenas afectados es necesario dar a conocer el procedimiento para realizarla, brindar la información lo más completa posible, convocar a las autoridades e instituciones representativas de los indígenas, los tiempos y etapas de esta consulta.

Se debe cumplir estrictamente los requisitos que marcan la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes, las afectaciones al uso de suelo; dialogar con las autoridades municipales y que no se violenten los programas de ordenamiento ecológico del territorio, y las declaratorias de áreas protegidas.

No obstante, aunque las leyes no digan explícitamente que se tiene la obligación de realizar consultas, todas las instituciones y empresas están obligadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de los Pueblos indígenas y Tribales tienen la obligación de incorporar la consulta y participación del pueblo indígena. Ninguna institución pública se puede excusar en la falta de norma expresa cobre la consulta. Todas las instituciones tienen que cumplir con la Consulta, además de cumplir todos los requisitos que las dependencias impongan.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT , en su artículo 6 establece que los gobiernos tienen que consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; que estas consultas sus autoridades e instituciones representativas deben participar libremente en la toma de decisiones y que deberán ser de buena fe u de manera adecuada a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

IV.- Que conforme al Convenio 169 de la OIT, el artículo 15 señala que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse de manera especial y que tienen el a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos por lo que los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Asimismo, ratifica que se deberá consultar a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

V.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 apartado B fracción IX, establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

VI.- Que de acuerdo con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 29, establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

VII.- Que conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19 instituye que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado y en el Artículo 32 se establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

VIII.- Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general No. 3/2018, sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el proyecto integral Morelos. Que señala lo siguiente:

-Que se cumpla la recomendación 3/2018 SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA, DE BUENA FE Y CULTURALMENTE ADECUADA PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y A LA INFORMACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS del  27 de febrero de 2018.

Dirigida  al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director  de la Comisión Federal  de Electricidad, y al  Director  de la Comisión Nacional para  el Desarrollo de los Pueblos indígenas, hoy Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Para que las diversas  áreas que participan en la evaluación de proyectos de su competencia se sometan a consideración, de manera oficiosa, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que determine si el proyecto planteado impacta en comunidades indígenas y, en consecuencia, se inicie el proceso de consulta, libre e informada

-Que se vigile el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en materia de impacto ambiental y supervise las condiciones de seguridad del PIM.

-La  colaboración entre la SEMARNAT, la CFE, el CENAPRED, el CUPREDER, el Instituto de Geofísica de la UNAM, y las unidades de protección civil estatales y municipales, a efecto de que se conforme un grupo de trabajo que valore si actualmente el PIM cumple con las especificaciones técnicas

-Se giren las instrucciones respectivas para emitir una circular que se publique en el Diario Oficial de la Federación dirigida al personal de esas dependencias que participan en la coordinación de trabajos y estudios para seleccionar sitios donde se impulsen proyectos de desarrollo o infraestructura a fin de que, en lo sucesivo, los sometan a consideración, de manera oficiosa, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

-Se implemente un programa de mantenimiento riguroso en la totalidad de la infraestructura que compone al Proyecto Integral el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil (Programa de Prevención de Accidentes, Programa de Auxilio y Programa de Recuperación) y al Plan de Respuesta a Emergencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que informe sobre el cumplimiento y  avance de la recomendación 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el proyecto integral Morelos, respecto al ejercicio participativo de consulta de la Termoeléctrica de Huexca, del pasado 23 y 24 de febrero, con el propósito de efectuar el respeto de derechos de los pueblos indígenas de los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.






A petición de la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. El turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








A petición del Senador Arturo Bours Griffith, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Salud y del Trabajo y Previsión Social para que, en colaboración con los gobiernos de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, se retome la función de los profesores de educación física, con la finalidad de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en niños, niñas y adolescentes. El turno a la Comisión de Educación.

El que suscribe, Senador de la República ARTURO BOURS GRIFFITH, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados recibí en mi oficina el documento titulado La Educación Física como Asignatura -cuya copia adjunto-, elaborado por la Asociación Nacional Cívica de Profesores y Licenciados en Educación Física, A.C. y apoyado en todos sus puntos y propuestas por buena parte de los maestros de educación física del Estado de Sonora.

En dicho documento plantean, entre otras propuestas, lo siguiente:

“Medie para promover, que la educación física sea incluida en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es una actividad educativa que contribuye, ampliamente, en el precepto de desarrollar armónicamente a los individuos, así como también se le dé a la educación física nuevamente, el carácter de asignatura que hasta el ciclo escolar 2017-2018 ésta tenía dentro de los planes y programas de estudio de educación básica”

“Reconocer en la Ley de Cultura Física y Ley General de Educación al Licenciado de Educación Física como un verdadero profesional, ya que actualmente ante la Ley de Servicio Profesional Docente, estamos catalogados como técnicos auxiliares en educación, en demérito de la formación académica cursada.”

Los dos párrafos anteriores me llevaron a pensar, detenidamente, en el papel positivo que debe jugar la actividad física desde la más temprana edad en la formación de niños, jóvenes y adolescentes al margen de la posición económica de sus familias y del lugar donde viven.

En consecuencia, después de revisar algunos trabajos relacionados con el papel formativo de la actividad física y deportiva en la formación de la persona, comparto con ustedes algunas conclusiones preliminares y generales.

En relación al caso de la obesidad y el sobrepeso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que más de 1,900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso de los cuales, más de 650 millones eran obesos1. De igual manera, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso y, al mismo tiempo, eran obesos.

Lo anterior, obesidad y sobrepeso, incide de manera negativa en el crecimiento económico a la vez que contribuye a mantenerlos en la pobreza, condición que afecta de manera más negativa a los niños.

También, de acuerdo con estudios del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, las pérdidas de los países en desarrollo por la malnutrición se encuentran entre el 2% y 3% del PIB, y en lo que respecta a los efectos en materia de productividad, la condición de obesidad reduce en un 10% los ingresos que una persona obtendría a lo largo de su vida2.

Para el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) menciona que de los 53 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 32 millones de ellas enfrentan problemas de obesidad y sobrepeso.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala, con una visión amplia del concepto, que la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente3.

La salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población, además de ser uno de los componentes indispensables del capital humano y su formación, que contribuye a garantizar la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, la transformación y la rápida urbanización en los estilos de vida han dado lugar a cambios importantes en los hábitos alimentarios. En la actualidad, se consumen más alimentos con más grasas saturadas, azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficiente fruta, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. Esto se debe, en no pocos casos, al bajo nivel de ingresos y en otros, a malos hábitos alimenticios y a la escasez de información al respecto.

En consecuencia, el sobrepeso y la obesidad constituyen un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo el cual, en años recientes, ha crecido de manera exponencial. Los niños y adolescentes son los más propensos de padecer -a edades más tempranas-, enfermedades no transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares debidas, en ambos casos, al consumo desmedido de lo que se dado en llamar “comida chatarra”.

Los malos hábitos de consumir alimentos no saludables se extienden en la mayoría de la población en todo el país, poniendo de manifiesto la urgencia que reviste aumentar y mejorar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en los diferentes grupos de edad, con especial atención puesta en niños y adolescentes.

Ante este panorama, la OMS considera también que la inactividad física es uno de los factores que contribuyen a una presencia mayor de estas enfermedades las cuales, son consideradas como el cuarto riesgo de mortalidad mundial.

Para los niños y jóvenes, sugiere invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

Y para el caso de los adultos, recomienda actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta imperativo considerar que la EDUCACIÓN FÍSICA contribuye, de manera notable, a la formación armónica e integral del ser humano en las áreas de su cognición, corporeidad y motricidad.

Además, educa al resaltar primordialmente los valores por medio de la actividad física encausada en el juego, parte lúdica natural de todo infante, mismos que le ayudan en su vida cotidiana para promover la inclusión y la convivencia civilizada.

También, la educación física bien practicada contribuiría a combatir el problema de la mala alimentación que lleva al sobrepeso y éste, a su vez, tiene como efecto perverso la diabetes en un buen porcentaje de nuestros niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de: Educación Pública, Salud y la del Trabajo y Previsión Social a trabajar coordinadamente y en estrecha colaboración con los gobiernos de las 31 entidades federativas y la CDMX, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para lograr, por las razones expuestas, se valore y retome la función de los educadores físicos en México, como principales aliados para promover la activación física y sana alimentación para la puesta en marcha de programas que ayuden a disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, niñas y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Arturo Bours Griffith.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/}

2https://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/149-80-mil-millones-de-pesos-costos-de-obesidad-y-sobrepeso.html

3 http://www.who.int/suggestions/faq/es/






A petición de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir dentro del decreto de estímulos fiscales, región frontera, a los municipios Allende, Morelos y Villa Unión en el estado de Coahuila de Zaragoza. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que modifique el Decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 3 de diciembre de 2018 para que adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el Municipio de Allende, en el estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de marzo de 2011. Asimismo, se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de atracción con objeto de investigar y esclarecer la matanza en el municipio de Allende, del estado de Coahuila, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Estado de Coahuila aproximadamente a las 17:30 horas, ocurrieron actos delictivos, de acuerdo a testimonio de personas que presenciaron los hechos afirman que en el municipio llegaron personas fuertemente armadas en más de 40 camionetas, irrumpiendo el domicilio de varias familias, destruyeron alrededor de 39 casas y 7 ranchos. Ingresaron a diversos domicilios, los saquearon, quemaron y se llevaron a personas con destino desconocido, posteriormente se afirma que fueron llevados a un rancho a las salidas de Allende, el resultado fue la desaparición de más de 400 personas. También se presume que las personas que llegaron al municipio están vinculadas al crimen organizado.

En algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, fachadas agrietadas y columnas colapsadas. Entre los escombros quedan los vestigios de vidas destrozadas, aun se visualizan muebles destrozados y bienes personales como zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes con gran detrimento.

Si bien es cierto, a diferencia del resto del país que han sido destrozados por la guerra entre rivales del crimen organizado, lo ocurrido deja a nuestro México en el escenario internacional como un Estado si leyes.

El municipio de Allende tenía como actividad principal la ganadería, su población  oscilaba a más de 23,000 habitantes y a solo 40 minutos se encuentra la frontera con Texas, Estados Unidos de América. Debido a la cercanía, el Gobierno Norteamericano a través de su Agencia Antidrogas (DEA) por sus siglas en inglés, conoció y reconoció que hubo un grave error en la investigación realizada a líderes de la delincuencia organizada. Tal y como fue la falta de secrecía en la información obtenida.

Una unidad de la policía mexicana conoció las líneas de investigación por parte de los agentes de la DEA, que, por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido entrenados y aprobados por la agencia estadounidense. Así, de inmediato, los líderes del narco se enteraron de inmediato. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos.

Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables. Al final, autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.

A la mañana siguiente, sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios operarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Muchas de las propiedades fueron saqueadas a plena luz del día, en colonias prósperas y transitadas. A la vista se aprecia una desolación no solo de transeúntes, sino de actividades cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares. Los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una ola de saqueos.

Durante años, las autoridades estatales y federales en México no parecían hacer un esfuerzo verdadero para indagar en el ataque. Las autoridades federales mexicanas dijeron que sus predecesores no investigaron porque los asesinatos no se podían conectar al crimen organizado, pero reconocieron que ellos tampoco han investigado.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic han identificado alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos. Los familiares fueron abandonados a su suerte a la hora de juntar las piezas de lo que pasó y reconstruir sus vidas.

Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila en turno, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron una “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos.

En lo que va a partir de la fecha señalada a la actualidad, menos de una docena de sospechosos han sido arrestados, la mayoría eran ex policías locales y peones del narco que seguían órdenes. Nadie ha sido acusado de asesinato. En 2015, la oficina del fiscal especial de Coahuila comenzó una serie de reuniones con familiares de aquellas víctimas que, como creían los investigadores — basados en confesiones — estaban muertos. Emitieron certificados de defunción, pese a no tener cuerpos, que enlistaban causas de muerte como “choque neurogénico” y “combustión total debido a exposición directa al fuego”.

Después de eso, familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda a los distintos niveles de gobierno, a instituciones y organizaciones no gubernamentales, pero esto obligó a los familiares a no a hablar públicamente sobre su tragedia por cuestiones de seguridad en el mejor de los casos, varias personas se mudaron a Estados Unidos.

Al igual que lo sucedido en Ayotzinapa, Guerrero, es deber del Gobierno Federal, esclarecer realmente lo que sucedió en Allende, Coahuila, cuantas personas fueron asesinadas y dar con el paradero de los desaparecidos, que los responsables paguen por lo que hicieron, la gente en Coahuila reclama justicia para los víctimas. Por ello, exhorto al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones modifique el Decreto que da vida a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, para que sea esta quien atraiga el caso o en su defecto amplié sus atribuciones.

Por otro lado, extiendo exhorto a la Fiscalía General de la República para que investigue de acuerdo a sus facultades y atribuciones, asimismo, de haber elementos probatorios que acrediten la probable comisión de delitos, radique el expediente al juez de control para que proceda conforme a la ley.

Sabemos que la seguridad es el eje de bienestar social, por ello, exhorto a la Secretaria se Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con el Gobierno del Estado fortalezca la seguridad en el municipio de Allende.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que modifique el Decreto que crea la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Allende, Estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de marzo de 2011.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de atracción con objeto de investigar y esclarecer el caso de la matanza en el municipio de Allende, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el 18 de marzo de 2011.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila fortalezca la seguridad del municipio en dicha demarcación.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes implementen un programa de reconstrucción de los servicios públicos, así como de las casas dañadas de particulares.

Dado en el salón de sesiones del Senado, el 10 de abril de 2019.

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina.






Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse aviso, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1o., 2o. Y 7o. DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL Y SE DEROGA LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

(Presentada por el Senador Omar Obed Maceda Luna, con aval de grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI DEL ARTÍCULO 17 Y III DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por los Senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50, LA FRACCIÓN XXIX-S Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NOVENO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NOVENO PÁRRAFO Y RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las obligaciones más complicadas para los mexicanos es ponerse al corriente con el fisco. Por ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) constantemente busca nuevas estrategias que incentiven a los contribuyentes a pagar sus impuestos; sin embargo, no siempre resulta fácil, actualmente la legislación no prevé con claridad el pago de alguna contribución o accesorio de en especie.

De entre los programas con los que cuenta el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda desde 1975 es el “Pago en Especie” este programa está destinado para todos aquellos artistas que desean pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con obras de su autoría, pero acotado a pocos sectores de la población, no así, al pago de las multas por infracciones cometidas en la reglamentación fiscal.

Ahora bien, el crecimiento que vemos del sector informal es un feno?meno que en diversos casos es originado por la falta de informacio?n o dificultades econo?micas que el titular del pequen?o o mediano negocio encuentra frente al re?gimen fiscal. Incluso muchas de las empresas formalizadas prefieren abandonar o sustituir las razones sociales bajo las que fueron constituidas para lograr evitar cubrir el pago de multas y recargos, llegando en algunos casos a trabajar un mismo negocio hasta con 5 diferentes razones sociales para evadir sus obligaciones fiscales.

En ese orden de ideas, en la mayoría de los casos, a la recaudación fiscal se le encuentra afectada exponencialmente, ya que, el contribuyente se ve rebasado financieramente hasta tres o cuatro veces para cubrir el monto de su adeudo fiscal por el cobro de multas y accesorios fiscales.

De ahí podemos observar, que, si bien es cierto, la mayoría de los contribuyentes pagan sus impuestos en tiempo y forma, también lo es, que algunos de ellos se hacen acreedores de multas excesivas, que no pueden pagar en efectivo o con la liquidez inmediata como quisieran, ocasionándose un desequilibrio en las finanzas de los contribuyentes.

Por lo tanto, resulta conveniente facilitar a los contribuyentes la búsqueda de  alternativas para facilitar el pago de los accesorios de los creditos fiscales, particularmente el de las multas e infracciones, como una medida que beneficie a los miembros de la sociedad y a las propias autoridades fiscales.

En atención a lo anterior y con el interés de apoyar a los contribuyentes, propongo  un cambio a la regulación fiscal actual, contenida en el Código Fiscal de la Federación, para el caso de las multas por infracciones impuestas por la autoridad como resultado, de auditorías, en sus facultades de revisión.

Dicho cambio esta orientado ha permitir que los pagos de multas se puedan realizar en especie con bienes de su activo fijo y evitar que siga siendo rígido e inflexible la forma de pago de este accesorio, esta medida permitirá sin duda generar mejores resultados para la autoridad fiscal y para el contribuyente, al tener mayor recaudación y evitar el desequilibrio financiero, o que acudan al amparo como se observa en la actualidad en la presentación de juicios legales que desgastan a la autoridad fiscal.

Con esta medida se busca reformar el esquema actual de pago de multas, pues, considero que, si está regulado de esa forma, es porque ha funcionado; solo pretendo otorgar facilidades a los contribuyentes para el pago de este accesorio derivado de la inflexibilidad en la forma de pago. 

En tal virtud, propongo a esta Honorable Asamblea, la adición del noveno párrafo y recorriéndose los subsecuentes del artículo 20, del Código Fiscal de la Federación, para que previa presentación de reglas de carácter general del SAT se permita el pago en especie con bienes de su activo fijo de las multas derivado de las infracciones por incumplimiento a las disposiciones fiscales, esta medida traerá consigo beneficios tanto para la autoridad como para el contribuyente, asimismo la autoridad podrá seguir recaudando este tipo de accesorios y el contribuyente tendrá una opción para poder cumplir sus obligaciones si no cuenta con la liquidez necesaria.

Con la finalidad de dar claridad a la propuesta que se presenta, se establece un cuadro comparativo en los términos siguientes:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Texto vigente

Texto propuesto

TÍTULO II
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes

Artículo 20.- . …

 

 

 

Artículo 20.- .…

…El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, y solo para el caso de las multas e infracciones podrá autorizar otros medios de pago distinto a los señalados en este artículo, como pagos en especie con bienes de su activo fijo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el noveno párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 20.- .…

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, y solo para el caso de las multas e infracciones podrá autorizar otros medios de pago distinto a los señalados en este artículo, como pagos en especie con bienes de su activo fijo. 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 26 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 26-BIS DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Finanzas públicas municipales.

Conforme al estudio Descentralizando los ingresos fiscales en América Latina,1 elaborado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, BID) dentro del nivel de gobierno municipal el gravamen más relevante es el impuesto a la propiedad (predial). De acuerdo con los datos contenidos en dicho estudio, el BID estima que en 2010 el impuesto predial representó el 59.3% del total de los ingresos tributarios municipales.

De acuerdo con las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales2 aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, INEGI) y que corresponden al año 2017, más del 72% de los ingresos que obtienen los Municipios de México corresponden a las participaciones federales y a las aportaciones federales y estatales.

Los problemas que se derivan de ello, resultan evidentes:

a) Los municipios tienen una enorme dependencia financiera sobre las participaciones y aportaciones federales, misma que rebasa el 72%.

b) Los municipios no cuentan con bases sólidas para lograr su autonomía financiera, es decir, para afrontar sus necesidades de gasto mediante ingresos propios (conocido como superávit primario en términos presupuestales).

c) A pesar de que los municipios pueden administrar libremente su hacienda, los impuestos que se establecen apenas representan el 12.7% de los ingresos totales.

d) No obstante que los municipios tienen una estructura impositiva en la que el impuesto predial desempeña un papel fundamental (representa el más del 45% de los ingresos obtenidos vía impuestos), la recaudación por éste concepto es mínima pues apenas representa el 5.7% de los ingresos municipales totales.

2. Recaudación del Impuesto Predial.

La recaudación que deriva de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria es sumamente baja en el país, representó apenas el 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, el 0.13% en 2014, y el 0.15% en 2013 y 2012.3

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo,4 el promedio de los países miembros de la OCDE es que los ingresos municipales por concepto de predial sea de 1.8% del PIB –en países como Reino Unido o Estados Unidos, representa el 4% y el 3%, respectivamente– mientras que en países que pertenecen a la Unión Europea, el promedio de este tipo de ingresos fiscales es de 2.0% del PIB, teniendo como ejemplo a Francia con un 3.73%.

Tratándose de América Latina, la recaudación por predial promedia 0.4% del PIB, destacándose países como Uruguay en que es del 0.86%, así como Colombia con 0.78% Chile con 0.66% o Brasil con 0.51% tal como lo señaló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) al presentar la novena edición del estudio “Índice de Información Presupuestal Municipal”5.

En la Jornada Regional de Catastro y Tributación Inmobiliaria que en 2011 fue organizada conjuntamente por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y el Instituto Mexicano de Catastro, A.C. (INMECA), fueron detectados diversos problemas sistémicos en la planeación y ejecución de la política fiscal en materia de impuesto predial, tales como son:

• Deficiencia en los registros catastrales de los municipios.

• La falta de actualización de los valores catastrales como base del impuesto predial.

• Las tasas prediales del país se encuentran hasta 10 o 15 veces por debajo de los promedios de otros países.

• La merma en la recaudación por las prerrogativas fiscales que se establecen en las leyes locales (exenciones, subsidios, descuentos, tasas preferenciales, etc.)

La problemática anterior ocasiona que en nuestro país, en promedio, se recauden $214.06 por persona por concepto de impuesto predial, tal como fue señalado en el análisis ¿Cuánto se recauda de predial y agua por persona?, publicado por el INDETEC.6 El monto de recaudación nacional per capita por impuesto predial es risible, pues solamente en doce entidades del país se recaudan cifras mayores al promedio, mientras que hay estados como Chiapas, Tlaxcala u Oaxaca donde el impuesto predial no rebasa, siquiera, los $50 por persona.

La solución a los problemas antes señalados corresponde principalmente a los municipios, pues nuestra Carta Magna señala que la hacienda municipal será libremente administrada por éstos.

Sin embargo, desde el Congreso de la Unión es posible auxiliar y coadyuvar en el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial pues, como un primer paso para fortalecer los ingresos fiscales municipales, es necesario mantener actualizado el padrón de contribuyentes lo que se traduce en realizar un censo analítico de la propiedad inmobiliaria a fin de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble, lo que permitirá a los municipios determinar su valor.7

Para la actualización del padrón catastral resulta fundamental apoyarse en el uso de tecnologías de la información tales como cartografía digital y georreferenciación, así como la verificación de datos en campo mediante investigaciones del personal y vuelos, que en la mayoría de los casos exceden las capacidades técnicas de los municipios del país, por lo que se propone que sea el INEGI la instancia encargada de realizar un levantamiento cartográfico nacional que permita a los municipios proveerse de información para actualizar sus respectivos padrones catastrales.

3. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En el primer párrafo del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Asimismo, en el artículo en comento se señala que los datos contenidos en dicho Sistema serán de uso obligatorio para la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Por su parte, en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) se define a dicho sistema como al conjunto de unidades organizadas a través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la información de interés nacional.

El artículo 17 de la LSNIEG refiere como Subsistemas Nacionales de Información a los relativos a información: i) demográfica y social; ii) Económica; iii) Geográfica y del Medio Ambiente; y, iv) Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

En el artículo 26 de la LSNIEG se establece que dentro del componente geográfico del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, se generarán como mínimo los siguientes grupos de datos que se denominarán “Infraestructura de Datos Espaciales de México”.

1. Marco de referencia geodésico;

2. Límites costeros, internacionales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

3. Datos de relieve continental, insular y submarino;

4. Datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima; así como,

5. Nombres geográficos.

Por lo tanto, se propone establecer una nueva disposición normativa mediante la cual se aclare que dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales de México se deberá considerar el levantamiento de un censo de la propiedad inmobiliaria a efecto de que los municipios cuenten con información actualizada para determinar los valores catastrales que sirvan de base para el impuesto predial.

La finalidad de esta iniciativa tiene como propósitos:

1) Auxiliar y coadyuvar en el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial por parte de los municipios a través del levantamiento de un censo analítico de la propiedad inmobiliaria que permita ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble.

2) Proveer a los municipios de información actualizada sobre la propiedad inmobiliaria del país, que esté sustentada en el uso de tecnologías de la información tales como cartografía digital y georreferenciación, y en la verificación de la misma mediante investigaciones de campo.

La instrumentación de este sistema, no causa ningún impacto presupuestario, toda vez que en la práctica, se trata de utilizar los recursos asignados a la operación del INEGI, así como del programa de Modernización Catastral y del programa de Modernización y Vinculación del Registro Público de la Propiedad y el Catastro.

Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se adiciona un artículo 26-Bis de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para que el INEGI realice el levantamiento de un censo analítico de la propiedad inmobiliaria en el país con la finalidad de que los Municipios del país cuenten con información actualizada que les permite ejercer adecuadamente sus potestades tributarias y mejorar la recaudación del impuesto predial a nivel nacional, fortaleciendo las haciendas públicas municipales.

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 26 BIS y se reforma el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 26 BIS.- El Instituto llevará a cabo, en colaboración con las Unidades del Estado, un censo de la propiedad inmobiliaria del país que refleje las características físicas de los predios y, en su caso, de las construcciones adheridas a los mismos, auxiliándose para ello de las tecnologías de la información necesarias, así como de los sistemas digitales de georreferenciación, o bien, de la investigación de campo que se requiera.

Los datos levantados se integrarán al Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en el apartado correspondiente a la Infraestructura de Datos Espaciales de México.

ARTÍCULO 28.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se refieren los tres artículos anteriores a partir de la información básica proveniente de:

I. El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

II. Un sistema integrado de inventarios y encuestas sobre recursos naturales y medio ambiente, y

III. Los registros administrativos que permitan obtener Información en la materia.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.

1 FRETES CIBILES, Vicente y TER-MINASSIAN, Teresa (Editores) Descentralizando los ingresos fiscales en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, p. 227-228.

2https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/finanzaspublicas/FPMun.asp?s=est&c=11289
&proy=efipem_fmun

3 Cfr. IMCO, Índice de Información Presupuestal, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª ediciones.

4 Desarrollo Sub-nacional en México: Apoyo a la sostenibilidad fiscal de los estados, 19 de octubre de 2011.

5 https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-municipal/

6 “¿Cuánto se recauda de predial y agua por persona?”, Hacienda Municipal, INDETEC, abril-junio de 2011.

7 El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) en la guía Administración del Catastro Municipal, señala que una vez que el municipio determinó el valor de los bienes inmuebles, podrá obtener el valor catastral que es la base para el cobro del impuesto predial.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción VII, del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país democrático, el cual tiene mecanismos de transparencia en el nombramiento de diversos servidores públicos de cierto rango, tal como lo es la designación del Fiscal General de la República, del Ombudsman, de Ministros y Magistrados Electorales, Coroneles, Oficiales Superiores, entre otros. Sin embargo, es momento de preguntarnos si los procesos de designación son lo suficientemente transparentes y gozan de plena legitimidad.

Considero que es evidente para todos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones, a no ser que se trate de una resolución de un órgano internacional que la vincule. Por lo anterior, es preciso analizar a profundidad y determinar si los requisitos exigidos para la designación de los Ministros de nuestra Suprema Corte, son o no idóneos para designar a los mejores perfiles que puedan ocupar dicho cargo, así como desvincularlos de los grupos parlamentarios y partidos políticos.

Ahora bien, el proceso de la designación de Ministros, que se encuentra en el artículo 96 de la Constitución Política, establece que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Senado, dentro del plazo de treinta días, y si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente.

Hoy en día, la Constitución Política en su artículo 95, establece los requisitos que deben cumplir para poder ser Ministro de la Suprema Corte, se encuentran: ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, ser licenciado en derecho y con una antigüedad mínima de diez años al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación y por último, no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Evidentemente nos podemos dar cuenta que existen diversos requisitos para poder ser Ministro del Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que aquellos ciudadanos que deseen ocupar un cargo de juez federal o magistrado de circuito, es necesario que aprueben un examen de conocimientos que debe poseer un juez de esta índole.

Con referencia a ello, se realizan convocatorias con las plazas vacantes a concursar y los ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios, pueden presentar un examen que consta de etapas. La primera es un examen de conocimientos de los temas que pudieran llegar a resolver si ocupan el cargo de juez o magistrado. La Segunda etapa consta de la elaboración de un proyecto de sentencia, para poder evaluar sus conocimientos respecto a la capacitación y experiencia que tienen para resolver algún asunto. Y por último un examen oral en donde se les realizan diversos cuestionamientos relativos a la función que podrán desempeñar en caso de pasar con la calificación mínima que el Consejo de la Judicatura Federal fija para ello.

Como se puede inferir de lo anterior, toda vez que una persona que quiere ostentar el cargo de juez federal o magistrado de circuito debe demostrar que cuenta con los conocimientos necesarios para resolver los problemas que se puedan llegar a suscitar y brindar una justicia pronta y expedita a los gobernados.

Ahora bien, si la Suprema Corte puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y amparos directos en revisión, entre otros, tiene la capacidad de revocar o dejar insubsistente una sentencia dictada por un juez federal o magistrado de circuito, por tanto, es necesario que los Ministros cuenten también con los conocimientos que les son requeridos a sus inferiores, máxime que ellos conocen de las sentencias que dictaron sus inferiores y pueden revocarlas e instruirles para dictar una distinta resolución con diverso sentido o efectos.

Dentro de esta perspectiva, surge la necesidad de que la terna de aspirantes a Ministro de la Suprema Corte, deban contar con conocimientos superiores a los que se les pide a jueces federales y magistrados de circuito, pues el hecho de que no se les haga un examen de conocimientos para ocupar el gran cargo que ocuparán, deja en estado de indefensión a miles de Mexicanos que enfrentan un proceso judicial y que pudiera ser resuelto en última instancia por la Suprema Corte.

Para robustecer lo anterior, es indispensable recordar que en ellos recae la interpretación última de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, toda resolución emitida por la Suprema Corte tiene un impacto trascendental en el país Mexicano, se crean criterios y jurisprudencia que sirven como guía a los jueces y magistrados para resolver los asuntos de su competencia.

La labor de un Ministro de la Suprema Corte es importantísima, pues ellos garantizan la supremacía del orden constitucional no solo frente a los actos de otras autoridades o de algún particular, sino que salvaguardan los derechos fundamentales de los justiciables ejerciendo uno de los medios de control constitucional contra los jueces que realizan la función jurisdiccional, por ello que se vuelve de vital importancia el procedimiento mediante el cual se accede a estos cargos. Como lo dijo el Maestro Luigi Ferrajoli, un Juez Constitucional debe de ser el protector de los derechos fundamentales y esta función la desempeña aún en contra de los legisladores, por ello la interpretación de la ley es al mismo tiempo un juicio acerca de la propia ley, ya que el Juez Constitucional debe escoger entre los significados que sean acordes con la Constitución y con los derechos fundamentales que protegen.

En ese orden de ideas, es menester señalar que debe de existir un proceso de transparencia, deliberación y participación ciudadana en la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, para brindarle a los gobernados que enfrentan un procedimiento judicial, la seguridad de que los últimos intérpretes de la Constitución cuentan con los conocimientos iguales o mayores a los que les resolvieron en otra instancia su asunto, es menester que la terna que proponga el Presidente, cuente con los conocimientos que para ello se requiere.

Como resultado de lo señalado, es necesario que los aspirantes a Ministro de la terna que presente el Presidente en turno, antes de que sea seleccionado por el Senado, acrediten tener los conocimientos que para tal cargo se necesita. Por ello es por lo que se propone que la Suprema Corte a petición del Ejecutivo Federal, integre una comisión, la cual será la encargada de realizar el examen de conocimientos que deberán de presentar los aspirantes a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte que es un contrapeso para el sistema federativo de nuestro país, gozará de una mayor legitimidad en los procedimientos de selección de los Ministros, pues si bien la legitimidad del poder ejecutivo y legislativo emana del voto del pueblo, la legitimación de los Ministros, recae en el Presidente que fue electo por el pueblo.

De esta manera, estaremos contribuyendo con la transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso de nombramiento de Ministros, es un tema que se debe mejorar para que nuestra Suprema Corte de Justicia se fortalezca con abogadas y abogados que tengan una carrera judicial demostrada y que, incluso algunos estén actualmente en ejercicio de las más altas Magistraturas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. Haber acreditado el examen que para tal efecto realizará la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL APARTADO A, ASÍ COMO EL INCISO C), EN SU FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO

(Presentada por las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

LAS Y LOS SUSCRITOS SENADORES DE LA REPÚBLICA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. MARCO JURÍDICO

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 28 párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) establece que “…El Estado tendrá un banco         central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. …”.

b) Ley del Banco de México

Que el artículo 21 de la Ley del Banco de México (en adelante, LBM), establece que el Banco de México (en adelante, Banxico) deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una Comisión de Cambios (en adelante, Comisión)

Asimismo, dispone que la Comisión estará integrada por:

• Secretario y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) y otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, y

• Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe.

Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes.

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su ausencia, por el Gobernador y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que designe el Titular de la citada Secretaría.

Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la Secretaría. El Gobernador informará a la Junta de Gobierno sobre dichas resoluciones. El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente lo serán también de la Comisión de Cambios.

II. CONSIDERACIONES

La autonomía respecto a cualquier tipo de presión política o por parte del gobierno en cualquier Banco Central en el mundo es plenamente reconocida por la mayoría de los estudiosos de la Economía. La experiencia al respecto, señala que aquellos países donde el Banco Central está sujeto a este tipo de presiones y se tratan de ignorar las restricciones económicas, tarde o temprano enfrentan episodios de alta inflación, fuerte devaluación e incluso crisis económicas.

En este sentido, México representa un caso en donde la injerencia de la política y el gobierno en el Banco Central derivaron en crisis económica, hiperinflación, destrucción del poder adquisitivo y por consiguiente en mayores niveles de pobreza.

Desde una perspectiva histórica, la autonomía de la banca central en México presenta tres etapas claramente definidas. La primera se extiende desde la fundación de Banxico en septiembre de 1925 hasta 1936, y a la cual se le etapa de la autonomía reglamentaria1. La razón es que en ese periodo quiso garantizarse la independencia del órgano central con apoyo en reglas o normas incorporadas en sus leyes orgánicas.

Posteriormente, y aún sin autonomía legal o formal, de 1955 hasta 1970 la política monetaria se pudo conducir como si hubiera existido esa salvaguarda, por lo que de manera formal se inicia la era de la autonomía carismática.

La tercera fase de la autonomía de la banca central se materializó a partir de la promulgación de la nueva ley para el Banco de México a finales de 1993 y es la que prevalece hasta nuestros días.

La motivación de aquella ley fue la misma que la de sus expresiones predecesoras: suprimir la posibilidad de que el crédito primario sea utilizado sin prudencia, a manera de que termine provocando inflación con todas sus consecuencias perjudiciales.

La diferencia entre esas tres etapas consistió en los apoyos institucionales y legales para respaldar la autonomía del banco central. Esos apoyos están basados en una norma que prohíbe a cualquier autoridad exigirle al banco central el otorgamiento de crédito, el manejo de la institución a cargo de un órgano colegiado independiente, la inamovilidad de sus integrantes, su designación escalonada al igual que la permanencia en su cargo y la independencia administrativa y presupuestal otorgada al organismo.

Otro factor de gran importancia ha sido la salud de las finanzas públicas, sin la cual el banco central no puede conservar el control monetario y también para contener una ampliación excesiva de los déficit en cuenta corriente.

En todos los países, la salud de las finanzas públicas es la condición necesaria para impedir el surgimiento de presiones inflacionarias de tipo general, es decir aquellas que se manifiestan en una expansión excesiva de la demanda agregada. 

Existen cuatro pilares para que una política anti-inflacionaria sea exitosa:

1. Política Fiscal

2. Política Monetaria

3. Política Salarial

4. Política Cambiaria

En nuestro país, la política fiscal es responsabilidad de la Secretaría, la política monetaria está a cargo de Banxico, la salarial es acordada entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, pero un aspecto importante a resaltar respecto a la autonomía institucional con que cuenta actualmente Banxico, es que ésta no abarca la facultad para determinar la política cambiaria.

La política cambiaria tiene una gran influencia sobre la monetaria, y de hecho, suele decirse que “la una es la cara opuesta de la otra”. En otras palabras, en un momento dado una cierta fórmula cambiaria puede ser altamente contradictoria con la finalidad de procurar la estabilidad del poder de compra de la moneda nacional.

La fortaleza de la autonomía de nuestro banco central también depende de otros factores sumamente relevantes, como la propia solidez y arraigo del sistema democrático de gobierno. 

Lo que ha enseñado la experiencia de los últimos años es que la búsqueda de la estabilidad puede conseguirse con mayor eficacia y eficiencia, si el banco central es transparente y toma debidamente en cuenta las expectativas de los agentes económicos (productores y consumidores).

Hoy en día, México atraviesa grandes retos, de acuerdo con datos del Informe Trimestral octubre-diciembre 2018 de Banxico, para alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la población, se requiere:

• Mantener un marco macroeconómico sólido y que se corrijan los problemas estructurales e institucionales que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión en el país;

• Continuar con un fortalecimiento estructural de las finanzas públicas que garantice su solvencia de largo plazo y que permita incrementar el gasto en inversión pública. Para incentivar la inversión privada, es necesario revisar el diseño institucional de incentivos de modo que se privilegie la creación de valor, se impulse la adopción de tecnologías de punta, se mantenga la apertura comercial y de flujos de inversión y se fomente la competencia económica;

• Que el marco institucional permita que los precios reflejen adecuadamente las condiciones de mercado de forma que los recursos puedan asignarse a sus usos más productivos;

• Adoptar políticas que combatan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que garanticen la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada, y

• Una agenda clara sobre las medidas que pudieran implementarse para avanzar en estas direcciones dará una mayor confianza y certidumbre para hacer de México un destino más atractivo para la inversión.

Así, resulta de gran importancia, que nuestro banco central se fortalezca. Dado que la Comisión se integra por seis funcionarios (tres de la Secretaría y tres de Banxico) y considerando que sus resoluciones se toman por mayoría de votos –siendo necesario, en todo caso, el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la Secretaría– es muy alta la probabilidad de que exista un empate y que, por tanto, el voto del Secretario de Hacienda y Crédito Público tenga mayor calidad y determine la decisión.

Considerando que el sexto párrafo de la CPEM establece que el banco central será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, la redacción vigente del artículo 21 de la LBM pareciera limitar la autonomía constitucional señalada, supeditando a Banxico a las determinaciones de la Secretaría en materia cambiaria.

No obstante, la autonomía constitucional de Banxico respecto de la Secretaría se confirma de la lectura al artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expidió la LBM, publicado el 23 de diciembre de 1993, en el que expresamente se señaló que la atribución establecida en la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal –cuya redacción permanece vigente hasta la fecha– relativa a planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, quedaba sin efectos en lo referente a Banxico.2

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:

Artículo 21.- …

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Gobernador, en su ausencia, por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y, en ausencia de ambos, por el miembro de la Junta de Gobierno que designe el Gobernador. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Gobernador o del Secretario de Hacienda y Crédito Público; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros, siempre que tanto el Banco de México como dicha Secretaría se encuentren representados. Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes del Banco de México.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

1 Turrent Díaz, E. (2005). Las tres etapas de la autonomía del banco central en México. Análisis Económico, XX (43), 47-80.

2 Confróntese con la Tesis Aislada I.10o.C.78 C del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dónde señaló que “…la institución contenida en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito –el cual establece que los contratos en donde consten créditos otorgados por instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador autorizado serán títulos ejecutivos– no se contempla en la Ley del Banco de México, la cual no establece la facultad de este organismo para intentar la vía privilegiada en las mismas condiciones que una institución de crédito, siendo que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito regula la actuación de éstas en función de su naturaleza la cual no comparte el Banco Central, pues aun cuando dicho organismo es incluido en los artículos 2o. y 3o. de la citada ley como integrante del sistema bancario mexicano, no menos cierto es que ello no le otorga la calidad de institución de crédito, toda vez que su naturaleza y funciones, contenidas en el artículo 2o. de su propia Ley, son diversas…” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, p. 1737.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, UN PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Roberto Moya Clemente, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, UN PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA DE SUBEJERCICIOS, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define a los subejercicios de gasto1, como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

2.- Por su parte, el último párrafo del artículo 23 de la ley toral dispone que los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales y que en caso de no subsanarse, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos, concluyendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara de Diputados, así como hacerle llegar la información necesaria.

3.- Conforme a lo establecido en los dos puntos anteriores, tenemos lo siguiente:

• Los subejercicios son recursos resultantes del incumplimiento de las metas contenidas en los programas, o la falta de compromiso formal de su ejecución.

• Los subejercicios deben subsanarse en un plazo de 90 días naturales.

• El plazo para subsanar los subejercicios resulta extenso para mantener, de manera inactiva o sin ejercer, recursos presupuestarios.

• La legislación actual no establece plazo alguno para llevar a cabo, en su caso, la reasignación, per se, de los recursos presupuestarios.

• No se regula de manera pormenorizada la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe remitir a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales en materia de subejercicios.

4.- A manera de simple ejemplo y a fin de conocer un poco más acerca del monto de los subejercicios, de las reasignaciones y de los programas a los cuales se destinaron los recursos en el ejercicio fiscal anterior, a continuación, se detallan los subejercicios correspondientes al tercer trimestre de 2018.

SUBEJERCICIO NO SUBSANADO REASIGNABLE 20182

Enero-junio  (Millones de pesos)

Ramo

Importe 1_/

Total

852.3

Oficina de la Presidencia de la República

64.9

Gobernación

0.0

Relaciones Exteriores

0.0

Hacienda y Crédito Público

0.0

Defensa Nacional

0.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

608.8

Comunicaciones y Transportes

34.7

Economía

0.0

Educación Pública

12.5

Salud

0.0

Marina

0.0

Trabajo y Previsión Social

0.0

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

13.9

Medio Ambiente y Recursos Naturales

80.2

Procuraduría General de la República

0.0

Energía

0.0

Desarrollo Social

11.4

Turismo

8.8

Función Pública

0.0

Tribunales Agrarios

0.8

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

0.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

0.0

Comisión Reguladora de Energía

0.1

Comisión Nacional de Hidrocarburos

0.2

Entidades no Sectorizadas

15.5

Cultura

0.3

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
1_/ Considera cifras revisadas del trimestre anterior.

SUBEJERCICIO REASIGNADO 20183

Enero-junio  (Millones de pesos)

Ramo

Importe 1_/

Total

852.3

Salud

600.0

Atención a la salud

300.0

Programa de vacunación

300.0

 

Conacyt

 

252.3

Becas de posgrado y apoyos a la calidad

252.3

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
1_/ Considera cifras revisadas del trimestre anterior.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5.- Derivado de las anteriores hipótesis, es necesario ajustar y redistribuir el plazo de 90 días naturales que se tiene para subsanar los subejercicios, por lo que la finalidad de la presente iniciativa consiste, entre otras cosas, en mantener dicho plazo y que se siga contando con esos mismos 90 días naturales, pero, ahora, con la finalidad de llevar acabo las acciones siguientes:

i) 60 días para subsanar los subejercicios correspondientes y, en su caso,

ii) 30 días para llevar a cabo la reasignación necesaria hacia los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

6.- Ahora bien, con la finalidad de gozar de una mejor interpretación y conocimiento de las propuestas de reforma y adiciones que se contemplan realizar en la presente iniciativa, a continuación, se establece el siguiente cuadro comparativo para dicho fin.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Legislación Actual

Propuesta de reforma y adiciones

Artículo 23.- …

Artículo 23.- …

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Los subejercicios que resulten de los presupuestos de las dependencias y entidades, deberán subsanarse en un plazo máximo de 60 días naturales.

 

 

SIN CORRELATIVO

En caso de que los subejercicios no sean subsanados dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, los recursos deberán ser reasignados en un plazo improrrogable de 30 días naturales a los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

 

SIN CORRELATIVO

Con independencia de lo establecido en el artículo 107 de la presente Ley, la Secretaría, con la información que le remitan las dependencias y entidades, estará obligada a reportar en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados lo siguiente: i) Los subejercicios que hayan sido o no subsanados dentro del plazo máximo de 60 días naturales; ii) Los recursos que hayan sido o no reasignados dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales, iii) La identificación de los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos, a los cuales se hayan destinado las reasignaciones, y iv) Los servidores públicos sancionados que hayan incurrido en los supuestos establecidos las fracciones II, VIII y IX del artículo 114 de la presente Ley.

 

SIN CORRELATIVO

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe trimestral correspondiente.

7.- En vista de lo anterior, con la presente iniciativa con proyecto de Decreto se pretende regular lo siguiente:

• Que los subejercicios se subsanen ahora en un plazo máximo de 60 días naturales.

• Que de no ser subsanados en el plazo correspondiente, los recursos se reasignarán en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

• Se continúa regulando el destino de la reasignación a los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

• La Secretaría de Hacienda deberá reportar en los informes trimestrales los subejercicios que hayan sido o no subsanados; los recursos que hayan sido o no reasignados; los programas sociales o de inversión en infraestructura que reciban reasignaciones, y los servidores públicos sancionados que incumplan las disposiciones en materia de ejercicio del gasto; realicen acciones u omisiones que impidan el logro de los objetivos y metas anuales o generen subejercicios, y

• Las dependencias y entidades remitirán la información a la Secretaría de Hacienda para la integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe correspondiente.

8.- En este sentido debemos recordar que, si los subejercicios son el resultado del incumplimiento de las metas contenidas en los programas, o la falta de compromiso formal de su ejecución, dicho incumplimiento, por razones obvias, debe ser siempre la mínima excepción y no así la regla de ejecución del ejercicio del gasto.

Lo anterior es así, ya que una sana y adecuada ejecución del ejercicio del gasto se encuentra supeditada al cumplimiento irrestricto de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos y al cumplimiento de los calendarios de gasto, por lo que no debería realizarse, en estricto sentido, un número importante de operaciones relacionadas tanto con los subejercicios, como con la subsanación de los mismos. 

Sin embargo, de llegar a existir una situación en la cual se presenten subejercicios, debe preverse una norma y un proceso -como los que se plantean en la presente iniciativa- que sean de fácil ejecución y con adecuados plazos de cumplimiento.

Lo anterior, además de conceder una correcta solución al subejercicio de que se trate, redundará en beneficio del adecuado ejercicio del gasto público y, por ende, en el fortalecimiento de las finanzas públicas del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de,

Decreto por el que se reforma el párrafo décimo y se adicionan un párrafo décimo primero, un párrafo décimo segundo y un párrafo décimo tercero, al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de subejercicios.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo décimo y se adicionan un párrafo décimo primero, un párrafo décimo segundo y un párrafo décimo tercero, al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar en los términos siguientes:

Artículo 23.-

Los subejercicios que resulten de los presupuestos de las dependencias y entidades, deberán subsanarse en un plazo máximo de 60 días naturales.

En caso de que los subejercicios no sean subsanados dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, los recursos deberán ser reasignados en un plazo improrrogable de 30 días naturales a los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

Con independencia de lo establecido en el artículo 107 de la presente Ley, la Secretaría, con la información que le remitan las dependencias y entidades, estará obligada a reportar en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados lo siguiente: i) Los subejercicios que hayan sido o no subsanados dentro del plazo máximo de 60 días naturales; ii) Los recursos que hayan sido o no reasignados dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales, iii) La identificación de los programas sociales o de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos, a los cuales se hayan destinado las reasignaciones, y iv) Los servidores públicos sancionados que hayan incurrido en los supuestos establecidos las fracciones II, VIII y IX del artículo 114 de la presente Ley.

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe trimestral correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los noventa días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo aprobado en el Decreto correspondiente.

Tercero.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Roberto Moya Clemente.

1 Artículo 2, fracción LII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/iiit/04afp
/itanfp15_201803.pdf

3https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/iiit/04afp/
itanfp15_201803.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEXTO Y DECIMOTERCERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.








De la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las entidades federativas que aún no    hayan armonizado su marco legislativo e institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan a la brevedad las comisiones estatales de atención integral a víctimas, con el acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Quien suscribe, Senadora NESTORA SALGADO GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El respeto a los derechos fundamentales de las víctimas constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un estado democrático. De acuerdo con el artículo 1°,párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las víctimas, entre otros, los derechos a recibir protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, y a la reparación integral del daño, lo que se reafirma en los instrumentos internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En este sentido, el pasado 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas y reformada mediante Decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, con el objeto de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y demás derechos consagrados en la Ley, en la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte1.

Dicha Ley contiene los fundamentos bajo los cuales debe conducirse el trabajo de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, de los organismos públicos de protección de derechos humanos e instituciones privadas a favor de las víctimas. Asimismo, es un instrumento jurídico fundamental para garantizar la justicia restaurativa en nuestro país y reparar integralmente el daño a las víctimas.

En este sentido, el artículo 79 de La Ley General de Víctimas establece la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y de la Ciudad de México.

Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.2

Ahora bien, de conformidad con el Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013, las legislaturas locales contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

Lo anterior significa que el plazo se encuentra vencido, por lo que las entidades federativas que aún no han armonizado su legislación deberán realizarlo a la brevedad.

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

TRANSITORIO

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

De este modo, es preciso señalar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reiterado la necesidad de generar acciones por parte de los gobiernos locales para crear, fortalecer y operar los Sistemas Estatales de Atención a Víctimas, ya que a la fecha SÓLO 30 entidades federativas cuentan con una legislación en la materia (LO CUAL NO NECESARIAMENTE GARANTIZA QUE SEAN LEGISLACIONES ADECUADAS) Y SOLO 10 ENTIDADES ESTÁN REALMENTE  armonizadas con la Ley General (publicada el 3 de enero de 2017), 20 entidades cuentan con algún organismo de atención a víctimas, SOLO 17 comisiones estatales cuentan con asesorías jurídicas, APENAS 10 cuentan con fondos de Ayuda Asistencia y Reparación Integral Y 12 ENTIDADES NO TIENEN NINGUNA INSTANCIA O COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a las entidades federativas para armonizar sus legislaciones con la última reforma a la Ley General de Víctimas3.

Por ello, como parte de las acciones tendientes a proporcionar servicios integrales a las víctimas, es necesario coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley General de Víctimas y promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas.

Por tal motivo, homologar las legislaciones locales con la Ley General de Víctimas permitirá contar con los mecanismos de asistencia integral que requieren las víctimas, así como la implementación de medidas como el registro de víctimas, comisiones ejecutivas de atención a víctimas locales, fondos de ayuda, asistencia, así como centros de asesoría jurídica. Adicionalmente, se podrán concretar acciones para garantizar la protección, atención y la reparación del daño.

Por estas razones, es oportuno reiterar el llamado a las entidades federativas que aún no se han homologado de acuerdo con la Ley General de Víctimas, a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, permitiendo así otorgar atención oportuna, digna e integral a las víctimas directas e indirectas, garantizar y respetar el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de acciones y mecanismos en conjunto con las instituciones federales, estatales y municipales, para la protección y el respeto a los derechos constitucionales de las víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e institucional de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al cumplimiento de sus obligaciones y constituyan a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas con el acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Suscribe

Sen. Nestora Salgado García.

1 Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, Diario Oficial de la Federación,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

3 La atención a víctimas debe ser una política de estado: CEAV
https://www.gob.mx/ceav/prensa/la-atencion-a-victimas-debe-ser-una-politica-de-estado-ceav?idiom=es






De la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.








Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con los municipios y/o alcaldías, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán, entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México. Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

El suscrito, Senador de la República, JOEL PADILLA PEÑA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

Recorrer las ciudades de México es frecuentemente recorrer la historia de México. La nomenclatura de las calles tiende a hacer referencia a los grandes personajes de México, a importantes fechas que conmemoran un acontecimiento histórico, a leyendas o mitos, a profesiones u oficios, o bien a otros elementos que hacen referencia a la identidad y/o sentido de pertenencia de los pobladores que se asientan en una cierta zona.

Luis González Obregón señala, en su libro “México en 1810”, que en esa época resultaba difícil encontrar los nombres antiguos de las calles, debido en gran medida a que pertenecían a la memoria colectiva de las personas que habitaban o trabajaban en ellas, muchos nombres cambiaron al terminarse algunos negocios o al cierre de talleres, nuevos nombres aparecieron según el capricho de inquilinos recién llegados.1

Porfirio Díaz propuso un método para nombrar las calles de la Ciudad de México que incluía la numeración de casas y edificios, atendiendo a criterios de orientación y dirección, sin embargo, este intento de la era porfirista no prosperó y las calles siguieron adquiriendo los nombres que sus habitantes quisieron darles, sin importar en que sentido fluían las calles.

Por un lado, es común para todas las Entidades Federativas que los pobladores que en un momento se asientan en una zona empiezan a nombrar sus propias calles, de acuerdo a referencias comunes entre los vecinos e incluso a mitos o leyendas, que con el paso del tiempo se arraigan tanto en la población que las autoridades han tenido que oficializar la nomenclatura elegida por los pobladores.

Por otro lado, también debe mencionarse que existen casos en que las autoridades han decidido cambiar los nombres antiguos de las calles o nombrar las nuevas calles y avenidas, sin consulta o consentimiento de los pobladores y bajo criterios totalmente arbitrarios, por lo que es común observar en diversas entidades federativas calles con el nombre de conquistadores que resultan polémicos para la ciudadanía, por las atrocidades que cometieron contra los pueblos originarios de México.

Bajo este contexto, encontramos que no hay barrio, pueblo o ciudad sin una calle Francisco I. Madero, Benito Juárez o Miguel Hidalgo, de hecho, en la República Mexicana hay cientos de ellas, ya que las y los mexicanos los consideran personajes ilustres de México.

Asimismo, en las avenidas y calles de nuestro país también encontramos nomenclatura de la época Prehispánica. Las calles Tecomán, Cuauhtémoc, Culhuacán, Ixtlahuacán, Quetzalcóatl, Chapultepec, Papantla, Azcapotzalco, Xola, Tepeyac, Zapotlán, Minatitlán, Acatlán, Mixiuhca, Ticomán, Iztapalapa, Xicoténcatl, Monte Albán, Atenco, entre otras muchas, invitan a todo aquel que recorra sus aceras a pensar en las lenguas de los pueblos originarios de México.

La toponimia de diversos pueblos, barrios, colonias, calles y avenidas de nuestros estados y la Ciudad de México nos recuerda la impresionante riqueza cultural de los pueblos originarios de México, entre ellos el Nahua, Mixteco, Huichol, Otomí, Zapoteco, Mazateco, Mazahua, totonaca, Mixe, Chinanteco, Tlapaneco, Maya, P´hurhépecha, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, entre otros muchos.

Es un orgullo que en Colima existan colonias que llevan el nombre de Cuauhtémoc, el Yaqui, Moctezuma, Tecomán, Tepeyac, Cuyutlán, porque la lengua de los pueblos originarios es la expresión de la memoria viva de nuestra tierra. Los pueblos originarios son quienes han resguardado a través de los siglos, la riqueza de nuestros antepasados que le mostramos al mundo.

Lamentablemente, así como encontramos las nomenclaturas en las calles colimenses de Nezahualcóyotl, Moctezuma, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, Independencia, General Lázaro Cárdenas, Octavio Paz, Amado Nervo, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, 20 de noviembre, también encontramos en las principales avenidas de mi estado, nombres de personajes polémicos de la historia como la avenida Gonzalo de Sandoval o como las calles Hernán Cortés, personajes que durante la Colonia masacraron y esclavizaron a nuestros hermanos indígenas, personajes que han llegado a ser considerados por los colimenses como villanos, rechazando que sus calles lleven estos nombres.

A nivel nacional existen cientos de calles con el nombre de conquistadores como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán.

La ciudadanía ha señalado que a estas calles se les debería de cambiar de nombre, porque la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Los ciudadanos refieren que los nombres de esas calles no los representa y que no fueron consultados para determinar dicha nomenclatura, lo que, es más, suponen que la nomenclatura fue propuesta por los desarrolladores o bien elegida de manera arbitraria por las autoridades administrativas.

Existen casos documentados en los que los ciudadanos mexicanos, mediante la recolección de firmas, han solicitado a sus autoridades cambiar la nomenclatura de avenidas, puentes o bienes del dominio público que llevan por nombre el de algún personaje controvertido de la historia. 2

Teniendo presente que, como lo señaló el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán en 2021 y, paralelamente, de los 200 años de vida independiente de México, abre un periodo ineludible de reflexión, resulta pertinente que el Senado de la República exhorte a los gobiernos de las entidades federativas, a los Municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México a que dentro de su normatividad en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y nomenclatura del espacio público se incluyan criterios para que en el nombre de las calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes se privilegie la historia, el sentido de identidad, la cultura y la tradición del pueblo mexicano y se incorporen criterios de participación ciudadana.

Asimismo, se propone exhortar a los gobiernos de las Entidades Federativas a que en coordinación con los Municipios y/o Alcaldías, según se trate, a cambiar el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes que llevan el nombre de los conquistadores que masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México.

Considero que el cambio de nombre en las calles de aquellas personas que participaron en la Conquista de México debe realizarse dado que este hecho histórico fue extremadamente violento, transgresor y doloroso y que la imposición y denominación de las calles con nombre de los conquistadores que sometieron a los pueblos originarios atenta contra el pueblo mexicano.

Sabiendo de antemano que eliminar los nombres de estos personajes de las calles no cambia la historia, pero si es una forma de resarcir un poco del daño por los agravios que cometieron durante la conquista.

Finalmente considero importante señalar que deben ser los ciudadanos los que decidan la nomenclatura de sus calles y avenidas, ya que nombrar el espacio público, es antes y después de todo, una forma de apropiarse de él es una forma de fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas a que, en coordinación con los Municipios y/o Alcaldías, según se trate, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes que llevan el nombre de los conquistadores  Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán, entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a los Municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México a que dentro de su normatividad en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y nomenclatura del espacio público se incluyan criterios para que:

a) En el nombre de las calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes se privilegien los hechos históricos, el sentido de identidad, la cultura y tradición del pueblo mexicano.

b) Se incorporen criterios de participación ciudadana para el nombramiento del espacio público.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Joel Padilla Peña.

1 G. Nayeli (2017). La importancia de los nombres de las calles de CDMS. Nombrar el espacio es una forma de ubicarnos. Recuperado de https://medium.com/opini%C3%B3n-con-foro/la-importancia-de-los-nombres-de-las-calles-de-cdmx-3f5caf420f6

2 Casos documentados en Puerto Vallarta, Jalisco en 2016 y en Saltillo Coahuila en 2018.
Un caso más de solicitud del cambio de nomenclatura de una calle se dio en octubre de 2017. En el Centro en el estado de Tabasco un grupo de ciudadanos solicitó modificar el nombre de una calle, sin que el ayuntamiento o la dependencia correspondiente les diera una respuesta adecuada ni mucho menos una orientación para satisfacer su petición, pues si bien existe un Reglamento que establece el procedimiento para fijar la nomenclatura de las calles, este ordenamiento elaborado hace 32 años, no establece los pasos o los requisitos necesarios para cambiar el nombre de una calle.






Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía un informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión; e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 95 numeral 1, 108 y 109 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 671 PIPAS ADQUIRIDAS EL PASADO 24 DE ENERO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE ENTREGA; Y SI ESTAS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO POR LA NOM-012-SCT-2-2017, SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN TRANSITAR POR LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN EN NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se señala que la Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en su artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, etcétera.

La fracción XVI del artículo 40 de dicha Ley dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece en su artículo 39, que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

En ese tenor, el pasado 26 de octubre de 2016 se celebró en este Senado el Foro "Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación", en donde se tuvo la participación de miembros del Gobierno Federal, Poder Legislativo, Cámaras, Asociaciones, Académicos, Expertos y Sociedad Civil; el objetivo fundamental fue contar con un panorama más claro en torno a la seguridad vial en carreteras federales, los factores que influyen en ella, y las acciones que se consideran necesarias para mejorarla.

Adicionalmente, se presentaron una serie de recomendaciones para la mejora del cumplimiento de la normatividad y generar una operación más segura del autotransporte de carga, mismas que fueron el insumo principal para modificar y actualizar, por iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Ahora bien, después de una amplia discusión sobre la regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal y atendiendo diversos temas, como: (i) la seguridad de todos los usuarios de la infraestructura; (ii) el daño a pavimentos y puentes; (iii) la competitividad del sector autotransporte y (iv) la protección al medio ambiente, y habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el 26 de diciembre de 2016 la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, entrando en vigor el 24 de febrero de 2017.

Dentro de los propósitos principales figuran:

1. Mayores estándares de seguridad en la operación y en los componentes mecánicos de los vehículos;

2. Que circulen por las carreteras federales, vehículos que cumplan cabalmente con la normatividad que rige al autotransporte federal; y

3. Autoriza el uso de la llanta súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos peligrosos.

El pasado 21 de diciembre, el Gobierno Federal tomó la decisión como “una medida para detener el hurto de gasolina” iniciar el plan de combate al robo de combustibles, lo cual propicio un serio problema de desabasto y escasez del hidrocarburo en más de nueve estados de la República Mexicana.

Este plan consistió en:

1. El cierre de algunos ductos en el centro y occidente del país, en donde ha decir del gobierno, es donde han ocurrido los robos.

2. Modificar el cambio del sistema de distribución, en lugar de continuar abasteciendo por los ductos, determinaron que ahora PEMEX trasladaría miles de litros de gasolina a través de pipas (camiones cisterna). El proceso es más lento y la petrolera ha tenido que reorganizar su cadena de abasto, lo que ha generado que no todas las estaciones tengan combustible.

Lo anterior, a efecto de seguir haciendo frente a la escasez de gasolina y al sabotaje de ductos, el gobierno anunció el pasado 24 de enero, la compra de 671 autos tanque con un costo de 29 millones de dólares, los cuales distribuirán 140 mil barriles diarios de hidrocarburos. Adquisición realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, vía adjudicación directa.

Por otra parte, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, refirió que las pipas tienen capacidades de transporte de30 mil, 31 mil 500, 40 mil y 60 mil litros, de igual forma ha manifestado que en el proceso participó personal técnico de Pemex que ayudaron al grupo con la determinación de los requerimientos técnicos de las unidades y para evaluar técnicamente las ofertas que recibieron.

Entre tanto, sorpresivamente y después del anunció de la compra de pipas, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Conamer), un “Acuerdo” con el que establece disposiciones para la modalidad de servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable a la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas productivas subsidiarias o filiales.

Lo anterior, con el objetivo de contar con una ágil distribución de combustibles mediante vehículos que transiten en toda la República Mexicana, hasta por un periodo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor citado Acuerdo, lo que permitirá a la ciudadanía y a la planta productiva del país, continuar recibiendo el suministro de hidrocarburos y sus derivados de forma oportuna y segura, con vehículos que reúnan las características previstas en el mismo.

Este acuerdo fue publicado el pasado 01 de febrero del presente año, y específicamente en el ordinal “SEXTO” precisa que las unidades que autorice Pemex y sus subsidiarias para transportar gasolinas deberán ajustarse a la capacidad determinada cuando se usen “llantas unitarias de base ancha”.

resulta preocupante porque contradice dos disposiciones anteriores también presentadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte: (i) acuerdo del 30 de enero de 2018 y (ii) la NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, en las que se afirma que este tipo de llantas no pueden ser empleadas para el manejo el transporte de carga especializada de substancias, materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos.

No podemos dejar pasar por alto que, el plan implementado por el Presidente de la República para combatir el robo de combustibles, no ha contado con la mayor transparencia en su ejecución, y ahora nos topamos con la sorpresa que no sólo ha sido poco transparente, sino que tratan de evadir una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, ya que adquieren pipas que no cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017.

Además de las violaciones a las normas oficiales mexicanas correspondientes y que puedan ser sancionadas conforme lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, nuestra exigencia estriba en que ya no queremos más perdidas de vidas a consecuencia de negligencias de nuestras autoridades, si ya de por sí una pipa que transporta hidrocarburos es un peligro en circulación, con mayor razón lo será si no se cumple con los requerimientos establecidos en la NOM. 

Además, todo indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su titular Javier Jiménez Espriú, buscan eximir a PEMEX de cumplir con la NOM-012-SCT-2-2017, la cual para el caso que nos ocupa, autoriza el uso de la llanta súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos peligrosos, al considerar que una NOM tiene como finalidad regular cuestiones con gran precisión a fin de proteger  a las personas en su salud, vida y el mundo en que viven, es decir, que no existan riesgos, evitar los abusos e impedir accidentes estableciendo condiciones de seguridad.

Por lo anterior, y tomando en consideración que este tipo de transporte transitará por nuestras carreteras que hoy en día son utilizadas por una gran cantidad de usuarios, no queremos que estén expuestos a encontrarse con una bomba de tiempo que llegue a causar pérdida de vidas humanas, no es acomodando las características de un vehículo a través de un Acuerdo a modo como se resolverá el problema, sino generando condiciones y exigiendo que se cumpla la ley y la normatividad establecida, más vale que estemos seguros de que las pipas cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su circulación.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre (i) las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, (ii) los tiempos de entrega y (iii) si las mismas, cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, el cual autoriza el uso de la llanta súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos peligrosos.

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Energía, Economía y de la Función Pública, para que envíen a esta Soberanía un informe (i) para conocer en dónde se encuentran las 671 pipas que fueron compradas el pasado 24 de enero, y de las cuales se anunció que el 1 de febrero ya estarían las primeras 50 pipas y el 8 de febrero las otras 50, ya que hasta el momento no sabemos dónde están. (ii) los tiempos de entrega de las 671 pipas, y (iii) el plan de distribución de gasolina con las nuevas pipas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de abril de 2019.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.






Del Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. Se turna a la Comisión de Economía.

El que suscribe, JUAN QUIÑONEZ RUÍZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, provee de materias primas básicas a un amplio número de actividades industriales, tiene una significativa participación en la captación de divisas y representa una importante fuente de empleos permanentes y bien remunerados”1 .

El sector minero, es un pilar importante para la economía del país, por esta razón y para comprender su importancia, es primordial remitirse a los datos que nos presenta la Secretaría de Economía sobre México:

• “Contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional” (Secretaría de Economía, 2018).

• “Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre” (Secretaría de Economía, 2018).

• “Es el 1er. destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015”2.

Otros datos de la Cámara de Minería3 refieren que en México existen alrededor de 1,558 minas en operación, 19 plantas metalúrgicas y 1,156 proyectos en exploración. Y según información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI por sus siglas en lo subsecuente), se indica que los primeros diez lugares en producción minera en millones de pesos son Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, y Baja California Sur.

A su vez, México es el principal destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015 (Secretaría de Economía).

A pesar de de la incidencia positiva que representa la minería en materia económica para México, es preminente tomar en cuenta y procurar el bienestar y desarrollo de las comunidades involucradas dentro de este sector.

Michael Harvey expone, “para que una mina sea exitosa se necesita el apoyo de diversas partes interesadas y por ende involucradas. Los gobiernos federales, estatales y municipales regulan nuestra actividad y otorgan los permisos y licencias necesarias en cuanto a seguridad, medio ambientales y operaciones.

Es vital también el apoyo y entendimiento de las comunidades anfitrionas de la actividad minera para asegurar la llamada “licencia social”4.

Como consecuencia de la reforma fiscal de 2013, fue creado el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), mismo que estableció la distribución de regalías entre los municipios ubicados en las zonas de extracción para fomentar el desarrollo y la infraestructura. El Fondo Minero era instrumentado por el Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU por sus siglas en lo subsecuente).

La Secretaría de Economía determinaba anualmente la producción que aportaba cada región por entidad y municipio al total nacional, es en este sentido que, conforme a la aportación a la producción minera se establecía la distribución de los recursos.

RECURSOS “FONDO MINERO” 2014-2018

2014

$2,090,718.508.98

2015

$2,191,742,278.79

2016

$ 3,339,293,494.93

2017

$3,738,951,934.00

2018

$ 2,801,725,000.00

•Información de SEDATU 2014-2017.

Esencialmente se constituyó con el objetivo de incentivar el desarrollo continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras beneficiadas y afectadas por su trabajo por medio de proyectos productivos con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

El fondo está compuesto por la recaudación del impuesto del 7.5% sobre la utilidad de las empresas mineras y contempla como beneficiarios “al menos 260 municipios que dependen de la actividad minera”, según contempla Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería5.

Los lineamientos de éste, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de septiembre del año 2014 contemplan la conformación del Comité, sus funciones, de la ministración y ejercicio de los recursos y diversas disposiciones adicionales.

Tras diversas denuncias presentadas por anomalías de la SEDATU en la entrega de los recursos, el gobierno federal determinó que el Fondo Minero estaría a cargo de la Secretaría de Economía. En este contexto, a partir de declaraciones del Ejecutivo, se ha expuesto que el recurso debe repartirse sin intermediarios, por lo cual, se han manifestado diversas voces sobre lo que serán los nuevos lineamientos del Fondo Minero, desdibujando inquietudes respecto al procedimiento y a los mecanismos para garantizar la correcta y transparente aplicación de éste.

José Jabalera, director de Minería del gobierno de Chihuahua, refiere que es entendible el enfoque que prefieren algunos gobernadores sobre el Fondo Minero sobre que se ejerza a través de los gobiernos estatales y municipales, sin embargo, la posición “del gobierno federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios, para que llegue directamente a quien tiene que llegar”6.

Es importante mencionar que, en el rediseño de los lineamientos para el Fondo Minero, es importante enfatizar sobre el procedimiento para la entrega y efectiva aplicación de los recursos; asimismo, debe replantearse un ejercicio constante de evaluación y revisión para el cumplimiento cabal de las metas establecidas en los proyectos presentados.

Por lo cual, es de vital interés determinar los mecanismos de entrega, definir claramente las partes involucradas y que se estipulen las figuras idóneas para la vigilancia de la correcta ejecución de los recursos otorgados por el fondo.

Por lo expuesto y con fundamento, en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a que, en el ámbito de sus atribuciones priorice y establezca en el rediseño de los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros durante el ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los recursos asignados para así, cumplir cabalmente con el objetivo por el que fue creado y se fomente de manera integral el desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Sen. Juan Quiñonez Ruíz.

1 Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. Viernes 9 de mayo de 2014 Diagnóstico.

2 “Minería”, Secretaría de Economía, 26 de septiembre de 2018. [en línea], [consultado el día 21 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

3 “Mapa de indicadores mineros 2016”, Cámara de Minería de México. [en línea], [consultado el día 21 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.camimex.org.mx/index.php/mapa_nacional/

4 HARVEY, Michael. “La minería y su relación con las comunidades”. 10 de enero de 2019. [en línea], [consultado el día 21 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/la-mineria-y-su-relacion-con-las-comunidades/

5 “Gobierno va con 4,000 millones de pesos del Fondo Minero para apoyar a comunidades indígenas y agrarias”, Notimex. El Economista, 10 de febrero de 2019. [en línea], [consultado el día 21 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-va-con-4000-millones-de-pesos-del-Fondo-Minero-para-apoyar-a-
comunidades-indigenas-y-agrarias-20190210-0012.html

6 “Fondo minero será administrado por Gobierno Federal: Economía”, Juárez, Pilar, 11 de febrero de 2019. [en línea], [consultado el día 22 de febrero de 2019]. Disponible en:
https://www.milenio.com/negocios/fondo-minero-administrado-gobierno-federal-economia






Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema y centros de atención externa. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se encuentran los humedales en México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.








Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. Se turna a la Comisión de Energía.








Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la mayor brevedad para atender dicha situación. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El que suscribe, OMAR OBED MACEDA LUNA, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en el noveno párrafo lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

A pesar de la responsabilidad atribuida a cada una de las policías que operan en el país, la realidad muestra el gran déficit de calidad con el que operan. De acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el documento denominado “Modelo Óptimo de la Función Policial”1 presentado en diciembre de 2017, las condiciones en las que operan las 32 instituciones policiales estatales del país distan mucho de ser las óptimas y plantean que se necesitará al menos cinco años más para contar con el número total de policías que requiere el país para afrontar el reto de reducir los elevados índices de criminalidad.

En dicho documento se plantea, en el indicador 6°, “Mejoras de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial”, lo siguiente:

“Los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación:

1. Homologación al salario promedio nacional de referencia

2. Acceso a créditos para vivienda

3. Seguro de vida

4. Servicio médico

5. Fondo de ahorro para el retiro de los policías

6. Acceso a apoyos para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber

7. Becas escolares para hijos de policías”

No obstante que se encuentra próxima la aprobación y creación de la Guardia Nacional como principal institución de combate a la criminalidad, las policías estatales y municipales seguirán existiendo y operando para dar cumplimiento a sus áreas encomendadas, entre las que se encuentran la de proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir y perseguir la comisión de delitos e infracciones y mantener el orden público. Lo han hecho a pesar de las enormes deficiencias con las que operan y el riesgo inherente al cumplimiento de su trabajo, lo que incluso lleva a la pérdida de la vida.

De acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común A.C., en 2018 hubo un total de 412 elementos policiacos asesinados en todo el país2. Guanajuato tuvo 64 policías asesinados, mientras que Guerrero alcanzó la cifra de 43, Veracruz 34, Chihuahua y Puebla 28 casos, Jalisco 24 y la CDMX 19, por mencionar algunas entidades federativas.

Las circunstancias que rodean el asesinato de un integrante de algún cuerpo policial son casi siempre violentas y se encuentran expuestos a la difusión mediática por el hecho mismo de ser una noticia, lo que provoca una afectación mayor a los integrantes de las familias de los servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber.

Las familias de los policías que resultan muertos por algún hecho derivado de su trabajo, frecuentemente tienen que afrontar, además de la pérdida del ser querido, la ausencia del principal aportante económico de la familia, una reorientación general de la vida cotidiana al interior del hogar, trastornos por la ausencia misma del familiar muerto y también por las condiciones en que se dio dicho fallecimiento. Las historias y problemas de las familias de las víctimas son siempre diversas, pero aún así se encuentran patrones de necesidades que pueden y deben ser atendidos por las instituciones del Estado, de ahí la importancia de cumplir con el sexto elemento del indicador 6 del Modelo Óptimo de la Función Policial:

6. Acceso a apoyos para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber.

En la Ciudad de México, apenas el pasado 6 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial el “Acuerdo por el que se crea el Fondo de Apoyo a las Familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales de la Ciudad de México, que pierden la vida en cumplimiento de su deber”, ante el reconocimiento de la necesidad de apoyo y atención en favor de los familiares de las personas integrantes de las instituciones policiales. Este Fondo pretende contribuir a la estabilidad económica después de haber perdido al que en muchos casos es la persona que aportaba el principal ingreso económico de la familia, así como también a “aquellos servicios, actividades y programas con objeto de que puedan tener un desarrollo integral pleno; y que les permita un crecimiento sano, sustentable y en condiciones que permitan su bienestar y desarrollo tanto físico, psicológico, material y social.”

El modelo que siguió el gobierno de la Ciudad de México establece que el administrador y operador de dicho Fondo se encuentre a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir el DIF local, y que se integre un Comité del Fondo en el que participan los titulares de la Jefatura de Gobierno, quien lo preside y las Secretarías de Gobierno, Contraloría, Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Vivienda y el DIF local quien funge como Coordinador Ejecutivo. Esta estructura tiene como propósito que los casos analizados como susceptibles de acceder a los recursos del Fondo, lo hagan de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, que responda en forma expedita a las necesidades que enfrentan las familias de las y los policías muertos en el cumplimiento de su deber.

La pertinencia de que sea el DIF local quien dirija y canalice de la mejor manera los recursos asignados al Fondo, radica en que esta institución por su naturaleza protectora de los derechos de la infancia y la familia, tiene incorporado a su quehacer cotidiano la interrelación con múltiples dependencias, lo que permite aprovechar una experiencia adquirida que hace posible una mayor eficacia en la administración y canalización de los recursos del Fondo para atender las particularidades de cada caso aprobado por el Comité.

En tal sentido, este punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar a las entidades federativas que aún no cuenten con un mecanismo igual o similar al desarrollado en la Ciudad de México, a atender la situación de las familias de las personas integrantes de las instituciones policiales que han muerto en el cumplimiento de su deber, lo anterior con el debido respeto a la soberanía de los estados, pero con el propósito urgente de atender una problemática que resulta por demás lacerante para el conjunto de la sociedad y especialmente compleja para las familias e individuos víctimas de tal situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas que aún no cuentan con un Fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber, para que lo establezcan, aprueben y operen a la mayor brevedad para atender dicha situación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de abril de 2019.

Suscribe

Sen. Omar Obed Maceda Luna.

1 Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf

2 http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/






De la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la región frontera norte, en materia del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La que suscribe, GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA AMPLIAR EL PLAZO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES DE LA REGIÓN FRONTERA NORTE EN MATERIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO lo anterior con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma fiscal de 2014, y en particular sobre la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) acentuó las carencias alimentarias y, en general, redujo el nivel de los habitantes de la frontera norte, en especial de los Bajacalifornianos. La reforma fiscal homologó la tasa impositiva del 11 por ciento en la región fronteriza a 16 por ciento. La razón del gobierno federal en su momento fue que un diseño ideal del IVA es aquel donde no haya excepciones ni tratamientos preferenciales y que la tasa vigente de 11 por ciento hasta 2013 resultaba regresiva al reducir el pago de impuestos a los habitantes de regiones que en promedio obtienen mayores ingresos que los del resto del país.

Durante los primeros 4 meses de 2014, en localidades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad Juárez se disparó la inflación de manera significativa, marcando variaciones superiores a la media nacional, de 1.38 por ciento, de acuerdo con el Inegi. Así, Mexicali alcanzó una inflación de 5.41; Tijuana, 4.56; La Paz, 4.81; y Ciudad Juárez, 4.21. El comportamiento de la inflación no ha cambiado, pues localidades fronterizas como Ciudad Acuña, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, La Paz y Matamoros se registró una inflación de 1.27, 2.98, 2.58, 0.26, 2.70 y 0.51 por ciento en el periodo julio de 2014-julio de 2015.

El incremento en la tasa del IVA en la zona fronteriza, creo un efecto Inflacionario, recesivo y de baja competitividad resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

Más de 7.5 millones de ciudadanos radicados en la frontera norte (6.6 de la población del país) sufrieron un aumento de 45 por ciento en la carga fiscal.

La actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria manufacturera. La alta concentración de la industria manufacturera en la zona fronteriza ha hecho que ésta se vea afectada por la combinación de baja generación de empleo e incrementos en la violencia. En los municipios colindantes con la frontera norte, la tasa de empleo registrado por los censos económicos bajó aproximadamente en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2015.

Durante 2010 y 2015, de acuerdo a cifras de los censos económicos del INEGI, el PIB per cápita de municipios fronterizos disminuyó drásticamente, particularmente en General Plutarco Elías Calles, Sonora (45.6%), Sáric, Sonora (40.6%), Mexicali, Baja California (8%) y Reynosa, Tamaulipas (36.7%), lo cual es consistente con los hallazgos de la literatura sobre la relación entre violencia y actividad económica. Esto es particularmente relevante para una región que constantemente recibe flujos migratorios que tienden a establecerse en el lugar por periodos prolongados de tiempo, generando choques exógenos al mercado laboral de la región.

El 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte”, el cual pretende mejorar la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional y de esta manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, mayor recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento.

Asimismo, se indica que la propuesta para la región fronteriza norte es acorde con el principio de competitividad previsto en el primer párrafo del artículo 25 y primer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los mismos, respectivamente, establecen que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución Federal, así como que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, señala que con los beneficios fiscales que se establecen en el presente Decreto, se crearan condiciones y medios efectivos para atraer la inversión, que permitirán generar riqueza y bienestar para la población en igualdad de condiciones; canalizar el diferencial del Impuesto al Valor Agregado ahorrado mediante la aplicación, regulación y actualización de salarios mínimos acorde a la realidad del mercado fronterizo y transfronterizo; dar respuesta a la alta migración por las nuevas fuentes de empleo que se generarán en dicha región fronteriza norte; desarrollar una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento, y corregir las distorsiones en la región fronteriza norte, con instrumentos orientados para fortalecer y promover la inversión de empresas en dicha región para acrecentar la planta productiva, fomentar y permitir el desarrollo regional equilibrado de nuestro país para una mayor competitividad.

En cuanto al tema del IVA, el estímulo fiscal aplica a las personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte. Por su parte, no podrán aplicar dicho estímulo fiscal en los siguientes actos o actividades: 1) La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles y 2) El suministro de contenidos digitales.

Además, con las especificaciones de:

No contar con créditos fiscales firmes, determinados, sin pagar, condonados o incobrables; que el RFC no se encuentre como "no localizado" o haber sido condenado por un delito fiscal (penúltimo párrafo artículo 69 del Código Fiscal de la Federación).

• No estar publicados en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material o que se encuentren como "no localizados", también aplica para socios o accionistas (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación).

• No haber realizado operaciones con contribuyentes que se hayan ubicado en la presunción establecida en el punto anterior, o bien, que acrediten ante el SAT que se adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan las facturas electrónicas, y

• No haber sido publicados por el supuesto de transmisión indebida de las pérdidas fiscales (artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación).

Dentro de los requisitos se encuentran los siguientes:

1. Realizar la entrega material de los bienes o la prestación del servicio en los locales o establecimientos ubicados dentro la región fronteriza norte, y

2. Presentar en tiempo y forma el aviso de aplicación de estímulo ?scal a más tardar el 7 de febrero de conformidad con las Reglas de Carácter General que al respecto emita el SAT; salvo los contribuyentes que inicien actividades en fecha posterior a la entrada en vigor del decreto, quienes tendrán que presentar el aviso al momento de realizar la inscripción en el RFC.

La prórroga del 7 de febrero se deriva del artículo Cuarto Transitorio de la “Sexta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A y 23”, específicamente en la regla 11.11.2. referente al “Aviso para apl