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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Febrero de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 19 de febrero de 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta  minutos del día jueves catorce de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el doce de febrero de dos mil diecinueve.

(Comunicaciones)

Se recibió del Congreso del estado de Veracruz, un Acuerdo por el que exhorta al Senado de la República a revisar la situación que guarda el Acuerdo sobre el azúcar entre México y Estados Unidos, en el Tratado que sustituirá al anterior de Libre Comercio.- Para referirse al tema, intervino el Senador Marco Antonio Gama Basarte. Se turnó a las Comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva para la recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva para integrar el Padrón de Cabilderos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Dictamen de primera lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, un dictamen con proyecto de Decreto que expide la Ley de Educación Naval.- Quedó de primera lectura.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Gobernación, con punto de Acuerdo por el que se considera que el Ciudadano Jenaro Villamil Rodríguez cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se aprueba su designación para ocupar el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.- Para presentar el dictamen  hicieron uso de la palabra los Senadores: José Antonio Cruz Álvarez Lima, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación. En la discusión, intervinieron los Senadores: José Erandi Bermúdez  Méndez del PAN, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, a favor; Noé Fernando Castañón Ramírez de MC, a favor; Miguel Ángel Mancera  Espinosa del PRD, a favor e Indira Kempis Martínez de MC, a favor. En  votación nominal, por unanimidad, se emitieron101 votos a favor, fue aprobado el punto de Acuerdo. El funcionario rindió su protesta de ley como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por nueve años, a partir del 1 de marzo de 2019.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea,  un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de Acuerdo por el que se propone la ratificación del nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal, en favor del Ciudadano Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Para presentar el dictamen  hizo uso de la palabra el Senador Juan Quiñonez Ruiz, por las comisiones.  En la discusión, intervinieron los Senadores: Marco Antonio Gama Basarte del PAN, a favor; Eruviel Ávila Villegas del PRI, a favor; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, a favor y Patricia Mercado de MC, a favor. En  votación nominal, se recibieron un total de 114 votos: 113 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, fue aprobado el punto de Acuerdo. El funcionario rindió su protesta de ley como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene el punto de Acuerdo que solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres.- Para presentar este y los otros tres dictámenes, intervino la Senadora Martha Lucía Camarena por la comisión. En la discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, a favor; Verónica Delgadillo García de MC, a favor y Martha Lucía Camarena de MORENA, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene el punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, que permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.- En la discusión, hizo uso de la palabra la Senadora Nadia Navarro Acevedo del PAN, a favor.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Siguiendo en la discusión, intervinieron los Senadores: Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, a favor y  Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN, a favor. El Punto de Acuerdo, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la Igualdad de Género, por el que se desecha el punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de paquete económico 2019 destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pudiera ampliar y fortalecer sus acciones en la materia. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la Igualdad de Género, por el que se desechan y se dan por concluidos en su trámite legislativo, diversos puntos de Acuerdo que quedaron pendientes de las LXII y LXIII Legislaturas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

(Iniciativas)

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 2o-a y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García a nombre propio y del Senador Clemente Castañeda Hoeflich  del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y del Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se promueve la escala móvil de salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores en México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 58 y 60 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Rectificación y ampliación de turno)

La Presidencia dio cuenta de  las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones.

(Solicitud de excitativa)

Se recibió del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitud de excitativa en relación con la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 25 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, recibida el 9 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa en relación con el dictamen del expediente de la terna propuesta para la designación de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnado el expediente a comisiones, el 18 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió del Senador Cruz Pérez Cuellar, del grupo parlamentario de Morena, solicitud de excitativa al punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquime, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, presentado el 31 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Educación.

 

Se recibió del Senador Cruz Pérez Cuellar, del grupo parlamentario de Morena, solicitud de excitativa al punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el Acuerdo No. 086/2017, ante las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, presentado el 18 de diciembre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

 

Se recibió del Senador Cruz Pérez Aguilar, del grupo parlamentario de Morena, solicitud de excitativa al punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales", presentado el 18 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Derechos Humanos.

(Turno directo)

El presidente dio turno directo a la siguiente asuntos: 

 

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del Estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir, a la brevedad, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por la que el Pleno del Senado se adhiere a la condena emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el homicidio de Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la Secretaría de Gobernación a dotar de los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública.- Se turnó directo a la Comisión de Seguridad Pública.

(Agenda Política)

de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efemérides)

De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día de la Mujer Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Energía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el  martes 19 de febrero a las 11:00 horas

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.

 

Fin de sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión ordinaria anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió una comunicación de las Senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso e Indira de Jesús Rosales San Román, con la que remiten el informe de su participación en la 27a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada en la Ciudad de Siem Reap, Reino de Camboya, del 14 al 17 de enero del año en curso.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió una comunicación de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, por el que remiten el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la Ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Informo a la Asamblea que se recibió de la Secretaría de Gobernación el oficio del Ejecutivo Federal para la designación de la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para los efectos correspondientes. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación.



Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite al Ejecutivo Federal la solicitud de autorización para permitir la salida de los límites del país del Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), para que participe en el crucero de instrucción denominado "EUROPA DEL NORTE 2019", que se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina.

Continúe la Secretaría.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibió del Servicio de Administración Tributaria un oficio con el que remite informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del gobierno federal durante 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado. Y se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Continúe la Secretaría.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron 7 oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y a los Senadores promoventes, y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio con el que remite la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos.






En otro apartado del Orden del Día, les informo que está inscrito para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Informo a la Asamblea que el dictamen anterior viene acompañado de los siguientes documentos:

Primero, la opinión, a título personal, de la Senadora Lucía Trasviña, que formula en el marco del proceso de dictaminación de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en materia de Guardia Nacional.



Segundo, las conclusiones y relatorías de cada una de las mesas de trabajo realizadas del 11 al 15 de febrero del presente año, dentro del ejercicio de Parlamento Abierto para llevar a cabo el análisis del proyecto de Decreto, en materia de Guardia Nacional, documentos enviados por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich.



Tercero, las reservas al dictamen con proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, las cuales son presentadas por el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.



Los tres documentos antes señalados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día para su consulta.






Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8o. y 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8o. y 10 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que expide la Ley de Educación Naval, que propone un nuevo ordenamiento para normar la educación pública que imparte la Secretaría de Marina a través de su Universidad Naval, en sus diversos niveles educativos.

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN NAVAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indique, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Suplico a las Senadoras y Senadores poner atención para votar si se omite la lectura del anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto nuevamente a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Antes de continuar, quiero recordar en este contexto que el día de hoy 19 de febrero, es el “Día del Ejército Mexicano”.  Este día ha sido decretado como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero.Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, decretó el 19 de febrero de 1913 la organización del Ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Ruego a la Asamblea poner atención al Senador Eruviel Ávila Villegas.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores. Muy buenas tardes.

Hoy acudo ante ustedes para poner a su consideración y también para exponerles la importancia de votar a favor del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Naval. Sobre el particular me permito referir a ustedes lo siguientes antecedentes: En sesión ordinaria, celebrada en el mes de septiembre de 2017, se presentó la iniciativa de Ley de Educación Naval en la Cámara de Diputados, aprobándose un mes después. Igualmente, en octubre de ese mismo año, se recibió en esta Cámara de Senadores la minuta correspondiente, siendo turnada a las Comisiones de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera.

Con objeto de contar con mayores elementos, les comparto que hicimos algunas consultas ante la Secretaría de Marina, Armada de México, quienes vieron con muy buenos ojos esta iniciativa. Ese mismo mes es decir, en diciembre del año pasado, la Comisión de Marina aprobó el dictamen en comento. Agradezco a mis compañeras, a mis compañeros integrantes de la Comisión de Marina por sus valiosas aportaciones y por haber aprobado por unanimidad esta iniciativa.

Recientemente también fue aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, la cual es presidida por la compañera Senadora Mayuli Latifa Martínez. Reconozco de igual forma a los integrantes de esta comisión por su labor.

Hoy ante este Pleno legislativo de esta Soberanía acudo con ustedes para someter a su consideración el dictamen de la minuta presentada en la Cámara de Diputados por la que se expide la Ley de Educación Naval.

La expedición de esta ley, en caso de ser aprobada, representa un paso decisivo para el desarrollo de la Marina Armada de México. En la medida que tengamos Fuerzas Armadas mejor preparadas, estamos avanzando hacia un país más sólido y más fuerte. Durante la administración anterior se sentaron las bases para fortalecer el sistema educativo naval, en específico con la creación de la Universidad Naval en julio de 2015.

De este modo quedaron integradas en una sola organización todas las escuelas de formación: postgrado, técnicas, entre otros, así como los centros de capacitación y adiestramiento de la Secretaría de Marina Armada de México; sin embargo, a la fecha la Universidad Naval carece de su marco normativo.

En este sentido, la Ley de Educación Naval busca normar la educación pública que imparte la Secretaría de Marina a través de esta su Universidad Naval, en los niveles técnico, profesional y de postgrado.

La educación naval se orienta a alcanzar la excelencia académica de los cadetes y estudiantes, para lo cual deben asumir un papel cada vez más activo y comprometido con su propio aprendizaje, tanto en el aula como en la sociedad a la que se deben.

La nueva ley también define los objetivos del sistema educativo naval, entre los que se encuentran preparación de profesionistas competitivos y con una formación naval científica, tecnológica, humanista y de calidad ciudadana; además, establece con claridad cada uno de los componentes de su modelo educativo el cual reconoce la importancia de incorporar estrategias innovadoras, fomentar el intercambio académico nacional y extranjero, así como la difusión de la cultura naval.

Por esta razón las comisiones dictaminadoras consideramos que es necesario proveer a la Secretaría de Marina con una ley que fortalezca al sistema educativo naval y que permita formar a su personal bajo los más altos estándares, además de inculcarles la doctrina naval y los valores del honor, deber, lealtad y patriotismo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito muy respetuosamente a mis compañeras y compañeros Senadores, su voto a favor de esta minuta. Considero que México le debe mucho a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a quien también sumamos a su reconocimiento por su día, le debemos mucho a la Marina Armada de México, y justo es que le otorguemos precisamente a la Secretaría de Marina las herramientas que sean necesarias para que puedan cumplir con su noble misión: preservar la paz, la independencia y la soberanía de la nación es una gran responsabilidad que sólo podrá ser cumplida si la Marina Armada de México cuenta con una preparación profesional en concordancia con los restos que su alta misión requiere.

Vaya nuestro reconocimiento a esta importante y prestigiada institución de todas y de todos los mexicanos, y gracias, anticipadamente por su voto en favor de este dictamen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Eruviel Ávila Villegas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muy buenos días.

Hace unos días se aprobó en la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen a la minuta por lo que se expide la Ley de Educación Naval, la cual tiene por objetivo regular y formalizar los centros educativos navales dentro de la Armada de México, entre ellos la Universidad Naval, con validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública.

Con esta ley permitirá perfeccionar la capacitación, preparación y formación de nuestras Fuerzas Armadas, por lo tanto quedará regulada formal y legalmente en la Universidad Naval, también los establecimientos educativos y área que por su fusión llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el personal que integra la Secretaría de Marina.

Asimismo permitirá agrupar a los alumnos docentes y directivos como los recursos más valiosos de esta institución y especificarán los niveles que se manejarán en este sistema educativo.

La Armada de México a través de la educación naval tendrá una sólida base de formación a su personal con los más altos niveles de disciplina, ética y vocación de servicio, en el mismo sentido que lo acaba de decir el Senador Eruviel, estamos fortaleciendo a nuestras instituciones, a nuestra Armada de México con la expedición de esta Ley.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Martínez Simón.

Vamos a pasar a la discusión en lo general, para lo cual tiene el uso de la palabra el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, muchas gracias.

El día de hoy vengo a hablar a favor del presente dictamen de la Comisión de Marina, ya que esta minuta pretende abonar a la consolidación y reestructuración del sistema educativo naval.

La Armada de México a través de la Educación Naval, se ha comprometido en la formación de su personal con los más altos valores de disciplina, ética y vocación de servicio, que merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y si podemos contribuir de alguna manera a su mejor operación, el día de hoy debemos de hacerlo.

La sólida formación de los marinos de México, proviene desde hace más de 100 años, desde 1897, con la creación de la Escuela Naval, cuando se inició su profesionalización y constante evaluación, hasta la más reciente en 2015, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial, por el cual se crea la Universidad Naval como unidad de la Secretaría de Marina, con el objetivo de administrar el sistema educativo naval y unificar sus procesos académicos.

Hoy con la expedición de la Ley Naval, este Senado estará formalizando la Universidad Naval como eje rector de la educación naval en México, y aportando, de alguna manera al sistema educativo naval integral, cuya misión es adiestrar, capacitar al personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, en los niveles técnico, profesional y de postgrado, así como fomentar la innovación e investigación académica, científica y tecnológica.

Aunado a lo anterior, hago un reconocimiento a nuestros marinos, cuyo papel ha sido ejemplar, siempre aportando sus conocimientos en beneficio de nuestro país.

México cuenta con profesionales que se han dedicado siempre y por siempre a una educación con base en la doctrina ética naval militar. Esta Ley de Educación Naval, se constituirá como el instrumento de orden legal que rija el proceder de este organismo y sus establecimientos educativos, fomentando el desarrollo integral del personal naval, al fortalecer la educación, fortalecemos a México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Muchas gracias.

Para mí es un honor formar parte de las dos comisiones que dictaminaron esta Ley de Educación Naval, tanto la de Marina, como la de Estudios Legislativos, Primera, y desde el siglo XIX, compañeros, se creó la Escuela Naval Militar, en Veracruz, con la finalidad de impartir la instrucción científica y militar, en su inicio esta institución estaba integrada únicamente por 35 personas, entre alumnos, profesores y también oficiales.

A mediados del siglo XX, se creó la dirección de Educación Naval, que se hizo a cargo de la planeación, gestión y evaluación también del sistema educativo naval, y que el día de hoy conocemos como la Dirección General Adjunta de Educación Naval, adscrita, precisamente a la Secretaría de Marina, la cual tiene como finalidad la promoción de la profesionalización académica del personal naval. Sin duda, la educación es la base primordial para el crecimiento y desarrollo del país, la educación forma mujeres y hombres fuertes, con conocimiento para la instrucción de una nación fortalecida en cultura, en ciencia y también en tecnología.

La Educación Naval es uno de los sectores más destacados y reconocidos por ser la Marina, una de la mayor disciplina y liderazgo. Hoy, con la aprobación de este dictamen, lograremos dar mayor fuerza a la formación naval, cuyo marco jurídico persiste, como ya había comentado, desde el siglo XIX. Por ello, es trascendental lograr la aprobación de esta minuta para expedir una Ley de Educación Naval que permita capacitar y formar al personal militar de la Marina en tres niveles educativos: técnico profesional, profesional y de postgrado.

Actualmente ya contamos con una Universidad Naval, sin embargo, se requiere el establecimiento de una legislación que consolide sus bases y principios en la formación profesional del personal. La educación naval forma elementos para el uso de las armas y expertos para el desarrollo marítimo nacional, que además de involucrar valores como el honor, deber, lealtad, el espíritu de cuerpo y el patriotismo, genera profesionales que contribuyen a las tareas de estrategia e investigación científica.

Por lo anterior, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, al considerar la necesidad de reestructurar el Sistema Educativo Naval. Destacamos que con el Plan General de Educación Naval se generan líneas de acción para una formación integral de líderes profesionales navales. Además esta ley en sus seis capítulos, dota de facultades a las autoridades educativas navales y establece los aspectos mínimos que debe contener este sistema, como la formación en materia de Derechos Humanos, lo cual es primordial en todos los órganos del Estado mexicano.

El Sistema Educativo Naval ofrece a los mexicanos que deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas la oportunidad de crecimiento y superación profesional mediante una convocatoria abierta, sin discriminación de género. Por lo anterior, acompañamos el presente dictamen para dar certeza a la educación militar naval, que contribuye a la investigación e innovación en la defensa y seguridad del Estado mexicano, con pleno respeto a los Derechos Humanos. Quiero aprovechar también la oportunidad para mandar un fuerte abrazo a todas las mujeres y hombres que forman parte del Ejército Mexicano en su día, porque sabemos que todos los días están dispuestos a dar su vida por la seguridad de cada uno de nosotros.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Zamora Guzmán.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Buenos días. Con la venia de la Presidencia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hoy hablaré de la expedición de la Ley de Educación Naval, cuyo objeto es normar la educación pública en diversos niveles educativos, orientada al conocimiento, capacitación, aplicación a la doctrina y cultura naval, con la finalidad de contribuir con el desarrollo marítimo nacional. La aplicación de dicha ley corresponde a la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Educación.

La Educación Naval en México fue expedida por el General Porfirio Díaz, el 8 de enero de 1886, con el Decreto número 130; mismo que explicaba los planes de estudio y prácticas de los aspirantes de la Marina de Guerra y pilotines de la Marina Mercante, así como la creación de una Escuela Naval Flotante y dos escuelas de prácticas de vela. Gracias a la iniciativa del General Felipe Berriozábal, Secretario de Guerra y Marina, y a la deficiencia de un buque adecuado para instalar la Escuela Naval Flotante, el 1 de julio de 1897, se inauguró en Veracruz, la Escuela Naval Militar, en que se impartiría capacitación científica y militar. El 30 de diciembre de 1967, mediante acuerdo secretarial número 585, fue creada la Dirección de Educación Naval, adscrita a la Comandancia General de la Armada, haciéndose cargo de la planeación, gestión y evaluación del Sistema Educativo Naval. La Dirección General de Educación Naval, el 19 de julio del 2000, cambia su denominación por el de Dirección General Adjunta de Educación Naval, con el fin de promover la profesionalización académica del personal naval, para continuar con el crecimiento de la Armada de México.

El 23 de julio de 2015, el Secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, anunció, en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, la creación de la Universidad Naval, cuya misión es adiestrar, capacitar y formar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México en los niveles técnico profesional, profesional y de postgrado, así como fomentar la innovación, investigación académica, científica y tecnológica, cultura física, de salud y náutica, con el propósito de lograr una educación naval integral y de calidad. Con la creación del Plan General de Educación Naval, publicado el 19 de octubre de 2015, se logró una importante organización al Sistema Educativo Naval, en donde se hayan las estrategias, objetivos y líneas de acción que se aplicarán con el fin de alcanzar una educación con calidad. Dicho lo anterior, es importante señalar que al existir una Universidad Naval en México surge la necesidad de crear una norma legal que propicie, resguarde y garantice las condiciones justas y equitativas para todas las personas involucradas e interesadas en materia de educación naval. Este es el objetivo del presente dictamen, para lo cual una servidora, que forma parte de esta Comisión de Marina; y también de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, pedimos, asimismo, la bancada del Partido del Trabajo, el voto a favor para este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cora Cecilia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Beatriz Paredes Rangel, para hablar a favor por parte del grupo parlamentario del PRI. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PRI quiere expresar su felicitación a las comisiones que el día de hoy nos presentan este dictamen de la minuta enviada por la Honorable Cámara de Diputados, habida cuenta que el avance en el abatimiento del rezago forma parte del compromiso de las fracciones parlamentarias y de este Senado de la República.

En especial queremos saludar el trabajo del Senador Eruviel Ávila, como Presidente de la Comisión de Marina de este Senado. Desde la mítica escuela de Antón Lizardo, bañada por las aguas del Golfo de México, hasta la existencia del Centro de Estudios Superiores de Educativo Naval, el esfuerzo que ha realizado la Armada de México para formar al personal que le acompañe en las tareas de salvaguardar nuestros océanos y defender a la patria, ha sido fundamental.

Por ello saludamos la conceptualización del Sistema Educativo Naval, en la certidumbre de que la profesionalización es un mérito en sí mismo.

Además, en el caso del aprendizaje que requieren los marinos y los empleados de la marinería, así como los cuadros superiores navales, se requiere conocimiento de los océanos, de las corrientes oceánicas, de la geofísica del mar y también, desde luego, de los elementos de la convivencia y el trabajo en equipo. Por eso, subrayamos que el objetivo del Sistema Educativo Naval, generar profesionistas competitivos con una formación naval, científica, tecnológica, humanista y de calidad ciudadana, es un objetivo que puede ser abrazado por cualquier sistema educativo de calidad.

Felicitamos a las comisiones por este dictamen y, desde luego, el voto del grupo parlamentario del PRI será favorable.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Paredes Rangel.

Consulto si hay algún otro orador u oradora.

Senadora Josefina Vázquez Mota. Sonido en su escaño, por favor.

La Senador Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, muy buenos días.

Como grupo parlamentario también damos la bienvenida este dictamen y queremos reconocer el trabajo y compromiso de la Armada de México.

Al mismo tiempo, el día de hoy, también como grupo parlamentario queremos felicitar al Ejército Mexicano con motivo de su CV Aniversario, a más de sus 214 mil elementos entre mujeres y hombres y sabemos reconocer esta institución castrense que ha asumido con vocación de excelencia la forma de elementos que contribuyen día con día a ser de México un mejor país.

Reconocemos a la Armada y en este día en particular al Ejército por su valor y compromiso y por su tarea de defender el territorio, la soberanía y la seguridad de millones de familias en nuestro país. Hoy refrendamos nuestra gratitud y respeto para una institución que brinda lealtad, patriotismo y servicio para México. Enhorabuena por este dictamen para la Armada de México y, en enhorabuena por este CV Aniversario de nuestro Ejército Mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vázquez Mota.

Sonido en el escaño del Senador Cristóbal Arias.

El Senador Cristóbal Arias Solís: (Desde su escaño) Quiero hacer uso de la palabra en esta sesión, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, para hacer remembranza de una fecha histórica, que es el 19 de febrero de 1913, en un contexto difícil, en una época muy tumultuosa, cruenta, derivada de ese gran movimiento popular y, a la vez desgarrador que fue la Revolución Mexicana en 1910.

Hoy, no podemos dejar de recordar el antecedente de esa etapa de la vida de nuestro país, antes de mencionar esta fecha en el día de hoy, en el que nos estamos sumando las diversas voces plurales aquí en el Senado de la República para manifestar nuestra congratulación y reconocimiento al Ejército Mexicano.

Y qué mejor que en esta fecha, en el que por cierto se encuentran en el centro del interés y del debate nacional nuestras propias Fuerzas Armadas, hoy convocadas por una iniciativa que tiene que ver, para buscar encauzar por la vía jurídica constitucional y crear una herramienta de participación de nuestras propias Fuerzas Armadas para enfrentar el problema número uno que nos afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos y que tiene que ver con el problema de la inseguridad y de la violencia criminal.

Por ello, creo que es oportuno que de manera auténtica y de convicción y no por simulación ni hipocresía manifestemos firme y categóricamente nuestra convicción de hacer este reconocimiento y a la vez de estar convencidos de que a través de las Fuerzas Armadas Nacionales, que han dado muestra desde entonces de actuar de manera institucional y leal al gobierno y a las propias leyes e instituciones que hoy nuevamente son convocadas y tomadas en consideración para que, yo espero, se cristalice un proyecto en el que están contempladas y en el que la inmensa mayoría de los mexicanos, según las últimas encuestas que se han dado a conocer, están de acuerdo en que vengan a contribuir y a coadyuvar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia criminal.

Por ello, me sumo a este reconocimiento de un Ejército Popular, no de clases, un ejército que viene del pueblo y ha servido al pueblo y que esperemos que siga sirviendo al pueblo en la nueva etapa que se acaba de inaugurar de la cuarta transformación de la vida de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Cristóbal Arias.

Esta Presidencia, a nombre del Senado de la República, felicita en su día al Ejército Mexicano y reconoce su composición popular, su institucionalidad y su patriotismo. Pregunto si hay artículos que se reserven del dictamen que está a discusión.

Si no es así, informo a la Asamblea que no se recibieron solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, el dictamen se someterá a votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

Por lo tanto, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



Ruego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios auxilie al Senador Mauricio Kuri, para que pueda ejercer su voto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Pregunto a la Asamblea, si hace falta algún Senador o Senadora de emitir su voto.

Sigue abierto el sistema electrónico de votación.

Señor Presidente, conforme al registro en la asistencia del sistema electrónico, se emitieron 119 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, sumo un voto más, serían 120 votos, incluido el de la Senadora Covarrubias, 120 votos, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Antes de continuar con el siguiente asunto, quiero saludar la visita de niños del Colegio Hebreo Tarbut al Senado de la República, Salomón, Gali, José, Maya, Erik y Danna vienen a hacer un trabajo de investigación sobre temas de discriminación, por eso es su visita al Senado. ¡Bienvenidos, niñas y niños!






Tenemos la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, que determina que queda sin materia la minuta que contiene el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El dictamen establece que la reforma a la que se refiere la minuta enviada por la Colegisladora ya se encuentra contenida en el orden jurídico nacional y, por tanto, ha quedado sin materia. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasamos a su discusión.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Como lo indica, señor Presidente, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradoras ni oradores, se reserva para su votación conjunta con los otros dos dictámenes en sentido negativo.






Tenemos la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos Segunda, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de Decreto que reforma el artículo 8o., de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores, se reserva para su votación conjunta con el anterior y con el siguiente dictamen, ambos en sentido negativo.






Tenemos la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 4o., fracción VI, 7o. y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4o., FRACCIÓN VI; 7o. Y 46 DE LA LEY DE LA   ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al dictamen:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradoras ni oradores, se concluye la fase de la discusión de los tres dictámenes en sentido negativo, por lo que procederemos a recabar la votación nominal de los mismos de manera conjunta.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes anteriores que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: ¿Falta algún Senador o Senadora de emitir su voto?

Sigue abierto el sistema.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 117 con el Senador Mancera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Proyecto de Decreto que se modifica el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Y el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4o., fracción VI, 7o. y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos totalmente por concluidos.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Economía, por el que se desechan doce proposiciones con punto de Acuerdo. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ECONOMÍA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pregunto si hay algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la palabra.

Senador Ramírez Marín, tiene el uso de la palabra desde su escaño.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Es una moción de información, señor Presidente.

Si la Secretaría pudiera referirnos el punto de Acuerdo que se está desechando relativo al acero y al aluminio, qué es exactamente lo que el punto de Acuerdo dice que se está desechando.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solicito a la Secretaría pueda dar lectura al contenido del Acuerdo que pide el Senador Ramírez Marín.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe sobre la afectación por la posible imposición de aranceles en Estados Unidos de América al acero y aluminio mexicanos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está satisfecha la información, verdad, Senador.

En virtud de no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen por el que se desechan doce proposiciones con punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen que desecha doce puntos de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a las y los promoventes. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Y para ello, se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Perdón, un error mío, Senador Jorge Carlos, falta la presentación del dictamen antes, a cargo del Senador José Narro Céspedes, y a continuación tendrá la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador José Narro Céspedes: Honorable Asamblea. Honorable Mesa Directiva del Senado de la República:

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, al servicio de Senasica y a Semarnat, a implementar medidas zoosanitarias para proteger la vida, salud y bienestar de las abejas, dirigidas a abatir el daño que ha venido sufriendo por el uso de productos químicos para la fumigación de sembradíos en todo el país.

Asimismo, la Semarnat, en coordinación con las entidades federativas, principalmente con el estado de Yucatán en el marco de sus atribuciones y considerando el papel que desempeñan las abejas en los ecosistemas, a promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos para preservar, proteger y restaurar los ecosistemas con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 190 de la fracción VII en relación con el 277, numeral 2 del Reglamento del Senado, esta dictaminadora estima pertinente precisar las siguientes consideraciones:

Primero. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, es un órgano legislativo, de carácter ordinario y permanente, creado para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, en consecuencia es competente para conocer y dictaminar la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, a Senasica y a Semarnat a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la función agrícola y fortalecer la productividad.

Segundo. De acuerdo con la información de la Sagarpa, en el marco del Día Mundial de las Abejas, en el 2018, señaló que 42 mil familias del país se benefician de la actividad apícola, se encuentran principalmente asentadas en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Siendo de estos, el principal productor que concentra el 37 por ciento la miel del país el estado de Yucatán.

Tercero. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, señaló que el 35 por ciento de los invertebrados polinizadores, principalmente las abejas, están en peligro de extinción, lo cual significa una grave catástrofe natural.

Cuarto. Que atendiendo el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber del Estado, asegurar el derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, así como de un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

Quinto. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le corresponde el despacho de:

1. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, de acuerdo con la fracción I.

2. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, de acuerdo con la fracción IV.

3. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas de acuerdo con la fracción VII.

4. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural en las diversas regiones del país, de conformidad con la fracción XIV.

Sexta. De acuerdo con el artículo 3º del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, le corresponde proponer a la Semarnat la política nacional en materia de sanidad vegetal acuícola y pesquera, de inocuidad agroalimentaria, del consumo orgánico y de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y derivados de la biotecnología competencia de la Secretaría. A fin de reducir los riesgos en la producción agropecuaria y en la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria, la lista enunciativa, más no limitativa que incluye la apicultura.

Séptimo. La calidad de Comisión Especializada para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia, hacemos nuestra la preocupación del proponente, respecto de exhorta a la Secretaría de Agricultura y a Senasica, a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural que suscribimos el presente dictamen, aprobamos con modificaciones la proposición con punto de Acuerdo y nos permitimos someter a la honorable Asamblea de la H. Cámara de Senadores de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat y a la Sader, a implementar medidas zoosanitarias para proteger la vida, la salud y el bienestar de las abejas, dirigidas a abatir el daño que han venido sufriendo por el uso de productos químicas para la fumigación de sembradíos en todo el país.

Tercero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat, en coordinación con las entidades federativas del país, principalmente con el estado de Yucatán en el marco de sus atribuciones y considerando el papel que desempeñan las abejas en los ecosistemas, a promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos para proteger, preservar y restaurar los ecosistemas, con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, y permitir que las abejas jueguen con el importante papel que tienen para la vida y para la producción agropecuaria a nivel nacional.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador José Narro Céspedes.

Está a discusión el dictamen. Tiene la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y estimados Senadores:

Planteamos este punto de Acuerdo el 18 de septiembre de 2018; lo que quiere decir que para decir que sí, nos llevamos 5 meses, lo que les comenté en esa ocasión es verdad, las abejas mueren por minuto, por hora, por mes, y en lo que hemos resuelto han muerto nada más mil 666 millones de abejas. En el ínter que nos tardamos en resolver esta propuesta la producción en el estado de Yucatán, el resultado de la producción anual, se informó en un 50 por ciento menos que el año anterior y es fácil saber porqué.

Y si ustedes me dicen: “la misión del gordo es asustarnos”. Sí, eso es exactamente lo que quiero, asustarlos, porque lo que está pasando es de susto. Hace unos cuantos días nos moríamos de frío, hoy prácticamente el 80 por ciento del territorio nacional tiene temperaturas arriba de los 30 grados. ¿A qué creen ustedes que se debe? Es la naturaleza cobrándonos las facturas de lo que estamos haciendo mal. Y uno de los principales indicadores de estas reacciones de la naturaleza es precisamente el impacto que tiene en las abejas. Lo que estamos haciendo, y recuerdo habérselos mencionado en aquella ocasión, no lo pediré de urgente resolución porque creo que las cosas a los legisladores nos deben importar por su propio peso, por la importancia que tienen. ¿Y cuál es la importancia de las abejas o de este punto? Pues nada más que en lo que vamos a estar conversando aquí habrán muerto casi 40 mil abejas; los plaguicidas, los pesticidas, pero sobre todo nuestra falta de apoyo a la apicultura, nuestra falta de comprensión que se trata de un fenómeno que requiere atención inmediata.

Tendríamos que citar aquí al responsable de la Secretaría de Agricultura y convenir con él cuáles van a ser las políticas que vamos a aplicar. Gracias a la comprensión de don José Narro en la Dirección de esta Comisión se convierte en un primer paso importante, porque aquí se trata de tomar las medidas administrativas para que el tema sea lo suficientemente grave como para que nos espante a todos y la más espantada debía ser la Administración Pública, que tiene entre sus responsabilidades precisamente, por un lado, proteger a la naturaleza; por otro lado, proteger a los productores, pero sobre todo garantizar la vida de los mexicanos.

Eso es lo que está en peligro, queridos amigos y amigas, nuestra vida. Eso es lo que está en peligro con el fenómeno de la desaparición de colmenas, eso es lo que está en peligro con la desaparición de la producción mielera nacional. Yo les pido que hoy de verdad nos asustemos y que demos este primer paso, pero que inmediatamente procedamos en la dictaminación de las iniciativas que ya están ahí, que se refieren a los temas fundamentales y, sobre todo, pronto hagamos un grupo de trabajo que se ocupe específicamente del tema de las abejas y los apicultores.

Si le seguimos dando un tratamiento ordinario, fíjense ustedes lo que pasa: cinco meses para exhortar a la Secretaría a que tome una medida con respecto a las abejas y la apicultura. Tenemos que verlo, en primer lugar nosotros, con la urgencia que el caso amerita. Yo estoy seguro que en la conciencia de todos está la importancia de las abejas. Estoy seguro que estamos conscientes que es un apocalipsis, que los temas del día a día, que los temas del clic en los temas que son realmente vitales, torales, importantes, no solo para México, sino para toda la humanidad. Agradeciendo de antemano el apoyo de la Comisión de Agricultura, pero sobre todo el apoyo de ustedes, les reitero: espero que estemos suficientemente asustados del cambio climático, sus consecuencias y de lo que será enfrentar un apocalipsis si no hacemos algo para las abejas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ramírez Marín.

En virtud de no haber más oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a incluir en la política nacional medidas para la preservación de las abejas. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo a implementar una estrategia para disminuir el consumo de tabaco en las playas mexicanas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, a nombre de la Comisión de Salud.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Una de las mayores amenazas para la salud de los mexicanos, independientemente de su grupo étnico, se genera a causa del consumo del tabaco; cuando nuestro país ratifica el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en 2004, se desarrollan políticas públicas para habilitar espacios libres de humo de tabaco, así nació la Ley General para el Control del Tabaco, con el objetivo de generar medidas tendientes a la protección de consumidores y a disminuir los daños causados por dicho consumo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, hacia 2020 el consumo de tabaco será la causa del 12 por ciento de las muertes a nivel mundial, cifra que rebasa las estimaciones de mortalidad por VIH o por mortalidad materna.

Los esfuerzos han brindado avances significativos, sin embargo en nuestro país en menos de dos décadas hemos pasado de nueve a 13 millones de personas fumadoras y las enfermedades originadas por el tabaquismo matan a más de 53 mil personas al año.

El mismo convenio al que ya hemos hecho referencia, conmina, conmina al Estado a formular, publicar y revisar estrategias y planes integrales para el control del tabaco, adoptando medidas legislativas, ejecutivas y administrativas para prevenir y reducir el consumo.

Por otro lado, esta situación no solo afecta la salud de quienes consumen el tabaco, sino que también es motivo de contaminación, particularmente habré de referirme a la que se genera en las playas y costas, para brindarles, compañeros Senadores, algunos argumentos de porqué votar a favor de este dictamen, les diré: “La contaminación del mar comienza en las costas y es esencialmente a causa del descuido de los seres humanos”.

Cada segundo, por citar un ejemplo, se vierten 124 mil litros de agua sin tratar, de 5.6 millones de colillas que van a la basura, el 66 por ciento ensucia costas alrededor del mundo; los popotes no son el único mal que amenaza a los océanos y sus especies, en primer lugar están las colillas de cigarro, cigarros y colillas son el objeto más recolectado en las playas, las personas las tiran en la arena y la marea las arrastra hacia el mar.

Por ello, en la Comisión de Salud, voces de todos los grupos parlamentarios en atención a la idea original del promovente, proponemos a través de este exhorto que la Secretaría de Salud fortalezca el diseño, implementación y evaluación de las políticas relacionadas con la prevención de efectos nocivos del tabaco en la salud.

Además que dicha dependencia, en coordinación con la Semarnat, Secretaría de Turismo y los gobiernos de los estados costeros Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz evalúen la viabilidad de diseñar estrategias para disminuir el consumo del tabaco y para propiciar acciones que promuevan que los fumadores depositen en lugares propios, idóneos y correctos los remanentes de sus cigarros, estamos a tiempo.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Está a discusión el dictamen. Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat, del PVEM.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Me congratulo por la aprobación de este punto de Acuerdo, pues es un mensaje del Senado de la República a favor de la salud de los mexicanos y, sobre todo, de equilibrio ecológico de las playas de nuestro país. El problema del tabaquismo no es menor, pues se trata de un hábito que incide en la salud de las personas más vulnerables, me refiero a las mujeres embarazadas y a los menores de edad, como mi compañera que me presidió, que se convierten en fumadores pasivos por el humo del cigarro que reciben de manera indirecta.

Se estima que los costos directos en el Sistema de Salud superan los 60 mil millones de pesos cada año por la atención de padecimientos asociados al tabaco. Esto es aún más preocupante en el caso de las playas, pues se trata de lugares públicos para el esparcimiento de millones de familias que buscan escapar del caos de las zonas urbanas, pero además a los fumadores se les hace fácil disponer de las colillas de sus cigarros de manera inadecuada contaminando las calles y, en el caso del dictamen que nos ocupa el día de hoy, las playas y los mares de nuestro país.

Como le digo a varios de mis amigos: “les enseñaron a fumar, pero no les enseñaron a tirar sus colillas en el basurero”. Se estima que de los seis trillones de cigarros vendidos anualmente, 4.5 trillones de las colillas terminan tiradas en la calle y en las playas contaminando nuestros océanos y el agua que tanto necesitamos. Es una paradoja que quienes deciden fumar tienen edad legal para hacerlo, pero no la madurez de depositar sus colillas en la basura, la colilla es el componente principal de la basura que se encuentra en las playas, entre un 19 y 38 por ciento por encima de las botellas de plástico; diversos estudios internacionales han determinado que los productos químicos de los cigarrillos pueden ser extremadamente tóxicos para los organismos que se encuentran en los océanos.

Asimismo, no se debe perder de vista que la mayoría de los cigarrillos que se producen en el mundo contienen un filtro plástico con los efectos negativos sobre el ambiente y la vida marina que ello supone. Esto cobra especial relevancia, pues los seres humanos consumimos pescados y mariscos que, a su vez, contienen los plásticos que son desechados en el mar.

Es verdaderamente alarmante, una colilla de cigarro contamina entre 20 y 50 litros de agua, literalmente la mayoría de la gente nos estamos comiendo el plástico que irresponsablemente generan unas cuantas personas. Por ello, la aprobación de este punto de Acuerdo es un primer paso para transitar hacia la erradicación de las prácticas que contaminan nuestras playas mexicanas y no nos vamos a detener.

Se dio la batalla en los 90’s en contra de las cigarreras y ahora vamos a continuar hasta que esto se convierta en una ley, no vamos a parar. Al liberar nuestras playas del tabaco protegeremos los derechos humanos a la vida, la salud y a un medio ambiente sano. Reiteramos nuestro compromiso por lograr una alternativa legislativa que establezca reglas eficaces para la protección de las playas ante conductas dañinas. Los problemas más graves que enfrenta nuestro país requieren acciones contundentes, por lo cual exhorto a votar a favor del presente dictamen.

Gracias, compañeras y compañeros por escucharme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Murat Hinojosa.

Pregunto si hay algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la palabra. De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a implementar campañas en relación al control reproductivo de animales de compañía. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para presentar el dictamen tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, a nombre de la Comisión de Salud.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros Senadores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la rabia, o sea, la hidrofobia es una enfermedad vírica e infecciosa que acaba siendo mortal para los humanos una vez que han aparecido los primeros síntomas.

Hasta el 99 por ciento de los casos, el virus es transmitido por mascotas domésticas, no obstante la enfermedad afecta a animales tanto domésticos, como salvajes, y se transmite a los humanos a través de mordeduras o arañazos.

Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades se produce en la interface entre el ser humano y los animales a través de la exposición directa o indirecta entre estos.

Los productos derivados de ellos, como la carne, la leche, huevos o en el entorno de ellos, en algunos casos.

La Organización Mundial de la Salud colabora con entidades asociadas de distintos sectores para evaluar y reducir los riesgos de transmisión al ser humano a través del consumo de productos de origen animal.

Sin embargo, la rabia que se conoce por hidrofobia, lo primero que siente o sabe el enfermo, o se da cuenta el médico es el miedo, que experimenta este al agua, el terror cuando empieza a ver el agua, y es cuando se dice es rabia.

Es por esto que los países toman medidas para prevenirla, contenerla y tratar de eliminarla.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA-22011 para la prevención y control de la rabia humana, en los perros y gatos, tiene como objetivo establecer los lineamientos y criterios de operación para la prevención y control de la rabia.

La Secretaría de Salud implementa campañas de vacunación antirrábicas, las semanas nacionales y de reforzamiento de vacunación masiva contra la rabia se realizan durante el primer y tercer trimestre del año, para aplicar entre el 85 y el 100 por ciento de las dosis programadas de la meta anual en cada entidad, lo que se traduce en la reducción de los casos de rabia, contribuyendo a alcanzar la certificación de la eliminación de la transmisión de la rabia canina y felina.

Déjenme comentarles, compañeros Senadores, un dato relevante. Así como decía el Senador Ramírez Marín: “¿creen que los quiero asustar?” Pues también yo los quiero asustar.

México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tienen hogar o refugio, especialistas y protectores de animales coinciden en que la solución es alentar la esterilización y la tenencia responsable de las mascotas.

Los perros en la calle se reproducen sin control, y la población aumenta cada día más. En este orden de ideas los beneficios de la esterilización superan los riesgos.

En el caso de los felinos, o sea, los gatitos y las gatitas es importante esterilizarlos antes del primer celo, el cual suele ocurrir entre los cinco y seis meses de edad.

Les va otro dato bien importante, en nuestro país debido al gran número de horas luz respecto a otros países nórdicos, las gatitas pueden entrar en su primer celo mucho antes, la luz las estimula, pues pueden tener celos frecuentemente.

Las gatitas no esterilizadas pueden llegar a tener hasta tres camadas al año, y tienen de cinco a seis cachorros si bien les da, produciendo grandes problemas de superpoblación y abandono.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta Honorable Cámara, lo siguiente:

Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional en Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a implementar campañas y acciones que permitan redoblar esfuerzos en el control reproductivo de animales de compañía, disminuyendo la cantidad de perros y gatos callejeros abandonados.

Asimismo, a combatir la propagación de la rabia y otras enfermedades infecciosas en la población animal mediante el uso eficaz y eficiente de los programas ya establecidos para ello.

Esta iniciativa, compañeros, la hizo y la propuso y la dejó en nuestras manos la profesora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que está de permiso en estos momentos.

En consecuencia, yo los invito a que la aprobemos y nos convirtamos en transmisores de la información hacia una población que depende de nosotros. Hay que ser responsables, así como con las abejas, también con los perritos y perritas, gatitos y gatitas de nuestro país.

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Margarita Valdez.

Está a discusión el dictamen. Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a reforzar acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, tiene el uso de la palabra la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana afecta a todos los sectores sociales sin distinción. Los datos de 2017, a nivel mundial, son muy contundentes, 36.9 millones de personas viven con VIH; 21 de estos millones viven con el VIH bajo tratamiento; y 1.8 millones en el mundo son nuevos casos.

En el tema de atención a la enfermedad, se estima que en 2017 solamente el 59 por ciento de las personas que viven con VIH tuvieron acceso al tratamiento.

De este, el 59 por ciento eran personas mayores de 15 años; y el 52 por ciento eran niñas y niños con VIH. Esto habla de un gran déficit en la cobertura de tratamiento para las personas seropositivas o infectadas, ya con manifestaciones de SIDA.

Actualmente, desde 1983 hasta noviembre de 2018, fueron notificados 202 mil 295 casos en nuestro país, de los cuales 161 mil 929 se encuentran vivos aún; y se tienen 13 mil 137 nuevos casos en 2018.

En la 37º Reunión de la Junta de Coordinación de ONUSIDA, se aprobó una nueva estrategia, para poner fin a la epidemia de SIDA en el mundo, ya que es una amenaza para la salud pública para todos los países, y la idea es poner fin a esta epidemia antes del año 2030.

Esta estrategia es una de las primeras en las que en Naciones Unidas se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible que establece el marco de la política de desarrollo mundial para los próximos quince años, y entre los que se incluye poner fin a esta epidemia.

Para lograrlo es necesario agilizar considerablemente la aplicación de medidas de respuesta durante los próximos cinco años y, posteriormente, sostener los esfuerzos hasta 2030 y en los años posteriores.

Esto sólo puede logarse con un compromiso político renovado, con recursos adicionales e innovaciones técnicas y programáticas.

Esta estrategia promueve un enfoque centrado en las personas, basado en los principios de los derechos humanos y la equidad sanitaria, además contribuirá a reducir drásticamente el número de nuevas infecciones por VIH y el de muertes, por supuesto, relacionadas con este virus.

Por lo tanto, la Comisión de Salud ha votado a favor del dictamen en el que se propone el acuerdo siguiente:

En el marco del Día Mundial del SIDA, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a que refuercen las acciones de diagnóstico oportuno de VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 en esta materia.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Antares Vázquez.

Pregunto sí hay algún orador u oradora que quiera inscribirse para la discusión de este dictamen. De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el dictamen de la Comisión de Salud, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a reforzar acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 y en el marco del Día Mundial del SIDA.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en los proyectos del Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis C Crónica. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, tiene la palabra el Senador Américo Villarreal.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Compañeras Senadoras y Senadores:

Una reflexión nada más y que estemos atentos a las nuevas circunstancias que va a haber de salud a nivel mundial, nuestro país no está exento de la misma, si hacemos un análisis, las últimas tres ponencias que se están dando en este momento son relacionadas con enfermedades de tipo viral, tanto la rabia, como el VIH/SIDA, y este que, en su momento, me permito presentar, la Hepatitis C, que creo necesitamos poner mucha atención desde el punto de vista de salud a los padecimientos de origen viral, que son los que nos van a aquejar.

La Organización Mundial de la Salud indica que la Hepatitis C es la principal enfermedad hepática crónica a nivel global y representa una carga de enfermedad importante para los países. Se estima que 71 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la Hepatitis C. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México existen más de 400 mil personas seropositivas para este padecimiento.

El virus de la Hepatitis C se transmite por la sangre, por lo que las personas que tienen mayor riesgo de infección son las y los pacientes que se someten a procedimientos médicos, transfusiones de sangre o de productos sanguíneos infectados en un entorno clínico con prácticas deficientes de control de la infección; los consumidores de drogas inyectables o las personas que se han sometido a procedimientos cosméticos, como tatuajes y perforaciones ornamentales. Las parejas sexuales de las personas infectadas por el virus pueden también infectarse. Las complicaciones, producto del virus de la Hepatitis C, son costosos e irreversibles, tales como la fibrosis del hígado o cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática. La Organización Mundial de la Salud estima que al año fallecen 399 mil personas debido a este padecimiento, particularmente por cirrosis y cáncer de hígado.

Derivado de los avances en la medicina, en la actualidad, con los nuevos antivirales de acción directa, existe la posibilidad de más de un 95 por ciento de eliminar la hepatitis crónica tipo C, y sus costos se han reducido considerablemente, por lo que son más accesibles para otorgarlo por parte de las instituciones a la población mexicana. Por lo que es posible dar cumplimiento a las metas establecidas por la OMS, para el 2030, relacionadas con la reducción de nuevos casos de hepatitis C por el virus en un 90 por ciento, diagnosticar al 90 por ciento de los enfermos y reducir y evitar la mortalidad por enfermedades de hígado en un 65 por ciento, así como garantizar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., donde establece el derecho fundamental a la salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora resuelve el siguiente:

Acuerdo.

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para incluir en los proyectos del Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa integral para el manejo de la hepatitis C Crónica.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Está a discusión el dictamen. Para hablar sobre el mismo, tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Reynoso.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 19 de diciembre, presenté ante esta Soberanía el exhorto respetuoso para incluir tanto en el Plan Nacional de Salud como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral de eliminación de la Hepatitis C Crónica.

Como bien lo dijo el Senador Américo, esta es una enfermedad del hígado causada por el virus de la Hepatitis C que se transmite a través de la sangre.

Del 60 al 80 por ciento de los pacientes infectados desarrollan una infección crónica asintomática, que tiene un alto riesgo de generar cirrosis hepática o cáncer de hígado. Y en México la prevalencia de la enfermedad oscila entre el punto 4 y punto 5 por ciento, por lo que se calcula que debe de haber aproximadamente 600 mil personas padeciéndola, aunque del 2000 al 2016 sólo se habían diagnosticado 31 mil casos, lo que significa que el 95 por ciento de los pacientes no han sido identificados.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud incluye el derecho al acceso de un sistema de protección de salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se puede alcanzar.

En el 2015 la ONU estableció entre los objetivos del desarrollo sostenible que los países miembros deben para el 2030 poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas, y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles, y las metas, eliminar la Hepatitis C en un 90 por ciento para el 2030, elevar el número de diagnósticos al 90 por ciento para esta fecha y reducir la mortalidad en un 65 para el 2030, ampliar el acceso de tratamientos curativos en un 80 por ciento para ese mismo año.

Y en este orden de ideas, todas las personas en México tienen derecho a que les sea reconocido y garantizado el acceso a la salud. En este principio radica la importancia de que las personas que padecen la enfermedad conocida como Hepatitis C Crónica sean reconocidas en la planeación de los programas de salud. Como se destaca en el dictamen, hasta ahora no existe un plan con visión a largo plazo en nuestro sistema de salud para brindar la cura a los pacientes con el virus de Hepatitis C debido a la fragmentación del sistema.

Cada institución tiene sus propios criterios, algunas ofrecen el acceso universal sin discriminación por edad o etapa de la enfermedad, mientras que otras limitan el acceso. La reducción en la mortalidad asociada al virus de la Hepatitis C crónica está ligada, sin duda, al diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento. Los avances de la medicina del siglo XXI han permitido obtener los agentes antivirales directos que ofrecen precisamente la posibilidad de erradicar completamente el virus de la hepatitis C en un 95 por ciento. Y es por ello que es indispensable que se considere como parte de la Secretaría de Salud un programa integral para el manejo de esta enfermedad.

El grupo parlamentario del PAN estará siempre a favor de la solidaridad, de la subsidiaridad y el bien común para dignificar a las personas con políticas públicas planeadas y eficaces. Agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Salud la disposición y aprobación del presente dictamen del que estoy segura también podemos contar con el respaldo de esta Honorable Asamblea.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Pregunto si hay algún otro orador u oradora que quiera hacer uso de la palabra.

De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Salud que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en los proyectos del Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis C crónica. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a suministrar medicamentos suficientes y dotar de infraestructura médica a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Para presentar el dictamen tiene el uso de la palabra el Senador Primo Dothé Mata, a nombre de la Comisión de Salud, hasta por diez minutos.

El Senador Primo Dothé Mata: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Tengo el honor de presentar ante ustedes un dictamen de una proposición presentada por nuestro compañero Senador Casimiro Méndez Ortiz, como ya escuchamos, referente a la carencia de medicamentos y de infraestructura en las zonas indígenas de nuestro país, en detrimento de pueblos y comunidades.

Habría de sobra ejemplos con los cuales hacer alusión a esta terrible realidad.

Yo quiero aprovechar para mencionar como un botón de muestra trágica, lo que nos ha tocado presenciar, experimentar, vivir, sufrir, un ejemplo solamente de muchos en nuestro país, de cómo repercute la carencia de infraestructura médica hospitalaria suficiente.

El pueblo de la Huasteca, los pueblos que habitan en la Huasteca o las huastecas, como también se conocen, asentados en el norte del estado de Hidalgo, en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el norte de Querétaro y el sur de San Luis Potosí, son en suma, más de un millón de personas en esta región Huasteca, en estas partes de cinco entidades de la República.

¿Qué ocurre cuando un habitante de esta región, requiere, necesita de la atención de oncología, cardiología, neurología, oftalmología, neumología, nefrología, gastroenterología, angiología?

Para esta población de más de un millón de personas, de más de un millón de seres humanos, no existe un profesional a su alcance, no existe una instalación médica a dónde pueda acudir. Esa es la realidad de hoy.

Y no es solamente para quienes no tienen una cobertura institucional, de seguridad como el IMSS, el ISSSTE e incluso, donde opera todavía el Seguro Popular, derechohabientes y no derechohabientes, carecen de la cobertura de este sistema de salud en segundo y en tercer nivel.

Enumeré estas especialidades y si revisamos qué implica cada una de ellas, vista, pulmones, riñones, hígado, arterias, cerebro, corazón y la atención a todos los tipos de cáncer, esta carencia criminal de infraestructura, es en los hechos una sentencia no a vivir, a sobrevivir a los pacientes que requieren de esta atención en un Estado que les está negando, incluso, el mínimo de bienestar para la dignidad humana, y en muchos de los casos, esta realidad es una sentencia de muerte, estamos hablando de órganos vitales.

¿Qué tienen que hacer las personas?, Acudir a una distancia de 450 kilómetros, hasta de 450 kilómetros por carretera para poder ser atendidos sin contar aun los que tienen que trasladarse de sus comunidades a la cabecera en donde pueden viajar por carretera, sin contar aún que no existe infraestructura para poder trasladar a las personas hasta los centros de atención hospitalaria de segundo y tercer nivel, y sin contar, para terminar, con que la mayoría de las familias de estas comunidades y pueblos indígenas no cuentan con los recursos, ni siquiera para alimentarse los días que tengan que estar en las capitales de los estados, en atención, en los centros hospitalarios.

Es pues, un botón de muestra de lo que aún se está viviendo y que no como representantes populares, tenemos que dejar de lado, puesto que nuestro trabajo, precisamente debe incidir, impactar en esa realidad social.

Por eso, esta propuesta de la Comisión de Salud, este acuerdo, esta proposición de acuerdo que dice:

El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas a fin de que se suministren medicamentos suficientes, se dote de infraestructura necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho, de la protección a la salud.

Les solicitamos su respaldo a este acuerdo, porque en este escenario tan terrible en el que hoy es hasta un tema en las redes sociales, cuestionando que el único, la única cura que se pone a disposición del pueblo mexicano es el paracetamol, pues hay lugares, muchos lugares donde ni siquiera se tiene el abasto suficiente de paracetamol.

Se dirige este respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud Federal, pero también a las 31 entidades de la República y la Ciudad de México, dado que en 24 estados aún tienen a su cargo la mayoría de los recursos humanos financieros y materiales, y la posibilidad de dar respuestas inmediatas y efectivas a estas necesidades.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Primo Dothé Mata.

Está a discusión el dictamen. Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga y a continuación el Senador Casimiro Méndez.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a posicionar, en nombre del grupo parlamentario del PRI, este dictamen que busca mejor atención y acercamiento del sector salud a las comunidades indígenas de México.

Como ustedes saben, existe casi un poco más del 10 por ciento de la población que es indígena en nuestro país, de la cual el 40 por ciento estamos hablando de mujeres y estamos hablando de la niñez, y de adultos mayores.

Lo que necesitamos es que el sector salud, como se vino haciendo en años anteriores, por la lejanía en que se encuentra la población indígena, la encontramos y hablamos de Guerrero, en la montaña de Guerrero; si hablamos de Oaxaca la encontramos en la sierra de Oaxaca, si hablamos de San Luis Potosí, si hablamos del estado de Hidalgo, si hablamos de Veracruz, como ahorita lo comentó el Senador, en Las Huastecas, siempre está en las localidades más alejadas, y muchas veces la población indígena no se atiende porque le queda muy lejos ir a un hospital o a una clínica cuando necesitan una atención mayor.

La propuesta es que los centros rurales de atención integral sería muy bueno que se ocuparan más, como se vino haciendo en los últimos años, que yo estuve en lo que era la Comisión para Pueblos Indígenas, porque tenían ultrasonido; dejábamos ultrasonido, dejábamos lo que es la sala de expulsión y podían avanzar, y no tener que ir hasta un hospital, que también tenían que hacer un gasto para poder acercarse, pagar el autobús o pagar una combi, o la alimentación, que los ocupaba todo el día.

En estos centros rurales es acercarle estos centros, como una clínica, a las localidades, para que atienda a la población indígena y desde luego también atendería el tema del medicamento, que para ellos es muy importante por las condiciones económicas.

La Organización Mundial de la Salud destaca que el acceso a los servicios de salud es una condición para tener paz y seguridad en todos los pueblos indígenas. Históricamente el sector salud ha encontrado un obstáculo por la falta de personal capacitado, pero sobre todo que pueda irse a las comunidades este tipo de infraestructura.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto cuando existen los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un gran número de quejas es cuando la población indígena no cuenta con los servicios de salud y eso es muy recurrente.

Por eso es que el grupo parlamentario del PRI apoya esta postura de este dictamen a favor y exhorta a las Secretarías de Salud y sus homólogas en los estados, en donde se estén suministrando y se tengan estos centros de salud con atención integral.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mayorga Delgado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Casimiro Méndez.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Hace muchos años un gran Presidente latinoamericano, Salvador Allende, en la Universidad de Guadalajara, dijo que la salud es una mercancía y que había muchos médicos que no entendían eso, que la salud tenía un costo y que solamente podían atenderse quienes podían pagar la salud. Queremos decir que de nuestro país, de nuestros estados, de nuestras comunidades indígenas, siempre desde el exterior se hablan maravillas y generalmente se habla de sus riquezas naturales, de sus riquezas mineras; se habla de un México en abstracto, se habla de un México a veces hasta imaginario.

Pero decir que México es más que la palabra, México es más que una visión externa, México son necesidades. México es pobreza, México es hambre, México son nuestras comunidades indígenas, con falta de muchos recursos para atenderse, con falta de muchos elementos que garanticen sus Derechos Humanos.

Quienes venimos de una comunidad indígena siempre nos hemos negado a ser mexicanos de segunda, nuestra lucha siempre ha sido por ser considerados mexicanos, sobre todo ante la igualdad, con todos los mexicanos, no por encima de nadie, no por delante de nadie, solamente ser considerados mexicanos.

Y a veces, muchas veces los pobres tenemos la mala costumbre de enfermarnos de enfermedades para gente adinerada; los pobres tenemos esa costumbre, enfermarnos de enfermedades que solamente quien tiene dinero puede solventar sus necesidades médicas, y es cuando en ocasiones los pueblos se organizan y ejercen sus derechos, ejercen sus garantías a través de los hechos, condenados por unos, señalados por otros, que tal vez les convendría más bien que nuestras comunidades indígenas siguieran padeciendo sus enfermedades de manera dolorosa pero en silencio.

Y queremos decir que esta etapa está culminando, va a culminar, si no es así, que en nuestro país tenemos la plena convicción de garantizar los Derechos Humanos, los Derechos Constitucionales, para todos los mexicanos.

Y que si los seres humanos tenemos derecho a la salud, pues bienvenido sea el ejercicio de ese derecho, ¿o acaso habrá alguien que esté en contra de ese derecho, que los pobres ejerzan ese derecho?

Queremos decir también que hemos visto, hemos estado muy cercanos a experiencias muy difíciles, padres, familias, que se van a convertir en padres, que les retienen a sus hijos en las clínicas de salud porque no tienen ni siquiera para los medicamentos.

¿Qué hacen los padres de familia? Venden lo que tienen en el pueblo, el burrito, la tierrita y se llevan al hijo o a la niña a la comunidad indígena, pero ya no tienen dónde vivir y ahí se violenta otro derecho humano, el derecho a la vivienda, un derecho constitucional. Y esa así que nos atrevemos a exhortar al gobierno federal a que cumpla con este derecho humano y a todas las instancias de salud.

De esta más alta tribuna de la nación, quiero hacer un reconocimiento a una clínica hospital, heroica de Michoacán, de la comunidad indígena de Paracho, que ha sabido jugar el papel histórico desde siempre con nuestras comunidades indígenas de apoyar a los más pobres y de manera gratuita, a estos médicos y enfermeras y a todos los médicos y enfermeras que trabajan en los lugares más apartados del país vaya nuestro reconocimiento.

Creemos firmemente que el país está a punto de experimentar un cambio histórico y están contemplados.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Casimiro Méndez.

Antes de continuar, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y personal docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitados por la Senadora Verónica Martínez García.

Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.

¡Sean bienvenidos y bienvenidas!

Muchas gracias por su visita.

Al no haber más oradoras ni oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indique, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas a suministrar medicamentos suficientes y dotar de infraestructura a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas para permitir dar cumplimiento a su derecho a la protección de la salud. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del último de los dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través del titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, a rendir un informe a esta Soberanía sobre los resultados del etiquetado nutrimental vigente El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente, doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero a nombre de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, señor Presidente.

He escuchado con atención las reflexiones y los comentarios de mis compañeras Senadoras y Senadores que me antecedieron y, yo considero que antes de generar miedo, tenemos que construir una nueva conciencia. Hemos hablado, sin lugar a dudas, que el deterioro ambiental que hemos provocado los seres humanos, subrayo, los seres pensantes, han llevado a que tengamos, como medida del deterioro, la mortandad de las abejas.

Por otro lado, hemos visto la reproducción canina que desafortunadamente sale del control porque no hemos tenido el cuidado, también en una reproducción que atenta contra la contaminación ambiental, pero también que se vuelve agresiva y dolosa para la salud cuando vienen problemas como el de la rabia.

Y el día de hoy vengo a tocarles, en esta mañana, en el que la salud nos debería de unir, un problema que en México se presenta día con día en una forma más importante y más preocupante. Sí, la salud es materia de gobernabilidad, porque cuando alguien muere pudiendo haberse evitado, se está generando un resentimiento social que el día de mañana va a ser difícil que lo contengamos. Son 260 mil o 70 mil los fallecidos en los últimos 12 años por la violencia, pero son millones y millones de mexicanos los que han muerto, enfermos sí, pero que iban con vida y con esperanza y han salido muertos de los hospitales sin haber sido tratados.

Y aquí es donde los hospitales se hicieron, no en la actualidad se hicieron, se hicieron sicarios, porque la gente llegaba viva y salió muerta, porque el medicamento no había, la atención no se encontraba y la inconformidad está presente, lo mismo en el tema que nos debe de dar mucha vergüenza a los mexicanos, somos el primer lugar, óigase bien, el primer lugar en el mundo entero en obesidad infantil. Óigase bien, somos el segundo lugar, en el mundo entero, en obesidad del adulto.

Sí, somos el primer lugar en el mundo en consumir refrescos de cola. Somos el sexto lugar en diabetes, tenemos seis a siete millones de diabéticos y para países de la OCDE somos el primer lugar en diabetes. Y es por eso que vengo a solicitarles, a nombre de la Comisión de Salud y del grupo parlamentario de Morena, a las actuales autoridades del sector salud, qué respuesta hemos encontrado en materia de etiquetado y en materia nutrimental al disminuir la obesidad en México.

Yo les pediría a ellos que no se sientan agredidos, tenemos una responsabilidad como partido en el gobierno, que no se confundan los que critican que somos el partido del gobierno, somos el partido y el movimiento en el gobierno.

Y vengo a solicitarles cuál es la respuesta, vengo a solicitarle también a la Secretaría de Educación Pública, cuál es la respuesta en las tiendas escolares, los niños llegan con hambre a sus escuelas y comen lo que se les atraviesa, pero no es por culpa de los niños, es por culpa de que no se han aplicado correctamente las medidas preventivas que frenen la obesidad, una obesidad que genera diabetes, una obesidad que genera cáncer, una obsesidad que genera enfermedades hepáticas, una obesidad que genera enfermedades cardíacas.

Una obesidad que genera vergüenza en los mexicanos porque no podemos ser el botín que vengan a vendernos enfermedad y nosotros las estemos adquiriendo. or lo tanto, yo exijo a las autoridades de salud, y me exijo como parlamentario, tomemos las medidas para entregar a las futuras generaciones y a las actuales un sistema de salud a la altura de la conciencia, no del miedo.

Yo sé que juntos podemos cambiar las cosas, y sé que pronto habremos de encontrar los resultados que con ansia estamos nosotros esperando.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Navarro Quintero.

Al no haber oradoras, ni oradores que soliciten hacer uso de la palabra para la discusión del dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a través del Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, rendir un informe a esta Soberanía de los resultados del etiquetado nutrimental vigente a efecto de que se pueda evaluar si el mismo garantiza la protección de los consumidores. Comuníquese.

Vamos a pasar ahora al siguiente apartado.

Hemos terminado los dictámenes de segunda lectura y los dictámenes de puntos de Acuerdo.






Para comenzar con la presentación de iniciativas, en una primera ronda tiene el uso de la palabra el Senador Salomón Jara, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de información privilegiada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de todas las compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy someto a la consideración una iniciativa para adicionar los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de fortalecer el marco jurídico relacionado con la ética y la integridad en el ejercicio del servicio público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, con el objeto de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer los principios y obligaciones que deberán regir la actuación de los servidores públicos, definir las conductas que serán consideradas como faltas administrativas graves y no graves, y establecer las sanciones, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.

La ley contempla las sanciones para las conductas ilícitas cometidas por particulares vinculados con faltas administrativas graves, y determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, sentando las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en el servicio público. Escándalos recientes y cada vez más frecuentes involucran a altos servidores públicos o a personalidades políticas en actos de corrupción y en conflicto de intereses.

En razón de lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar que en el proceso de toma de decisiones que involucre a sectores estratégicos del país se privilegie y salvaguarde el interés público. Añadiendo un nuevo supuesto fáctico que será aplicable exclusivamente a aquellos ex servidores públicos de áreas estratégicas que posean información de interés nacional, y que pretendan beneficiarse o beneficiar a terceros a partir de esa información.

La restricción vigente de un año contempla en la ley que mantenga para el grueso de los servidores públicos, los cuales podrán contratarse en el sector privado, como lo hacen hasta hoy. Los ex servidores públicos que no poseen información estratégica y que por ende no puedan beneficiarse de manera ilegal, no tendrán problema. Aquellos ex servidores públicos que sí posean información, por el contrario, podrán contratarse sin ningún problema en el sector privado siempre que sea en empresas que no formen parte del mismo sector estratégico.

De esta forma lo que se garantiza es que la información sensible que poseen no sea el vínculo que los una en su nueva relación laboral o comercial. Extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos de sectores estratégicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado, no busca ni pretende limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona.

La restricción de un año se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo es el de garantizar que ciertos ex servidores públicos no se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su estancia en el servicio público. Por lo anteriormente expuesto propongo añadir al artículo 56, un nuevo párrafo que establezca que: para los servidores públicos que se hayan desempeñado en algunos de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción para contratarse en el ámbito privado en empresas que pertenezcan al mismo se extenderá hasta 10 años.

De igual forma, propongo añadir que incurrirá en la conducta de contratación indebida, el particular que perteneciendo al mismo sector o área contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. No más capitalismo de cuates, no más chapulines fifís, no más ex servidores públicos que generen riqueza personal y se beneficien, o a sus amigos, o a partir del patrimonio de las y los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, con el objeto de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer los principios y obligaciones que deben regir la actuación de los Servidores Públicos; definir las conductas que serán consideradas como faltas administrativas graves y no graves; así como las sanciones aplicables a las mismas, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. 

De igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca establecer las sanciones para las conductas ilícitas cometidas por particulares vinculados con faltas administrativas graves; determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

En este contexto, resulta oportuno recordar la Recomendación1 del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a la integridad pública y sus efectos en el proceso de consolidación de la institucionalidad democrática, emitida en el marco de la labor realizada por las Naciones Unidas en el campo de la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza, en particular aquella que se plasma en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

De conformidad con estos importantes referentes internacionales, la ética y la integridad en el servicio público son los pilares fundamentales sobre los que se asientan las estructuras políticas, económicas y sociales y, por consiguiente, resultan factores indispensables para el bienestar económico y la prosperidad de los individuos y de la sociedad en su conjunto. La ética y la integridad resultan valores y conductas cruciales para la gobernanza pública, para salvaguardar el interés general y reforzar valores fundamentales como el compromiso con una democracia plural basada en el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. Por estas razones, resulta indispensable identificar y atacar los riesgos que atentan contra la ética como consecuencia de las distintas y complejas interacciones que se presentan entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas y morales, en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas.

Y es precisamente esta intensa interconexión la que nos exige un enfoque integrador que abarque al conjunto de la sociedad a la hora de mejorar la integridad y ética pública, reduciendo al maximo posible los incentivos y vacíos que favorecen la corrupción dentro del sector público. En nuestro país, la ciudadanía ha rechazado rotundamente lo que consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, el cual limita sus oportunidades de movilidad social y de acceso a una vida mejor. Escándalos recientes y cada vez más frecuentes que involucran a altos servidores públicos o a personalidades políticas, han profundizado la percepción colectiva y hoy nos obligan a impulsar acciones contundentes que permitan al Estado fortalecer sus herramientas contra la corrupción en sus distintas manifestaciones.

En una encuesta de Gallup del 20152, más del 70% de los ciudadanos opinó que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno. Este desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez, contagiado el desempeño económico de manera negativa. El reconocido informe anual de competitividad de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; otros informes ubican las pérdidas en un 9% del PIB. Por otro lado, la Revisión de Integridad de México de la OCDE, muestra que si la corrupción no se atiende con eficacia, será imposible atender en la misma forma muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país: caída de productividad y competitividad, desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad regional y varios más.

Por lo tanto, debemos tener muy presentes las acciones prioritarias y estratégicas que el Estado mexicano está obligado a implementar para hacer frente a la corrupción y fortalecer la ética y la integridad en el servicio público. Entre otras, me parece oportuno destacar la necesidad de realizar importantes inversiones en campañas de concientización; desarrollo de capacidades y creación de instituciones. Debemos también proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros; refinar los Protocolos de Contratación para hacerlos más transparentes; aclarar y desarrollar aún más las políticas y claúsulas de conflicto de intereses; proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y fortalecer a los contralores internos para realizar investigaciones disciplinarias y gestionar los riesgos.

Estos son los ejes en los que se sustentan las buenas prácticas internacionales y las lecciones aprendidas por expertos de diferentes países miembros de la OCDE que han tenido experiencias y procesos exitosos para constituir sistemas sólidos de integridad y ética en el sector público, entre los que destacan España, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, es claro que las políticas públicas se ubican en el centro de la relación entre ciudadanos y gobierno, y determinan la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos, por ello, las decisiones sobre políticas públicas que son tomadas sin tener en cuenta el interés general, exacerban las desigualdades y menoscaban los valores democráticos, el crecimiento económico y la confianza en el gobierno. En razón de lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar que en el proceso de toma de decisiones que involucre a sectores estratégicos del país se privilegie y salvaguarde el interés público.

El artículo artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades  Administrativas ya establece que incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Por su parte, el artículo 56 precisa que para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público, añadiendo que la restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. En el mismo sentido, el Artículo 72 establece que será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

En tal virtud, la presente iniciativa propone incrementar el plazo de restricción establecido en los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de extender, hasta 10 años, el plazo en el que un servidor público que se haya retirado del empleo puede incurrir en el delito de utilización indebida de información; y el plazo en el que un particular puede incurrir en responsabilidad por contratación indebida de ex Servidores Públicos, siempre que quien haya sido servidor público durante el año previo, posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.

Lo anterior, es absolutamente congruente y consistente desde el punto de vista constitucional, ya que extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado, NO busca NI pretende  limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona, por el contrario, tal y como ya lo ha expresado el poder judicial de la federación con motivo de la restricción de un año que ya se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo es el de  garantizar que ciertos ex servidores públicos NO se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su estancia en el servicio público, siempre que lo anterior pudiera implicar una violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y configurarse como un claro y abierto conflicto de interés.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 9, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO PROHÍBE TODO TIPO DE VENTAJA OBTENIDA DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA CONCLUSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DESEMPEÑADA, SINO SÓLO AQUELLA QUE REDUNDE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O QUE SIGNIFIQUE UN CONFLICTO DE INTERESES3.

De una interpretación gramatical, sistemática y conforme de los artículos 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se colige que la prohibición prevista en este último, en relación con la hipótesis de obtener alguna ventaja, consiste en vedar, durante un año posterior al fin del empleo, cargo o comisión, la posibilidad de que un servidor público se coloque o haga que se le ubique en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otra persona, como consecuencia de las funciones públicas que desempeñó, siempre que lo anterior implique la violación de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y/o eficiencia o que con ello se incurra en conflicto de intereses; es decir, el citado artículo 9, inciso a), no prohíbe todo tipo de ventaja obtenida durante el año siguiente a la conclusión del puesto público desempeñado, sino sólo aquella que redunde en la transgresión de los mencionados principios previstos en el señalado precepto constitucional, o que signifique un conflicto de intereses, según lo define el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo, de la indicada ley. Lo anterior se afirma, además, porque del proceso legislativo que originó el aludido artículo 9 se advierte que el legislador consideró que no se debía sancionar el solo hecho de que el ex servidor público, durante el año siguiente al fin de su encargo, trabajara en aspectos relacionados con aquellos que desarrolló mientras laboró para el sector público, pues estimó que ello provocaría una limitación indebida al derecho fundamental de libertad de trabajo previsto en el artículo 5o. constitucional, incluso cuando el trabajo privado implique la prestación de servicios a una dependencia u organismo público directamente o a través de un tercero en aspectos que antes desarrolló como servidor público, pues, en principio, eso se debe a la experiencia y conocimientos adquiridos durante su desempeño público (lo que evidentemente significa una ventaja en sentido lato, mas no indebida). DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 91/2011. Director General Adjunto Jurídico, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 19 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretario: José Rogelio Alanís García.

A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
TEXTO VIGENTE

 

PROPUESTA

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.
Sin correlativo

 

 

 

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Sin correlativo

Artículo 56.

 

 

 

 

Para los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción a la que hace referencia el párrafo anterior se extenderá hasta diez años. 

Artículo 72.

 

 

 

 

 

 

Incurrirá en la misma conducta referida el párrafo anterior el particular que, perteneciendo al mismo sector o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 56.

Para los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción a la que hace referencia el párrafo anterior se extenderá hasta diez años. 

Artículo 72.

Incurrirá en la misma conducta referida el párrafo anterior el particular que, perteneciendo al mismo sector o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Suscribe

Sen. Salomón Jara Cruz.

1 https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf

2 https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf

3 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/159/159857.pdf

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza de la música.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 7o., SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Raúl Paz Alonzo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo ante ustedes para presentar una iniciativa que tiene como objeto adicionar la fracción VIII Bis al artículo 7o., reforma la fracción XIII del artículo 12, y reforma la fracción IX del artículo 14 de la Ley General de Educación, con la finalidad de fomentar, impulsar e incluir la enseñanza de la música en los planes de estudio a nivel de educación básica. En palabras coloquiales, es que todos los niños de México cuando salgan de la secundaria puedan tocar un instrumento musical, puedan leer partituras, puedan tener aptitudes artísticas que, sin duda, los van a ayudar a tener una mejor convivencia en la sociedad.

Está comprobado que la educación musical contribuye a un mejor desarrollo en la personalidad humana, también se afirma que la inclusión de la educación musical en los planes de estudio a niveles básicos contribuye a que los niños mejoren la retención de conocimientos y desarrollen de mejor manera su capacidad motriz, verbal y auditiva, ya sea por medio del canto o del aprendizaje de algún instrumento musical. Por lo anterior, planteamos impulsar y fomentar el desarrollo de la educación musical en los planes de estudio elaborados por la SEP, modificando la Ley General de Educación, para que por medio de actividades de expresión y apreciación artística los niños puedan cantar, escuchar, leer música o tocar un instrumento musical para así lograr un mejor desarrollo en su formación integral.

La puesta en práctica de la educación musical en las escuelas permitiría garantizar a miles de niños y jóvenes cuenten con la certeza de que el Estado les brinde la oportunidad de acceder a un mejor futuro. Estas acciones, sin duda, nos ayudan a integrarlos a la sociedad de una mejor manera y mantenerlos alejados de vicios o de la delincuencia organizada.

Durante mi campaña me comprometí con los yucatecos a que desde el Senado lucharía para que los niños tengan más y mejores oportunidades de aprendizaje y un desarrollo sano e integral. Estoy convencido que un niño con un instrumento musical en las manos, es un niño sin un arma.

Va por ellos, que son el futuro de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Paz Alonzo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Impuesto Federal, en relación con las emisiones de fuentes fijas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE EMISIONES DE FUENTES FIJAS

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Muchas gracias.

La presente iniciativa es la famosa Ley de Impuestos Verdes.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con el grupo de la Unión Europea y me tocó participar en la mesa de Medio Ambiente. En esa mesa resumimos que había muchas buenas prácticas de Europa que debíamos traer a México, sobre todo en el tema del cambio climático porque ya, en el Acuerdo de París, la preocupación es que el mundo ha subido dos grados centígrados, y si no hacemos nada al respecto pudiera subir hasta cuatro grados en alguna décadas y eso sería catastrófico.

Ese día les decía a los legisladores europeos que, lamentablemente, en México muchas zonas metropolitanas, entre ellas la de Monterrey, la de Guadalajara, la de Ciudad de México, ya están en alerta ambiental.

Hoy Monterrey, desgraciadamente, es el octavo día en alerta ambiental, hemos llegado al extremo de que hay escuelas que están cancelando clases. Hay ya muchas escuelas en Monterrey que prohíben a los niños ir a recreo, es prácticamente ya una contingencia ambiental la zona metropolitana de Monterrey.

Les decía que yo nunca había visto en Monterrey niños con tapa bocas, y hoy los estamos viendo porque es desmedido, desmedido lo que está contaminando la industria, lo que está contaminando el transporte público y, obviamente, el privado.

Por eso ante esta urgencia, y en virtud de que ya son cinco mil muertes al año, más que el crimen organizado, las que están directamente relacionadas con el medio ambiente, los niños, las familias, los adultos con asma, con bronquitis, con enfermedades respiratorias, y pues no se diga el medio ambiente que estamos viviendo nos obligan a actuar.

Y a pesar de que hay ley estatal, que ya le permite al gobernador actuar, no hace absolutamente nada, sale como de los peores calificados y la contingencia sigue y empeora y cada vez es más delicada.

En 2014 la ONU nos catalogó como la ciudad más contaminada de América Latina. 2017 lo hace la Organización Mundial de la Salud.

Entonces, o hacemos algo, o luego no nos quejemos de que nuestros niños están enfermos y de que son más muertes las que propicia el medio ambiente contaminado que la inseguridad.

Por todo eso es que venimos a proponerles lo que se llama Impuestos Verdes, Impuestos Inteligentes.

De qué se trata. Que tenemos que animarnos ya a castigar a quien con lucro contamine el medio ambiente.

En todo el mundo existe el principio que el que contamina paga y tiene dos motivos: uno, porque hay que castigar a quien no tiene responsabilidad sustentable y está todos los días emitiendo toneladas de CO2 y de NO2 a la atmósfera, pero también un incentivo; cuando ese empresario se dé cuenta que en lugar de pagar 20 millones al año en multas y en impuestos, y que esos 20 millones mejor los invierto en maquinaria verde o en maquinaria responsable, se vuelve un círculo virtuoso.

Por eso vamos a proponer una iniciativa para que la Federación, los estados y los municipios, de acuerdo con las NOMs que ya existen de la tolerancia que puede la industria y las fuentes fijas contaminar, sí se exceden ir a cobrarles o en su caso ir a clausurarlos.

Yo los invito cuando quieran a Monterrey, y no para invitarles un cabrito, sino para que vean lo… los invito, pero también para que vean y me aprueben esta iniciativa, es un tema muy delicad, les digo, yo estaba acostumbrado a ver en Beijing, China, a gente con tapa bocas, y que ya en Monterrey tengamos que llegar a ese extremo, me preocupa sobre manera.

Es un tema muy técnico, y con esto cierro, pero básicamente es dejar muy claro.

A qué industria puede la Federación auditar y cobrar.

A qué industria puede el Estado auditar y cobrar.

Y a que industria puede el municipio, porque también el municipio tiene tarea en el medio ambiente, puede aumentar y cobrar.

No hay otra manera, hay que cuidar el futuro de nuestras ciudades.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Sepúlveda. Se turna a la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto ecológico del uso de plásticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 QUÁTER A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECÓLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, Senadora Presidenta.

Me da gusto que en el transcurso de esta jornada he escuchado prácticamente a todos los grupos parlamentarios pronunciarse respecto a la preocupación que tiene esta LXIV Legislatura en el tema de la contaminación y el medio ambiente, quiere decir que es legítima la intención de que podamos legislar e impactar en esta materia.

“La contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad”. Esta frase se le atribuye a Al Gore. Aunque la cita mencionada debería cimbrar la conciencia de la humanidad, seguimos aniquilando nuestro planeta. El uso del plástico se ha masificado, hoy en día está por todas partes en objetos de uso diario, accesorios, insumos y enseres del hogar, incluso, la mayor parte de los elementos para el empaque de mercancías utilizan materiales plásticos. Este es un problema de escala global.

La Organización de las Naciones Unidas, el 5 de junio de 2017, en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” dedicado al combate de la contaminación por plástico, señaló que cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo, 500 mil millones de bolsas plásticas. Además, en la última década hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado.

El año pasado se produjeron 300 millones de toneladas, lo cual ha tenido graves consecuencias para las plantas y los animales en ecosistemas terrestres y marinos. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 99 por ciento de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico a mediados del siglo.

Durante años, individuos y empresas nos hemos permitido la producción en masa de artículos de un solo uso, es decir, de plástico. Al mismo tiempo hemos fomentado modelos de consumo que de manera irresponsable han provocado el dispendio desenfrenado de los mismos.

La contaminación por plástico es un problema muy grave y es en nuestros mares donde se acumula gran cantidad de estos residuos, se acentúa aún más. De acuerdo con datos de la Semarnat, 13 millones de toneladas de basura son arrojadas a los mares de México cada año, 100 mil animales marinos mueren anualmente por consecuencia de la contaminación marina.

En marzo de 2018, un artículo publicado bajo el título contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos biodegradables realizado por investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que la presencia de microplásticos en los mares se ha incrementado y representa actualmente un peligro para los organismos marinos que sufren daños por ingestión y atragantamiento.

La contaminación de los mares no sólo produce riesgos directos para el ecosistema, sino que supone un riesgo directo para la salud humana, ante la posible ingestión de microplásticos, ya que por un lado se tiene la presencia física de las partículas plásticas, y por el otro, puede existir la posibilidad de intoxicación derivada de sus componentes químicos.

Es por ello que los Senadores integrantes de mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, consideramos de suma importancia que se reforme la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para disminuir el impacto del uso de plásticos desechables de un solo uso en los ecosistemas terrestres y costeros en nuestro país.

En tal sentido, proponemos un nuevo artículo en el capítulo III sobre política ambiental para que la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación establezcan los mecanismos de política pública necesarios para inhibir el uso de materiales plásticos de un solo uso no degradables en favor de aquellos que dada su característica tengan un menor impacto ecológico con el objeto de proteger los ecosistemas terrestres y costeros.

Este es un primer paso en favor de nuestro futuro, del país que queremos para nuestros hijos, es momento de hacer conciencia y tomar las decisiones adecuadas para brindar una mejor calidad de vida a las próximas generaciones de mexicanos.

Confiamos que con la sensibilidad que caracteriza a los integrantes de este Pleno se sumen a dicha iniciativa, los invitamos a salvar el planeta, a que salvemos a nuestro país.

Muchas gracias por su atención, compañeros Senadores.

Iniciativa

LOS SUSCRITOS, SENADORAS Y SENADORES de la República de la LXIV Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 CUATER A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ANTECEDENTES

El avance que marcó el nacimiento de la era de los plásticos modernos ocurrió en 1907, con la invención de la baquelita1 que, debido a sus propiedades como aislante eléctrico, se utilizó en la producción de objetos de alta tecnología, como cámaras y teléfonos.

En 1909, el estadounidense de origen belga Leo Baekeland, había acuñado “plásticos” como el término para describir esta categoría completamente nueva de materiales. Fue el primer plástico sintético que no derivaba de animales o plantas, sino de combustibles fósiles, el cual revolucionó la tecnología moderna iniciando la “era del plástico”.2

El uso del plástico tuvo un crecimiento acelerado a lo largo el siglo XX, sustituyendo material en sectores como el comercial, el industrial y el doméstico.

Pero lo que realmente impulsó el crecimiento de la industria fue la guerra, cuando el plástico comenzó a utilizarse para todo, desde vehículos militares hasta aislamiento para radares. Las compañías petroquímicas construyeron plantas para transformar el petróleo en plástico en cantidades industriales.3

A partir de la década de 1960, los plásticos se empezaron a considerar “comunes” por estar al alcance de todos, gracias por su bajo costo. Desde las tareas diarias hasta nuestras necesidades más inusuales, los plásticos han proporcionado cada vez más características de rendimiento que satisfacen las necesidades del consumidor en todos los niveles. Los plásticos se utilizan en una gama tan amplia de aplicaciones porque son excepcionalmente capaces de ofrecer muchas propiedades diferentes que ofrecen beneficios para el consumidor sin igual con otros materiales.4

Son miles las toneladas de plástico de diversos tamaños los que se generan día a día y que contaminan nuestros océanos y tienen un efecto devastador sobre la fauna marina y las aves.5

Dado lo anterior, es de suma importancia encontrar alternativas a la utilización de materiales plásticos de un solo uso no degradables, en favor de aquellos que dada su característica de biodegradabilidad tengan un impacto menor sobre los ecosistemas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso del plástico se ha masificado y normalizado, hasta el punto de que hoy en día está por todas partes. Nuestros objetos de uso diario, elementos de limpieza personal, accesorios, insumos para la salud, nuestra ropa y calzado, enseres del hogar, utensilios diversos, así como la mayor parte de los elementos para el empaque de mercancías utilizan materiales plásticos. Este es un problema de escala global, tanto así que la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció, el 5 de junio de 2017, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, eligiendo a la contaminación por plástico como el tema para este año. De acuerdo con sus estimaciones, cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo y en la última década hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado6.

En 1950, con una población de 2.500 millones de habitantes, el mundo produjo 1,5 millones de toneladas de plástico; el pasado año, con una población de más de 7 mil millones, se produjeron 300 millones de toneladas, lo cual ha tenido graves consecuencias para las plantas y los animales marinos. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico a mediados del siglo”, esto de acuerdo con declaraciones realizadas por Petter Malvik, Oficial de Comunicaciones del PNUMA.

Durante años, individuos y empresas nos hemos permitido la producción en masa de productos de un solo uso y hemos fomentado modelos de consumo que de manera irresponsable han fomentado el dispendio desenfrenado de los mismos. Individuos y empresas seguimos eludiendo nuestra responsabilidad en los productos que venden y que compramos, sin tomar en cuenta que existen personas y comunidades que se ven afectadas por la contaminación por plásticos y a la fauna silvestre.

La contaminación por plástico es un problema muy grave, sobre todo si consideramos que, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es en nuestros mares donde se acumula gran cantidad de residuos, ya que cada año, se acumulan cerca de 8 millones de toneladas de plástico en el océano.

El 28 de mayo de 2018 la Comisión Europea implementó nuevas normas para eliminar el uso de plásticos desechables, dado la creciente presencia de residuos de plásticos en los océanos y mares. Dichas medidas se aplicarían a nivel de la Unión Europea para los diez productos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Europa, así como para los artes de pesca perdidos y abandonados. Dichos productos representan el 70% de todos los residuos marinos.

Asimismo, de acuerdo con datos de la SEMARNAT, 13 millones de toneladas de basura son arrojadas a los mares cada año; 100 mil animales marinos mueren anualmente por consecuencia de la contaminación marina. En marzo de 2018 el artículo "Contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos biodegradables", realizado por investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que la presencia de microplásticos en los mares se ha incrementado y representa actualmente un peligro para los organismos marinos que sufren daños por ingestión y atragantamiento”.

Los estudios coordinados por la doctora Nancy Ramírez Álvarez, especialista del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tuvieron por objetivo conocer la concentración de microplásticos en la bahía Todos Santos, localizada al noroeste de la península de Baja California.7

Los muestreos realizados en puntos estratégicos de la bahía mostraron que la concentración de microplásticos en aguas superficiales oscila entre 0.01 y 1.0 piezas por metro cúbico, y tienen dimensiones que van desde 100 hasta 250 micras. La contaminación de los mares no solo produce riesgos directos para el ecosistema, sino que supone un riesgo directo para la salud humana, esto como resultado de la posible ingestión de microplásticos, ya que por un lado se tiene un impacto como resultado de la presencia física de las partículas plásticas y, por el otro, puede existir la posibilidad de intoxicación derivada de sus componentes químicos

Es por ello por lo que los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de suma importancia que se reforme la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para disminuir el impacto del uso de plásticos desechables de un solo uso en los ecosistemas  terrestres y costeros en nuestro país, para que de manera paulatina se elimine su uso en favor de la utilización de productos biodegradables que ayuden a evitar la contaminación de los mares y océanos de México.

Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Texto actual

Propuesta de reforma

Sin correlativo

 

 

 

ARTÍCULO 17 Cuater.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, establecerán los mecanismos de política pública necesarios para inhibir el uso de materiales plásticos de un solo uso no degradables, en favor de aquellos que, dada su característica de biodegradabilidad, tengan un menor impacto ecológico, con el objeto de proteger los ecosistemas terrestres y costeros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO 17 CUATER.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder

Judicial de la Federación, establecerán los mecanismos de política pública necesarios para inhibir el uso de materiales plásticos de un solo uso no degradables, en favor de aquellos que, dada su característica de biodegradabilidad, tengan un menor impacto ecológico, con el objeto de proteger los ecosistemas terrestres y costeros.

Artículos Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

1 Primera sustancia plástica totalmente sintética, creada en 1907 y nombrada así en honor a su creador, el belga, Leo Baekeland.

2 Laurence Knight. (2014, 1 junio). El plástico, un material maravilla. En: BBC Recuperado 8 febrero, 2019, de
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140520_elementos_historia_plastico_finde_yv

3 Laurence Knight. Op.cit.

4 Ibidem

5 ECO Inteligencia. (2013, 20 septiembre). La contaminación del plástico no entiende de fronteras. Recuperado 12 febrero, 2019, de
https://www.ecointeligencia.com/2013/09/contaminacion-plastico-fronteras/

6 Noticias ONU. (2019, 11 febrero). La ONU lucha por mantener los océanos limpios de plásticos. Recuperado 12 febrero, 2019, de
https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771

7 CONACYT. (s.f.). Plásticos, la gran amenaza para los mares. Recuperado 12 febrero, 2019, de
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20735-plastico-iio-uabc-unam-microplastico

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XI del artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos especiales de carácter ficológico, conocidos como sargazo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS ESPECIALES DE CARÁCTER FICOLÓGICO, CONOCIDOS COMO SARGAZOS

(Presentada por los Senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Freyda Maribel Villegas Canché, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hoy hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que los gobiernos de los estados que cuentan con litoral en el Caribe mexicano, cuenten con atribuciones legales para enfrentar uno de los problemas más graves que han enfrenado en los años recientes.

Y quiero llamar su atención, no es un problema sencillo, es bastante grave, me refiero al fenómeno de la invasión atípica de sargazo en las costas del Caribe, que se ha convertido en un verdadero problema ambiental y, como consecuencia, económico.

Hoy presentamos esta iniciativa, la Senadora Marybel Villegas y yo, porque queremos, y porque estamos preocupados y queremos encontrar una solución a este problema. El sargazo es un alga marina que se mantiene a flote naturalmente y que viaja en colonias de algas en el mar a través de las corrientes marinas. Es un hábitat para muchas especies, si bien se desconoce a ciencia cierta sus causas, hay varias teorías y varias hipótesis de dónde puede venir.

Algunas personas creen que los fertilizantes que se están aventando al mar, desde Brasil, algunos teóricos, dicen que son los fertilizantes que se están aventando al mar de las costas de Florida; también las tormentas de arena de África, hay muchas teorías, la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Originalmente se conoce como un fenómeno natural que llega a las costas del Caribe cada primavera, e implica la llegada de algas, que sirven para regenerar el ecosistema, ayudan a acumular arena en las playas, está por dos o tres semanas y luego desaparece.

Sin embargo, la cantidad de sargazo que ha llegado desde los últimos 8 años ha superado cualquier expectativa, está llegando de un modo insistente y en cantidades completamente inusuales, de manera particular, en promedio, cada día llega a las costas de Quintana Roo un metro cúbico de sargazo, por lo que las brigadas de limpieza para retirarlo son insuficientes. No se debe de perder de vista que la economía de esta parte del país se caracteriza por depender de la prestación de servicios a los millones de turistas que visitan las bellezas del Caribe mexicano, detonando las inversiones, el empleo y, en consecuencia, el desarrollo regional, y es importantísimo el aporte de esta región al PIB en nuestro país.

Debido a la dependencia de los territorios caribeños en el turismo, la invasión de sargazo ha provocado un impacto económico en todas las zonas costeras. Por otro lado, la presencia de sargazo en las costas del Caribe mexicano representa una amenaza para los ecosistemas marinos y costeros, así como para la productividad de los sectores económicos. Por lo que debe de ser atendido de manera integral y sustentable para dar certidumbre ambiental, social y económica.

Existe una especial preocupación por el estancamiento de grandes cantidades de sargazo en los humedales, por ejemplo, se han encontrado tortugas marinas y peces muertos en toda la costa del Caribe mexicano. Asimismo se han registrado problemas de salud por las emanaciones de ácido sulfúrico procedente de la descomposición de estas algas.

De acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, en 2018, fueron retiradas más de 522 mil toneladas de sargazo, esto es un gran problema. Ante esta situación, quienes ostentamos alguna responsabilidad pública, debemos de adoptar decisiones que contribuyan a la atención eficaz de problemas como el que acabo de describir en estos minutos. Más allá de buscar causas y culpables, resulta imperativo que el Senado de la República ejerza plenamente sus facultades constitucionales, a fin de buscar mecanismos legales que permitan mitigar los efectos de la invasión atípica del sargazo en el Caribe mexicano.

Repito, este no es un tema de colores, este es un tema que requiere la atención de los 128 Senadores de la República Mexicana y debemos de unirnos, porque es muy importante lo que aporta el Caribe mexicano a nuestra nación. Por ello la presente iniciativa de reforma busca que las algas que se presentan en los litorales, las aguas interiores o marinas, y cuya presencia afecte el equilibrio ecológico o las actividades económicas, sean consideradas como residuos de manejo especial.

Esto abrirá la puerta para que los gobiernos de las entidades federativas, particularmente de los estados costeros del Caribe mexicano tengan competencias legales sobre estos residuos.

Indudablemente esta reforma no resolverá de tajo el problema de la invasión del sargazo en las costas mexicanas, pero ayudará mucho. No se debe de perder de vista que se trata de un fenómeno natural atípico, cuyas causas aún no han podido ser determinadas de manera certera por la comunidad científica. Por eso, los invito a que seamos más creativos, debemos de ser más creativos ante esta situación. Sin embargo, no podemos escatimar esfuerzo alguno para apoyar y dotar a los gobiernos estatales de las herramientas necesarias para poder hacer frente a este serio problema y ante esta situación, ya que son los que realmente recienten directamente este problema.

Muchas gracias a todos por su atención y espero que apoyen esta iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Murat Hinojosa. Si me permite suscribir su iniciativa.

Tiene la palabra la Senadora Freyda Marybel Villegas.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todas las Senadoras y Senadores:

Pues primero que nada, quiero agradecer al Senador Eduardo Murat y al equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, por demostrar esta sincera preocupación por nuestro planeta y por ayudarnos a defender el Caribe mexicano. Como bien comentaba el arribo masivo de sargazo es un tema que nos debe de interesar a todos si queremos defender a las personas y a nuestro plantea, pues diversos estudios pronostican que este 2019, precisamente, la llegada del sargazo será masiva, ocasionando daños al ecosistema y a la productividad de mi estado, mi querido Quintana Roo.

Nos debe interesar a todos porque afecta la dinámica económica del estado y del país, baja el turismo, la demanda hotelera, el consumo a los restauranteros, la venta de alimentos y sobre todo porque el sargazo deja sin empleo a miles de familias. También nos debe importar porque es responsabilidad de todos cuidar de nuestros mares y dejar de contaminarlos. Por ello, debemos buscar una solución a esta problemática.

El sargazo es básicamente como si el mar nos devolviera la basura que nosotros estamos tirando y se crea por sobre todas las cosas dos factores: primero, el calentamiento global, que hace que el sargazo llegue masivamente al Caribe por la modificación en las corrientes. En promedio, como bien comentaba el Senador Murat, un metro cúbico de sargazo. Segundo el exceso de proteína en el mar, ocasionado por la contaminación del ser humano y los desechos que van a dar al mar. Para solucionar esta problemática se requiere del esfuerzo de todas las personas, porque si no lo hacemos esto nos generará un problema mucho más complejo en el futuro.

Seamos conscientes que la presencia del sargazo en las costas del Caribe mexicano representa una amenaza para los ecosistemas y a la productividad de los sectores económicos, por lo que debe ser atendido de manera integral y sustentable, para dar certidumbre ambiental, social y económica; para defender al sector turístico, medioambiental, pesquero y a la economía del país, además de ahuyentar al turista y generar problemas al sector económico, los expertos advierten que la llegada masiva del sargazo puede crear un catástrofe ambiental que no podemos permitir. Tenemos que defender al planeta.

En este contexto, es necesario reconocer que solo a través de una política integral y transversal será posible prevenir y disminuir las afectaciones producidas por estos vegetales; realizar las acciones necesarias para combatir su propagación y encontrar nuevas formas de reutilizar esta alga para beneficio de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, por supuesto le agradezco al Senador Murat, donde suscribo esta iniciativa y esperamos tener el apoyo de todas las Senadoras y Senadores.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Villegas Canché. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se encuentran en este Senado varios integrantes de la agrupación minera de Sonora, como son el señor Rafael Figueroa, Alberto Valdés y David Arnoldo Elías, a invitación de la Senadora Martha Rodríguez.

Saludamos a los cuatro integrantes de la agrupación minera de Sonora.

¡Bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal, en materia de derecho al nombre.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Gracias, Senadora. Con su permiso. Buenas tardes, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Con aval del grupo parlamentario del PRD, el día de hoy presento una iniciativa muy innovadora, cuyo objetivo es que el derecho humano al nombre y a la identidad que tenemos reconocido en la Constitución Federal, sea respetado, protegido y garantizado plenamente por el Estado.

En nuestro país existen muchísimos casos en donde el padre progenitor simplemente no cumple con la función paternal. En cambio, hay personas que cumplen con esta función, que ofrecen seguridad al niño, que le transmiten valores y le impone límites, se convierten en una figura paternal de apoyo y seguridad absoluta, trayendo como resultado que esa persona desarrolle una personalidad y una confianza en sí mismo necesaria para adaptarse más adelante en el mundo exterior.

Es importante que exista en la vida de toda persona, sobre todo en la infancia, una figura paterna, sin importar si se trata o no del padre biológico. Al respecto, el derecho a la identidad y al nombre se encuentra reconocido en los artículos 4o. y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo la obligación el Estado de garantizar el cumplimiento de estos derechos. A nivel internacional, este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos entre los que destacan los siguientes: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño.

Por su parte, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho al nombre se compone de dos elementos fundamentales, a saber el nombre propio y los apellidos, que representan el conjunto de palabras con que se designa a una persona para individualizarla y distinguirla de otras.

En nuestro país, en términos de lo previsto en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el nombre de una persona se compone del nombre propio o de pila, y del apellido de la madre y del padre, que permite identificarlas como parte del grupo familiar con el que guardan parentesco, grupo familiar que no necesariamente debe encontrar concordancia con el grupo genético, pues su sola referencia evoca los atributos, cualidades y defectos de la persona que lo porta, trayendo a colación sus obras, hechos y acciones, es evidente que el nombre se encuentra ligado de manera fundamental a la personalidad e identidad de las personas y, por ende, a su propia dignidad.

En consecuencia, el derecho a la identidad personal se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad. En este sentido, consideramos que es procedente modificar el nombre de una persona, particularmente el apellido, con la finalidad de adecuar su nombre a la realidad en que vive, en razón de la persona que fungió como figura paterna, y quien, ante su familia y la sociedad asumió ante ellas el rol de padre, atendiéndola en todo aquello que le fue necesario, estudio, vestido, calzado y alimentación.

Es importante destacar que, en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 259/2013, cuando la solicitud en que se sustenta el cambio del nombre tiene como propósito que éste se adecúe a la realidad, no genera un estado de inseguridad jurídica o cause perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se hubieren creando entre dos o más personas, no se modifican, ni se extinguen.

Por lo tanto, se está en presencia de una causa que justifica solicitar la modificación del nombre, en tanto que dicha solicitud, no solo tiene sustento en el derecho al nombre y la posibilidad de modificarlo, sino que además, se encuentra vinculada al derecho a la personalidad e identidad de la persona que hace esa solicitud y, por ende, a su propia estima, salud psicológica y dignidad, además que se encuentra en vinculación con el derecho constitucional de protección a la familia.

Finalmente, es importante señalar que la corte mexicana ya dejó establecido que la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo estructura específico, en razón de que se trata de un concepto social y dinámico, como tal, debe ser protegida sin importar la forma en que ésta se integre.

Ciertamente, si a pesar de que en los hechos se puede llegar a establecer que una persona a raíz de un acogimiento familiar, guarda el estado de hijo con otra que no es su progenitor, pero no puede demandar el reconocimiento de ese estado, ni el que asume el rol de padre puede reconocerla como hija, en tanto que la persona se encuentra debidamente registrada y reconocida como tal por su progenitor, dicha persona al menos debe tener la posibilidad de poder solicitar la modificación de su nombre a efecto de que este se adecué a su realidad.

Fundamentalmente, por estas razones, considero que es necesario que se reforme el Código Civil Federal, para establecer que las personas puedan solicitar la modificación de su apellido de padre biológico por el padre de crianza.

Por su amable atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

MARIA LEONOR NOYOLA CERVANTES, Senadora de la República, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la identidad y al nombre se encuentra reconocido en los artículos 4 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dichos preceptos se establece lo siguiente:

Artículo 4.- […].

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

[…].

Artículo 29.- […].

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”.

Así tenemos que, a nivel internacional, este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos entre los que destacan los siguientes:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de alguno de ellos.

La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”.

Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.”.

Por su parte, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho al nombre se compone de dos elementos fundamentales, a saber: el nombre propio y el apellido.

El nombre propio y los apellidos de los padres a que alude la citada Convención, representan el conjunto de palabras con que se designa a una persona para individualizarla y distinguirla de otras.

Cabe señalar que, aunque el nombre propio es de libre elección, esa libertad, en algunos países se encuentra expresamente limitada.1 En el Estado mexicano no existe tal limitación; sin embargo, se debe tener presente que a pesar de no existir una prohibición expresa, el nombre con que se designe a una persona siempre debe respetar la dignidad del ser humano, y además debe evitar la homonimia entre hermanos.

Ahora bien, el elemento relativo al apellido, en términos de lo previsto en el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, comprende el apellido del padre y de la madre, no sólo sirve para individualizar a una persona y distinguirla de los demás miembros la sociedad, sino que además esa individualización, siguiendo la tradición del derecho romano2, también permite identificar a la persona como miembro de una determinada familia.

Desde el punto de vista biológico, progenitor es aquél o aquélla que ha tenido autoría en la procreación de un individuo, mientras que, desde el punto de vista jurídico o legal, padre y madre son aquellas personas que asumen y cumplen con el conjunto de deberes y se benefician de los correlativos derechos que surgen de esa relación.

En efecto, el concepto de padre o madre es una categoría de orden jurídico que se relaciona con el parentesco de las personas, el cual puede ser considerado o equiparado al consanguíneo sin importar el origen biológico de las personas3.

En ese orden de ideas, el nombre de una persona se compone del nombre propio o de pila, y del apellido de la madre y del padre, que permite identificarlas como parte de un grupo familiar con el que guardan parentesco, grupo familiar que no necesariamente debe encontrar concordancia con el grupo genético, pues su sola referencia evoca los atributos cualidades y defectos de la persona que lo porta, trayendo a colación sus obras, hechos y acciones, es evidente que el nombre se encuentra ligado de manera inescindible a la personalidad e identidad de las personas; y por ende, a su propia dignidad.

En consecuencia, el derecho a la identidad personal se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad.

Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada LXVII/2009, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal cuyo rubro es: DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.”4.

Así, aunque por regla general, se considera que el nombre de las personas es inmutable, en razón de que la identificación e individualización de las personas plasmada en el registro civil, otorga orden y seguridad a la sociedad sobre el estado civil de las personas en él registradas, en tanto que ese registro no sólo permite conocer la posición que guarda la persona registrada en relación con la familia (en cuanto a su filiación y parentesco), sino que además permite conocer su situación de orden político (en las calidades de nacional y ciudadano), así como su estado personal (casado o soltero); y en esa medida, se considera que las actas expedidas por el Registro Civil son documentos auténticos que sirven para dar fe del estado civil de las personas5, lo que origina que por seguridad jurídica ningún particular pueda cambiarlo ni adquirir otro privada y arbitrariamente, pues por la función que desempeña el nombre al individualizar a las personas, éste debe gozar de cierta estabilidad y permanencia, lo cierto es que esa regla no es absoluta, pues si el nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad y forma parte del derecho a la identidad, la cual se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, debe considerarse que si el nombre causa una afectación psicológica o social grave a las personas, sí puede ser objeto de modificación, pues el artículo 5, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es terminante al establecer que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”

En este sentido, consideramos que es procedente modificar el nombre de una persona, particularmente el apellido, con la finalidad de adecuar su nombre a la realidad en que vive, en razón de la persona que fungió como figura paterna, y quien, ante su familia y la sociedad, asumió ante ellas el rol de padre, atendiéndola en todo aquello que le fue necesario, estudio, vestido, calzado, alimentación.

Es importante destacar que, en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 259/2013, cuando la solicitud en que se sustenta el cambio del nombre tiene como propósito que éste se adecue a la realidad, no genera un estado de inseguridad jurídica, pues con independencia de que permanecen incólumes el resto de los datos que se contienen en el acta de nacimiento, tampoco puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se hubieren creado entre dos o más personas, no se modifican, ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil.

Así mismo, si se trata de ajustar el acta a la verdadera realidad social, tal motivación no puede entenderse como un actuar de mala fe, que contraríe la moral o busque defraudar; lejos de ello tal circunstancia constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que busca coherencia en el ámbito de la identificación personal.

Ciertamente, si el derecho a la identidad, se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, un su propia conciencia y en la opinión de los demás, es evidente que el nombre necesariamente se relaciona con la manera en que la sociedad ve e individualiza a la persona, ya sea por sus atributos físicos, carácter o sensibilidad, defectos o virtudes, así como por sus méritos o deméritos en el actuar de sus propios hechos, obras o acciones; sin embargo, aun cuando sea de manera indirecta, el nombre, como signo de filiación y parentesco, también permite relacionar a la persona que lo porta, con los hechos, obras y acciones de los demás miembros del grupo familiar al que pertenece, al ubicarla como hija, hijo, nieta, nieto, prima, primo, tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, etcétera, del autor de esos hechos, obras o acciones.

Ello es así, porque si bien ya se mencionó, que el apellido de una persona no transmite por sí mismo una carga de prestigio o vergüenza, porque éstos son aspectos que las personas van construyendo con los méritos o deméritos que acompañan su propio actuar, lo cierto es que el apellido, si permite vincular a las personas con los integrantes de su grupo familiar; y por tanto, de manera indirecta, constituye un puente de unión con las obras, hechos y acciones de los integrantes del ese grupo.

Lo anterior implica que el nombre, no sólo se vincula con la forma en que la sociedad ve a las personas, sino también con la manera en que la persona piensa que la ven y quiere que la vean.

Por tanto, cuando esa situación se presenta, se está en presencia de una causa que justifica solicitar la modificación del nombre, en tanto que dicha solicitud, no sólo tiene sustento en el derecho al nombre y la posibilidad de modificarlo, sino que además, se encuentra vinculada al derecho a la personalidad e identidad de la persona que hace esa solicitud, y por ende a su propia estima, salud psicológica y dignidad, además de que encuentra vinculación con el derecho constitucional de protección a la familia.

Finalmente, es importante señalar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 2/2010, ya dejó establecido que la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, en razón de que se trata de un concepto social y dinámico que, como tal, debe ser protegida, sin importar la forma en que ésta se integre.

Ciertamente, si a pesar de que en los hechos se puede llegar a establecer que una persona a raíz de un acogimiento familiar, guarda el estado de hijo con otra que no es su progenitor, pero no puede demandar el reconocimiento de ese estado, ni el que asume el rol de padre puede reconocerla como hija, en tanto que la persona se encuentra debidamente registrada y reconocida como tal por su progenitor, dicha persona, al menos debe tener la posibilidad de poder solicitar la modificación de su nombre a efecto de que éste se adecue a su realidad.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 135 del Código Civil Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal.

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 135.- Ha lugar a pedir la rectificación:

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental.

III.- Por adecuación a la realidad, siempre y cuando se justifique.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Sen. María Leonor Noyola Cervantes.

1 De acuerdo con el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las leyes de algunos países contienen diversas prohibiciones en cuanto a la designación del nombre propio, razón por la que no pueden inscribirse como nombres propios: Los que no fueran del santoral católico, nombres extravagantes o subversivos, apellidos o seudónimos como nombres, el de un hermano vivo, no más de dos nombres o de uno compuesto, de  pronunciación u ortografía confusa  por exóticos, los que conduzcan a error en el sexo, de próceres de la independencia o de la revolución, nombres extranjeros o indígenas, nombres  que signifiquen tendencias ideológicas o políticas, contrarios a las buenas costumbres, al orden público, obscenos, ofensivos, grotescos o ridículos. Entre esos países se encuentran Francia, España, Italia y Argentina.

2 En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, Editorial Porrúa, página 2196, se indica que los datos obtenidos de la historia de los pueblos antiguos, parecen indicar que el nombre de las personas era único e individual, de modo que el nombre no se transmitía a los descendientes; y que el nombre compuesto por varios vocablos con significado diverso surge en la historia del pueblo romano, en donde debido a la organización familiar gentilicia, fue necesario crear una designación familiar que identificara a los miembros componentes de cada gens, surgiendo así el nombre común (gentilicio) para todos los miembros de la misma familia, precedido por el nombre propio (prenomen) y al que se le añadía en ocasiones un tercer nombre (cognomen).
Lo anterior concuerda básicamente con lo señalado por Rafael Rojina Villegas, en su obra titulada Derecho Civil Mexicano, Tomo I, Introducción y Personas, Séptima Edición, México 1996, Editorial Porrúa, página 503, al hacer referencia al que sobre el origen del nombre y la organización de este atributo de la persona en la costumbre del pueblo romano, pues con relación al tema indica lo siguiente:
“El nombre en los pueblos primitivos, era único e individual: cada persona sólo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por mucho tiempo, en algunos pueblos, principalmente en los griegos y hebreros. En cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizado, pero que no es conveniente explicar aquí por ser demasiado complicado (véase HENRI MICHEL, Le Droit de cité romaine; Marouardt Mommsen, Manuel des antiquités reomaines, t. XIV, p. 9-33). Sus elementos eran el nomen o gentilitium  llevado por todos los miembros de la familia (gens) y el praenomen, o nombre propio de cada individuo. Como los nombres masculinos eran  poco numerosos, fue necesario añadir al nombre  un tercer elemento, el cognomen, mucho más variado en su elección. Este tenía la doble venta e evitar toda confusión y de indicar, por el solo enunciado del nombre, la filiación del individuo. Como los nombres femeninos no eran limitados en número, el nombre de la mujer ordinariamente sólo se componía de dos elementos: le faltaba el cognomen. Personal al principio, el cognomen pasa a ser hereditario, sirviendo para distinguir las ramas de una misma gens. Por lo demás el triple nombre de los hombres sólo se usaba por la nobleza y por las primeras familias munícipes. Las personas de humilde condición tenían un hombre único, o compuesto de dos elementos cuando más.” 

3 Código Civil para el Distrito Federal.
ARTÍCULO 293. El parentesco por consanguineidad  es el vínculo entre personas que descienden  de un tronco común.
También se da parentesco por consanguineidad, entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan procurado  el nacimiento  para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células  germinales no genera parentesco entre el hombre donante y el hijo producto de la reproducción asistida.
En el caso de la adopción, se equipara al parentesco por consanguineidad, aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.”

4 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Civil, página 7, cuyo texto es:
“DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.”

5 GALINDO GARFÍAS, Ignacio. “Derecho Civil”. Editorial Porrúa. México. 2000, pág. 427.
Código Civil para el Distrito Federal.
Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias  relativas al Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información que contengan.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes.

Sonido, por favor en el escaño de la Senadora Bañuelos De la Torre.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Solo para solicitarle a la Senadora Noyola si es tan amable de permitirme suscribirme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En el mismo sentido la Senadora Marcela Mora.

Senadora Noyola, si acepta usted que suscriban con usted la iniciativa la Senadora Bañuelos y la Senadora Marcela Mora.

Gracias.

Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe las firmas de las adherentes.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 4, 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de impulso de programas de microcrédito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores, amigos y amigas de los medios de comunicación del Canal del Congreso.

Esta iniciativa que presenta el grupo parlamentario de Morena por mi conducto, es muy importante.

Según la Secretaría de Economía hay un millón 350 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Estas micro, pequeñas y medianas empresas son el corazón de nuestra economía, generan el 80 por ciento de los empleos en México, y esa misma referencia en el caso de Puebla son 350 mil empresas que viven al día; empresas muchas de ellas familiares; empresas que indudablemente recogen el sentimiento de nuestra mayor complejidad cultural, comercial, económica que a lo largo de nuestro país nos caracteriza como nación.

Es la actividad productiva, es la actividad empresarial rasgo característico de nuestra nación, de nuestra identidad.

Hemos, a lo largo de muchos años, analizado las diferencias entre el crecimiento económico y el desarrollo económico, muchos gobiernos en el pasado han confundido crecimiento con desarrollo y se han enfocado en generar programas que cuidan los aspectos macroeconómicos de nuestra economía, cuidar las recetas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y poco han hecho por alentar el desarrollo productivo de quienes en el corazón de los municipios, de las ciudades, de las zonas urbanas, de las comunidades, desde el seno de la familia y de la comunidad y de la sociedad, son el motor de nuestra economía.

Pocas veces vemos a gobiernos preocupados por entender esta diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico.

¿Qué significa esto?, ¿por qué la importancia de esta ley? Bueno, porque pobreza, marginación y vulnerabilidad son aspectos que describen el desarrollo humano de los habitantes en un país.

En nuestro país la pobreza, indudablemente tiene que ver con el ingreso, gasto-ingreso, de los mexicanos y no hay, a pesar de la experimentación de los programas sociales a lo largo de los últimos 30 años, no hay programa eficaz para combatir la pobreza que no sea un programa para promover la riqueza.

La única forma probada en el mundo para mejorar las condiciones de vida de la población y elevar su ingreso y su capacidad adquisitiva, es generándole ingresos a las familias. Por eso esta ley, esta iniciativa es fundamental, el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Si no logramos entender que las micro, pequeñas y medianas empresas requieren el fortalecimiento y el abrazo presupuestal de los gobiernos, estaremos condenados a seguir desatendiendo el mercado interno de nuestra economía.

Por eso es que esta iniciativa que presento busca que los beneficios que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de alta marginación, se extienda a las zonas de alta productividad, porque no solamente hay que premiar a los que están en zonas de alta marginación.

He recorrido el estado de Puebla y hay ejemplos exitosos de mujeres empresarias, de cooperativas, de organismos comunitarios sociales en zonas urbanas y rurales, y muchos de ellos nos han expresado que por acciones autogestivas, por capacidad de autogestión, sin la mano del gobierno, ellos han salido adelante y no hay incentivos para ellos.

Esta ley, esta iniciativa que propongo busca ampliar, modificar el artículo 4 para que el programa de microcréditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que hasta hoy se benefician en zonas marginadas, también se beneficien en zonas de alta productividad y logremos incentivar a los que están dando resultados y están generando empleos. Solo así podremos distinguir entre crecimiento económico y desarrollo económico que implica entender e implica que los gobiernos no confundan marginación con pobreza, exclusión con pobreza.

Los programas exitosos que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está implementando, buscan eso, el empoderamiento de las unidades de producción que van a generar riqueza.

Es la hora de que en México empecemos a diseñar y no le tengamos miedo a la palabra generación de riqueza, es la hora de erradicar desde los programas de gobierno, la frase “Programa para combatir la pobreza”.

Tenemos que generar programas que rompan el paradigma del desarrollo y que logren la riqueza nacional que tenemos en nuestro país.

Es cuanto, muchas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de las naciones, tanto en los países industrializados, como en los de menor grado de desarrollo; como es el caso de México.

En México ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas han cambiado constantemente.

Además, de manera tradicional, se han utilizado parámetros económicos y contables para clasificarlas, tales como: el número de trabajadores, el total de ventas anuales, los ingresos y los activos fijos de las empresas. A pesar de ello, ha existido durante mucho tiempo el término denominado PYME, el cual ahora se ha actualizado por el de MIPYME que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, entendiendo por medianas, a una buena parte de organizaciones de tamaño corporativo.

 Por ejemplo, en abril de 1954 la Secretaría de Hacienda consideró como pequeños y medianos industriales aquellos cuyo capital contable no fuera menor de 50,000 y tampoco mayor de 2,500,000 pesos. Para 1961 se tomó en cuenta un capital contable con mayor margen: desde 25,000, hasta 5 millones de pesos para clasificar a las pequeñas y medianas industrias.

Y en 1963, la Secretaría de Hacienda modificó las reglas de operación y comenzó a considerar como pequeñas y medianas empresas a las que tuvieran un capital contable no mayor de 10 millones de pesos. Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas MIPYMES, encontramos dos formas de surgimiento de las mismas.

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas MIPYMES, encontramos dos formas de surgimiento de las mismas.

Primeramente, se encuentran aquellas que se originaron como empresas propiamente dichas, en las que se distingue claramente una organización, una estructura, una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo remunerado.

Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizado por una gestión a la que sólo le preocupó su supervivencia, sin prestar demasiada atención a temas como: el costo de oportunidad, de capital o la inversión que permitiera el crecimiento.

De acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país. En el año 2018 Konfío, plataforma de préstamos en línea para pequeñas empresas en México realizo un Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México.

El reporte muestra los resultados obtenidos a partir de 513 empresarios mexicanos que participaron en la encuesta.

Para complementar el estudio, se entrevistaron a expertos en Pymes, catedráticos y servidores públicos quienes aportaron su experiencia y conocimiento. Para términos de este estudio se utilizan dos condiciones para clasificar a las empresas: I) número de empleados y II) ventas anuales; donde se identifica como microempresas a aquellas con menos de cinco empleados y hasta 500 mil pesos de ventas anuales; como pequeña empresa, aquellas con seis a 10 empleados y ventas anuales de más de 500 mil pesos, pero menos de 1.5 millones; y como mediana empresa, aquellas de 11 y hasta 100 empleados y ventas anuales de no más de tres millones de pesos.

• Retos de negocio. Se identificaron dos principales retos que enfrentan las Pymes en su gestión: velocidad de crecimiento y escalabilidad, los cuales se reflejan en un rápido estancamiento de ventas, mismo que se mantiene tras el paso de los años, así como en la dificultad para aterrizar planes estratégicos y ejecutarlos. Cerca de un 50% de las empresas encuestadas muestran que su producción o el tamaño de clientes no ha logrado escalar con el paso de los años, dando por resultado la falta de crecimiento en el volumen de ventas que generan anualmente.

El 66% de las empresas con menos de dos años declara ventas menores a 500 mil pesos anuales (en promedio 42 mil pesos al año). A medida que la antigüedad de la empresa crece también el volumen de ventas; sin embargo, el 44% de las empresas de más de cinco años continúan con un volumen de ventas estancado en 500 mil pesos anuales.

• Necesidades de crédito. Siete de cada diez empresarios y emprendedores señalan que la falta de acceso a crédito es la principal limitante de su crecimiento; no obstante, el 41.8% de los encuestados cuenta con crédito bancario o préstamos otorgados por instituciones financieras no bancarizadas. Los principales atributos que busca un empresario al momento de elegir son rapidez en el crédito, pocos requisitos y tasas de interés accesibles. El crédito para Pymes es considerablemente más caro que el crédito para empresas grandes y corporativos, mientras que causas como un mal historial crediticio, una doble contabilidad fiscal y un escaso conocimiento del análisis financiero tornan aún más complicado obtener financiamiento para este segmento.

• Falta de Capital. A pesar de los programas de financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital Semilla para impulsar a emprendedores y negocios en etapas tempranas, existe un desconocimiento por parte de los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas para atraer capital.

Hay una confusión generalizada entre el uso del crédito y el uso del capital. En los negocios en etapas tempranas, existe un desconocimiento por parte de los dueños de las Pymes sobre programas de financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital Semilla. La atracción de capital debe ser una prioridad estratégica para el negocio. Con ello, los emprendedores podrán afinar su visión y planes de largo plazo, con la experiencia y consejos de inversionistas.

La iniciativa tiene como objeto impulsar programas de microcrédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en zonas productivas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico, con la finalidad de estimular la economía y la creación de nuevos empleos.

SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

II.-Promover:

A) …I)

 

 

 

Articulo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I)…VIII)

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

II.-Promover:

A) …I)

J) Programas de microcrédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en zonas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico.

Articulo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I)…VIII)

IX. De microcrédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en zonas productivas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico.

PROYECTO DE LEY

ÚNICO.- Se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a) Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las MIPYMES en el marco de esta Ley;

b). Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y

d) Las bases para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES.

II. Promover:

a) Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales;

b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPYMES;

c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes;

d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación de los Sectores;

e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa aplicable;

f) Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas;

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES; h) La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, e

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas Productivas.

j) Programas de microcrédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en zonas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico.

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES;

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores;

III. Información, integración y apoyo a las Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas locales y regionales;

IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo tecnológico;

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;

VI. Consolidación de oferta exportable;

VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES, y

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable. Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para las mujeres.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Alejandro Armenta Mier.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Armenta Mier. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El Senador Raúl Bolaños Cacho, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, nos ha solicitado que le demos la bienvenida a la primera mujer mexicana en obtener la titulación en la Barra de Abogados de París, ejerciendo así por primera vez ante la Corte y Tribunales de ese país poniendo en alto a las mujeres mexicanas.

¡Bienvenida la abogada Andrea Medina Ochoa!






Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las capacidades institucionales de los órganos encargados de la regulación en materia energética.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores.

¿Qué es el Cenace?, ¿qué es un CEL? ¿Qué ampara un CEL?, y, ¿cómo impulsar las energías renovables en el país?, fueron algunas de las preguntas que los candidatos a consejeros de la Comisión Reguladora de Energía no pudieron contestar. Respuestas que, si bien Senadores o legisladores no están obligados a saber, sí aquellos que aspiran a un puesto dentro de la Comisión Reguladora de Energía. En días pasados, hemos sido testigos de un desfile de personas propuestas para ocupar cargos públicos de alta especialización, cuya formación obliga a conocer tecnicismos y la normatividad de un órgano regulador.

Estoy convencida que no es tiempo de descalificar al crítico o a quien cuestiona con explicaciones de que antes, en el neoliberalismo, era peor el compadrazgo o amiguismo, o que gremios se han vuelto mafias y cacicazgos. Ni es capricho, ni oposición retrógrada. Es un acto de honestidad profesional para evitar la ocupación de cargos en ramas estratégicas por parte de personas que no conocen lo básico. Cabe destacar que es de vital importancia enviar un mensaje de confianza a los inversionistas, pues de acuerdo con los especialistas, 9 de cada 10 pesos que se invierten son de la iniciativa privada y otro proviene de los impuestos de los mexicanos.

Y ayer el Presidente de la República hizo un llamado a los empresarios privados a que inviertan en el país, tanto capital nacional, como extranjero. Compañeras y compañeros, tenemos la oportunidad histórica de hacer las cosas bien, habrá quien quiera decir: ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Los servidores públicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como integrantes de la sociedad civil, con honestidad, transparencia, sin corrupción, pero también con preparación y calidad técnica, excelencia y vocación de servicio.

Necesitamos fortalecer organismos como la Comisión Reguladora de Energía y la manera en que se seleccionan sus integrantes. Al respecto, presento a esta Asamblea dos iniciativas de reforma para asegurar que sólo los mejores candidatos se presenten para el cargo de comisionado en este organismo regulador. Asimismo, por sus funciones, es claro que la Comisión debe ser autónoma e independiente de cualquier interés político o partido, a fin de que las decisiones tengan como meta satisfacer las necesidades energéticas del país con la eficiencia y la eficacia. Por ello, presento la propuesta para reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de integrar a los órganos reguladores coordinadores en materia energética. La iniciativa propone la creación de un Comité de Evaluación, sin estructura ni cargo al erario para la designación de los comisionados correspondientes. Para este fin, mediante convocatoria pública, el Comité integrará y enviará al Ejecutivo Federal la lista de aspirantes a ocupar las vacantes. Asimismo, seleccionará cuando menos a dos instituciones de educación superior que emitan su opinión para la formulación del examen de conocimientos que aplicará a los aspirantes.

Seleccionará a los que tengan las calificaciones aprobatorias más altas en el examen correspondiente para integrar las listas mencionadas, de las cuales el Presidente podrá elegir y presentar su terna a esta Cámara de Senadores. Las decisiones del Comité de Evaluación serán inatacables, ni podrán ser modificado o revocado por autoridad alguna, y para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales estarán obligados a proporcionar en el ámbito de su competencia la asistencia que sea necesaria para el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación.

De aprobarse esta iniciativa, con toda certeza la designación de candidatos y la selección final del o la comisionada habrá seguido un proceso transparente e independiente de intereses políticos. Además, se garantiza la indispensable especialización técnica y excelencia que exige un órgano regulador en materia energética, y en un mundo globalizado y competitivo; prueba de que la mejora en los procesos de selección agiliza la designación de estos cargos, es el reciente nombrado Ramiro Camacho, como Comisionado del Ifetel, quien cuenta con la experiencia aprobada en el sector.

La semana pasada lo ratificamos en este Senado sin ningún problema, pues el proceso comprendió una vez acreditados sus conocimientos aplicados ante una universidad, los de la calificación más alta pasan a una lista que se envía al titular del Ejecutivo y a este Senado de la República. Conocimiento técnico, experiencia, honestidad son atributos insustituibles para Asentarse en la mesa de discusión de la CRE. Vuelvo a insistir, estamos ante la coyuntura de poder hacer las cosas bien. No perdamos la oportunidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativas

La suscrita, Senadora de la República, XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172  del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los retos presentados en materia de desarrollo de hidrocarburos, abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climático, generaron la necesidad de construir una política energética moderna, así como un rediseño institucional de la materia. En ese sentido, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía.

Con la citada Reforma Energética y la consecuente publicación de las leyes secundarias que se emitieron para implementarla, se constituyó un nuevo régimen jurídico de los órganos reguladores del sector, otorgando una nueva naturaleza jurídica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, así como la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dotando al país de un marco normativo capaz de hacer frente a los nuevos retos y fomentar la competencia en el sector energético nacional. Al respecto, es importante destacar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos plantea la necesidad de que sus Estados miembros cuenten con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado. En ese sentido, la competencia y la generación de las condiciones que permitan hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución para la rectoría económica del Estado en el ciclo del desarrollo nacional, deben traducirse en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos encargados de la regulación en materia energética.

Derivado de lo anterior es que propongo reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto vigente

Propuesta de Modificación

Artículo 28. […]

Artículo 28. […]

I. a XII.

[…]

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

[…]

[…]

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. a IV.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. a IV.

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética respectivo, según corresponda;

VI. a VII.

VI. a VII.

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. En los órganos reguladores coordinados en materia energética no haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

[…]

[…]

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. […]

[…]

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

[…]

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. a IV. …

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética respectivo, según corresponda;

VI. a VII. …

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. En los órganos reguladores coordinados en materia energética no haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez. En relación a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo que respecta a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Lagunes Soto.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Me gustaría sumarme a la iniciativa de la Senadora Xóchitl Gálvez, si así me lo permite.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿A cuál de las dos?

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: (Desde su escaño) A las dos iniciativas.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Si la Senadora Xóchitl Gálvez está de acuerdo. Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe su firma como adherente.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 y una fracción XIV al artículo 55 de la Ley Minera, en materia de desarrollo sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA     LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 27, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSIGUIENTES EN SU ORDEN Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY MINERA

(Presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros.

La minería en México ha formado parte importante en el desarrollo y modernización de nuestro país a lo largo de la historia. Actualmente, México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los principales productores de plomo, zinc, sal, oro y cobre, entre muchos otros. Taxco, Guerrero es un ejemplo del éxito de la minería en nuestro país.

El sector minero metalúrgico en México contribuye con el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto y nos ubicamos dentro de los primeros cinco destinos como captador de inversiones para explotación minera en el mundo. Además, la minería es una de las principales actividades generadoras de empleo en nuestro país, prueba de ello, es que, al cierre de octubre de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene contabilizados 385 mil plazas laborales directas en este sector, mientras que, de manera indirecta, se estima que genera alrededor de dos millones de empleos.

La importancia de la minería en nuestro país es innegable. Sin embargo, como la mayor parte de la industria lleva implícitas afectaciones medioambientales que no deben de ser ignoradas en el diseño y ejecución de las políticas para su modernización y desarrollo.

Esto obliga al Estado mexicano a tener una regulación más estricta para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como es el caso de la actividad minera, pero, al mismo tiempo, es necesario que su intervención vaya encaminada a hacerla convivir con la vida económica y social de los pobladores en aquellas comunidades donde se lleva a cabo.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto tiene por objeto lograr que la minería se incorpore dentro de la actividad económica bajo la concepción de desarrollo sustentable, además de ofrecer seguridad jurídica a los pobladores de las comunidades, municipios y entidades federativas en el marco del mandato constitucional y de los tratados internacionales firmados por nuestro país, dando cumplimiento al compromiso adoptado por México en la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en el año de 1992 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo en el 2002.

Señoras y señores, esta iniciativa resulta hoy doblemente importante dada la coyuntura que se ha venido desarrollando en los últimos días con las declaraciones del Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, quien dijo: “que aun cuando la Ley Federal de Derechos establece que las obras donde se aplicaba el Fondo Minero se deciden en un comité con representación de los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, ahora los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal, de nuestra arbitraria y sin participación, de autoridades locales o de las empresas mineras”.

Frente a esta clara violación a la ley, diversas autoridades estatales y municipales han presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando que el Fondo Minero se aplique conforme a la ley.

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, se obtiene de un impuesto, y así lo recuerdo, especial a las empresas mineras del 7.5 por ciento, y estos fondos, que para el 2019 se estiman en más de 3 mil 600 millones de pesos, se reparte entre los estados y los municipios mineros del país.

A los estados, así lo subrayo, se les da el 37.5 por ciento; y a los municipios el 62.5 por ciento. Para los estados mineros, como Guerrero, como Chihuahua, como otros estados mineros del país, este Fondo representa una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios en donde se desarrolla esta actividad.

Tan sólo en el 2017 Guerrero recibió más de 143 millones de pesos que se destinaron a diversas obras de infraestructura social, educativa y de protección al ambiente. En los municipios mineros, entre otros, Tetipac, Zumpango del Río, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán.

Si permitimos ahora que sólo sea el gobierno federal, desde las oficinas gubernamentales, quien decida arbitrariamente en qué se van a gastar estos recursos, no podemos asegurar que los estados y municipios mineros del país, incluyendo mi estado de Guerrero, reciban estos beneficios.

Una vez más estamos frente a una decisión del gobierno federal, que si bien pudiera ser bien intencionada afecta enormemente a los municipios mineros de mi estado y de todo el país, como lo he dicho.

Una vez más se aduce una supuesta corrupción en la aplicación de este Fondo como excusa para centralizar la aplicación de estos recursos, pero, como lo hemos dicho anteriormente, la estrategia de combate a la corrupción debe ser castigar al culpable y no generalizar indiscriminadamente y afectar a todos en su mayoría inocentes, como pasa con el tema de las guarderías o las estancias infantiles.

Lo repetimos una vez más, si hay actos de corrupción en la aplicación de estos fondos que se investigue y se castigue ejemplarmente incluso, pero no estamos a favor de usar una excusa simplista, sin base, sin sustento, sin argumento, sin base, como lo he dicho y lo vuelvo a subrayar, para concentrar los recursos y pueda disponer arbitrariamente de ellos.

Lo vamos a seguir denunciando para que el Fondo Minero se aplique conforme a derecho.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Añorve Baños.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Solicitar que el promovente me permita suscribir su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se adhieren los Senadores Cruz Blackledge, Madero Muñoz, Saldaña Cisneros, Kuri González, Gama Basarte y Vanessa Rubio.

El Senador Manuel Añorve Baños: Claro que sí, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recaben la firma de los adherentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional, en materia de derecho de paternidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

(Presentada por la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Patricia Mercado: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, estas semanas hemos venido discutiendo el tema de las responsabilidades del Estado mexicano frente al cuidado de niñas y niños, y frente al derecho a ser educados desde temprana edad.

Y eso, seguramente en los ahora y en los próximos tiempos, nos dará un contexto para analizar y discutir desde propuestas legislativas y desde política pública, digamos, cuál es el sistema integral de cuidados que ofrecemos como Estado mexicano los distintos poderes y órdenes de gobierno para responder a este derecho de niñas y niños a ser cuidados y educados, tomando en cuenta que no podemos ya, como se ha dicho mucho, recargar esta tarea exclusivamente en los hombros de las mujeres por todo lo que esto significa. Sin embargo, hay muchas otras aristas, digamos, de este tema, y yo quiero referirme al tema de la responsabilidad de los padres varones en el cuidado de sus crías en el primer año de edad.

Tenemos todas las evidencias y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de Unicef sobre que los niños de cero a un año necesitan, digamos, lo mejor para los niños y niñas es un cuidador primario, no un centro de cuidado.

No voy a atreverme aquí a proponer lo que las políticas que tenemos en Suecia, en Suiza y en estos países tan igualitarios. En estos países ya incluso en este momento hay reformas legislativas en Finlandia, en los otros estados no, donde la Ley Laboral lo que tiene son cinco meses de permiso para las madres, cinco de permiso para los padres y dos meses, es decir completar el año, indistinto, puede ser la madre o puede ser el padre, y a partir del año ya se van a esta educación temprana inicial.

Digo, no me voy a atrever a eso porque no es nuestra realidad. Ya se han presentado distintas iniciativas en este Senado sobre la necesidad de permisos paternos. Esta es una nueva iniciativa para proponer seis semanas de permiso paterno al inicio de la vida de sus crías y, por supuesto, seguir sosteniendo esta posibilidad para las mujeres, entonces no estamos hablando del año inmediatamente, por supuesto, tienen que tener el espacio para una estancia, guardería, centro de desarrollo infantil, pero sí aumentar estos permisos de paternidad atendiendo a los cuidadores primarios.

La jornada de trabajo de ocho horas la ganamos hace cien años, ya no tiene que ver ni con los tiempos de la vida ni con los tiempos del trabajo en este momento, hace cien años ganamos la jornada de ocho horas. La situación de las familias mexicanas era una situación totalmente distinta, familias enormes donde había por lo general una hija que se reservaba para hacer las tareas de cuidado.

En este momento tenemos otras situaciones las familias y, además, un desarrollo tecnológico que nos permite muchas cosas; por ejemplo, aquí ya se presentó una iniciativa para poder discutir, para que se flexibilice la jornada de trabajo a partir de un acuerdo entre patrones y trabajadores mujeres y hombres, por ejemplo, en el Tribunal Electoral los hombres que tienen hijos menores, un día a la semana pueden hacer “home office”, es decir, el trabajo desde su casa con el objetivo de que puedan hacer tareas de cuidado de sus hijos menores, llevarlos a la escuela, recogerlos a la escuela, digamos, es un acuerdo en el propio centro de trabajo.

En una encuesta en las empresas que cotizan a la bolsa, se les preguntó a estas empresas si los funcionarios, los trabajadores de esa empresa, sobre todo los niveles altos tomaban los quince días de paternidad y contestaron que el hombre que pide los cinco días de paternidad “es un flojo o un mandilón” tal cual. Y como es considerado así, ninguno pide ni siquiera los cinco días de paternidad, porque además no son obligatorios, aquí lo que estamos diciendo es que es un derecho irrenunciable, lo tienen que tomar. También otra de las cuestiones es, y me parece como muy importante, la discusión que tenemos acá; hay varias encuestas que dicen que los hombres jóvenes una de las cosas que desearían es bañar a sus hijos, llegar a la casa y bañar a ese bebé, a ese niño pequeño.

Algunas empresas, no tengo el dato, pero creo que es la Coca Cola, los viernes a estos trabajadores hombres de altos puestos que tienen un hijo pequeño los deja salir temprano, tomando en cuenta estos deseos de los hombres trabajadores; entonces, como decía, hay que flexibilizar el acuerdo, políticas de cuidado donde el sector privado también entre, pero también quiero decirles, siguiente este hilo de la jornada laboral, somos de los países más improductivos, alguien hablaba acá, de los países más improductivos y donde trabajamos la jornada de trabajo más alta, trabajamos 2 mil 600 horas y el país más productivo del mundo, Finlandia, trabaja mil horas.

No tiene que ver productividad con jornada de trabajo y, entonces, podemos hacer un mundo laboral con un mayor bienestar tomando en cuenta estas nuevas necesidades que decía de los tiempos de la vida y del trabajo, no solamente conciliar familia-trabajo, sino también los tiempos personales. Así es que la propuesta de reforma, es una propuesta que hace obligatorio más días para estos cuidados primarios tanto en hijos biológicos como en hijos adoptivos.

Y, por último, decir que la Organización Internacional del Trabajo, que cumple cien años este año, puso en la mesa el 22 de enero un documento sobre el futuro de empleo. El futuro del empleo, vamos a perder millones de empleos y en nuestro país vamos a perder cientos de miles, sino millones de empleos con las nuevas tecnologías, pero va a haber dos áreas donde podemos y se van a generar, y hay la oportunidad de generar nuevos empleos, uno tiene que ver, dice la OIT, con el ecologicismo de la economía, es decir, todas las nuevas posibilidades y las nuevas visiones y tareas para ser una economía sustentable y sostenible; y otra, las tareas del cuidado pagadas de niños, de enfermos, de personas con discapacidad y de adultos mayores que necesitan cuidados va a ser una de las áreas de generación de mayor empleo.

Por eso es importante que lo que hoy tenemos en la mesa sobre los trabajos generados en estancias, en guarderías, en centros de cuidado para adultos mayores, son las grandes tendencias de la generación de empleos. Así es que simplemente dejar en la mesa esta reforma a la ley tanto del Apartado B como del Apartado A para que los hombres y las mujeres tengan más tiempo de ser cuidadores primarios y asuman sus responsabilidades, pero por supuesto generar, aumentar, fomentar las ofertas de cuidado a partir del primer año, porque ahí la OIT lo que está poniendo en la mesa son medidas enérgicas y urgentes, vamos a perder millones de empleos y en los empleos del cuidado ahí tenemos una gran oportunidad para que las familias y las personas que se quedan sin estos empleos puedan empezar a capacitarse en tareas de cuidado, pero necesitamos a los hombres también poner atención, poner importancia para generar esta nueva realidad para el cuidado de niños y niñas y, por supuesto, la presencia de los hombres en los cuidados primarios.

Muchas gracias

Iniciativa

La suscrita, SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo de cuidado es un asunto que concierne a los derechos humanos no sólo porque posibilita que las personas disfrutemos de un bienestar integral, sino también porque el reparto desigual de estas responsabilidades produce una violación estructural de derechos, especialmente de las mujeres.

Las mujeres son quienes, independientemente de su situación laboral, dedican más tiempo diario al cuidado de otras personas, en comparación con los hombres. Son mujeres quienes más dificultades enfrentan para contar con un mínimo ingreso o salario, a veces de medio tiempo, para así poder hacerse cargo del cuidado de sus hijas, hijos, ancianos y otras personas dependientes. Son ellas las que renuncian a obtener ingresos y otras prestaciones laborales para dedicar su tiempo al cuidado.

¿Cuál es el costo de oportunidad en que incurren las mujeres en estas actividades es decir, aquello que dejan de hacer para cuidar a otras personas? Entre otros, cuidar significa menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la participación social y política, o el cuidado personal; mayores dificultades para insertarse en un trabajo fuera del hogar; mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y laborales;  participación en trabajos de menor valoración y menores ingresos, así como mayor participación en el trabajo informal, en el cual las mujeres pueden tener cierto control sobre su tiempo, aunque este tipo de trabajo no les brinde seguridad social ni otros componentes de un trabajo digno.

Por estas razones, es necesario comenzar por reconocer el derecho al cuidado como parte de la agenda de derechos humanos. Cuidarse, cuidar y ser cuidado se relaciona con el derecho al trabajo remunerado, digno o decente, libre de discriminación, en condiciones saludables. Además implica el derecho al goce del tiempo libre, de los beneficios de la cultura, pero también con la posibilidad de participación social, comunitaria y política. Esto sólo será posible mediante la coordinación estructurada de las políticas públicas en un sistema de cuidados.

La discriminación laboral por género en México es un problema que sigue pendiente de resolver a nivel legislativo y en la implementación de políticas públicas. Si bien ocupamos el segundo lugar en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - después de Suecia- con el mayor número de participación de la mujer en el Poder Legislativo a nivel nacional,1 aún existen brechas en distintos ámbitos que deben combatirse. El ámbito laboral es uno de ellos.

En su libro “La discriminación en el empleo en México”, Estefanía Vela Barba menciona que ser mujer en México no sólo implica menores oportunidades para acceder a un trabajo (según el INEGI 8 de cada 10 hombres mayores de 15 años son económicamente activos, en comparación con 4 de cada 10 mujeres)2, sino que constituye un factor importante para ser víctima de discriminación (directa o indirecta) dentro el ámbito laboral.

Existen distintas condiciones que impactan de manera directa la participación económica de las mujeres, una de ellas es el número de hijos. Las mujeres sin hijos tienen una mayor participación económica que las mujeres con hijos; sin embargo, las estadísticas indican que ésta tiende a disminuir conforme aumenta el número de hijos. Para mujeres con uno o dos hijos, la tasa es de 50.1%, pero si el número de hijos es de tres a cinco, la tasa disminuye a 42% (inferior al promedio nacional) y tratándose de seis o más, disminuye hasta un 23.9%.3 Es decir; entre más hijos, existe mayor probabilidad que las mujeres se queden en casa para dedicarse a su cuidado.

En el caso de prestaciones laborales, Vela Barba identifica grandes diferencias; del 43% de la población que cuenta con algún tipo de prestación laboral, el 60.4% son hombres y el 39.6% mujeres.

En este mismo sentido, la OCDE ha señalado que los resultados de México en cuestión de igualdad de género son todavía deficientes: menos de la mitad del 47% de las mujeres mexicanas mayores de edad participa de forma productiva en cuestiones laborales, en comparación con el promedio de los hombres, que es del 82%.4

Si se desagrega la información por actividad según la condición de su unión, se encuentran contrastes entre jefes y jefas de hogares familiares. Los hombres se encuentran mayoritariamente en actividades económicas independientemente de su unión, pues 83.5% de los unidos y 66.1% de los no unidos son económicamente activos. En las mujeres esta proporción se invierte, ya que las unidas son mayormente no activas (57.5%), y las no unidas participan más en actividades económicas (51.1%).5

Tras una importante labor de diagnóstico interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una de las instituciones pioneras en responder a este problema, al incluir desde el año 2008 el derecho de sus personas trabajadoras a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija, la cual se denominó “licencia de paternidad”, anticipándose a la Ley Federal de Trabajo que lo reconoció hasta 2012 de la siguiente manera:6

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

… 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y

Lo anterior da cumplimiento a los compromisos que México ha adquirido para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género dentro del marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; en donde se aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) que reconoce explícitamente la plena realización de los derechos de las mujeres y las niñas como la piedra angular y condición sine qua non para lograr el desarrollo económico, la democracia, la paz y la igualdad de género.7

Esta medida es un paso importante del Estado Mexicano y, como bien señala la ministra Margarita Luna Ramos, su importancia radica:

“Es el reconocimiento de la responsabilidad compartida de madres y padres en la crianza, cuando y atención de las personas recién nacidas, así como la importancia de propiciar las condiciones laborales necesaria para que los vínculos entre quienes componen las familias se fortalezcan. Esto es establecer relaciones familiares equitativas, en que la distribución de tareas en el hogar y el cuidado de los hijos, su educación y desarrollo, se dé en igualdad de circunstancias, fomentando una paternidad participativa y responsable, bajo la premisa fundamental de que la conciliación de la vida laboral y familiar de ser para hombres y mujeres.”8

Sin embargo, el periodo de cinco días en la actualidad es demasiado breve en comparación con el promedio de ocho semanas de los países que integran la OCDE. En 25 de los 34 países existe algún ordenamiento jurídico relacionado con la licencia de paternidad, y 12 de ellos otorgan una licencia de más de nueve semanas. Por ejemplo, el Estado en Noruega otorga 10 semanas de descanso, Islandia 13 semanas, Bélgica 19 semanas, Francia 26 semanas o Corea del Sur se encuentra en el primer lugar con 53 semanas.9

En los países nórdicos y en Portugal, hasta el 40% de los padres hacen uso de esta figura, pero en contrapartida países como Australia, República Checa y Polonia la proporción es de uno entre cincuenta padres.10 Además, debemos tomar en cuenta que el resto de los países de este grupo cuenta con mayores periodos de vacaciones con goce de sueldo (México es el país con mayor número de horas laboradas por año en promedio), de los que pueden hacer uso las personas trabajadoras en caso de necesidades de cuidado o para la convivencia y descanso con sus familias.

En lo que respecta a México, de acuerdo con el análisis de Early Institute, de los 2.3 millones de niños que nacen en México al año, sólo un aproximado de 600 mil madres tienen acceso a la licencia de maternidad. Pero el número de permisos por paternidad ni siquiera se conoce, debido a que está a cargo del patrón y la estadística no es registrada por instituciones de seguridad social.11

Además, el poco tiempo que se otorga a los hombres propicia desigualdad entre el hombre y la mujer, además de que no contribuye a una crianza igualitaria entre el padre y la madre, como lo señala la constitucionalista Geraldina González de la Vega:

“La licencia de paternidad tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos. Cinco días son muchos para contemplar al bebé, pocos para realmente realizar las tareas de cuidado y atención que se requieren en una familia con un bebé recién nacido”.12

Lo anterior implica que los hombres sólo se toman aquellos permisos de paternidad que son intransferibles y pagados: ni siquiera funciona como un incentivo para modificar comportamientos preestablecidos y normalizados, pues las mujeres seguirán asumiendo más del doble del tiempo. Sólo un permiso exactamente igual para hombres y mujeres permitiría que el empleo femenino no resintiera la maternidad; que las mujeres no fueran vistas (por el entorno y por ellas mismas) como las inevitables y únicas cuidadoras familiares; que los hombres aprendieran a hacerse cargo de sus hijos en soledad, lo cual contribuiría a disminuir la violencia familiar, según varios estudios.

Es el momento de revisar el concepto de cuidados parentales y el papel de las personas en éstos, estudiar cuáles son las similitudes y diferencias a nivel local para aplicar políticas que puedan tener un impacto. Una vez que comience esta tarea, podremos construir una nueva figura de hombres cuidadores, que incluya permisos mixtos para el cuidado de familiares en los hospitales y clínicas, el acceso igualitario de las hijas e hijos de personas trabajadoras a las guarderías, el goce de servicios e instalaciones de cuidado para personas en trabajos eventuales, a distancia, en vía pública y de autoempleo, entre otras formas que no están contempladas en la cobertura actual de nuestros sistemas de seguridad social.

Esto es una medida posible, está a nuestro alcance y cambiaría la realidad de forma notable, al lograr un verdadero avance con miras a garantizar condiciones de equidad. Además, nos encontramos en una coyuntura política e institucional favorable al tema, ya que se ha colocado colocadoo en un sitio relevante en la agenda pública, como resultado de años de presión del movimiento feminista, la academia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, así como de un fuerte respaldo de organismos internacionales como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONUMujeres), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han ayudado a delinear los principales desafíos para la igualdad sustantiva y la transformación de la vida cotidiana de las mujeres.

Así, y bajo el principio de ampliar los derechos se plantea reformar la Ley Federal del Trabajo en esta materia, a fin de incluir que los hombres trabajadores puedan gozar de una licencia de paternidad suficiente, en el caso del nacimiento de un hijo y que dicha licencia sea otorgada, también, para el caso de adopción.

La presente iniciativa pretende ampliar un derecho fundamental, bajo la perspectiva de igualdad y equidad entre el hombre y la mujer, en materia de trabajo; el derecho de paternidad, que hoy en día prevalece en el marco jurídico, es inferior a la recomendación propuesta por la OCDE que, por lo menos, señala deben de ser 8 semanas.13 Imprimir este cambio en nuestra Ley Federal del Trabajo, propiciará que se fomenten programas y políticas que respeten y garanticen condiciones de la igualdad, además de que aumentará la calidad de vida de las personas y de las familias.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXVII Bis del Artículo 132, y la fracción V del artículo 170, ambas de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 132.- [...]

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad, el cual será prenatal y postnatal. El trabajador contará con dos semanas prenatales y seis semanas postnatales laborables con goce de sueldo.

Las semanas prenatales se disfrutarán una vez el trabajador tenga conocimiento de la fecha próxima del parto; a partir de la fecha del nacimiento de los hijos, iniciarán las seis semanas postnatales.

En caso de adopción, el trabajador gozará de ocho semanas de permiso de paternidad, que se contarán a partir del acta que determine la adopción, o, a falta de ésta, la resolución judicial definitiva que autorice la adopción.

El patrón otorgará el permiso de paternidad con goce de sueldo una vez que el trabajador haya comprobado el estado de gravidez por conducto de la licencia de maternidad o certificado médico, que anuncie o precise la fecha próxima del parto.

El permiso de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable;

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. … IV.

V. Durante los períodos de descanso a que se refieren las fracciones II y III, percibirán su salario íntegro;

VI. …. VII.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un párrafo segundo y uno tercero al artículo 28, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28.- [...]

Los hombres trabajadores tendrán un permiso de paternidad, obligación que el patrón otorgará a éstos con goce de sueldo laborable. Este permiso no podrá ser menor a ocho semanas, de las cuales dos serán prenatales y seis postnatales. Las semanas prenatales se disfrutarán una vez que el trabajador tenga conocimiento de la fecha próxima del parto y a partir de la fecha del nacimiento de los hijos iniciarán las seis semanas postnatales.

En caso de adopción, el trabajador gozará de ocho semanas de permiso de paternidad, que se contarán a partir del acta que determine la adopción, o, a falta de ésta, la resolución judicial definitiva que autorice la adopción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un máximo de 90 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, el Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones a las normas y/o reglamentos correspondientes en ejercicio de sus atribuciones, a fin de hacer efectivo el ejercicio de este derecho.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Patricia Mercado Castro.

1 OCDE, Construir un México inclusivo”, consultado en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO
%20RESUMEN.pdf

2 Vela, Estefania. “La discriminación en el empleo en México”. Instituto Belisario Domínguez (2017).

3 Ibid.

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ”Construir un México inclusivo” consultado en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO
%20RESUMEN.pdf

5 INEGI, “Estadística a propósito del día de la familia”, consultado en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf

6 Luna Ramos, Margarita, “Licencia de paternidad SCJN”,  El Universal, consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/2016/02/9/licencia-de-paternidad

7 Organización de las Naciones Unidas, “En acción para la igualdad de género en México”, consultado en:
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf

8 Luna Ramos, Margarita, “Licencia de paternidad SCJN”,  El Universal, consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/2016/02/9/licencia-de-paternidad

9 “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Parental leave: Where are the fathers?”, consultaldo en:
https://www.oecd.org/policy-briefs/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf

10 Ibid.

11 Redacción Animal Político, “Permiso de paternidad en México es desigual y castiga a la familia sobre todo a la mujer”, Anima Político, consultado en:
http://www.animalpolitico.com/2017/06/permiso-de-paternidad-desigual/

12 González de la Vega, Geraldina, “La licencia de paternidad un tema importante”, Animal político consultado en:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/09/28/reformalaboral-la-licencia-de-paternidad-
un-tema-importante/#axzz2wzYRKccT

13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ”Construir un México inclusivo” consultado en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%
20RESUMEN.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mercado Castro. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos Segunda.






PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 89 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 89 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos y colimenses.

En octubre de 1994 se produjo un derrumbe de reservas internacionales que provocó una crisis económica que afectó gravemente la economía de los mexicanos. La mala gestión económica internacional, sumada a acontecimientos políticos internos, detonó el llamado “error de diciembre”, en el que en el ámbito financiero nacional provocó la crisis de la banca y una de las peores crisis económicas que ha vivido el pueblo de México.

En 1995, la cartera vencida se multiplicó del 15 al 44 por ciento; se incrementó el servicio a la deuda externa de los bancos por la devaluación; el aumento de la pérdida cambiaría por suponer erróneamente una reevaluación del peso. El entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, optó por rescatar a los bancos en lugar de permitir su quiebra, utilizando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, creado en 1990 con la finalidad de ser un fondo de contingencia económica, el cual pudiera hacer frente ante la posible falta de liquidez de la banca.

A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre de 1998, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, con el cual se endeudó a la sociedad mexicana por un monto que oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares.

En 1999, el total de la deuda reconocida en los estados financieros del IPAB era de 601 mil 341 millones de pesos; para septiembre de 2017, el total del pasivo llegó a un billón 764 millones de pesos, monto que representa un aumento del 67 por ciento en términos netos.

Si bien es cierto que en 1990 se contrató a un contador experto para realizar una auditoría al Fobaproa, la que le costó 20 millones de dólares a los mexicanos, lo cierto es que el informe de 240 cuartillas no brindó nueva información ni dio respuesta a reclamos de transparencia que exigía el pueblo de México, ya no se realizó en un entorno adecuado y enfrentó a un gobierno restrictivo que limitó la profundidad de su análisis y el alcance de sus resultados.

Los auditores no tuvieron acceso a todos los expedientes del Fobaproa, ya que el gobierno federal evitó la auditoría de diversas entidades y fideicomisos, tales como el Banco Unión, Serfin e Inverlat, mismos que, se presume, fueron utilizados para financiar ilegalmente campañas políticas

Pese a que Fobaproa ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana, hoy en día no existe certeza sobre el origen y legalidad de la deuda que por medio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se hizo pública.

Poco se conoce sobre la administración de recursos por parte del IPAB a dos décadas de que el Congreso de la Unión decidiera convertir el rescate bancario en deuda pública, los efectos siguen resistiéndose en el bolsillo de los mexicanos.

Se han pagado más de 2 billones de pesos, y la deuda lejos de disminuir ha aumentado en un 67 por ciento. Se han pagado réditos por más de 630 mil millones de pesos en 24 años, según muestran informes oficiales, los pasivos siguen sin disminuir, pese a los montos exorbitantes que se han destinado al pago de ese mecanismo, el gobierno destinará este año 51 mil millones de pesos, para continuar con el salvamento a instituciones crediticias.

El pueblo de México está cansado de este abuso.

Es por ello que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta esta iniciativa de ley, la que tiene por objeto adicionar un artículo 89 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Los objetivos de nuestra propuesta son:

1. Reconocer la verdad sobre el Fobaproa, que ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica, a través de una auditoría que iniciará a más tardar 180 días después de la publicación del Decreto de reforma de esta iniciativa.

2. Especificar la periodicidad del mecanismo de autoría para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, manteniendo una férrea vigilancia sobre sus actividades.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Joel Padilla. Se turna a las Comisión Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de empleo de jóvenes indígenas y discapacitados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTÍCULO 3, V DEL ARTÍCULO 4 Y EL INCISO J) DEL NUMERAL I DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Señora Presidenta, con su permiso. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Indudablemente, los jóvenes somos el futuro de México y del mundo. De la atención que le dediquemos a este sector, dependerá que contemos con las herramientas adecuadas para superar los retos que enfrentaremos a lo largo de nuestra vida nacional y de nuestras vidas.

A la luz de su importancia, así como de los riesgos a los que se encuentran expuestos, el sistema jurídico mexicano contempla la creación de instituciones, políticas públicas especiales para este grupo poblacional, que se encuentra entre los 12 y los 29 años de edad.

Tal es el caso del Instituto Mexicano de la Juventud, que tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno, integral y completo, en condiciones de igualdad y no discriminación, en los términos de nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Como parte del diseño institucional del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley en la materia le otorga atribuciones para atender de manera especial a ciertos grupos vulnerables, como son los jóvenes indígenas de nuestro país.

Sin embargo, dicha institución carece de facultades específicas para promover y para apoyar a otro grupo vulnerable como los jóvenes discapacitados. Asimismo, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud es omisa en establecer mecanismos para promover la inserción laboral de los jóvenes indígenas y discapacitados, lo cual cobra especial relevancia en los años recientes, en que existe evidencia de que las adicciones y la delincuencia organizada han seducido a este grupo poblacional.

Es innegable que el Estado mexicano tiene una deuda con este sector; es innegable que el Estado mexicano tiene una deuda con los jóvenes, pues no les ha garantizado de manera óptima su derecho humano al trabajo, específicamente a aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

En tal sentido, la presente iniciativa de reformas busca fortalecer la atención hacia los jóvenes indígenas así como incorporar criterios para apoyar a jóvenes discapacitados, particularmente en materia de empleo. No se debe de perder de vista que, por un lado, nuestro texto constitucional garantiza el goce de todos los derechos humanos en igualdad de circunstancias y; por otro lado, reconoce la libertad de trabajo.

En el mismo sentido, es importante recordar que uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible mandata la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. Como legisladores, compañeros y compañeras, tenemos la obligación de generar un marco jurídico que siente las bases para el diseño de una política pública que focalice y permita integrar en los planes y programas de desarrollo a los jóvenes indígenas y con alguna discapacidad.

Por ello, planteamos incorporar como parte del Instituto Mexicano de la Juventud la posibilidad de proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y empleo de los jóvenes indígenas y discapacitados.

Asimismo, proponemos que el Instituto Mexicano de la Juventud coordine, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes discapacitados dando intervención al recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando se trate de jóvenes indígenas.

Finalmente, planteamos que en la integración de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, que es uno de sus órganos directivos, sea incorporado el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues el texto vigente de la ley hace referencia al Director General de la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por todo lo anterior, las presentes propuestas de reforma fortalecerán la atención a los sectores más necesitados de la, de por sí vulnerable, juventud mexicana.

Estoy convencido de la igualdad de todas las personas, pero también estoy convencido que las políticas públicas deben revestir un alto contenido de justicia social. Solo de esta forma podremos aspirar a una sociedad más igualitaria, que visibilice la diversidad de circunstancias y realidades que enfrentan cada día miles y millones de jóvenes mexicanos indígenas y discapacitados en nuestro país.

Permitamos que tengan acceso a mayores oportunidades de empleo y desarrollo, todo esto por el bien del país.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

El Senador EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTÍCULO 3, V DEL ARTÍCULO 4 Y EL INCISO J) DEL NUMERAL I DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- CONTEXTO LABORAL DE LOS JÓVENES EN LAS ÚLTIMAS DECADAS EN AMÉRICA LATINA

Desde mediados de los años setenta, los problemas de inserción ocupacional que enfrentan los y las jóvenes, sobre todo en el comienzo de su carrera laboral, han sido objeto de análisis e intervención social. A partir de aquellos años, la recesión económica y las políticas de ajuste y liberalización financiera dieron lugar a la metamorfosis del mercado de trabajo y la emergencia de nuevas problemáticas sociales. El incremento de la desocupación y la crisis del empleo protegido tuvieron un gran impacto en la juventud.

Los años ochenta fueron el escenario de la consolidación de los fenómenos de vulnerabilidad de la juventud en el mercado de trabajo. Numerosos estudios señalaron la expansión de una tendencia de carácter estructural que se hacía evidente en el aumento de la tasa de desocupación abierta que, entre las personas jóvenes, duplicaba a la registrada en la población activa.

Asimismo, es posible definirla como una etapa durante la cual empieza a expandirse una tendencia hacia la extensión temporal de la juventud, con el consecuente retraso de la asunción de los denominados “roles adultos”, tales como la constitución de un hogar propio o de una familia. Con más fuerza, quizás, en el denominado “norte global”, pero con una gran influencia en el sur, el estilo de vida “juvenil” se fue masificando, junto con la vulnerabilidad laboral en los primeros años de inserción laboral.

Los años noventa marcaron la hegemonía de la precariedad como síntoma de la ruptura final de aquel modelo de posguerra en el que, el empleo asalariado y por tiempo indeterminado, se había constituido como articulador de las relaciones sociales. En efecto, si bien, la desocupación de la juventud ha mostrado elasticidad con el ciclo económico, la precariedad como forma principal de acceso a los primeros trabajos ha tomado, sobre todo a partir de la década de los dos mil, un rumbo estructural persistente.

La situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo ha sido objeto de análisis particular, sobre todo a partir de los años noventa. Frente a la aplicación de programas de ajuste y como respuesta a la expansión de versiones que responsabilizaban de forma individual a las personas de la problemática laboral, la perspectiva estructuralista sobre la vigencia de una población supernumeraria de características disfuncionales se convirtió en un debate ineludible en los estudios de juventud.1

II.- ROTACIÓN LABORAL DE LAS GENERACIONES

La generación conocida como baby boomer, (1945 y 1964), época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría son jubilados, son 100% migrantes digitales, hicieron la transición de la vida rural a la vida urbana pensando en que sus hijos tuvieran mejores oportunidades laborales. Los baby boomers también se caracterizaban en lo laboral por ser apasionados con su trabajo y por buscar la estabilidad laboral con contratos a largo plazo, la mayoría buscó jubilarse de las empresas, porque les garantizaba tranquilidad y estar en un estado de confort.

Otra de las 4 generaciones en el trabajo son los llamados Generación X, personas nacidas entre nacidos entre (1965 y 19791), su principal característica es que en su etapa de formación se dieron los primeros avances digitales, que en esos momentos mejoraron las experiencias análogas existentes, fueron la primera generación en formarse profesionalmente en una Universidad, aunque para ello debieron trabajar y pagarse sus estudios. Esta nueva realidad transitiva también se experimentó laboralmente, porque ellos utilizaron máquina de escribir y computadora.

En cuanto a los Milennials, son la generación que nació entre los años (1980 y 1995), una época en la que el uso de la tecnología se masificó y se convirtió en parte de sus actividades diarias, desde el inicio de sus estudios académicos y universitarios, se han formado y han adquirido nuevos conocimientos a través de los dispositivos multimedia como smartphones, tabletas, computadoras portátiles, smart tv entre otros. Las nuevas tecnologías día a día toman más fuerza y se han convertido en herramientas fundamentales por parte de los jóvenes Millennials, mismas que optimizan su condición laboral y metas profesionales.

Un elemento a considerar es la forma como los millennials buscan empleo, porque este proceso también ha cambiado radicalmente, este grupo poblacional lo hacen a través de bolsas de empleo virtuales o de redes sociales. A su vez, las formas de contratación de las organizaciones también han cambiado, optando por reducir su planta de personal para prevenir un desequilibrio financiero y las labores que cumplen los empleados nuevos son específicas y de corta duración, esta es una de las razones más contundentes para que se presente una constante rotación de personal en las compañías manteniendo un vínculo laboral con los empleados a corto plazo sin generar una carga prestacional e incluso pensional como ocurría en décadas anteriores, sino los hacen de forma verbal, por labor cumplida o por prestación de servicios durante un periodo determinado.

Se caracterizan por ser emprendedores, piensan siempre en mejorar y evitar las equivocaciones del pasado. Con esta mentalidad innovadora se plantean constantemente tener nuevos retos e iniciar negocios llamativos para ellos.2

III.- DERECHO INTERNACIONAL LABORAL, AGENDA 2030 (ONU) PARA MÉXICO

Por otra parte, cabe destacar que, el 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, se aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, titulada “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dicha Agenda fue adoptada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas e incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyos objetivos son poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático involucrando a todos los seres humanos sin distingos hacia el 2030.

Este marco de desarrollo, da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un margen de derechos, para construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país.

La citada Agenda se conforma de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 169 metas, que inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población. También funciona como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

El objetivo 8 de la Agenda 2030 estipula lo siguiente:

• PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS.

Las metas de ese objetivo en sus números 8.5 y 8.6 y 8.b disponen:

• 8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

• 8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

• 8.7 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

IV.- INDICADORES DEL EMPLEO JUVENIL EN MÉXICO

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que, invertir en el empleo juvenil, requiere un enfoque colaborativo para priorizar la creación de empleo mientras se ayuda a los jóvenes a superar sus desventajas específicas a través de las habilidades y las políticas del mercado laboral. Las intervenciones deben promover el crecimiento laboral y el desarrollo de habilidades, facilitar el trabajo por cuenta propia y garantizar mejores condiciones de trabajo, protección social y derechos en el trabajo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre del año dos mil dieciocho, ha detallado que 30.5 millones de personas se desenvolvieron en el ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3% respecto del mismo lapso de 2017. Los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; casi el doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018.

También se expone en la citada encuesta nacional que 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años tienen un empleo, no obstante, 59.5%, aproximadamente 8.9 millones, labora en el sector informal, en donde carecen de prestaciones legales; revelando el referido Instituto que, un distintivo de los mercados de trabajo en Latinoamérica, son los inconvenientes de inserción laboral para los jóvenes, quienes presentan elevadas tasas de desempleo.

Acerca del empleo informal en la población joven, se da principalmente en la población masculina, porque representa el 65.8% de los trabajadores informales, en tanto que el 34.2% son mujeres. Los jóvenes que desempeñan un trabajo informal lo hacen en el sector de servicios, el 29% labora en servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas; 9.8% en transportes, correos y almacenamiento; 5.9% en servicios educativos; 5.8% en servicios de salud y asistencia social; 5.8% en servicios profesionales, científicos y técnicos, y 5.5% en servicios de apoyo y manejo de desechos, enfatizando que los bajos sueldos son otra agravante del trabajo informal, porque 13.7% de los jóvenes de 15 a 29 años no recibe remuneración legal por su trabajo.

V.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y EMPLEO PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible coloca en su centro a las personas y el planeta, proporcionando a la comunidad internacional el ímpetu que necesita para trabajar unida a fin de abordar los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, incluyendo los relacionados con el mundo del trabajo. Se estima que más de 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, sólo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. Esto representa alrededor de 40 millones de empleos al año. También necesitamos mejorar las condiciones de los 780 millones de hombres y mujeres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para que superen, junto con sus familias el umbral de la pobreza.

V.I.- GRADO DE ESTUDIO E INDICADORES DE EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN MÉXICO

En base a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para los mil millones de mujeres y hombres con discapacidades, la inclusión en el mercado laboral y en la sociedad en general requiere la eliminación de las barreras existentes. Según los estudios de esa Organización, las empresas tienen más oportunidades que nunca para atraer a personas con discapacidades, como clientes, pero también como empleados y gerentes. Al incluir personas con discapacidades, las empresas, las personas y la sociedad en general ganan. Sostiene que hay muchas maneras de promover la inclusión en el lugar de trabajo, y que las empresas inteligentes ya han comenzado y, como resultado, disfrutan de negocios más exitosos y sostenibles. Al mismo tiempo, existe un rol para las partes interesadas no comerciales para crear un ambiente más propicio para la inclusión de la discapacidad. Después de todo, hacer que el lugar de trabajo sea más inclusivo es responsabilidad de todos. 3

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculaba que, hasta 2012, había 7,751,000 personas con discapacidad, de las cuales 5.2% habían cursado cuando menos un año de educación superior. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con información desagregada ni por grupos de edad ni por número de años concluidos para la población del país.

Por su parte, La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2014 (ENADID), define al nivel educativo como: Cada una de las etapas que forman un tipo educativo del Sistema Educativo Nacional. Casi todos los niveles educativos son propedéuticos, esto es, preparan para continuar con un nivel más alto (como la primaria, la secundaria o el bachillerato), y sólo algunos son terminales, o sea que no permite continuar en un nivel más alto (como la educación profesional técnica terminal), otros más son propedéuticos y terminales a la vez (como los bachilleratos tecnológicos o las licenciaturas) (INEGI, 2014: 234).

El nivel educativo predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria: de cada 100 personas, 45 tienen ese nivel. Cabe destacar que una buena proporción de personas de este grupo poblacional no cuentan con algún nivel de instrucción, 23 de cada 100 no tienen escolaridad y sólo 7 cuentan con educación, situación contraria a lo que sucede en la población sin discapacidad ni limitación, que de cada 100, 3 no cuentan con escolaridad y 21 poseen educación superior, por sexo, la proporción de quienes no tienen algún nivel de escolaridad es mayor entre las mujeres con discapacidad (25 de cada 100) en relación con los varones (21 de cada 100).

En secundaria y en nivel superior, los hombres con discapacidad tienen mayor presencia que las mujeres. Cabe destacar que, para el nivel medio superior, 10 de cada 100 tienen este nivel educativo en ambas poblaciones. La inclusión de personas con discapacidad en la educación superior ha sido objeto de análisis y estudio en diversos tratados internacionales como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, aprobada en 1998, así como los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagrados en 2006, no obstante lo anterior, los procesos de educación equitativa o igualitaria así como la atención a las necesidades educativas para los grupos vulnerables en la República Mexicana han sido insuficientes.

La Encuesta Nacional de Discriminación, encontró que 49 de cada 100 personas mayores de 12 años tienen empleo en México, pero en comparación, sólo 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad gozan de este derecho. Cerca de 40% ha percibido un salario menor por desempeñar un trabajo similar al de una persona sin discapacidad. A 42% de las personas con discapacidad en México les ha sido negado un trabajo debido a su condición. Para casi 83% de la población con discapacidad, la discriminación hacia su condición se asocia con menores oportunidades laborales por el temor de las empresas a disminuir su productividad. Las personas con discapacidad son el grupo que se considera como el más discriminado en el trabajo, con 53.4%. Le siguen los homosexuales y adultos mayores con 40.1% y 25.1%, respectivamente.

V.II.- GRADO DE ESTUDIO E INDICADORES DE EMPLEO PARA JÓVENES INDIGENAS EN MÉXICO

Ahora, tocante a la población de jóvenes indígenas, de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sólo 2 por ciento de la población indígena de 18 a 25 años ingresa al nivel superior, y de ese porcentaje apenas uno de cada cinco egresa y obtiene el título correspondiente. En contraste, entre los jóvenes no indígenas ingresa al nivel superior 22 por ciento de la población y se titula uno de cada dos.

Diversas fundaciones en su momento llevaron a cabo programas de becas de posgrado destinado a un grupo vulnerable como lo es la población indígena, tales como el International Fellowships Program (IFP) de la Fundación Ford en México, cuyas cifras reflejaron que la educación para indígenas en México se desarrolla en condiciones de promoción educativa en desventaja con respecto a la población nacional, como informó dicha fundación, de los 12. millones de indígenas (11 por ciento de la población) y los 8.5 millones que hablan alguna de las 62 lenguas originarias de México, 15 por ciento es analfabeta contra 6 por ciento del resto de la población en el país.

Cabe mencionar que, de los 12 millones de indígenas que viven en México únicamente ingresan a la educación superior 1.5 por ciento, de los cuales dos terceras partes (1 por ciento) terminan una licenciatura, expuso en su momento José de Jesús Maldonado García, ex director del Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), centro educativo para indígenas ubicado en la región mixe de Oaxaca.

VI.- DERECHO HUMANO DEL TRABAJO PARA JÓVENES EN MÉXICO

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el primer párrafo del artículo 25 que, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que, éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. También dispone en su segundo párrafo que, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Asimismo, el título sexto del mismo ordenamiento, dispone en su artículo 123, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y que, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. La Ley Federal del Trabajo dispone en el capítulo IV, del Servicio Nacional de Empleo, lo siguiente:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. al V;

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable; y

VII…...;

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene dentro de sus atribuciones diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes y su inclusión en el mercado laboral4. Por su parte, el recién creado Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas Apoyar tiene como una de sus principales funciones impulsar y fortalecer las economías locales y las actividades productivas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante acciones que permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos, la creación de empleos y la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva.5

Partiendo de las consideraciones que se han plasmado en las normas internacionales, nacionales e indicadores, es evidente que, en la el Estado Mexicano tiene una deuda con estos sectores poblacionales porque no ha garantizado de manera óptima el derecho humano al trabajo para los jóvenes, específicamente a aquéllos que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Como legisladores, y como oriundo de un estado con una amplia composición poblacional indígena, tenemos la obligación de generar marcos jurídicos que sienten las bases para el diseño de una política pública que focalice y permita integrar en los planes y programas de desarrollo a los jóvenes indígenas y con alguna discapacidad. En el marco de la creación del nuevo Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y de un redireccionamiento de la política laboral para el sector juvenil del nuevo gobierno, consideramos oportuno que la cabeza del sector juvenil, participe en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el diseño e instrumentación de políticas para la generación de empleo e incorporación en el mercado laboral del futuro de México, que ha sido subestimado, que es el sector juvenil, particularmente los jóvenes indígenas y discapacitados.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTÍCULO 3, V DEL ARTÍCULO 4 Y EL INCISO J) DEL NUMERAL I DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Único.- Se reforman las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso j) del numeral I del artículo 8 de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Arti?culo 3. El Instituto tendra? por objeto:

I. ... a II. ...

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y empleo de los jóvenes indígenas y discapacitados, así? como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá? las siguientes atribuciones:

I. ... a IV. ...

V. Consultar, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas y discapacitados; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

Articulo 8. La Junta Directiva se integrara? por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) a i) …

j) El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa.

1 Alfredo, A. M. (2018). Políticas y Leyes de primer empleo en América Latina: tensiones entre inserción y construcción de trayectorias. Revista de Ciencias Sociales.
2 Velásquez, A. F. (2018). QuestionPro. Obtenido de:
https://www.questionpro.com/blog/es/las-4-generaciones-en-el-trabajo/
3 Trabajo, O. I. (15 de mayo de 2018.). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
4 Fracción XII, Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

5 Fracción XXVII, Artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Murat Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.






Se hace de su conocimiento que a petición del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, se da turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Amparo, en materia de justicia laboral. El turno es a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Omar Obed Maceda Luna, con aval del grupo parlamentario del PRD)








PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene el uso de la palabra el Senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mando de las Fuerzas Armadas

Y agradecemos al Senador Obed que haya también agilizado el trámite de las iniciativas dando turno directo a la suya. Adelante, Senador Félix Salgado Macedonio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador J. Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Traigo una propuesta de reforma constitucional a los artículos 80 y 89, referente al mando supremo.

¿Qué es el mando supremo?

Todos hemos escuchado hablar que el Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso dónde está? Está en la Ley Militar, pero no está en la Constitución tal y específicamente como lo vengo a plantear. Todos los Estados democráticos en sus constituciones designan como mando supremo al Presidente de la República. En México ese reconocimiento está sustentado en la Ley Orgánica Militar. En las condiciones de inseguridad que vive nuestro país, y la necesidad urgente de alcanzar la paz y seguridad a través de la creación de una fuerza capaz que responda en adiestramiento y organización, se necesita la Guardia Nacional, obviamente bajo un mando civil.

Es una condición indispensable que la potestad del mando supremo de las Fuerzas Armadas, que corresponde al Presidente de la República, sea elevada a rango constitucional, y lo digo con base en los siguientes considerandos: Nuestro país se constituye y es una República democrática representativa, laica y federal, características de un gobierno presidencial. Implícitamente, la Constitución General mandata al Presidente de la República se instituya, según la circunstancia, para desempeñarse como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El cuerpo de leyes y el ordenamiento jurídico nacional de toda índole, incluyendo el militar, deviene y tiene como fuente y origen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 11 sanciona que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente de la República, única reglamentación en todo el ordenamiento jurídico nacional, que proviene y previene el mando supremo, ley militar que carece de sustento constitucional.

Por lo tanto, toda norma que no devenga de la Carta Magna es nula, de pleno derecho y, por tanto, inconstitucional.

¿Qué es la situación de inseguridad que vive el país y el talento social de un cambio de régimen? Es necesario elevar a rango constitucional las facultades y obligaciones que para Presidente de la República mandata la Carta Magna de la Nación como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Elevar a rango constitucional las facultades del Presidente de la República como Comandante de las Fuerzas Armadas tiene como propósito dar a la Constitución jerarquía sobre todo el ordenamiento del cuerpo de leyes militares, reconocer la supremacía del poder civil en la concepción de la política de defensa, concentrar en la rama del Ejecutivo la administración y conducción de las Fuerzas Armadas para la preservación del Estado y la defensa de la República. Establecer una relación civil-militar democrática en la conducción y administración de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, la adición y reforma a los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice así; en el 80: se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Así dice. Y le agregaríamos: quien fungirá como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En el artículo 89, las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: reservar la seguridad nacional en los términos de la Ley respectiva, dice aquí. Y lo que vamos a agregarle es: ejercer el mando de la Fuerza Armada permanente de tierra, mar y aire, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, en los términos que establece esta Constitución.

Esta es la propuesta de reforma que dejo a su consideración. Muchas gracias, por su atención. Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, integrante de la lxiv legislatura del congreso de la unión, por el partido morena, con fundamento en los artículos 71 fracción ii, 73 fracción xxix-m y 135 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 8.1 fracción ii, 164, 169, 171 y 172 del reglamento del senado de la república; someto a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

La Constitución de Cádiz de 1812. Título IV del Rey. Capítulo I.- De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad. Previene en su artículo 171. Octava.- Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales. Novena.- Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.1 

Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, promulgada en 1917, se establecieron   disposiciones relativas al uso de las fuerzas militares para la seguridad de la Nación mexicana. En los artículos 49, 50 Y 110 de la Constitución Federal de 1824, se estableció que las  leyes del Congreso tendrán por objeto, entre otros, sostener independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de la nación sus relaciones exteriores; asimismo, se estipuló que la declaración de guerra corresponde al Presidente, previa ley que expidiera el Congreso, conforme a los datos que el propio Presidente presentará; así como disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación.2

En las Leyes Tercera y Cuarta de la Constitución promulgada en 1836, prevaleció la misma regulación.3 Posteriormente, al promulgarse la Constitución denominada “Las Bases Orgánicas de la Republica” en 1843, se mantuvo la regulación respecto de las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra para preservar la seguridad.4

Ya en la Constitución de 1857, la regulación se amplió hacia el ámbito estatal, estableciendo prohibiciones a los Estados al respecto. En primer lugar se señaló en el artículo 29, la suspensión de garantías por parte del Presidente, en acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la diputación permanente, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera que pusiera a la sociedad en peligro o conflicto.5 Asimismo, se mantuvieron las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y de disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación, artículo 85, y se añadió la de disponer de la Guardia Nacional para el mismo fin, con el consentimiento del Congreso.6

Tratándose de los Estados, los artículos 112 y 116 señalaban que los propios Estados no podrían sin consentimiento del Congreso, hacer la guerra por sí a otra potencia extranjera, salvo casos de invasión o de peligro tan inminente, que no admitiera demora, en los cuales deberían dar cuenta inmediatamente al Presidente de la Republica e indicaban la obligación de los Poderes de la Unión de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior y también en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que fueran excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida. Como puede observarse, en este documento fundamental se sentaron las bases de las disposiciones que hoy en día nos rigen, en la especie.7

La Constitución de 1917, hizo prevalecer los mismos principios de la Constitución de 1857, en los artículos 29, 73, 89, 118 y 122.8 Aunque los artículos que contienen tales principios han sido reformados en diversas ocasiones, las bases mencionadas relativas al manejo del ejército y la seguridad, han permanecido prácticamente inalteradas: el presidente es el jefe supremo del Ejército.

Sin embargo, estas bases no se referían expresamente a la seguridad nacional, por lo que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004, se adiciono la fracción XXIX-M al artículo 73, en la que se estableció como facultad del Congreso la de expedir leyes en materia de seguridad nacional, y se reformó la fracción VI del artículo 89, que señala como atribución del Presidente, la preservación de la seguridad nacional, en los términos de la Ley de la materia, a través de la disposición de las fuerzas armadas. Como puede observarse, esta reforma resultó de gran trascendencia en materia de seguridad, sin embargo, la facultad del presidente como Mando Supremo se mantiene.

Consecuentemente, el 21 de enero de 2005 el Congreso expidió la Ley de Seguridad Nacional, en la que se crea el Consejo de Seguridad Nacional, la Red Nacional de Investigación y se actualiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen 1989), que lógicamente impacta en la operación y disposición de las fuerzas armadas para preservar la seguridad interior y defensa exterior de la federación como facultad del Presidente de la República.

2. REFORMAS A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 (1857/2004)

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 1857.
PUBLICACIÓN ORIGINAL. 12/02/1857.- IGNACIO COMONFORT

Sección II.- Del Poder Ejecutivo.

Artículo 85.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.9

B. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917.

PUBLICACIÓN ORIGINAL. 05/02/1917.- VENUSTIANO CARRANZA.10

Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.11

C. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917 PUBLICACIÓN 10/02/1944.- MANUEL ÁVILA CAMACHO.12

Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917
PUBLICACIÓN 05-04-2004.- VICENTE FOX QUEZADA.13
Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

3. CRÓNICA  

De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo III Del Poder Ejecutivo en el artículo 89 de las facultades y obligaciones del Presidente fracción VI, le obliga al Presidente, a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas del país para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El enunciado constitucional tiene implícito, el carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

La disposición que faculta al Presidente de la República para el mando de las Fuerzas Armadas, comprendida en el artículo 89, se ha mantenido vigente desde la formación del Estado mexicano, a través de diversas reformas hechas al mismo numeral, pues desde su asiento original donde el Rey disponía del ejército como lo señala la Constitución Monárquica de Cádiz 1812, hasta 1917 las constituciones destacan y aprueban que es facultad del Presidente, disponer de la fuerza armada permanente para mantener la seguridad interior y defensa exterior de la nación, pero sin declararlo explícitamente.

Esta facultad digamos sobreentendida de disponer el mando de la fuerza armada para la defensa de la federación se asienta tal cual en la Constitución Federal de 1857, es retomada por el constituyente de 1917 en los mismos términos, y la primera reforma a la fracción VI del artículo 89 se efectuó mediante el decreto publicado el 10 de febrero de 1944, por Manuel Ávila Camacho. La modificación a la función presidencial, establece que el Presidente de la República puede: “Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación”.

El 5 de abril de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una segunda reforma que adiciona a la fracción VI del artículo 89, con la que se concretó el texto en forma actual, según el cual es facultad del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación”.

Como se puede apreciar, las reformas implementadas en la fracción VI del artículo 89, han mantenido la esencia de la función presidencial en lo que respecta a la disposición y mando  de las fuerzas armadas del país. Sin embargo, no queda en forma manifiesta que el presidente sea el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas o tenga el mando supremo. No obstante que, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estipula que: “El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.” (Art. 11 LOEFAM). Sin embargo, la ley militar carece de sustento constitucional. 

Reformar el texto constitucional en el artículo 80 y 89 fracción VI, para que el presidente de la República se reconozca explícitamente como el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, reviste gran importancia, ya que la declaración expresa en el máximo ordenamiento, dé dicho carácter al Presidente, supone una mayor relevancia en su atribución de disponer y conducir al cuerpo armado del Estado para preservar la seguridad de la nación.

Elevar a rango constitucional las facultades del presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene como propósito: Dar a la Constitución jerarquía sobre todo el ordenamiento del cuerpo de leyes militares; Reconocer la supremacía del poder civil en la definición de la política de defensa; Concentrar en la rama del ejecutivo la administración y conducción de las fuerzas armadas para la preservación del Estado y la defensa de la República; Establecer una relación civil-militar democrática en la conducción y administración de las fuerzas armadas.
Mando Supremo de las Fuerzas Armadas en las Constituciones Nacionales

En la Constitución de Estados Unidos de América, origen del sistema presidencialista, establece en su artículo II, Segunda Sección: El presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de Estados Unidos y de la milicia (Guardia Nacional) de los diversos Estados cuando se le llame al servicio activo de Estados Unidos.14

Francia

En la Constitución francesa de 1985 expresa en el artículo 15: El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional.

Rusia

En la Constitución de la Federación Rusa, dice el artículo 87: El presidente de la Federación Rusa es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país.

Argentina

La Constitución de la República Argentina establece en el artículo 99, numeral 12: El presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la nación.

Brasil

La Constitución Política de la República Federativa del Brasil señala en el artículo 142: Las Fuerzas Armadas, constituidas por la Marina, por el Ejército y por la Fuerza Aérea son instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema del presidente de la República, y que tienen como misión la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y del orden.

Colombia

La Constitución Política de Colombia dispone en el artículo 189/3: Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa; dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

El Salvador

Constitución de la República de El Salvador, Art. 157: El Presidente de la República es el Comandante General de la Fuerza Armada.

Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala dispone en el artículo 183: Son funciones del presidente de la República, ejercer el mando de la Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas.

Honduras

La Constitución Política de Honduras determina en su artículo 277: El presidente de la Republica, ejercerá el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General conforme a esta Constitución, a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables.

Nicaragua

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su artículo 144: El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua.

Perú

La Constitución Política del Perú establece en el artículo 167: El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Uruguay

La Constitución de la República del Uruguay contiene en su artículo 168/2: Al presidente de la República, le corresponde el mando superior de todas las fuerzas armadas.

4. Fundamento

El fundamento y soporte de tal designación al Presidente de la República, como Jefe o Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en todas las constituciones nacionales con sistema presidencial, se debe a que en este tipo de gobierno, la conducción de la guerra supone encauzar un esfuerzo común para la defensa, y el poder de guiar y utilizar la fuerza común constituye una porción normal y esencial de la definición de la autoridad ejecutiva. Por tanto, para esos efectos la autoridad militar se concentra en él solo.15

CONSIDERANDO

Que nuestro país se constituye es una República, Democrática, Representativa, Laica, y Federal, características de un  gobierno presidencial;

Que implícitamente la Constitución General mandata al Presidente de la República, se  instituya según la circunstancia para desempeñarse como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas;

Que el cuerpo de leyes y el ordenamiento jurídico nacional, de toda índole, deviene y tiene como fuente y origen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Que toda norma que no devenga de la Carta Magna, es nula de pleno derecho y por tanto inconstitucional;

Que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su Artículo 11 sanciona que, “El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República…”, única reglamentación en todo el ordenamiento jurídico nacional, ley militar que carece de sustento constitucional;

Que en la situación de inseguridad que vive el país, y el reclamo social de un cambio de régimen, es necesario elevar a rango constitucional las facultades y obligaciones que para  Presiente de la República, mandata la Carta de la Nación, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas;

Que elevar a rango constitucional las facultades del presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene como propósito: Dar a la Constitución jerarquía sobre todo el ordenamiento del cuerpo de leyes militares; Reconocer la supremacía del poder civil en la concepción de la política de defensa; Concentrar en la rama del ejecutivo la administración y conducción de las fuerzas armadas para la preservación del Estado y la defensa de la República; Establecer una relación civil-militar democrática en la conducción y administración de las fuerzas armadas.

En base a los hechos y consideraciones descritas, se emite la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA RESPECTIVAMENTE, LOS ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

PRIMERO: Se adiciona el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

SEGUNDO: Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar como sigue:

Capítulo III. Del Poder Ejecutivo

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, quien fungirá como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 89. De las facultades y obligaciones del Presidente 

VI. Ejercer el mando de la fuerza armada permanente de tierra, mar y aire para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En los términos que establece esta Constitución.

TRANSITORIO

PRIMERO. Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Sen. J. Félix Salgado Macedonio.

CUADRO COMPARATIVO

ADICIÓN Y REFORMA A LOS ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI
RESPECTIVAMENTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DICE

DEBE DECIR

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Capítulo III. Del Poder Ejecutivo

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 


Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  


VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
Fracción reformada
DOF 10-02-1944, 05-04-2004

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Capítulo III. Del Poder Ejecutivo

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, quien fungirá como jefe de Estado, jefe de gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

VI. Ejercer el mando de la fuerza armada permanente de tierra, mar y aire para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En los términos que establece esta Constitución.

 La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Félix Salgado Macedonio. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

1 Tena Ramírez, Felipe, “Leyes Fundamentales de México”, Ed. Porrúa 1957/2008, México. Pp. 80-81.

2 Ibid. Págs. 182-183.

3 Ibid. Pág. 226.

4 Ibid. Págs. 414-415 y 418-419.

5 Ibid. Pág. 610.

6 Ibid. Pág. 621.

7 Ibid. Págs. 625-626.

8 Ibid. Págs. 834, 845-850, 854-855, 869 y 870.

9 Constitución de 1857. Con sus adicciones y reformas. Biblioteca de la Cámara de Diputados. Pág. 204.

10 RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Proyecto Constitucional del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista PRESENTADA POR: Venustiano Carranza FECHA DE PRESENTACIÓN: 06-12-1916, Periodo ÚNICO TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: Reformas a la Constitución, Corrección de Estilo FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 16-01-1917 2a. Lectura: 18-01-1917 DECLARATORIA: 05-02-1917 OBSERVACIONES: Se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de 142 votos.- Se aprueban las modificaciones hechas por la Comisión de Corrección y Estilo el 27 de enero de 1917. CONTENIDO: El presente artículo forma parte del Título Tercero, Capítulo III, denominado "Del Poder Ejecutivo". Enumera las facultades y obligaciones del Presidente de la República.

11 Diario Oficial de la Federación. 05/02/1917. Págs. 155-156.

12 RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Decreto que modifica los artículos 32, 73, fracción XIV, 76, fracción II y 89, Fracciones IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTADA POR: Diputados a la XXXVIII Legislatura FECHA DE PRESENTACIÓN: 22-09-1942, 1er. Período Ordinario, III año Legislativo TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: Puntos Constitucionales FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 06-10-1942 DECLARATORIA: 10-02-1944 OBSERVACIONES: Reforma las fracciones IV, V y VI.- Se dispensa la 2a. Lectura.- Sin debate se aprueba por 90 votos.- Pasa al Senado.- Se aprueba el Proyecto de Declaratoria por unanimidad de 75 votos.- Pasa al Ejecutivo. CONTENIDO: Tiene por objeto designar las facultades y obligaciones del Presidente: Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.

13 DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA ADICIONADA LA FRACCIÓN XXIX-M AL ARTÍCULO 73 Y REFORMADA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/89.pdf

14 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México, 1994. Págs. 316-318. 

15 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México 1994. Págs. 316-318. 






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gina Andrea Cruz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, en materia de padrón de importadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Gracias. Con la venía de la Presidencia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, aparece por primera vez la figura del padrón de importadores, en la fracción IV del artículo 59 de la Ley Aduanera, como una herramienta de protección de la planta productiva nacional, pues permite a la autoridad verificar que los importadores se encuentren cumpliendo y al corriente de sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, combatir directamente las prácticas de su evaluación que dañan a los productores nacionales.

Actualmente, la fracción IV del artículo 59 de la ley, establece la obligación, para quienes deseen importar mercancías, estar inscritos en el padrón de importadores y, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos o de exportadores sectoriales, que está a cargo del Servicio de Administración Tributaria, además, deben cumplir, entre otros requisitos, los siguientes.

Primero. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Segundo. Acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Tercero. Los demás que establezcan el reglamento y el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Asimismo, el Reglamento de la Ley Aduanera señala, en su artículo 82, como requisitos para inscribirse en el Padrón de Importadores, no obstante hay la posibilidad de que una vez inscritos en el padrón de importadores y en el padrón de importadores de sectores específicos, la autoridad pueda suspender al importador al actualizarse cualquiera de las causales que establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera. Las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para el 2016 emitidas por el SAT, incluyen 39 causales adicionales de suspensión en los mencionados padrones, con lo que se observa un exceso en la facultad normativa con que cuenta la autoridad respecto de las sanciones establecidas en el reglamento de la legislación aduanera y, con mayor razón, al no contemplarse en el ordenamiento heterónomo la sanción para suspender del padrón de importadores.

No obstante que la actualización de cualquiera de las causales antes mencionadas, así como las reglas que al efecto señalan las reglas de carácter general en materia de comercio exterior emitidas por el SAT, provocan la suspensión inmediata en el Padrón de Importadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, en diversas jurisprudencias, que la suspensión tiene efectos perjudiciales en las finanzas de los importadores, en tanto que la medida cautelar afecta directamente su actividad comercial, pues el estar inscrito en el Padrón de Importadores es un requisito fundamental para realizar cualquier actividad de importación.

Senadoras y Senadores, con el objeto de otorgar mayor certidumbre jurídica a los particulares, y a fin de evitar situaciones en las que los actos de las autoridades afecten a los contribuyentes en el sano desarrollo de sus actividades comerciales y buscando sinergia con lo actualmente dispuesto por la fracción IX del artículo 2o. de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la reforma que prepongo hará que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, en un plazo expedito, que posibilite la corrección de su situación, evitando además de la suspensión, las cargas administrativas que conlleva la realización de o los procedimientos de reactivación en el padrón que corresponda, lo cual representa desgaste en tiempos y trámites, tanto para los contribuyentes, como para las dependencias gubernamentales respectivas.

Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Andrea Cruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 379 del Código Penal Federal, para contrarrestar el abuso de la acción penal cuando se cometa un delito bajo circunstancias de necesidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias.

La cárcel debería ser para los corruptos y no para los que tienen hambre.

Compañeras y compañeros. Señoras y señores:

Mientras decenas de políticos corruptos están en la calle viviendo con toda una vida de lujo, gracias a las negociaciones, a los negocios que hicieron a costa de los mexicanos y las mexicanas, hoy siete mil mexicanos están presos por no tener dinero para pagar su comida y robar por hambre.

Y sí, escucharon bien, vivimos en este país en donde tenemos a la corrupción como un gran problema, en el que quienes han hecho lo que han querido con el dinero de la gente, se van a vivir al extranjero, se van a vivir a España a tener una vida de lujos o se quedan aquí amparados para evitar, eso sí, cualquier tipo de detención.

Pero los que están aquí, los que son pobres están condenados, castigados, incluso, están siendo criminalizados. Y ejemplos para sostener lo que digo hay muchos, ahí está César Duarte que sigue libre; Guillermo Padrés que ya salió libre; Elba Esther Gordillo que también salió libre; o los responsables de la “estafa maestra” o de Odebrecht; ahí están Rosario Robles, Emilio Lozoya, Aurelio Nuño, personajes que fueron intocables en el sexenio pasado y que en este sexenio parece que van a seguir igual.

Y por el otro lado tenemos a una justicia, una justicia que en este país es capaz de firmar casos como el Ana María, quien intentó robar dos charolas de carne por necesidad, para dar de comer y fue condenada a seis meses de prisión porque no tenía el dinero para pagar la fianza de 27 mil pesos.

O por ejemplo el caso de Paty, quien robo una mermelada y un par de yogurt para alimentar a sus cinco hijos, y que le pusieron una fianza de 12 mil pesos, imagínense nada más ellas robaron por hambre, por no tener el dinero para comprar la comida para ellos y para sus hijos y les ponen fianzas de este tipo.

Yo les quiero hacer una pregunta: ¿Alguna vez, algunos de los que han estado aquí han sentido hambre? ¿Recuerdan ese dolor que se siente de tener el estómago vacío? Yo estoy segura que en pocos minutos comieron algo para no sentir ese dolor.

Pero ahora imagínense la angustia, el miedo, la impotencia, la inseguridad con la que pueden vivir personas que tienen ese dolor durante días enteros y que saben que por más de que se esfuercen y hagan lo que hagan, al día siguiente van a amanecer en la misma condición y de nada va a servir porque no van a tener lo suficiente para llevarle comida a la boca de sus hijos o para satisfacer su necesidad de hambre, esa es la realidad para muchos mexicanos y muchas mexicanas.

Nada más les quiero recordar que, en México, 27 millones de personas viven en pobreza alimentaria y 9.4 millones de mexicanas y de mexicanos viven en pobreza extrema.

El robo por hambre es un problema que se vive en nuestro país y que nos enseña ese lado salvaje y cruel del sistema que hoy tenemos en México y que, sin duda, debe cambiar.

Para darnos una idea, en las cárceles de este país duermen más de siete mil personas que pagan una condena de hasta 10 años, hasta 10 años por haber robado una mantequilla, un yogurt, una leche o un pan, tan solo por tener hambre.

Si la cárcel no fuera lo suficientemente indignante, también se le imponen multas que llegan hasta los 13 mil pesos, y esto de verdad es increíble si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucede con los políticos corruptos, contra los tres años que le dieron de cárcel a los colaboradores de César Duarte, y que formó parte de una red de corrupción que robó miles y miles de millones de pesos, y de ese tamaño, sólo comparemos, de ese tamaño es la injusticia en nuestro país, 10 años de cárcel por robar un pan y tres años por un político corrupto que robó miles de millones de pesos.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de que esto no puede seguir así, y por eso vengo a esta tribuna hoy, a nombre de mi compañera Patricia Mercado, hace dos años lo hice junto con mi compañero Jorge Álvarez Máynez, cuando fui Diputada Federal, porque lo que buscamos es proponer que se modifique el Código Federal y diferenciar el robo por hambre de otros delitos, para que las personas que han robado por hambre puedan llegar a un acuerdo y eviten procesos y sanciones que de verdad son excesivas, porque actualmente se utilizan los vacíos y las ambigüedades que tiene la ley para que quien robó por hambre sea procesado por delito de robo.

Miren, compañeras y compañeros, tenemos que dejar claro que el sistema en el que vivimos, este sistema produce pobreza y se sirve de la pobreza. Tenemos que entender que situaciones específicamente como estas, no es robo, es hambre, y que la justicia tiene que dejar de ser una palabra que sólo adorne los discursos de los gobiernos en turno.

Yo sólo para terminar y para concluir mi participación quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas que forman parte de este Senado. El día de ayer aprobaron en comisiones un dictamen que aprueba la creación de la Guardia Nacional, un dictamen que no responde a las observaciones ni a las exigencias de la sociedad civil, ni de los organismos internacionales, ni de especialistas, ni de activistas, ni tampoco de los familiares de las víctimas.

Apoyaron algunos de nuestros Senadores, y aprobaron ese dictamen a la antigüita, claro, con una aplanadora y sin siquiera cambiar una coma.

Yo por eso les pido, compañeras y compañeros, que por favor el Parlamento Abierto que tuvimos la semana pasada no sea una simulación, que por favor no le faltemos el respeto de esa manera a todos y todas las que participaron.

Les pido, de verdad, que seamos serios y que asumamos nuestra responsabilidad, y que estemos a la altura de las exigencias de este país y de toda su gente.

Una vez más lo decimos alto y claro: “La guerra no hace la paz”.

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DELITO POR NECESIDAD, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En nuestro sistema penal debe prevalecer la proporcionalidad entre el delito y la pena que se le impone a la persona que comete algún supuesto establecido en el Código Penal Federal, “el delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho” 1 en la medida en que el delito ocasione un mayor daño la sanción deberá ser más severa, y “no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, exageradas o irracionales en relación con la prevención del delito.”2

Por lo que se vuelven difícil de comprender casos donde la sanción que se impone es evidentemente mayor al daño ocasionado por un delito, particularmente en el delito de robo donde no existe violencia y donde la principal causa que originó la acción del mismo delito fue por necesidad, ya sea por hambre, o salud.

La presente propuesta busca establecer una distinción en el supuesto de robo por necesidad, permitiendo una resolución del conflicto entre la víctima y quien cometió el delito, donde la sanción sea proporcional al daño ocasionado, sin caer en excesos en penas que únicamente representan un gran costo para el Estado y no abonan a una reinserción social sino todo lo contrario.

II. Respecto a las sentencias excesivas ante los casos de robo podemos encontrar condenas de 6 meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos por un daño de 105 pesos,  una condena de 3 años y una multa de 13 mil pesos por un robo valuado en 133 pesos, y el caso de una persona con discapacidad que estuvo encarcelado un mes por robar 2 manzanas y un refresco con un valor de 21 pesos.3 Aunado a lo anterior, se suma una gran lista de casos de detenciones donde evidentemente la causal del robo estaba sustentada en una verdadera necesidad.

“En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).”4

A este tipo de delitos se les ha llegado a conocer como robo famélico, robo por hambre o robo por necesidad y “por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones”5

Uno de los graves problemas es que para los supermercados no existe una distinción entre este tipo de delitos por necesidad y con el denominado robo hormiga, el cual consiste en sustraer artículos de un establecimiento para después ser vendidos a menor precio de forma obviamente ilegal, en estos casos las sentencias severas tienen una clara justificación ya que representan pérdidas millonarias6.

Pero en el momento en que una persona lleva a cabo un robo para cubrir su necesidad de hambre o salud es tratada como un delincuente que se dedica al robo hormiga, recibiendo un mismo trato e incluso acusándolo de otras agravantes que lo único que ocasionan es que reciba una sanción más severa y no se le permita equiparar como un robo por necesidad.

III. En el Código Penal Federal podemos encontrar la definición de robo, el cual en su artículo 367 se define como:

Artículo 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Y las fórmulas que son utilizadas para establecer tanto la cuantía del delito como la imposición de penas se encuentran en el artículo 370 del mismo ordenamiento: 

Artículo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.

Tanto lo establecido por el primero párrafo del artículo 370 del Código Penal Federal y lo señalado por los supuestos en los artículos 375 y 379, darían pie para que el robo por necesidad no fuese sancionado de la misma manera como cualquier otro tipo de robo, especialmente considerando el valor de lo robado, la disposición del infractor por reponer el daño inmediatamente y que éste no haya utilizado violencia.

Artículo 375.- Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y perjuicios, antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de la violencia.

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

Como se puede observar el robo por necesidad puede quedar libre de sanción siempre y cuando: no sean utilizados medios violentos, no se recurra al engaño, que éste sea por una sola ocasión y que los objetos robados sean indispensables para cubrir una necesidad personal o de su familia. Aunque la realidad es que esos mismos elementos son utilizados por la víctima u ofendido para denunciar agravantes y evitando la solución alternativa mediante un acuerdo entre las partes.

IV. La presente iniciativa propone reformar el artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de corregir el supuesto de robo por necesidad y que este pueda ser diferenciado cuando en realidad el infractor haya motivado el robo para cubrir una necesidad personal o de sus familiares.

Código Penal Federal

Vigente:

Modificación

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

En los casos de delitos cometidos por necesidad, el perdón de la víctima u ofendido no será necesario para que el Ministerio Público desista de la acción penal en contra de las personas que cometan este tipo de delitos. Una vez acreditada la necesidad que originó el delito será posible acceder a un acuerdo reparatorio.

Principalmente la presente iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de contrarrestar el abuso de la acción penal cuando exista un delito por necesidad, creándose la posibilidad de que el Ministerio Público desista de ella al acreditar que hubo una verdadera necesidad en el robo. Dejando innecesario el perdón del ofendido y permitir en estos casos llegar a un acuerdo reparatorio, evitando en todo caso largos procesos y sanciones excesivas.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma el artículo 379 del Código Penal Federal, en materia de delito por necesidad

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 379 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

En los casos de delitos cometidos por necesidad, el perdón de la víctima u ofendido no será necesario para que el Ministerio Público desista de la acción penal en contra de las personas que cometan este tipo de delitos. Una vez acreditada la necesidad que originó el delito será posible acceder a un acuerdo reparatorio.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte general, Barcelona, Euros, 1998, p.99

2 Yenissey Rojas, Ivonne, La proporcionalidad en las penas, IIJ-UNAM, www.juridicas.unam.mx

3 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1º de junio 2016, www.animalpolítico.com

4 Fuentes López, Guadalupe, El robo por hambre en México encierra a 7 mil, la mayoría mujeres, en la cárcel, Sin Embargo, 14 de octubre 2015, www.sinembargo.mx

5 Ibídem.

6 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1º de junio 2016, www.animalpolítico.com

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo García. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación proporcional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, a nombre propio y del Senador Alejandro González Yañez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos, y colimenses.

El 1 de julio de 2018, millones de mexicanos acudimos a las urnas para derrotar al viejo régimen. En esa fecha, 30 millones de ciudadanos rechazamos el modelo económico, político y social que imperó en México desde los años 80´s.

Durante la Cuarta Transformación estamos emprendiendo una serie de reformas constitucionales y legislativas que permitirán transitar a un estado social y democrático de derecho, el cual tiene por objeto proveer de igualdad, libertad, justicia y bienestar a todas y todos los mexicanos. No nos encontramos en una época de cambios, sino ante un cambio de época. Por ello es necesario transitar a un sistema democrático popular en el que el pueblo sienta que ejerce verdaderamente su soberanía.

A la par de las propuestas que hemos presentado los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para fortalecer la democracia participativa, consideramos necesario presentar esta iniciativa de ley que busca modificar la forma en que se integra la Cámara de Diputados para garantizar el papel de cada Diputado como representante del pueblo.

El objetivo de la presente iniciativa es implementar el modelo de representación proporcional pura en dicho cuerpo legislativo. Actualmente la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores federales, 300 de ellos son electos mediante el principio de mayoría relativa, mientras que 200 de ellos son electos mediante el principio de representación proporcional.

La mayoría relativa es el modelo electoral clásico, este modelo actualmente es observado por una minoría de países, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Este esquema presenta graves problemas de sobrerrepresentación y subrepresentación, por lo que los parlamentos que se integran exclusivamente bajo este principio no representan a la totalidad de la población; por el contrario, la representación proporcional tiene como objetivo principal representar tanto a las mayorías como a las minorías y busca traducir los votos en curules.

Es un principio que provoca que la totalidad de la población se encuentre representada dentro de los parlamentos. La mayoría de los parlamentos de las democracias del mundo se integran bajo este principio: Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, entre muchos otros.

Es importante reconocer que la inclusión del principio de representación proporcional en la Constitución mexicana fue un elemento fundamental para la consolidación del sistema de partidos. Este principio ha permitido que las minorías sean escuchadas en los parlamentos, es un mecanismo fundamental para que todos los sectores de la población se encuentren representados.

Por eso, las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la Cámara de Diputados debe integrarse en su totalidad por el principio de representación proporcional.

Ante el cambio de régimen que propone el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es fundamental consolidar la democracia en nuestro país a través del protagonismo del pueblo en las decisiones públicas.

Es necesario discutir y aprobar las reformas que nos permitan transitar a una auténtica democracia popular, por ello es que proponemos esta iniciativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Introducción

De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”. La esencia de la democracia es la representación popular y así lo consagra nuestra Carta magna. Nuestra Constitución es, como se puede observar, esencialmente democrática.

El Estado mexicano se encuentra organizado en torno a la doctrina de la división de poderes. De esta manera, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tal como lo estipula el artículo 49 constitucional. A su vez, el poder legislativo se deposita en un Congreso general, que se divide en dos cámaras: la cámara de diputados y la cámara de senadores. De esta manera, el poder u órgano legislativo mexicano es bicameral. En la Cámara de Diputados reside la voz del pueblo a través de sus representantes, así lo establece el artículo 51 de la Constitución al enunciar que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años.”

Por lo tanto, la función principal de la Cámara de Diputados es la representación popular a través del acto legislativo. Nuestra ley fundamental continúa enumerando los mecanismos para la integración y elección de los representantes populares.

Integración de la Cámara de Diputados

En primer lugar, esta cámara estará compuesta por 500 diputadas y diputados federales. De acuerdo con el INEGI, México tiene una población estimada de 119,938,477  . De esta manera, cada diputado o diputada federal representa a aproximadamente 240 mil personas. El tamaño en relación a la población de este cuerpo colegiado ha sido cuestionado últimamente en los medios de comunicación y en la opinión pública; sin embargo, se tamaño podría considerarse normal en comparación con otras democracias. Por ejemplo, el Bundestag alemán está compuesto por 600 miembros que representan a 82 millones de alemanes (un legislador por cada 136,000 habitantes); el parlamento japonés está compuesto por 470 parlamentarios que legislan para 127 millones de nipones (un legislador por cada 270 mil habitantes); la Cámara de Representantes de Estados Unidos está compuesta por 430 congresistas que representan a 300 millones de estadounidenses (697,500 por cada representante); la cámara de diputados brasileña está integrada por 513 legisladores que representan a 200 millones de brasileños (un representante popular por cada 389 mil brasileños).

En segundo lugar, se debe observar el método de integración o elección de las diputadas y los diputados federales. El artículo 52 constitucional establece que “la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.” El sistema de representación mexicano y de elección de las y los diputados es un sistema mixto. Es decir, que se integra tanto por el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional.

Una de los debates más ricos y largos en la ciencia política versa sobre cuál de estos dos modelos es el mejor y cuál deben adoptar las democracias modernas. En su libro, el famoso politólogo Arendt Lijphart retoma este debate en su libro Patrones de Democracia.  Sin embargo, ¿cómo se define cada uno de éstos?

Mayoría relativa vs. representación proporcional

La mayoría relativa es el modelo electoral clásico. Se le conoce, también, como modelo mayoritario o first-past-the-post. Bajo este principio o esquema, el candidato o candidata que obtiene la mayor cantidad de votos en un distrito determinado gana y, por lo tanto, es electo para representar a su distrito en el Congreso. Los electores votan por un candidato determinado que hace campaña y representará a su distrito determinado ante el parlamento. Sin embargo, el resto de los votos quedan sin algún tipo de representación. En caso de ser necesaria una mayoría simple para ser electo una mayoría, en muchas ocasiones la mayor parte de los votos y, en consecuencia, de la población queda sin voz en el Congreso. En muchas ocasiones, el partido ganador a nivel nacional obtiene un grupo parlamentario con altos índices de sobre-representación. Tal es el el problema que se observa en países que se integran exclusivamente por este principio como Estados Unidos y Reino Unido.

Por el contrario, la representación proporcional tiene por objetivo principal “representar tanto a las mayorías como a las minorías y, en lugar de sobre o sub representar a cualquier partido, busca traducir los votos en curules de manera proporcional.”  Bajo este principio, el electorado vota por una lista nacional o regional integrada previamente por el partido político. Una vez que termina la jornada electoral, se contabilizan los votos y la autoridad electoral asigna diputados a cada lista con base en la votación emitida bajo alguna fórmula matemática. Usualmente el tamaño de los congresos no es fijo, sino variable para poder traducir con mayor exactitud los votos en curules. La mayoría de los parlamentos de las democracias del mundo se integran en su totalidad bajo este principio: Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Israel, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza  , entre otros.

A su vez, existen modelos mixtos. Es decir, que combinan ambos principios para compensar sus defectos y virtudes. Los casos más emblemáticos son Alemania, Italia, Nueva Zelanda y, por supuesto, México. Pero, ¿cómo llegó México a este punto?

[Muy] Breve y reciente historia de la integración del Congreso de la Unión

En la Constitución de 1824, el poder legislativo se depositaba en un congreso general compuesto por dos cámaras: una de diputados y otra de senadores. La integración de la Cámara de Diputados y su proceso de elección estuvo dispuesto en la sección segunda. En ese entonces, la duración del periodo era de dos años.

Se dispuso que el carácter primordial de elección de los diputados sería la población: “por cada 80 mil almas se nombrará un diputado, o por una fracción que pase de 40 mil. El Estado que no tuviere esta población nombrará sin embargo a un diputado.” A su vez, la constitución establecía que debía realizarse un censo cada diez años para determinar cuántos diputados correspondían a cada entidad. Los territorios también tenían acceso a diputados. Dependiendo de su población, podían o no tener voto en la formación de leyes y decretos.

En la Constitución de 1857, se pone término a la tradición bicameral, pues el poder legislativo se depositaba en una sola asamblea denominada Congreso de la Unión. La renovación de sus integrantes se realizaba cada dos años mediante votación indirecta y secreta. El texto constitucional contemplaba que habría un diputado por cada 40 mil habitantes o fracción que excediera de la mitad.

El 14 de agosto de 1867, Sebastián Lerdo de Tejada propuso que se volviera al sistema bicameral. Se argumentaba que sería conveniente que existiera una cámara que representara al pueblo mexicano y otra que representara a las entidades federativas. La reforma se aprobó en 1874.

En el texto original de la Constitución de 1917, la Cámara de Diputados se componía de representantes de la nación electos en su totalidad cada dos años. Se utilizaba la fórmula que determinaba que por cada 60 mil habitantes o por una fracción que pase de 20 mil se elegirá un diputado propietario. La elección de los diputados era de manera directa.

En 1928, se reformó la constitución para modificar la fórmula para que quedara en un diputado por cada 100 mil habitantes; en 1942 se volvió a modificar la fórmula y quedó en un diputado por cada 150 mil habitantes; en 1951 se volvió a modificar para quedar en un diputado por cada 170 mil habitantes; y nuevamente se reformó en 1960 para elegir a un diputado por cada 200 mil habitantes. Todos ellos electos bajo el principio de la mayoría relativa.

En 1972, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se realizó la primera modificación relevante en términos de representatividad. Primero, se modificó la fórmula para asignar a un diputado por cada 250 mil habitantes. Segundo, se introdujo una fórmula de asignación de diputados a los partidos políticos nacionales que “al obtener el uno y medio por ciento de la votación total en el país, en la elección de diputados respectiva, tendrá derecho a que se acrediten du sus candidatos, a cinco diputados, y a uno más hasta veinticinco como máximo, por cada medio por ciento más de los votos obtenidos.”. Así, las minorías comenzaron a ser consideradas en el sistema político mexicano, al menos, en papel. Según la reforma constitucional, los partidos políticos que ganaran más de 25 distritos no tendrían acceso a este método de asignación de diputados.

Resulta interesante que no existían las listas nacionales, sino que los diputados que se integraban a la Cámara de Diputados eran aquellos perdedores del partido que hubieran obtenido la mayor votación. Así, la fracción III del artículo 54 mandataba que “los diputados de partido serán acreditados por riguroso orden, de acuerdo con el número decreciente de sufragios que hayan logrado en relación a los demás candidatos del mismo partido en todo el país.” Los electores tenían, entonces, decisión en la prelación de la lista de estos proto-plurinominales.

Durante la presidencia de José López Portillo, en 1977, se reformaron nuevamente los artículos constitucionales correspondientes a la integración del Congreso de la Unión y se introdujo el modelo mixto con el que estamos familiarizados todas y todos los mexicanos. La composición de la Cámara de Diputados era de 300 diputados electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 diputados electos mediante el principio de representación proporcional. Asimismo, se estableció que los diputados plurinominales se elegirían mediante listas regionales de partido en cinco circunscripciones. Se asignaban diputados por la vía plurinominal si el partido político registraba candidatos en, al menos, 100 distritos; no ganaba más de 60 distritos en las elecciones federales correspondientes; y alcanzaba, por lo menos, el 1.5% de la votación total.

Finalmente, en 1986 y previo a la elección fraudulenta de 1988, se reformó una última vez la Constitución para modificar la integración de la Cámara de Diputados. En ese ese año, se amplió el tamaño de la Cámara de Diputados para quedar en 500, magnitud que perdura hasta la fecha. Doscientos serían electos mediante la representación proporcional y trescientos a través de la mayoría relativa.

Nuevas reformas tuvieron lugar entre 1990 y 2014 (1990, 1993, 1996 y 2014) para ajustar las bases de la elección de los diputados de representación proporcional. La más relevante de ellas siendo el umbral necesario de votos para acceder a estos diputados de su original, 1.5%, al 3% que perdura hasta la fecha. Así, como las cláusulas de impedimento de sobrerrepresentación de 8%.

La Cámara de Diputados en la Cuarta Transformación de la República

El primero de julio de 2018, las y los mexicanos concurrimos a las urnas para derrotar al viejo régimen. Treinta millones ciudadanos y ciudadanos rechazamos el modelo económico, político y social que imperó en México desde, por lo menos, 1982. La victoria se cristalizó en la forma de una nueva serie de políticas públicas y reformas constitucionales y legislativas que nos permitan transitar a un Estado social y democrático de derecho, el cual tiene por objeto proveer de bienestar, igualdad, libertad, justicia y felicidad a todas y todos los mexicanos.

En este sentido, no nos enfrentamos a una época de cambios, sino a un cambio de época. Para ello, es necesario transitar a un sistema democrático representativo, directo y sustantivo. Es decir, es fundamental discutir y aprobar las reformas que nos permitan consolidar una verdadera democracia popular.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores, estamos convencidos de este modelo. Conscientes que el pueblo ostenta originariamente la soberanía popular, que México es una democracia y que se debe gobernar desde el pueblo y hacia el pueblo consideramos necesario modificar el sistema de representación en la Cámara de Diputados. Por ello, en un espíritu democrático puro proponemos que ese órgano legislativo se integre exclusivamente mediante el sistema de representación proporcional. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Tabla comparativa

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales.

Artículo 52. La Cámara de Diputados se integrará en su totalidad según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales Abiertas, votadas en circunscripciones plurinominales según determinen las leyes.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 53. Se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 54. (Se deroga)

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO:

Artículo Único: Se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 52. La Cámara de Diputados se integrará en su totalidad según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales Abiertas, votadas en circunscripciones plurinominales según determinen las leyes.

Artículo 53. Se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. (Se deroga)

TRANSITORIOS:

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de de febrero de 2019.

Sen. Alejandro González Yáñez.- Sen. Joel Padilla Peña

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Padilla Peña. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Iniciando la cuarta rondad de iniciativas, tiene la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de seguridad en telecomunicaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el permiso de la Presidenta y los presentes. Senadoras y Senadores:

El 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, en materia de telecomunicaciones y competencia económica. La reforma tuvo como propósito principal permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en aras de que un mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio.

Por su parte, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las redes públicas de telecomunicaciones, las prestaciones de servicios públicos de interés general, de telecomunicaciones y también la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida, abierta, y la convergencia, entre otros.

Asimismo, la ley prevé los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desafortunadamente, más allá de los aspectos positivos de la reforma, también se incluyeron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión algunos dispositivos violatorios de derechos humanos y absolutamente contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Es el caso del artículo 190, fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual se contrapone claramente a los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución; los artículos 1, 2, 8.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 2.3, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 190 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obliga a los concesionarios de telecomunicaciones y a los autorizados a colaborar en la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil sin establecer expresamente la necesidad del control judicial previo.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, RD3, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, esta redacción es inconstitucional porque la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil constituyen una interferencia con el derecho a la privacidad al no cumplir con el requisito de revisión en la ley, pues no establece de manera clara, precisa y detallada las autoridades que pueden llevar a cabo la medida, las circunstancias con las que puede llevarse a cabo este dicho, el procedimiento para el tratamiento, transmisión y destrucción de los datos obtenidos ni se establecen límites temporales a la medida invasiva.

En este contexto, el suscrito coincide en que resulta importante destacar que la localización geográfica en tiempo real de dispositivos de comunicación constituye una medida que interfiere con el derecho a la privacidad de las personas de manera severa, en tanto los datos de localización de un dispositivo móvil revelan datos altamente sensibles de una persona. Esto permite a los proveedores de servicios de geolocalización disponer de una panorámica detallada de los hábitos y pautas del propietario de estos dispositivos y establecer unos perfiles exhaustivos.

Por estas razones, resulta fundamental insistir en que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente se atribuyan facultades a autoridades que exceden su mandato constitucional y que podrían resultar contraproducentes para el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que existen injerencias arbitrarias contra ciudadanos, tales como la intervención de comunicaciones sin orden judicial.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es el de modificar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones a efecto de establecer expresamente que las obligaciones atribuidas a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, deberán realizarse previa autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional, por lo que exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberá fundar y motivar las causas legales de ésta, así como expresar las personas cuyos datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información.

Por lo anterior, se fortalecen los controles sobre la actuación de los particulares y se restringe al máximo el límite de actuación discrecional de las autoridades.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador SALOMÓN JARA CRUZ, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

La reforma tuvo como propósito principalel permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en aras de que un mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio.

Por su parte, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico -el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión-, las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión -la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta-, y la convergencia entre estos.

Asimismo, la ley prevé los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desafortunadamente, más allá de los aspectos positivos de la reforma, también se incluyeron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión algunas disposiciones violatorias de derechos humanos y absolutamente contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es el caso del artículo 190, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual se contrapone a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución; los artículos 1.1, 2, 8.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 2.3, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 190 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios de telecomunicaciones y a los autorizados a colaborar en la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil en los siguientes términos:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna;

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3)1, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, esta redacción es inconstitucional bajo los siguientes argumentos:

1. La localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil establecida en el artículo 190 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye una interferencia con el derecho a la privacidad.

2. El artículo 190 fracción I viola el derecho a la privacidad al no cumplir con el requisito de previsión en la ley, pues no establece de manera clara, precisa y detallada las autoridades que pueden llevar a cabo la medida, las circunstancias en las que puede llevarse a cabo la medida, el procedimiento para el tratamiento, transmisión y destrucción de los datos obtenidos ni se establecen límites temporales a la medida invasiva.

3. El artículo 190 fracción I no constituye una restricción necesaria o proporcional y por tanto viola el derecho a la privacidad, al debido proceso y a un recurso efectivo al no contemplar salvaguardas adecuadas para detectar e inhibir el abuso de la medida de vigilancia y al impedir el acceso de los ciudadanos a recursos para combatir y reparar violaciones a su derecho a la privacidad

En este contexto, el suscrito coincide en que resulta importante destacar que la localización geográfica en tiempo real de dispositivos de comunicación constituye una medida que interfiere con el derecho a la privacidad de las personas de manera severa, en tanto los datos de localización de un dispositivo móvil revelan datos altamente sensibles de una persona.

Tal y como lo señalan la Red en Defensa de los Derechos Digitales y FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos establecido por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE2 del Parlamento Europeo ha señalado que: “Los dispositivos móviles inteligentes están muy estrechamente vinculados a las personas porque la mayoría de ellas tienden a mantener su dispositivo móvil muy cerca de ellas, en el bolsillo, en el bolso o sobre la mesilla de noche. Raramente ocurre que una persona preste su dispositivo a otra.

La mayoría de las personas son conscientes de que su dispositivo móvil contiene una gran cantidad de información, desde mensajes electrónicos hasta fotografías privadas, o desde un historial de navegación por Internet hasta, por ejemplo, una lista de contactos. Esto permite a los proveedores de servicios de geolocalización disponer de una panorámica detallada de los hábitos y pautas del propietario de estos dispositivos y establecer unos perfiles exhaustivos.

A partir de un período de inactividad nocturna puede deducirse el lugar donde duerme la persona, y a partir de una pauta de desplazamientos regulares por la mañana, la localización de su empresa. El perfil puede incluir asimismo datos derivados de las pautas de movimientos de sus amigos, sobre la base de lo que se conoce como «gráfica social»3. Un modelo de comportamiento también podría incluir categorías especiales de datos, por ejemplo visitas a hospitales y lugares de culto, presencia en actos políticos o en otros lugares específicos que, verbigracia, revelen datos sobre la vida sexual.

Estos perfiles pueden ser utilizados para tomar decisiones que afecten significativamente a su propietario”. En este sentido, es claro que la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, constituye una interferencia con el derecho a la privacidad de las personas. Si bien, el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto y, por tanto, puede ser restringido, esto es solamente válido siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática4. Es importante enfatizar que no basta con que las medidas persigan un fin legítimo, como lo puede ser la investigación y sanción de delitos, sino que debe cumplir con la totalidad de los requerimientos constitucionales y convencionales, lo cual no sucede en el caso del artículo 190 fracción I.

De esta forma, es correcto concluir que el artículo 190 fracción I no cumple con el requisito de previsión en la ley y por tanto viola el derecho a la privacidad reconocido en el artículo 16 constitucional, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las medidas de restricción al derecho a la privacidad, en especial las medidas de vigilancia encubierta, deben ser precisas e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia5, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir entre otros elementos.
Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión que: “Los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal (...) estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación”6.

En el mismo sentido, es importante recordar que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la visita más reciente a México, concluyó que “la diversidad y debate democrático se encuentran seriamente limitados por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo, inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación7.

En este mismo sentido, refiere que aunque la OCDE señala que México ha logrado avances en el desarrollo de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, siguen existiendo problemas de concentración de medios que menoscaban la competencia necesaria para que prospere el pluralismo. Sobre la base de la información recibida durante la visita, México sigue estando entre los países con el más alto nivel de concentración de medios, en radiodifusión, prensa gráfica y medios digitales.

La localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, al ser esa una medida de vigilancia encubierta que por su naturaleza se lleva a cabo en secreto, merece un tratamiento jurídico acorde a esa naturaleza, en concreto, el establecimiento de distintas salvaguardas adecuadas para inhibir los riesgos inherentes de abuso y arbitrariedad que conllevan este tipo de medidas, en tanto, la persona afectada, en este caso la o él usuario de los servicios de telecomunicaciones, no tiene posibilidad de conocer la interferencia, y por ende, no le resulta posible resistir algún abuso en dichas facultades.

La relevancia fundamental del control judicial previo o inmediato de medidas de vigilancia encubierta que invaden la privacidad de las personas ha sido resaltada recientemente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que:

“Las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; de si es lo suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario; y de si resulta proporcional respecto del interés que se quiere promover”.

En este sentido, la exigencia de que la solicitud se lleve a cabo con la debida fundamentación y motivación o el que se establezcan sanciones para aquellas autoridades que abusen de la facultad resultan ser medidas ilusorias que no inhiben los riesgos de abuso. Esto es así, en tanto el concesionario o autorizado no posee las herramientas para evaluar dicha fundamentación y motivación, sobre todo dada la vaguedad e imprecisión respecto de las circunstancias y el procedimiento para llevar a cabo la medida de vigilancia, y en cualquier caso se encuentra desincentivado a combatir dichas solicitudes dadas las graves sanciones de carácter administrativo e incluso penal que puede acarrear el incumplimiento de las solicitudes.

En todo caso, la ausencia de control judicial previo o inmediato, aunada a la ausencia de otras salvaguardas, no permite la detección de abusos por parte de autoridades, ni permite la evaluación de la fundamentación y motivación de la solicitud por parte de una autoridad imparcial, independiente y especializada para ello, como lo es la autoridad judicial.

Resulta pertinente señalar que el control judicial previo o inmediato no impide necesariamente la efectividad de la medida de vigilancia o la celeridad necesaria para la consecución de fines legítimos, pues perfectamente pueden establecerse mecanismos de emergencia en los que la autorización judicial podría ser otorgada con efectos retroactivos de manera simultánea o posterior a que la autoridad válidamente lleve a cabo la medida, como fue propuesto en diversos momentos del proceso legislativo. En este sentido, la efectividad o celeridad no pueden argumentarse como obstáculos inevitables para el control judicial, pues claramente existen formulaciones legales que concilian los objetivos de la medida de vigilancia y las salvaguardas necesarias al derecho a la privacidad de las personas.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ha señalado que “los Estados deben establecer mecanismos de supervisión independientes sobre las autoridades encargadas de realizar las tareas de vigilancia”.

En igual sentido, en la resolución “El derecho a la privacidad en la era digital”, adoptada por consenso por los miembros de la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2013, se recomienda a los Estados establecer o mantener “mecanismos nacionales de supervisión independiente y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado”.

Por estas razones, resulta fundamental insistir en que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente se atribuyen facultades a autoridades que exceden su mandato constitucional y que podrían resultar contraproducentes para el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que existen injerencias arbitrarias contra ciudadanos, tales como la intervención de comunicaciones sin orden judicial. En referencia a lo anterior, el primero de julio de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la siguiente tesis:

COMUNICACIONES PRIVADAS. LA SOLICITUD DE ACCESO A LOS DATOS DE TRÁFICO RETENIDOS POR LOS CONCESIONARIOS, QUE REFIERE EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DEBE REALIZARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y SÓLO LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ AUTORIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RESGUARDADA.

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas previsto en el artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto garantizar la reserva de todo proceso comunicativo, por lo que su ámbito de protección comprende tanto su contenido, como los datos de identificación, pues éstos ofrecen información sobre las circunstancias en que se produce, como son la identidad de los interlocutores, el origen y el destino de las llamadas telefónicas, su duración y fecha.

En ese sentido, la solicitud de acceso a los datos de tráfico retenidos por los concesionarios para su entrega tanto en tiempo real como dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de la solicitud, que refiere el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe realizarse en términos del citado precepto constitucional, por lo que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberán fundar y motivar las causas legales de ésta, así como expresar las personas cuyos datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información8.

Por estas razones, resulta fundamental manifestar la necesidad de modificar el artículo en comento, toda vez que esta disposición flexibiliza y hace discrecional la intervención de las comunicaciones a cualquier funcionario que no sea una autoridad competente. A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios al artículo 190 de la Ley correspondiente, para facilitar la comprensión y el sentido de la reforma que se propone:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

 

I.- a XII.- …

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, previa autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional:

I.- a XII.- …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA  LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 190 de la  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, previa autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional:

I. a XII.- …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Salomón Jara Cruz.

1 http://fundar.org.mx/mexico/pdf/ANEXOTECNICOIFAILEYTELECOM.pdf

2 Dictamen 13/2011 sobre los servicios de geolocalización en los dispositivos móviles inteligentes del Grupo de Trabajo sobe Protección de Datos Establecido por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo.

3 «Gráfica social» es un término que indica la visibilidad de amigos en los sitios de redes sociales y la capacidad para deducir rasgos de comportamiento a partir de los datos de estos amigos.

4 Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 56.

5 Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 131.

6 Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión del Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2013, párr. 8.

7 Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF

8 2011994. 2a. XXXV/2016 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Pág. 776.
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2011/2011994.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 28, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la cobertura y acceso a la banda ancha e Internet.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6o., 28, 73 Y 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TURISMO Y DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA BANDA ANCHA E INTERNET

(Presentada por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

Un verdadero cambio para el desarrollo de nuestra nación requiere de un verdadero cambio de paradigmas en las políticas para atender los asuntos públicos del país.

Con esa visión de miras vengo a presentar esta iniciativa con el respaldo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa de reforma constitucional que tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la economía nacional a través del impulso de las áreas que hoy en día constituyen un motor de desarrollo para cualquier economía en México y en el mundo, se trata del impulso al turismo y a las tecnologías de información y comunicación como elemento igualador de oportunidades para la sociedad.

Ante el contexto económico y social que vivimos, es urgente definir una política de Estado que permita asegurar a los mexicanos la estabilidad económica, pero, sobre todo, que impulse verdaderamente el desarrollo económico, que se traduzca en mayores y mejores beneficios, empleos bien remunerados y en mejor calidad de vida para todas y todos y cada uno de los mexicanos.

Es urgente definir e impulsar de manera contundente las áreas prioritarias que representan para México una verdadera oportunidad de desarrollo económico y social. Históricamente, el petróleo ha sido el principal motor económico de nuestro país, sin embargo, los mexicanos somos testigos de la situación que guarda el sector actualmente.

En esta realidad, si bien es necesario que el gobierno atienda ese sector, también resulta fundamental atender otros sectores prioritarios y, fundamentalmente, que desde hace décadas forman parte de los cimientos que mantienen la estabilidad en México, como lo es el turismo. En la década de los 40’s el turismo hace un arribo a la economía nacional y para los años 50’s ya era un ingrediente compensatorio de la balanza de pagos deficitaria.

Desde su origen, la actividad turística en México ha mantenido un incremento anual con beneficios múltiples y diversos, lo que permite al país no sólo obtener divisas, sino también generar empleos, negocios, cuidado al medio ambiente, intercambio cultural, fortalecimiento de relaciones amistosas con otros países, entre muchos otros beneficios sociales.

El turismo en México se ha convertido en uno de los sectores más grandes e importantes que tiene nuestra economía.

El turismo ha crecido a un ritmo acelerado al grado que durante la última década ha representado alrededor del 8 por ciento de la economía nacional.

Actualmente representa el 77 por ciento de las exportaciones de servicio del país y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace que este sector sea una verdadera palanca de desarrollo generadora de bienestar para toda la República mexicana.

De acuerdo con un estudio realizado en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, durante los primeros meses del año 2018, el turismo se ubicó como el tercer generador de divisas a nivel nacional, por debajo de la industria automotriz y las remesas y por encima de la industria petrolera.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de Turismo, el turismo contribuye con el 10 por ciento del PIB mundial, contribuye con una generación de 1 de cada 10 empleos, representa el 30 por ciento de las exportaciones de servicio y su volumen de negocio iguala o supera al de los sectores clave como las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles.

México compite en los primeros lugares a nivel mundial en actividades turísticas, se encuentra en el nivel de competencias con países de primer mundo y ocupa la sexta posición por debajo de Francia, de España, de Estados Unidos, de China e inclusive también de Italia, y por encima de países como el Reino Unido, Turquía o Alemania.

Por ser una actividad totalmente transversal con beneficios múltiples y diversos, generador de empleos, oportunidades de negocios, generador de divisas con la capacidad de poder impulsar la renovación integral de comunidades enteras, es que proponemos que el turismo sea declarado constitucionalmente como área prioritaria para el desarrollo nacional, lo que entre otras cosas implica impulsar permanentemente al sector donde el Presidente de la República y la Cámara de Diputados deberán mantener una asignación de recursos y de infraestructura e inversión turística de forma progresiva, con asignaciones a la alza año con año.

Asimismo, conscientes de que el progreso de nuestro país no se puede limitar a la generación de riqueza lisa y llanamente, es necesario darle herramientas a la población para procurar un desarrollo social que redistribuya la riqueza. Con esta visión planteamos esta propuesta en la cual el petróleo y el turismo, vinculadas al libre acceso y cobertura total de la banda ancha y el Internet como principales tecnologías de la información y comunicación, permitirán el impulso y el desarrollo económico de México.

Senadoras y Senadores, estamos esencialmente de acuerdo con la visión del Presidente de la República de que el turismo, desde el sureste del país, será una cortina de desarrollo que inhiba la migración y abata la marginación y la pobreza. Sin duda, el Tren Maya será un motor de desarrollo para los cinco estados en donde pasará, pero también estamos ciertos que en este nuevo siglo hacen falta nuevas visiones y cambios de paradigmas para mejorar el desarrollo nacional, y eso es lo que nos mueve para avanzar juntos y lo que motiva la presente iniciativa.

Por otro lado, el acceso a Internet es una propuesta de campaña de una servidora, es el medio idóneo para acercar el desarrollo de los mexicanos a través de las tecnologías.

Garantizar el acceso libre y total de la banda ancha y el Internet en todas las regiones del país permitirá que nuestros hijos, nuestros niños, jóvenes, tengan asegurado el acceso al conocimiento y tengan a su alcance las herramientas para desarrollar ideas y proyectos que mejoren su calidad de vida y los acerquen con el resto del país.

Sin duda alguna, el nuevo paradigma del desarrollo en México son el petróleo, el turismo y las tecnologías de información y comunicación.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a que impulsemos juntos esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora Mayuli Martínez Simón.

Sonido, por favor, al escaño del Senador García Conejo.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Nada más para solicitarle a mi querida compañera Senadora Mayuli, si me permite adherirme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe la firma del Senador García Conejo, por favor. Y también del Senador Fócil y el Senador Obed, también, si usted lo tiene a bien, Senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.






Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Cora Cecilia Pinedo. No la veo.

Nos piden que hagamos el turno directo de la iniciativa de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT, a una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LENGUAJE INCLUYENTE

(Presentada por la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT)



Sonido, por favor, en el escaño del Senador García Conejo.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Señora Presidenta, muchas gracias.

Para solicitarle, ojalá pueda turnarse también a la Comisión de Turismo, por el tema que nos ocupa, de la iniciativa pasada; no la que acaba de anunciar, sino la de Mayuli.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es que es modificación de la Constitución. Puede ser con opinión de la Comisión de Turismo. El turno de la iniciativa de la Senadora Mayuli es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Turismo.

La iniciativa de la Senadora Cora Cecilia, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Iniciamos la quinta ronda de iniciativas, y tiene el uso de la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, que hoy está muy generoso de iniciativas, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de garantías de migrantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señora Presidenta.

Antes de comenzar, quisiera solicitarle que pudiera ser incluida en el Diario de los Debates de la sesión de hoy, en todos sus términos, esta iniciativa con proyecto de Decreto que tiene que ver con reformas y adiciones diversas a la Ley de Migración.

La finalidad de esta ley es regularizar eficazmente las directrices que rigen a nuestra política migratoria para que conforme a los compromisos adquiridos en el impacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, logremos garantizar el apoyo necesario a todos los grupos vulnerables de migrantes irregulares.

Existen todas las condiciones para actualizar y mejorar la Ley de Migración vigente, considerando que los movimientos humanos poseen importantes efectos de largo plazo en las sociedades receptoras y de origen, aunado a que para enfrentar de mejor manera las presiones migratorias es necesario desarrollar una buena capacidad para integrar a los nuevos residentes con la sociedad.

Como se ha observado, en los últimos meses los migrantes de las caravanas, ante lo complejo que se ha vuelto llegar a su destino final, que es el territorio de los Estados Unidos, han optado algunos por quedarse, algunos en territorio mexicano, ya que han encontrado ofrecimientos de empleo o de algún tipo de apoyo, que está impulsando el gobierno de nuestro país.

Y en ese sentido, el gobierno federal, desde el día 1 de diciembre ha impulsado un programa para que los migrantes se registren y de esta forma se tenga la certeza de quiénes son, cuántos son, dónde se encuentran y así también se puedan tomar decisiones relacionadas con políticas públicas, eficaces, para resolver las problemáticas más graves que hallan.

La presencia de migrantes en situaciones irregulares, ha ido creciendo constantemente en nuestro país al cambiar su condición, ya que México ha dejado de ser un país de origen y tránsito y se ha convertido, en los hechos, en uno de destino, para muchos integrantes de estas caravanas.

En la Ley de Migración vigente hay cierta contraposición entre algunos artículos de la ley vigente, debido a que mientras en el artículo 2º de la Ley de Migración, establece que la situación de migrante irregular no es un delito por sí mismo, en el Título Sexto del Capítulo IX relativo a la regularización migratoria, establece que el artículo 133, quiénes son lo que podrán realizar dicho procedimiento, marcando una desigualdad entre los migrantes con situación regular y aquellos en situación irregular.

Por tal razón, la ley vigente, al momento de llevarla a cabo a una aplicación práctica discrimina y diferencia de manera notable el detrimento en las personas que se encuentran en estos supuestos.

Adicionalmente, el artículo 132, fracción II de la misma ley establece la posibilidad de regularizar la situación de aquellos migrantes cuya documentación que acredita su situación haya vencido, sin embargo, en el artículo 134, fracción I de la misma ley, señala que dicha disposición sólo podrá efectuarse si los día de vigencia del permiso migratorio no rebasa de los 60 días naturales.

La anterior disposición marca un plazo limitado para la solicitud de la regularización, de la condición migratoria, del extranjero, pero lo más grave es que no indica los procedimientos que pueden, que tienen derecho y obligación de los migrantes irregulares, a fin de garantizar que los migrantes puedan acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria.

Esto debido a que el artículo 8 carece de elementos concreto, que ayuden a tener una interpretación objetiva del mismo, por lo que se propone una adición con la que se vincule a la Secretaría de Educación Pública como autoridad auxiliatoria que contribuya a cumplir con lo establecido en el artículo 8.

La finalidad de este artículo será la de señalar las facultades que corresponderán a la Secretaría de Educación Pública, a fin de garantizar lo señalado al acceso, a la educación de los migrantes, plasmados también en el artículo 8, párrafo segundo, de la propia ley. Por otro lado, el artículo 3º en la fracción XI vigente, existe un error de origen, razón por la cual me parece indispensable, y necesario que se corrija para mejorar la redacción y poder tener una mejor comprensión del artículo, ya que además es justamente la definición que da la ley de lo que deberá considerarse como extranjero.

Con esta reforma, lo que pretendemos es asumir de manera responsable los compromisos en el Pacto Mundial, celebrado en Marrakech, en diciembre del año pasado, de manera que la regularización de los migrantes pueda garantizar una migración segura, ordenada y regular. Con estas medidas, lo que se pretende es establecer más clara la situación de proceder de los migrantes con situación irregular que se internan, transitan y emigran a México y se logra una regularización en beneficio de los sujetos afectados.

Finalmente, propongo que los programas temporales de regularización migratoria puedan ser legislados y quedar dentro del marco jurídico de la Ley de Migración, a fin de garantizar una inclusión óptima de los migrantes en situación irregular, instalados en territorio nacional.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido por favor en el escaño de la Senadora Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para felicitar al Senador Jara y preguntarle si puedo suscribir su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Jara, la Senadora Reynoso pregunta si puede suscribir su iniciativa. Igualmente los Senadores Nestora, Peña, Bours, Herrera, Caraveo, Aníbal Ostoa, Américo Villarreal, Gloria, Gricelda Valencia, Cecilia Sánchez, Covarrubias, Pedro Haces, Rocío Abreu, Ovidio Peralta, Margarita Valdez, Geovanna Bañuelos, Cora Cecilia, Pech y Navarro, si usted lo tiene a bien, Senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de proyectos de inversión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN INCISO C) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.

La planeación en la Administración Pública, a corto, largo o mediano plazo, es un mecanismo que ayuda a reducir riesgos y a maximizar los beneficios. En este sentido, proporciona herramientas útiles para descartar y minimizar pérdidas.

La planeación tiene como elemento principal, la eficiencia y la eficacia, aspectos fundamentales para cubrir y alcanzar los objetivos planteados.

En el caso de la Administración Púbica, el contar con una buena planeación ayuda a focalizar el gasto público en las áreas y proyectos que en verdad son necesarios y que deben ser prioritarios, lo que permite alcanzar objetivos planeados al inicio de la administración.

Los proyectos que busca ejecutar el Gobierno federal a través de dependencias en todos los casos deben contar no sólo con un programa de planeación o con indicadores de resultados, antes de su presupuestación deben contar con un proyecto de viabilidad, factibilidad, de costos y de beneficios. Esto permitirá la eficiencia y racionalización en el uso y ejecución del gasto público.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación, a través de las dependencias, en todos los casos, deben contar no sólo con un programa de planeación, cada año también la Auditoría Superior de la Federación emite informes y observaciones sobre el mal manejo de recursos públicos y la eficiencia de diversos programas y proyectos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se emiten estas observaciones y se sigue dotando de una gran cantidad, muy significativa, de gasto público a las dependencias y a los programas que hacen mal manejo de dichos recursos.

Por otro lado, la falta de planeación y de estudios de factibilidad al momento de la ejecución de planes y proyectos genera en muchos casos que el costo de los mismos se duplique o que no alcance para cubrirlos.

Ante esta problemática que se presenta en diversas administraciones públicas es que surge el término de la nueva gerencia pública, la cual hace referencia a la introducción en el sector público de las herramientas administrativas del sector privado, con el fin de hacer más eficientes y más responsables a las organizaciones públicas y gubernamentales; además, busca la mejoría continua en la responsabilidad de la administración pública, la evaluación y planeación de los proyectos, el desarrollo de los recursos humanos de las dependencias gubernamentales, la reducción de costos y la mejora en la eficiencia operacional; la calidad de la producción y la prestación de los servicios brindados.

Ante este escenario, la presente iniciativa busca que en la ejecución de los recursos públicos por parte de las dependencias gubernamentales que se invertirán y se utilizarán para proyectos, hagan énfasis en la planeación, estudios de factibilidad y de costo-beneficio, con el objetivo de hacer más eficientes y eficaces los sectores gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto.

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción VI y VII, y se recorren las subsecuentes del artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar en los siguientes términos:

Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:

I. a V. …

VI. El estudio de factibilidad de la programación y presupuestación del gasto público elaborado por las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal;

VII. El programa de planeación que sustente los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal; y

VIII. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la viabilidad y la factibilidad financiera.

En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán.

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a). a b). …

c) Se establezca la vialidad y factibilidad de los proyectos, así como su costo beneficio.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VI Y VII, Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN INCISO C) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA al tenor de la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La planeación en la administración pública a corto, largo o mediano plazo, es un mecanismo que ayuda a reducir riesgos y a maximizar los beneficios, en este sentido, proporciona herramientas útiles para descartar y minimizar perdidas.

La planeación tiene como elemento principal la eficiencia y la eficacia, aspectos fundamentales para cubrir y alcanzar los objetivos planteados. En el caso de la administración pública, el contar con una buena planeación ayuda a focalizar el gasto público en las áreas y proyectos que en verdad son necesarios y que deben ser prioritarios, lo que permite alcanzar los objetivos planteados al inicio de cada administración.

Los proyectos que busca ejecutar el gobierno federal a través de las dependencias, en todos los casos deben de contar no sólo con un programa de planeación o con indicadores de resultados, antes de su presupuestación, deben de contar con un proyecto de viabilidad, factibilidad, de costos y de beneficios, esto permitirá la eficiencia y racionalización en el uso y ejecución del gasto público.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación emite informes y observaciones sobre el mal manejo de los recursos públicos y la deficiencia de diversos programas y proyectos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se omiten estas observaciones y se sigue dotando de una cantidad significativa del gasto público a las dependencias y a programas que hacen mal manejo de los recursos públicos.

Por otro lado el tema de la falta de planeación y de estudios de factibilidad al momento de la ejecución de programas y proyectos, genera en muchos casos que el costo de los mismos se duplique o que no alcance para cubrirlos. Ante esta problemática que se presenta en diversas administraciones públicas, es que surge el término de la “la Nueva Gerencia Pública”, la cual hace referencia a la introducción en el sector público de las herramientas administrativas del sector privado con el fin de hacer más eficientes y más responsables las organizaciones públicas y gubernamentales, además busca la mejora continua en la responsabilidad de la administración pública, la evaluación y planeación de los proyectos, el desarrollo de recursos humanos de las dependencias gubernamentales, la reducción de costos y la mejora en la eficiencia operacional, la calidad de producción y la prestación de los servicios brindados.

Ante este escenario, la presente iniciativa busca que en la ejecución de recursos públicos por parte de las dependencias gubernamentales que se invertirán y se utilizarán para proyectos, hagan énfasis en la planeación, estudios de factibilidad y de costo-beneficios, con el objetivo de hacer más eficientes y eficaces los sectores gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción VI y VII, y se recorren las subsecuentes del artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar en los siguientes términos:

Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:

I. a V. …

VI. El estudio de factibilidad de la programación y presupuestación del gasto público elaborado por las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal;

VII. El programa de planeación que sustente los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal; y

VIII. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la viabilidad y la factibilidad financiera.

En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán.

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a). a b). …

c) Se establezca la vialidad y factibilidad de los proyectos, así como su costo beneficio.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de Igualdad Procesal entre las Partes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 324 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias.

Senadoras y Senadores, a más de 10 años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, a más de dos años de la operatividad nacional del sistema, parece increíble que aun existan incongruencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con esta iniciativa expondré un punto de inconstitucionalidad persistente, que concretamente viola el principio de igualdad procesal, por lo que se propone la reforma y derogación de dos disposiciones de la Ley Adjetiva Penal en comento.

El principio de igualdad procesal procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del juez, el cual, como director del proceso debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones.

Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente ventajosa para una de ellas frente a la otra.

De ahí que las pequeñas desigualdades que puede haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido.

Por otro lado, contrario a lo anterior, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, materia de la presente iniciativa, establecen lo siguiente:

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria.

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes deberá:

1. Solicitar el sobreseimiento parcial o total.

2. Solicitar la suspensión del proceso.

3. Formular acusación.

Artículo 325. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de Control ordenará el sobreseimiento.

De la lectura de los preceptos en cita se obtiene que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el principio de igualdad procesal y, por lo tanto, es inconstitucional e inconvencional, pues obliga al Juez del proceso a tornarse parcial al permitir que una vez que haya fenecido el término de 15 días para que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa penal, solicite la suspensión del proceso o formule acusación en términos del artículo 324 del Código.

Y si no lo hubiere hecho, el Juez de Control le dé vista al Procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en otro plazo de 15 días, circunstancia que no acontece con el acusado en caso que éste deje pasar algún término en cualquiera de las actuaciones del proceso penal, por lo que se configura un trato diferenciado en el que hay una ventaja procesal para una de las partes e incluso el juez del proceso dejando de lado su imparcialidad incide en la esfera de competencias del Ministerio Público, tornándose persecutor al informar al Procurador o funcionario designado la omisión de su subordinado para que éste, a su vez, en otro término de 15 días se pronuncie respecto de dicha omisión y subsane.

Se dice que el precepto en cita es inconstitucional, en virtud de que el artículo 20 en su apartado A, fracción V literalmente expresa: “La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal”.

Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

Asimismo, se tilda de inconvencional, en virtud de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 81, literalmente expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída en las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independientemente imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En suma, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre la inconstitucional del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resolver el amparo directo en revisión 119/2018.

En este tenor, esta Senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal del país en cuanto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de igual procesal, se formula la presente iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue.

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.

Artículo 325. Derogado

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, del grupo parlamentario de movimiento regeneración nacional, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio de igualdad procesal procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, y a su vez, se erige como un mandato de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido.

En este orden de ideas, el principio de igualdad constituye una directriz fundamental reconocida a nivel constitucional y convencional.

Así, a nivel constitucional, el derecho a la igualdad procesal se encuentra en el  apartado A, fracción V del artículo 20, que literalmente expresa:

“Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales: …

… V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;…”

A su vez, en el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 8.1 lo siguiente:

“Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Entendiendo pues que el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otras partes del proceso.

Así mismo, en al ámbito de la legislación domestica secundaria, el Código Nacional de Procedimiento Penales fija explícitamente el principio de igualdad procesal en su artículo 10, que se cita a continuación:

“Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.”

Por otro lado, contrario a lo hasta ahora expuesto, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, materia de la presente iniciativa, establecen lo siguiente:

“Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación.

325.-Cuando el ministerio público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez pondrá el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.

Transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenara el sobreseimiento.”

De la lectura de los preceptos en cita, se obtiene que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el principio de igualdad procesal y por lo tanto es inconstitucional e inconvencional, pues obliga al juez del proceso a tornarse parcial, al permitir que una vez que haya fenecido el termino de quince días, para que el ministerio publico solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa penal; solicite la suspensión del proceso o formule acusación en términos del artículo 324 del Código, y si no lo hubiere hecho, el juez de control le de vista al procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en otro plazo de quince días. Circunstancia que no acontece con el acusado en caso de que deje pasar algún termino en cualquiera de las actuaciones del proceso penal, por lo que se configura un trato diferenciado en el que  hay una ventaja procesal para una de las partes, e incluso el juez del proceso, dejando de lado su imparcialidad, incide en la esfera de competencias del ministerio público, tornándose persecutor al informar al procurador o al funcionario designado, la omisión de su subordinado, para que este, a su vez, en otro termino de quince días se pronuncia respecto de dicha omisión y la subsane.

Al respecto, es importante advertir que la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver el amparo directo en revisión 119/2018 ha advertido la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los párrafos 161 al 194 de dicha resolución los cuales se citan íntegramente a continuación para mayor claridad:

“…(viii) Análisis de constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales

161. En las relatadas condiciones, es claro que el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral se caracteriza por la división de funciones de los actores esenciales del proceso; la acusación y el juzgamiento son actividades diferenciadas y ejercidas por entes diversos. Lo que implica que la actuación del juzgador debe tener como parámetros de referencia la imparcialidad y la objetividad frente al juicio que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera que no tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de aplicación de la ley penal en el margen de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas.

162. Dicha imparcialidad y objetividad del actuar del juzgador está orientada a la verificación de: a) la protección de los derechos básicos del imputado; b) el respeto de los derechos de la víctima en el proceso penal; c) el control del órgano encargado de la acción persecutoria penal, a fin de incentivar el uso razonable de las facultades que la ley le concede; y, d) la resolución del conflicto entre las partes -acusador, víctima, imputado y defensa-.

163. El modelo propuesto por el sistema procesal penal acusatorio no vacía de contenido el papel que ha de desempeñar el juzgador, por el contrario, lo dota de funciones específicas y que son propias de la actividad de juzgamiento, las cuales no son compatibles con las que pertenecen al órgano estatal facultado de investigación, persecución del delito y de ejercer la acción penal.

164. En efecto, las mencionadas directrices colocan al juzgador en una posición central frente a las partes, otorgándole el rol de vigilar el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso penal, reconocido con tal carácter por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos31 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

165. Como se observa, en el sistema acusatorio el juez se constituye como un espectador de las actuaciones que acontecen en el desarrollo de las distintas etapas, es decir, no se erige como el impulsor del desahogo del procedimiento, no actúa mutuo propio ni guía el desarrollo del proceso sin que las partes se lo soliciten.

166. Ahora bien, contextualizando, la norma materia de análisis es del contenido siguiente:

“Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento”.

167. Dicho precepto fue ubicado por el creador de la norma en el Libro Segundo “Del Procedimiento”, Título VI “Audiencia Inicial” del Código Nacional de Procedimientos Penales.

168. En principio, debe destacarse que del contenido de la norma impugnada queda patente que el legislador dejó explicitado que es una obligación procesal del ministerio público el que, una vez cerrada la investigación complementaria, tendrá quince días para que en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite el sobreseimiento total o parcial, la suspensión del proceso o bien, formule acusación.

169. En este aspecto, al tratarse de una carga procesal para el representante social, significa que éste no se encuentra facultado para decidir su aplicabilidad, por el contrario, el legislador formuló esa disposición con el objeto de que sea observada y respetada por el destinatario de la misma, ello en atención a que es el fiscal el que en ese estadio procesal tiene el interés de determinar si habrá de continuar el procedimiento penal, si solicita algún mecanismo de terminación anticipada o bien si peticionará el sobreseimiento de la causa penal, ello, con base en el resultado de la investigación complementaria. Además, el no ejecutar la obligación procesal, sí conlleva necesariamente una sanción, pues ello forma parte de su naturaleza intrínseca.

170. Es decir, la omisión del representante social de atender la carga procesal impuesta por el legislador, no por la autoridad judicial, no solo implica que se haga efectiva la sanción que corresponda conforme al texto legal, sino que, en atención a la nueva dinámica procesal del sistema acusatorio, el juez no debe intervenir ante la omisión en que se incurrió so pretexto de salvaguardar el impulso procesal.

171. En efecto, la norma procesal declarada inconstitucional por la Juez de Distrito permite que el Juez de Control desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar del órgano ministerial. Circunstancia que se actualiza al momento en que establece una regla de actuación para la autoridad judicial consistente en que comunique al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa facultad, la omisión en que incurrió el Ministerio Público de no pronunciarse en torno a las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

172. Así, la inconstitucionalidad determinada por la Juez de Distrito no radica en la omisión de pronunciarse en torno a la formulación de la acusación, pues ello simplemente es un supuesto de los que establece el último de los artículos en comento.

173. La irregularidad constitucional se hace consistir en la facultad otorgada a la autoridad judicial para invadir la esfera competencial de una institución perteneciente a un poder diverso al judicial, con el objeto de que ésta cumpla una carga procesal omitida, lo que de suyo también implica la inobservancia a una obligación constitucional. Lo que evidentemente es contrario a los parámetros establecidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

174. En efecto, no obstante que el propio artículo cuya regularidad constitucional se cuestionó, expresamente indica que es obligación del representante social pronunciarse en torno a la consecuencia legal de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, debe destacarse que dentro de la mencionada codificación existen diversas referencias sobre el papel que debe desempeñar dentro del proceso y en especial su obligación de cumplir con sus obligaciones procesales, porque en el sistema acusatorio su intervención se da bajo un deber de lealtad.

175. Además, respecto de las obligaciones que el representante social, dentro de su esfera competencial, tiene para con el procedimiento penal, se destaca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la voluntad del legislador constituyente de determinar el órgano a quien le corresponde la función persecutora de los delitos, en el cual se dispuso que es el Ministerio Público quien tiene las facultades concernientes a la persecución de los delitos, la solicitud de las medidas cautelares contra los imputados, la búsqueda y presentación de pruebas que acrediten las participación de éstos en los hechos que las leyes señalen como delitos, procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y pedirá la aplicación de las penas relativas al caso concreto.

176. Dicha división de funciones competenciales establecida a nivel constitucional fue advertida por el creador de la norma en la codificación procesal que se analiza puesto que el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que al representante social le

177. Razón por la cual, si el ordinal 324 de la codificación procesal en cita puntualmente establece que le corresponde a esa potestad, una vez cerrada la investigación, indicar a la autoridad judicial cuál de las hipótesis que establece es la que se debe tener por actualizada, pronunciamiento legal que no puede ser delegado.

178. En estas condiciones, la idea original de la división de funciones del Ministerio Público y de los juzgadores, fue plasmada a nivel constitucional a fin de excluir la conjunción de poderes en un mismo órgano del Estado. Así, se tiene que las facultades para investigar los delitos y para imponer las sanciones penales no son compatibles en un mismo órgano de Estado, porque atentan contra el derecho humano de debido proceso penal, la obligación procesal de imparcialidad judicial y el principio acusatorio.

179. Además, el sistema de prerrogativas judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 constitucionales, ha garantizado la protección del derecho humano al debido proceso penal y, al mismo tiempo, es compatible con el contenido que le es otorgado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

180. Ello, aunado a que del contenido de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable afirmar que, en el sistema jurídico penal desde la perspectiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la división de las facultades del Ministerio Público y de la autoridad judicial, indefectiblemente pugna por la salvaguarda de la obligación de imparcialidad judicial.

181. Es por ello que en virtud de que el Ministerio Público es el órgano técnico del Estado en quien recae la facultad constitucional de investigar los hechos delictivos y al ser un órgano independiente, no debe admitir intromisiones por otro órgano del Estado. Y toda determinación penal que implique afectación a la esfera jurídica del imputado debe ser precedida de la acusación ministerial.

182. Más aún, de la revisión de las iniciativas que culminaron con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, queda en evidencia la importancia de que en este nuevo sistema penal de procesamiento se definan muy bien las partes procesales y las facultades, obligaciones y derechos que cada una de ellas tienen dentro del mismo34.

183. Evidencia de ello quedó plasmada en la iniciativa presentada por las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, quienes en torno a la actuación del representante social indicaron:

(…) Ahora bien, el apego a los derechos humanos exige que no sólo el proceso penal, propiamente dicho, sino también la investigación de los delitos se sometan plenamente al principio de legalidad, de tal modo que las actuaciones del Ministerio Público y de sus auxiliares (policías y peritos) se ajusten a las normas aplicables. Por lo que, sin menoscabo del margen necesario de discrecionalidad que requieren para lograr resultados efectivos, las investigaciones no deben ser motivo de arbitrariedades o atropellos, que muchas veces resultan tan lesivos o más que los delitos que se persiguen. Para lograr esta sujeción al principio de legalidad, es preciso, además, que el Ministerio Público asuma real y responsablemente su rol de ser el titular de la investigación y que someta a sus instrucciones y controles reales la actuación de la Policía Ministerial o de Investigación, para que ésta se vea igualmente sometida al principio de legalidad y observe ampliamente los derechos que corresponden al indiciado.

184. Luego, de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana, en relación con la parte procesal en comento, se dijo:

(…) El Ministerio Público como sujeto procesal cuya función es la conducción de la investigación y la decisión sobre el ejercicio de la acción penal y una eventual acusación, debe guiar sus actuaciones por ciertos principios adicionales a los que rigen a todos los intervinientes, como son el deber de lealtad y objetividad.

185. Las anteriores iniciativas fueron materia de estudio por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, lo que derivó en un dictamen en el que sobre la jerarquía Ministerio Público/Policía y los actos de investigación expresamente reconocen que el Código es una regulación explícita de lo que deberá entenderse por debido proceso, las consecuencias de no atender alguna de sus disposiciones resultan, ni más ni menos, que en la nulidad de los actos procesales.

186. Es por ello que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la autoridad judicial debe mantener una posición imparcial frente a las partes del proceso penal; lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Connotación que de ninguna manera debe confundirse con el deber del juzgador de custodiar, en el marco del debido proceso penal, el respeto de los derechos constitucionales del imputado y de la víctima. La intervención de tutela que realiza el juez en estos términos no solamente constituye una intervención en la que detenta o ejerce facultades que le corresponden, sino de ocupar el rol de vigilar el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso penal.

187. Por tanto, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales al establecer una regla de actuación para el Juez de Control, consistente en hacer del conocimiento del Procurador, la omisión en que incurrió la representación social de pronunciarse, una vez concluido el plazo de investigación, en términos del diverso arábigo 324 de esa codificación, no se encuentra apegado a los parámetros constitucionales.

188. Se considera correcta esa conclusión dado que la directriz que impera en las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafo segundo, y 21, párrafos primero y segundo, constitucionales son enfáticas en destacar la inexcusable separación de las funciones que desempeñan el Ministerio Público y el juzgador, como órganos del Estado, en el proceso penal.

189. El debido proceso constituye un derecho humano cuya observancia y efectividad exige el respeto de una serie de garantías judiciales; entre ellas, la intervención de un juez imparcial y objetivo, así como respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso y al principio acusatorio, los cuales forman parte de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las garantías que se encuentran tuteladas en las normas constitucionales citadas, mismas que, efectivamente, son vulneradas por la parte relativa del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

190. En otras palabras, es inadmisible afirmar la imparcialidad del juzgador en el procedimiento y el respeto al derecho de igualdad de partes, cuando la norma procesal en cuestión faculta al juez de control para comunicar al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa facultad, la omisión en que incurrió el representante social y más aún, dar una segunda oportunidad para remediar la obligación procesal que ha precluido, y que de origen tiene el órgano acusador tal y como expresamente lo reconoce la disposición normativa controvertida.

191. Así, el seguimiento de un proceso penal debe tener claramente identificadas y delimitadas las facultades de quienes intervienen en el mismo. El juzgador, como órgano del Estado que depende del Poder Judicial, no comparte facultades con otro poder del Estado; desempeña la actividad de juzgamiento dentro de las distintas etapas del nuevo sistema penal, con pleno respeto y vigilancia de la observancia de las directrices que conforman el derecho de debido proceso penal35.

192. De ahí que, en una posición independiente del juzgador, se ubican los intereses del Ministerio Público y contrario a ellos, los de la defensa. El órgano encargado de materializar el interés del Estado por perseguir las acciones delictivas está representado por el último de los mencionados, dependiente del Poder Ejecutivo, quien detenta esta facultad constitucional y quien entre otras obligaciones tiene las de iniciar una investigación, ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y al concluir ésta, deberá establecer cuál será el destino de la misma, para ello el código procesal en su artículo 324 le brinda distintas posibilidades para que, de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, indique a la autoridad judicial su determinación y ésta se pronuncie respecto a la consecuencia.

193. La persecución delictiva tiene el alcance de investigar el hecho que la ley señale como delito; actividad a la que está adherida la facultad para buscar los medios de prueba que afirmen el efectivo acontecimiento del hecho investigado, las cuales podrá presentar al juicio respectivo. 

194. En este tenor, a juicio de esta Primera Sala, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconstitucional por las razones sustentadas en la presente ejecutoria y no por las consideraciones vertidas por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.” …”

En este tenor, esta Senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal de país, en cuanto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la suscrita es consciente de la importancia que tiene la retroalimentación entre los distintos poderes de la Unión para la generación de una democracia dialógica, por lo que, al compartir el criterio del reciente trabajo de la primera sala de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de igualdad procesal penal, se formula la presente iniciativa en la que se proponen los cambios que se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación.

 

 

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.

Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.

Artículo 325. Derogado.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa que contiene:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.

Artículo 325. Derogado

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entra vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ana Lilia Rivera. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Gricelda Valencia De la Mora, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Con su permiso, señora Presidenta.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencias de afecciones o enfermedades.

Es decir, la salud no sólo implica aspectos patológicos, tiene que ver con distintos factores que influyen en la calidad de vida de las personas.

Por lo tanto, tener salud y estar sano implica tener bienestar, implica tener una vida plena y feliz en todos los niveles.

El párrafo cuarto del artículo 4º constitucional garantiza, para todas las personas, el derecho a la protección de la salud y estipula que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Derivado de lo anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios necesarios para cubrir las necesidades de salud.

Asimismo, debe realizar intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación procurando la universalidad.

De acuerdo con la Profeco, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica considera que en una enfermedad, el 40 por ciento del gasto realizado para recobrar la salud corresponde a la compra de medicamentos. De igual manera, las cifras obtenidas por el Inegi indican que en el gasto de los hogares en bienes y servicios de salud, los medicamentos comprenden el 53 por ciento del gasto, mientras que las consultas médicas comprenden sólo el 16 por ciento.

Esto refleja que los hogares mexicanos afrontan los gastos catastróficos para su economía, en comparación con el nivel de ingreso obtenido. De acuerdo con el estudio de Big Pharma Proyect, “La vida tiene precio” realizado por el medio digital “Ojo Público”, en nuestro país algunos medicamentos para tratar la diabetes, cáncer, VIH llegan a ser hasta tres veces más caros que en otros países de América Latina.

Como ejemplo, este estudio refiere que medicamentos como Glivec, utilizado para tratar cáncer, cuesta en México 163 dólares, en Perú, 44; en Colombia, 69. Asimismo, la insulina Lispro utilizada para tratar a pacientes con diabetes, en nuestro país llega a tener un costo de 89 dólares; en Colombia, 49; en Perú, 65 y; en Guatemala, 31.

Por otra parte, una pastilla de Lopinavir para el tratamiento de VIH, en México cuesta 7 dólares, mientras que en Perú cuesta 2, en Colombia 0.8 y, en Guatemala, 2. Otro dato relevante es el que señala que el 80 por ciento de los antiretrovirales, en México está en manos del oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos considera, que para combatir esta realidad no sólo hace falta voluntad de los distintos actores implicados en la cadena de suministro, sino un mecanismo eficiente, transparente e institucional que permita garantizar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad y seguros, al tiempo que sea sostenible, en términos empresariales y que éste, en definitiva, es el propósito de la presente iniciativa que plantea principios conciliadores y razonables frente a la problemática que comento.

Los medicamentos representan, por su naturaleza, un bien fundamental, pues no se trata de una mercancía más, sino de un bienestar social del cual depende la salud, el bienestar y la vida de las personas. Es por esta razón que el esquema bajo el cual se fijen los precios máximos, debe considerar de manera fundamental principios mínimos que se traduzcan en beneficio para la sociedad.

Para el grupo parlamentario de Morena, en el Senado de la República, el principal objetivo de la política farmacéutica en nuestro país, debe mejorar la salud de la población; es decir, cualquier mecanismo de regulación de precios debe tener, como uno de sus principales elementos, garantizar el acceso a la salud de las y los habitantes.

Es por ello que someto a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de la Salud, con la finalidad de que el proceso de fijación de precios sea pública, transparente y se lleve a cabo con apego a los principios de accesibilidad, asequibilidad, calidad y disponibilidad en términos de los lineamientos que para tal efecto emitan las autoridades competentes.

Además de dicho proceso, considere políticas diferenciadas para garantizar el acceso de los medicamentos e insumos a las personas en situación de pobreza y que la fijación de precios sea revisada anualmente o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exijan, principalmente. Este mecanismo de regulación de precios de medicamentos es relevante en un país como México, donde la cobertura universal de los servicios de salud aún sigue siendo un importante pendiente que requiere darle un enfoque social y no solamente económico.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gricelda Valencia.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Liliana Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Para preguntarle a la Senadora Valencia, si me permite suscribir su iniciativa de la farmacéutica.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora Gricelda Valencia, la Senadora Margarita Valdez y la Senadora Gabriela Benavidez solicitan sumarse a su iniciativa. Lo mismo que los Senadores Covarrubias, Villarreal, Peña, Jara, Gloria Sánchez, Eduardo Ramírez, Rubén Rocha, Daniel Gutiérrez Castorena, Rocío Abreu, Ovidio Peralta, Luci Meza, Freyda Marybel, Verónica Camino y Soledad Luévano. Que recaben la firma de los Senadores adherentes. Y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Les informo a las Senadoras y a los Senadores, que iniciamos esta sesión a las 11:53 de la mañana. Como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta cuatro horas, tiempo que ya hemos rebasado.






Para conocer los asuntos pendientes, compañeros Senadores, daremos cuenta de las rectificaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Daremos cuenta de las rectificaciones.

Informo que la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno de las siguientes iniciativas:

Proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Agrarios, y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria, presentada por el Senador José Narro Céspedes, el 13 de diciembre de 2018.

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria, y se deroga la Ley Agraria, presentada por el Senador José Narro Céspedes, el 13 de diciembre de 2018, para quedar en su turno original en las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 11 de septiembre de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Proyecto de Decreto que reforma el numeral 1, del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se adiciona un numeral s) al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, presentada por la Senadora Verónica Martínez García, el 6 de noviembre de 2018.

Y, el Proyecto de Decreto que adiciona y reforma los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, el 6 de noviembre de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado cuenta la Secretaría.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Se informa a la Asamblea que a petición del Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, se fortalezcan las políticas públicas para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado del cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A FIN DE QUE SE FORTALEZCA LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL, QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE SU ATENCIÓN EN CUALQUIER UNIDAD MÉDICA, CON INDEPENDENCIA DE LA DERECHOHABIENCIA DEL PACIENTE, ADEMÁS DE OTORGAR MÁS ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Situación del cáncer en el mundo.

El cáncer representa una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en muchos países del mundo. Cada año, aproximadamente 300,000 nuevos casos son diagnosticados. La tasa de supervivencia en los países de ingresos altos es de más del 80%, mientras que en los de ingresos medianos y bajos desciende al 20%. Algunas de las causas que explican la anterior disparidad son la falta de un diagnóstico oportuno, así como el abandono o la inaccesibilidad a los tratamientos.

La lucha contra el cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública mundial en la última década, por lo que se han implementado múltiples acciones internacionales para mejorar su atención. Éstas se han concentrado, prioritariamente, en la investigación y la formación de profesionales, acreditación de centros, definición de estándares de cuidados y elaboración de protocolos, así como programas específicos de apoyo social y económico a las familias.  

De acuerdo con información del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 2001 al 2010 esa enfermedad registró un aumento del 13%. La investigación señala que este aumento podría explicarse a partir de que existe una detección más temprana del padecimiento, además de la predisposición genética. En septiembre del año pasado, la OMS anunció la puesta en marcha de la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil. El objetivo es lograr para 2030 una tasa de supervivencia mundial de al menos 60%, lo que permitiría salvar un millón de vidas.

2. Cifras del cáncer en México.

En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad entre los 4 y los 15 años de edad. Cobra más de 2 mil vidas anuales y registra cada año de 5 a 6 mil nuevos casos.

Los tipos de cáncer infantil más comunes en nuestro país son:

1. Leucemia (31%), con una tasa de supervivencia de 80%.

2. Tumores cerebrales (16%), con una tasa de supervivencia de 67%.

3. Linfoma (15%), con una tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma de Hodkin, y 72% en Linfoma no Hodkin.   

3. Atención al cáncer infantil en México.

En México, las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los setentas. Un paso determinante fue la creación en 2005 del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (CONACIA), órgano consultivo para coordinar y concertar las acciones nacionales de atención integral a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Asimismo, es de destacar la labor que ha realizado el Seguro Popular en la atención de la enfermedad, a través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, que atiende aquellas que, por el costo y gastos que se derivan del tratamiento y medicamentos, son muy altos debido a su grado de complejidad o especialidad. De 2007 a 2016, el Seguro Popular cubrió el tratamiento de casi 24 mil menores de edad con cáncer, con una inversión de casi 3,900 millones de pesos.

Es preciso señalar que, durante la administración anterior, también se realizaron importantes avances. El Programa de Acción Específico sobre el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018, advirtió que el principal reto es “fortalecer la atención integral, universal y gratuita de los menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, mediante políticas públicas y educativas que permitan la referencia temprana y tratamiento oportuno de los enfermos”. En este sentido, también se avanzó en la generación de guías de práctica clínica y protocolos técnicos de atención, con lo que es posible estandarizar la atención, otorgando un servicio de mayor calidad.

Desafortunadamente, aún hay importantes retos que atender. El 75% de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento. La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas poco claros. Los pacientes tardan en llegar a la atención médica adecuada, debido a que en el primer contacto reciben una valoración equivocada.

En muchos casos durante semanas, e incluso meses, los niños y adolescentes no logran erradicar los síntomas, siendo referidos a hospitales de segundo y/o tercer nivel de manera tardía. Aunado a la falta de diagnóstico oportuno, está el problema de la deficiencia en el seguimiento en el tratamiento que, sobre todo en la adolescencia, se abandona. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la supervivencia global estimada a 5 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad es del 56%. México aún se encuentra por debajo de los estándares de países desarrollados, donde la tasa de supervivencia es del 80%.

4. Infraestructura y recursos humanos para la atención del cáncer infantil.

La Comisión Independiente de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Enfermedades no Transmisibles, hizo un llamado a los gobiernos para asegurar el acceso a servicios relativos a enfermedades no transmisibles y la salud mental, especialmente los de prevención, intervenciones tempranas y acceso a medicamentos y tecnologías esenciales:

Actualmente, existen en el país poco más de 60 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de los menores de 18 años con cáncer para todo el país. Por esta razón, además de continuar llevando a cabo acciones para el incremento en la infraestructura en cada entidad federativa, deben implementarse medidas para aprovechar de mejor manera la capacidad existente.

De ahí que sea importante que las instituciones de salud pública, en concreto la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), así como los servicios estatales de salud, analicen la viabilidad de que pueda otorgarse atención médica, tratamiento y seguimiento a los pacientes menores de 18 años que padezcan cáncer; en cualquier unidad del sector salud que cuente con la infraestructura, equipamiento y personal Médico necesario; independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Es decir, lo que buscamos es garantizar que nuestros niños y adolescentes cuenten con acceso tanto a atención como a tratamiento en el lugar de su preferencia, no importando si cuentan con IMSS, ISSSTE o Seguro Popular.

Otra estrategia que debe implementarse es que las unidades acreditadas para la atención de este padecimiento cuenten con un equipo multidisciplinario. Es preciso que colaboren de manera coordinada personal médico con trabajadores sociales y psicólogos para brindar un mejor acompañamiento a las familias.

5. Especialidades Médicas en México.

México enfrenta también escasez en materia de especialistas en cáncer infantil. La Secretaría de Salud ha estimado que en todo el país sólo existen 165 oncólogos, 35 hematólogos, 35 cirujanos oncólogos, 10 radioterapeutas y 5 psico-oncólogos que cuenten con conocimientos y experiencia específica en pediatría. Sin duda alguna, se necesita impulsar la formación en estos rubros. Actualmente, el ingreso a los programas de especialización médica es un proceso organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), en el que participan instancias educativas, así como las instituciones que integran al Sistema Nacional de Salud.

Cada año se lleva a cabo el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) para asignar los lugares. En 2018, se presentó la mayor demanda en la historia de alumnos con 46,200 aspirantes registrados, ofertándose únicamente 8,500 plazas para médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros. A manera de ejemplo, del total de espacios sólo 34 correspondieron a la especialidad de Radio Oncología (R1), siendo la misma oferta desde el 2016. Esto representaría que cada residente tendría que atender 176 nuevos casos en promedio. Por ello, la propuesta es que, en la próxima edición del ENARM, se aumente la oferta para las especialidades médicas relacionadas con la atención del cáncer infantil.

Cualquier niño, niña o adolescente puede desarrollar cáncer. En nuestras manos está proveerles a ellos y a sus familias un diagnóstico oportuno y una atención médica que nos permita salvar más vidas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal a que se incrementen las unidades existentes para la atención del cáncer infantil, construyendo, equipando y, completando plantillas de recursos humanos así como acreditando en cada entidad federativa los hospitales oncológicos, a fin de acercar la atención a todas las regiones de nuestra geografía nacional.

SEGUNDO.- Se exhorta a que las instituciones de salud pública, en concreto la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), así como los servicios estatales de salud, analicen la viabilidad de que pueda otorgarse atención médica, tratamiento y seguimiento a los pacientes menores de 18 años que padezcan cáncer; en cualquier unidad del sector salud que cuente con la infraestructura, equipamiento y personal Médico necesario; independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que analice la posibilidad de aumentar la oferta educativa para las especialidades médicas relacionadas a la atención del cáncer infantil, ya que en 2018 se presentó la mayor demanda en la historia de alumnos que presentaron el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), con 46,200 aspirantes registrados, siendo que solo hay 8,500 plazas para médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros.

CUARTO.- El Senado de la República considera prioritario intensificar las campañas de información y sensibilización para favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, efectivo, de calidad y gratuito para la atención del cáncer infantil.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Eruviel Ávila Villegas.






Igualmente, a la Comisión de Salud se turna de manera directa, y a petición de la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer la concientización contra el cáncer.








A petición de la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar un informe detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y diversos estados de la República. El turno es a la Comisión de Energía.

La suscrita, Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente proposición con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y diversos estados de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- El pasado 27 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el que participan 15 dependencias para combatir el robo de combustible en México1. Días después de la implementación de dicho plan, el Gobierno Federal cerró los principales ductos que abastecen de combustible a diversos estados del país y centró el abasto de combustible por la vía terrestre, a través de pipas2.

Dicha estrategia ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, de legisladores, así como de los gobernadores de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, a pesar de ser lugares en los que, a lo largo del tiempo que ha durado dicho plan, se ha sufrido un grave desabasto de combustible3.

La implementación de dicho plan, trajo consigo una grave crisis de desabasto de combustible en el centro y occidente del país, por lo que el 8 de enero el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció un acuerdo con Petróleos Mexicanos para surtir casi 15 millones de litros por día, con lo que se acabaría la crisis que se vivía en la entidad4.

Lamentablemente, de acuerdo con el mismo Gobernador de Jalisco y tal como ha sido documentado por varios medios de comunicación, Petróleos Mexicanos no ha cumplido con el abasto de gasolina prometido a Jalisco y su actuar se ha caracterizado por el hermetismo y la falta de información oficial que dé certidumbre al mandatario estatal y a los ciudadanos radicados en dicho estado5.

A lo anterior, se suman los llamados públicos que ha hecho el mismo mandatario para recibir información sobre las fechas y formas a través de las cuales el Gobierno Federal resolverá el desabasto de combustible que ya afecta la vida económica del Estado de Jalisco y la cotidianidad de su gente, a lo que hasta el día de hoy el Gobierno Federal no ha respondido. Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobernador de Jalisco a través de sus redes sociales, “El Área Metropolitana de Guadalajara recibe apenas el 40% del combustible diario que requiere. Zapopan tiene abiertas y de forma intermitente únicamente el 4% de las gasolineras, Tonalá solo tiene abiertas el 8% de sus gasolineras y Guadalajara solo 10%”. 

En el mismo sentido, “Tapalpa reporta un paro total de servicios públicos y el turismo disminuyó un 80%. Zacoalco de Torres, municipio del interior de Jalisco, no cuenta con combustibles desde hace más de 10 días; Tequila bajó en turismo un 70% y San Juan de los Lagos tiene un desabasto del 93%”6.

Bajo este orden de ideas y debido a la constante omisión por parte del Presidente de la República de brindar información que dé certidumbre sobre el combate al robo de combustibles y las fechas y formas con las que se resolverá el desabasto de combustible, es que la presente proposición con punto de acuerdo solicita que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo dé a conocer un firme detallado sobre las acciones implementadas y las formas a través de las cuales se resolverá el desabasto de combustible que se vive en Jalisco y otros estados.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos dé a conocer un informe detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y diversos estados de la República, así como las fechas y formas a través de las cuales se resolverá el problema del desabasto de combustible en dichas entidades federativas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 AMLO presenta plan contra huachicoleo; pérdidas suman $66,300 millones, El Economista, 27 de diciembre de 2018. URL:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html

2 Cierran los ductos… y refinerías paradas, Reforma, 8 de enero de 2019. URL:
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1578974

3 Gobernadores respaldan estrategia federal en combate contra huachicoleo, El Heraldo de México, 16 de enero de 2019. URL:
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-huachicoleo-video/

4 Pemex se compromete a surtir 15 millones de litros de combustible diarios a Jalisco, Proceso, 8 de enero de 2019. URL:
https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-diarios-a-jalisco

5 Pemex no ha cumplido con abasto de gasolina en Jalisco: gobernador, Milenio, 10 de enero de 2019. URL:
http://www.milenio.com/politica/pemex-cumplido-abasto-gasolina-jalisco-gobernador

6 Pronunciamiento sobre el desabasto de combustible en las redes sociales oficiales de Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco. URL:
https://bit.ly/2Ret712






De igual forma, a petición del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública, a hacer pública la información del proceso de contratación por invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Se turna a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

El que suscribe, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE ENERGÍA Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A HACER PÚBLICA DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO, ASÍ COMO A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS COMO MARCA LA LEY.

CONSIDERACIONES

I. El día 9 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal anunció la Plan Nacional de Refinación, que, entre otras acciones, incluyó la propuesta para la puesta en marcha de la 7ª refinería en el país, en el puerto de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco. La refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas de almacenamiento, y un sistema de generación de energía autosuficiente, en el que se procesarán 340 mil barriles de crudo al día, procedentes del litoral de Tabasco y de la sonda de Campeche, para obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel de ultra bajo azufre diariamente.1

De acuerdo con la información consignada por funcionarios federales, para 2022, la refinería de Dos Bocas producirá cerca del 30% de las gasolinas que actualmente se importan, contribuyendo a fortalecer la cobertura de envío a la zona Centro-Occidente, la Península de Yucatán y el Pacífico Sur. El proyecto de Dos Bocas consta de 6 paquetes de construcción y estará edificado en 566 hectáreas de propiedad federal; contará con un sistema de energía eléctrica y servicios auxiliares, obras de integración de plantas, urbanización, conexiones a la terminal marítima y al gasoducto.

II. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha planteado dos escenarios financieros para la refinería de Dos Bocas, uno donde la inversión proviene 100% de recursos públicos y otro donde sea 70% financiamiento a pagarse en 15 años, y el restante 30% sea por inversión pública, concluyendo que el primero de ellos resulta técnica y financieramente inviable.2 Al respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019 destinado a Pemex Transformación Industrial incluye un renglón de gasto para la refinería de Dos Bocas por mil 799 millones 920 mil 795 pesos ($1,799,929,795), con el objeto de “desarrollar los estudios necesarios para definir la configuración para la construcción de una nueva refinería (…) la cual tendrá una capacidad de procesamiento de 340 Mbd de crudo pesado en una configuración de coquización”; y otro más por 48 mil 200 millones 79 mil 205 pesos ($48,200,079,205) correspondiente a proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, como “reserva para el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de plantas de proceso, equipos y servicios auxiliares para la instalación de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con proceso de crudo pesado y conversión de residuales.”3 En contraste con otros proyectos relativos a las refinerías, el proyecto de Dos Bocas no prevé erogaciones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 o posteriores. Así que, en un esquema de inversión 100% pública, como lo advierte el IMP, “los ingresos por venta de productos y subproductos no cubren los costos de inversión, operación, mantenimiento e impuestos que se ejercerían por la operación de la infraestructura en un periodo de 20 años. Para no generar pérdidas, deberá reducirse la inversión a 13 mil 808 millones de dólares y trasladar su construcción a Tula, Hidalgo.”

III. El 29 de enero de 2019, la Titular de la Secretaría de Energía dio a conocer que la contratación para la construcción de la refinería en Dos Bocas será a través de invitación restringida, aludiendo los riesgos de realizar una licitación internacional en la que pudieran participar empresas con antecedentes de corrupción.4 Sin embargo, las razones referidas por la Secretaria, no encuentran sustento suficiente en lo previsto en  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, particularmente en sus artículos 41, 42 y 43 relativos a las excepciones a la licitación pública.

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconocen que la contratación pública es un ámbito clave de la actividad económica de las administraciones públicas, que está particularmente expuesto a la mala gestión, el fraude y la corrupción. Al efecto, el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE es enfático al recomendar a los gobiernos favorecer la asignación adecuada de los recursos públicos, proponiendo recurrir a la licitación pública como herramienta estratégica, ya que aporta rentabilidad, fomenta una mayor eficiencia en el gasto público, atenúa riesgos como los de la ineficiencia o la corrupción.

Este Comité la OCDE5 recomienda que se hagan accesibles las oportunidades de participar en los procedimientos de contratación pública, y señala, entre otras cosas, lo siguiente:

• Las licitaciones públicas deberán ser el método habitual en la contratación pública, pues favorecen la eficiencia, el combate a la corrupción, precios justos y razonables y garantía de resultados competitivos.

• Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor.

• Si se dan circunstancias excepcionales que justifiquen limitar el uso de las licitaciones públicas, deberán quedar establecidas a priori y ser debidamente justificado.

La licitación pública debe ser el mecanismo más socorrido y habitual en los procedimientos de contratación de obra pública, dado que favorecen la transparencia, inhibe la corrupción y los conflictos de intereses y permite generar mejores condiciones de competitividad y eficiencia.

Aunado a ello, la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 41 refiere claramente la procedencia de la excepción bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en tanto existan razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, debiendo acreditarse por escrito por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos; y enlista en el 42 los motivos de procedencia del procedimiento por invitación restringida o adjudicación directa cuando se trate de trabajos de licenciamiento exclusivo, seguridad, salubridad, caso fortuito, entre otras y cuando se encuentre dentro de los montos previstos en el PEF, como lo indica el artículo 43.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a remitir a esta soberanía el proyecto técnico correspondiente a la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en el que se especifiquen los llamados 6 paquetes de construcción, los montos asignados a cada paquete, indicando si estos corresponden a recursos públicos o financiamiento privado, así como los estudios técnicos previos y cronogramas de ejecución e inversión.

SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía haga público el estudio elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo referente a al proyecto para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía a que los procedimientos de compra y asignación de obras se apeguen estrictamente a las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, restringiendo la aplicación de los criterios de excepción previstos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la mismas y prefiriendo la aplicación de procedimientos de licitación pública transparentes y eficientes.

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que en el ámbito de sus atribuciones, a través del Órgano de Control Interno de la Secretaría, verifique que los procedimientos para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se encuentren plenamente apegados a la normatividad, observando cualquier irregularidad o excepción que se pretenda aplicar durante todo el proceso.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 PEMEX. (9 de diciembre de 2018). Boletín No. 93. Con Plan Nacional de Refinación, México alcanzará soberanía energética: Romero Oropeza. PEMEX. Recuperado de:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-093-nacional.aspx

2 Redacción Animal Político. (30 de enero de 2019). Instituto Mexicano del Petróleo dice que refinería en Dos Bocas es inviable; AMLO lo niega. Animal Político. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-petroleo-dos-bocas-inviable-amlo-lo-niega/

3 Datos obtenidos del PEF 2019, disponible en
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf 

4 Loredo, Daniela. (30 de enero de 2019) Licitación para refinería de Dos Bocas será restringida: Nahle. Recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-sera-restringida-nahle

5 OCDE. (n/d). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Disponible en:
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf consultado el 31 de enero de 2019.






También, a petición del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con la Norma Oficial Mexicana y se compren pipas para transportar hidrocarburos que cumplan con las medidas de seguridad correspondiente. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








A petición de la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la titular del gobierno de la Ciudad de México a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de las mujeres, ocurridos en la capital del país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, Y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A RESPETAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE MUJERES, ASÍ COMO A ESCLARECER LOS DISTINTOS DELITOS DE SECUESTRO Y FEMINICIDIO OCURRIDOS EN LA CAPITAL DEL PAÍS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El día 12 de febrero del presente año, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una serie de declaraciones en contra de una reciente campaña publicitaria denominada “#MeEstánLlevando “, afirmando que dicha campaña se encuentra como parte de una estrategia negativa en su contra.1

Esta campaña ha aparecido en la Ciudad de México en relación a los recientes hechos de secuestro de mujeres, proponiendo que mujeres que sean víctimas de algún intento de secuestro griten dicha frase como forma de alerta.2

El simple hecho de descalificar una campaña que tiene como objeto ser una herramienta para combatir la violencia en contra de las mujeres, puede llegar a interpretarse como una violación a los derechos de la mujer en relación a la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad y bienestar, pero también tal descalificación en especial al hacer referencia que dicha campaña busca un efecto negativo,  podría entenderse en un posible agravio a las miles3 de víctimas que han sufrido acoso, violencia y secuestro.

En relación a lo anterior, el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, entre los distintos derechos con los que cuentan las víctimas, su fracción V señala que las víctimas tiene derecho: “a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley,[…]”

Por lo tanto, el simple hecho de que un servidor público descalifique una campaña que busca proteger y evitar nuevos casos de secuestro, y de violencia de género en contra de mujeres, contraviene la forma en que deben de ser tratadas todas aquellas personas que han sido víctimas de los mismos delitos que se está tratado de combatir.

Mientras la jefa de gobierno de la Ciudad de México califica como “negativa” dicha campaña en contra de los secuestros en la capital, la Unión Europea y la Organización de las  Naciones Unidas implementan la iniciativa Spotlight, la cual tiene como objetivo sacar a la luz pública la gran problemática que genera la violencia de género en contra de las mujeres, de sacar de la obscuridad a la violencia que viven las mujeres y niñas, y de dejar de ocultarla, para que se convierta “en el centro de todos los esfuerzos encaminados a hacer realidad la igualdad de género”4.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 7 fracción V de la Ley General de Víctimas, el Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como de los secuestro y feminicidios ocurridos en la capital del país.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 7 fracción I de la Ley General de Víctimas, el Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a la titular de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a garantizar una investigación pronta y eficaz que lleve, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de los diferentes casos de violencia de género, en particular de los delitos de secuestro y feminicidios ocurridos en la capital del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 #MeEstánLlevando: Sheinbaum dice que campaña contra secuestros de mujeres es para afectarla. Animal Político, febrero 12 de 2019,
https://www.animalpolitico.com/2019/02/me-estan-llevando-shienbaum-dice-campana-para-afectarla/

2 #MeEstánLlevando, la campaña que busca detener el secuestro de mujeres, Mariano Yberry, Radio Fórmula, febrero 8 de 2019,
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190208/me-estan-llevando-campana-mujeres-secuestros-metro-acoso-cdmx/

3 Más de 2 mil mujeres reportan ser víctimas de violencia en CDMX, El Universal 13 de noviembre 2019,
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mas-de-2-mil-mujeres-reportaron-ser-victimas-de-violencia-en-cdmx

4 La Iniciativa Spotlihgt, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU, Unión Europea, consultada el día 12 de febrero de 2019 en
http://www.un.org/es/spotlight-initiative/






Asimismo, y a petición de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario del Partido Morena, se da turno directo a la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades a emprender acciones para detener los daños ambientales que está sufriendo el humedal del Parque Ecológico “Los Cárcamos”, en León, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La suscrita, Senadora, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Senado de la República el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, ciudad del Irán situada a orillas del mar Caspio donde la Convención sobre los Humedales fue firmada el martes 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975, tiene como objetivo principal «la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».

De acuerdo con el texto de la Convención1, que entró en vigor en México el 4 de noviembre de 1986, los humedales son «Ecosistemas tanto naturales como artificiales que se hallan permanente o temporalmente inundados, ya sea por aguas dulces, salobres o salinas, estancadas o corrientes y, que incluyen regiones ribereñas, costeras o marinas, que no excedan los seis metros de profundidad».

Estos territorios tienen una importancia de gran magnitud puesto que son ecosistemas que albergan una alta diversidad biológica2. Son además reguladores naturales del clima y el ciclo del agua y contribuyen en el control de inundaciones y sequías. Generan recursos hidrológicos que suministran agua a poblaciones en su área de influencia, tanto para su consumo como para su uso agrícola y ganadero, y constituyen zonas de actividad laboral o de recreación para los seres humanos como son la pesca y el turismo.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, los humedales siguen estando en riesgo en nuestro país, como ocurre con el humedal del Parque Ecológico Los Cárcamos, localizado en León, Guanajuato, que está siendo seriamente afectado por el desarrollo comercial, residencial y hotelero «City Center», con daños irreversibles para el ecosistema.

El humedal forma parte de las 11 hectáreas del parque, donde habitan 32 especies de aves que morirían si se concreta el proyecto, conforme lo expresan diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran Déjame Plantado, Red Alebrijes, Fuerte Acción Ciudadana, Acción Colectiva y Medio Ambiente y Calidad de Vida3.

Un estudio de mecánica de suelos elaborado por Mike Ingeniería recomienda a México Retail Properties, empresa desarrolladora de City Center, abatir el nivel freático (del humedal) mediante pozos de bombeo que penetren todo el espesor de la capa de arena con gravas.

El proyecto afectaría la cuenca hídrica entre los cárcamos y el área natural protegida del parque metropolitano, porque secaría el humedal que, aunque desafortunadamente no pertenece al área natural protegida, es un cuerpo conectado a toda la dinámica hídrica de la presa Del Palote a través del subsuelo.

Este proyecto no sólo ha generado esta problemática y riesgo ambiental, sino que también constituye un riesgo para la zona urbana, ya que agravará la congestión vial que se genera entre el libramiento Morelos y la prolongación del bulevar López Mateos, lo que producirá un aumento en los tiempos de trayecto de quienes habitan la zona.

Los humedales cumplen funciones esenciales, de manera particular en ciudades como León, que cuentan con altos niveles de contaminación ambiental, un excesivo parque vehicular y enfrenta problemas de escasez de agua.

En noviembre de 2016, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez y el alcalde de León, Héctor López Santillana colocaron la primera piedra del complejo, sin contar con permisos oficiales y sin el conocimiento del ayuntamiento.

En esa ocasión se informó que México Retail Properties invertiría 400 millones de dólares en dos hoteles, dos torres residenciales, un edificio de oficinas y 170 locales comerciales, donde se instalarán cines, tiendas, restaurantes. Los inversionistas mencionaban el Parque Ecológico Los Cárcamos y su humedal como parte del complejo4.

La construcción del City Center fue suspendida temporalmente por una impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa tramitada contra el resolutivo de impacto ambiental, pero esto no ha puesto un alto a la reducción de los niveles hídricos, cuyos niveles se han reducido considerablemente.

Adicionalmente se desconoce el programa de manejo de cuatro especies de aves, la autorización y ejecución del Estudio integral para la conservación del humedal y el oficio de la Dirección de Regulación Ambiental donde hizo público el proyecto, siendo que en el lugar existen al menos 32 especies, de las cuales el 81 por ciento es habitante del humedal.

Como es evidente, el proceso de solicitud y el otorgamiento de permisos es ampliamente cuestionable pues se encuentra plagado de irregularidades, opacidad y al margen de la opinión de la ciudadanía, por lo que se puede suponer que la Dirección de Gestión Ambiental indebidamente autorizó el proyecto, además de que existe la presunción de entregar en comodato el Parque Ecológico Los Cárcamos, lo que representaría una afectación absoluta de las áreas protegidas y las zonas naturales conexas.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo quinto establece como facultades de la Federación, ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la protección y la preservación de la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia; la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere la Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Adicionalmente, este marco normativo les faculta a atender  los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación y establece que la manifestación del impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

El Senado de la República exhorta respetuosamente:

PRIMERO. A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Josefa González Blanco Ortiz Mena; y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Lic. Blanca Alicia Mendoza Vera, a que en el ámbito de sus facultades instruyan investigaciones exhaustivas por la presunta violación a diversas disposiciones legales en materia ambiental, respecto a los daños irreversibles provocados al humedal del Parque Ecológico «Los Cárcamos», ubicado en León, Guanajuato, tras el inicio de las construcciones de «City Center» en 2016.

Asimismo, a que como medida precautoria instruyan la suspensión temporal de las obras hasta la conclusión de las investigaciones y que, en su caso, se suspenda la obra definitivamente y se interpongan las denuncias que así correspondan ante las autoridades competentes.

SEGUNDO. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que remita al Senado de la República en un plazo no mayor a 30 días naturales, un informe por escrito que haga constar los antecedentes, permisos otorgados y estado actual de las obras correspondientes a la obra conocida como «City Center», y a que revoque aquellas autorizaciones y permisos que pudiesen significar mayores afectaciones al multicitado humedal.

Dado en el Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

1 http://archive.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_2__

2 https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/dia-mundial-de-los-humedales/

3 https://www.jornada.com.mx/2018/08/11/estados/024n1est

4 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/anuncian-mall-mas-grande-del-bajio-para-2019






La proposición, en el mismo sentido, con punto de Acuerdo de urgente resolución en relación al conflicto laboral del sector de la industria maquiladora en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, propuesta por el Senador Américo Villarreal, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El que suscribe, DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, 95, numeral 1 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de diciembre de 2018, a unos días de iniciado el mandato del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se anunció, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, que el primer día del 2019 entraría en marcha el programa de Frontera Libre.

Ante la caída drástica del poder adquisitivo que ha sufrido el salario mínimo a lo largo de las anteriores administraciones, el Ejecutivo Federal atendió dicha problemática a través del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), mediante Decreto publicado el 26 de diciembre de 2018, en el que se fijó el salario mínimo general y profesional vigente a partir del 1° de enero de 2019.

Con la expedición de dicho Decreto, el salario mínimo general en el área geográfica de la Zona libre de la Frontera Norte aumentó de $88.36 a $176.72 pesos diarios por jornada diaria de trabajo; mientras que el monto del salario mínimo general para el área de Salarios Mínimos Generales se estableció en $102.68 pesos diarios por jornada diaria.

Con ello, se evidencia la voluntad del Ejecutivo Federal de avanzar de manera responsable y sostenida en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben un salario mínimo, atendiendo a las pláticas permanentes entre la Federación y los factores de la producción para conocer su sentir y de manera responsable establecer objetivamente la forma en que se revisara el salario mínimo general a futuro.

Ahora bien, no obstante que gran parte de las ciudades de la frontera han adoptado de buena manera el incremento salarial anteriormente descrito, preocupa al Grupo Parlamentario de MORENA la situación que actualmente se vive en Matamoros, Tamaulipas.

Lo anterior, toda vez que el 25 de enero del presente año estalló en dicho municipio una huelga1, por parte de los trabajadores de 45 plantas maquiladoras, bajo la exigencia de un 20 por ciento de aumento salarial y un bono de 32 mil pesos por año. Al respecto, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), liderado por su Secretario General Juan Villafuerte Morales, que agrupa a más de 30 mil trabajadores, iniciaron este movimiento también conocido como 20/32. Tras casi dos semanas en huelga, el 9 de febrero, el sindicato anunció un arreglo que permitió dar cumplimiento a las demandas de los trabajadores y los invitó a regresar a sus actividades laborales inmediatamente2.

Sin embargo, el 8 de febrero, otras 25 maquiladoras que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora (STIME) dirigido por Rubén Longoria Uribe, y del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPMEM), liderado por Jesús Mendoza Reyes, se unieron al paro de labores.

Entre estas empresas, se encuentra el caso de Coca- Cola3, la cual con 700 trabajadores cerró sus instalaciones este 15 de febrero, pese a que dicha huelga es desconocida por la empresa, dado a que la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado se declaró incompetente por tratarse de una materia del ámbito federal. Asimismo, la maquiladora Parker4 está emplazada a huelga para este martes 19 de febrero, pese a que desde el 29 de enero las demandas del SJOIIM, para el incremento del 20 por ciento al salario y bono anual de 32 mil pesos, fueron atendidas por la empresa, los trabajadores que iniciaron el paro y luego la huelga, no fueron reinstalados.

Cada día se suman más maquiladoras en huelga, la confusión y la falta de diálogo entre los actores predominan, poniendo en riesgo la estabilidad laboral en esta entidad. En su momento se conoció información relativa a que el gobierno estatal se declaró incompetente ante el estallamiento de huelga de 13 contratos colectivos de la industria maquiladora en Matamoros, situación ante la cual el gobierno federal realizó un llamado a las partes a establecer una mesa de negociación y determinó el envío de conciliadores de la Secretaría del Trabajo a cooperar en este proceso, además de coadyuvar ante la propia Junta de Conciliación y Arbitraje.5

En ese contexto, no le es posible a las autoridades del Estado sustraerse de llevar a cabo las acciones pertinentes, conforme a su marco constitucional, para que todos los actores involucrados en esta grave situación que pone en riesgo la economía municipal y estatal lleguen finalmente a un entendimiento y a una solución que beneficie los intereses de la ciudadanía en general.

De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, corresponde al Ejecutivo estatal el cuidado de la seguridad y tranquilidad de la Entidad, así como la adopción de medidas que estime necesarias para salvaguardar el orden público, la paz social o la economía del Estado y de los municipios que lo conforman.

Para el Grupo Parlamentario de MORENA es prioritario que tanto las autoridades, correspondientes al ámbito federal como al estatal, activen los canales de comunicación a su alcance para que este conflicto pueda llegar a un término adecuado en el menor tiempo posible, toda vez que la preocupación en los sectores económicos y políticos de la región y del país se incrementa al ver las terribles pérdidas económicas que se producen día con día, así como el detrimento en la confianza de los inversionistas derivado de esta situación. Tamaulipas se encuentra en el quinto sitio en México por ocupación de personal de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con 238,653 trabajadores en el sector.6

En 2017, el Estado ocupó el quinto lugar en el país por número de establecimientos manufactureros IMMEX, con 412 plantas que representan el 6% de todo el territorio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno local.

Matamoros, agrupa el 35% de las compañías del sector de la industria maquiladora. De ese número, aproximadamente 114 se encuentran agrupadas en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) del municipio.7

De acuerdo con datos presentados por la Secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, a agosto del 2018, en México se registraron 6,208 establecimientos IMMEX, de los cuales, el 82.8% pertenecen al giro de la industria manufacturera.

En agosto del 2018, Tamaulipas registró 411 establecimientos en la IMMEX, de los cuales, el 86.8% fueron manufactureros y el resto de las actividades primarias y terciarias.

Entre Matamoros y Reynosa concentran el 74% de los empleos en la IMMEX. Los principales sectores de manufactura son: Automotriz, eléctrico-electrónico, metal mecánico ymédico.

En Matamoros son 127 mil empleos, de los cuales la industria maquiladora genera 80 mil directos; “por cada 3 directos se genera 1 indirecto, por lo que realmente son 104 mil los empleos que dependen de la industria maquiladora de los 127 mil que están registrados ante el IMSS”, según el presidente de Index Matamoros.8

Como se ve, el sector que se encuentra mayoritariamente en conflicto es de suma relevancia para la economía de esa Entidad Federativa, por lo cual es preciso que se considere su resolución urgente, puesto que la mala información y lo que al día de hoy se ha ocasionado en el clima laboral de Matamoros, podría ocasionar daños irreversibles a la economía de nuestro País y, sobre todo, a la vida de las personas que ahí habitan.

Toda vez que la solución del tema que se ha expuesto a lo largo de la presente proposición con Punto de Acuerdo requiere de la mayor diligencia y prontitud, dado el grave impacto negativo y el deterioro que genera cada día en la economía del municipio de Matamoros, del Estado de Tamaulipas y de la región, se solicita que la presente Proposición sea considerada de urgente resolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, a fin de que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones que juzgue pertinentes para la resolución de los conflictos laborales suscitados en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas; relacionadas con la industria maquiladora y las diversas empresas a que se refiere la presente proposición.

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a su autonomía, al Gobierno del Estado de Tamaulipas a efecto de que, en el marco de sus atribuciones, adopte las medidas necesarias para la resolución de los conflictos laborales que involucran a empresas de la industria maquiladora y otras de diversas actividades en el Municipio de Matamoros, con la finalidad de salvaguardar la economía y tranquilidad de esa región.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Suscribe

Sen. Dr. Américo Villarreal Anaya.

1 La Jornada (25 de enero 2019), Obreros de 44 maquiladoras de Matamoros se alistan para iniciar huelga. Disponible en https://bit.ly/2Gxd260

2 Sin Embargo (10 de febrero 2019), Obreros de 48 maquilas logran mejores salarios y terminan la huelga… pero otras 30 van a paro. Disponible en https://bit.ly/2MYXrfI

3 Sin embargo (16 de febrero de 2019), Al menos 700 trabajadores de Coca Cola en Matamoros, Tamaulipas, también se van a huelga. Disponible en  https://bit.ly/2tp0DID

4 El Financiero (15 de febrero 2019), Trabajadores de 2 empresas en Matamoros inician huelga. Disponible en https://bit.ly/2EeAkLA

5 El Economista, 25 de enero de 2019, https://bit.ly/2CPjfWG

6 Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, disponible en: https://bit.ly/2I6hWbv

7 Asociación Nacional de Usuarios de Sistemas de Comercio Exterior (Incomex), disponible en: https://bit.ly/2NbgHqq

8 Mexico Industry, Mayo 2018, El impacto de la industria manufacturera en Tamaulipas. Disponible en: https://bit.ly/2GvojDH






Informo que los textos de las intervenciones de las iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo se registran con su texto íntegro en el Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 271 Y 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4o.-C DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, GLORIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 109 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los grandes ejes del nuevo gobierno es el fortalecimiento del sector salud de nuestro país. En el Grupo Parlamentario de Morena compartimos esta preocupación, toda vez que la salud es un elemento vital para poder realizar cualquier actividad dirigida a lograr nuestro pleno desarrollo.

La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (artículo 1º Bis de la Ley General de Salud), es un derecho humano reconocido en la primera porción normativa del artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto jurídico que a la letra dispone: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Además, se encuentra protegido en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

En el Senado de la República tenemos el permanente compromiso de impulsar las acciones legislativas que permitan garantizar que este derecho superior sea materializado y no quede como una simple cuestión discursiva plasmada en el orden jurídico nacional. En este desafío, los legisladores de Morena estamos convencidos de que la prevención debe ser el instrumento por excelencia para salvaguardar lo más importante que tiene la población mexicana, que es la salud.

En esta lógica, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo instrumentar o en su caso, ampliar y robustecer las campañas destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos.

La preocupación emana de la difícil detección de este tipo de padecimientos y busca sumarse a los esfuerzos del “Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, observado el 14 de febrero de cada año desde 1991 con el propósito de constituirse como un espacio para realizar diversas acciones para generar conciencia sobre esta enfermedad y diseñar estrategias para ayudar a los infantes que las padecen. 

Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón y/o de los grandes vasos presentes desde el momento de nacer. En la actualidad se han detectado más de 200 tipos distintas, las cuales tienen su origen al comienzo del embarazo, específicamente, cuando se está formando el corazón. Pueden afectar diversas funciones y constituye uno de los defectos de nacimiento y pueden ser tan graves que la vida de quienes la padecen peligre inmediatamente después de nacer.

Los factores de riesgo se presentan en pacientes que tienen arritmias, diabetes, hipertensión o historia familiar de fallas cardíacas. A pesar de ello, el mayor número de casos es diagnosticado en mujeres que no presentan algún factor de riesgo y un alto porcentaje no tienen causas conocidas.1  

Es oportuno tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo afectan a 1 de cada 33 lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades. También se estima que cada año mueren 270 mil infantes en los primeros 28 días de vida a causa de anomalías congénitas, siendo la cuarta causa de muerte neonatal.2

Junto con la prematuridad, la asfixia y la sepsis, representan más del 44% de los decesos en la niñez. Por lo que hace a los bebés que logran sobrevivir, aumenta el riesgo de presentar discapacidades a largo plazo.3

En el caso de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las cardiopatías congénitas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años. En México, 1 de cada 120 infantes nace con algún defecto cardíaco y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las anomalías en personas que padecen este tipo de enfermedades se encuentran dentro de los primeros tres lugares hasta los 14 años; y posteriormente, dentro de los lugares cuarto y quinto como causa de muerte.4 

La Fundación “IKER las mejores cosas vienen del corazón IAP”, señala que en México, las cardiopatías congénitas son la sexta causa de muerte en menores de un año y la tercera en infantes de entre 1 a 4 años. Por otro lado, indica que las tres entidades con el mayor número de casos son: Guerrero, Estado de México y Veracruz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), el 80% de las cardiopatías congénitas se detecta durante el embarazo y este padecimiento representa la segunda causa de mortalidad infantil. No obstante, indica que dicha enfermedad pasa desapercibida, toda vez que no existen síntomas durante el embarazo, lo cual dificulta su detección.5

El presente punto de acuerdo busca que el sector salud de nuestro país lleve a cabo los esfuerzos necesarios para garantizar la aplicación del estudio de tamiz cardiológico neonatal, el cual debe realizarse preferentemente entre las primeras 24 y 48 horas de vida. Dicha prueba sirve para detectar cardiopatías como: síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, atresia pulmonar, tetralogía de fallot, drenaje pulmonar anómalo total y transposición de grandes vasos.6

El estudio en comento funciona como medida de detección temprana, de ahí que este considerado como una de las prácticas pediátricas de detección temprana preventivas más comunes a nivel mundial. 

La diferencia entre, acompañar o no, el asunto que se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea podría sintetizarse de la siguiente manera: que un recién nacido con cardiopatía congénita pueda vivir mejor o sufra las consecuencias de la falta de diagnósticos propicios y tratamientos adecuados, incluso la muerte. En otras palabras, se trata de contribuir a materializar el derecho humano a la salud y se contribuye a la protección de la economía de las familias de los pacientes, en virtud de que cada persona con alguna enfermedad cardiovascular realiza un gasto de alrededor de 468 mil pesos mexicanos al año.

En México, el número de centros médicos especializados en cardiología pediátrica es insuficiente. En todo el territorio nacional tan solo contamos con tres instituciones públicas que atienden a las personas que padecen este tipo de malformaciones congénitas y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

La primera es el Hospital Infantil de México, “Federico Gómez”, solo cuenta con tres camas y tiene una lista de espera 8 mil niños que necesitan atención medica inmediata. La segunda es el Hospital de Cardiología, “Ignacio Chávez”, que tiene 30 camas, de las cuales únicamente tres pertenecen a terapia intensiva. La tercera es el Instituto Nacional de Pediatría, con 10 camas.

En contraste al bajo porcentaje de centros médicos especializados, hay más de 100 procedimientos quirúrgicos para las diferentes cardiopatías, así como procedimientos intervencionistas de corta estancia. Hay un grupo de cardiopatías congénitas con muy baja mortalidad que pueden tratarse en la región de origen cualquiera de los centros cardiológicos del país si tuvieran la infraestructura necesaria. Y las cardiopatías complejas en las que existen varios defectos complejos valvulares o ventriculares podrían ser referidas alta especialidad.

A pesar de los grandes avances y de los métodos de diagnóstico, como el Doppler tisular, la eco cardiología 3D, la resonancia magnética y tomografía computarizada, sigue siendo una problemática latente. Con el presente asunto, además de visibilizar el tema, se hace un respetuoso llamado a los tres órdenes de gobierno a unirse a la campaña del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, para portar un corazón de listón rojo el día 14 de febrero, denominado ahora el Día del Corazón. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las treinta y dos entidades federativas; y a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para que, en el marco del “Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, el 14 de febrero de cada año iluminen los edificios públicos de color rojo, como muestra de apoyo y solidaridad a las personas que padecen este tipo de enfermedades.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Gloria Sánchez Hernández.

1 Ídem.

2 Organización Panamericana de la Salud (OPS). (02/03/15). Las anomalías congénitas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años en las Américas. Recuperado de
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10487:2015-anomalias-congenitas-
segunda-causa-muerte-ninos-menores-5-anos-americas&Itemid=1926&lang=fr 

3 Ídem.

4 NOTIEXPOS. (14/02/18). Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Recuperado de
http://www.notiexposycongresos.com/dia-mundial-de-las-cardiopatias-congenitas/

5 Secretaría de Salud. (19/07/18). 282. Detecta el INPer 80 por ciento de las cardiopatías congénitas en el embarazo. Recuperado de
https://www.gob.mx/salud/prensa/282-detecta-el-inper-80-por-ciento-de-las-cardiopatias-congenitas-en-el-embarazo

6 Congreso Nacional de Enfermería en Salud Pública realizado por el Instituto Nacional de Pediatría. (30/05/18). Estrategias para la Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades. Secretaría de Salud. Recuperado de
http://www.smsp.org.mx/docs/cnesp/miercoles_30/6_prevencion_enfermedades.pdf






Del Senador Cruz Pérez Cuellar, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Economía.








De la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.








De la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la propuesta de Guardia Nacional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








Comunico también que los textos de las intervenciones de las efemérides y agenda política se registran con su texto íntegro en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDE

Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día del Ejército Mexicano”.

Conmemoración del Día del Ejército Mexicano.
19 de Febrero del 2019.

ANTECEDENTES

La creación del ejército mexicano comenzó en la época prehispánica en 1410 cuando fueron derrotados los tepanecas de Azcapotzalco; En el centro del país nace la Triple Alianza por los reinos de México que eran Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba en donde dependieron como tributarios, desde el golfo de México hasta las mesetas centro y el Eje Neo-volcánico. La civilización de México se desplegó con un gran poderío social, económico y cultural. El ejército del país alcanzó una gran organización y disciplina que estaba muy desarrollada para el momento, entre las cualidades se incluía:

La instrucción castrense: En el grupo de los aztecas, la preparación militar era obligatoria para todos los hombres jóvenes que recibían la educación según su estrato social. Los nobles iban al Calmecac, donde la formación era para convertirse en oficiales, sacerdotes y gobernantes, mientras que los plebeyos acudían al Telpochcalli en donde eran entrenados para convertirse en los contingentes de la defensa, la conquista y las guerras floridas.

Organización de los cuerpos armados: Una gran parte de la población varonil servía en el ejército mexicano, cada una de las poblaciones o barrios estaba formado por un escuadrón de alrededor de 400 guerreros que estaban a cargo de Tepochtlato, estos escuadrones se dividían en escuadras que eran 20 guerreros que estaban a cargo de Tiachcouh.

Los cuatros mayores Calpullis tenían comisiones diferentes y específicas en el Alto Mando, el mayor de todos era conocido como Tlacatécatl y se encargaba de la organización. Los Pochteca tenían asignaciones de las funciones de información, contra información y propaganda. El Tlacatecuchtli era el encargado de las instrucciones y operaciones. Y por último se encontraba el Toyoyahuacatl quien se encargaba de los servicios, evacuaciones y abastecimientos del ejército.

Formación actual del Ejercito Mexicano

El 19 de febrero de 1913, el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila, emitió el decreto número 1421, en el cual se desconoció a Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo de la República, así como, todos los actos que dictara con ese carácter, al mismo tiempo le concedió a Carranza, en citado documento, facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración Pública para proceder a armar fuerzas. Carranza para poder cumplir con la misión asignada por el Congreso de su Estado, tuvo la necesidad de crear un ejército para enfrentar y sustituir al Ejército Federal, las bases de este ejército fueron establecidas en relación con los objetivos políticos, dados a conocer a la Nación en un Manifiesto, publicado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, conocido como "Plan de Guadalupe".

El 19 de septiembre de 1938, el General Lázaro Cárdenas del Río, emite un decreto presidencial, para incluir a la mujer en el cuerpo de oficinistas del ejército.

Desde la década de  los 70, su labor ha sido clave para atender las necesidades de la población en casos de emergencias por desastres ambientales. Ante la ausencia de un conflicto armado con fuerzas extranjeras, el Ejército construyó vínculos más cercanos con la población.

Dado lo anterior, se ha fortalecido su capacitación para dar respuesta rápida a eventualidades como incendios, terremotos, inundaciones, aludes o huracanes, a fin de ser la primera fuerza de apoyo gubernamental tanto en tareas de rescate como de reconstrucción En 1985 se integró el agrupamiento femenino, con el fin de que las mujeres de las dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional participaran en el Desfile Militar.

Entre los planteles clave para la formación de militares se encuentran la Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Enfermeras, Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea, entre otras.

Nuestro ejército se ha transformado en una institución sólida, profesional y confiable que diariamente se prepara para servir mejor a la sociedad; que para cumplir sus misiones, ha sido necesario ampliar y modernizar su infraestructura, y fortalecer sus capacidades, a la par de las exigencias actuales. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2019.

Sen. Mario Zamora Gastélum.






AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Verónica Delgadillo García: Se han agotado los asuntos en la agenda, señora Presidenta.






CITA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 21 de febrero a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 17:26 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
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