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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Marzo de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 26 de marzo de 2019 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

(Comunicaciones)

Se recibió del senador Alejandro Armenta Mier, comunicación por la que informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 25 de marzo del año en curso.- Quedó de enterado.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron nueve oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los Senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, comunicación por la que, en cumplimiento del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa la imposibilidad para realizar sus sesiones ordinarias programadas para la actual semana del presente mes, por condiciones externas que dificultan el acceso y el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Quedó de enterado.

(Rectificación, homologación y ampliación de turno y de plazo)

La Presidencia dio cuenta de  las homologaciones, rectificaciones y ampliaciones de turno, así como de las ampliaciones de plazo de diversos asuntos, que autorizó la Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año, como el "Día Nacional del Balance Trabajo-Familia".-Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento de la relación ciudad puerto.- La asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Quedó de primera lectura.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, con punto de Acuerdo por el que no se objeta el nombramiento de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.- Para presentar el dictamen, intervino el senador Pedro Haces Barba a nombre de la Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía. En la discusión, intervinieron los senadores: Daniel Gutiérrez Castorena de MORENA, José Erandi Bermúdez Méndez del PAN, a favor; Eruviel Ávila Villegas del PRI, a favor; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA, a favor. En votación nominal, se emitieron un total de 114 votos: 113 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Fue aprobado, la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, rindió protesta de ley como Directora General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Ana Lilia Rivera Rivera a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. La Mesa Directiva informó del retiro de voto particular de la senadora Eunice Renata Romo Molina del PES.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Eunice Renata Romo Molina del PES; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; María Guadalupe Saldaña Cisneros del  PAN y  Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA.En la discusión, intervinieron los senadores: Freyda Marybel Villegas Canche de MORENA, a favor; Verónica Martínez García del PRI, a favor, y Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor. En la votación en lo general y los artículos no reservados, se recibieron un total de 118 votos: 118 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Para presentar modificación al artículo 159 del Código Civil Federal, intervino la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. Se admitió a discusión. En la discusión, intervino el senador Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA. En la votación en lo particular, se recibieron un total de 106 votos: 106 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, que acuerda la idoneidad de once personas que integran las cuatro ternas presentadas por el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.- El presidente de la Mesa Directiva informo a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual devuelve a la Mesa Directiva el dictamen de la Comisión de Energía que se refiere únicamente a la idoneidad de once de las y los integrantes de las cuatro ternas para ocupar los cargos de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.  Se realizó la elección por cédula de los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Para la primera terna, se emitieron 119 votos: el ciudadano Luis Linares Zepeda, obtuvo 73 votos; el ciudadano Ángel Carrizales López, tres votos; la ciudadana Paola Elizabeth López Chávez, cero votos; 42 votos en contra y una abstención. En la segunda terna, Norma Leticia Campos Aragón, obtuvo 74 votos; Jorge Amaya Mendívil, cero votos; Alfonso López Alvarado, un voto; 42 votos en contra y una abstención. En la tercera terna para cubrir la vacante del ciudadano Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, el ciudadano José Alberto Celestinos Isaacs, obtuvo 75 votos; Mario José Silverio Galicia Yépez, cero votos; 42 votos en contra y una abstención. Para cubrir la vacante de la ciudadana Cecilia Monserrat Ramiro Jiménez, generada el 31 de diciembre de 2018, el ciudadano Edmundo Sánchez Aguilar, obtuvo 75 votos; Guadalupe Escalante Benítez, cero votos y; Fernando Juárez Martínez, cero votos; con 42 votos en contra y una abstención. Ninguna de las personas propuestas en cada una de las ternas reunió la mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes que exige el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se notificó el resultado al Presidente de la República con el objeto de que presente una nueva terna.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Para presentar los dos dictámenes de la Comisión de Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera intervinieron los senadores: Clemente Castañeda Hoeflich a nombre de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Mayuli Latifa Martínez Simón a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. En la discusión intervinieron los senadores:

Mario Zamora Gastélum del PRI, a favor;Julen Rementería del Puerto del PAN, a favor; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor. Se emitieron un total de 108 votos: 108 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal.- En virtud que el dictamen se presentó en conjunto con el anterior dictamen se procedió con la discusión. En la discusión, intervino el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, a favor.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Continuando con la discusión, intervinieron los senadores: Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de  MORENA, a favor; Juan Antonio Marín del Campo Martín del Campo del PAN, a favor;Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor;Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI, a favor;Marco Antonio Gama Basarte del PAN, a favor, y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, a favor. En la votación en lo general y en los artículos no reservados, se emitieron un total de 110 votos: 110 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de Decreto, fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados.

PRESIDE EL SENADORE
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Para presentar reservas intervino el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, quien propuso modificación al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 212 del Código Penal Federal, las que fueron admitidas.Se procedió a la votación del 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 212 del Código Penal Federal, se emitieron un total de 102 votos: 102 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integre a la agenda del día el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno del Senado de la República el nombramiento de la comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Se dio cuenta con los resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto, y Quinto del Acuerdo. En la discusión intervinieron los senadores: Cruz Pérez Cuellar de MORENA; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Higinio Martínez Miranda de MORENA; Omar Obed Maceda Luna de PRD.

PRESIDE EL SENADORE
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Continuando con la discusión la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI. En votación económica, fueron aprobados los resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto del Acuerdo. El resolutivo Primero se resolvió en votación por cédula, se depositaron en la urna 101 votos: 98 a favor de la ciudadana Josefina Roman Vergara, se reunieron las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 6 constitucional. Se eligió aa la ciudadana Josefina Roman Vergara por un periodo de 7 años, se comunicó el nombramiento de la Comisionada al Presidente de la República para que tal y como lo dispone en el párrafo octavo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o constitucional y el párrafo cuarto del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un plazo de diez días hábiles haga uso de su derecho de objetar el nombramiento si así lo considera.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de lasComisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Cristóbal Arias Solís a nombre de la Comisión de Gobernación y Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.  En la discusión intervino la senadoraMaría Guadalupe Murguía del PAN, a favor. En votación nominal, se emitieron un total de 92 votos: 88 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

(Efemérides)

La presidencia de la Mesa Directiva informó que por Acuerdo de los grupos parlamentarios se acordó abrir un apartado de efemérides para referirse  al “Aniversario del Natalicio de Benito Juárez”.- Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD;Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM;Nancy de la Sierra Arámburo del  PT; Patricia Mercado de MC; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI;María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN, yCasimiro Méndez Ortiz     de MORENA.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se proponen a las personas que ocuparán el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dos vacantes).- Para presentar el dictamen intervino la senadora Kenia López Rabadán a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: M. Citlalli Hernández Mora de MORENA; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Martha Lucía Micher Camarena, MORENA. Fueron aprobados en votación económica los resolutivos Primero, Segundo y Quinto del dictamen. El resolutivo Tercero y Cuarto se resolvió en votación por cédula, se recibieron 84 votos: 82 a favor, 1 en contra y 1 abstención a favor de la ciudadana Rosy Laura Castellanos Mariano. En el caso de la segunda vacante, se recibieron 81 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención a favor de la ciudadana  Mariclaire Acosta Urquidi, ambas reunieron la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor, por lo que el Senado de la República las ha elegido como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se comunicó la designación al ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las consejeras designadas fueron convocadas oportunamente para que en sesión próxima rindan su protesta de ley.

(Turno directo)

Se dio turno directo a los siguientes asuntos:

 

Del senador Ricardo Velázquez Meza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo en relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De las senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo a fin de generar una estrategia adicional para prevenir y combatir de forma inmediata los incendios forestales a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

De las senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los índices de contaminación en la región.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a fin de resolver la situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de garantizar atención médica a quienes lo requieran.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar sus legislaciones en materia de atención a víctimas, con la Ley General de Víctimas; y a las autoridades competentes para que instalen sus respectivas Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para hacer efectiva la aplicación de la Ley General de Víctimas.- Se turnó  a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.- Se turnó  a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Agenda Política)

De las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efemérides)

De la senadora María Merced González González, del grupo parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De la senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el martes 26 de marzo a las 11:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión ordinaria anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






MESA DIRECTIVA

Honorable Asamblea, informo a todas y todos ustedes que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Muchas gracias a todas y a todos por su colaboración al respecto.






COMUNICACIONES

También informo que con fecha del 22 de marzo recibimos en la Mesa Directiva una comunicación del Senador Alejandro Armenta Mier, por la que solicita la extensión de su licencia que le fue aprobada el pasado 26 de febrero, por tiempo indefinido, a partir del 27 de ese mes.

Al respecto, les informo que en la sesión del 21 de marzo se dio cuenta al Pleno de la comunicación del Senador Alejandro Armenta Mier, por la que informó de la reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 25 de marzo del año en curso.

Sobre el particular, esta Presidencia, con fundamento en el artículo 14, numeral 2 del Reglamento del Senado, tomó nota de la reincorporación del Senador Alejandro Armenta Mier, y lo hizo del conocimiento del Pleno para los efectos legales conducentes en la propia sesión del jueves 21 de marzo.

Con base en lo anterior, no obstante que la comunicación del Senador Armenta Mier, de la que di cuenta hace unos momentos, refiere como solicitud la extensión de su licencia aprobada el 26 de febrero del año en curso, por las razones ya indicadas, corresponde una nueva aprobación del Pleno por la que le autorice separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo del año en curso.

En consecuencia, con la aclaración ya expuesta en relación con la situación jurídica que prevalece en torno a la licencia aprobada el 26 de febrero y la reincorporación a sus funciones legislativas del Senador Armenta Mier, a partir del 25 de marzo, solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación del Senador Armenta que ahora nos ocupa.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, con la aclaración ya expuesta en relación con la situación jurídica que prevalece en torno a la licencia aprobada el 26 de febrero y la reincorporación a sus funciones legislativas del Senador Armenta Mier a partir del 25 de marzo, procede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, poner a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia al Senador Alejandro Armenta Mier para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo de 2019”.

Está a discusión el Acuerdo.

No habiendo oradoras ni oradores que quieran hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede licencia al Senador Alejandro Armenta Mier para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de marzo de 2019. Comuníquese.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió una comunicación de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite informe de sus actividades en las reuniones extraordinarias de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad Social y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la cual es integrante, celebrada el 27 y 28 de febrero del año en curso, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el 14 de febrero de 2019.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

Continúe la Secretaría.






INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibió un oficio del Instituto Nacional Electoral con el que se comunica la aprobación de la resolución número INE/CG124/2019, en cuyo resolutivo octavo solicita la colaboración y apoyo de, entre otras instancias, los legisladores, a fin de que realicen las acciones necesarias para que en la ejecución de los programas sociales se evite su utilización con fines electorales durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Remítase copia a los 128 Senadoras y Senadores.

Continúe la Secretaría.






CONGRESOS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza un oficio por el que remite voto aprobatorio del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se integrará el voto correspondiente al expediente en virtud de la declaratoria constitucional emitida el pasado 7 de marzo de 2019.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También se recibió del Congreso de la Ciudad de México, un oficio con el que remite punto de Acuerdo por el que exhorta al Senado de la República a establecer en la agenda legislativa la despenalización del aborto.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo se recibió del Congreso del Estado de Nuevo León un oficio con el que remite punto de Acuerdo por el que exhorta al Senado de la República, a que una vez que el Ejecutivo Federal le remita el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, resuelva su aprobación.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pasemos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron once oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El siguiente asunto del Orden del Día corresponde a tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos señalados.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.

Este es el primer Acuerdo.



Segundo Acuerdo.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Por favor, volumen para la Senadora Secretaria.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Tercer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Están a discusión el conjunto de Acuerdos.

Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos mencionados.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí son aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobados los Acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






A continuación tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero del Ejecutivo Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 Quáter de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de tipología para identificación de municipios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 QUÁTER DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman lo artículos 1, 3 Bis, 8 y 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA    JUVENTUD

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, firmado en la ciudad de La Haya, el 24 de abril de 2018.

ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, HECHO EN LA CIUDAD DE LA HAYA, EL 24 DE ABRIL DE 2018

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Enseguida tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de cardiopatías congénitas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






En virtud de que se han agotado las comunicaciones, así como los puntos del primer apartado del Orden del Día, y de que son las 11:59 minutos, y está convocada a las 12:00 del día la sesión solemne para la entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, con toda puntualidad, esta Presidencia declara un receso en nuestra sesión ordinaria, para dar paso a la sesión solemne.

(Receso)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (14:07 horas) Se reanuda la sesión ordinaria.






Tenemos la discusión de ocho dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, por los que se ratifican nombramientos de Cónsules Generales.

La discusión de cada uno de estos dictámenes y su votación se realizará de manera separada, aunque la presentación puede ser de manera conjunta.

Concluido lo anterior, la protesta correspondiente a cada uno de los nombramientos que, en su caso, se ratifiquen, se hará de manera conjunta también.

En consecuencia, tenemos la discusión del primer dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Islas López, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Vasconcelos, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 10 minutos.

El Senador Héctor Vasconcelos: Señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Después de un amplio análisis al interior de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el día de hoy ponemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, la aprobación de ocho dictámenes referentes a la ratificación de los nombramientos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal a favor de las y los ciudadanos designados como cónsules generales en diversas circunscripciones de los Estados Unidos de Norteamérica.

Con este primer bloque de ratificaciones consulares cumplimos con una de las funciones prioritarias en materia de política exterior del Senado de la República.

Para los cónsules generales que sean ratificados, la defensa y protección de nuestros connacionales, especialmente en estos tiempos, demanda el trabajo y el compromiso de un personal consular altamente calificado, sensible en todo momento a la dimensión humana del fenómeno migratorio.

Durante las comparecencias fue posible constatar que todas las ciudadanas y ciudadanos designados como cónsules generales cuentan con creces, con los atributos requeridos para el desempeño de sus funciones, además de que poseen una profunda convicción para el servicio público.

También, asumieron la enorme responsabilidad de velar por los intereses y la protección de los derechos de las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos, sin importar en qué situación migratoria se encuentren. Aunado a esto atenderán, desde luego, las otras y muy variadas funciones de un consulado general.

Actualmente existe una situación política, compleja y sin precedentes en la historia de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Creemos que con estos nombramientos nos encontraremos en las mejores circunstancias para asegurar que nuestros connacionales en el exterior tengan en los consulados una extensión de su patria.

Informo también a esta Soberanía, que el 50 por ciento de los cónsules designados son mujeres, y el 60 por ciento pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a la relevancia política y social de contar a la brevedad posible con los nombramientos de los titulares de las representaciones consulares mexicanas en Estados Unidos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, sometemos a su consideración la ratificación de estos nombramientos, y exhortamos a que el Pleno de esta Soberanía convalide lo acordado en las comparecencias.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien.

Se concede el uso de la palabra al Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

Asisto a esta alta tribuna para hablar a favor de los dictámenes que hoy se presentan, por los que se ratifican los nombramientos de diversos cónsules generales de México en los Estados Unidos de América.

Nuestros consulados generales representan el punto de contacto más cercano que tienen nuestros connacionales en la Unión Americana, son una extensión de nuestra patria en el vecino país, y realizan funciones de primera importancia en materia de diplomacia y política exterior.

La función consular involucra actividades tan variadas y retadoras, como la protección de los intereses de México y de los mexicanos que se localicen en su circunscripción.

El fomento de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países.

Los perfiles propuestos cumplen cabalmente con los requisitos de idoneidad que se requieren para el servicio exterior, son miembros del servicio que se han caracterizado por su lealtad a las instituciones del Estado mexicano, y por su probado profesionalismo.

Con estos perfiles se garantiza un servicio exterior caracterizado por su disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficacia y eficiencia.

Los retos que enfrentamos en materia de política exterior con los Estados Unidos son considerables.

El discurso xenofóbico, la amenaza de un muro que divide a nuestros connacionales a ambos lados de la frontera.

El cierre de garitas y las sanciones y restricciones comerciales están dañando profundamente una relación que a lo largo de nuestra historia común ha sido retadora, y en ocasiones, ríspida.

La política exterior hacia el vecino país del norte debe basarse en los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan el respeto de nuestra soberanía, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desarrollo y la defensa activa de nuestros intereses en el exterior.

Una parte fundamental de la política exterior es el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Se trata de un reto fundamental que tendrán los cónsules generales que este Senado está a punto de votar.

En particular, la protección a los derechos humanos debe llegar a los rincones más lejanos de los Estados Unidos de América y a la ciudadanía que padece condiciones de injusticia y marginación. Ahí donde haya una mexicana o un mexicano debe llegar la amplia red de protección consular.

Una función sustantiva de los cónsules generales será la promoción de una imagen renovada de México que sea la base para construir una relación basada en la confianza y el respeto, pues un gobierno que es respetado en su política exterior tiene la calidad moral suficiente para exigir respeto para cualquiera de sus ciudadanas o ciudadanos en cualquier país del mundo.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y la de Relaciones Exteriores, América del Norte, votamos por unanimidad a favor de los nombramientos de cónsules generales que ha designado el titular del Ejecutivo Federal.

Desde esta alta tribuna les pedimos también su voto a favor de estas propuestas, cada una de ellas con gran trayectoria, talento y capacidad suficientes para asumir los retos que hoy se nos presentan en relación con el vecino país del norte.

Que esta unanimidad que logramos en comisiones unidas también se refleje en el consenso para impulsar una imagen renovada de México en el exterior.

A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los invito a votar a favor de los dictámenes que hoy se presentan.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias al Senador Castañón Ramírez.

Los Senadores Vasconcelos y Castañón, a nombre de sus respectivas comisiones, han presentado el conjunto de los dictámenes.

No obstante, abriremos la discusión uno por uno y votaremos uno por uno.

Está a discusión el primer dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del PT, hasta por cinco minutos, para hablar a favor.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras Senadoras y Senadores:

Quiero compartir con ustedes que desde la semana pasada los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, en Estados Unidos, de la cual tengo el honor de ser Secretaria de la primera, hemos analizado los nombramientos que el Presidente de la República ha hecho en favor de ciudadanos propuestos para cónsules generales en los Estados Unidos de América.

Encargos de gran relevancia, ya que se trata del país con el cual tenemos la relación bilateral más importante, con la presencia de la comunidad mexicana más grande en el exterior, además de la vecindad geográfica y tratarse de nuestro principal socio comercial.

Representaciones de la mayor importancia también al tratarse de la red consular más grande de nuestro país, las cuales tienen la encomienda de velar por la dignidad de nuestros connacionales, proteger sus derechos y promover sus intereses.

Por lo anterior, se necesitan servidores públicos con la capacidad a la altura de la encomienda, con conocimientos, dinámicos tanto en lo político como en lo social en el ámbito de los Estados Unidos de América y con la sensibilidad para atender las necesidades de nuestros compatriotas, así como la entrega total para defender sus intereses.

Con satisfacción les puedo decir que los ocho comparecientes que hemos tenido a bien evaluar no sólo cumplen con los requisitos y capacidades necesarias para este encargo, sino que en su mayoría han sido miembros del Servicio Exterior Mexicano, los respaldan varios años de experiencia en la labor consular en los Estados Unidos de América, así como el estudio del fenómeno migratorio desde el ámbito académico.

Además, en sus planes de trabajo todos ellos dejaron ver claridad en la labor necesaria para defender los intereses de las y los mexicanos en estas adscripciones.

Por lo anterior, y a nombre del Partido del Trabajo, reiteramos nuestro voto a favor de los ocho ciudadanos propuestos por el Presidente de la República como cónsules generales en los Estados Unidos de América, tenemos la certeza y la seguridad de que se desempeñarán con gran capacidad y harán un gran papel en favor de nuestros mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos evaluado los perfiles de quienes han sido designados como cónsules generales de México en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en El Paso, en San Francisco, en Boston, Raleigh y Houston, los hemos escuchado con mucha atención durante la presentación de sus planes de trabajo, en las comparecencias de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte, conocemos el grado de complejidad de cada una de las adscripciones que han sido asignadas y del reto que tendrán que enfrentar en un contexto de autoridad que podría tener implicaciones serias en la capacidad de atención y la protección a los connacionales en Estados Unidos de América.

En el PAN tenemos claro que no podría ser posible llevar a cabo todas las acciones que realizan en los consulados de México sin la experiencia y el profesionalismo de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, en su rama diplomático-consular, pero también en la rama técnico-administrativa.

Desde aquí les externamos nuestro reconocimiento por sus esfuerzos que incluso durante los fines de semana hacen para llevar aquellos consulados móviles a todos los lugares en donde están los mexicanos.

Sabemos de la complejidad en los diferentes Estados, en algunos con una clara política antiinmigrante, con una clara política de prohibición de las ciudades santuario, pero también nos encontramos con aquellos estados que acogen a nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos, también nos encontramos con esos Estados que tienen la disposición de entablar la relación y de fortalecer también los vínculos con la comunidad.

Las labores que realizan en representación del Estado mexicano son de la mayor importancia, sin embargo hacerlas en los Estados Unidos de América, en los tiempos de la administración Trump son todo un reto, servir con patriotismo al interés nacional para defender a los mexicanos en el exterior es un honor y una enorme responsabilidad.

Estimadas y estimados cónsules, cuenten con todo nuestro respaldo en su nueva encomienda.

Felicitamos a todas y a todos por sus nombramientos y desde este Senado de la República estaremos muy atentos a sus labores en representación de México, esperaremos sus informes anuales y los recibiremos cada que les sea posible venir a esta sede legislativa para acompañarlos en su labor consular.

Quiero tomarme, finalmente, unos minutos para poder hacer una reflexión y pedirle al Poder Ejecutivo Federal que haga un mayor esfuerzo por considerar a más mujeres en los nombramientos diplomáticos.

¿Por qué lo digo? Hasta el momento se han anunciado 39 nombramientos diplomáticos que ha hecho el nuevo gobierno de México, 22 han sido nombramientos de embajadoras y embajadores, 17 para cónsules, de estos 39, 26 han sido del Servicio Exterior Mexicano de ambas ramas y 13 han sido nombramientos políticos.

Lo importante también de los 39 nombramientos, solamente el 33 por ciento son para mujeres, y es aún menor el porcentaje si consideramos quienes han sido nombradas embajadoras de tan sólo el 31.8.

Desde esta tribuna le pedimos al Ejecutivo Federal, le pedimos que el cambio sea verdadero, que este cambio también llegue a los nombramientos diplomáticos, porque con estos datos duros y objetivos no vemos ninguna diferencia con el gobierno anterior a la hora de hacer los nombramientos diplomáticos, finalmente la participación de la mujer no es mejor ni es mayor.

Así es de que hacemos este llamado y esta reflexión, y en los que hoy estaremos aprobando en este Pleno con el voto a favor del grupo parlamentario del PAN y que estoy convencida del resto de los grupos parlamentarios, les damos la confianza a estas cuatro cónsules mujeres y cuatro cónsules varones que habrán de tomar protesta.

Muchas gracias y es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros Senadores:

A través de mi expresión, el grupo parlamentario del PRI manifiesta su apoyo a la ratificación de las propuestas de ocho cónsules de México en la Unión Americana:

Jorge Islas López, para Nueva York; Jonathan Chait, para Miami; Marcela Celorio, para Los Ángeles; Mauricio Ibarra, para El Paso, Texas; María de los Remedios Gómez, para San Francisco; Alberto Fierro Garza, para Boston; Claudia Velasco, para Raleigh, en Carolina del Norte y Alicia Kerber, para Houston, Texas.

Apreciamos el profesionalismo del Servicio Exterior Mexicano y reconocemos la decisión de la Cancillería y del Titular del Poder Ejecutivo Federal, para proponer perfiles idóneos, cuando los perfiles corresponden a las características de su responsabilidad profesional, cuando las propuestas están fundamentadas en un análisis de la biografía y del ejercicio responsable de la función pública no hay regateo en nuestro grupo parlamentario para expresar nuestra posición a favor.

Habida cuenta de que este destacado número de mexicanos nos representará en Estados Unidos, no podemos dejar de enfatizar nuestro absoluto rechazo a la pretensión del muro que pretende dividir nuestras fronteras y ensanchar aún más el abismo que un discurso xenofóbico ha provocado en la sociedad mexicana en relación a aquellos estadounidenses que no valoran, que no aquilatan, que no comprenden la colaboración extraordinaria de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando y enriqueciendo a esa sociedad con su talento y su laboriosidad.

Por eso también consideramos que es indispensable que cualquier contacto con personeros del gobierno del vecino país del norte, se debe de realizar con absoluta transparencia e informando a la sociedad mexicana cuáles fueron los contenidos de las conversaciones y de los acuerdos.

Es conveniente, dado que escuchamos con mucho interés las exposiciones de los programas de trabajo planteados por las futuras cónsules y los futuros cónsules, si es que cuentan con el apoyo de esta Soberanía para su ratificación, que haya congruencia entre la idoneidad de estas personalidades y el volumen de recursos que se destinan a los consulados en Estados Unidos.

Si realmente esta administración quiere que cada consulado se convierta en una Procuraduría de respaldo a nuestros compatriotas y en un espacio que promueve el comercio exterior, el desarrollo económico binacional y el turismo habida cuenta de la desaparición de ProMéxico y el Consejo Nacional de Turismo, es indispensable fortalecer con más recursos a los consulados de México en Estados Unidos y es necesario que se legisle para que los consulados retengan las participaciones que consiguen por los servicios que realizan.

Finalmente, estimadas Senadoras, estimados Senadores, considero necesario el que ya sea con un programa y asignación presupuestal pertinente o con una legislación específica, garanticemos una estrategia de enseñanza del idioma inglés a nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, con los recursos tecnológicos contemporáneos, con la posibilidad de la educación a distancia acompañar a los mexicanos que trabajan en beneficio de sus familias y en beneficio de todas las regiones de México, pues las remesas constituyen un factor fundamental del desarrollo regional, acompañarlos favoreciendo que dominen el inglés, lo que les permitirá mejores condiciones laborales y la mejor defensa de sus derechos, es responsabilidad del Estado mexicano, y los convoco a que impulsemos un programa de estas características.

El voto del grupo parlamentario del PRI será favorable por este dictamen.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Antonio García Conejo: Muy buenas tardes queridas Senadoras, Senadores. Con la anuencia del Presidente de la Mesa Directiva y demás integrantes. Muy buenas tardes público presente, medios de comunicación.

Una de las principales tareas del Senado de la República es la política exterior, es la diplomacia, es la relación de México con el exterior, y hoy vengo aquí a la más alta tribuna a expresar algunas palabras que considero importantes como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Me complace participar en la ratificación de las y los ciudadanos designados como Cónsules Generales de México en diferentes circunscripciones, ciudades de los Estados Unidos de América.

Jorge Islas López, en Nueva York; Jonathan Chait, en Miami; Marcela Celorio, en Los Ángeles; Mauricio Ibarra, en El Paso, Texas; María de los Remedios Gómez, en San Francisco; Alberto Fierro Garza, en Boston; Claudia Velasco, en Raleigh, en Carolina del Norte y Alicia Kerber, en Houston, Texas.

Estoy seguro que los funcionarios designados tienen un amplio conocimiento en el cargo que van a desempeñar al cumplir curricularmente con los requisitos que establece la ley, y con la experiencia profesional en materia de servicio y política exterior que les permitirá realizar las tareas encomendadas.

Para mí en lo particular fue un gusto poder escucharlas, escucharles en sus comparecencias. Me percaté de la capacidad con la que cuentan para llevar a cabo la gran responsabilidad de protección y atención de nuestros connacionales en el vecino país del norte.

Los exhorto a que brinden una adecuada y suficiente protección consular a nuestros connacionales que habitan en sus respectivas jurisdicciones, de los consulados a los que fueron adscritos, pero poniendo en especial énfasis en la protección de los menores, niñas, niños y adolescentes, requieren que nuestros cónsules tengan una sensibilidad necesaria para garantizar y exigir el respeto a sus derechos.

También le solicité y les pedí que activen los mecanismos de cooperación necesarios para contrarrestar el tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos de América hacia México, ya que, desafortunadamente, es el principal proveedor de armas, que en su mayoría son utilizadas por los cárteles de las drogas.

Tan sólo en el mes de enero de 2019 se rompió récord con homicidios dolosos con un total de 2 mil 853 víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con un crecimiento constante en lo que va de los meses siguientes.

156 mil 261 presuntos delitos registrados a nivel nacional en el mes de febrero de 2019, de acuerdo con las estadísticas de la Incidencia Delictiva Nacional de la propia Secretaría de Gobernación, refleja un crecimiento exponencial de la delincuencia que no se ha podido controlar, y más cuando muchos de estos delitos son cometidos con armas adquiridas en los Estados Unidos y traficadas ilegalmente a nuestro país.

Finalmente, Estados Unidos de América no sólo es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro primer proveedor de turistas, lo que implica que los consulados tendrán una enorme responsabilidad para promoción turística de México ante la inminente desaparición del Consejo de Promoción Turística.

No dudo que harán su mejor esfuerzo, pero estaré atento para exigir resultados, pues el panorama para este importante sector no se vislumbra muy alentador para el año 2019, y no hay que olvidar que es parte fundamental de la economía de nuestro país, la tercera fuente de economía, y Estados Unidos de América el primer socio, sobre todo del tema de turistas.

Como izquierda responsable, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor de la ratificación de los cónsules propuestos, porque consideramos que los funcionarios designados desempeñarán un trabajo profesional en la defensa de nuestros connacionales, del intercambio comercial y en la promoción del turismo de nuestro país; pero también demandaremos el cumplimiento de resultados y acciones anuales de los embajadores y cónsules generales, tal y como lo dispone la propia Ley General del Servicio Exterior.

Queridas Senadoras y Senadores, termino solamente diciéndoles que nuestros paisanos, connacionales que fueron votados prácticamente por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, tienen una gran responsabilidad: poner el nombre de México muy en alto.

Y, por supuesto, en estos tiempos que hoy estamos viviendo, defender los derechos de nuestros connacionales.

Por eso hoy me uno a la participación de las demás compañeros y compañeras Senadoras, Senadores, en votar a favor a sabiendas de que temas tan trascendentales tratarán nuestros consulados, cónsules y embajadores.

Hoy necesitamos mucha cooperación internacional.

Hoy se requiere poner en la agenda temas como el medio ambiente, tema de comercio, el tema de los derechos humanos y muchas cosas más.

Es una gran responsabilidad que hoy asumirán nuestros representantes.

Les deseo mucho éxito deseando que hagan lo mejor de su papel.

México, hoy más que nunca, requiere de esa representación y, por supuesto, tener un vínculo suficiente, no solamente con los Estados Unidos, sino con más países del mundo, requerimos fortalecer el sector turístico, ya que es la tercer fuente de economía para nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Conejo.

Pregunto, si hay algún otro orador u oradora.

Si no es así, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación del primer dictamen.



Se votará el punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Islas López, como Cónsul General de México, en Nueva York.

Senadoras y Senadores, quiero informar a este Pleno que contamos en este salón de sesiones con la presencia de un distinguido invitado, el excelentísimo señor Zurab Eristavi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia en México.

Les pido un aplauso para nuestro invitado, para el Embajador.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.

Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron…

Registre su voto, Senador, por favor.

Con el voto del Senador Murat se emitieron 112 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está aprobado el dictamen. Se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Islas López como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión y eventual decisión sobre los ocho dictámenes.






Antes de pasar al segundo dictamen queremos pedirles a todas y a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista y Diputado Virgilio Caballero.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, pueden tomar asiento.

Virgilio Caballero fue, por cierto, el primer Director del Canal del Congreso, fue     Diputado Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la pasada Legislatura y, recientemente era Diputado Local en el Congreso Local de la Ciudad de México.

¡Descanse en paz!






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. Pregunto si hay oradoras u oradores que deseen hacer uso de la palabra.

De no ser así, pasamos a la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Favor de registrarlo.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 109 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado el dictamen. Se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los ocho dictámenes.

La Senadora Cecilia Márquez no pudo votar por razones técnicas, nos está expresando el sentido de su voto a favor.

Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios pueda estar al tanto para auxiliar a Senadoras y Senadores, y la Secretaría de la Mesa Directiva tome nota de esta manifestación.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión.

Al no haber oradoras ni oradores, pasamos a la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Favor de registrarlo.

Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Favor de registrarlo.

Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 115 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Recoja la Secretaría el voto del Senador Obed Maceda. La anterior, ya pasó. De esta, sí.

Sonido en el escaño del Senador Mancera Espinosa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Solicitando nada más, porque fue algún contratiempo técnico en la votación anterior, yo sé que ya se tomó la votación, se pudiera agregar el voto del Senador que va en el mismo sentido, en un voto positivo, como se había mencionado.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Lo que haremos, como hemos hecho en ocasiones similares a esta, es que quede consignada la intención del voto del Senador en el Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Mancera Espinosa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Quedará consignado, entonces, en el Diario de los Debates tanto la presencia, como la intención del voto del Senador, ¿verdad?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Así es, correcto, tanto la presencia, como la intención del voto del Senador.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los ocho dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que el dictamen ya fue presentado, pregunto si hay oradoras u oradores que quieran hacer uso de la palabra. No habiéndolos, pasamos a la votación nominal del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el tablero de electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación.



Ruego a Senadoras y Senadores que tengan algún problema con el sistema electrónico, lo hagan saber oportunamente a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que pueda contarse su voto. De otra manera, una vez que se haga el cómputo de la votación no será posible lo anterior.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 118 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la discusión de los ocho dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. No habiendo oradores que quieran hacer el uso de la palabra, pasamos a la votación nominal del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado a fin de informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación.



Esta Mesa Directiva quiere recoger el siguiente planteamiento.

Están presentes diversos invitados de la Juice México Foundation, invitados por la Senadora Ifigenia Martínez.

¡Sean bienvenidas y bienvenidos los integrantes de esta Fundación que se encuentran el día de hoy aquí!

Auxilien al Senador Madero, por favor, compañeros de Servicios Parlamentarios.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, se informa que hay 113 votos a favor, cero en contra y cero en abstención, de un total de 113 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta al final de la aprobación de los dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Fierro Garza como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. Pregunto si hay oradores que quieran hacer uso de la palabra. Al no haber, pasamos a la votación nominal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, a fin de informar sobre la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación del dictamen.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora hace falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto.

Señor Presidente, le informo que hay 114 votos a favor, cero en contra y cero en abstención, de un total de 114 Senadoras y Senadores presentes.

115 votos presentes, incluido el de la Senadora Marcela Mora y la Senadora Katya Ávila, serían un total de 116 votos a favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Solicito a las Senadoras y Senadores no moverse de su lugar para terminar con estas votaciones y a Servicios Parlamentarios, le ruego puedan auxiliar a las Senadoras y Senadores.

Aprobado el dictamen. En consecuencia se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Fierro Garza como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.

La protesta se hará de manera conjunta.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que el dictamen ya ha sido presentado, está a discusión. No habiendo oradores pasamos a la votación nominal del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el tablero electrónico por dos minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto. El tablero sigue abierto por unos segundos.

Algún Senador o Senadora que haga falta de emitir su voto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Auxilien a la Senadora Beatriz Paredes, por favor, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

También auxilien a la Senadora Núñez, Elizabeth Núñez.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, le informo que hay un total de 114 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, de 114 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen.

En consecuencia se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Comuníquese.

La protesta se hará de manera conjunta.






Finalmente tenemos la discusión del último de los dictámenes, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma como Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen. No habiendo oradoras, ni oradores pasamos a la votación nominal del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el tablero electrónico por dos minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, le informo que hay un total de 110 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, de un total de 110 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma como Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Comuníquese.

Procederemos ahora a tomar la protesta conjunta de los ocho Cónsules Generales ratificados por el Senado.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los Cónsules Generales que acaban de ser ratificados, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Freyda Marybel Villegas, Alejandra Reynoso, Verónica Martínez, Samuel García, Nancy De la Sierra, Gabriela Benavides, Antonio García Conejo, Sasil De León Villard, Bertha Alicia Caraveo, Américo Villarreal, Jesús Encinas, Ricardo Ahued y Héctor Vasconcelos, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Se solicita a todas y todos ponerse de pie.

(Todos de pie)

Señoras y señores Cónsules, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor de la siguiente forma:

Al ciudadano Jorge Islas López, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.

Al ciudadano Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

A la ciudadana Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Al ciudadano Mauricio Ibarra Ponce de León, como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.

A la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Al ciudadano Alberto Fierro Garza, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.

A la ciudadana Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

A la ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsules Generales que se les han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Cónsules Generales Jorge Islas López, Jonathan Chait Auerbach, Marcela Celorio Mancera, Mauricio Ibarra Ponce de León, María de los Remedios Gómez Arnau, Alberto Fierro Garza, Claudia Velasco Osorio y Alicia Guadalupe Kerber Palma: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras y señores Cónsules!

A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los funcionarios Cónsules Generales cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año como el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 1 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL BALANCE TRABAJO-FAMILIA

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Josefina Vázquez Mota, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

La conciliación de la vida laboral y familiar es, sin duda, uno de los mayores retos que enfrentamos, no es un reto reciente, pero es un reto mayor.

El objetivo de la presente minuta es declarar el 1 de junio de cada año Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, bajo las siguientes razones:

Primero. Cambios en la dinámica familiar. La dinámica familiar del siglo XXI es muy distinta a la que se vivía hasta hace algunas generaciones.

Recientemente las mujeres mexicanas nos hemos incorporado, con mucha mayor fuerza, al mercado laboral; si bien la tasa de participación femenina es la más baja de los países de la OCDE después de Turquía, esta participación se ha incrementado, afortunadamente lo digo, del 35 al 38 por ciento de la población económicamente activa para el año 2017.

Por otro lado, la tasa de fecundidad ha disminuido, de casi cinco hijos por mujer en los años ochenta, a casi dos en el año 2016. No solamente nacen menos niños, sino además no viven todos con ambos padres.

Según la Encuesta Nacional de los Hogares del Inegi 2016, poco más del 56 por ciento de los hogares son biparentales y casi el 18 por ciento son monoparentales, con una media nacional del 27 por ciento de los hogares encabezados hoy por una mujer.

Una segunda razón, es que en México, lejos de lo que muchos afirman, trabajamos mucho. La realidad demuestra que un horario de trabajo largo puede resultar incluso perjudicial para la salud, pone en peligro la seguridad y aumenta el estrés.

En México, y esto es importante, casi el 30 por ciento de los empleados tiene un horario de trabajo muy largo, más de 50 horas a la semana, una de las tasas más altas también en la OCDE; los mexicanos trabajamos en promedio más de dos mil 246 horas al año, muy por encima de la media de mil 766 horas en los países miembros de la OCDE. Este indicador no necesariamente tiene que ver con impactos en la productividad.

Por ejemplo, países como Alemania donde se trabaja poco más de mil 300 horas anuales, tiene uno de los más altos ranking en cuanto a competitividad se refiere; algo tenemos que hacer mejor en este balance empresa-familia.

Una tercera razón, es que incluso el ocio, el descanso no se ve bien muchas veces en muchas empresas mexicanas. El trabajo no remunerado es intenso y también inequitativo. Además de trabajar mucho, los mexicanos y la gran mayoría también mujeres, dedicamos menos de 13 horas al día al ocio y al cuidado personal, incluido sueño y alimentación, cuando el promedio en otros países es de casi 15 horas al día.

Ello nos otorga el nada honroso lugar 37 de 38, solo por debajo de Turquía. Este indicador es también tan bajo, porque como todas y todos los Senadores lo sabemos, los tiempos de traslado son muy pesados en nuestro país, en promedio se invierte en traslados trabajo-hogar una hora con 53 minutos y sabemos que hay trabajadoras y trabajadores que invierten en esta ciudad o los estados aledaños, hasta tres o cuatro horas al día para ir y venir de su trabajo a su familia.

La situación anterior es más grave para nosotras las mujeres, porque dedicamos en promedio cuatro horas más del día a labores no remuneradas, al cuidado de otros y del hogar que lo que los hombres hacen cotidianamente.

Una cuarta razón, es el balance trabajo-familia se identifica como un asunto privado y no lo es. Aquí quiero destacar, por ejemplo, hoy se reconoce que el gobierno tiene un papel importante, que la sociedad tenemos un papel importante y evidentemente la legislación también.

La Organización Internacional del Trabajo señala que el cuidado infantil, apoyar el cuidado infantil, es relevante en este balance empresa-familia o trabajo-familia. Por ello, modelos como las estancias infantiles tienen que fortalecerse.

Las empresas que promueven una cultura de balance trabajo-familia tienen más productividad y competitividad, tienen menos rotación de personal, tienen personal mucho más satisfecho y también comprometido.

Con base en estas razones, que no son las únicas pero creemos son muy importantes, la presente minuta incorpora en el Calendario Cívico el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia como una acción afirmativa que busca concientizar y sensibilizar a la sociedad respecto a este importante tema.

Y quisiera terminar mi intervención leyendo algunos fragmentos de este poema, porque me parece que particularmente quienes nos hemos incorporado desde tempranas edades al trabajo y, al mismo tiempo tenemos familia, sabemos lo que significa muchas veces no llegar a tiempo a un evento importante para una de nuestras hijas o sabemos lo que significa no poder estar cuando queremos estar o no poder tener ese balance que nos dé más equilibrio, mayor paz, mayor tranquilidad en nuestras vidas.

Y trabajamos fuerte, y trabajamos rudo y no tenemos siempre ni el acompañamiento institucional ni una cultura que nos permita disfrutar más de aquellos a quienes amamos.

Y este es un poema que dice así: “Si pudiera vivir nuevamente mi vida… correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios.

Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres, y jugaría con más niños, si tuviera otra vez una vida por delante”.

De eso se trata este día que se incorpora hoy al Calendario Cívico, de que todas y todos en este país extraordinario podamos tener un mejor balance, entre aquello que amamos y elegimos hacer como familia y también amamos y elegimos hacer como actividad de trabajo cotidiano.

Es cuanto, señor Presidente.

Y a todas y a todos les pido su acompañamiento.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con el permiso de la Mesa Directiva.

El hecho de establecer en el Calendario Cívico el 1 de junio de cada año como Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, tiene por objeto concientizar a la sociedad en su conjunto respecto a este importante tema, pues puede ser el inicio de un proyecto que nos permita visibilizar la problemática que se vive en la cotidianidad de las familias al enfrentarse a la atención, cuidado y educación de las y los niños, adolescentes y en su caso el cuidado de las personas adultas mayores y/o enfermos.

Y tener que organizar sus actividades laborales, en muchos casos algún miembro de la familia debe dejar su trabajo por la falta de sensibilización en los lugares donde laboran en relación a poder organizar la agenda laboral con la familia.

Visibilizar la realidad de muchas familias mexicanas nos permitirá sensibilizarnos como sociedad para así generar conciencia y acción desde el ámbito legislativo, encontrando mecanismos que fomenten un marco jurídico que dé paso a buenas prácticas en materia de conciliación de vida familiar y laboral.

En México la vida laboral de una persona y su vida familiar parecen a simple vista dos realidades independientes, pero hoy sabemos que si una persona no está bien en su casa, difícilmente estará bien en su trabajo, y viceversa, y que tanto las situaciones positivas, como las negativas de un ámbito se hacen extensivas al otro.

Actualmente en México a consecuencia de esto la tasa de fecundidad ha disminuido de 4.84 hijos por mujer, en los años 80’s pasó ya de 2.2 en el año 2016, no solamente nacen menos niños, sino que además no viven con ambos padres.

Según la Encuesta Nacional de Hogares del Inegi 2016, sólo el 56.2 por ciento de los hogares son biparentales, y el 17.5 por ciento son monoparentales con una media nacional de 27 por ciento de los hogares encabezados por una mujer.

Así las cosas, no es raro suponer que los niños y la niñas están quedando a cargo de alguien más en el hogar, están creciendo en guarderías, o en el peor de los casos, con hermanos mayores que se quedan a cargo de los hermanos más pequeños.

En resumen, los cambios sociales actuales nos obligan a reflexionar si las personas vivimos para trabajar, o trabajamos para vivir.

Por ello, establecer en el Calendario Cívico el 1 de junio de cada año como Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, es el punto de partida de acciones legislativas para hacer frente a la dinámica familiar del siglo XXI, que es muy distinta a la que vivieron otras generaciones, incluso las de nuestra infancia.

Esperamos el apoyo de todas y todos.

 Y agradecemos la colaboración de las Senadoras y Senadores de las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rivera Rivera.

Debido a que el dictamen consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Informo a la Asamblea que se han inscrito los siguientes oradores:

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN. Y la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta.

El proyecto que hoy estamos a punto de votar, quiero compartir que es una iniciativa que viene de la legislatura pasada de la Cámara de Diputados.

En aquel entonces se acercaron un grupo de más de 48 asociaciones civiles, entre ellas académicos, medios de comunicación, diferentes organizaciones de la sociedad civil, haciendo referencia a que ya en el estado de Nuevo León habían aprobado en el Congreso Local el reconocimiento de este día balance trabajo-familia, y la intención de poder impulsarlo a nivel nacional.

En aquel entonces, debo decirles, que quien presidía la Mesa Directiva, el Senador Ramírez Marín, recibe, este grupo de organizaciones, y finalmente la iniciativa se convierte en una iniciativa de quienes integrábamos en ese momento la Mesa Directiva.

Por eso es que agradezco la confianza, tanto de los ocho grupos parlamentarios que en ese momento conformábamos la Mesa Directiva, entre ellos quien presidía, como lo mencioné, el Senador Ramírez Marín. También estaba la Senadora Verónica Delgadillo, pero que fue firmada por las ocho fracciones parlamentarias.

Este proyecto finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2018 y turnado a este Senado para sus efectos.

Agradezco la confianza de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y en este sentido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su Índice para una Vida Mejor, considera entre otros indicadores, que mide el bienestar de la población al balance trabajo-familia, refiriéndose al desafío que implica para las trabajadoras y trabajadores el equilibrio adecuado entre el empleo, la vida diaria con responsabilidades familiares y personales que conlleva.

Tanto la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo hacen referencia en los documentos internacionales al Work life balance, que en su interpretación literal “balance, vida-trabajo”, el cual ha sido retomado en español con conceptos diferentes como conciliación de vida laboral y familiar, o bien balance trabajo-familia.

En esta legislatura tendremos la oportunidad de trabajar en una agenda de alcances, mayores grados de equidad y democratización de las tareas, así como promover cambios en los procesos de la división del trabajo, más allá de los roles de género y estereotipos.

También, quiero compartir que la necesidad de armonizar la vida familiar y laboral ya se apuntó como una preocupación de los gobiernos en México desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1975. Asimismo, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 1979.

Es decir, esta preocupación que viene dándose ya desde hace varios años empezamos a verla en la legislación. Hoy con el reconocimiento del Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, pero hay otros proyectos legislativos que están pendientes de dictaminarse.

Por eso, establecer este día es lograr y es pretender la sensibilización de todos los actores en la sociedad, de la academia, de los sindicatos, de los empresarios, de las y los trabajadores. Y, por supuesto, de la parte legislativa.

Reconstruir el tejido social, sentar las bases de una vida equilibrada entre la jornada de trabajo y la atención familiar, relacionar el trabajo-familia con los factores económicos, empresariales y sociales a través de las diferentes reformas.

Y también, colaborar con la Secretaría del Trabajo para aumentar la certificación de las empresas familiarmente responsables, como ya existe actualmente con la finalidad de crear un enfoque laboral y familiar.

Todos somos parte de una familia, todas y todos somos hijas o hijos, o hermanas, o primas, y la necesidad de poder conciliar los diferentes ámbitos o esferas de nuestra vida laboral, familiar, personal y social es importante.

Sin duda, esto traerá los beneficios de una cohesión social, cuando una familia está bien, la comunidad está bien, la ciudad está bien, los estados está bien, y nuestro país estará mejor.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

La Senadora Patricia Mercado: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo como fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano llamamos a votar a favor de este dictamen que sin duda va a institucionalizar el Día nacional del Balance Familia-Trabajo.

Y, efectivamente, felicito al Senado Ramírez Marín, a la Senadora Reynoso, a Verónica Delgadillo, a todos aquellos que hicieron posible este gran acuerdo.

Creo que en el país hemos construido distintos acuerdos desde nuestra diversidad y pluralidad política y social.

El primero, sin duda, es el gran acuerdo para que las mujeres puedan vivir una vida sin violencia; segundo, otro gran acuerdo es la paridad, el reconocimiento que los hombres y las mujeres somos mitad y mitad de la población, y que de esa manera tenemos que representarnos en la toma de decisiones.

Y creo que este puede ser un gran tercer gran acuerdo, es decir, que no solamente necesitamos la paridad en lo público, sino también la paridad en lo privado que se expresa en estas políticas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, creo que puede ser un acuerdo diverso, plural, porque significa distintas cosas, tenemos que hacer este día lo que va a hacer, como dice en la exposición de motivos, va a visibilizar esta problemática, y al visibilizar esta problemática va a ser un día de reflexión, de propuestas, de construcción de acuerdos para poder seguir avanzando en esta conciliación.

Tenemos una tarea pendiente que sin duda corresponde al Senado de la República que es la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo que nos habla que; los países se deben de comprometer a establecer políticas para una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, esta es una primera tarea.

Y, efectivamente, como ya decía la Presidenta de la comisión, Josefina Vázquez Mota, tenemos que repensar incluso la jornada laboral, tenemos una jornada laboral de ocho horas presencial desde hace cien años. La vida de los trabajadores, la vida de las familias y la vida laboral, y las nuevas tecnologías, nos hablan de que podemos transitar por otro tipo de jornada laboral que ya no sea ésta presencial necesariamente en el lugar de trabajo, la ganamos hace cien años y es tiempo de reflexionar, hace cien años había familias de diez, de quince hijos, donde se apartaba a algunos hijos que se quedaran cuidando a quienes necesitaban ser cuidados.

Hemos avanzado en ciertos temas en esta conciliación familia-trabajo, primero, se garantizó el derecho de las mujeres a poder desarrollar una actividad productiva y a la vez poder tener estos tiempos de maternidad para poder parir a sus criaturas y no por eso perder el trabajo.

También se legisló sobre las guarderías en la seguridad social y sobre los tiempos de lactancia, es decir, dimos un gran salto en esta conciliación de poder tener maternidad y paternidad y poder seguir en la esfera del trabajo; sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer.

Una de las propuestas importantes, y ahora estamos discutiendo una reforma educativa que no necesariamente va a traer este tema, pero sí tenemos que cambiar la jornada educativa, tenemos que hacer una jornada de tiempo completo, y hay muchas escuelas en el país que son escuelas de tiempo completo con comida caliente en la escuela, con actividades educativas y culturales por la tarde.

De tal manera que las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres y hombres que vienen del mundo de trabajo a las 18:00 de la tarde podamos recogernos todos y efectivamente empieza la convivencia familiar, la convivencia en las comunidades, cambiar los tiempos de la escuela en este sentido.

También necesitamos otro tipo de políticas que tienen, también se ha dicho aquí, que ver con el sector privado. Hoy las mujeres ya tenemos nuestros permisos maternos y paternos, y estamos avanzando, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, vamos a presentar un dictamen sobre cómo dar más semanas para cuidado de hijas e hijos recién nacidos para hombres y mujeres; sin embargo, también tenemos que ver que en las empresas las nuevas tecnologías nos permiten el trabajo en casa, el home office que se le llama.

Y yo creo que en algún momento puse el ejemplo acá, en el Tribunal Electoral a los hombres con hijos pequeños les dio un día de trabajo en su casa, o sea, se puede trabajar en la casa porque las nuevas tecnologías pueden hacerlo para brindar, digamos, estas políticas para conciliar. Eso implica conciliar el trabajo y la familia, y las nuevas tecnologías nos ayuda también, por ejemplo, para tener este tipo de permisos y de horarios.

Así es que me parece que debemos de dar la bienvenida a este día que es simbólico, finalmente es un símbolo un Día Nacional de Balance Familia-Trabajo, pero es un día nacional donde seguramente haremos anuncios, haremos acuerdos cada año para avanzar en esta conciliación entre que significa que las mujeres y los hombres tenemos las mismas responsabilidades y entonces de esa manera asumimos nuestras tareas laborales.

Muchas gracias.

Y ¡felicidades!

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Patricia Mercado.

No habiendo más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí está suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del anterior proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.

Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema, favor de registrarlo.

Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 111 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año como el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Informo a la Asamblea, que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite cuatro nuevas ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación de cuatro Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se autoriza incorporar el asunto al Orden del Día de la sesión de hoy.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza incluir el asunto en el Orden del Día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Es el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se remiten las cuatro ternas de las propuestas para la Comisión Reguladora de Energía del Ejecutivo Federal.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incluya el tema en el Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio que envía el titular de la Unidad de Enlace Legislativo.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Para complementar la información señalo lo siguiente, para cubrir la vacante del ciudadano Jesús Serrano Landeros, generado el 31 de diciembre de 2018, con motivo de la conclusión del periodo por el que fue designado como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, se propone la siguiente terna para el periodo comprendido desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

1.- Ciudadano Jorge Amaya Mendívil.

2.- Ciudadano Luis Linares Zapata.

3.- Ciudadana Paola Elizabeth López Chávez.

Para cubrir la vacante del ciudadano Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, con motivo de su renuncia al cargo, por el que fue designado como Comisionado de la CRE, se propone la siguiente terna para un periodo comprendido desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2020:

1. Ciudadano José Alberto Celestinos Isaacs.

2. Ciudadano Mario José Silverio Galicia Yépez.

3. Ciudadano Fernando Juárez Martínez.

Por otro lado, para cubrir la vacante de la ciudadana Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, con motivo de su renuncia al cargo por el que fue designada como Comisionada de la CRE, se propone la siguiente terna para un periodo comprendido desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2023:

1. Ciudadana Norma Leticia Campos Aragón.

2. Ciudadano Ángel Carrizales López.

3. Ciudadano Alfonso López Alvarado.

Finalmente, para cubrir la vacante de la ciudadana Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018 con motivo de su renuncia al cargo por el que fue designada como Comisionada de la CRE, se propone la siguiente terna para un periodo comprendido desde su aprobación por ese órgano legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2019:

1. Ciudadana Guadalupe Escalante Benítez.

2. Ciudadano Edmundo Sánchez Aguilar.

3. Ciudadano Ignacio Vázquez Memije.

Se turnan las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal a la Comisión de Energía.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Educación.

La Comisión de Educación presenta un dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos a la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en Casas Grandes, Chihuahua. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy.

Por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se concede el uso de la palabra al Senador Rubén Rocha Moya, para presentar los seis dictámenes a nombre de la Comisión de Educación, en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos. Son siete dictámenes, seis positivos y uno que se desecha.

El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Estimadas Senadoras y Senadores:

Con la venia de la Asamblea voy a presentar seis puntos de Acuerdo dictaminados en positivo y uno punto de Acuerdo que la comisión ha resuelto, no precisamente votar en negativo, sino que se ha agotado su materia, ya lo explico muy rápidamente.

El primer punto de Acuerdo es el que acaba de leer la Secretaría, se refiere, es un punto de Acuerdo presentado por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, y que tiene como propósito el que se cumpla con los pagos que adeudan a la Universidad Tecnológica de Paquimé.

Este punto de Acuerdo lo hemos votados en positivo no sólo como una exigencia al ejecutivo del estado de Chihuahua, sino también como un exhorto a la legislatura local a efecto de que lo consideren en el presupuesto.

El segundo punto de Acuerdo que hemos votado en positivo en la Comisión de Educación, es el relativo al que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública para agilizar y entregar con prontitud los recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados, presentado por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, estudié mucho el pronunciamiento del apellido y siempre no lo dije bien. Éste lo hemos votado en positivo en la comisión.

El tercer punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar al gobierno federal a realizar las acciones conducentes para que se entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad para que tengan acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, presentado este punto de Acuerdo por las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018.

Es un punto de Acuerdo que hemos votado en positivo, en la consideración de que corresponde a las autoridades educativas determinar los programas y decidir qué tipo de apoyo tecnológico en este sentido se debe de entregar a los estudiantes.

Por supuesto que lo positivo es que se recoge la intención de que deba hacerse uso, lo más posible, del Internet y de las nuevas tecnologías.

El cuarto dictamen propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua, a garantizar que el cien por ciento de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores, presentado por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018.

Este punto de Acuerdo está en positivo y hemos incorporado aquí una suerte de modalidad que queremos darles a los puntos de Acuerdo, no solamente es exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua, como aquí lo hemos dicho, sino también remitir el exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que se prevea lo relativo a los recursos que debe de haber porque es un programa que tiene un costo significativo.

El quinto dictamen, no estoy leyendo los Acuerdos porque a la hora de votarlos se van a leer y no quiero repetir, solamente estoy diciendo en el sentido que se han votado.

El quinto dictamen propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con Petróleos Mexicanos, con la Secretaría de Energía y con otras dependencias, se organicen campañas de culturización, a efecto que en las comunidades por donde pasan los ductos de petróleo; sean los niños, los jóvenes, los adultos en general, conscientes de lo que significa atentar contra la integridad física de esos ductos, el problema legal que eso supone y finalmente la idea es que evitemos que haya tragedias como las ya lamentadas, y también evitemos que se atente contra el patrimonio de la nación.

El último punto que hemos aprobado en positivo es el relativo al dictamen que propone, este anterior fue propuesta de la Senadora Rocío Abreu y de un servidor, Rubén Rocha, Este último punto es una propuesta hecha por el Senador Miguel Ángel Mancera, relativo al exhorto que se hace a las Comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a efecto que incluyan en la reforma constitucional la obligación del Estado a impartir la educación inicial.

Este sigue con materia, sigue siendo pertinente, dado que por diversas razones en la Cámara de Diputados no han podido celebrar las reuniones correspondientes de las comisiones unidas que habrán de dictaminar. Está pendiente el dictamen, por lo tanto, es un exhorto con materia.

Quiero expresar aquí que en el caso del punto de Acuerdo que fue examinado en la comisión, presentado por el Senador Casimiro Méndez Ortiz, que está exhortando a diferentes instancias de la Secretaría de Educación Pública, entre ellas el INEE, el Servicio Profesional de Carrera, la propia Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se haga un análisis integral de la norma y de las disposiciones que han traído como consecuencia se atente contra la estabilidad en el empleo de profesoras y profesores, pero que además se revise y se envíe un informe en el cual se haga el compromiso de eliminar la evaluación punitiva.

Consideramos que quedó sin materia a partir del 12 de diciembre, que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional que contiene justamente las preocupaciones planteadas por el Senador Méndez.

Esa es la única razón por la cual consideramos sin materia, no tanto que esté en negativo.

Finalmente, a propósito de puntos de Acuerdo, quiero referir que examinamos, de la Senadora Leonor Noyola Cervantes, un punto de Acuerdo muy pertinente, que solamente lo hemos dejado en suspenso a efecto de determinar la competencia que tenemos como Senado para exigir a una serie de instancias o para demandar o exhortar a una serie de instancias, que entreguen una suerte de reporte de transparencia, respecto al tema al que se refiere el artículo 6o. de la Ley General de Educación, que habla de las donaciones y cuotas voluntarias en las escuelas, y que finalmente nos pareció muy pertinente en la Comisión, sin embargo, quisimos esperar para dictaminarlo de la mejor manera.

Aprovechando los segundos que me quedan, quiero expresar lo siguiente.

Primero, mi agradecimiento pleno a todas y a todos, a cada una de las Senadoras y a cada uno de los Senadores de la Comisión de Educación, porque nos ha permitido, con su responsabilidad, que a estas horas tengamos dictaminados 18 dictámenes de iniciativas y puntos de Acuerdo.

Pero junto con ello hemos desarrollado un trabajo previo para recibir la reforma educativa, la minuta, en nuestro caso. Es decir, ya compareció ante la Comisión el Secretario de Educación y realizamos cuatro foros, uno con especialistas, que nos ayudó a coordinar, y lo agradezco, la Senadora Beatriz Paredes; uno con organismos de la sociedad civil y legisladores, que nos ayudó a coordinar la Senadora Minerva Hernández; uno más con instituciones formadoras de docentes, que nos ayudó a coordinar el Senador Daniel Gutiérrez e igualmente un cuarto que hicimos con organizaciones sindicales y estudiantiles para efecto de conocer sus opiniones al respecto de la reforma educativa, en donde nos ayudó el Senador Joel Padilla a coordinar.

Muchas gracias por ello.

Yo les quiero decir que, fuera de programa, mis compañeros de la Comisión de Educación, presidí una en Culiacán ahí asistieron un importante número de maestros, fue organizado a iniciativa de ellos.

Esto qué nos indica y qué quiero decirle al Pleno Que en la Comisión de Educación hemos realizado el ejercicio de Parlamento Abierto y estamos en condiciones, y así lo hemos declarado en la propia comisión, de recibir la minuta y dictaminarla en cuanto llegue, en tanto que hemos recogido las más diversas opiniones de los más diversos actores, directos e indirectos, del fenómeno educativo.

Agradezco por ello a nuestros compañeros y expreso algo que se dijo en la comisión a la Mesa Directiva, que nos gustaría que llegando la minuta la pudieran turnar a la Comisión de Educación, para ser dictaminada.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rocha Moya.

En virtud que el Senador Rocha ha presentado todos los dictámenes en un solo acto, vamos a entrar a la discusión de cada uno de los puntos de Acuerdo que se han presentado.

Pasamos a la discusión del primero, que es el punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua, a cumplir con los pagos a la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en Casas Grandes, Chihuahua.

El dictamen ya ustedes lo conocen, está publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Está a discusión y tiene la palabra el Senador Gustavo Madero, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la Presidencia.

Es importante posicionar este dictamen a favor para que pueda subsanarse una de las múltiples fallas de apoyo financiero, producto de una administración que heredamos del gobierno anterior, que dejó en franca bancarrota las finanzas públicas del estado.

Es importante mencionar que el apoyo que se requiere para la Universidad Tecnológica de Paquimé, es un adeudo que tiene de 4.9 millones de pesos y es importante referir que estos adeudos algunos vienen desde el 2015, pero del 2015 al año pasado ya se le han transferido a esta Universidad Tecnológica de Paquimé 44 millones 654 mil 067 pesos, y que ya está el convenio firmado para el año 2019 en dos aportaciones, de 12 millones 899 mil 236 pesos, por parte del gobierno del estado y otro tanto por parte del gobierno federal, y que de este convenio de aportaciones ya se han administrado, en estos primeros meses del año 2019, los primeros dos millones 810 mil 472 pesos.

Creo que todo lo que tenga que ver con el apoyo de la educación es pertinente, es necesario y lo que quisiéramos nosotros es ir al origen del problema que causó todo este desfalco, que es la administración anterior y que está pendiente.

Está prófugo de la justica el ex gobernador César Duarte y que estamos pendiente de que sea extraditado para que pueda regresarle, al pueblo de Chihuahua, todos los recursos que fueron desviados para poder hacerle frente a estos y a otros muchos compromisos que tenemos con el pueblo de Chihuahua.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Madero    Muñoz.

Senador Cruz Pérez, sonido a su escaño, por favor.

El Senador Cruz Pérez Cuellar: (Desde su escaño) De acuerdo con lo que comenta el Senador Madero, nada más faltó agregar que del año pasado, de 2018 el el gobierno federal entregó todo lo que correspondía y el gobierno del estado de Chihuahua adeuda todavía como un millón y medio de pesos, solamente faltó agregar eso, que ya corresponde a la actual administración estatal de Chihuahua.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Cruz Pérez Cuéllar.

En virtud de no haber más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí, se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública a agilizar y entregar los recursos presupuestales destinados al apoyo extraordinario a la educación. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones para entregar una “tableta electrónica” a los estudiantes de preparatoria y universidad. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



El dictamen está a discusión. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior dictamen es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del cuarto dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua, a garantizar que en las escuelas públicas se cuente con drenaje y con inodoros ahorradores. Se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



Para la discusión, se ha inscrito el Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN, para que le den sonido a su escaño, por favor.

El Senador Raúl Paz Alonzo: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solo, como Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, celebro que la Comisión de Educación, presidida por el Senador Rubén Rocha, haya dictaminado de manera positiva este dictamen.

Agradezco y reconozco a los integrantes de esta Comisión, por la preocupación de emitir y aprobar este exhorto, para que el 100 por ciento de las escuelas públicas cuenten con un sistema de saneamiento y drenaje, así como inodoros ahorradores que cumplan con la Norma Oficial Mexicana.

Quisiera exhortar a todos votar a favor de este dictamen, por el bien de los niños de México.

Gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Paz Alonso.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del dictamen número cinco, de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades a desarrollar e implementar un programa educativo en comunidades cercanas a ductos de hidrocarburos. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión, en lo general.

Tiene la palabra la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo quisiera recordar lo que pasó en Tlahuelilpan, son 135 muertos a la fecha, 52 cadáveres no han sido identificados y quedan ocho personas todavía internadas de gravedad.

En días pasados nos enteramos, por el propio Presidente, que el ducto Tuxpan-Tula volvió a sufrir un piquete o una toma clandestina, y lo sacó de operación.

También nos enteramos de que el estado de Hidalgo es el estado que más piquetes al ducto tiene, de toda la República.

Lo que está pasando en Hidalgo es una situación de emergencia. El día de ayer volvimos a ver en la carretera “Juan Rotulo”, una fuga que volvió a alcanzar 30 metros de altura, seguramente por otra toma clandestina.

Entonces, yo quisiera pedir, es muy genérico este punto de Acuerdo, y cuando hacemos un punto de Acuerdo tan genérico, tan amplio, lo más seguro es que no pase anda. Que pudiéramos empezar con un proyecto piloto, así como se está haciendo el de trabajadoras del hogar con el seguro social, en la zona del Valle del Mezquital, que son los municipios de Tula, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec, Mixquiahuala, Progreso, Ixmiquilpan, y que podamos ahí iniciar este trabajo debido a la magnitud y a la gravedad, y a lo común que se ha hecho el robo de combustible en nuestro estado.

Les puedo decir y confirmar que es absolutamente falso que haya terminado ya el robo de combustible. Nos enteramos de Santa Rosa de Lima, por lo espectacular, pero les puedo decir que hay otras localidades del estado de Hidalgo donde prácticamente los habitantes están dedicados al robo de combustible.

Entonces, creo que me parece muy importante este punto de Acuerdo, pero sí quisiera yo precisar que lo focalizáramos quizá a esta región en memoria de las 135 personas que fallecieron en este terrible accidente, y que yo estoy convencida que el 99 por ciento de las personas que fallecieron no eran huachicoleros, el 99 por ciento de las personas tenían ignorancia sobre el manejo de combustibles.

Muchos de ellos no pudieron advertir la nube tóxica que se había generado alrededor del ducto, y que era inminente su explosión.

Y también capacitar a los cuerpos de protección civil de los municipios, porque no tienen la capacitación suficiente para poder actuar en una situación de emergencia. Y dado que esta zona es una zona de una gran cantidad de ductos, porque llegan hacia la refinería, creo que ahí Pemex podría ser un factor muy importante para capacitar a los cuerpos de protección civil, y evitar una tragedia como la que se llevó a cabo, o la que surgió en el estado de Hidalgo.

Muchas gracias.

Y vamos a apoyar este punto de Acuerdo, y ojalá pudiéramos precisar que se pudiera iniciar en la zona de la explosión aledaña al ducto de Tlahuelilpan.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica...

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se está votando, y está en discusión el dictamen de la Comisión de Educación.

Yo creo que primero tendría que modificarse por la Comisión de Educación, si están todos de acuerdo, el dictamen. Vamos a continuar con la votación del dictamen del punto de Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del dictamen número seis, de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación, de la Cámara de Diputados, a considerar en su proyecto de reforma el artículo 3o. constitucional, la inclusión de la educación inicial. Se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias.

La educación inicial, la educación en la primera infancia está dejando de ser invisible.

Yo celebro la presentación de este exhorto, de este punto de Acuerdo. Hoy más que nunca que se está trabajando en la Cámara de Diputados con la Reforma Educativa.

De hecho, mencionar que en el primer documento que llegó por parte del Presidente de la República en cuanto al tema educativo, no venía considerada la educación inicial. Sin embargo, en los últimos documentos que se han presentado por parte de la Cámara de Diputados ya es considerada.

La educción inicial en México ha buscado ser reconocida y valorada como parte del proceso educativo, los avances y la investigación, la psicología, la pedagogía, la neurociencia, la sociología han aportado evidencias que señalan que durante los primeros años de vida de las personas se abre una ventana de oportunidad para el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar del ser humano.

El desarrollo de las niñas y niños a través de la sana nutrición, el cuidado y el afecto tendrán un impacto y una repercusión en su vida futura.

Uno de los derechos de los niños es el derecho a aprender, a aprender desde su primera infancia, que hoy, en este exhorto, se está manifestando.

Los estudios demuestran que los niños que asisten a las estancias infantiles, a las áreas de desarrollo, presentan mejores resultados en comunicación, en socialización, en nutrición. Muchos niños, sobre todo los que vienen de condiciones más vulnerables, no tienen esta oportunidad.

Es muy importante que el Estado promueva el desarrollo infantil, el desarrollo de la primera infancia. La inteligencia no es un atributo fijo, la inteligencia se desarrolla con estímulos externos, con socialización, démosles la oportunidad a todas las niñas y niños de tener estos estímulos en su primera infancia.

Las naciones que invierten en nuestros niños son naciones que garantizan un mejor futuro y una mejor sociedad. Muchos países en esta nueva década la están apostando a nuestros niños y niñas, están incluyendo la primera infancia.

Por favor, que México, que nuestro México vaya hacia ahí también.

Los invito a todas y a todos a votar a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del dictamen séptimo de la Comisión de Educación, por el que se desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a revisar la legislación conocida como Reforma Educativa. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar la proposición con punto de Acuerdo antes referida.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que desecha el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlos por concluido e informar a los promoventes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar del proyecto hidráulico de saneamiento y desazolve a realizarse en el río Tecamachalco. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para presentar el dictamen, el Senador Raúl Paz Alonso, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presenta el dictamen en términos del artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador Raúl Paz Alonso: Con su venia, señora Presidenta.

Voy a presentar los dos dictámenes en una sola intervención, señora Presidenta, por eficiencia de tiempo.

El día de hoy acudo a esta tribuna como Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para presentar ante este Pleno dos dictámenes.

El primero de ellos, el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar a esta Soberanía acerca de las obras de mantenimiento y construcción de infraestructura hidráulica de la presa “Yuribia”, proveedora de agua de gran parte de la zona del sur de Veracruz, para garantizar el abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, debido a que esta presa no se encuentra actualmente operando en su totalidad, por lo que los habitantes de la zona sufren constantemente de no tener agua suficiente.

En ese sentido, se exhorta a la Conagua para que atienda de manera urgente esta problemática y coadyuve a estas acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona sur de Veracruz y lograr garantizar el derecho al agua, que todo ser humano posee.

Por último, se presenta un dictamen que contiene exhortos a diversas autoridades de materia hídrica para informar a esta Soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo para atender la problemática que existe en el río “Tecamachalco”, debido que por falta de infraestructura en este río que funciona como un desagüe natural, se ha generado un gran problema de contaminación e infección del río debido a que en temporada de sequía no logra conducir su cauce de manera natural, lo que genera que el agua permanezca ahí generando un foco de infección para más de diez mil habitantes de las zonas aledañas al río.

Por lo anterior, pido el voto a favor de estos dictámenes a fin de coadyuvar con los habitantes del sur de Veracruz a que pueda, tener mejores condiciones de vida y mejorar su acceso al agua, así como los habitantes vecinos del río “Tecamachalco” que exigen medidas urgentes para atender la problemática que sufren todos los días por falta de infraestructura hídrica en este natural cauce.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Paz Alonso.

En consecuencia, está a discusión en lo general. Y para ese efecto, tiene la palabra la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, señora Presidenta.

Entre nuestras obligaciones como habitantes de la ciudad, del país y de este planeta, está el contribuir a evitar la contaminación y el continuo deterioro ambiental. De manera destacada tenemos que salvar el agua y procurar el saneamiento de ríos y también de mares.

En los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, al Poniente, se localiza uno de los últimos ríos cuyo cauce natural escurre a cielo abierto, el río “Tecamachalco”. Este río presenta grandes cantidades de agua en épocas de lluvia, caudales de aguas residuales en el estiaje y contaminación permanente por residuos urbanos y basura. De hecho, hay quejas constantes por los malos olores que despide.

En 2011 se inició un proyecto de aproximadamente 75 millones de pesos para la construcción de un colector marginal a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin embargo, debido a la falta de planeación y a la mala calidad del trabajo, esta intervención quedó completamente destruida en 2014.

Como consecuencia de este trabajo se afectó el área vegetal y se desestabilizaron los taludes que ocasionaron cambios en la morfología del cauce y hasta la fecha no han sido corregidos.

Debido al alto grado de contaminación, hay recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hacia los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México que aún no han sido atendidas.

Por otro lado Sacmex presentó una licitación pública para realizar obras de desazolve con el fin de intentar recuperar su capacidad, que actualmente se encuentra reducida a una quinta parte.

Por todo lo anterior, presento un punto de Acuerdo para solicitar atentamente a las autoridades de la Comisión Nacional de Aguas, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Comisión de Aguas del Estado de México y a las secretarías del Medio Ambiente del Estado de México y del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo las obras necesarias para el saneamiento y desazolve del río “Tecamachalco” con un enfoque de sustentabilidad hídrica e informen de los avances.

Este punto de Acuerdo ya ha sido aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. Exhorto respetuosamente al Pleno de esta Asamblea a sumarse a su aprobación.

De lograr que las instancias de gobierno cumplan con sus tareas del Plan Hidrológico y que los habitantes de la zona contribuyan a no arrojar desechos al cauce, lograremos salvar el río, una mínima, pero crucial contribución a la sustentabilidad y sobrevivencia de esta ciudad.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos directamente a la discusión del segundo dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar de las obras de mantenimiento e infraestructura hídrica en el estado de Veracruz. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y ya ha sido presentado por el Senador Raúl Paz.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Mónica Fernández Balboa: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En virtud de que este dictamen ya ha sido presentado, está abierta la discusión en lo general y tiene la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con su permiso, señora Presidenta, Mesa Directiva. Gracias.

Bueno, antes que nada, quiero felicitar, por supuesto, a la Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por el Senador Raúl Paz y, por supuesto, a la propuesta por parte del Partido Verde, de este punto de Acuerdo que el día de hoy será votado.

Como todos ya sabemos, pues el agua es una necesidad fundamental para la existencia de todos los seres vivos, es por ello que se vuelve totalmente necesario garantizar que las instituciones encargadas del manejo de este servicio se aseguren de que éste se otorgue en las mejores condiciones posibles.

A lo mejor el tema, cuando escuchamos el tema de la presa “Yuribia”, obviamente a muchos de ustedes no les dice nada, sin embargo, la presa “Yuribia” se encuentra en la Sierra Sur del estado de Veracruz, en el municipio específicamente de Tatahuicapan, y es gracias a esta presa que los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán y una parte de Cosoleacaque, en la región sur del estado, tienen agua.

¿Cuál es el problema?

Durante vario años, algunos grupos de ejidatarios que viven en Tatahuicapan han lucrado con el hecho de que las válvulas de la presa se encuentren en la sierra y han solicitado recursos económicos directamente en efectivo, para poder suministrar el agua a esta región sur del estado.

Esto, por supuesto, se vuelve un conflicto social de manera constante y que cada administración estatal tiene que resolver de una forma u otra.

Cada vez que la válvula de la presa se cierra exactamente, aproximadamente 48 horas después es que la región sur del estado deja de tener agua.

Por eso es un conflicto muy importante y es necesario que la Comisión Nacional del Agua pudiera explorar otras alternativas para suministrar de agua a esta región del estado.

Estamos también conscientes que la Comisión del Agua del estado de Veracruz, aun en conjunto con recursos del propio gobierno del estado, serían insuficientes para atender esta necesidad o cualquier obra de infraestructura que se necesitara para atender esta problemática.

Por eso, a mí me gustaría que hoy, únicamente estamos haciendo esta solicitud a la Conagua, de los proyectos, pero que posteriormente aquí en el Senado pudiéramos darle seguimiento para pensar en la posibilidad de una solución completa que involucrara, por ejemplo, al gobierno federal y al gobierno estatal para poder resolver este problema que afecta alrededor de medio millón de veracruzanos.

Créanme que la ciudad de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque se quedan prácticamente paralizadas, la última vez que ocurrió este conflicto fue aproximadamente hace tres semanas y toda la región sur no tenía una gota de agua.

Es un problema, por supuesto de salud pública y que yo espero que podamos seguir atendiendo.

Agradezco de antemano la atención y su voto.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rosales San Román.

En virtud de que no hay más oradoras ni más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y se reforman,  adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Educación.

Este proyecto fue desechado por la Cámara de Diputados y devuelto al Senado. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; DE VIVIENDA Y GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión el dictamen. Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros y darlo totalmente por concluido.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros y darlo totalmente por concluido.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, por el que se desechan cuatro iniciativas presentadas durante la LXI y LXIII Legislaturas. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente por concluidos.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradoras ni oradores registrados. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen anterior.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente por concluidos.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. No habiendo ninguna Senadora ni Senador inscritos para la discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente por concluidos.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desechan 18 proposiciones con punto de Acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Doy lectura.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz: Muchas gracias.

Este dictamen que se desecha, y estoy de acuerdo que se deseche, pero no estoy de acuerdo en el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es la consulta a los pueblos indígenas.

En ese momento, el Presidente era Presidente Electo, y obviamente por esas razones se está desechando el dictamen.

Pero hoy que está de moda tratar de pedir una disculpa para acabar con los agravios contra los pueblos indígenas y le estamos exigiendo al gobierno de España que acabe con los agravios, creo que sería muy bueno empezar a acabar con los agravios de los mexicanos hacia los pueblos indígenas.

No es posible que la Termoeléctrica de La Huesca no haya consultado a los pueblos indígenas de la zona de Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde cientos de indígenas se vieron afectados en 2010, y se hizo en contra de ellos esta obra.

Murió un líder en los últimos días y no se ha esclarecido su asesinato, no sabemos si tiene que ver con su lucha contra la Termoeléctrica de La Huesca, en Morelos, pero lo que sí es claro es que hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la consulta.

Yo estoy hablando de este de la consulta porque está dentro de todos los que vamos a desechar.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Pero está en otro.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Creo que son dos dictámenes de consulta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No, es que están en la discusión…

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Si quieres subo cuando…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Cuando termine.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Es que juntaron todos los dictámenes. Yo estoy en discusión de uno de los 18 dictámenes.

Si vamos a discutir uno por uno, entonces me espero y lo discutimos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No, a ver, hay varios dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, el que estamos ahorita discutiendo es un dictamen por el que se desechan 18 proposiciones con punto de Acuerdo que se presentaron durante la LXII y LXIII Legislaturas.

El dictamen siguiente se refiere también a un dictamen que se desecha, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Electo a abstenerse de realizar la Consulta Popular, que es al que se está refiriendo usted.

Entonces, exactamente, su discusión, su tema, es en el siguiente dictamen, no en la discusión de éste.

En virtud que no hay oradoras ni oradores registrados para esta discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar estas 18 proposiciones con puntos de Acuerdo de las legislaturas pasadas.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha los puntos de Acuerdo anteriormente mencionados. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Electo a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre de 2018. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: El tema fundamentalmente es que se están construyendo obras de infraestructura sin cumplir con la consulta a los pueblos indígenas, y eso es algo que el México contemporáneo está obligado a hacer.

La mejor forma de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas no está en España, está aquí.

En próximos días presentaré una reforma constitucional, en materia de derechos y consulta indígena, donde se dé pleno reconocimiento a la autonomía de los pueblos, el derecho en la consulta a nivel de la Constitución. Pero mientras, lo que pretendían estos puntos de Acuerdo es que el Tren Maya y la Termoeléctrica de La Huesca sean consultados de acuerdo al Convenio 169.

Entonces, vamos en este caso a desechar este dictamen, porque obviamente era para el Presidente Electo, obviamente fue una fecha anterior, se dictaminó apenas, pero el meollo del asunto no se pierde; el meollo del asunto es que en la Termoeléctrica de La Huesca hoy no pueden ser reiniciados sus trabajos porque hay un amparo, y ese amparo tiene que ver con que en 2010 no se hicieron las consultas pertinentes de acuerdo al Convenio 169.

Hoy lo que tiene que hacer el gobierno de la República es la reparación del daño. ¿Y en qué consiste la reparación del daño? Probablemente en la suspensión de la obra.

Eso se tendrá que definir, porque la obra se hizo en contra de los intereses de las comunidades indígenas, porque jamás fue consultado, y no es culpa del actual gobierno, no tiene nada que ver el gobierno actual, viene todo el tema desde el gobierno del Presidente Felipe Calderón, pero los siguientes gobiernos se han mantenido en el tema de no hacer las consultas de acuerdo al Convenio 169.

Entonces, nosotros nos vamos a abstener, en este caso, de votar como grupo parlamentario, porque coincidimos en que, efectivamente, se tiene que desechar, pero el meollo del asunto que propuso el Senador Clemente Castañeda cuando pidió esta consulta permanece vigente y tendríamos que atenderlo como una forma de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

En virtud que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar la proposición con punto de Acuerdo.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, por el que se desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno electo a respetar la Constitución y la ley en cuanto a las consultas populares. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, está a discusión. Está inscrita para esta discusión la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: (Desde su escaño) Es exactamente el mismo caso del anterior dictamen.

En este caso se proponía, y creo que aquí está totalmente vigente, la consulta por el Tren Maya, que fue la propuesta que hacía el punto de Acuerdo, pero se hacía hacia el Presidente Electo.

Yo no quiero augurarle mal destino al Tren Maya, me encantaría que se haga, pero se tiene que hacer apegado a la ley, puede correr el mismo riesgo que tiene entrampada la Presa de la Huesca en este momento y a muchos proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, donde a pesar de los cientos de millones de pesos que han invertido tanto el gobierno, como empresas privadas, los proyectos están detenidos por órdenes judiciales.

Nuevamente, el Convenio 169 tiene rango constitucional, no se debe de iniciar ningún proyecto en el sur sureste mexicano o en regiones indígenas, que afecte directamente a los pueblos.

Entonces, nuevamente se va a desechar este punto de Acuerdo porque ya pasó el momento de la consulta que se iba a hacer sobre el Tren Maya, pero insistiría en que es necesario que el gobierno ponga especial atención a que la consulta sea previa, sea libre y sea informada antes de iniciar cualquier tipo de construcción en la zona, si no quiere verse afectado, posteriormente, con amparos por parte de las comunidades indígenas.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar la proposición con punto de Acuerdo.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que deseche el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, por el que se desechan ocho proposiciones con punto de Acuerdo presentadas durante la LXIII Legislatura del Senado de la República. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen que propone desechar la proposición con punto de Acuerdo es de aprobarse.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el punto de Acuerdo mencionado anteriormente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.






Iniciamos con las rondas de iniciativas, y tiene la palabra el Senador Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el cuidado y la prevención de la salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Primo Dothé Mata: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros del Pleno.

Por estadísticas, por rango de edad, en un universo, en una muestra de 128 personas, por lo menos 32 padecen diabetes, y de acuerdo al comportamiento de la presencia del padecimiento de enfermedad del riñón, se les podría desarrollar la insuficiencia renal a 24 personas de un muestreo de 128.

Hace unas semanas abordamos aquí el tema de la prisión sin derecho a fianza para delitos relacionados con la corrupción, hace unos días votamos por unanimidad la inhabilitación permanente para personas que cometen actos graves de corrupción. La corrupción ha dañado, es un mal, terriblemente a nuestra sociedad, no se ha salvado ninguna área o sector, han sufrido todas lesiones por este mal.

Por eso es totalmente válida la expresión de asombro, hoy, ante el hecho que desde 1994 no se hayan tomado las medidas que hoy estamos tomando.

El tema de nuestra salud, de la salud del pueblo mexicano. Hay indicadores que nos muestran que diariamente cerca de 220 personas pierden la vida por enfermedades derivadas de la diabetes y la hipertensión, hay una involución en el estado de salud en nuestro país, que nos hace estar en el primer lugar en este tipo de problemas: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares y la muerte.

Aproximadamente, el 72.5 por ciento de adultos presentamos sobrepeso u obesidad. La diferencia de sobrepeso, diabetes, entre zonas rurales y urbanas ya solamente es de un dígito, el 25 por ciento de los mayores de 50 años presentan diabetes; el 25.5 por ciento presentan hipertensión arterial.

Las discapacidades producto de estas enfermedades hoy son tres veces mayores que hace siete años, igual en una involución, visión disminuida, daño en retina, pérdida de la vista, úlceras, amputaciones.

Hoy padecer la diabetes es prácticamente una sentencia a llegar a la insuficiencia renal. El 85 por ciento de las personas que presentan insuficiencia renal tienen como mal predecesor la diabetes. El 80 por ciento de quienes presentan diabetes tienen como factores que les anteceden el sobrepeso y la obesidad.

Entre la diabetes, el infarto al miocardio, la insuficiencia renal, los accidentes cerebrovasculares, las afecciones cardiacas hipertensivas llevan a la muerte al 37 por ciento de la población, la principal causa no solamente de muertes, sino de muertes evitables, de discapacidades evitables, de lesiones a la economía familiar del orden catastrófico, y de un gasto al erario público de miles de millones de pesos y que, sin embargo, no se logra hacer mella aún en este tema.

Es aún entonces más absurdo al escenario en el cual está siendo diezmada nuestra población, nuestra productividad, nuestra calidad de vida, y no hemos logrado al respecto políticas públicas eficientes, no hemos logrado incluso aprovechar elementos que están a nuestro alcance para enfrentar de mejor manera este problema.

Hoy está en pleno debate en nuestro país y en el Congreso de la Unión el tema de la derogación de la mal llamada reforma educativa, y el planteamiento de un nuevo modelo educativo.

Es obligación nuestra, es responsabilidad, no podemos eludir la tarea de al respecto incluir en el tema educativo, el tema de la salud, ligar dos aspectos fundamentales, estratégicos para nuestra nación.

Por eso tenemos hoy la presentación de esta iniciativa para la modificación de los artículos 3o. y 4o. de nuestra Constitución, que tiene, como propósito fundamental emprender acciones que deriven en la implementación de políticas públicas eficientes, no solamente como contenidos temáticos, sino como un componente de vida y un eficiente mecanismo de prevención que pueda dar pie a que durante todo el paso por el sistema educativo se pueda incluir como materia obligatoria y evaluable la prevención y el autocuidado en nuestra salud.

Ese es el tema que estamos presentando, y que pido su respaldo por el bien de las mexicanas y los mexicanos.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Primo Dothé Mata. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

El Senador Mancera solicita sumarse, adherirse a su iniciativa, si está usted de acuerdo, Senador. También los Senadores Gloria Sánchez, Américo Villarreal, Martha Guerrero, Félix Salgado Macedonio, Citlalli Hernández, Lucía Trasviña, Jiménez, Susana Harp, Miguel Ángel Navarro, Gama, Xóchitl Gálvez y María Merced, si usted lo tiene a bien.

Le pediríamos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pasen a recabar la firma de los adherentes.






Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política remitió a la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autorizan incorporar el Acuerdo al Orden del Día de la sesión de hoy.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la inclusión de este acuerdo en el Orden del Día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia. Está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo mencionado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Compañeras Senadoras y Senadores, informo a la Asamblea que se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política, en el que informan que por Acuerdo de dicho órgano, y como consecuencia de la licencia del Senador Alejandro Armenta Mier, el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena, se reintegra a la Comisión de Seguridad Social como Secretario, y a las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, América del Norte, como integrante para continuar desempeñando las actividades legislativas correspondientes.



Continúe la Secretaría.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió de la Cámara de Diputados, una comunicación por la que en cumplimiento del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa la imposibilidad para realizar sus sesiones ordinarias programadas para la actual semana del presente mes por condiciones externas que dificultan el acceso y el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La Asamblea ha quedado enterada.






Compañeras Senadoras y Senadores, daremos cuenta de rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Informo que la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turnos solicitada por la Senadora Mónica Fernández Balboa, al siguiente asunto.

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esta Presidencia ratifica la rectificación de turno que ha dado a conocer la Secretaría.






A continuación, la Secretaría dará cuenta de los turnos directos solicitados.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se informa que a petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas”; y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El turno es a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII TER, DENOMINADO “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS, MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS” Y UN ARTÍCULO 76 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan un Capítulo VIII TER, denominado “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS” y un artículo 76 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

El pasado 24 de octubre de 2017, los entonces Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura presentaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante, LFPC) con la finalidad de:

• Introducir un nuevo capítulo que regule los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través de personas morales que operan, utilizan o administran aplicaciones informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de las cuales los particulares contratan el servicio privado de transporte con chofer;

• Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO) a exigir y registrar los términos y condiciones de servicio como contrato de adhesión, e

• Incorporar la definición del Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, la cual permite identificar y diferenciar este servicio del Transporte Individual de Pasajeros al establecer que es un modelo que tiende a satisfacer.

No obstante, se encuentra pendiente de su aprobación, toda vez que, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Economía para su análisis y dictaminación correspondiente, el expediente que contiene el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, que contiene Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Marco Jurídico

Que la LFPC regula las relaciones entre proveedores y consumidores para lo cual define una serie de principios básicos en las relaciones de consumo que garantice la libertad de elección y la equidad en las relaciones contractuales.

De acuerdo con la LFPC los contratos de adhesión son el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.

Así, el artículo 90 de la LFPC establece que las cláusulas contractuales serán inválidas o se tendrán por no puestas cuando se presenten los siguientes casos:

Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente a sus obligaciones;

Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato, y

Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor.

Por lo que, el servicio que otorgan las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles se ubica en el ámbito de competencia de la PROFECO.

Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica

Que en junio de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, COFECE) emitió un Análisis de Opinión: La prestación del servicio de transporte de personas por medio de plataformas móviles (en adelante, opinión), dirigida al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a todos los gobernadores y legislaturas locales del país, en relación a las Empresas de Redes de Transporte (en adelante, ERT).

La COFECE analizó las características de las ERT y determinó que éstas resuelven de manera efectiva problemas de coordinación y asimetrías de información propias del servicio de transporte individual de personas, además de atender una serie de problemáticas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad.

La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en regular los servicios prestados por las ERT. En julio de 2015, el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial dos acuerdos que están basados en las principales recomendaciones emitidas por la COFECE. Así, mediante dicha regulación, las ERT fueron reconocidas como una nueva categoría de transporte privado, sin que se establecieran restricciones a la oferta o al sistema tarifario, aunque sujeto a ciertos requisitos.

La reacción regulatoria de la Ciudad de México fue seguida por otras entidades federativas, por ejemplo, estados como México, Puebla y Guanajuato modificaron sus marcos normativos para que el usuario tenga opciones de movilidad de distintos tipos y se eviten barreras que puedan impedir o limitar la entrada de nuevos proveedores.

Asimismo, el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia (ICN por sus siglas en inglés), dio un reconocimiento a la COFECE, toda vez que, resultó ganadora en el Concurso de Promoción de la Competencia 2015-2016, por la opinión en comento.

La COFECE participó en la categoría de promoción a la competencia en los mercados innovadores, en la que resultó ganadora por:

• Proponer el reconocimiento formal de una nueva categoría o modalidad de transporte individual de pasajeros a través de las ERT y promover enfoques regulatorios pro competitivos, y

• Haber incidido en el diseño de varios marcos regulatorios locales, incluyendo el que actualmente aplica para la Ciudad de México.

En su momento, la Comisión opinó que los servicios prestados por las ERT son resultado de los avances tecnológicos y de un proceso innovador que los convierte en un nuevo producto en el mercado.

Además, recomendó que cualquier regulación que llegara a emitirse debería limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia.

I. Empresas de Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas, en México

Que de acuerdo con datos de la opinión emitida por COFECE, las ERT (Uber y Cabify, en particular) iniciaron operaciones en México en 2013 y comenzaron a crecer de manera acelerada, una de las razones obedece a la llamada externalidad de red, es decir, al uso de una plataforma que crece de valor en la medida que existen más usuarios inscritos (en este caso, conductores y pasajeros).

El servicio resultó muy atractivo para cierto tipo de consumidores que tenían necesidades de movilidad no satisfechas, pero además, contaban con acceso a una tarjeta de crédito y a un teléfono móvil con ciertas características.

No obstante, en lo referente a la seguridad y la movilidad, estas nuevas alternativas de transporte no han implementado medidas de seguridad, pues frecuentemente se observan delitos cometidos por los conductores que prestan este servicio.

Así, el pasado 11 de julio de 2018, la PROFECO inició procedimientos por infracciones a la LFPC en contra de las empresas prestadoras del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas denominadas Uber, Easy Taxi y Cabify, por la probable transgresión a los derechos de consumidores del país que contratan sus servicios.

De acuerdo con datos del portal de internet de la PROFECO, “…Como resultado de los Procedimientos por Infracciones a la Ley iniciados en contra de estos proveedores, se han impuesto sanciones que ascienden a los 6,484 millones de pesos:

• Uber por 3 millones 974 mil pesos;

• Easy Taxi con 1 millón 810 mil pesos, y

• Cabify con 700 mil pesos, las cuales ya fueron notificadas y que aún no han quedado firmes, es decir, que aún pueden ser impugnadas.

Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores; aunado a la difusión de publicidad engañosa, a través de la cual ofertan un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal.

En lo que respecta a Cabify, este proveedor establece de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán reembolsables, así como, que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin definir con claridad qué criterios se utilizarán para esta consideración.

Aunado a lo anterior, se determinó el establecimiento de prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores y obligaciones inequitativas o abusivas, tales como que el usuario exonera a Cabify de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

En cuanto a Easy Taxi, no se hace responsable de daños o perjuicios, que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de los equipos de EASY y del USUARIO en caso de que un tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas coercitivas y desleales. Adicionalmente, sus frases publicitarias como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado.

Por otro lado, se estima que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados).

Asimismo, en el caso de Uber se señala que para la solución de cualquier controversia que eventualmente se presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, las partes se deberán someter al arbitraje o a la mediación, establecidos en la legislación de Ámsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa…”.

Por otro lado, en el ámbito internacional también se han observado múltiples denuncias lo que ha provocado que en países como el Reino Unido se haya negado la renovación de la licencia a una empresa ante estos actos delictivos.

II. Objetivo de la Iniciativa

Como se puede observar, estas empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores.

Es por ello que la Iniciativa propone:

Regulación de las empresas que prestan el servicio de transporte privado de personas a través de plataformas tecnológicas, únicamente para efectos de la protección del consumidor, no de movilidad y transporte.

• Registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual será actualizado bimestralmente ante la PROFECO.

Con ello, estas empresas se sujetarán a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de nuestro país, para evitar que los usuarios se sometan al arbitraje o a la mediación, de otro Estado extranjero, y

• Responsabilidad solidaria del proveedor ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

Estos cambios permitirán, entre otras cosas:

• Conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje;

• Eliminar cobros indebidos;

• Desglosar y transparentar la tarifa, y

• Evaluar a choferes y pasajeros.

Con ello, se busca proteger el bienestar del consumidor mediante una regulación, que de ninguna manera limitará ni pone barreras a la libre competencia, por el contrario, garantizará un servicio eficiente, seguro y de calidad.

Por lo anterior, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Único.- Se adicionan un Capítulo VIII TER denominado “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

CAPITULO VIII TER

DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

ARTÍCULO 76 TER.- El Servicio Transporte Privado de Personas a través Plataformas Electrónicas es el otorgamiento de un servicio de transporte por parte de  personas morales que operan, utilizan o administran aplicaciones informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles.

En la prestación de dicho servicio se cumplirá con lo siguiente:

I. El servicio será prestado bajo la responsabilidad del proveedor quien opera o administra mediante aplicaciones o plataformas electrónicas, propias o de un tercero, entendidas como las herramientas informáticas y demás desarrollos tecnológicos que permitan a los consumidores mediante dispositivos móviles y/o otras herramientas electrónicas puedan acceder al Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas.

Asimismo, deberá registrar el contrato de adhesión ante la Procuraduría, sujetándose a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El prestador del Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas es aquella persona física que se encuentra capacitada y registrada por el proveedor mediante Plataformas Electrónicas.

El proveedor estará obligado a responder solidariamente ante cualquier reclamación o daño causado por el operador del servicio;

III. La Procuraduría llevará a cabo un registro de las empresas que presten dicho servicio y deberá ser actualizado bimestralmente.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Tercero.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones a los Reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a agotar el punto de ahorita y después vamos a continuar con el Orden del Día.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También se informa que a petición del Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. El turno es a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA     LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL  TRABAJO

(Presentada por el Senador Jesús Encinas Meneses, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El suscrito, Senador Jesús Encinas Meneses a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ANEXAN LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México concluir una carrera profesional no es una garantía para obtener un empleo, pues de acuerdo a la última base de datos del INEGI, en nuestro país existen  884,237 personas que tienen un grado superior de estudios, pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir un empleo.

Para la cuestión laboral y de ingresos, tener un título universitario no es de gran relevancia, sino que aquí lo que tiene importancia es la experiencia laboral en cualquiera de sus ámbitos, dejando como consecuencia una gran competitividad en la búsqueda de empleo dentro del mercado laboral ya que a la mayoría de los jóvenes por falta de esta experiencia, se les he negada la oportunidad de ocupar un empleo relativo a su carrera universitaria, siendo esto uno de los mayores retos a los que se enfrentan los recién egresados de las universidades mexicanas.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Juventud la proporción de jóvenes que logran obtener un empleo es de 30.7%, y de ese mismo porcentaje, uno de cada tres jóvenes se desempeña en actividades vinculadas con su perfil profesional.

La realidad en México es muy clara, la tasa de desempleo es más altas para los egresados universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo con nivel de bachillerato.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las principal desequilibrio para que los jóvenes profesionistas puedan conseguir un empleo es la falta de experiencia así como a la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, la falta de dominio en su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación, dejando como consecuencia que la mayoría de las empresas mexicanas no brindan la oportunidad de acceso a la tan afamada “experiencia” que solicitan cuando desean reclutar nuevo personal.

La OCDE estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 años tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y, cuando lo logran, su salario será incluso menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria.

En promedio 65 de cada 100 egresados, por la desesperación de no poder encontrar un empleo, deciden trabajar en un área diferente a la que estudiaron, se subemplean en trabajos como choferes de transportes públicos, empleados en taquerías, cafeterías, bares o se dedican al comercio ambulante.

Ahora bien, en base a los datos de la INEGI, en México 6 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 29 años están en la búsqueda de empleo sin tener éxito en conseguirlo; especialmente el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años registró una tasa de desocupación de 6.7%, más del doble que se registra para la población total.

Esta grave problemática conlleva a que ante la falta de oportunidades para integrarse al mercado laboral, los jóvenes optan por emplearse en el sector informal, que ya da trabajo a poco más de 8.9 millones de mexicanos de entre 15 a 29 años, situación que expresa que 6 de cada 10 jóvenes activos están trabajando informalmente.

El inconveniente en que los jóvenes aún con una carrera profesional están empleados en trabajos informales es que en la mayoría de los casos no gozan de las prestaciones laborales y los ingresos que deberían percibir conforme la ley lo estipula, pues el sueldo está por debajo de la línea de remuneraciones mínimas, por lo tanto en México 8 de cada 10 jóvenes no tiene ni siquiera los beneficios para trabajadores determinados por la ley por lo que los hace económicamente vulnerables.

El conflicto se engrandece cuando la diferencia salarial entre jóvenes mujeres y jóvenes hombres; en el país 4 de 10 mujeres de 15 a 29 años perciben menos de un salario mínimo al mes, mientras que para los hombres la cifra es la mitad (2 de cada 10).

El horizonte que nuestro país está por brindar para los próximos egresados es desmoralizador y agobiante, ya que los conocimientos adquiridos no son razón suficiente para emplearse, sino que la razón y motivación para emplear a jóvenes con carrera profesional o sin ella es la experiencia laboral que llevan en cierta área.

Por lo que se considera que el gobierno en conjunto con los empresarios deberían de crear buenas fuentes de empleo y capacitaciones para los recién egresados, así como los jóvenes,deben crear con ideas emprendedoras en favor de los pequeños negocios que los hagan superarse y salir adelante en este mundo tan voraz y competido. Esto con la finalidad de que los egresados universitarios no se queden a la espera de una oportunidad, es decir, se les dé la oportunidad de poder obtener experiencia laboral a través de contrataciones que hagan las empresas a fin de que los jóvenes que estén por egresar puedan tener el requisito que la mayoría de las empresas solicitan, esto es “LA EXPERIENCIA LABORAL” para poder ser contratados una vez terminada su carrera profesional.

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I...XXIX...

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I...XXIX…

XXX.- En el caso de las empresas que tengan más de 10 empleados, deben de darle oportunidad a los jóvenes mayores de 18 años para poder incluirlos en la participación laboral, es decir por cada diez trabajadores debe haber un joven laborando para la empresa, considerando la edad promedio de jóvenes de 18 a 23 años, con la oportunidad de que la empresa pueda capacitarlos para el ejercicio de sus funciones laborales.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- SE ANEXAN LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I...XXIX…

XXX.- En el caso de las empresas que tengan más de 10 empleados, deben de darle oportunidad a los jóvenes mayores de 18 años para poder incluirlos en la participación laboral, es decir por cada diez trabajadores debe haber un joven laborando para la empresa, considerando la edad promedio de jóvenes de 18 a 23 años, con la oportunidad de que la empresa pueda capacitarlos para el ejercicio de sus funciones laborales.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesión del Senado de la República, el 26 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Jesús Encinas Meneses.






Asimismo, se informa que a petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El turno es a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La certificación profesional es un proceso para sustentar la validez y actualización de los conocimientos técnico-teóricos de una profesión, así como la experiencia para el desarrollo de las actividades profesionales. Asimismo, representa un medio para garantizar la calidad en la prestación del servicio y que éste se realice con controles, reglas y criterios éticos uniformes, vigilados y acreditados por organismos de interés público que, a su vez, establecen su autorregulación.
Considerando que:

a) La Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal otorga certidumbre y continuidad  de las políticas públicas del gobierno federal, al tiempo de garantizar los derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y cuyos propósitos fundamentales son los de lograr una administración pública eficiente y eficaz, con capacidad técnica y profesional para el servicio público que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones para la ejecución de planes y programas, así como el logro de las metas del Poder Ejecutivo Federal;1

b) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facilita el entendimiento de la estructura burocrática de la Administración Pública, como un instrumento con responsabilidades claras y precisas que evita la duplicidad de funciones y permite que las decisiones gubernamentales se traduzcan en resultados que demandan los habitantes del país2, y

c) Que existe la necesidad de que los profesionistas del país desarrollen sus funciones dentro de los estándares de calidad que demanda actualmente la sociedad, ofreciendo a ésta la seguridad de contratar profesionales calificados y técnicamente actualizados, incluyendo a profesionistas del sector gubernamental.

De acuerdo con el documento denominado “Certificación Profesional en México 20083 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, con la masificación de la educación superior se inició:

i) La certificación de los individuos más allá de la proporcionada por títulos universitarios o los certificados de estudios: formación, experiencia práctica, desempeño profesional y responsabilidad social;

ii) La evaluación de los programas educativos y más tarde su acreditación;

iii) La evaluación de los resultados de la acción educativa y la evaluación de tercera parte de los aprendizajes, como indicador de la capacidad de los egresados; así como,

iv) Otros procesos de formación, evaluación y certificación.

En México, hay cuatro formas de reconocer, de certificar o garantizar la calidad de los profesionales a través de los siguientes mecanismos:

• El título universitario, documento que dan las instituciones de educación superior al fin de un programa de estudios de “licenciatura” en una carrera;

La cédula o licencia profesional, registro y permiso que dan los gobiernos para ejercer la profesión, símbolo de calidad;

• La certificación (y re-certificación) profesional, el reconocimiento gremial que dan los colegios o las organizaciones profesionales, garantía de calidad, y

• La aceptación social (reconocimiento del público usuario del mercado laboral).

Dentro de este contexto, debemos señalar que la evolución cronológica de la evaluación de los siguientes programas educativos:

En 1979 el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior;

• En 1989 la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior;

En 1989 el Padrón Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);

• En 1991 los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior;

• En el 2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior;

En el 2002 el Reconocimiento de Organismos Acreditadores de Educación Superior, y

En el 2005 el Consorcio de Universidades Mexicanas.

No obstante, no fue sino a partir de 1973 en que se comenzó la certificación de los profesionales, concretamente con las Especialidades Médicas; posteriormente, surgieron el Sistema Nacional de Investigadores (1984) los Programas de Carrera Docente (1991) y la certificación profesional de veterinarios, contadores públicos, actuarios, arquitectos e ingenieros (1998).

Hoy en día, la certificación profesional es llevada a cabo por organizaciones gremiales en forma independiente a la que realizan las Universidades, las Instituciones de Educación Superior, e incluso del Gobierno, y con base en diversos requisitos que consisten en exámenes estandarizados que son aplicados por terceros.

Por otro lado, en el artículo “La importancia de la certificación profesional en México” el Dr. Eduardo Ávalos Lira4 puntualizó que con la firma del Tratado de Libre Comercio, México acordó certificar el ejercicio profesional de algunas carreras.

Así, de acuerdo con el Dr. Ávalos Lira, el 27 de septiembre de 2002, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (en adelante, IMCP) firmó el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo, con los siguientes organismos,en donde se establecieron los acuerdos de reciprocidad en los servicios profesionales entre esos tres países, así como otros aspectos relacionados.

• La Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (National Association of State Boards of Accountancy, NASBA)

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified Publica Accountants, AICPA);

• El Instituto de Contadores Certificados de Canadá (Canadian Institute of Chartered Accountants, CICA) y,

• El Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría Pública (COMPIC).

Debe destacarse que, en 2005, el primer organismo profesional en obtener, por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Idoneidad como Auxiliar en la Vigilancia del Ejercicio Profesional, en la modalidad de certificación profesional, fue el IMCP.

A mayor abundamiento, en julio de 2010, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el IMCP desarrolló e implementó el proceso para la certificación profesional por disciplinas.

En atención a lo expuesto, mediante la Iniciativa que nos ocupa propongo modificaciones tanto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalcon la finalidad de que:

• Se establezca la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones;

• Asentar que dentro de los modelos de profesionalización de los servidores públicos, se les permita a éstos adquirir la certificación profesional;

• Que corresponda a la Secretaría de la Función Pública identificar y definir los organismos auxiliares que podrán actuar como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua; y,

• Que las dependencias puedan celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua.

Con las modificaciones tanto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se proponen, se obtendrán los siguientes beneficios para la Federación:

• Elevar la calidad de desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se integren al Servicio Profesional de Carrera;

• Coadyuvar en la educación profesional continua del servidor público a través de los mecanismos adicionales de certificación profesional, considerando que es una actividad educativa programada, formal y reconocida por las dependencias de gobierno; y,

• Garantizar la actualización de los conocimientos técnico-profesionales de los servidores públicos para el cumplimiento de su responsabilidad social.

En suma, con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público que, por responsabilidad, experiencia y funciones, deba ser orientado a profesionista certificado.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11, el inciso b) de la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 13, así como el artículo 43, todos ellos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; y se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera y los que están adscritos a las delegaciones, quedando de la manera siguiente:

Artículo Primero.- Se reforma la fracción V del artículo 11; el inciso b) de la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 13; y el artículo 43 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 11.- (…)

I. a IV. (…)

V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización, educación formal y certificación profesional, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;

VI. a XI. (…)

Artículo 13.- (…)

I. a III. (…)

IV. (…)

a) (…)

b) La especialización, actualización, educación formal y certificación profesional en el cargo desempeñado;

c) a f) (…)

V. a VII. (…)

El Reglamento determinará los órganos con que la Secretaría operará uno o más de los anteriores procesos. Asimismo, la Secretaría identificará y definirá los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua.

(…)

Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán celebrar convenios con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, y organismos públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles requeridos, con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera y de ampliar sus experiencias. De igual forma, las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización para la educación profesional continua.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis.- (…)

I. (…)

II. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación profesional de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley, y

III. (…)

a) a f) (…)

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/lviii/senado2.html

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf

3 Instituto Mexicano de la Competitividad, Certificación Profesional en México 2008,
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2008/10/edu_sucia_certificacion_laboral_08_ppgc.pdf

4 Avalos Lira, Eduardo. La importancia de la certificación profesional en México
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html






Del mismo modo, se informa que a petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. El turno es a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; A LA LEY DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Conforme a la división de poderes y al establecimiento de pesos y contrapesos,1 existen diversos controles que el Poder Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo; tratándose de las finanzas públicas, ese contrapeso se manifiesta fundamentalmente en:

i) El proceso presupuestal en que el Legislativo realiza un control ex ante de los recursos públicos;

ii) La fiscalización superior, que se trata de un control ex post en que el Legislativo vigila el ejercicio del gasto.

Ambos se encuentran previstos como atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en las fracciones IV y VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debe señalarse que la fiscalización superior es el conjunto de acciones que tienen como fin comprobar que la actividad económica y financiera de los organismos que tienen bajo su cargo el ejercicio de recursos públicos haya sido efectuada con total apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que están destinados, tal como lo establece el artículo 134 Constitucional.2

En este sentido, las reformas de mayo de 2008 y de enero de 2016, en lo que se refiere al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mencionan de manera textual:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”

De lo anterior, se desprenden principios que deben ser observados y acatados en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, aún más en lo que se refiere ejecución y evaluación del mismo, por lo tanto adquieren relevancia la definición de dichos principios.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a los principios constitucionales del gasto público derivados del artículo 134 Constitucional ha señalado lo siguiente:3

a) Principio de honradez: Implica que el gasto público no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado;

b) Principio de eficiencia: Debe entenderse que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto logre el fin para el cual se programó y destino?;

c) Principio de eficacia: Se entiende como la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas;

d) Principio de economía: Se refiere a que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado;

e) Principio de transparencia: Se debe hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto.

Toda vez que la fiscalización superior es una atribución del Poder Legislativo, éste delega las labores de revisión y control a un órgano técnico responsable de la supervisión del ingreso y del gasto gubernamental que nuestra Constitución, en el artículo 79, denomina Auditoría Superior de la Federación.

En virtud de que la revisión de la Cuenta Pública la efectúa la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la finalidad de dicha revisión será evaluar los resultados de la gestión financiera,4 comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Por ello, como se señala en el estudio “Fiscalización superior comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo”,5 se advierte que la fiscalización y la rendición de cuentas son principios fundamentales de las democracias modernas, pues su observancia permitirá elevar la credibilidad social de las instituciones, así como fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado.

Al respecto, debe señalarse la trascendencia del concepto “rendición de cuentas” pues a decir de Andreas Schedler, éste abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir los abusos del poder, puesto que: i) lo obliga a abrirse a la inspección pública; ii) lo fuerza a explicar y justificar sus actos; y, iii) lo supedita a la amenaza de sanciones.6

En la medida en que las instituciones públicas son sólidas, se dificulta la ocurrencia de fenómenos de corrupción; por el contrario, la debilidad institucional permite e incluso propicia la concreción de actos ilícitos, lo que a su vez impide la eficiencia en procesos económicos y se propician formas de corrupción cada vez más sofisticadas.

El Sistema Nacional Anticorrupción busca que los recursos públicos se manejen con eficacia y eficiencia, y que los servidores públicos responsables de la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, cuenten con los conocimientos teóricos y operativos que permitan cumplir con dicho cometido en los tres órdenes de gobierno.

Ante la alternancia en el poder ocurrida en 2018 y ante la nueva configuración del ejercicio público, la sociedad mexicana ha manifestado que los recursos públicos deben ser usados por los gobiernos de forma tal que garanticen la mayor rentabilidad o la mejor inversión en términos de eficacia, eficiencia y economía.

II. PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A LAS FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES.

En el sector público, muchos funcionarios desempeñan su ejercicio profesional en áreas relacionadas con compras públicas, fiscalización de recursos, auditorías financieras, registros de contabilidad gubernamental, servicios de tesorería, etc.

Las funciones de carácter operativo y ejecutivo que desempeñan en sus cargos públicos conllevan el que se tomen decisiones respecto del origen, destino, aplicación, ejercicio y retorno de inversión de los recursos públicos.

Por ello, es deseable que pueda elevarse la calidad en su desempeño profesional y se garantice la actualización de sus conocimientos técnicos, pues solamente de esta manera podrían cumplir adecuadamente con su responsabilidad social como servidores públicos.

Aunado a lo anterior, con el Sistema Nacional Anticorrupción, se espera que los servidores públicos tenga como directriz la adecuada administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, a fin de que se satisfagan los objetivos a los que están destinados tales recursos.

La Iniciativa que se presenta tiene como objeto que el ejercicio de los recursos públicos se realice conforme al mandato constitucional del artículo 134, es decir, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, por ello se proponen una serie de adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de la Tesorería de la Federación, con la finalidad de fomentar la profesionalización y especialización de los servidores públicos que están encargados del ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales.

Asimismo, toda vez que las modificaciones propuestas implican un mayor grado de responsabilidad para aquellos servidores públicos que cuenten con conocimientos especializados en materia de finanzas públicas, también se está proponiendo efectuar adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, a fin de que las sanciones administrativas y penales sean mayores para quienes acrediten contar con estudios de especialidad o certificaciones en materias tales como auditoría, contabilidad, finanzas, fiscal, etc.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; un párrafo cuarto al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; un párrafo segundo al artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; un párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de Tesorería de la Federación; un quinto párrafo al artículo 78 y un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas; y los párrafos quinto y noveno al artículo 212 del Código Penal Federal, a fin de incentivar la especialización profesional de los servidores públicos relacionados con el ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales.

Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 4.- (…)

I. a VIII. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Los titulares de la unidad de administración deberán contar con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades otorgada por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados.

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recorriéndose los demás en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 9.- (…)

(…)

(…)

Cualquier persona que, en términos del segundo párrafo de este artículo, reciba o ejerza recursos públicos federales o participaciones federales deberá contar con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados.

(…)

(…)

(…)

Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 17.- (…)

Para estos efectos, los entes públicos deberán asegurarse que su personal se encuentre debidamente capacitado en la materia por lo que deberán contar con alguna especialización o certificación profesional en materia de contabilidad gubernamental otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 7.- (…)

Los Auxiliares que por disposición legal o expresa de la Tesorería realicen a nombre de ésta, de manera permanente o transitoria, Funciones de Tesorería, deberán contar con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados.

Artículo Quinto.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 78 y un segundo párrafo al artículo 79, recorriéndose los demás en su orden, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 78.- (…)

I. a IV. (…)

(…)

(…)

(…)

Tratándose de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos que cuenten con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados, las sanciones establecidas en este artículo se incrementarán hasta en un tercio.

Artículo 79.- (…)

La sanción económica prevista en este artículo se incrementará hasta en un tercio, sin rebasar del máximo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de servidores públicos que cuenten con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados.

(…)

Artículo Sexto.- Se adicionan los párrafos quinto y noveno al 212 del Código Penal Federal, recorriéndose los demás en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 212.- (…)

(…)

(…)

I. a II. (…)

(…)

En caso de que el responsable sea un servidor público que cuente con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados, se incrementarán hasta en un tercio los plazos previstos para las penas señaladas en las fracciones anteriores.

(…)

I. a IV. (…)

(…)

(…)

Cuando a los delitos a que se refieren los artículos 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 222 bis, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos que cuenten con alguna especialización o certificación profesional afín al desarrollo de sus actividades, otorgadas por instituciones educativas o colegios de profesionistas debidamente acreditados, las penas previstas serán incrementadas hasta en un tercio.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor en el primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.

1 Véase ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford, México, 2006.

2 IMCO, “¿Quién vigila el gasto público? http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/Quienvigila.pdf

3 166422. 1a. CXLV/2009. Primera Sala. Novena E?poca. Semanario Judicial de la Federacio?n y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, Pa?g. 2712, .

4 Se entiende por gestión financiera, las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como para administrar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonios y recursos, en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables. UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL, Compendio de términos legales, de fiscalización y económicos-financieros, LXII Legislatura, México, Noviembre de 2013.

5 UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL, Fiscalización superior comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo, LIX Legislatura, diciembre de 2005.

6 SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, 2008, Instituto Federal de Acceso a la Información, México. Recuperado de
http://transparencia.lagosdemoreno.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/3-29.pdf






También se informa que a petición del Senador Roberto Juan Moya Clemente, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el segundo, tercero y cuarto párrafos; y se adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El turno es a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS; Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIÉNDOSE EN SUS TÉRMINOS EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO PARA CONVERTIRSE EN EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Roberto Juan Moya Clemente, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto, un párrafo sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuaciones presupuestarias, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos de la Federación y, para ello, ha establecido1, que “el Presupuesto de Egresos debe definirse no sólo en atención a su contenido, sino también a que es el resultado del ejercicio de un determinado poder y, por tanto, en función del órgano del Estado al cual se le atribuye y del ámbito de competencia reconocido por el ordenamiento constitucional para ejercerlo. En consecuencia, el presupuesto del Estado es un acto unitario, en el que los ingresos y gastos y la ley de aprobación, forman un único acto legislativo. Ahora, en cuanto acto unitario, legislativo, el presupuesto de egresos tiene el contenido y los efectos jurídicos propios de toda ley: regular una parte de la actividad pública (el modo de gastar los medios económicos del Estado), al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los particulares.

En tal sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación es ley formal, en tanto su aprobación corresponde a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues cabe afirmar que es ley todo acto emanado del Poder Legislativo que cumpla las formalidades constitucionales; y es también ley material, en cuanto regula los poderes atribuidos a la administración financiera en materia de gasto, y tiene un claro contenido jurídico que afecta tanto a la propia administración como a los particulares acreedores o deudores, lo que lleva a concluir que sus normas no pueden ser sino jurídicas. En efecto, el referido presupuesto es un documento único e indivisible, emanado del órgano legislativo en el ejercicio de facultades constitucionales expresas; de ahí que no sea válido separar la parte que contiene el plan de gastos, del texto legal que lo aprueba, pues el acto legislativo es unitario por naturaleza. Además, tampoco es dable limitar la facultad legislativa del órgano correspondiente, pues en esta materia la acción legislativa es reservada, primordial, básica y originaria”.

2.- Ahora bien, respecto a la regulación constitucional y legal, así como en relación al proceso de aprobación de dicho presupuesto, es de hacer notar lo que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual tiene por objeto reglamentar diversos artículos constitucionales en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

El artículo 74 constitucional establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y la fracción IV de dicho numeral dispone, entre otras cosas, que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados (en términos generales) deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre y cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1° de enero, en el cual se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y programa y en el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa.

Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá contener la exposición de motivos, el proyecto de Decreto, los anexos y tomos y, los anexos informativos.

En este sentido, podemos mencionar que el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos contiene diversas fases, las cuales pueden conocerse y resumirse de la manera siguiente:

a).- En el mes de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite al Congreso de la Unión un documento el cual contiene los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit, y los programas prioritarios y sus montos.

b).- En el mes de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite a la Cámara de Diputados, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos, informando los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto vigente y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo, y

c).- En el mes de septiembre, el Ejecutivo Federal remite al Congreso de la Unión, los criterios generales de política económica, la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano, la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Conforme a lo anterior, por regla general, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre y el Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

3.- Una vez que hemos analizado la naturaleza jurídica, la composición y el procedimiento de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, es necesario proceder a conocer de manera específica, para el caso que nos ocupa, el tema de las adecuaciones presupuestarias el cual se encuentra íntimamente ligado con el Presupuesto de Egresos, por lo que podemos indicar que los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados precisamente en dicho Presupuesto para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se lleven a cabo adecuaciones presupuestarias las cuales se realizan siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

i) Modificaciones a las estructuras Administrativa, Funcional y programática, Económica, y Geográfica;

ii) Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y

iii) Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades, y las adecuaciones presupuestarias externas requerirán la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría de Hacienda deberá reportarlo en los informes trimestrales y con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

Como podemos observar, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad contiene ciertas hipótesis normativas, las cuales debemos de tomar en consideración en razón de ser piezas clave del presente estudio y finalidad de la iniciativa que se presenta.

En este tenor, resulta pertinente subrayar y hacer especial mención de lo siguiente:

a).- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos, salvo que se lleven a cabo adecuaciones presupuestarias.

b).- La finalidad de llevar a cabo una adecuación presupuestaria consiste precisamente en el hecho de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

c).- Si la adecuación presupuestaria representa en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5% del presupuesto total del ramo o del presupuesto de una entidad, la Secretaría de Hacienda lo reportará en los informes trimestrales, y

d).- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podrá emitir una opinión al respecto.

En resumen y conforme a lo expuesto en las anteriores hipótesis normativas contempladas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualmente contamos con el siguiente escenario presupuestario:

a).- Las adecuaciones presupuestarias permiten llevar a cabo el cambio del monto y destino del gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos, es decir, el Poder Ejecutivo Federal puede modificar a su libre arbitrio el Presupuesto aprobado por otro Poder, en este caso, por la Cámara de Diputados.

b).- Las adecuaciones presupuestarias son omisas en establecer el acreditamiento de que las mismas efectivamente se llevarán a cabo para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

c).- La Secretaría de Hacienda sólo está obligada a reportar en los informes trimestrales la variación mayor al 5%, sin que dicha variación se encuentre sujeta a alguna aprobación por parte del ente que aprobó los montos y destino del gasto a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y

d).- La Comisión de Presupuesto (más no la Cámara de Diputados en su conjunto) sólo podría, si es que quiere (al ser una potestad y no una obligación) emitir una simple y llana opinión de las adecuaciones presupuestarias que se le dan a conocer en los informes trimestrales, sin tener la facultad de poder emitir una verdadera y clara autorización per se, respecto de los nuevos montos y destino de gasto realizados a través de las adecuaciones presupuestarias.

A través de la presente iniciativa se dará respuesta y solución a las anteriores circunstancias con lo cual el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado anualmente por la Cámara de Diputados contará con lo siguiente:

i) Certeza jurídica de llevar a cabo un correcto ejercicio y una debida ejecución del gasto, acorde con la aprobación primigenia del mismo, y

ii) Se establecen dos nuevas hipótesis para el caso de sufrir alguna variación hasta el 10% y otra mayor al 10% del presupuesto total del ramo o del presupuesto de una entidad, contando, respectivamente, con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con la justificación de que las adecuaciones presupuestarias realmente alcancen un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como contar con la aprobación de la Cámara de Diputados para que las dependencias y entidades puedan llevar a cabo los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación que en su momento aprobó dicha Cámara.

4.- El uso excesivo e injustificado de la figura de las adecuaciones presupuestarias ha dado como resultado el hecho de llevar a cabo este tipo de reformas legales, con lo cual se pretende garantizar la debida ejecución y cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo anterior es así, ya que, desde hace varios años al final del ejercicio fiscal, el presupuesto de egresos ejercido no se parece en nada al presupuesto de egresos aprobado, entre otras cosas, por el elevado número de ajustes que a lo largo de cada administración se realiza a dicho presupuesto.

Con ello se acredita, una vez más, que, aunque la Cámara de Diputados tenga constitucionalmente la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos, el Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad legal de aprobar cualquier número de cambios al citado presupuesto.

5.- Ahora bien, con la finalidad de ejemplificar, en términos generales, las adecuaciones presupuestarias que en su conjunto observaron variaciones superiores al 5 por ciento (+/-) del presupuesto total durante el período enero-diciembre de 2018, a continuación, se dan a conocer algunos resultados que se contemplan en el Cuarto Informe Trimestral 2018, sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública2 emitido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• 01 entidad de los Ramos Autónomos superó el umbral establecido.

Entidad

Variación %

Instituto Federal de Telecomunicaciones:
Sector Central.

+15.3%

• 24 entidades de Ramos Administrativossuperaron el umbral establecido.

Entidad

Variación %
Promedio

Presidencia

+ 100%

Gobernación

+26.95

Relaciones Exteriores

+36.8%

Hacienda y Crédito Público

+48.79

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

+21.97

Comunicaciones y Transportes

+38.97

Economía

+24.24

Educación Pública

+21.29

Salud

+14.77

Marina

+13.7

Trabajo y Previsión Social

+11.45

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

+25.11

Medio Ambiente y Recursos Naturales

+25.1

Procuraduría General de la República

-4.57

Energía

+33.25

Desarrollo Social

+3.53

Turismo

+43.35

Función Pública

+68.6

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

+11.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

+9.11

Comisión Reguladora de Energía

+100%

Comisión Nacional de Hidrocarburos

+100%

Entidades no sectorizadas

+7.1

Cultura

+17.12

• 05 unidades responsables de los Ramos Generales superaron el umbral establecido.

Entidad

Variación %

Ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social:
Sector Central
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

 

-6.5%
+7.7%

Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas:
Sector Central

 

+74.3%

Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos:
Sector Central 
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México

 

-100%
-12.4%

• 01 entidad de las Empresas Productivas del Estado superó el umbral establecido.

Entidad

Variación %

Petróleos Mexicanos:
PEMEX Consolidado

 

+10.6%

• Casi 180 unidades responsables llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio fiscal 2018, y

• 21 unidades responsables de los Ramos Administrativos superaron el umbral en MÁS DEL 100 POR CIENTO.

UNIDADES RESPONSABLES

Variación %

 

 

OFICINA DE LA PRESIDENCIA
Sector Central.

 

+ 100%

GOBERNACIÓN
Secretaría General del Consejo Nacional de Población;
Instituto Nacional de Migración, y
Archivo General de la Nación.

 

+ 100%
+ 100%
+ 100%

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retito.

 

+ 100%
+ 100%
+ 100%

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

 

+ 100%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.;
Servicio Postal Mexicano;
Telecomunicaciones de México, y
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

 

+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%

ECONOMÍA
Servicio Geológico Mexicano.

 

+ 100%

EDUCACIÓN PÚBLICA
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

 

+ 100%

SALUD
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

 

+ 100%

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Agencia de Investigación Criminal.

 

+ 100%

ENERGÍA
Sector Central.

 

+ 100%

TURISMO
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

 

+ 100%

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
Sector Central.

 

+ 100%

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Sector Central.

 

+ 100%

ENTIDADES NO SECTORIZADAS
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

 

+ 100%

6.- Conforme al análisis efectuado a lo largo del presente documento, la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad reformar el segundo, tercer y cuarto párrafo y adicionar cinco párrafos más al artículo 58 de la Ley de la materia, con la finalidad de establecer el proceso que deben seguir las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a efecto de poder solicitar y, en su caso, obtener la autorización de la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo la realización de las adecuaciones presupuestarias que correspondan, con lo cual, además, se permitirá dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las citadas dependencias y entidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de,

Decreto por el que se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto, un párrafo sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Único.- Se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto, un párrafo sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar en los términos siguientes:

Artículo 58.- …

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias internas y externas de las dependencias que requerirán la autorización de la Cámara de Diputados y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente.

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, salvo aquellas que, en razón de su variación, requieran de la autorización de la Cámara de      Diputados en los términos de lo dispuesto tanto en la presente ley como en el Reglamento.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación hasta del 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación hasta del 10 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría además de reportarlo en los informes trimestrales deberá dar aviso a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá que pronunciarse al respecto y, para tal fin, emitirá una opinión fundada sobre dichas adecuaciones.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor del 10 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría además de reportarlo en los informes trimestrales deberá dar especial aviso a la Cámara de Diputados a efecto de que ésta una vez que lleve a cabo el análisis correspondiente, proceda a autorizar o no la realización de dichas adecuaciones presupuestarias, además de que de considerarlo pertinente, la Cámara podrá también informar de su   resolución a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos a que hubiere lugar.

El titular de la unidad responsable interesado en llevar a cabo la adecuación presupuestaria deberá, bajo su responsabilidad, hacer del conocimiento de la Secretaría dicha situación para lo cual tendrá que justificar la pertinencia, necesidad, premura o urgencia de llevar a cabo la citada adecuación, pero, sobre todo, en términos del primer párrafo del presente artículo, deberá acreditar la forma y manera en que se permitirá dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.

Una vez que la Secretaría cuente con la justificación de la adecuación presupuestaria y la acreditación de la forma y manera en dar cumplimiento a los objetivos de los programas a que se hace referencia el párrafo anterior, procederá a remitir a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los documentos antes citados, con la finalidad de que dicha Comisión dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción emita la opinión correspondiente, la cual será turnada al Pleno de la Cámara de Diputados a fin de que éste proceda a autorizar o no la solicitud formulada por parte del titular de la unidad responsable que corresponda.

La resolución adoptada por parte de la Cámara de Diputados le será comunicada a la Secretaría para que ésta, a su vez, lo informe al titular de la unidad responsable que corresponda, con la finalidad de que dicho titular instruya la realización o ejecución de la adecuación presupuestaria o, en su caso, se abstenga, bajo su responsabilidad, de llevarla a cabo.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los noventa días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo aprobado en el Decreto correspondiente.

Tercero.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de marzo de 2019.

Sen. Roberto Juan Moya Clemente.

1 Tesis: I.3º (I Región) 19 A (10ª.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, Tesis aislada Constitucional.

2https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp01_
201804.pdf






De igual forma se informa que a petición de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación humanista. El turno es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral1, fracción I; 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación al tenor siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando a todas las personas la protección más amplia, por ende, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Además, se establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, con la obligación de garantizar y conservar su identidad indígena de acuerdo con sus usos y costumbres, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

En ese sentido, se establece que todas las personas tienen derecho a la Educación, que impartan los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, la cual, se comprende desde la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, haciendo la acotación de que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; pero, al igual que la educación media superior son obligatorias.

Pero, también establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesaria para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión y acercamiento de nuestra cultura.

Además, se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión que mejor le acomode, por lo que “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, que permita el progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios de manera gratuita.

También se menciona que la educación será de carácter democrática, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica.

Así las cosas, nuestra Carta Magna establece que también los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, con la acotación de que el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares y, por cuanto hace a la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, se le obliga a los particulares a observar lo establecido en la presente constitución, y a la ley en materia de educación.

Por lo que respecta a las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que se les otorga autonomía, se establece que estas tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, conforme a los principios del artículo 3 constitucional, para educar, investigar y difundir la cultura.

SEGUNDO. Por su parte, los artículos 1º, 2º, 26 y 42 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, además, mandata que, de ser necesario, se deberán adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

Además, establece que los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Por su parte, los artículos 1º, 2º, 3º, 10, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación para el desarrollo económico, social y cultural.

Por ende, se establece que cada Estado parte del presente pacto, se compromete a adoptar medidas, por separado o por cooperación internacional para lograr progresivamente, por todos los medios la plena efectividad de los derechos humanos, a los hombres y mujeres en igualdad de circunstancias y sin discriminación alguna, a efecto de garantizar a las familias la protección mas amplia, en materia de derechos humanos y en materia de educación, y en materia de interés superior de las niñas, niños y adolescentes

TERCERO. Por cuanto hace a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la Ley general de educación, se establece que la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Además, que toda persona tiene derechos a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, que permitan adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; para contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, con sentido social, garantizándose participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines establecidos en el artículo 3º, de la Carta Magna.

Por su parte los artículos 1º, 2º, 3º, y 13 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que se le reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Además, establece que la federación, las entidades federativas, los municipios y la Ciudad de México y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los sectores privado y social, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, por ende tienen la obligación de garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, consistentes en el desarrollo integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, considerando sus aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales, para contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.

CUARTO. Ahora bien, las Naciones Unidas1 en materia de educación establecen que la educación inclusiva, equitativa y de calidad son la base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible, que permitirá generar las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

Por ello, establece metas futuras, donde plantea que, en el mejor de los casos, al año 2030 se les debe asegurar a todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar, primaria y secundaria, en su totalidad, de manera gratuita, equitativa y de calidad que permita producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

También, se propone que al año 2013, se asegure el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, que permita el acceso a mas personas jóvenes y adultas alcanzar mejor preparación profesional y técnica para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

En ese sentido, lo ideal es eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

Además, lo ideal es asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)2 establecen que los derechos humanos y el estado de derecho en sus esferas de competencia, deben atender de manera especial el derecho a la educación, el derecho a la información, la libertad de opinión y de expresión, los derechos culturales, y el derecho a participar en los avances científicos y participar en el progreso científico.

Además, la UNESCO aboga por la promoción de los derechos humanos y los instrumentos conexos mediante la vigilancia, aplicación, el fomento y el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de presentación de informes.

QUINTO. Ahora bien, en el contexto mexicano en materia educativa, existen diversos problemas que deben resolverse, pues, dichos problemas se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales, que impiden el acceso efectivo a todos los derechos humanos y principalmente a los derechos educativos. 

En ese contexto, se establecen los problemas de cobertura de la educación, pues actualmente no se garantiza la educación a la mayor parte de las personas, por ende, existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, o media superior, y mucho menos superior.

En ese contexto, las recomendaciones de la UNESCO3 para mejorar la cobertura de la educación se encuentran medidas como:

Incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica, para así facilitar a poblaciones vulnerables el acceso a este nivel educativo.

Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas.

Priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas.

Crear programas de regularización para combatir el rezago educativo.

Orientarse a combatir la relación del nivel socio - económico con los logros académicos.

Además, se establecen otros tres principales problemas, tales como la calidad educativa, de gestión del sistema educativo, y la falta de recursos e inversión en infraestructura para la educación.

Ene se contestó, se establece que la preparación de los docentes, directivos y administrativos que forman parte de los sistemas educativos deben tener sensibilidad social y preparación pedagógica, además de interés en especializarse para poder atender los principales rezagos educativos, lo cual de forma concatenada permitirán el desarrollo humano y social de los estudiantes para continuar preparándose y repercutir en la continuidad, desarrollo económico y social de la población mexicana.

Por lo anterior, es necesario atender o mejorar los elementos específicos dentro del sistema educativo, ya que el éxito o fracaso de las reformas educativas radica en el funcionamiento de todas sus partes de manera interrelacionada, a través de las técnicas pedagógicas y docentes, pues, la educación es un factor determinante para el desarrollo de cualquier país.

SEXTO. Por último, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México4, establece que, de acuerdo al Censo de 2015 por el INEGI asistían a la escuela 97.7% de los niños de entre 6 y 11 años; 93.3%, entre 12 y 14 años, y, en un menor porcentaje, los niños de entre 3 y 5 años, con 77.7%. El grupo con la edad que idealmente debería asistir a la EMS es el que registra la menor tasa de asistencia: 73.2%.

En dicho informe se establece que a pesar de que ha transcurrido casi una década desde que se decretó la obligatoriedad de la educación preescolar, todavía 1 de cada 5 niños de entre 3 y 5 años no asiste a la escuela.

En ese sentido, existen a la fecha, niños, niñas y jóvenes que se encuentran en edad para cursar la educación secundaria, pero por sus condiciones diversas, no lo gran acceder al sistema de educación.

Como se puede establecer, los niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela, se ubican en localidades consideradas como rurales, semiurbanas y urbanas, pues, se consideran poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Así las cosas, México es un país con enormes desigualdades y el sector educativo no es la excepción, pues miles de personas no tienen el acceso a la educación, según el informe 2018 del INEE, existen los siguientes datos:

La desigualdad en la asistencia de la población entre las entidades federativas para 2015, se observa que entre los 6 y 11 años persiste una diferencia de hasta 3.2 puntos porcentuales entre Chihuahua y Yucatán, donde Chihuahua muestra la tasa más baja, con 95.5%, seguido por Chiapas y Oaxaca, con 95.7 y 96.3%, respectivamente. Entre los 12 y 14 años esta diferencia se incrementa hasta en 9.3 puntos, donde Chiapas y Michoacán son las entidades que deben intensificar sus esfuerzos para lograr garantizar que todos los niños en esta edad asistan, pues en 2015 registraron que la asistencia era de 87.4 y 89.5%, en ese orden. De los 15 a 17 años, además de ser el grupo de edad con las menores tasas de asistencia, la diferencia entre las entidades alcanza 19 puntos, que es la brecha entre la Ciudad de México, con 83%, y Michoacán, con 64%.

Dicho informa plantea que los niños, niñas y jóvenes que en mayor medida no asisten de manera regular a la escuela son principalmente aquellos que viven en localidades pequeñas o con un alto grado de marginación, son indígenas o hablantes de lengua indígena, pertenecen a hogares donde el jefe cuenta con bajo nivel educativo, son pobres, jornaleros o vulnerables por ingresos o carencias sociales, son miembros de hogares con bajos ingresos o viven con algún tipo de discapacidad.

SEPTIMO. Como se podrá establecer, lo reforma propuesta al artículo 3º Constitucional en materia de educación, lo que busca es contribuir al desarrollo social, económico, cultura, político, y humanista, pues, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la educación es un elemento fundamental para la vida y el progreso de toda sociedad y gobierno, por ende, se propone la incorporación de la educación humanista y filosófica5, que contribuyan la formación de los educandos y de todas las personas en general.

En ese contexto, y atendiendo los nuevos retos para la educación en México y en el mundo, la incorporación de la Educación Humanista y de la Filosofía de la Educación como elementos necesarios para el progreso humano en materia de educación, se considera necesario establecer los parámetros de estos, al tenor siguiente:  

Educación Humanista6. En la actualidad, la globalización/modernidad y las nuevas tecnologías, traen consigo una serie de cambios estructurales en nuestra sociedad, en la cual se le ha ido restando importancia a la esencia del ser como individuo, y se promueve un colectivismo superficial, lo que  provoca una notoria pérdida de valores humanos, en donde se educa a individuos  poco sensibles ante lo que sucede a su alrededor y con carencia de autoconocimiento. Debido a lo anterior, es pertinente considerar a la educación como un agente de cambio, el cual a través de ofrecer una formación equilibrada y humanista, logre potencializar cada ámbito que comprende la vida de un ser humano. Quiero hacer una reflexión sobre la necesidad de una educación integral que logre formar individuos que no sólo estén preparados en el ámbito curricular, sino que también tengan un desarrollo moral y ético que le permita desenvolverse de forma responsable y óptima en la sociedad.

Filosofía de la educación8. La filosofía de la educación es un elemento de la filosofía, permite la reflexión sobre los principales argumentos que sustentan las diversas posturas sobre la educación y las discusiones contemporáneas que giran a su alrededor. Se busca que el estudiante normalista sea capaz de identificar argumentos, tomar una postura crítica con respecto a los ejes y los dilemas planteados en el curso y construir argumentos sólidos para defender una postura propia, ya sea en un debate en clase o en un texto escrito.

Como se puede establecer, lo que se busca es generar es una educación que permita la transmisión de conocimientos de forma crítica, para trabajar como un incentivo y cuestionar la capacidad de aprendizaje que tiene el estudiante9.

Además, se propone incorporar dentro del texto constitucional la figura de la Ciudad de México, de investigadores, científicos, pedagogos, maestros y demás actores involucrados en materia educativa, incluidos aquellos que versen sobre educación indígena, para garantizar sus lenguas e identidad pluricultural, lo anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos 1º y 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, y en materia de educación, deben apoyándose en los actores involucrados en materia de Educación, para lograr el desarrollo humano de todas las personas.

Por último, se incorpora la figura de las alcaldías, pues la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8º, apartado B, numeral 7, que, en la ciudad de México, todas las personas tienen derecho a la educación, y por ende la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación.

Dice

Debe decir

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

 

 

I. …

II. …

a). …

b). …

c). …

d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

 

Sin correlativo.

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo.

 

 

 

 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

 

 

IV. …

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

 

a). …

b). …

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, sus alcaldías y los Municipios, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria por medio de la historia, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria para alcanzar el desarrollo integral de las personas, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje y desarrollo crítico de los educandos.

I. …

II. …

a). …

b). …

c). …

d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos para alcanzar el desarrollo integral de las personas;

e) Será Humanista. Se entiende por educación humanística, toda educación que permite contribuir con la libertad, la autonomía, la cooperación activa, la participación y el aprendizaje autodirigido, conductual o cognitivo, que permita el desarrollo social e integral del ser humano, incluido el pensamiento histórico, artístico, filosófico, ético y creativo de los estudiantes, que contribuyan a la sensibilidad y el rescate de los valores.

f) Filosofía de la educación. Es la reflexión racional de la educación, que fomenta el aprendizaje de los estudiantes y profesores, con el fin de obtener herramientas para analizar y comprender las discusiones clásicas y contemporáneas, a través de la formación cívica, ética y ciudadana, para erradicar el individualismo social y contribuir al desarrollo nacional y humanista.

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de México, de investigadores, científicos, pedagogos, maestros, padres de familia y demás actores involucrados en materia educativa, incluidos aquellos que versen sobre educación indígena, para garantizar sus lenguas e identidad pluricultural en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. …

V. El Estado impartirá las modalidades de educación señaladas en el primer párrafo, del presente artículo, atendiendo todos los tipos y modalidades culturales y educativas de forma integral, necesarias para el desarrollo de la nación, apoyándose en la investigación científica y tecnológica, así como la innovación tecnológica.

 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, atendiendo lo establecido en el presente artículo y en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a). …

b). …

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; en términos de la presente Constitución, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;


VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, sus alcaldías y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y;

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y alcanzar el desarrollo integral de las personas, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, solo como métrica estadística Para ello deberá:

Para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, sus alcaldías y los Municipios, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria por medio de la historia, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria para alcanzar el desarrollo integral de las personas, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje y desarrollo crítico de los educandos.

I. …

II. …

a). …

b). …

c). …

d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos para alcanzar el desarrollo integral de las personas;

e) Será Humanista. Se entiende por educación humanística, toda educación que permite contribuir con la libertad, la autonomía, la cooperación activa, la participación y el aprendizaje autodirigido, conductual o cognitivo, que permita el desarrollo social e integral del ser humano, incluido el pensamiento histórico, artístico, filosófico, ético y creativo de los estudiantes, que contribuyan a la sensibilidad y el rescate de los valores.

f) Filosofía de la educación. Es la reflexión racional de la educación, que fomenta el aprendizaje de los estudiantes y profesores, con el fin de obtener herramientas para analizar y comprender las discusiones clásicas y contemporáneas, a través de la formación cívica, ética y ciudadana, para erradicar el individualismo social y contribuir al desarrollo nacional y humanista.

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de México, de investigadores, científicos, pedagogos, maestros, padres de familia y demás actores involucrados en materia educativa, incluidos aquellos que versen sobre educación indígena, para garantizar sus lenguas e identidad pluricultural en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. …

V. El Estado impartirá las modalidades de educación señaladas en el primer párrafo, del presente artículo, atendiendo todos los tipos y modalidades culturales y educativas de forma integral, necesarias para el desarrollo de la nación, apoyándose en la investigación científica y tecnológica, así como la innovación tecnológica.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, atendiendo lo establecido en el presente artículo y en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a). …

b). …

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; en términos de la presente Constitución, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, sus alcaldías y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y;

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y alcanzar el desarrollo integral de las personas, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, solo como métrica estadística Para ello deberá:

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones contenidas en las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al Decreto.

TERCERO. Las autoridades competentes en materia de educación media superior contaran con 180 días, a efecto de generar una ruta presupuestaria para hacer efectiva su obligatoriedad como educación básica.

CUARTA. Las autoridades competentes en materia de educación superior contaran con 180 días, a efecto de generar una ruta presupuestaria para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación superior.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

Atentamente

Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora.

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

2https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/

3https://posgrado.anahuacmayab.mx/blog/4-problemas-del-sistema-educativo-en-mexico-y-sus-posibles-soluciones

4 https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_020201.html

5 https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

6 http://www.e-consulta.com/opinion/2017-12-09/el-reto-de-la-educacion-humanista

8 https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf

9 https://conceptodefinicion.de/filosofia-de-la-educacion/






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Igualmente, se informa que a petición del grupo parlamentario del PVEM, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. El turno es a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asambleacon carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A “LA HORA DEL PLANETA”, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro planeta atraviesa actualmente por una serie de fuertes cambios negativos debidos a la influencia humana, como son la contaminación de la atmósfera y los mares, la degradación de los suelos, la devastación de los ecosistemas naturales, la extinción de especies, y sobre todo, el cambio climático, que constituye una amenaza para la supervivencia de toda la vida en la Tierra.

Atender esta situación no depende solamente de los líderes mundiales, sino que requiere del compromiso de todos, por lo que las campañas informativas y acciones dirigidas a promover la concientización de toda la ciudadanía resultan primordiales.

En este tenor, las campañas ambientales interactivas como las reforestaciones, las rodadas ciclistas y la limpieza de playas tienen un efecto positivo en la ciudadanía, formando generaciones de ciudadanos comprometidos con el respeto a la naturaleza y el cuidado ambiental.

Dentro de este mismo tipo de campañas, hace 12 años surgió la Hora del Planeta como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después se convertiría en una tendencia mundial por el cuidado del planeta.

En la actualidad, la Hora del Planeta promueve acciones directas para luchar contra el cambio climático y desarrollar iniciativas de conservación más allá de la acción climática. Se ha convertido en una oportunidad única para promover estilos de vida sostenible, fomentar las energías renovables, conservar nuestros bosques, mares y recursos naturales, así como luchar contra la pérdida de biodiversidad. [*]

La primera Hora del Planeta se celebró en Sídney, Australia, el 31 de marzo de 2007 y fue todo un éxito. Para 2011, la campaña se extendió a 5,250 ciudades de 135 países en 51 idiomas. En 2014, en el marco de la Hora del Planeta durante la Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, Leonardo DiCaprio, como embajador de WWF, exigió a los líderes mundiales acciones urgentes a gran escala para combatir el calentamiento global. En 2016, la campaña de la Hora del Planeta se sumó al reclamo ciudadano para lograr la firma del Acuerdo de París, un compromiso histórico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático. En 2017 participaron en la Hora del Planeta miles de ciudades de 187 países; más de 12 mil monumentos apagaron sus luces y ocurrieron 3 mil 500 interacciones digitales. [*]

Doce años después de su inicio, en 2019 la Hora del Planeta continuará logrando la unión de millones de personas en todo el mundo para apagar las luces y actuar por la naturaleza. El sábado 30 de marzo, se pide a todos los participantes apagar las luces de 20:30 a 21:30 horas en su horario local, además de unirse durante todo el día a uno o varios de estos retos: [*]

• #RetoDíaSinCarne, para consumir alimentos vegetarianos o veganos, ya que se necesitan 15,500 litros de agua para producir un kilo de carne. 

• #RetoDíaSinPlástico, para evitar los plásticos de un solo uso, porque cada año se vierten 100 millones de toneladas de plástico a la naturaleza. 

• #RetoDíaSinEmisiones, para utilizar medios de transporte no motorizados, ya que el transporte urbano es el causante del 30% de todas las emisiones de CO2. 

A través de estas pequeñas acciones, estaremos generando cambios relevantes, para disminuir o evitar los impactos ambientales negativos. Cabe destacar que el daño a nuestro planeta no solamente afecta la calidad de vida, sino que tiene repercusiones económicas importantes.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en 2017 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental sumaron 947,962 millones de pesos, que representan el 4.3% del PIB nacional, desglosados en los siguientes rubros: [*]

Concepto

Costos (millones de pesos)

Porcentaje del PIB

  • Agotamiento de hidrocarburos

24,307

0.1

  • Agotamiento de recursos forestales

62,653

0.3

  • Agotamiento del agua subterránea

39,000

0.2

Costos por Agotamiento

125,961

0.6

  • Degradación del suelo

90,056

0.4

  • Residuos sólidos

70,970

0.3

  • Contaminación del agua

41,561

0.2

  • Contaminación atmosférica

619,114

2.8

Costos por Degradación

821,701

3.7

Costos Totales

947,662

4.3

Fuente: INEGI, 2018

Por estas razones, es necesario continuar impulsando las acciones derivadas de La Hora del Planeta, a fin de concientizar a la ciudadanía y generar pequeños cambios que puedan detonar grandes acciones para el cuidado de nuestro mundo.

En esta importante labor, las instituciones públicas cumplen un papel especial, ya que están a cargo de apagar las luces durante una hora en los edificios icónicos y monumentos representativos de cada ciudad. Estos actos son las demostraciones más llamativas durante la Hora del Planeta. En este sentido, consideramos importante exhortar al Ejecutivo Federal y a las 32 entidades federativas a unirse a este esfuerzo, en congruencia con los diversos compromisos ambientales adoptados por México.

Asimismo, proponemos hacer un llamado a la ciudadanía en general, a participar en la conmemoración de La Hora del Planeta 2019 y en las actividades derivadas del #RetoDíaSinCarne, #RetoDíaSinPlástico, y #RetoDíaSinEmisiones.

Debido a la cercanía de esta fecha, a conmemorarse el 30 de marzo de 2019, presentamos esta proposición con carácter de urgente resolución.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas a apagar todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales en las oficinas gubernamentales y monumentos históricos durante las 20:30 y 21:30 horas del sábado 30 de marzo de 2019.

SEGUNDO. El Senado de la República hace un llamado a la ciudadanía en general, a participar en la conmemoración de La Hora del Planeta 2019 y en las actividades derivadas del #RetoDíaSinCarne, #RetoDíaSinPlástico, y #RetoDíaSinEmisiones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

SENADORAS Y SENADORES DEL PUNTO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

[*]  WWF. (sin fecha). Una acción global en defensa del planeta. Recuperado el 14 de marzo de 2019
de https://www.horadelplaneta.es/una-accion-global/
[*]  WWF. (sin fecha). Logros a lo largo del planeta. Recuperado el 14 de marzo de 2019
de https://www.horadelplaneta.es/historia/
[*]  WWF. (sin fecha). La Hora del Planeta (portada). Recuperado el 14 de marzo de 2019 de 
https://www.horadelplaneta.es/
[*]  INEGI. (30 de noviembre de 2018). Comunicado de Prensa Núm. 631/18. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2017. Recuperado de 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_11.pdf






De igual forma se informa que a petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua involucrados en algún acto o posible acto de corrupción conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El turno es a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua involucrados en algún acto o posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo le genera a los países, no sólo en cuestión monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla en la práctica.

De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 países [*] , en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales y desde las diferentes instituciones de la Administración Pública Federal, sean organismos centralizados, descentralizados o autónomos.

En los últimos años la Comisión Nacional del Agua ha sufrido de los malos manejos administrativos y financieros, no ha quedado exenta de la corrupción. El año pasado en el Estado de Aguascalientes 5 funcionarios federales de la Delegación del Comisión Nacional del Agua fueron señalados por actos de corrupción, ya que solicitaban dinero a cambio de condonar multas o de ofrecer apoyo de programas gubernamentales para pozos. Se tiene registrado que se solicitaba 40 mil pesos a la Sociedad del Pozo de Las Ánimas en el municipio de Asientos, para poder ser incluidos en el programa de infraestructura y reposición de pozos profundos. Al representante de la presa de Malpaso del municipio de Calvillo, le pedían entre 10 y el 13% del monto de apoyo a fondo perdido, lo que implicaba entregar aproximadamente entre 300 mil y 390 mil pesos. Al representante del sector de producción del Ejido Cosío, le pedían el 10% del costo de la multa y del apoyo otorgado. En el municipio de El Llano, funcionarios de la CONAGUA expedían títulos y permisos de perforación apócrifos. En el municipio de Cosío, se registró la cancelación de pozos por problemas con el medidor y amenazaban con una multa de 650 mil pesos, pero si entregaba el 10% por ciento de la misma, se subsanaba. En el pozo de Las Mangas, cancelaron el pozo por mayor consumo de agua del autorizado y pidieron 50 mil pesos para poder condonar la multa y quitar los sellos [*] .

Los casos aquí expuestos no son los únicos, en el 2016 en el municipio de Chihuahua se presentó una demanda en contra de la Delegación de la CONAGUA por actos de corrupción y uso indebido de funciones por parte de funcionarios federales, en al menos 400 pozos en el ejido Laguna de Encinillas [*] .

Estos casos, además de ser actos de corrupción ponen en riesgo la producción y la economía de los agricultores que dependen de esos pozos para su cosecha, además para quienes utilizan esa agua de pozo para cuestiones de actividades domésticas, se les está infringiendo con su derecho de acceso al agua. Aunado a lo anterior, desde el 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó la Observación general número 15 sobre el derecho al agua.

Por otra parte, se tienen registros que en el 2016 según información de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” [*] la CONAGUA a cargo del entonces David Korenfeld Federman, financió y otorgó contratos por 32 millones de pesos a una organización llamada ANEAS, cuyo presidente consultivo era el mismo David Korenfeld.

Claro está que hasta el momento, no se han castigado e investigado a fondo dichos actos de corrupción, por lo que los servidores públicos que han estado involucrados en estas acciones, al no esclarecerse los hechos y su responsabilidad, pueden seguir ocupando cargos públicos.

Es por ello, que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de la Función Pública con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a que investigue los casos de los presuntos casos de corrupción en los que se involucran servidores públicos de la CONAGUA, para constituir responsabilidades administrativas y substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua involucrados en algún acto o posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

[*] Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web <https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf> consultado el 6 de marzo del 2018
[*] Con información documentada por el medio de comunicación “Radio BI Noticias”. 17 de mayo del 2018. [En línea]. Sitio web
[*] Con información documentada por el medio de comunicación “La Crónica de Chihuahua” Abril del 2016. [En línea]. Sitio web < http://www.cronicadechihuahua.com/Productores-demandan-a-Conagua-por.html>
[*] Con información de “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”. [En línea]. Sitio web
< https://contralacorrupcion.mx/conagua-financia-organizacion-de-korenfeld/>






Se informa que a petición de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa. El turno es a la Comisión de Educación.

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa al tenor de las siguientes:

I. Antecedentes

1. El 12 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa que modifica los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Iniciativa).

2. El 13 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales para dictamen”.

3. El 19 de marzo las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, discutieron el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abrogación de la Reforma Educativa de 2013.

II. Marco jurídico

Que el artículo 18, párrafos tercero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que:

“…Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión...”.

III. Consideraciones

1. Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emitió el impacto regulatorio correspondiente al establecer que:

“…Con la emisión de la Propuesta Regulatoria no se crean nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares, o se hacen más estrictas las obligaciones existentes, no se modifican o crean trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento para los particulares, no se reducen o se restringen prestaciones o derechos para los particulares y no se establecen o modifican definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones, o trámites de los particulares.

Por tanto, habiéndose observado que la Propuesta Regulatoria no genera costos de cumplimiento para los particulares, resulta procedente emitir a la CJEF de presentar el AIR correspondiente, toda vez que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 71, cuarto párrafo, de la LGMR…”.

2.Que del contenido del dictamen se desprende que las siguientes obligaciones podrían generar un impacto presupuestal:

• Que el estado garantice la impartición de la educación inicial y superior;

• Observación de los principios de universalidad, gratuidad y laicidad.

• La creación de un nuevo organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (en adelante, INEE), no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica, patrimonio propio.

• El resguardo del acervo documental y de investigación del INEE, y

• El establecimiento de un fondo especial para la educación superior.

3. Que de acuerdo al contenido del dictamen de la Iniciativa, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (en adelante, CEFP) mediante oficio CEFP/DG/201/19 de fecha 20 de febrero de 2019, emitió la valoración del siguiente impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto en materia educativa:

“…Debido a los términos en que la iniciativa presentada las propuestas de reforma, no es factible estimar los efectos de la misma sobre el presupuesto público. Para ello será necesario analizar a las modificaciones a las leyes secundarias. Por otra parte, algunas acciones ya tienen asignados recursos en el presupuesto, con lo que ya no serían necesarios disposiciones adicionales del presupuesto en el ejercicio fiscal 2019. 

Por ende, la eventual aprobación de las propuestas planteadas en la iniciativa no generaría un impacto presupuestario para el ejercicio fiscal 2019. Es probable que la aprobación de las reformas secundarias pueda generar una demanda adicional de recursos, no obstante, la iniciativa de reforma constitucional no presenta los elementos necesarios para estimar su magnitud.

Por lo que el CEFP estimó que la iniciativa de reforma constitucional no presenta los elementos necesarios para estimar su magnitud, se considera solicitar el impacto presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no fue remitido por el Ejecutivo Federal como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que envíe a la brevedad a esta Soberanía, el impacto presupuestal que tendrá la aprobación de la Reforma Educativa en materia constitucional.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.






También se informa que a petición de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, se dio turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua a continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach. El turno es a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento en los artículos 8, numeral1, fracción 11; 10, fracciones 1, 111; 76, numeral1, fracción IX; 276, numeral 1, fracción 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto respetuosamente a consideración del pleno de esta Cámara de Senadores de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, Y DEBIDO PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE MANERA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA, A EFECTO DE DAR CON LOS RESPONSABLES.

PRIMERO. Los artículos 1º, 17º, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando a todas las personas la protección más amplia, por ende, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

Además, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, para hacer efectivo el derecho de todas las personas a la protección y a que se les administre justicia, de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos.

SEGUNDO. Por su parte, el articulo 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En ese contexto, conforme a los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal [*] , se establecen como principios fundamentales la igualdad ante la ley, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la justicia penal.

Por otra parte, la Organización de las Nacionales Unidas [*] , establecen que el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho, ya que sin el acceso a la justicia no se pueden ejercer libremente los derechos humanos de las personas, por lo tanto, se debe garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, además, manifiestan que la administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria.

TERCERO. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, que dentro de las garantías del debido proceso debe observarse en todo procedimiento jurisdiccional, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento, pues forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de acceso a la Impartición de Justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran la garantía individual relativa, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos materialmente Jurisdiccionales [*] .

En esta, se establece que la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

CUARTO. En ese contexto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio del 2010 [*] , por el cual, el Procurador General de la República, crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, en cargada de dar a atención a los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, mediante la coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuanta además con las facultades siguientes:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, fracciones I, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación;

II. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes;

IV. Autorizar las determinaciones de incompetencia, acumulación y separación de las averiguaciones previas y, previo dictamen del Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal. Tratándose del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Realizar la sistematización y explotación de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos respectivos, con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como todas las áreas que correspondan en la Procuraduría;

VI. Solicitar la información relativa al sistema bancario y financiero a que se refiere el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales;

VII. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás normas relacionadas;

VIII. Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito Federal, en términos de los Convenios de Colaboración celebrados en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades locales en la investigación de los ilícitos materia del presente Acuerdo;

IX. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

X. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y a la información, fundamentalmente dirigido esto, a proteger la seguridad de los comunicadores;

XI. Dar seguimiento a las acciones de la Institución relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo e informar de ello al Procurador y a las asociaciones profesionales internacionales y nacionales de periodistas mediante los mecanismos de concertación que al efecto se establezcan, y

XII. Las demás que le encomiende el Procurador General de la República.

Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía contará con un área de averiguaciones previas, cuyo Titular será Agente del Ministerio Público de la Federación.

QUINTO. Así las cosas, como se puede establecer, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. En ese contexto, dicha garantía cobra relevancia para esclarecer el caso de la una periodista mexicana Miroslava Breach Velducea, quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua.

Ya han pasado dos años del homicidio a manos de pistoleros al servicio de la célula los Salazar, del cártel de Sinaloa que domina el municipio de Chínipas [*] , y aun no se han conocido las investigaciones que permitan esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Dicha investigación, de acuerdo a información obtenida por el periódico la Jornada, no han caminado correctamente, pues el pasado sábado 23 de marzo del presente año, periodistas de diversos medios de comunicación realizaron una jornada de protesta frente a las oficinas del gobierno del estado para expresar “el rechazo que definen como dolo y negligencia en la investigación y para expresar que el silencio es complicidad”.

En ese contexto, el pasado 11 de abril, un Juez de Control del fuero federal resolvió favorablemente la facultad de atracción solicitada por la FEADLE y la consecuente inhibitoria para que las autoridades del fuero común continúen en conocimiento de los hechos [*] .

Dicha atracción es derivada de las potestades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en dicha resolución, el juez del fuero común instruyó a la Fiscalía General del estado de Chihuahua entregar de manera íntegra todos los registros de la carpeta de investigación en un plazo de cinco días, así como la puesta a disposición del vinculado a proceso ante las autoridades judiciales federales.

Por ello, es preciso señalar que los mecanismos de coordinación entre la FEADLE y la Fiscalía de Chihuahua en el ámbito de sus competencias deben ir encaminadas a esclarecer los hechos y dar con los responsables, para que el homicidio de Miroslava Breach y de otros miles de periodistas no queden impunes, pues, no se ha concluido el proceso de investigación y hay limitaciones de la actividad de la fiscalía de Chihuahua [*] .

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRIMERO.  Se exhorta al Fiscal General de la República y al Titular de la Fiscalía del Estado de Chihuahua a continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach, conforme a los principios de legalidad, eficiencia, y debido proceso para la administración de justicia, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, a efecto de dar con los responsables.

Dado en el salón de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo del 2019.

Atentamente.

Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora.

[*] https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-Spanish.pdf
[*] https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
[*] http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/171/171257.pdf
[*] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150640&fecha=05/07/2010
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/23/periodistas-exigen-justicia-para-miroslava-breach-en-juarez-1375.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/pgr-atrae-investigacion-del-homicidio-de-miroslava-breach

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esta Presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría.






Tiene la palabra, en la continuación de la primera ronda de iniciativas, la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, en materia de atención al fenómeno del sargazo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muy buenas tardes. Con el permiso de esta Asamblea. Senadoras y Senadores.

El planeta se encuentra sujeto a constantes transformaciones y alteraciones climáticas que cada vez más atentan y ponen en riesgo la tranquilidad y la vida de los seres humanos. Nuestro país, México, no está exento.

Durante los últimos años, el sureste mexicano está siendo severamente afectado por el fenómeno del sargazo, una especie de macro alga marina que se encuentra flotando a la deriva del océano, agrupada en grandes masas que se extienden por kilómetros que suman millones de toneladas a la deriva en el Atlántico Ecuatorial.

A lo largo de cada año el sargazo llegaba a las playas del Caribe en cantidades que permitía mantener al equilibrio ecológico, la conservación de los ecosistemas marinos y costeros y la belleza de las playas del Caribe. Desde el 2013, se comenzó a presentar la llegada de grandes cantidades atípicas del sargazo a las costas de las playas del Caribe mexicano que comenzaron a dañar este ecosistema.

El problema ha continuado y se ha hecho cada vez más frecuente a lo largo de cada año.

En 2015, se cuantificaron 320 metros cúbicos de sargazo por cada kilómetro de playa por día, tan sólo durante el mes de agosto. Son volúmenes enormes de sargazo.

El año pasado se volvió a presentar el arribo de cientos de toneladas a las costas y en diferentes playas de Quintana Roo causando graves daños ecológicos.

Para este 2019, la Universidad de Florida de Estados Unidos, quien realiza un monitoreo satelital del sargazo, pronostica que la llegada al Caribe mexicano será mucho mayor y advierte que los daños al ecosistema podrían ser mayores.

Compañeras Senadoras y Senadores, estamos frente a una emergencia natural que ya está impactando y afectando severamente nuestro país.

¿De qué estamos hablando? De esto es de lo que estamos hablando.

Este fenómeno del sargazo ya comenzó a perturbar y a adquirir tonos de desastre económico, social y ecológico.

La invasión masiva del sargazo está causando daños severos a las playas y al ecosistema costero, playas blancas y de arena fina invadidas y contaminadas por esta alga en estado de descomposición, pérdida de playas como consecuencia de la remoción, precisamente del sargazo, alteración severa y cambio de color del agua del mar, debido a la reducción de luz, de oxígeno, de incremento del ácido sulfhídrico, de aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo, así como también el aumento en la concentración de materia orgánica y, en consecuencia, daño de corales y muerte de la fauna marina.

La invasión del sargazo y los daños ecológicos ya están causando desastres a la economía del Caribe mexicano y, en consecuencia, a la economía de este país.

Por su ubicación privilegiada en las costas del Caribe, el turismo es la principal actividad económica del estado de Quintana Roo, lo que ha llevado a ser el líder a nivel Latinoamérica en este sector.

El principal destino nacional del turismo internacional que se visita con nuestro país es la ciudad de Cancún, con el 47.9 por ciento, a donde acuden, principalmente, por su belleza natural, por su fina arena blanca y el color turquesa del mar, éste ya se está afectando.

Compañeras y compañeros Senadores, durante la última década el turismo ha representado alrededor del 8.8 por ciento en la economía nacional de este país, genera 10 millones de empleos directos e indirectos y durante el año pasado se ubicó como el tercer sector generador de divisas a nivel nacional.

Como lo mencioné hace un par de días, que presenté la iniciativa en materia de turismo, este sector, el turismo, se debe convertir en prioridad nacional.

La invasión masiva del sargazo, la contaminación orgánica, visual y odorífera y los graves daños al ecosistema están afectando significativamente al sector turístico del Caribe mexicano, de seguir así y de no sumar los esfuerzos para resolver este desastre natural se corre el riesgo de que en corto periodo de tiempo nos enfrentemos a un desastre económico a nivel nacional, con efectos para todo el país.

Hasta ahora el gobierno del estado de Quintana Roo, con la participación del gobierno federal, ayuntamientos afectados, empresarios turísticos, la comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general han realizado su mayor esfuerzo para contener y mitigar los efectos del sargazo.

Sin embargo, estos han sido insuficientes para evitar los daños ecológicos en el mar, en las costas y las playas para la restauración de los ecosistemas, para la limpieza y preservación de las costas y playas, así como evitar el impacto negativo al sector turístico.

Y quiero hacer mención, lo que hace unos días, a través de un comunicado, el titular de Fonatur y responsable del Tren Maya, el señor Rogelio Jiménez Pons, del gobierno federal dijo y señaló que respecto al tema del sargazo, se deben aumentar precisamente las alianzas nacionales y analizar el tema multifactorial, porque dijo, y abro, cito: “No nos podemos permitir perder divisas por el sargazo y disminuir la competitividad de México ante otros destinos”. Cierro la cita.

Y es por ello que tenemos que trabajar en conjunto todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de contar con mayores herramientas científicas, tecnológicas y materiales que permitan hacer un frente estratégico eficaz y efectivo para combatir el sargazo, presento este paquete de reformas.

Senadoras y Senadores, les propongo primero modificar la Ley General de Protección Civil, que este tiene el objeto de incorporar el fenómeno del sargazo dentro de los supuestos previstos, para que ante la probabilidad de este fenómeno o ante la afectación del mismo, sea declarado como una emergencia o desastre natural, respectivamente, y en consecuencia se preste el auxilio inmediato a la población y a la entidad afectada que pueda acceder a los fondos públicos del Fondo de Desastres Naturales el Fonden.

Segunda propuesta.

Modificar la Ley Federal de Derechos, para que se pueda destinar el 25 por ciento de la recaudación lograda por el cobro de derechos del uso, goce y aprovechamiento de las playas en la Zona Federal Marítimo Terrestre, conocida por sus siglas como Zofemat, y los terrenos ganados a en mar en aquellos municipios cuyas playas y costas son afectadas por el sargazo.

Quiero llegar a mis diez minutos, señor Presidente, porque es una iniciativa, y son tres propuestas en una, precisamente por economía legislativa lo estoy presentando de esta manera.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muchas gracias.

Y como tercer punto de propuesta en este paquete es poder reformar la Ley General de Cambio Climático, para poder incluir a este fenómeno del sargazo dentro de la política nacional de adaptación al cambio climático y en una estrategia también nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y acceder a estos fondos previstos en la ley para destinarlos a recursos suficientes para la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan mitigar, controlar e inclusive definir el uso de este sargazo.

Este paquete de reformas son fundamentales en materia de medio ambiente, porque necesitamos preservar un medio ambiente sano, mantener el equilibrio ecológico, preservar las bellezas de nuestras playas, mares y costas.

En el tema social, también tenemos que proteger a las familias quintanarroenses que viven en las costas y que también viven del turismo.

Y en el sector económico, ante el arribo de esta alga marina, se ve afectado gravemente el turismo del estado, que es la principal fuente de ingresos en el ámbito estatal, pero no sólo ello, sino también afecta la economía de nuestro país, por lo que representa el sector a México y, por consecuencia, en el Senado de la República, del Estado mexicano tenemos que ocuparnos y preocuparnos por este fenómeno, que si bien afecta de manera directa a Quintana Roo, tiene repercusiones graves, no sólo para el estado, sino para el país en su medio ambiente  y para su economía.

Agradezco a las Senadoras y Senadores que se sumaron y signaron esta iniciativa del PAN, del PRI, de MC, del PRD y estoy en la mejor disposición de que podamos trabajar de la mano, invito a que todos hagamos de esta trinchera y que sumemos estos esfuerzos por un bien mayor, que lo hagamos por México.

Muchas gracias.

Iniciativa



 El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En lo que respecta a la Ley Federal de Derechos, se turna a la Cámara de Diputados.

El resto de los ordenamientos se turnan a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo a los servicios de autotransporte.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, señor Presidente.

Esta iniciativa surge de una de las mayores preocupaciones en nuestro país, la seguridad de todas y de todos los mexicanos.

Es producto de un trabajo conjunto realizado con diferentes Cámaras, como la Concamin, la Canacar y la Canapat a quienes agradezco la confianza para trabar éste y otros asuntos de interés.

El incremento de los índices en la comisión del delito de robo de los servicios de autotransporte federal, de carga, pasajeros, turismo o transporte privado ha generado un gran impacto negativo en la seguridad en las carreteras.

¿Cuántos de nosotros no nos hemos enterado de casos en donde ocurren asaltos a los camiones que circulan en nuestros estados? Además de la sofisticación con la que opera la delincuencia organizada, en una búsqueda cada vez más diversificada de hacerse se recursos ha encontrado en el delito de robo de los servicios de autotransporte una gran oportunidad para ello.

En los últimos años esta conducta se ha incrementado de forma alarmante en nuestro país. El transporte federal de carga en México constituye un factor estratégico para el desarrollo social y económico, ya que esta actividad contribuye con el 3.2 del PIB nacional.

Por poner un ejemplo, el 2018 cerró con 12 mil 206 casos de robo de autotransporte de carga, de los cuales 10 mil 371, es decir, más del 85 por ciento fueron con violencia.

Otro caso es el robo cometido a autotransporte de pasaje y turismo que reportó un crecimiento del 280 por ciento del 2017 al 2018 más de 10 mil unidades secuestradas en los últimos cuatro años, según datos de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo.

Esta situación es preocupante, pues además del aumento en el número de robos el grado de violencia con el que se cometen deriva en otros ilícitos, tales como la privación ilegal de la libertad, el secuestro y, en algunas ocasiones, hasta el homicidio.

Aunado a esto se ha generado importantes pérdidas económicas para el sector. La delincuencia organizada es un gran problema de seguridad nacional que debe ser atendido por las autoridades competentes a través de los mecanismos e instrumentos más eficaces.

Por esta razón tenemos la necesidad de contribuir al combate de este fenómeno social y es por ello que propongo a esta Soberanía el incluir el delito de robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de que el Ministerio Público y los jueces cuenten con más herramientas para la persecución de este ilícito que debe ser considerado de alto impacto.

Es muy importante que reforcemos el marco jurídico, y desde aquí les pido, compañeras y compañeros Senadores, su respaldo a esta iniciativa que permitirá combatir con mayor eficacia este delito.

Debemos garantizar y proteger el desarrollo de las actividades económicas en aras del crecimiento, pero, sobre todo, salvaguardar la seguridad e integridad de todas y todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Martínez García. Se adhieren los Senadores Mauricio Kuri, Moya, Erandi Bermúdez, Minerva Hernández, Mayuli Latifa, Mario Zamora, Guadalupe Murguía, León Gastélum y Miguel Ángel Mancera. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 49, y se adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de laicidad en la función pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7; LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 49; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Patricia Mercado: Gracias, señor Presidente.

Bueno, hoy ha sido el día del Estado laico, y me tocó presentar la iniciativa también, el día de hoy, qué bueno.

Actualmente estamos ante una tendencia global, un desencanto democrático que causa el resurgimiento de nacionalismos excluyentes y visones religiosas en la política.

En los peores casos hemos visto desplazamientos forzados, torturas, homicidios y actos denigrantes.

Esta iniciativa es para que en nuestro país se fortalezca la visión de justicia igualitaria, que es el corazón de nuestro Estado laico.

Planteamos un ideal de paz basado en respetar el derecho de otras y otros, como la libertad de conciencia y de religión.

Fortalecer el Estado laico significa consolidar el estado de derecho y las normas de convivencia para que la paz y el respeto predominen en la relación entre personas que piensan de forma distinta.

¿Por qué es necesaria una reforma para la laicidad en la función pública? No tenemos actualmente ninguna disposición específica en la legislación que impida el uso de elementos religiosos y las acciones de discriminación y exclusión a la ciudadanía de exclusión por acciones de servidores públicos.

La definición de nuestra República como laica, a partir de la reforma al artículo 40 de la Constitución en el 2012, no ha tenido un impacto en las leyes secundarias para desarrollar este principio y hacerlo efectivo.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sólo regula las instituciones religiosas, pero no a la administración pública.

La reforma anticorrupción de la Legislatura pasada significó grandes avances para hacer realidad el derecho a una buena administración y evitar el mal uso de los recursos y los cargos públicos, pero no incluyó criterios para orientar nuevos mecanismos en la atención de las presuntas violaciones al Estado laico.

Por ello es necesario establecer las obligaciones específicas para las y los servidores públicos y los casos en que conductas contrarias a estas obligaciones deban investigarse y sancionarse.

Proponemos, por ello, una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para hacer compatibles la libertad religiosa y de convicciones con la función pública.

De acuerdo a nuestra iniciativa voy a, son diez las conductas que proponemos sancionar, solamente voy a hablar aquí de algunas:

Discriminar, o sea, proponemos se sancionen con conductas que discriminan o condicionan en el servicio público a alguna persona, grupo, asociación por motivos de convicciones éticas de conciencia o de religión.

Proponemos se sancione el favorece, preferir, privilegiar o descalificar alguna doctrina, asociación religiosa o convicción en el desempeño de sus funciones.

Sancionar cuando se difama, censura, descalifica o incita al odio mediante cualquier medio a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas de conciencia o de religión.

Diseñar y ejecutar programas o políticas públicas, cuyo contenido contenga elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica.

Utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos.

Difundir por cualquier medio de comunicación oficial, contenido religiosos en ejercicio de sus funciones.

¿Cómo serían estas sanciones? Por los procedimientos que ya existen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aplicaría la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control.

Las sanciones son también las que ya existen en la ley para las faltas administrativas no graves: amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación.

Además incluimos transitorios para que se desarrolle un programa de formación al funcionariado público y para que se elaboren modificaciones a los códigos de ética, a fin que las personas servidoras públicas puedan conocer de antemano sus responsabilidades y no exista ninguna situación de abuso o de injusticia.

Sancionar estas conductas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas significa circunscribirnos exclusivamente a la actuación como servidores públicos, no en la esfera personal, familiar, comunitaria, social de esos funcionarios.

Por último, decir cómo los dolores humanos que trae consigo no tener clara esta separación en el día a día de la función pública y de Estado, nos impide, por ejemplo, cumplir con la Norma 046, esta Norma se hizo en el periodo del ex presidente Calderón, se reformó ahora en 2016 y esta Norma instruye a los servicios de salud a proveer servicios de interrupción del embarazo cuando éste es producto de una violación.

Tenemos 27 pactos diarios de niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años, 27 partos diarios de niñas y adolescentes de 10 a 14 años; dos de ellos, dos partos diarios son de niñas de 10 y 11 años.

¿Alguien podría decir que ellas consintieron una relación sexual con el hermano, el padre, el abuelo, el vecino?

Claro que ahí hay una violación y no se les dice, no se les da esta información en los servicios de salud e incluso las invitan a seguir con el embarazo.

Hemos prohibido aquí el matrimonio de niñas y adolescentes, y debemos levantar la voz frente a este flagelo que significa niñas embarazadas producto de violación, que la ley ya nos permite, por supuesto, dar los servicios de interrupción del embarazo en los servicios de salud, tomando en cuenta que hay derecho a la objeción de conciencia, los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia: “yo no puedo hacer esta interrupción”, porque está muy bien y además está legislado, sin embargo, los servicios de salud, el Estado, tiene que tener no objetores de conciencia para poder hacer eso.

En este mes de marzo y el día de hoy rindamos fruto a este, nuestro Estado laico, que tanta paz y respeto a los derechos nos ha traído siempre, para nuestro bien.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora Patricia Mercado Castro, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción VII del artículo 7, y las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X al artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y una norma de convivencia indispensable para las personas que habitan el país. La conformación de la República está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El orden jurídico nacional, que ha evolucionado hacia la construcción de un régimen democrático donde se reconocen derechos y libertades, requiere establecer límites a la actuación de las autoridades y dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. Un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad.

En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas, sus decisiones reproductivas o cualquier otro elemento.

En este sentido, cabe destacar la labor que la organización Católicas por el Derecho a Decidir y el colectivo República Laica han desarrollado en la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y jóvenes, sin imposiciones ni dogmas.

El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas. En un Estado laico, no hay privilegios ni jerarquías: todas las personas valen lo mismo, todas tienen el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de los demás.

Para explicar la pertinencia de una reforma por el respeto a los principios y las normas de la laicidad en el servicio público, debemos comenzar por los antecedentes históricos y jurídicos que la han instituido.

I. Antecedentes de la laicidad en México

a.) La conformación de la identidad nacional y el régimen político

Entender la concepción de la laicidad es indispensable recurrir a nuestra propia historia, donde se encuentran sus raíces, su cabal explicación y los valores que implica, mismos que siguen teniendo plena vigencia en la actualidad.

Las diferencias entre el Estado y la Iglesia permanecieron durante largo tiempo en el orden virreinal. Las disputas por el poder dentro del clero regular y secular, así como de éstos con la autoridad civil son numerosas en la historia colonial. La expulsión de la Compañía de Jesús del territorio novohispano, en el marco de las borbónicas es un fenómeno que ilustra tales conflictos.

A pesar de que la Revolución Francesa inspiró a una parte de los líderes de independencia y actores políticos que impulsaron una forma republicana de gobierno y un marco de derechos, la separación del Estado y la iglesia no corrió con la misma suerte. En el siglo XIX, con la liberación del dominio español y la constitución de un Estado nacional, la pugna por el poder político fue incesante. En la polarización entre las tendencias federalista y centralista, así como liberal y conservadora, la cúpula eclesiástica favoreció en general a una de las facciones en defensa de un sistema económico basado en la concentración de tierras para la agricultura, un sistema social de roles muy definidos, clases estratificadas y jerarquización de los derechos y un modelo político centralista.

La iglesia Católica era dueña de buena parte de las tierras que podían destinarse a la agricultura, y concentraba muchas de las funciones administrativas que regían la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el acceso a la educación, a las posibilidades contraer o no matrimonio, el tratamiento de enfermedades. De esta forma, las personas tenían que ser católicas para poder ser ciudadanas y ciudadanos.

En las propias constituciones fue ardua tarea que se impusiera el Estado laico; fue muy difícil consagrar la libertad de creencias por la influencia determinante que ejerció la Iglesia católica. De esta manera, los primeros textos constitucionales concedieron a esta religión el carácter de oficial: la de 1824, en su artículo 3º, aunque en el 73, fracción XII, dio facultad al Congreso para arreglar el ejercicio del Patronato; la de 1836, Primera Ley Constitucional, artículo 3o., y la denominada Bases Orgánicas de 1843, artículo 6o.

Para llegar al Estado laico fue importante la labor de los liberales. El punto de partida se encuentra en la denominada “pre reforma”, que encabezaron Valentín Gómez Farías y su ministro José María Luis Mora; contaron para ello con un Congreso dominado por liberales radicales dispuestos a tomar medidas de carácter progresista.

En su breve ejercicio presidencial, Gómez Farías implantó en 1833 diversas medidas de carácter laico: creación de una Dirección General de Instrucción Pública; clausura de la Real y Pontificia Universidad y eliminación del clero de la educación superior; supresión de la coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento de los votos monásticos; incautación de bienes de las misiones en las Californias y de los misioneros filipinos. En el Estado de México se prohibió la adquisición de bienes por manos muertas; Michoacán concedió la facultad de reglamentar la observancia de los cánones y la disciplina externa del clero, y Yucatán declaró la tolerancia de cultos. Más aún, los liberales radicales de los estados solicitaron permiso al Congreso federal para formar una coalición en defensa del federalismo y desamortizar los bienes eclesiásticos.

Con la Revolución de Ayutla de 1854 surge la Reforma, que logra la separación del Estado y la Iglesia. Éste fue un evento inédito y visionario en nuestro continente. Se pusieron en marcha distintas medidas que han recibido el nombre de Leyes de Reforma y se expidió también la Constitución de 1857. El gobierno liberal, que llegó con Juan Álvarez como presidente, encargó a Juárez el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quien logró que se promulgara la Ley de Administración de Justicia y Organización de los Tribunales del Distrito y Territorios, de 23 de noviembre de 1855, más conocida como Ley Juárez.

Usualmente se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la implantación de la igualdad ante la ley. Es puente entre ambos objetivos. Mediante esta Ley se suprimieron los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico. Inmediatamente después que ésta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista: la Ley Lafragua, del 28 de diciembre de 1855, que reglamentó la libertad de prensa y eliminó las restricciones en este ramo; la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, llamada también Ley Lerdo, de 25 de junio de 1856, por la cual entraron a la circulación económica los bienes de la Iglesia o de “manos muertas”; la Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857, de obvenciones parroquiales, que suprimió el pago obligatorio de sacramentos como bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros.

Se expidieron también dos decretos, del 25 de abril de 1856, que derogó cualquier coacción civil para el cumplimiento religioso de los votos, y de 7 de junio de 1856, que suprimió nuevamente la Compañía de Jesús.

La etapa de la Reforma significó la consolidación del concepto de nación, cuando se define la forma de Estado, se experimenta la forma de gobierno y se conquistan libertades que persisten en nuestro derecho público. Los liberales defendieron así la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de igualdad de las personas ante la ley así como la soberanía del pueblo y el federalismo. Todo ello sustentado en un cambio radical en las formas de relación entre las personas y quienes detentaban el poder (real y fáctico), donde los primeros pasaron de ser siervos a ser ciudadanos y donde los gobernantes debían ser elegidos por el pueblo y no por designios divinos.

El nuevo pacto social, que diferencia los ámbitos de acción de la iglesia, que se encarga de los asuntos de los fieles y de la espiritualidad de los mismos, mientras que el Estado se encarga de los asuntos ciudadanos, se expresa destacadamente en la Constitución federal de 1857. Ésta fue producto de una asamblea constituyente que se caracterizó por la profundidad de los debates y las principales aportaciones que efectuaron: derechos del hombre (sic) con un amplio y generoso catálogo; establecimiento del principio de igualdad ante la ley; concepción del Estado laico y separación de los asuntos públicos de los religiosos; ratificación del sistema federal y disposiciones complementarias; forma de gobierno presidencial con matices parlamentarios, y pronunciamientos de carácter social.

A diferencia del texto de 1824, la Constitución Federal de 1857 otorgó especial relevancia a los “derechos del hombre”, característica que se percibe desde el mismo artículo 1º: “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

En aplicación de esta declaración, la Constitución de 1857 enunció de manera profusa los derechos del hombre, consagró la igualdad ante la ley e instituyó el juicio de amparo como instrumento para la protección de tales derechos. El principio de igualdad ante la ley, que Juárez había impulsado con tanta firmeza, se formuló todavía con mayor amplitud en la Constitución de 1857, cuyo artículo 13 constitucional dijo a la letra: “En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros ni gozar emolumentos que no sean compensación de servicio público y estén fijados en la ley”. Esta formulación, que limita obviamente la jurisdicción eclesiástica, pasó en los mismos términos y en el mismo numeral a la Constitución de 1917.

En la Constitución de 1857 se incorporaron también otras libertades y postulados que caracterizan al Estado laico tales como: libertad de enseñanza, artículo 3º: “La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio, y con que requisitos se debe expedir”; libre manifestación de las ideas, artículo 6º: “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público”; libertades de expresión e imprenta, artículo 7º: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”; derecho de petición y libertad de reunión, artículos 8º y 9º; limitación para adquirir bienes raíces para las corporaciones civiles y eclesiásticas, artículo 27, o bien la competencia exclusiva a los poderes federales para “ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes,” artículo 123.

Un postulado laico que quedó pendiente en la Constitución de 1857 fue la libertad de cultos, aunque a diferencia del texto de 1824 no se declaró la religión católica como oficial. El tema se discutió bastante, pero el proyecto de artículo que establecía dicha libertad fue devuelto a comisiones.

Con el gobierno de Juárez se complementó el Estado laico mediante diversas leyes y decretos que se promulgaron años después de expedida la Constitución de 1857, tales ordenamientos secularizaron el poder público y recuperaron para éste actividades administrativas muy importantes.

Las leyes juaristas que se expidieron fueron, principalmente, las siguientes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de 12 de julio de 1859, que privó a la Iglesia de su poder económico y convino a los liberales por su precaria situación financiera, al privar a la Iglesia de su poder económico disminuía el apoyo a los conservadores; Ley del Matrimonio Civil, de julio 28 de 1859, que estableció el matrimonio como contrato y la separación de los negocios civiles y eclesiásticos; Ley Orgánica del Registro Civil, del 31 de julio de 1859, que confirió al Estado el registro de diversos actos del estado civil de las personas que estaban reservados a la iglesia; Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciembre de 1860, que consagró de manera expresa esta libertad y protegió el ejercicio de cualquier culto religioso en el país.

Se expidieron también varios decretos que perseguían los siguientes objetivos: secularizar los cementerios, 31 de julio de 1859, quedaron bajo la autoridad civil los cementerios, panteones, camposantos y bóvedas, antes en manos del clero; días festivos y asistencia oficial, de 11 de agosto de 1859, que determinó los días que tuvieran tal carácter y prohibió a los funcionarios públicos asistir oficialmente a las ceremonias religiosas; secularización de hospitales, de 2 de febrero de 1861, por el cual el gobierno se hizo cargo de la dirección y cuidado de estos establecimientos; supresión de comunidades religiosas, 26 de febrero de 1863, con lo que los conventos se convirtieron en hospitales ante la intervención francesa.

Se expidieron diversos ordenamientos para promover la reforma educativa, con el propósito de que la instrucción fuese obligatoria, laica y gratuita; ésta cuando menos en las escuelas primarias oficiales. Mediante la ley de 15 de abril de 1861 se ratificó la libertad de enseñanza y se hizo gratuita la educación oficial. Más tarde, el 2 de diciembre de 1867, se expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, conocida también como de Martínez de Castro, que fortaleció el papel del Estado en la educación y alentó la reforma de la enseñanza media y aun de la superior.

La Reforma tuvo repercusiones más allá del gobierno de Juárez. La doctrina liberal que inspiró a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma sirvió de sustento a los programas de gobierno que se desplegaron en la etapa de la República Restaurada (1867-1877), logró subsistir en el régimen de Díaz y tiene efectos hasta la época actual.

Durante el gobierno de Lerdo se fortalecieron también los principios reformistas y del Estado laico. A través de ley de 25 de septiembre de 1873, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución de 1857, declarándose de manera terminante: “El Estado y la iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. Más tarde, en el decreto de 10 de diciembre de 1874, se implantó el laicismo en las escuelas oficiales, en el artículo 4o. se asentó: “La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y de los municipios. Se enseñará la moral en los que por la naturaleza de su institución, lo permitan, aunque sin referencia a ningún culto...”.

En síntesis, los liberales mexicanos logran darle forma jurídica y cultural a las conquistas del Estado moderno: la protección y reconocimiento de las libertades y su ejercicio, sin imposición de ninguna índole. Sentaron las bases para la consolidación de una República desde una perspectiva laica, democrática, tolerante y abierta a la pluralidad.

b.) Institucionalidad de la separación del Estado y las iglesias

En el dictamen sobre el artículo 129 de la Constitución de 1917 (posteriormente 130), se argumentó que no era suficiente “proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Reforma”, sino que era necesario “establecer la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que, naturalmente, toca a la vida pública”, por lo que “desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí”, para ser sustituida “por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo”.

Esta posición cambió por completo el contexto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. En la Constitución de 1917 se establecieron principios mucho más radicales que en el texto anterior, en los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 se determinó: se niega personalidad jurídica a las iglesias y el ejercicio de derechos políticos a los ministros de culto; se prohíbe la participación de las agrupaciones religiosas y sus miembros en materia política; se secularizan los actos del estado civil; se establece el laicismo en la educación; se prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas y la profesión de votos religiosos; se prohíben los actos de culto externo y se niega capacidad jurídica a las iglesias para adquirir inmuebles.

Las normas originales de 1917 tuvieron, dificultades en su aplicación, debido a que la autoridad encontró dificultades para imponer disposiciones a las que la jerarquía católica negó validez. En consecuencia, el enfrentamiento se volvió cada vez más franco entre ambas instituciones, como la expulsión del delegado apostólico Phillipi, por el presidente Obregón en 1923;1 a la que siguió la expedición de la denominada “Ley Calles” en 1926, que tipificaba como delitos varios actos relacionados con el culto público, lo que ocasionó finalmente que surgiera la Guerra Cristera, terminando con los “arreglos” entre el Estado y la Iglesia en junio de 1929.2

Aunque todavía se producen algunas fricciones durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, los “arreglos” predominaron en los gobiernos que lo sucedieron. Esta etapa se ha llamado de la “complicidad equívoca” entre el Estado y la Iglesia, en la cual “la secularización implantada por el Estado laico mexicano en la sociedad, va desapareciendo paulatinamente de la política gubernamental y con ella una de las principales fuentes de conflicto entre ambas instituciones”.3

Pese a tal acercamiento, en los años que siguieron, los gobernantes mexicanos procuraron cubrir en las formas en sus relaciones con la Iglesia, reiterando siempre comulgar con el ideario de la Reforma. Sin embargo, esta situación empezó a menguar en el último tercio del siglo XX, con las reuniones informales que sostuvieron algunos presidentes mexicanos con el titular del Vaticano y después con las iniciativas constitucionales y legales que modificaron las relaciones entre el Estado y las Iglesias.

c.) Reconocimiento de las iglesias como asociaciones religiosas

En la Cámara de Diputados, se presentó en diciembre de 1991 una iniciativa de reforma a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales por parte del PRI, misma que se dictaminó junto con las iniciativas presentadas anteriormente por el PAN (1987) y el PRD (1990), la que fue aprobada por los diversos partidos políticos y publicada oficialmente el 28 de enero de 1992.

Más tarde, el 15 de julio de 1992, se expidió la ley reglamentaria del artículo 130, denominada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue resultado de un consenso entre partidos sobre distintos proyectos. Los nuevos principios constitucionales y legales que rigen las relaciones entre el Estado y las iglesias en México, pueden sintetizarse de la manera siguiente:

a) Personalidad jurídica: para este efecto, se crea en el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130, la figura de la asociación religiosa, misma que comprende no sólo a las iglesias, sino también a cualquier agrupación religiosa, a todas las cuales se les otorga personalidad jurídica como asociaciones

b) Régimen patrimonial: en la conformación del patrimonio de las asociaciones religiosas, se aplica ahora el mismo principio que privó en la Constitución de 1857, se permite ahora a dichas asociaciones adquirir y poseer solamente los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, no así en el texto original de 1917 que hizo ilusorio tal derecho para las corporaciones religiosas.

c) Libertad en materia religiosa: este principio está contenido en el artículo 24 constitucional, y se sustenta en la libertad de creencias (o de conciencia) y en la libertad de cultos. Dicha libertad religiosa, apunta Palacios Alcocer, “ se manifiesta en una serie de derechos que son los siguientes: libertad para tener creencias, para no tenerlas y para dejar de tenerlas; libertad para manifestar las creencias y para no ser obligado a hacerlo; libertad para no ser obligado a manifestar preferencias religiosas ni para ser discriminado por motivo de las mismas, libertad para asociarse con motivos religiosos y para dejar de asociarse; libertad de celebración de culto privado en los domicilios de los creyentes sin ser objeto de regulación alguna; libertad de celebración de culto público en forma ordinaria en los templos, y libertad al culto público extraordinario“.4

d) Situación jurídica de los ministros de culto: con la reforma, se pasa de un marco legal que establecía prohibiciones y limitaciones a los ministros de culto, a uno permisivo y tolerante, cuyos efectos prácticos han sido hasta ahora desfavorables, porque las iglesias, particularmente la católica, han iniciado un activismo político inusitado, que entraña el riesgo de abrir viejas heridas y retornar a etapas ya superadas.

Dentro de este nuevo estatus jurídico de los ministros de culto, se encuentran los referentes a los derechos políticos. Se otorga a los ministros el voto activo (pueden votar), reconociéndolos como ciudadanos en términos del artículo 34 constitucional, disposición que critica Sánchez Medal, ya que propicia que los ministros de culto:

“Dejen su ministerio y se entreguen de lleno a la política, o exhortarlos por lo menos a que participen en el campo de la política de los partidos, porque es dentro de los partidos donde se proponen los candidatos y dentro de los partidos donde se ofrece la respectiva plataforma ideológica y de acción de cada uno de ellos”.5

Este derecho político concedido a los ministros de los cultos fue ejercido por primera vez en las elecciones federales de 1994.

En cuanto al voto pasivo (poder ser votados), se les concedió restringido, pues para ello la ley reglamentaria, en su artículo 14, exige una separación del ministerio religioso de cuando menos cinco años. Se le hacen también, por último, distintas prohibiciones, como la de no desempeñar cargos públicos, no asociarse con fines políticos, no realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, ni oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y respetar los símbolos patrios.

Por su parte, el artículo 29 establece las infracciones en que pueden incurrir las asociaciones religiosas o los ministros del culto; y los artículos subsiguientes establecen el procedimiento y órganos para imponer las correspondientes sanciones, mismos de los que no se tiene noticia que hayan sido utilizados en la práctica.

Hoy sigue prevaleciendo la concepción del Estado laico, aunque sujeto a las presiones de las fuerzas que siempre se le han opuesto. Pero el laicismo contemporáneo es una concepción que se ha enriquecido y ensanchado notablemente. Sus principios son ahora no sólo oponibles frente a las Iglesias, sino que tienen un campo de aplicación mucho más vasto en la actividad humana.

Se siguen manteniendo los postulados del laicismo que se heredaron de la historia, pero éstos, en virtud a diversas reformas constitucionales, se han fortalecido y extendido a otros aspectos de la vida nacional. La concepción del Estado laico implica ahora cuando menos los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 24, 25, 26, 27 fracción II, 40, 41, 89 fracción X y 130 constitucionales, así como las obligaciones derivadas de diversos instrumentos internacionales.

II. La reforma al artículo 40 de la Constitución

Amplios sectores de la sociedad han demandado la garantía de nuevas libertades y el ejercicio pleno de derechos sin demérito de la diversidad y la pluralidad. Sin embargo, muchas de estas demandas se han visto obstaculizadas por el aumento de fundamentalismos religiosos e ideológicos, de la influencia de las iglesias en vida política y el fortalecimiento de sectores que a través de alianzas intentan imponer una agenda púbica que corresponde a la esfera íntima y personal.

Por ello, resultó necesario incluir explícitamente la en la Constitución a la laicidad como principio organizador del Estado y de todas las funciones que éste realiza. Después de un largo proceso legislativo, en noviembre de 2012 se aprobó la reforma constitucional del artículo 40, por la cual se incorporó al texto de este artículo la palabra “laico”, redactado de la siguiente manera:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

En el proceso de reforma al artículo 40 constitucional destacó la constante discusión en torno al problema sobre la laicidad y el laicismo, así como el carácter e importancia histórica del Estado laico y de la democracia. Analicemos algunas de las razones de los legisladores.

En su participación, el diputado Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que el carácter histórico de la reforma constitucional al artículo 40, representa la continuidad de los constituyentes de 1857 y de 1917, en especial, de los liberales y las Leyes de Reforma. Sin embargo, aunque esto es cierto, también se pueden ubicar motivos históricos inmediatos en la década de los ochenta, cuando  asistimos a un proceso de recuperación de espacios y reposicionamiento de la Iglesia con más presencia en nuestro país, la Iglesia Católica.

La reorganización del Episcopado mexicano por regiones socioeconómicas, realizado en 1976, sirvió para tener una presencia constante en los procesos electorales, de modo específico, los realizados en los estados del norte del país a través de los obispos pertenecientes a la ‘Región pastoral norte’,6 así como por medio de organizaciones civiles afines a ella. A partir de ese momento la injerencia de la Iglesia católica trascendió la vida espiritual de sus feligreses hacia el ámbito político-electoral de la defensa del voto, la crítica a los fraudes electorales y la exigencia de elecciones limpias.

En la década de los ochenta se abandonó el esquema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que surgió después de la Guerra Cristera. Estas nuevas relaciones quedarían legalmente reconocidas en la reforma constitucional al artículo 130,7 realizada durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, publicada en enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca de dicha reforma, el que a las iglesias se les otorgó personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Se les confirieron derechos políticos pasivos como ministros de culto, mas no activos, por lo que se estableció la prohibición de asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna, y a éstas se les prohibió que su nombre o título tuviera alguna palabra o indicación que se relacionara con alguna confesión religiosa.

Un destacado jurista ha escrito que “Incurriría en falsedad al afirmar que luego de esta reforma constitucional, y su consecuente legislación secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de julio de 1992, los problemas de la injerencia de la Iglesia en el ámbito político-electoral quedaron saldados. En cambio, me parece que esta reforma constitucional sólo formó parte de una estrategia más amplia de concesiones o prerrogativas que se otorgarían paulatinamente a la religión con mayor presencia en nuestro país, las cuales por supuesto serían totalmente contrarias a la vida política y jurídica de un Estado democrático; ya que se quebrantaría el respeto pleno que debe existir hacia los derechos de libertad e igualdad, así como a la pluralidad, la tolerancia, la diferencia y la no injerencia de los recursos públicos para favorecer u otorgar condiciones de privilegio o prerrogativas a un cierto sector identificado con una creencia religiosa“.8

Asimismo, un especialista sostiene: “Lo interesante de la reforma constitucional no sólo es el hecho de que se haya agregado la palabra ‘laico’ al texto constitucional, sino que debe ser el inicio de una legislación secundaria que permee todo el actuar estatal e institucional. Por tanto, es en las leyes secundarias donde se deberá dotar a la autoridad jurisdiccional de los medios para tener un papel activo en la protección y respeto a los derechos y obligaciones que se crean a partir del carácter laico del Estado. En la academia debemos estar al pendiente de cómo se desarrollan estos hechos para, si es preciso, argumentar a favor del respeto pleno a los derechos y al carácter laico de las decisiones gubernamentales e institucionales”.9

En la reforma, el Estado laico se define como un “instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos".10

Guido Calogero define al laicismo como un método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles, donde el principio laico se basa en no pretender poseer más la verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer.11 Esto implica que el “Estado permanece neutral: admite el desarrollo de todas las religiones pero ninguna ocupa un lugar de privilegio, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución religiosa”.12

La democracia está sustentada en la tolerancia, el respeto, la libertad de conciencia, igualdad de derechos y universalidad de pensamiento; no implica la negación de los credos y las preferencias particulares, sino la capacidad de relativizarlas.13 Así, nuestras creencias personales no deben dividirse entre lo privado, para el caso de la religión, y lo público para el caso de nuestras convicciones cívicas o políticas.14 El carácter del Estado democrático y laico no exige este desdoblamiento de la personalidad de los servidores públicos, ni de los ciudadanos; lo que en cambio sí requiere es que distingamos nuestros ámbitos de acción y medios de los que disponemos para realizarlos.

El carácter laico y democrático implica también a razones y argumentos que tienen como punto de partida el ineludible hecho de que somos integrantes de colectividades complejas; en la que cada individuo que la integra es una totalidad, por lo que las reglas que deben coordinar nuestra conducta viviendo en sociedad deben partir del reconocimiento de lo humano en los otros, de la complejidad que ello implica, y procurar el establecer un “régimen social de convivencia”15 que salvaguarde nuestro derecho a ser igualmente libres, a profesar las creencias que deseemos, a expresarlas, sin que ello implique coaccionar o interferir en el ámbito de libertad de alguien más, ni disponer de los medios establecidos para fines distintos.

Por estos motivos, incluir en la definición de la República el carácter laico no es un mero agregado o un apéndice que desnaturalice su trayectoria histórica. La República es representativa porque la ciudadanía escoge, a través de los instrumentos político-electorales establecidos, a sus representantes populares. Es democrática porque expresa la soberanía popular, reconociendo la pluralidad y las creencias personales, sin negar los derechos de cada persona. Es laica porque define una relación del Estado con las iglesias y las creencias, y el espacio público, que pertenece a todos, guarda distancia de las decisiones íntimas y personales, que se toman libremente.

Por ello, en el Dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la CPEUM aprobado por el Senado en marzo de 2012, se estableció que las atribuciones de un Estado laico serían:

“El Estado reconoce las religiones y la espiritualidad, que tiene una determinada función y una determinada actuación;

No se compromete más con alguna convicción filosófica con alguna religión; es imparcial;

Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses;

No se define respecto de si alguna religión es la mejor - si es que alguna lo es-;

No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa -o antirreligiosa- en sus ceremonias y proclamas oficiales;

No discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos;

Prohíbe todo programa estatal que pretenda o consiga dar ventajas a una organización religiosa particular, y

No puede permitir que sus instituciones sean usadas para la práctica de la religión”.

III. Postulados constitucionales y legales vinculados con la laicidad en la función pública

Es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es un principio establecido profunda y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no sólo es deseable, sino necesaria.

a.) La reforma en derechos humanos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos se trata del cambio más importante del último siglo, que representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos.

La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución deja atrás el anterior concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos alude a los derechos fundamentales reconocidos por la ley y las garantías son los instrumentos del Estado para cumplir con éstos.

El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” derechos, ahora simplemente los “reconoce”. Se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución claramente coincide en la ruta de la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos.

En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de constitucionalidad, integrado por los derechos sean de fuente nacional o internacional, a la luz del cual se deberá interpretar y aplicar el orden jurídico.16

Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personae”, conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano y que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

Además, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. El Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

A la prohibición de toda forma de discriminación, ya presente en el texto, se agrega también aquella a causa de “preferencias sexuales”. Antes de la reforma, el texto constitucional se refería simplemente a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. La reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho.

En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando en el nivel legislativo.

En la esfera del derecho internacional los derechos humanos se estructuran a partir del llamado “derecho originario”, que encontramos en los tratados internacionales. De hecho, los tratados internacionales han sido un motor esencial en el desarrollo reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo. En los tratados internacionales y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la ONU, de la OIT o de la OEA, entre otros, pueden encontrarse derechos que no están previstos en la Constitución mexicana, como perspectivas complementarias a las que ofrece nuestra carta magna.

Actualmente existen más de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de manera que podemos hablar de un proceso de intensa codificación internacional de los derechos.17 Tradicionalmente se ha considerado que las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales tienen tres diversos niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar. Estas obligaciones han sido desarrolladas por el Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de la ONU, dictada en su quinto período de sesiones, en 1990.

Esta observación toma como punto de partida el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Los Estados deben garantizar el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna y adoptar “medidas apropiadas” dentro de un plazo razonablemente corto, con independencia de que la plena realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más prolongado.18

Entre las medidas legislativas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual supone en recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto, y eliminar cualquier norma que sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización. Esto nos lleva al tema de la “armonización legislativa”, es decir, el deber de la Federación y de las entidades federativas de compatibilizar las normas internas a lo que señalan los tratados internacionales.

En virtud de lo que señala el párrafo tercero del artículo 1º constitucional todos los poderes, tanto federales como de las entidades federativas tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales. De esta forma, “se requiere de un proyecto de revisión integral del orden jurídico que considere derogar y modificar disposiciones que no se ajusten al nuevo mandato. Para ello, el Legislativo, como parte del Estado mexicano, también adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos”.19

b.) Las responsabilidades de servidores públicos

Las responsabilidades que asumen las personas que desempeñan empleos, comisiones o cargos públicos se encuentran señaladas en el Título Cuarto de la Constitución. De acuerdo al artículo 108 der la Carta Magna son “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Asimismo, el tercer párrafo de este artículo precisa que las entidades federativas deben precisar los términos del texto anterior en sus constituciones locales para efectos de sus responsabilidades.

En la Constitución se establecen responsabilidades para los servidores públicos de la siguiente forma:

a) A quienes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

b) A quienes incurran los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se aplicarán sanciones administrativas.

En el caso de la responsabilidad política, el Congreso de la Unión debe valorar la “existencia y gravedad de los actos u omisiones”, con la posibilidad de una declaración de procedencia para probables delitos del orden penal, de haberlos.

El juicio político pretende evitar y en su caso, sancionar violaciones a las más altas responsabilidades de los servidores públicos hacia el régimen político y el orden jurídico, por lo que “se puede afirmar que, a través del juicio político, se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos de alta jerarquía por haber cometido infracciones de carácter político, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política por conducto de un órgano también político”.20

Por otro lado, se encuentra el marco jurídico para sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los anteriores son susceptibles de constituir administrativas.

En este caso, las autoridades facultadas para su investigación substanciación y aplicación son la Auditoria Superior de la Federación y los órganos internos de control, así como sus homólogos en las entidades federativas para las faltas administrativas graves,  y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Por su parte clasificación de las faltas administrativas no graves están establecidas en la Ley en la materia, respetando los principios constitucionales.

La jurisprudencia ha establecido que la responsabilidad administrativa no opera en menoscabo de aquellas de carácter penal, civil o política: “el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones”.21

Las leyes disponen los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público se consideran como susceptibles de afectar las funciones y atribuciones que le asigna la ley y es por ello que existen mecanismos y códigos para actuar en consecuencia cuando ocurra un conflicto.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 para atender la reforma constitucional del año anterior, tuvo como objeto principal distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer: a) las responsabilidades administrativas de los servidores públicos; b) sus obligaciones; c) las sanciones aplicables por actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y los procedimientos para su aplicación.

Sin embargo, no hay ninguna disposición que aluda explícitamente a las obligaciones que el servidor público adquiere respecto a la laicidad, y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, alusiones, símbolos religiosos, o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos encomendados para el desempeño de sus funciones.

Consideramos que el respeto a la laicidad en la función pública debería, cuando menos:

a) Evitar que los servidores públicos promuevan u obstaculicen el cumplimento de las normas en la materia.

b) Respetar el marco normativo vigente que define la forma de gobierno (el régimen político) con sus profundas raíces históricas.

c) Respetar la libertad de religión de funcionarios públicos marcando la separación de los ámbitos de competencia entre lo público  y  lo privado.

Para Gustavo Ortiz Millán,22 la laicidad como componente del liberalismo postula una igualdad según la cual todos los seres humanos tienen iguales derechos fundamentales, entre los que se encuentran las libertades de conciencia, de culto y de religión. Bajo la concepción liberal, el Estado tiene la obligación de respetar la diversidad de concepciones morales y religiosas dentro de la sociedad. Cuando este valor moral de respeto al derecho de profesar las ideas religiosas de otros, de ser imparcial frente a la pluralidad religiosa y de no tratar de imponer las convicciones religiosas personales al resto de la sociedad, se lleva al plano de la ética pública, se llama laicidad.

La laicidad no es un valor que rige las relaciones entre individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de los funcionarios públicos con una ciudadanía plural; es un valor democrático porque garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes indispensables para cualquier sociedad democrática. Esto implica entonces, que la laicidad es un valor que entra en eso que llamamos una moralidad de rol: la ética de la función pública.

Esto no significa que los funcionarios sacrifiquen sus creencias religiosas o dejen de profesar una religión si tienen un cargo dentro del servicio público. Tampoco se les pide que sean antirreligiosos o anticlericales. En el marco de una ética laica de la función pública, lo que se les pide al funcionariado es separar los ámbitos de competencia: una para sus asuntos privados (como integrantes de la sociedad) y otra para los públicos (como funcionarios del Estado), pero que en caso de conflicto, antepongan, en su ejercicio como funcionarios, los valores a los que se han comprometido legalmente.

Nadie debería ser funcionario público si no se compromete con los derechos plasmados en la Constitución, por ejemplo, si no está dispuesto a respetar los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Del mismo modo, nadie debería ser funcionario público si no se compromete al respeto a la religión de otros y termina afectando sus derechos. Al tratar de imponer, desde el aparato estatal, su propio código moral, un funcionario público violaría el compromiso que tiene con ese código de valores que está implícito en la Constitución.

En este sentido, la función pública enmarcada en una ética laica, de acuerdo con Pauline Capdevielle,23 debería seguir los siguientes principios:

1. Garantizar la imparcialidad y garantizar la separación del ámbito de las competencias.

2. Se respeta la autonomía, la autodeterminación y la conciencia de las personas.

3. Reconocer y proteger a pluralidad y la diversidad de ideas, pensamientos y formas de vida. No hay absolutos ni dogmas, ni ninguna

4. No favorecer ni discriminar a ninguna persona por su adscripción religiosa o por no tener ninguna.

5. No favorecer ni discriminar a alguna religión.

6. No exprese públicamente sus preferencias religiosas, ni asistir de manera oficial a actos de culto público

7. Sus convicciones religiosas no lo eximen del cumplimiento de la ley ni de los ejercicios de su función.

8. El funcionario público debe velar a la estricta igualdad de todos los individuos ante la ley, rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones y/o creencias religiosas.

9. Velar por el bien común, antes que sus creencias personales.

c.) Otras disposiciones

La definición de la laicidad en México tiene particularidades propias, que sólo pueden entenderse en perspectiva histórica. Hasta el 2012 que se elevó a rango constitucional el carácter laico, se hacía referencia a la laicidad indirectamente, en varios artículos que dotan de contenido al Estado laico. Estos artículos son:

Artículo 3º constitucional. Se garantiza el derecho una educación ajena a doctrinas y dogmas religiosos y el criterio que la orientará será el progreso científico y tecnológico y luchará contra los fanatismos y prejuicios. Es a través de la educación que se forman ciudadanos críticos y libres, por eso se vuelve indispensable mantener la escuela libre de cualquier dogma que lo impida.

Artículo 5º constitucional. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Antes de las reformas de 1992, los votos religiosos estaban prohibidos.

Artículo 24 constitucional. Garantiza la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas. Para vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, permite la profesión una religión. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna.

La reforma al artículo 24 abona al fortalecimiento del Estado laico porque se reconocen constitucionalmente la libertad de conciencia y de convicciones éticas como libertades que hay debe proteger, respetar y garantizar. Proteger la libertad de conciencia implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento. Mientras que el reconocimiento de la libertad de convicciones éticas es darle la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales.

Artículo 27 constitucional. Permite que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar “exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto”.

Artículo 115 constitucional. obliga a las entidades federativas a adoptar como régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. No puede usarse el Federalismo como excusa para fragmentar derechos ni para modificar las definiciones fundamentales del régimen.

Artículo 130 constitucional. Garantiza la separación Estado – iglesias, posibilita a las iglesias que obtenga personalidad jurídica, como asociaciones religiosas, “una vez que obtengan su correspondiente registro” además de restringir el voto activo de ministros de culto

De los artículos pilares del Estado laico se desprenden los postulados que actualmente configuran la relación del Estado con la ciudadanía. En este sentido, el artículo 1o. constitucional, párrafo tercero, impone al Estado mexicano la obligación de prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Se complementa el artículo referido con el artículo 2o constitucional que, después de reconocer que la nación mexicana es única e indivisible, prescribe que tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas y señala para ellos y sus comunidades diversos principios y derechos.

Se vinculan también con este postulado de la laicidad los derechos otorgados a las personas, en particular los derechos reproductivos, enunciados en el artículo 4o. constitucional.

Se liga asimismo con el artículo 24 constitucional, que protege la libertad de conciencia, que implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento.

La laicidad implica una postura crítica y anti dogmática que parte de la premisa de que no se puede conocer la verdad en grado mayor que cualquier otro, sin verdades absolutas ni un código moral más válido que los otros.

En este sentido, el artículo 3o., en sus fracciones II y III, prevé que la educación será laica, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, así como que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

El Estado laico debe preservar en su ordenamiento jurídico una posición que, considerando la variedad de opiniones, practique una rigurosa neutralidad en materia de religión, fe o ideologías.

Para poder vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, posibilita la profesión libre de las religiones. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna así como con el reconocimiento de las convicciones éticas, brinda la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales. Precepto que se complementa con las disposiciones de los artículos 27 fracción II y 130 constitucionales.

El Estado laico se inspira en los valores del pluralismo, de la libertad y de la tolerancia, en resumen, en los valores democráticos, no se identifica, por tanto, con una filosofía y teoría en particular, es un método de coexistencia de todas las filosofías y teorías posibles; el Estado laico no representa una nueva cultura, sino coexistencia de todas las culturas.

En consecuencia, las instituciones públicas deben reflejar tales valores universales, que se desprenden de los artículos 6o., 7o., 25, 26 y 41 constitucionales.

La administración del Estado, la educación, la ciencia, el arte y en general las esferas de la actividad humana, no deben servir a intereses de partidos, creencias e ideología; deben orientarse por valores universales. Estos valores universales alude el artículo 3o., que habla de la “conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”, así como el artículo 89, fracción X, que señala los principios normativos, aceptados de manera general por la comunidad internacional, que deben dirigir nuestra política exterior.

Por último, los postulados constitucionales referidos se han nutrido también de diversos instrumentos internacionales contraídos por nuestro país, y que forman parte de nuestro orden jurídico interno. En este sentido, habría que mencionarse, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en los artículos 2o. y 18; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1963, artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o.; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, artículos III y XII; al Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, de 16 de diciembre de 1966, artículo 18; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, artículos 1º y 12.

Es necesario pensar a la laicidad, no como un acto consumado, sino como un proceso histórico, dinámico y cambiante. La laicidad debe ser debatida y redefinida constantemente a la luz de los retos y avances de la sociedad. Lo importante a resaltar es que hasta ahora, en sociedades plurales, la laicidad es la condición imprescindible para la coexistencia armoniosa y la garantía de la igualdad en la diversidad.

IV. Los desafíos jurídicos

El primer desafío es de orden conceptual, ya que no hay una definición positiva de la laicidad como una obligación del servidor público en un marco democrático. Blancarte afirma que “en el presente, la laicidad se define en relación a la función que cumple en las sociedades modernas, ya no de defensa frente a las Iglesias, sus jerarquías y las religiones instituidas, sino encaminada a la defensa de la libertad de consciencia y al conjunto de libertades que se deducen de ella, como las libertades de creencias, de religión, de expresión y demás”.24

Asimismo, Arias, siguiendo a Ronald Dworkin, considera que “una guía respecto de la validez y arraigo de la laicidad en los Estados contemporáneos, consistiría en la presencia y arraigo de tres elementos interpretativos que la distinguen. Esquemáticamente las notas características que permiten hablar de laicidad en un determinado régimen son: el respeto de la libertad de consciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley (no discriminación fundada en la igualdad)”, todo lo cual está garantizado constitucionalmente pero no existen mecanismos para hacerlo efectivo.25

En segundo lugar, existe un problema de integralidad, en el que los pendientes legislativos son relativamente sencillos: trasladar a la legislación secundaria los principios constitucionales y desarrollarlos teniendo como único límite él esquema de las atribuciones constitucionales para las reformas legales y sus ámbitos materiales. La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, a pesar de los avances que significa en el combate a la corrupción y la buena administración, dejó de lado toda mención a los principios que consolidan las características de la República, tales como la laicidad.

Una tercera problemática tiene que ver con las lagunas y con las anomias específicas para el ámbito de las responsabilidades política y administrativa. No existen sanciones ni un procedimiento de queja en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que se refiera a los servidores públicos ni tampoco, como se dijo, conductas sancionables en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

Solo se contempla la intervención de la Secretaría de Gobernación de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, como estipula la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En todo caso, el respeto a la laicidad por parte de los servidores públicos es materia del cumplimiento a la legalidad en la función pública, y no del culto.

Un caso que ilustra la indefensión de los ciudadanos ante las violaciones al Estado laico es la llamada “macrolimosna”. En marzo de 2008, el Gobernador de Jalisco, Emilio González, anunció que donaría 90 millones de pesos para la construcción de la Plaza de los Mártires. La noticia motivó una queja ciudadana ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)26 ya que la donación violentaba gravemente los derechos humanos de las personas y atentaba contra el Estado laico. Al expediente 712/2008 y sus acumuladas, se le sumaron 7,000 quejas, de las cuales, 2,500 fueron interpuestas en los primeros 4 meses. Es el mayor número de quejas que ha recibido un ombudsman por un mismo tema en toda la historia de las Comisiones Estatales de Derechos. Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó una investigación exhaustiva sobre la donación debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos.27

Tres años después, la CEDHJ emitió la resolución del caso,28 en donde afirmó que 1) carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestionaron el uso discrecional del erario, 2) el Gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), y 3) tampoco incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos porque “ninguno de los funcionarios involucrados ejecutaron actos que impidieran profesar libremente sus creencias ni tampoco se discriminó porque no se ha prohibido alguna religión en particular”.

De acuerdo al resolutivo de la CEDHJ, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.

V. Las violaciones al Estado laico

A pesar de muchos episodios de violaciones al Estado laico que han generado controversia,29 la ausencia de un marco jurídico ha impedido que se investigue y sancione en forma alguna estos fenómenos. En años recientes, como señala un especialista, “hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa”.30

De acuerdo a la base de datos que ha generado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, los casos se pueden agrupar en las siguientes categorías.

Caso 1: Consagración del Estado/Municipio a una divinidad.

Funcionario público o servidor público acude a una ceremonia religiosa y consagra (le ofrece) a una divinidad el Estado o el Municipio. En algunas ocasiones participa activamente en la ceremonia de consagración, en otras, acude a la ceremonia.
Caso 2: Entrega de llave de la ciudad a una divinidad.

Funcionario o servidor público, hace huésped distinguido a una divinidad y le entrega simbólicamente las llaves de la entidad. El Funcionario público tiene un papel activo, ya que forzosamente tiene que expresar públicamente la entrega de llaves. Ha habido ocasiones en que además del acto de entrega, se han hecho placas conmemorativas que se exponen en lugares visibles y públicos.

Caso 3: Programas públicos con contenido religioso

Diseño e implementación de programas públicos de diversa índole, cuyo contenido temático y/o conceptual contiene elementos y/o símbolos religiosos.

Caso 4: Programas públicos o políticas públicas con fundamento religioso

Diseño e implementación de políticas, planes y/o programas públicos, que sin explícitamente contener elementos religiosos, se sustentan en creencias religiosas o dogmáticas.

Caso 5: Uso de recursos públicos para beneficio de una religión o iglesia particular.

Aduciendo que son patrimonio nacional o se promueve la cultura, se utilizan recursos públicos para remodelar o restaurar templos o para instalar símbolos religiosos en lugares públicos.

En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una religión en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal (por ejemplo, cuando se asignan recursos del erario para la remodelación de templos católicos o cuando en mediante cabildo se asignan o se  niegan terrenos en donación a las iglesias).

Caso 6: Condicionamiento de servicios para cumplir con una cuota consensuada comunitariamente para realizar una ceremonia religiosa.

Se niegan servicios y/o se condiciona el acceso a programas sociales, a la participación en ceremonias o ritos religiosos, o al pago para la realización de fiestas con religiosas. Generalmente el funcionario público que niega el servicio, apela que se rompe con la comunidad si no se participa y que son eventos y fiestas culturales, no religiosas.

Caso 7: Uso de instituciones públicas para ceremonias y ritos religiosos.

Muchas veces se permite la instalación de símbolos religiosos dentro de recintos estatales o se han realizado ceremonia religiosas dentro de los mismos. En otras ocasiones se han realizado reuniones de carácter político dentro de templos y/o lugares de reunión religiosa.

Caso 8: Discursos oficiales y/o propaganda oficial que alude a elementos religiosos o que contiene símbolos religiosos.

Funcionarios públicos o servidores públicos, realizan discursos que alude a una religión o que contiene elementos religiosos.

Caso 9: Funcionarios públicos que continúan ejerciendo como ministros de culto. Y en algunos casos, su condición de ministros de culto es lo que los vuelve elegibles para desempeñar ciertos cargos, i.e. dirección de asuntos religiosos.

Caso 10: Asistencia y/o participación y/u organización de ceremonias religiosas o eventos con contenidos religiosos.

En muchas ocasiones, los funcionarios y servidores públicos, justifican su asistencia a dichos actos ya que lo hacen “a título personal”.

En muchas ocasiones, los servidores públicos apelan a que se atenta contra su libertad de expresión, de opinión y/o de religión cuando se les pide que respeten el principio de laicidad; o bien, que pueden hacerlo porque no lo hicieron en el ejercicio de sus funciones (por ejemplo acudir a un acto de culto). De ser cierto, ello justificaría la inexistencia de normas que sancionen las conductas religiosas o de contenido religioso de los servidores públicos.

Sin embargo, esto no es así. En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado, incluyendo su relación con medios de comunicación, para favorecer a una institución o confesión religiosa en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal la afectación a quienes forman parte de otras asociaciones o tienen otras creencias, o a quienes prefieren no identificarse con ninguna de ellas.

Por ello, se requiere establecer las conductas típicas bajo las cuales cualquier funcionario pueda tener una orientación de su conducta como tal, con la obligación de abstenerse de determinados actos, sin que por ello pueda tener el temor de una sanción por ejercer, en el ámbito privado, sus libertades de pensamiento, expresión, religión, asociación, entre otras.

VI. La propuesta

Siguiendo a Patiño Manffer, el sentido que otorgamos a la voz laico o laicidad debe ser la guía de los actos de los servidores públicos. Es importante distinguir que los actos realizados en nombre o representación del Estado, tienen el carácter de públicos, en tanto, que a través de ellos se dispone de los recursos, medios, atribuciones y facultades que la ley les confiere y producen consecuencias para terceras personas, es decir, salen de la esfera personal del servidor público.

Laicidad, para el caso del actuar de los servidores públicos, se refiere entonces, a una clara distinción de las funciones y fines que el Estado tiene como ente político-jurídico que posibilita la coexistencia pacífica de sus ciudadanos. Funciones que no deben ir más allá de lo que expresamente les está permitido, y las cuales son guiadas por los fines: justicia, equidad y bien común.

Por lo cual cuando se exige que el Estado sea laico y los actos de sus servidores también lo sean, se debe entender que tal exigencia es en el sentido de que las decisiones políticas o jurídicas no sean afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos, independientemente de si se adscriben a alguna religión o no.

La labor en el servicio público implica que sus relaciones y decisiones son jurídicas y no religiosas. Sin embargo, laico no es sinónimo ser antirreligioso o ateo31 ya que esto supondría exigir al funcionario público suprimir creencia religiosa y actuar como si ésta no existiera, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado.

Incorporar el principio de laicidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas es  necesario con fines de armonización con el resto de nuestra legislación, pues los actos u omisiones contrarios al carácter laico de la República pueden constituir una afectación a la ”legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, como establece la fracción III del artículo 109 constitucional.

Siguiendo a este precepto, “Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas”.

Por ello proponemos adicionar la Ley General en su artículo 7, que establece que las directrices mediante las cuales “los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

En la fracción VII se integra la obligación positiva de los servidores públicos hacia la laicidad, derivada de los mandatos de la Constitución: cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República, y con las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y libertad de conciencia.

En una nueva fracción del artículo 49 se incorporan diez obligaciones vinculadas con la laicidad que toda persona servidora pública debe evitar incumplir o transgredir, ya sea por acción u omisión:

1. Discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión

2. Favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones

3. Obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa.

4. Difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión.

5. Diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica.

6. Utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos

7. Permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley

8. Permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales

9. Realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático

10. Difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus funciones.

No se modifican los procedimientos, de las instituciones, de las sanciones, de las autoridades y de los derechos de los servidores públicos que actualmente están en la Ley ni tampoco se agregan nuevos. Por el contrario, en la consolidación de las instituciones existentes puede ser de utilidad un trabajo legislativo que establezca criterios claros para investigar y aplicar las sanciones sobre las faltas administrativas.

Asimismo, en el régimen transitorio, se contemplan mandatos para que, en tanto Ley General, las entidades federativas armonicen sus constituciones de acuerdo a esta reforma; para que se dediquen recursos a la capacitación del funcionariado público, y para que se elaboren las modificaciones correspondientes a los códigos de ética que deberán observar las personas servidoras públicos, como un parámetro para sus acciones.

A efecto de informar a esta soberanía las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. a VI. ...

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

 

 

 

VIII. a X. ...

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. a VI. ...

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como cumplir con los principios de separación entre el Estado y las iglesias; la laicidad de la educación pública; el carácter laico de la República y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y libertad de conciencia;

VIII. a X. ...

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, y

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte;

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y

X. Abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones; de obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa; de difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo o persona en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión; de diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica; de utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley; de permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales; de realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático; y de difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus funciones.

TRANSITORIOS

(Sin correlativo)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Sin correlativo)

SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

(Sin correlativo)

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades a las que alude el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas deberán adecuar los códigos de ética de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

(Sin correlativo)

CUARTO. El Ejecutivo Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la capacitación y formación en materia de laicidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a los artículos citados en el proemio, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7, Y LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 49; Y ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 49, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción VII del artículo 7, y las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X al artículo 49, todas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 7.

I. a VI. ...

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como cumplir con los principios de separación entre el Estado y las iglesias; la laicidad de la educación pública; el carácter laico de la República y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y libertad de conciencia;

VIII. a X. ...

Artículo 49.

I. a VII. ...

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte;

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y

X. Abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones; de obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa; de difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo o persona en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión; de diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica; de utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley; de permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales; de realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático; y, de difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus funciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades a las que alude el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas deberán adecuar los códigos de ética de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la capacitación y formación en materia de laicidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de marzo de 2019

Sen. Patricia Mercado.

1 Provocada por una ceremonia religiosa fuera de los templos y demasiado llamativa en el cerro del Cubilete, lo que se consideró como una provocación a las autoridades

2 Compromiso del Presidente de la República de no poner en vigor la ley.

3 Loaeza, Soledad. “La iglesia en el México contemporáneo”, Religión y política en México, México, Siglo XXI, 1985, p. 47

4 Palacios Alcocer, Mariano, “Reforma constitucional en materia religiosa”, Relaciones del Estado con las iglesias, México, Porrúa, 1992, p. 257.

5 Sánchez Medal, Ramón, La nueva legislación sobre libertad religiosa, México, Porrúa, 1993, p.17

6 Blancarte, Roberto. “La consolidación del proyecto eclesiástico en las transformaciones del estado mexicano durante los ochenta” en Carlos Bazdresch, et al. (compiladores), México auge, crisis y ajuste, tomo I. Los tiempos del cambio, 1982-1988, Lecturas 73, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, Cfr. pp. 313 a 335

7 Consultada http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf

8 Patiño Manffer, Ruperto. Reforma Constitucional del artículo 40 constitucional,
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/28.pdf.

9 Ibid.

10 Blancarte, Roberto. Para entender el Estado laico. México: Nostra Ediciones, 2008

11 Calogero, Guido citado en Zanoni, Valerio “Laicismo”, en Bobbio, Norberto et al. , Diccionario de política, Tomo II, Siglo XXI, undécima reimpresión, 2013

12 Cliteur, P. “Por qué hablan de un "laicismo agresivo", El País, 2 de junio de 2009, disponible en:
http://elpais.com/diario/2009/06/02/opinion/1243893612_850215.html

13 Pena Ruiz, Henri, La laicidad, trad. Muriel Merino, Siglo XXI, México, 2002, p. 27.

14 Habermas, Jürgen. “Fe y saber” en Debate entre el filósofo liberal Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger, Dossier preparado por el Prof. Manuel Jiménez Arredondo, 2001, disponible en:
http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/debate_Habermas_ Ratzinger.htm

15 Blancarte, Roberto. “Laicidad: la construcción de un concepto universal”, en Roberto Blancarte y Rodolfo Vázquez (coordinadores), Laicidad: una asignatura pendiente, Ediciones Coyoacán, México, 2007, p. 31.

16 Caballero Ochoa, José Luis. “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona” (artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución), en Carbonell, Miguel y Salazar Pedro (Coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Porrua/ IIJ – UNAM, 2012.

17 Villán Durán, Carlos. Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, 2002.

18 Abramovich, Víctor. Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2004.

19 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Pensando la Reforma: los retos en la implementación del #Artículo1Constitucional en materia de derechos humanos, México: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2013

20 Orozco Henríquez, José de Jesús, “Artículo 110. Comentario” en  Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Consejo Editorial de la LXI Legislatura Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, LXI Legislatura Senado de la República, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Angel Porrúa; México, 2012, octava edición; tomo V,  página 689


21 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia LX/96. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página  128.

22 Ortiz Millán, Gustavo. “La laicidad como valor moral” ponencia presentada en el Seminario Desafíos en un Estado laico. Análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.

23 Tomados de Capdevielle, Pauline. “Las normas de un estado laico”. Ponencia presentada en el Seminario Desafíos de un Estado laico, análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.

24 Blancarte, Roberto “¿Qué significa hoy la laicidad?, Revista Este país, núm 328, México, 2010.

25 Arias Marín, Alan. “Laicidad en México. Las reformas en materia religiosa”,
biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/33.pdf

26 La primera queja fue presentada por la historiadora Laura Campos Jiménez, en la que enumera las violaciones al Estado laico y al principio de separación Estado-Iglesias por parte del Gobernador de Jalisco.

27 A estas acciones, también se suman las realizadas por la sociedad civil y la academia de todo el país: En un desplegado aparecido en el semanario Proceso, bajo el título: “Gobernadores violan la Constitución y la Ley”, reconocidos intelectuales mexicanos señalaban que “el respeto a las minorías es la esencia de los sistemas democráticos”. Por su parte, Carlos Monsiváis escribía en su crónica semanal “Del Estado laico a las macrolimosnas” (Proceso, n. 1642, 20 de abril de 2008, pp. 52-54), en donde advertía sobre los “emblemas del desprecio iletrado por el Estado laico”.

28 El resolutivo puede consultarse en: http://lauracampos.wordpress.com/2011/05/12/fallo-de-la-cedhj-ante-la-macrolimosna/

29 El 18 de junio de 2012, diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron algunas de estas violaciones y para mayores referencias puede consultarse
http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-laico-en-mexico-324.html.
Asimismo, académicas/os e intelectuales manifestaron su oposición a este tipo de actos: Roberto Blancarte, “El PRI y el Sagrado Corazón de Jesús”, Milenio, 7 de mayo de 2013, disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180559; Bernardo Barranco “Los gobernantes redentores”, Milenio Estado de México, 16 de Mayo de 2013, disponible en: http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180739; Jesús Silva-Herzog Márquez, “Patrimonialismo espiritual”; Reforma, 17 de junio de 2013, disponible en:
http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo-espiritual,4169a2eadf15f310V
gnVCM10000098cceb0aRCRD.html 

30 Barranco, Bernardo “Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico”, La Jornada, 22 de mayo de 2013, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/023a1pol

31 Blancarte, Roberto. “Laicidad y secularización en México” en Estudios sociológicos, México, El Colegio de México, vol. 19, Núm. 57, septiembre-diciembre de 2001.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Patricia Mercado. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el banco nacional para el bienestar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, 301 TER Y UN CAPÍTULO I BIS LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO, AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES POR GÉNERO

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores, mexicanas, mexicanos y colimenses:

Los grandes olvidados de la Banca comercial han sido siempre quienes integran el sector social de la economía, son quienes le dan vida y movimiento a los ejidos, a las cooperativas, a las organizaciones de trabajadores y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Apoyarlos es un acto de justicia social.

El Partido del Trabajo presenta esta iniciativa para respaldar a los ahorradores, a los migrantes que envían sus remesas a quienes buscan financiar sus proyectos productivos a tasas blandas, quienes históricamente han sido saqueados por las empresas intermediarias.

Con la presente iniciativa se busca crear una Banca que permita a los mexicanos ahorrar sin tener que pagar las altas comisiones que actualmente les cobra la Banca comercial por las operaciones que realizan.

El banco nacional del bienestar servirá también para que nuestros connacionales en el extranjero puedan enviar sus remesas y que éstas lleguen íntegras a sus familiares, sin que sean “mochadas” por los altos cobros de los bancos y de las tiendas de autoservicios que sirven de intermediarios.

Las remesas que envían los migrantes a nuestro país representan la segunda fuente de ingresos en nuestro país y el 2.3 del Producto Interno Bruto.

En el año 2018 casi el 98 por ciento de las remesas que llegaron a nuestro país se recibieron vía transferencia electrónica, 1.8 se enviaron en efectivo o en especie y el 0.5 por ciento por otros medios.

Estas tres modalidades de remesas: en efectivo, en especie y por otros medios, son las que buscamos proteger a través del banco nacional para el bienestar, para que las familias no sufran ningún menoscabo económico a lo que con su esfuerzo y sacrificio envían a sus familiares desde el extranjero.

Quienes integran el sector social de la economía recibirán créditos a una tasa de interés blanda para financiar sus proyectos, estos créditos serán para actividades productivas y no al consumo, así se pretende reactivar distintas regiones del país con financiamientos accesibles, con una tasa de retorno alta y con la posibilidad que el beneficio pueda adquirir lo necesario para activar su proyecto productivo, garantizando que el presupuesto destinado a esta Banca de desarrollo sea sustentable.

Con la presente iniciativa las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo apoyamos las grandes demandas del sector social de la economía, de los migrantes, de las personas ahorradoras que quieren que su dinero mantenga su poder adquisitivo y no se desperdicie, y a quienes deseen acceder a un crédito para activar algún proyecto productivo, el banco nacional del bienestar estará al servicio de los sectores protegidos y será una alternativa real al modelo neoliberal que ha imperado en las últimas tres décadas, y que ha generado estancamiento económico, desempleo, mayor pobreza y marginación en nuestra sociedad.

Su creación es necesaria en este momento histórico de transformación social. Por el bien de todos, primero los olvidados de siempre.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Pasada la lucha revolucionaria en nuestro país, la economía nacional entró en crisis. Los mexicanos no tenían dinero para comprar los productos básicos, muchos negocios quebraron por la falta de financiamiento y porque el ambiente político y social generó una inestabilidad económica que contrajo el mercado interno, los bancos comerciales encarecieron las tasas de interés de los crétitos que otorgaban a las pocas personas que lograban acreditar su solvencia.

En 1924 se expidió la Ley de Instituciones de Crédito y en ella se reguló la figura de la banca especializada con bancos de descuento y depósito, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso, agrícolas e industriales, orientados a la pequeña y mediana empresa. El gobierno por su parte, creó bancos de desarrollo para apoyar a sectores productivos de la población que necesitaban financiamiento accesible y a tasas bajas para poder reactivar sus negocios o iniciar proyectos productivos que les generaran ingresos y crearan empleos en un ambiente poco propicio para ello. Así, a la vez que se estabilizaba la economía del país, se creaban condiciones económicas para generar empleos, productos y estabilidad social.

Con el objeto de apoyar al sector social de la economía, principalmente a los ejidatarios, se creó en 1926 el Banco Nacional de Crédito Agrícola y nueve bancos regionales. Los primero créditos se destinaron principalmente a sociedades cooperativas agrícolas, las cuales encontraron un mecanismo para comprar materia prima, maquinaria y granos para su siembra. El crédito rural se fortaleció. Posteriormente el crédito se empezó a otorgar a productores individuales.

Desde que se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, primero especializado en financiamiento a productores del campo en México, se han creado, fusionado o liquidado diversas instituciones públicas para este fin: en 1935 el Banco Nacional de Crédito Ejidal; en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario; en 1975 el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y en el 2003 Financiera Rural. Además, desde 1954 opera FIRA en el Banco de México, enfocado al segundo piso.1

La década de los treinta se caracterizó, tratándose del tema de la banca de desarrollo, por la influencia de las ideas keinesianas del Estado de Bienestar, y por la política implementada por los presidentes de apoyar intensamente los proyectos productivos relacionados con el campo y con la industria. En tal sentido, por un parte el Estado buscó tener el control de las instituciones financieras y, por otra, fortaleció las instituciones de la banca de desarrollo y creó nuevas, como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas que sirvió para financiar los proyectos de construcción de carreteras, vías férreas e industrias; y el Banco Obrero de Fomento Industrial para “fomentar la actividad productiva y contribuir al desenvolvimiento industrial del país.”

Se advierte así, que los bancos de desarrollo en nuestro país, desde su origen constituyen un instrumento estratégico utilizado por el Estado para apoyar con recursos financieros y servicios complementarios aquellos sectores y actividades económicas consideradas prioritarias con el objetivo de impulsar su desarrollo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que inició la implementación del modelo neoliberal hasta la fecha, la economía mexicana ha permanecido estancada con un crecimiento promedio del 1 al 2% del Producto Interno Bruto anual. El sector más afectado ha sido el social: ejidatarios, organizaciones de trabajdores y cooperativas estuvieron excluidos del crédito y sólo accedían a él a tasas altas de interés y con requisitos  que volvían inaccesibles los mismos. Una vez más, fue el Estado, a través de la banca de desarrollo que permitió y apoyo el financiamiento de los proyectos y de las actividades económicas de este sector de la economía.

A diferencia de los bancos comerciales que realizan su principal función financiera, la de otorgar créditos, con dinero ajeno, con el dinero de sus ahorradores, y que cobran altas tasas de interés y comisiones muchas veces sólo justificadas por su ambición de lucrar con los créditos al consumo y con las necesidades de quien necesita financiar algún proyecto producitvo; la banca de desarrollo busca financiar y promover sectores productivos importantes por su contribución al crecimiento económico del país, generando así empleos y crecimiento y desarrollo económicos.

Es de suma importancia el apoyo de la banca de desarrollo a la planta productiva, principalmente de sectores que representan alto riesgo cuyos proyectos y actividades son necesarios para el desarrollo del país por su alto grado de rentabilidad social.2 Proyectos sociales que no son atendidos por la banca comercial pues los consideran poco rentables y con una tasa de retorno muy baja.

De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, la banca de desarrollo es parte del Sistema Bancario Mexicano y son consideradas entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes orgánicas.

Las principales diferencias entre la banca de desarrollo respecto a la banca comercial se encuentra en: en el plazo de amortización de los créditos; la banca de desarrollo provee de financiamiento a plazos más largos que los disponibles en la banca comercial; colocación de recursos ya que la banca comercial coloca sus recursos en el público en general, en tanto que la banca de desarrollo se especializa en otorgar créditos a sectores específicos de la economía; la banca comercial obtiene sus recursos de los depósitos que realiza el público en general, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en tanto que la fuente de recursos de la banca de desarrollo está constituida por recursos presupuestarios del gobierno federal, el mercado interno, recursos de organismos financieros internacionales, entre otros.

Aunado a lo anterior, los bancos de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de Sociedades Nacionales de Crédito mediante una ley del Congreso de la Unión. Su objeto fundamental es, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, “facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico.Así mismo, atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de ellas en sus respectivas leyes orgánicas.

En nuestro país actualmente existen siete instituciones de Banca de Desarrollo con objetos específicos: Banjército que tiene como objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Bancomext, cuyo objeto es financiar el comercio exterior del país así como participar en la promoción de dicha actividad; Banobras, su objeto el financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos a los gobiernos municipales, estatales y sus organismos desconcentrados; promover la inversión y el financiamiento privado en proyectos de infraestructura y servicios públicos; Nafinsa que promueve el ahorro y la inversión así como la canalización de apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general al desarrollo económico y regional del país; Bansefi, que con la entrada en funciones de nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, propuso que este Banco de Desarrollo cambiara su nombre a Banco de Bienestar y que se agregaran a sus funciones originales, otras en la orientación de fortalecer la economía social y familiar. Al día de hoy, aún no se crea la Ley Orgánica del nuevo Banco ni se hacen las reformas a la del Bansefi, en consecuencia, se mantiene vigente la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que mantiene como objeto principal del mismo, el promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), que tiene como objeto el  coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población; y Sociedad Hipotecaria Federal que busca impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los términos de esta Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda.

Con la presente iniciativa buscamos apoyar al sector social de la economía así como a los migrantes con el envío de sus remesas, a las personas que deseen ahorrar su dinero en un banco y a quienes deseen acceder a un crédito para activar algún proyecto productivo, con la constitución y funcionamiento del una institución financiera de banca de desarrollo que será el Banco Nacional para el Bienestar.

La economía social es el conjunto de las actividades económicas y empresariales que llevan a cabo entidades que persiguen el interés colectivo de sus integratantes, así como el interés general económico o social. Nuestra Constitución establecer que este sector lo comprenden los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Con la creación del Banco Nacional para el Bienestar se pretende financiar la promoción, fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía. Aunado al crédito, se les proporcionará asistencia técnica, capacitación, asesoría en la compra de materia prima, tecnología e infraestructura; y apoyo para la colocación de sus productos en el mercado, en términos de la respectiva Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar a con el fin de impulsar el desarrollo económico.

Tandas del bienestar. Un acercamiento al apoyo de la economía social.

A mediados de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa social denominado Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán créditos a propietarios de micros y pequeños negocios del país.

El programa tiene dos modalidades: una es para solicitantes en general y otra es para pobladores que solicitan el crédito y que viven en zonas mineras. En ambos casos, los préstamos serán por seis mil pesos y se otorgarán sin aval.

Los solicitantes pueden destinar los recursos para comprar equipo que ayude a la operación de su negocio. Se les otorgan tres meses de gracia antes de comenzar a pagar montos de 500 pesos mensuales y, al año de que terminen de pagarlo, podrán recibir otro crédito por un monto mayor para seguir fortaleciendo su negocio.

Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, y serán en beneficio de distintos sectores de la población como los jóvenes, adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos. Con este programa se busca fortalecer la confianza en el comerciante y fomentar la cultura del pago, mediante el otorgamiento de créditos a un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios. Así, se apoya de manera directa la economía de las familias mexicanas y se da un paso en el apoyo a la economía social.

La banca de desarrollo y el depósito de las remesas de los migrantes

Las remesas que envían los migrantes a nuestro país representan la segunda  fuente de ingresos de nuestro país, sólo después de los ingresos petroleros y antes de la inversión extranjera directa y del turismo.

De acuerdo al Banco de México (Banxico), durante 2018 las remesas de los mexicanos en el exterior sumaron 33 mil 480.55 millones de dólares, que representó un crecimiento de 10.52 por ciento respecto al 2017.

Banxico sostiene que en los 12 meses del año anterior se registraron 103.96 millones de operaciones, 5.99 por ciento más que en 2017, por un monto promedio de 322 dólares.

Durante el mes de diciembre, las remesas su ubicaron en 2 mil 604 millones de dólares, lo que significó un incremento de 11.1 por ciento en comparación de diciembre de 2016. Así, diciembre se convirtió en el segundo mes con mayor cantidad de envíos de trabajadores, sólo por debajo del mes de octubre, donde se recibieron 2 mil 642 millones de dólares.

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), México recibió en 2016 más de 28 mil 500 millones de dólares de remesas y a nivel global esos flujos alcanzaron los 445 mil millones de dólares, lo que significó un incremento del 51 por ciento en comparación con 2007.

El reporte destacó que en 2016 los principales países latinoamericanos beneficiarios fueron México (con 28 mil 542 millones de dólares), Guatemala (siete mil 427 millones), República Dominicana (cinco mil 534 millones), Colombia (cuatro mil 904 millones) y El Salvador (cuatro mil 581 millones).

En lo que se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que las remesas significaron para cada país, el principal beneficiario de América Latina fue Haití, pues los envíos representaron el 24.7 por ciento de su PIB, seguido por Honduras (18 por ciento), Jamaica (17 por ciento), El Salvador (17 por ciento) y Guatemala (10 por ciento). En México las remesas equivalieron al 2.3 por ciento de su PIB y en Colombia al 1.6 por ciento.

El 80 por ciento de las remesas son recibidas por 23 países y los cinco principales son China, India, Filipinas, México y Pakistán.

Las remesas no representan únicamente una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país sino también un importante mecanismo de contención social y de apoyo al fortalecimiento del mercado interno.

De los más de 33 480 millones de dólares que ingresaron a nuestro país por remesas, el 97.7% se recibieron por transferencias electrónicas; 1.8% se enviaron en efectivo o en especie y 0.5% por otros medios. Estas tres modalidades de remesas son las que se buscan captar a través del Banco Nacional del Bienestar, para que las familias no sufran ningún menoscabo económico derivado del esfuerzo y sacrificio que les implica trabajar en el extranjero. El Banco Nacional del Bienestar estará al servicio de los sectores desprotegidos y agraviados cotidianamente por las instituciones autorizadas para recibir y entregar las remesas.

Del 100 por ciento de remesas recibidas en nuestro país, el 71.7% se realiza a través de tiendas de autoservicios y farmacias, y el 28.3 por ciento a través de los bancos.

No obstante lo anterior, hay una muy sentida queja ciudadana en el sentido de que resulta muy gravoso para los migrantes que envían remesas las altas comisiones que les cobran las insitutuciones financieras y las empresas intermediarias; en consecuencia, lo que se busca es que el Banco Nacional del Bienestar reciba las divisas que envían los migrantes del extranjero, con ello se busca que las remesas no lleguen a su destinatarios reducidas en una tercera parte que representan el cobro de las comisiones, logrando así que la economía de los migrantes y sus familias se robustezcan y no pierda su capacidad adquisitivo.

Características del Banco Nacional para el Bienestar

El Banco Nacional para el Bienestar que proponemos crear mediante la aprobación de esta iniciativa, otorgará créditos a una tasa de interés blanda que tome como referencia la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con la finalidad de que representen financiamientos accesibles, con una tasa de retorno alta y con la posibilidad de que el beneficiario pueda adquirir lo necesario para activar su proyecto productivo, esto garantizará que el presupuesto destinado a esta banca de desarrollo sea sustentable. La tasa de interés blanda se fijará en la Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar.

Asimismo, el Banco Nacional para el Bienestar tendrá como objetivo prioritario financiar la promoción, fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía, en los términos que establezca la Ley secundaria.

De igual manera, recibirá el ahorro ciudadano y las remesas de los migrantes; fortalecienco con ello las remesas bancarias en franca crítica a las remesas que las instituciones financieras han bancarizado y debilitado en términos reales. Se crea así un modelo finaciero de la economía social puesto al servicio de la economía social. Con ese propósito se busca también que el Banco financie con ese capital social proyectos productivos orientados a la generación de empleo,  fondeos de negocios y fortalecimiento de la capacidad productiva de la economía social.

La Cuarta Transformación busca que el sector social de la economía se apoye con financiamientos a tasa cero, con créditos enfocados en la producción y no en el consumo, se busca fortalecer una economía social que sea alternativa a la economía privada. Buscamos crear un modelo de banca de desarrollo sustentable y que apoye la producción social. Una banca de desarrollo que dé seguimiento al crédito apoyando en capacitación técnica, compra de materia prima, colocación en el mercado de los productos. Una banca que que ayude a nuestros connacionales en el extranjero en el envío de sus remesas sin costo alguno.

Con el Banco Nacional para el Bienestar se busca promover el crecimiento económico e impulsar el financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de los integrantes del sector social. La meta es poner al Estado al servicio de la sociedad y de su economía. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
 

Texto actual

Propuesta

Artículo 25. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

 

(…)

(…)

Artículo 25. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, así como el funcionamiento del Banco Nacional para el Bienestar de la economía social, como institución responsable del financiamiento público: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

(…)

(…)

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL BANCO NACIONAL PARA EL BIENESTAR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, así como el funcionamiento del Banco Nacional para el Bienestar de la economía social, como institución responsable del financiamiento público: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

(…)

(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá promulgar la Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el salón de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

1 Merino Juárez, Gustavo. La Banca de Desarrollo y el Financiamiento al Campo. Periódico El Economista, 18 de abril de 2011.

2 El papel de la banca de desarrollo en México, en
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/SanchezRDM/cap3.pdf

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Padilla Peña. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, para presentar una iniciativa a nombre de los grupos parlamentarios del PAN y del PVEM, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 301 Bis Ter y un capítulo I Bis al Título Décimo Noveno de los Delitos contra la Vida y la Integridad corporal del Código Penal Federal, en materia de lesiones por género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, TER Y UN CAPÍTULO I BIS AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS CONTRA A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre propio y de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán)

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladoras.

Como legisladores tenemos la alta responsabilidad de actualizar la legislación, evitando afectar a los ciudadanos que representamos, pero también realizar con mayor énfasis la defensa de los grupos donde existe una constante agresión en su esfera jurídica.

Desafortunadamente, las mujeres seguimos siendo objeto de actos de violencia, a pesar de ser uno de los grupos que más se ha buscado proteger a través del Sistema Jurídico Mexicano.

Datos del Inegi demuestran que el 64 por ciento de las mujeres se han enfrentado a violencia severa y muy severa durante su relación de pareja, demostrando que nuestro país es inseguro para el género femenino, haciendo necesario que nuestro trabajo legislativo tenga por objeto lograr el respeto de su integridad.

La violencia contra las mujeres y las niñas, debe ser una de las principales preocupaciones del Estado mexicano, razón por la cual la legislación federal y estatal debe comprender mecanismos de protección con penas más severas, pero proporcionales a la conducta del agresor.

Por ello debemos reconocer que muchas de las agresiones se dan en los núcleos más cercanos, familiares, amigos y pareja lo cual genera un daño psicológico a las personas que sufren este tipo de violencia.

Por ello la presente de iniciativa que presento a nombre de todos mis compañeros del grupo parlamentario del Partido Verde, y de compañeras y compañeros de diferentes fracciones parlamentarias que se adhirieron a esta iniciativa, es: “Incorporar en el Código Penal Federal un Capítulo Primero Bis de las lesiones cometidas contra las mujeres en razón de su género, con el objetivo de sancionar, con mayor penalidad, de 10 a15 años de prisión para los agresores de mujeres, cuando a la víctima se le haya infringido lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes, que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acosos o violencias al sujeto activo contra la víctima, permitiendo una mayor pena cuando se acredite que existe una relación sentimental o laboral, de la cual derivaron las agresiones hacia la mujer, ya que de estas relaciones lo que debemos esperar es respeto, amor y protección”.

Asimismo, la propuesta busca combatir las lesiones provocadas con ácidos o sustancias corrosivas o de alguna mutilación o lesión provocada en los órganos genitales femeninos y mamas. Y es que en el 2018 se registraron casos en donde se atacó a las mujeres con substancias corrosivas, dejándolas gravemente lesionadas.

Si bien el día de hoy no existen datos precisos de cuántas mujeres son atacadas con substancias corrosivas, sabemos de historias por medios de comunicación y por autorización de las víctimas de su publicación, que tan solo en el 2018 tenemos el registro de diversos casos públicos donde se utilizó ácido como medio para realizar las lesiones, lo cual es reprobable y de extrema preocupación.

Compañeros legisladores, no es posible que las sanciones que se apliquen en este tipo de afectaciones sean mínimas, analicemos el tema e impulsemos mayores sanciones a quienes dañen por cuestiones de género a las mujeres, sin olvidar que la marcas que se provocan son irreversibles y generan daños irreparables que laceran física y emocionalmente a nuestras mujeres.

Recordemos, que si bien es cierto, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia por cuestión de género y, en muchos casos, antes de llegar al homicidio se provoca lesiones que impiden el desarrollo físico, moral, emocional y económico de las mujeres y las niñas.

Sin duda las sanciones deben permitir al juzgador la aplicación de penas mayores para generar intimidación en la realización de este tipo de conductas, con una justicia ejemplar cuando se trasgreda a las mujeres por su condición de género; es momento de distinguir las lesiones por género de cualquier otro tipo de lesión, como en algún momento se realizó con el feminicidio y el homicidio.

Con ello, haremos visible la expresión extrema de la violencia, resultante de la posición de subordinación y riesgo que sufre el sexo femenino.

Finalmente, agradezco a las y los Senadores que se han sumado a este proyecto, recordemos que el trabajo en conjunto de los grupos parlamentarios beneficiará no solo a las mujeres, sino a todos los mexicanos.

Es cuanto, gracias por su atención.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, 301 TER Y UN CAPÍTULO I BIS LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO, AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES POR GÉNERO con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES

Diversas han sido las reformas para la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos; una de las más trascendentales es la del 6 de junio del año 2011, la cual trajo consigo un cambio de paradigma tanto en la manera de tutelar los derechos fundamentales como en la forma de entender las obligaciones generales y especiales a las que está constreñida toda autoridad dentro del Estado Mexicano.

En ese contexto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición textual de la discriminación por género, bajo lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece […]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Desafortunadamente, estos derechos no han llegado a todos, por ello seguimos en la lucha para garantizar los derechos a la seguridad de las mujeres. Como Legisladores nos corresponde realizar propuestas que busquen la protección de los derechos humanos y evitar cualquier tipo de violencia de género, práctica que no se ha podido erradicar, se da en todos los ámbitos y por parte de diferentes agresores, siendo más comunes, los núcleos más cercanos, es decir, familiares, amigos y parejas, círculos donde se comienzan a detectar los actos violentos.

Las cifras en México demuestran que es un país inseguro para las mujeres; según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las mujeres que han enfrentado violencia por parte de su pareja sentimental a lo largo de su relación (19.1 millones), en el 64.0% de los casos se trata de violencia severa y muy severa.1

El feminicidio es la máxima expresión de la violencia por cuestiones de género, y en muchos casos antes de llegar al homicidio, se provocan lesiones que impiden el desarrollo físico, moral, emocional y económico de las mujeres y las niñas, limitando el desarrollo de sus capacidades y vulnerando su participación en la vida política, económica y social del país.

La violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia letal y sus consecuencias, debe ser una de las principales preocupaciones para el Estado Mexicano, razón por la cual, la legislación federal y estatal, debe comprender mecanismos de protección y sanciones ejemplares para quienes atenten contra las mujeres.

Como parte de los esfuerzos para la protección y la erradicación de la violencia contra las mujeres se han desarrollado elementos legislativos como:

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) que garantiza y protege derechos de más mujeres para tener una vida libre de violencia y definiendo como violencia feminicida la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres”2

• Reforma en materia de derechos humanos al artículo primero de la Constitución (2011) Incorpora y eleva a rango constitucional los derechos humanos derivados de los tratados internacionales ratificados por México y el principio pro persona.

• Código Penal Federal3 (CPF, 2012) Tipifica al feminicidio como delito autónomo es decir define como feminicida a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

Lo anterior, es reflejo del compromiso que el Estado Mexicano ha asumido para combatir y erradicar todo tipo de discriminación y agresiones contra la mujer y garantizar su derecho humano al acceso a una vida libre de violencia.

México desde 1998, se comprometió internacionalmente a realizar reformas para la protección de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres, con adecuaciones jurídicas que permitan la salvaguarda de sus libertades y derechos, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Para4

En ese tenor es importante mencionar que dicha Convención establece que: “violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Si bien es cierto hemos avanzado en el cumplimiento de esta obligación, también lo es que queda mucho por hacer. Específicamente, existen acciones de violencia cometidas contra la mujer en razón de su género que aún no constituyen un delito específico, a pesar de que existen razones suficientes para enfocar la pretensión punitiva del estado para que nuestra legislación penal reconozca tal situación y la sancione, como es el caso de la mutilación.

Ejemplo de lo anterior, son los ataques con substancias corrosivas o ácidos  que se han presentado en la Ciudad de México y Puebla.

Caso “Ana Helena Salaña”.- Mujer de 23 años quien fue atacada con ácido, lastimando fuertemente su rostro, cuello, espalda, brazo y pierna derecha, con quemaduras de segundo y tercer grado. Este ataque ocurrió el 12 de noviembre de 2018, en la delegación Iztacalco5.

Caso “Verónica y su hija Esmeralda en Cuautlancingo, Puebla”.- En este lugar dos mujeres de 43 y 24 años, fueron atacadas con ácido por un grupo de hombres, la más joven fue la que resultó con mayores daños, quedo inconsciente debido a que el líquido que utilizaron los agresores cayó en su cara y en el pecho, estos hechos ocurrieron en diciembre de 20186.

Caso “Kenny Finol”.- mujer venezolana de 26 años cuyo cuerpo fue localizado en Ecatepec en febrero del 2018 y cuyo rostro presentaba graves daños por ácido7.

Caso “Yamileth Marín González”.- Mujer colombiana que fue atacada a golpes y a quien se le arrojo acido en la cabeza, afectando los ojos. Estos hechos ocurrieron en la Ciudad de México al salir del Hospital Adolfo López Mateos, en el 20138

Esta forma de violencia en contra de las mujeres es el resultado de la posesión machista que deja marcas de por vida en las víctimas, dejando el rostro desfigurado por celos o bien por odio. El ataque con sustancias corrosivas, es una huella imborrable de la agresión9.

De acuerdo con la asociación internacional Acid Survivors Trust International (ASTI)10, los ataques con ácido son más comunes en sociedades donde existe desigualdad entre hombres y mujeres, y en donde el estado de derecho es débil. Se tienen registros de 1,500 ataques al año en todo el mundo, siendo el 80% agresiones hacia mujeres y se calcula que el 60% de los ataques no se denuncian.

Esta Organización, informó en entrevista a medios de comunicación, que los ataques con ácido en México era un fenómeno ajeno a nuestro país, sin embargo está apareciendo con una frecuencia inquietante11.

Desafortunadamente, no existen datos en nuestro país, de cuantas mujeres son atacadas con corrosivos, sabemos de estas historias, solo por medios de comunicación y siempre y cuando las victimas autorizan su publicación. Tan sólo en el 2018, tenemos el registro en medios periodísticos de 3 casos públicos.

En este sentido, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Distrito Federal e incluir en el Titulo de Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia un nuevo capítulo denominado Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, con la finalidad de sancionar las lesiones ocasionadas a una mujer por este motivo12.

Asimismo, el Senador Eruviel Ávila Villegas13 del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa para incrementar las penas cuando las lesiones sean infringidas en contra del género femenino y por utilizar ácidos, sustancias corrosivas, químicos. Ambas propuestas, brindan protección en uno de los temas que más laceran la integridad de las mujeres, ocasionándoles daños irreversibles.

Considerando que este tipo de conductas deben también sancionarse en el ámbito federal, es pertinente presentar una iniciativa de reforma, reconociendo que estos fenómenos no son exclusivamente locales, como legisladores debemos blindar las seguridad e integridad de todas las mujeres que viven en nuestro país, recordando que la violencia en contra de ellas, no solamente se produce cuando se tiene la intención de privar de la vida a la víctima, sino también cuando existe un daño o alteración en su salud mediante dichas lesiones -infamantes o degradantes-, mutilaciones o violencia sexual de cualquier tipo.

Actualmente el Código Penal Federal, establece en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género considerando entre ellas, las lesiones o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida.

En este sentido, es momento de distinguir las lesiones por género de cualquier otro tipo de lesión, tal como en algún momento se realizó en el feminicidio, con el delito de homicidio, y con ello visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo que sufre el sexo femenino.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La propuesta de iniciativa tiene por objeto primordial promover, respetar y garantizar que las mujeres de nuestro país cuenten con los mecanismos idóneos para ejercer justicia con penas ejemplares a quien ejerza violencia en contra de las mujeres.

Esta propuesta, busca ampliar el tipo penal y las sanciones13 que deben ser aplicadas cuando existan conductas de agresión física contra las mujeres por motivo de su género, para ello, se incorpora lo siguiente:

• Se incorpora un Capítulo I Bis, denominado “De las Lesiones cometidas contra las mujeres en razón de su género”, para incorporar las conductas que serán sancionadas con una proporcionalidad mayor a la de las lesiones simples.

• Se adiciona el artículo 301 bis, para sancionar con una pena de diez a quince años de prisión, cuando se haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en contra de la mujer; asimismo cuando existan amenazas, acoso o violencia en contra de la víctima.

Estas penas, son establecidas considerando que el delito de lesiones, tiene como pena de dos a cinco años de prisión cuando se deje una cicatriz perpetuamente notable en la cara y el delito de feminicidio establece una pena de 40 a 60 años de prisión.

Nuestra propuesta, sanciona con una cuarta parte del feminicidio y el doble de la sanción máxima del delito por lesiones, cuando se deje una cicatriz.

Adicionalmente se considera una pena de quince a veinte años de prisión cuando entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación fueron infringidas las lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes.

• En una adición del artículo 301 Ter, se determina una agravante cuando las lesiones sean provocadas mediante sustancias corrosivas; o cuando las lesiones sean provocadas en genitales femeninos o mamas, para ello se aumentarán la pena en dos tercios, es decir de 15 a 25 años y de 25 a 33 años de prisión respectivamente.

Es importante precisar que se entiende por sustancias corrosivas como materiales que pueden atacar y destruir químicamente los tejidos corporales14.

Esta pena, considera las penas por violación que puede llegar a alcanzar hasta 20 años de prisión y considera un incremento de la sanción en una mitad, es decir, puede llegar a 30 años.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, 301 TER Y UN CAPÍTULO I BIS LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO, AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo único.- Se adicionan los artículos 301 Bis, 301 Ter y un Capítulo I Bis Lesiones Cometidas contra la Mujer en razón de su Género, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I BIS.
LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO

Artículo 301 bis. Al que cause lesiones a una mujer en razón de su género se le impondrán de diez a quince años de prisión. Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. A la víctima que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes;

II. Que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, se impondrán de quince a veinte años de prisión.

Artículo 301 Ter. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en dos tercios en los siguientes casos:

I. Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de sustancias corrosivas; o

II. Cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales femeninos y mamas, excluyendo aquellas que por motivo de salud deban llevarse a cabo.

TRANSITORIO

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de marzo de 2019.

1 Comunicado de prensa Num. 588/18, se puede consultar
en:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf

2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 21, se puede consultar
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

3 Código Penal Federal, Art. 325 se puede consultar en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf.

4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Para, puede ser consultada en
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

5 Campaña Ataque con Ácido. Donadora, Fundación que se dedica a facilitar la donación a iniciativas de impacto social  a través de la tecnología
https://donadora.mx/campanas/ataque-con-acido?fbclid=IwAR1pR6eFlGlmx0t07_YY1bIZm25KrMz7t_CQ0qVKKpbQPHtG8wgJ0AUqU1k#

6 Sin embargo, Asaltantes le lanzan ácido en el rostro a una madre y a su hija en Cuautlancingo Puebla
https://www.sinembargo.mx/02-12-2018/3505720

7 Excelsior.com.mx.- Cae ‘El Pozoles’, presunto asesino de la escort venezolana Kenny.-
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cae-el-pozoles-presunto-asesino-de-la-escort-venezolana-kenny/1294283 

8 El_País.com,co, Medica de Bugalagrande fue atacada con ácido en México.
https://www.elpais.com.co/valle/medica-de-bugalagrande-fue-atacada-con-acido-en-mexico.html

9 CONAPRED.- (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).- Noticia de “El País” La violencia de género:
ácido en la cara la marca de posesión machista.-
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447

10 https://acidviolence.org/spanish/a-worldwide-problem.html

11 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/03/07/cada-vez-mas-mujeres-atacadas-con-acido_cbfb94b6-cb5a-47a3-9c38-99ba0b4c64b9.html

12 Iniciativa presentada en la sesión No. 100 de fecha 14 de marzo de
2019,https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html  y https://congresociudaddemexico.gob.mx/archivo-79453a5928d27cfc3b42ccdc0192458d2563cbe4.pdf

13 La iniciativa se inscribió el 14 de marzo de 2019 y se turnó a comisiones el 19 de marzo de 2019. http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91028

13 De conformidad con el principio de proporcionalidad de la pena en el derecho penal el legislador debe incorporar sanciones que contemplen lo siguiente:
• La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada.
• La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho.
Rojas, Ivonne Yenissey. La proporcionalidad de las penas. p. 89
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/11/7_la-proporcionalidad-en-las-penas.pdf

14 2009, Guía Técnica Para la Manipulación de Sustancias Corrosivas en el Sector Químico,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%
3D55619%26IDTIPO%3D60&ved=2ahUKEwi9sbHouZHhAhUngK0KHXMYDw0QFjAAegQIAxAB&usg=AOv
Vaw1k3BCs3k7w3hQ_MHS9ZKul&cshid=1553110233130

Sen. Gabriela Benavides Cobos.- Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué.- Sen. Verónica Camino Farjat.- Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz.- Sen. Kenia López Rabadán.- Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa.- Sen. Josefina Vázquez Mota.- Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Benavides Cobos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de provisión de medicamentos para enfermedades crónico degenerativas.

Antes de que tome la palabra el Senador García Conejo, le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recoja las adhesiones a la iniciativa anterior de las Senadoras Martha Guerrero y Citlalli Hernández.

Adelante, Senador García Conejo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Antonio García Conejo: Muchas gracias, señor Presidente, con su autorización, y demás integrantes de la Mesa.

Queridas Senadoras, Senadores, público presente y medio de comunicación, el día de hoy vengo a esta tribuna a poner ante ustedes un proyecto de decreto que reforma la fracción X y párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Antes de dar lectura a mi proyecto, quiero decirles a ustedes, queridas Senadoras, Senadores, que no es un tema menor lo que estoy proponiendo en esta reforma, es un tema de lo más sensible que debería o existe o debería existir, es un tema de las enfermedades crónico degenerativas de las niñas y niños.

Quienes tuvieron la oportunidad de ser alcaldes, como autoridad más cerca de la población, vimos muy de cerca cómo padres de familia, madres de familia con lágrimas en sus ojos acudían a buscar auxilio porque sus hijos, sus niños, sus pequeños tenían una enfermedad complicada, principalmente cáncer, problemas de insuficiencia renal y que no tenían para calmarles el dolor.

Es terrible, es terrible mirar cómo la angustia de los padres, de las madres que son, la mayoría, gente de muy bajos recursos y cómo ver a su pequeño que se está consumiendo cada vez más por esa enfermedad y no contar con un lugar dónde se puedan atender de manera suficiente y eficiente.

Por eso presento esta iniciativa ante todos ustedes, esperando que tenga éxito y que ojalá que todas y todos colaboremos para que el día de mañana en nuestro querido país no vemos no más madres, padres y, sobre todo a las jefas de familia que a veces son las que están al frente de todo, sufrir tanto al ver a sus hijos que se están muriendo y que no tienen manera de salvarles la vida.

Por eso, queridas amigas y amigos Senadores, esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes de nuestro país y prever, de manera suficiente y de calidad los medicamentos para atención de enfermedades crónicas degenerativas, así como garantizar el derecho a la protección de la salud de los menores de nuestro país.

El derecho a la protección de la salud de las niñas, niños y adolescentes está estipulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobado el 20 de noviembre de 1989, en el Consejo de las Naciones Unidas y ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990; es decir, hace 30 años, queridos compañeras Senadoras y Senadores, que nuestro país se comprometió a esta responsabilidad.

El derecho a la protección, perdón, de esa fecha, desde esa fecha México se obligó a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Por ello, es que resulta indispensable hacer los cambios necesarios en nuestra legislación para adecuarla a los estándares internacionales y garantizar los derechos de la atención médica hospitalaria, medicamentos y tratamiento a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Las enfermedades crónico degenerativas de nuestras niñas, niños y adolescentes que se caracteriza por su larga duración, la destrucción lenta y constante de los tejidos u órganos afectados requiere ser atendido de manera urgente.

La mejor manera de garantizar el derecho de acceso a la salud es por medio de suministro de medicamentos en calidad, cantidad suficientes.

Un ejemplo de este tipo de enfermedades es el cáncer infantil, que en México provoca entre cinco mil a seis mil casos nuevos cada año conforme a los datos que reporta la Secretaría de Salud, así como una prevalencia de 20 mil casos anuales.

En un 65 por ciento desafortunadamente se diagnostica la enfermedad en etapas avanzadas, se las atiende con muchas deficiencias y sin contar con todas las medicinas que ocupan. Eso provoca la muerte de más de dos mil 300 niños y niñas mexicanos cada año, queridas Senadoras y Senadores.

De manera contundente, los anteriores datos obligan a todas y a todos los legisladores a realizar lo necesario para que cualquier niña, niño o adolescente tenga la mejor atención posible en los servicios médicos de salud, para recuperar su bienestar sin distinción alguna, accediendo a medicamentos suficientes y de calidad.

De esta manera, la atención a la salud de las niñas, niños y adolescentes debe convertirse en la máxima prioridad del Estado mexicano, es un tema de justicia social en beneficio de la población más vulnerable y preciada que tenemos.

Por ello, se propone modificar la redacción de la fracción X, y del párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que las autoridades federales: las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen para garantizar la previsión de manera eficiente en cantidad y calidad.

A las instituciones de salud públicas de los medicamentos suficientes para atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH SIDA, y en general todas las crónico degenerativas, así como otras enfermedades de transmisión sexual, e impulsar programas de prevención, de información de estas.

En ese mismo sentido la reforma al párrafo tercero del mismo artículo propone incluir la garantía de abastecimiento suficiente y de calidad de medicamentos en las instituciones de salud públicas, prioritariamente para las enfermedades crónico degenerativas con pleno cumplimiento del derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, comento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X, y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos expuestos en el documento que obra en el registro correspondiente para quedar como sigue:

Fracción X. Proveer de manera suficiente en cantidad y calidad a las instituciones de salud públicas de los medicamentos necesarios para atender de manera eficiente y especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH SIDA, y en general todas las enfermedades crónicas degenerativas, así como otras enfermedades de transmisión sexual, e impulsar programas de prevención e información sobre estas.

Tercero. Los sistemas nacional y estatal de salud deberán garantizar el abastecimiento suficiente y de calidad de medicamentos en las instituciones de salud públicas, prioritariamente para las enfermedades crónico degenerativas con pleno cumplimiento del derecho a la salud, atendiendo al derecho, prioridad al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Conejo. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitar que la iniciativa del compañero Senador también sea turnada a la Comisión de Salud, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La iniciativa de la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de transversalidad presupuestal al Fortalecimiento de la Familia y a la Atención a la Primera Infancia, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO     POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES)

La suscrita, Sasil de León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-P y XXIX-W de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

H. Asamblea:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, manifiesta que: “El varón y la mujer son iguales ante la leyÉsta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.1

Como Ley Suprema de nuestra Nación, la Constitución General de la República sienta las bases para, entre otras cuestiones, la subsistencia de una serie de elementos mínimos, tanto sustantivos como adjetivos, que conforman el interés público o mejor aún, el orden público lato sensu, y este a su vez, la sostenibilidad de la Nación misma.

Por esta razón lo que debe hacer la Constitución Política de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia y completa posible, el desarrollo y crecimiento de los miembros de la sociedad. Es por tal motivo que la familia reviste un valor vital en su tutela y cuidado, ya que es el medio biológico, histórico antropológico, sociológico, médico, psicológico y científico, que permite el sano crecimiento de las personas. En este sentido, el Estado debe velar porque las personas y las familias que componen el tejido social puedan  hacer efectivos los derechos fundamentales.2

La familia es la unidad básica que rige el comportamiento de los individuos como espacio primario de socialización y, por ende, de formación de ciudadanos. Es la primera micro-sociedad, cuya estructuración inicia con la fundación de la misma, por los padres y/o tutores, consolidando la educación fundamental de sus miembros, que a la vez son miembros de la sociedad, construyéndose la sociedad misma, en esta primera micro-sociedad, que permitirá o no –dependiendo entre otros factores, del respaldo, promoción, inversión y protección del Estado a la familia- formar ciudadanos responsables, sanos y con hábitos y cosmovisiones axiológicas sólidas, que permiten a su vez la consolidación de una nación próspera y en camino de desarrollo y paz. 3

Es por ello que existe un amplio consenso social, respecto a la consideración de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños y niñas, que deben recibir prioritariamente, la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

La familia es un concepto jurídico, sociológico y antropológico. Desde esa perspectiva, Anthony Giddens, explica que una familia “es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”. De acuerdo con el mismo autor, se puede hablar de familia nuclear, que “consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados” y de familia extensa, en la cual, “además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo”.4

En el análisis de las estructuras del parentesco antropológicamente, predomina el enfoque de Claude Lévi-Strauss, quien desde una perspectiva etnoantropológica estructuralista –comparativa y generalizadora– ve en la sociedad, un agregado de familias elementales, formadas cada una por un hombre, una mujer y sus hijos. Esta primacía metodológica de la familia elemental tiene, a su entender, un fundamento epistemólogico, biológico y psicológico.5

La filiación constituye el dato esencial. Colocadas unas tras otras, diacrónicamente, las sucesivas filiaciones forman líneas de descendencia y la realidad de la familia se basa, ante todo, en su continuidad en el tiempo: los padres procrean hijos, los cuales harán lo mismo cuando lleguen a adultos. Para cada individuo es fuente de sus emociones más tempranas y profundas, es el lugar en que se forma su ser físico y su personalidad moral; la familia une en términos culturales sistémicos, por medio del amor, del interés y del deber, series de ascendientes y descendientes. Las familias podrían compararse a hilos que la naturaleza debe urdir sobre el bastidor para que pueda formarse el tejido social, de la sociedad y la cultura.6

La conformación y transformación de la familia humana en una sociedad, no está determinada por la designación de una instancia gubernamental, tampoco es solo el resultado de los usos y costumbres culturales. La familia humana como se ha conformado desde los comienzos de su historia, con o sin hijos, corresponde con la misma naturaleza del ser humano.

Considerando la protección constitucional de la familia y que los tratados internacionales también se encargan de regular algunos aspectos de la misma, y dado que por disposición de la propia Constitución son ley Suprema de la Unión y tienen aplicabilidad en el territorio nacional, incluso por encima de las leyes federales, vale la pena mencionar al menos un par de ejemplos sobre la regulación de la familia.

El Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.7

El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reproduce en buena medida el contenido de este concepto, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales a su vez dispone en su Artículo 10 que:

“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges...”8

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su Artículo 96 establece:

“Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.”9

En la misma tesitura la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el Pacto de San José, en su artículo 177 también marca con claridad lo siguiente:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.10

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

En el resto del acervo de tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, directa o indirectamente, existen numerosísimas obligaciones que el Estado debe abordar, respecto a su relación con la familia, que permitirán para ella tener garantizados por aquel una serie de elementos que redundarán en bienestar social. Lo anterior consta, por mencionar algunos, en los siguientes tratados:11

• Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de Adopción de menores.

Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias.

Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.

• Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.

• Convención sobre la protección de menores y la Cooperación en materia de adopción Internacional.

• Convención sobre los aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores.

• Convención sobre los derechos del niño.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la Prostitución Infantil y la utilización de los niños en la Pornografía.

Convención interamericana sobre la concesión de los derechos civiles de la mujer.

• Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores.

Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad.

Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada.

Convención sobre los derechos políticos de la mujer.

Convención Internacional con objeto de asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido bajo el nombre de Trata de Blancas; y

Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGIafirma que la familia es “el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización”. 12

Al respecto, las Naciones Unidas definen a la familia “como una unidad en los estudios demográficos que representa todo un hogar o una parte de éste; una familia estadística o una familia censal generalmente se compone de todos los miembros de un hogar emparentados por consanguinidad, adopción o matrimonio”. 13

Esta conceptualización muestra a la familia, ya no con por un contrato social, sino como una institución que acepta a otros miembros aunque no sean parte de esa consanguinidad.

Con la clasificación de la familia y de los hogares, se pueden analizar los cambios en su estructura al ser éstos los indicadores del proceso de transformación que se ha dado hasta la actualidad. De acuerdo con el INEGI, existen tres clases de hogar. Por orden de importancia relativa, los nucleares ocupan el primer lugar (70.9%), después los ampliados (hogar en el que convive un núcleo y algún otro familiar como abuelos, sobrinos, tíos, etc.) (26.5%) y le siguen los compuestos (hogar en el que, además del núcleo familiar y algún otro familiar, conviven personas que no guardan ningún parentesco con el jefe del hogar) (1.5%).14

La mayoría de los hogares nucleares corresponde a los que se componen por la pareja conyugal con hijos (70.4%), o bien, uno solo de los padres con sus hijos (15.4%). Por tal motivo, la familia es una entidad que ha demostrado sus capacidades de resistencia y flexibilidad; ha resistido los embates e impactos de las enormes transformaciones sociales manteniendo su presencia como célula básica de la sociedad y, para hacerlo, se ha transformado, diversificando su composición y estructura y cambiando los roles y modelos de género.15

Como hemos tratado de describir en la actualidad no hay un solo concepto de familia, pero hoy sabemos y hay un importante consenso respecto a ello, que la familia no puede ser objeto de discriminación alguna en la convivencia social,  ni en la puesta en marcha y ámbito de las políticas públicas.  Por lo tanto, es importante pensar en un concepto de familia que considere los siguientes aspectos:

a) No visualizar a la familia como uniforme y unilineal.

b) Que incluya equidad de género, y no sólo el discurso de género inclinado a la percepción feminista.

c) Que tome en cuenta el contexto geográfico donde se desarrollan las familias, pues está íntegramente ligado con las actividades económicas laborales de éstas.

d) Analizar los procesos migratorios que traen consigo la migración (a México) de personas de otros países, con sus costumbres e ideologías nuevas, con respecto al matrimonio y la familia.

e) Otro aspecto importante es la religión que profesa cada familia, pues de esta variable dependerá cómo entender y significar a la familia.

f) Aunado a estas variables, que deben ser integradas a un concepto y clasificación de la unidad familiar, será la satisfacción de las necesidades de la misma y presentación de elementos para la formulación de las políticas públicas en torno a la institución familiar.16

En tal sentido la iniciativa pretende, a través de la vía presupuestal, impulsar la acertadísima política o perspectiva familiar, siguiendo tendencias integradoras de la familia y de la forma de ser del mexicano, fortaleciendo sus instituciones y redundando ello en desarrollo, paz, civismo, bienestar, seguridad, sustentabilidad y bien común.

Se trata pues, de una reforma en materia presupuestal, que al posicionar la perspectiva familiar y por supuesto la infancia en su etapa más importante y crucial, beneficiará a toda la sociedad y al Estado mismo, pues se trata del rumbo más certero para la inversión más redituable en el cumplimiento de sus obligaciones, por no llamarlo incluso, el camino más corto.

Las fuentes formales son el proceso legislativo que va desde la presentación de la iniciativa hasta su promulgación y entrada en vigor, pasando por su discusión y aprobación en las comisiones y más tarde en el pleno. También son fuente formal las costumbres comerciales y la jurisprudencia.

Por su parte, las fuentes reales o materiales son los elementos que el legislador debe tomar en consideración para formular una ley, como son los éticos, sociales, políticos, religiosos, culturales, antropológicos, entre otros.

Las fuentes históricas son los antecedentes de la propia ley, tales como el Derecho Romano, el régimen de las instituciones en México según las Constituciones de 1824, 1836, 1857 y 1917, así como las Leyes de Reforma, la de Relaciones Familiares, el Código Civil de 1870, 1884 y el actual. En lo que se refiere a las fuentes reales o materiales, también es fundamental analizar los principios políticos y democráticos que configuran la base filosófica e ideológica de una nación. Los principios condensados en la división de poderes, el respeto irrestricto a los derechos humanos, son tan fundamentales en la idiosincrasia de nuestro pueblo que no pueden ser ignorados u omitidos en una ley.

Ahora bien, considerando en este mismo propósito permitir la consideración presupuestal transversal de la perspectiva familiar, por ser tan esencial, un elemento igualmente esencial –y de hecho integrado a la perspectiva familiar- es la atención a la Primera Infancia que, en cualquier sociedad, pero particularmente en un Estado Democrático de derecho, es una prioridad del más alto nivel.

Artículos científicos, estudios, investigaciones, e incluso teorías acreedoras del premio nobel de economía, han mostrado evidencias sólidas acerca de la rentabilidad en capital humano, aumento de resultados educativos, reducción de gasto público, reducción de violencia y desarrollo físico y psico afectivo de los mexicanos en general.

El Banco Interamericano de Desarrollo, en su estudio “Desarrollo Infantil Temprano en México. Diagnóstico y recomendaciones,” hace referencia a la naturaleza prospectiva y dinámicamente integral, del Desarrollo de la Infancia Temprana. En dicho estudio abordan con elementos conceptuales y referenciales cómo no basta con que el niño sobreviva o se encuentre libre de enfermedades; ni siquiera de un crecimiento físico suficiente. No basta pues la vida, la salud y la buena alimentación, como comúnmente se piensa en el colectivo imaginario al desarrollo infantil. Lo anterior no satisface las necesidades que en sus primeros años el niño o niña requiere en cuanto a sus capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Además de vida, salud y adecuada alimentación, es indispensable y científicamente prioritario en la primera infancia, el amparo y protección, afecto, interacción social, comunicación, seguridad emocional, estimulación para la activación de nuevos descubrimientos, entre otros.17

En el mismo sentido, una enorme cantidad de estudios del Economista James J. Heckman, los cuales le valieron el premio nobel de economía 2015, respaldan que la inversión de un Estado en el Desarrollo Infantil Temprano redundaría en el fortalecimiento de la economía de ese país y la reducción de su déficit.

En esta galardonada propuesta, Heckman establece la relación entre las condiciones neurológicas y etarias de la primera infancia y la oportunidad que estas ofrecen a una propulsión superlativa de capacidades cognitivas, físicas y afectivas, para la escuela y para la vida, y que por tanto, invertir en esta edad, especialmente en la educación de niños en situaciones de riesgo, resulta en una reducción significativa de costos sociales –y por tanto recuperación de la inversión y rentabilidad- y un incremento y promoción del desarrollo económico. En números concretos, el Dr. Heckman calcula en un margen de 7 a 10% de rentabilidad anual para la inversión que un país hace en primera infancia.18

La atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el cuidado infantil y la estimulación temprana de los niños en lo que se conoce como Desarrollo Infantil Temprano. Desde una perspectiva de política pública, las acciones de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano están conformadas por un conjunto de servicios otorgados a los niños y las niñas durante una cierta cantidad de horas al día, en un ambiente seguro, que contribuya a desarrollar sus capacidades de manera integral, actuando como complemento del ambiente familiar y del sistema educativo.

Bajo este enfoque, los Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano (PCIT) consideran, además del cuidado, componentes nutricionales, de cuidado de la salud y de actividades de estimulación cognitiva y desarrollo emocional, teniendo como población objetivo a niños de 0 a 6 años, y pudiendo ser ofrecidos en lugares públicos o privados (hogares o centros educativos), y ser financiados por el Estado, los hogares o por ambos.19

La implementación de Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano como política pública, se justifica tanto por la garantía de los derechos a la salud, educación y desarrollo infantil, como por la promoción de la igualdad de oportunidades futuras de los niños y niñas al evitar la malnutrición y la mala salud en los primeros años de vida, lo que inhibe el crecimiento del cerebro, disminuye potencial físico y cognitivo, merma la motivación, la perseverancia, reduce la capacidad de asombro, la actitud inquisitiva y de exploración, inhibe la actitud creativa y de resolución de problemas. Adicionalmente, estos programas permiten evitar la baja estimulación cognitiva que afecta la arquitectura del cerebro al evitar la creación de sinapsis neuronales. 20

Los beneficios sociales de los Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano, han sido ampliamente estudiados. Para los niños y niñas representan mejor nutrición y salud, un crecimiento físico saludable, con mayor talla y estatura, mayor desarrollo cognitivo y del lenguaje, mejor disposición para el aprendizaje y mayor desarrollo social y emocional, así como mayor probabilidad de no desertar y/o repetir grado, de tener un buen desempeño escolar y de permanecer más años en la escuela.

Para las madres, padres o tutores los beneficios se resumen en una liberación de tiempo y reducción en los niveles de estrés, en el incremento de opciones de formación y desarrollo, en una mayor autoestima, y en el caso de las mujeres un incremento en su capacidad de agencia o empoderamiento. 21

También se han documentado beneficios sociales a nivel colectivo como menores tasas de enfermedad y mortalidad infantil, de repetición y deserción escolar de violencia y criminalidad, de discriminación por género u otras causas, y de pobreza inter generacional, así como mayores niveles de educación, integración y participación     social.

Es por todo lo anterior que, nos parece urgente y prioritario, otorgar los beneficios de la transversalidad presupuestal a los dos temas aquí desarrollados e interrelacionados, a saber, la perspectiva familiar o Fortalecimiento de la Familia, y la Atención de la Primera Infancia, para que se les otorgue una prioridad en la asignación de presupuesto, poder hacer visibles los recursos concurrentes que apoyen sus acciones y se prohíba la disminución del presupuesto autorizado.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo único. Se reforma la fracción III Bis del artículo 2 y el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

(…)

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. al III [...]

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; Fortalecimiento de la Familia; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático;

IV. al LVII. [...]

[...]

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. al III [...]

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Fortalecimiento de la Familia, a la atención de la Primera Infancia; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de marzo de 2019.

Atentamente,

Sen. Sasil De León Villard.

1 Decreto de Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de diciembre de 1974.

2 ttps://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25900/1/Informe_BCN_concepto_familia_vf.pdf

3 file:/www.elConceptoDeFamiliaEnMexico-5713921%20.pdf

4 Giddens Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu editores

5 Lévi-Strauss 1988: 12 en Burguiére, André; Klapisch-Zuber, Christiane; Segalen, Martinez; Zonabend, Francoise en Historia de la Familia Volumen I y II Alianza Editorial, S.A. Madrid, España Madrid, España

6 Ibídem

7 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

8 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

9 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

10 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

11 ttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf

12internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/
2104/702825491529/702825491529_1.pdf

13 http://www.un.org/es/globalissues/family/

14 internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto

15 Ibídem.

16   file:/www.elConceptoDeFamiliaEnMexico-5713921%20.pdf

17 http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v72n6/1665-1146-bmim-72-06-00359.pdf

18 Myers, Robert, Arcelia Martínez, Marco Delgado, Juan Fernández, and Adriana Martínez. “Desarrollo infantil temprano en México. Diagnóstico y recomendaciones.” Banco interamericano de desarrollo. BID, enero. 2013. Web. 19 mayo 2015

19 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26112/1/M20120047_es.pdf

20 Ibídem.

21 Ibídem






MESA DIRECTIVA

Compañeras Senadoras y Senadores, daremos la homologación de turno a los siguientes asuntos:

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas Nacionales; a la Ley Federal del Mar; y a la Ley Minera, presentada el 13 de septiembre de 2018.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XL del artículo 3, y se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el artículo 20 de la Ley Minera, presentada el 20 de septiembre de 2018, para quedar ambos proyectos en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Minería; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Quedan así homologadas.






Comunico que los textos de las intervenciones de las efemérides y agenda política se registran con su texto íntegro en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down.








De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Tuberculosis.








AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda, señor Presidente.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se cita a la siguiente sesión ordinaria, que será el próximo miércoles 27 de marzo, es decir, el día de mañana a las 10:00 horas. Reitero, a las 10:00 horas.

Con la finalidad de que puedan presentarse el mayor número de iniciativas y de proposiciones con puntos de Acuerdo, lo cual es una demanda de Senadoras y Senadores.

La sesión de mañana podrá tocar diversos asuntos, pero tendrá énfasis en estas iniciativas y puntos de Acuerdo para que puedan desahogarse diversas inquietudes de las Senadoras y de los Senadores.

Comunico también que las proposiciones con punto de Acuerdo que busquen abordarse de manera urgente o por el procedimiento de urgente resolución, no se tratarán el día de mañana.

A los presidentes de las comisiones de análisis legislativo y de dictamen se les ha citado mañana a las 9:00 de la mañana en la sala de Protocolo de la Mesa Directiva, que lleva el nombre de la maestra Ifigenia Martínez.

Rogamos a todos cumplir con su asistencia.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 18.57 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfono: 53-45-30-00
Exts. 5405/5406

Internet: http://www.senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO





















RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Islas López como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Intervienen al respecto, sobre éste y los siguientes siete dictámenes, los Senadores Héctor Vasconcelos, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Noé Fernando Castañón Ramírez, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; Nancy De la Sierra Arámburo, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel y Antonio García Conejo. Rinde protesta de ley.









DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 1 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL BALANCE TRABAJO-FAMILIA

(Dictamen de segunda lectura)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar del dictamen, intervienen las Senadoras Josefina Vázquez Mota, a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Para su discusión en lo general y en lo particular, intervienen al respecto las Senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Patricia Mercado.

Se aprueba en lo general y en lo particular el Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año como el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia. Se remite al Ejecutivo Federal.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Remite oficio con cuatro nuevas ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación de cuatro Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera:

Para cubrir la vacante del ciudadano Jesús Serrano Landeros, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Jorge Amaya Mendívil, Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante del ciudadano Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez y Fernando Juárez Martínez. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante de la ciudadana Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Norma Leticia Campos Aragón, Ángel Carrizales López y Alfonso López Alvarado. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante de la ciudadana Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Guadalupe Escalante Benítez, Edmundo Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije. Se turna a la Comisión de Energía.














































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