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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Marzo de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (10:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 69 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del miércoles 27 de marzo de 2019 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta minutos del día martes veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

 

El Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva informó que en este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Alejandro Armenta Mier, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones por tiempo indefinido.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica, con efectos a partir del 25 de marzo de 2019.

 

Se recibió de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, informe de actividades de las reuniones extraordinarias de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad Social y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la cual es integrante, celebrada el 27 y 28 de febrero del año en curso, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil diecinueve.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, oficio con el que se comunica la aprobación de la resolución número INE/CG124/2019, en cuyo resolutivo octavo solicita la colaboración y apoyo de, entre otras instancias, los legisladores, a fin de que realicen las acciones necesarias para que en la ejecución de los programas sociales se evite su utilización con fines electorales durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019.- Quedó de enterado. Se comunicó a los 128 Senadores.

 

Se recibió del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, oficio por el que remite voto aprobatorio del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.- Quedó de enterado y se integró al expediente.

 

Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, oficio con el que remite punto de Acuerdo por el que exhorta al Senado de la República a establecer en la agenda legislativa la despenalización del aborto.-Se tunó a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite punto de Acuerdo por el que exhorta al Senado de la República, a que una vez que el Ejecutivo Federal le remita el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, resuelva sobre su aprobación.-Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron once oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las Senadoras y los Senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de Comisiones.- Sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 Quáter de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de

Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en la Ciudad de La Haya, el 24 de abril de 2018.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la Maestra María Consuelo Mejía Piñeros.

 

(RECESO)

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudó la sesión.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Jorge Islas López, como Cónsul General de México en Nueva York.- Para presentar este dictamen y los siguientes siete dictámenes, intervinieron los  Senadores Héctor Vasconcelos por la Comisión de Relaciones Exteriores; Noé Fernando Castañón Ramírez por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. En la discusión, para referirse a los ocho dictámenes intervinieron los Senadores: Nancy de la Sierra del PT, a favor; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor; Antonio García Conejo del PRD, a favor. En votación nominal, se recibieron un total de 112 votos: 112 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes. 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, Florida.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 109 votos: 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes. 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 116 votos: 116 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León, como Cónsul General de México en El Paso, Texas.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 118 votos: 118 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en San Francisco, California.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 113 votos: 113 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Alberto Fierro Garza, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 117 votos: 117 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 114 votos: 114 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en Houston, Texas.- Sin discusión, en votación nominal, se recibieron un total de 110 votos: 110 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado, la protesta de ley se realizó en conjunto, a finalizar las discusiones de los ocho dictámenes.

Los ocho funcionarios que fueron ratificados, rindieron protesta de ley de forma conjunta.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año como el "Día Nacional del Balance Trabajo-Familia".- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 Continuando con la presentación del dictamen intervino la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera a nombre de la  Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión intervinieron los Senadores: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN, a favor; Patricia Mercado de MC, a favor.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

En votación nominal, se emitieron un total de 110 votos: 110 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de Decreto fue aprobado en el general y en lo particular. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

 

La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integre a la agenda del día una comunicación de la Secretaría de Gobernación por la que remite cuatro nuevas ternas para el nombramiento de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.- La Asamblea, en votación económica, autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.

Las ternas se integran de la siguiente manera:

Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrano Landeros, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por:

1. C. Jorge Amaya Mendívil.
2. C. Luis Linares Zapata.
3. C. Paola Elizabeth López Chávez.

Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por:

1. C. Norma Leticia Campos Aragón.
2. C. Ángel Carrizales López.
3. C. Alfonso López Alvarado.

Para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por:

1. C. José Alberto Celestinos Isaacs.
2. C. Mario José Silverio Galicia Yépez.
3. C. Fernando Juárez Martínez.

Para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por:

1. C. Guadalupe Escalante Benítez.
2. C. Edmundo Sánchez Aguilar.
3. C Ignacio Vázquez Memije.

Las cuatro ternas se turnaron a la Comisión de Energía.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua a analizar y, en su caso, a tomar las acciones correspondientes para cumplir con los pagos que su gobierno adeude a la Universidad Tecnológica de Paquimé.- Para presentar este y los otros seis dictámenes inscritos al Orden del Día por la Comisión de Educación, intervino el Senador Rubén Rocha Moya, a nombre de la comisión. En la discusión, intervino el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN, a favor. En votación económica, fue aprobado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para agilizar la entrega de la totalidad de los recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a analizar y, en su caso, realizar acciones conducentes, tomando en cuenta los planes educativos y su capacidad presupuestal e implemente los programas que considere para que los estudiantes de preparatoria y universidad tengan acceso a Internet y a las nuevas tecnologías.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Agua, analice y, en su caso, tome acciones en la medida de su disponibilidad de recursos, para garantizar que el cien por ciento de las escuelas públicas cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores que cumplan con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001.- En la discusión intervino el Senador Raúl Paz Alonzo del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de    Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Petróleos Mexicanos, consideren desarrollar e implementar campañas educativas, culturales y de difusión sobre los riesgos fatales que implica el manipular y extraer gasolina e hidrocarburos de forma ilegal.- En la discusión, intervino la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. Fue aprobado, en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación de la H. Cámara de Diputados a considerar en la elaboración de su proyecto de dictamen al artículo tercero constitucional, la inclusión de la educación inicial que fue eliminada sin justificación alguna en el proyecto presentado por el Presidente de la República.- En la discusión, intervino la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, que DESECHA punto de Acuerdo que exhortaba a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y al INEE, a hacer una revisión integral de la legislación conocida como "reforma educativa" y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos que tanto han atentado en contra de los derechos de los trabajadores de la educación. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a que informen y emprendan acciones en relación con las obras que se pretenden realizar en el Río Tecamachalco.- Para presentar este y el siguiente dictamen intervino el Senador Raúl Paz Alonzo a nombre de la comisión. Fue aprobado en votación económica. En la discusión, intervino la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar a esta Soberanía, acerca de las obras de mantenimiento y en su caso, construcción de nueva infraestructura hídrica, a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el estado de Veracruz.- En la discusión, intervino la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, que DESECHA la Minuta por la que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de Educación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, que DESECHA la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se DESECHAN cuatro iniciativas con proyecto de Decreto de la LXI y LXIII Legislaturas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, por el que DESECHA el Proyecto de Decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las   Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, por el que DESECHA Proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, que DESECHA dieciocho proposiciones con punto de Acuerdo de la LXII y LXIII Legislaturas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas que DESECHA un punto de Acuerdo que exhortaba al Presidente de la República a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre de 2018 y se apegara a los instrumentos internacionales correspondientes en materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas. En la discusión intervino la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, que DESECHA punto de Acuerdo que exhortaba a que el gobierno electo respete la Constitución y la Ley en cuanto a las Consultas Populares.- En la discusión intervino la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, por el que se DESECHAN ocho proposiciones con punto de Acuerdo, presentadas en la LXIII Legislatura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos.

(Iniciativas)

El Senador Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de Comisiones.- La Asamblea aprobó su incorporación al Orden del Día. Sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa que por Acuerdo de dicho órgano y como consecuencia de la licencia del Senador Alejandro Armenta Mier, el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario Morena, se reintegra a la Comisión de Seguridad Social, como secretario; y a las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores América del Norte, como integrante, para continuar desempeñando las actividades legislativas correspondientes.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, comunicación por la que, en cumplimiento del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa la imposibilidad para realizar sus sesiones ordinarias programadas para la actual semana del presente mes, por condiciones externas que dificultan el acceso y el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Quedó de enterado.

(Rectificación, homologación y ampliación de turno y de plazo)

La Presidencia dio cuenta de  las homologaciones, rectificaciones y ampliaciones de turno, así como de las ampliaciones de plazo de diversos asuntos, que autorizó la Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones.

(Turno directo)

Se dio turno directo a los siguientes asuntos:

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. -Se dio turno directo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se dio turno directo a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa.-Se dio turno directo a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Roberto Juan Moya Clemente, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto párrafos; y adiciona los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(iniciativas)

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático.- En lo que respecta a la Ley Federal de Derechos, se turnó a Cámara de Diputados.  El resto de los ordenamientos, se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Patricia Mercado Castro, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 7; las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Las Senadora Gabriela Benavides Cobos presentó a su nombre y de los Senadores, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán,iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 301 Bis, 301 Ter y un Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra a la Vida y la Integridad Corporal, del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Sasil de León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social,  con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Agenda Política)

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efemérides)

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el miércoles 27 de marzo a las 10:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con diez minutos.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Vamos a pasar al siguiente asunto.

Senadora Lupita Saldaña, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para manifestar una inquietud, una preocupación. El día de ayer esta Presidencia del Senado ha sentado un precedente a nivel negativo sobre el proceso legislativo.

Un dictamen que tenía ya seis meses en estudio y que había, una iniciativa que se había mandado a la Comisión de Medio Ambiente.

Hoy, precisamente por la tarde se dictamina en comisión y este dictamen viene con dictaminación a favor.

A unas horas de que sesione esta Comisión, el día de ayer, de manera sorpresiva se amplía el turno de este dictamen.

Estoy preocupada porque no suele suceder, soy parte de la Mesa Directiva y las ampliaciones de turno se llevan ahí, y de hecho es complicado ampliar a tantas comisiones y se han negado con algunos argumentos en varias ocasiones.

Sin embargo, ayer esta iniciativa se amplió teniendo en trabajo seis meses ya en la Comisión de Medio Ambiente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Lupita Saldaña, quiero comentar con usted que la homologación de turno autorizada el día de ayer a dos proyectos de decreto que reforman, entre otros ordenamientos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley Minera, justifica la ampliación que se dio, en primer lugar se atendió al criterio de especialización pues autorizó la participación en el proceso de la Comisión de Minería en virtud de que las modificaciones propuestas tienen vinculación con la materia de minería.

En segundo lugar, también se tomó en cuenta la solicitud que hicieron varios coordinadores de grupos parlamentarios sobre dicho tema en la parte final de la sesión.

No obstante, tomo en cuenta su punto de vista que me parece bastante atendible, sobre todo por los tiempos de procesamiento de los temas.

Senadora Lucía Trasviña. Desde su escaño.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Toda vez que el Reglamento permite la ampliación de turno y toda vez que efectivamente es materia también de Minería, de la Comisión de Minería, estoy de acuerdo como actora de las reformas a la Ley de Medio Ambiente, a la Ley Minera, que desde el mes de septiembre yo presenté, hice la proposición a este Senado.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Estaremos atentos al desarrollo del trabajo de las Comisiones sobre este tema, tomando en cuenta además que es un tema importante, sobre el mismo se ha pronunciado el propio Presidente de la República y es un tema de interés en el Senado. Gracias por sus observaciones, Senadoras.

Senadora Lupita Saldaña. Sonido en su escaño.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente el Presidente de la República se ha pronunciado, pero es nuestro deber como legisladores poder buscar la forma en que queden en ley estos pronunciamientos que finalmente eso son.

Eso busca la iniciadora de este proyecto, que quede sentado en ley y, por supuesto, que hay sustento en haber ampliado, pudiera haber sustento en ampliar el turno, pero mi observación, lo vuelvo a mencionar aquí, seis meses llevaba la iniciativa en trabajo, en Comisión de Medio Ambiente, unas horas antes de que se dictaminara, por cierto, en positivo, pide la Comisión de Minería que se le amplíe el turno.

La forma es fondo, creo yo y hay que cuidarla.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias por las observaciones, Senadora Lupita Saldaña.

Lo que ha expresado usted y la Senadora Lucía Trasviña, lo transmitiré directamente a los Senadores Ricardo Monreal y la Senadora Geovanna Bañuelos, quienes nos solicitaron el día de ayer esta ampliación de turno.

Muchas gracias.

Vamos a continuar con el siguiente punto del Orden del Día.






Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas.

COMUNICACIÓN

La Secretaría Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

Se recibió una comunicación de la Senadora Sasil De León Villard, con la que remite informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero de 2019.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remite el Protocolo Modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 8 de octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Asimismo, se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remite la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2019”, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina.






El siguiente asunto del Orden del Día es la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Dicho dictamen recae a una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, recibida en esta Soberanía el 4 de diciembre de 2018.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)



Debido a que el dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 199 del Reglamento del Senado, se concederá el uso de la palabra a los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras para que presenten el dictamen ante el Pleno.

Esas intervenciones serán hasta por 15 minutos, como lo establece la fracción II del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento.

El dictamen se acompaña de un voto particular presentado por Senadores integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el cual cumple con los requisitos formales y materiales a que se refieren los artículos 207, 208 y 209 del Reglamento del Senado y con la temporalidad prevista en el artículo 193 del mismo ordenamiento.

En consecuencia, al término de las intervenciones anteriores, como lo dispone el artículo 199 del Reglamento del Senado, se concederá el uso de la palabra a uno de los autores del voto particular para que exponga los motivos y el contenido del mismo.

Al concluir la intervención anterior se abrirá una ronda de participaciones para que los grupos parlamentarios expresen sus posiciones, como lo establece la fracción II del artículo 199 del Reglamento, cuyas intervenciones serán en orden creciente y hasta por diez minutos de conformidad con la fracción IV del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento.

Concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios se dará curso a la discusión en lo general del dictamen en términos de lo establecido por las fracciones de la III a la IX del numeral 1 del artículo 199 del Reglamento.

De esta forma, agotada la lista de oradores en términos reglamentarios, se declarará concluido el debate en lo general, se abrirá el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, se informará al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas e inmediatamente se ordenará someter a votación el dictamen en lo general y los artículos no reservados.

Finalmente, desahogaremos los artículos reservados tal como lo dispone el artículo 224 del Reglamento, es decir, su discusión y votación por separado.

Como lo estable los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Reglamento para la aprobación del dictamen que nos ocupa, se requiere la mayoría calificada de dos terceras partes de Senadoras y de Senadores presentes en el Pleno para dicha aprobación.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 196 del Reglamento del Senado, los presidentes de las comisiones harán la presentación del dictamen.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamentodel Senado, hasta por 15 minutos.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El dictamen que el día de hoy presentamos, la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene como finalidad principal replantear los casos en que el Presidente de la República puede ser imputado y llevado a juicio.

Debemos recordar que la Constitución vigente establece que sólo procederá acusar al Presidente de la República por traición a la patria y por delitos graves del orden común.

En concordancia con el nuevo Sistema de Justicia Penal, esta figura ha quedado prácticamente sin proceder y hacemos una reforma y un planteamiento para que el sujeto al proceso de juicio político no solamente quede por traición a la patria, sino también se incorporen dos delitos más, que son los delitos de hecho de corrupción y de delitos electorales.

En este sentido, claramente el titular del Ejecutivo Federal plantea que también se incorporen los señalados en el artículo 19 constitucional.

La reforma planteada refiere su trascendencia como un mecanismo que pretende inhibir fundamentalmente la corrupción en las esferas de gobierno.

No debemos de soslayar que la corrupción es la causa principal de la desigualdad que padecemos.

La deshonestidad de algunos gobernantes deteriora la vida pública de México, por ello consideramos necesario que se deje claro que nadie puede estar por encima de la ley y que en caso de que participe en la comisión de hechos de corrupción pueda ser sancionado conforme a la ley.

Ahora bien, sobre la base de precisar la condición de igualdad de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión con la ampliación del régimen de responsabilidad penal, del titular del Ejecutivo Federal, planteamos señalar expresamente la posibilidad de la imputación y el enjuiciamiento correspondiente si incurren en la comisión de delitos de traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales y los que se encuentren señalados como susceptibles de prisión preventiva oficiosa.

Acorde a la naturaleza de los regímenes de responsabilidades del Gobierno de la República y de quienes integramos el Poder Legislativo de la Unión, en el caso de una eventual comisión, en cualquiera de esos ilícitos penales se seguirá los procedimientos previstos en el artículo 111 de la Constitución.

En este sentido, es imperante dejar claro que no se exime a los Senadores a las Senadoras, a los Diputados y a las Diputadas de la responsabilidad de ser imputados y llevados a juicio por la comisión de delitos contemplados en la legislación penal vigente.

Es decir, nadie tiene un solo privilegio, no se exceptúa a los Senadores, ni a los Diputados federales, decidimos acompañar al Presidente en esta iniciativa para que fuéramos todos los que estuviéramos inmersos en esta nueva figura delictiva.

Por eso quiero hacer un reconocimiento muy en claro a la Comisión de Estudios Legislativos, a la Comisión de Gobernación, a los grupos parlamentarios que integran este Senado de la República, porque gracias al intercambio de opiniones, del debate de las ideas, de la forma en como concebimos la impartición de justicia, de cómo alimentamos esta reforma importante que sienta un precedente en la vida presidencial y en la vida de las Cámaras de la Unión.

Gracias a cada uno de ustedes, por eso nosotros ponemos a consideración a votar a favor del presente dictamen, que contribuya a cumplir una de las demandas ciudadanas más profundas y, sobre todo, terminar con el régimen de excepción y de inmunidad procesal que frenan y que frenen a la corrupción política.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Eduardo Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Cristóbal Arias Solís, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, y hasta por 15 minutos.

El Senador Cristóbal Arias declina su participación.

Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 15 minutos.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimadas Senadoras y Senadores. Pueblo de México.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, fue turnada la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación de supuestos para la procedencia penal en contra del Presidente de la República.

Con el dictamen que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea, se aprueba con modificaciones la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con el objetivo de ampliar el catálogo de supuestos para que el Presidente de la República pueda ser juzgado penalmente ante la Cámara de Senadores.

En este sentido, se agregan como causales de procedencia los delitos electorales, los hechos de corrupción o cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, con esto se garantiza que el primer mandatario no quede exento de responder por los grandes males nacionales que ocasionan al estado de derecho.

Asimismo, se armonizan normativamente el artículo 108 de nuestra Carta Magna con las recientes reformas constitucionales en materia de delitos graves.

Las comisiones dictaminadoras aprobamos en el sentido el dictamen positivo, pues coincidimos plenamente que con el Presidente de la República en cuanto a que la inmunidad presidencial es un privilegio que se ha convertido en una verdadera excepción jurídica al principio de igualdad ante la ley, constituyéndose en un elemento de injusticia del que se ha abusado a lo largo de los años.

De tal forma que se ha permitido que la alta dignidad de la representación pública que el ilustre Conde de Mirebeu, se refirió como en un sacerdocio político inviolable se desvirtúe y degrade en un manto de impunidad para el amparo de aquellos que traicionan la confianza del pueblo mediante la comisión de actividades delictivas.

Por estas razones, invito respetuosamente a los presentes a aprobar el dictamen que se somete a su consideración, toda vez que indudablemente representa un notario avance en el combate a la impunidad de las élites políticas que por décadas han burlado la justicia a costa de la sociedad mexicana que, en su conjunto, es la verdadera ofendida de cualquier acto delictivo cometido por un servidor público.

Agradezco a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su participación, su voluntad y su disposición.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Que siempre sí sube el Senador Cristóbal Arias a la tribuna.

Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos, para presentar el dictamen.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente, por concederme el uso de la palabra sobre este mismo tema. Como Presidente de la Comisión de Gobernación me vengo a sumar al trabajo que conjuntamente hicimos en Comisiones Unidas. Compañeras y compañeros Senadores.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, ponen a consideración del Pleno de esta Cámara un dictamen de reforma constitucional que termina con un régimen de excepción y de impunidad que ha venido o venía protegiendo al Presidente de la República.

Este dictamen tiene como materia la iniciativa que el propio Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó, cuyo objeto es reformar los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución Política.

Después de un proceso de discusión responsable y democrático en el seno de las comisiones dictaminadoras entre los diversos grupos parlamentarios representados en este Senado, el dictamen final propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 a fin de que durante el tiempo de su encargo el Presidente de la República, quien de acuerdo al texto vigente constitucional sólo puede ser acusado, como aquí ya mismo se ha señalado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Hoy con esta reforma podrá ser imputado y juzgado también por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Es importante señalar que dichas reformas comprende, también a los integrantes de la Cámara del Congreso de la Unión.

Cabe referir que en el párrafo segundo de dicho precepto se prevé la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la persona y de la salud.

También se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional para establecer que para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Sin duda alguna, estas propuestas de modificación constitucional forman parte importante para sentar las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar el principal cáncer que tiene enfermo al país desde hace ya varias décadas que es la corrupción y es la impunidad.

La cuarta transformación pasa necesariamente por este tipo de reformas a nuestra ley fundamental en las que deben quedar plasmadas las decisiones políticas fundamentales para que consigan alcanzar este derrotero. Y qué mejor que empezar desde arriba estructurando el andamiaje jurídico para castigar y perseguir las corruptelas que se han perpetrado desde las más altas esferas públicas.

La sociedad y el pueblo mexicano día a día lo reclaman y el Senado no puede ni debe seguir postergando estos cambios que le hacen un bien al sentir el interés superior de la República. Efectivamente la corrupción se combate desde arriba hacia abajo y hoy se establecen dichas bases constitucionales.

En virtud de que estas comisiones unidas estiman procedente plantear una reforma al texto constitucional para establecer un mecanismo jurídico para que el Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión puedan ser imputados y juzgados, previa a la declaración de procedencia a través del procedimiento determinado en el artículo 110 constitucional y estar sujeto al proceso penal en los términos que dispone el artículo 19 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, pedimos su respaldo a esta reforma constitucional para ser aprobada por esta Alta Cámara.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador, Cristóbal Arias.

Seguiría, en el orden de las intervenciones, la presentación del voto particular que presentaron varios Senadores; sin embargo, ninguno de los Senadores que presentaron el voto particular se encuentran presentes.

Quiero proceder de manera formal, porque ya en otra ocasión le hemos negado la presentación de un voto particular a otro Senador por no cumplir con el procedimiento; sin embargo, quiero dejar constancia de la presentación de un voto particular que está publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado y está firmado por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Samuel García Sepúlveda, Noé Castañón Ramírez y Clemente Castañeda Hoeflich, dicho voto particular estará presente en la discusión, en el debate del día de hoy.

Bien, vamos a continuar y pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Comenzamos con la Senadora Sasil De León Villard, del Partido Encuentro Social, que tiene hasta cinco minutos para desarrollar su intervención, perdón, hasta 10 minutos para desarrollar su intervención.

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y Compañeros Senadores:

El licenciado Andrés Manuel López Obrador envió a este Senado de la República la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar privilegios a los funcionarios públicos.

Lo prometido en campaña por el Presidente López Obrador y quienes lo acompañamos a recorrer las calles, está siendo una realidad.

Hoy, de aprobarse el presente dictamen, el Presidente podrá ser sometido a un proceso penal si es acusado de cometer algunos delitos contemplados, por lo que reformar en materia de inmunidad procesal garantizará que el Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores puedan ser juzgados penalmente una vez realizada la declaración de procedencia por parte del juzgado correspondiente, sin que esto implique que sean perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones y que no sean inmunes a cualquier tipo de delito.

En el caso del presente dictamen, las comisiones coincidieron en dictaminar que el Presidente de la República, así como los integrantes de este Congreso de la Unión puedan ser enjuiciados por traición a la patria, delitos graves del orden común, por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, los cuales son considerados graves.

Así también se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, para establecer que solo se podrá acusar al Presidente de la República, a través de un procedimiento que se llevará aquí ante esta Soberanía para proceder penalmente en su contra.

Por lo anterior, hoy esta Soberanía tiene una oportunidad histórica para que en congruencia con el escenario político actual construyamos un país más democrático y más fortalecido de las instituciones.

Queremos reconocer el trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, al Senador Cristóbal Arias, al Senador Eduardo Ramírez y a la Senadora Ana Lilia Rivera.

Queremos reconocer, también, que se ha llevado a cabo este trabajo en estas Comisiones Unidas con total transparencia. En ese sentido, el grupo parlamentario de Encuentro Social votará en favor del presente dictamen, “no más impunidad, no más actos al margen de la ley”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sasil De León.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El análisis de este dictamen que es resultado precisamente de un debate que sostuvimos en las Comisiones Unidas, que por cierto quiero felicitar a quienes las presiden, porque realizaron un trabajo de integración, un trabajo de participación plural en donde se pudo construir, además, en donde se pudo llevar a cabo un ejercicio que al final de cuentas entendió la esencia del planteamiento jurídico en la iniciativa, en el análisis de lo que se propone.

Miren, era importante, era importante porque lo que decía el artículo 108 en el párrafo correspondiente, el que está siendo reformado, es que el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Este concepto de delitos graves del orden común quedó superado en el momento en que se hizo la reforma al artículo 19 constitucional, porque los delitos graves los marca el artículo 19 constitucional al establecer el concepto de la prisión preventiva oficiosa. Entonces no es que tengamos delitos graves dispersos por todos lados, sino que habría que hacer un análisis jurídico de dónde estaba esta concentración jurídica.

Y es precisamente lo que ahora se maneja en esta redacción, en la redacción que estamos ahora comentando.

¿Por qué?

Primero, porque tenemos que referirnos al 19 constitucional, no a los delitos graves del fuero común. Ese era un primer tema.

Y segundo, como lo dijimos en las Comisiones, no se trata de que solamente vaya el Presidente de la República por delante y que se dijera: “El Presidente de la República podrá ser acusado por traición a la patria y por los delitos del artículo 19”.

No, vamos parejos, vámonos todas y todos.

Y entonces, de ahí que la redacción, compañeras, compañeros, dice: “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión…” o sea, todos nosotros y nuestros compañeros de la Cámara de Diputados todos.

“Podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción”, que discutimos también sobre este concepto, pero este concepto está ya en el sistema anticorrupción, en el Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso había que incorporarlo, porque incluso se han cambiado ya capítulos del Código Penal Federal para hablar de hechos de corrupción. Ahora ya está aquí.

Delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, y en todos los casos se procederá conforme al 111, con una precisión también importante, hay que decirlo, la precisión que se está haciendo en el 111, que nada más decía: “por lo que toca al Presidente”.

No, no, no, por lo que toca al Presidente no, porque incluso la iniciativa así lo marca, que no le quede duda a la ciudadanía para proceder penalmente contra el Presidente, así viene ahora la redacción, no por lo que toca, sino en específico, parece que se está ganando en precisión.

Y, además, damos un mensaje a la ciudadanía muy importante, no estamos en dos raceros distintos, estamos igual, está bien. El Presidente señala que puede ser juzgado por más delitos, por estos del 19 constitucional, también nosotros, igual, para que no haya esas distinciones y que después la gente diga: oye, ¿y los Senadores? ¿Y las Senadoras? ¿Y los Diputados? ¿Y las Diputadas? Ellos se cuidaron y nada más dejaron que se fuera el Presidente solo.

No, vamos también en este paquete, compañeras, compañeros; vamos también en esta redacción legislativa. Así se recordará cuando se incluyó en el mismo párrafo la posibilidad de imputación penal para todos los integrantes del Congreso de la Unión, igual que al Presidente de la República, con la precisión que sí era importante, porque cuando dices: los delitos graves del fuero común, pues es común no decir nada.

La precisión es la que se logró ahora, los delitos graves están en este párrafo del artículo 19 constitucional, que es precisamente lo que señala segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Por lo que de manera integral ahora lo que tenemos es: “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados”.

Hablamos también de imputación porque se decía que podría ser otro concepto, pero en la discusión misma llegamos al consenso que esto es lo que marca la Constitución, habla de los derechos de los imputados, de la persona imputada, artículo 20, en el apartado B, ahí está, lo estamos precisando también nosotros.

Podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19, en todos los casos se procederá conforme a lo dispuesto al 111 de esta Constitución, y el 111 señala: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo entre la Cámara de Senadores en los términos del 110”.

En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá, con base a la legislación penal aplicable.

Es una reforma integral, es una reforma que hoy da precisión.

Y lo más importante, lo quiero reiterar, a fuerza de parecer necio, no nos distinguimos, no dejamos que el Presidente se vaya solo, sino vamos en ese mismo paquete, todas y todos nos incluimos. Y eso me parece que ha sido una decisión muy importante de las comisiones unidas, de no dejar solo al Presidente sino que todos y todas los que integramos las Cámaras del Congreso de la Unión también podamos ser acusados en los mismos términos que aquí se plantea con esta reforma.

Así que nosotros estaremos con el voto a favor de este dictamen que se está presentando por las comisiones unidas que han trabajado y que, reitero, se ha hecho con una participación plural, como debe de ser.

Así que esta práctica parlamentaria me parece que llega a un punto muy importante que le va a servir al país para dejar despejadas esas dudas que existían.

Hoy quiero reiterar que tenemos el compromiso en el grupo parlamentario del PRD con este tipo de acciones, y aquí dejamos constancia.

Vamos en el voto a favor.

Muchísimas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del PVEM.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En los últimos años hemos realizado una renovación estructural del gobierno, con temas como la transparencia, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadana.

Reformas constitucionales todas que han permitido la renovación y, sobre todo, el fortalecimiento de nuestras instituciones.

No podemos negar que hemos avanzado, sin embargo, falta mucho por realizar. Es evidente que hoy debemos impulsar mayor protección a los ciudadanos a través de una mayor rendición de cuentas de todos los servidores públicos.

La inseguridad, la pobreza y la desigualdad que aquejan a nuestro país, y la rendición de cuentas, la falta de la rendición de cuentas son los principales problemas que enfrenta nuestro país, sobre todo la falta de rendición de cuentas.

Desafortunadamente, México sigue inmerso en este grave cáncer social cuyos costos económicos son altos, al ser una de las barreras que impide el desarrollo y el crecimiento armónico de la sociedad mexicana.

Es momento de transitar a un esquema de apertura con elementos que permitan una mayor participación ciudadana durante el ejercicio público y sobre el actuar de las personas por quienes votamos.

Todos los representantes de la República debemos conducirnos de forma ejemplar para asegurar a todos y cada uno de los mexicanos que el cargo público, resultado de la elección popular, se debe utilizar conforme a derecho y para el bien común. Si no, esto no tiene sentido.

Por ello, este dictamen es el inicio para establecer lo que por tantos años ha exigido la ciudadanía: determinar cuáles son los delitos por los que se puede juzgar al Titular del Ejecutivo Federal. Se añaden, como lo dice el dictamen, actos de corrupción y delitos electorales.

Debemos reconocer que la ampliación de los delitos para proceder penalmente en contra del Presidente permitirá reclamar una declaración de procedencia ante este cuerpo colegiado.

Recordamos que países como Brasil, Argentina, Perú y Guatemala, entre otros, juzgaron y sancionaron a quienes eran representantes del Estado, en su mayoría por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad durante el ejercicio de su encargo.

Con la aprobación de esta reforma constitucional se podrán distinguir y sancionar los actos ilícitos que un Jefe de Estado o integrante del Congreso de la Unión puede cometer en el servicio de sus funciones.

Compañeras y compañeros Senadores, coincidimos con las voces que exigen la eliminación total del fuero constitucional para poder juzgar a los legisladores del Congreso de la Unión y, sobre todo, de la figura presidencial.

Estaremos atentos para dar un debate que permita llegar a los consensos necesarios y atender este reclamo social.

En el Partido Verde Ecologista de México seguiremos trabajando arduamente para crear los mecanismos necesarios que sancionen de manera ejemplar cualquier acto de abuso de autoridad, impunidad y mal ejercicio de cualquier cargo público.

Es por ello, compañeros Senadores y compañeras Senadoras, que trabajaremos en las leyes reglamentarias para la eficaz aplicación de esta reforma.

Estamos convencidos que la buena política es la que se basa en principios éticos y la que busca en todo momento el bien común. Repito, si no, esto no tiene sentido.

Hagamos buena política y trabajemos por el desarrollo y bienestar de las y los mexicanos.

Y como alguna vez lo refirió el Presidente norteamericano Theodore Roosevelt: “ningún hombre debe estar por encima de la ley y nadie debe estar por debajo de ella”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Enrique Murat.

Bien, sigue el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos.

Después del Senador Samuel García, hará uso de la palabra la Senadora Alejandra León Gastélum.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Buenos días, aunque no tienen nada de buenos con el atropello que nos están haciendo.

No es posible que un tema de tal relevancia y que había un acuerdo que se iba a votar el día de mañana jueves, junto con los Magistrados, aprovechando una manifestación y una mentira, porque habían dicho que hoy solamente iban a ser puntos de Acuerdo, nos lo quieran meter ahorita “a cajón” y engañarnos a todos los mexicanos.

Eso no se vale y no se va a respetar.

No es posible que nos estén diciendo que con esto se elimina el fuero, están poniendo un doble fuero, señores. Con lo que hoy están haciendo, yo y todos ustedes, lejos de quitarle al Presidente el fuero vamos a tener doble fuero, doble juicio de procedencia. Aquí está el artículo muy claro.

Durante el tiempo de su encargo el Presidente de la República y los integrantes de esta Cámara serán imputados conforme al artículo 111, es decir, ahora si Samuel García comete un delito no solo ocupa el juicio de procedencia de Diputados, ahora ocupo, aparte, un juicio de procedencia de Senadores, doble régimen, doble privilegio y afuera lo están vendiendo como la eliminación del fuero que prometió Andrés Manuel.

Eso no es cierto, es mentira.

Pero lo que más coraje me da es que ahorita quisieron “agandallarnos” y un punto, un voto particular de nuestra bancada lo dejaron desapercibido y no va a ser puesto a votación, porque saben que es una trampa, que es un engaño y que aquí hay doble dolo.

Fíjense, lo que el Presidente prometió cuando envió la iniciativa, fue lo siguiente: “hoy envío la primera iniciativa al Senado para suspender el fuero del Presidente de la República. El Presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito”.

Esto no está en el dictamen, señores.

Hoy lo que se quiere votar en este dictamen es que si el Presidente llegase a cometer un delito ocupa 87 votos de esta Cámara.

Renuncio, señores, renuncio el día que esta Cámara le dé 87 votos al Fiscal para perseguir al Presidente.

No engañemos a México, que tal fuero es que no haya ningún régimen, que no haya ningún juicio de procedencia y mucho menos que aprovechando la coyuntura y que hoy Morena tiene mayoría, pidan mayoría absoluta para perseguir al Presidente de la República.

Disculpen el enojo, pero no es posible que hoy se quiera engañar a México diciendo que se está eliminando el fuero, están creando un doble fuero, se está creando un doble fuero, porque ahora los Senadores y Diputados, que de por sí estamos muy desprestigiados, si nos quieren perseguir primero juicio de procedencia en Cámara de Diputados y después juicio de procedencia en el Senado.

Eso no va a pasar nunca.

Entonces, no engañemos, porque el dictamen es muy claro: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores”. Esto no es eliminar el fuero y lo que el Presidente prometió, que iba a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, es mentira, no está saliendo en este dictamen.

Por eso, voy a aprovechar para decirles que desde el 19 de abril ya existe en esta Cámara la posibilidad de eliminar el fuero de a de veras y eliminarlo a todos.

¿Por qué no estamos votando este dictamen que llegó en abril?

Si ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero a todos, incluido el Presidente y ya está en la Cámara de Senadores, ¿por qué no estamos votando realmente la eliminación del fuero? ¿Por qué?

O sea, yo invito a cualquier abogado a que lea este párrafo, es lo más confuso que existe. ¿No que el nuevo gobierno iba a hacer leyes claras, sencillas para el pueblo?

Lean el párrafo, no se le entiende.

Están metiendo a los integrantes de Diputados y Senadores a otro régimen de excepción de otro fuero.

Lo que nosotros prometimos era muy, muy sencillo, era eliminar el 108 para que el Presidente no tenga ningún tipo de privilegio y agregar al 111 una palabrita y poner que al Presidente, los Senadores, los Diputados, los gobernadores, los magistrados, todos, hasta los regidores eran sujetos como cualquier otro ciudadano a ser juzgados y ponemos un candado, no privación a la libertad hasta que no haya sentencia firme en colegiado, para que no haya cacería, pero eso es muy distinto a la farsa que hoy estamos votando, donde supuestamente estamos eliminando el fuero.

Yo voy a insistir y veré qué medidas se pueden tomar desde aquí, porque no es posible si desde la Comisión hace una semana nuestro grupo pidió un voto particular y queríamos someter a votación un voto particular para que así como en Jalisco, en Nuevo León y en quince estados más ya se eliminó el fuero, aquí en el Senado también pudiéramos eliminarlo, pero con esta tropelía y se hacen como que no escuchan, pero saben, porque traen la cola entre las patas, hoy no se iba a votar este dictamen, menos era el primero en el Orden del Día, díganlo, tengo diez minutos, no sé ahora lo que están haciendo, había un acuerdo que eso se votaba mañana.

¿Por qué la prisa? ¿Por qué ahorita a las diez?

¿Qué esconden?

No es posible, en serio, cierro con esto, yo no puedo votar en contra de agregarle delitos al Presidente, nadie lo haría, pero no engañemos, esto no es eliminar el fuero y el Presidente si lo llega a ser, ojalá que no y que se me haga la boca chicharrón, pero si se llega a hacer algo no le va a pasar absolutamente nada, porque va a ocupar la mayoría absoluta de este Senado y hoy en día el grupo mayoritario del mismo partido la controla.

Renuncio, renuncio el día que este poder se atreva a darle facultades al fiscal de revisar al Presidente o a un Senador de un partido mayoritario de este Senado, esto no es eliminar el fuero, esto es una farsa.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Samuel García.

Evidentemente respetamos la opinión de cada quien sobre el contenido de lo expresado, sobre el tema de las formas, simplemente diría que ayer el Presidente de la Junta de Coordinación Política nos comentó que habló con los coordinadores, con el objetivo de trata de una vez el día de hoy el tema de este dictamen.

Por eso es que la Mesa Directiva lo incorporó al Orden del Día de hoy.

Bien. Sigue en el uso de la palabra la Senadora Alejandra León Gastélum.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Ampliación del catálogo de delitos. Ni impunidad, ni inmunidad, ni complicidad.

Para lograr la “Cuarta Transformación” a la que aspiramos, nos urge desarmar la corrupción.

La eliminación del fuero a los servidores públicos ha sido uno de los reclamos sociales más escuchados en nuestro país.

Los escandalosos casos de corrupción de la clase política, que viven hoy en día libres, con la certeza de no ser procesados, por la idea de que fuero es sinónimo de impunidad. Ha lastimado a la población creando un clima de desconfianza generalizada en el gobierno.

Esa reacción de la sociedad es comprensible, ya que la gente está harta de los políticos y funcionarios que abusan de sus cargos y utilizan los recursos públicos con sentido patrimonialista.

El día de hoy vamos a romper con esa herencia. Nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a eliminar la inmunidad del titular del Ejecutivo Federal, para que pueda ser juzgado más allá del delito de traición a la patria.

El dictamen de hoy, se presenta para su votación ante esta Soberanía nacional, responde a esa demanda social y al compromiso de hacer un gobierno diferente.

A partir de ahora, el Presidente de la República, las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, durante el tiempo de su encargo, podrán ser imputados y juzgados por hechos de corrupción.

Delitos electorales o cualquiera de ellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 constitucional.

Con esta iniciativa, se pretende que todos los funcionarios públicos que estén involucrados en actos ilícitos, desde el Presidente de la República hasta los integrantes de los órganos constitucionales locales, puedan ser procesados penalmente durante el tiempo que estén en sus funciones.

Por todo lo anterior, los legisladores que impulsamos la cuarta transformación del país, votaremos a favor del presente dictamen, ya que permite recuperar la confianza de la gente, en sus instituciones de procuración e impartición de justicia para evitar que queden sin castigo todos aquellos servidores públicos que cometan delitos.

Por el bien de la patria, por un estado de derecho fortalecido nuestro voto será a favor.

Muchísimas, gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora León Gastélum.

Sigue en el uso de la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Muy buenos días, Senadoras y Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PRI va de la mano con sus principios y con sus ideas, para que no exista ningún otro privilegio en nuestro país más que el de ser mexicanos.

El día de hoy se nos presenta un dictamen que propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, para ampliar la responsabilidad del Presidente de la República, a fin de que pueda ser imputado y juzgado, además de traición a la patria por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19.

También se realiza una precisión en el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, al establecer que: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República únicamente habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional”.

El dictamen también contempla de forma expresa la ampliación del régimen de responsabilidad penal de los miembros del Congreso de la Unión, al titular del Ejecutivo Federal, es decir, a ser susceptibles de ser imputados y enjuiciados si incurren en delitos de traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y los demás del artículo 19 constitucional ya referidos, sin perjuicio de los demás delitos en que puedan incurrir y de los cuales ya pueden ser acusados actualmente en términos de la propia Constitución.

Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados.

Al Presidente de México solamente se le podrá juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio, ya fuera por delitos del fuero común, de naturaleza grave ya no será así solamente.

Hoy todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley sin ser vinculados a procesos si faltamos a ello, también por ser encarcelados si fuera el caso.

El grupo parlamentario del PRI está a favor del presente dictamen en tanto que significa robustecer el régimen de responsabilidades, y con ello rendición de cuentas del titular del Ejecutivo Federal, así como de los Diputados federales y Senadores, acorde a las recientes reformas al artículo 19 constitucional.

Pero, sin embargo, es muy importante reconocer que falta mucho para cumplirle al pueblo de México a fin de eliminar cualquier forma de impunidad por parte de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que se encuentran con las más altas responsabilidades de nuestro país.

Por ello, hay que decirlo fuerte y claro, la reforma que hoy se presenta no se refiere a eliminar el fuero de manera alguna, sino de ampliar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente del Presidente de la República y los legisladores.

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de un debate serio, responsable, que por una parte garantice que todos los funcionarios públicos seamos sujetos de la ley sin trabas, ni simulaciones, pero también asegurándonos de la estabilidad de nuestra Constitución y de nuestras instituciones.

La libertad de expresión de los legisladores, y en general del sano ejercicio de la función de nuestro país depende de todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Nuvia Mayorga.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva.

En el caso del Partido Acción Nacional, nosotros estamos manifestando nuestro voto a favor de este dictamen, y permítanme hacer una breve explicación del por qué lo haremos así.

Efectivamente, esto no es la eliminación del fuero, nosotros lo sabemos porque nunca hemos hablado del fuero durante la discusión de este dictamen, y quiero agradecer en este tema la disposición que tuvo el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Presidente de la Comisión de Gobernación y la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, desde la primera reunión de análisis para poder concretar esto.

¿Por qué esto no es el fuero? Porque, efectivamente, sigue existiendo un juicio de procedencia en el Senado de la República, y este dictamen básicamente atiende a la iniciativa presentada el 4 de diciembre de 2018, que la Secretaría de Gobernación remitió a este Senado de la República, presentada por el Presidente de la República.

Qué es lo que pide el Ejecutivo Federal. Ampliar el catálogo de delitos para que se inicie el juicio de procedencia en este Senado de la República, y agrega los delitos de hechos de corrupción y delitos electorales.

Y estamos a favor de ello, efectivamente, nadie puede estar por encima de la ley, y todo aquello que abone, todo aquello que beneficie a la transparencia, al combate a la corrupción y a que todos tengamos piso parejo en materia legal, Acción Nacional va a estar a favor.

Estamos totalmente de acuerdo en que hay muchísimo que platicar, lo hablamos en las propias comisiones, son nueve iniciativas que existen de todos los grupos parlamentarios aquí presentes para la verdadera eliminación del fuero, y creo que este es el primer paso y estamos dispuestos, y estamos a favor de iniciar una discusión seria en el tema; sin embargo, este es un acercamiento a ello que nosotros aplaudimos y respetamos.

Con esto Acción Nacional refrenda su compromiso con el país, no estamos aquí para decir no a todo, estamos aquí para construir todo aquello que beneficie a los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Rosales.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena, hasta por diez minutos.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Buenos días Senadoras y Senadores:

El combate a la corrupción ha sido un compromiso por parte de nuestro grupo parlamentario, compromiso adquirido ante una circunstancia de deshonestidad en los manejos de las administraciones pasadas, acciones que prometimos cambiar y que este dictamen permite la construcción de una mejor procuración de justicia y, al mismo tiempo, logra salvaguardar el libre ejercicio de la acción de los funcionarios públicos.

Es por ello que hoy presento ante esta Honorable Asamblea, el posicionamiento sobre el dictamen que reforma los artículo 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es modificar las disposiciones constitucionales para ampliar la capacidad de la exigencia de la ciudadanía mexicana al Presidente de la República para que responda por sus acciones y conductas.

El uso de los recursos públicos para beneficio personal o de un grupo específico no puede ser más que un modo de operación de las y los servidores públicos, las circunstancias del país exigen una reconstrucción, una regeneración de la cultura política del país.

Ya no es necesario mencionar una vez más los diversos casos de corrupción que nos inundaron en las administraciones pasadas, pero sí es necesario recalcar que esa forma de actuar ya no será válida, ni existente en esta nueva etapa de la vida pública mexicana.

Nuestro Presidente, al igual que nosotros, busca la erradicación de la corrupción en todas las esferas del gobierno.

No podemos permitirnos seguir con esta política de saqueo y abuso hacia el pueblo mexicano. Ya no más.

El recurso del fuero ha sido utilizado como escudo para la ejecución de atropellos, plenos saqueos que logran quedar impunes, que logran excepciones jurídicas inadmisibles en esta transformación.

La distorsión de las herramientas legales de protección y salvaguarda de las cualidades que permiten el libre ejercicio de la función pública ha logrado un régimen de desigualdad ante la respuesta a la justicia.

No podemos permitir que estas herramientas sean empleadas por funcionarios públicos deshonestos, sin amor a la patria y que carecen de empatía y solidaridad con el pueblo mexicano.

Estas herramientas han sido desvirtuadas por los propios servidores públicos, han sido el elemento idóneo para lograr impunidad.

La ejecución de actos de corrupción o de delitos electorales es un atropello a la dignidad de todo el pueblo de México, un ataque directo a la democracia que no permite el desarrollo pleno del ejercicio del voto y el respeto al derecho de la libre elección de la representación del pueblo mexicano.

No vamos a ejercer estas cualidades ni permitiremos que otros las ejerzan. Debemos entender que la época del abuso está por culminar, debemos abrir nuestro horizonte a las nuevas formas de hacer política en esta nación.

El ejercicio de la democracia nos ha traído a esta alta tribuna y con ello tenemos la obligación de legislar siempre a favor de la honestidad y la justicia. Es tiempo de tomar responsabilidad por nuestros actos, nadie puede estar fuera de la ley, todas y todos debemos comportarnos a la altura de nuestros puestos y tener claro que nuestro deber es servir a la patria.

¡La patria es primero!

El principio de igualdad ante la ley no debe hacer distinción o quedar sujeto a un criterio discrecional.

El fuero no debe ser un impedimento para sustanciar procesos penales contra funcionarios públicos. Al mismo tiempo el fuero permite la garantía de la no persecución indebida por el libre ejercicio de las facultades de un funcionario público.

Es por ello que la declaración de procedencia debe mantenerse.

El descontento popular y la exigencia, además del derecho de todas y todos los mexicanos para la aplicación de justicia, son fuertes pilares para la exigencia de la ampliación de los delitos por los cuales pueda ser imputado y, en su caso, juzgado el Presidente de la República y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Algunos delitos contemplados por los cuales podrá ser acusado el Presidente de la República incluyen: hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, homicidio doloso.

Les pido, por favor, su atención. Yo cuando los escucho les pongo atención total, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ruego atención a la oradora, Senadoras y Senadores.

Pido a los asesores que nos ayuden a despejar los pasillos.

Y a las Senadoras y Senadores les ruego atención para la oradora.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: A mí me enseñaron que parte de la educación es poner atención al que está hablando.

Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, además de traición a la patria.

Este dictamen propicia nuevas conductas; conductas que todos los servidores públicos debemos seguir, promueve el ejercicio de la justicia y la aplicación de penas para las acciones que ameriten castigos, sin el riesgo de que ello impacte en la estabilidad de la función que desempeña el Presidente de la República o las y los funcionarios públicos.

Este dictamen asegura que el Presidente de la República y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión no serán perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones; sin embargo, podrán ser procesados penalmente una vez realizada la declaración de procedencia, como lo marca el artículo 110 constitucional bajo los delitos señalados en el artículo 108.

Eliminemos la corrupción, cambiemos nuestro pensamiento y nuestras acciones. Recuperaremos la confianza de las y los ciudadanos en la democracia. Logremos instituciones públicas libres de abuso, autoritarismo, corrupción y crímenes contra el pueblo de México.

Respondamos al trabajo arduo de millones de mexicanas y mexicanos que sustentan diariamente este gran país.

Seamos solidarios, inundemos la política mexicana de buenas prácticas y grandes capacidades.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Agradecería que se sumen al sentido de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Guadalupe Covarrubias. Muchas gracias por su intervención.

Una vez que han terminado los posicionamientos de los grupos parlamentarios, vamos a pasar a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra, en primer lugar, el Senador Emilio Álvarez Icaza para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Muchas gracias, buenos días.

Colegas, querida Asamblea, vengo a hablar a esta tribuna, hablar en contra del dictamen porque francamente nos queda mucho a deber, francamente hay una enorme distancia de lo que se ofrece a lo que la redacción del dictamen dice.

Y me parece que no corresponde que avancemos en blindar el proceso, que incluso en el dictamen se desaparece la palabra fuero, sino que lo complejiza, lo complejiza y me parece que no corresponde, teniendo la oportunidad para poder allanar el camino.

Yo no puedo acompañar los términos de este dictamen, con mucha atención a la Senadora que expuso y mucho respeto y además a mis colegas, y lo quiero hacer esencialmente y lo voy a centrar en dos órdenes de ideas.

La primera, fíjense lo que dice el texto propuesto: “Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

La verdad de las cosas es que eso no es lo que queremos. Yo me pregunto por qué tenemos que hacer un procedimiento especial, si justo lo que queremos es eliminar eso.

Ahora, más aún, con el añadido que estamos haciendo para los integrantes del Congreso de la Unión, vamos a establecer un doble proceso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, perdón, colegas, pero eso es un blindaje, ese es un blindaje, un procedimiento que si bien ahora establece algunas características legales bajo las cuales se puede imputar al Presidente, que antes no, por la vía de los hechos el procedimiento otorgado lo que hace es un blindaje del fuero aunque el dictamen no hable del fuero.

Y ese procedimiento me parece que queda a deber, no es lo que el pueblo de México está pidiendo, no es lo que nos hemos comprometido en campaña, no es lo que nos hemos comprometido en tribuna a venir aquí a resolver.

Hay otro tema que me parece muy importante, y es un tema de congruencia en materia de derechos humanos. Yo he venido a esta tribuna a hablar de manera sistemática, a la reforma del artículo 19 en materia de la prisión preventiva oficiosa y decíamos el peligro que eso consiste.

Ahora este dictamen fundamenta la ampliación de delitos en contra del Presidente o un integrante de la Cámara, justamente argumentando el artículo 19 en la relación a la prisión preventiva oficiosa.

El voto particular que presentó Movimiento Ciudadano, tiene una redacción mucho más afortunada, permítanme leerlo: “Durante el tiempo en su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier ilícito penal que se impute". ”Cual quiere ilícito penal que se impute es lo que vive cualquier ciudadano, es lo que cualquier persona debería estar enfrentando y cualquier legislador o presidente debería estar sometido en los términos de cualquier proceso penal.

Me hago cargo, pero lo que queremos y el compromiso del propio Presidente López Obrador, ha sido quitar todo tipo de privilegios.

La redacción que se está dejando en el dictamen, lo que está haciendo es justo todo lo contrario, la redacción que proponen es que el Presidente podrá ser imputado por delitos electorales, cualquier señalado en el párrafo segundo del artículo 19, en el artículo19 del párrafo segundo 1 está lo que hicimos aquí como una especie de “congal punitivo”, acá venimos a ampliar el artículo 19 y generar una serie de preceptos, que ni son todos los delitos y genera un avasallamiento, un atropellamiento de la presunción de inocencia.

El artículo, la modificación que hizo el artículo 19, arrasa todos los principios de una lógica garantista de derechos que está en nuestra constitución. Fundar este dictamen en ese artículo, comete el mismo error, estamos eliminando la presunción de inocencia, también al Presidente y a los integrantes del Congreso de la Unión.

Las reglas del debido proceso suponen justo eso, la preservación de la presunción de inocencia, citarlo como se está citando es un error no solo procesal, sino es un error conceptual.

Yo estoy absolutamente a favor de que los servidores públicos, cualquiera, pueden ser señalados por los delitos que cometen; el Presidente, gobernadores o legisladores federales o locales, pero este dictamen no contribuye a ese fin.

Por supuesto que acompaño, en su caso, lo que pueda ser la imputación de delitos. Por supuesto que acompaño la eliminación del fuero, pero este dictamen no logra ese fin. Por esa razón voy a votar en contra.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, para hablar a favor.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, esta tribuna no solamente nos motiva a hablar con la verdad, esta tribuna nos obliga, frente a nuestra bandera a hablar con la verdad.

La discusión que hoy estamos teniendo, no es la discusión sobre la eliminación del fuero, no estamos discutiendo esta tarde este tema, por eso quiero ser muy precisa.

Se propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, a fin de que el Presidente pueda ser sometido a juicio por otros delitos, por eso se amplían delitos como traición a la patria, corrupción, delitos electorales o graves en términos del artículo 19 constitucional. Por eso tenemos que votar a favor de este dictamen, que no es la discusión del fuero y lo reitero.

Quiero ser solo muy específica sobre lo que el dictamen proponer, reformar el artículo 108, como bien lo comentaba, con el fin de ampliar las responsabilidades del Presidente de la República, a fin de que pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por los delitos que ya comenté.

Y dos, reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional para que se establezca, como procedente, penalmente contra el Presidente de México, solo habrá lugar a acusarlo ante esta Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 que contempla el procedimiento de juicio político.

Por eso quiero invitarlos a que acompañemos este dictamen a favor, no solamente porque estuvieron en la discusión, involucradas tres comisiones, sino porque estamos iniciando un camino para acabar con la opacidad y la corrupción, por eso los invito a que lo votemos a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra.

Tiene el uso de la palabra el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

Previamente es pertinente hacer la precisión que el Acuerdo del día de ayer fue que se vería después de las iniciativas el presente dictamen, no en el primer lugar de la sesión. Y si bien el artículo 76 del Reglamento del Senado precisa que la presentación de los votos particulares, esa precisión no es en orden o prelación, sino simplemente para hacer notar el tiempo en la intervención de cada una de ellas.

Ahora sí en materia. El dictamen que estamos en discusión hoy, se origina a partir de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo el día 4 de diciembre de 2018, en donde se argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país, para que dé respuesta de su actuación y de su conducta, y que la figura del fuero no debe concebirse como un privilegio para los servidores públicos.

No obstante, la iniciativa presentada por el Presidente de la República, no elimina la figura del fuero ni modifica el régimen de excepción jurídica del que gozan él y el resto de los servidores públicos, ni cambia la forma en que el titular del Ejecutivo puede ser sancionado a saber sólo mediante la aprobación del Senado de la República.

Así pues, la iniciativa que estamos discutiendo mantiene el estatus quo. En este sentido, el dictamen aprobado por las comisiones unidas no constituye una transformación del régimen de excepción del que gozan los servidores públicos, y tampoco sirve para cumplir con los compromisos asumidos por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal y las distintas fuerzas políticas del país en relación a eliminar el fuero y la inmunidad procesal.

Las modificaciones planteadas mantienen el esquema mediante el cual sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110.

Movimiento Ciudadano, ha insistido en la necesidad de eliminar el fuero para todos los servidores públicos, de tal manera que puedan ser procesados y juzgados como cualquier ciudadano, tal como se ha impulsado y logrado en las legislaciones de Jalisco y Nuevo León.

Manteniendo el firme compromiso que nos guía en el sentido de combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, es que se presentó un voto particular para que efectivamente se elimine el fuero y no seguir en una simulación.

Movimiento Ciudadano, se pronuncia a favor de la iniciativa que se va a votar, pero hay que hacer la precisión que no se elimina ningún fuero, sino que se modifica un régimen de excepción para el Presidente de la República.

El voto particular que no se permitió presentar aquí en esta tribuna modificaba radicalmente el régimen de responsabilidades de nuestro país, terminando con el régimen de excepción y la inmunidad procesal. Es decir, eliminaba el fuero y los privilegios en materia de inmunidad de los servidores públicos.

Aun así, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de este dictamen y lo votaremos en congruencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Castañon Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La reforma que hoy discutimos representa un paso muy importante en el proceso de transformación y desmantelamiento de un sistema político sustentado en el predominio del Poder Ejecutivo. Así como la imposibilidad de sujetar a responsabilidad del Presidente de la República, quien hasta el día de hoy, durante el tiempo de su encargo solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Con la reforma que hoy discutimos, pues, daremos pasos más en la dirección correcta, un paso hacia la construcción de un nuevo modelo y un régimen político en el que el titular del Poder Ejecutivo podrá ser imputado y procesado penalmente por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquier otro de los delitos señalados en el párrafo segundo, del artículo 19 constitucional, como lo han comentado diversas compañeras y compañeros Senadores.

Siendo acusado previamente ante la Cámara de Senadores, en el artículo 110 de la Constitución, lo que permitirá que personalmente pueda ser juzgado igual que cualquier otra persona.

Las consideraciones del dictamen no presentan un detallado análisis histórico y doctrinario, así como un amplio recorrido por el derecho constitucional comparado, permitiéndonos tener una visión amplia e integral sobre el significado del fuero y las implicaciones de una reforma como la que hoy discutimos.

Con la reforma habremos de impulsar que el fuero se diluya como fórmula jurídica de inmunidad que aseguraba la complicidad y la impunidad política del Presidente, esta posibilidad en sí misma constituye ya un cambio radical en el paradigma de protección constitucional del titular del Poder Ejecutivo, y abre la ventana a un nuevo modelo de control y contrapeso en el ejercicio del poder púbico.

Para poder procesar penalmente contra el Presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, quien resolverá con base en la legislación penal aplicable.

En este contexto, la redefinición constitucional del fuero y del sistema de inmunidad procesal para el titular del Poder Ejecutivo, representa en los hechos la oportunidad para desmontar un diseño institucional y normativo ineficiente y sin ningún tipo de legitimidad social.

Todas y todos los aquí presentes sabemos que pocas figuras son tan cuestionadas como el fuero y los privilegios asociados a la clase política, en un país en el que el acceso a la justicia es una quimera, la creación de nuevas reglas, reglas más claras, justas y acordes a la evolución de nuestro sistema jurídico, conlleva un mensaje claro de renovación y vocación democrática, atrás quedan las etapas de opacidad, impunidad y complicidad.

De esta forma, tal como lo ofreció el Presidente de la República en la iniciativa que da lugar al dictamen de hoy, discutimos la Constitución. Dejará de ser un obstáculo que impida exigir al primer gobernante del país que rinda cuentas sobre su actuación y su conducta, y el mismo criterio aplicará para legisladoras y legisladores.

Por eso, no nos sorprendamos, esto fue discutido en las comisiones unidas, no es sorprender a cualquiera, no es sorprender a nadie. No se vale venir a engañar diciendo que esto fue lo que no se discutió y además decir que es pura mentira este proceso.

Quiero explicar e informar que al iniciar la sesión sobre este tema, el Presidente de la Mesa Directiva dio a conocer que había efectivamente un voto particular y no estaban presentes los que tenían este voto particular, pero sobre todo con responsabilidad el Presidente estableció que se iba a incluir en el debate esta minuta.

Por eso no se vale venir a engañar y a decir que es pura mentira lo que se está haciendo, y que se está engañando al pueblo de México.

Quiero también comentar que en este proceso lo que nosotros esperamos es que el fuero va a seguir cumpliendo con su función protectora de instituciones, pero lo que nos da gusto es que hoy ya no solamente es el proceso con el Presidente de la República y no solamente es el tema que tenía que ver con traición a la patria, ahora ya son varios temas, el catálogo de delitos se ha ampliado y eso es importante para un país donde la inmunidad y donde también la opacidad eran un tema que nunca se tocaba.

Muchas gracias a todas y a todos ustedes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Salomón Jara.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Una vez agotada la lista de oradores y declarado que está suficientemente discutido en lo general, con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o presentar adiciones.

Consulto si alguien desea realizar alguna reserva. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. Ábrase el tablero electrónico hasta por cinco minutos.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto, si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto. Sigue abierto el tablero.

Pregunto nuevamente, si algún Senador o Senadora falta de emitir su votación. Sigue abierto el tablero.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 111 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos…

Senadora Lucía Meza, ya se cantó votación, por parte de la Secretaría, y ya estamos en la declaración, si no soy riguroso con usted, no lo puedo ser con los demás tampoco, registraremos la intención de su voto en el Diario de los Debates, pero ya no puedo contarlo.

Sonido en el escaño de la Senadora.

La Senadora Lucia Virginia Meza Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, únicamente nada más para manifestar mi apoyo, aunque ya no cuente, mi apoyo a favor de la iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se hará en ese sentido. Gracias, Senadora.

Senadoras y Senadores, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación de los supuestos por los cuales se puede imputar y juzgar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los legisladores federales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.






Vamos a pasar al siguiente apartado del Orden del Día, que es la presentación de iniciativas legislativas.

Comenzaremos la primera ronda, para lo cual tiene la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en relación con la atención a víctimas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, después de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales más trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia fundamental.

Después de su entrada en vigor y transcurrido un periodo razonable de tiempo, fue posible acreditar la existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas.

Estas deficiencias derivaron en un par de reformas estructurales en el 2013 y el 2017, las cuales tuvieron como objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas en los tres niveles de gobierno.

Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano colegiado y se transformó en una instancia unipersonal; y se incorporaron una junta de gobierno y una asamblea consultiva de naturaleza ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de toma de decisiones.

También se flexibilizaron las reglas para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos a favor de las víctimas y sus familiares. Desafortunadamente, a más de cinco años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue    presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a los miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos que existen en el país.

De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de la Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, y obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, razón por la cual consideran que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a las víctimas y miles de ellas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Como muestra de ello, los estudios realizados por las propias organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que la CEAV reportaba en 2018 un total de 15 mil 525 víctimas inscritas en el Renavi; 14 mil 808 del fuero federal; y 717 del fuero común, cifra que resulta increíble y muy baja en el país que contabiliza oficialmente más de 210 mil víctimas de homicidio doloso, más de 40 mil personas desaparecidas, y en el que se estima que más de 300 mil personas han sido desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia.

En relación con la asesoría jurídica, ha sido señalada la forma reiterada que el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no le permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con solo 83 asesores jurídicos, 37 en la sede y 46 en las delegaciones de las entidades federativas; y se calcula que en el promedio un asesor jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a las víctimas. Además, es bien sabido que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.

Frente a este panorama, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, así como visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas del desplazamiento forzado o interno, garantizando su conocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos.

También el de fortalecer a la Asesoría Jurídica Federal, especificar que no podrán argumentarse razones de competencia, ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio a los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente ley.

Estipular también el mismo para efectos de la inscripción de las víctimas en el registro. No será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrán exigírseles, en consecuencia la presentación de denuncias o cualquier otro tipo de documento o trámite presentado ante las instancias de procuración de justicia.

Propongo también modificar el procedimiento de designación a la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas, sustituyendo el esquema de ternas vigentes e incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para después ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente.

Finalmente, planteo modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados al año inmediato anterior.

Con esta propuesta de reforma, los cuales retoman las exigencias de las víctimas y colectivos que sufren y padecen por la ineficiencia de la CEAV, esperamos contribuir a hacer realidad el objeto para el cual fue creada la Ley General de Víctimas y disminuir con ello el saldo y la deuda histórica del Estado mexicano, con quienes han visto vulnerados sus derechos.

Hago votos para que en las comisiones se tome esta iniciativa sólo como un punto de partida y se abra formalmente un amplio proceso de consulta y participación con víctimas y organizaciones especiales.

Por su atención, muchas gracias.

Es todo cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quien suscribe, Senador SALOMÓN JARA CRUZ, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, después de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales más trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia fundamental: paz con justicia y dignidad.

Después de su entrada en vigor y transcurrido un periodo razonable de tiempo, fue posible acreditar la existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas e instrumentar la política nacional de atención, asistencia, protección, reparación, restitución, rehabilitación, compensación y no repetición.

Estas situaciones derivaron en un par de reformas estructurales en 2013 y 20017, las cuales tuvieron como objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal. Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano colegiado y se transformó en una instancia unipersonal; y se incorporaron una Junta de Gobierno y una Asamblea Consultiva de naturaleza   ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de toma de decisiones.

También se flexibilizaron las reglas para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos en favor de las víctimas y sus familiares. Desafortunadamente, a más de 5 años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a las miles de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos que existen en el país.

De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral.

En el marco del “Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas: Una deuda impostergable”, organizado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con el fin de analizar los avances y retos en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas, se acreditó que sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley General de Víctimas; Baja California y Guanajuato siguen sin Ley Estatal de Atención a Víctimas. Y Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca aún no han instalado su Comisión Estatal para la atención a las víctimas.

A lo largo del evento se evaluó el proceso de armonización de la Ley en las entidades federativas, así como el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sus delegaciones y de las Comisiones Estatales en materia de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral del daño.  Las organizaciones, colectivos, victimas y expertos participantes coincidieron en que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Las y los participantes señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución competente para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, sigue marcada por una gran debilidad institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para las víctimas. Entre otros aspectos, se señaló que la mayoría de las víctimas siguen enfrentado dificultades para ingresar al Registro y acceder a las medidas de ayuda inmediata, lo cual, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad.

Muestra de ello es que a marzo de 2018, la CEAV reportaba un total de 15,525 víctimas inscritas en el RENAVI (14,808 del fuero federal y 717 del fuero común); cifra que resulta alarmantemente baja en un país que contabiliza oficialmente más de 210,000 víctimas de homicidio doloso1, 37,435 personas desaparecidas2 y en el que se estima que 329,917 personas fueron desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia3.

En relación con la asesoría jurídica, las personas asistentes al conversatorio señalaron de forma reiterada que el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no les permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con sólo de 83 asesores jurídicos (37 en la sede y 46 de las delegaciones en las entidades federativas); se calcula que en promedio un Asesor Jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a las víctimas. Además, se señaló que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha Asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.

Adicionalmente, se hizo énfasis en que es una práctica recurrente que la autoridad omite dar a conocer con claridad los derechos que tienen las víctimas, así como las responsabilidades de las y los servidores públicas. Los procesos burocráticos requeridos a las víctimas para acceder a sus derechos no se adaptan a la realidad en la búsqueda de justicia, obstaculizando el acceso a derechos básicos, por ejemplo, dicha institución niega la atención médica de enfermedades crónicas, como cáncer o diabetes, argumentando que no hay relación directa entre dicha enfermedad y los hechos victimizantes.

Las y los participantes en el Conversatorio de referencia, observan con suma preocupación el incumplimiento de las entidades federativas con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Victimas, en particular debido a la falta de voluntad política de los congresos y poderes ejecutivos locales, lo cual deja en el desamparo a miles de víctimas del fuero común.

A la fecha del estudio, sólo 13 entidades federativas habían realizado una armonización integral de la Ley y otras 17 de forma parcial; en la mayoría de los casos, los procesos de armonización legislativa se han realizado sin consulta y participación de las víctimas y las organizaciones civiles, como por ejemplo, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Las organizaciones y colectivos también denunciaron a los congresos locales del Estado de Baja California y de Guanajuato, pues ni siquiera han iniciado el proceso de armonización de la Ley.

Asimismo, las organizaciones y colectivos lamentaron la tardanza de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca para contar con una Comisión Estatal para la atención a las víctimas. Otras entidades federativas como Guerrero, Nayarit y Veracruz cuentan con una Comisión Estatal, pero carecen de un Fondo Estatal, lo cual impide el acceso de las víctimas a las medidas de apoyo previstas en la Ley. En este contexto, concluyeron que la falta de implementación de la Ley General de Víctimas a nivel federal y en las entidades federativas es derivada de la falta de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).

Cabe recordar que con la aprobación de la Ley General de Víctimas se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), cuya atribución, entre otras, consiste en promover la coordinación y colaboración entre las instituciones que atienden a víctimas en los tres niveles de gobierno4. Si bien el artículo 83 de la Ley establece que el pleno del SNAV debe reunirse por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del Presidente de la República, éste no se ha vuelto a reunir desde su instalación el 15 de enero de 2014.

Lo anterior, ha propiciado, entre otras problemáticas, la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la atención a las víctimas y evaluación de las mismas, así como la ausencia de criterios uniformes para la selección, ingreso y permanencia del personal de las instituciones de atención a víctimas, todo aquello a cargo del SNAV.

Frente a este panorama, las organizaciones y expertos mencionados dieron a conocer el lanzamiento del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas”, una iniciativa impulsada por más de 20 organizaciones civiles, colectivos y expertos interesados en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en México. Mediante el Observatorio, esta coalición buscará incidir en el fortalecimiento del Sistema de Atención a Víctimas por medio del monitoreo, análisis y la evaluación de las instituciones encargadas de la atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. 

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral; visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, garantizando su reconocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos; fortalecer a la Asesoría Jurídica Federal y de las entidades federativas, estableciendo un mandato expreso para que estas instancias garanticen la contratación de los asesores jurídicos que resulten suficientes para dar respuesta a las necesidades de las víctimas; especificar que no podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley; y estipular que para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de  justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

Proponemos también modificar el procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas; sustituyendo el esquema de ternas vigente e incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para después ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Finalmente, planteamos modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior. A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 7.- 

I a XXXIV.- …

XXXV.- La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

 

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 79. ...

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

 

 

 

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

 

Artículo 98.  …

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente Título.

 

 

 

 

 

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido. La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;

II. a VIII. ...

...

...

Artículo 7.- 

I a XXXIV.- …

XXXV. La protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno o de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento forzado interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, las cuales deberán contar con los asesores jurídicos suficientes para dar respuesta a las necesidades se las víctimas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 79. ...

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

En el caso de víctimas de desplazamiento forzado interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo quién será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Artículo 98.  …

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente Título. No obstante, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

 

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior;

 

 

II. a VIII. ...

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien desempeñará su encargo en los términos establecidos en el artículo 86 de esta Ley.

TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, el Comisionado Ejecutivo en funciones, nombrado por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 14 de marzo del año 2017, dejará de ejercer el cargo que le fue conferido. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 14 de marzo del año 2017.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, la persona Titular de la Asesoría Jurídica Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas seguirán siendo emitidas de manera conjunta entre la persona Titular de la Asesoría Jurídica Federal y el servidor público responsable del Fondo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 7.-  …

I a XXXIV.- …

XXXV. La protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno o de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento forzado interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.

La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, las cuales deberán contar con los asesores jurídicos suficientes para dar respuesta a las necesidades se las víctimas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 79. ...

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

En el caso de víctimas de desplazamiento forzado interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo quién será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

El mandato del Comisionado Ejecutivo podrá ser revocado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores

Artículo 98.  …

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente Título. No obstante, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior;

II. a VIII. ...

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien desempeñará su encargo en los términos establecidos en el artículo 86 de esta Ley.

TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, el Comisionado Ejecutivo en funciones, nombrado por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 14 de marzo del año 2017, dejará de ejercer el cargo que le fue conferido. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 14 de marzo del año 2017.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, la persona titular de la Asesoría Jurídica Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas seguirán siendo emitidas de manera conjunta entre la persona titular de la Asesoría Jurídica Federal y el servidor público responsable del Fondo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Salomón Jara Cruz.

1 Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2 Última actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Junio de 2018).

3 Casos documentados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el 2006 y 2017: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

4 El SNAV está integrado por las instituciones, entidades, organismos, y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homologas en los ámbitos estatal y municipal: I. Poder Ejecutivo: a) Presidente de la República, b) Presidente de la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores, c) Secretario de Gobernación. II. Poder Legislativo: a) Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, b) Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, c) un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III. Poder Judicial: Presidente del Consejo de la judicatura Federal. IV. a) Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, b) un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, V. La Comisión de Atención a Víctimas y un representante de las Comisiones Ejecutivas locales (artículo 82 de la Ley).

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Jara Cruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Álvarez Icaza. Para adherirse.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si el Senador Salomón está de acuerdo, me gustaría adherirme a la iniciativa, si él lo acompaña.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí está de acuerdo.

También se quieren adherir los Senadores Martha Guerrero, Américo Villareal, Ana Lilia Rivera, Ricardo Velásquez, Arturo Bours, Ovidio Peralta, Gutiérrez Castorena, Cristóbal Arias, Primo Dothé, Osuna, Gricelda Valencia, Vasconcelos, Soledad Luévano, Claudia Balderas, Miguel Ángel Navarro, Cecilia Sánchez y la Senadora Caraveo. Se turna a las comisiones, que ya mencionamos, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores.

Presento iniciativa que adiciona una fracción al artículo 71 de la Constitución para otorgar a la Suprema Corte de Justicia el derecho de iniciar leyes en cuanto a su función y organización.

Al analizar la división de poderes que está consagrada en el artículo 49 de la Constitución, la Suprema Corte ha señalado que si bien el supremo poder se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto no es un principio absoluto, pues al fijar las atribuciones de los tres poderes se le confieren también atribuciones que corresponden a un diverso poder.

Esto es, el Poder Legislativo tiene facultades legislativas como es la posibilidad de iniciar leyes, ejercer el derecho de veto, publicar leyes y además la facultad reglamentaria.

Por su parte el Poder Legislativo tiene facultades jurisdiccionales en el juicio político y en el juicio de procedencia, además de facultades administrativas como son el nombramiento de servidores públicos que la Constitución le confiere, así como la facultad de fiscalización a través de la Auditoria Superior de la Federación.

Sin embargo, la Corte no tiene ninguna facultad para participar en el proceso legislativo por lo que la presente iniciativa plantea facultarla para que pueda presentar iniciativas de ley respecto a su funcionamiento interno y organización.

Cabe recalcar que los otros poderes ya cuentan con la facultad de participar y definir su organización interna, por lo que esta propuesta en ningún caso representa un exceso de atribuciones y busca dotar al Poder Judicial de un marco legal adecuado.

Así la Suprema Corte podrá presentar iniciativas de ley para mejorar la labor de los órganos mediante los cuales opere el Poder Judicial, como son la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal.

Igualmente podrá hacerlo sobre los tribunales de los estados y de la Ciudad de México en los casos previstos en la Constitución en tratándose de amparos por violaciones a las garantías en materia penal y en los demás casos en que por disposición de ley los tribunales de los estados actúen en auxilio a la justicia federal.

También podrá proponer mejoras a los centros de justicia penal, a la carrera judicial, a la facultad de atraer controversias ordinarias respecto de su división territorial y en general respecto de los órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación.

Al facultar a la Suprema Corte para iniciar leyes en cuanto a su función y organización interna, se estaría dando la oportunidad de contar con una mejor legislación en materia judicial con un Poder Judicial fuerte, autónomo, cuya elaboración recogería la experiencia de jueces, así como una sólida base teórica y el reflejo de la experiencia jurisdiccional.

Senadoras y Senadores, estos son algunos de los elementos más importantes que contiene esta iniciativa de reforma constitucional que espero cuente con la valoración positiva por parte de ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de publicidad de alimentos y bebidas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 301, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 307 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 421 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 219; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 223; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 246 BIS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Mario Zamora Gastélum: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Muy buenas tardes.

El día de hoy vengo a plantear un tema que creo es de muchísima profundidad, lo vemos todos los días en la calle, lo vemos incluso en la casa de uno, pero pocas veces le ponemos atención.

La intención es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de publicidad de alimentos y bebidas.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Resulta que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el mundo después del tabaquismo.

De acuerdo a la OMS, la obesidad es una enfermedad, vuelvo a repetir, es una enfermedad que ocasiona que el exceso de tejido graso cause una alteración hormonal y del metabolismo siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer incluso.

Esta enfermedad, según dicha organización, es causada por un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas, sumado al fenómeno mundial del aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y que son ricos en grasa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, mejor conocida como la FAO, en América Latina y el Caribe estima que en la región 151 millones tienen sobrepeso y 105 millones obesidad. Y hablo con total conocimiento de causa.

En México, se calcula que más del 70 por ciento de la población padece sobrepeso y aproximadamente una tercera parte sufre de obesidad, ocasionando la agudización de enfermedades, vuelvo a decir, como la diabetes.

Un dato alarmante es, que de acuerdo con la FAO y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México es la región donde hay más jóvenes obesos en el mundo, afectando a tres de cada diez niños y a cuatro de cada diez adolescentes. Nuestro país es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en edad adulta, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.

El 32.4 de los mexicanos padece de obesidad, cifra que podría alcanzar el 39 por ciento, casi el 40, en el 2030.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en el problema más grave y costoso de salud pública en México. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, Imco, se calcula que el costo total de la diabetes asociada a la obesidad, en 2013, ascendió a 85 mil millones de pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, entre el 2014 y el 2017, el costo total del sobrepeso y la obesidad pasó de 223 mil 563 millones a 241 mil millones de pesos prácticamente; es decir, la cifra se incrementó de manera impresionante.

Hay que reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano, del Estado mexicano, que desde hace años ha realizado para reducir los índices de obesidad y sobrepeso mediante la ejecución de políticas y recomendaciones sobre el tema, como medidas fiscales, prohibiciones de la publicidad de comida chatarra en horarios infantiles, en centros escolares, acceso gratuito al agua potable en la escuela, pero creo que estas medidas no han sido suficientes.

El mayor obstáculo para la implementación de dichas medidas, es que se está utilizando la misma estrategia implementada por la industria del tabaco, donde se le deja la responsabilidad y la elección a cada individuo.

La OMC coincide que la información nutrimental, en la mayoría de los etiquetados de alimentos y bebidas, no es entendible para la población, por lo que ha recomendado sea más claro el mensaje.

¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Que el consumidor conozca, a ciencia cierta y con mucha claridad qué es lo que está ingiriendo, qué es lo que está comiendo y el daño que le puede hacer.

Ustedes ahora pueden ver una cajetilla de tabaco donde vienen ahí unas fotos, unas ilustraciones que la verdad están hasta de dar miedo, yo creo que algo así tendríamos que aspirar en el tema de los alimentos.

En Chile, por ejemplo, llama la atención que quitaron, por ejemplo, a los súper héroes o a estos personajes. Cuando un niño, cuando el niño acompaña al papá o a la mamá al súper, pues él quiere el cereal que tiene el súper héroe, no por lo que está ingiriendo.

Entonces, yo creo que debemos de pensar en poder hacer algunas adecuaciones, se los dice alguien que puedo dar cuenta que le entramos duro a la comida chatarra, el cuerpo no miente y bueno, justo por eso y pensando en las nuevas generaciones poder intentar modificar el tema de la publicidad, el tema de la información y que el consumidor pueda decidir en base a mayor información de los riesgos que tiene el consumir algo.

La presente propuesta no busca afectar al sector productivo de alimentos y bebidas de bajo contenido nutricional o de alto contenido energético.

De la interpretación más amplia de protección a los derechos humanos contenida en los artículos 1o. y 133 constitucional, lo que buscamos es que se proteja el derecho humano a la salud, sin que ello resulte contrario a la libertad comercial de las empresas, toda vez que no se prohíbe su comercialización, sino que se dé mayor información al consumidor y sea éste quien con esta información elija si lo consume o no lo consume en base a ello.

Por último, señor Presidente, solicito, con toda humildad, se integre de manera completa el texto y agradezco la atención.

Ojalá, compañeras y compañeros, por el bien del presente y futuro de México podamos a hacer esta ley en favor de esta juventud que, como a muchos y yo me incluyo, la obesidad nos está matando.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhieren los Senadores Martha Guerrero Sánchez, Américo Villarreal Anaya, Freyda Marybel, Bours, Guadiana, Novelo, Gricelda Valencia, Encinas, Cora Cecilia, Lucero, Abreu, Gómez Urrutia, Gutiérrez Castorena, Ovidio Peralta, Cristóbal Arias, Miguel Ángel Navarro, Susana Harp, Casimiro Méndez, Alejandro Peña, Kenia López Rabadán, Joel Molina, Rubén Rocha, Primo Dothé, Ricardo Velázquez e Imelda Castro. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Las pequeñas y medianas empresas son agentes económicos con capacidad productiva o de servicios, recursos financieros y personal reducido en comparación con corporaciones transnacionales y nacionales de gran trascendencia. Las llamas PYMES cuentan con objetivos, intereses, lógicas trazadas y se clasifican de acuerdo a la cantidad de personal y a sus ingresos anuales.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 2015, el 97 por ciento son microempresas y concentran el 75 por ciento del personal ocupado; le siguen las empresas pequeñas con un 2 por ciento y tienen el 13 por ciento del personal ocupado. Las medianas empresas representan el .3 de las unidades económicas y tienen poco más del 11 por ciento de los ocupados.

El ecosistema empresarial ha resaltado las necesidades y dificultades a las que se enfrentan las PYMES mexicanas, cuya supervivencia es cada vez más endeble, debido principalmente a la competitividad entre ellas y con las grandes corporaciones, adicional a todas las dificultades que se enfrentan y que inciden para que en su tiempo se reduzca en el mejor de los casos, a cinco años.

En ese sentido, es importante destacar que las pequeñas y medianas empresas son parte fundamental del motor económico de México, estas unidades económicas, según datos de la Condusef, aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Tiene relevancia mencionar que los mexicanos han mostrado un carácter emprendedor y de perseverancia. Ante eso, es fundamental mantener y mejorar los programas existentes, con el objetivo de incentivar el desarrollo y crecimiento de las PYMES.

El contar con recursos en forma limitada, es determinante para que las pequeñas y medianas empresas sigan o no funcionando.

En ese contexto, la falta de acceso a financiamiento de parte de la banca privada responde a una desconfianza, así como a su difícil acceso por las altas tasas de interés, desinformación y, desde luego, mala administración. Respecto a los apoyos disponibles de parte del gobierno prevalece un desconocimiento sobre su existencia, sobre los mecanismos de obtención, administración y pago de estos.

A pesar de ello, los programas focalizados de las PYMES han representado un nicho de oportunidad con el que algunas logran mantenerse, pero sobre todo crecer. El eliminar los programas federales diseñados para apoyar a las pequeñas y medianas empresas contribuye aún más a acrecentar la incertidumbre para estas unidades económicas.

Algunos de los problemas más comunes que enfrentan las PYMES son ya de sobra conocidos, estamos convencidos de que el Estado debe de propiciar las condiciones para que las PYMES puedan seguir cumpliendo con la parte fundamental en los diferentes aspectos ya referidos.

La propuesta de hoy que se presenta tiene como objetivo que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 58, se especifique que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas al fomento y desarrollo a la pequeña y mediana empresa.

Compañeras y compañeros Senadores, es necesario crear los mecanismos conducentes a favor de las PYMES, lo que implica instaurar las políticas necesarias para que se fomente su desarrollo. Estamos conscientes que esto representa sólo la punta de la pirámide, por lo que resulta fundamental adecuar el marco jurídico, fortalecer los acuerdos comerciales y crear un esquema efectivo de competitividad, con lo que estamos seguros de que se logrará consolidar un verdadero tejido empresarial en el país y, sobre todo, fortalecer a los más pequeños y a las medianas.

Yo creo que las cargas fiscales aparte, desde luego, de la seguridad social que tienen que implementar a sus trabajadores, tienen que ser una base sustantiva de estas pequeñas empresas.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Juan Quiñones Ruiz. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Escucharemos, a continuación, en el uso de la palabra a la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT.

Ella presentará una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Presidencia. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores. Honorable Asamblea:

Lo que vengo a plantear con esta iniciativa es la necesidad de que se atienda un problema que en diversos momentos ha ocupado la atención de la opinión pública, derivado de hechos que por su impacto mediático generan reacciones en diversos actores de la sociedad, pero que con el paso del tiempo deja de ocupar la atención, lo que no significa que éste se haya superado.

Es una realidad que la mayoría de las escuelas y planteles educativos son para el alumnado espacios de exclusión y mal trato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema educativo.

El acoso escolar y el ciberacoso representan formas de violencia que se dan tanto en las escuelas, como en el ámbito de las redes sociales, y se manifiesta de manera cotidiana en la vida escolar. Además de otras formas de violencia, como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal.

En el mundo se estima que 246 millones de niñas y niños adolescentes son víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes.

A pesar de diversos esfuerzos y amplios debates en la opinión pública, el denominado acoso sexual, bullying, continúa siendo uno de los problemas más graves en las instituciones de educación en sus diversos niveles.

Las acciones para combatirlo se han promovido en diversos momentos como resultados limitados con experiencias internacionales, unas de las de mayor éxito es la que se implementó en Finlandia, desde el año 2006, me refiero al Método KiVa. Como resultado de la implementación de dicho programa, el acoso escolar en Finlandia se redujo en más del 40 por ciento, y en el 98 por ciento de los colegios se percibió satisfacción con respecto a la metodología empleada y a los resultados obtenidos.

La clave de este método consiste en enfocarse en la reacción de quienes presencien el acoso escolar, promoviendo que no participen en él, que no lo apoyen para que los acosadores no obtengan el reconocimiento por sus acciones.

En México, en el año 2017, la Secretaría de Educación Pública presentó el Programa Nacional de Convivencia Escolar como una propuesta de intervención informativa, preventiva y vivencial para el alumnado, personal docente y las familias, mismo que fomentaba el desarrollo integral del alumnado.

Como parte de este programa, en el 2018 implementó el curso titulado “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en las escuelas de educación básica”, con el objeto de apoyar el desarrollo de las competencias docentes y aportar estrategias para detectar, prevenir y actuar en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato escolar e ingreso de armas a las escuelas de educación básica.

Sin embargo, este programa y las disposiciones contenidas en él no constituye un documento obligatorio ni normativo, lo que ha restado efectividad al quedar como meras recomendaciones.

El objetivo de esta iniciativa es implementar medias orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia, y el acoso escolar en las instituciones educativas proporcionando los elementos necesarios para cambiar el enfoque de atención, retomando la experiencia del Programa KiVa, haciendo visible el problema y generando en el alumnado conciencia sobre la importancia de no aprobar los actos de acoso como una medida para su erradicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Senadora CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 171 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación del sistema educativo y de sus autoridades, generar las condiciones para que las niñas y niños reciban una educación de calidad en la cual se fomente la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, además de brindarles protección en contra de toda forma de violencia.

La realidad es que la mayoría de las escuelas y planteles educativos son para sus alumnos y alumnas, espacios de exclusión y maltrato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema educativo. El acoso escolar, el ciberacoso (bullying y cyberbullying), representan formas de violencia que se dan tanto en la escuela -acoso- como en el ámbito social cibernético -ciberacoso- expresiones que se manifiestan a partir de convivencia en la vida escolar, además de otras formas de violencia como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal.

Ante estos fenómenos, la impartición de una educación de calidad, con énfasis en el fortalecimiento, el respeto y tolerancia de los derechos humanos, se encuentra garantizada en diversos instrumentos internacionales firmados por nuestro país como:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos1, Art. 26 numeral 2.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.2 Artículo 13 numeral 1.

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial3 en sus artículos 5, inciso e), fracción V y artículo 7, donde se determina que el derecho a la educación y formación profesional debe de ser sin prejuicios, discriminación racial y promoviendo la comprensión y la tolerancia.

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer4, establece en su artículo 10, inciso c), el acceso a la educación evitando conceptos estereotipados a través de la modificación de libros, programas y métodos de enseñanza.

• La Convención sobre los Derechos del Niño5, en los artículos 28 y 29 numeral 1, inciso d), garantizan el derecho a la educación y el fomento de la tolerancia, comprensión y paz de las niñas, niños y adolescentes, y, por último;

• En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural6, en su Artículo 5, titulado “Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural”7.

En este contexto, a pesar de diversos esfuerzos y hechos que han sido motivo de amplios debates en la opinión pública, el denominado “Bullying”.8 Continúa siendo uno de los problemas más graves en las instituciones de educación en sus diversos niveles.

En el mundo, se estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes.9

El 22 de enero de 2019, se publicó en Londres, en el Foro Mundial de Educación, un informe titulado “Behind the numbers: Ending school violence and bullying” [Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares]10

En dicho estudio se menciona que aproximadamente uno de cada tres estudiantes (32%) ha sufrido acoso por sus compañeros en la escuela.  En todas las regiones, excepto Europa y América del Norte, la intimidación física y la intimidación sexual son las más comunes, mientras que, en Europa y América del Norte, el bullying psicológico es el tipo más común en la población.11

Abundando a lo anterior, las diversas formas de bullying en razón a zonas geográficas se manifiestan bajo los siguientes porcentajes:

Región

Bullying

Región del Caribe

25%

Norte América

31.7%

Europa

27%

Medio Oriente

41.1%

Centro América

22.8%

Sur América

30.2%

Norte de África

42.7%

África Subsahariana

48.2%

Asia

30.3%

Como ya se mencionó, las acciones para combatirlo se han promovido en diversos momentos, con resultados limitados, en experiencias internacionales, una de las de mayor éxito es la que se implementó en Finlandia desde el año 2006, me refiero al método KiVa (abreviatura de “Kiusaamista Vastaan” que significa contra el acoso). Como resultado de la implementación de dicho programa, el acoso escolar en Finlandia se redujo en más del 40% de los casos y en el 98% de los colegios se percibió satisfacción con respecto a la metodología empleada y los resultados obtenidos. La clave de este método ha consistido en enfocarse en quienes presencian el acoso escolar con la finalidad de que no participen en él, para que quien acose no observe reconocimiento en alumno alguno.12 Este método ha tenido presencia en España, en algunas aulas de Argentina, Chile, Uruguay y México.

En nuestro país, el marco jurídico bajo el cual se promueven las normas que deben garantizar el derecho a una educación en la que se fomente el respeto a los derechos humanos, esta constituido por las siguientes leyes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13, en el párrafo segundo del Artículo 3.

• La Ley General de Educación14, fracción VI del Artículo 7.

• La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes15, en el Artículo 1 fracción II, fracción XI del Artículo 13. 

Bajo estas leyes, desde el 2016, en Mexicali Baja California, la Mexicali– Orbis International School, fue la primera escuela en adoptar el programa finlandés para combatir el acoso escolar.16 En ese mismo año, se realizó el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, coordinada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Como resultado de ese estudio, se encontró que, de 5,525 estudiantes de secundaria encuestados, el 64% refirió haber sido tema de burla, el 19% refirió haber recibido amenazas, el 20% refirió haber sido atacado, el 28% refirió que algún compañero le rompió un objeto premeditadamente, y el 11% refirió haber sido víctima de acoso cibernético.17

En este mismo sentido, Antonia Martí Aras, máster en psicopedagogía de la Universidad Internacional de Valencia, elaboró el Informe titulado “Mediación escolar como método de resolución de conflicto en las aulas”, en donde señaló que México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en casos de acoso escolar. De igual manera, dicho informe reveló que 7 de cada 10 niños sufren de acoso escolar diariamente; que el 82% de niños con discapacidad son víctimas de acoso y/o discriminación; que 9 de cada 10 estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTTTI son acosados y como resultado más de 3 millones de niños y niñas se ausentan de su centro educativo debido al acoso del que son víctimas; y que el 85% de estos casos de acoso tienen lugar al interior de los planteles educativos.18

En México, además de las disposiciones nacionales e internacionales anteriormente mencionadas, en el año 2014, en colaboración con los maestros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicó “Protocolo de Actuación para una Escuela Libre de Violencia”19, el cual, buscaba que el personal docente y el alumnado tuvieran un mejor conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos. Además de tener como objetivo el ofrecer los procedimientos para atender en la escuela los casos de acoso escolar y fomentar la convivencia armónica; señalando manifestaciones y pautas relativas al acoso escolar, y proporcionaba un glosario de definiciones.

Asimismo, el 27 de agosto de 2017, se publicó el Programa Nacional de Convivencia Escolar20, como una propuesta de intervención informativa, preventiva y vivencial para el alumnado, personal docente y las familias. De igual manera, fomenta el desarrollo integral del alumnado, así como su interrelación.

El 30 de octubre de 2018, la Secretaría de Educación a través del Programa antes mencionado implementó el curso titulado “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en las escuelas de educación básica”, con la intención de apoyar el desarrollo de las competencias docentes y aportar estrategias para detectar, prevenir y actuar en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato escolar e ingreso de armas en las escuelas de educación básica.21

Aunado a lo anterior se implementaron en las 32 entidades federativas protocolos que permiten conocer las redes institucionales de apoyo impulsando la participación de los distintos agentes de la sociedad para que su aplicación sea exitosa, misma que busca la prevención; obteniendo medidas de protección y seguridad de la comunidad escolar.

Sin embargo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y las disposiciones contenidas en él no constituyen un documento obligatorio ni normativo que imponga apercibimientos reales a los agresores, lo que ha restado efectividad a dicho Programa en los centros educativos al quedar como meras recomendaciones.

Ante la poca efectividad de estas medidas, los hechos de violencia se han seguido manifestando, sólo como referencia, el 11 de abril de 2018, en Huixquilucan, Estado de México, en la puerta de la escuela telesecundaria “Alfredo del Mazo”, Omar “K” de 13 años disparo a su compañero Luis Alfredo “S” quien lo acosaba continuamente, dejándolo herido de gravedad, tiempo después Omar regreso a su casa y ahí se suicidó. 22

En este mismo año, pero en el mes de junio padres de familia de la secundaria Benito Juárez, en Huauchinango, Puebla, hicieron viral un video en donde un grupo de jóvenes tienen a una niña de rodillas mientras es víctima de acoso y violencia escolar. Dicha secundaria se apegó a el protocolo de actuación y se les dio pláticas informativas a ambas partes.23

En virtud de lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es prevenir, atender y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas las aulas educativas de la Nación, proporcionando los elementos necesarios para hacer visible su situación como alumnados y de esta forma los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia y autoridades escolares puedan actuar de forma conjunta y efectiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el Capítulo III denominado “De la Equidad en la Educación” el primer párrafo del Artículo 49; el párrafo segundo del Artículo 56; las  fracciones IV y V del Artículo 66; la fracción V del Artículo 67; el segundo párrafo, los incisos c), d), f), g), h), i), k), l), del Artículo 69; el inciso e), g), k), m) y el antepenúltimo párrafo del Artículo 70; el Artículo 71; Artículo 72; Artículo 73. Se adiciona la fracción XIII, recorriéndose el subsecuente en su orden del Artículo 14; la Sección 1, denominada “Disposiciones Generales”; la fracción XVIII  recorriéndose la subsecuente en su orden del Artículo 33; la Sección 2, denominada “De la Seguridad Escolar”, que comprende los artículos 36 A al 36 L; la fracción VI del Artículo 66; el inciso ñ) del Artículo 69; el inciso ñ) del Artículo 70; la fracción XVIII del Artículo 75 todas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. …

I. a XI.- …

XIII.- Garantizar la seguridad y convivencia escolar, así como prevenir, atender y erradicar la violencia y el acoso escolar.

XIV.- …

CAPITULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Sección I.- Disposiciones generales

Artículo 32.- …

Artículo 33.- …

I.- a XIV.- ...

XV.- Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar o cualquier otro tipo de violencia hacia el alumnado, que incluyen a todas las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y erradicación.

XVI.- Realizarán programas de difusión de los derechos de la niñez y de la adolescencia orientados a la prevención, atención y erradicación del acoso escolar o cualquier otro tipo de violencia contra el alumnado.

XVII.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y

XVIII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para el alumnado, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Articulo 34.- …

Articulo 35.- …

Articulo 36.- …

Sección 2.- De la Seguridad Escolar

Articulo 36 A. La seguridad y protección del alumnado contra la violencia, en cualquier tipo de sus manifestaciones, es condición para una forma escolar igualitaria.

Artículo 36 B. Es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica del alumnado dentro de los planteles educativos y, en su caso solicitar a las autoridades correspondientes la protección que garantice la seguridad del alumnado en los alrededores de los planteles educativos.

Artículo 36 C. Las autoridades educativas deberán de emitir las reglas de conductas dirigidas a crear una cultura de convivencia en el entorno escolar y a inculcar el respeto y la tolerancia como componentes básicos de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar.

Artículo 36 D. Es violencia escolar, cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar y que incluye a todos las personas de la comunidad escolar.

Artículo 36 E. Los tipos de violencia escolar son:

I.- Maltrato escolar: Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, negligencia u omisión por cualquier personal docente y laboral al servicio de la educación hacia el alumnado.

II.-Factores de riesgo: Cualquier situación que aumenta las probabilidades de incidir en conductas que afecten a cualquier persona en su integridad y en la interrelación con los demás.

Artículo 36 F. Es acoso escolar, toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, que se ejerce entre el alumnado y el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño.

Articulo 36 G. Los tipos de acoso escolar son:

I.- Acoso verbal.- Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre el alumnado palabras altisonantes y agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Incluyendo burlas, insultos, comentarios sexuales, provocaciones.

II.- Acoso social.- Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones del alumnado, discriminándolo y aislándolo del mismo entorno social.

III.- Acoso físico.- La acción continúa del alumnado para lastimar y ocasionar lesiones corporales a otras personas, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar, romper o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados.

Artículo 36 H. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, se deberá de tomar en cuenta lo siguiente:

I. Deberán ser armónicas con el principio del interés superior de la niñez.

II. Se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes;

III. Serán proporcional a la conducta que se les atribuya al alumnado;

IV. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado, así como la reincidencia en el actuar de este si los hubiere, y

V. Cuando el alumnado incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse.

Artículo 36 I. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mientras el alumnado permanezca dentro de la institución educativa y de autobuses escolares.

II. Mientras participen en actividades escolares, y

III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares.

Artículo 36 J. Cuando lo solicite los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado de la víctima de violencia y el personal especialista así lo recomiende, podrá trasladarse al alumnado a otra institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

En cualquier caso, que amerite el traslado del alumnado a diversos centros escolares, tales circunstancias deberán ser previamente notificados tanto al alumnado como a los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado. Al preparar la reinscripción del alumnado en diversos planteles escolares, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que este pierda el ciclo escolar.

Artículo 36 K. Las autoridades educativas, en sus diferentes niveles de competencia, deberán generar actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención, atención y erradicación de la violencia y el acoso escolar.

Artículo 36 L. Las escuelas deben de registrar en una bitácora para cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección.

De los reportes señalados en el párrafo anterior deberá enterarse de forma inmediata a los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado del alumno que corresponda.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en el pleno respeto de los derechos humanos y la no discriminación, que aseguren la armonía de relaciones entre el alumnado, el personal docente, los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado e instituciones públicas y privadas. Asimismo, promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el dialogo entre los mismos.

De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

Artículo 56.-

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres del personal docente que obtengan resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

Artículo 66.-

I. a III.- …

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud del alumnado, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y

V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en el alumnado.

VI. Promover desde el hogar una cultura de convivencia, respeto, tolerancia y no discriminación en el ámbito escolar y participar en las actividades programadas para prevenir, atender, erradicar la violencia y el acoso escolar.

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. a IV.- …

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto el alumnado.



Artículo 69.- …

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, personal docente y personas representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales del personal de trabajo, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo:

a) a b) …

c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que el alumnado conozca y detecte la violencia y el acoso escolar;

d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la violencia y el acoso escolar. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos humanos del alumnado;

e) …

f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena del alumnado.

g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social al alumnado, al personal docente, al personal directivo y escolar, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes;

h) Conocerá los nombres del personal docente señalados en el segundo párrafo del artículo 56 de la presente ley;

i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación del alumnado;

j) …

k) Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del alumnado;

l) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos del alumnado;

m) …

n) …

ñ) Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir, atender y erradicar la violencia, el acoso y la discriminación escolar, y

o) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.



Artículo 70.- …

a) a d) …

e) Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

f) …

g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos del alumnado.

h) a j) …

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social al alumnado, personal docente, al personal directivo y escolar;

l) …

m) Garantizará la seguridad y convivencia del alumnado fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención, atención y erradicación de la violencia y el acoso escolar,

n) Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades, y

ñ) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como la difusión de programas preventivos para atender y erradicar la violencia y el acoso escolar en contra de niñas, niños, adolescentes o de cualquier grupo vulnerable.

En la Ciudad de México los consejos se constituirán por cada una de sus demarcaciones territoriales.

Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en la Ciudad de México. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, personal docente y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales del personal, instituciones formadoras del personal docente, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.



Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, personal docente y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales del personal, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Artículo 73.- Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas.

En caso de que el consejo detecte algún tipo de violencia o acoso escolar en agravio del alumnado, solicitará como medida preventiva a las autoridades educativas del plantel, la suspensión temporal de las actividades del personal docente o administrativo que se encuentre presuntamente involucrado, hasta en tanto se aclare por la autoridad correspondiente dicha participación, previa audiencia a las partes involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones laborales que le correspondan.

Artículo 75.- 

I. a   XVl.- …

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección

XVIII.- Incumplir con las medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia y el acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas locales deberán adecuar, conforme a las prevenciones contenidas en este Decreto, las disposiciones normativas locales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia, el acoso y la discriminación escolar, en un tiempo no mayor de 60 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Las autoridades educativas a nivel federal y local deberán en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días contando a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, el 27 marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso.

1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 28 de enero de 2019.

2 Adhesión de México: 23 de marzo de 1981 Decreto Promulgatorio DO 12 de mayo de 1981.
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895.  28 de enero de 2019.

3 Ratificada por México en 1975 https://www.inali.gob.mx/pdf/Convencion_eliminacion_discriminacion.pdf
28 de enero de 2019.

4 Suscrita por México: 17 de julio de 1980. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Ratificación. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 

5http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/F/
convencion_derechos_nino.pdf . 28 de enero de 2019.

6 2 de noviembre de 2001 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html   29 de enero de 2019.

7 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

8 Guiainfantil.com  https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm 29 de enero de 2019.

9 https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar 30 de enero de 2019.

10 https://es.unesco.org/news/violencia-y-acoso-escolares-son-problema-mundial-segun-nuevo-informe-unesco

11 Behind the numbers: ending school violence and bullying. UNESCO. Assistant Director-General for Education, 2018- (Giannini, Stefania). Writer of foreword, pág. 9. 2019.
https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-9f0c3dee-f29d-4abd-8f92-d979690033dd 2 de febrero de 2019.

12 http://www.kivaprogram.net/spain 4 de febrero de 2019.

13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  29 de enero de 2019.

14 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 

15 Idem.

16 http://www.kivaprogram.net/ssc-en/news/primera-escuela-mexicana-en-adoptar-el-programa-finland%C3%A9s-kiva 4 de enero de 2019.

17 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/318/P1D318.pdf  5 de febrero de 2019.

18 https://vanguardia.com.mx/articulo/lidera-mexico-en-bullying-escolar  4 de febrero de 2019.

19 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://est1dgo.edu.mx/home/wp-content/uploads/2014/08/Protocolo_final.pdf&hl=es

20 https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/programa-nacional-de-convivencia-escolar-120992  10 de febrero de 2019.

21 https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/orientaciones-para-la-prevencion-deteccion-y-actuacion-en
-casos-de-abuso-sexual-infantil-acoso-escolar-y-maltrato-en-las-escuelas-de-educacion-basica 3 de marzo de 2019.

22 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/nino-balea-companero-de-secundaria-por-bullying-y-luego-
se-suicida 2/03/2019.

23 https://www.eluniversal.com.mx/estados/gracias-este-video-detectaron-caso-de-bullying-en-secundaria-de-puebla
2/03/2019.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se informa que a petición del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, se dio turno directo a su iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de seguridad social. El turno es a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del grupo parlamentario del PVEM)








Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, en su turno presentará iniciativa con proyecto de Decreto que pretende reformar el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los artículos 28 y 55 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción III del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la denominación del título tercero y de su capítulo III, así como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de armonizar el concepto de hechos de corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LOS ARTÍCULOS 28 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO Y DE SU CAPÍTULO III, ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Es muy sencillo lo que vamos a presentar, realmente solamente quiero distraerlos unos minutos, porque lo que está buscando esta iniciativa es armonizar, nada más es poner en sintonía todas estas leyes con lo que ya se ha venido platicando, este cambio de “actos de corrupción” por “hechos de corrupción”.

Estamos pasando, pues, a un concepto mucho más amplio, un concepto genérico, dentro del cual obviamente puede haber hechos o actos en el análisis jurídico, pero para armonizar con la Constitución, para armonizar con la reforma que acabamos de votar, que habla de “hechos de corrupción”; para armonizar con la reforma que tomó vigencia de extinción de dominio también en la Constitución y para armonizar con el propio Código Penal.

En el Código Penal Federal antes estaba el título décimo, que se denominaba: “delitos cometidos por servidores públicos”, y ahora ese mismo título se llama: “delitos por hechos de corrupción”.

Entonces, en cada una de estas disposiciones normativas, en cada una de estas leyes, en la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Fiscalía General de la República, la de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas a las que se ha hecho ya referencia, lo único que estamos haciendo es armonizar, para que estemos en la misma sintonía, y es lo que vamos a someter a consideración y análisis, pero me parece que esta nueva visión de la distinción entre el hecho y el acto jurídico, para partir de un concepto genérico de hecho de corrupción, es importante que lo tengamos en todas las disposiciones normativas, a fin de evitar después confusiones.

Es cuanto, señor Presidente.

Así de sencilla la iniciativa, pero me parece que es indispensable para que logremos la armonización de nuestro sistema jurídico.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador Mancera Espinosa. El título se veía amenazante, pero efectivamente fue una exposición corta y sencilla. Se turna a las Comisiones Unidasde Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la palabra…

Senador Juan Quiñonez, desde su escaño.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, también le solicitamos que se turne a la Comisión de Anticorrupción.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador Quiñonez.

¿Cuál es la opinión del proponente en cuanto a que se turne también a la Comisión de Anticorrupción?

No tiene inconveniente.

Queda turnado también a la Comisión de Anticorrupción.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, Senador Ávila, desde su escaño.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle de favor consultar al proponente la posibilidad de sumarnos como grupo parlamentario a esta iniciativa que ha presentado.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Si no tiene inconveniente el proponente, queda adherido el grupo parlamentario del PRI en su totalidad a la iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Muchas gracias.






El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 3o., fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de instituciones de fomento a los valores, de formación cívica y de cultura de la legalidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Américo Villareal Anaya: Con su venia, señor Presidente. Estimados compañeros:

En el pasado reciente el Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, convocó a todos los mexicanos a construir juntos una Constitución Moral que estableciera las bases sobre las que se puede promover la igualdad de todas las personas, desde su más temprana edad hasta su más difícil ancianidad y término natural de su vida, pero sobre todo que refundara la necesidad igualitaria del respeto entre todos.

La persona humana es la fuente, principio y fundamento de todos los derechos humanos.

Por ello, las leyes y las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben tener en el centro de su consideración a la persona, promoviendo su desarrollo integral y haciendo a un lado todo lo que pueda atentar contra su dignidad, fundamentalmente respetando el ente humano.

La convivencia social que mira al bien común, se caracteriza por la promoción de los valores humanos dentro de la familia apoyado por la escuela, la familia es la célula base del tejido social, si ella está sana toda la sociedad estará sana y la escuela es un instrumento muy valioso en apoyo a los padres y tutores.

En la escuela se aprenden los conocimientos científicos y cívicos que las convivencias diarias implican al ser social y democrático.

Es pues, el bien común dentro del marco de la ley el que debe prevalecer por encima de los intereses particulares.

En nuestro contexto actual, reconocemos la existencia de todo tipo de violencia, extrema y ligera, en la información, en la pareja, en las redes sociales, en la vida cotidiana y entre otras muchas cosas, tal vez hasta en la música.

Ante estos incontables hechos de extrema violencia que sobrevivimos a diario es urgente, hoy más que nunca, que prevalezca el estado de derecho donde la ley y las instituciones sean respetadas por todos.

Con el propósito de restaurar la paz social y evitar su descomposición, donde solamente prevalece la voluntad del más fuerte en perjuicio de la gran mayoría de los habitantes de nuestro país.

Para lograr esos nobles propósitos para la defensa de nuestros derechos, debemos empezar por inculcar en nosotros mismos los cambios de actitud más básicos sobre el respeto a la ley y a los derechos de los demás, actitud que también debemos enseñar a nuestros hijos, es decir, debemos implementar en nuestras mentes y en nuestro actuar la cultura de la legalidad, procurando inducirla a nuestros semejantes al menos con el ejemplo.

Todas estas virtudes bien señaladas en la cartilla moral de Alfonso Reyes, son el ingrediente necesario de la convivencia pacífica y constructiva que hace grande a una nación. No es el rescatar los valores familiares, sino más bien el retomar su práctica para estrechar los lazos que unen a todas nuestras familias mexicanas recordando que el reflejo de la unión de sus familias hace la fuerza de una nación.

Los valores fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza ante la sociedad, y esta iniciativa pretende el objeto de atender las voces de los ciudadanos preocupados por el acontecer diario, en una nación en progreso que se ve influenciada por el contexto globalizador y abrumador y desea establecer y defender su interés en el fortalecimiento de la familia, los valores, la paz y la defensa de la vida, que viendo que esto se traduzca en leyes y acciones normativas que formen prácticas sociales saludables, que reconstruyan el tejido social de las comunidades.

Por ello, proponemos que el Poder Ejecutivo cuente con un Consejo Federal para el fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, este Consejo Federal promoverá, entre la población, la cartilla moral, comenzando por los destinatarios de los programas sociales del gobierno, este será el primer paso para comenzar una reflexión nacional sobre los principios y valores que contribuyan a la unidad entre los mexicanos y a una convivencia pacífica, respetuosa de la pluralidad y la diversidad.

Tendrá este Consejo que establecer la colaboración y participación de la sociedad civil y el gobierno en esta gran tarea de fomento y promoción, para proponer las acciones más viables y eficaces para combatir los efectos dañinos del detrimento de los valores institucionales y comunitarios que se están presentando.

La iniciativa de ley que presento busca, en primer lugar, establecer un Consejo que proponga  y regule reglas éticas, morales y cívicas de convivencia con el principio básico de obligar a reflexionar a todos sobre las circunstancias, algunas de ellas muy delicadas sobre las que atraviesa nuestro país.

Estimados compañeros, estamos frente a un gran compromiso con la actual generación, pero sobre todo en la gran oportunidad de contribuir con las futuras generaciones para tener una mejor patria.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Américo Villarreal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Reynoso seguramente desea adherirse a su iniciativa, si el proponente no tiene inconveniente. Queda registrada a adhesión de la Senadora Reynoso, el Senador Eruviel Ávila, con el mismo propósito.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el inciso K al artículo 72 y la fracción II Bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de control preventivo de la constitucionalidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN   UN INCISO K AL ARTÍCULO 72 Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia señor Presidente. Senadoras y Senadores:

En consideración de Acción Nacional, algunas propuestas legislativas que han venido del gobierno de México o del partido mayoritario en el Congreso, representan un retroceso en el desarrollo democrático nacional.

Tal como sucede con la revocación del mandato, que no es otra cosa que contender en las elecciones de 2021 con pleno apoyo presidencial para obtener un control aún mayor en la Cámara de Diputados y en este Senado.

Con las reformas a las materias que podrán ser abordadas por consulta popular y a los mecanismos para desarrollarlas.

Ante la actual coyuntura política, para quienes integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, hoy más que nunca tiene plena relevancia la limitación del poder y la defensa de nuestra Constitución. Como lo ha señalado el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Héctor Fix Zamudio, jurista mexicano, la defensa de la Constitución tiene como objetivos conservar la normativa constitucional, prevenir la violación a sus disposiciones de carácter fundamental, reprimir su desconocimiento y, lo más importante, lograr el desarrollo y evolución de las propias disposiciones constitucionales.

Este desarrollo y evolución, Senadores, debemos entenderlo desde un doble aspecto, tanto para lograr la paulatina adaptación de nuestra Constitución a los cambios de la realidad política y social, así como para asegurar que la transformación de esta norma fundamental se haga de acuerdo con sus propias disposiciones programáticas.

Solamente con estas medidas podemos evitar que la carta fundamental pactada en Querétaro y de la que hace apenas dos años celebrábamos su Centenario, se convierta en una simple manifestación declamatoria.

En este contexto, es para mí un honor acudir ante esta tribuna en representación de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional en este Senado, para presentar esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se fortalecen los mecanismos de defensa de la Carta Magna a través del establecimiento de la acción de control preventivo de la constitucionalidad.

Estamos proponiendo que los proyectos de ley, aprobados por alguna de las Cámaras del Congreso y que pasen a la Colegisladora para su revisión, puedan ser objeto de esta acción de control preventivo de constitucionalidad, lo que permitirá un control de constitucionalidad previo al inicio de su vigencia en aras de preservar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico mexicano y reafirmar la supremacía de la Carta Magna.

Así, estamos proponiendo que cuando a consideración del 33 por ciento de los legisladores que integran la Cámara de Diputados o este Senado de la República pudieran existir vicios de inconstitucionalidad en los proyectos de ley enviados por la Colegisladora para su análisis y discusión, se podrá ejercer esta acción de control preventivo, de la cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendiendo el procedimiento legislativo en curso y debiendo resolver dentro de un breve término.

En caso de que nuestro máximo tribunal resolviera que, efectivamente, existieron esos vicios de inconstitucionalidad, el proyecto de ley será devuelto a la Cámara de origen para su modificación, sin que pueda continuarse el procedimiento legislativo si no se da cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte.

Con esta propuesta, las y los Senadores del PAN queremos hacer eco de una máxima jurista que sintetiza el espíritu del estado de derecho y la importancia de las normas jurídicas como el principal instrumento de organización y control del poder, “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Cuando el Presidente López Obrador hace propias las palabras del Benemérito de las Américas diciendo que: “nada ni nadie está por encima de la Constitución”, es innegable que esta LXIV Legislatura tiene la responsabilidad de reafirmar el papel de nuestra Suprema Corte de Justicia como el defensor pleno de la Constitución, aún antes de que las propuestas legislativas de modificación sean integradas al orden jurídico nacional.

La defensa de la Constitución debe plantearse desde el Poder Judicial, no abundemos en un debate ocioso sobre la supuesta judicialización de la política, por el contrario, seríamos imprudentes si no aprendemos de la historia, de la Alemania del Tercer Imperio, donde se creyó que el control constitucional debería ser político y recaer en Hitler con la sombrías consecuencias que ese régimen autoritario y hegemónico tuvo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscribimos, SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 Y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN EL INCISO K AL ARTÍCULO 72, Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

COMPETENCIA

El Congreso de la Unión tiene atribuciones claras otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para iniciar procedimientos de reformas o adiciones a la propia carta magna, en los términos de lo señalado por su artículo 135 que establece:

Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Así mismo, como es ampliamente sabido, el artículo 71 dota de la atribución de iniciar el procedimiento legislativo tanto a senadoras y senadores del Congreso de la Unión como a otros actores, en tanto que el artículo 72 establece que las iniciativas de reformas o adiciones pueden ser presentadas en cualquiera de las cámaras del Congreso. A este propósito, tales dispositivos de la ley fundamental establecen:

Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.- …

II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.- a IV.- …

Art 72.- …

A.- a G.- …

H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I.- …

CONSIDERACIONES

A lo largo de su excelsa obra jurídica, el maestro Héctor Fix-Zamudio sostuvo que el concepto genérico de la defensa de la Constitución contempla dos sectores: el de la protección de la Constitución propiamente dicha, y el de las garantías individuales, y que, es en el primero de estos sectores o categorías en el que se encuentran insitos los controles constitucionales a que aluden las fracciones I y II del artículo 105 de nuestra ley fundamental, es decir, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad respectivamente, que, junto con el juicio de amparo, se constituyen en los pilares mediante los cuales la Suprema Corte ha defendido la vigencia de los dispositivos constitucionales.1

La idea de esta propuesta, es aumentar las opciones de control constitucional dentro de nuestro sistema jurídico a efecto de contar con uno que, a diferencia de los aquí mencionados, pueda implementarse antes de la entrada en vigor de leyes o tratados que pudieran reñir con los principios constitucionales, ya que todos los controles actuales son “de los denominados a posteriori o sancionadores, y que se caracterizan porque están dirigidos a verificar la compatibilidad constitucional de los instrumentos normativos definitivos”.2

La puesta en marcha de una figura como esta, implicaría la participación del Poder Judicial e el procedimiento legislativo. Así como ya el Ejecutivo participa del mismo mediante la posibilidad de devolver con sus observaciones al Congreso de la Unión los proyectos de ley o decreto que éste le remita para su sanción, promulgación y publicación, así también, estaríamos abriendo la puerta para que el otro de los poderes de la Unión, también pudiera participar el la confección de las leyes.

Sin embargo, la participación de la Suprema Corte en el procedimiento legislativo, sería de manera ocasional, solo cuando de revisar la constitucionalidad de las normas se    trate, y solo cuando se lo solicite al menos el treinta y tres porciento de los legisladores integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o bien del Senado de la República para el caso de ratificación de tratados internacionales. Es decir, no se trata de hacer participar siempre o de manera permanente a la Suprema Corte en el procedimiento legislativo, sino de que tenga la oportunidad de hacerlo, cuando a juicio de un grupo relevante de legisladores haya elementos para valorar que el proyecto ya aprobado por alguna de las cámaras pudiere revestir vicios de inconstitucionalidad.

En este tenor, la propuesta que aquí presentamos persigue dos grandes objetivos, primero, contar con un mecanismo de control constitucional de carácter previo o preventivo, es decir, que a diferencia de los otros instrumentos de control constitucional con los que ya cuenta nuestro marco jurídico, no sea utilizable solo a posteriori y con efectos sancionadores, sino de manera ex ante y como medio para asegurar que las normas que se expida el Congreso de la Unión, sean conformes con la Constitución y por lo tanto con los tratados internacionales de los que México sea parte.

Un segundo gran objetivo de este proyecto, tiene que ver justamente con los tratados internacionales, ya que a partir de que la reforma de derechos humanos de 2011 dotó a dichos tratados en materia de derechos humanos de una jerarquía jurídica superior, es menester, contar con mecanismos que nos permitan asegurar que los que México celebre, cuenten con esa conformidad para con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El control constitucional previo, siendo un tema hasta cierto punto distante en México, no lo es entre los estudiosos del derecho constitucional y en el mundo.

En relación al control previo de constitucionalidad, Carla Huerta ha sostenido que este control “es de tipo preventivo, ya que se verifica antes de la realización del acto”3; por su parte, Néstor Pedro Sagüés ha dicho que “el control preventivo de constitucionalidad de la norma tiende a eliminarla antes de que ella sea promulgada”4, en tanto que Humberto Nogueira Alcalá ha señalado, con mayor amplitud, que “el control preventivo de constitucionalidad es un sistema a través del cual, el tribunal o corte constitucional concreta la revisión del contenido de un proyecto de precepto legal o de reforma constitucional, como de un tratado, para determinar su conformidad con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución antes de integrarse al ordenamiento jurídico”.5

Por otra parte, tenemos también una definición interesante en Miguel Ángel Alegre Martínez, que sostiene que el control a priori es “aquella modalidad de control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, que tiene carácter declarativo y abstracto, y que se ejerce por parte de los tribunales constitucionales cuando les es sometido (por vía de acción, o por estar previsto en el ordenamiento con carácter preceptivo) un texto normativo, con anterioridad a su entrada en vigor”.6

Respecto de esta última definición, vale la pena desglosar sus elementos. En primer lugar, Alegre nos dice que el control previo es de carácter jurisdiccional, con lo que refiere al hecho de que recae en sede judicial en oposición al control político. Al someter este tipo de control a la Suprema Corte, nuestra propuesta es coincidente con el planteamiento de Alegre.

Por otra parte, señala que es de índole concentrado, es decir, contrario a difuso, lo cual implica que este tipo de determinaciones se encarguen a un único órgano que suele ser, el de mas alta jerarquía dentro de la estructura judicial, de tal suerte que también en este aspecto nuestra propuesta se ajusta al juicio de este autor.

Señala también, que la resolución es de naturaleza declarativa, y aquí sí nos separamos del autor; siguiendo a los autores anteriores, consideramos pertinente que las resoluciones a este respecto revistan el carácter de vinculantes, para que hasta por economía procesal (si así quiere verse) el texto legal se corrija antes de que sea objeto de una acción de inconstitucionalidad, que, al final del día, queda también disponible para el caso de cualesquier norma ya aprobada y publicada.

En cuanto a que el control preventivo es abstracto ni duda cabe, ya que lo que el mas alto tribunal hará, será comparar el proyecto de norma con respecto al texto fundamental de suerte tal que verifique si existe o no contravención; en este sentido, el análisis jurisdiccional se aparta de casos concretos o de disputas específicas, es decir, es opuesto al llamado control concreto, como sucede con la controversia constitucional o con el juicio de amparo mediante los cuales el juzgador resuelve sobre la conformidad de una norma respecto de la Constitución pero con motivo de un litigio concreto en el que la resolución por tanto, traerá efectos para determinados particulares o entidades; así, la acción de control preventivo constitucional que proponemos, comparte su característica de abstracción con la acción de inconstitucionalidad que ya contempla nuestro orden legal.

El autor que analizamos menciona también, que este tipo de control puede iniciarse por vía de acción o por así estar determinado en un ordenamiento; a nuestro juicio, es mejor considerar la primera fórmula, es decir, detonar el control a partir de una acción con la que cuente una minoría legislativa, una minoría pero relevante, equivalente a al menos el treinta y tres por ciento de alguna de las cámaras, o del Senado en tratándose de ratificación de tratados internacionales; la otra posibilidad, la de someter cada proyecto de ley o decreto a la revisión de la Corte haría, a nuestro juicio, mucho más largos los procedimientos legislativos que en la mayoría de los casos, no presentan duda respecto de la constitucionalidad de sus productos legislativos, de tal suerte que solo estaríamos ralentizando procedimientos parlamentarios que a simple vista no requieren control previo, máxime cuando sabemos que el control constitucional a posteriori estará siempre disponible.

Por último, nuestro autor señala que el control previo se realiza con anterioridad a la entrada en vigor del texto normativo controlado; esto efectivamente es así en nuestra propuesta toda vez que el planteamiento que hacemos considera que la acción de control preventivo pueda desplegarse a partir de que el proyecto de norma sea aprobado por la cámara de su origen, pero antes de que lo haga la revisora. La razón para proponer que este sea el momento para accionar, estriba en el hecho de que no pretendemos el despropósito que supondría el que la Corte esté revisando meros borradores, iniciativas e incluso dictámenes de comisiones legislativas cuya posibilidad de transitar todo el procedimiento legislativo sea todavía demasiado incierta, y también, por el hecho de que documentos de esta índole suelen presentar múltiples modificaciones antes de llegar a convertirse en una minuta con proyecto de decreto. Una minuta en cambio, aunque desde luego puede ser modificada por la colegisladora, presenta ya mucha mayor solidez, y no sería infrecuente que llegare a aprobarse en sus términos, lo cual la convierte en una pieza que muy probablemente se convierta tal cual en norma de aplicación general. De cualquier manera, de ser el caso, desde luego que la modificaciones que la revisora hiciera y devolviese a la de origen, también podrían ser motivo de acción de control previo.

Así las cosas, estamos proponiendo crear la figura de la acción de control preventivo de constitucionalidad, a efecto de que, cuando una de las cámaras de Congreso de la Unión apruebe un proyecto de ley o decreto que para al menos un treinta y tres  porciento de las y los legisladores de cualquiera de las cámaras, ya sea la que lo emite o la que lo recibe, pudiera contener vicios de inconstitucionalidad, antes de ponerlo a discusión en el Pleno de la revisora, puedan suspender el procedimiento legislativo interponiendo este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que esta se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Considerando que la interposición de este recurso suspende el procedimiento legislativo, es importante contemplar, como lo hacemos en la propuesta, que la Suprema Corte deba resolver el asunto en breve término, para en su caso, continuar con el procedimiento legislativo.

Ahora bien, el efecto que la resolución tenga sobre el procedimiento será, que si se considera total o parcialmente inconstitucional el proyecto, el mismo deba ser sometido de nuevo a la consideración de la cámara de origen a efecto de que modifique el proyecto o las partes del mismo que la Suprema Corte haya valorado como inconstitucional, de suerte tal, que de no hacerse las modificaciones correspondientes, el proyecto no podrá continuar con su trámite legislativo. En este sentido, las resoluciones de la Corte en esta materia serán totalmente obligatorias, es decir, no se trata de meras opiniones, se trata de resoluciones con efectos plenamente vinculantes para el órgano controlado, es decir, para el Congreso de la Unión, que quedará obligado a modificar los preceptos del proyecto que haya sido calificados de inconstitucionales, o bien, desistir en definitiva de continuar con el trámite legislativo.

En tratándose de la ratificación de los tratados internacionales que el Ejecutivo de la Unión ponga a consideración del Senado de la República, y considerando que la Constitución dispone que esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, la interposición de la acción de control preventivo de constitucionalidad recaerá en el equivalente de al menos el treinta y tres porciento de los y las integrantes de dicha cámara; esto es, las y los integrantes de la Cámara de Diputados no estarían facultados para interponer la acción en relación con los tratados internacionales.

Respecto de la necesidad de que los tratados internacionales sean revisados por la Corte antes de su ratificación, coincidimos con lo que señala Eduardo Andrade Sánchez en el sentido de que con “los tratados internacionales se presenta en nuestro país un problema no suficientemente analizado que deriva del hecho de que los tratados se formalizan con la intervención del Poder Ejecutivo y solamente una de las cámaras del Legislativo. Ciertamente el Poder Judicial puede ejercer un control de constitucionalidad pero este es posterior a la entrada en vigor del instrumento internacional y ello da pie a problemas de complejidad jurídica y a serias dificultades políticas. [...] El control previo de constitucionalidad de los tratados evitaría conflictos al establecerse con anterioridad a la firma del acuerdo, la posibilidad de que el mismo significara una violación Constitucional, cuya corrección futura implicaría la posible imposición de sanciones al país”.7 Así mismo, Aurora Basterra ha señalado que “en el caso del control sucesivo el Estado habrá de hacer frente a su responsabilidad internacional, pudiendo crearse situaciones complejas y delicadas que pueden evitarse merced al control previo”.8

“El control previo de constitucionalidad permitiría la intervención del Poder Judicial con la finalidad de garantizar que las obligaciones contraídas por México resulten siempre acordes con nuestro régimen constitucional, evitando de esta manera la posibilidad de incumplir un tratado o convención en virtud de una declaración de inconstitucionalidad efectuada a posteriori cuyos efectos, como hemos indicado, no se han analizado suficientemente por la doctrina. [...] En la actualidad parecería una de ciencia democrática el que los tratados impongan obligaciones a los gobernados sin que en ese proceso intervenga el cuerpo representativo popular que se elige por los electores del conjunto nacional, pero esta de ciencia sería contrarrestada por la participación de la Suprema Corte en la revisión previa de los tratados para verificar su constitucionalidad.”9

Por lo que tiene que ver con la definición del porcentaje mínimo de legisladores que se requerirían para interponer la acción de control preventivo, hemos establecido el del treinta y tres porciento simplemente siguiendo la definición constitucional para interponer acciones de inconstitucionalidad. Siguiendo el mismo criterio, ambas figuras, la de control sucesivo ya existente en nuestro marco jurídico, y la de control previo que hoy proponemos, coincidirían en este elemento, según lo establece la fracción II del artículo 105 de nuestra ley fundamental.

Art. 105.- ...

I.- ...

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) a i) ...

III.- ...

Finalmente, no dejamos de advertir que hemos aprovechado esta iniciativa, para plantear se corrija un “error de dedo” incluido en nuestra carta magna por el cual, los dos últimos incisos del artículo 72 han sido identificados como inciso I, de suerte tal que planteamos hacer la modificación para identificar el último de ellos como el inciso J, para adicionar con el fondo de nuestra propuesta el inciso K.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN EL INCISO K AL ARTÍCULO 72, Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD,

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el último inciso I para denominarse J, y se adiciona el inciso K del artículo 72, y se adiciona la fracción II Bis del artículo 105 constitucionales, para quedar como sigue:

Artículo 72.- …

A. a I. …

J.- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

K. Los proyectos de ley o decreto aprobados por una de las cámaras del Congreso de la Unión que pasen para su revisión a la otra, podrán ser objeto de acción de control preventivo de constitucionalidad del que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición del equivalente al treinta y tres porciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras.

Hasta antes de su ratificación, los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal remita a la Cámara de Senadores podrán ser objeto de acción de control preventivo de constitucionalidad, a petición del equivalente al treinta y tres porciento de los integrantes de dicha cámara.

La interposición de la acción de control preventivo de constitucionalidad suspenderá el procedimiento legislativo y deberá ser resuelto por la Suprema Corte de la Nación en breve término.

La resolución de una acción de control preventivo de constitucionalidad que determine que la totalidad o parte de un proyecto de ley o decreto es inconstitucional, tendrá el efecto de que el proyecto se devuelva a la cámara de su origen para que el mismo sea modificado, de lo contrario, el proyecto no podrá continuar su procedimiento legislativo.

Artículo 105.- …

I.- a II.- …

II Bis.- De las acciones de control preventivo de constitucionalidad a que se refiere el inciso K del artículo 72 de esta Constitución.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Sen. Minerva Hernández Ramos.

1 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 4a. ed., México, Porrúa, 2003, t. I, pp. 211-213.

2 Aviña Martínez, Rogelio, “El control previo en el derecho constitucional local: un visor a la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultable en www.juridicas.unam.mx

3 Huerta Ochoa, Carla, “Mecanismos constitucionales para el control del poder político”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 42.

4 Sagüés, Néstor Pedro, “Teoría de la Constitución”, Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 474.

5 Nogueira Alcalá, Humberto, “Las competencias de los tribunales constitucionales en América del Sur”, Ius et Praxis, 2002, vol. 8, núm. 2, p. 6.

6 Alegre Martínez, Miguel Ángel, “Justicia constitucional y control previo”, España, Universidad de León, 1995, p. 101.

7 Andrade Sánchez, Eduardo, “La necesidad de control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales”, Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017, pp. 572 y 597.

8 Basterra Díaz, Aurora, “Control previo de instrumentos internacionales como proceso constitucional”. Consultado en: <https://www.scjn.gob.mx › Becarios_029>.

9 Andrade Sánchez, op. cit., pp. 597-599.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Hernández Ramos.

Tiene usted ya la adhesión a su iniciativa de los Senadores Guadalupe Murguía, Eruviel Ávila y Verónica Martínez, si no tiene usted inconveniente. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico electrónico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Esta iniciativa tiene especial relevancia porque trata de incidir en prevenir cuestiones que en ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana nos encuentran de repente en la vida.

En algunas ocasiones nos encontramos con que estamos en la Ciudad de México, sufrimos un accidente y nuestro expediente clínico médico está en Zacatecas.

Sufrimos un accidente tan grave que aquí los médicos no saben qué hacer con nosotros porque el expediente clínico médico es el que lleva todo el registro de nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, si tenemos alguna alergia, las medicinas con las que nos están tratando, etcétera.

Esto ya lo tiene la Ley General de Salud, pero lo que queremos hacer con esta modificación es hablar de la portabilidad y de un registro muy importante que se debe de realizar justamente en el expediente clínico médico.

La portabilidad significa que independientemente de que tu expediente clínico médico te lo haya aperturado en el IMSS, en el ISSSTE o en cualquier hospital privado o público, pueda tener esa posibilidad de ser compartido. Hoy día las tecnologías así lo permiten.

Entonces, bajo esta obligatoriedad que le estaríamos dando al sistema de salud no importaría dónde te aperturen tu expediente clínico médico.

Si tú están en Yucatán, en Chiapas, en San Luis Potosí o en Baja California Sur y sufres algún accidente, vas a una institución que no sea la que te corresponde, si a ti te lo aperturaron en el IMSS, pero por cuestiones de traslado rápido o urgencia llegas a una del ISSSTE, a un privado o a un público, puedan ahí aperturar, esta es la portabilidad de tus datos, del expediente clínico médico.

Y que ahí se aperture y se vea cuáles son los padecimientos que ya traía Claudia Anaya, cuáles son los tratamientos a los que habías tenido acceso, cuáles son sus alergias, cuáles son los medicamentos que ella estaba tomando.

Pero no solamente se trata de ampliar la portabilidad del dato de los expedientes clínicos médicos, se trata de también tener asentado en el expediente clínico médico la voluntad de un paciente, la voluntad de una persona para ser donante de órganos.

Este es un tema bien importante que le hemos dejado a organizaciones de la sociedad civil.

Hoy organizaciones de la sociedad civil, que la verdad merecen todo nuestro respeto porque inician campañas de concientización, inician campañas de sensibilización, se ponen a repartir tarjetitas de “yo soy donante”, pero eso no tiene ninguna vinculación jurídica.

Eso, pues también muchas veces tú llegas al hospital sin tu cartera o sin la tarjetita, sin nada que especifique que tú eres o que es tu voluntad ser donante de un órgano.

Entonces, lo más importante que podemos hacer es dejar bien esclarecido en estos expedientes clínico-electrónicos nuestra voluntad expresa de ser donante de órganos.

Hay miles de personas en este país que están en espera de un órgano.

Hay miles de personas que mueren en este país porque ese órgano no llega, y también porque no dejamos suficientemente asentado de que es nuestra voluntad ser donante de órganos.

Creo que esta reforma que el día de hoy estamos presentando va ayudar mucho, no solamente en una atención rápida y oportuna de las afectaciones de salud en el hospital en el que te encuentres, sea del IMSS, sea del ISSSTE, sea de los servicios de salud o sea un privado, tus datos siempre estarán disponibles para que los médicos puedan atenderte de la mejor manera.

Y la otra cuestión, ahí quedará debidamente asentado, y es la obligación de los médicos preguntarte si es tu voluntad ser donante de órganos.

Así, en donde quedes, donde sea tu destino que quedes, los médicos tendrán a la mano tu voluntad para poder hacer un uso correcto de tus decisiones y para que se puedan salvar muchas vidas.

Pues esa es la reforma que el día de hoy les presento, la iniciativa de la Ley General de Salud, ojalá que la respaldemos.

Es una iniciativa que piensa en el futuro a partir de las tecnologías que ya tenemos, de las tecnologías que se están construyendo y es una iniciativa que piensa en atender de manera más rápida y más eficiente a las afectaciones de salud o a los accidentes que en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia podemos vivir.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senadora Anaya Mota.

Permítame usted adherirme a su iniciativa para el registro en el Diario de los Debates. También los Senadores Navarro, Eruviel Ávila, Verónica Martínez, Patricia Mercado, Nancy De la Sierra, Ana Lilia, Félix Salgado y Américo Villarreal. Todos quedamos adheridos a esta noble iniciativa que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Y justamente tiene el uso de la palabra el Senador Félix Salgado Macedonio, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga el Decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abrogación de horario estacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO QUE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador J. Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

¿Quién está de acuerdo con el horario de verano? ¿Quién está de acuerdo? Es   pregunta.

¿Quién está de acuerdo con ese horario que ha causado más molestias que     beneficios?

Pero en 1996, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por decreto lo aprueba para ponerlo en concordancia con el horario de Estados Unidos.

A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio este país se fue sometiendo a estándares internacionales, pero sobre todo más a usos de Estados Unidos, país vecino.

Considero, al igual que muchos mexicanos, que ha llegado el momento de quitar este nefasto horario de verano.

Nos dijeron que con reducir una hora, recorrer una hora antes, íbamos a tener ahorro de energía, iba a haber mayor seguridad, lindezas, y al final de cuentas no vemos el ahorro de energía, vemos la inseguridad y aparte cada día más cara la luz.

Por lo tanto, no le estamos viendo ningún beneficio a este horario de verano.

Que por cierto ya va a entrar en vigor el 7 de abril. Ya en unos días más ya entra en vigor el horario de verano.

Se tiene que quitar, es una verdadera molestia, una verdadera calamidad.

Imagínense ustedes nuestros niños todo el daño físico, moral, que se les ocasiona a nuestros niños cuando les quitas una hora sueño. Ahora les dices que en lugar de habitualmente levantarse a las siete para ir a la escuela, les recorres una hora antes y ahora se tendrán que levantar a las seis de la mañana.

Esta Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., estipula que: “el sistema normal de medición de tiempo en la República que se establece con la aplicación de los husos horarios y su correspondiente hora, en los artículos que anteceden, podrá ser modificado mediante decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales”.

Por lo que el que suscribe fundamenta la competencia del Pleno de esta Cámara de Senadores para analizar, previo trámite correspondiente, la presente iniciativa.

El huso horario puede entenderse como el sistema creado para organizar los horarios del planeta tierra de manera sucesiva y permanente. La esfera terrestre comprende 360 grados, luego entonces, se divide entre las 24 horas que gira ésta en su propio eje, son 24 espacios de 15 grados que definen el horario de cada región del planeta.

Esta tesis dio origen a nuestra convención horaria actual, como se señala en la Ley del Sistema de Horario en México, publicado el 29 de diciembre de 2001.

El establecimiento de este horario estacional en México, denominado horario de verano, fue propuesto y aprobado argumentando supuestos beneficios, como decía hace rato, como el ahorro de energía, pero no es así, no ha habido tales beneficio, la población tiene diversas quejas respecto a esta medida.

Una de las principales que recoge la prensa diaria se encuentra en las afectaciones a la salud, a la organización de las actividades personales, a las alteraciones del reloj biológico, incluso obliga desde la primera infancia a soportar el estrés que genera la adaptación a dicho cambio, lo cual afecta el desarrollo intelectual del menor, el rendimiento escolar de los niños, generando trastornos de sueño, incrementa la inseguridad pública y se considera que el consumo de energía va en aumento.

Por eso, en síntesis, compañeras y compañeros Senadores, presento ante ustedes esta iniciativa Decreto por el que se abroga y se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1.- Se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senador.

El Senador Félix Salgado Macedonio: Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo del 2002.

Transitorios.

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1° de enero del año 2020, ya que hay una legislación que dice que para cambiar el horario de verano tiene que ser con un año de anterioridad para hacer las promociones y avisar a la población.

Segundo.- Las dependencias de los ejecutivos federal y estatal y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas necesarias a efecto de difundir con anticipación debida el presente Decreto para el conocimiento de la población.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Salgado Macedonio. Se adhieren los Senadores Lucero, Cora Cecilia Pinedo, Bours, Mónica Fernández, Encinas, Alejandro Peña, Sánchez, Guerrero, Luévano, Jesusa Rodríguez, Malu Micher, Nestora Salgado, Ostos, Ovidio Peralta, Daniel Gutiérrez Castorena, Verónica Camino y Rocío Abreu.

Quedan adheridos a la iniciativa del Senador Salgado Macedonio para derogar el horario de verano estacional, que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pretende reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extracción de piedra caliza.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchísimas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Le solicito de una manera atenta y respetuosa que se integre el texto íntegro de la presente iniciativa al Diario de los Debates. Gracias, señor Presidente.

Antes que nada quiero agradecer por haber apoyado la presente iniciativa, al Senador Eduardo Murat, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente; y al Senador Miguel Ángel Navarro, Presidente de la Comisión de Salud, que junto con otros muchos compañeros con quienes he comentado este tema, se han sumado a esta iniciativa que es muy importante debido a los grandes problemas de contaminación que tenemos en nuestro país y los más grandes problemas de contaminación que lamentablemente tenemos en el estado de Nuevo León, que hoy en día es catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, como la ciudad más contaminada de todo el país y una de las más contaminadas de toda Latinoamérica.

La contaminación tiene muchos orígenes, son muchas las fuentes de contaminación y una muy importante a la que hay que ponerle atención para poder cumplir con la disposición constitucional que el artículo 4o. establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano, próspero, que nos permita nuestra desarrollo y nuestro bienestar, así como tenemos derecho de protección a la salud.

El tema de las pedreras es uno que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, porque es uno de los más importantes aportantes a la contaminación, a contaminar el medio ambiente, que trae consigo graves e importantes problemas de salud, principalmente de las vías respiratorias de los grupos más vulnerables: de las personas de la tercera edad y de nuestros niños.

Porque de acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, más de dos millones de muertes prematuras al año, precisamente son atribuidas a los efectos de contaminación en el aire. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de ecosistemas y a la economía de los países.

Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros actores de riesgo de salud en México, es precisamente la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire.

Otras investigaciones concluyen que la exposición prolongada a las concentraciones de partículas finas incrementa, significativamente, la mortalidad prematura. Así es que de manera permanente, con esta generación de contaminantes hemos estado dañando los pulmones de los mexicanos y los pulmones y las vías respiratorias de los habitantes del estado de Nuevo León.

En resumidas cuentas, se está destruyendo no solamente con este tema de las pedreras, de las extractoras de calizas, nuestras montañas, sino también se está destruyendo a nuestro medio ambiente y a nuestra salud, sin poder contar con un recurso suficiente legal que permita resarcir, de alguna manera, los daños que se están generando al medio ambiente y que se están generando a la salud.

La Constitución Mexicana, nuestra Constitución, en el artículo 27 es clara: “Todo lo que se encuentra en el subsuelo es propiedad de la nación”. Y hay una excepción lamentable, que para el tema de la extracción de calizas no hay ninguna regulación federal que permita mitigar el daño que hacen y tampoco existe una legislación federal que permita recularlas, sobre dónde tienen que estar ubicadas, sobre qué procesos tienen que llevar a cabo y de qué manera tienen que ser transportados los materiales.

La depredación, el daño a las montañas ha sido verdaderamente dramático, y les voy a mostrar unas imágenes de algunos de los cerros más bonitos, de la Ciudad de las Montañas, que es la Ciudad de Monterrey, en donde prácticamente han sido destruidos algunos de ellos, como el Cerro del Topo Chico, como el Cerro de las Mitras y como el Cerro del Fraile.

Aquí podemos ver algunas imágenes donde prácticamente quedan destruidas las montañas, donde ha habido una clara omisión por parte del gobierno del estado de Nuevo León y por parte de algunos alcaldes al permitir estos daños que son hoy en día irreversibles.

Esta iniciativa va con la intención firme de realizar las modificaciones legales necesarias para darle al gobierno federal jurisdicción en el tema de la regulación de la extracción de calizas, abre la puerta para que se puedan imponer tributos, se puedan imponer impuestos, para que una vez terminada la explotación de la concesión que sea dada de manera mucho más inteligente y mucho más estratégica sea remediado el predio para que tenga un servicio ambiental suficiente y no quede a la deriva y no quede como estas imágenes que hemos visto, que les he mostrado, que son una muestra de lo que se puede hacer con el medio ambiente ante la omisión de la autoridad.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, la contaminación atmosférica representa el principal riesgo medio ambiental para la salud, quienes han estimado que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica.1

De acuerdo a los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2016, Monterrey fue la ciudad más contaminada de México, ocupando el lugar 255 de 2 mil 973 ciudades de todo el mundo.2

En ese orden de ideas, desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable han venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia por la contaminación del aire en Monterrey; este 2019 no ha sido la excepción y en lo que va del año se ha declarado en tres ocasiones en alerta ambiental por las altas concentraciones de contaminantes, como puede observarse este problema persiste sin que a la fecha los neoloneses tengan una respuesta del gobierno estatal que permita mitigar la problemática que está causando repercusiones graves en la salud de las personas, particularmente con padecimientos, cardio respiratorios y cáncer pulmonar, siendo los niños menores de cinco años y los adultos entre 50 y 75 años de edad los más afectados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de dos millones de muertes prematuras al año atribuibles a los efectos es la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados. Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo.3 Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de los ecosistemas y a la economía del país.4 Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros factores de riesgos a la salud en México es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire.5 Otras investigaciones concluyen que la exposición prolongada a altas concentraciones de partículas finas, como PM2.5 y PM10, incrementan significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonar6 y puede desencadenar procesos neurodegenerativos en la infancia.7

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en los últimos tiempos las autoridades del Estado de Nuevo León han dejado crecer o no le han dado la importancia debida a esta situación.

Como señalan los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, Nuevo León ya tiene sus pulmones dañados por la contaminación que, en suma, con otros factores, las empresas dedicadas a la extracción de piedra aportan mucho al agravamiento de esta problemática. Además de lo anterior, los cerros donde se realiza esta actividad no tienes señales de reforestación, y sí han sido utilizados para construir áreas habitacionales o en el peor de los casos se han convertido en tiraderos.

Dos de los pulmones importantes para el área metropolitana son el cerro de las Mitras y del Topo Chico los cuales presentan el mayor daño, cabe señalar que los propietarios de las pedreras además de los daños ambientales señalados que provoca esta actividad, no pagan ningún recurso por la extracción de los materiales como normalmente lo hacen en otros estados de la República para mitigar o resarcir de alguna forma los daños ocasionados al ambiente.

En resumidas cuentas, se están destruyendo, la salud de los habitantes, los cerros, el ambiente y todos ello sin contar con un recurso que permita resarcir de alguna forma estos daños, lo anterior toma sustento tras verificar la Ley de Ingresos y la de Hacienda de Nuevo León mismas que no contemplan cobro alguno por la explotación, salvo lo referente a trámites para el otorgamiento de permisos, de manera contraria, estados como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y Baja California cobran impuestos que fluctúan entre 11.2 y hasta 24.11 pesos por metro cúbico.

Siendo así y ante el escenario mundial de calidad del aire, la OMS ha recomendado ampliamente a los países, además de examinar la adopción de una serie de normas cada vez más estrictas, a hacer un seguimiento de los progresos mediante la vigilancia de la reducción de las emisiones y la disminución de las concentraciones de PST8. En México se elaboró la Estrategia Nacional de Calidad del Aire en donde se  implemento como una herramienta de planeación que orientará y coordinará acciones entre diferentes instancias gubernamentales para controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera en ambientes rurales y urbanos, con proyección al año 2030.9

Además, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad del aire en el territorio nacional con el objeto de proteger la salud de la población, la flora y fauna de nuestros ecosistemas, y contribuir al desarrollo económico sustentable de México, para que las políticas públicas centren sus acciones en minimizar la exposición de las personas a contaminantes atmosféricos, y para salvaguardar los ecosistemas.10

Además, se propone en dicha Estrategia que México cuente con al menos un ProAire en cada entidad federativa, con atención preferente en cuencas, localidades prioritarias y zonas metropolitanas. Estableciendo diversos mecanismos de coordinación a los que hace referencia este eje estratégico, a fin de que los procedimientos permitan dar seguimiento y evaluar la implementación de la ENCA en las diferentes entidades federativas.

En el caso de Nuevo León desde 1991 el gobierno del Estado inicio las operaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), a fin de evaluar la calidad del aire vigilando las concentraciones de contaminantes a las que se encuentra expuesta la población del área metropolitana y, alertar a la población cuando existan episodios de altos índices de contaminación atmosférica. Para ello, se establecieron diversas estaciones de monitoreo con analizadores para la medición de seis diferentes contaminantes, comúnmente denominados criterios sensores meteorológicos y, un sistema para la adquisición y manejo de datos.11 Posteriormente en mayo de 2017 el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó la Estrategia para la Calidad del Aire de Nuevo León a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado en cuyos objetivos y modelo estructural de la Estrategia señala:

“La estrategia para la calidad del aire de Nuevo León establece las líneas de acción a seguir a fin de alcanzare los siguientes objetivos:

A) Establecer una estructura operativa adecuada y suficiente para atender la problemática de la calidad del aire de manera integral.

B) Iniciar los procesos para la mejora continua de la calidad del aire.

Considera los recursos humanos y materiales exclusivos para cada una de las actividades relacionadas con la mejora de la calidad del aire, y prioriza aquellas acciones que efectivamente reducen la generación de contaminantes.”

Ahora bien, si tomamos en cuenta que en los últimos meses el área metropolitana sigue siendo afectada por la contaminación ocasionada por las empresas y por los gases que emiten los vehículos teniendo como resultado el ser una de las ciudades más contaminadas y con más partículas dañadas en el ambiente de América Latina, lo que quiere decir que algo está mal en la Estrategia y es necesario corregir de forma inmediata de manera que los neoleoneses puedan tener cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que respectivamente establece lo siguiente:

“Artículo 4°.- …

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a los que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Constitución Política de Nuevo León

“ARTICULO 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a una alimentación sana y suficiente que propicie un desarrollo físico e intelectual. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y garantizará el acceso a la sana alimentación a través de políticas públicas, así mismo determinará la participación del Estado y Municipios en la materia. Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos naturales, así como su aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de vida, tanto como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos de orden superior.”

Contario a lo que ambas constituciones señalan, la explotación de las llamadas pedreras pone en evidente riesgo a la población nuevoleonesa, no solo por los contaminantes que arroja al aire, sino que se suma el uso constante de dinamita, generando fallas geológicas.

Aunado a lo anterior conviene señalar que el artículo 27 de la Constitución establece el derecho de propiedad, el cual se consagra como un importante punto de confluencia de la economía, la política y el derecho. La forma de reconocer el derecho a la propiedad evidentemente va a incidir en el derecho a la vivienda, los derechos de los trabajadores y particularmente el derecho al medio ambiente.

De acuerdo a la Génesis  de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Pastor Rouaix, destacado diputado del constituyente, la historia del artículo 27 constitucional, particularmente en lo contenido en el párrafo cuarto, cuyo espíritu del constituyente de Querétaro era “el de que en la legislación mexicana quedará establecido como principio básico, solido e inalterable, que sobre los derechos individuales a la propiedad, estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado, para regular su repartición, su uso y su conservación”.

Cabe señalar que en los párrafos primero, segundo y tercero se establece la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como que la Nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada; lo relativo a la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo y las aguas territoriales, las lagunas, los esteros y los lagos, prevista en los párrafos cuarto, quinto y sexto, en ningún momento la Nación puede transmitir el dominio directo ni la propiedad privada a los particulares. Con base en los comentarios, antecedentes y trayectoria del articulado constitucional contenido en los Derechos del Pueblo Mexicano, se  aprecia que el cuarto párrafo original del artículo 27, disponía que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales y substancias del subsuelo, yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los combustibles minerales o sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Por su parte el párrafo quinto señalaba que son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales, las aguas marinas interiores, las de las lagunas, los esteros, los lagos y los ríos ahí descritos.

De modo que, la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos mencionados por los particulares o por sociedades constituidas conforme a leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Lo anterior cobra sustento con la siguiente tesis:

163981. 2a. LXXVIII/2010. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, agosto de 2010, Pág. 468

PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN Y DOMINIO DIRECTO DE LOS RECURSOS NATURALES. SUS DIFERENCIAS. El artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, quien ejerce un poder máximo sobre aquéllas y, con base en él, puede cederlas a los particulares para constituir la propiedad privada, o bien, una vez transmitido su dominio, si es necesario, disponer de aquéllas por medio de las vías previstas en la propia Ley Suprema, siendo que tanto el Congreso Constituyente de 1916, como la doctrina han denominado a dicha propiedad como "propiedad absoluta", "dominio supremo", "dominio pleno" o "dominio eminente", similar al existente en el derecho colonial o virreinal, delimitado actualmente por el derecho internacional. Así, aunque la propiedad de las tierras y aguas puede transmitirse a particulares, no implica que siempre se transfiera el dominio de los recursos naturales encontrados en ellas, porque los párrafos cuarto y quinto del referido precepto constitucional establecen que corresponde a la Nación su dominio directo, es decir, sólo ella puede disponer de los recursos o bienes, vivos o no, descritos en esos párrafos, pero en uso de esa soberanía autoriza a los gobernados -sin que en estos casos pueda constituirse la propiedad privada-, su explotación y aprovechamiento temporal a través de una concesión, salvo los casos de excepción previstos en el sexto párrafo del artículo 27 de la Ley Fundamental.

Amparo en revisión 288/2010. Esteva Mercantil Mexicana y Asociados, S.A. de C.V. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Importante hacer mención, por la relevancia del tema en estudio, que dentro del sistema jurídico mexicano existen diversas leyes que se refieren a lo que establece el artículo 27 constitucional algunas de las leyes regulan párrafos completos o partes del referido articulado; otras encuentran respaldo en artículo constitucionales distintos pero que tienen alguna vinculación con el citado artículo, así, sin que sea una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas de manera explícita, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, regula diversos aspectos bajo el marco de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Lo anterior, permite hacer mención del Derecho Internacional Público del Medio Ambiente el cual es una rama especial del Derecho Internacional Público, siendo a finales de la década de los años sesenta y principio de los setenta, cuando dio inicio la conformación de reglas generales y principios especiales mediante los cuales la protección del medio ambiente ha llegado a ser objeto de regulación plena por las normas del Derecho Internacional Público. Con anterioridad a la referida época, el Derecho Internacional Público sólo regulaba aspectos especiales de lo que hoy se entiende por protección del medio ambiente.

La internacionalización del derecho medioambiental fue considerada como indispensable cuando los Estados nacionales se vieron en la necesidad de superar los conceptos de soberanía e integridad territorial, con el objeto de controlar los daños al medio ambiente que repercuten en su territorio, pero que se originan en el territorio de otros Estados.

Así en nuestro país y tomando como referencia los acontecimientos a nivel internacional sobre la materia, después de la publicación del Informe Brundtland, en el año de 1988 en México se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente comprendiendo todos los aspectos relativos a la protección y el mejoramiento ambiental; además, estableció un sistema de concurrencias entre la federación, los estados y los municipios, regulando en forma integral la política ecológica del gobierno mexicano con el establecimiento de disposiciones en materia de ordenamiento ecológico, evaluación de impacto y riesgo ambiental, protección de flora y fauna silvestres y acuáticas, aprovechamiento racional de los elementos naturales, prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo, estableciendo mediadas de control y seguridad, así como sanciones.

Haciendo caso a la recomendación contenida en el Informe Brundtland, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente conceptualizó los ecosistemas como una unidad, reconociendo la importancia de mantener el equilibrio ecológico como requisito para proteger la salud humana y los recursos naturales en general.12

Es así que con la presente iniciativa se busca atender una demanda ciudadana que en fechas recientes ha cobrado fuerza, buscando contribuir con acciones que se traduzcan en la disminución de los altos índices de contaminación por lo que se propone otorgar facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza y que una vez concluido con el monto autorizado a extraer se considere como patrimonio de la nación para la creación de espacios públicos, que permitan preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Con esta propuesta acuso de recibido el mensaje que el pasado 10 de marzo del presente, más de mil quinientas niñas y niños nos dieron al manifestarse en las calles de Monterrey para exigir aire limpio, en donde, además, de esta exigencia, solicitaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir medidas en el ámbito de sus competencias para revertir la contaminación ambiental.

Si bien es cierto que las pedreras han posicionado a Nuevo León como el estado más importante en el rubro cementero a nivel mundial, el costo es muy alto si consideramos que son factor inminente de cáncer de pulmón y padecimientos cardio respiratorios para los niños y personas adultas que habitan en el estado, además del inocultable riesgo que representa para los empleados de las pedreras, sin que las empresas se hagan responsables por la salud de sus empleados y mucho menos por el daño ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PROYECTO DE DECRETO

Articulo Único.- Se reforma el artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. - …

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos de piedra caliza; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Victor Oswaldo Fuentes Solis.

1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es

2 León, M. (2016). El financiero. 13 de mayo de 2016. Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del-pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.html

3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp.

4 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. P. 19. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf

5 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (2015). Plan Integral de Calidad del Aire, Beneficios sociales por mejorar la calidad del aire en México: impactos a la salud y su valoración económica.

6 Schwartz J. (2000). Harvesting and long term exposure effects in the relation between air pollution and mortality. American Journal of Epidemiology, Pp. 440-8: 151.

7 Calderón-Garcidueñas, l. Mora-Tiscareño, A. Sánchez, et.al. (2015). A Critical Proton MR Spectroscopy Marker of Alzheimer’s Disease Early Neurodegenerative Change: Low Hippocampal NAA/Cr Ratio Impacts APOEw4 Mexico City Children and Their Parents. Journal of Alzheimers Disease. Pp. 1-11.

8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp.

9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 1 de marzo de 2017. SEMARNAT. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/calidad-del-aire-98085 (Consultada en junio de 2017).

10 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf

11 Secretaría de Desarrollo sustentable del estado de Nuevo León (2014). Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas para el Área Metropolitana de Monterrey. SIMA. Disponible en:
http://www.nl.gob.mx/servicios/programa-de-respuestas-contingencias-atmosfericas.- (Consultado en junio de 2017).

12 Revista Mexicana de Política Exterior, Diana L. Ponce Nava. El Derecho Internacional sobre medio ambiente y desarrollo: la contribución mexicana.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor Fuentes, muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Con todo gusto, doctor Navarro. Sonido en su escaño.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Ratificar mi adhesión a esta iniciativa. Creo que tenemos una gran deuda con el medio ambiente, es por demás mencionar que parecería un acto de magia que un cerro un día, y a los meses desapareció el cerro, y además la multiplicación de problemas respiratorios que hay en los niños y en los adultos.

Es un ecocidio realmente, en el que yo me adhiero con toda conciencia y ojalá en un momento dado también estemos tocando las grandes fábricas contaminantes en los centros de las zonas urbanas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Si el Senador Fuentes no tiene inconveniente, queda usted adherido a su iniciativa, al igual que los Senadores Harp, Fuentes, Novelo, Nestora Salgado, Ana Lilia Rivera, Dothé, Salgado Macedonio, Jesusa Rodríguez, Gutiérrez Castorena, Peña, Sánchez, Américo Villarreal, Martha Guerrero, Minerva Hernández, Alejandra Noemí Reynoso, Guadalupe Saldaña, Julen Rementería, Verónica Camino y Salgado Macedonio.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchísimas gracias, les agradezco mucho los compañeros, que amables.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el Senador Fuentes las adhesiones.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Claro que sí, es un gusto. Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encargarán de recoger las firmas respectivas en unos momentos más. Muchas gracias, Senador.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Malú Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación única en materia penal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Muchas gracias, señor Presidente. Queridas compañeras y compañeros Senadores.

Cuando se discutía en el Congreso de la Unión la reforma del sistema de justicia penal, en 2008, se analizó la necesidad de implementar un modelo de fortalecimiento institucional para todo el sistema de procuración de justicia con la finalidad de etiquetar recursos humanos y materiales, específicamente para capacitar a agentes del Ministerio Público, auxiliares, todo este personal, etcétera.

Paralelamente a esta discusión sobre la capacitación técnica, se dio un debate muy amplio sobre la confianza y a debilidad de las instituciones, como las procuradurías, las fiscalías. A nivel nacional es un amplio problema el que tenemos de la falta de confianza y credibilidad en estas entidades encargadas de procurar justicia.

Esto se debe a dos factores.

Uno, a la impunidad; y otro, a la corrupción en el sistema de procuración de justicia, y la diversidad de tipos penales, sanciones y modalidades de la comisión de los mismos delitos en cada entidad federativa.

Se comete un agravio contra nosotras, lo que hemos llamado el agravio comparado, que por el mismo delito se castiga de manera distinta a los agresores. Por ejemplo, una violación no se castiga igual en el sureste que en el norte de este país, es un agravio en contra de nuestros derechos.

Por ello, el 8 de octubre de 2018 se publicó la reforma al artículo 73 constitucional, con el objetivo de facultar al Congreso para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Sin embargo, la reforma del 2008, como la del 2013, han quedado inconclusas ante la ausencia de un Código Penal Nacional, o de una legislación penal unificada para todo el país.

Con la elaboración del Código Penal Único estaremos cerrando el círculo de reformas penales que dieron origen al sentido al sistema de justicia oral adversarial en México.

Nuestro país tiene 34 códigos penales, uno por cada entidad, el Código Penal Federal, el Código de Justicia Militar. Además, hay leyes especiales de delitos federales, la Ley General de Salud, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, la Ley General para Combatir la Trata de Personas, la Ley General en Materia de Desaparición, leyes, leyes y leyes.

Esta multiplicidad de regulaciones penales se ha traducido en un aumento de desconfianza de las personas en las instituciones y en nichos de impunidad derivados de la falta de certeza jurídica.

Pero es urgente contar con un Código Penal Nacional que homologue el sistema de justicia penal y tenga aplicación en todo el territorio.

Además de lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en 2018, estableció que le preocupaba la ausencia de un Código Penal unificado, y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las mujeres, pues esto ha redundado en índices bajísimos de enjuiciamiento en los casos de discriminación por motivos de sexo.

Por eso, ¿qué recomienda el Comité para la eliminación de la discriminación? Refórmese el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un Código Penal Nacional que regule todos los asuntos penales con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal vigente.

Entonces, lo que está pugnando este Comité contra la discriminación es que exista una legislación penal sustantiva aplicable en todo el país que permita garantizar tipos penales adecuados, y con ello contribuir a la eliminación de la impunidad que sufrimos más del 52 por ciento de esta población en este país.

Por ello, compañeras y compañeros, los derechos, las libertades y los bienes de las personas no pueden tener tasas de medición o de cuantificación diferenciadas, pues todos ellos constituyen derechos humanos. Además, como tales deben ser garantizados, protegidos y respetados por la autoridad, asegurando con una tipificación unificada que lesionar un bien, un derecho o una libertad en cualquier parte del país, tenga el mismo reproche y la misma sanción en todo el territorio nacional.

Y esto tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. El abuso sexual, el feminicidio, la violencia contra las mujeres son castigadas de manera distinta dependiendo del estado al que perteneces o donde se comete el delito.

Esta es una absoluta arbitrariedad, y por ello solicitamos la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice de esta manera.

Se reforma.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 73, fracción XXI, inciso c): La legislación única en materia penal, procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Y se refiere también a transitorios que ponemos a sus consideraciones.

Uno es las legislaciones penales de las entidades, continuarán en vigor hasta en tanto entre en vigor esta legislación única, así como la vigencia y la expedición de legislación, materia única para cumplir con lo dispuesto. Estoy a sus órdenes, compañeras y compañeros.

Avancemos en la vigencia, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, que no están en las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos en 2011 en este país.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Quien suscribe, SENADORA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, nuestro país ha apostado por la unificación de legislaciones en materia penal a fin de garantizar, entre otras cosas, que la implementación del sistema penal acusatorio pueda realizarse de la manera mas armónica y uniforme posible.

El 8 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 68ª reforma al artículo 73 constitucional con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. a XXX. ...

Así mismo, en los últimos años, como una estrategia de combate a la impunidad, se ha observado una tendencia para facultar al Congreso de la Unión para establecer tipos penales y sanciones que sean aplicables en todo el país en delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en delitos en materia electoral.

La idea de contar con una legislación penal única no es reciente. Desde la academia se ha discutido y argumentado sobre la importancia de contar con un código penal único para todo el país1. De la misma forma, el 24 de abril de 2013 se presentó en el Senado de la República la iniciativa que dio pauta a la reforma constitucional para contar con legislación única en materia procesal penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. Dicha iniciativa proponía una ley penal general en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Una Ley Penal General que establezca las bases a las que deba sujetarse la legislación penal que expida la Federación, las entidades federativas y el Distrito   Federal, dejándose a salvo la facultad de cada cual para establecer o excluir tipos penales;2

….

En la exposición de motivos de dicha iniciativa se argumentó que existe:

“una multiplicidad de códigos sustantivos en materia penal, lo que ha dado como resultado una multiplicidad de norma bajo diversas concepciones de la justicia penal y estándares distintos en la procuración e impartición de justicia, por lo que podemos encontrar sanciones distintas ante un mismo hecho ilícito por una ponderación distinta del [Poder Legislativo] de cada entidad3” (el encorchetado es modificación propia para garantizar un lenguaje incluyente). 

Desde una perspectiva del derecho comparado, Ulrich Sieber pone de manifiesto el modelo de unificación, que consiste en crear un nuevo y más grande sistema de derecho penal unificado; este modelo se puede demostrar en el desarrollo del sistema de Derecho Penal de Alemania.4

“Originariamente los estados alemanes tenían cada uno su propio sistema de justicia penal, al cual renunciaron en el siglo XIX a favor de un sistema centralizado de Derecho Penal para todo el país. Como consecuencia, Alemania ahora cuenta con un Código Penal Federal y un Código de Procedimientos Penales y la mayoría de los tribunales, son administrados por los Estados. Si analizamos este proceso de unificación, en especial la velocidad del desarrollo histórico, veremos que es sorprendente, en menos de 20 años desde que en un congreso de la asociación jurídica alemana se aprobara la primera resolución sobre la urgencia y necesidad de una legislación penal uniforme en 1860, se promulgaron los códigos únicos”5.

La legislación del Derecho Penal en Alemania no es el único ejemplo en el que un país con un sistema federal y gobiernos estatales tiene un Código Penal y uno de Procedimientos Penales; países como Canadá y Polonia cuentan con este tipo de legislación.6

Ahora bien, ante el cuestionamiento de cuál sería la justificación para proponer una legislación penal sustantiva única, Pérez Daza plantearse que pueden aducirse diversos aspectos positivos7, tales como:

• Facilita la consulta de las leyes al encontrarse reunidas en un sólo texto. En el caso de México, además de que hay 33 códigos penales (uno por cada entidad federativa y el Código Penal Federal, sin contar el Código de Justicia Militar), existen delitos federales dispersos en varias leyes, por ejemplo, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, etc.

• Potencializa la certeza jurídica. El costo que ha pagado la sociedad mexicana por tener diversos códigos penales ha sido muy alto, el drama de la interpretación y aplicación de diferentes leyes penales ha provocado en muchos casos impunidad y, en otros, imposible acceso a la justicia para las y los mexicanos.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 2017, Informe Ejecutivo:

“[…] el derecho penal enfrenta una grave crisis. La redacción de nuevos delitos y las modificaciones a los existentes es una práctica que se reproduce en todas las legislaturas. Para agravar el problema, se ha recurrido a la cuestionable práctica de crear tipos penales en leyes especiales con la consecuente dispersión de la materia penal. Con frecuencia se recurre al derecho penal como si fuera la única alternativa para solucionar los problemas.

La experiencia ha mostrado una y otra vez que no lo es. A pesar de ello, los planteamientos de nuevas normas se mantienen. La demagogia penal no parece tener frenos. Ello tiene un impacto muy negativo sobre el desempeño de las instituciones, pues les coloca cargas de trabajo inapropiadas y las obliga a actuar en función de la coyuntura.

Los efectos de este tipo de prácticas también se reflejan en la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas. [Las y] Los operadores debaten continuamente el tema de las competencias para los delitos que investigan y persiguen. Para dar salida a esta situación se requiere iniciar un proceso de reordenación del derecho penal. La materia procesal ha marcado el camino mediante la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa misma línea parece conveniente revisar la legislación penal nacional y, al menos, colocar parámetros para dar uniformidad a la legislación penal sustantiva. Un paso adicional sería la elaboración de un Código Penal Único y colocar reglas rígidas para sus eventuales reformas.”8

Expresamente, en las recomendaciones que se plantean en la Consulta Nacional se propone una reforma constitucional al artículo 73 para otorgar facultades al Congreso para expedir un Código Penal Único y generar una mejor articulación en los ámbitos de competencia federal y estatales en materia penal.9

En julio de 2017, el Ejecutivo Federal propuso la elaboración de un Código Penal Nacional, por lo que, la aún Procuraduría General de la República, comenzó el proyecto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Dicho instituto entregó un primer borrador, que fue sometido a revisión por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y posteriormente por las entidades federativas.10

De acuerdo con la presentación del proyecto del Código Penal Nacional, su realización obedece a la necesidad de contar con un sistema de justicia penal homologado, que tenga aplicación en todo el territorio y no permita que se formen nichos de impunidad derivados de los tantos códigos penales que regulan las conductas reprochables tanto en el ámbito federal como en las distintas entidades.

A todo lo anterior, se suma la reciente recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual en las Observaciones finales al noveno informe periódico de México, establece que le preocupa la falta de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las mujeres haya redundado en unos bajos índices de enjuiciamiento de los casos de discriminación por motivos de sexo.11 Por lo que le recomienda al Estado mexicano que:

Reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general;12

Es decir, existen fuertes argumentos prácticos y jurídicos, así como una recomendación de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que pugnan porque exista una legislación penal sustantiva aplicable en todo el país que permita garantizar tipos penales adecuados y con ello contribuir a la eliminación de la impunidad.

Sin duda, dar un paso más hacia el fortalecimiento del sistema de justicia penal en México requiere de conjugar todos los esfuerzos; por ello, debe garantizarse, mediante audiencias abiertas, que todas las voces puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta, tanto del ámbito académico, la sociedad civil, las personas titulares de las fiscalías y procuradurías, y las y los titulares de Poder Ejecutivo de las entidades federativas, entre otras. Sin duda, la autonomía de las entidades federativas está en debate y tienen que escucharse, en primer lugar, a los Congresos de las entidades federativas, cuál es su postura al respecto.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone que iniciemos el debate y reflexionemos sobre la importancia, la viabilidad y los efectos de poder contar con una legislación penal única en el país.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX.

XXI. Para expedir:

a)

b)

c) La legislación única en materia penal, procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

XXII. a XXXI.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación única en materia penal para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

TERCERO.- Las legislaciones penales de las entidades federativas y de la federación continuarán en vigor hasta en tanto entre en vigor la legislación única en materia penal, referida en el Transitorio anterior.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Sen. Martha Lucía Micher Camarena.

1 Véase. GARCÍA, RAMÍREZ, Sergio, Un ilustre Penalista: Celestino Porte Petit, sitio consultado http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/756/54.pdf. También, PÉREZ, DAZA, Alfonso, La necesidad de contar con una sola legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf

2 Véase. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sitio consultado
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/04/asun_2975300_20130424_1367005153.pdf

3 Ídem.

4 Op. Cit. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1.

5 SIEBER Ulrich, Hacia la Unificación del Derecho Penal. Unificación, armonización y cooperación: a la búsqueda de soluciones para los sistemas penales federales y supranacionales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2006, pp. 12-13, citado en PÉREZ, DAZA, Alfonso,  La necesidad de contar con una sola legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf

6 Op. Cit. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1.

7 Ídem.

8 Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 2017, Informe Ejecutivo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., México, 2017, pp. 30 y 31. Disponible en Internet:
http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf

9 Ídem.

10 Véase. MARTÍNEZ, Diana, Alistan nuevo Código Penal. Temas polémicos se dejaron en manos de las entidades federativas, Heraldo de México, 22 de octubre de 2018. Disponible en internet: https://heraldodemexico.com.mx/pais/alistan-nuevo-codigo-penal/

11 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018, párr. 11, inciso c).

12 Ibidem., párr. 12, inciso c).

El Senador Presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Micher.

Se adhieren los Senadores Abreu, Citlalli Hernández, Guerrero, Mónica Fernández, De la Peña, Gloria Sánchez, Marybel Villegas, Novelo, Patricia Mercado, Nestora Salgado, Nancy De la Sierra, Claudia Edith Anaya, Gutiérrez Castorena, Rocío Abreu y Lucía Meza. Gracias.

Por supuesto, a petición de la Senadora Micher, me sumo a su iniciativa con mucho gusto. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Micher, que es la proponente, pide se turne a la Comisión de Igualdad y se procede en lo consiguiente para opinión a la Comisión Para la Igualdad de Género.






Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070, y reforma el artículo 1070-Bis del Código de Comercio, en materia de garantía de audiencia y justicia pronta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ABROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 1070 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias. Con permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea; Mexicanas y mexicanos:

El proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070 y se reforma el artículo 1070 Bis del Código de Comercio, es la iniciativa que presento el día de hoy. El artículo 14 de nuestra ley fundamental establece la garantía de toda persona al debido proceso, el cual se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Al respecto, el artículo 1070, párrafo quinto del Código de Comercio, contiene una disposición que contraviene el debido proceso y que, consecuentemente, resulta inconstitucional. En efecto, esta disposición establece que el juicio mercantil, en caso que el documento base de la acción se haya pactado en un domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edicto, sin necesidad de acreditar el desconocimiento del paradero del demandado.

Esta disposición incide negativamente en la garantía de audiencia del demandado, ya que el emplazamiento se constituye como la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, pues permite que la parte afectada sea llamada a comparecer ante el órgano jurisdiccional, a fin de que pueda defenderse correctamente de un posible acto privativo, teniendo a su disponibilidad información completa, tanto de los hechos que se le imputan como del material probatorio existente. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 1070 de la misma Ley Mercantil señala que para la procedencia del emplazamiento por publicación de edictos bastará el informe de una sola autoridad o institución.

Esta disposición es igualmente contraria al debido proceso, pues la notificación por publicación de edictos es una vía excepcional o de último recurso y el Juez, como director del proceso y responsable de la garantía de los derechos humanos de las partes, no debe limitarse a pedir información a una sola institución respecto del o los domicilios que tuvieran registrados, sino que debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio y realizar cabalmente el llamado a las posibles partes interesadas, agotando los medios a su alcance para localizarlas. Finalmente, si bien es cierto que la garantía del debido proceso es un elemento indispensable para la impartición de justicia, también lo es que dicho elemento debe coexistir armónicamente con otros derechos fundamentales, como el de acceso a una justicia pronta.

Al respecto, es generalmente sabido que la sustanciación del trámite de emplazamiento por publicación de edictos es sumamente burocrático y tardado, en parte debido a que el Código de Comercio, en su artículo 1070 Bis, le concede a las autoridades o instituciones que cuenten con registro oficial de personas, un plazo hasta de 20 días naturales para proporcionar la información solicitada; dicho plazo es excesivo y, por lo tanto, contrario al derecho humano de acceso a una justicia pronta, reconocido en el artículo 17 constitucional federal, pues gracias a los sistemas informáticos de base de datos actualmente existentes con los que operan instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y empresas proveedoras de señales de Internet y televisión, dicha información puede encontrarse en cuestión de minutos.

Por lo tanto, tomando en consideración que las disputas judiciales en materia de comercio en México tienen una duración promedio a nivel nacional de siete años y medio, es importante que el Poder Legislativo procure la adecuación de los plazos y términos legales previstos en las leyes, a fin de que el derecho de acceso a una justicia pronta sea una realidad para el justiciable, pero siempre en armonía con las formalidades esenciales del procedimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, con el fin de que por una parte se garanticen las formalidades esenciales del procedimiento al imponer al Juez el deber de agotar todos los recursos que estén a su disposición para verificar el desconocimiento del domicilio del demandado y solo entonces se proceda a emplazarlos por vía de publicación de edictos.

Por otra parte, se garantice la impartición de una justicia pronta mediante la reducción del plazo para la sustanciación del trámite de acreditación de conocimiento de un domicilio, pasando de 20 días naturales a tres días hábiles.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, muchas gracias por la presentación de su iniciativa. Se adhieren los Senadores Guerrero, antes que la turnemos, operó rápido, la Senadora Luévano, Jesusa Rodríguez, Marybel Villegas, Claudia Edith Anaya, Lupita Covarrubias, Dothé, Gloria Sánchez, Lucía Meza y Gerardo Novelo. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, en materia de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia. Compañeras y compañeros Senadores; A las mujeres de México:

La iniciativa que hoy les presento es la primera propuesta del paquete de reforma que, en conjunto con mis compañeras de lucha, expusimos en las audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión de Igualdad de Género en este Senado de la República, encabezada por nuestra amiga Malú Micher.

Ya entrando en el tema, como todos sabemos, el acoso y el hostigamiento sexual son actos que violentan los derechos humanos, son expresiones de violencia e inequidad de género, que atentan contra la integridad física, psicológica, económica de las personas.

Esos tienen diversas formas de expresión, desde chistes inadecuados o misóginos, palabras ofensivas, comentarios inapropiados, desplazamiento en áreas laborales, hasta intimidar y obligar a mantener relaciones sexuales en contra de los deseos del individuo.

Como se manifestó en la audiencia pública, las estadísticas respecto a esta problemática social son alarmantes y lamentables. Al respecto, la encuesta sobre Victimización, Percepción sobre la Seguridad Pública, mostró que en el 2018 la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres fue de dos mil 733 abusos por cada 100 mil mujeres, cifra significativamente mayor a los mil 764 que se cometieron en el 2017…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Senadora, permítame un segundo.

Voy a cometer la grosería de interrumpirle, pero no quisiera ser grosero con quienes han patrocinado, auspiciado y estado presentes en este recinto, ofreciéndonos una extraordinaria exposición de la Secretaría de Marina, Armada de México, y por eso, con el permiso de usted, señora Senadora, quiero saludar la presencia de los integrantes de la Secretaría de Marina, invitados a esta sesión por el Senador Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión.

Han estado con nosotros observando el desarrollo de trabajos legislativos y a todos les externamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento.

Muchas gracias.

Continúe usted, señora Senadora, muy amable.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Al contrario, al contrario.

Siguiendo con los números, esos números que estamos dando es sin contar muchas de las denuncias que conocemos, porque las mujeres sentimos vergüenza o a final de cuentas vemos qué acciones no se toman y sobre todo, que no está contemplado este tipo de conductas.

Ese escenario impide el desarrollo y vulnera el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral e incluso, puede atentar contra la libertad y la seguridad personal.

El problema se ahonda cuando estas conductas se presentan en el ámbito laboral, toda vez que suelen ejercerse desde una posición de poder en donde el sujeto pasivo se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad respecto al superior.

Estimaciones que se enfocan en el fenómeno advierten cerca del 40 por ciento de las profesionistas mexicanas, han experimentado acoso laboral.

Asimismo, cinco de cada diez personas considera que en su lugar de trabajo no cuentan con los canales de comunicación necesarios para denunciar y detener estos comportamientos.

Cada persona es objeto de estas prácticas ilícitas, en la mayoría de los casos se sienten acorraladas y prefieren quedarse calladas por temor a perder su empleo, lo cual empeora su situación haciéndolas víctimas de mayores violaciones en sus derechos.

Si bien, tanto hombres como mujeres estamos expuestos a esta situación, somos nosotras, las mujeres, las que con mayor número somos afectadas.

Somos nosotras las que tenemos que sobrellevar estas actitudes, somos nosotras las que sufrimos por la opacidad de nuestro entorno, lo digo fuerte y lo digo claro, las mujeres reprobamos el acoso y el hostigamiento sexual en cualquier ámbito social, pues entendemos que se enmarca en un contexto de violencia permanente.

Consideramos necesario fortalecer la norma en aras de consolidar la cultura de la prevención, atención y denuncia.

Por lo tanto, la iniciativa que propongo a su consideración, busca reformar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para que las autoridades correspondientes en el marco de la política nacional de igualdad entre hombres y mujeres, promuevan acciones que mejoren las condiciones de trabajo, así como evitar y atender el hostigamiento sexual, toda vez que aún no se contempla esta problemática en la ley en comento.

Pues para cualquier persona es una tortura tener que soportar de manera cotidiana actitudes ofensivas que ponen en riesgo su integridad emocional y física.

Por una cultura libre de violencia.

Agradezco la presentación de dicha iniciativa a todas las mujeres que se han sumado y a todos los hombres que han colaborado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Abreu Artiñano. Se turna a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhieren los Senadores: Guerrero, Gloria Sánchez, Luévano, Marybel Villegas, Encinas, Cecilia Sánchez, Lucía Trasviña, Nestora Salgado, Patricia Mercado, Jesusa Rodríguez, Gutiérrez Castorena y Bours, lejos de su lugar, pero ya lo conocemos.






Damos paso a la intervención del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, que presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Infonavit, en materia de crédito a la vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias, señor Presidente. Con tu permiso.

Hoy presento esta iniciativa que reforma los artículos 37, 41, 43 Bis y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de Infonavit.

Desde 1972 el Infonavit se concibió como institución tripartita integrada por representantes del gobierno federal, los trabajadores y los patrones, para administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda.

Hoy, a 47 años de existencia, hay varios aspectos que requieren adecuarse para cumplir con su propósito primordial de otorgar créditos para vivienda bajo condiciones óptimas para los trabajadores y que señalo a continuación;

Primero.- Gran parte de las familias trabajadoras de nuestro país, ante la posibilidad de contar con un patrimonio propio, acceden a los créditos que otorga el Infonavit como un medio para contar con un financiamiento accesible y en teoría, bajo mejores condiciones, de las instituciones bancarias.

En la realidad, los créditos de Infonavit se otorgan a tasas de interés superior a los bancos, ya que éstos últimos ofrecen créditos de tasas alrededor del 8 por ciento, mientras que en los créditos del Infonavit alcanzan tasas hasta el 12 por ciento y, sobre todo, a plazos interminables.

Segundo.- Las grandes constructoras financiadas por el Consejo Nacional de la Vivienda, Conavi, han construido fraccionamientos mal planeados y alejados de las fuentes de empleo, lo que ha permitido la existencia de grandes ciudades dormitorio, con excesivos costos en el transporte, para las familias que las habitan.

La importancia que tiene para los mexicanos contar con un hogar propio, ha hecho que exista una alta demanda de vivienda y que los derechohabientes acepten condiciones urbanas no óptimas para vivir.

De acuerdo con el dato del mismo Infonavit, cada año se abandonan alrededor de 80 mil viviendas por no contar con agua suficiente, por la lejanía de sus centros de trabajo, por una deficiente calidad de construcción en las dimensiones mínimas de la vivienda y por lo incosteable de los créditos por el actual esquema de financiamiento.

Hoy casi 5 millones de personas tienen un crédito de Infonavit, calculado en veces salario mínimo, lo que implica que su crédito se ha incrementado año con año en vez de disminuir.

El gobierno federal anunció la transición de los créditos calculados en salarios mínimos a pesos y una tasa fija, lo que significa un gran apoyo para esos 5 millones de familias, quienes podrán empezar a amortizar sus créditos y así evitar que su adeudo crezca.

Por ello, para que no sea sólo promesas, hoy presento esta iniciativa que propone las siguientes adecuaciones:

Homologar los plazos máximos de los créditos que otorga el instituto, con las instituciones bancarias, para que quede como máximo a 20 años.

Disminuir en diez años el plazo para que los trabajadores sean liberados del saldo pendiente de su crédito.

El plazo actual es de 30 años, a partir de la fecha de la contratación del crédito.

Y se propone que sea como máximo a 20 años.

Que los nuevos créditos que otorga el Instituto sean en pesos, a tasas y mensualidades fijas, sin excepciones y no a petición del trabajador como se encuentra actualmente.

Que en los ahorros de los trabajadores de su subcuenta de vivienda, porque ese es su ahorro y de nadie más, y esto sí lo quiero recalcar, en que a la fecha sólo pueden utilizar para garantía ante una situación de desempleo, que ahora, al momento que el Infonavit les otorgue un crédito, lo puedan utilizar como parte de su pago inicial para disminuir el total de su adeudo.

Las aportaciones que con posterioridad hagan los patrones a esa subcuenta de vivienda, entonces sí sean una garantía en caso de desempleo y que lo mismo aplique para los casos en que se contrate un cofinanciamiento con una institución bancaria.

Finalmente, quiero destacar que desde el 2012 el Infonavit quedó habilitado para otorgar créditos en pesos, pero convenientemente han pospuesto esta medida ya que en el 2015 el Instituto sólo implementó un programa piloto que se desconoce, precisamente, los resultados del mismo.

A finales del pasado 2018, el nuevo titular del Infonavit anunció la reestructuración inicial de 160 mil créditos ante las crecientes deudas de los contratantes, lo que es una clara muestra de un deficiente diseño institucional que tiene pendiente reestructurar casi cinco millones de derechohabientes, buscando el beneficio de los trabajadores y no sólo del Instituto, así como fortalecer el mecanismo de protección para su ahorro y evitar el incremento desmedido de su deuda.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Cabeza de Vaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Con una disculpa por haber saltado el turno, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentará iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pretende reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria.

Adelante, Senador García Conejo. Desde su escaño.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Si el Senador acepta adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: El Senador García Conejo quiere adherirse a la propuesta del Senador García Cabeza de Vaca. La Senadora Salgado, también se adhiere. Por lo tanto, quedan registradas estas adhesiones, como la de la Senadora Guerrero.

Sonido en el escaño de la Senadora Guerrero.

La Senadora Martha Guerrero Sánchez: (Desde su escaño) Si me permite adherirme a la iniciativa del Senador, en el ánimo de un comentario muy breve.

Me parece de mucha importancia esta iniciativa porque yo creo que el problema va más allá, es muy grave todavía.

Infonavit está entrando en un ambiente de irregularidades porque, efectivamente, por ejemplo, en el Estado de México se han creado unidades en zonas de asentamientos poco confiables y eso ha generado un problema de mucha inestabilidad a muchas familias.

Hay unidades en Infonavit que están ubicadas en cerros donde no hay condiciones de agua, de luz.

Entonces, eso es muy delicado y, en verdad, es importante considerar.

Ojalá y lo considere en su iniciativa el poder normar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Espero que en la comisión queden registrados los comentario de usted.

Se adhieren los Senadores Saldaña, García Cabeza de Vaca, Madero, Márquez, Nadia, Minerva Hernández, Alejandra Noemí Reynoso y Covarrubias.






Y ahora sí le concedemos el uso de la palabra a la Senadora Nestora Salgado, agradeciéndole su paciente espera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Nestora Salgado García, a nombre propio y del Senador José Narro Cespedes, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Nestora Salgado García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Quiero decirles a ustedes que el tema agrario, sin duda, constituye uno de los flagelos más sentidos para nuestro país, por eso existe una preocupación constante por la protección de los grupos sociales más vulnerables, especialmente cuando se trata de la clase campesina e indígena.

Hoy vemos que el desarrollo productivo del campo ha sido insuficiente para incorporar a millones de mexicanos y mexicanas al desarrollo del país.

El crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza.

Creemos que es hora de revertir ese proceso en beneficio de nuestras mujeres y hombres del campo y de todas y de todos los mexicanos.

Por ello, debemos trabajar para dar solución a los conflictos agrarios y fortalecer el campo.

Queremos un país con certeza jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de la tierra, donde las y los ciudadanos que habitan en el sector rural gocen de la tierra en forma tal que se genere impulso y estímulos de desarrollo y desaparezcan las condiciones que generan conflictividad agraria y amenazas a la gobernabilidad democrática por el tema de las tierras.

Por esas razones, el señor Senador José Narro y yo, presentamos a esta Asamblea una iniciativa de reforma a la Constitución para que se incorporen los Tribunales Agrarios al Poder Judicial de la Federación con el objetivo de fortalecer la función jurisdiccional de los Tribunales Agrarios, a fin de continuar con el avance en la especialización de la justicia agraria y hacer efectivo el desarrollo y bienestar del campo mexicano.

Adicionalmente debo mencionar que la integración de los Tribunales Agrarios en el Poder Judicial no afectaría el cumplimiento de sus funciones constitucionales y, en cambio, mejoraría el apego a sus principios rectores, ya que permitirá una mejor administración de la justicia agraria.

La consolidación de esta reforma permitirá dar inicio a las acciones referentes a la implementación, optimización y fortalecimiento de la carrera jurisdiccional, ya que un servicio de justicia de calidad guarda siempre relación directa con la capacidad de satisfacer las necesidades del justiciable, teniendo como sustento principal el respeto a los derechos y el compromiso con una justicia expedita, pronta, con inmediatez, oralidad y accesibilidad que permita materializar los ideales de justicia, seguridad y paz.

Muchísimas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora Nestora Salgado García. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentará una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se busca adicionar un inciso al artículo 2o., fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para desincentivar el uso de popotes de plástico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Hay mucho que hacer respeto al tema del medio ambiente, y un gran debate que tiene que ver con si prohibimos o cobramos impuestos para desincentivar el uso, por ejemplo, del desechable, del hielo seco, de las bolsas de plástico, de los botes de plástico, de las bolsitas de aluminio de las papitas, de la emisión de gas CO2 por la industria, etcétera.

Muchos productos que hoy nos contaminan, que están en los parques, en los ríos, que no se reciclan y que hacen graves daño a la fauna y flora.

Y nos ha tocado a algunos estados aventurarnos en prohibir estas malas conductas, y en tribunales nos hemos topado con que a veces las prohibiciones son inconstitucionales por algunos motivos, entre ellos, por la libertad de empresa, artículo 5 constitucional, o por la violación a la confianza legítima o seguridad jurídica del empresario.

Por eso, en Europa y en Estados Unidos, cuando se prohíbe un desechable, un popote, un plástico, se da un tiempo de gradualidad, comúnmente de tres a cinco años para que, por un lado, las empresas tengan seguridad jurídica de que en tres años esa profesión, esa actividad ya es ilícita; y por otra, para que los ciudadanos empiecen a tener una conducta que desincentive el uso de los desechables.

Por eso, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de prohibir a nivel nacional, como ya lo hicieron en Francia, en Estados Unidos y en cinco estados de la República, como Veracruz, como Baja California, Querétaro y Nuevo León, prohibir el uso de desechables, prohibir el uso de los botes de plástico, prohibir el uso de los popotes, pero sabemos que no puede ser de manera abrupta, por eso estamos proponiendo más de 50 iniciativas en materia de medio ambiente.

Y en este caso me quiero referir al tema de los popotes. El uso de popotes, se estima que cada mexicano utiliza de dos a tres por semana. La mayoría de éstos no son reciclables, terminan en los océanos.

Hay una estimativa de la Conferencia sobre Océanos 2017 que ya un millón de aves y cien mil mamíferos, entre ellas las tortugas marinas, están muriendo por los popotes. Por eso creemos que vale la pena eliminar el popote, que ya no pueda ser fabricado, importado, producido en el país, pero no hacerlo de manera abrupta.

Y en este plazo de tres años, porque queremos eliminar el uso en 2022, sí mandar una señal muy firme al mercado de que usar popote no reciclable les va a costar, le va a costar, y eso es lo que se llama un impuesto inteligente, un impuesto verde, para que aquella empresa que se dedica a fabricar, producir, importar y hacer popotes le va a salir muy caro tener utilidad, porque estamos proponiendo en el artículo 2o. de la Ley del IEPS que para todo tipo de enajenación de popote, ya sea recto, espiral, agitador, flexible, tendrá que trasladarse en el precio del valor de diez centavos por popote.

Y ahora sí va a salir igual de caro que el restaurante compre un popote de aguacate que es biodegradable a uno de plástico, de PET, que tarde cientos de años en biodegradarse o en desintegrarse.

Esto hay que hacerlo con muchos productos.

A mí me da vergüenza que en Monterrey, que somos la ciudad más contaminada de América Latina, la industria está contaminando mucho más de lo que las NOM les permiten y no podemos prohibirles, por libre empresa, pero sí podemos cobrarles por cada tonelada de CO2 que emiten, un impuesto para que les sea más caro contaminar que matar, porque ya son 5 mil muertes al año por esta contaminación.

Hay que hacer lo mismo con el desechable, con la bolsa de plástico, con los botes de plástico, con el PET, polietileno, las bolsas desechables.

Hay mucho que hacer por el medio ambiente en México.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, a nombre propio, y de los SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De continuar con el uso irracional de plásticos que hoy flotan en los mares y océanos ocasionando la muerte de animales marinos, se prevé que para 2050 haya más basura en los océanos que peces.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México cada día se generan 117 mil toneladas de basura, lo que equivale a que sólo una persona genere un kilo de desechos diarios. De ese total, se calcula que alrededor del 12% sean residuos de plástico.

Respecto al uso de popotes, se estima que cada mexicano los utiliza dos veces por semana, generando alrededor de 49 mil 700 toneladas.

El 21 de mayo de 2018, la misma dependencia lanzó la campaña “Sin popote está bien” con el objetivo de concientizar a la población sobre el impacto a la biodiversidad, enfatizando el uso efímero de los popotes en contraste con el tiempo que toma su degradación equivalente a 100 años.

Destacó además datos importantes a considerar, como lo es que el 95% de los popotes que se utilizan en México no sean de materiales reciclables; que el 33% del plástico sea usado sólo una vez y posteriormente desechado; y finalmente, que el 99% de todas las aves marinas habría ingerido algún tipo de plástico.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 05 de junio de 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), lanzó en redes sociales un reto para comprometerse en sustituir el uso de plásticos por productos reutilizables.

Dolores Barrientos Alemán, representante en México del PNUMA, resaltó que a nivel mundial falta regular el consumo de plásticos, así como políticas públicas que sensibilicen a la población en general sobre los daños que éstos generan a los ecosistemas e hizo un llamado a las autoridades mexicanas, empresas y sociedad, a replantear el uso de estos productos a fin de buscar alternativas sustentables.

El mismo programa ha señalado que en los últimos 50 años la producción mundial de plástico se multiplicó 20 veces, generando cerca de 320 millones de toneladas en el lapso contemplado y de las cuales, 8 millones llegaron a mares y océanos.

Cifras dadas a conocer en la Conferencia sobre los Océanos 2017, refieren que el consumo de este material ha ocasionado la muerte de un millón de aves y cerca de 100 mil mamíferos marinos de 600 especies, además de tortugas marinas en todo el mundo.

Sin embargo, el impacto de este patrón no se detiene al provocar la muerte de un animal marino o quedar flotando en mares y océanos, y es que el ciclo continúa en el hecho de que degradación no es lo mismo que desintegración; es decir, por sí mismo el material no desaparece, sino que con el tiempo se hace más pequeño hasta convertirse en micropartículas de plástico que ingeridas por las especies marinas llegan en consecuencia a nuestro cuerpo.

Para resolver la crisis de la contaminación plástica resulta menester tomar medidas con objetivos claros y a corto plazo que desincentiven el uso de todos los plásticos de un solo uso fabricados a base de petróleo.

A nivel estatal se han aprobado leyes en materia de eliminación de plásticos y uso de popotes, y con ello impulsar la preservación del medio ambiente, como son:

ENTIDAD FEDERATIVA

OBJETIVO DE PROPUESTA

Veracruz

En mayo de 2018 el Congreso del Estado aprobó reforma a la Ley Estatal de Residuos Sólidos y Manejo de Plásticos para disminuir el uso de popotes y bolsas de plástico en la entidad en favor de alternativas biodegradables, convirtiéndose en la primera entidad mexicana en aprobar una reforma de este tipo.
En caso de incumplir la disposición, se aplicarán sanciones similares a las impuestas cuando se corta un árbol sin permiso o fumar en áreas donde no está permitido.

Baja California Sur

En julio de 2018 el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para restringir en todo su territorio la venta, facilitación y distribución de bolsas de plástico, contenedores de poliestireno expandido y popotes de plástico por parte de todo tipo de comercios. En su lugar, se deberán usar productos biodegradables o bien de materiales reutilizables.
Se dispuso que los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia y mercados tendrán un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del decreto para evitar la venta y obsequio de estos plásticos. En tanto, los establecimientos dedicados a la venta de mayoreo y de menudeo de dichos productos tendrán un plazo de 18 meses.1
Concluida la prórroga, los establecimientos deberán emplear productos composteables o fabricados con materiales que faciliten su reúso o reciclado y que sean de pronta biodegradación.
Mientras el Gobierno del Estado estará obligado a garantizar que los materiales antes mencionados se sustituyan por la utilización de materiales provenientes de recursos renovables para su pronta biodegradación en los depósitos de disposición final; los Ayuntamientos deberán expedir los programas municipales de sustitución de dichos materiales.

Querétaro

Aprobada desde 2017, entró en vigor el 1° de agosto de 2018, reforma de ley que prohíbe la entrega y distribución de todo tipo de bolsas de plástico en tiendas y diferentes tipos de comercios.
En caso de incumplir la disposición, las multas van desde 4 mil hasta 300 mil pesos, según sea el caso.

Nuevo León

Publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría de Desarrollo Estatal informó que a partir del 25 de enero de 2020 quedará prohibido el uso de popotes en restaurantes, bares, cafés y similares.
En caso de incumplir la disposición, las multas van desde las 1,500 a 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En caso de reincidencia, la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto; sin embargo, si comete la misma infracción por tercera ocasión, se procedería a la clausura definitiva del establecimiento.

Sonora

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático presentó reforma de ley para prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico por parte de cualquier tipo de establecimiento.
En caso de incumplir la disposición, las multas van desde 50 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización diarias (UMA).

Con lo anterior se puede observar que las entidades federativas han dado los primeros pasos en buscar que eventualmente todo uso de materiales de plástico sea prohibido, punible y se transite a una sustitución por materiales biodegradables.

Ahora bien, en Estados Unidos y Europa la elaboración de popotes fabricados a partir de los desechos industriales del aguacate ya se ha convertido en un negocio redituable, producto de la idea de Scott Munguía, estudiante mexicano de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM).

La idea surgió tras conocer que 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año en conjunto con desperdicios provenientes del unicel con el que se elaboran vasos y contenedores de comida, y que de acuerdo con Greenpeace México, sólo el 1% reciben el tratamiento de reciclaje adecuado.

Biofase, compañía que descubrió cómo utilizar la semilla del aguacate para la fabricación de plástico biodegradable, también conocido como biopolímeros, patentó desde 2013 su proceso de tecnología y elaboración de la fórmula para crear popotes que se degradan en 240 días, tiempo relativamente corto, a diferencia de los 100 años estimados en que se degrada el plástico tradicional. Aunado a ello, dichos popotes pueden ser     reutilizados como composta, ya que su proceso de descomposición es similar al de cualquier fruta. 2

Si bien la prohibición del uso de popotes de plástico no resolverá por sí solo el problema de la contaminación al ser necesaria una solución que abarque de manera integral la gestión de los residuos y su disposición final, un punto de partida a nivel nacional será gravar el uso de los mismos a través de una política impositiva, que si bien plantea una meta recaudatoria, permitirá adoptar medidas que desincentiven su uso, así como la búsqueda e implementación de alternativas sustentables.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

ÚNICO.- Se adiciona un inciso al artículo 2, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

“TÍTULO I

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1o. ………………………………….

I. ………………………………………….

II. …………………………………………….

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A)……………………………………………..

B)……………………………………………..

C)……………………………………………..

D)……………………………………………..

E)……………………………………………..

F)……………………………………………..

G)…………………………………………..

H)……………………………………………..

I).……………………………………………..

J)……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A)……………………………………………..

B)……………………………………………..

C)……………………………………………..

III.……………………………………………”

TÍTULO I

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1o. ……………………………….

I. ………………………………………….

II. ……………………………………….

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A)……..…………………………………

B)……….………………………………

C)………………………………………

D)…………………………………………

E).………………………………………

F).………………………………………

G)……………….………………………

H)…………….…………………………

I).…….……..….…………………………

J)……………..…………………………

K) Popotes de plástico generalmente fabricados con polipropileno o polietileno en sus diferentes clasificaciones de acuerdo a su    forma:

1. Popote recto.

2. Popote peroscópico que en uno de sus extremos tiene una coyuntura  para dar dirección al líquido; una variante serán los popotes con     forma de cuchara en un              extremo.

3. Popote espiral.

4. Popote agitador.

5. Popote flexible que con una parte corrugada permite su doblez en diferentes direcciones.

Se pagará una cuota de $0.10 por popote enajenado o importado. 

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A) ………………………………………..

B) ………………………………………..

C) ………………………………………..

III. ……………………………………….

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

1 “Veta BCS popotes y bolsas de plástico”, Debate, 20 de julio de 2018. Véase en:
https://www.debate.com.mx/mexico/vetan-popotes-bolsas-de-plastico-baja-california-sur-bcs-medio-ambiente-20180720-0144.html

2 “Popotes de aguacate mexicano triunfan en Estados Unidos y Europa”, Breaking, 12 de febrero de 2019. Véase en:
https://breaking.com.mx/2019/02/popotes-de-aguacate-mexicano-triunfan-en-estados-unidos-y-europa/

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senador Samuel García Sepúlveda. Se turna a la Cámara de Diputados, tratándose de una iniciativa relacionada con el IEPS.






Tiene la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pretende reformar el artículo 12, fracciones I y III, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en materia de ratificación de magistrados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIONES I Y III; Y EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas, a todos ustedes.

Nuestra obligación, como Senadores, es crear leyes que sean acordes a los tiempos que vivimos y nuestra competencia abarca diversas esferas del ámbito público sin la intromisión a la autonomía de otros poderes, como se ha cuestionado o interpretado erróneamente en los últimos tiempos.

Que las normas jurídicas que legislemos atiendan las demandas sociales, sirvan para una administración pública más efectiva, y en este caso que voy a plantearles, para una mejor impartición de justicia.

La iniciativa que pongo a consideración de todos ustedes contempla algunas modificaciones sobre la designación y ratificación de los magistrados de los Tribunales Agrarios.

Hagamos de este país la máxima de Emiliano Zapata: “libertad, justicia y ley”.

Los Tribunales Agrarios surgen de las demandas y luchas campesinas que dieron lugar a la Revolución Mexicana de 1910, lo que derivó a la Reforma Agraria en años subsecuentes.

Sería precisamente el caudillo Emiliano Zapata quien propuso la instauración de una jurisdicción agraria especial para la impartición de justicia en la materia.

Posteriormente el Presidente Venustiano Carranza emite decreto de ley, el cual contenía disposiciones relativas a la restitución de tierras, montes y aguas a sus propietarios originarios, según lo había previsto el Plan de Ayala.

Sería para 1917 cuando la Constitución Mexicana establece en el artículo 27 constitucional el ámbito de competencia de los tribunales agrarios, dotándolos de autonomía, donde además se señala que son de jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a límites y tenencias de terrenos ejidales y comunales.

En 1992 se promulga la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Un año después, para 1993, fueron recibidos más de 16 mil 500 asuntos de su competencia para abatir el rezago agrario de tierras, aguas y bosques.

¿Por qué es importante hacer este recuento histórico?

El pasado 27 de febrero se cumplieron 27 años de la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De tal manera consideramos que es tiempo necesario para revisar los requisitos y duración del encargo de los magistrados agrarios en todo el territorio nacional.

En la actualidad hay 56 tribunales unitarios agrarios, bajo este marco histórico es necesario quitar componendas que lastiman al México agraviado por los excesos del poder.

De acuerdo a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los magistrados del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios durarán en su encargo seis años, pero al concluir dicho periodo, si fueran ratificados, serán inamovibles, lo que en la praxis constituye un mandato vitalicio.

El retiro de los magistrados se produce al cumplir los 75 años o por incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, además la remuneración económica durante su cargo no podrá ser reducida.

En tal sentido, nuestra iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios propone modificar la duración en el cargo de magistrados de Tribunales Agrarios, entre otras transformaciones relevantes que si me permiten, desgloso a continuación.

Para ser magistrado se deben de tener 35 años al día de su designación, como sucede entre los requisitos en otras magistraturas. Con este cambio se homologa la ley respecto a magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Otra de las modificaciones consiste en comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria.

La actual legislación, como ustedes saben, es ambigua en ese sentido al no especificar de manera clara, ya que actualmente la ley reza: “comprobar una práctica profesional mínima de cinco años” y no específica de manera clara cuál debe de ser la formación académica o el perfil del aspirante.

Otro de los aspectos torales de esta iniciativa consiste en que al concluir el primer periodo de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, podrán ser ratificados previa evaluación sí, por el Senado de la República, pero por otro periodo de seis años; es decir, no serán improrrogables.

Mismo caso será para Magistrados de Tribunales Agrarios Unitarios y de los Magistrados Supernumerarios, pero incluso podrán ser propuestos como Magistrados del Tribunal Superior Agrario por seis años. Dicho de otra manera más coloquial, los juzgadores podrán aspirar a otro eslabón jerárquico.

Este 10 de abril se cumplirán 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, a un siglo de su partida aún hay luchas agrarias por reivindicar, aún vigente la frase del héroe de la Revolución; “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”.

Hagamos justicia, compañeras y compañeros Senadores, comenzando justamente por los impartidores de justicia.

Muchísimas gracias a todos por su atención.

Iniciativa

La suscrita, GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN I Y III, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, conforme la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Breve historia de los Tribunales Agrarios

El surgimiento de los Tribunales Agrarios es resultado de la lucha agraria y de las demandas campesinas que dieron lugar a la Revolución Mexicana en 1910 que, a su vez, forman parte del amplio proceso de reforma agraria experimentado por nuestro campo en el siglo XX y que demandó la solución de los problemas del agro1.

El Plan de Ayala, en el cual Emiliano Zapata planteó la instauración de una jurisdicción agraria especial, en su artículo 6° por primera vez se habló del establecimiento de tribunales especializados para la impartición de la justicia en materia agraria.  Esta previsión se encuentra también en el Decreto-Ley emitido por el Presidente Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 en Veracruz, y redactado por Luis Cabrera, el cual contenía disposiciones relativas a la restitución de tierras, montes y aguas a sus propietarios originarios según lo había previsto el Plan de Ayala. Esta Ley es el punto de partida para el Artículo 27 de la Constitución de 1917, fundamento para la reforma agraria2.

El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XIX, establece el ámbito de competencia de los tribunales agrarios al señalar que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para la administración de justicia agraria, la ley instituyó tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente3.

El 23 de febrero de 1992 se expidieron los decretos por los que se promulgaron la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribuna- les Agrarios, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 1992. El 1 de abril de 1992 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el Acuerdo por el que designó como magistrados del Tribunal Superior Agrario a la y los ciudadanos Dr. Sergio García Ramírez, Lic. Luis Octavio Porte Petit Moreno, Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón, Lic. Rodolfo Veloz Bañuelos, Lic. Arely Madrid Tovilla, y como magistrado supernumerario al Lic. Jorge Lanz García. Los primeros cuatro magistrados numerarios y el magistrado supernumerario rindieron la protesta de ley en esa fecha, mientras que la Lic. Arely Madrid Tovilla, hizo lo propio el 8 de abril4.

Previo al inicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal Superior se integró una comisión de recepción de expedientes de tierras, que, al 7 de enero de 1992, se encontraban en trámite ante la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. La Comisión estuvo constituida por los magistrados Dr. Sergio García Ramírez, Dr. Gonzalo Armienta Calderón y el Lic. Jorge Lanz García. Los primeros expedientes provenientes de la Secretaría de la Reforma Agraria fueron recibidos el 12 de junio de 1992. En 1993 fueron recibidos 1,860 asuntos de competencia del Tribunal Superior y 14,696 de los Tribunales Unitarios, mismos que correspondían al rezago agrario de tierras, aguas y bosques, instaurados por acciones de dotación, ampliación y nuevos centros de población, así como de restituciones, reconocimiento y titulación de bienes comunales, entre otras acciones agrarias5.

La primera sesión plenaria del Tribunal Superior Agrario fue celebrada el 1 de abril de 1992, en la cual, por unanimidad, se eligió como su primer magistrado presidente al Dr. Sergio García Ramírez.

Los Tribunales Unitarios Agrarios, se organizan con base en el acuerdo del 8 de mayo de 1992, en el cual se determinaron los distritos para la impartición de la justicia agraria, fijando el número, la competencia territorial y las poblaciones donde tendrían su sede. El acuerdo respectivo fue publicado el 16 de junio de 1992, con una aclaración del 8 de julio de ese mismo año. Actualmente se cuenta con 56 Tribunales Unitarios Agrarios.

El pasado 27 de febrero, se cumplieron 27 años de la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, tiempo necesario para revisar los requisitos y duración de las y los Magistrados Agrarios, en todo el territorio nacional.

La presente iniciativa tiene el objetivo de modificar la duración en el encargo de los magistrados de los Tribunales Agrarios, propone adicionalmente que las personas que ocupen el cargo de Magistrados Agrarios, sea en el Tribunal Superior Agrario, y en los Tribunales Unitarios Agrarios, Numerarios y Supernumerarios, concluido el periodo de 6 años para el que son designados, la Cámara de Senadores, a propuesta del titular del Ejecutivo Federal,  podrán ser ratificados, previa evaluación del desempeño en su encargo, por seis años improrrogables. Para el caso de las y los Magistrados de Tribunales Agrarios podrán ser ratificados por 6 años, o designados por 6 años como Magistrados del Tribunal Superior Agrario.

La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (LOTA), de acuerdo con el artículo 12 de la ley, para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta años el día de su designación;

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación;

III. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.

De acuerdo con el Capitulo Cuarto de la LOTA, la designación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios se realiza por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República. La selección de las y los magistrados se realiza de entre una lista de candidatos propuestos a la Cámara de Senadores, por parte del Presidente de la República.

El artículo 16 de la LOTA, indica que, una vez que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en su caso, han recibido la propuesta del Ejecutivo Federal, deben resolver en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto acuerden. Y en caso de que no se apruebe la designación del número de magistrados requerido, el Ejecutivo Federal, debe enviar otra lista para completar el número necesario.

De acuerdo al marco legal citado, en relación a la designación de los magistrados del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios, destacan 4 aspectos:

a) El artículo 17 de la LOTA, indica que los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, y que durarán en su encargo seis años. Asimismo, señala que, si concluido dicho término, fueren ratificados serán inamovibles6.

b) El artículo 13 de la LOTA, establece que el retiro de los magistrados se produce al cumplir setenta y cinco años de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.

c) El artículo 14 de la LOTA establece que la remuneración económica (emolumentos) que reciben los magistrados no pueden ser reducidos durante el ejercicio de su cargo.

d) Además de ello, la Ley señala que los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Debate Inamovilidad Temporal y Permanente

 El tema que está a debate con esta iniciativa se refiere a la inamovilidad de los magistrados de los Tribunales Agrarios de nuestro país. Esto nos lleva a la primera pregunta ¿Qué significa la inamovilidad en el cargo? Y a una segunda pregunta, ¿deben ser los magistrados inamovibles de manera temporal o con carácter vitalicio? Es necesario por tanto aclarar que en el ejercicio de la magistratura no es lo mismo hablar de inamovilidad, que de cargo vitalicio.

En primer lugar, debemos avanzar hacia la definición de la inamovilidad judicial. En este sentido, retomamos los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, de la Organización de las Naciones Unidas, que en relación a las condiciones de servicio e inamovilidad de las judicaturas señala en el punto once de los principios que “La ley (de cada país) garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”. Y en el punto doce señala que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.

Al analizar los elementos que destacan los Principios básicos de independencia de la ONU, resalta que en el punto once, al hablar sobre la permanencia de los jueces en el cargo, solo se refiere a que estos, deben permanecer por los periodos establecidos. Mientras que el punto doce de dichos principios es esclarecedor ya que señala que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.

De lo anterior podemos extraer dos conclusiones: 

1) El concepto de inamovilidad, que fortalece el principio de independencia de los órganos jurisdiccionales, representado por los jueces y magistrados no implica de manera necesaria e imprescindible la característica de perpetuidad.

2) La inamovilidad judicial puede tener un carácter temporal, en tanto la legislación establezca con toda precisión y claridad, la duración del periodo para el que serán nombrados o electos los jueces y magistrados.

Un ejemplo clave sobre como la temporalidad de los jueces no afecta el principio de inamovilidad y por ende la garantía de independencia lo encontramos en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Ya que nuestro régimen constitucional establece con toda claridad en su artículo 94, párrafo duodécimo, que los magistrados del máximo tribunal de justicia del país duran quince años en sus cargos, con un carácter improrrogable, con la salvedad de que hubiesen ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Otro aspecto importante para reforzar las garantías de independencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que, en relación a su inamovilidad, la Constitución señala que solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de la Constitución7 y, que, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Todos estos elementos constituyen el escudo de independencia con el que cuentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el desempeño de sus funciones. Y nos muestran que la inamovilidad temporal, que se constituye por la previsión constitucional del término de su encargo por quince años no afecta el ejercicio de sus funciones. Es decir, el carácter independiente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra vinculado al carácter vitalicio de un cargo.

Otro caso interesante, que muestra un diseño institucional basado en la inamovilidad temporal de los juzgadores, es el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8. En dicho órgano, la legislación establece claramente un plazo definido para el ejercicio del cargo: de nueve años improrrogables, para el caso de los magistrados de la Sala Superior; y un tiempo equivalente de 9 años para los magistrados de las Salas Regionales, mismos que al término de su encargo, pueden ser elegibles para cargos superiores.

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este diseño institucional busca proteger la independencia en la actuación de los magistrados, mismos que por la naturaleza de su función, se encuentran expuestos a la posibilidad de presiones que incidan en el sentido de su decisión.

Es importante señalar que los diseños institucionales basados en jueces o magistrados, cuyo ejercicio del cargo está limitado a un tiempo determinado en la legislación, no son privativos del caso mexicano.

Un ejemplo de este diseño institucional lo encontramos en la Corte Constitucional de Alemana, en la cual los jueces son electos por un término de 12 doce años, y no pueden reelegirse en el cargo. Además de ello, la legislación alemana establece que los jueces deben retirarse del cargo al cumplir 68 años de edad.

Otro ejemplo del desempeño de las funciones jurisdiccionales por un periodo limitado de tiempo, e inclusive de designación para un proceso determinado, se encuentra en el caso del sistema de jurado puro o tradicional angloamericano, en el que, normalmente al azar, se designan jueces legos para el proceso de que se trata9.

Críticas al carácter vitalicio de los magistrados

Es necesario señalar que la extensión en el encargo de la magistratura hasta la edad de la jubilación se constituye en la praxis en un mandato “vitalicio”, dado que, si bien este cargo no se extinguirá con la muerte del funcionario, si lo hará al término de su vida laboral, es así, en el sentido más estricto del término “vitalicio”.  

La reivindicación de la inamovilidad o incluso del carácter vitalicio del desempeño del cargo, más que con las garantías del debido proceso, se vincula directamente con la aspiración de una justicia profesional. Sin embargo, el establecimiento de un periodo determinado en el tiempo para el ejercicio en el cargo de magistrado no implica necesariamente la improvisación o la falta de capacidades profesionales de los magistrados.

La estructura de carrera judicial puede garantizar los mecanismos de selección y capacitación de los miembros del sistema de Tribunales Agrarios, para que los espacios que, por el natural paso del tiempo, se abrirán en esta magistratura, para que solo sean ocupados por aquellas personas que cumplan con los más altos estándares de profesionalismo, integridad, probidad y experiencia.

Para ello es necesarios que las reglas del juego estén establecidas de antemano y que exista la mayor claridad posible los requisitos, etapas y tiempos. De esta manera aquellos que aspiren a participar de los procesos de selección y ascenso tendrán pleno conocimiento de las reglas, reduciendo de igual forma la capacidad de ocurrencia de decisiones discrecionales, por parte de las autoridades encargadas de los procesos de selección, en las entidades públicas.

Ahora bien, analicemos la situación relativa a la designación de magistrados de los Tribunales Agrarios de México en comparación con los órganos adscritos al Poder Judicial del a Federación

Comparativo ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación vs Tribunal Superior Agrario en México.

Funcionario Público

Nombramiento

Duración en el encargo

Ratificación o extensión del encargo

Marco normativo

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Presidente somete una terna a consideración del Senado.
La designación se realiza por el voto de 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, en plazo de treinta días.
Si el Senado no resuelve en dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente.
Si la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Presidente someterá una nueva.
Si la segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

15 años

No
Al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber de retiro.

Artículo 94, 95 y 96 de la CPEUM.

Magistrados de circuito

El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial.

6 años

Al término del mismo, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad.

Artículo 97 de la CPEUM

Artículo 106 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Jueces de Distrito

El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial.

6 años

Al término del mismo, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad.

Artículo 97 de la CPEUM.
Artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Magistrados electorales
Sala Superior

Elección por terna por parte de 2/3 partes de Cámara de Senadores a propuesta de la SCJN

9 años
Improrrogables, su selección será escalonada.

No

Artículo 99 de la CPEUM.
Artículos 192, 193 y 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Magistrados electorales
Salas Regionales

Elección por terna por parte de 2/3 partes de Cámara de Senadores a propuesta de la SCJN

9 años
Improrrogables, su selección será escalonada.

Salvo si son promovidos a cargos superiores.

Artículo 99 de la CPEUM.
Artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal

7 miembros: Uno es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo; 3 designados por el pleno de la Corte; 2 designados por el Senado; 1 por el Presidente de la República

5 años, renovándose de manera escalonada.
Salvo el Presidente del Consejo.

No pueden ser nombrados para un nuevo periodo.

Artículo 100 CPEUM.

Artículos 105 a 121de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Magistrados Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de 2/3 partes de miembros presentes del Senado.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de 16 Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones

15 años improrrogables.

No

Artículo 73, Fracción XXIX-H.
Artículo 7 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Magistrados Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Magistrados supernumerarios

Designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de 2/3 partes de miembros presentes del Senado.

10 años Pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Artículo 73, Fracción XXIX-H.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Por otro lado, es importante reafirmar que el cese de un magistrado o juez por razón de duración de su mandato es una causa objetiva, que es establecida de antemano, y que, por ende, no puede presumirse o suponerse en ningún caso o modo el ejercicio de arbitrariedad alguna. Por ello, el solo transcurso del tiempo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables a la designación de los jueces y magistrados no puede considerarse en ningún escenario como una afectación o disminución de la garantía de independencia que protege el principio de inamovilidad de los magistrados.

Es importante considerar que la aplicación de un diseño institucional que brinde oportunidad para inyectar nueva sangre, al sistema de Tribunales Agrarios en nuestro país, puede contribuir además a evitar problemas asociados al carácter, prácticamente vitalicio, que tienen actualmente los magistrados en la materia agraria:

Con el diseño institucional vigente en nuestro país, los magistrados de los Tribunales Agrarios tienen un periodo de encargo de seis años, y una vez concluido este, si son ratificados por el Senado de la República, son inamovibles. Esto significa que pueden permanecer en su cargo, hasta la edad de retiro que actualmente es de 75 años.

Un nuevo diseño, que limite el tiempo en el cargo de los magistrados puede brindar incentivos positivos al sistema de Tribunales agrarios de nuestro país:

a) Limitar la posibilidad de ocurrencia de problemas de salud graves, asociados a la edad, que afecten de manera sustantiva el trabajo de la magistratura;

b) La inclusión de nuevos magistrados brindará a los Tribunales Agrarios de nuevas perspectivas en el análisis de la justicia agraria, abriendo debates que, de otra forma, podrían ser dejados de lado por la mentalidad rígida que puede acompañar al paso del tiempo;

c) La inclusión periódica de nuevos magistrados puede reducir el riesgo de corrupción y la ocurrencia del síndrome de hubris, dada la certeza del límite temporal en el ejercicio del cargo;

d) Puede brindar incentivos para que los juzgadores cumplan responsablemente con sus funciones durante su periodo de encargo, aumentando su productividad y reduciendo el rezago en la resolución de controversias;

e) Brinda certeza a todos los integrantes del sistema de Tribunales Agrarios sobre la temporalidad en la apertura de oportunidades para acceder a los cargos de magistrado.

f) La rotación periódica de los magistrados incrementa la relevancia de los aspectos meritocráticos en el proceso de selección, disminuyendo la ocurrencia de conflictos en estos procesos. 

g) El sistema periódico de renovación de la magistratura contribuye a evitar la erosión de la legitimidad del sistema, la inclusión de nuevos magistrados puede llevar a la reconsideración de fallos constitucionales erróneos o impopulares, lo cual alimenta la confianza y la legitimidad de esas decisiones entre la población.

Es por ello que proponemos la modificación al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para que una vez que los magistrados hayan concluido su encargo de seis años, la Cámara de Senadores pueda ser ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables.

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Texto actual

Propuesta de Reforma

CAPITULO TERCERO
De los Magistrados

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta años el día de su designación;

II…

III.- Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años; y

 

IV.- …

Artículo 13 …

Artículo 14 …

CAPITULO CUARTO

De la Designación de los Magistrados

Artículo 15.- …

Artículo 16.- …

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.

CAPITULO TERCERO
De los Magistrados

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación;

II.- …

III.- Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria; y

IV.- …

Artículo 13 …

Artículo 14 …

CAPITULO CUARTO

De la Designación de los Magistrados

Artículo 15.- …

Artículo 16.- …

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años.

 

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior Agrario, una vez concluido dicho término, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a propuesta del Titular del Ejecutivo Federal, previa evaluación del desempeño en el cargo podrá ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables. 

En el caso de los magistrados de Tribunales Agrarios Unitarios y de los magistrados supernumerarios, una vez concluido el tiempo de su encargo, a propuesta del Ejecutivo Federal, previa evaluación del desempeño en el cargo, podrán ser ratificados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, por seis años improrrogables, o bien ser propuestos como Magistrados del Tribunal Superior Agrario, por un periodo de 6 años.  … 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12, Fracción I y III, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

CAPITULO TERCERO
De los Magistrados

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación;

II.- …

III.- Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria; y

IV.- …

Artículo 13 …

Artículo 14 …

CAPITULO CUARTO
De la Designación de los Magistrados

Artículo 15.- …

Artículo 16.- …

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años.

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior Agrario, una vez concluido dicho término, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a propuesta del Titular del Ejecutivo Federal, previa evaluación del desempeño en el cargo podrá ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables. 

En el caso de los magistrados de Tribunales Agrarios Unitarios y de los magistrados supernumerarios, una vez concluido el tiempo de su encargo, a propuesta del Ejecutivo Federal, previa evaluación del desempeño en el cargo, podrán ser ratificados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, por seis años improrrogables, o bien ser propuestos como Magistrados del Tribunal Superior Agrario, por un periodo de 6 años.  …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de la presente ley que contravengan el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.

1 Tribunales Agrarios a veinte años de su creación,
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_50/Analisis/tribunales_agrarios.pdf

2 Ibidem

3 Ibidem

4 Ibidem

5 Ibidem

6 Esto significa que, si no se materializa una causal como la relativa al segundo párrafo del artículo 17 de la LOTA, el retiro de los magistrados se produciría al cumplir setenta y cinco años de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, esto de acuerdo al artículo 13 de las misma Ley.

7 Esta previsión constitucional es concordante con el numeral dieciocho de los Principios básicos de independencia de la judicatura de la ONU, el cual señala que la legislación de cada país debe contemplar a su vez que “los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”.

8 De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Véase también el Titulo Decimo Primero relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

9 Sobre la inamovilidad y temporalidad de los jueces de Salta y el ataque al federalismo
https://noticias.iruya.com/a/opinion/articulos/31730-sobre-la-inamovilidad-y-temporalidad-de-los-jueces-de-salta-y-el-
ataque-al-federalismo.html

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y aprovechamos este espacio para brindarle un caluroso aplauso a ciudadanos de Chiapas que nos visitan en este Senado de la República, invitados por el Senador Eduardo Ramírez y nos hicieron la generosidad de presentar, en este Senado, la exposición: “Grandeza de Chiapas”. Coincidimos, Chiapas es grande.

¡Felicidades!, y muchas gracias por acompañarnos en el Senado de la República.






Tiene la palabra la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena, presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo, del Código Penal Federal y expide la Ley de Seguridad Informática.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO NOVENO, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

(Presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con permiso de la Presidencia.

Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores, hoy tengo el gusto y la satisfacción de estar en esta tribuna frente a ustedes, con la firme convicción de seguir trabajando en pro de las y los mexicanos.

Por ello, hoy quiero hablarles acerca de una propuesta legislativa que tiene como finalidad contrarrestar los delitos cometidos en la red, lo que coloquialmente conocemos como ciberdelitos.

Sin embargo, es necesario precisar que si bien en nuestro Código Penal vigente existen nueve artículos referentes a delitos cometidos a través de sistemas informáticos, hoy en día, la forma de operar de los delincuentes supera los lineamientos, y es normal, pues la evolución constante de la sociedad y su forma de interactuar a través de las tecnologías de la información y comunicación han llevado a constituir delitos que no han podido ser perseguidos y castigados oportunamente.

Lamentablemente el uso indebido de Internet ha propiciado nuevas conductas ilícitas, como es el espionaje en el ciberespacio, el uso indebido o alteración de datos personales en el Internet, las últimamente conocidas como pornovenganzas, el chantaje a través de las redes sociales, el fraude cibernético, la venta de fotografías íntimas de mujeres, la trata, la piratería, el acoso sexual o el ciberacoso sin el consentimiento de nadie y para nada, que ante la nula legislación en la materia se ha vuelto compleja la persecución delictiva, que en ocasiones trasciende las barreras territoriales de los estados y hoy se puede cometer delito, estos ilícitos desde diferente localizaciones geográficas, incluso desde otros continentes.

De ahí que la tarea es larga y que se han hecho esfuerzos en la materia, pero no se ha podido avanzar, ya que en el caso mexicano no nos hemos adherido al Convenio de Budapest, tratado que busca contrarrestar los ciberdelitos.

Peor aún, hoy en día tenemos huecos legales que vuelven compleja la materia y no es para menos, ya que los modos operandi de bandas dedicadas a estos ciberataques se mofan de autoridades al no existir una legislación que los pueda confrontar cabalmente, lo que incluso deja en vulnerabilidad al Estado mismo frente a nuevas amenazas.

Si bien hoy en día existe un compromiso de impulsar la formación de cibernautas que hagan el buen uso de la tecnología en la que se promueva un civismo digital que ayude a prevenir conductas delincuenciales, como parte de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es necesario que nosotros, como legisladores, también tomemos cartas sobre el asunto y qué mejor que impulsar esta legislación.

En este sentido, aunado a lo anterior, con esta legislación podrían aplicarse, a profundidad, estas experiencias, tanto a nivel estatal y en otras dependencias, clave para asegurar que las entidades dispongan de capacitación adecuada y puedan colaborar efectivamente entre ellas. Y mejor aún, se podría celebrar convenio de intercambio de experiencias y colaboraciones con otras agencias internacionales en la materia.

Sin duda alguna, las medidas de fomento de la confianza a esta iniciativa, constituyen un reto para todos los estados que han intentado regular el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Para ello, hoy vengo a presentarles la siguiente legislación, no como un mecanismo de control social, sino como la necesidad de regular las conductas antijurídicas que tienen lugar dentro del ciberespacio, a fin de erradicar lo que conocemos coloquialmente como ciberdelitos, que hoy perjudican más y más a las personas.

Compañeros, dejo en manos de ustedes esta iniciativa de ley, para que en su momento logremos abordarla con gran responsabilidad.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora Trasviña Waldenrath. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Adelante, Senadora, un comentario complementario a su iniciativa. Sonido en su escaño.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Gracias.

Quiero solicitar, a la Presidencia, que en términos de las disposiciones establecidas en el artículo 181, numeral 2 del Reglamento del Senado, se sirva turnarla también a la Comisión de Seguridad Pública.

Gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, Senadora Trasviña Waldenrath. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; Estudios Legislativos, Primera; y de Seguridad Pública.






Tiene la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias. Con el permiso, señor Presidente.

Honorable Asamblea, la falta de certeza en los procesos de consulta pública en materia de impacto ambiental, lleva a la conclusión de que hay una evidente afectación a los derechos humanos de los ciudadanos de que participen y sean informados.

La participación ciudadana en esta materia en los actos de decisión de autoridades, que pudieran afectar a los derechos de las personas en lo individual, de los pueblos y comunidades indígenas y de la población en general, es un principio fundamental elevado a derecho humano por nuestra Constitución Política y por los tratados internacionales suscritos por México.

Por ello, me permito presentar una iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la autoridad lleve a cabo dicha consulta en todos los casos a fin de garantizar un derecho humano.

Si bien la Declaración de Río, pionera en el Concierto Mundial sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así lo señala, otros tratados internacionales ya reconocían el derecho de la participación de las personas y los grupos sociales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos postulados fueron incorporados en 1996 en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer diversos mecanismos e instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios de la Semarnat.

En dichas reformas se incluyó en el artículo 34 de la ley, llevar a cabo procesos de consulta pública en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental para que cualquier persona tuviera la oportunidad de informarse de los proyectos que se pretendieran realizar en sus comunidades y pudieran provocar afectaciones a su entorno, así como garantizar las condiciones para contar con un espacio de expresión en sus preocupaciones y rechazo a dichos proyectos, cundo pudieran generar daños a la salud y a los ecosistemas.

Sin embargo, en dicho artículo se estableció que la Secretaría, a solicitud de personas de la comunidad de que se trate, podría, podría nada más llevar a cabo una consulta pública, y que ésta, en coordinación con las autoridades locales podría organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicara los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Es decir, se estableció un proceso de consulta pública de carácter opcional o potestativo en el que dicha dependencia federal tiene la posibilidad de llevar cabo la consulta, pero también tiene la posibilidad de negarse a realizarla. Esta decisión resulta ser discrecional que ni la ley, ni el reglamento establecen los criterios a los que la autoridad deberá sujetarse para autorizar o negar dichas consultas.

Actualmente, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos para hacer esta solicitud de consulta, que es un derecho ciudadano, hacia la Semarnat, está en libertad dicha dependencia de decidir si la hace o no la hace.

Asimismo, y de acuerdo con la ley, la Semarnat podrá autorizar la consulta pública, pero negar la celebración de la reunión pública de información a la comunidad, lo que es inadmisible tratándose de grandes proyectos que pueden poner en riesgo la salud pública y nuestro medio ambiente. No es raro que se niegue el derecho a la consulta pública porque ya pasó y ya ha pasado.

Habitantes del municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, solicitaron en meses pasados que se realizara esta consulta sobre diversos proyectos turísticos en la comunidad de Cabo Pulmo, para manifestar sus observaciones y preocupaciones en materia de impacto ambiental, pero la delegación federal de la Semarnat determinó que no era procedente.

Aquí se refleja la palabra que les resalté hace rato, que dice: “podría”. Y entonces en esto se ampara la dependencia.

Emitió autorizaciones, por cierto, de impacto ambiental, sin admitir lo que el pueblo quería, que se hicieran las consultas y que se le informara sobre dichos proyectos. Esta discrecionalidad que está en ley nos muestra que la consulta pública en materia de impacto ambiental requiere una reforma con urgencia para que deje de ser una simulación y que se ponga claramente en ley, y que sí, sí se convierta en un derecho ciudadano, como lo marca la Constitución.

Por ello, propongo que en la ley se exprese que la Semarnat, a solicitud de cualquier persona de la comunidad deberá llevar a cabo el proceso de consulta pública, y que en coordinación con las autoridades locales organizará una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra y la actividad de que se trate.

Necesitamos un proceso de consulta pública en materia ambiental que no sea discrecional, sino que sea obligatorio al igual que la reunión pública de información correspondiente.

Vamos a seguir trabajando por nuestro medio ambiente, no tenemos otro planeta a dónde ir, seamos solidarios con estas causas y dejemos en ley lo que en derecho pertenece a los mexicanos, que sean informados y que se les permita opinar.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La falta de certeza con la que se cuenta actualmente en los procesos de consulta pública, tal como se demostró con la determinación en sentido negativo de la SEMARNAT en Baja California Sur para proceder a realizar los procesos de consulta pública solicitada por habitantes de la comunidad de Cabo Pulmo, lleva a la conclusión de que hay una evidente carencia de lineamientos que brinden certeza jurídica a los ciudadanos para participar y ser informados en materia ambiental, derechos universales que se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello me permito presentar a consideración de esta H. Asamblea una iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establezca la garantía procesal de que la autoridad lleve a cabo dicha consulta, a fin de garantizar este derecho humano, reconocido en los Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México es parte, así como en la Carta Magna.

Respecto del tema, es necesario referirme a los aspectos relativos al tema en materia internacional, así como en cuanto al marco jurídico mexicano.

A) CONTEXTO INTERNACIONAL:

La participación ciudadana en los procedimientos y actos de decisión de autoridades que pudieran afectar la esfera de derechos de las personas en lo individual y de los pueblos y comunidades y población en general, es un principio fundamental elevado a derecho humano por nuestra Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

La participación ciudadana es una expresión de democracia real, sensible en la realidad de las personas que ejercen este derecho humano. En México los procesos de incorporación de la participación ciudadana en las decisiones públicas -como expresión de las democracias contemporáneas- han sido complejos y, por lo general, inacabados, dadas nuestras profundas raíces monárquicas y autoritarias que aún en pleno siglo XXI se resisten a ser superadas por la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de las opiniones, consideraciones y propuestas de las personas afectadas en pos del desarrollo social y económico que aspiracionalmente hemos apellidado “integral, sustentable y competitivo”.

Uno de los grandes logros en este relevante tema, a nivel internacional, se dio en la Cumbre de Río de Janeiro hace ya varias décadas, en 1992, por la preocupación de los gobiernos del orbe ante el grave deterioro ambiental del planeta, sacrificio enorme como costo-consecuencia del progreso industrial y económico globalizado, poco consciente y nada proclive a detener la explotación de los recursos naturales por los grandes beneficios que supuestamente genera a los seres humanos. Su resultado, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, en su Principio 10, lo siguiente:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

Si bien la Declaración de Río fue pionera en el concierto mundial sobre el medio ambiente y los recursos naturales, otros tratados internacionales ya se le habían adelantado reconociendo expresamente el derecho de participación de las personas y los grupos sociales. Así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

Otro tratado relevante es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga a dichos pueblos en lo individual y de forma colectiva el derecho a la consulta obligatoria ante cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que les afecte o les pudiera afectar.

La participación pública tiene varias características, entre ellas, la de ser efectiva. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he enfatizado que el derecho a la participación, incluida la consulta pública, el referéndum o el plebiscito, no deben verse sólo como “derechos”, sino como “oportunidades”, lo que implica que “toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos”, para lo cual “el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”.

B) LA REFORMA A LA LGEEPA DE 1996

El Principio 10 de la Declaración de Río y los postulados de derecho internacional público que hemos mencionado, fueron traducidos por el Poder Legislativo Mexicano en diciembre de 1996 en una de las iniciativas más trascendentes que se han producido en la materia de protección ambiental.

El 13 de diciembre de 1996 (fecha de publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación) se modificó gran parte del articulado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para establecer, entre otros aspectos no menos relevantes, diversos mecanismos e instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios que antes se llevaban de manera unilateral por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.

En este sentido, en dichas reformas, se incluyó en el artículo 34 de la LGEEPA la obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo procesos de consulta pública en los procedimientos administrativos de la evaluación del impacto ambiental, a efecto de que cualquier mexicano tenga la oportunidad de conocer e informarse de aquellos proyectos que pretendan realizarse en sus comunidades y pudieran provocar afectaciones a su entorno y, lo más importante, garantizar  todas las condiciones para contar con un espacio de expresión a sus preocupaciones y rechazo a proyectos cuando aquellos pudieran generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.

C) EL TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DE LA LGEEPA

El texto del artículo 34 de la LGEEPA, desde diciembre de 1996, es el siguiente:

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental;

III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado.

Sin duda, esto ha sido uno de los avances más importantes y sensibles para alcanzar la justicia ambiental mediante la construcción democrática de la participación ciudadana en la protección al medio ambiente, sin embargo, la norma legal fue redactada en un contexto de derechos subjetivos que podían o no ser reconocidos y accionados por la SEMARNAT, estableciendo un proceso consulta pública de carácter opcional o potestativo, es decir, que dicha dependencia federal  tiene la posibilidad de poder llevar a cabo la consulta pública o simplemente de negarse a realizarla, según lo considerara pertinente de acuerdo con reglas rigurosas que deben cumplir las personas interesadas/afectadas por los proyectos de desarrollo. Dichas reglas, desde mayo del 2000, están previstas en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).

Así mismo, es ampliamente reconocido que el procedimiento de EIA presenta graves fallas estructurales que no permiten el acceso efectivo a la información y la participación en la toma de decisiones sobre el proyecto en cuestión perjudicando la transparencia y la rendición de cuentas. Algunas de las principales limitaciones del procedimiento de EIA son: la consulta pública no cumple con los estándares internacionales en materia; no se otorga el derecho de consulta a los ciudadanos, solo el derecho a solicitarla; no se establece un procedimiento especial de consulta cuando el proyecto impacta al territorio o los recursos naturales de los pueblos indígenas; no se permite el efectivo acceso a la información del proyecto para afectados; no se prevé un mecanismo idóneo de notificación personal para los afectados; la Separata de la Gaceta Ecológica no es un medio masivo de difusión en un país con tanta desigualdad educativa, económica y de acceso efectivo a oportunidades tecnológicas; los plazos establecidos son inequitativos; no se evalúan los aspectos sociales de los proyectos; no se evalúan los perjuicios indirectos; no se permite negociación sobre la implementación y beneficios de los proyectos; las opiniones de autoridades y expertos no son vinculantes; no se verifica la información del promovente; existe discrecionalidad de la autoridad: no se usan los principios internacionales precautorio, de proporcionalidad y de necesidad en la decisión sobre EIA.

Además, la participación de las personas en la consulta pública sólo tiene como consecuencia que aquellas “propongan el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes” (véanse las fracciones IV y V del artículo 34 de la LGEEPA), cuando en la gran mayoría de las ocasiones -sobre todo cuando se trata de megaproyectos hoteleros, mineros, de hidrocarburos o de residuos peligrosos- los interesados aportan elementos para que los proyectos no sean autorizados en los términos planteados en las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, para lograr la   sustentabilidad.

Los procedimientos de Consulta Pública y la Reunión Pública de Información deben de ser solicitados por cualquier interesado de la comunidad afectada, dentro de los siguientes 10 días hábiles al día en que el proyecto en cuestión fuese publicado en la Gaceta Ecológica. La DGIRA tendrá un plazo de 5 días hábiles para autorizar ambos procedimientos. De conformidad con el artículo 40 de la LGEEPA, la SEMARNAT tiene la facultad de autorizar o negar la celebración de una Consulta Pública, sin que medie más que una simple explicación que funde su dicho. Esta decisión resulta ser tan discrecional, porque ni la ley ni el reglamento establecen los criterios a los que la autoridad deberá sujetarse para autorizar o negar las consultas públicas.

Otro elemento a considerar es que la DGIRA podrá autorizar la Consulta Pública, sin embargo negar la celebración de la Reunión Pública de Información por considerar que el proyecto en evaluación es poco relevante. Por lo tanto, se puede decir que la Reunión Pública de Información es un proceso que se da en el marco de la Consulta Pública, pero no necesariamente tendrán que celebrarse en cada proceso de Consulta Pública, lo cual es inadmisible tratándose de proyectos industriales que puedan poner en riesgo la salud de las comunidades y la integridad del medio ambiente.

En este sentido, desde la Ley se limita la participación pública a un apoyo a los proyectos en ocasiones inconcebible (establecer medidas de prevención y mitigación adicionales) y se hace nugatorio el derecho de la sociedad a solicitar con elementos jurídicos y/o técnicos que lo acrediten, la denegación de la autorización de impacto ambiental cuando la SEMARNAT verifique, es decir, constate como cierto y verdadero, lo dicho por los participantes en la consulta pública sobre la actualización de alguna causa legal, prevista en la fracción III del artículo 35 de la LGEEPA, por la que se debe negar la autorización pedida por el promovente del proyecto.

Esta situación es jurídicamente cuestionable a la luz de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual establece que “Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

D) VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES

El entendimiento del tercer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA fue, desde diciembre de 1996, que la consulta pública está supeditada a la voluntad de la SEMARNAT, conforme a una serie de reglas, principalmente reglamentarias, que le permiten decidir discrecional (fundada y motivadamente) o arbitrariamente (sin fundamento ni motivación jurídicos) si la consulta pública que soliciten una o más personas se lleva a cabo o no. A continuación, se transcriben los artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que autorizan a la dependencia federal referida a hacer nugatoria la consulta pública:

Artículo 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.

La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de impacto ambiental. En ella se hará mención de:

a) La obra o actividad de que se trate;

b) Las razones que motivan la petición;

c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante, y

d) La demás información que el particular desee agregar.

Artículo 41.- La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases que a continuación se mencionan:

Las normas reglamentarias transcritas son suficientemente claras sobre la posición del Poder Ejecutivo Federal, respecto de las solicitudes ciudadanas de consulta pública en proyectos de competencia federal sometidos a evaluación de impacto ambiental:

1) La consulta pública sólo es relevante para casos que no comprometan la viabilidad de realización de los proyectos de desarrollo.

2) El derecho de consulta pública está supeditado a la voluntad de la autoridad que conoce de la evaluación del impacto ambiental del proyecto.

3) Dicho derecho debe ejercerse de manera formal y rigurosa, satisfaciendo ciertos requisitos que, a decisión de la SEMARNAT, pueden dar inicio o no a la consulta pública solicitada.

Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 2011, en la que se estatuyó el régimen de derechos humanos en el orden jurídico mexicano, toda negativa por parte de la SEMARNAT de realizar consultas públicas solicitadas por cualquier persona de la comunidad de que se trate en materia de evaluación del impacto ambiental de proyectos que les puedan afectar, ES UNA VIOLACIÓN A LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENERAL Y A LOS TRATADOS INTERNACIONALES MENCIONADOS, DE LOS CUALES MÉXICO ES PARTE, al complicar y denegar uno de sus derechos humanos más elementales, el de participación y consulta respecto de proyectos productivos que se pretendan realizar en los espacios donde viven, habitan, crecen, se desarrollan y mueren.

Cabe destacar que ninguno de los artículos reglamentarios transcritos establece causas expresas para negar la consulta pública solicitada, de manera que, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos formales de solicitud de consulta, la SEMARNAT está en completa libertad de negarla, ya que no hay una asociación o vinculación entre el supuesto de cumplimiento de requisitos con la determinación de dicha dependencia de iniciar o no la consulta solicitada.

Lo anterior es trascendental, ya que si el proyecto en evaluación actualiza algunos de los tres supuestos de la fracción III, los comentarios que se viertan deberán hacer un gran énfasis en probar dichas circunstancias tanto de forma legal como técnica.

E) CONSULTAS PÚBLICAS DENEGADAS: EL CASO DE CABO PULMO, LOS CABOS, EN BAJA CALIFORNIA SUR

No es raro que la SEMARNAT niegue a los solicitantes de consultas públicas este derecho. Por el contrario, se da y en varios casos. En el Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, las empresas Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. y Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. pretenden realizar los proyectos hoteleros, denominados Hotel Bahía El Rincón y Playa La Ribera, respectivamente.

Habitantes del Municipio de Los Cabos solicitaron a la entonces Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que se realizara la consulta pública del proyecto Hotel Bahía El Rincón, para manifestar sus observaciones y preocupaciones para el caso de que dicho proyecto fuera autorizado en materia de impacto ambiental.

En respuesta a las solicitudes de consulta pública mencionadas, uno de los solicitantes, habitante de la comunidad aledaña al proyecto, fue notificado el día 4 de diciembre de 2018 que la solicitud de consulta pública cumple en tiempo, sin embargo no cumple en forma, ya que presentó tres direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, siendo la dirección formal la que se presenta en la credencial del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, la Delegación Federal determinó que no es procedente la solicitud y por tanto determinó no dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto “Hotel Bahía El Rincón”.

Cabe destacar que el 11 de diciembre de 2018 la Delegación Federal de la SEMARNAT en Baja California Sur emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, descubriendo así la verdadera intención de negar la consulta pública a los solicitantes de la misma: privilegiar los intereses económicos de la empresa promovente Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. por encima del interés público de respetar los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable, a la participación social y la consulta pública de los habitantes de Los Cabos, B.C.S.

Por otra parte, el pasado 14 de noviembre 2018, fue ingresada en la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur otra solicitud de consulta pública para el proyecto Condo Hotel La Ribera 2200 de la empresa Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. Dicha solicitud fue realizada por parte de un habitante de la comunidad de La Ribera. El día 17 de diciembre 2018 la Delegación Federal de la SEMARNAT determinó no dar inicio al proceso de consulta pública ni a la reunión pública de información del proyecto Condo Hotel La Ribera 2200, toda vez que su requerimiento no cumple en forma para el proceso de solicitud de consulta pública, debido a que el solicitante presentó dos direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, omitiendo la valoración de un tercer documento que también se presentó, la constancia de residencia emitida por el delegado de La Ribera, donde se especifica que la solicitante es residente de esa comunidad desde su nacimiento. 

Esto muestra que la consulta pública en materia de impacto ambiental requiere reformarse con urgencia, dejar de ser un escaparate de proyectos con requisitos arbitrarios que no tienen fundamento en la LGEEPA ni en su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y una simulación de supuesta consideración de los derechos de los habitantes de las comunidades posiblemente afectadas.

Por el contrario, la consulta pública debe ser: a) sencilla de solicitar y realizar; b) sin limitaciones normativas rigurosas o incumplibles; c) despresurizadora de conflictos sociales resolubles en el Poder Judicial de la Federación, y d) con efectos jurídicos que trasciendan en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, en la decisión de la SEMARNAT de autorizar o negar las autorizaciones de impacto ambiental, y en la vida cotidiana de las personas que se preocupan colectivamente por el medio ambiente y los recursos naturales que les brindan bienestar a las comunidades donde viven.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de los siguientes:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo, así como sus fracciones III, IV y V, todos del artículo 34 de la de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34.- ...

....

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, llevará a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I.- …;

II.- …;

III.-Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, organizará una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes o indicar la existencia de alguna de las causas de negación de la autorización establecidas en la fracción III del artículo 35 de la presente Ley, y

V.- La Secretaría agregará todas y cada una de las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. De verificarse por la Secretaría alguno de los supuestos previstos en la fracción III del artículo 35 de esta Ley, resolverá conforme a lo indicado en dicha disposición legal.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones conducentes a las disposiciones relativas a la consulta pública, establecidas en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Se tur na a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la innovación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3o. FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, compañeros Senadores.

El día de hoy pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto que pretende reformar el artículo 3o. constitucional, ello con el objetivo de subsanar una grave omisión, que institucionaliza en nuestro país. El desamparo al desarrollo tecnológico y la innovación.

Compañeros Senadores, este es un tema que no puede ser ajeno a ninguno de nosotros, ya que en México la baja inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico y perspectiva de innovación es una de las características que frenan el desarrollo y la productividad de este país.

Está comprobado que muchos de los problemas económicos y sociales en países latinoamericanos, como la pobreza, el desempleo, la baja calidad en la fuerza laboral y la mala distribución del ingreso tienen su raíz en estructuras económicas de baja intensidad tecnológica.

Este es el momento de conformar una política científica, integral y estable dirigida al máximo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y humanos. De una vez por todas legislemos para que en México se utilicen métodos y formas de administración que ocupan las economías modernas.

En este sentido, enfaticemos que una política científica abarca toda la cadena de la investigación, el desarrollo y la invención. Esta debe orientarse, en primer lugar, al desarrollo a largo plazo de un potencial nacional, científico tecnológico.

Y en segunda instancia, al empleo más efectivo de dicho potencial para satisfacer las necesidades de desarrollo e innovación.

Desgraciadamente en México existe una política científica deficiente que impide que se den las condiciones necesarias para que la ciencia, la tecnología y, sobre todo, la innovación, sean fructíferas para el desarrollo nacional.

Dicho rezago se refleja en la inversión que nuestro país tiene en la materia, pues anualmente se designa al rubro científico y tecnológico un porcentaje que no logra superar desde hace tiempo, el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual contrasta tajantemente con la inversión de naciones como República de Corea, que de acuerdo al índice del Banco Mundial en materia de gasto de investigación y desarrollo actualizado, en el 2016 solo se canaliza el 4.24 por ciento de su PIB a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, o como Japón, que invierte el 3.5 por ciento, siguiendo Suecia con el 3.25 por ciento; Austria con el 3.09 por ciento; Alemania con el 2.94 por ciento y Estados Unidos de América, que tiene una inversión del 2.74 por ciento en los rubros mencionados.

Como es de esperarse, las naciones antes mencionadas, cuya inversión en la materia es considerable, además de ser potencias en materia científica y en el desarrollo tecnológico, tienen también la característica de ser naciones que dominan la política económica global.

Por ello, el gobierno mexicano debe considerar en todo momento para su planeación la relación tan estrecha que existe entre la generación de conocimiento científico, desarrollo de tecnología y fomento a la innovación, con su empoderamiento como nación.

Si bien el aumento porcentual que nuestro país debe tener en la inversión en la materia debe ser paulatino, mediante un principio de progresividad que ya han sugerido en esta tribuna mis compañeros de bancada, es también cierto que antes de la inserción de cualquier principio debe quedar muy clara la obligación del Estado de incentivar, fomentar y desarrollar una política científica adecuada que se traduzca en una garantía constitucional para todos los mexicanos.

Debido a lo anterior, nos dimos a la tarea de revisar el texto constitucional que, de acuerdo a su jerarquía, en el sistema jurídico mexicano, debería contener la obligación del Estado con el respectivo derecho correlativo con el ciudadano en materia científica y tecnológica, sin embargo, observamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos omite, en el artículo 3o., fracción V, el proceso complementario de la investigación, que es la ciencia aplicada, el desarrollo de proyectos tecnológicos con la posibilidad de innovación y solo enuncia su obligación de apoyar la actividad investigativa.

Lo anterior es, sin duda, una falta grave que afecta al sector que pretendemos fortalecer, ya que la política científica es mucho más que una política de investigación y no puede ser examinada aisladamente sin prever el desarrollo de procesos, procedimientos y generación de herramientas, que además de permitir la aplicación del conocimiento genere en determinado caso una mejora en los procesos de aprovechamiento de los recursos disponibles.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senadora.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Ya casi termino.

Por lo antes expuesto sugerimos, a través de la presente iniciativa, se subsanen de inmediato las omisiones que contiene el texto de nuestra Carta Magna. Proponemos que se reforme la leyenda del artículo 3o., fracción V, que actualmente señala, textualmente: “el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica para integrar un nuevo precepto que señale que el Estado incentivará una investigación científica, desarrollo tecnológico y fomentará la innovación, para con ello generar mayor precisión conceptual…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, Senadora.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Y dar garantía a los mexicanos que tendrá acceso a una información científica integral, que traduzca en desarrollo nacional y por supuesto, en protección a los investigadores y a los tecnólogos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora Balderas Espinoza. Le agradecemos su intervención. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Eso ocurrirá con la iniciativa de la Senadora Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena y la iniciativa que escuchamos de la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros recibió el turno a las Comisiones Unidas de Minería, Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos.

Se corrige este turno. La iniciativa presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, que busca reformar el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda. En otras palabras, escuchamos otra cosa.






Tiene la palabra el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de exención de comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar de nueva cuenta un tema que es de suma importancia para todos los trabajadores mexicanos, pero que resulta un riesgo, lo voy a decir con sus letras, para todas aquellas instituciones financieras y bancarias, ya que uno de los requisitos necesarios de algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, en relación a la contratación de nuevo personal, es abrir una cuenta de nómina en la cual ha de percibir su salario.

Quiero hacer referencia con lo que dicen tres artículos de la Ley Federal del Trabajo y uno de ellos, el 84, nos habla que los pagos deberán hacerse en efectivo al trabajador. El artículo 98 dice también que el trabajador dispondrá libremente del salario que se le haya pagado; y el 108 dice que el pago se efectuará en el lugar donde el trabajador preste el servicio.

Eso es lo que dice hoy la Ley Federal del Trabajo.

¿Pero qué está pasando hoy?

Por seguridad, lo entendemos, muchas empresas contratan a instituciones bancarias para poder dispersar la nómina y eso lo vemos muy bien, ¿dónde está el problema? El problema está en que el trabajador, cuando quiere hacer disposición, consulta o retiro de su dinero, los bancos le cobran una comisión, lo cual es indebido, porque ese dinero es del trabajador, no de la institución financiera y lo que está sucediendo con los bancos es que se están aprovechando de un contrato que hicieron dos personas: el empleador y el banco, jamás lo hizo el trabajador.

El trabajador lo tiene que hacer y si se ampara a lo que dice la Ley Federal del Trabajo en estos tres artículos, el salario primero tendría que ser pagado en el lugar de trabajo; segundo, tendría que ser en efectivo y tercero, él disponer libremente de ese salario, lo cual no sucede.

Esto le preocupa mucho a las instituciones financieras, sí, claro que sí, imagínense cuántos centavos, si quieren hablarlo así, descuentan por más de cinco consultas en un cajero, de la misma institución, ya les descontaron una lanita y eso, hay que decirlo con sus letras, al final del día es un robo hormiga, porque el trabajador jamás estuvo consciente de eso, el empleador sí le dice al trabajador: “te voy a pagar a través de la institución financiera”.

¿Qué quiero decirles, compañeros?

Que hagamos justicia con el trabajador, con el que menos tiene. Es muy distinto cuando cualquier ciudadano contrata de motu proprio con la institución financiera un crédito hipotecario, uno automotriz, una tarjeta de crédito. Ahí sí el trabajador está haciendo un contrato ya con una institución financiera. En el caso de la nómina, no.

Y entonces, ¿hoy qué estamos pidiendo nosotros? Que tendremos que darles certeza a todos aquellos trabajadores.

Déjenme decirles algo muy importante, esta iniciativa, tuve la oportunidad de presentarla a la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, no saben el grado, desgraciadamente la Comisión de Hacienda nunca la dictaminó y es por eso que la vuelvo a presentar     aquí en el Senado, porque los compañeros que estuvieron presentes en esa legislatura, aquí está el Senador Madero y algunos que otros, el Senador Ramírez Marín y varios, cuando presenté esta iniciativa, el grado de “lobbying” de las instituciones financieras con los Senadores para que no se dictaminara era impresionante, claro, porque van a     perder algo, sí, pero que no es de ellos, esa es la gran diferencia, este dinero no es de ellos.

Por eso yo quiero exhortar a todas y a todos ustedes a que en esta presentación    también dictaminemos en el sentido en que crean los técnicos especialistas, de cada comisión, lo que tienen que hacer, pero hoy tenemos que hacerle justicia a nuestros trabajadores, porque es muy claro lo que dice la Ley Federal del Trabajo en estos tres artículos.

Y segundo, el trabajador jamás pidió que sea una institución financiera quien le pague, es el empleador el que hace el convenio con la institución financiera para pagar, entiendo y así lo dije en un inicio, lo hizo por un tema de seguridad también económica y de seguridad para la empresa y para el trabajador, lo que no es posible es que el banco le siga cobrando por disposición, por consulta y por retiro, ojo, en los cajeros o en las instituciones del mismo banco, entiendo que si hace uso del cajero o retiro en otro banco, pues tendrá que cobrar una comisión, porque su dinero no está en esa cuenta o en ese banco.

Pero en ese sentido,  yo sí les pido a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, que reflexionemos bien y que hagamos justicia por los trabajadores, por ellos, que día a día trabajan y que no tienen por qué ellos ser quien pague esas comisiones, que dicho sea de paso, el empleador, llega el momento de convenir con la institución financiera y hay una serie de productos que ya está ofreciendo al empleador y no tiene que ser el trabajador el que pague por todas estas comisiones que no le corresponden a él.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

Compañeras y compañeros, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. Lo anterior, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas a la contratación de nuevos empleados, es el abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, en la cual se le ha de consignar su salario.

Las cuentas de nómina son aquéllas que se constituyen en una institución bancaria, con la finalidad de recibir depósitos de diversas índoles, en el particular que nos ocupa tiene el propósito de que el patrón o empleador transfiera el salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores como pago por su trabajo.

Estas cuentas se constituyen a través de un contrato que se celebra entre el trabajador y la institución bancaria, con base en otro contrato previamente celebrado entre esta última y el patrón o empleador.

Así mismo, existe legislación vigente que norma la existencia obligatoria de cuentas básicas de nómina que deben tener y ofrecer todas las Instituciones Bancarias, sin excepción alguna, y que en resumen versa en que dicha cuenta es totalmente gratuita.

De acuerdo con la información del Catalogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la Condusef, en estas cuentas los bancos cobran 138 comisiones que afectan a miles de ellos, segùn con datos al tercer trimestre del 2018.

Dichas cuentas están reguladas en el artículo el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que a la letra dice:

Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general.

El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede.

Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de bienes o servicios, con las siguientes características:

I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

II. Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y

III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito de dicho producto básico.

Pese a lo anterior, en la actualidad las instituciones bancarias ofrecen diferentes tipos de servicios denominados “cuentas de nóminas” cuyos vínculos que se establecen entre el empleador y la entidad financiera regulan, en términos generales, las condiciones en que habrá de desarrollarse el servicio bancario y lo lamentable son los costos y condiciones excesivas que se estipula en los contratos para que el trabajador disponga de su dinero, en cuyas políticas establecen comisiones y depósitos obligatorios para abrir una cuenta, comisiones por consulta de saldos o por disposición de efectivo, en cajeros de la misma institución, así como el cobro de seguros obligatorios por determinado tiempo, entre otros.

La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros a la población es regular algunos servicios bancarios básicos.

Es por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito de facilitar el acceso al sistema bancario (aumentar la bancarización) a personas de bajos recursos a través de instrumentos homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento.

Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones.

Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones.

Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

ARTÍCULO 4 Bis. El Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.

I a II. (...)

III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los Clientes de una Entidad Financiera a otra.

Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios por los siguientes conceptos:

a) …

b)  …

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado.

 

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta Ley.

 

ARTÍCULO 4 Bis. (…)

 

 


I a III. (…)

 

 

 

a) …

b)  …

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado, y

d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier comisión por retiros y consultas.

Seguros o cualquier otro concepto que la institución bancaria otorgue a la cuenta.

(…)

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo Único. Se reforma el inciso c) y se adiciona un inciso d), a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley Federal para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4 Bis. ...

...

I. a III.

...

a) ...

b)

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado, y

d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier comisión por retiros y consultas. Seguros o cualquier otro concepto que la institución bancaria otorgue a la cuenta.

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta ley.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de marzo de 2019.

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senador Erandi Bermúdez, se suman a su iniciativa los Senadores Navarro Quintero, Ramírez Marín, Cristóbal Arias, Menchaca Salazar, Encinas Meneses, Ana Lilia Rivera, Nestora Salgado, Marybel Villegas, Lucía Meza, Américo Villarreal, Martha Guerrero, Rocío Abreu, Rubén Rocha, Gutiérrez Castorena, Obed Maceda, Madero Muñoz, Kuri González, Lupita Covarrubias, Gloria Sánchez y la de la voz. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del Mercado de Valores, en materia de la observancia del procedimiento de oferta pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

(Presentada por el Senador Jesús Encinas Meneses, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Jesús Encinas Meneses: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras Senadoras, señores Senadores:

El mercado de valores impulsa aspectos tan relevantes como la democratización del capital, la ampliación de la gama de instrumentos de inversión y la capitalización adecuada de las empresas, por lo que su importancia para la dinámica económica del país es innegable. Al ser exitoso un mercado de valores, pregona en la eficiente movilización del capital, lo cual, sin duda, incide de manera positiva del crecimiento económico de las empresas y, a su vez de la economía nacional.

Para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de los inversionistas es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para los pequeños accionistas.

Es necesario incorporar a la legislación un mecanismo que permita a los accionistas minoritarios ejercer los derechos sustantivos de los cuales son titulares, poniéndolos en igualdad de circunstancias frente a los agentes que se encuentran en posibilidad de cometer abusos en perjuicio de su patrimonio.

La acción colectiva es un instrumento jurídico cuyo principal objeto es brindar protección a los derechos difusos, ya sea individuales o colectivos, colocando a las partes en un plano de igualdad de posiciones ante procedimientos jurisdiccionales.

Una de las virtudes de las acciones colectiva, es brindar economía procesal y garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, estas acciones protegen los intereses y derechos que corresponden a una colectividad.

En la actualidad nuestra legislación consagra el ejercicio de las acciones colectivas, sólo para dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.

La acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar a los inversionistas minoritarios en el mercado de valores, toda vez que éstos se encuentran en una clara posición de desventaja, tanto a las emisoras de valores como a sus accionistas de control.

La importancia de garantizar la observancia del procedimiento a la oferta pública no es menor, pues esta constituye un fenómeno jurídico-económico que corresponde a la idea de adquirir el control de una sociedad.

Por ello, es indispensable proteger de la manera más amplia posible la transparencia y correcta ejecución del procedimiento, de manera relevante a todos los accionistas dando a conocer las características de la oferta y permitiendo así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar en ella cabalmente, en observancia a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante ante el incumplimiento de esta obligación, es trascendental que los accionistas minoritarios cuenten con la posibilidad de hacer uso de la acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses, como se propone en la presente iniciativa.

Se considera pertinente incorporar la acción colectiva en el ámbito del mercado de valores con la finalidad de proteger los derechos difusos de los accionistas minoritarios representados en la colectividad conformada.

Este instrumento legal de protección a accionistas minoritarios se ha establecido en diversas legislaciones de países como Estado Unidos de América, el Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá y Colombia.

Es necesario crear nuevos mecanismos que permitan a los trabajadores mexicanos invertir sus ahorros de manera segura y protegida a fin de prevenir y evitar abusos.

La iniciativa pretende establecer que los accionistas minoritarios que sufran algún daño y perjuicio a causa de una violación a la ley, cometida por accionistas mayoritarios de una emisora de valores, puedan acceder a la justicia para hacer efectivos sus derechos a través de la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con esta adición no sólo se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del mercado de valores, sino que también se permitirá a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores ejercer derechos que, de otra forma, sería quimérico exigir ante los órganos jurisdiccionales.

Por otro lado, es preciso mencionar que la exención del uso de las acciones colectivas al ámbito del mercado de valores provocará un claro beneficio al propio aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal.

Señoras y señores Senadores, el grupo parlamentario de Morena presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, los artículos 578, 581, 585, 587, 588, 591 y 605, así como de la Ley del Mercado de Valores el artículo 103.

Espera el grupo parlamentario de Morena el apoyo de ustedes para todos los ahorradores mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la definición aportada por el Banco de México, el Mercado de Valores es el conjunto de mecanismos que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de los valores inscritos o no inscritos en el Registro Nacional de Valores1. Este Mercado está conformado por oferentes y demandantes de productos financieros que concurren en él para captar las mejores opciones de valores que les permitan minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar inversiones.

En tal sentido, el Mercado de Valores impulsa aspectos tan relevantes como la democratización del capital, la ampliación de la gama de instrumentos de inversión y la capitalización adecuada de las empresas, por lo que su importancia para la dinámica económica del país es innegable. Al ser exitoso un mercado de valores, redunda en la eficiente movilización del capital, lo cual, sin duda, incide de manera positiva en el crecimiento económico de las empresas y, a su vez, en el de la economía nacional2.

Esa proporcionalidad y correspondencia entre el Mercado de Valores y el crecimiento económico han impulsado la necesidad de reestructurar la regulación general sobre su funcionamiento; para catalizar las condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la volatilidad de las intenciones inversionistas es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores condiciones de seguridad para pequeños accionistas.

Con esta preocupación, el 20 de diciembre de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Mercado de Valores, cuya finalidad, entre otras, fue otorgar a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores un derecho antes inexistente que consistía en la posibilidad de vender sus acciones al mismo precio que el ofrecido a los accionistas de control; sin embargo, la reforma no estuvo acompañada de un mecanismo eficiente respecto al ejercicio de procedimientos jurisdiccionales, en virtud del cual este derecho pudiera ser efectivamente ejercido por esos accionistas.

No obstante tal omisión, la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso a esta reforma legal señaló intenciones progresistas que es conveniente retomar en la actualidad, mismas que, a la letra, mencionaban la necesidad de:

[…] continuar avanzando en la mejora, perfeccionamiento y actualización de nuestra legislación aplicable al mercado de valores, con el objeto de incrementar su transparencia, reforzar la confianza al público inversionista y profundizar los mecanismos que proporcionen una adecuada protección a los intereses patrimoniales del público […]3.

Por otra parte, se reconoció que:

Cada sistema jurídico es diferente, pero todos ostentan los principios rectores de revelación de información al público inversionista, de derechos de minorías y de buen gobierno corporativo o societario. Así, en los países industrializados, estos principios constituyen ejes centrales en sus legislaciones que se materializan en el establecimiento de reglas de organización social para proteger la propiedad y los derechos de los inversionistas, a través de medidas de control en la administración de la sociedad, tendientes a evitar la unilateralidad en la toma de decisiones, ya que no siempre coinciden los intereses de los administradores, de los accionistas minoritarios y de los accionistas mayoritarios4.

El marco jurídico bajo el que se desenvuelve nuestro Mercado de Valores debe considerar mecanismos expeditos para salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios, pues ello brindará mayor seguridad jurídica que, a su vez, elevará la competitividad e incrementará la captación de inversión, generando así lo que se conoce en términos financieros como círculo virtuoso5, a través de la generación de condiciones más saludables para promover la inversión, aumentar la producción y, por lo tanto, el ingreso y el consumo, lo cual sin duda repercutirá en una economía más conveniente. Ello es así porque cualquier nuevo mecanismo en este sector debe estar orientado sobre todo a incentivar la colocación de valores de nuevas empresas, por lo que, en este sentido, la reforma propuesta es cuidadosa de establecer los medios más adecuados posibles.

Uno de los ejes fundamentales de los esfuerzos emprendidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente la protección a los ahorradores. Así, por ejemplo, al anunciar una reducción en las comisiones de las AFORES, manifestó: “ante cualquier circunstancia, vamos a proteger los ahorros”6. Lo anterior, teniendo en cuenta que los ahorros cumplen una doble función en la economía: por un lado, representan el fruto del trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que dependen de ellos para su jubilación y, por el otro, son una de las principales fuentes de crecimiento y desarrollo de un país.

Ya sea a través del sistema bancario o del Mercado de Valores, los ahorros son canalizados a las empresas y a proyectos productivos que, a su vez, generan más empleos y más ahorros. Es claro que este sistema sólo puede funcionar si se garantiza una protección efectiva a los mismos, de tal suerte que no estén en riesgo de perderse por un abuso, y que exista un marco legal adecuado.

En ese contexto, corresponde quienes integran el Poder Legislativo crear nuevos mecanismos que permitan a las trabajadoras y los trabajadores mexicanos invertir sus ahorros de manera segura y protegida y, en consecuencia, proponer soluciones que mitiguen, de manera adecuada, cualquier riesgo, para proteger a las y los connacionales que más lo necesitan.

Como se aprecia en la exposición de motivos de la iniciativa que dio pie a la reforma del año 2005 a la Ley del Mercado de Valores: todas las acciones tienen el mismo valor”7,de tal forma que no se permita que un grupo de accionistas reciba de manera exclusiva un premio pecuniario por poseer el control corporativo de una empresa, excluyendo de dicho beneficio a los accionistas minoritarios.

Si bien la reforma a la Ley del Mercado de Valores creó un derecho sustantivo en favor de los accionistas minoritarios, omitió crear un mecanismo que permitiera hacer efectivo ese derecho. Por ello, los abusos cometidos por grandes agentes económicos se siguen presentando en el Mercado de Valores mexicano, poniendo en peligro los ahorros de millones de inversionistas.

La situación anterior responde a la clara posición de desventaja en la que se encuentran los accionistas minoritarios frente a los grandes agentes económicos que tienen el control de las emisoras de valores, así como frente a aquellos que pretenden adquirir el control de éstas. Considerado en lo individual, ninguno de los accionistas minoritarios se encuentra en igualdad de circunstancias con el accionista de control o que pretende adquirir el control, por lo que en muchas ocasiones les resulta imposible ejercer un remedio jurisdiccional efectivo que les permita defender sus derechos, generando un detrimento irreparable en su patrimonio.

Por todo lo anterior, es necesario incorporar a la legislación un mecanismo que permita a los accionistas minoritarios ejercer los derechos sustantivos de los cuales son titulares, poniéndolos en igualdad de circunstancias frente a los agentes que se encuentran en posibilidad de cometer abusos en perjuicio de su patrimonio.

Un mecanismo que permitiría lograr este objetivo de protección es la acción colectiva que, tal como está prevista en nuestra legislación, tiene como propósito brindar economía procesal, garantizar el acceso a la justicia y permitir hacer efectivo un derecho en casos en los que la acción individual tradicional resulta insuficiente para tales efectos. Tal acción es particularmente deseable en aquellas materias en las cuales una colectividad es susceptible de ser afectada gravemente en sus derechos e intereses por un agente que, en comparación con cada una de las personas que integran esa colectividad, se encuentra en una posición desmesuradamente ventajosa.

La función de la acción colectiva en este tipo de casos consiste precisamente en colocar a las partes en igualdad de posiciones, por lo menos en lo relativo al acceso a la justicia.

Una de las materias en las que frecuentemente la desigualdad da lugar a abusos entre ciertos agentes y quienes integran una colectividad es la económica y, para el interés de esta propuesta, el Mercado de Valores. En particular, se hace patente en las relaciones entre los accionistas de control y los accionistas minoritarios de las emisoras de valores.

En pertinente volver la mirada, a través del derecho comparado, a aquellos países en donde se otorga una mayor protección a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores. Entre ellos se encuentran Estados Unidos de América, Reino Unido y Australia. Las legislaciones de esas naciones proporcionan esa protección, principalmente, a través de la acción colectiva.

PAÍS

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS

Australia

La Ley Federal Court of Australia Act of 1976 tiene previstas las acciones colectivas, las cuales buscan proteger los intereses de un grupo. Además, se prevé que accionistas minoritarios de las emisoras de valores accedan a la justicia a través de este tipo de demandas.8 A partir de lo anterior, se han presentado distintas acciones en las cuales los inversionistas minoritarios han logrado la protección de sus intereses.

Brasil

Se ha caracterizado por ser el país pionero en las acciones colectivas en América Latina, la primera ley sobre acciones colectivas en Brasil se remonta a 1985. Actualmente, las acciones colectivas en esa nación han estado enfocadas en otorgar protección a grupos de personas discapacitadas, inversionistas, niñez, combate a monopolios e impuestos.9

Canadá

Canadá cuenta con dos tipos de acciones: las de clase, que pueden ser interpuestas por cualquier persona interesada en proteger a sectores específicos de la población, y las ciudadanas, que corresponden a quien desee defender los intereses que son comunes a una colectividad. Esto ha dado lugar a la presentación de acciones colectivas en distintas materias, como la bursátil y la financiera.10

Colombia

En Colombia, la Ley 472 de 1998 regula dos tipos de acciones que protegen los intereses colectivos y de grupo. Éstas tienen por objeto la protección de los derechos, y su finalidad cumple tres aspectos: preventivo, sustantivo y restitutorio.

Estados Unidos de América

Prevé, en la Federal Rules of Civil Procedure, la posibilidad de que accionistas minoritarios de las emisoras de valores puedan acceder a la justicia a través del ejercicio de la acción colectiva. Esto ha permitido que, en materia bursátil, se presenten distintas acciones colectivas.11

La acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia a accionistas minoritarios del Mercado de Valores, dadas las múltiples desventajas a las que se enfrentan, como por ejemplo, la asimetría de información: mientras que los accionistas de control cuentan con toda la información necesaria en relación con la emisora de valores, los accionistas minoritarios únicamente tienen acceso a aquella información que los primeros decidan proporcionarles.

Más relevante aún es la desigualdad económica: mientras que el accionista de control puede destinar enormes cantidades de recursos económicos a crear estructuras que le permitan beneficiarse, el accionista minoritario -considerado individualmente- cuenta con recursos mucho más limitados, por lo cual le resulta imposible hacer efectivos sus derechos cuando éstos son violados por la conducta del accionista de control.

Estas desventajas son susceptibles de ser niveladas a través de la acción colectiva. Al facultar a los accionistas minoritarios para actuar como una colectividad, y para defenderse en un proceso jurisdiccional como grupo, se les permitirá defender sus intereses en condiciones de igualdad ante el agente económico sustancialmente más aventajado, superando la condición más vulnerable de cada uno de los miembros del grupo en lo individual.

Es aquí en donde radica la importancia de permitir que los accionistas minoritarios acudan ante las instancias jurisdiccionales competentes, no en su carácter de individuos, sino como integrantes de una clase que comparte la característica de que los derechos de todos sus miembros han sido igualmente violados por un agente económico con poder sustancialmente superior al de cada uno de ellos en lo particular.

Por otro lado, es importante mencionar que la presente iniciativa busca garantizar la observancia del procedimiento de oferta pública, pues no es un asunto menor, teniendo en cuenta que la oferta pública constituye un fenómeno jurídico económico que responde a la idea de adquirir el control de una sociedad12; por ello es indispensable proteger de la manera más amplia posible la transparencia y correcta ejecución del procedimiento, de manera relevante a todos los accionistas, dando a conocer las características de la oferta y permitiendo así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar en ella cabalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, la iniciativa propone que ante el eventual incumplimiento de esta trascendental obligación, los accionistas minoritarios cuenten con la posibilidad de hacer uso de la acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses.

De tal forma, no sólo se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de Valores, sino que también se permitirá a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores ejercer derechos que, de otro modo, sería quimérico exigir ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, es preciso mencionar que, con la extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, se provocará un claro beneficio al propio aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas acciones es la economía procesal; tal como lo expresa Antonio Gidi:

El objetivo más inmediato de las acciones colectivas es proporcionar eficiencia y economía procesal, al permitir que una multiplicidad de acciones individuales repetitivas en tutela de una misma controversia sea substituida por una única acción colectiva. Las acciones colectivas promueven el ahorro de tiempo y de dinero no sólo para el grupo autor, como también para el Poder Judicial y para el demandado13.   

Los avances legislativos en materia de Mercado de Valores han procurado dotar al mismo de mecanismos suficientes para robustecer las operaciones y actividades que en él se realizan; sin embargo, para que su productividad y redituabilidad siga siendo notoria y relevante para el mercado financiero doméstico, se hace inaplazable legislar atinadamente en favor de los derechos de los inversionistas -y en particular de los accionistas minoritarios-, pues si la dinámica de este mercado no se comporta de manera favorable a sus intereses, se incurre en el riesgo de desincentivar las inversiones y operaciones que ello representa.

No se debe perder de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 17, que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Por lo anterior, corresponde precisamente a las legisladoras y los legisladores ampliar la lista de materias susceptibles de ser objeto de acciones colectivas, en beneficio de aquellos integrantes de grupos que, en lo individual, se encuentran en posiciones extremadamente vulnerables respecto a sus contrapartes.

Con el objeto de dar mayor claridad a los cambios propuestos por esta iniciativa, se comparte el siguiente cuadro comparativo:

Código Federal de Procedimientos Civiles

Texto vigente

Texto propuesto

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, medio ambiente, y de adquisiciones realizadas en violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, para los efectos previstos en el artículo 103 de dicha ley.

ARTICULO 581.- Para los efectos de este Código, los derechos citados en el artículo anterior se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, que se clasificarán en:

I y II. …

III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.

ARTICULO 581.- …

 

 

I y II. …

III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero ya sea el cumplimiento forzoso de un contrato, su rescisión, el pago de daños y perjuicios en el caso previsto en el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, así como la nulidad prevista en dicho artículo, con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.

ARTICULO 585.- Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:

I y II. …

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y

IV. ..

ARTICULO 585.-

 

I y II. …

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y

 

IV. ...

ARTICULO 587.- La demanda deberá contener:

I y II. …

III. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de los miembros de la colectividad promoventes de la demanda;

 

 

 

 

 

IV. a XI. …

….

….

ARTICULO 587.- …

 

I y II. …

III. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de los miembros de la colectividad promoventes de la demanda, o en su defecto, la forma de identificar a dichos miembros de la colectividad. En el caso de las acciones individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, bastará con que la demanda señale el nombre de la emisora de valores cuyas acciones fueron objeto de adquisición, y la bolsa de valores en la que coticen sus acciones.

IV. a XI. …

….

….

ARTICULO 588.- Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa los siguientes:

I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados o al medio ambiente o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal de Competencia;

 

 

II. ..

III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad, en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas;

 

IV. a VII. ..

ARTICULO 588.-

 

I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados, o al medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal de Competencia, o que se trate de adquisiciones realizadas en violación de lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.

II. ...

III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto;

 

IV. a VII. ...

ARTICULO 591.- Concluida la certificación referida en el artículo anterior, el juez proveerá sobre la admisión o desechamiento de la demanda y en su caso, dará vista a los órganos y organismos referidos en la fracción I del artículo 585 de este Código, según la materia del litigio de que se trate.

El auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal al representante legal, quien deberá ratificar la demanda.

El juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se trate, mediante los medios idóneos para tales efectos, tomando en consideración el tamaño, localización y demás características de dicha colectividad. La notificación deberá ser económica, eficiente y amplia, teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso.

 

 

Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá darse trámite en forma inmediata.

ARTICULO 591.-

 

 

 

 

….

 

 

En el caso de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, la notificación se hará mediante la publicación de un evento relevante por la emisora cuyas acciones hubieran sido adquiridas en violación del artículo 98 de dicha Ley. Para tales efectos, el juez ordenará a esa emisora que publique el evento relevante correspondiente, por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones.

Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá darse trámite en forma inmediata.

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

 

 

 

 

 

 

Cada miembro de la colectividad podrá promover el incidente de liquidación, en el que deberá probar el daño sufrido. El juez establecerá en la sentencia, los requisitos y plazos que deberán cumplir los miembros del grupo para promover dicho incidente.

El incidente de liquidación podrá promoverse por cada uno de los miembros de la colectividad en ejecución de sentencia dentro del año calendario siguiente al que la sentencia cause ejecutoria.

A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo.

El pago que resulte del incidente de liquidación será hecho a los miembros de la colectividad en los términos que ordene la sentencia; en ningún caso a través del representante común.

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños y perjuicios en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

Tratándose de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, el juez podrá condenar al demandado a pagar los daños y perjuicios en forma individual a los miembros del grupo, y declarar la nulidad de las operaciones llevadas a cabo en violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.

 

 

 

 …

 

 

 

 

 

Ley del Mercado de Valores

Texto vigente

Texto propuesto

ARTÍCULO 103.- La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una sociedad en contravención de lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o títulos de crédito adquiridos en contravención de dicho precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo obtengan cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias, los tenedores de las demás series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente.

Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley.

ARTÍCULO 103.- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los accionistas podrán demandar tanto la nulidad como el pago de los daños y perjuicios a que hace referencia el párrafo anterior, ya sea de manera individual o mediante la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En este último caso, la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva se hará mediante la publicación de un evento relevante, por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones, que el juez deberá ordenar publicar a la emisora cuyas acciones hayan sido adquiridas en violación de lo establecido en el artículo 98.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 578; 581, fracción III; 585, fracción III; 587, fracción III; 588, fracciones I y III; 591; y 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, medio ambiente, y de adquisiciones realizadas en violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, para los efectos previstos en el artículo 103 de dicha ley.

ARTICULO 581.-

I y II. …

III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero ya sea el cumplimiento forzoso de un contrato, su rescisión, el pago de daños y perjuicios en el caso previsto en el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, así como la nulidad prevista en dicho artículo, con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.

ARTICULO 585.-

I y II. …

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y

IV. …

ARTICULO 587.-

I y II. …

III. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de los miembros de la colectividad promoventes de la demanda, o en su defecto, la forma de identificar a dichos miembros de la colectividad. En el caso de las acciones individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, bastará con que la demanda señale el nombre de la emisora de valores cuyas acciones fueron objeto de adquisición, y la bolsa de valores en la que coticen sus acciones.

IV. a XI. …

….

….

ARTICULO 588.-

I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados, o al medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal de Competencia, o que se trate de adquisiciones realizadas en violación de lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.

II. …

III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto;

IV. a VII. …

ARTICULO 591.-

….

En el caso de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, la notificación se hará mediante la publicación de un evento relevante por la emisora cuyas acciones hubieran sido adquiridas en violación del artículo 98 de dicha Ley. Para tales efectos, el juez ordenará a esa emisora que publique el evento relevante correspondiente, por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones.

Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá darse trámite en forma inmediata.

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños y perjuicios en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

Tratándose de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, el juez podrá condenar al demandado a pagar los daños y perjuicios en forma individual a los miembros del grupo, y declarar la nulidad de las operaciones llevadas a cabo en violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.

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TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se reforma el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 103.- La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una sociedad en contravención de lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o títulos de crédito adquiridos en contravención de dicho precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo obtengan cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias, los tenedores de las demás series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente.

Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley.

Los accionistas podrán demandar tanto la nulidad como el pago de los daños y perjuicios a que hace referencia el párrafo anterior, ya sea de manera individual o mediante la acción colectiva prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En este último caso, la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva se hará mediante la publicación de un evento relevante, por conducto de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones, que el juez deberá ordenar publicar a la emisora cuyas acciones hayan sido adquiridas en violación de lo establecido en el artículo 98.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Ricardo Monreal Ávila.

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. El Mercado de Valores en México,México, 2009, p. 5. Disponible en: https://bit.ly/22tzsGq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

2 Ibidem, pp. 26-27 y 35-36.

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ley del Mercado de Valores, p. 276. Disponible en: https://bit.ly/2Hfefzg Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

4 Ibidem, p. 275.

5 BBVA. ¿Cuál es el círculo virtuoso de la economía?,España, 2015. Disponible en: https://bbva.info/2Hu51y3 Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

6 Jiménez, Gabriela. “AMLO anuncia reducción del 1 % en las comisiones de las Afores”, El Sol de México, México, 21 de diciembre de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2NVW3er Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

7 Op. cit.,p. 292.

8 Australian Government. Federal Court of Australia Act of 1976. Disponible en: https://bit.ly/2VT8avt Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

9 Gómez Rodríguez, Juan Manuel. La Contribución de las acciones colectivas al desarrollo social desde la perspectiva del derecho social. Disponible en: https://bit.ly/2UydvIm Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

10 Londoño Toro, Beatriz. Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación. Disponible en: https://bit.ly/2sg7weq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

11 United States Courts. Federal Rules of civil Procedure. Disponible en: https://bit.ly/2ETTbKW Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

12 LEÓN TOVAR, Soyla H. Control de sociedades mediante oferta pública de adquisición de acciones. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. México, 2019. Pp. 127-129. Disponible en: https://bit.ly/2Hjslzz Fecha de consulta: 13 de marzo de 2019.

13 Gidi, Antonio. Las acciones colectivas en Estados Unidos,Dereito e Sociedade, Brasil, 2004, p. 2. Disponible en: https://bit.ly/2Cfw0Kq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Jesús Encinas Meneses. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 242 y fracción VI del artículo 252, recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de aseguramiento de bienes relacionados con operaciones financieras.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 242 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 252, RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A LA FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Rubén Rocha Moya: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y estimados Senadores:

El nuevo Sistema Penal Acusatorio o adversarial generó muchas, muchas buenas expectativas, primero, porque se trataba de sustituir a un sistema que se abrogaba y que tenía como base de investigación la tortura, la represión, y que, por lo tanto, optar por un sistema garantista, como es el caso de nuestro Sistema Penal Acusatorio, traía, por supuesto, buenas cosas en materia de la persecución del delito.

Sin embargo, a dos años y meses de haberse puesto en vigencia, en operación este nuevo sistema penal, pues recibe muchas críticas, hay quienes, los actores directos, abogados, litigantes, etcétera, demandan reformas, incluso hay quienes demandan la abolición y regresar al viejo sistema.

Y, claro, ningún sistema es perfecto, todos son perfectibles, este, particularmente que tenemos ahora, requiere de ir viendo al amparo del ejercicio y de la práctica qué cosas tienen que mejorarse.

Entre otras muchas, nosotros hemos localizado en la parte procesal una serie de deficiencias que importa corregir, y lo hicimos en octubre los mismos que ahora presentamos esta iniciativa de reformas a los artículos 242 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los Senadores Mónica Fernández, Imelda Castro, Julio Menchaca, Daniel Gutiérrez, Aníbal Ostoa y Ovidio Peralta.

En aquel entonces, planteamos la necesidad de reformar artículos como el 62, el 113, el 131, el 468, etcétera. Hoy seguimos en la misma idea de que hay que perfeccionar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y la reforma que hoy proponemos surge de una consideración muy importante de la Corte.

Primero, digo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales promovieron una acción de inconstitucionalidad sobre varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre ellos la Corte resolvió, esta promoción se hizo en 2014 y el englose de la Corte se publicó apenas el 8 de marzo; resolvió que, en efecto, hay inconstitucionalidad en el 242, el 249, el 303 y el 355.

Sin embargo, el 249, que les leo rápidamente, dice: “En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará…”, la expresión “decretará” o la Suprema Corte la declara inconstitucional, y con la sola ejecutoria se quita, desaparece, no hay necesidad de acción legislativa en este caso.

¿Esta situación por qué se plantea? Primero, porque el monto de un delito, el objeto, los instrumentos, se entiende que el Ministerio Público pueda ordenar inmediato su decomiso, pero cuando el artículo 249 dice: “cuando desaparecieron”, entonces te remites a una figura que se llama valor equivalente en derecho, y ordena al Ministerio Público que le incauten derechos, recursos, así sea el mismo imputado. Y cuando eso ocurre ya no están actuando sobre el monto que puede ser una bolsa de dinero, que puede ser una bicicleta, sino están actuando contra una propiedad que igual puede ser una bolsa de dinero y una bicicleta, pero cuando se actúa contra la propiedad se limita un derecho humano que se llama el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad jurídica personal.

Por eso esto remitió a que todo aquello que tenga que ver con un decomiso o con un embargo precautorio sólo deba autorizarlo una autoridad jurisdiccional: el juez, porque debe fundarlo, debe reflexionarlo y debe ver las circunstancias, y no como estaba aquí que lo haría el Ministerio Público, incluso la policía, pues en eso consiste la reforma.

La reforma al 242, por qué ya no el 249, porque dijimos que la ejecutoria de la inconstitucionalidad quitó el “decretará o”, es decir, no puede decretarlo, puede el Ministerio Público solicitarlo al juez, no decretarlo.

Y en el artículo 142, que entra su inconstitucionalidad por el caso…

Ya voy a terminar.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias.

El Senador Rubén Rocha Moya: Por el caso de la inconstitucionalidad anterior dice el 242: “Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras.

El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá”. Y ahora dice: “el Ministerio Público o la policía podrá”. Entonces, la reforma es eso, estrictamente eso.

¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a rehabilitar un artículo que es muy importante para perseguir los delitos en operaciones financieras.

Esa es en sí la reforma.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Rubén Rocha. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y emocional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia, de los vicepresidentes y Secretaria. Señoras Senadoras y Senadores:

Este es un tema difícil, yo realmente dudaba en presentarlo porque no me siento con la capacidad para ello, pero afortunadamente dentro del Pleno del Senado existen muy buenas y buenos médicos que le entienden a esta situación, pero que realmente para nosotros, sobre todo no solamente para México, sino en Coahuila el problema se ha tornado bastante grave, me refiero a los jóvenes primordialmente. O sea, las causas principales en México de la muerte de jóvenes son accidentes automovilísticos y suicidio, ese es el tema fundamental que nos ocupa.

En Coahuila, cada semana cuatro coahuilenses se quitan la vida de cada diez personas y de cada diez personas que se suicidan ocho son hombres y todos ellos menores de 44 años, o sea, gente joven que rondan los 20 y tantos años de edad. Esa situación, digo, nada más para darles un ejemplo.

Anteayer, en la Ciudad de Saltillo, se suicidó un joven.

Unos dos tres días antes en Torreón, otro.

En Torreón una desgracia todavía mayor de un niño pequeño, de ocho, nueve años se suicida también por problemas de bullying. O sea, el problema está bastante grave en todo el país.

La vida de un joven comprende un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad puesto que representa el presente y futuro del país.

El cuidado de la vida de cada uno de los jóvenes mexicanos debe ser un elemento prioritario para todos los órganos institucionales y en especial para todos los relacionados con la salud.

El problema del suicidio es uno de los más complejos y difíciles de atender por falta de información que existe en torno al tema.

La conducta suicida, según el Manual MSD, “incluye el suicidio y el intento de suicidio. Las ideas de suicidio hacen referencia a la existencia de pensamientos y planes de suicidio”.

El suicidio suele ser el resultado de la interacción de muchos factores, entre los que se incluye, por supuesto, la más importante, la depresión.

Dese 1990 a 2018, en México se suicidaron aproximadamente 104 mil personas, 83 por ciento de ellas fueron hombres y 17 por ciento mujeres. Ahí sí no hay equidad de género, verdad, afortunadamente; del porcentaje de hombres el 72 por ciento tenían menos de 44 años y de 62 mil hombres fueron jóvenes de 26 años que se quitaron la vida, o menos.

Les decía que en Coahuila cuatro coahuilenses se quitan la vida prácticamente cada semana.

Estas cifras son alarmantes, ya aumentan cada año, por lo que debemos atender a la reflexión del suicidio atendiendo a sus múltiples factores.

Si se entiende por salud un estado de completo bienestar físico y social, y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades, terminar con una vida deriva de la ausencia de este bienestar mental y social, por lo que la prevención debe realizarse a partir de la reflexión de ambos términos, especialmente el ámbito de la salud mental donde la salud emocional constituye uno de los factores para la prevención y atención de las conductas suicidas.

No voy a leer todo porque está muy largo.

Ya llevo tres minutos y medio.

En los últimos años se ha generado la preocupación por la inteligencia emocional en los seres humanos, la cual…

¿Qué pasó, ya se acabó el tiempo?

¡Qué bárbaro!...

Permite que se desarrolle el conocimiento sobre la importancia del sentir y controlar las emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo o el enojo para enfrentar asertivamente los problemas y conflictos que día a día se nos presentan.

La Ley General de Salud maneja, el término de salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera efectiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad.

Por su parte, la salud emocional es: “el manejo responsable de los pensamientos, sentimientos y comportamientos, reconociéndoselos, dándonos un nombre, aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan para estar al servicio de los valores.

Si bien la salud emocional se vincula estrechamente con la salud mental, es importante reconocer que la atención y promoción de esta primera, dará como resultado la segunda.

Es por ello que esta propuesta pretende la atención y rehabilitación integral de personas que cuentan con algún padecimiento emocional, así como personas con conductas suicidas.

La propuesta es un proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un numeral 3 al artículo 74 de la Ley General de Salud y el artículo único se modifica la fracción I, y se adiciona la fracción II recorriéndose al siguiente del artículo 74 de la Ley General de Salud.

Para quedar de la siguiente manera:

Artículo 74. La atención de enfermedades mentales comprende:

La atención de personas con padecimientos mentales y de salud emocional, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

-La atención y rehabilitación integral de personas con padecimientos emocionales y personas con conductas suicidas.

Es lo que se le va a agregar, la organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación integral de enfermos mentales.

Eso es, aquí para los médicos, como el doctor, mi Senador América Villarreal, yo creo que él sí le debe entender más al tema, yo lo que sí veo es que es un problema mucho muy fuerte, y en el estado de Coahuila se ha acrecentado, cada vez más, a tal grado, que les decimos que estamos hablando de cuántos suicidios por semana, cuatro coahuilenses por semana son muchos y la mayor parte de esos cuatro, por no decir que la mitad sucede en Saltillo.

Allí, aparte del problema emocional, platicando con algunos médicos, dicen que es probable también que a veces los problemas emocionales vienen por la falta de litio en el cerebro, y según esto el agua de ahí de Saltillo, la capital, carece del contenido de litio adecuado y es probable que eso influya también desde el punto de vista físico en el suicidio de muchas personas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, Senador SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, del grupo parlamentario de MORENA, integrante de la LXIV Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de las Facultades otorgadas por los artículos 6; 71, fracción II; 72 y 73 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a considero del Pleno del Senado de la República, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vida de un joven comprende un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, puesto que representan el presente y el futuro del país; el cuidado de la vida de cada uno de los jóvenes mexicanos debe ser un elemento prioritario para todos los órganos institucionales en especial todos los relacionados con la salud.

En México, las causas principales de la muerte de jóvenes son:

- Por accidentes automovilísticos.

- Por suicidio.

Este último, el suicidio, es uno de los más complejos y difíciles de atender por la falta de información que existe en torno al tema.

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el suicidio como: “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”, Hoy en día esta definición, por sus múltiples ambigüedades, dan como resultado que dentro del marco normativo no se integre la atención y rehabilitación de personas con conducta suicida.

La conducta suicida según el MSD “incluye el suicidio y el intento de suicidio. Las ideas de suicidio hacen referencia a la existencia de pensamientos y planes de suicidio”.

Así mismo, el Suicidio por este mismo Manual: “Suele ser el resultado de la interacción de muchos factores, entre los que se incluye la depresión”.

Desde 1990 a 2015, en México se suicidaron aproximadamente 104 mil personas, 83% de ellas fueron hombres y 17% mujeres; del porcentaje de hombres el 72% tenían menos de 44 años de edad, lo preocupante es que 62 mil hombres fueron jóvenes 26 años de se quitaron la vida.

Estas cifras son alarmantes ya que aumentan cada año, por lo que debemos atender a la reflexión del suicidio atendiendo a sus múltiples factores. Por ellos es importante la adopción de medidas que prevengan y contrarresten que los jóvenes mexicanos opte por el suicidio, que en palabras más duras es el término de sus vidas.

Si se entiende por salud “un estado de completo bienestar físico y social y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades”. Terminar con una vida deriva de la ausencia de este bienestar mental y social, por lo que la prevención debe realizarse a partir de la reflexión de ambos términos, especialmente el ámbito de la salud mental donde la salud emocional constituye uno de los factores para la prevención y atención de las conductas suicidas.

En los últimos años se ha generado la preocupación por la inteligencia emocional en los seres humanos, la cual permite que se desarrolle el conocimiento sobre la importancia del sentir y controlar las emociones como la alegría, la tristeza, el miedo o el enojo para enfrentar asertivamente los problemas y conflictos que día a día se nos presenta.

Para los seres humanos, las emociones se viven todo el tiempo, en el trabajo, las relaciones sociales, las familiares, la escuela, lo que puede generar estrés, cansancio, que derivan en problemas de salud como gastritis, ansiedad, comportamiento violento, e incluso desórdenes mentales, depresión, la agresión y suicidio.

Actualmente se han generado trabajos sobre la concientización de los niños y jóvenes con respecto al conocimiento, manejo y control de las emociones. Sin embargo, en México se le ha dado poca atención a la educación emocional de la población, generándose una preocupación latente por el aumento de problemas y trastornos emocionales, mentales o del comportamiento, entre ellos las conductas suicidas.

Los trastornos emocionales representan actualmente un problema para la productividad del país debido a que las personas afectadas por estos males se ven imposibilitadas para desempeñar una actividad laboral o reducen significativamente su capacidad y disposición para realizarla. En ocasiones, la frustración de no desarrollarse integralmente en la sociedad deriva en plantearse soluciones inmediatas como el acabar con la vida.

Para ello, no solo la inteligencia emocional es solo una referencia o la importancia de la atención y prevención, sino que la Salud Emocional debe competer en primera instancia a todos los órganos del Estado en Materia de Salud.

Aproximadamente el 15% de la población mexicana padece un trastorno emocional, según datos que se desprenden del Neurocongress 2016. En México, de los 18 millones de personas que las padecen, tan solo el 5% se encuentran adecuadamente diagnosticadas y bajo un tratamiento ideal. Cabe resaltar que no existe registro del porcentaje aproximado de los jóvenes que padecen algún problema emocional, puesto que, en la Ley General de Salud, el término Salud Emocional no se encuentra estipulado, ni especificado.

La Ley General de Salud maneja el término Salud mental “como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera efectiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su sociedad” (OMS, 2017).

Por su parte, la Salud Emocional es: “el manejo responsable de los pensamientos, sentimientos y comportamientos, reconociéndolos, dándoles un hombre, aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan para estar al servicio de los valores”.

Si bien, la Salud emocional se vincula estrechamente con la salud mental, es importante reconocer que la atención y promoción de esta primera, dará como resultado la segunda.

Es por ello que esta propuesta pretende la atención y la rehabilitación integral de personas que cuenta con algún padecimiento emocional, así como personas con conductas suicidas.

Ley General de Salud
(Texto Vigente)

Propuesta de Modificación

ARTÍCULO 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:

I. La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas, y


II. La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación
de enfermos mentales

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:

I. La atención de personas con padecimientos mentales y de salud emocional, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. La atención y rehabilitación integral de personas con padecimientos emocionales y personas con conductas suicidas y,

III. La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación Integral de enfermos mentales.

Es por los argumentos antes descritos que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN NÚMERAL TRES AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único: Se modifica la fracción I, y se adiciona la fracción II recorriéndose al siguiente del artículo 74 de Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:

I. La atención de personas con padecimientos mentales y de salud emocional, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. La atención y rehabilitación integral de personas con padecimientos emocionales y personas con conductas suicidas y,

III.

La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación Integral de enfermos mentales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: El Sistema Nacional de Salud en un término de 360 días a la entrada en vigor del Presente Decreto, implementará Políticas Públicas para dar cumplimiento de dichas disposiciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Armando Guadiana. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Con esta iniciativa se concluye la segunda ronda de iniciativas y, pasamos a la primera ronda de puntos de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Novelo Osuna, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California.

El Senador Gerardo Novelo Osuna: Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Es un hecho que, y muy conocido, que el Valle de San Quintín, ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, desde hace más de 35 años se han asentado núcleos de migrantes originarios de diversas entidades del sur del país, principalmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Desde entonces, los diversos grupos de connacionales migrantes establecidos en el Valle de San Quintín, en el ejercicio de sus derechos constitucionales a la libre asociación, decidieron conformar la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social, A. C., para defender sus derechos económicos, sociales y culturales, así como proteger su patrimonio y el de sus familias.

Al paso de los años, gracias a la mano de obra y al trabajo de los jornaleros, han surgido diversas empresas agroindustriales, tanto nacionales como internacionales que han detonado un gran desarrollo económico en la región. Desafortunadamente de forma simultánea han venido ocurriendo sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los trabajadores del campo, sin que la autoridad, así como ningún sindicato hiciera algo al respecto.

Actualmente, la región sur del municipio de Ensenada concentra el mayor número de personas en situación de pobreza extrema y marginación del estado de Baja California.

Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que durante más de tres décadas, el Ejecutivo del estado de Baja California y la propia autoridad laboral han sido totalmente omisas ante las violaciones, denuncias, reclamos e incluso recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, sobre la situación y derechos de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

Por lo anterior, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha presentado, por medio de mi conducto, una demanda ante esta Soberanía con el fin de que atendamos, investiguemos y solucionemos los temas relativos a los problemas sociales que siguen pareciendo los jornaleros agrícolas, obreros y la población indígena en el estado de Baja California.

Las demandas de los trabajadores agremiados a la Alianza consisten en lo siguiente:

1. Revocación del contrato colectivo firmado por la Confederación de Trabajadores de México, CTM, con la asociación agrícola de Baja California.

2. Respeto a los derechos de antigüedad.

3. Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de todos los jornaleros y sus descendientes desde el primer día de su ingreso a una empresa.

4. Pago de todas las prestaciones de ley que les corresponda a los trabajadores del campo.

5. Pago de las horas extras dobles, después de las ocho horas de trabajo, y triple después de 10 horas de trabajo.

6. Cumplimiento y respeto a los derechos de maternidad de las mujeres jornaleras.

7. Cumplimiento y respeto al derecho de licencia de cinco días de paternidad para los hombres jornaleros.

8. Cese y castigo al acoso sexual en contra de las mujeres jornaleras, cometidos por los mayordomos o superiores en las fuentes de trabajo.

9. Cese y sanción contra las represalias a los trabajadores del campo involucrados en los trabajos organizativos, directa o indirectamente, para la defensa de los derechos laborales.

10. Pago de todas las prestaciones de ley para los trabajadores, en los casos del séptimo día y días festivos.

11. Que el salario mínimo estatal que sea de 300 pesos por día para los jornaleros.

12. Que se pague 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el 2001 se está pagando a 12 pesos por caja, y que los días domingos y descansos obligatorios se paguen al doble.

13. Que las cubetas de tomate se paguen a ocho pesos cada una, ya que se pagan a cuatro pesos.

14. Rechazo y no más al salario compactado.

15. Servicio de guardería para las mujeres jornaleras, el cual se sigue planteando como máxima prioridad garantizar el bienestar de los menores.

Para el caso de las mujeres jornaleras, reducir de las jornadas de ocho horas a seis horas con salarios igual, en virtud del extremo esfuerzo y desgaste físico en sus labores desatendiendo las labores referentes al cuidado de sus menores de edad.

Como Senador de Baja California me declaro comprometido a seguir promoviendo, como lo hago ahora, el intercambio de alternativas para solucionar los problemas en materia salarial, educación, vivienda, salud, y en general del desarrollo sustentable del sector agrícola del país.

Asimismo, considero indispensable garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los jornaleros agrícolas a nivel nacional, con el fin de consolidar el proceso de rescate del campo mexicano a la luz de la cuarta transformación, lo que implica forzosamente dignificar la vida de miles de familias que radican en la región del Valle de San Quintín, y poner fin a la injusticia social contemporánea.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senador Novelo.

El Senador Gerardo Novelo Osuna: Claro que sí.

Es por eso que el día de hoy ante el Pleno de esta Soberanía les pido su apoyo, compañeras y compañeros Senadores, para que en el ejercicio de nuestras funciones exhortemos de la manera más respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la aprobación del presente punto de Acuerdo de urgente resolución con el fin de atender las demandas de las y los jornaleros que habitan y laboran en la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Novelo Osuna. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se adhieren los Senadores Trasviña Waldenrath, el doctor Navarro Quintero, Patricia Mercado, Bours. Tome nota la Secretaría, de estas adhesiones, por favor.

¿Quiere hacer uso de la palabra el Senador Novelo?, ¿para qué asunto?

El Senador Gerardo Novelo Osuna: (Desde su escaño) Es que el tema que presenté ahorita es de urgente resolución.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senador, el Acuerdo de la Mesa Directiva es que los temas de urgente resolución no iban a ser tratados en esta sesión, todos se turnan a comisiones. Gracias, Senador Novelo.

Se les recuerda que los puntos de Acuerdo tienen una duración máxima de cinco minutos, y se les invita a los oradores, a los Senadores ajustarse al tiempo máximo previsto.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la Sedatu pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas y conocidas como “Estafa Maestra”.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde 2017 la Auditoría Superior de la Federación advirtió desvíos de cientos de millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Estos se realizaron mediante convenios para prestación de diversos servicios contratados con universidades públicas estatales y subcontratados con empresas fantasmas.

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación mostraron evidencia de malversación de recursos públicos que debían ser investigados por las instancias correspondientes.

Esto fue lo que se conoció como la “Estafa Maestra”, recursos que estaban destinados originalmente para ampliar la cobertura de programas sociales y servicios en las zonas más rezagadas, esto es, dinero para los pobres de los pobres, que en su mayoría son indígenas; presupuesto para apoyar familias en pobreza alimentaria, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa estelar del sexenio anterior convertido en un fraude mayúsculo.

Las primeras investigaciones de la entonces PGR han apuntado hacia funcionarios de la Sedatu, que supuestamente habían firmado las transferencias y a pesar que dos de ellos denunciaron la falsificación de sus firmas, la PGR los procesó por falsedad y han sido señalados como responsables del delito de uso indebido de funciones, y están vinculados a proceso.

Todas las pistas de la falsificación y elaboración de documentos apócrifos conducen a la Oficialía Mayor de la Sedatu, quien también ocupó el mismo cargo en la Sedesol, sin embargo, sigue impune.

El día de hoy nos enteramos por la prensa nacional, aquí está, que uno de los principales operadores de la “Estafa Maestra” ha sido exonerado por un Juez, en el caso de la única denuncia por 185 millones de pesos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, que por cierto soy originaria de ese municipio.

Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, se aboquen a esclarecer la ruta del dinero, ¿quién pagó y cómo se pagó?

No es posible que el principal operador financiero no tenga responsabilidades sobre el ejercicio de estos recursos, es escandaloso ensañarse contra dos servidores públicos que no tenían en sus respectivas oficinas recursos para pagar a las universidades tecnológicas los dineros que salieron de la Sedatu.

Es evidente que se está creando, junto con la “Estafa Maestra”, otra estafa legal y jurídica para hacernos creer a todos, con una cortina de humo que los responsables de esta película de terror son los funcionarios que se atrevieron a denunciar la falsificación de sus firmas.

Para que haya congruencia en el combate a la corrupción es necesario investigar el origen y destino de los recursos malversados por los servidores públicos verdaderamente responsables del daño patrimonial ocasionado por “la estafa maestra”, más de siete mil millones de pesos etiquetados para combatir la pobreza, desviados para otros fines.

Esto es lo que se tiene que investigar, un saqueo millonario iniciado apenas hace un lustro.

Hay que buscar y sancionar a los responsables y que paguen por el fraude cometido. Esto es lo que deben reclamar, porque era dinero para los más pobres de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, y se sabe que el 75 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza.

Esto es indispensable para restaurar la percepción que la presente administración realmente pretende combatir la corrupción, porque pareciera que el primer mandatario es benévolo con quienes nos saquearon en los últimos años, pero exigente con los que lo hicieron hace 500 años.

Hoy en la mañana el Presidente dijo lo siguiente: “consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer una disculpa a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos”.

Yo retomo sus palabras y, sin ánimo de confrontación, en el Partido Acción Nacional consideramos que lo procedente es investigar y sancionar a los responsables del desvío de los recursos destinados a reducir el hambre en la población indígena.

Les aseguro que con ello los pueblos indígenas se sentirán menos agraviados.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGUE LA RUTA QUE SIGUIERON LOS MILLONES DE PESOS QUE LA SEDATU PAGÓ A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO, ASÍ COMO LAS EMPRESAS QUE SUBCONTRATARON Y LAS CUENTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE DICHA DESVIACIÓN DE RECURSOS DETECTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DURANTE EL SEXENIO PASADO, SEÑALADAS EN LA DENOMINADA “ESTAFA MAESTRA”, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El portal de noticias “Animal Político” y la Organización Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron la denominada “La Estafa Maestra” en septiembre de 2017,  en donde se reveló que se había detectado por parte de la Auditoría Superior de la Federación detectó supuestos desvíos de millones de pesos hechas en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Robles, realizado a través de universidades públicas y televisoras públicas, mediante esquemas de desvío de dinero operados a través de convenios para la prestación de diversos servicios, que por su parte la SEDATU según celebró con universidades y organismos estatales en los años 2015 y 2016. Lo cual fue revelado en tres auditorías de carácter forense realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Entre las instituciones revisadas en las auditorías que participaron en este esquema son la Universidad Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario y las Politécnicas de Quintana Roo, Francisco I. Madero y Chiapas, que recibieron millones de pesos en convenios con la SEDATU.

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas, presentadas por el gobierno federal en el sexenio pasado, muestran evidencias de malversación de recursos públicos que deben ser investigadas por las instancias correspondientes. En particular, los mecanismos de desvío de recursos conocidos como la “Estafa Maestra” que deben ser investigados y los responsables sometidos a los procesos legales adecuados para definir y fincar responsabilidades, respetando, por supuesto, el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados

El objetivo del combate a la corrupción y de la rendición de cuentas debe ser doble: clarificar los mecanismos y responsables del ejercicio indebido de recursos y/o funciones a fin de ejercer acciones correctivas que los prevengan en el futuro, y reintegrar los montos defraudados a la hacienda pública.

Actualmente, se desahogan juicios promovidos por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) vinculados a la Estafa Maestra. Es necesario que estos juicios se resuelvan en estricto apego a derecho. Que se investigue el origen y destino de los recursos malversados por los servidores públicos responsables de la llamada “Estafa Maestra” y que se impida que los ex servidores públicos de la SEDATU, a través de acciones concertadas con los servidores públicos de la anterior administración que siguen en la Fiscalía General de la República, conviertan a la “Estafa Maestra” no solo en un mecanismo para sustraer recursos del erario público, sino también en una estafa jurídica que permita sustraer de la acción de la justicia a los responsables del daño patrimonial del que hayan sido responsables.

Cabe mencionar que, la democracia mexicana ha tenido avances importantes en diversas áreas de su desarrollo; sin embargo, es evidente que la rendición de cuentas, el cumplimiento del Estado de Derecho y la procuración de justicia son tareas pendientes que requieren de la atención de todos los actores políticos y de las instituciones involucradas.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

IV.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación por desvío de recursos:

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; ’’

‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; ‘’

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables; ‘’

‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, investigue los delitos que se pudieron haber configurado por el desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de empresas fantasmas e instituciones educativas durante el sexenio pasado. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la SEDATU pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas en la denominada “Estafa Maestra”.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que informe acerca de las investigaciones que ha realizado en contra de servidores públicos por el desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el sexenio pasado en la llamada “Estafa Maestra”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, de 27 marzo de 2019.

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades referentes a la transportación de abejas reina.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Estimadas amigas y amigos, Senadoras y Senadores:

¿Qué harían ustedes si conocieran a un inventor que fuera capaz de hacer que la información se transmitiera ya no solo inalámbricamente, sino que se pudiera transmitir en lo que comemos?

Si a través de comer supiéramos, aprendiéramos, nos informáramos, ¿qué clase de inventor sería este y qué clase de tratamiento le daría la humanidad?

Una humanidad que descubrió la comunicación celular en 1973 y fue capaz de comercializarla hasta 1990, y somos una humanidad presuntuosa, soberbia de nuestros logros tecnológicos.

¡Pobres de nosotros!

Las abejas hacen todo esto hace miles de años y lo más importante, hace miles de años trabajan para la humanidad sin que jamás hayan obtenido el menor reconocimiento.

Bueno, nosotros somos el quinto productor de miel en el mundo y somos un país que apenas consume 200 gramos al año per cápita de miel, mientras los europeos consumen más de un kilo. El 80 por ciento de nuestra producción se destina a satisfacer a los exigentes, cada vez más exigentes, mercados europeos. Y eso sí, ellos crecen fuertes, bien alimentados, mientras nosotros, nuestra población de apicultores, que son más de 40 mil familias, el 80 por ciento son pobres.

Hoy, además, afectados por un problema muy serio, la falsificación de la miel, lo cual está causando, además de las plagas y los problemas de clima, el desplome del precio que hoy llega a 25 pesos por kilogramo, lo cual hace inviable la subsistencia de los apicultores.

Hoy ustedes tienen, espero que ya lo tengan, en sus respectivas oficinas, dadas las nuevas disposiciones de la Mesa no pudimos hacerlo aquí en el Pleno, pero espero que todos tengan un poco de miel de Yucatán en sus oficinas y quiero que cuando la prueben se acuerden que estos impresionantes insectos son capaces de producir este alimento que se ha encontrado incluso intacto en sitios arqueológicos, de cientos o miles de años.

Qué animal tan sorprendente, qué insecto tan voluntarioso y hoy lo que les vine a pedir son dos cosas: primero, que en nuestros estados estemos atentos a los problemas de los apicultores, son más importantes que otra clase de productores y, sin embargo, no reciben la atención suficiente.

Hoy tengo que agradecer aquí que el gobierno federal por fin los haya puesto como recipiendarios de apoyo a los que tengan menos de 200 cajas dentro de los programas de fomento que ha establecido este gobierno.

Pero ahora tenemos que asegurarnos que las reglas se puedan cumplir y que no sean lo apicultores pobres los que se queden con el problema de que ya no alcanzó el presupuesto, porque importantes productores agroindustriales, agro-ganaderos o exitosos empresarios del campo han absorbido la mayoría de esos apoyos.

Asegurémonos de que esos apoyo van a llegar a la población de apicultores de México, y este que les traigo es un pequeño problema, pero muy significativo para todos.

Las abejas reinas son la parte medular del trabajo de la colmenas, los apicultores tienen que trasladar estas abejas para renovar sus reinas en sus colmenas.

De manera muy especial, estos insectos necesitan un abeja reina cada tres años cuando tienen que renovarla por caducidad, por edad, pero es preferible hacerlo lo antes posible. Hoy no lo pueden hacer, el traslado de estos insectos, de estos ejemplares de abejas reinas no está siendo aceptado por las empresas de mensajería.

Por eso la solicitud de apoyo a la Secretaría de Economía, y específicamente a la Profeco, no hay ninguna razón técnica, válida para que se le prohíba a los apicultores hacer este tipo de traslados a través de las empresas de mensajería, lo han venido haciendo por años, simplemente hoy parece ser un tema menos rentable.

Amigas y amigos, este es un insecto que merece todo nuestro reconocimiento y los que lo crían, todo nuestro apoyo, nuestro afectuoso apoyo, ya que estamos en la temporada de los perdones, escuchaba yo hace unos momentos, amigas y amigos, inscribamos a las abejas, les debemos muchísimo más desde hace miles de años.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Se turna a la Comisión de Economía.






Tiene la palabra el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales y extranjeros.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

Asisto a esta alta tribuna para presentar un punto de Acuerdo relativo a un tema de suma importancia, pues en aras de lograr garantizar un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes que sufren terribles daños mediante quemaduras.

En México, las quemaduras son las causas más frecuentes de atención médicas en las salas de urgencia, en donde de el 18 por ciento de los lesionados hospitalizados no sobrevive, esto, debido a la falta de unidades médicas para la atención de quemaduras, la delimitación impuesta por deficiencias en calidad y cantidad de las vías terrestres de comunicación, así como la distancia existente entre los centros poblacionales, pero sobre todo por las pocas unidades especializadas en atención.

Las quemaduras son una de las principales causas que generan más muertes en niños en nuestro país.

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, determinó que aproximadamente al año mueren 96 mil niños por quemaduras a causa de fuego, lo que constituye un problema de salud pública.

En el año 2017, se reportaron en el país alrededor de 16 mil 133 casos de quemaduras en menores, 623 casos en menores de un año y 5 mil 336 en menores de entre 1 y 4 años de edad.

Es pertinente precisar que los gastos médicos de un paciente que sufrió quemaduras son muy altos, pues se estima que un paciente quemado necesita para gastos prehospitalarios y hospitalarios alrededor de 30 mil y 500 mil pesos, y esto en caso de severidad leve, pero en caso de severidad mayor, entre 500 mil y hasta 5 millones de pesos.

El resultado de un costo tan elevado en el tratamiento por quemaduras y el hecho de que en la mayoría de los casos los pacientes sean de ingresos bajo y mediano, conduce a que los gastos sean solventados por el gobierno, asociaciones no gubernamentales y por último, las familias.

En ese sentido, resulta evidente que en muchos de los estados del país no cuentan con un área especializada en el tratamiento de menores con quemaduras, no obstante de que la Secretaría de Salud lanzó el modelo para la prevención de quemaduras en grupos vulnerables en México, no se puede dejar de ocupar atención en dicho problema de salud pública.

Por otro lado, existen fundaciones con capacidades técnicas y humanas en la materia, siendo significativa la Fundación Michou y Mau para niños quemados, una institución no lucrativa que asiste a niños con quemaduras, canalizándolos por ser el único conducto autorizado en el Hospital Shriners en Galveston, Texas, para que reciban el mejor tratamiento posible, apoyando así a la comunidad médica con capacitación para el manejo del menor, impulsando el desarrollo de unidades avanzadas y servicios actualizados para el tratamiento de niñas y niños que deben tener este control en sus secuelas.
La presente proposición con punto de Acuerdo pretende, por un lado, prever afectaciones a la salud de la población, primordialmente a menores niñas, niños y adolescentes y, por el otro, que existan las herramientas y los recursos necesarios en el sector para el tratamiento del problema de salud pública expuesto.

Por lo anterior, solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo.

Primero. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de un fideicomiso anual para el traslado en caso necesario al hospital Shriners, en Galveston, Texas, así como el fomento de una campaña preventiva en coordinación con la Fundación Michou y Mau, por ser esta la de mayor especialización y conocimiento en la materia, pues no es poco decir que el tratamiento a este tipo de pacientes, el tiempo de respuesta y atención es la diferencia, la diferencia entre la vida y la muerte de los        niños.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO ANUAL  PARA EL TRASLADO Y TRATAMIENTO DE NIÑOS Y JÓVENES QUEMADOS EN HOSPITALES ESPECIALIZADOS NACIONALES O INTERNACIONALES, DEBIENDO ASESORARSE PARA SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS, FUNDACIONES O ASOCIACIONES CIVILES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA, COMO LO PUEDE SER LA FUNDACIÓN MICHOU Y MAU, I.A.P., al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Cifras y estadísticas sobre quemaduras en menores. -

Las lesiones por quemaduras en la piel u otros órganos del cuerpo humano ocasionan mundialmente alrededor de 180 000 muertes al año1, principalmente en países con ingresos bajos o medianos, y las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras en piel u órganos son causadas por fricciones, por el calor, o por estar en contacto con radiación, radiactividad, electricidad o productos químicos o corrosivos, por lo que en mayoría de casos se producen en el ámbito doméstico o laboral.
En ese sentido, mayormente las mujeres y niños suelen sufrir quemaduras domésticas, ocasionadas por líquidos calientes de cocina, fuego o pirotecnia, en tanto que los hombres son propensos a quemaduras laborales, ya sea por ser parte del desempeño de su empleo o por accidentes.

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, determinaron que aproximadamente 96 000 niños al año mueren a causa de mortalidad por quemaduras a causa de fuego2, lo que constituye un problema de salud pública y de primera necesidad al que deben prestar atenciones de prevención, puesto que la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual el Estado Mexicano froma parte, establece en su artículo 24, el que los Estados Partes aseguren el derecho a la salud, aplicando entre otras medidas aquellas que se orienten a reducir la mortalidad infantil:

“Artículo 24:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nin?o al disfrute del ma?s alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilita- cio?n de la salud. Los Estados Partes se esforzara?n por asegurar que ningu?n nin?o sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurara?n la plena aplicacio?n de este derecho y, en particular, adoptara?n las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la nin?ez;

b) Asegurar la prestacio?n de la asistencia me?dica y la atencio?n sanitaria que sean necesarias a todos los nin?os, haciendo hincapie? en el desarrollo de la atencio?n primaria de salud; …3

Sin embargo, en México, las quemaduras son las causas más frecuentes de atención médica en las salas de urgencias, en donde el 18% de los lesionados hospitalizados no sobrevive, esto, debido a la falta de unidades medicas para la atención de quemaduras, la limitación impuesta por deficiencia en calidad y cantidad de las vías terrestres de comunicación, y la distancia existente entre los centro poblacionales y las pocas unidades especializadas en atención.4

Así mismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, reportó en el año 2011 que las quemaduras a nivel nacional ocuparon el lugar 17 de frecuencia de nuevos casos de enfermedad, con 129 779 pacientes. De los cuales 13 864 casos fueron menores de entre 1 y 4 años5.

En tanto que, en el año 2017, en el país se reportaron alrededor de 16 133 casos de quemaduras en menores, 623 casos en menores de un año, 5 336 en menores de entre 1 y 4 años, 3 342 casos en menores de entre 5 y 9 años, 2 956 casos en menores de entre 10 y 14 años y por último 3 926 casos en menores de entre 15 y 19 años6, por lo que se considera como una de las principales causas de muerte en los niños y adolescentes en México.
De las personas que fallecieron durante el 2013 a consecuencia de quemaduras, el 10.2 % entraron en la categoría de 0 a 9 años y el 5.9 % de 10 a 19. Con esto, las quemaduras en 2013 se ubicaron en el lugar 32 dentro de las principales causas de muerte en menores de cinco años con 0.4 defunciones por cada cien mil, en el lugar 22 en menores de 5 a 9 años con 0.1 muertes y en el lugar 25 en adolescentes con 0.1 muertes por cada cien mil.

II. El problema. –

Como ya se dijo, las quemaduras son un problema serio de salud pública, pues en los casos de sobrevivencia, las lesiones dejan graves secuelas a los pacientes, desde cicatrices en apariencia, hasta perder movilidad, ciertas capacidades físicas o infecciones.

Es pertinente precisar que los gastos médicos de un paciente que sufrió quemaduras son muy altos, pues se estima que un paciente quemado necesita por gastos prehospitalarios y hospitalarios alrededor de 30 mil y 499 999 pesos, en casos de severidad leve sin disfunción orgánica, de 500 mil a 5 millones de pesos, en casos de severidad moderada y de 5 a 40 millones en casos severos7.

El resultado de un costo tan elevado en el tratamiento por quemaduras y el hecho de que en la mayoría de los casos los pacientes sean de ingresos bajo y mediano, conduce a que los gastos sean solventados por el gobierno, asociaciones no gubernamentales y por último, las familias.

Sin embargo, ese no es el principal problema en México, pues entre 2014 y 2015 se consultó a los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, como encargados de la implementación de estrategias para prevenir lesiones no intencionales en el país, dando como resultado que pocas acciones se implementan a nivel local.

En ese sentido, resulta evidente que muchos de los estados del país no cuentan con un área especializada en el tratamiento de menores con quemaduras y, pese a que la Secretaría de Salud lanzó el Modelo para la prevención de quemaduras en grupos vulnerables en México, a través del cual se plantean los grandes problemas y posibles soluciones para la prevención y tratamiento, no se puede dejar de ocupar atención en dicho problema de salud pública, pues, según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Investigación y Atención a quemados, solo 12 entidades federativas, tendrían unidades especializadas que brinden atención a pacientes con lesiones por quemaduras, las cuales, se encuentran distribuidas de la siguiente manera8:

Cantidad de Unidades Médicas Especializadas en Quemaduras.

Entidad Federativa.

5

Ciudad de México

2

Veracruz, Veracruz,

1

Toluca, Estado de México

1

Morelia, Michoacán

1

Guadalajara, Jalisco

1

Villahermosa, Tabasco

1

Tlaxcala, Tlaxcala

1

Chihuahua, Chihuahua

1

Ciudad, Victoria, Tamaulipas

1

Monterrey, Nuevo León

1

Hermosillo, Sonora

1

Xalapa, Veracruz

III. Otros factores. –

En muchos de los casos las quemaduras son prevenibles, por lo anterior, países mayormente desarrollados han logrado disminuir cifras respecto a las incidencias de quemaduras, con avances en materias de prevención y atención.

De conformidad a la Organización Mundial de la Salud, se debe generar mayor conciencia, elaborar políticas eficaces y exigir su cumplimiento, describir la carga del problema y los factores de riesgo, establecer las prioridades en la investigación y promover las intervenciones prometedoras, ofrecer programas de prevención de quemaduras, fortalecer su atención y las capacidades institucionales.

La Salud Pública de calidad es una obligación gubernamental para los ciudadanos de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que, se deben de crear políticas públicas que garanticen campañas y programas de prevención, así como la atención médica, sin embargo, no se ha actuado de manera eficaz ante está problemática.

Por otro lado, en existen fundaciones con capacidades técnicas y humanas en la materia, como la Fundación Michou y Mau para niños quemados, como institución no lucrativa que asiste a niños con quemaduras, canalizándoles a centros especializados para que reciban el mejor tratamiento, asimismo, apoyan a la comunidad médica con capacitación para el manejo del menor con quemaduras e impulsa el desarrollo de unidades avanzadas y servicios actualizados para el tratamiento de los niños y de las secuelas que les ocasionan, realiza campañas de concientización al gobierno y a la sociedad sobre las necesidades del paciente y promueve la cultura preventiva9.

La presente proposición con punto de acuerdo pretende por un lado, prevenir afectaciones a la salud de la población, primordialmente menores niños, niñas y adolescentes, y por el otro, que existan las herramientas necesarias del sector salud, para el tratamiento del problema de salud pública expuesto.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía que someta a consideración la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de un fideicomiso anual  para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados nacionales o internacionales, debiendo asesorarse para su implementación de los organismos, fundaciones o asociaciones civiles especializadas en la materia, como lo puede ser la Fundación Michou y Mau, I.A.P.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez.

1 Quemaduras, Organización Mundial de la Salud, consultable en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns

2 Cada día mueren más de 2000 niños por lesiones no intencionales, Organización Mundial de la Salud, consultable en: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr46/es/

3 Convención sobre los Derechos del Niño, consultable en:
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

4 Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009, Consultable en:
https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n4/GMM_148_2012_4_349-357.pdf

5 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2015, ISSSTE.

6 Datos Abiertos, Anuarios Estadísticos; Secretaría de Salud, consultable en:
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

7 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2015, ISSSTE.

8 Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, consultable en: https://www.inr.gob.mx/ceniaq.html

9 Fundación Michou y Mau I.A.P., consultable en: http://www.fmym.org/

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Castañón Ramírez. Se turna a la Comisión de Salud.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar las concesiones carreteras.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Nuevamente los saludo y me da mucho gusto, compañeros Senadores y Senadoras.

Porque hay que hablar sobre uno de los grandes retos que tiene México, la decadente infraestructura en nuestras vías de comunicación terrestre y la urgencia de corregir esta situación.

Este punto de Acuerdo, y todos lo sabemos porque andamos en las carreteras de nuestro país, es un punto de Acuerdo que no va relacionado específicamente a la inversión en las carreteras porque nuestra infraestructura en carreteras es ineficiente, anacrónica y, por si fuera poco, parece estar totalmente desatendida.

En la actualidad nuestro sistema de carreteras limita nuestro crecimiento económico y, también hay que decirlo, son inaceptables las altas tarifas que se pagan por el servicio que obtenemos.

Las y los mexicanos estamos pagando caro mientras nuestros caminos y puentes se desgastan, nuestra competitividad como país se desgasta junto con ellos.

Lo que necesitamos es un sistema de infraestructura que promueva, en menor tiempo de viaje y genere aumento en la movilidad, que evite los congestionamientos y aumente la productividad, no que genere obstáculos a cada par de kilómetros.

No es posible que en Puebla, y quiero referirme a mi estado, se haya incrementado a partir del 1º de febrero un 10 por ciento en las tarifas de las casetas, cuando el estado de las mismas es incorrecto.

Que existen rutas como las que nos llevan al hermosísimo puerto de Acapulco, como la Autopista del Sol, donde el ciudadano tiene que pagar 8 pesos con 50 centavos por kilómetro sin recibir un servicio adecuado.

No pedimos algo imposible, lo que estoy solicitando es que se revisen los contratos de concesiones, en donde los hay, porque no están cumpliendo con los convenios, y si sí lo están haciendo exhortémoslos a que lo hagan mejor.

Por eso quiero decirles que este exhorto es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise, evalúe y, en su caso, cancele las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano, a fin de garantizar la preservación del interés público.

No hay razón para no hacerlo, no hay razón para negarnos a esta solicitud de verificación y el correcto cumplimiento del servicio de conectividad al cual se comprometieron, cuando se les otorgaron las concesiones.

Es muy fácil, nos toca decidir en esta Soberanía, por la productividad y el bienestar o por la continuidad de los mismos casos que reportamos en todo nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

De la senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO Y SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, solicitan a esta honorable asamblea EXHORTE A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE REVISE LAS CONCESIONES OTORGADAS A LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE CONSTRUIR, OPERAR, EXPLOTAR, CONSERVAR Y MANTENER LAS DIVERSAS CARRETERAS DE PEAJE EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO A FIN DE GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO.

Antecedentes

En nuestro país, las autopistas de cuota o carreteras de peaje han constituido un serio problema que desde hace décadas viene afectando la economía y pone en riegos la integridad de todas aquellas personas que transitan por ellas. A todo lo largo y ancho del territorio nacional existen tramos carreteros que representan un negocio altamente rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron concesionadas y un peligro para aquellos que por necesidad las utilizan.

De acuerdo con la SCT y Banobras (2003) una concesión carretera es “un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”; asimismo, con la evolución de diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos, actualmente se cuenta con una legislación especializada, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de enero de 2012, que tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la distribución de beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión de un servicio público específico.

De acuerdo con la Ley APP y con la Dirección General de Desarrollo Carretero, las APP en el sector carretero comprenden tres principales tipos de contratos de largo plazo que incluyen las concesiones carreteras “tradicionales” (única opción hasta antes del año 2012), además de proyectos de prestación de servicios (PPS) y el aprovechamiento de activos.

Asimismo, se reconoce que la primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989 con el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la financiación de las concesiones con una aportación del ‘Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)’ del 50% de los costos de la construcción, a la vez que el Gobierno aportaba un 25%. De este modo y tan sólo el 25% restante debía ser aportado por las empresas privadas” (Vassallo e Izquierdo, 2010).

El desempeño de las concesiones de infraestructura carretera es un tema de suma importancia para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los montos de inversión requeridos, a la vez que presentan diversos retos para la medición de sus efectos y beneficios esperados en el largo plazo, aunado a la escasa información pública de calidad y confiable, lo que provoca una necesidad por explorar nuevas herramientas para aproximarse a la medición del desempeño de dichas concesiones, dadas las limitaciones que aún presentan las evaluaciones costo – beneficio, auditorias de gastos y otras técnicas convencionales.

Asimismo, dada la importancia del modo de transporte carretero en México, resulta importante ampliar la exploración de la productividad y del comportamiento de los factores que afectan el desempeño de las empresas proveedoras de infraestructura de transporte carretero.

En los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se triplicó, lo que genera ingresos millonarios para las empresas que las construyen y operan.

A lo largo y ancho del país existen tramos carreteros con tarifas de peaje verdaderamente y aquí le mencionamos algunos ejemplos:

• Libramiento Norte de la Ciudad de México (ARCO Norte) son 223 kilómetros de longitud, con un costo de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos).

• La Marquesa-Ciudad de México sólo es un puente de 21 kilómetros por el que pagas cerca de 85 pesos. Esto significa que cada kilómetro te costará alrededor de 3 pesos con 90 centavos.

• Guadalajara-Tepic sus 169 kilómetros te costará 409 pesos en total, alrededor de 2 pesos con 42 centavos por kilómetro.

• Macrotúnel de Acapulco pagas 8 pesos con 50 centavos por cada kilómetro.

Desde hace varias décadas la federación ha dejado de invertir en infraestructura carretera proporcionalmente hablando a la demanda social y ha dejado en manos de la iniciativa privada la construcción de las mismas convirtiéndolo en un gran negocio para unos cuantos.

Tal es el caso de la constructora OHL, la cual el anterior gobierno federal le otorgo la concesión de gran parte de los tramos de peaje que recorren casi todo el territorio de la capital del país y la zona metropolitana.

Cabe mencionar que en estas autopistas los aumentos a las tarifas de peaje que se han realizado año con año no han sido proporcionales a la inflación, si no han estado muy por encima de ella.

Pareciera que los incrementos a las tarifas de peaje se dan de manera discrecional con la anuencia de las autoridades en dónde los afectados son los usuarios de las mismas, es un atentado a la economía familiar de las y los mexicanos aunado a las malas condiciones de infraestructura en las que algunas de ellas se encuentran.

Es por eso por lo que debido a la enorme trascendencia que significa la claridad y transparencia de las concesiones carreteras en México presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Punto de Acuerdo por el que se solicita a esta Honorable asamblea exhorte a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público.

Presentado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Vamos a continuar con los turnos.






Tiene la palabra el Senador Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM, por cinco minutos, para presentar punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política energética nacional.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

México ha sido pionero en relación al cambio climático, nosotros firmamos y logramos al Ley de Cambio Climático en el año 2012, tres años antes de que se lograra el gran Acuerdo de París y creo que debemos de continuar en esa ruta. También la Ley de Transición Energética ha sido muy importante para nuestro país.

El presente punto de Acuerdo ese de suma importancia porque el medio ambiente y la política energética están vinculados de manera estrecha. Son transversales.

No podemos gozar de un derecho al medio ambiente sano si no contamos con una política energética basada en energías limpias. Es así de simple y de sencillo.

Durante las últimas semanas los ciudadanos que están comprometidos con el medio ambiente me han expresado su preocupación ante el aparente cambio de la política energética que se está desarrollando en la presente administración.

Hay mucha incertidumbre y aun cuando le damos el beneficio de la duda a la nueva Secretaría y ex compañera, la Senadora Rocío Nahle, no podemos y no vamos a dejar de expresarnos.

Estamos preocupados por varias razones, principalmente:

Porque en diciembre de 2018 el Centro Nacional de Control de Energía; Cenace, por sus siglas, informó la suspensión de la siguiente subasta de energía eléctrica de largo plazo, y posteriormente anunció la cancelación de la subastas señaladas, que estas se reactivarían hasta 2021.

Segundo, la Cumbre de la Alianza Energética 2019, organizada entre el gobierno de México y el gobierno alemán para este pasado 19 de marzo, fue cancelada con pocos días de antelación. Con ello se pierde una valiosa oportunidad de cooperación internacional y diálogo de alto nivel en materia de transición energética para ambos países.

Estamos de acuerdo en lo que dijo la Secretaría el otro día a los medios de comunicación, que es importante incluir expositores mexicanos en los paneles; sin embargo, no creemos que esto sea motivo para no transitar de manera coordinada con el gobierno alemán.

Tercero. Sabemos que México tiene que dejar de consumir combustibles fósiles de manera gradual e invertir más en electricidad renovable para poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. A pesar de esto se han mandado señales confusas en torno al carbón. Todo esto que sucedió la semana pasada.

La suma de estos tres sucesos ha generado una incertidumbre innecesaria en torno a la política energética actual, pareciera que se está yendo en sentido contrario hacia una política de desarrollo sustentable, pareciera que va en contra del cumplimiento de la Ley de Transición Energética, de la Ley General del Cambio Climático, y sobre todo, del gran Acuerdo de París.

Tenemos que estar listos para la transición energética, no es posible que muchos países nos lleven la delantera, por ejemplo, un país como Chile se ha convertido en líder mundial en el uso e inversión de energías renovables, sobre todo en la energía solar. Ha implementado políticas públicas para dejar de lado al carbón y han incrementado la inversión en energías limpias.

En Chile se están generando muchos empleos verdes mediante la inversión de energías limpias, hacia allá debemos de aspirar, no podemos quedarnos atrás. México tiene un enorme potencial de energías renovables, nuestro país ha sido bendecido con una ubicación geográfica con la cual recibimos irradiación solar todo el año. Aprovechemos esto, sigamos invirtiendo en energías renovables.

Y qué decir de La Ventosa, punto de encuentro de los vientos más atractivos del mundo. De verdad que fuimos bendecidos.

Los más recientes informes económicos muestran la supremacía económica de las energías limpias, los precios de la energía solar y de la energía eólica siguen descendiendo y esto no va a parar, esta tendencia va a continuar, hay estudios que así lo demuestran.

Esta información debemos utilizarla para tomar decisiones de política pública que nos lleven hacia la decisión correcta, no podemos seguir invirtiendo en combustibles fósiles, no existe un planeta b, no tenemos más que este hogar, esa esfera, el llamado planeta azul.

Este gobierno tiene un mandato de 30 millones de votos y lo respetamos, lo aplaudimos, estamos conscientes de ello, y estamos conscientes de que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que el país no puede transitar de la misma manera; sin embargo, ese cambio también consiste en generar una política que vaya dirigida hacia la transición energética, debemos de buscar empleos limpios, empleos que generen bienestar, pero al mismo tiempo que también protejan al medio ambiente.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Concluyo, señora Presidenta.

Les pregunto: ¿De qué va a servir tanto progreso si no cuidamos nuestros recursos? ¿Qué va a pasar con nuestros ecosistemas? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?

Recuerden que somos un país altamente vulnerable al cambio climático, si continuamos invirtiendo en combustibles fósiles pagaremos las consecuencias y gastaremos miles de millones de pesos en este fenómeno para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático. No sólo eso, sino que los más vulnerables son y serán los que más lo padezcan.

Por ello hago un llamado enérgico a nuestra ex compañera, ahora Secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque sé que sabe escuchar para que se esclarezca esta incertidumbre, para que corrijamos el rumbo, se dirija nuestro país hacia las energías limpias y de esta manera estemos a la altura y el reto del siglo XXI.

Sabemos que la Secretaria tiene gran interés en el tema de las energías renovables, pero como todos sabemos, a las palabras se las lleva el viento; los hechos son los que hablan y hablan fuerte.

Y con hechos debemos de demostrar a la población mexicana que el gobierno federal va a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales que México ha asumido en materia ambiental, de cambio climático y de energías limpias.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INFORMAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES DECISIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mundo está experimentando cambios rápidos en la manera en que se genera y se utiliza la energía, con una tendencia clara hacia las energías renovables y la eficiencia. En 2017, la energía renovable representó el 70% de las adiciones netas a la capacidad de generación de energía global, pero las emisiones mundiales de dióxido de carbono aumentaron un 1.4% después de tres años de mantenerse estables, como resultado de un sólido crecimiento económico mundial del 3.7%, menores precios de los combustibles fósiles y esfuerzos de eficiencia energética más débiles que en los años anteriores.1

Al cierre del año 2017, el 73.5% de la electricidad global se generó a partir de fuentes no renovables, principalmente combustibles fósiles, y el 26.5% restante se generó a partir de fuentes renovables: hidroeléctrica 16.4%, eólica 5.6%, bioenergía 2.2%, solar fotovoltaica 1.9% y otras 0.4%.

A pesar de que la participación de las energías renovables en la generación eléctrica global sigue siendo pequeña, su crecimiento ha sido constante en los últimos 15 años y se espera que esta tendencia continúe, de modo que al año 2040 las energías renovables se convertirán en la fuente mayoritaria de electricidad.2

Asimismo, se espera que la mejora de la eficiencia energética en los países que utilizan cantidades desproporcionadas de energía sea un factor clave para resolver el doble desafío de proporcionar más energía y menos emisiones.

Se observa que un pequeño grupo de países lidera los esfuerzos globales en esta materia, lo cual se ve reflejado en una mayor capacidad instalada para generación eléctrica. En 2017, China, Estados Unidos, Alemania, India y Japón fueron los países con mayor capacidad instalada para generación de electricidad con energías renovables. Asimismo, 17 países generaron más del 90% de su electricidad con fuentes renovables, incluyendo Uruguay, Costa Rica y Etiopía.

Estos logros no son producto del azar, sino que son el resultado de la implementación de una política energética nacional sólida, así como de la aplicación de diversos instrumentos de fomento a las energías renovables durante periodos significativos.

En consecuencia, el crecimiento de las energías renovables y la eficiencia energética es inevitable. Depende de los gobiernos de cada país estar a la vanguardia o quedarse rezagados.

En el caso de México, en 2017 la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional fue de 75,685 megawatts (MW), de los cuales el 70.5% corresponde a centrales eléctricas convencionales, es decir, las que utilizan combustibles fósiles, y el 29.5% a centrales eléctricas con tecnologías limpias. De las 239 centrales eléctricas que utilizan fuentes renovables, 86 son hidroeléctricas, 77 de bioenergía, 45 eólicas, 23 solares y 8 geotérmicas.3

Estos avances se deben a que nuestro país cuenta con una política energética cada vez más sólida, que ha favorecido el crecimiento de las energías renovables, a través de instrumentos como:

• La Ley de Transición Energética (LTE), vigente a partir de diciembre de 2015, que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

• La meta de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica, que marca un 25 por ciento para el año 2018, 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024, de acuerdo con la LTE.

• La medición neta, también llamada “bolsa de energía”, que permite a los clientes del servicio público que generan electricidad localmente recibir créditos por los excedentes de generación, aplicables a los excedentes de consumo.

• Los certificados de energía limpia, que son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, con valor económico, que acreditan la producción de energía eléctrica limpia.

• Las subastas eléctricas de largo plazo, que permiten la asignación de contratos de largo plazo de cobertura eléctrica para la compraventa de energía eléctrica limpia a precios competitivos.

La aplicación de estos instrumentos ha permitido el avance gradual de las energías renovables en México, sin embargo, aún existe una amplia disponibilidad de recursos energéticos renovables que se encuentran desaprovechados.

Actualmente el Inventario Nacional de Energías Limpias indica que existe una amplia disponibilidad para el aprovechamiento de estas fuentes, distribuidas en todo el territorio nacional, siendo las más abundantes:

• Solar, con 15,904 gigawatts hora anuales (GWh/a);

• Hidráulica, con 10,269 GWh/a;

• Eólica, con 7,554 GWh/a, y

• Geotérmica, con 6,061 GWh/a

Como referencia, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde tuvo una generación bruta de 10,882.86 GWh durante 2017,4 de modo que el potencial de energías limpias puede dar un aporte importante al sistema eléctrico, por lo que debemos aprovecharlo.

Sin embargo, a partir de la entrada de la nueva administración federal en diciembre de 21018, se observa que los esfuerzos en materia de transición energética se encuentran suspendidos, o incluso se han revertido.

Como primer ejemplo, hasta noviembre de 2018 se habían concluido 3 subastas eléctricas de energías limpias, mismas que impulsaron la construcción de 65 nuevas centrales para su generación.5 Gracias a las subastas eléctricas de largo plazo se logró aumentar la capacidad instalada de energía fotovoltaica en 1,323 MW y eólica en 689 MW.6

Además, en la tercera subasta el precio ofertado promedio de la tecnología limpia fue de 20.57 dólares por megawatt hora, lo que resultó 38% inferior a los precios de la segunda subasta, con lo que México se convirtió en el lugar más competitivo del mundo para la generación solar, con una expectativa de crecimiento de 26 veces para el año 2020.7

A pesar de este importante avance, en diciembre de 2018 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), informó la suspensión de la siguiente subasta de largo plazo, declarando que “la suspensión se deriva del cambio de administración en las entidades involucradas” … “esto brindará la oportunidad a las entidades involucradas de realizar una revisión de los objetivos y alcances de dicho proceso y fortalecerá los principios de máxima publicidad y transparencia con los que se rige este organismo” … “una vez finalizada la revisión por parte de la nueva administración se notificará su reactivación de manera oportuna”.8

Más adelante, en enero de 2019, el CENACE informó la cancelación definitiva de dicha subasta eléctrica, informando que “se realiza en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y planeación energética”, sin ofrecer mayor justificación de las razones técnicas que llevaron a las autoridades a tomar esta decisión.9

Como segundo ejemplo, la Alianza Energética entre México y Alemania es una colaboración para alcanzar la eficiencia energética, aumentar el uso de energías renovables, incrementar la transparencia en el sector de hidrocarburos, así como cumplir con sus compromisos internacionales. Los dos países de manera conjunta están transformando sus sistemas energéticos para abrir nuevas oportunidades de negocio.10

Esta alianza es fundamental para nuestro sector energético, ya que Alemania produce 50% más energía que México en un territorio menor, y ha fijado la meta de generar con energías renovables el 80% de su electricidad para el año 2050.

El evento principal de este año sería la Cumbre de la Alianza Energética 2019, programado para el 19 de marzo. Dicho evento representaba una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos con las y los líderes del sector energético de ambos países, con la presencia confirmada de oradores como Isabel Studer, Directora de The Nature Conservancy, Sebnem Rusitschka, Cofundadora y Presidenta de Freeelio, Gerardo Ferrando, Vicepresidente de Desarrollo para América Latina de BayWar R.E., y Fabian Schmitz-Grethlein, Jefe de Sistema Energético y Generación de Electricidad de VKU.11

A pesar de la gran relevancia de este evento, el 15 de marzo de 2019, es decir cuatro días antes del mismo, fue anunciada su cancelación. La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que esta decisión fue tomada “por no ajustarse a la nueva realidad” y favorecer la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto.12

Con la cancelación de la Cumbre se pierde una valiosa oportunidad de cooperación internacional y diálogo de alto nivel en materia de transición energética para ambos países. Como tercer ejemplo, México cuenta con tres centrales carboeléctricas cuya capacidad conjunta es de 5,378 MW equivalentes al 7% de toda la capacidad instalada. En 2017 estas centrales contribuyeron con 30,557 GWh de energía eléctrica, que representa el 9% de la generación de electricidad en 2017.13

Si bien, una carboeléctrica es más eficiente que una termoeléctrica convencional, el uso del carbón como combustible primario para la generación de electricidad origina importantes emisiones contaminantes (en promedio emite 773 kilogramos de CO2 por MWh). No obstante, existen sistemas de captura y almacenamiento de CO2 que pueden ser integrados a dichas centrales, con la finalidad de mitigar el nivel de emisiones al medio ambiente.14

Además, con base en el Acuerdo de París, México tiene el compromiso de reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, meta que se conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes. La meta para el sector de generación eléctrica consiste en reducir las emisiones contaminantes en 31%. Por ello, es necesario que México deje de consumir combustibles fósiles gradualmente e invierta más en electricidad renovable.

A pesar de lo anterior, el 19 de marzo de 2019, el senador Armando Guadiana, Presidente de la Comisión de Energía, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter acerca de una reunión con Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Reyes Flores Hurtado, Coordinador del Gobierno Federal en Coahuila, donde se acordó la aprobación de los pedidos emergentes de Carbón para las Plantas Carbón I y II, ubicadas en Nava, Coahuila.15

Al día siguiente, la CFE emitió un comunicado en el que afirma que la reunión no tuvo lugar, además de deslindarse de las declaraciones del senador respecto de la compra de carbón.16

Resulta necesario aclarar esta situación, ya que el pedido emergente referido por el Senador Guadiana consta de 180 mil toneladas de carbón para cada una de las plantas, y se requiere la licitación de 1.1 millones de toneladas de carbón para este año en las plantas de Coahuila.17

Estos tres ejemplos dan cuenta de las recientes decisiones de política energética nacional, que podrían interpretarse como acciones contrarias a la transición energética y que nos alejan cada vez más del cumplimiento de los compromisos de México en materia de cambio climático. Por estas razones, consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Energía que informe al Senado de la República los criterios técnicos que dieron lugar a estas decisiones y las acciones para el cumplimiento de las metas de transición energética.

De manera complementaria, es necesario exhortar a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a formular e instrumentar las nuevas políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energético.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita atentamente a la Secretaría de Energía, a informar al Senado de la República:

• Los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política energética nacional, referentes a la cancelación de la subasta eléctrica de largo plazo SLP-1/2018, la cancelación de la Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania 2019, y la compra de carbón para las centrales carboeléctricas del Estado de Coahuila.

• Las acciones que permitirán dar cumplimiento a las metas establecidas en la legislación en materia de transición energética y en los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se formulen e instrumenten las nuevas políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energético, en cumplimiento a las metas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa.

1 REN21. (2018). Renewables 2018 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). Recuperado de
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf

2 BP (2019). BP Energy Outlook 2019 edition. Recuperado de
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-
outlook-2019.pdf

3 SENER. (2018). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf

4 SENER. (2018). 6to Informe de Labores 2017-2018. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf

5 SENER. (22 de noviembre de 2018). La Reforma Energética fortaleció y otorgó autonomía a la CRE. Recuperado de
https://www.gob.mx/sener/prensa/la-reforma-energetica-fortalecio-y-otorgo-autonomia-a-la-cre?idiom=es

6 REN21. 2018. Renewables 2018 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat)
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf

7 Karlos García. (19 de noviembre de 2017). Crecerá 26 veces la capacidad fotovoltaica en el país al 2020. El Economista. Recuperado de
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecera-26-veces-la-capacidad-fotovoltaica-en-el-pais-al-2020-20171120-
0012.html

8 CENACE. (3 de diciembre de 2018). CENACE informa la suspensión de la SLP-1/2018. Recuperado de
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-suspension-de-la-slp-1-2018-190196?idiom=es

9 CENACE. (31 de enero de 2019). CENACE informa la cancelación de la SLP-1/2018. Recuperado de
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-cancelacion-de-la-slp-1-2018-193511?idiom=es

10 Alianza Energética entre Méxicco y Alemania. (sin fecha). Página principal. Recuperado el 25 de marzo de 2019 de
https://www.energypartnership.mx/es/home/

11 Twitter de German-Mexican Energy Partnership. Consultado el 25 de marzo de 2019
https://twitter.com/EnergyMEXDE

12 Redacción. (17 de marzo de 2019). “Por no ajustarse a nueva realidad y favorecer reforma de Peña”, Nahle cancela cumbre energética con Alemania. Revista Proceso. Recuperado de
https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-realidad-y-favorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela
-cumbre-energetica-con-alemania

13 PRODESEN, 2018 (op. cit.)

14 INECC. (30 de julio de 2018). INECC reitera su compromiso ante el Acuerdo de París con rutas de mitigación al cambio climático. Recuperado de
https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-reitera-su-compromiso-ante-el-acuerdo-de-paris-con-rutas-de-mitigacion-al-cambio-
climatico

15 Twitter de Armando Guadiana @aguadiana. Publicación del 19 de marzo de 2019. Recuperado de
https://twitter.com/aguadiana/status/1108144744138326017

16 CFE. (20 de marzo de 2019). Nota informativa. Recuperado de
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=481&ilib=5&fbclid=IwAR0StZa7iRfu_TG8nhKmIr_
ZlgeXeaeiBD6hVqKjTfgPPYSOpJDoaSFgfoA

17 CFE aprueba pedidos emergentes de carbón para Coahuila. (19 de marzo de 2019). López-Doriga Digital. Recuperado de
https://lopezdoriga.com/nacional/cfe-aprueba-pedidos-emergentes-de-carbon-para-coahuila/

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Murat Hinojosa. Se turna a la Comisión de Energía.

Se recuerda a los señores Senadores que de acuerdo…

Sí, Senadora Reynoso Sánchez. Sonido en su escaño.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Nada más para manifestar a nuestro compañero Senador en el punto de Acuerdo que ha presentado, unirme, apoyarlo y felicitarlo porque sí me parece que es importante y urgente que México tome cartas sobre el asunto y que podamos transitar a una mayor velocidad a energías renovables a energías limpias y que me permita adherirme a este punto muy importante y que debiera ser de urgente para todos los mexicanos.

Gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo Senador Murat? Tome nota la Secretaría de esta adhesión.

Se adhieren los Senadores Cecilia Sánchez, Lucía Meza, Merced González, la maestra Ifigenia Martínez, Susana Harp, Lucía Trasviña, García Conejo, Soledad Luévano, Bertha Caraveo, Napoleón Gómez Urrutia, Sasil De León, Citlalli Hernández, Eruviel Ávila, Víctor Fuentes y Lupita Covarrubias. Tome nota, por favor, la Secretaría de estas adhesiones. Se turna a la Comisión de Energía.

Recordamos a los señores Senadores que de acuerdo al Reglamento del Senado, las intervenciones para puntos de Acuerdo son de cinco minutos, todo el tiempo que nos excedamos cada uno de los oradores va en detrimento de los compañeros y compañeras Senadores que quieren hacer uso de la palabra. Les ruego ajustarnos al tiempo.






Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Con el permiso de la Mesa Directiva. Muchas gracias. Buenas tardes.

Creo que faltan unos poquitos de nuestros compañeros, ojalá cada uno de nosotros podamos extender este comentario de este punto de Acuerdo que como refiere nuestra compañera en Mesa Directiva es con motivo del secuestro de lo que se presume son migrantes en el estado de Tamaulipas.

Nuestro país, por su situación geográfica, desde luego, es un lugar de tránsito internacional de muchas nacionalidades, incluso de países europeos o del continente africano y asiático, es un país maravilloso, pero no debe convertirse en la tumba de miles de migrantes.

A través de los medios de comunicación, nos enteramos, de nueva cuenta, que en el estado de Tamaulipas, habían ocurrido el día 7 de marzo, hechos lamentables, hechos que ocurrieron a plena luz del día, donde un comando, un grupo armando interceptó a un autobús de transporte público de pasajeros y al menos se habló de 19 migrantes.

Aunque han pasado casi 10 años desde la tragedia de los 72 migrantes hombres y mujeres en San Fernando, Tamaulipas, de los que hasta el año pasado no se tenía una sentencia condenatoria y solo 11 detenidos, estos hechos parecen no detenerse.

No ha habido una sola sesión donde haya un punto de Acuerdo en el sentido de pedir seguridad; en uso de la voz me presidió la Senadora Xóchitl Gálvez, hablaba de una conducta que tiene que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, pero eso no es menos, porque aquí más allá de una conducta, de una situación o un delito financiero, se está hablando de vidas que no se pueden recuperar de ninguna manera.

Lo que es más grave y más trágico, es que la Fiscalía General de la República, hasta donde tenemos conocimiento y otra vez es por los medios, es que declina hacer uso de su facultad de atracción para conocer de estos hechos.

Y lo más grave y terrible es que el gobierno de Tamaulipas no ha definido a pesar de estos años que han rebasado las administraciones, una estrategia clara en materia de seguridad pública o ciudadana o procuración de justicia.

Es por eso que estamos pidiendo este punto de Acuerdo, para solicitar a la Fiscalía General de la República remita un informe de estos hechos lamentables o, en su caso, los motivos por los cuales declinó hacer uso de su facultad de atracción.

Asimismo, al gobierno del estado de Tamaulipas para que nos informe sobre las acciones de seguridad y protección que se han implementado a los migrantes en tránsito por ese estado.

Y un tercer punto, donde exhortamos o se solicita que se exhorte al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración para que articulen acciones en favor y protección de las personas migrantes.

Esto afecta no solo a los mexicanos sino a quienes buscan tal vez una vida mejor y solo encuentran el olvido y una tumba en nuestro país.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, OMAR OBED MACEDA LUNA, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 95 numeral 1 y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina “informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho-bodega abandonado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Eran 58 hombres y 14 mujeres -aunque según algunas versiones había entre 74 y 77 personas en el momento de los hechos-, todos migrantes que perseguían sus sueños cruzando México hacia Estados Unidos”1; cada uno tenía las manos atadas y un tiro de gracia en la cabeza.

El caso fue emblemático a nivel nacional e internacional, y visibilizó el serio problema que enfrentan los migrantes en su intento por cruzar México. Plagado de irregularidades, el caso ha avanzado lentamente pero con importantes pasos. Muestra de esto fue que en junio del año 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la masacre como una violación grave a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, en el año 2011 un hecho más hizo estremecer a la sociedad; fue conocido como "la segunda masacre de San Fernando", en donde al menos 193 personas fueron descubiertas en 47 fosas clandestinas el mismo municipio de Tamaulipas.2

El pasado 7 de marzo del presente año, un nuevo ataque contra migrantes fue ejecutado. Un autobús de la empresa Transpaís, salió de la ciudad de Tampico con destino a Reynosa, Tamaulipas; 42 pasajeros iban en él y alrededor de las 12:55 horas a la altura del kilómetro 79, en las proximidades del ejido Palo Blanco, fue interceptado por un comando de hombres armados que secuestró al menos a 19 de ellos.3 Hasta el momento de presentación de este punto de acuerdo, no se cuenta con el paradero de ninguno.

Durante una conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los desaparecidos en Tamaulipas son migrantes y que se estaba realizando una investigación para tener certeza de la situación ya que aún no se contaba con claridad en las nacionalidades, si están desaparecidos o si cruzaron la frontera, “dado que solo se tiene la declaración del chofer por lo que se ha pedido información a Centroamérica y Estados Unidos sobre el camión”.4

Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ha declarado que no ha recibido denuncia ni registro del presunto secuestro de migrantes, asegurando que las unidades que transportan a migrantes son escoltadas por elementos de la Policía Federal.5

“En un inicio la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación, pero esta dependencia trasladó el caso a la Fiscalía General de la República al tratarse de un delito del fuero federal al haber sucedido los hechos en una carretera [federal]”.6

A poco más de ocho años de la matanza de San Fernando pareciera que poco hemos aprendido, y que las personas migrantes en tránsito por el país siguen en alto riesgo. Las autoridades no pueden ser tardías ni indolentes frente a estos hechos. En los hechos de San Fernando, hasta agosto de 2018 había 11 procesados y ninguna sentencia.

“En Tamaulipas entre el 2006 y hasta mayo del 2018 había aproximadamente 5,993 personas desaparecidas, lo que coloca al estado como el de mayor número de casos en todo el país”7. Al respecto de estas personas, “145 fueron identificadas como estudiantes; y siete registros refieren a elementos del Ejército y la Armada de México. En tanto, 19 registros son de policías desde municipales a estatales; 100 personas desaparecidas eran amas de casa; mientras que la mayoría de los registros —más de 5,000— presenta perfiles desde personas dedicadas a vender comida, profesionistas, campesinos, obreros, entre otros.”8

Esta situación ha encendido las alarmas en distintas esferas: Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre la situación de desapariciones en el país pero particularmente en Tamaulipas, advirtiendo la necesidad de investigaciones diligentes, independientes y completas.

Migrar no es un delito, es un derecho y un fenómeno que ocurre por diferentes circunstancias. Se estima que alrededor de 400,000 y 500,000 personas transitan por el país con la esperanza de una oportunidad para transformas sus duras realidades, México no puede ser una trampa para ellas. La corrupción y la impunidad frente a este y todos los hechos delictivos debe acabar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores solicita a la Fiscalía General de la República remitir a esta Soberanía un informe sobre la investigación del caso del presunto secuestro de personas migrantes en Tamaulipas el pasado 7 de marzo del presente año.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores solicita al Gobernador del estado de Tamaulipas a informar a esta Soberanía sobre las acciones de seguridad y protección que implementa su gobierno para personas migrantes en tránsito por el territorio estatal.

TERCERO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración así como al gobernador de Tamaulipas y al Procurador General de Justicia del estado a articular acciones en favor de la protección y seguridad de las personas migrantes en tránsito en Tamaulipas.

Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Omar Obed Maceda Luna.

1 PdP. “Más de 72. La Masacre”. Consultado en línea en:
http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/capitulo1.html

2 García, N. “¿Qué pasó con los 72 muertos de San Fernando? A 7 años de la matanza”. Consultado en línea en:
https://noticieros.televisa.com/especiales/que-paso-72-muertos-matanza-san-fernando/

3 Univisión. “Autoridades investigan si pasajeros secuestrados en el norte de México son migrantes indocumentados”. Consultado en línea en:
https://www.univision.com/noticias/criminalidad/autoridades-investigan-si-pasajeros-secuestrados-en-el-norte-de-mexico-son-
migrantes-indocumentados

4 El Heraldo de México. “López Obrador confirma que son migrantes los desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas”. Consultado en línea en:
https://heraldodemexico.com.mx/pais/lopez-obrador-confirma-que-son-migrantes-los-desaparecidos-en-san-fernando-tamaulipas/

5 Hernández, E. “Asegura gobernador que no hay reporte del secuestro de 19 personas en Tamaulipas”. Consultado en línea en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/secuestro-19-pasajeros-autobus-san-fernando-tamulipas-gobernado-
cabeza-de-baca-sube-a-22-3173211.html

6 Ídem

7 Molina, H. “Tamaulipas, una historia de desapariciones”. Consultado en línea en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tamaulipas-una-historia-de-desapariciones-20190312-0009.html

8 Ídem

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Omar Obed Maceda y, sobre todo por el respeto al tiempo. Se suma el Senador Américo Villarreal.

¿Quiere el uso de la palabra? Sonido por favor en el escaño del Senador Américo Villarreal.

El Senador Américo Villarreal Anaya: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Nada más para decirle a nuestro compañero Senador Omar Obed Maceda, que este punto ya lo habíamos tratado anteriormente, que me sumo a su solicitud y que el que se había tratado en este mismo sentido se turnó a la Junta de Coordinación Política, en el sentido de crear una comisión especial legislativa para darle puntual seguimiento a los acontecimientos que lamentablemente están pasando en nuestro estado, pero nos sumamos a su proposición.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Américo Villarreal. No está realmente a discusión este punto de Acuerdo. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Muchas gracias y se toma nota de lo que usted comenta, Senador.






Tiene el uso de la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a que coordine, junto con las fiscalías de los estados, la activación de la Alerta Amber.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venía de la Presidencia. Senadoras y Senadores, mexicanas, mexicanos y colimenses:

La Alerta Amber es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos, quienes se encuentran en riesgo de sufrir daños por motivo de su desaparición.

La Alerta Amber funciona a través de la difusión masiva inmediata, de un formato único de datos con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles.

El Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional o, en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, social, civil, medios de comunicación y empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.

La Alerta Amber motiva a todos los miembros de la sociedad a estar atentos para encontrar al niño o niña desaparecida y, en su caso, al sospechoso del secuestro.

Lamentablemente existen casos en que la Alerta Amber se tarda y dicha demora cobra la vida de las víctimas.

El 28 de enero de 2019, el cuerpo de una menor de 11 años fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Ixtapaluca, tras ocho días de búsqueda por parte de sus familiares, desapareció el sábado 19 de enero cuando salió a buscar a su papá en el Barrio de San Lorenzo Chimalco. Desde ese día familiares y amigos iniciaron una búsqueda frenética en la localidad para tratar de localizarla y denunciar los hechos vía redes sociales.

Pese a que los protocolos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense establece que la Alerta Amber debe emitirse de inmediato, esta se generó 24 horas después.

El 8 de junio de 2017, alrededor de las 17 horas, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando comenzó a llover, el papá de una menor le hizo la parada a una combi para que su hija no se mojara, la menor nunca llegó a casa.

Debido a ello, a las 19 horas del jueves 8 de junio se conformó una célula de búsqueda, fue hasta el viernes 9 de junio, a las 12:20 horas que la Fiscalía estatal emitió la Alerta Amber para localizar a la menor, una hora más tarde el C-4 reportó que se había hallado el cuerpo de la menor.

Esos dos casos son solo una muestra que hace visible la falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber y los efectos que ello pueda tener sobre la integridad de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber ha producido casos en que el retraso en su emisión resulta la pérdida de vida de las víctimas. Esto es algo que no podemos permitirnos como sociedad.

Por ello proponemos el siguiente punto de Acuerdo a esta Asamblea:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente de manera más atenta al titular de la Fiscalía General de la República, para que en coordinación con los titulares de las fiscalías de las entidades federativas estandaricen los protocolos de actuación para la emisión inmediata de la Alerta Amber en todo el país.

Segundo. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Fiscalía General de la República y a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas, a capacitar a los ministerios públicos y policías en la materia de desaparición de menores con el objetivo de evitar los casos en que dicho mecanismo es activado de forma tardía.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE POR SU CONDUCTO COORDINE, JUNTO A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LOS TITULARES DE LAS FISCALÍAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA ALERTA AMBER EN TODO EL PAÍS, ASÍ COMO PARA CAPACITAR A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS Y POLICÍAS EN LA MATERIA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS CASOS EN QUE DICHO MECANISMO ES ACTIVADO DE FORMA TARDÍA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Alerta Amber es un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.

Funciona a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de Datos con fotografía, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.

Sin embargo, existen algunos casos en que la alerta Amber es tardía:

1) El caso de Giselle:

El 28 de enero de 2019 el cuerpo de Giselle, de 11 años, fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Ixtapaluca tras 8 días de búsqueda por parte de sus familiares.  Ella había desaparecido el sábado pasado 19 de enero, cuando salió a buscar a su papá en el Barrio San Lorenzo Chimalco. Desde ese día, familiares y amigos iniciaron una búsqueda frenética en la localidad para tratar de localizarla y denunciaron los hechos vía redes sociales.

De acuerdo con declaraciones de su madre, Miriam Cruz, difundió fotos en Internet y WhatsApp, y también acudió al Ministerio Público de la localidad, donde aseguró que esperó más de seis horas para realizar la denuncia.

Pese a que los protocolos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense establecen que la alerta Amber debe emitirse de inmediato, ésta se generó 24 horas después. De acuerdo a sus familiares les dijeron que la alerta Amber se iba activar hasta el lunes, pero como vieron que sus familiares presionaron la alerta se activó el domingo por la tarde, aun cuando debió haber sido inmediata. Esto denota negligencia por parte de las autoridades.

2) El caso de Ariana1:

El viernes 10 de agosto de 2018, Ariana salió de su casa rumbo al mercado de la colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla, y ya no regresó. De acuerdo con información de la tarjeta de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariana Virginia Anzures Torres, de 14 años vestía playera rosa y pantalón negro, calzaba tenis de color blanco y llevaban una mochila negra con flores de color rosa.

Sus familiares la llamaron a su teléfono celular y la llamada habría sido atendida por un hombre; y al intentar contactarla nuevamente el dispositivo ya había sido apagado, por lo que iniciaron la denuncia de la desaparición.

Pasaron casi 80 horas para que se activara la Alerta Amber, ya que fue hasta cuatro días después, la FGE informó del hecho. La carpeta de investigación CT-UEPP/3531/2018 fue presentada en la Fiscalía Regional Oriente el 10 de agosto de 2018.

El 26 de agosto de 2018 la Fiscalía de Morelos informaría a través de redes sociales (Twitter) que la menor habría sido localizada. A pesar de ello, es importante mencionar que la negligencia por parte de las autoridades ante la denuncia de los familiares en la desaparición de Ariana derivó a una alerta Amber tardía.

3) El caso de Valeria2:

El jueves 8 de junio de 2017 alrededor de las 17:00 horas, Sergio Alberto Gutiérrez y su hija Valeria iban en una bicicleta en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando comenzó a llover. A la altura de la calle Mañanitas, de la colonia Benito Juárez, el padre detuvo una combi de la Ruta 40 para que su hija se trasladara y no se mojara. Seis o siete calles adelante, el papá se iba a ver con su hija para después ir a casa. Sergio iba en la bicicleta e intentó alcanzar a la combi; sin embargo, en algún punto la combi aceleró y se perdió de vista.

El padre llegó al lugar donde acordó de verse con su hija, pero no estaba. Fue a su casa y tampoco la encontró. Él y sus familiares comenzaron a buscarla, acudieron a la policía de Neza, a un botón de auxilio de la Ciudad de México, al paradero de la Ruta 40, pero no encontraron a Valeria.

A las 19:00 horas, los padres de la niña pararon patrullas para denunciar que su hija había desaparecido y la policía municipal emite una célula de búsqueda. Entre las 21:00 y 22:00 horas, acudieron al C4 para solicitar los videos de las cámaras de videovigilancia.

El viernes 9 de junio Entre las 2 y 3 de la mañana, los familiares acudieron al Centro de Justicia de Nezahualcóyotl de la Fiscalía del Estado de México y esperaron a que les tomaran su declaración.  A las 7 de la mañana, autoridades de la Fiscalía inició la entrevista a familiares de Valeria. Dos horas después, alrededor de las 9 de la mañana, terminaron el trámite de denuncia de desaparición.

Tres horas después, a las 12:20 horas, la Fiscalía estatal emitió la Alerta Amber para localizar a Valeria, una vez que agotaron que pudiera estar con familiares o conocidos y que no se tratara de un secuestro.

Más de una hora después, a las 13:45 horas, el C4 reportó que se había hallado el cuerpo de Valeria en una combi del derrotero Estadio Neza-Metro Guelatao, número 278, de la Ruta 40, estacionada en la calle Sandunga de la colonia Benito Juárez. Los agentes investigadores localizar al dueño de la combi y a la persona que recomendó al sospechoso trabajar en el transporte público. Por lo que identificaron al probable asesino.

El sábado 10 de junio La Fiscalía del Estado de México informó de la detención de un hombre, de 43 años, identificado como José Octavio "N", presunto responsable del feminicidio de Valeria.

En junio de 2017 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que ‘‘en cientos de ocasiones se ha denunciado la misma negligencia en las autoridades ministeriales, del Estado de México, que negaron la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa con el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas ‘por si se fue por su propia voluntad’, y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes, donde arguyen: ‘se fue con el novio’’’.

4) El caso de Karla3

El 13 de enero de 2016 un portal de noticias publicó la noticia de la desaparición de una niña de 11 años que salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, rumbo a la escuela y no regresó; por ello, sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría estatal, autoridad que no emitió la "Alerta AMBER Tlaxcala", como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de personas menores de edad, y únicamente inició un Acta Circunstanciada.

Las autoridades tampoco proporcionaron a los padres copia de la declaración, además de que se les prohibió difundir la fotografía de la niña, "para no obstaculizar" el trabajo de las autoridades. Los papás recurrieron también a la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla por la desaparición y por la probable comisión del delito de trata de personas en agravio de su hija.

Tras concluir sus investigaciones, la CNDH confirmó que las autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala "indebida y tardíamente" emitieron una Pre-Alerta AMBER, tres días después de la denuncia de los padres, por lo que no se difundió en medios de comunicación aun cuando se necesitaba comenzar de inmediato la difusión a fin de lograr la búsqueda y localización de la niña.

"Se acreditó que esa procuraduría estatal dio aviso a la Coordinación de Alerta AMBER México para la activación de dicho mecanismo a nivel nacional hasta el 4 de febrero de 2016, 22 días después del reporte de desaparición, por lo que hasta esa fecha fue puesto en marcha; además se radicó una Acta Circunstanciada en lugar de una averiguación previa omitiendo elevarla a dicha calidad sin justificar el motivo".

El organismo nacional acreditó que las autoridades omitieron responder por escrito a los padres de la menor de edad desaparecida respecto a su solicitud formulada para elevar el Acta Circunstanciada a averiguación previa; además de incumplir con lineamientos de actuación que establece el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres, además de omitir tomar en consideración otras hipótesis o líneas de investigación, como la desaparición de la niña como posible víctima de trata de personas.

5) El caso de Fátima

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activó la Alerta Amber para localizar a Fátima Guadalupe Zacarías Gutiérrez, de 16 años, de quien se desconoce su paradero desde las 14:00 horas del 8 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la avenida Tláhuac, colonia El Vergel, en Iztapalapa.

El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) recibió ayer la solicitud de Alerta y emitió el boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, donde se informa la desaparición de la menor.

Como señas particulares, Fátima Guadalupe tiene tres lunares en la mejilla izquierda, una perforación en la nariz, y dos tatuajes: uno en el pecho con la leyenda “Donovan”, otro en forma de corazón en el dedo medio de la mano izquierda y una flor rosa con palo. El día que desapareció llevaba vestido color gris arriba de la rodilla, con mangas tres cuartos, y tenis blancos. Sin embargo, la alerta Amber no fue emitida sino hasta 18 días después

Estos cinco casos muestran un común denominador, la falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber en distintas entidades de la república; y los efectos que ello puede tener sobre la integridad de las personas desaparecidas, de las cuales se presume pueden ser víctimas de algún ilícito.

La falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber ha producido casos de retrasos considerables en la emisión de la llamada Alerta Amber, estos retrasos en la actuación de las autoridades han tenido como resultados, en algunos casos, la perdida de la vida de las víctimas. Esto es algo que no podemos permitirnos como sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometemos de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta de la manera más atenta a la Fiscalía General de la República, para que por su conducto coordine, junto a los titulares del ejecutivo en los estados de la república, así como los titulares de las Fiscalías en las entidades federativas, para que tomen las medidas necesarias para la estandarización de los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber en todo el país, así como para capacitar a los ministerios públicos y policías en la materia, con el objetivo de evitar los casos en que dicho mecanismo es activado de forma tardía.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Senadoras y Senadores grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

1 https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/08/16/2802 “Tardía Alerta Amber para buscar a Ari”.

2 http://www.milenio.com/estados/cronologia-las-20-horas-que-valeria-estuvo-desaparecida

3  HTTPS://WWW.ELMANANA.COM/TARDAN-22-DIAS-EN-EMITIR-ALERTA-POR-DESAPARICION-DE-
NINA-CNDH-TLAXCALA-DESAPARICION/4723983
“TARDAN 22 DÍAS EN EMITIR ALERTA POR DESAPARICIÓN DE NIÑA

La Senadora Presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Joel Padilla Peña. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.






Tiene la palabra la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación para instalar una mesa de trabajo que revise los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas.

La Senadora Nestora Salgado García: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

El uso indebido del derecho penal para criminalizar a las personas, atenta contra el papel protagónico que juegan en la consolidación del estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.

El criminalizar por actividades legítimas produce temor y puede resultar en silenciar sus reclamos y reivindicaciones.

Las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentes, el punto de partida de graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos.

Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con las observaciones preliminares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo, México revela que un problema grave es la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura.

No podemos dejar pasar que en nuestro país el uso de la prisión preventiva ha sido excesivo, se han logrado documentar que se pasó del uso de la detención arbitraria como un mecanismo fundamental de la estrategia de control social, aplicada en todo el país.

El uso de este mecanismo como la herramienta fundamental de la estrategia de represión política, por ello la detención arbitraria es utilizado como un mecanismo inmediato para impedir el ejercicio del derecho humano a la protesta.

Dispersas ejecuciones de denuncia política, entre otros.

Por eso, compañeras y compañeros, debemos refrendar el ideal de que toda persona que haya sido víctima de una detención ilegal, tiene el derecho a obtener una reparación adecuada incluyendo la liberación en caso de que la privación de la libertad persista.

Por estas razones resulta fundamental adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garanticen los derechos y las libertades, de ahí la importancia de que el Estado mexicano tome medidas para atender y resolver las detenciones arbitrarias, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.

Por tanto, frente a la preocupación expuesta anteriormente, considero que existe una evidente responsabilidad que le asiste al Estado mexicano por casos de injusta privación de la libertad, motivo por el cual vengo a presentarle un punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación para que instalen a la brevedad una mesa de trabajo con el objetivo de revisar los expedientes de personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas, así como de aquellas que hayan cometido ciertos tipos de delitos no considerados graves, y que pudieran ser sujetas de un proceso de amnistía o liberación como parte de la política de pacificación y reconciliación nacional.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Nestora Salgado. Se turna a la Comisión de Gobernación.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no ejercidos en partidas presupuestales, así como ahorros devueltos por el Senado de la República a favor del Programa de Estancias Infantiles.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta.

La conciliación de la vida laboral y familiar es una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres y los hombres en México.

Un problema recurrente es que muchas familias mexicanas en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa y tienen hijos pequeños a su cargo, encontraban una oportunidad en el Programa de Estancias Infantiles.

Y quiero hacer una reflexión el día de hoy:

En la 63 Sesión de la Comisión de la Condición jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la ONU, con ONU Mujeres, hubo una reunión también parlamentaria, organizada por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres.

En dicha sesión se abordaron algunos temas, y quiero mencionar solamente tres de ellos:

¿Cómo reconocer las políticas públicas de protección social sensibles al género?

¿Cómo los parlamentos velan para que la protección social, los servicios públicos y la infraestructura beneficien a las mujeres y las niñas?

¿Cómo pueden los parlamentos influir en la inversión pública en servicios de cuidado infantil en la atención médica y el transporte?

¿Qué responder México ante la ONU a esta reflexión?

¿Decirle que lejos de avanzar, vamos en reversa?

¿Decirle que los programas de cuidado infantil, lejos de fortalecerse, los desaparecen?

¿Qué responderle a la comunidad internacional ante esto?

El rol de las mujeres en el devenir histórico ha cambiado, hoy en día las mujeres no solamente son un pilar importante en las familias, sino en muchos casos se han convertido en el principal sostén de la familia e incluso en las proveedoras de los hogares, para lo cual tienen que salir a trabajar todos los días, y estar al pendiente de los hijos, con lo cual se vive una transición en el cuidado infantil.

De acuerdo con la Unicef, en esta transición los niños están pasando de ser cuidados en casa, y con ello pasaban más tiempo en el hogar, a ser cuidados y educados fuera de ella bajo el encargo de un familiar, aunque en muchos de los casos es imposible, o por medio de algún servicio prestado por el Estado, en México que prestaba, pasado, el Estado.

Y en este sentido, el Programa Social de Estancias Infantiles ha significado una gran ayuda para las madres y padres trabajadores, o incluso en aquellas familias donde ambos trabajan, y que no cuentan con seguridad social y hacen uso de este programa.

En el 2012 la ONU entregó al programa, el segundo lugar mundial del premio en las Naciones Unidas al Servicio Público, cuyo objetivo es promover y galardonar la innovación y la excelencia en el servicio público en apoyo de la realización de los objetivos de desarrollo sustentable en la Agenda 2030.

Y el programa no solamente atendía una necesidad social del cuidado de los hijos, sino que también ofrecía una fuente de empleo para muchas mujeres y hombres.

Y que aquí viene otra reflexión:

¿Cómo queremos fortalecer el empoderamiento de las mujeres si lejos de fortalecer los programas o los eliminamos, y los eliminan en el gobierno federal, o simplemente reducen su presupuesto?

¿Cómo podemos ir a hablar a otras naciones que en México ya se logró la paridad? Si esto no se ve reflejado en los resultados y en las decisiones.

¿Qué mensaje le mandamos a la comunidad internacional de liderazgo de México en el empoderamiento de las mujeres cuando retrocedemos en las decisiones?

Y el recorte presupuestal de más de dos mil millones de pesos a un programa, como el de Estancias Infantiles, pone en una situación complicada el sostenimiento de muchas familias y el riesgo de la permanencia de sus empleos.

Pudiera ser que del 34 por ciento de las mujeres algunas ya hayan iniciado considerar el dejar su empleo para poder hacerse cargo del cuidado de sus hijos.

Repito las preguntas de reflexión con las que inicie:

¿Cómo reconocer las políticas públicas de protección social sensibles al género?

¿Cómo los parlamentos velan porque la protección social, los servicios públicos y las infraestructuras beneficien a las mujeres y a las niñas?

¿Cómo pueden los parlamentos influir en la inversión pública en servicios de cuidado infantil en la atención médica o de transporte?

Pues bien, yo les puedo decir cómo podemos influir en este parlamento:

Primero, como lo he mencionado y que ahora lo presento formalmente en este punto de Acuerdo, en este Senado hubo medidas de austeridad cuando inició la Legislatura, tan solo de septiembre a diciembre se tuvo un ahorro de más de 280 millones de pesos, mismos que se devolvieron a la Tesorería de la Federación en enero de este año y los cuales no están etiquetados.

¿Qué tal si este parlamento les pone una etiqueta?

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, Senadora.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Concluyo, señora Presidenta.

También, ¿qué tal si consideramos que hubo un incremento del 16 por ciento al presupuesto de la Sedena y que así venía en el proyecto del presupuesto para las tareas que le fueran asignadas por la Guardia Nacional? Y este incremento corresponde a 12 mil 500 millones, nada más que las funciones que se supone tendrían no quedaron legalmente aprobadas, porque estas responsabilidades no le fueron conferidas por el mandato legal.

¿Qué tal si este parlamento le pide a la Secretaría de Hacienda que pueda transferir, no los 12 mil 500 millones, solamente dos mil millones, para que pueda restituir el presupuesto de las estancias infantiles?

O, por último, doy una última alternativa de lo que sí puede hacer este parlamento: ¿Qué tal que le pedimos a Hacienda que del impuesto especial -que para eso es especial- de productos y servicios, llámese IEPS, de cualquiera de los rubros, si quieren el de juegos con apuestas y sorteos, que es de dos mil 900 millones o vayamos al IEPS recaudado solo en un mes en el 2019, durante el mes de enero, en el que este IEPS distinto a gasolinas corresponde a 15 mil millones; qué tal que este Parlamento le pide solo el 10por ciento?

Senadora, ¿qué le parece si usted vota y le pide a Hacienda para que las estancias puedan también funcionar en Baja California Sur?

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Qué les parece si podemos tomar la decisión en este parlamento? ¿Y qué le parece a este Parlamento si a la Comisión de Hacienda del Senado de la República le asignan un presidente para que pueda sesionar y para que la Comisión de Hacienda pueda dictaminar lo antes posible?

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El rol de las mujeres en el devenir histórico ha cambiado, hoy en día las mujeres no solo son un pilar importante en la familia, sino en muchos casos se han convertido en el principal sostén de la familia e incluso en las proveedoras de los hogares, para lo cual tienen que salir a trabajar todos los días y estar al pendiente de los hijos, con lo cual se vive una transición en el cuidado infantil. De acuerdo con la UNICEF en esta transición los niños están pasado de ser cuidados en la casa y con ello pasaban mas tiempo en el hogar, a ser cuidados y educados fuera de ella, bajo el encargo de un familiar, aunque en muchos de los casos es imposible, o por medio de algún servicio prestado por el Estado, un particular o una organización de la sociedad civil.

Es en este sentido que el programa social de estancias infantiles ha significado de gran ayuda para las madres trabajadoras o en las familias en las que ambos padres tienen que trabajar para aportar al ingreso familiar, pero que además, en un amplio número de casos, no cuentan con seguridad social y por ello deben hacer uso de estas instancias infantiles.  En 2012 la ONU entregó al programa el segundo lugar mundial del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público, cuyo “objetivo es promover y galardonar la innovación y la excelencia en el servicio público en apoyo de la realización de los ODS (Resolución de ECOSOC, E/Res/2016/26) y el principio de no dejar a nadie atrás, que es el núcleo de la Agenda 2030”.1

El programa no solo atendía una necesidad social de cuidado a de los hijos, sino que también ofrecía una fuente de empleo para muchas otras mujeres con conocimientos en el cuidado de niños; que mediante el acondicionamiento de un espacio de su casa trabajaban en su domicilio, permitiendo que otras mujeres lo hicieran fuera, generando un circulo virtuoso.

A pesar de las bondades que significa el programa, que dicho sea de paso, en términos absolutos representaba un subsidio de 950 pesos que aportaba el gobierno y en muchos de los casos los padres aportaban una cantidad extra para alcanzar a cubrir los gastos mensuales de alimentación, cuidado y enseñanza de los niños; desde enero fue suspendido el subsidio, sin previo aviso, con lo cual muchos padres tuvieron que verse en la necesidad de pagar la cantidad total que en algunos casos alcanzaba los 1500 pesos o dejar de utilizar el servicio, con las complicaciones que ello les significa.

Ante esta situación no se dejaron esperar los reclamos de distintos sectores sociales, ya que la medida afectaba a mas de 300 mil niños de poco más de 9000 estancias infantiles2 distribuidas por todo el territorio nacional. El gobierno ha manifestado que la suspensión de las aportaciones al programa se debe a irregularidades en la operación, sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado en sus informes, que las deficiencias del programa son básicamente las que tiene que ver con falta de personal capacitado, carencias en instalaciones y mobiliario; así como irregularidades en la comprobación de recursos. Al respecto consideramos que la solución ante estas irregularidades sería que se suspendiera la operación de aquellas instancias que no cumplan con las obligaciones, pero no con una medida tan drástica y mucho menos que ofrezca como alternativa el otorgar el dinero de manera directa a los abuelos para que sean quienes ellos estén al cuidado de los niños, significando generarles una obligación que no les correspondería a ellos.

El recorte presupuestal de más de 2,000 millones de pesos al programa pone en una situación complicada el sostenimiento de muchas familias y en riesgo la permanencia en sus empleos por no tener con quien dejar a los niños o el riesgo que significaría dejarlos.

Dicho recorte presupuestal puede ser compensado por distintas vías, como por ejemplo haciendo uso del ahorro que en esta soberanía tuvimos por motivo de acciones de austeridad en el último cuatrimestre del año pasado, representando poco más de 280 millones de pesos, estos recursos fueron devueltos a la tesorería de la federación.

Aunado a lo anterior existen en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementó considerablemente bajo la argumentación de la necesidad de operatividad de la Guardia Nacional, aun no aprobada y por ende sin funcionamiento. El presupuesto de la Secretaria de la Defensa Nacional paso de 81,021 millones de pesos asignados en 2018 a 93,670 millones de pesos proyectados para 2019, poco más de 12 mil 500 millones de pesos extras.

Si consideramos que el incremento de dicha dependencia se debió a las funciones que ahora tendría, en caso de aprobarse, a través de la Guardia Nacional, pero que estas responsabilidades aún no han sido conferidas por mandato legal, ya que se encuentra en discusión en este poder; podríamos concluir que de lo presupuestado habrá un remanente presupuestal por lo no ejercido en este tiempo que ha transcurrido en el año fiscal, por lo tanto el remanente que se tendría hasta el momento y que muy probablemente incremente, podría ser utilizado mediante una reasignación presupuestal que realice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la atención de este programa, que como ya se ha mencionado, es de una notable importancia para los menores beneficiarios y para las madres o padres que utilizan el servicio. En resumen, del incremento presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional para funciones de Guardia Nacional, podrían reasignarse alrededor de 2,100 millones de pesos (correspondientes a los meses de enero y febrero) para amortizar el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 2,100 millones de pesos (correspondientes a los meses de enero y febrero), de los recursos no ejercidos en el incremento presupuestal de la Secretaria de la Defensa Nacional, a favor del programa de Estancias Infantiles.

Segundo. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los 281 millones de pesos que esta soberanía regreso a la Tesorería de la Federación, para ser destinados al programa de estancias infantiles.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

1 https://publicadministration.un.org/unpsa2/Portals/0/Submission_rules/Submission_rules_2018_ES.pdf

2 file:///C:/Users/cbrav/Downloads/CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-160608.pdf

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Sonido en el espacio de la Senadora Lucía Trasviña. ¿Para qué asunto?

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Hizo alusión a mí e insisto en que se conduzcan con verdad en cuanto a estancias infantiles. Que en esta tribuna reconozcan que había cientos de estancias fantasmas y con niños fantasmas.

Únicamente se está haciendo una revaloración para que, efectivamente, evitar la corrupción y que Josefina Vázquez Mota…

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Senadora, el tema no está a debate.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Demuestre los mil millones de pesos que le está cuestionando públicamente de Sedesol.

Gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Solicito a la Senadora que me permita adherirme a su punto de Acuerdo, igualmente el Senador Eruviel Ávila, Damián Zepeda, Lupita y Martha Márquez. Que tome nota por favor la Secretaría de estas adhesiones.






Tiene la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o sustancias químicas, atención médica de manera prioritaria, además de garantizar que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos y psicológicos que se requieran se proporcionen de manera gratuita.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, Senadoras y Senadores. Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva.

Quiero compartirles, compañeras, compañeros, que el día de ayer una comisión plural de Senadoras, de Senadores de los partidos PAN, MC, del Verde y del PRI, recibimos en este Senado de la República, a iniciativa del Senador Raúl Bolaños, a cuatro mujeres valientes, muy valientes, quienes nos compartieron sus historias de lucha y de supervivencia, y me refiero a Esmeralda Millán, a Nirvana Hermosillo, a Carmen Sánchez y a Ana Helena Saldaña, conocida en las redes sociales como “Annie”, a quienes desde esta tribuna les expresamos nuestro cariño y nuestra solidaridad.

Todas ellas tienen algo en común: fueron víctimas de ataques con ácido y han decidido alzar la voz para denunciar esta forma de violencia de género.

Escuchamos por parte de las jóvenes y mujeres ya referidas los relatos de la violencia que han sufrido, así como las secuelas físicas, psicológicas y sociales a las que se han tenido que enfrentar.

Por otra parte, quiero participarles que la semana pasada su servidor, a nombre del grupo parlamentario que represento, el PRI, presenté una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y endurecer las penas en contra de quienes cometan este atroz ilícito.

También es justo reconocer que una Diputada del Partido Verde en el Congreso Local presentó una iniciativa similar, por lo que se refiere a la Ciudad de México, y reconocer también que la sesión pasada el PAN y el Verde presentaron una iniciativa en el mismo sentido y ojalá se puedan sumar más y más iniciativas o se puedan sumar las condiciones a donde se turne este punto de Acuerdo y pueda ser apoyado y pueda ser desde luego y formalmente exhortar a la Secretaría de Salud.

Hicimos un compromiso con estas cuatro valientes mujeres de compartirlo con ustedes y de proponer este punto de Acuerdo.

Sin duda alguna, una de las manifestaciones más terribles de la violencia de género son los ataques con ácido, es una verdadera cobardía.

Quiero compartirles algunos datos, algunas cifras.

La Asociación Británica, conocida como ASTIC, por sus siglas, ha señalado que anualmente en todo el mundo se registran mil 500 ataques en este sentido, con ácido y lamentablemente de cada diez víctimas, ocho son mujeres, sin embargo se estima que esta cifra únicamente representa aproximadamente un 40 por ciento de la totalidad de todos los casos, ya que la mayoría no se denuncia por miedo, por temor.

Por ello hicimos el compromiso con nuestras cuatro mujeres valientes a someter a su consideración lo siguiente.

Esta propuesta considera exhortar con respeto, desde luego siempre, al titular de la Secretaría de Salud a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o químicas, atención médica, de manera prioritaria y urgente.

También solicitamos que se garantice que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos, psicológicos que se requieran se proporcionen de manera gratuita en el Centro de Salud u hospital más cercano de las víctimas.

Finalmente, la propuesta contempla que el titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con el IMSS, con el ISSSTE, con las autoridades locales, genere un registro para llevar a cabo un adecuado seguimiento en cada uno de estos casos, el objetivo es atender a estas cuatro víctimas que tenemos muy bien ubicadas y desde luego también el objetivo es apoyar a las que aún no han dado a conocer su caso, pero que sabemos que existen muchos, pero muchos más lamentablemente.

Se trata de un ataque que busca dejar huella indeleble en la dignidad del ser humano, y eso no lo podemos permitir, compañeras, compañeros, frente al dolor que los agresores buscan causar, hoy nos unimos sin colores, lo subrayo, ni partido para dar voz a quienes han sufrido en silencio esta atrocidad.

Yo invito a los diferentes grupos parlamentarios para que en su momento, en el turno a las comisiones, se puedan sumar y podamos castigar más severamente a estos delincuentes y también se pueda concretar este exhorto a la Secretaría de Salud para apoyar a las víctimas.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A BRINDAR A LAS VÍCTIMAS DE ATAQUES CON ÁCIDO, SUSTANCIAS CORROSIVAS Y/O QUÍMICAS, ATENCIÓN MÉDICA DE MANERA PRIORITARIA, ADEMÁS DE GARANTIZAR QUE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS, ESTÉTICOS, RECONSTRUCTIVOS Y PSICOLÓGICOS QUE REQUIERAN SE PROPORCIONEN DE MANERA GRATUITA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Introducción: ataques con ácido en México y el mundo

Una de las manifestaciones más terribles de la violencia de género es la de los ataques con ácido. En los últimos años, la incidencia de este delito ha aumentado alrededor del mundo y, recientemente, se han presentado casos de este tipo en nuestro país. 

Para hacerle frente a esta grave situación, países como Camboya, India y Colombia, han aprobado cambios legislativos en distintos ámbitos para inhibir este delito.

En el marco de la lucha internacional para erradicar esta forma de violencia, la organización británica Acid Survivors Trust International (ASTI, por sus siglas en inglés), merece una mención especial. Sin duda alguna, la información y los testimonios que generan sus investigaciones constituyen valiosos insumos que contribuyen a crear conciencia, dimensionar los alcances del problema y diseñar soluciones efectivas para eliminar este flagelo que nos preocupa e indigna a todos.

ASTI ha señalado que anualmente se registran 1,500 ataques con ácido en todo el mundo. Las víctimas en 8 de cada 10 casos son mujeres. Sin embargo, se estima que esta cifra únicamente representa un 40% de la total, ya que la mayoría no denuncia.

2. Testimonios de víctimas de ataques con ácido en México.

En el caso de México, si bien no se cuenta con información oficial, los medios de comunicación han documentado este tipo de agresiones.

En el Senado de la República, el martes 26 de febrero de 2019, se llevó a cabo una reunión y posteriormente una conferencia de prensa con víctimas de ataques con ácido, a fin de conocer y comprender mejor la magnitud de este problema, así como los alcances y las secuelas de las lesiones sufridas.

Es así que conocimos los casos de Esmeralda Millán, Nirvana Hermosillo, Carmen Sanchez y Ana Helena Saldaña o como se le conoce en redes sociales “Annie”. Mujeres que, después de haber sido atacadas con ácido u otros agentes químicos, han padecido severas consecuencias físicas y emocionales.

Todas ellas relataron el lento y doloroso proceso que han sufrido para recuperar su salud física y mental. Es preciso tener en cuenta que las lesiones causadas por el efecto del ácido sobre los tejidos y la piel son sumamente dolorosas y los daños suelen ser irreversibles, dejando cicatrices, a menudo en el rostro, que permanecen para siempre

Además del dolor físico, las víctimas se enfrentan también a una estigmatización social y a la vergüenza de llevar las marcas que deja el ácido. Por eso, la mayor parte de ellas se ha sometido a múltiples cirugías reconstructivas para sanar su piel y borrar los rastros del ataque, lo cual resulta muy costoso para ellas y sus familias.

Por lo anterior, el pasado 14 de marzo la Diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con el fin de tipificar como delito las lesiones causadas a mujeres mediante el empleo de ácidos o sustancias corrosivas.

A fin de castigar a nivel federal este tipo de ataques, el suscrito presentó una iniciativa de reforma a los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal la cual incorpora en el delito de lesiones aquellos que sean cometidos con ácidos y otras sustancias químicas y corrosivas. La propuesta también considera un mayor endurecimiento de las penas cuando la víctima de este delito sea una mujer, en específico, la pena más alta considera 20 años de prisión.

3. Atención a las víctimas de ataques con ácido.

Las quemaduras químicas precisan tratamiento quirúrgico en el 55% de los casos. Generalmente afectan a zonas como la cara, el tórax o las manos, con las consiguientes secuelas estéticas y déficit de funciones y, en algunos casos elevan la probabilidad de muerte a un 30%.

En la mayoría de los casos, además de las quemaduras en rostro y cuello, puede haber daños en las vías respiratorias e incluso ceguera.

La piel de los párpados es la más delgada del cuerpo (mide menos de un milímetro) por eso cuando se lesiona por un ataque con ácido el daño es prácticamente irreversible. Al perder el ojo su función protectora, se suma a la acción directa del agente químico, causando frecuentemente la pérdida de la visión e incluso la perforación del globo ocular.

Para el caso de las cirugías reconstructivas y estéticas requeridas para la rehabilitación de las víctimas, la Consultora Frontier Economics hizo un estudio del impacto económico que afecta a las víctimas en Inglaterra. Estiman que, en promedio, el costo económico es de 63,000 libras por persona1. Esto quiere decir que, al menos, las víctimas requieren de 1,000,000 de pesos para su rehabilitación.

El alcance que tiene este tipo de violencia de género no solo tiene que ver con el costo económico, sino que la vida de las víctimas no vuelve a ser la misma después de los ataques.

Según el doctor Fernando Acosta, psicólogo de la Secretaría de Salud Departamental de Colombia, "La persona va a tener que hacer un duelo frente a la imagen que ha tenido de sí misma… De un momento a otro cumple las etapas de duelo de no aceptación, rabia... y finalmente depresión", dice el especialista. Es entonces que "va a necesitar acompañamiento familiar y psicosocial”2.

En este sentido es de vital importancia que el Estado mexicano asegure a las víctimas el debido acompañamiento psicológico para la recuperación total.

4. Descripción de la propuesta.

Como lo ha señalado la experiencia internacional y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, lo más importante es garantizar una mejor atención médica y psicológica a las víctimas, para que estén en posibilidades de recuperar su vida.

Las lesiones a causa de las quemaduras químicas son devastadoras en la mayoría de los casos, y tienen repercusiones psicológicas y físicas que requieren atención por muchos años.

En este sentido, la propuesta considera que la Secretaría de Salud realice las gestiones necesarias a fin de que las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o químicas tengan acceso prioritario a los servicios médicos que requieran.

Asimismo, el presente punto de acuerdo también considera que, con objeto de apoyar a las víctimas que han sufrido estas agresiones, todos los tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones, incluidas las cirugías reconstructivas y las terapias de rehabilitación se proporcionen de manera gratuita en el centro de salud más cercano a su domicilio.

Además, se solicita que la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades locales, lleven a cabo un adecuado seguimiento a cada uno de los casos, con objeto de garantizar su acompañamiento por todo el tiempo que requieran.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas y/o químicas, atención médica de manera prioritaria, además de garantizar que los tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos y psicológicos que requieran se proporcionen de manera gratuita en el centro de salud más cercano a su domicilio.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que en coordinación con las autoridades locales genere un registro para llevar a cabo un adecuado seguimiento a cada uno de los casos, en atención a la falta de estadísticas que permitan conocer la dimensión del problema.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Eruviel Ávila Villegas.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Eruviel Ávila, le pido que me permita sumarme a su punto de Acuerdo. Gracias. Se turna a la Comisión de Salud.

1 Acid attacks cost society at least 300 m over 6 years.
http://www.frontier-economics.com/uk/en/news-and-articles/news/news-article-i2142-acid-attacks-cost-society-at-least-300m-over-6-years/

2 ¿Cuáles son las consecuencias de ser víctima de un ataque con ácido?.
https://www.elpais.com.co/judicial/cuales-son-las-consecuencias-de-ser-victima-de-un-ataque-con-acido.html






Tiene el uso de la palabra el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhortan a diversas autoridades, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Con su venia, señora Presidenta.

Desde el 2013, se han realizado procesos de compras consolidadas de medicamentos, vacunas y materiales de curación, liderados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con dicho instituto, estos procesos de compra han permitido incrementar y mantener altos niveles de surtimiento de recetas a los derechohabientes.

Asimismo, se señala que esta compra aunada a la optimización de la cadena de suministro, ha favorecido el abasto de medicamentos y demás insumos para la salud de calidad, así como la reducción de costo a través de las nuevas condiciones de abastecimiento.

Se estima que la compra consolidada para atender las necesidades del 2019, será por casi 58 mil millones de pesos para la adquisición de 834 claves de medicamentos, 26 correspondientes a vacunas y 521 de material de curación.

A través del mecanismo de las compras consolidadas se han logrado generar grande ahorros de recursos destinados para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud.

Desde el 2013, año en que inicio el proceso de la compra, se han logrado ahorros del sector salud por casi 17 mil 500 millones de pesos.

La Comisión Coordinadora para la negociación de precios y medicamentos e insumos para la salud, conformadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, economía y salud, y por los organismos descentralizados del Seguro Social e ISSSTE es la instancia del gobierno federal que pueden negociar los precios de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, emitido por el Consejo de Salubridad General.

El universo de medicamentos de insumos a negociar, se determinan en función de los requerimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con base a la información otorgadora por el Instituto Mexicano de la propiedad industrial y la protección federal para la protección contra riesgos sanitarios, referente a vigencia de patentes y registros sanitarios, respectivamente.

Derivado de los resultados de las negociaciones se obtiene la contención de precios de medicamentos e insumos para la salud.

Lo anterior a fin de optimizar los recursos invertidos en salud, adquirir productos de calidad con oportunidad a través de acciones transparentes con honradez que satisfagan las necesidades de las diferentes instancias que otorgan el servicio de atención médica a la población mexicana.

Es por todo lo anterior expuesto que se somete a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo.

El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas competentes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que en conjunto definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de medicamentos y de más insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente y a tiempo, dentro del marco de la ley, garantizando las mejores condiciones para el Estado a que hace referencia el artículo 134 constitucional a fin de evitar el desabasto de estos insumos y medicamentos esenciales en la prestación de los servicios de salud.

Es cuanto, señora Presidenta.

Y si me permite le pediría que este punto de Acuerdo se pudiera turnar a la Junta de Coordinación Política, a fin de que se le pudiera dar la atención que merece para que no exista este desabasto de insumos y medicinas en el sector salud.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Américo Villarreal. Se turna a la Junta de Coordinación Política.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, a que proporcione la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con su permiso, señora Presidenta.

El pasado 4 de enero el país comenzó a vivir un desabasto de gasolina que trajo grandes pérdidas económicas, sobre todo en el sector empresarial, lo anterior debido al anuncio que realizó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en fecha 27 de diciembre de 2018.

Las primeras entidades afectas fueron Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, extendiéndose posteriormente la afectación hasta Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México, todo ello a consecuencia del plan contra el robo de hidrocarburos que consistió en el cierre de ductos y un cambio en la forma de distribución de la gasolina.

El 24 de enero, el Presidente de la República anunció, a través de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, que realizó la compra de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares en una adjudicación directa.

Ahora bien, la norma general que regula todas las compras que el gobierno federal realiza es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta ley contempla tres opciones enunciadas en su artículo 26, mismas que por regla general deben hacerse prioritariamente mediante una licitación pública y en excepción de condiciones específicas y justificadas, por invitación a cuando menos tres personas y, en efecto de los anteriores, por adjudicación directa.

Por lo que al haberse realizado una adjudicación directa de las pipas sólo se puede justificar por alguna de las fracciones de su artículo 41.

Tomando en cuenta las declaraciones hechas por la Oficial Raquel Buenrostro, el 24 de enero del presente, en la audiencia matutina del Presidente de la República, la decisión por adjudicación directa en el caso de compra de pipas se da por caso de fuerza mayor, que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define como sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que siendo extraños al obligado lo afectan en su esfera jurídica impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación sin que tales hechos les sean imputables directa o indirectamente por culpa y cuya afectación no pueda evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve.

Por lo anterior, es evidente que no es posible alegar un caso fortuito o una fuerza mayor toda vez que el propio Ejecutivo Federal pudo haber prevenido el desabasto en el país a través de una estrategia concreta, con una metodología clara, previa al cierre de los ductos y en la forma de distribución de la gasolina.

Lo anterior pone en evidencia que fue el propio gobierno federal el que a causa del plan contra el robo de combustible y a la falta de previsión de la estrategia de abasto ocasionó daño económico y la emergencia que se alega, lo que excluye como justificación de sus acciones de adjudicación directa, de caso fortuito o fuerza mayor, ya que tales hechos le son imputables directa o indirectamente por culpa, por lo que pudo evitar con los instrumentos que normalmente dispone para evitar el acontecimiento, oponerse a él, resistirlo y evitar, así, la transgresión a la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione a esta Soberanía copia del informe relativo a los contratos formalizados durante el mes de enero pasado, con copia adjunta del escrito firmado por el titular del área que realizó la adjudicación directa de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares, así como el dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones de la adjudicación, mismo que debió presentarse ante el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de conocer los fundamentos, motivos y criterios que justificaron dicha adquisición.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez, en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta Soberanía la razón por la que consideró el desabasto de gasolina en el país como una urgencia, tomando en cuenta que fue provocado el desabasto a consecuencia de las acciones del Poder Ejecutivo Federal al cerrar el suministro de ductos de Pemex, pudiendo haber previsto esta situación.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobierno federal informe a esta Soberanía la razón por la cual no se realizó la compra mediante licitación de 671 pipas por un costo aproximado de 92 millones de dólares antes de iniciar la estrategia en contra del robo de hidrocarburos.

Cuarta. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que examine la justificación de la adjudicación directa de 671 pipas, a fin de determinar e iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables de la inobservancia del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA C. RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ , EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA C. OLGA SÁNCHEZ CORDERO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO FEDERAL, A FIN DE QUE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 4 de enero, el país comenzó a vivir un desabasto de gasolina, que hasta la fecha, nos ha traído grandes pérdidas económicas, sobre todo, en el sector empresarial. Lo anterior debido al anuncio que realizó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en fecha 27 de Diciembre de 2018.  Las primeras entidades afectadas fueron: Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, extendiéndose posteriormente la afectación hasta Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México. Todo ellos a consecuencia del “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, lo que consistió en el cierre de ductos y la forma de distribución de la gasolina.

El pasado 24 de enero, el Presente de la República anunció, a través de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, que realizó la compra de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares en una adjudicación directa.

Ahora bien, la norma general que regula todas las compras que el gobierno federal realiza es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según lo establece en su artículo 1°. Esta ley contempla tres opciones enunciadas en su artículo 26, mismas que por regla general, debe hacerse prioritariamente mediante licitación pública, y en excepción de condiciones específicas y justificadas, por invitación a cuando menos 3 personas y en defecto de los anteriores, por adjudicación directa.

Así mismo, en atención al capítulo de Excepciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto a la adquisición o arrendamiento de bienes, establece en su artículo 40 que “la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”.

Por lo que al haberse realizado una adjudicación directa de las 671 pipas, por un monto de 92 millones de dólares, primeramente es necesario no exceder los montos máximos a los que refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que remite al artículo 3, fracción X, del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual a su vez indica el monto mínimo en el Anexo 9, que para el caso de la adquisición referida, el monto está muy por arriba del permitido. Por lo cual, solo sería posible justificar las causas que motivaron dicha adquisición, encuadrándolas en alguna de las fracciones del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tomando en cuenta las declaraciones hechas por la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, el 24 de enero del presente, en la audiencia matutina del Presidente de la República, debieran soportarse en alguna de las fracciones II, III o V de dicho artículo, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I.- …

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;

IV.- …

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI.- …

Derivado de lo anterior, se observa que la posible justificación para los casos de las fracciones II y V, se encuentra en lo que se pudiera considerar como “caso fortuito” o “fuerza mayor”, para lo cual, la Suprema Corte de Justicia conceptualiza estos términos con el siguiente criterio:

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo.

Respecto al concepto anterior, es evidente que no es posible alegar un caso fortuito o de fuerza mayor, toda vez que el propio ejecutivo federal, pudo haber prevenido el desabasto en el país, a través de una estrategia previa al cierre de las válvulas en una conducta premeditada de cierre de ductos y la forma de distribución de la gasolina, según el “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, lo que trajo como consecuencia la baja en la distribución del combustible, por debajo de la demanda habitual de las zonas afectadas, afectando en consecuencia la actividad económica de las entidades federativas.

Ahora bien, respecto a lo establecido en la fracción III, del ordenamiento antes citado, las circunstancias que provocan pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados, llevan el mismo origen que lo establecido en el párrafo anterior, ya que de haber previsto el Ejecutivo Federal, una logística de abasto, antes de poner en marcha el “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, mediante la adquisición por licitación de las pipas necesarias, y posteriormente hacer el cierre de las válvulas de los ductos que distribuyen los hidrocarburos a las entidades federativas, no existiría la urgencia de la que se habla.

Lo anterior pone en evidencia, que fue el propio gobierno federal el que, a causa del “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos” y a falta de previsión en la estrategia de abasto, ocasionó el daño económico y la emergencia que se alega, lo que excluye como justificación de sus acciones de adjudicación directa el caso fortuito y fuerza mayor, ya que tales hechos le son imputables directa o indirectamente por culpa, por lo que pudo  evitar con los instrumentos que normalmente dispone, para prevenir el acontecimiento, oponerse a él, resistirlo y evitar así la transgresión de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione a esta soberanía, copia del informe relativo a los contratos formalizados durante el mes de enero pasado, con copia adjunta del escrito firmado por el titular del área que realizó la adjudicación directa de 671 pipas, por un costo aproximado de 92 millones de dólares, así como el dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones de la adjudicación, mismo que debió presentarse ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos previstos por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de conocer los fundamentos, motivos y criterios que justifican dicha adquisición.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía, la razón por la que consideró el desabasto de gasolina en el país como una urgencia, tomando en cuenta que fue provocado el desabasto a consecuencia de las acciones del Poder Ejecutivo Federal al cerrar el suministro de los ductos de PEMEX, pudiendo prever el mecanismo de abasto alterno a los ductos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Gobierno Federal, informe a esta soberanía, la razón por la cual no se realizó la compra mediante licitación de 671 pipas, por un costo aproximado de 92 millones de dólares, antes de iniciar la estrategia en contra del robo de hidrocarburos.

CUARTA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública examine la justificación de la adjudicación directa de las 671 pipas, a fin de determinar e iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables de la inobservancia del artículo 54 de la ley General de Responsabilidades Administrativas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Martha Márquez Alvarado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Eva Galaz Caletti, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en el Sistema de Educación Básica.

La Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti: Con su venia, señora Presidenta.

Vengo a esta tribuna a presentar una proposición con punto de Acuerdo para tratar un tema de gran importancia para la sociedad mexicana, la educación alimentaria.

Ésta forma parte del derecho fundamental a la salud y el Estado debe esforzarse en procurar su incorporación en los planes y programas de estudio del sistema educativo en aras de erradicar la epidemia de obesidad y sus terribles consecuencias, sobre todo en los niños.

La Ley General de Educación señala expresamente, en su artículo 7o., la obligación que tiene el Estado de fomentar la educación en materia de salud alimentaria.

El derecho a la alimentación saludable no sólo tiene que ver con acceso a comida sana y nutritiva, sino con que se nos proporcione información suficiente acerca de los alimentos que consumimos.

Esta educación debe de brindarse desde la más tierna infancia, cuando somos capaces de registrar hábitos que se mantendrán durante el resto de nuestras vidas.

Actualmente, México sufre una epidemia de obesidad, siendo el segundo país con más obesidad en el mundo, de acuerdo a la OCDE. La principal causa son los malos hábitos en la alimentación. A largo plazo la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Hoy la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad, y es ahí donde entra la educación alimentaria.

La educación alimentaria y nutricional no es suficiente para lograr la plenitud de conocimientos en nutrición, se logra cuando las personas, grupos y/o comunidades mejoran sus prácticas y comportamientos alimentarios de manera sostenible. Debe tener un enfoque basado en la inclusión de múltiples actividades como sesiones de grupo, campañas, huertos escolares pedagógicos, juegos, entre otros.

Tomando en cuenta los aportes que la implementación de la educación nutricional tendría en el corto y mediano plazo, consideramos necesario realizar una recomendación respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que con base en lo establecido en la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación, diseñe planes de estudio enfocados únicamente a la educación nutricional.

En el mismo tenor consideramos necesario recomendar a la misma Secretaría que realice campañas de información que difundan los efectos nocivos de enfermedades como la obesidad o la diabetes, y al mismo tiempo señalen los beneficios de una alimentación saludable.

Estas campañas, dirigidas principalmente a los padres de familia, son el primer paso para generar una mayor conciencia en el tema de la alimentación infantil.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Eugenia Galaz. Se turna a la Comisión de Educación.

Hay solicitudes para adherirse a la proposición. Todo el grupo parlamentario de Morena, ¿Es correcto? Tome nota, por favor, la Secretaría de esta adhesión. Se adhieren los Senadores Geovanna del Carmen Bañuelos, Sasil De León, el grupo parlamentario del PT, la Senadora Patricia Mercado, Katia Elizabeth Ávila, y el grupo parlamentario del PES. Túrnese a la Comisión de Educación.

A continuación, la Secretaría dará cuenta de los turnos directos solicitados.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy cuenta.






A petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, se turna el punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice diversos estudios técnicos para la sub-cuenta de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE DE ACUERDO A SUS FACULTADES, REALICE ESTUDIOS TÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, GEOGRÁFICOS, EDÁFICOS, GEOLÓGICOS Y TOPOGRÁFICOS DE CAMPO PARA LA GENERACIÓN DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO GEO-HIDROLÓGICO PARA LA SUB CUENCA DE COBOS-PARGA-SAN FRANCISCO, UBICADA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO TRABAJOS RELACIONADOS CON LA REHABILITACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS CAUSES DE LOS ARROYOS SAN FRANCISCO, CALVILLITO, RELICARIO, MALACATE, COBOS Y PARGAS, UBICADOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CORTINA DE LA PRESA PARGAS, UBICADA EN LAS INMEDIACIONES DE LA COMUNIDAD RURAL LOS PARGAS, en el Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La zona conocida como el “Bosque de Cobos” en la ciudad de Aguascalientes, se clasifica como un bosque de matorral espinoso, en donde se pueden encontrar mezquites, cactáceas, huizaches, entre otros. Además, se encuentran también cerca de cien especies de vertebrados como liebres, tejones, mapaches, zorrillos y coyotes.

Dentro de esta área natural se ubican diversas edificaciones de origen colonial y con un alto grado de valor histórico, ya que cuenta con vestigios de civilizaciones antiguas reconocidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre el patrimonio histórico cultural, un testimonio imprescindible en la comprensión integral del uso y aprovechamiento del agua en las diversas etapas de la historia de ocupación humana del sitio de interés.

La importancia fundamental de esta área es que ayuda a la producción de oxígeno, captación e infiltración de agua a los acuíferos, entre otros procesos y servicios ambientales para el desarrollo armónico de una ciudad sustentable. Su arroyo tiene una profundidad promedio de 12 metros y en algunos tramos, alcanza hasta los 16 metros, dejando entre ver vestigios paleontológicos y fósiles. El sitio cuenta con registros únicos a nivel mundial y formaciones geológicas de gran relevancia científica según especialistas en estratigrafía.

De acuerdo a varias Organizaciones de la Sociedad Civil, pioneras en el tema ambiental, como parte de la problemática recurrente se presentan diversos delitos en las zonas naturales, como extracción ilegal de materiales pétreos como arena, grava, y piedras en cauces de arroyos, destrucción de los paredones de tierra de las márgenes interiores de los cauces naturales para la elaboración de ladrillos y tabiques, saqueo y aprovechamiento ilegal de arcillas y lodos, descargas ilegales y permanentes de aguas con mala calidad y de aguas negras domésticas, agro-pecuarias y de tipo industrial hacia los arroyos, tiraderos ilegales de residuos peligrosos y de manejo confinado, depósitos ilegales de cadáveres de animales domésticos, escombros, basura de todo tipo y desechos biológico-infecciosos. A esto, hay que agregar la sobre explotación exhaustiva del manto acuífero que provoca un hundimiento de la ciudad del valle de Aguascalientes, la cual, de acuerdo al Colegio de Geólogos se hunde entre tres y cinco centímetros por año. Es necesario señalar la salvaguarda de los procesos de infiltración y descarga de agua al acuífero que ofrece la zona bajo el contexto del alto nivel de abatimiento del reservorio de agua subterránea del que se abastece la ciudad de Aguascalientes, ya que se encuentra entre los cinco más abatidos del País. Existe además, una constante invasión del área Federal en la mayoría de los cauces del sistema ripario con graves riesgos en los fenómenos de crecidas de aguas y desfogue de la zona de vertedero de la Presa Pargas.

Otro problema desestabilizador del ecosistema acuático, en los cuerpos de agua es el uso indiscriminado de artes de pesca no permitidos o no regulados por las autoridades correspondientes.

A inicio del mes de octubre de presente año, se inició el procedimiento para que el “Bosque de Cobos” sea declarado como Área Natural Protegida, lo que representa una extensión aproximada de 115 hectáreas. Por tal motivo, es de vital importancia la conservación de dicha área natural, eliminando todas las fuentes de deterioro y contaminación que ahí se puedan encontrar, así como su rehabilitación y saneamiento integral de su cuenca. Aunado a lo anterior, la presa Parga en la actualidad tiene un alto grado de azolvamiento en todo su vaso captador de escorrentías de aguas pluviales, además de presentar fallas estructurales en la cortina, lo que ocasiona fugas continuas, disminuyéndose así la disponibilidad del vital líquido para su aprovechamiento por la población de dicha zona.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1988, en su artículo 55 fracción III, estipula que es facultad de la Federación la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico, motivo por el cual, no se debe tener indiferencia y hacer caso omiso, ante acciones encaminadas a proteger y fortalecer las áreas naturales de nuestro país. Es de suma importancia reconocer que la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal, que pueda permitir satisfacer las necesidades humanas, sin comprometer la capacidad de la naturaleza, y por tanto, la existencia sustentable de generaciones futuras.

En este sentido, Raúl Brañes en su texto “Manual de Derecho Ambiental Mexicano” menciona respecto a la contaminación del agua que

[…] El problema global consiste en la protección de las cuencas, lo que exige una ordenación de las mismas, esto es, la realización de las acciones necesarias para la protección del sistema hidrográficos en su conjunto y en cada uno de sus elementos[…]” 1

En Acción Nacional estamos conscientes de que un medio ambiente sano es una aspiración de la sociedad, ya que es parte fundamental del desarrollo integral y de la calidad de vida de las personas y de las generaciones presentes y futuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que de acuerdo a sus facultades, realice estudios técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub cuenca de Cobos-Pargas-San Francisco, ubicada en el Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que lleve a cabo trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los causes de los arroyos San Francisco, Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos, Hondo y Pargas, ubicados en el Estado de Aguascalientes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que lleve a cabo los trabajos de rehabilitación del vaso y la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural los Pargas, en el Estado de Aguascalientes.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que emita un Decreto que reconozca en su totalidad al acuífero interestatal de Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación, como una zona hidrológica prioritaria para la República Mexicana, y posteriormente se publique su plan de manejo y se otorguen todos los recursos para su correcta ampliación y administración, en beneficio de todas las personas que dependen de esta cuenca superficial y acuífero subterráneo tan sobre-explotado.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1  Brañes Rául. “Manual de Derecho Ambiental Mexicano”. Pag. 404. Fondo de Cultura Económica, México, 2000. ISBN: 978-607-16-5620-9





Se informa que a petición de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. El turno es a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Ley en comento los Partidos Políticos son entidades de interés público cuyo objetivo es promover el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público entre otras acciones, de acuerdo a su artículo 31, su función conlleva una organización de ciudadanos con intereses afines, con la intención de promover acciones que modifiquen su entorno. Los partidos políticos son un elemento necesario de la democracia organizada y es fundamental mantener entre ellos la mayor equidad posible para evitar que un grupo de interés se apropie de espacios de poder y de influencia económica que conlleve a una competencia desigual con los restantes partidos políticos.

Una de las discusiones en las que se ha centrado la democracia contemporánea es el debate sobre la necesidad de financiar con recursos públicos las actividades ordinarias y de campaña de los partidos políticos que son reconocidas por la Ley en comento en su artículo 72 que a la letra dice:

Artículo 72.

1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.

2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:

a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

b) […]

c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y

Estas actividades ordinarias denominadas “permanentes”, le permiten a los partidos políticos formar y capacitar cuadros militantes, generar estudios que conlleven a la formación de agendas y plataformas políticas y difundir o divulgar sus intereses y sus propuestas en la ciudadanía, además de solventar los gastos corrientes necesarios para el mantenimiento de sus sedes y los salarios del personal que realiza actividades administrativas o políticas.

Así a través del Instituto Nacional Electoral y por mandato del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción II en cuyo texto se lee:

Artículo 41

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

En correlación con lo anterior se considera necesario citar el artículo sujeto a reforma para exponer los montos asignados por la Ley, a través del INE a los partidos políticos nacionales.

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución;

En correlación con lo anterior se presenta el cálculo determinado para el ejercicio fiscal de 2019, correspondiente a los montos asignados para las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales:

Fórmula

Valor 65% UMA

Ciudadanos Inscritos en Padrón Electoral (CIPE)

Valor Total

65% UMA * CIPE

52.39

90,259,589

4,728,699,867.71

Diversas voces en la sociedad se han manifestado sobre la necesidad de realizar ajustes a este monto, dado que se considera una cantidad excesiva, ante otras necesidades nacionales, como son el acceso a los derechos humanos fundamentales para la mayoría de la población, sin embargo es necesario encontrar una coincidencia entre una reducción significativa a este monto y el sostenimiento público a los partidos políticos como una forma de mantener organizada a la democracia y permitir el acceso a los ciudadanos al poder a través de entidades públicas que están sujetas a las reglas de transparencia que impone la Ley.

La historia del financiamiento público de los partidos políticos ha tenido diversas fases de acuerdo a las diversas realidades de la sociedad y en búsqueda de una mayor competitividad y equidad entre dichas entidades, tal como se lee:

[…], fue hasta la reforma legal de 1987 en que se previó por primera vez el financiamiento público de carácter pecuniario para los partidos políticos. Los criterios de los cuales se partía era el número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatamente anteriores y el número de curules logradas en la Cámara de Diputados por cada partido, lo que se denominó como “costo mínimo de una campaña para diputado”.

Con la reforma constitucional y legal de 1990 se ampliaron los conceptos de financiamiento público: a) Por actividad electoral; b) Por actividades generales como entidades de interés público; c) Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, y d) Por actividades específicas como entidades de interés público, manteniendo el criterio dual, proporcional al número de votos y escaños.

Con la reforma de 1993 se agregó un concepto más, el desarrollo político, que se otorgaba a los partidos con registro más reciente, razón por la cual no tenían antecedentes respecto de su fuerza electoral y mucho menos ocupaban alguna curul en la Cámara de Diputados.

Antes de 1993 no se establecían reglas respecto del financiamiento privado ni sobre topes de gastos de campaña, tampoco sobre mecanismos de información, supervisión y fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y, en consecuencia, no se establecían sanciones sobre el particular. Fue con la reforma constitucional y legal de 1993 cuando se estableció, además de las disposiciones que regulaban el financiamiento público directo a los partidos políticos, normas relativas al financiamiento privado. De igual forma, se prohibió el financiamiento proveniente de los poderes federales, de los estados o de los ayuntamientos, distinto del regulado conforme a la propia normativa electoral. Asimismo, se prohibieron las aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de ministros de culto y de empresas mercantiles.

Se determinó que las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos, y se previó la obligación de los partidos de presentar informes respecto de sus ingresos y egresos. Las aportaciones anónimas se permitían hasta un monto total equivalente al 10% de lo recibido por financiamiento público. Se fijaron límites a las aportaciones individuales y de personas morales, en 1% y 5%, respectivamente, del monto total del financiamiento público otorgado a todos los partidos.

Se establecieron reglas para fijar topes a los gastos de campaña, siendo atribución del Instituto Federal Electoral el determinarlos, y la imposición de sanciones estaba a cargo del entonces Tribunal Federal Electoral.

Con la reforma electoral de 1996, los partidos políticos pactaron un marco normativo en la Constitución y en la ley sobre las condiciones de la competencia, que incluyó:

-Un financiamiento público predominante frente al privado.

-La especificación de las fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y los límites de esas donaciones.

-La exclusión de dinero de determinados orígenes (gobiernos, el extranjero, las iglesias, empresas mercantiles, mexicanos en el extranjero y donativos anónimos).

-Topes a lo que los partidos pueden gastar en las campañas.

-Un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las sanciones a que se hacen acreedores si violan la ley.2

La naturaleza de estas reglas responde a la necesidad de establecer una competencia real, donde el factor económico no decida sobre el resultado electoral, es decir si algún grupo de interés económico llegara a interferir en la vida partidaria favoreciendo con recursos a un partido político, este obtendría significativas ventajas en la contienda electoral, lo que seguramente le aseguraría mayores espacios de poder público y por ende compromiso de atender primordialmente los intereses de aquellos a quienes han financiado y no el interés nacional.

Una regla básica de la democracia es que los votos de los ciudadanos deben contar por igual, sin distinciones de carácter económico o social, es decir en otros términos que el voto de una persona del decil mínimo de ingreso, tiene el mismo valor en términos electorales que el de una persona en el decil de más alto ingreso.

Para que este postulado adquiera una dimensión real, en los hechos, es necesario que los partidos políticos como vehículos para el acceso al poder de los ciudadanos, tengan recursos públicos, que sean usados con transparencia y tengan límites y reglas para acceder a recursos privados que representen una mínima parte de sus prerrogativas monetarias.

El financiamiento público a los partidos políticos permite una competencia directa, donde el resultado electoral no sea proporcional a los recursos económicos erogados, sino que dependa de una adecuada selección de candidatos y sobre todo de una plataforma política convincente para la ciudadanía.

Hoy día el financiamiento público para los partidos políticos les permite acceder progresivamente a victorias electorales en el ámbito local y federal, sin que un partido en particular haciendo uso de recursos económicos como su única condición de competitividad, pueda acaparar la mayoría de los puestos de elección popular.

Sin duda, las reformas electorales han permitido la alternancia en la presidencia de la República desde el año 2000, y por supuesto el cambio de mayorías legislativas en las Cámaras del Congreso de la Unión donde difícilmente se han construido mayorías por lapsos mayores a un sexenio.

Ahora bien mucho se ha discutido sobre las razones para mantener el financiamiento público a los partidos políticos y racionalizar los recursos de forma que se mantenga la competitividad electoral y no se considere una erogación excesiva, siempre que se atienda como base lo siguiente:

[…], queda claro que los partidos necesitan recursos para que sea posible canalizar sus postulados y principios ideológicos, para formar políticamente a sus afiliados e inducirlos a la participación activa en los procesos electorales y para apoyar a sus candidatos en la realización de sus campañas políticas. En síntesis, para ofrecer a sus miembros la posibilidad de llegar al poder mediante el voto ciudadano, los partidos necesitan recursos y apoyos, es decir, requieren el financiamiento de sus actividades (Jiménez, 2005)

[…]

Vista la relevancia que le dan los partidos políticos al financiamiento y la regulación en México, resta señalar los efectos reales del financiamiento para un partido político. Para Morales (2007) los gastos de campaña sí importan y sí tienen un impacto en los resultados electorales, pero este impacto no es generalizado, pues depende de cada elección, de cada partido y del tipo de gasto.

Al parecer, la relación entre los gastos y los votos/victorias está mediada por la fuerza del partido político en cada estado, por la combinación del perfil del candidato, por el proceso interno de selección de candidatos o por el desempeño del gobierno en turno. Por tanto, los gastos de campaña no son el único factor que explica el resultado electoral que obtienen los partidos políticos, no son la única clave del éxito electoral (Morales, 2007).

Diversos autores coinciden en que el financiamiento público es una moneda de dos caras, si bien favorece la actividad partidista, dada la fórmula de repartición y la cantidad de recursos concedidos, se aleja de la equidad, de tal forma que en opinión de De la Calle (2004), Bernal (2006) y Aparicio, Pérez y Pérez (2007), el financiamiento público presenta las siguientes:

Ventajas

• Fortalece la autonomía de los políticos.

• Protege la igualdad política de oportunidad y competencia electoral.

• Permite sobrevivir en un entorno en el cual se ha hecho más costoso difundir un mensaje y atraer los votos de sociedades más plurales.

• Transparencia en el origen de los recursos.

• Independencia de los partidos políticos respecto de cualquier interés ajeno a los mismos.

• Condiciones adecuadas de equidad en la competencia electoral.

• Evita la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de financiamiento.

Desventajas

• Los partidos políticos pueden volverse excesivamente dependientes del erario público.

• Disminuye los incentivos para que los partidos se mantengan tan cerca del electorado como lo harían sin dicho financiamiento.

• Puede premiar o castigar a cierto tipo de partidos.

• No elimina la corrupción, ya que las fuentes privadas e ilegales de financiamiento persisten.

• Para los partidos es más fácil obtener dinero sin hacer un esfuerzo por movilizar a los votantes.

• Provoca que el sistema de partidos se cierre debido a que los legisladores tienen incentivos para cambiar las reglas a su favor, otorgándose más dinero y elevando las barreras a la entrada.

• Desvinculación de los partidos políticos respecto de la sociedad.

• Burocratización de los partidos políticos.

• Gasto desmesurado por parte de los partidos políticos en relación con los recursos provenientes del erario público.3

De acuerdo a lo anterior se puede lograr un consenso sobre las ventajas de mantener el financiamiento público para los partidos políticos, siempre que se encuentren vías para reducir las desventajas y lograr un equilibro en el gasto público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes.

La iniciativa retoma diversas voces que se han manifestado con anterioridad y se ha recabado la propuesta de utilizar una nueva fórmula para el financiamiento de los partidos políticos que tenga dos objetivos:

1. Reducir el gasto público para el financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes.

2. Incentivar a los partidos para mantenerse cerca del electorado y motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Es decir una de las propuestas que se han analizado en el seno del Congreso de la Unión sobre el tema, determinaba cambiar la fórmula de cálculo del artículo 51 de la Ley en comento sustituyendo factor de “Ciudadanos Inscritos en el Padrón Electoral” por el de “Votos Efectivamente Obtenidos en la última Elección Federal”, este cálculo por si mismo genera una inequidad para los partidos minoritarios que no les permitiría un desarrollo de actividades, sobre todo si se comparan resultados de elección donde solamente alcanzan el mínimo posible 3% para conservar su registro, lo cual conduciría a un bipartidismo o monopartidismo por la inequidad en la competencia electoral, determinada por los recursos económicos.

Sin embargo este cambio de factor obedece a la necesidad de que los partidos políticos tengan los incentivos necesarios para mantenerse cerca de su electorado y combatir el abstencionismo. Es decir al aumentar su votación efectiva, también accederían a mayores recursos y en consecuencia la ciudadanía podría expresar su voluntad, al no sentirse representada por la oferta política, disminuyendo su participación y por ende los ingresos para los partidos.

La iniciativa pretende conciliar estas dos posturas y propone una nueva fórmula para el cálculo, determinando por la suma de dos factores.

1. Multiplicar el 20% de la Unidad de Medida y Actualización por el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.

2. Multiplicar el 30% de la Unidad de Medida y Actualización por el total de la Votación Nacional Emitida.

Es decir en la siguiente tabla comparativa se puede observar el monto calculable de acuerdo a los datos disponibles para el ejercicio fiscal de 2019.


Fórmula

Valor %UMA

Valor CIPD/VNE

Monto

20% UMA x CPD

16.12

90,259.589

1,454,984,574.68

30% UMA X VNE

24.18

50,415,455

1,219,045,701.90

Suma

 

 

2,674,030,276.58

Esto significaría una reducción de 2,054,669,591.13 es decir un ahorro aproximado del 56%, respecto al cálculo vigente en la Ley, permitiendo que los partidos políticos minoritarios tengan acceso a los recursos públicos con equidad y que la meta del conjunto de los partidos políticos sea aumentar la votación nacional efectiva, para que de forma proporcional aumenten sus recursos disponibles. Dado que de acuerdo al Artículo 41 Constitucional el mecanismo para repartir los recursos públicos es determinado de la siguiente forma: “El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

De esta forma no solo se mantiene una distribución que utiliza como criterio el número de votos que haya obtenido un partido político en lo particular, sino que es tarea del conjunto de ellos abatir el abstencionismo a través de la mejora en la selección de sus candidatos, elaboración de plataformas y sobre todo cercanía y vinculación con la sociedad, para que ésta se sienta representada por alguna de las corrientes políticas presentes en la oferta electoral.

Es por lo anteriormente expuesto que se presenta el siguiente cuadro comparativo del proyecto de decreto propuesto.

Ley General de Partidos Políticos:

Dice:

Debe Decir:

Artículo 51.

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

Artículo 51.

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a la suma de las cantidades obtenidas en los párrafos siguientes:

Se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el veinte por ciento  del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

 Se multiplicará la votación válida emitida en la elección federal o local inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa, según sea el caso, por el treinta por ciento de la Unidad de Medida y Actualización

II a V….

b)…

c)…

2. …

3. …

II a V….

b)…

c)…

2. …

3. …

Con fundamento en los artículos enunciados en el proemio, se presenta ante esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforma la fracción I inciso a) numeral 1 del Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 51.

a)…

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a la suma de las cantidades obtenidas en los párrafos siguientes:

Se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el veinte por ciento  del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

Se multiplicará la votación válida emitida en la elección federal o local inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa, según sea el caso, por el treinta por ciento de la Unidad de Medida y Actualización;

II a V….

b)…

c)…

2. …

3. …

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Suscribe.

Sen. Claudia Edith Anaya Mota.

1 Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
Ley General de Partidos Políticos, DOF 13/05/2014.

2 Figueroa Álvarez, Rosa Adriana, “Regulación del financiamiento público de los partidos políticos en México”, Revista del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República “Belisario Domínguez”, Vol. 1 Núm 2 (2007) pp 47-51

3 Leyva Cordero, Oswaldo, et. Al., “Financiamiento Público y Supervivencia de Partidos Políticos Minoritarios en México”, análisis político Núm 91, Bogotá, Septiembre – Diciembre 2017, pags. 110-129






Igualmente se informa que a petición del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El turno es a las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

(Presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

También se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se construya un plan fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos. El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS, SE CONSTRUYA UN PLAN FISCAL Y DE NEGOCIOS ADECUADO PARA PEMEX, CON EL FIN DE SANEAR SUS FINANZAS, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan conjunto del Gobierno de la Republica con el fin de combatir el robo de hidrocarburos.

Uno de los ejes centrales del plan, fue el cierre de diversos ductos de distribución en distintos puntos del país.

Derivado del cierre de ductos, se creó un gran desabasto de gasolina a lo largo del país, afectando especialmente los Estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, la Ciudad de México y más recientemente el Estado de Nuevo León.

En medio de este desabasto, un grupo de ejecutivos de PEMEX viajaron a Nueva York con el fin de dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, sin embargo, este mensaje no surtió el efecto deseado.

“Estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada y comunicación coordinada entre Pemex y el soberano, a lo que se suma una aparente desconexión con la percepción del mercado”, escribieron analistas de Jefferies en una nota a clientes.

Además, Jim Craige cotitular de inversión de Stone Harbor Investment Partners sentenció: “Hubo una falta de claridad en el programa de financiamiento, falta de claridad sobre cómo alcanzan los objetivos de producción y falta de claridad sobre futuras subastas de concesiones. Si este tipo es la conexión con las agencias calificadoras, entonces podemos esperar rebajas”.

En consecuencia, con fecha 28 de enero de 2019, la Secretaria de Hacienda informó que impulsará en 2019 un conjunto de medidas que fortalecerán, primordialmente, la estrategia de la empresa en materia de inversión en nuevos proyectos de exploración y producción.

A pesar del anuncio de Hacienda, el día 29 de enero de 2019 la agencia calificadora Fitch Ratings recortó en dos escalones las notas de los bonos de PEMEX y las coloco en perspectiva negativa, argumentando que la medida anunciada no era suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio de la compañía; a su vez, señalaron que las dificultades financieras de la empresa podrían frenar el suministro de combustible, ocasionando grandes problemas para el país.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que, en coordinación con las demás fuerzas políticas del país, se construya un plan fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Las y los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.






Asimismo, se informa que a petición del Senador Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice diversas acciones ante el elevado índice de accidentes en la autopista México-Querétaro. El turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

MAURICIO KURI GONZÁLEZ, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN RELACIÓN CON LA AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, ANTE EL ELEVADO ÍNDICE DE ACCIDENTES CON CONSECUENCIAS FATALES QUE OCURREN FRECUENTEMENTE EN DICHA VÍA DE COMUNICACIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es muy frecuente enterarse por los medios de comunicación y en las redes sociales, de fuertes accidentes de tránsito en la autopista México-Querétaro, en donde lamentablemente hay víctimas mortales.

La pérdida de vidas humanas es lo más lamentable de esta situación. Pero también se generan graves consecuencias para la economía, tanto la federal, estatal y municipal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de accidentes en carreteras federales correspondiente a 20171, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene como una de sus fuentes al banco de datos de la Policía Federal de los accidentes registrados por dicha corporación, tenemos que los estados de México y Querétaro, que son las entidades en donde ocurren los accidentes en dicha vía de comunicación presentaron en ese año las cifras siguientes:

Estado de México
Colisiones: 598
Colisiones con víctimas: 302
Muertos: 196
Lesionados: 474
Daños materiales (miles de dólares): 3,641.9
Vehículos: 1054
Costo de los accidentes (miles de dólares): 111,992
Jerarquización: 3er lugar nacional

Querétaro
Colisiones: 354    
Colisiones con víctimas: 113
Muertos: 56
Lesionados: 166
Daños materiales (miles de dólares): 1,339.8
Vehículos: 666
Costo de los accidentes (miles de dólares): 34,930
Jerarquización:  21º lugar nacional

Como se refirió anteriormente, los accidentes generan gastos millonarios. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Transporte Privado2 (ANTP), anualmente los accidentes en carreteras le cuestan al país 150 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1.7% del PIB nacional.

Los accidentes en carreteras son multifactoriales, porque pueden ocurrir por circunstancias atribuibles al conductor, al vehículo, al clima o al estado de la carretera, e inclusive a la suma de varios de ellos.

Las carreteras y el transporte de carga son indispensables para el desarrollo del país. Todo tipo de productos, alimentos, combustibles e insumos se mueven diariamente por las carreteras nacionales.

Es lamentable que en el contexto de la grave crisis de desabasto de gasolinas del mes de enero pasado, provocada por decisiones del propio Ejecutivo Federal, PEMEX autorizó3 a movilizar de forma directa combustibles en pipas para intentar abatir el problema de desabasto de combustibles.

Es preocupante que el gobierno federal para combatir un problema provocado por una estrategia errónea, utilice otra medida también errónea para tratar de solucionar la primera. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Morena al autorizar el uso de pipas para disminuir el impacto negativo de su decisión equivocada de limitar el abasto de combustibles, en lugar de reconocer su error y proteger adecuadamente los ductos y reactivar su uso.

Por ello es urgente que el gobierno federal establezca medidas para el transporte de carga que permitan la movilidad de productos, evitando riesgos en la seguridad y la vida de las personas que también utilizan las carreteras y autopistas.

Las y los Senadores del Partido Acción Nacional, exigimos al Gobierno Federal, que implemente una estrategia de emergencia para atender el problema de los accidentes en carreteras, y que en el mediano plazo, escuchando a los actores involucrados, se expida la normatividad necesaria para regular de manera eficaz el transporte de combustibles de manera segura.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que emprenda las acciones necesarias para disminuir los accidentes fatales en la autopista México-Querétaro.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio detallado de los lugares en donde ocurre el mayor número de accidentes, tanto en la autopista México-Querétaro, como en el resto del país, para buscar los diversos factores que pueden influir en la siniestralidad para buscar de manera conjunta, una solución al problema.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice una revisión a los contratos de las empresas responsables del mantenimiento y conservación de las autopistas y carreteras, tanto en la México-Querétaro, como en el resto del país, para determinar las causas del retraso en la conclusión de las obras, sí es sabido que están en permanente reparación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Mauricio Kuri González.

1 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf

2 https://tyt.com.mx/noticias/claves-para-disminuir-costos-por-accidentes-viales/

3 https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pemex-autoriza-pipas-de-doble-remolque-para-abasto-de-gasolinas/ 






Del mismo modo se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe para que informe sobre la posición de México ante la crisis política, económica, social y humanitaria de la República Bolivariana de Venezuela. El turno es a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.








También se informa que a petición de los Senadores y Senadoras del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para expulsar previa audiencia al ciudadano de nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez. El turno es a la Comisión de Gobernación.








Igualmente se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Energía; de Hacienda y Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, en relación con el incremento en los precios de gasolinas. El turno es a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ANTE COMISIONES DE ESTA CÁMARA PARA EXPLICAR LAS CAUSAS DEL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, SITUACIÓN QUE AFECTA A LA ECONOMÍA DE LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El precio de las gasolinas en México se determina a través de 5 componentes: precio internacional, tipo de cambio, costos de distribución, margen de venta e impuestos.

En los últimos quince días, los precios de la gasolina se han disparado en las estaciones de servicio. En el caso de la gasolina Magna que se vendió el pasado 7 de febrero en 18.93 pesos por litro, llegó a 19.66 pesos. La gasolina Premium pasó de 20.11 a 20.42 pesos lo que significó aumentos de 73 y 31 centavos respectivamente.1

Llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna el pasado 7 de febrero le implicaba a un consumidor un gasto promedio de 757.40 pesos. Quince días después la compra de ese mismo volumen de litros le representó un costo de 786.36 pesos. Es decir, en 15 días un tanque de 40 litros de gasolina Magna se encareció casi 29 pesos.2

De acuerdo al Banco de México, el tipo de cambio del peso respecto al dólar en los últimos 15 días incluso se ha apreciado 1% y por otra parte, el precio internacional de la gasolina3 ha registrado una baja del 6%.

En el mismo orden de ideas, vemos que los impuestos (IEPS e IVA), no se han movido en los primeros meses del año, por lo que ese componente se ha mantenido estable.

Los datos nos indican que el precio de la gasolina debió haber disminuido en México durante los primeros meses del año, salvo que los costos de transporte y/o el margen de los expendedores de gasolinas se hayan incrementado.

Nuevamente estamos ante un incumplimiento más del Presidente del República, quien sostuvo hace unos días que los precios de las gasolinas no crecerían más que en términos reales, es decir, conforme a la inflación. Si consideramos que la inflación en enero pasado fue 0.09%4, el incremento en el precio de las gasolinas en estos últimos días es de casi 4%. Es decir, otra vez el Presidente López Obrador le está fallando a los mexicanos, situación que está repercutiendo en sus bolsillos.

Sin duda, detrás de esos aumentos están las malas de decisiones de su política para el abasto de combustibles en el país.

Una de estas malas decisiones fue la reducción en la importación de gasolinas en enero de 2019. El mes pasado, Petróleos Mexicanos sólo importó 476 mil 400 barriles diarios de gasolinas, cifra que significa una reducción de 17 por ciento, pues en el mes previo se importaron 575 mil 100 barriles diarios.5 Es decir, en medio de la crisis por el desabasto de gasolinas, que afectó a 12 entidades federativas, el gobierno determinó reducir las compras de hidrocarburos de forma significativa.

Pero no sólo se dejó de importar, también se dejó de producir. La refinación de gasolinas por parte de la empresa productiva estatal alcanzó en enero niveles mínimos históricos, ya que sólo se produjeron 153 mil 500 barriles diarios de gasolina, lo que significó la producción más baja desde que se tiene registro en 29 años.6

Otra mala decisión fue sin duda la estrategia del gobierno de López Obrador de combatir el huachicol, a través del cierre de los ductos que abastecen las plantas almacenadoras, acción que provocó un desabasto nunca antes visto, en perjuicio de automovilistas y transportistas.

De acuerdo a empresas gasolineras, otro factor que incide en el incremento del precio de los combustibles es el aumento en el cobro que hace PEMEX por la salida de combustible de sus Terminales de Almacenamiento y Reparto.7 Es decir, el gobierno es causante directo del aumento en el precio final a los consumidores.

Por supuesto a esto hay que agregar la decisión del Gobierno Federal de no bajar las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permitiría una reducción en el precio de las gasolinas, sin embargo, el Presidente López Obrador también incumplió este que era uno de sus principales compromisos de campaña.

Las malas decisiones de política pública de la actual administración tuvieron su impacto negativo y en esta ocasión ni consumidores ni empresas tuvieron el apoyo del gobierno.

Estos errores del actual gobierno siguen abriendo la brecha entre los precios de la gasolina que se vende en EU y en nuestro país. Por ejemplo, la gasolina magna que se vende en la mayor parte del territorio nacional es entre 60 y 67% más cara que la gasolina regular en EU.

Los ciudadanos esperan que sus autoridades les ayuden a resolver sus necesidades, no a que se agraven. No es posible imponer una serie de acciones que a todos nos afectan y quedarnos callados.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN solicita la comparecencia de funcionarios del Gobierno Federal vinculados a esta problemática, para que rindan cuentas y expliquen a la sociedad sobre sus acciones y decisiones.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Petróleos Mexicanos, ante comisiones de esta Cámara para explicar las causas del incremento en los precios de las gasolinas en los últimos días, situación que afecta a la economía de los consumidores y las empresas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

1 El Universal, 22 de febrero de 2019.

2 Ibíd.

3 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/08/la-inflacion-de-enero-la-mas-baja-en-dos-anos-reporta-inegi-9494.html

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/22/pemex-reduce-17-la-importacion-de-gasolinas-en-enero-9716.html

6 Milenio, 25 de febrero de 2019.

7 El Universal, 22 de febrero de 2019.






De igual forma se informa que a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado mexicano respetando a todos los poderes de la unión federales y locales cuidando las formas en sus eventos. El turno es a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en la Cámara de Senadores a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIR AL ESTADO MEXICANO ASUMIENDO SU RESPONSABILIDAD COMO JEFE DE ESTADO Y DE GOBIERNO, RESPETANDO A TODOS LOS PODERES DE LA UNIÓN, FEDERALES Y LOCALES, Y CUIDANDO LAS FORMAS EN SU EVENTOS, PARTICULARMENTE EN LOS QUE SE REALIZAN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestra República la Unión de las Entidades en una Federación le dan cuerpo al Estado. Los Estados Unidos Mexicanos concentran en el Titular del Poder Ejecutivo Federal, la representación del Estado y del Gobierno. Las acciones de un Jefe de Estado van acompañadas de formas y símbolos. La investidura presidencial es en sí una institución que debe cuidarse, especialmente en su interacción con otros Poderes del Estado y frente a otros Jefes de Estado de otros países. No podemos olvidar que en política la forma es fondo.

Ningún Presidente de México puede renunciar al cargo de Jefe de Estado pues juró cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana. Dado que ejerce en todo momento ambas funciones, es importante que durante sus visitas a las entidades que conforman el Pacto Federal, siempre actué como Jefe de Estado y de Gobierno. Lo anterior significa que el Gobierno Federal se debe coordinar con los Poderes Locales para cuidar las formas y el consenso, para cada evento al que el Poder Ejecutivo Federal convoque. Eso incluye a los representantes de las entidades federativas en el Poder Legislativo Federal, Diputados y Senadores, así como los Poderes Locales.

Adicionalmente, durante estos 100 días del gobierno se ha vuelto una constante que cuando el presidente López Obrador asiste a un evento público en algún estado de la República en el que lo acompaña el gobernador respectivo, el público asistente abuchea a su gobernador y vitorea al presidente.

Esta práctica, que ya es parte de todo un modelo que se repite una y otra vez, en el que el Presidente aprovecha para pedir al público respeto por el Gobernador, y así, con una actitud de “perdona-vidas”, aparece como un líder más querido que el propio gobernador en su propio estado.

Se llegó al extremo de que en el estado de Guerrero, el presidente López Obrador sometió a votación por aclamación sí se permitía hablar al gobernador de la entidad.

Es una falta de respeto absoluta a la dignidad de una persona, pero sobre todo a la investidura del titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, que en un evento a modo se le linche y denigre de esa forma.

El periodista Pascal Beltrán del Río, en su columna “Bitácora del Director” publicada el domingo 3 de marzo de 2019 en el periódico “Excélsior” hace un recuento1 de los abucheos:

“Los abucheos iniciaron desde la gira de agradecimiento de AMLO en el periodo de transición: En Baja California Sur, el 18 de septiembre de 2018. Y aparecieron también  en Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León, los días 4, 7 y 20 de octubre, respectivamente. En esa etapa, incluso tocaron las rechiflas a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien acababa de tener un enfrentamiento verbal con la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, por la conformación de las bancadas en el Congreso local.

Ya después de la toma de posesión de López Obrador, el abucheo se repitió el 9 de diciembre en Tabasco, la tierra natal del Presidente, cuando todavía era gobernador el perredista Arturo Núñez. Después ocurrió en Hidalgo, el 18 de diciembre, y en Coahuila, el 28 del mismo mes.

En enero, le tocó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el día 3, y luego al de Oaxaca, Alejandro Murat, durante tres jornadas consecutivos, del 14 al 16. Volvió a suceder en Guerrero, el día 11; en Zacatecas, el 18; en el Estado de México, el 22; en Sinaloa, el 26, y en San Luis Potosí, el 29 de enero. En febrero, el turno fue para los gobernadores de Tlaxcala y Quintana Roo.

El pasado fin de semana, los abucheos a los gobernadores se repitieron durante las giras que López Obrador realizó por Sonora, Chihuahua y Baja California Sur”. 

El periodista José Antonio Crespo, en su cuenta de Twitter2 dio a conocer un presunto “Manual para los eventos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador” en los estados de oposición. En la imagen se aprecia con claridad el logotipo de Morena y la expresión “confidencial”.

En el apartado de ese documento denominado “ambientación” en el numeral 2, textualmente dice:

“2. Insistir a los asistentes convocados que, al anunciar la intervención del Mandatario Estatal de oposición es OBLIGATORIO emitir sonidos y gritos de desaprobación. (abucheos, silbatina, consignas partidistas, etc.).”

Así mismo, el manual establece textual que “cuando se anuncie la intervención del Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador, ES OBLIGATORIO apoyar con porras y manifestaciones de alegría”.

El mismo manual revela que a estos eventos se convoque a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal y que ahí mismo se entreguen apoyos.

En un audio que también circula en redes sociales, se escuchan instrucciones por parte de un presunto operador de estos eventos, en el que expresamente pide a los asistentes abuchear a la gobernadora de Sonora cuando la presenten en el evento con el Presidente, expresamente pide “una abucheada de unos diez minutos, una abucheada que no pare, para que nuestro Presidente luzca más”.

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador del lunes 4 de marzo de 2019, una reportera le pregunto:

“Y, finalmente, el tema de los abucheos a los gobernadores, porque el PRI, el PAN están quejándose que desde Morena se aliente esto. ¿Usted en sus giras ha visto esta posibilidad de que dirigentes de Morena estén alentando estos maltratados a los gobernadores?  Gracias.”

El presidente López Obrador respondió: “Bueno, miren, no lo he observado, sólo en un caso que sentí que sí hubo manipulación, en el caso de Guerrero en una visita que hice a Tlapa, Guerrero, a La Montaña, y llamé la atención sobre eso. Aquí, incluso, lo dije, porque eso no se vale, eso es una falta de respeto. En los otros casos no.

De todas maneras, no deja de haber resentimientos, revanchismo; y hay todavía en toda la sociedad política, no sólo en un partido, en la sociedad política, no así en el pueblo, hay mucho infantilismo político en los dirigentes -con todo respeto a los niños también, que no se vaya a malinterpretar-, pero falta más desarrollo político arriba.

Nuestro pueblo está al cien, está avanzado, muy avanzado en esto. Nuestro pueblo entiende la necesidad de la unidad, de la reconciliación, de la paz, del perdón, todo eso lo entiende y es parte de su idiosincrasia; es arriba donde hay muchas deformaciones.

Pero no he notado que sea algo deliberado, porque me dijeron que un periodista sacó un oficio, habría que ver la autenticidad del oficio. A mí me gustaría que se indagara sobre eso, se aclarara sobre este tema.

La reportera realizó otra pregunta relacionada con el mismo tema: “¿no se corre el riesgo de que gobernadores ya no quieran ir a estos eventos para evitar ser expuestos? Ahora, por ejemplo, Javier Corral no hizo de la palabra, supongo por esta misma situación.”

El presidente López Obrador respondió: “Pues, sí, pero si ellos no quieren exponerse, yo podría visitarlos a ellos, hablar con ellos, porque son la autoridad en un estado y yo tengo que tratarlos con mucho respeto; pero sí tengo que seguir en la plaza, porque a mí me sirve para saber cómo van los programas. Yo no puedo perder la comunicación con la gente, no me puedo encerrar.

Entonces, lo podemos hacer así, que el que no quiera exponerse, yo los visito y no hay ningún problema, no puedo yo llegar a un estado y no ir a ver a un gobernador, no podría hacerlo.

Y lo mejor es de que paren esas descortesías, esas faltas de respeto, aunque también son asuntos…

…También los gobernadores, debo decirlo, se han portado muy bien, muy bien.

Yo por eso salgo, ante una falta de respeto los defiendo y nos les gusta a algunos, pero ni modo. Tenemos que ir actuando en unidad.”

El propio presidente López Obrador reconoció que él mismo se dio cuenta de la manipulación en Guerrero y señaló el “infantilismo político en los dirigentes” en los demás casos. Esta práctica no se debe repetir.

Es común ver al frente en los eventos, únicamente al Jefe del Gobierno Federal y a los Gobernadores de las Entidades Federativas. Lamentablemente, se está convirtiendo en práctica y tradición, la ausencia de Senadores de todas las fuerzas políticas en los eventos presidenciales. Y no es casualidad, el Gobierno Federal no los convoca a participar de los eventos del Jefe del Gobierno mexicano durante sus visitas a las Entidades Federativas.

El Senado de la República no puede aceptar esta nueva práctica por la que se ignora a las demás fuerzas políticas, así como se invisibiliza a los demás Poderes. Por lo anterior hacemos un exhorto al Jefe del Estado y Jefe de Gobierno de México a cuidar las formas y actuar conforme a su investidura.

Los eventos el presidente de México en las entidades de la República, deben ser ocasión de unión, de concordia, de colaboración entre autoridades de distintos órdenes de gobierno y eventualmente emanados de distintas fuerzas políticas. Consideramos que no solamente debe invitarse al gobernador del estado. También deben participar Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, Alcaldes, etc., para que sean eventos de Estado, así con mayúscula.

Esto refleja con claridad el hecho a estas alturas indiscutible, de que el presidente no ha asumido aún su condición de Jefe de Estado, sigue siendo un candidato en campaña, que en vez de organizar eventos políticos de altura, organiza mítines electoreros, y utiliza para ello, recursos públicos y a los beneficiarios de programas sociales, es decir, se aprovecha de los más necesitados. Eso, no es otra cosa que corrupción política.

El presidente de México debe asumir cuanto antes su condición de Jefe de Estado, debe llamar, no solo con palabras, sino en los hechos, a la unidad, a la concordia, a la reconciliación, y dejar ya, de seguir dividiendo a las y los mexicanos. El presidente de México debe poner fin a esta práctica desde ahora,  empezando por pedir una disculpa pública a los mandatarios estatales, para así, intentar recomponer su relación con ellos, si es que en realidad quiere gobernar para todos.

Le exigimos al Presidente de México cesar estas deplorables prácticas facciosas que solo dividen al pueblo y asumir con altura de miras su condición de Presidente de todas y de todos los mexicanos sin distingos partidistas, como un verdadero Jefe de Estado. Ojalá no sea mucho pedir.

Por todo lo antes expuesto, las suscritas y suscritos Senadores de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo, solicitando que sea considerado de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a conducir al Estado mexicano asumiendo su responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los Poderes de la Unión, Federales y Locales, y cuidando las formas en su eventos, particularmente en los que se realizan en las Entidades Federativas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que en sus eventos en las entidades de la República, reflejen la unión de la República y fomenten una genuina colaboración entre los Poderes Federales y Locales, emanados de las distintas fuerzas políticas.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente.

1 https://m.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/quien-esta-detras-de-los-abucheos-a-gobernadores/1299719

2 https://twitter.com/JACrespo1/status/1102429586950889472






Asimismo, se informa que a petición de la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. El turno es a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante el inicio de la nueva administración pública federal existe una genuina preocupación del sector pesquero, por lo que se refiere a las acciones que el Gobierno Federal realizará para impulsar la actividad pesquera y acuícola sustentables.

No obstante que en los meses siguientes habrá de publicarse el Plan Nacional de Desarrollo y, posteriormente, el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, son muchos los temas dentro de esta materia que requieren conocerse de manera detallada. Dentro de ellos se encuentran los siguientes:

EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN 2019.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 se aprobó una severa reducción de los recursos destinados a la actividad pesquera, derivado de lo cual se prevé un impacto a diversos rubros de la CONAPESCA. De acuerdo con el Presupuesto aprobado, se establecieron las siguientes reducciones:

Programa*                                                                         2018                   2019

Programa de Fomento a la Productividad
(Programa de Fomento a la Inversión y Productividad)

1,932.5

1,036.4

Programa de Fomento a la Productividad
(Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales)
Incluye: Inspección y Vigilancia

243.0

33.5

149.7

20.6

Fomento al Consumo

50.3

31.0

INAPESCA

517.9

516.5

CONAPESCA

811.0

716.2

* Cifras en millones de pesos.

En lo aprobado para 2019 destaca la reducción del 46% al Programa de Fomento a la Productividad, mismo que puede considerarse la columna vertebral para alcanzar la productividad y desarrollo sustentable del sector, dentro del cual se encuentran los principales componentes de apoyo pesquero y acuícola, lo que implica reducir los recursos que se destinan a impulsar a los sectores más desprotegidos de la pesca; los apoyos en diésel y gasolina; la modernización de embarcaciones, entre otros.

Al gasto administrativo de la CONAPESCA se le reducen 95 millones de pesos respecto a 2018 y el Instituto Nacional de la Pesca sufre un decremento real cercano al 4 por ciento, tomando en consideración el índice inflacionario, lo cual repercutirá en los programas de investigación.

Lo anterior nos indica que existe una disminución de los programas sustantivos del sector pesquero y acuícola del país, lo cual sin duda afectará a la actividad.

ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL PAÍS.

El ordenamiento pesquero es un instrumento de la política pesquera nacional y es la base del aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país, de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Sin embargo, la pregunta es ¿Qué se va a hacer con 12 millones de pesos para el reordenamiento pesquero en todo el país?

En materia de ordenamiento pesquero existe aún un grave retraso en las acciones necesarias para lograrlo, entre ellas los planes de manejo de las diversas pesquerías del país, además de una serie de fuertes conflictos, incluso de carácter internacional, como el asunto del Golfo de Ulloa y la mortandad de tortugas que no tiene recursos previstos para este año y los pescadores seguirán impedidos de realizar la pesca en la zona; el asunto de sobrepesca de las cuotas de atún; el caso de pescadores tamaulipecos que pescan en la zona del vecino país; el problema del Alto Golfo de California y la vaquita marina.

Hasta hoy, en lo que va de este Gobierno, no se les ha pagado a los pescadores del Alto Golfo de California las compensaciones derivadas de las restricciones pesqueras por el tema de la vaquita marina, lo cual significa el peligro latente de que los pescadores empiecen a pescar y en consecuencia se haga efectivo un embargo pesquero en contra de México.

No obstante lo anterior, ¿Cuándo se va designar al responsable del área de ordenamiento pesquero de la CONAPESCA? ¿Qué se va a hacer para enfrentar estos graves problemas en materia de ordenamiento pesquero? Y también sabemos que aún falta designar formalmente a otros funcionarios de esa dependencia.

NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA.

 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro de los programas sujetos a reglas de operación se encuentra el principal programa de esta materia, el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.

De acuerdo con dicha Ley y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el otorgamiento de subsidios es responsabilidad de las dependencias y entidades emitir las Reglas de Operación de los programas que inicien su operación en cada ejercicio fiscal que corresponda , los cuales deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y que éstas deberán garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados.

El pasado 27 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el cual tiene como objeto establecer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de esa Dependencia.

En dicho Acuerdo se establece que esa Secretaría continuará instruyendo que el pago a los beneficiarios se realice directamente y en forma electrónica, mediante depósito en cuentas bancarias, exceptuándose aquellos casos en que no se cuente con servicios bancarios en la localidad correspondiente.

Así mismo, el primero de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para la aplicación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y sus componentes:

I. Impulso a la Capitalización.

II. Desarrollo de la Acuacultura.

III. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola.

IV. Fomento al Consumo.

V. Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas.

En dichas Reglas de Operación se aumentan los montos para respaldar a las embarcaciones menores en motores, de 90 mil a 105 mil pesos, las hieleras de 2 mil 900 a 3 mil 500 pesos y equipo satelital de 2 mil 500 a 3 mil pesos; se reducen requisitos para acceder a los diversos programas y se modifican los criterios de dictaminación de los subcomponentes del programa.

En cuanto al apoyo de diésel marino, se establece hasta 2 pesos por litro de diésel marino, reduciéndose de dos millones a 1.5 millones de litros por Unidad Productiva, y 2 pesos por litro de gasolina ribereña, hasta 10 mil litros por embarcación. El PROPESCA, instrumento de apoyo directo a productores, cambia su nombre a BIENPESCA, y se extingue toda inversión de recursos públicos para la creación de arrecifes artificiales.

En la opinión de la Auditoría Superior de la Federación1, en 2014, el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola contó con un inadecuado diseño y una deficiente operación, debido a que enfrenta dificultades para focalizar y capitalizar efectivamente a las unidades económicas pesqueras y acuícolas que lo requieran; lo que limita el incremento de la producción y no contribuye a mitigar el estancamiento del subsector pesquero y acuícola.

La ASF recomienda focalizar la población potencial, objetivo y atendida para cuantificar su impacto en términos de cobertura; fortalecer la gestión del programa; homologar criterios para la entrega de incentivos a los beneficiarios; implementar acciones para evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas del programa por medio de los indicadores de la MIR, así como ejecutar acciones para que se cuente con información clara y confiable de los incentivos otorgados.

Queremos saber los nuevos procedimientos que aplicará la CONAPESCA para la entrega de los apoyos al sector y el papel que desempeñarán en este ámbito las organizaciones pesqueras del sector social y privado. Las cooperativas, federaciones y confederaciones pesqueras, e incluso la Cámara Pesquera y la Unión de Armadores han jugado un papel relevante en la organización y representatividad del sector pesquero y quitarles ese papel no significa ningún apoyo para los pescadores, sino lo contrario.

MÁS DE ONCE AÑOS DE AUSENCIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

En el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 24 de julio de 2007, por el que se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se estableció que en el término de seis meses siguiente a la fecha de su publicación, el Presidente de la República expediría su Reglamento. En tanto no se publique dicho Reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de septiembre de 1999.

Después de más de 11 años de que la Ley entró en vigor, aún no se publica el Reglamento respectivo, lo cual ha impedido una aplicación correcta de este ordenamiento legal. En este sentido es apremiante que se cuente con todos los instrumentos reglamentarios y legales que permitan tal objetivo, para que nuestro país cuente con los instrumentos que coadyuven a garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de estos recursos, estableciendo de manera específica y expedita las bases para su adecuado fomento y administración. 

En la pasada administración federal se envió a consulta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto de nuevo Reglamento, por lo que deseamos saber cuál es el estatus actual de ese proceso y la visión de la CONAPESCA al respecto.

DEFICIENCIAS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA

La pesca ilegal representa el problema más grave para la pesca nacional porque ocasiona sobreexplotación, la captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.

Según el estudio denominado “La pesca ilegal e irregular en México: Una barrera a la competitividad”, elaborado por el Centro de Colaboración Cívica A.C.; la Comunidad y Biodiversidad, A.C, Environmenral Defense Fund de México A.C.; Fundación Idea A.C., el IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., las principales causas de la pesca ilegal en México son: (1) la carencia de personal, (2) las bajas sanciones comparadas con los beneficios que se pueden obtener por esas malas prácticas, (3) la falta de participación pública, (4) el gasto público inadecuado, (5) la falta de efectividad en las estrategias, entre otras, y bajo una estricta metodología, concluyó que la pesca ilegal representa en promedio el 56% de la producción nacional.

Esta actividad ilegal es una de las principales causas por las cuales se ha provocado una disminución grave de las especies pesqueras. La Carta Nacional Pesquera señala que en el año 2000 el 31% de las pesquerías tenían potencial para ser desarrolladas, mientras que el 50% estaban en un grado de explotación máximo y el 19% restantes se encontraban sobreexplotados (69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas, mientras que en 2010 sólo el 16% de las pesquerías tenían potencial de desarrollo, el 67% se encontraban a su máxima capacidad y 17% estaban sobreexplotadas (84 por ciento a su máxima capacidad o sobreexplotadas).

Existen varias explicaciones al respecto, como las deficientes políticas en esta materia, así como los decrecientes recursos que se destinan al rubro de inspección y vigilancia. Baste citar que en 2011 se le destinaron 100 millones de pesos y de 2018 a 2019 se redujeron los recursos de 33.5 a 20.6 millones de pesos para esta actividad que incluye la vigilancia para 10 mil kilómetros de litoral y las aguas interiores.

Es preciso destacar que en el Capítulo de Medio Ambiente negociado como parte del Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá (ACMEUC), se incorporaron para las partes obligaciones de pesca prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, que no proteja especies marinas en peligro de extinción y el compromiso de proteger hábitats marinos, por lo cual la inspección y vigilancia ya no será sólo una exigencia interna para la autoridad, sino que este Capítulo de Medio Ambiente quedará sujeto a un Mecanismo de Solución de Diferencias del Tratado, el cual integra un procedimiento de consultas técnicas y de alto nivel la evaluación, hasta llegar a un panel arbitral.

De acuerdo con un convenio de la CONAPESCA con la Secretaría de Marina ésta realizará la inspección y vigilancia pesquera y según declaraciones emitidas por el titular de la CONAPESCA los inspectores de pesca sólo harán trabajo en tierra y no el que se ha hecho en la zona marina, que es necesario para cumplir los objetivos de la inspección y vigilancia. ¿Por qué esa modificación de criterios?

Por eso es necesario conocer por parte de la CONAPESCA, cuáles serán las nuevas políticas que se emprenderán para enfrentar la pesca ilegal, en la cual consideramos que debe basarse un aspecto sustancial del fortalecimiento de la pesca nacional.

OTROS TEMAS DE LA AGENDA PESQUERA NACIONAL

Así mismo, es necesario que la CONAPESCA exponga ante el Senado la situación actual de otros temas relacionados con la pesca y la acuacultura nacional, como los siguientes:

• Las acciones que realizará en materia de transparencia respecto al aprovechamiento de los recursos pesqueros, sobre todo en la asignación de permisos y concesiones.

• Las acciones para la reactivación de la actividad pesquera y acuícola nacional y el papel de la producción pesquera en el mejoramiento de la alimentación de la población mexicana.

• Informar cuándo se nombrará a los titulares de las diferentes áreas de la CONAPESCA.

• Dar a conocer las principales líneas del Programa Estratégico Nacional de Acuacultura.

• La propuesta para el fortalecimiento de las funciones y la estructura de la CONAPESCA, incluyendo las Subdelegaciones de Pesca en las entidades federativas.

• Cómo se pretende regular el esfuerzo pesquero mediante la elaboración y publicación de programas de ordenamiento pesquero.

• La visión de la CONAPESCA respecto a la actualización anual de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

• Las acciones para garantizar la participación efectiva del sector y la activación de los consejos estatales de pesca y distintos comités de consulta para la gestión pesquera.

• Cómo se llevará a cabo la coordinación intersecretarial para la atención de comunidades pesqueras.

• Conocer si existe una política para transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios a la pesca y la acuacultura.

• Bajo que parámetros se va a realizar la coordinación y alineación interinstitucional con la SEMARNAT.

• Cuáles son las acciones que tiene prevista la CONAPESCA respecto a los conflictos que existen actualmente derivados de la distribución y aprovechamiento de las cuotas de atún aleta azul. ¿Qué sanciones habrá por el exceso en las capturas de esta especie?

• El estado que guardan los recursos pesqueros del país.

Como podemos observar, la actividad pesquera y acuícola del país enfrenta graves problemas que deben atenderse con prontitud y eficiencia. La tarea es compleja y en ese tenor el Senado desea sumarse a las acciones que permitan el mejoramiento de los pescadores y acuacultores del país.

Por eso consideramos que es necesario que, en el marco de una reunión de trabajo con el Titular de la CONAPESCA, podamos conocer y dialogar respecto a las políticas públicas que realizará esta nueva administración federal para fortalecer el desarrollo acuícola y pesquero del país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con el propósito de que exponga de manera detallada las acciones que en materia pesquera y acuícola habrá de realizar ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Rural en la presente administración pública federal, a fin de dar respuesta a los problemas que enfrenta la actividad pesquera y acuícola del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0277_a.pdf





También se informa que a petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Vivienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen a esta Soberanía sobre la existencia del Programa “Tu casa” en el estado de San Luis Potosí a través de la financiera Impulsos para el Desarrollo de México, S. A. de C. V. como entidad ejecutora. El turno es la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Urbano.

El suscrito Senador MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II; 276, numerales 1 y 2, y los demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen a esta soberanía, sobre la existencia del programa “tu casa” en el estado de san Luis potosí, a través de la financiera “IMPULSOS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A. DE C.V, COMO ENTIDAD EJECUTORA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN MENCIÓN. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel nacional es imposible conocer actualmente el número de ciudadanos y familias defraudadas por Cajas de Ahorro, Grupos Inmobiliarios, Sociedades Financieras u otras figuras. Es lamentable señalar que a pesar de que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) opera con “estrictas medidas de seguridad” el programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, se han registrado fraudes donde al parecer personas se hacen pasar como personal de la CONAVI y/o gestores del subsidio.

En la actualidad existen problemáticas de este tipo donde viven cientos de familias del Altiplano Potosino, quienes en los últimos años han sido objeto de despojo de los ahorros que con mucho esfuerzo y trabajo consiguieron el sueño de poder hacerse de una vivienda digna para sus hijos y seres queridos, supuestamente por medio del programa “tu casa” operado por CONAVI, pero que una empresa denominada “Impulsos para el desarrollo de México S.A. de C.V.” supuestamente se ha aprovechado para efectuar un presunto fraude que asciende a varios millones de pesos.

Es importante señalar que esta problemática ha dejado un daño en la economía de miles de familias de la región, especialmente de los municipios del Altiplano como Cedral, Catorce, Santo Domingo, Moctezuma, Vanegas, Salinas, Villa de Arista, Villa de Arriaga, quiénes ya han realizado denuncias ciudadanas y por supuesto, han solicitado la devolución de las aportaciones en dinero que en su momento realizaron.

Con fecha 08 de agosto de 2018 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas solicitaron mediante punto de acuerdo, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, informaran a esa soberanía sobre la existencia del programa “Tu casa” en el estado de San Luis Potosí, y si fue correcta la operación que realizo la financiera “Impulsos para el Desarrollo de México S.A de C.V., así como el cumplimiento de las demandas presentadas por los beneficiarios del programa en mención, y también que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informará los antecedentes y prácticas de operación de la empresa “Impulso para el Desarrollo de México S.A. de C.V., y en su caso investigará conjuntamente con las instancias pertinentes las irregularidades denunciadas por los beneficiarios del programa “Tu casa” en la región del Altiplano Potosino, sin que a la fecha se tenga respuesta de lo solicitado

Tomando en consideración y dado el tiempo transcurrido es preciso señalar que a la fecha no se ha dado respuesta a los afectados por este programa y ésta soberanía no cuentacon la respuesta puntual a cada uno de los puntos solicitados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comisión Nacional de Vivienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las investigaciones realizadas con el programa de “tu casa” a cargo de la empresa “Impulsos para el Desarrollo de México S.A. de C.V” .en la región del altiplano del estado de San Luis Potosí, por lo anterior someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente y de manera urgente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda informe a esta soberanía, sobre la existencia del programa “tu casa” en el estado de san Luis potosí, a través de la financiera “Impulsos para el Desarrollo de México S.A. de C.V, como entidad ejecutora, así como el cumplimiento de las demandas presentadas por los beneficiarios del programa en mención.

SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta de manera urgente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe a esta soberanía sobre las buenas prácticas de la sociedad financiera popular “Impulsos para el Desarrollo de México S.A. de C.V., y en su caso coadyuve a investigar conjuntamente con las instancias involucradas, sobre las irregularidades denunciadas por los beneficiarios del programa “Tu casa” en la región del Altiplano Potosino.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.






Se informa que a petición del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del PVEM, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos correspondientes al Programa de Ampliación de Cobertura en todas las entidades federativas en donde se aplica dicho programa. El turno es a la Comisión de Seguridad Social.

El que suscribe, SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ que firma al calce, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A EJECUTAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde sus orígenes en la década de 1970, el Programa IMSS-PROSPERA ha brindado servicios de atención en salud a la población que carece de acceso a los sistemas de seguridad social en México, beneficiando a la población altamente marginada de nuestro país. Ha tenido presencia en 28 entidades federativas y 20,633 localidades —77.7% de ellas con grados alto y muy alto de marginación, de conformidad con la clasificación del Consejo Nacional de la Población— pertenecientes a 1,505 municipios.1

Al año 2018, IMSS-PROSPERA ha dado cobertura en salud a 13,121,651 personas que carecen de acceso a la seguridad social, 51% integrado por mujeres y 49% por hombres. Su infraestructura médica está conformada por 4,303 unidades médicas de primer nivel y 80 de segundo nivel. Durante el último año se otorgaron 22,112,335 consultas; se atendieron 811,085 urgencias; se realizaron 8,000,533 estudios de laboratorio y 261,612 de rayos X; se tuvieron 191,985 egresos hospitalarios y 83,127 intervenciones quirúrgicas, con un promedio de 78% de ocupación en sus unidades hospitalarias.2

Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 2018, se modificó la denominación y atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para quedar como Secretaría de Bienestar.3 Estos cambios tuvieron como resultado la actualización en la denominación del Programa IMSS-PROSPERA para que en lo sucesivo se identifique como Programa IMSS-BIENESTAR. 4

IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno Federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), éste se inscribe en el marco del Sistema de Protección Social en Salud, y como parte de dicho Sistema contribuye a garantizar la universalidad del derecho constitucional a la protección de la salud para la población beneficiaria del Programa.

Al igual que el programa antecesor, ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el Programa se constituye en el referente para la atención a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud.

La operación de IMSS-BIENESTAR se sustenta en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) que se integra de dos vertientes: atención médica y acción comunitaria. Con la finalidad de expandir su capacidad operativa a otros estados de la República dispone del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC).

El PAC inició en el año de 1996, y conforme a las Reglas de Operación Específicas del Programa su objetivo general es incrementar la cobertura integral de los servicios de salud del primer nivel de atención, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud en la población sin acceso a los servicios y con los mayores índices de marginación.

Para ampliar su cobertura cuenta con dos estrategias básicas: ampliación geográfica y ampliación funcional, la primera se refiere a la población sin acceso a los servicios básicos de salud, para esto se crean equipos de salud itinerantes; la segunda tiene la finalidad de aprovechar óptimamente la capacidad del primer nivel de atención, esto se logra con la ampliación de los horarios en los centros de salud y la rehabilitación del equipo.

Durante el periodo 1996-2000, el PAC permitió la cobertura con servicios básicos de salud en todas las áreas rurales marginadas que carecían de los mismos de manera regular. Situación que del 2001 a la fecha ha cambiado, ya que muchas de las localidades consideradas en su momento como de alta marginación hoy ya cuentan con un establecimiento de Salud Fijo (Centro de Salud) a menos de una hora de camino.

El PAC otorga un Paquete Básico de Servicios de Salud, que constituye el instrumento a través del cual se proporciona atención a la salud mediante acciones de alto impacto, bajo costo y técnicamente factibles. El Paquete Básico es importante porque representa un mínimo de servicios de salud que deben de otorgarse a la población, es decir determina el mínimo de servicios de salud que debe otorgarse a la población, pero no a cualquier población sino aquella que se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad.

El Paquete básico consiste específicamente en un conjunto de 13 intervenciones esenciales:

1. Saneamiento básico a nivel familiar

2. Manejo efectivo de diarreas en el hogar

3. Tratamiento antiparasitario familiar

4. Identificación de signos de alarma de las infecciones respiratoria agudas

5. Prevención y control de tuberculosis pulmonar

6. Prevención y control de hipertensión arterial y diabetes mellitus

7. Inmunizaciones

8. Vigilancia de la nutrición y desarrollo del niño

9. Servicios de planificación familiar

10. Atención prenatal, del parto y puerperio

11. Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones

12. Participación social

13. Prevención y control del cáncer cérvico uterino

IMSS-BIENESTAR, además de los recursos provenientes del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social" recibe recursos provenientes del Ramo 12 "Salud", para otorgar el Componente Salud a las familias beneficiarias del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de Bienestar. Este monto es determinado en función del padrón de familias beneficiarias, registrado por la Coordinación Nacional de PROSPERA.

Cabe mencionar que en el PEF 2018, el presupuesto de PROSPERA ejercido para otorgar el paquete básico garantizado de salud a la población beneficiaria del programa de inclusión social fue de 180,568,211.95 pesos.

Al día de hoy, en lo que refiere al estado de Oaxaca, los recursos correspondientes al Programa IMSS-BIENESTAR no se han ejecutado por lo que los servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales, se han visto afectados, esto pone en riesgo la aplicación del Paquete Básico de Servicios de Salud, por lo que miles de personas a nivel nacional con diabetes, infecciones respiratorias y gastrointestinales, principales afecciones de los mexicanos, sufren las consecuencias de dicha suspensión. Además de vulnerar el derecho de toda persona a la protección de la salud, establecido en el artículo 4º Constitucional y reglamentado en la Ley General de Salud.

El problema no es exclusivo de una sola entidad federativa sino de todas en donde se aplica el programa. Por estas razones, consideramos necesario exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar la ejecución de los recursos del Programa IMSS-BIENESTAR en todas las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos correspondientes al Programa IMSS-BIENESTAR.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 marzo de 2019.

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué.

1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20172018/12-Cap08.pdf

2 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019]
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf

3 DOF: 30/11/2018. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en:
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018

4 ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551403&fecha=27/02/2019






Asimismo, a petición del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Salud a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal. El turno es a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El que suscribe, SENADOR ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE ECONOMÍA, Y DE SALUD, A LLEVAR A CABO MESAS DE DIÁLOGO PARA IMPULSAR UNA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE HIGIENE PERSONAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde los inicios del comercio, se han utilizado diversos materiales para cubrir la necesidad de transportar y proteger los productos y mercancías. Con el tiempo, las técnicas de envasado y embalaje se han ido diversificando y perfeccionando para adaptarse a las distintas necesidades de la industria y de los consumidores.

De acuerdo con la Norma Mexicana NMX-EE-148-1982. “Envase y embalaje – Terminología básica”, un envase es “Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución”. Asimismo, se entiende por embalaje “Todo aquello que envuelve, contiene y protege debidamente los productos envasados, que facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e identifica su contenido.”1

La norma referida contiene otras definiciones más específicas como son:

• Envase primario: Recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta, tal como una botella, una lata, etc.

• Envase unitario: Generalmente un recipiente que constituye la unidad de venta de un producto a nivel consumidor.

• Envoltura: Recubrimiento de diversos materiales, tales como plásticos, papel o tela que sirve como protección para un producto determinado.

Por otra parte, la palabra “empaque” no se utiliza en la terminología de la industria, ya que puede causar confusión debido a su ambigüedad, al entenderse como:2

• Sistema de sello en la unión de dos productos o de un envase y su tapa.

• Material de amortiguamiento.

• Nombre genérico para un envase o un embalaje.

• Nombre genérico que en ocasiones se utiliza para describir a la industria y el comercio de los envases y embalajes.

De esta manera, las funciones de un envase son contener y proteger al producto con una presentación digna, respetable y estéticamente agradable. Los productos están expuestos para lograr el objetivo de la venta, por lo que sus envases deben tomar en cuenta las tendencias de diseño y uso de materiales, para poder cumplir con esta función.

Sin embargo, a medida que los residuos de los envases y embalajes empezaron a producirse a gran escala, favorecieron la generación de una gran cantidad de residuos, por lo que surgió la necesidad de crear envases y embalajes con características más amigables para el medio ambiente, por ejemplo, los envases y embalajes que son:

• Retornables: Diseñados para ser devueltos al envasador, para ser esterilizados y vueltos a llenar con el mismo producto.

• Reciclables: Fabricados con materiales que pueden ser reprocesados después de su uso, obteniendo un producto similar o diferente al original.

• Reutilizables: Diseñados para continuar utilizándolos después del uso comercial, por ejemplo, como recipientes para uso doméstico.

• Biodegradables: Fabricados con materiales que, al terminar su vida útil, se descomponen en poco tiempo durante la disposición final.

A pesar de que existen estas alternativas, en México una persona produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día. En conjunto se generan un poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide de Teotihuacán, o 231 veces el volumen del Estadio Azteca. 3

La composición de los residuos sólidos urbanos en México es la siguiente:4

• Susceptibles de aprovechamiento (39.57%): Papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, entre otros.

• Orgánicos (37.97%): Residuos de alimentos, madera, cuero y otros materiales biodegradables.

• Otros (22.46%): Pañales, material de construcción y varios de difícil clasificación.

Se observa que los envases y embalajes entran en la categoría “susceptibles de aprovechamiento”, por lo que pueden reincorporarse a las cadenas industriales mediante el reciclaje. Sin embargo, solamente el 9.63% de los residuos se reciclan; el 11.83% tienen un destino desconocido y el 78.54% restante se canaliza a sitios de disposición final o tiraderos no controlados, contaminando el aire, agua y suelo.

Por esta razón, las alternativas de envases y embalajes amigables con el medio ambiente no han resultado suficientes para ayudar a frenar la contaminación y degradación ambiental provocada por los residuos sólidos. Gracias a las redes sociales, este problema, que ocurre en todo el mundo, se ha vuelto más evidente para toda la población y cada vez hay más personas preocupadas, que quieren una solución.

En diciembre de 2018, el influencer conocido como “Alan’s Theory” difundió en sus redes sociales un video titulado “This is Useless”, en el que cuestiona la utilidad de los empaques de cartón utilizados para contener los tubos de pasta dental, ya que este empaque únicamente tiene la finalidad de que el producto se vea bien, convirtiéndose después en un residuo innecesario.

En el mismo video se muestra el ejemplo de Islandia, que ha logrado eliminar estos empaques innecesarios, gracias a la presión ejercida por los consumidores. Por ello, hace un llamado a todas las personas a difundir esta información, para que los gobiernos e industria tomen consciencia del problema y actúen en consecuencia.

Hasta la fecha, el video referido ha alcanzado 6.6 millones de visualizaciones en Facebook, casi 27 mil en YouTube y más de 7 mil en Instagram, convirtiéndose en el video más popular de este usuario.5

Este escenario deja en evidencia el poder de las redes sociales para difundir mensajes que pueden generar consciencia ambiental, para beneficio de todos. Por ello, debemos aprovechar el interés de la ciudadanía en este tema para extender el mensaje a las autoridades competentes.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, los procesos de empaque, embalaje y envasado están sujetos a la protección de la propiedad industrial, y son aspectos que se consideran en procesos jurídicos complejos, como son las solicitudes de marca colectiva y la protección de la denominación de origen.

Para tal efecto, existen diversas Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas relativas al envasado y embalaje de los productos, por lo que una eventual reducción de los mismos involucraría la participación de diversos actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, universidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además, es importante que este esfuerzo sea coordinado por el Gobierno Federal, a fin de lograr su implementación y difusión a nivel nacional. De este modo, el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la autoridad competente para formular y conducir la política nacional en materia de residuos, así como para promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental.

Asimismo, el artículo 34 de la misma ley establece que la Secretaría de Economía está encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, así como regular la producción industrial.

Por otra parte, el artículo 194 de Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud es la autoridad responsable del control sanitario de los productos cosméticos y productos de aseo.

En este sentido, consideramos adecuado exhortar a la SEMARNAT, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal, convocando para ello a todos los actores interesados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, y de Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal. En dichas mesas se convocará a todos los actores interesados, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, universidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán.

1 SECOFI. Norma Mexicana NMX-EE-148-1982 https://dokumen.tips/documents/nmx-ee-148-1982.html

2 Bancomext-AMEE. Envase y embalaje para exportación (Sin fecha. Consultado en febrero de 2019)
http://www.academia.edu/9720884/Envase_y_Embalaje

3 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura (Consultado en septiembre de 2018)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf

4 INECC-SEMARNAT. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (Versión extensa)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187440/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf

5 Hipervínculos para el video “This is Useless”, de Alan’s Theory:
• Facebook https://www.facebook.com/alanstheory/videos/402510703825049/
• YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EcnAYdrV074
• Instagram https://www.instagram.com/alans_theory/?hl=en

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría y se informa que se obsequia la ampliación de turnos solicitada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, respecto al punto de Acuerdo, por el que solicita información respecto a la adjudicación de las 671 pipas, que será turnada, sí a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero también a la Comisión Anticorrupción.

Continúe, la Secretaría, con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda.






CITA

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 28 de marzo a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión, y muy buenas tardes.

(Se levantó la sesión a las 17:18 horas)

Directorio

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
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