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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 4

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Febrero de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:34 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 81 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 12 de febrero de 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes cien ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el siete de febrero de dos mil diecinueve.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática informe de su participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 de enero de 2019.- Quedóde enterado.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron tres oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, minuta con proyecto de Decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre de cada año, como el "Día Nacional Sobre la Reconstrucción Mamaria". Se turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que desecha iniciativa de Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del Sur- Sureste.- En la presentación del dictamen intervino la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos  De la Torre, el dictamen fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

(Iniciativas)

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó  directamente a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnódirectamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

Los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur, para que, en el ámbito de sus atribuciones, giren instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y legales, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo y los ayuntamientos del estado, revisen y fortalezcan la Estrategia de Seguridad Pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía.- No se consideró de urgente resolución.Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Ángel García Yáñez y Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, conforme a las facultades que el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorice erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no vea afectada su operación efectiva y el cumplimiento de su mandato.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar y prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio.- Se consideró de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que emprenda las acciones necesarias, junto con la Operadora de Autopista Sayula, para que se creen esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.- Se consideró de urgente resolución. En la discusión intervinieron los Senadores: Sylvana Beltrones Sánchez del PRI, quien realizó propuesta de  modificación, la que fue admitida a discusión, en votación económica, se aprobó la  propuesta de adición;  Kenia López Rabadán del PAN; Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Raúl Paz Alonzo del PAN y Damián Zepeda Vidales del PAN. En votación nominal, fue aprobado por 95 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  

 

De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a garantizar los servicios y subsidios públicos que se otorgan para el cuidado y atención infantil de las madres trabajadoras, padres solos o tutores que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Asimismo, se inicien las investigaciones que correspondan para abatir los posibles actos de corrupción.- Se tunó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

 

Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo respecto a las afectaciones generadas al estado de Michoacán, derivadas del paro de labores realizado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y de PEMEX a hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el último trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de combustibles, así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de combustibles.- En votación nominal de 37 votos a favor y 57 en contra, no se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisiones de Energía y a la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente los acontecimientos violentos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas que se han suscitado en el transporte público de la Ciudad de México.- Se consideró de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena,  con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en torno al mecanismo de Montevideo y a la situación política que priva en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Comunicación)

Se recibió Comunicación del Fiscal General de la República por la que remite su propuesta del ciudadano José Agustín Ortiz  Pinchetti, para ocupar la Titularidad de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y a la ciudadana María de la Luz Mijangos Borja, para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.- Se turnó a la Comisión de Justicia.  

(Turno directo)

El presidente dio turno directo a la siguiente asuntos: 

 

De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que informe respecto del proyecto hidráulico de saneamiento y desazolve que se pretende realizar en el Río Tecamachalco, ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Agenda Política)

de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Previo Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el martes 12 de febrero, a las 11:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y un minutos.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobada el acta.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Informo a la Asamblea que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remiten cuatro ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación de 4 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera: El oficio de la Secretaría de Gobernación se acompaña de las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.



La Asamblea ha quedado enterada.

Y se turna el conjunto de las ternas a la Comisión de Energía.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remite el informe semestral de actividades del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Continúe la Secretaría.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones un oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado por el Pleno de ese instituto el pasado 31 de enero.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes.

Continúe la Secretaría.






COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió de la Comisión Nacional del Agua un oficio con el que se remite el informe por entidad federativa, correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 de los recursos autorizados y, en su caso, asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Continúe la Secretaría.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió del Congreso del Estado de Oaxaca, Acuerdo con el que se aprobó la Convocatoria para el XIX Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García”, que se realiza cada año para enaltecer la memoria del Benemérito de las Américas.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en la página web de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibieron 3 oficios con los que se remiten respuestas de Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y Senadores promoventes, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite el Acuerdo por el que se aprobó el nombramiento del ciudadano Jorge Torres Castillo, como Contralor Interno de la Cámara de Diputados.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.






A continuación tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, por el que se desecha el punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios para el estado de Guerrero. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

No habiendo oradoras ni oradores que quieran hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado a que remita a esta Soberanía un Informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

No habiendo oradores que quieran hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado respecto del estado que guarda el sistema de pensiones en México. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Minerva Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

Los Senadores que integramos el grupo parlamentario del PAN en este Senado de la República, votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, pues consideramos fundamental que se haga del conocimiento de la población, cuál es el estado que guarda el sistema de pensiones en nuestro país y que, además, tanto la Secretaría de Hacienda como la Consar tomen medidas urgentes y establezcan mecanismos que puedan garantizar el pago de las pensiones a las y los trabajadores mexicanos.

Hay que decirlo desde ahora y ponerlo en el centro de las discusiones públicas que se están llevando a cabo.

México enfrenta graves problemas en el sistema de pensiones y es urgente, es apremiante que establezcamos una ruta crítica para encontrar soluciones que eviten mayores afectaciones a la población.

Y no se trata de una cuestión alarmista, hay que revisar los datos duros, y éstos son claros.

Por ejemplo, los trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1º de julio de 1997 seguramente obtendrán una pensión un poco más alta que la cuarta parte del último sueldo que tengan antes de retirarse.

Se trata de una clara situación de vulnerabilidad, de insuficiencia de recursos para subsistir dignamente en la vejez a la que están expuestas las y los mexicanos.

Como país, requerimos que desde el Congreso de la Unión y desde el Ejecutivo Federal, se desarrollen los proyectos legislativos y las políticas públicas que contribuyan a la solución de estos problemas.

Desde incentivar el ahorro voluntario para el retiro, así como impulsar a los instrumentos del mercado financiero y de inversiones para los esquemas pensionarios, pues no podemos perder de vista la fuerte presión a la que actualmente están sometidas nuestras finanzas por este tema.

En efecto, los recursos destinados a cubrir las pensiones, es cercano al billón de pesos, casi una quinta parte del gasto neto total para 2019, y los expertos esperan, que al final de este sexenio se incremente el gasto hasta alcanzar el 25 por ciento del presupuesto.

En términos muy sencillos, para este año el gobierno federal estará gastando en pensiones casi toda la recaudación que espera obtener por el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Es una situación gravísima, que requiere nuestra inmediata atención, pues de no hacerlo, se incrementarán las desigualdades sociales en el mediano plazo.

Insisto, Senadoras y Senadores, por la importancia que reviste este tema en México, el sistema de pensiones ha sido diagnosticado como desigualdad insostenible y carente de transparencia.

Por eso, quienes somos Senadores del PAN, hemos propuesto dentro de nuestra agenda legislativa reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de las y los trabajadores mexicanos.

De ahí la importancia del dictamen que nos ocupa y la razón por la que el grupo parlamentario del PAN votará a favor, pues esta Soberanía requiere allegarse de información estratégica que le permita establecer las prioridades legislativas y que nos permita asentar las rutas legislativas a seguir, para modificar la realidad social en beneficio de nuestra población.

Comencemos entonces con este respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda, para que en coordinación con la Consar, rindan un informe actualizado sobre el estado en el que se encuentra el sistema pensionario mexicano, y que en esta Soberanía seamos el contrapeso necesario para observar y dar seguimiento a las medidas que se tomen desde el Poder Ejecutivo para garantizar a los trabajadores el pago de sus pensiones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Hernández Ramos.

Pregunto si algún otro Senador o Senadora quiere hacer uso de la palabra.

Sonido en el escaño del Senador Pech Várguez.

El Senador José Luis Pech Várguez: (Desde su escaño) Para adherirme a esa propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Estamos en la discusión del dictamen. Se toma en cuenta su punto de vista a favor.

Sonido en el escaño del Senador José Luis Pech.

El Senador José Luis Pech Várguez: (Desde su escaño) Solamente para reforzar este punto, señor Presidente.

Creo que el sistema de pensiones requiere un análisis a fondo.

Las unidades de medida que ahora se tienen realmente no están resolviendo el problema de retiro de mucha gente y creo que sí, esta petición es pertinente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Nuvia Mayorga, sonido en su escaño.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: (Desde su escaño) Es para sumarme a la propuesta de la Senadora Minerva.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

De no haber más oradoras u oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que no forman parte del Programa Nacional de Certificación de Guarderías, suscriban convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Tiene la palabra la Senadora Noemí Reynoso, para hablar a favor.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

Para Acción Nacional apoyar este punto de Acuerdo y este resolutivo significa ratificar el compromiso que tenemos por las niñas y los niños en este país; significa el ratificar la defensa de sus derechos; significa ratificar el cuidado que ocupan, y que por eso en el exhorto que se hace para que en determinado momento las guarderías puedan tener la certificación que otorga el IMSS, y como lo dice en su argumentación: “con el fin, primero, de cumplir lo que establece nuestra Constitución y la obligación del Estado, de proporcionar la educación y el cuidado en la primera infancia, y además de apoyar en el desarrollo, en la preparación para quienes habrán de ingresar posteriormente a la educación básica”.

Y nos da mucho gusto ver el consenso de los diferentes grupos parlamentarios.

Sin duda, esto nos trae a la mente la crisis que existe actualmente con las estancias infantiles, esperemos que se pueda hacer la reflexión

Y con los mismos argumentos y con la misma disposición del grupo mayoritario para que este punto de Acuerdo saliera aprobado, puedan reconsiderar la reasignación del presupuesto para las estancias infantiles, puedan considerar la necesidad de estos lugares, de las estancias y las guarderías por el bien de la niñez; puedan considerar la afectación que se está haciendo a tantos niñas y niños alrededor del país; y pueda, con responsabilidad, también, decidir por lo mejor, decidir por el bien de los niños, decidir y reconocer que hay errores, pero que todavía están a punto de poder corregir en el gobierno federal.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Patricia Mercado.

La Senadora Patricia Mercado: Gracias, señor Presidente Martí Batres.

Quiero hablar a favor de este acuerdo, este acuerdo es una propuesta que se hizo en el 2006 y, efectivamente, la mayoría de los estados no había firmado este convenio con la SEP y las guarderías del Seguro Social para certificar el primer año de educación inicial, preprimaria, de tres a cuatro años.

En este momento solamente el Estado de México, y aquí con mi Senadora del Estado de México, que podríamos trabajar, sólo el Estado de México no ha firmado este convenio que, pues me parece muy importante porque las guarderías del IMSS son un instrumento también para esta educación inicial y para la certificación de preprimaria de tres a cuatro años.

Me parece que este acuerdo también nos ayuda o viene en un contexto, y por eso es muy importante, me parece en el contexto donde estamos hablando sobre las estancias infantiles, que entendemos no es una política que se acaba, simplemente es una política que ahora va a estar en manos de las madres, si quieren llevar a sus hijos o no a estas estancias, las estancias infantiles de Sedesol tenían esta certificación, es decir, podían ir a la SEP para certificarse y poder tener a niñas y niños de tres a cuatro años en estas estancias y les valía como el primer año de preprimaria, o sea, educación inicial.

Entonces una cuestión también es que se ha dicho que en las estancias infantiles no van a poder recibir a los niños después de dos años once meses, me parece que es un tema que podríamos también circunscribir en este punto de Acuerdo, aunque lo veremos, digamos, en la Comisión de Niños y Niñas, que también las estancias infantiles puedan, aquellas que sobrevivan a esta nueva política, independientemente de lo que vayamos a hacer más para que las estancias sigan adelante, puedan también certificarse y poder tener a niñas y niños de tres a cuatro años.

Por otro lado, también se ha dicho que muchos de los niños y niñas de las estancias infantiles son de madres que sí tienen trabajo formal, es decir, con seguridad social en el IMSS o en el ISSSTE y que ahora no podrían llevar a sus niños o niñas a las estancias infantiles.

Entonces decirle al IMSS también, y eso lo podemos ver en la Comisión de Seguridad Social, que el IMSS pueda dar la autorización para que pueda financiar también, no sólo con el financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Social sino que pueda financiar a las madres de niños y niñas que tienen derecho a la guardería del IMSS, pero que no van porque les queda muy lejos; es decir, son guarderías que les quedan muy lejos o tienen un año de espera.

Entonces el IMSS puede y tiene financiamiento para eso, poder apoyar a las madres trabajadoras para que lleven a sus hijos no necesariamente a guarderías del IMSS, sino los puedan llevar a estancias infantiles a partir de financiar el IMSS mismo ésta, digamos, este derecho de las madres trabajadoras que por imposibilidad de crear infraestructura de más guarderías en todos los lugares del territorio nacional, entonces el IMSS pueda definir poder pagar también, darle un apoyo a las madres para que lleven a sus hijos, si no es una guardería del IMSS y tampoco es en una guardería subrogada que, digamos, ninguna de las dos alcanza porque, una de las cosas que decían los de las estancias infantiles era, muchas veces a lo mejor sí pueden llevar a su niño a la guardería del IMSS pero les queda muy lejos, son dos horas para dejarlo y luego regresar al trabajo, por eso lo llevaban a estancias infantiles.

Entonces me parece que ésta también es una discusión, termino…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, quiero preguntarle si acepta una pregunta de la Senadora Beatriz Paredes.

La Senadora Patricia Mercado: Sí, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora Paredes Rangel, desde su escaño.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Muchas, señor Presidente. Gracias, Senadora Mercado Castro.

Senadora Mercado, ¿es verdad, es cierto, que la obligación de dar el servicio de guarderías está establecida en la legislación que tiene que cumplir el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y siendo una obligación jurídica, ¿no podría haber tentaciones de quitar ese derecho?

La Senadora Patricia Mercado: Espero que no; no creo, no está planteado y creo que más bien en la Comisión de Seguridad Social lo que estamos trabajando es cómo ampliamos los derechos y cómo hacemos universales los derechos de la seguridad social, uno de ellos, éste.

Yo lo planteaba porque me parece muy pertinente porque hay una preocupación de qué vamos a hacer con los niños de tres a cuatro años, qué vamos a hacer con estos niños que ya no pueden ir a estancias infantiles.

Sí están certificadas por la SEP que pueden dar este primer año de preprimaria, educación inicial de tres a cuatro, pues igualmente podrían seguir las estancias infantiles.

No estoy cambiando en este momento el dictamen, porque creo que hay que votarlo a favor, tiene que ver con guarderías del IMSS, pero quiero dejar esto en la mesa, lo vamos a trabajar y para proponer puntos de Acuerdo o iniciativas desde la seguridad social para que el IMSS pueda hacerse cargo de aquellos niños y niñas que no llegan ni a sus guarderías ni a sus guarderías subrogadas y que esto pueda fortalecer también las capacidades de las estancias infantiles que, repito, no se están anulando, simplemente está cambiando la política, aunque yo no esté de acuerdo, pero no se están anulando.

Me parece que hay una discusión importante que nos podría ayudar y este dictamen, digamos, nos da la pauta, nos da el camino, para poder quizá resolver el tema de los niños de tres a cuatro años que puedan estar en estancias, así como están en guarderías al servicio del IMSS, certificadas por la SEP.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Patricia Mercado.

Al no haber más oradoras u oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Antes de pasar al siguiente punto, quiero comentar que se encuentra presente en esta Asamblea el excelentísimo señor Sang-il Kim, Embajador de la República de Corea en México, invitado por el Senador Eduardo Murat Hinojosa, lo cual estamos seguros permitirá fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones.

¡Sea bienvenido excelentísimo señor Embajador Sang-il Kim!

Muchas gracias.

También quiero comentar que el día de hoy es el LX Aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.

¡Aquí está el primer libro de texto gratuito impreso hace 60 años!

A invitación de la Comisión de Educación, y especialmente de su Presidente, el Senador Rubén Rocha Moya, se encuentran también el doctor Antonio Meza Estrada, Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y la maestra Aurora Saavedra Solá, directora de Materiales e Informática Educativa; 12 de febrero de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito por Decreto Presidencial del entonces Presidente Adolfo López Mateos.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha punto de Acuerdo por el que se recomienda al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social remitir un Informe veraz respecto a la situación en que se encuentra el Hospital número 3, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. El dictamen está a discusión.

Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen antes mencionado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a que descargue el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se condenan los actos de violencia realizados por la empresa “Arneses y Accesorios S. de R.L. de C.V.” de “Grupo Industrial PKC”, al impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Ahora se concede el uso de la palabra al Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: Muchas gracias, señor Presidente.

Honorable Asamblea, este punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir, y fue apoyado con toda la investigación y los argumentos necesarios para evitar que hechos de violencia, como los que se suscitaron el pasado mes de noviembre en Ciudad Acuña, Coahuila, vuelvan a repetirse.

Precisamente la estrategia y la política laboral mexicana busca cambiar las condiciones de trabajo, busca mejorar el bienestar de todos los trabajadores, pero de manera muy especial la democracia y la libertad sindical, la libertad para elegir a sus dirigentes, el voto personal, libre y secreto, en donde no hay interferencias de ninguna clase, en donde todo ese tipo de prácticas antisindicales, de golpeadores al servicio de intereses particulares o políticos puedan ser abolidos.

Por lo tanto este punto de Acuerdo viene a reflejar el nuevo mundo en el que estamos actuando, los cambios que se requieren y que formarán parte de esta transformación económica, política y social de México y el camino adecuado para llegar a una mayor justicia laboral.

Esta propuesta con punto de Acuerdo está fundamentada en todos estos hechos que son condenables, no se puede reprimir a los trabajadores en base a actitudes violentas, agresivas o de cualquier otra índole para evitar que manifiesten su libertad, su derecho a la libertad de asociación, su derecho a la libertad sindical.

Y ese es el sentido de esta propuesta, y es el sentido de prever que no más acciones de este tipo en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Por lo tanto yo invito a toda esta honorable Asamblea a que sea aprobado en sus términos este punto de Acuerdo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya aprobó en su momento la semana pasada.

Es importante, y quiero resaltar, nada más, antes de concluir, que la nueva transformación laboral del país va a requerir de eliminar y cancelar todas estas prácticas de agresión, violentas, de represión contra los trabajadores, que se va a requerir de un nuevo sindicalismo, moderno, visionario, que recoja la preocupación de los trabajadores, que responda a sus intereses legítimos y no de empresas o grupos políticos de cualquier índole.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, sometemos a la ratificación, a la aprobación de este Senado de la República este punto de Acuerdo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya dictaminó en su momento como favorable.

Muchas gracias, y espero su aprobación y su apoyo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias al Senador Napoleón Gómez Urrutia.

No habiendo más oradoras u oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se aprueba el dictamen con punto de Acuerdo que condena los actos de violencia realizados por la empresa “Arneses y Accesorios S. de R.L. de C.V.”, de “Grupo Industrial PKC”, al impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y se exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento, con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la que se exhorta al poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, para que cesen las acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas en contra de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, “General Lázaro Cárdenas del Río”. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, vamos a darle la palabra a la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, a quien por cierto, le reiteramos un fuerte, fuerte abrazo.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeros, a pesar de que hemos hecho las denuncias en el estado de Michoacán por la violación a los derechos de los trabajadores de este sindicato, “Lázaro Cárdenas del Río”, del sistema de salud, pues las arbitrariedades siguen, y parece que los exhortos son llamados a misa porque nadie hace caso. Sin embargo, quiero yo presentar el dictamen de la comisión al respecto de este tema.

Buenos días, compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

El día de hoy estoy aquí para presentar a esta Soberanía un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El pasado 7 de febrero en su segunda reunión ordinaria de trabajo, lo cual hago agradeciendo la oportunidad de poder presentarlo en esta tribuna a nombre de la misma y dirigir el siguiente mensaje.

Hoy quiero pedirles que no únicamente respalden con su voto este punto de Acuerdo en el que se hace un claro llamado al gobernador de Michoacán para que se frenen los actos arbitrarios en contra de los trabajadores y trabajadoras del sector salud.

Estoy aquí para pedirles su solidaridad y empatía con las y los trabajadores de Michoacán que, específicamente en el área de salud, han visto deterioradas sus condiciones de vida y la de sus familias, se acusan hechos arbitrarios como el retraso de sus pagos, movimientos de adscripción, de sus puestos de trabajo, lo que evidentemente afecta sus vidas y la de sus familias.

Pero esta petición no sólo apela a su sensibilidad para con la difícil situación que ha padecido la plantilla laboral de la Secretaría de Salud, que incluye, además de las amenazas, despidos cuando protestan en contra de la arbitrariedad, sino también del espíritu que debe ser una línea rectora de esta Soberanía que es el de hacer respetar los derechos consagrados en nuestra normativa. La Ley Federal del Trabajo establece que el salario es un derecho de toda la clase trabajadora, así como que el mismo debe ser entregado en tiempo y forma por parte de la patronal.

Los convenios que en materia internacional han sido suscritos por nuestro país también consagran los derechos laborales, cito esto que ya les había expuesto cuando presenté este punto, porque en el estado de Michoacán, desde hace meses, las trabajadoras y los trabajadores del Sector Salud han denunciado de forma sistemática violaciones a sus derechos laborales.

Por esta razón pido a esta Soberanía apruebe este punto de Acuerdo por el que se exhorta al poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, a girar las instrucciones necesarias para que en el uso de sus atribuciones ordene a la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Diana Celia Carpio Ríos, al titular de la Delegación Administrativa, al titular de Enlace Jurídico y al titular de Derechos Humanos de la propia Secretaría de Salud, para que suspendan de inmediato las acciones represivas y de hostigamiento, despido y amenazas contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, “General Lázaro Cárdenas del Río”.

Muchas gracias.

Y es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Estela Piña Gudiño.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio García Conejo, para hablar en contra.

El Senador Antonio García Conejo: Muy buenos días, Senadoras y Senadores. Querido Presidente de la Mesa Directiva y demás integrantes de la misma.

Vengo aquí a la tribuna como Senador de la República y además también con el origen de representar a mi querido estado de Michoacán.

El hablar de salud, el hablar de trabajador, pues estamos hablando de dos cosas muy importantísimas.

La salud es un tema muy delicado, es un tema de lo más sensible del ser humano, y el hablar de una trabajadora, un trabajador del sector pues es también de mucha importancia porque, por un lado, se trata de un tema y de una actividad muy delicada, muy especial y, por otro lado, se habla de derechos y responsabilidades y obligaciones que tienen los trabajadores del sector.

Yo quiero manifestar que tengo conocimiento del tema, y pudiera parecer como que es un tema muy dramático lo que ocurre en el estado de Michoacán en el Sector Salud, en lo particular creo que no es así.

La información que yo tengo, muy específica, es que se despidieron a cinco trabajadores que pertenecen a un sindicato del estado del Sector Salud, por cierto un sindicato muy pequeño, pero más allá de eso si es un sindicato pequeño hablamos de responsabilidad laboral en un sector tan delicado como es la salud.

Entonces el despido de cinco trabajadores del Sector Salud del estado de Michoacán, no se puede hablar de hostigamiento, y voy a decir que no se puede hablar de hostigamiento porque la información que yo pedí, porque también a mí me hicieron saber la preocupación a través de su líder, de hacerme llegar todos las pruebas y documentos que acreditaban que fue un despido injustificado.

En realidad, las y los trabajadores, y hay prueba de ello, eso es muy importante siempre cerciorarse de que existan pruebas fehacientes de las cosas, se levantaron actas y se hizo un procedimiento como lo marca la Ley General del Trabajo.

Se hizo un procedimiento adecuado porque tuvieron los trabajadores, es la información con testigos de los mismos trabajadores de salud, por 30 días, falta a su empleo por 30 días sin justificación.

Eso es muy delicado porque quienes trabajan en el Sector Salud, pues si en otra actividad de otra índole debe uno de cumplir con las responsabilidades, más aun tratándose de un sector tan importante como es el Sector Salud porque depende de vidas humanas, depende de toda esa actividad que ayuda a resolver un problema de salud, incluso que depende la vida de otras y de otros ciudadanos.

Entonces no se puede hablar de un hostigamiento cuando se hace un procedimiento adecuado, cuando hay testigos, cuando se levanta un acta, esa es la información que yo tengo porque conozco el estado, conozco el gobierno del estado de Michoacán y conozco lo que hoy se vive en el Sector Salud.

También no puedo desconocer que se vive un tema muy delicado en el estado de Michoacán en el Sector Salud y en el sector educativo, porque desde hace más de ocho años, se puede decir que una década prácticamente, se ha venido arrastrando una sobre nómina, contratos, incorporación de trabajadoras y trabajadores sin tener los recursos suficientes la entidad para, pues pagar sus salarios.

Es un tema que sé que se está tratando por parte del gobernador del estado y el gobierno federal.

Es un tema que se tiene que analizar para cuidar dos cosas, estos dos sectores tan importantísimos en el estado de Michoacán, como es el Sector Salud y el Sector Educativo, pero bajo un acuerdo, un nuevo convenio que permita garantizar el pago de las y los trabajadores y, por supuesto, de garantizar una buena respuesta o tarea, o trabajo en estos dos sectores.

Es una tarea que va para largo, y como Senadores de la República, y que además somos del estado de Michoacán, creo que debemos de abonarle para que esto llegue a un buen término.

No es un tema menor, pero se puede lograr.

Así es que hoy quiero expresar y dejar en claro que creo yo que no se considera un tema de hostigamiento laboral, es muy importante hacerse llegar las pruebas suficientes para poder hablar de un hostigamiento, de ninguna manera, hay respeto absoluto a los derechos de las y los trabajadores.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Conejo.

Senador Napoleón Gómez Urrutia, tiene la palabra, desde su escaño, para hablar a favor.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero sumarme totalmente a favor de la propuesta de la Senadora Blanca Piña, del estado de Michoacán, conocedora del tema, donde ha recibido quejas, y que yo personalmente la acompañé como Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para escuchar a estos trabajadores que fueron no hostigados, fueron reprimidos y despedidos arbitrariamente.

No puede ser que porque sea el Sector Salud o cualquier otro se pueda interpretar de esa manera porque todos son prioritarios en este país, la educación lo es, el campo y muchos más.

Entonces esa política es con la que se tiene que cambiar y luchar, no se puede mantener por parte de ningún gobierno del Estado, de ninguna entidad cacicazgos, políticas arbitrarias: “te despido y luego nos sentamos a negociar un nuevo convenio”.

Las leyes se respetan, el Convenio 98 lo establece así ante la Organización Internacional del Trabajo y todos los demás que anteriormente el gobierno de México había firmado durante los últimos años, el Convenio 87 sobre la libertad de asociación y muchos más.

Defender los derechos fundamentales de los trabajadores no es un crimen, es una oportunidad de hacer valer lo que verdaderamente les corresponde legítimamente, así es que no hay forma de justificar una represión de este tipo y, por supuesto, creo que en esto todos estaríamos de acuerdo, sea en Michoacán o en cualquier estado de la República.

Y eso es lo que tenemos que cambiar precisamente, este nuevo estado que estamos promoviendo de reformas y cambios para que verdaderamente haya esa democracia sindical, ese respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Así es que no es la importancia de un sector, es mucho más, es un derecho universal de los trabajadores que no tiene ni empresas ni gobiernos, mucho menos entidades u organizaciones charras y traidoras a la clase trabajadora para utilizar a su favor con base en intereses personales o políticos, o de manera represiva o de manera caciquil.

Así es que yo me sumo completamente a la propuesta de la Senadora Blanca Piña, porque los trabajadores tienen razón en este caso y hay que defender sus derechos.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Blanca Estela Piña, sonido en su escaño.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero decirles, compañeras y compañeros, que el día de ayer fui invitada a un foro por el Congreso del estado, donde la presidenta, la maestra Tere López, me hizo el favor de invitarme a dar una ponencia sobre sindicalismo, y quiero decirles que ahí llegaron 23 representantes de sindicatos de diferentes. “y chicos y grandes” como dice el compañero Napoleón, todos los trabajadores son importantes y manifestaron la violación constante a sus derechos, manifestaron las irregularidades con que han sido tratados, las condiciones que tienen para trabajar que son deplorables.

Ahí en ese foro que seguramente está en las redes ya, los trabajadores no solamente de salud; los trabajadores de caminos, de OOAPAS, del agua, de la tierra, de educación, manifestaron sus quejas e inconformidades por la forma como el gobierno del estado, de la forma como sus patrones los han estado tratando.

Yo creo que es importante que los trabajadores, sean muchos o sean pocos los sindicatos, es importante que no se les violenten sus derechos laborales.

Por eso, puse ese exhorto y me sigo sosteniendo y siempre cuando se estén violentando los derechos de los trabajadores, siempre protestaré.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Estela Piña.

Tiene la palabra el Senador José Narro Céspedes, desde su escaño. Después vamos a darle la palabra, para rectificación de hechos, al Senador García Conejo y, finalmente, a la Senadora Patricia Mercado.

El Senador José Narro Céspedes: (Desde su escaño) Durante todos estos años hemos visto cómo los derechos de los trabajadores han sido violentados permanentemente: los despidos, el quitarles parte de sus derechos laborales ha afectado el tema de los trabajadores, pero aparte la libertad y la falta de democracia sindical.

Por eso yo hoy quiero adherirme a la propuesta de mi compañera Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, en el exhorto que ella está haciéndole al Senado de la República, apoyamos el exhorto y estamos con ella.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Narro Céspedes.

Sonido en el escaño del Senador García Conejo, para rectificar de hechos.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Manifestar que comparto con Gómez Urrutia, con la Senadora Piña, la maestra, el velar siempre por los derechos de los trabajadores, ha sido nuestra lucha en el PRD desde que surgió una de las banderas nuestras ha sido velar por los derechos de los trabajadores, luchar siempre por las clases más desprotegidas, pero también tenemos que ser muy cuidadosos, y dicen en mi tierra “de a de veras” los invitaría para que se investigara a fondo y se pudiera demostrar que no es así como lo están tratando de hacer parecer ante todas y todos que hay un hostigamiento en contra de las y los trabajadores de los sindicatos de ninguna manera.

Es necesario, como dijo Gómez Urrutia, observar la ley, hay que aplicar la ley. Por eso nosotros trabajamos todos los días buscando la manera de dar instrumentos claros y precisos a los ejecutivos para que todos nos basemos en eso, en esos instrumentos, en ese engranaje jurídico que permita vivir en armonía.

Por supuesto que yo apoyo a las y a los trabajadores, pero tampoco podemos descuidar si un trabajador no acude a trabajar y tiene 30 días sin justificar, y hay testimonio de ello, no se puede solapar ese tipo de cuestiones, porque entonces está siendo omiso y está siendo corrupto, tenemos que ser muy cuidados, entonces, no es así.

En el caso de OOAPAS, como la menciona la Senadora, es un sindicato del gobierno municipal. Por cierto, el presidente municipal es de un partido del que ella misma pertenece, de Morena, en Morelia, el OOAPAS, el sindicato más grande del agua de Michoacán es de OOAPAS, es de Morelia, es un tema también muy complejo.

Yo creo que más allá de verlo como un tema de carácter partidario, tenemos que verlo con una gran responsabilidad, de siempre actuar apegados a la ley, porque si no, si solamente buscamos la manera de darle un giro diferente, pues no vamos, entonces, hacer cumplir la norma y, sobre todo, mandar un mensaje como Senado de la República de que necesitamos observar la norma.

Con toda sinceridad, y quiero que quede claro, todo mi apoyo a las y a los trabajadores, pero no apoyar a quienes no cumplan con su responsabilidad como trabajadoras, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones.

Entonces, hoy quiero dejar en claro, no se está dando un hostigamiento en el caso específico del punto que hoy nos ocupa, no es un hostigamiento. Hay actas, que si me lo permiten en lo sucesivo, lo haré llegar al Senado de la República, todo el procedimiento jurídico que fue calificado como legal para ser despedido ese trabajador o trabajadora que no quiso cumplir con una responsabilidad tan importante como es cumplir con su trabajo.

Así es que, compañeras y compañeros Senadoras y Senadores, no se trata de querer defender a un gobierno ejecutivo por defenderlo, tenemos que defender a los trabajadores; sí, pero con la ley en la mano; tenemos que luchar entre todas y todos para que trabajemos y caminemos en un marco legal, en un marco de derecho. El estado de derecho es muy importante, si nos salimos de las norma entonces estamos, compañeras y compañeros, navegando a la deriva.

Por su atención, muchísimas gracias, Senadoras y Senadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Conejo.

Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado, desde su escaño.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para decirle al Senador que en este punto de Acuerdo, en un inicio la redacción era pedir la reinstalación de los trabajadores que habían sido despedidos, solamente plantearle que esa parte se quitó del punto de Acuerdo.

Es decir, y todos estuvimos de acuerdo, en el sentido de que sí el despido o no amerita reinstalación o lo que amerite, eso no es algo que nosotros podamos juzgar, lo que el punto de Acuerdo es lo otro que se ha planteado, que respetar, digamos, en un conflicto laboral, que no la posición y mucho menos de un gobierno efectivamente emanado de un partido como el que usted representa, pues la solución sea el despido del conflicto.

Entonces no juzgamos si son justificados o no, no juzgamos si necesitan la reinstalación o no, esa parte del punto de Acuerdo se quitó, digamos, porque los alegatos que usted ha dicho, bueno, pues no es lo que vimos en la comisión, sino el tema de que se solucione sin hostigamiento, se resuelva el conflicto, de otra manera, aceptando la disidencia, la diferencia que puede haber ahí entre los trabajadores y no nos metimos, le quitamos el punto de Acuerdo, el que fueran reinstalados, y la Senadora Piña estuvo de acuerdo, que se quitara para lograr una mayoría en esta votación, solamente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Mercado Castro.

Tiene el uso de la palabra el Senador Casimiro Méndez, sonido en su escaño.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañeros Senadores, Michoacán no es un paraíso laboral para los trabajadores del estado, no solamente se trata de revisar el tema si es un sindicato pequeño o no, recuerden que estos días casi se paralizó el estado por el impago a otros sectores de los trabajadores como fue el caso de los trabajadores de la educación, no solamente se trata de si son 5 trabajadores, fueron más de 32 mil, para quienes andamos a pie, para quienes andamos en territorio, podemos decir que las cosas en Michoacán, en lo que se refiere al trabajo, están muy, muy complicadas, hay información que dice que algunos tienen en resguardo, que han revisado.

Yo como Senador de Michoacán he solicitado información de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, de la salud, y hasta ahorita no hemos encontrado respuesta, y sí podemos decir que en Michoacán no solamente se hostiga a los trabajadores.

En Michoacán se reprime a los trabajadores, que la consigna por enarbolar a una bandera no basta, el verdadero compromiso social y político de la izquierda es luchar al lado de los trabajadores, pero al lado, ni siquiera con declaraciones, ni siquiera con intenciones, nos piden responsabilidad.

Qué le van a dedir de responsabilidad a una familia que tiene sin cobrar un mes. Nos piden responsabilidad.

Qué le van a dedir a una familia que ha pedido prestado desde hace 5 o 6 meses. Está complicado el tema de los trabajadores del estado en Michoacán.

Y por eso vamos a apoyar este exhorto.

Comentar, que lo digo como Senador, que nos preocupa esta situación, y hay gobiernos estatales que no entienden que las respuestas violentas a las demandas de los trabajadores son cosa del pasado, es hora de los trabajadores, es hora del cambio, y no es eslogan, quieran o no, el país va a cambiar y vamos a llamar hostigadores y represores a quienes así se han portado.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Mancera, pidió el uso de la palabra, ¿a favor o en contra? En contra.

Tiene el uso de la palabra usted y después a favor la Senadora Xóchitl Gálvez, y con ellos terminaríamos la ronda de cinco y la ronda de dos.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente para reiterar el sentido que ha planteado el Senador García Conejo.

Todos estamos de acuerdo en buscar una reforma laboral. Todos en este Senado apoyamos que México, finalmente tuviera la formalidad necesaria para el convenio de la OIT, y vamos a apoyar en los demás, y por supuesto que el impulso que dio el Senador Gómez Urrutia también lo apoyamos, pero que no se confunda, pues la defensa que está haciendo nuestro compañero García Conejo, porque la defensa que se está haciendo es simplemente a que se aplique la ley, es a los términos expuestos en el propio exhorto.

No es al sentido del exhorto, el sentido del exhorto me parece que es correcto, que se aplique la ley y que si alguien se le ha despedido injustificadamente, si alguien se le ha acosado, pues simplemente que se aplique la ley.

Eso es lo que ha dicho Antonio García Conejo, no es cubrir o encubrir a nadie, y debemos ser igualmente sensibles con los despidos masivos de los que tenemos noticia.

Yo creo que ahí debiéramos todos unirnos también, porque son igualmente trabajadores, del gobierno de la República lo que hemos sabido de despidos masivos, y ahí debiéramos de alzar la voz también, y esto de las estancias que ha generado tantas y tantas ausencias de trabajo.

No digo que no haya corrupción si se señala y se combate, pero el método, la metodología no debiéra también afectar esos derechos laborales. En ese sentido, nosotros estamos por el fondo del exhorto, pero simplemente hacemos un llamado a la forma que al final se convierte en fondo también.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Sonido en el escaño de la Senadora Xóchitl Gálvez, finalmente.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: (Desde su escaño) Me parece muy importante que en este Senado nos pronunciemos por defender los derechos de los trabajadores, creo que no hay duda que vamos a estar de lado; pero sí me preocupa los trabajadores del Senado, no tenemos autoridad moral como Senadores si nuestros trabajadores hoy por hoy siguen sin seguridad social.

Yo sé que usted envió la carta que la pasada ocasión le pedí, creo que cuando peleamos los derechos de los trabajadores tenemos que pelear los derechos de los trabajadores de todos, incluidos los que tenemos aquí, que hoy por hoy no tienen la posibilidad de ir a ningún servicio de salud.

Yo invitaría al Senado que resolvamos este tema, porque ahora sí que estamos exhortando a gobiernos estatales a que respeten los derechos de los trabajadores y nosotros como Senadores no lo hacemos con los propios.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen por el que se exhorta al poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, a girar las instrucciones necesarias y cesen las acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, “General Lázaro Cárdenas del Río”. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que se encuentra con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida, al economista Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Senador de la República en las LXII y LXIII Legislaturas.

¡Bienvenido!

Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena.

Permítame, Senadora Rivera.

¿Con qué objeto, Senadora Josefina Vázquez Mota?, ya no hay dictámenes a discusión, vamos a pasar a iniciativas.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Por los niños con cáncer.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, ¿con qué objeto?

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera agradecer a la Mesa Directiva y compartir a todas las Senadoras y Senadores su atención por iluminar el Senado de dorado desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de febrero, con la intención de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de la lucha contra el cáncer infantil.

Aprecio mucho la iluminación de este Senado, señalar que el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en México entre las edades de 5 y 14 años. Se estima que existen entre 5 mil y 6 mil niños diagnosticados anualmente, lo cual significan que 16 niñas y niños enferman de cáncer cada día, y fallecen seis niñas y seis niños al día.

Queremos, señor Presidente, reconocer este acompañamiento de la Mesa Directiva y convidar, si me permite el presidente de la Comisión de Salud, que siempre ha sido tan solidario, el doctor Navarro, y generoso, junto con nuestra Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, tendremos un diálogo en el marco del “Día Internacional contra el Cáncer Infantil” el próximo viernes 15 de febrero, en unión con organizaciones de la sociedad civil, como Aquí Nadie Se Rinde, AMANC, y Casa de la Amistad.

Así que reconocer este esfuerzo y convocar a las Senadoras y Senadores, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Josefina Vázquez Mota.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Y, finalmente, dándole seguimiento al Acuerdo que tomamos el pasado viernes en la Junta de Coordinación, he dialogado ya con algunos coordinadores de grupos parlamentarios, Senadoras y Senadores, para pedir a través de la Junta de Coordinación Política una audiencia con el Secretario de Hacienda y Crédito Público y con la titular de la Secretaría de Bienestar, a fin de dar continuidad a los Acuerdos de la Junta, hacérselos saber y escuchar también, en todo caso, sus propuestas al respecto.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vázquez Mota.






Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimadas Senadoras y Senadores. Pueblo de México.

“La libertad de opinión y la expresión, que es sagrada, sólo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas”, dicho por Fernando Sánchez Dragó, escritor español.

El 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, dicha legislación significó un gran avance para el desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se erige como pilar de un Estado constitucional y democrático de derecho.

Toda vez que el derecho de réplica constituye un mecanismo que complementa los derechos de libertad de expresión y de información, en tanto que constituye una herramienta que, por un lado, garantiza que todas las personas tengan el mismo acceso a difundir información que les aluda y, por otro, coadyuva a que la sociedad reciba la mejor y mayor cantidad de información disponible sobre un hecho determinado.

No obstante, en los tres años de vigencia que ha tenido la norma en comento, ésta ha mostrado padecer diversos vicios de inconstitucionalidad que han sido revelados por el Poder Judicial de la Federación, incluso mediante la declaración de inconstitucionalidad de diversas porciones de la ley.

Uno de estos casos, de inconstitucionalidad, es la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, materia de la presente iniciativa.

La disposición normativa en cuestión establece como una de las excepciones a la obligación del sujeto obligado en materia de réplica para llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, los casos en los que ésta verse sobre información de carácter oficial emitida por cualquier servidor público.

Se cita a continuación la disposición referida:

Artículo 19.- El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos:

Fracción VII.- Cuando la réplica verse sobre la información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación.

Dicho precepto es inconstitucional por constituir una restricción injustificada al derecho de réplica. En efecto, el derecho fundamental en comento funge como un instrumento esencial para elevar al debate público las diversas versiones que se presenten sobre un hecho, ya que los medios de comunicación son los principales agentes de la difusión de ideas en la sociedad, en tanto que no sólo generan contenidos propios, sino que transmiten al público ideas u opiniones respecto de diversos temas y posturas de interés general provenientes de distintas fuentes, incluidas las oficiales, de tal forma que en ciertos casos los medios de comunicación pueden imponer, influir o promover una visión propia sobre ciertos hechos difundidos o sobre un tema incierto en la agenda pública.

En este sentido, es innegable que por su papel en la difusión de ideas los medios de comunicación constantemente se sitúan en una posición de poder frente a los demás integrantes de la sociedad, esto hace necesaria la intervención estatal para corregir las asimetrías en la manifestación y difusión de las ideas, lugar donde se inserta el derecho de réplica, como un mecanismo igualador de condiciones de acceso a los medios de comunicación, por el que una persona podrá, cuando menos momentáneamente, encontrarse en igualdad de condiciones al difusor de la información que le aluda, y expresar su propia versión de los hechos.

Por estos razonamientos que se afirman, que la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, contiene una restricción al derecho fundamental a la divulgación de información carente de racionalidad, toda vez que no persigue ningún fin constitucionalmente válido que la justifique, pues ni de la Constitución ni de la legislación secundaria, se puede extraer una justificación para restringir de manera absoluta el ejercicio de réplica respecto de información oficial difundida por diversos agentes, impidiendo que el aludido pueda presentar su versión de los hechos.

Ante este panorama, esta Senadora de la República estima que la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, tiene un efecto nocivo para la deliberación pública y atenta contra los principios fundamentales de un estado democrático y de derecho.

Por lo tanto, a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de réplica, salvándola de vicios de inconstitucionalidad, se formula la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica. Y como nunca, a propósito de la presente iniciativa, recordar en esta alta tribuna al filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo: “mi libertad termina donde empieza la de los demás”.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Rivera. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Américo Villarreal, Gloria Sánchez, Antonia Cárdenas y Nestora Salgado, muchas gracias. Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones de las Senadoras y Senadores.

Quiero, antes de continuar, informar que es el cumpleaños de la Senadora Malú Micher. Por lo tanto, la felicitamos mucho, además, acaba de ser abuela por primera vez, doble felicitación para la Senadora Malú Micher, cumpleañera y abuela primeriza. Muchas gracias.






Tiene la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en materia de vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

Presento esta iniciativa que lleva aparejada una reforma constitucional en un solo acto.

Como Secretaria de la Comisión de Educación en este Senado, considero que la educación tiene una función social básica, porque amplía las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre los grupos sociales, cierra brechas…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senadora.

Rogamos a las Senadoras, Senadores, asesores, invitados especiales, si nos ayudan, por favor, a guardar el debido orden y poner atención a la oradora.

Adelante, por favor.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

Como Secretaria de la Comisión de Educación en este Senado, considero que la educación tiene una función social básica que permite ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre los grupos sociales, cierra brechas e impulsa la equidad.

En este mismo sentido se ha pronunciado la CEPAL, señalando que el umbral educativo necesario para revertir la tendencia de pobreza y para garantizar a los individuos el acceso mínimo al bienestar a lo largo de su vida, es por lo menos 12 años de estudios formales; sin embargo, en México nuestra población tiene un promedio de nueve años de escolaridad equivalente a poco más de la secundaria.

Asimismo, debemos considerar que la educación media superior y superior es un enlace importante entre las políticas educativas y el mercado laboral, pues no sólo la tasa de empleo aumenta directamente con el nivel de estudios cursado, sino que también se incrementa el salario obtenido; por ejemplo, contar con estudios de licenciatura implica ganar casi dos veces más que aquellos que sólo cuentan con bachillerato.

No obstante en México sólo el 16 por ciento de los adultos tienen estudios de educación superior y menos del 25 por ciento de los jóvenes mayores de edad están inscritos en una institución de educación superior, ya sea pública o privada, un porcentaje sumamente bajo comparado con países como Australia, Islandia o Corea del Sur, donde el porcentaje es del 60 por ciento.

Los recursos invertidos en la educación logran un retorno social privado más alto cuando los individuos pasan un mayor número de años dentro del sistema educativo.

Esto se traduce en importantes ahorros de recursos públicos y privados en un mayor abatimiento de los índices de pobreza y de marginación, en mayores apoyos a la recomposición del tejido social, en una reducción del subempleo, en la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y muchos otros efectos positivos.

Por eso, para el grupo parlamentario de Acción Nacional, en este Senado, es fundamental garantizar en México el derecho humano de acceso a la educación en todas sus vertientes, dentro de ellas el acceso a la educación media superior y superior.

Hoy en día los esfuerzos de atención a la educación media superior y superior se ha dado a través de instituciones públicas y de las becas otorgadas por la SEP, pero lo cierto es que estas medidas han resultado insuficientes para garantizar el acceso y la permanencia en la educación de nuestros jóvenes mexicanos, siendo imprescindible que se analicen otras fuentes de financiamiento.

Para tales efectos, podemos aprovechar la solidez financiera con que cuenta el Infonavit en virtud de que tendrá un sobrante de liquidez, derivado de créditos hipotecarios que pudiendo ser otorgados no serán demandados por los derechohabientes al estar solventadas sus necesidades de vivienda.

En estos momentos es necesario que replanteemos los alcances de una institución como el Infonavit y que potencialicemos sus excedentes financieros en favor de la educación de las y los jóvenes mexicanos.

Estas propuestas de reforma se basan en dar un impulso al financiamiento de educación técnica, media superior y superior para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

Senadoras y Senadores, las propuestas de reforma que hoy presento tienen principalmente dos aspectos.

Primero. Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda o ésta haya sido solventada lo pueda hacer para su propia educación o la de sus familiares. Y

Segundo. Que estos créditos sean otorgados únicamente para aquellos programas que estén reconocidos como de alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, especialmente en términos de absorción del mercado laboral.

Con estas reformas se busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda, permitiendo que cuando esté cubierta esa necesidad de vivienda se pueda utilizar para financiar la educación de sus familiares, manteniendo, incluso, la posibilidad de continuar con los mismos derechos sobre la subcuenta en el caso de que haya sido pagado el financiamiento educativo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, DEL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, ¿presentó dos iniciativas distintas o es una sola? Ok, es el mismo tema, pero son dos iniciativas formalmente.

Vamos a turnarlas de esta manera, la de reforma constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La de reforma legal, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Patricia Mercado, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Patricia Mercado: Muchas gracias, señor Presidente del Senado.

Esta es una iniciativa para cambiar, para hacer una reforma al artículo 35 constitucional sobre los derechos del ciudadano, y es una iniciativa para garantizar el derecho al acceso a la función pública. Necesitamos, ya se han presentado muchas iniciativas en esta Legislatura, para ir avanzando en el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y de trato, la igualdad sustantiva en los espacios de toma de decisión entre mujeres y hombres.

Sin embargo, a veces, en este Senado, sobre todo nosotras, nos hemos enfrentado a tomar una decisión de votar, por ejemplo, de elegir a un varón, cuando, si siguiéramos esta lógica, pues tendríamos que elegir a una mujer para avanzar en la paridad, pero digamos, como sabemos, las mujeres no pensamos igual, tenemos diferencias políticas, ideológicas, partidarias y cuando peleamos el derecho de las mujeres a estar en igualdad de condiciones es eso, es pelear el derecho a estar, no necesariamente eso me implica votar siempre por una mujer, porque puedo tener diferencias con ella.

Entonces, necesitamos seguir avanzando en legislaciones que nos ayuden no a tomar estas decisiones a veces complicadas, sino a seguir avanzando, para que en el momento de la elección o de la votación, podamos tener, cuando toque hombre, hombre y cuando toque mujer, elegir entre mujeres y entonces sí las diferencias pueden expresarse, como ahora está sucediendo con las ternas que tenemos y que vamos a elegir a las y los Magistradas para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, la Corte nos mandó ternas de puros hombres y ternas de puras mujeres.

Entonces no nos vamos a equivocar, vamos a elegir de manera paritaria o vamos a avanzar en la igualdad. Y por qué nos mandó esto la Corte. Pues también porque está obligada constitucionalmente a empujar la paridad. Entonces reformar el artículo 35 en el sentido de que dice: votar en las elecciones populares. Y poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley y así sigue la redacción.

En estas elecciones pasadas, realmente pues hay datos donde sí tenemos este derecho a la participación y a las candidaturas, pero a la hora de la distribución de recursos, por ejemplo, a las mujeres candidatas se nos dan muy pocos recursos, a los hombres candidatos se llevan la mayoría. Hay análisis del Instituto Nacional Electoral donde apenas un 8 por ciento del total de los anuncios de candidatos fueron para mujeres, la otra gran mayoría fueron para candidaturas varones, entonces en realidad no estamos construyendo un piso parejo.

Y también añadir una fracción II al artículo 35 para: tener acceso a la función pública en condiciones de igualdad y poder ejercer la misma en dichos términos, si no, digamos, avanzamos en estas legislaciones que obliguen luego en las leyes secundarias a hacer acciones afirmativas, vamos a seguir teniendo en la función púbica mujeres y hombres blancos, de edades, puede ser de diferentes edades, pero no necesariamente adultos mayores o gente joven, no vamos a tener personas con discapacidad, no vamos a tener personas transexuales, no vamos a tener indígenas, si no, con esta reforma constitucional, después de la Ley Reglamentaria podemos avanzar en acciones afirmativas para obligarnos a abrir la función pública, sin discriminación y en igualdad de condiciones para todas las personas.

El Servicio Nacional de Empleo, ahora que nosotros estábamos en el gobierno, que dirigió ahora el Senador Mancera, en el Servicio Nacional de Empleo logramos hacer ferias del empleo solamente para mujeres transexuales y hombres transexuales, es decir, que las empresas contrataran a sabiendas de quién estaban contratando a personas con todas las capacidades en términos, digamos de los puestos a los cuales querían entrar, pero estas ferias del empleo eran para esa población, para poder empujar, de verdad, la igualdad de oportunidades. También se abrieron las primeras 500, no sé si después hubo más, 500 plazas de base, sindicalizadas para personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades.

Entonces obligarnos a parte de todo lo que implica mujeres y hombres, por supuesto en la función pública, obligarnos como una reforma constitucional, es decir, de los grandes acuerdos societarios en este país, a la inclusión y a la igualdad de oportunidades en la función pública nos ayuda a seguir avanzando en una sociedad mexicana que necesita ser menos desigual y poderle abrir los brazos a las diversidades, a las diferencias entre ahora sí que entre, la diversidad de lo que puede ser el funcionariado público.

De eso se trata la iniciativa legislativa que presenta Movimiento Ciudadano a través de una servidora.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Patricia Mercado. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente. A todas y a todos, muy buenas tardes.

Me enorgullece compartirles que el día de hoy estamos honrando nuestro compromiso con las personas con discapacidad con la finalidad de que cada uno de ellos tenga igualdad, libertad e independencia.

Quiero agradecer a todas y a todos quienes han participado en la elaboración de esta iniciativa, a los representantes de la sociedad civil, que no solamente están presentes el día de hoy, y les doy la bienvenida, sino por su valiosa participación para poder presentar este documento justo hoy.

Participaciones como las de Confe, Coamex, Movimiento 312, Iluminemos de Azul, Libre Acceso, Comunicación para la inclusión, De Pavia y Asociados, Enlace Fundación, Cinia, así como incluso del mismo Conadis, entre ellos buscamos los fundamentos para la redacción de la presente iniciativa.

Fue el pasado 3 de diciembre cuando llevamos a cabo en esta Soberanía un laboratorio legislativo con la presencia de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, así como Senadoras y Senadores de diversas fuerzas políticas con la finalidad de escuchar las propuestas, los problemas y las necesidades de las personas con discapacidad, así como de organizaciones que los representan.

No cabe duda que fue un ejercicio necesario para darle voz a todas y a todos aquellos que han tenido, o nadie quien los haya escuchado. Una oportunidad para abordar las injusticias que persisten hoy en día.

Muchas personas con discapacidad se encuentran desempleadas a pesar de que pueden y quieren trabajar, y a pesar de ello no encuentran una oportunidad.

Muchas personas con discapacidad dudan de su propio valor después de experimentar una vida con pocas expectativas, oportunidades y la discriminación.

Personas con discapacidad que tienen dificultad en comunicarse e informarse porque no existe la correcta implementación de la lengua de señas, del sistema de Braille y de todos aquellos sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación.

La mayoría de las personas con discapacidad tienen problemas de movilidad porque en este país no se cuenta con la infraestructura necesaria y accesible.

Por eso estoy presentando la presente iniciativa para reformar diversas hipótesis normativas de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por eso propongo ante esta Soberanía la creación del Instituto Nacional de Personas con Discapacidad, porque todavía tenemos mucho que hacer, tenemos que asegurarnos que exista igualdad en el ingreso de las personas con discapacidad, que estén seguros en sus casas, en sus escuelas, en sus comunidades, que tengan acceso a la información y a los formatos correspondientes.

Todavía no tienen que hacer más porque han hecho mucho las asociaciones, de verdad se los reconozco.

La lucha no termina aquí, tenemos que trabajar por las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollar un valor personal que nadie les pueda arrebatar.

No a la discriminación, es por eso que debemos de luchar en esta Soberanía por esa igualdad, por ese reconocimiento y por esos derechos humanos.

Nos falta mucho por recorrer, nos hace falta que se apruebe esta iniciativa, nos falta armonizar muchas normas de la Convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

A todos ustedes y a los representantes de las asociaciones civiles que hoy nos acompañan, sé que les digo: esto apenas inicia, no nos vamos a detener, estamos construyendo mejores y más fuertes cimientos para ello.

Ahora he comentado una historia que seguramente alguno de ustedes conocen porque en este laboratorio, que logramos el 3 de diciembre, escuchamos muchas historias, pero escuché una en especial de Martín, un diagnóstico de discapacidad intelectual.

Semanas antes del evento me comuniqué con él y con su madre, y quería saber cómo adecuar sus ideas y sus inquietudes a un texto normativo para poder presentarlo ante este Pleno.

Imagínense ustedes que escuchan, que ven, que piensan, que sienten. Imagínense a Martín, que quiere que se le apoye, se le impulse y se le fortalezca el desarrollo económico a las personas con discapacidad.

Que debemos implementar acciones que les permitan lograr una autosuficiencia económica para no convertirse en una carga para sus familias. Es más, Martín decía: “quiero apoyar a mamá”.

Como madre y como mexicana no puedo quedarme observando este problema, por eso es tan importante que esta Soberanía sepa que esta iniciativa va a ser el principio de un gran cambio en este México, vamos a buscar los mecanismos institucionales para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean reconocidos y respetados.

Por ello, y por ellos, es que mientras tenga el privilegio de ser Senadora de la República voy a trabajar cada día para derribar esas barreras y esos límites.

Lo dijimos el 3 de diciembre y lo reitero el día de hoy, en el Senado de la República seguiremos legislando por la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias a la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, por la presentación de esta iniciativa.

Para adherirse la Senadora Josefina Vázquez Mota. Sonido en su escaño, por favor.

Recuerden que damos la palabra para adhesiones, en este caso no está a discusión ningún dictamen.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Señor Presidente, es para felicitar esta iniciativa, es para pedir, si me permite la Senadora Nancy De la Sierra, adherirme, dar la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil y pedirle, señor Presidente, a la Senadora, si no tiene inconveniente, que sea turnada también a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia para poderla acompañar.

¡Enhorabuena y gracias!, Senadora

Si usted me lo permite, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, pero los turnos los da la Presidencia. A lo mejor ella se lo permite, pero vamos a ver qué dice la Presidencia.

Para adherirse los Senadores Gina Cruz Blackledge, Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel Navarro, José Luis Pech, Lucía Trasviña, Nestora Salgado, Antonia Cárdenas, Juan José Jiménez, Arturo Bours, Miguel Ángel Mancera, Geovanna Bañuelos, Margarita Valdez, Malú Micher, Cristóbal Arias, Héctor Vasconcelos, Verónica Camino, Guadalupe Saldaña, Verónica Martínez, Martín del Campo Martín del Campo, Patricia Mercado y toda la fracción de Movimiento Ciudadano.

Senadora Verónica Camino. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Nancy, yo tuve la oportunidad de acompañarte el 3 de diciembre, me llevé parte de la tarea.

En la Permanente se aprobó el punto de Acuerdo donde hablamos del sobreprecio de algunos artículos y tecnología para personas con discapacidad, apenas salga el resultado del estudio que va a hacer la Cofece y la Profeco, te haré entrega del mismo para que pueda ser parte y que de ahí tomemos mucha información para esa iniciativa, y por supuesto, tu servidora y toda su bancada nos adherimos a la misma.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Camino Farjat.

También se adhieren los Senadores Rocío Abreu, Ana Lilia Rivera, Primo Dothé, Alejandro Peña, Aceves del Olmo, Casimiro Méndez, Marcela de la Mora y toda la fracción del PES, también Claudia Edith Anaya, Gloria Sánchez y Américo Villarreal.

Sonido en el escaño de la Senadora Claudia Edith Anaya, por favor.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Además de reconocer el trabajo de mi compañera Senadora Nancy Arámburo, recordar que el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa con estos mismos objetivos el 4 de diciembre.

Por lo que quiero pedir la dictaminación conjunta, pero le quiero pedir también, señor Presidente, se puedan hacer los trabajos en conferencia a razón de que el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados.

También presentó una iniciativa con estos fines, entonces, para nosotros es muy importante sacar a la brevedad este Instituto para las Personas con Discapacidad.

Y no sólo eso, hacer un llamamiento desde este Senado de la República a razón de que desde hace 74 días no hay titular en la Conadis y es muy importante que tengamos un representante en el sector. Además de que queremos el Instituto, queremos un director en la Conadis, ya.

Sería cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Y felicidades querida Nancy, nos adherimos contigo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Claudia Edith Anaya.

Esta Mesa Directiva saluda a un grupo de representantes de organizaciones y personas con discapacidad que nos acompaña el día de hoy, están invitados por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, y participan activamente en la elaboración de la iniciativa que se ha presentado en el Pleno.

Lo anterior tiene que ver con el seguimiento a las actividades que iniciaron el pasado 3 de diciembre de 2018, con el laboratorio legislativo “Legislando por la Inclusión”, convocado por la Senadora De la Sierra, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Entre otras organizaciones invitadas se encuentra la Confe, Coamex, Movimiento 312, Iluminemos de Azul, Libre Acceso, Comunicación para la Inclusión, Enlace Fundación y Conadis.

¡Bienvenidas todas y todos!

Muchas gracias por su asistencia a la sesión del día de hoy.

También se adhiere la Senadora Mónica Fernández a esta iniciativa. Y se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

La iniciativa presentada sobre los mismos temas por el grupo parlamentario del PRI, se homologará en los mismos turnos a efecto de que pueda dictaminarse de manera conjunta.






Tiene la palabra la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de violencia política en razón de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 Y 471 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado proceso electoral dejó muchos temas pendientes por trabajar. Uno de ellos es la violencia política en razón de género en la propaganda electoral, todas y todos los aquí presentes fuimos testigos cómo el PRI difundió spots en los que su entonces candidato a la Presidencia de la República hizo referencia a nuestra compañera de Morena, Nestora Salgado, de forma calumniosa, haciéndole imputaciones directas y específicas de un delito en su perjuicio. Esto, compañeras y compañeros, es violencia política y seguimos esperando las disculpas que nuestra compañera le ha pedido al ex candidato. Y no sólo ella, en Cuilapam, Guerrero, tenemos el caso de la candidata a la alcaldía municipal de Movimiento Ciudadano. Y en Sonora, el de la candidata a la gubernatura del PRI, quien también fue víctima de violencia política.

Como podemos ver, este no es un tema de un solo partido, todas las mujeres que estamos aquí sabemos que el camino es difícil y agotador, que tenemos que sortear prejuicios, insultos, amenazas, agresiones físicas y verbales, además de que duden de nuestra capacidad. Este escenario forma parte de la violencia estructural que existe en nuestra contra y que debe ser atendida por esta Legislatura. En esta Soberanía existe por primera vez un número paritario de mujeres y eso nos da la oportunidad histórica de legislar para hacer avanzar los derechos de las mexicanas; y la violencia política en razón de género es un tema muy importante, ya que la existencia de la misma limita las posibilidades de todas a participar en espacios de representación popular.

Es importante señalar que las autoridades electorales han atendido este problema con base en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero es aquí en este espacio donde falta hacer nuestra parte, compañeras y compañeros, ya que un protocolo no es una ley, no emanó del Poder Legislativo, por lo tanto, es obligatorio, es un acuerdo de buena voluntad solamente. Reconozco el compromiso de las autoridades y de algunas legislaciones que a nivel estatal ya lo regularon; pero a nivel federal este tema no podemos dejarlo así, no es posible que algo que tiene nombre y apellido, y que se llama “violencia política en razón de género”, se esté encuadrando en las generalidades de las normas o en un protocolo.

Por ello, pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que se incluya en el catálogo de conductas infractoras cometidas por las y los actores políticos, a la violencia política en razón de género.

Ello permitirá que se tramite esta infracción a través del procedimiento especial sancionador y que se pueda imponer sanciones ejemplares, como la pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, la cancelación de su registro, sanciones que ya se encuentran en la propia ley. Les recuerdo que al ser parte de las convenciones internacionales como la CEDAW o la de Belém do Pará, tenemos la obligación de otorgar a las mujeres la total protección de sus derechos político-electorales, así como a tomar medidas legislativas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

Les pido sororidad en este tema, facilitemos el camino de las mujeres que buscan participar en cargos públicos, evitemos que sigan desprotegidas ante actitudes discriminatorias, machistas, sexistas y ofensivas que las inhiben de participar de manera libre en las contiendas electorales. Por cierto, quiero agradecer a las compañeras y compañeros Senadores que se adhirieron a esta iniciativa, como son la compañera Nestora Salgado, María Antonia Cárdenas, Ana Lilia Rivera, Minerva Citlalli Hernández, Martha Guerrero Sánchez, Lilly Téllez, Bertha Caraveo, Soledad Luévano, Napoleón Gómez Urrutia, Jesusa Rodríguez, Rocío Abreu, Margarita Valdez, Malú Micher, Miguel Ángel Navarro, José Luis Pech, Juan José Jiménez, Mónica Fernández y la compañera Lucía Trasviña.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, y yo creo que algunos otros más compañeros que no los mencioné, pero que estoy segura que se van a adherir a esta iniciativa que protege nuestros derechos y que nos da libertad de participar, porque quiero decirles que en Michoacán, en muchas comunidades todavía las mujeres no quieren participar porque temen de violencia política, aun a veces de sus propios compañeros.

Y es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Me comentan que también es el cumpleaños del Senador Ovidio Peralta.

¡Felicidades al joven Senador!

Antes de pasar a la siguiente iniciativa, quiero darle la bienvenida al titular del Consulado Honorario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Armenia, Nikolai Kostandyan, Cónsul Honorario.

¡Bienvenido al Senado de la República!






Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3o., la fracción VI al artículo 36 y la modificación al artículo 37 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de etiquetado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3o.; LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 36 Y LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, RESPECTO DE LA “ETIQUETA ECOLÓGICA”

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Voy a comentarles esta iniciativa, que solicito se incluya en el Diario de los Debates, para no dar lectura, pues, técnica, sino comentarles de qué se trata. Hemos tenido varias reuniones con grupos de la sociedad civil, con empresarios, con académicos que nos están advirtiendo y señalando los problemas del calentamiento global, los problemas de la afectación al medio ambiente, pero también nos han dejado claro que hay pequeñas cosas que se pueden ir sumando y que son fundamentales para contrarrestar este calentamiento global.

Hoy precisamente les voy a platicar de una de ellas. Se trata de sumarnos a los esfuerzos del acuerdo para la nueva economía del plástico, se está trabajando por diferentes Senadoras y Senadores, entre ellos por el Senador Ramírez Marín, por Verónica, de Movimiento Ciudadano, por Xóchitl, por la Senadora Reynoso, por varios Senadores y Senadoras que está trabajando en esta tarea, y la verdad es que se están obteniendo resultados importantes.

Hoy estamos hablando de este tema del plástico, porque miren ustedes, solamente en México al año se producen 300 millones de toneladas de plástico, y digamos que para tener una idea, hasta el 2015, se han producido en el mundo 8 mil 300 millones de toneladas de plástico.

¿Y de qué se trata? No es que el plástico sea algo del demonio, algo que debemos de evitar a toda costa, no, es simplemente conocer de plásticos a plásticos, cuáles pueden ser reciclados y cómo es que los países pueden reciclarlo, y hoy lo que estamos planteando es algo muy sencillo, es un tema que requiere sólo de modificar una parte del articulado de la ley de la materia, es decir, de la ley que se ocupa precisamente de la tarea ambiental en nuestro país, para incluir etiquetas de información, etiquetas de información sobre la posibilidad de reciclado en los plásticos.

Es muy sencillo, la ley misma dice que se debe de fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía. Y lo único que tenemos que hacer es colocar esta etiqueta ecológica.

Ya advertimos de los daños de detergentes, ya advertimos de los daños de sustancias peligrosas, ya se advierte, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros de los daños que se pueden ocasionar, pero no lo estamos haciendo en el asunto del plástico.

Entonces, esta reforma lo que plantea es precisamente el trabajo de la etiqueta ecológica y es una modificación muy sencilla, compañeras y compañeros. Es agregar una fracción al artículo 3o., para que en esa fracción se diga:

Etiqueta Ecológica: Símbolo o colección de símbolos que se colocan en un producto para informar sobre su potencial de reciclado en términos de los establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como sobre su disposición adecuada en términos de su composición química, de energía y tecnológica, que requiere para su transformación o eliminación.

Modificar el artículo 36 agregando una fracción que diga: “determinar la configuración y requerimientos para el etiquetado ecológico de productos de consumo” .Y el 37 Bis también, para que diga que el etiquetado es obligatorio. Es muy sencillo, es un pequeño paso, pero así como en su momento se dijo “es un pequeño paso para el hombre, pero es un paso enorme para la humanidad”.

Esto también porque si no, compañeros, pues nos vamos a quedar hablando en el aire de la 4T, porque no va haber planeta dónde implementarla, nos vamos a quedar sin planeta, mejor cuidemos el medio ambiente para que podamos seguir con las transformaciones que todas y todos queremos. Ésta es de las que, diría yo, de las iniciativas que son llamados de atención a que tomemos conciencia del cambio que requiere el manejo de residuos sólidos, el planeta.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Mancera Espinosa. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se adhieren a su iniciativa las Senadoras Guadalupe Saldaña, Delgadillo y Reynoso.






Tiene el uso de la palabra el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o.-A, inciso j) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2o.-A, INCISO J) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Hace cinco años nuestra región fronteriza norte sufrió un duro golpe en el incremento del IVA del 11 al 16 por ciento. Durante 36 años, desde 1978, fecha en la que se aplicó por primera vez la Ley del IVA, en la región fronteriza siempre había tenido un trato diferenciado en relación al resto del país. Me voy a concentrar en hablar brevemente en el caso de la frontera norte, en la que existen condiciones que nunca van a cambiar, como el simple hecho de la vecindad con los Estados Unidos de América y que ameritan una regulación diferenciada con relación al resto de nuestro país, por lo que la disminución del IVA en la frontera no es un privilegio, es un tema de competitividad.

Como representante de Tamaulipas conozco la realidad de mi estado, de la lucha diaria de mis paisanos que aportan un promedio de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel nacional y que demanda un trato justo para todos. Por lo que no es suficiente, no basta un decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, como el que se emitió el pasado diciembre, que beneficia sólo a un sector de la población que únicamente estará vigente por dos años. En el decreto de referencia se reconocen los siguientes aspectos:

Primero. Que la frontera con Estados Unidos produce efectos diferenciales entre el contribuyente que vive en esa región con el resto del país, condición que afecta el bienestar y encarece la vida de los habitantes de esa misma región.

Segundo. Que la frontera norte mantiene una dinámica económica distinta al resto del país, y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con el sur de los Estados Unidos de América.

Tercero. Que resulta necesario impulsar la competitividad económica del desarrollo y el bienestar de los habitantes de la región fronteriza norte, buscando con ello el crecimiento económico.

Sin embargo, dicha propuesta se ha quedado muy corta al proponer una tasa reducida al Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta sólo a empresas y a personas físicas con actividad empresarial a través de un crédito fiscal, equivalente a una tercera parte del ISR, mediante un padrón de beneficiarios, administrado por el Servicio de Administración Tributaria, a quienes deberán solicitar autorización a más tardar el 31 de marzo. Por otro lado, con relación al IVA, se otorgará un crédito equivalente al 50 por ciento de la tasa a personas físicas o morales que realicen actos o actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento de uso de goce temporal de bienes, debiendo presentar un aviso de ampliación de este estímulo al SAT.

Desafortunadamente, un mes después, el 30 de enero, el SAT publica en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación para aplicar dicho estímulo en la región fronteriza mediante un artículo en el cuarto transitorio que establece el aviso para el estímulo del IVA, que se podría presentar hasta el 7 de febrero de 2019.

Es decir, que los interesados en este estímulo fiscal sólo tuvieron siete días, única y exclusivamente siete días para inscribirse en dicho trámite. Pareciera que se pretende que nadie se entere o se beneficie de estos estímulos fiscales.

Por los tamaulipecos y por el resto de los habitantes de la frontera norte es que no debemos de estar sujetos a decretos temporales ni a plazos a discreción. Si realmente se requiere beneficiar a la mayoría de la población de la frontera se debe de reformar la Ley del IVA para fijar el impuesto a un 8 por ciento, como se establece en la iniciativa que hoy estoy presentando.

Los habitantes de la frontera demandan que la disminución de este impuesto sea para todos, sin distingos, para que el beneficio se refleje finalmente en el bolsillo y en el incremento del poder adquisitivo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Se turna a la Cámara de Diputados. Para adherirse la Senadora Gina Cruz Blackledge.






Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en materia de eliminación del secreto fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Son dos iniciativas que pretenden eliminar el secreto bancario y el secreto fiscal de una vez por todas, como ya lo hizo Suiza, como ya lo hizo Portugal, como ya lo hacen en Europa.

Hace dos meses, la Suprema Corte de nuevo acaba de amparar a un bandido, porque a pesar de que se acreditó el lavado de dinero y la defraudación fiscal, alegó secreto bancario y que el Ministerio Público había violado su privacidad bancaria. Y este es uno de muchos casos.

Hace tres meses, en la Cámara de Diputados, el director o el encargado de la PGR nos decía que tenía miedo de presentar las carpetas contra Javier Duarte, porque la mayoría estaban integradas con cuentas bancarias sin orden judicial, y entonces le pregunto. ¿Y por qué no sacaste la orden judicial?

Y nos contestó: “porque un juez, si no tengo las pruebas, que son esas cuentas bancarias, nunca me va a dar la orden”. Es completamente un círculo vicioso, es un blindaje descarado para proteger delincuencia organizada, proteger corrupción, proteger a políticos, proteger a lavadores y factureros.

Por eso nosotros queremos ayudar al Presidente, queremos ayudar al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción que acaban de designar, y ya por fin salir de ese lugar 123 mundial en corrupción y poder castigar a quienes hacen de las suyas.

Con el secreto fiscal y el secreto bancario nunca podremos castigar el cohecho, el lavado de dinero, el peculado, la evasión fiscal, porque el Ministerio Público no tiene las herramientas. Con el secreto bancario no se le puede pedir a los bancos los estados de cuenta, las acciones, los fideicomisos de los presuntos culpables. Y si el delito necesita tipificar un beneficio económico y no tengo las cuentas bancarias, cómo diablos le hace el Ministerio Público.

Por otro lado, si el Ministerio Público quiere encuadrar evasión fiscal y no tengo la declaración anual, la provisional, las declaraciones de terceros, las facturas, las DIOT, cómo voy a encontrar el dinero que entró a la cuenta del evasor y que no pagó ISR. Por eso, y porque también acaba el Presidente de decirnos que hay titulares de Secretarías y otros ex presidentes ladinos que se enriquecieron asesorando empresas de energía, bueno, no queremos puros señalamientos, queremos sanción, queremos cárcel y queremos que regresen lo robado.

Por eso y porque hay muchos expedientes abiertos contra ex gobernadores, como Duarte, como Borge, entre muchos otros, es que requerimos las cuentas bancarias y requerimos las declaraciones fiscales para poder encuadrar un delito y que lleguen a la cárcel, es que les pedimos que estas iniciativas a la brevedad sean dictaminadas y podamos de una vez por todas cumplirle a México, y en mi caso una promesa de campaña, de eliminar este blindaje, de eliminar el secreto fiscal, de eliminar el secreto bancario.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX BIS, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Sepúlveda. Se turna la iniciativa que reforma el Código Fiscal de la Federación a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

La iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhieren a su iniciativa los Senadores Ramírez Marín, Xóchitl Gálvez, Geovanna Bañuelos, Álvarez Lima, Minerva Hernández, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Armenta y Ahued.






Tiene la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIUDADANOS A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa; y de mis compañeras y mis compañeros Senadores.

Quiero poner a consideración de todos ustedes esta iniciativa que tiene como objetivo el otorgar derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años de edad.

Pongo a consideración de ustedes los argumentos.

De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado en 2014 por el Instituto Nacional Electoral, es reducido el porcentaje de mexicanos que dijeron involucrarse de algún tipo de participación política.

El estudio explica que los ciudadanos tienen altos niveles de desconfianza en las instituciones, sobre todo las gubernamentales y de representación política.

Los partidos políticos no cumplen su papel de vínculo entre ciudadanía y gobierno.

En razón de lo anterior, los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestra convicción para que nuestro país transite hacia un nuevo modelo de democracia, un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solamente representativo y electoral, necesitamos escuchar y estar del lado de la gente.

Desde nuestra perspectiva, las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de asuntos de interés público.

Estamos convencidos de que la transformación de la República sólo puede ser a través del ejercicio pleno de los derechos políticos.

Para contrarrestar el déficit democrático, derivado de la falta de confianza de los mexicanos hacia las instituciones, es precisamente necesario que promovamos e involucremos al mayor número de mexicanos en el proceso de la toma de decisiones.

De acuerdo con el Inegi, en México viven 39.2 millones de niños y adolescentes de cero a 17 años de edad, lo que representa un 32.8 por ciento de la población del país.

Con base en estas cifras, es posible afirmar que existen más de 6 millones de personas entre los 15 y los 17 años de edad, las cuales se encuentran en un estado ya de madurez.

Desde hace muchos años, tanto niños y adolescentes comenzaron a ser reconocidos como sujetos plenos de derecho.

Por ejemplo, así lo estipula la Constitución de la Ciudad de México, de tal manera, la reducción de la edad para ser considerados y reconocidos como ciudadanos sería un caso más en la dirección correcta y ayudaría a consolidar nuestra democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía. Resulta oportuno recordarles a todos ustedes que de 1857 y hasta 1969, la edad mínima para adquirir ciudadanía era de 21 años. En 1969, se reformó la Constitución para quedar en los términos que ahora conocemos.

Con dicha reforma, buscamos borrar las fronteras entre las actividades de los adultos y los no adultos, y favorecer la mayor participación de los jóvenes en la vida pública, que gocen de plenos derechos políticos y decisiones dentro de nuestra sociedad, además que se les permita ser ciudadanos socialmente responsables.

También contribuiremos en reforzar el sentimiento cívico de los jóvenes, es decir, constituir un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía. En el derecho comparado existen diversos países en los que el derecho al sufragio se alcanza a una edad más temprana, tales como Irán, a los 15 años; Cuba, 16 años; Indonesia y Argentina, a los 17 años de edad.

En Bolivia, Brasil y Ecuador el voto es optativo entre los 16 y 17 años; en Europa sólo dos países tienen reconocido el derecho al voto; Austria, a los 16 años; y Chipre, donde el sufragio, además, es obligatorio.

En algunos cantones suizos también se reconoce el derecho al voto a los 16 años; además, en 2014, cuando se realizó el referéndum por la independencia de Escocia, se amplió el voto de 16 y 17 años, como resultado, los adolescentes escoceses participaron masivamente en un 89 por ciento.

Entre otras innovaciones, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso en una de sus resoluciones la extensión de la edad del voto a los 16 años con el objetivo de fortalecer la democracia en este continente. Establecer la edad mínima de16 años para adquirir la plena ciudadanía y la mayoría de edad, tiene que configurarse como una reforma democrática necesaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea reformar el artículo 34 de la Constitución, para que cumplidos los 16 años de edad se reconozca la ciudadanía y sus derechos políticos.

Muchísimas gracias, por su atención.

Iniciativa

La suscrita, GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIUDADANOS A PARTIR DE LOS 16 AÑOS DE EDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La noción de ciudadanía puede definirse como la membresía o pertenencia a una comunidad y como la expresión más acabada de la naturaleza de la relación entre los miembros de esa comunidad1. Desde el punto de vista estrictamente normativo, la ciudadanía es un concepto jurídico que describe quiénes son ciudadanos, cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones.

En México, el artículo 34 de la Constitución establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Por su parte, los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Constitución señalan los derechos, las obligaciones y las causales de suspensión o pérdida de la ciudadanía y nacionalidad mexicana.

Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 de la Constitución, destacan diversos derechos políticos esenciales tales como: el derecho al voto (activo y pasivo) en las elecciones generales; el derecho a participar en las consultas populares; el derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país; y el derecho a iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso.

De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México2, elaborado y publicado en 2014 por un equipo de investigación multidisciplinario, en colaboración con el INE, el porcentaje de mexicanos que dijeron involucrarse en algún tipo de participación política diferente del voto (participación no electoral) es muy reducido. Dicho estudio concluyó que las y los mexicanos entendemos a la ciudadanía como un asunto de obediencia de leyes y voto, sumamente desvinculado de la idea de participación, organización colectiva y ejercicio pleno de derechos.

“La participación de los mexicanos tiende a ser individualizada y coyuntural. Sin duda, esto se relaciona con la baja membresía en organizaciones sociales y con altos niveles de desconfianza en las instituciones, sobre todo las gubernamentales y las de representación política. Los partidos políticos no cumplen su papel de vínculo entre ciudadanía y gobierno. No obstante, los ciudadanos les siguen percibiendo como un intermediario útil (práctico) en la consecución de ciertos objetivos. En consecuencia, puede decirse que las y los mexicanos son ciudadanos pasivos y reactivos, participan de manera coyuntural, generalmente por razones altruistas y prefieren las acciones individuales antes que las colectivas” 3.

En razón de lo anterior, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestra convicción en torno a la necesidad de que nuestro país transite hacia un nuevo modelo de democracia. Un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solo representativo y electoral. Desde nuestra perspectiva, las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de los asuntos públicos.

De esta forma, estamos convencidos de que la transformación de la res pública solo puede ser una realidad a través del ejercicio pleno de los derechos políticos y creemos firmemente que la única manera de contrarrestar el déficit democrático derivado de la falta de confianza de las y los mexicanos hacia las instituciones, es precisamente a través de la promoción del involucramiento y  la participación de un número cada vez mayor de mexicanas y mexicanos en el proceso de toma de decisiones que les conciernen.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa el 32.8 por ciento de la población del país. Alrededor de 22.2 millones de menores de edad (el 56.6 por ciento) se encuentran en edad escolar, entre los 5 y los 14 años; 10.5 millones son niños menores de cinco años (16.5 por ciento), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años (26.9 por ciento).

Con base en estas cifras, es posible afirmar que existen más de 6 millones de personas entre los 15 y los 17 años, las cuales se encuentran ya en un estado de madurez que les permitiría ejercer responsablemente derechos políticos y participar e involucrarse plenamente en el escenario democrático.

Desde hace muchos años el derecho internacional comenzó a evolucionar y dejó atrás el enfoque tutelar que concebía a los adolescentes como menores de edad, dando paso a una nueva visión garantista en la que niñas, niños y adolescentes comenzaron a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos. Por lo tanto, la reducción de la edad para ser considerados y reconocidos como ciudadanos, sería un paso más en la dirección correcta, ayudaría a consolidar ese salto cuántico que demanda nuestra democracia y significaría una reivindicación histórica inscrita en la extensión progresiva de los derechos de la persona y en el fortalecimiento de la ciudadanía4.

En este contexto, resulta oportuno recordar que en 1857 y hasta 1969 la edad mínima para adquirir la ciudadanía era de 21 años, aunque se aceptaba que quienes estuvieren casados podrían adquirirla a los 18. Este criterio era seguido en la mayor parte del mundo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.

Como consecuencia de una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral y en la vida social, en 1969 se reformó la Constitución para quedar en los términos que conocemos. Con dicha reforma, se redujo el “periodo propedéutico” en el que se le habilitaba al sujeto a conducirse de acuerdo a las expectativas que se tienen de un ciudadano mexicano; se ayudó a borrar las fronteras entre las actividades de los adultos y los no-adultos, se favoreció una mayor participación de los jóvenes en la vida pública y se avanzó en la consolidación de un meta relato social sobre la juventud5.

En nuestros días, la decisión acerca de quiénes pueden participar en las elecciones es parte crucial de todo régimen democrático porque supone tomar una posición acerca de la posibilidad de que un determinado grupo social goce de plenos derechos políticos a partir de una consideración etaria.  Por ello, hablar de la ampliación de derechos democráticos es una apuesta para que las y los jóvenes cuenten con una herramienta de participación política que se pueda traducir en acciones y decisiones para la sociedad de la que forman parte6.

En este sentido, es importante considerar que una persona de 16 años de edad puede adquirir derechos y responsabilidades. Esto significa que los y las jóvenes cuando llegan a los 16 años han completado la educación secundaria obligatoria proporcionada por la sociedad, han adquirido la madurez y los conocimientos básicos en historia, temas sociales y otras asignaturas que les permiten ser ciudadanos socialmente responsables. Por tal motivo, la extensión del derecho a la ciudadanía para los jóvenes de 16 años supone el otorgamiento de uno de los principales derechos democráticos, en tanto la sociedad asume que a esa edad los jóvenes ya son sujetos que podrán hacer uso de él responsablemente.

Es oportuno destacar que el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de México refiere que la ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia.

Por ello, la posibilidad de una rebaja en la edad en la que se accede al derecho al voto desde los 18 a los 16 años permite ampliar el concepto de ciudadanía, de manera que se dé cabida en él a las y los jóvenes de 16 a 18 años, que en la actualidad se encuentran excluidos de tal consideración; asimismo, el adelanto de la edad podría contribuir a reforzar el sentimiento cívico de las y los jóvenes, estimular su interés por la política o aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones. Desde el punto de vista educativo, la extensión del derecho al voto a partir de los 16 años sería un instrumento eficaz para educar socialmente a los adolescentes, la participación de este grupo en los procesos electorales redundaría también en beneficio de la sociedad, al poder contar con ciudadanos jóvenes, interesados por los asuntos públicos, responsables y participativos.

Por tanto, la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad constituye un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta franja de la juventud, con lo cual, además, se adquirirá la ciudadanía y los derechos políticos que van aparejados, tales como:

• Votar en las elecciones populares.

• Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

• Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.

• Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

• Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

• Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

• Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.

• Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional

Por tal motivo, extender el derecho de sufragio a los mayores de 16 años implica una profundización significativa de la democracia moderna e inclusiva, toda vez que significa una ampliación de la base y la legitimidad ciudadana, al asegurarle a una mayor cantidad de personas la facultad de participar activamente en la toma de decisiones.

De este modo, se parte del supuesto de que a mayor cantidad de individuos que ejerzan efectivamente sus derechos políticos, mayor será la calidad y el contenido democrático de la comunidad política. Cabe enfatizar que la organización internacional Save the Children señala que rebajar la edad de sufragio a los 16 años puede suponer un buen comienzo para lograr un cambio en la cultura de participación infantil en nuestro país. 

Por ello, esta importante y destacada organización de la sociedad civil considera que la propuesta de reducir la edad es un primer paso para garantizar la participación de las y los jóvenes en la vida pública y en la toma de decisiones que les afectan, y es una forma idónea de asegurar su condición de sujetos activos de derecho7.

Además, la organización señala que para garantizar una participación real no solo se debe reducir la edad mínima para votar, sino que el Estado debe dar voz a la infancia estableciendo espacios de aprendizaje y participación ciudadana; y se debe garantizar un acceso a la información significativa y relevante. A manera de ejemplo, es preciso señalar que en el derecho comparado existen diversos países en los que el derecho al voto se alcanza a una edad más temprana, tales como: Irán (15), Cuba (16), Indonesia y Argentina (17). En Bolivia, Brasil y Ecuador el voto (de carácter obligatorio) es optativo entre los 16 y 17 años.

En Europa solo dos países tienen reconocido el derecho al voto a los 16: Austria (desde 2007) y Chipre (donde el voto además es obligatorio)8. En la legislación de algunos cantones suizos también se reconoce el derecho al voto a los mayores de 16 años. Además, resulta oportuno recordar que un proceso reciente muestra el impacto posible de la ampliación del voto a los adolescentes de 16 y 17 años. Este caso se refiere al referéndum por la independencia de Escocia en 2014.

En este sentido, se amplió la posibilidad del voto de los 18 a los 16 años. Lejos de la idea de que a este grupo de edad no le importaba la cosa pública, los adolescentes escoceses participaron masivamente (89%) en el referéndum sobre la independencia de Escocia9. En el mismo tenor, la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) del Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe que solicita la reforma de la ley electoral de la Unión Europea para las próximas elecciones de la UE de 2019.

Entre otras innovaciones, el proyecto de resolución propone la armonización de la edad mínima de los votantes a los 16 años10. De este modo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso en una de sus resoluciones la extensión de la edad del voto a los 16 años, con el objetivo final de fortalecer la democracia en Europa.

Por otro lado, la comisión constituida en el Reino Unido para analizar el tema de la edad del voto The Electoral Commission11, señaló que la edad apropiada para votar no necesariamente está relacionada ni tiene porqué estar vinculada a otras edades en las que se adquiere otro tipo de responsabilidades.

Por ello, establecer la edad mínima de 16 años para adquirir la plena ciudadanía y la mayoría de edad, tiene que configurarse como una reforma democrática necesaria, ya que pone en manos de las y los jóvenes una herramienta de participación política por la cual ellos pasan a ser sujetos de pleno derecho al acceder a la posibilidad de participar por medio del sufragio en las decisiones de la sociedad de la que forman parte.

Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para facilitar la comprensión y el sentido de la adición propuesta:

Dice

Debe decir

Artículo 34. – Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. …

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República las personas que, teniendo la calidad de mexicanas, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 16 años, y

II. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo único. - Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República las personas que, teniendo la calidad de mexicanas, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 16 años, y

II. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.

1 Gianfranco, Poggi. The State, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1990. p.28.

2 https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Ciudadania-Activa.pdf

3  Ibid.

4 El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia
http://www.injuve.es/sites/default/files/5LourdesGaitan.pdf

5 Ortíz Leroux, Jaime Eduardo, “El sujeto de la ciudadanía en la Constitución Mexicana”, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt16.pdf

6 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004937.pdf

7 BAJAR LA EDAD PARA VOTAR A LOS 16 AÑOS: UN PRIMER PASO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
https://www.savethechildren.es/notasprensa/bajar-la-edad-para-votar-los-16-anos-un-primer-paso-para-garantizar
-los-derechos-de-la

8 https://elpais.com/elpais/2015/11/20/3500_millones/1447996680_144799.html

9 https://elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411034807_844576.html

10 https://www.votewatch.eu/blog/strong-ep-majority-prepares-harmonisation-of-eu-elections-rules/

11 The Electoral Commission, Age of electoral majority: report and recommendations, 2004, parágrafo 3.16

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos De la Torre. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Omar Obed Maceda, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 27, 28, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento al pueblo y comunidades afromexicanas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 27, 28 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE RECONOCER AL PUEBLO Y COMUNIDADES AFROAMERICANOS, SUS APORTES A LA CULTURA Y A LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL

(Presentada por el Senador Omar Obed Maceda Luna, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afromexicanas sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la conformación de la identidad nacional, para que sea turnada, discutida y, desde luego, aprobada.

Debemos tener en cuenta que la población afromexicana, el cual es el término correcto, no ha sido a la fecha reconocida de manera constitucional como parte de nuestra cultura, a diferencia de los pueblos indígenas que afortunadamente ya gozan de todos los derechos constitucionales, además de la garantía y protección de las instituciones que el propio Estado mexicano les otorga

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto que la población afrodescendiente tenga el mismo reconocimiento que estos pueblos de origen y raíz indígena.

Es necesario que se les reconozca y respete, pero no sólo de manera denominativa, como se ha pretendido, como ha sido hasta la fecha, sino que sea de manera institucional, es decir, que este pueblo afrodescendiente y afromexicano puedan ser sujetos de derecho público.

Debemos recordar que el origen que se encuentra en nuestro territorio nacional es que durante toda la conquista y parte de la colonia fueron arrancados de manera violenta poblaciones enteras y fue la manera en la que llegaron a nuestro país.

Por ello, sus condiciones poco han cambiado y miles de ellos viven al margen de todas las instituciones, porque se han ignorado sus derechos de manera sistemática, al igual que en algún momento nuestros pueblos indígenas.

Por ello es necesario que impulsemos esta reforma, para que los tres niveles de gobierno realicen campañas informativas de sensibilización, de su existencia, que tomen en cuenta su historia, sus tradiciones y su cultura.

Datos del Inegi nos indican que un porcentaje, que es el 1.16 por ciento, de nuestra población nacional se identifica plenamente como afromexicana y de acuerdo también al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, refieren estos estudios que las personas afromexicanas enfrentan diariamente obstáculos en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

Las contribuciones históricas de estas comunidades han sido pasadas por alto en estos 500 años y, por tanto en las instituciones como nuestra población todavía existen prejuicios, actitudes y conductas que discriminan a esta población.

Por eso es importante la reforma para incluirlos plenamente en nuestra Constitución como una raíz cultural, social, histórica, y debemos acompañar esto de recursos presupuestales, desde luego, porque si no, no tendría sentido esta reforma para que a través de los gobiernos se puedan reconocer sus demandas.

La presente iniciativa, además, pretende saldar la deuda histórica con las personas afromexicanas y cumplir con los mandatos internacionales reconociéndolos, insisto, plenamente en nuestra Constitución como una raíz histórica de nuestra nación mexicana.

No podría retirarme de este espacio sin hacer mención que esta iniciativa fue originalmente presentada por la entonces Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, en el año 2013 en la LXII Legislatura, y pues la saludo desde aquí, está presente con nosotros en este espacio, en este Senado de la República, dándole continuidad y, desde luego, seguramente con mucha alegría sabrá que esta Legislatura fue sensible a esta primera iniciativa de hace ya varios años.

Finalmente, reitero que por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto para reformar los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que con esto los pueblos y comunidades afromexicanas sean reconocidas, así como su aporte histórico, cultural y sus derechos.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Maceda Luna. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Vanessa Rubio se adhiere a esta iniciativa.






Tiene el uso de la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de organización de grupos parlamentarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente.

Me permito someter a la consideración de este Pleno Camaral la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de grupos parlamentarios en el Senado de la República.

La finalidad de la presente iniciativa es brindar a los grupos parlamentarios en el Senado de la República certeza jurídica y sustento constitucional que todavía no se tiene.

Nadie podía imaginar el funcionamiento del engranaje legislativo sin la existencia de los grupos parlamentarios, que son cuerpos colegiados, sin los cuales resulta impensable la vida camaral en virtud de que su actuar resulta de vital importancia para el funcionamiento de las Cámaras del Congreso, ya que a través de ellos se generan posicionamientos y se logran acuerdos políticos que se ven reflejados en las decisiones legislativas.

Aunque parezca sorprendente, esta omisión constitucional data desde la época en que se llevó a cabo la reforma política en 1977, y desde entonces los grupos parlamentarios en esta Cámara no cuentan con el debido sustento jurídico que el caso requiere, y aunque por práctica parlamentaria siempre ha existido, me parece que es el momento adecuado para que se impulse una reforma constitucional de este tipo a fin de institucionalizar su existencia, y de esta manera puedan los grupos parlamentarios contar con la debida naturaleza constitucional que el caso requiere.

Considero que al ser el Senado de la República uno de las entes facultados para presentar iniciativas de ley o decreto de acuerdo con el artículo 75 constitucional, en que es nuestra obligación velar para que se lleve a cabo una adecuación armónica de todos los ordenamientos jurídicos vigentes y muy especialmente de los casos que se vinculan con la armonización constitucional del funcionamiento y trabajos en las Cámaras del Congreso de la Unión.

La institucionalización y la consolidación del pluralismo político dentro de las Cámaras del Congreso se convierten en una acción indispensable, ya que los grupos parlamentarios son un mecanismo jurídico de la democracia representativa que permite canalizar con eficacia los intereses de los diferentes sectores de la población.Los grupos parlamentarios son en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la forma de organización institucionalizada de los partidos en el interior de aquellas.

Por eso, la existencia de este tipo de agrupaciones se podría remontar desde el siglo XIX, específicamente en el contexto de la consumación de la Independencia y con la entrada en vigor de la Constitución de 1824; sin embargo, me parece que es a partir de la reforma política de 1977 cuando se debe considerar el momento determinante para su existencia institucional.

Desde cualquier perspectiva, esta reforma constitucional modificó la fisonomía política y legislativa de nuestro país, en virtud de que representó, en su momento, una pauta de la que después se desprendieron gradualmente diversas reformas que fueron aportándole elementos importantes a la democracia mexicana y al sistema de partidos que han existido en México en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, con dicha reforma el artículo 70 constitucional, en cuanto a agrupaciones políticas se refiere, sólo se concretó la existencia en el seno de la Cámara de Diputados, dejando fuera de dicha reforma al Senado de la República.

Por ese motivo hoy vengo a exponer y, en atención a la labor dinámica de la actualización legislativa, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Único.- Se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 70.- La ley respectiva determinará las formas y procedimientos para la agrupación voluntaria de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideologícas representadas en cada una de ellas.

Es cuanto, señor Presidente.

Mucha gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Salomón Jara. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Antes de continuar con la presentación de iniciativas, quiero saludar la visita de un grupo de parlamentarios canadienses que se encuentran en esta sede, como parte del ParlAmericas.

Se encuentra, entre otros, el honorable Diputado Robert Nault, Presidente de la Sección Canadiense del ParlAmericas y Presidente de ParlAmericas Internacional.

¡Sea muy bienvenido!

También se encuentra la Senadora Rosa Gálvez, Vicepresidenta de la Sección Canadiense del ParlAmericas.

¡Bienvenida, muy bienvenida!

Se encuentra también la Honorable Kellie Leitch, integrante de la Sección Canadiense de ParlAmericas.

Y el señor David Christopherson, miembro de la Sección Canadiense del ParlAmericas.

Les damos la más cordial bienvenida, a todos los integrantes de esta delegación de parlamentarios y parlamentarias canadienses, que han llegado a tener una buena cantidad de reuniones el día de hoy en este Senado de la República, han estado aquí hoy desde las 8:00 de la mañana en reunión tras reunión.

¡Les damos una cordial bienvenida!

Están en su casa, este Senado de la República los saluda con amistad y con afecto. Gracias.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de lactancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 170; Y REFORMA LAS FRACCIONES XVII Y XVII BIS DEL ARTÍCULO 132; Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO  170; Y ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN IV BIS Y VI AL ARTÍCULO 170     Y  RECORRE  LOS  SUBSECUENTES  DE  LA  LEY  FEDERAL  DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

La familia constituye la base principal del tejido social.

El artículo 16, numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y del Estado.

La situación económica actual por la que atraviesan las familias mexicanas propicia con mayor frecuencia que madres y padres dediquen más tiempo a actividades laborales que a la crianza de sus hijos.

De acuerdo al INEGI, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas semanales al cuidado de sus hijos, mientras que los hombres dedican sólo el 9.7 por ciento de este tiempo, el resultado es que las niñas y niños tienen poco bienestar en sus vidas.

Dentro del marco jurídico actual, la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho al permiso de maternidad y paternidad, respectivamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas y primarias de las niñas y niños recién nacidos.

Esta etapa, la primera infancia es una de las más importantes por ser un momento único en el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas; sin embargo, la realidad de muchas mujeres y de muchos hombres es que no pueden acceder a este derecho laboral ya que se encuentran dentro del empleo informal.

Se estima que cerca del 60 por ciento de los trabajadores en México se desempeñan dentro de la informalidad, lo que ocasiona que las y los trabajadores no puedan contar de lleno con estos derechos laborales.

Por otra parte, el Estado debe garantizar el derecho de las personas a un trabajo remunerado, sin que se descuide o se renuncie por completo a una vida familiar.

La Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 183, hace referencia a diversos convenios internacionales orientados a la igualdad y oportunidad de trato para trabajadores y trabajadores, y considerar que la protección del embarazo es una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, conformada por cinco elementos: la lactancia materna, la licencia de maternidad, la protección del empleo, las prestaciones pecuniarias y médicas y la protección de la salud.

Aunado a lo anterior, la propia Organización Internacional del Trabajo emitió la Recomendación 191 que propone extender la licencia de maternidad, su ampliación en casos de nacimientos múltiples y la extensión de las mismas garantías en caso de adopción.

Para el Partido Acción Nacional la familia constituye el espacio primario de responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y afecto ante contingencias y amenazas.

En este sentido, la presente iniciativa va encaminada a varios aspectos.

Primero. Incrementar el permiso de paternidad para facilitar las atenciones a los nuevos integrantes de la familia y que puedan pasar los primeros días de vida unidos.

Segundo. Incrementar el tiempo de las madres en periodo de lactancia para alimentar a sus hijos.

Tercero. Otorgar el derecho a la flexibilidad en el horario laboral a las madres trabajadoras que se encuentren en periodo de lactancia.

Cuarto. Permitir que, en casos extraordinarios, las madres trabajadoras puedan llevar a sus hijos a sus respectivos establecimientos de trabajo, siempre y cuando las condiciones del establecimiento no pongan en riesgo la integridad del menor y previo acuerdo con el patrón.

Por último, actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla que en los casos de prórroga de días que rebasen los que actualmente se encuentran estipulados en la fracción II del artículo 70 de la ley, por imposibilidad para trabajar a causa del embarazo o del parto, sólo tendrá derecho a percibir el 50 por ciento de su salario por un periodo no mayor a 60 días, lo cual pone en vulnerabilidad económica y social a las madres trabajadoras y a sus hijos, toda vez que en ocasiones, por causas de fuerza mayor o riesgos de parto, muchas mujeres necesitan más semanas de descanso que las que actualmente se encuentran estipuladas por la ley, por lo que se busca salvaguardar su seguridad social y reforzar su seguridad laboral y salarial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de Decreto.

Artículo Único. Se deroga la fracción V del artículo 170; y se reforman las fracciones XXVII y XXVII Bis del artículo 132; la fracción IV del artículo 170; y se adiciona una nueva fracción IV Bis y VI al artículo 170 y recorre los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos.

En el caso de las madres trabajadoras, brindar los derechos establecidos en el artículo 170 de la Ley.

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de veinte días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores, para el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción.

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogará por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.

IV. En el periodo de lactancia un periodo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de cuarenta minutos cada uno, para alimentar a sus hijos en el lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando ésta no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado.

IV Bis. En el periodo de lactancia podrán solicitar flexibilidad en el horario laboral previo acuerdo con el patrón.

V. Se deroga.

VI. En casos extraordinarios, llevar a sus hijos a su establecimiento de trabajo, siempre y cuando las condiciones del establecimiento no pongan en riesgo la integridad del menor y con previo acuerdo con el patrón.

Artículos Transitorios.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero. Si la entrada en vigor del presente dictamen: el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no ha ratificado los Convenios 183 referente a la protección de la maternidad y el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional de Trabajo, tendrá un plazo de 30 días naturales para turnar dichos convenios al Senado de la República para su ratificación.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se adhiere la Senadora Gina Cruz Blackledge a esta iniciativa.






Tiene la palabra el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, en materia de aumento de penas por delitos sexuales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261; EL ARTÍCULO 262; EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 265; Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor Presidente. Muchas gracias. Senadoras y Senadores, amigas y amigos que nos ven en el Canal del Congreso:

México ha transitado por una etapa que nos debe de llenar de vergüenza. En los últimos años, México es el referente de la violencia infantil en menores, la violencia que castra, que lastima, que deja sin esperanza a hogares.

Según la OCDE, México es el primer lugar mundial en abuso sexual, violación, violencia física y homicidio en menores, ese es el lugar que ocupa México y que nos debe de alertar.

La Procuraduría General de la República contabilizó en el 2017 apenas 243 denuncias por abuso sexual infantil, impunidad, complicidad, corrupción.

Entre el 2012 y el 18, se muestra que han sido presentados 78 mil casos, al Ministerio Público, casos que significan para familias mexicanas, desesperanza, frustración, impotencia.

Ha habido un debate en los últimos meses sobre endurecer las penas.

Hay familiares, de las víctimas, que acudieron con nosotros a exponernos su tragedia, su drama familiar, hay quienes con el llanto en los ojos nos exigieron abordar el tema de la castración química, hay quienes sin resignarse a la pena de un menor, exigieron a los legisladores la pena de muerte.

Durante dos meses analizamos, revisaremos la convencionalidad a la que México se debe de acatar para preservar los derechos humanos de sus habitantes.

Por eso es que esta iniciativa busca endurecer, busca endurecer las penas al grado de pasar de prisión de 8 a 20 años, actualmente, por violación en función de la naturaleza de su agravio, a prisión de 30 a 50 años, de 20 a 50 años.

¿Cómo explicarle a 4.5 millones de hogares que han perdido a un familiar por violencia, a un niño, a una niña?

¿Cómo explicarle que la impunidad y el abuso del poder y que los sistemas de procuración de justicia no entienden la tristeza y la desesperanza de los hogares que ven mancillado a un hijo, cómo explicarles a ellos?

No hay palabras para consolar a los padres de familia o los hermanos.

Por eso es que esta iniciativa busca endurecer, para el caso de abuso sexual, actualmente se encontraba de 6 a 10 años de prisión, para pasar de 10 a 30 años de prisión, y dependiendo de las características del delito, hasta 40 años.

Es necesario por nuestras familias, por México, por Puebla.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 265 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras haber sufrido un abuso sexual, violación o en su caso pederastia, la persona suele mostrar las siguientes secuelas físicas:

• Embarazo no deseado tras haber sido obligada a mantener relaciones sexuales sin protección.

• Lesiones diversas: tales como golpes, heridas, desgarros en la zona de la vagina o traumatismos, dolores en la zona de la pelvis de manera crónica, síndrome del intestino irritable.

• Algún tipo de trastorno menstrual.

• En el caso de haberse dado la violación durante el embarazo la víctima puede mostrar: hemorragia vaginal, peligro de aborto, muerte fetal, parto prematuro, etc.

• Contagio de una enfermedad sexual (ETS) o alguna infección del tracto urinario gracias a las heridas ocasionadas en la zona de la vagina o la presión realizada en el momento de la penetración.

• Disfunción sexual de por vida o una gran parte de ella.
 
Las consecuencias psicológicas pueden surgir de manera inmediata o pasado un tiempo desde el abuso sexual, violación o en su caso pederastia, entre ellas pueden estar:

• Estrés postraumático.

• Sentimiento de culpa, debilidad, vergüenza, de tristeza, llegando incluso a la depresión, baja autoestima.

• Flashback, recordando de manera repetitiva la agresión o sufriendo pesadillas en las que revive el momento y lo que se sintió en él o confusión entre lo real y lo imaginario, llegando a dudar si la agresión fue real o tan solo producto de la mente, trastornos del sueño.

• Problemas de percepción corporal o trastornos de la alimentación, así como repulsión o asco por el propio cuerpo,

• Aislamiento social: La persona que ha sufrido un abuso sexual suele aislarse de la gente por miedo, desconfianza, vergüenza, etc.

• Pérdida del apetito sexual e intento de evitar situaciones sexuales.

• Pensamientos suicidas y autolesiones, como consecuencia de la pérdida de autoestima, de estrés, de depresión, etc.

• Abuso de sustancias, como por ejemplo alcohol, drogas, fármacos, etc.

• Adopción de comportamientos de sumisión o violencia hacia los demás, miedo intenso, paranoia, irritabilidad o enfado.

Dentro de los datos que proporciona la Procuraduría General de la República (PGR) se contabiliza apenas 243 denuncias por abuso sexual o violación infantil en México durante los últimos seis años y medio, mientras que, organizaciones civiles reportan más de 150 mil casos que no han sido denunciados durante el mismo periodo.

Respecto de los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México se colocó en el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violación, violencia física y homicidio de menores durante 2017.

Alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos han sido víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y violación, sin embargo, solamente se da a conocer que hay un registro del 2% de estos casos.

Haciendo un comparativo del sexenio 2012-2018 se muestran que han sido presentados 78 mil 727 casos ante algún Ministerio Público, por lo que en el año en que más casos se reportaron fue 2012 que tuvo un registro de 14 mil 570 casos de abuso y violación sexual, mientras que el año con la cifra más baja fue en el año 2015 con 12 mil 282 casos.

El promedio anual registrado en el periodo referido es de 13 mil 121 casos; es decir, un promedio de 36 denuncias por día. Es trascendente que, al hacer un análisis por mes, el promedio más alto se registra para los meses de mayo de los años referidos, con mil 218 casos en cada uno de los años considerados, en segundo lugar, se encuentran los meses de octubre, con un promedio de mil 187 casos, y en los que menos casos en promedio se registran son los de diciembre, con 924, seguidos de los meses de enero, en los que se promedia un número de 987 casos.

Ahora bien, para no dejar impune este acto delictivo, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados presentó el pasado seis de junio de dos mil dieciocho un punto de acuerdo por el que se exhortó a los congresos locales a homologar sus Códigos Penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal, siendo el eje central de su exposición de motivos que 25 de las 32 entidades que conforman a la federación mexicana NO tipifican y consideran como delito grave la pederastia.

Así también el pasado 18 de julio del 2018, Pedro Alejo Rodríguez líder de la Organización Ciudadano Empoderado y excandidato independiente a la alcaldía de Monterrey, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local para solicitar que se abra un debate para plantear el endurecimiento de penas en la entidad consistente en pena de muerte y castración química para violadores y pederastas, luego del caso de la muerte de la menor Ana Lizbeth Polina Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en un terreno baldío, en Juárez, Nuevo León.

De igual manera la activista Rosa Margarita Ortiz Macías, el día 13 de octubre del 2018 propuso la pena de castración química y pena de muerte para violadores con el objeto de combatir para combatir la ola de violencia que azota a San Luis Potosí y a todo México, la iniciativa la presentó en el Foro Ciudadano por la Reconciliación y la No Violencia que tuvo como sede el Colegio de San Luis. Esta activista Rosa Margarita fue víctima de una agresión sexual que sufrió abordo de un autobús cuando circulaba sobre la carretera federal México 57, sin embargo, este es uno de los pocos casos que son denunciados.

En México, los peores casos de pederastía son los cometidos por los sacerdotes de la iglesia católica, pues se conocen más de 500 casos de niños violados por sacerdotes católicos desde Marcial Maciel Degollado a la fecha, ante las sospechas de encubrimiento de la Iglesia y también de la justicia mexicana.

Sin embargo en el primer trimestre del 2018, se registró un aumento de ocho por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, además de que entre 2015 y 2016 hubo alrededor de 30 mil casos.

De acuerdo a datos presentados por el ya mencionado ex legislador Germán Ernesto Ralis Cumplido menciona que la impunidad de este delito en localidades de Guerrero, así como ciudades como Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula ha convertido a nuestro país en un destino de turismo sexual para pederastas extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, siendo éste un fenómeno que aumenta día con día. Así también refirió que en los estados donde no se tipifica la pederastía como delito grave, deja como consecuencia el otorgamiento de  la libertad a aquellas personas que invadieron y dañaron la intimidad y seguridad de los infantes pagando una fianza que oscila entre los tres días y hasta mil 200 días de salario mínimo.

Ahora bien, la violación es uno de los delitos sexuales que se cometen con mayor frecuencia en México, sin embargo, es de gran relevancia expresar que por el estigma y la victimización que hay en nuestro país, trae como consecuencia que muchas de las mujeres, niñas y niños que han sido agredidos no denuncien ante la autoridad. Un abuso sexual es una experiencia traumática de naturaleza sexual que atenta contra el bienestar psicológico y físico de la persona.

Las consecuencias que derivan de una violación sexual se pueden clasificar en físicas o psicológicas, mismas que marcarán la vida de las víctimas y por lo regular las víctimas de un abuso sexual de acuerdo con las etapas de la vida ocurre en base a los siguientes porcentajes: del 100% de las víctimas el 44% ocurre en la etapa de la Infancia, el 24% ocurre en la Adolescencia, el 29% ocurre en la Edad Adulta y el 3% restante no especifica la etapa de la vida.

Dentro del abuso sexual a menores, podemos mencionar que es un delito que ha afectado a más de 120 millones de menores a escala global en la última década, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Así también, como ya se mencionó con anterioridad, de acuerdo a la OCDE,en  México se ocupa el primer lugar en materia de abuso sexual, de menores de 14 años de entre todos los países que la conforman dicha organización, siendo que los datos de la agencia internacional muestran que alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delito y lo peor del caso es que solamente se dan a conocer el 2 por ciento de los casos.

De acuerdo a las estadísticas de la INEGI demuestra que la tasa de prevalencia del delito de abuso sexual es de cinco mil 89 casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, la edad promedio de la víctimas es de 5 a 7 años en donde el 77% son mujeres, y en todos los casos la víctima conoce al agresor, siendo: el hermano en 19%; el padrastro en el 18%; el tío en un 16% y el padre en un 15%.

Hemos de hacer hincapié que la pena de castración química y pena de muerte para violadores y pederastas, va en contra del Derecho Humano a la integridad física ya la vida, así como el Derecho Humano y Garantía Individual de derecho a la Vida, por lo que al ser excedente y vulnerante de dichos preceptos, se propone endurecer la pena para las personas que cometan el delito de pederastia, violación así como para quien cometa el delito de  abuso sexual, aumentando la pena de prisión por la comisión de cualquiera de los delitos. 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 265, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:

I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;

II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad.

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a treinta y cinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de diez a treinta años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de quince a cuarenta años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de cinco a veinte años de prisión.

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de treinta a cincuenta y cinco años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de treinta y cinco a sesenta años de prisión:

I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;

II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 265 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL para quedar como sigue:

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a treinta y cinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de diez a treinta años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de quince a cuarenta años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de cinco a veinte años de prisión.

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de treinta a cincuenta y cinco años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de treinta y cinco a sesenta años de prisión:

I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;

II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesión del Senado de la República, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Alejandro Armenta Mier.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Armenta Mier. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, primer párrafo y 32-D, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, en materia de compensación universal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, PRIMER PÁRRAFO Y 32-D, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis Pech Várguez)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

Presento esta iniciativa a nombre propio, de mi grupo parlamentario y de mis compañeros Senadores Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este Senado, y José Luis Pech Várguez, integrante de la misma, a quienes reconozco su sensibilidad en la búsqueda de alternativas en beneficio de los contribuyentes cumplidos de este país.

Senadoras y Senadores, cuando en diciembre pasado esta Soberanía aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio fiscal, se estableció una afectación para los contribuyentes cumplidos al eliminar la compensación universal, es decir, la posibilidad de que sus obligaciones fiscales pudieran extinguirse con los saldos que se tuvieran a favor. En su iniciativa, el Ejecutivo Federal argumentó que la compensación universal, supuestamente, ha venido abriendo espacios para la evasión fiscal y que eso ha sucedido en virtud de la posibilidad de utilizar el beneficio de la compensación con saldos a favor, que son ilegales por estar soportados en comprobantes fiscales falsos, en operaciones inexistentes o simuladas.

Sin embargo, tal como lo manifesté en esta tribuna al presentar mis reservas a la Ley de Ingresos, aunque esta medida puede estar orientada en buenas intenciones, es a los contribuyentes cumplidos a quienes injustificadamente se les obliga a pagar los platos rotos. Por poner algunos ejemplos, contribuyentes cumplidos que llevan a cabo operaciones en los sectores de alimentos, farmacéutico, maquiladores y exportadores son a quienes se les causan mayores problemas en sus flujos operativos, que son completamente lícitos.

Teniendo esta problemática en mente, habiendo concluido el periodo ordinario, en diciembre los Senadores Alejandro Armenta, José Luis Pech, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, José Narro y una servidora nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar mecanismos que pudieran atemperar el impacto para los contribuyentes cumplidos. Producto de esa reunión y de la sensibilidad de los funcionarios hacendarios son las reglas misceláneas que se publicaron el mes pasado.

No obstante, quienes suscribimos esta iniciativa consideramos que si bien dichas reglas implican un avance, no resuelven el problema de fondo, pues para este ejercicio fiscal los contribuyentes cumplidos seguirán estando imposibilitados para compensar los saldos a favor que tengan y se mantendrán afectaciones en sus flujos operativos. Pero tampoco podemos soslayar la tipología de evasión fiscal que fue identificada por la autoridad hacendaria, pues los informes remitidos al Congreso de la Unión, por parte de la Secretaría de Hacienda, claramente muestran un incremento injustificado en las compensaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado.

Es por tanto necesario que este Senado de la República establezca una nueva regulación que, por una parte, permita cerrar los espacios a la evasión fiscal y, por la otra, que no implique afectación alguna a los derechos de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales sustantivas; es decir, con aquellos que sí realizan el pago de las contribuciones a su cargo.

En este sentido, los Senadores promoventes estamos proponiendo dos cambios:Primero, que la constancia que emita el Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente tenga que estar referido necesariamente a las obligaciones de carácter sustantivo, de tal manera que la autoridad fiscal haga constar el debido y oportuno pago de las contribuciones a su cargo.Esta constancia implicará que el contribuyente actúa de buena fe y que ha cumplido debida y oportunamente con el pago de sus adeudos a la hacienda pública.

En segundo lugar, se propone reformar el artículo 23 del Código Fiscal para establecer que aquellos contribuyentes que cuenten con esa opinión favorable del SAT sí podrán ejercer plenamente el derecho a la compensación universal, esto es, aplicando los saldos que tengan a su favor en contra de las cantidades a las que estén obligados a pagar, ya sea por adeudos propios o por retención a terceros, siempre y cuando deriven de impuestos federales distintos a los de importación, que los administre la misma autoridad y que no tengan un destino específico.

De esta manera, se está garantizando el pleno respeto a los derechos de los contribuyentes reestableciendo para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales sustantivas, el ejercicio a la compensación universal, y sin que ello obstaculice los mecanismos tendientes a evitar la evasión fiscal que fue identificada a partir de la compensación indebida de saldos a cuyo origen es ilícito.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Hernández Ramos. Se turna a la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra el Senador Primo Dothé, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de servicio social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL

(Presentada por el Senador Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Primo Dothé Mata: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Legisladores, la presente propuesta de reforma a diversos ordenamientos tiene como propósito fundamental establecer mecanismos que den un impulso a la práctica del servicio social entre los pasantes de las profesiones para la salud y sus diversas ramas, a efecto de orientarlo privilegiando la atención a personas con distintos padecimientos y situaciones de vulnerabilidad, personas con alguna discapacidad, adultos mayores.

Y aquí quiero mencionar algunos índices en esta parte nada más.El 20 por ciento de los adultos mayores viven en estado de soledad; el 25 por ciento de adultos mayores viven en condiciones bajas de bienestar; el 16 por ciento de adultos mayores en nuestro país viven en estado de abandono y de maltrato.

Sectores vulnerables como los pacientes en su salud mental, trastornos en el desarrollo de la infancia, enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras. Actualmente el servicio social en nuestro país, partiendo de una visión general que incluye el ámbito legislativo, administrativo, académico y social ha logrado convertirse en un mecanismo de vinculación y participación social, esto aunado a su contribución en la formación integral y profesional de un sinfín de generaciones. Es decir, su propósito fundamental es la socialización del conocimiento que producen las instituciones de educación, procurando que sus resultados incidan e impacten en la vida social.

De esta forma, Senadoras y Senadores, el servicio social se inscribe en el fortalecimiento de valores, actitudes entre los estudiantes, en la promoción de la vinculación y la concertación social; asimismo, las iniciativas de responsabilidad compartida mediante planes y programas institucionales con la finalidad de articular actividades entre los estudiantes y los diversos sectores sociales. El servicio social tiene ese propósito fundamental que produzcan las instituciones de educación en ciencia, tecnología y cultura, principalmente.

En tal sentido, y tomando ese marco de realidad social que los padecimientos y situaciones de vulnerabilidad que expuse han presentado un incremento sistemático en los últimos años en nuestro país, mientras que las legislaciones respectivas han tenido atención en algún caso hace 74 años, en otro caso hace 32 años, por lo que considero la pertinencia de generar un mecanismo que canalice de manera efectiva la prestación del servicio social hacia estos padecimientos y situaciones de vulnerabilidad y que sin duda fortalecería en gran medida la salud pública, la justicia social y la equidad en nuestro país.

De tal modo que el objetivo primordial de mi propuesta es asegurar que en la práctica del servicio social se dirija preponderantemente a grupos vulnerables. El incremento apabullante del número de personas en estas condiciones hace que resulte imperiosa la necesidad de coadyuvar en su atención integral.

Por lo mismo, por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para:

Primero. Reformar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 53. Se entiende por servicio social, el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado, privilegiando los grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y/o alguna discapacidad.

Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes, en ésta se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico. Asimismo, para la prestación del servicio social al que se refiere.

En el párrafo anterior se tendrá como prioritaria la atención a los grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y de discapacidad.

Tercero. Se reforman los artículos 87 y 88 de la Ley General de Salud para quedar como sigue.

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas de primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social y a grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y discapacidad.

Artículo 88. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud en beneficio de la colectividad y de los grupos vulnerables, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un término de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto se harán las modificaciones necesarias a los reglamentos respectivos para incluir dentro de los padecimientos a los que se hace referencia, los siguientes: trastornos en salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles, personas en edad avanzada y personas con discapacidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Primo Dothé. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA    LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD   HACENDARIA

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Con tu permiso, señor Presidente.

El día de hoy presento esta iniciativa que tiene como propósito reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir a los migrantes en los grupos prioritarios que se contemplan en dicho artículo, a fin de que no se pueda realizar reducciones a sus programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a este grupo social.

Quiero destacar la constante que se ha presentado desde la presentación y aprobación del paquete económico para el 2019, y es la desaparición de fondos y programas o disminución hasta hacerlos inoperantes, situación que, por demás, preocupa ya que se trata de temas que para muchos mexicanos resultan prioritarios.

Desde años anteriores existían dos fondos para apoyo de migrantes: el Fondo para Migrantes y el Fondo para Fronteras. El primero de ellos destinado principalmente a mexicanos en retorno para ayudarles a encontrar una oportunidad dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, fomentar la operación de albergues o brindar recursos para pasajes terrestres para el regreso a sus lugares de origen.

En cuanto al Fondo para Fronteras, se destinaba para obras de equipamiento urbano, infraestructura e imagen urbana, proyectos de desarrollo económico, de fomento a la competitividad en las entidades federativas o municipios, en cuyos territorios se encuentran las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Los recursos de este fondo eran prioritarios para estados y municipios ya que se podían utilizar de manera indistinta, tomando en cuenta el flujo migratorio de estancia permanente o de paso, de los repatriados migrantes que necesitan regresar a sus países de origen. Al igual que Tamaulipas, muchos de los estados fronterizos enfrentan un doble flujo migratorio al ser expulsores y receptores de migrantes y repatriados.

Para este año, en el 2019, los fondos de atención a migrantes desaparecieron y no resultaron prioritarios para el Ejecutivo Federal. La Dirección General de Servicios Consulares, encargada de atender a compatriotas que viven en el extranjero y de darles asesoría legal de trámites, tuvo la misma suerte ya que el Ejecutivo propuso una disminución de un 82 por ciento en relación con lo que se contaba en el 2018.

En el presupuesto de todos estos programas se ha dejado de lado, primero, la mayoría de las entidades que recibían apoyos de los fondos para migrantes son receptoras de paisanos repatriados, sólo por mencionar un ejemplo. Tamaulipas ocupa el segundo lugar que recibe más mexicanos repatriados de los Estados Unidos de Norteamérica, sólo durante el 2016 se recibieron casi 60 mil personas, con esa calidad migratoria, únicamente por debajo de Baja California. Segundo, que se trata de estados receptores de migrantes que intentan cruzar al país vecino y que ahora, con las caravanas de centroamericanos, se les ha puesto algo de atención.

Sin embargo, no se trata de situaciones nuevas, en Tamaulipas, y particularmente en los municipios de Reynosa y Matamoros, llegan miles de ciudadanos de diversos países como África y ahora Centroamérica. Que las caravanas migratorias, de migrantes, se integran por cientos de personas que requieren un apoyo de ayuda humanitaria, comida, cobijo, lugar donde dormir, atención médica y los servicios básicos de higiene.

Ante esta situación, las instituciones públicas de los estados, sobre todo de Tamaulipas, a su paso, se han visto rebasadas por el gran volumen de personas que requieren de atención solidaria, no sólo es el trayecto que nos debe de preocupar y ocupar, también en su intento por llegar al país del norte, los estados fronterizos se convierten en un lugar de residencia, mientras esperan poder ingresar a territorio estadounidense.

Finalmente, quiero destacar que el artículo 58 que se propone modificar, ya incluye la no reducción de los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres, al programa de ciencia, tecnología e innovación, al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y a la atención de los grupos vulnerables.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ismael García Cabeza de Vaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Someto a la consideración de la Honorable Asamblea, dicha iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de lo siguiente.

Cada año miles de personas son detenidas arbitrariamente y privadas de su libertad en todo el mundo.

Una detención arbitraria es aquella que se ejecuta sin una orden judicial e impide que la persona privada de su libertad ejerza sus garantías fundamentales y tenga acceso a un juicio imparcial.

También constituye una detención arbitraria aquella que mediando una orden de autoridad competente se prolonga injustificadamente en el tiempo sin una sanción o aquella que se ejecuta sin apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con violencia o haciendo uso de prácticas como la tortura, la incomunicación u otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En México, las detenciones arbitrarias constituyen una práctica recurrente que tanto las instituciones de seguridad, como las autoridades ministeriales, judiciales y penitenciarias han incorporado y normalizado como instrumento esencial de su trabajo cotidiano.

No obstante, la debilidad e incapacidad de estas instituciones para realizar investigaciones eficientes y ejecutar sus actuaciones sin cometer violaciones a los derechos humanos, más que una inercia cultural, es un patrón de conducta que responde a la ausencia de lineamientos y disposiciones normativas que permitan verificar y garantizar que la detención y la privación de libertad de las personas se dan en un contexto de legalidad y normalidad democrática.

Esto ha hecho que diversos organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, hayan señalado de manera reiterada que al momento de la detención y el periodo de tiempo en el que una persona se encuentra privada de su libertad son los momentos procesales en los que más violaciones a los derechos humanos se cometen en nuestro país.

En el estudio denominado “A falsas sospechas, detenciones arbitrarias” por la policía en México, Amnistía Internacional identifica que las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentes, el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera.

De acuerdo con los estándares indicados por el derecho internacional, cualquier persona que sea detenida tiene derecho a ser informada inmediatamente y con detalle del motivo de su detención y de los derechos que la asisten, entre los que destacan su derecho a contar con asesoría y representación legal desde que ocurre el arresto al igual que poder informar a su familia o allegados de su situación y ubicación.

En junio del 2016 entró un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país, con el que se inauguró un nuevo sistema penal de corte acusatorio y garantista, con grandes posibilidades de resolver casos, de formas más expeditas y garantizando juicios más justos. La reforma creó la figura del juez de control, quien está a cargo de revisar cada detención en supuesta flagrancia y determinar si la misma fue legal. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional, identifica la eficiencia en la capacitación del personal judicial, interpretaciones consistentes de la nueva legislación y otras fallas evidentes que permitan que se repitan graves problemas del sistema anterior.

En ese contexto, el objeto de la presente iniciativa es el de incorporar en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el apartado correspondiente al registro administrativo de detenciones, la obligación de que los agentes policiales que realicen los actos de privación de libertad procedan a llenar el registro administrativo de la detención inmediatamente después de que se practique la misma a través de un dispositivo electrónico de localización geográfica, en tiempo real y envío de datos, debiendo contener al menos los datos siguientes: nombre y en su caso, apoyo de la persona detenida, descripción física de la persona detenida, motivo o circunstancia, general, lugar y hora en que se haya practicado la detención, nombre de quién o quienes hayan intervenido en su detención o, en su caso, rango y área de adscripción, lugar donde será trasladada la persona detenida, fotografía a color de la persona detenida, frente y perfil, y fotografía panorámica del lugar de detención.

De esta forma, aprovechando las ventajas de la tecnología y los avances informativos, el procedimiento de detención quedará sujeto a controles más sólidos y confiables.Por lo que se ha expuesto, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, se propone del artículo 113, que dice lo siguiente: “el registro administrativo de la detención deberá contener al menos los datos siguientes”, viene los nombres, y lo que se propone en lo siguiente.

Propuesta del artículo 113: “el registro administrativo de detención deberá realizarse inmediatamente después de la detención a través de dispositivo electrónico, de localización geográfica en tiempo real y envío de datos debiendo contener al menos los datos siguientes: nombre, en su caso, apodo, descripción física de la persona, motivo o circunstancias, lugar y hora en que se haya practicado la detención, nombre de quién o quienes hayan intervenido en la detención, lugar donde será trasladado, fotografía a color de la persona detenida, de frente y perfil, fotografía panorámica del lugar de detención”.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la ley.

También un transitorio que dice:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias y en un periodo no mayor a 98 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar los actos jurídicos, administrativos y presupuestales que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento del presente Decreto.
Es cuanto, señor Presidente.

Voy a solicitar que sea inscrito en su totalidad en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, Senador Salomón Jara. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, y se inscribe íntegra en el Diario de los Debates.






Tiene la palabra el Senador Juan José Jiménez Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que incorpora el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Juan José Jiménez Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Juan José Jiménez Yáñez: Gracias, señor Presidente. Con su venia. Señoras y señores Senadores:

Los que suscriben, Senador Ricardo Monreal Ávila, Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y el de la voz, Juan José Jiménez Yáñez, presentamos ante este Pleno de la LXIV Legislatura la iniciativa por la que se reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal que incorpora el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les puede imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas responsables por su intervención en la comisión de delitos.

El grupo parlamentario del Partido Morena, en el Senado de la República, considera de trascendental importancia dar atención puntual, desde el ámbito legislativo, a todo tipo de amenazas, tanto internas como externas, que se presenten como un riesgo en contra del Estado mexicano.

Sea cual fuera la modalidad que éstas adopten, el crimen organizado emplea instrumentos letales que bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos de tipo penal vigente.

En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacional por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y en la estabilidad de los sistemas financieros.

Es así que los suscritos, presentamos a la consideración de este Pleno la presente iniciativa que tiene como finalidad incorporar el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos respecto a los cuales se les puede imponer una o varias consecuencias jurídicas a las personas morales que intervengan en la comisión de dichos delitos.

A continuación explicaré las razones a detalle.

Primeramente, respecto al financiamiento al terrorismo y al encubriendo de éste. En gran parte del mundo los grupos terroristas hacen uso de las personas morales como medios móviles para la comisión de sus delitos y se allegan de medios, fondos económicos o recursos que les permiten llevar a cabo sus actividades delictivas.

En segundo lugar, a pesar de que hoy las personas morales que intervienen en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo se encuentran contempladas en el artículo 139 Quáter y Quinquies del Código Penal Federal. No se encuentran contempladas en el catálogo del artículo 11 Bis del mismo ordenamiento.

Esto tiene una consecuencia gravísima, y es que las personas jurídicas quedan impunes al cometer estos ilícitos toda vez que la legislación penal no permite la aplicación de alguna consecuencia jurídica.

Sabemos que en el 2014, cuando se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluyó el procedimiento especial para la imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

Lo cierto es que en el catálogo establecido en el Código Penal Federal no se incluye el financiamiento al terrorismo para que se les pueda imputar responsabilidad penal a las personas morales que realizan dicho ilícito.

Por lo que el día de hoy, las personas jurídica que realizan esta actividad son imputables ante la responsiva.

En tercer lugar, esta iniciativa obedece también a un compromiso por cumplir con los estándares internacionales en la materia.

México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, organismo intergubernamental que se ha pronunciado a través de diversas recomendaciones sobre la tipificación de la legislación local respecto del delito de financiamiento al terrorismo.

Al respecto, el GAFI, en su reporte de riesgos emergentes del financiamiento del terrorismo, estableció como métodos y técnicas tradicionales del terrorismo las siguientes actividades realizadas por personas jurídicas:

Donaciones privadas, abusos, usos incorrectos de las organizaciones sin fines de lucro, extorsiones a las poblaciones locales y a negocios, constitución de empresas comerciales legítimas, entre otros, las cuales, aterrizadas en problema de la vida diaria, hacen evidente la urgencia de atender la propuesta de reforma que nos ocupa, pues son temas que día con día repercuten en la economía nacional y en la sociedad.

Considerando estos tres motivos o la inclusión del delito del financiamiento al terrorismo y su encubrimiento en el catálogo de las conductas delictivas por las que se les puede aplicar alguna sanción penal a personas jurídicas que intervengan en su comisión.

México estaría volviendo más efectivas a las distintas figuras ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el procedimiento esencial para las personas jurídicas, y al mismo tiempo estaría avanzando notablemente en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Puntualmente la fracción I del apartado A del artículo 11 bis del Código Penal Federal quedará como sigue:

Fracción I.- Terrorismo previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies.

Y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis, al 148 Quáter.

Con esta iniciativa México logrará los resultados efectivos y eficaces en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República considera de trascendental importancia dar atención puntual desde el ámbito legislativo a todo tipo de amenazas, tanto internas como externas, que se presenten como un riesgo en contra del Estado mexicano, sea cual fuere la modalidad que éstas adopten.

Ya hemos visto, en días recientes, cómo el crimen organizado emplea instrumentos letales como los explosivos, amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra del gobierno para que éste asuma tal o cual determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos, que se ha llevado a cabo desde la Presidencia de la República. Tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente.

La presente iniciativa tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo, al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos, por las razones que se explican a continuación.

En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero (LD), al financiamiento al terrorismo (FT) y a la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) han sido algunas de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros.

No obstante que México no es un país donde de manera directa se resientan los problemas que trae consigo el terrorismo, lo cierto es que la posición geográfica y la porosidad fronteriza son elementos propicios para que redes criminales consideren utilizar nuestro territorio como plataforma logística y operativa, además de vía de financiamiento del terrorismo internacional.

De esta manera, pareciera que el terrorismo es un problema ajeno a México, al repercutir en él de manera indirecta; no obstante, hemos de estar conscientes de que para la existencia del terrorismo son necesarias fuentes de ingresos que lo financien, las cuales amenazan la estabilidad económica y financiera en nuestro país, puesto que ese ilícito erosiona la legitimidad gubernamental y la confianza en las instituciones, y reduce el apoyo al sistema democrático.

Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)1 estableció como métodos y técnicas tradicionales del terrorismo las siguientes actividades realizadas por personas jurídicas: donaciones privadas, abusos y usos incorrectos de las organizaciones sin fines de lucro, extorsiones a las poblaciones locales, de la diáspora y a negocios, constitución de empresas comerciales legítimas2, entre otras, las cuales, aterrizadas en problemas de la vida diaria, hacen evidente la urgencia de atender a la propuesta de reforma que nos ocupa, pues toca temas que día con día repercuten en la economía nacional y en la sociedad.

Ahora bien, respecto al financiamiento al terrorismo y al encubrimiento de éste se puede afirmar que, en gran parte, los grupos terroristas, para allegarse de medios, fondos económicos o recursos que les permitan llevar a cabo sus actividades delictivas, hacen uso de las personas morales como medios móviles para la comisión de sus delitos. De este modo, a través de organizaciones empresariales o financieras; organismos sin ánimo de lucro, o bien, a través de paraísos fiscales, jurídicos o financieros, se realizan las transacciones para aportar o recaudar bienes que finalmente serán destinados al financiamiento de tales grupos terroristas.

A fin de plasmar con claridad la omisión en la legislación en cuanto a las consecuencias jurídicas que deben asumir las personas morales que cometen el tipo penal de financiamiento al terrorismo, es pertinente traer a colación los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de marzo de 2014, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se establecieron las normas a observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, tanto en el fuero federal como el fuero local, homologándose así el procedimiento de justicia penal a nivel nacional3.

Cabe destacar que el nuevo Sistema de Justicia Penal contempla nuevas figuras jurídicas, mecanismos procesales, así como procedimientos especiales, como el Procedimiento para Personas Jurídicas, el cual contempla un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también conocidas como personas morales:

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma:

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

Este texto representó un gran logro en la punibilidad de los delitos cometidos por las personas morales, puesto que expresamente se les reconoce su responsabilidad a dichas ficciones jurídicas, y no únicamente a sus representantes o administradores.

Posteriormente, el 17 de junio de 2016, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales destaca el artículo 421, en cuyo sexto párrafo establece que:

[...]

Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas.

[…]

Esta porción normativa respeta la máxima de derecho penal de exacta aplicación de la ley, estableciendo que únicamente aquellas conductas típicas previstas en el Código Penal Federal son susceptibles de generar consecuencias jurídicas para las personas morales en este ámbito, cuando hayan intervenido en su comisión4.

En ese orden de ideas, el numeral 11 Bis del Código Penal Federal establece un catálogo de los delitos por los que se les podrán imponer algunas o varias de las consecuencias jurídicas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 422), a las personas jurídicas por su intervención en los ilícitos, entre los que destaca el de terrorismo:

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

[…]

De igual manera, en el artículo 139 del Código Penal Federal, se encuentra tipificado el delito de terrorismo. A su vez, en el numeral 139 Bis se contempla la sanción correspondiente al encubrimiento a terroristas y, por otra parte, el artículo 139 Ter indica la pena aplicable a la persona que amenace con cometer el citado ilícito:

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además:
I.  El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público;
II.  Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o
III.  En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139.

De los mencionados artículos se desprende que dentro de los delitos respecto de los cuales las personas morales pueden ser sujetos de responsabilidad penal, se encuentran los de terrorismo, encubrimiento a terroristas y amenaza de terrorismo, tipificados en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter, respectivamente, del Código Penal Federal.

No obstante lo anterior, las personas morales que intervienen en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo contemplado en el artículo 139 Quáter y Quinquies, no se encuentran consideradas en el catálogo del artículo 11 Bis, del Código Penal Federal, lo cual trae como consecuencia que las personas jurídicas quedan impunes al cometer dicho ilícito, toda vez que la legislación penal no permite la aplicación de alguna consecuencia jurídica, contrario a los casos de los delitos de terrorismo, encubrimiento a terroristas y amenaza de cometer terrorismo, en los cuales es posible la aplicación de alguna sanción a las personas jurídicas que hayan participado en su comisión, al estar establecidas en el catálogo señalado en el artículo 11 Bis del Código Penal Federal.

Cabe mencionar que México es miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que se ha pronunciado, a través de diversas recomendaciones, sobre la tipificación en la legislación local respecto del delito de financiamiento al terrorismo; así, en su Recomendación 55, señala:

C. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

5. Delito de financiamiento del terrorismo *

Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar no sólo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos.

Por otra parte, la Recomendación 38 señala que6:

38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso *

Los países deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en respuesta a solicitudes extranjeras para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes lavados; productos del lavado de activos, de los delitos determinantes y del financiamiento del terrorismo; instrumentos utilizados en, o destinados para ser usados en, la comisión de estos delitos; o bienes de valor equivalente. Esta autoridad debe incluir, ser capaz de responder a solicitudes emitidas partiendo de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas provisionales relacionadas, a menos que ello no se corresponda con los principios fundamentales de sus leyes internas. Los países deben contar también con mecanismos eficaces para administrar dichos bienes, instrumentos o bienes de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de embargo y decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados.

Se advierte que las anteriores recomendaciones se encuentran enfocadas en la capacidad legal que deben tener los Estados miembros para poder procesar y aplicar sanciones penales a quienes intervengan en el financiamiento al terrorismo y su encubrimiento.

Ahora bien, es necesario precisar que en el financiamiento al terrorismo es primordial identificar el destino del dinero, el cual puede provenir de bienes lícitos o ilícitos, lo que aumenta la complejidad para su detección, prevención y sanción, por lo que ubicar a las personas jurídicas como sujetas de consecuencias en el ámbito penal otorga una herramienta legal trascendental para su combate, dado el carácter de vehículo jurídico con que se les utiliza.

Por todo lo anterior, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y directos intervinientes en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo, que son las personas morales, quienes comúnmente inyectan los recursos para el ilícito en cuestión.

De este modo, a través de la inclusión del delito de financiamiento al terrorismo, y su encubrimiento, en el catálogo de las conductas delictivas por las que se les puede aplicar alguna sanción penal a las personas jurídicas que intervengan en su comisión, México podría lograr resultados más efectivos y eficaces en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia, desde luego, sin perjuicio de los procesos paralelos civiles o administrativos que les sean aplicables. Además, en ese supuesto, México estaría avanzando notablemente en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.

De igual modo, la relevancia de la propuesta de reforma que se presenta radica en otorgar efectividad a las distintas figuras ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el Procedimiento Especial para Personas Jurídicas.

Con el propósito de exponer de forma clara la modificación a la que se ha hecho referencia en esta iniciativa de ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

 

II. a XVI. …

B. …

I. a XXII. …

 Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

II. a XVI. …

B. …

I. a XXII. …

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ÚNICO. Se reforman la fracción I, inciso A del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. …

A. …

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.

II. a XVI. …

B. …

I. a XXII. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de febrero de 2019.

Suscribe

Sen. Ricardo Monreal Ávila.

1 FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México,Informe de Evaluación Mutua, enero de 2018, p. 1, consultado en: https://bit.ly/2lWw6P8 el 2 de febrero de 2019.

2 FATF, Riesgos emergentes del financiamiento del terrorismo, Informe del GAFI, octubre de 2015, pp.16 a 28, consultado en: https://bit.ly/2G3lE3W el 2 de febrero de 2019.

3 “Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales”, en Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014, consultado en: https://bit.ly/1l0qyKE el 9 de febrero de 2019.

4 EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, Registro: 2003572, Tesis: P. XXI/2013 (10a.) en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 191.

5 GAFISUD, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI, febrero de 2012, p. 13, consultado en: https://bit.ly/1GjEYPA el 9 de febrero de 2019.

6 Ibidem, p. 29.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Juan José Jiménez Yáñez. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Con esta iniciativa terminamos el apartado de iniciativas; y vamos a pasar al último apartado, que es el de los puntos de Acuerdo.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Para comenzar, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar punto de Acuerdo por el que se solicita se inscriba en letras de oro “Amado Nervo Poeta de la Nación” en el recinto legislativo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo lo hago a nombre de mi paisana, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, y su servidor, del Partido Morena.

En mi transitar hacia la primaria, diariamente, por la calle Zacatecas, una calle empedrada, diariamente pasaba por el lugar donde había nacido Amado Nervo, en mi transitar a la escuela “Juan Escutia”.

“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé, sin duda, largas noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz”!

Este es uno de los extraordinarios poemas de Amado Nervo.

Como lo expresó Einstein: “Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado, estamos para los demás, ante todo, para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía.

Pienso mil veces al día que mi vida externa-interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o bien muertos. Siento que debo esforzarme para dar en la misma media en que he recibido y sigo recibiendo”.

Amado Nervo, poeta nayarita, comprendió el valor de vivir por otros; no con el uso de la fuerza, sino con el uso de las letras, plasmó un cúmulo de sentimientos con base en la época del México que en su latir intelectual vislumbró. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, mejor conocido como Amado Nervo, originario de Tepic, Nayarit, es uno de los pilares fundamentales de la literatura y la poesía mexicana.

Nació el 27 de agosto de 1870 y falleció el 24 de mayo de 1919. Sí, el 24 de mayo habrá de cumplir 100 años.

Fue poeta, periodista y diplomático. Embajador de México en Argentina y en Uruguay. Nos enriquece con su literatura y poesías de la más alta belleza y estética.

Es necesario situar en el presente hechos viables que fortalezcan en nuestra nación un bien ser y bien hacer, involucrando los intereses de los más desprotegidos por encima de los intereses particulares. Él nos enseñó que más importante que saber filosofía, es vivir con filosofía.

Es un prolífico hombre que dedica el caudal de su vida al arte, a la poesía y que de manera casi real transforma la cotidianeidad de la vida en la más alta expresión de la belleza literaria.

Uno de estos hombres fue, sin duda, Amado Nervo, cuya poesía que alaba el sentimiento eterno y que se desvive por alcanzar la perfección de su propio estigma que nos arroja a la más ansiada pasión. Un mexicano lleno de valores y sensibilidad por el bien de todas y todos, simplemente un gran ejemplo hoy en día.

Lo tenemos en su poema: “No disminuyas las libertad de los otros”. Dichoso aquel que puede decir al final de su existencia lo que el español Séneca dijo en sus altas máximas morales: “saldré de la vida protestando que amé la buena conciencia y las buenas ocupaciones, y que no disminuí la libertad de nadie y ninguno disminuyó la mía”.

“Siendo tan relativa como lo es, tan condicionada por los hombres y los sucesos, la libertad constituye, sin embargo, el sumo bien de la tierra”.

“Solicito un espacio más, por favor”. Schopenhauer afirmó que: “la salud, la juventud y la libertad eran los tres bienes humanos por excelencia”.

Pero la salud no la tienen muchos. Pasa la juventud como la verdura del verano. Y si la libertad no nos resta cual postrera novia, nuestra indulgencia moral es infinita.

Leer la obra de Amado Nervo en pleno siglo XXI, es una manera de acceder al conocimiento de un autor cuya trascendencia rebasa las modas y los formalismos de la veneración a su memoria, según palabras de Gustavo Jiménez.

Festivales y aniversarios celebran su nacimiento y otros conmemoran su muerte, a su muerte, Uruguay hizo el mayor de los homenajes a un poeta y a un embajador de tan extraordinaria altura.

En opinión de Carmen Boullosa, académica de Nueva York, “Amado Nervo es: fue el poeta más popular de su tiempo, un consagrado, se trata de uno de los escritores más destacados y prolíferos”. Pongo a su consideración, termino, señora Presidenta, el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar una sesión solemne en conmemoración del centenario luctuoso del poeta nayarita Amado Nervo.

Segundo. Inscríbase el nombre del ilustre nayarita “Amado Nervo, poeta de la Nación”, con letras de oro, en el marco de la conmemoración de su centenario luctuoso el día 24 de mayo.

Ojalá, ojalá y algún día podamos decir al final de nuestra existencia: “México, nada me debes”. “México, estamos en paz”.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Navarro Quintero.  Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a efecto de que se realicen las consultas públicas en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía El Rincón” y “Playa La Ribera”, en Los Cabos, Baja California Sur.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias, señora Presidenta.

Tratamos a la tierra y al planeta como si tuviéramos otra en donde ir a vivir una vez que se termine esta.

Cabo Pulmo, en Baja California Sur, es un Área Natural Protegida desde 1995, es nada más ni nada menos que Patrimonio Natural de la Humanidad, declarada por la UNESCO dese 2005, representa un hábitat de gran relevancia por su riqueza natural única en el mundo y su preservación ha sido producto de una lucha social constante de los sudcalifornianos.

Frente a la costa de este sitio se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California.

Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial de conservación marina, gracias a la participación de la comunidad, que ha impulsado un modelo de desarrollo turístico realmente sustentable.

Sin embargo, hoy se ven amenazados y están ciertamente preocupados por los megadesarrollos turísticos que han llegado a querer establecerse en esta zona.

Dado el alto grado de conservación y las bellezas que aquí tenemos, por supuesto que hay muchos inversionistas que tienen las miras en ese hermoso lugar y buscan construir megadesarrollos turísticos en esa hermosa región.

Hace unos años fue el proyecto Cabo Cortés y posteriormente Cabo Dorado, que pretendió desarrollar una marina, hoteles, campos de golf, entre otros, el cual, a pesar de haberse autorizado, logró detenerse debido a su inviabilidad ambiental y a la amplia protesta social.

Hoy se promueve la construcción de 18 nuevos desarrollos turísticos en Cabo Pulmo, que pondrían en riesgo real no sólo a la zona, sino a toda la región de Los Cabos.

Debido a ello, habitantes de este municipio, solicitaron a la Semarnat en Baja California Sur que se realizara lo que tenemos establecido en la Constitución y en las leyes sobre el tema, que se realizara la consulta pública en cada uno de dichos proyectos para manifestar sus observaciones y preocupaciones sobre los mismos y contar con toda la información que los promoventes tenían la obligación de proporcionar.

No obstante que lo marca la Constitución, que lo marcan los tratados y la Ley Ambiental, que marca la consulta pública, la Semarnat se negó a llevar a cabo dicha consulta, claro, fue el gobierno federal anterior, alegando aspectos que por supuesto no eran justificables.

Después de denegar el derecho de consulta los habitantes de Los Cabos, la Semarnat emitió la autorización de impacto ambiental para uno de estos proyectos , el denominado Hotel Bahía El Rincón, descubriendo así su verdadera intención al negarles la consulta pública a los solicitantes de la misma.

Se están privilegiando intereses económicos por encima del interés público, este proyecto se planea construir a solo tres kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, y presenta diversas omisiones que pondrían en riesgo a las especies marina, tanto animales como vegetales. Además de que el acuífero Cabo Pulmo, de donde se utilizará el líquido para la construcción presenta ya un amplio déficit según Conagua.

Entre otros proyectos que desean construirse en ese mismo lugar, se encuentra el proyecto Condo Hotel La Ribera 2200, para el cual el pasado 14 de noviembre de 2018, fue ingresada en la delegación estatal de la Semarnat, otra solicitud de consulta pública, negándose también con argumentos absurdos como que faltaban direcciones y algunos datos de un solicitante.

Esto muestra como la Semarnat en el estado sólo ha buscado pretextos para no realizar esas consultas que se establecen en la ley, sin importar los efectos graves que esto puede traer, confirmando que está más ocupada en favorecer los intereses de unos cuantos que promueven este tipo de proyectos que en cumplir, de verdad, con su obligación constitucional, convencional y legal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes que ahí están.

Todo parece indicar que el proyecto Cabo Cortés o el de Cabo Dorado que no pudieron lograr hace años su autorización, hoy con otra estrategia para darle vuelta a la normatividad ambiental, contando con la complicidad y el respaldo de algunos servidores públicos de la Semarnat, hoy está dándole para adelante.

Por eso es urgente que esta dependencia realice de inmediato las consultas y la reunión pública de información de estos proyectos que desean construirse en Cabo Pulmo y se dé toda la información que se requiere.

Desde este Senado no debemos permitir que este tipo de acciones arbitrarias en contra de los derechos elementales de los ciudadanos se conviertan en prácticas recurrentes y permisibles en cualquier rincón del país.

“La naturaleza provee una comida gratis, pero sólo si controlamos nuestro apetito”, dice William Ruckelshaus.

No dejemos que ese apetito voraz de unos cuantos acabe con nuestras bellezas naturales, con nuestro medio ambiente.

Estamos con los habitantes de Cabo Pulmo y vamos a defender esta región tan hermosa.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), A  EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS CONSULTAS PÚBLICAS QUE ORDENAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN LOS PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS HOTELEROS “HOTEL BAHÍA EL RINCÓN” Y “PLAYA LA RIBERA”, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cabo Pulmo, en el Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, representa un hábitat de gran relevancia por su riqueza natural única en el mundo. Su preservación ha sido objeto de una lucha social constante, comprometida y eficaz de los sudcalifornianos en los últimos lustros.

Por su importancia ecológica y para protegerlo de la sobreexplotación pesquera, un grupo de pobladores originarios de Cabo Pulmo, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las autoridades federales que decretaran esta área marina como Área Natural Protegida, declarándose como tal en 1995, bajo la categoría de Parque Nacional.

Esto ha sido reconocido a nivel internacional, por lo que en 2005 Cabo Pulmo fue integrado a la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 a la lista del Convenio RAMSAR para la Conservación de Humedales de Importancia Internacional.

Frente a la costa de este sitio se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California y debido a su antigüedad podría tratarse del arrecife más viejo del Pacífico americano.

Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios ecológicos y económicos que brindan los ecosistemas saludables, convirtiéndose en uno de los principales puntos de buceo en el Pacífico Mexicano y en un importante receptor de turismo de naturaleza en el Estado.

Además de representar ingresos para la industria turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una gran fuente de vida que exporta peces a otras áreas marinas, favoreciendo al sector pesquero de Cabo del Este y al resto de Baja California Sur.

Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo mundial de conservación marina, gracias a la participación de la comunidad, que ha impulsado un modelo de desarrollo turístico realmente sustentable, por lo cual están hoy preocupados por los megadesarrollos turísticos que pretenden de nuevo desarrollarse en la zona, en virtud de que pondrían seriamente en riesgo los recursos naturales ahí presentes, sumado a que la zona no cuenta con el debido abastecimiento del recurso hídrico que requieren proyectos de esa magnitud.

Es necesario recordad que dado el alto grado de conservación y su gran cualidad paisajística, desde hace más de una década, grandes inversionistas han tenido en la mira y buscado construir megadesarrollos turísticos en la región de Cabo Pulmo.

Uno de ellos fue el que en un principio se denominaba como Cabo Cortés y posteriormente Cabo Dorado, de la empresa Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V., con el que se pretendió desarrollar un megadesarrollo turístico que planteaba la construcción de marina, hoteles, campos de golf, entre otros, en la región conocida como Punta Arena, al sur de la ciudad de La Paz y del pueblo La Ribera y al norte de San José del Cabo y del mismo poblado Cabo Pulmo, y que a pesar de haberse autorizado en materia de impacto ambiental, éste proyecto logró detenerse debido a su inviabilidad ambiental y a la amplia protesta social.

El día de hoy vemos de nueva cuenta la pretensión de empresas inmobiliarias que promueven la construcción de megadesarrollos turísticos aledaños a Cabo Pulmo, los cuales a pesar de la capacidad de carga del ecosistema marino y terrestre, se tiene demostrado que no cumplen con las condiciones para su realización, y en caso de llevarlas a cabo es evidente el riesgo real, no solo para la zona, sino para toda la región de Los Cabos, ya que empresas como Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. y Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. pretenden realizar los proyectos hoteleros denominados Hotel Bahía El Rincón y Playa La Ribera, respectivamente.

Debido a ello, habitantes del Municipio de Los Cabos, en tiempo y forma, solicitaron a la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que se realizara la debida consulta pública en cada uno de dichos proyectos, para manifestar sus observaciones y preocupaciones para el caso de que dichos proyectos sean autorizados y contar con toda la información que los promoventes tenían la obligación de informar.

A) LA SEMARNAT SE NIEGA A HACER LA CONSULTA PÚBLICA DE ESTOS PROYECTOS EN CABO PULMO

En respuesta a las solicitudes de consulta pública mencionadas, uno de los solicitantes (habitante de la comunidad aledaña al proyecto) fue notificado el día 30 de octubre por medio de los oficios SEMARNAT-BCS .02.01.IA.800/18 y SEMARNAT-BCS .02.01.IA.798/18 (con fechas del 18 de octubre) que la solicitud de consulta pública cumplió con el requisito de tiempo; no obstante no reúne los siguientes requisitos de forma, ya que a su solicitud de consulta pública anexó copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como copia simple de la factura de la luz emitida por la Comisión Federal de Electricidad con periodo de facturación del 31 de octubre de 2017 al 29 de diciembre de 2017, mismas que sólo tienen carácter de indicio, y no garantiza que sea miembro de la comunidad afectada por el Proyecto, resultando insuficiente la información presentada para acreditar a quien solicita la apertura de la Consulta Pública la residencia en dicho domicilio.

Por lo que en este mismo oficio se previene al solicitante a efecto de que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la notificación, presente en la delegación “el o los documentos idóneos y suficientes (recibos de servicio de energía eléctrica, telefonía fija, agua, gas, internet recientes o carta de residencia reciente expedida por el municipio antes precisado) que se encuentre domiciliado en el municipio de Los Cabos…”. 

La prevención fue notificada al solicitante 13 días después de haber ingresado la solicitud de consulta pública. De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Secretaría, dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Otra inconsistencia importante por parte de la entonces Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur es la falta de claridad en relación a los requisitos necesarios para acreditar la legitimidad del solicitante de las consultas públicas, pues se tienen como antecedentes otras consultas públicas admitidas/aceptadas, para las cuales el solicitante entregó solamente la copia de la credencial de elector para identificarse y ratificarse como miembro de la comunidad afectada por el proyecto, aun sin existir lineamientos o un manual que señale los requisitos obligatorios a presentar para solicitar la consulta, lo que queda a discrecionalidad de la autoridad a determinar en el momento los requisitos a cumplir, dejando así en estado de indefensión a los habitantes de comunidades o poblados con una amenaza potencial en los elementos que componen su entorno natural.

Para cumplir la prevención señalada, el día 6 de noviembre ambos oficios (correspondientes a los proyectos Playa La Ribera y Hotel Bahía El Rincón) fueron contestados por el solicitante y anexos a la respuesta se entregaron los siguientes requisitos faltantes: el original de la carta de residencia a su nombre y el original del comprobante de domicilio con fecha vigente (recibo de servicio de agua potable).

El día 4 de diciembre el solicitante fue notificado mediante oficio BCS.02.01.IA.869/18 con fecha del 20 de noviembre, indicándole que la solicitud de consulta pública cumple en tiempo, sin embargo, NO cumple en forma, ya que el solicitante presentó tres direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, la primera dirección la que se establece en la credencial del Instituto Nacional Electoral con dirección Col. La Ribera 23750, Los Cabos B.C.S., la segunda dirección la que maneja la constancia de Residencia expedida por la Delegación Municipal de La Ribera Municipio de Los Cabos con domicilio en Calle Epigmenio Montaño S/N, Delegación Municipal de La Ribera, Municipio de Los Cabos, y la tercera dirección establecida en el recibo de agua  NO. 71884 de fecha 09 de octubre de 2018  con domicilio en Epigmenio Montaño S/N Centro La Rivera, RT 09 La Ribera, La Ribera B.C., siendo la dirección formal la que se presenta en la credencial del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, la Delegación Federal determina que no es procedente la solicitud y por tanto determina no dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto “Hotel Bahía El Rincón”.

Nuevamente la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur no cumplió con los tiempos para emitir y notificar la respuesta, realizando ésta 18 días después de entregada la documentación adicional solicitada para acreditar el interés legítimo del solicitante, haciendo alusión a un problema de tras papeleo de la solicitud en la recepción. La respuesta que establece la improcedencia de la solicitud, argumentando la diferencia en las direcciones establecidas en la documentación, es por sí misma absurda.

Cabe señalar que el proyecto de hotel denominado Bahía del Rincón se planea construir a sólo 3 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, y que presenta diversas omisiones que pondrían en riesgo a especies marinas, tanto animales como vegetales. El proyecto no ha señalado la cantidad de agua que usará en sus diversas etapas, además, de acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el acuífero Cabo Pulmo, de donde usará el líquido para la construcción presenta un déficit de -1.769070 millones de metros cúbicos al año, cifra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, el hotel que plantea construir consta de 6 edificios con un total de 235 habitaciones, 20 villas y 13 edificios con 75 villas en condominio vertical de dos niveles, además de restaurantes, club de playa y vialidades perimetrales; tampoco ha señalado cómo tratará las aguas residuales, sobre todo porque a dicho lugar se le conoce como “El Acuario del Mundo”, en el que se ha logrado establecer el turismo sustentable y la reproducción de especies.

Cabe señalar que hasta el 19 de diciembre de 2018, no se había notificado la respuesta a la solicitud de consulta pública del proyecto Playa La Ribera, siendo que ha llevado el mismo procedimiento que la solicitud anterior (mismo solicitante, mismas fechas, misma documentación para acreditación del solicitante), es decir habían transcurridos hasta entonces 29 días hábiles sin que hubiera respuesta al oficio del 6 de noviembre.

El pasado 14 de noviembre 2018, fue ingresada en la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur otra solicitud de consulta pública para el proyecto Condo Hotel La Ribera 2200 (clave 03BS2018TD115, promovente CABO 2200 S.A. de C.V, fecha de ingreso MIA 26 de octubre 2018) publicados por la SEMARNAT a través de la Separata N° DGIRA /060/18  de la Gaceta Ecológica el 31 de octubre 2018.  Dicha solicitud fue realizada por parte de otro habitante de la comunidad de La Ribera ya que la ubicación de dicho proyecto corresponde a dicha Delegación también.

El día 17 de diciembre 2018 fue notificado al solicitante (21 días después de realizada la solicitud) la respuesta por parte de la Delegación de la SEMARNAT mediante oficio SEMARNAT-BCS.02.01.IA.902/18 en donde dicha Delegación determina: “no dar inicio al proceso de consulta pública ni a la reunión pública de información del proyecto Condo Hotel La Ribera 2200, toda vez que su requerimiento NO cumple en forma para el proceso de solicitud de consulta pública”, ya que el solicitante presentó dos direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive (refiriéndose a las direcciones de la credencial del INE y el comprobante de luz, omitiendo el tercer documento que también se presentó que es la constancia de residencia emitida por el delegado de La Ribera y donde se especifica que la solicitante es residente de esa comunidad desde su nacimiento).

Esto muestra que la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur solo ha buscado formas y recovecos para no realizar consultas públicas bajo cualquier resquicio reglamentario o criterio particular, sin que los derechos de las personas de la comunidad de Los Cabos le sean importantes ni relevantes; es decir, solo trata de responder bajo cualquier argumento o criterio particular la negativa para realizar consultas públicas, omitiendo así motivar y fundamentar debidamente el hecho de no considerar los derechos de los habitantes de Los Cabos a estar debidamente informados y en posibilidad de participar ante el desarrollo de este tipo de obras en su comunidad.

Esto, a todas luces es inaceptable, ya que transgrede el Estado de Derecho y viola la Ley Suprema de la Unión (Constitución, tratados internacionales y leyes generales), en detrimento de los derechos humanos de los habitantes de Los Cabos.

B) LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA SUR NO HIZO CONSULTA PÚBLICA, PERO YA AUTORIZÓ EL PROYECTO “HOTEL BAHÍA EL RINCÓN”

Después de denegar el derecho de consulta a los habitantes de Los Cabos, hace unos días la SEMARNAT en Baja California Sur emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, descubriendo así su verdadera intención al negarles la consulta pública a los solicitantes de la misma: la de privilegiar los intereses económicos de la empresa promovente Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. por encima del interés público de respetar los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable, a la participación social y la consulta pública de los habitantes de Los Cabos, B.C.S., en aspectos de protección ambiental relacionados con los impactos del proyecto mencionado en los ecosistemas de Los Cabos.

Es inaudito e inadmisible que la SEMARNAT se comporte como gestor de los intereses de las empresas, en vez de actuar conforme al Estado de Derecho, sin observar el cumplimiento de las normas, pasando por encima de los derechos más elementales de los habitantes del Municipio de Los Cabos y eliminando todo obstáculo que pudiera impedirle emitir las autorizaciones ambientales de su competencia, solapando probables actos atentatorios contra los recursos naturales de Baja California Sur.

Es notorio que la SEMARNAT está más ocupada en favorecer los intereses económicos de las empresas promoventes de los proyectos hoteleros, que en cumplir con su obligación constitucional, convencional y legal: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de Baja California Sur, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Tal como lo podemos apreciar, la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur convierte a la consulta pública en materia de impacto ambiental, regulada por la LGEEPA y los tratados internacionales, en un procedimiento de nulo acceso, y por  tanto en una burla, ya que inventa requisitos y niega de manera sistemática su implementación a la población, la cual sí está realmente ocupada en que el medio ambiente de Los Cabos siga siendo atractivo y funcional para la vida de las personas de ese municipio y del país en general.

Es evidente que no le queda clara su obligación como autoridad ambiental federal, que no es ser una mera ventanilla de proyectos económicos, sino la de facilitar los procesos para llevar a cabo cuantas consultas públicas pida la gente en favor de la protección ambiental del Estado de Baja California Sur, y tomar en consideración la participación ciudadana, principio de justicia ambiental consagrado en la Declaración de Río.

Es así como queda demostrado que la negativa de la SEMARNAT a realizar la consulta pública es violatoria de tratados y acuerdos internacionales, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional, en función de una serie de supuestos que han sido omitidos por dicha autoridad, tanto en el contexto internacional, como en el relativo a la legislación nacional. 

C) CONTEXTO INTERNACIONAL:

La participación ciudadana en los procedimientos administrativos y actos de decisión de autoridades en materia ambiental, que pudieran afectar la esfera de derechos de las personas en lo individual y de los pueblos y comunidades y población en general, es hoy un principio fundamental elevado a la categoría de derecho humano por nuestra Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

En México los procesos de incorporación de la participación ciudadana en las decisiones públicas -como expresión de las democracias contemporáneas- han sido complejos y, por lo general, inacabados, dadas nuestras profundas raíces autoritarias que aún en pleno siglo XXI se resisten a ser superadas por la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de las personas afectadas en pos del desarrollo social y económico que hemos llamado “integral, sustentable y competitivo”.

Uno de los grandes logros para la sociedad en este relevante tema, a nivel internacional, se dio en la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, por la preocupación de los gobiernos del orbe ante el grave deterioro ambiental del planeta, sacrificio enorme como costo-consecuencia del progreso globalizado, poco consciente y nada proclive a detener la explotación de los recursos naturales por los grandes beneficios que supuestamente genera a los seres humanos. Su resultado, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, en su Principio 10, lo siguiente:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

No obstante que la Declaración de Río fue pionera en el concierto mundial sobre el medio ambiente y los recursos naturales, otros tratados internacionales ya se le habían adelantado reconociendo expresamente el derecho de participación de las personas y los grupos sociales.

Así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. Otro tratado relevante es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga a dichos pueblos en lo individual y de forma colectiva el derecho a la consulta obligatoria ante cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que les afecte o les pudiera afectar.

La participación pública tiene varias características, entre ellas, la de ser efectiva. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he enfatizado que el derecho a la participación, incluida la consulta pública, el referéndum o el plebiscito, no deben verse sólo como “derechos”, sino como “oportunidades”, lo que implica que “toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos”, para lo cual “el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”.

D) LA REFORMA A LA LGEEPA DE 1996

El Principio 10 de la Declaración de Río y los postulados de derecho internacional público que hemos mencionado, fueron traducidos por el Poder Legislativo Mexicano en una de las iniciativas más trascendentes que se han producido en la materia de protección ambiental.

El 13 de diciembre de 1996 se modificó gran parte del articulado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para establecer, entre otros aspectos, diversos mecanismos e instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios que antes se llevaban de manera unilateral por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.

En este sentido, se reformó el artículo 34 de la LGEEPA para instituir la consulta pública en los procedimientos administrativos de la evaluación del impacto ambiental, de forma que cualquier persona pueda conocer sobre proyectos, obras y actividades, que pretendan realizarse en sus comunidades y pudieran afectarles y, lo más importante, tengan todas las condiciones para expresar sus preocupaciones y rechazo de esos proyectos a través de observaciones por escrito a través de reuniones públicas de información cuando aquellos pudieran generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.

E) EL TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DE LA LGEEPA

El texto del artículo 34 de la LGEEPA, desde diciembre de 1996, es el siguiente:

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental;

III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado.

Sin duda, esto ha sido uno de los avances más sensibles en la construcción democrática de la participación ciudadana en la protección al medio ambiente. Sin embargo, la norma legal fue redactada en un contexto de derechos que podían o no ser reconocidos y accionados por la SEMARNAP/SEMARNAT, estableciendo la consulta pública como OPCIONAL o POTESTATIVA, es decir, que dicha dependencia federal podía llevar a cabo una consulta pública, según lo considerara pertinente, de acuerdo con reglas rigurosas a cargo de las personas interesadas/afectadas por los proyectos de desarrollo que, desde mayo del 2000, están previstas en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Hoy eso es anacrónico y comprometedor del respeto y garantía de diversos derechos humanos.

F) VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES

El entendimiento del tercer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA fue, desde ese entonces, que la consulta pública está supeditada a la voluntad de la SEMARNAP/SEMARNAT, conforme a una serie de reglas que le permiten decidir discrecional (fundada y motivadamente) o arbitrariamente (sin fundamento ni motivación jurídicos) si la consulta pública que solicite una o más personas se lleva a cabo o no. A continuación, se transcriben los artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que autorizan a la Secretaría referida a hacer nugatoria la consulta pública:

Artículo 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.

La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de impacto ambiental. En ella se hará mención de:

a) La obra o actividad de que se trate;

b) Las razones que motivan la petición;

c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante, y

d) La demás información que el particular desee agregar.

Artículo 41.- La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases que a continuación se mencionan:

Las normas reglamentarias transcritas son suficientemente claras respecto de la posición del Poder Ejecutivo Federal, respecto de las solicitudes ciudadanas de consulta pública en proyectos de competencia federal sometidos a evaluación de impacto ambiental:

1) La consulta pública sólo es relevante para casos que no comprometan la viabilidad de realización de los proyectos de desarrollo. Su núcleo es el desarrollo de los proyectos, no la protección ambiental ni los instrumentos de participación social sobre posibles afectaciones ambientales.

2) El derecho de consulta pública está supeditado en la Ley a la voluntad, discrecional o arbitraria, de la SEMARNAT, que conoce de la evaluación del impacto ambiental del proyecto.

3) Dicho derecho debe ejercerse de manera formal, satisfaciendo ciertos requisitos que, a decisión de la SEMARNAT, pueden dar inicio o no a la consulta pública solicitada.

Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 2011, en la que se estatuyó el régimen de derechos humanos en el orden jurídico mexicano, toda negativa por parte de la SEMARNAT de realizar consultas públicas solicitadas por cualquier persona en materia de evaluación del impacto ambiental de proyectos que les puedan afectar, ES UNA VIOLACIÓN A LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENERAL Y A LOS TRATADOS INTERNACIONALES MENCIONADOS, DE LOS CUALES MÉXICO ES PARTE, al hacer nugatorio uno de sus derechos más elementales, el de participación, información y consulta en el desarrollo.

Cabe destacar que ninguno de los artículos reglamentarios transcritos establece causas expresas para negar la consulta pública solicitada, de manera que, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos formales de solicitud de consulta, la SEMARNAT está en completa libertad de negarla, ya que no hay una asociación o vinculación entre el supuesto de cumplimiento de requisitos con la determinación de dicha dependencia de iniciar o no la consulta solicitada.

Aunque son hechos que corresponden a la anterior administración federal, tenemos que exigirle al nuevo Gobierno que resuelva este grave problema que enfrentan los sudcalifornianos, a fin de que instruya la realización de las consultas públicas pendientes, así como iniciar las investigaciones correspondientes ante la posibilidad de que existan hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Los hechos que hoy se viven nuevamente en Cabo Pulmo parecen indicar que el proyecto Cabo Cortés o el de Cabo Dorado que no pudieron seguir adelante hace unos años, se presentan hoy con otra estrategia: fraccionar los proyectos (la llamada fragmentación), para darle vuelta a la normatividad ambiental, contando al parecer con la complicidad y el respaldo de algunos servidores públicos de la SEMARNAT.

Desde este Senado de la República no debemos permitir que este tipo de acciones arbitrarias en contra de los derechos elementales de los ciudadanos se conviertan en una práctica recurrente y permisible en cualquier rincón de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que realice de manera inmediata las consultas y reunión pública de información, dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Playa La Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, las cuales fueron debidamente solicitadas por diversos habitantes de la comunidad del Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, por así proceder conforme a la LGEEPA, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a proporcionar copia certificada del expediente administrativo completo, en materia de impacto ambiental, del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, que incluya, entre otras cosas, las solicitudes de consulta pública realizadas, las respuestas a cada una de las solicitudes, así como  la resolución a favor de Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V., en cuyo proceso fueron negadas todas las solicitudes de consultas públicas presentadas por los habitantes del Municipio de Los Cabos, y  a pesar de ello  esa Dependencia emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto.

TERCERO.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que inicie las investigaciones e instaure los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes en contra de aquellos servidores públicos de la entonces llamada Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que han negado de manera sistemática a los habitantes del Municipio de Los Cabos la realización de las consultas públicas debidamente solicitadas, dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Hotel Bahía El Rincón, Playa La Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, sin que la autoridad funde y motive la razón de ello, para después emitir las autorizaciones de impacto ambiental de manera positiva, violando  así los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 25, inciso a), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el artículo 23.1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 34 de la LGEEPA y los artículos 40 y 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

CUARTO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhortaal Presidente de la República a reformar el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, actualizándolo al contexto actual y vigente de promoción, protección, garantía y respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, específicamente en lo referente al proceso de la consulta pública obligatoria para la SEMARNAT y los promoventes de proyectos en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia federal, cuando dicha consulta sea solicitada por cualquier habitante del sitio de que se trate.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.






Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje en la Autopista del Sol, México-Acapulco.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la Presidenta. Compañeras y compañeros:

Desde el 1º de febrero del 2019, Capufe anunció un aumento más en el peaje de las diferentes autopistas que administra, luego de haber sido ajustado en septiembre pasado y en enero. En la Autopista del Sol, que conecta a la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, el aumento del peaje subió un 5 por ciento, lo que representa un aumento también de 530, 555 pesos para los vehículos particulares.

Esta autopista es una de las más transitadas del país, en especial en épocas vacacionales cuando el aforo vehicular puede alcanzar más de 33 vehículos por minuto y es la principal vía de llegada de turistas al Puerto de Acapulco, Taxco, Zihuatanejo Costa Chica y Costa Grande. Para el Puerto de Acapulco y el estado de Guerrero en general, es de la mayor importancia el sector turístico, puesto que, de acuerdo con las cifras del Inegi, el 76 por ciento del Producto Interno Bruto del estado corresponde a las actividades económicas derivadas de los servicios como los turísticos.

En el periodo vacacional de invierno, normalmente arriban más de un millón de turistas a la playa de Acapulco, lo que implica una importante derrama económica y el impuso de las actividades comerciales de toda la zona. Este fenómeno se repite normalmente en los puentes vacacionales, como lo he dicho, y los demás periodos vacacionales. Impulsar la llegada de más visitantes en esta época, estamos ciertos que repercutirá positivamente en la cadena productiva del estado y, por ende, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los acapulqueños y, en general, de los guerrerenses. Amigas y amigos, hoy Acapulco requiere de la Federación, como México necesitó del puerto hace años, ya que gracias a Acapulco México se posicionó en el mundo turísticamente hablando y en su imagen internacional.Estamos convencidos de la necesidad de revisar este aumento en el peaje en la Autopista del Sol, ya que se estaría dando un fuerte golpe a los acapulqueños de no hacerlo y, en general, a todos los guerrerenses al inhibirse la llegada de vacacionistas a nuestras hermosas playas.

No estamos en contra de la operación de las autopistas o de la necesidad de allegarse de recursos para su mantenimiento, pero sí estamos seguros que pueda haber otra forma para esto sin afectar a los guerrerenses. Por lo anterior, por el bien de Acapulco y Guerrero, hoy hacemos un exhorto respetuoso tanto al Secretario de Comunicaciones y Transportes como al Director General de Capufe, a que den marcha atrás en este crecimiento en las cuotas del peaje que se cobra en la Autopista del Sol.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Añorve Baños. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García…

Sonido al escaño del Senador Ángel García Yáñez.

El Senador Ángel García Yáñez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Simplemente para pedirle al compañero Añorve si me permite una felicitación por este exhorto y, sobre todo, en el tema turístico que también colindamos con Morelos, ojalá y podamos encajar el tema turístico porque, efectivamente, coincidimos con la Ciudad de México, Morelos y, obviamente, Guerrero.

Gracias, Senador.

¡Felicidades!

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Yañez. Se toma nota.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Sader, a la Semarnat y a la Cofepris a implementar las acciones necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Señoras y señores. Compañeras y compañeros:

Sin abejas no hay vida, es una batalla que hemos dado desde hace más de tres años al lado de especialistas, de investigadores, de activistas, de apicultores de Jalisco y de diferentes estados de la República; primero, para conocer y entender el grave problema de la desaparición y muerte masiva de las abejas.

Y, en segundo lugar, para poner por primera vez en la agenda del debate público en nuestro país este grave problema, sus consecuencias, las consecuencias en México y las consecuencias en el planeta entero.

Miren, los factores que han provocado el colapso de las colmenas son diversos, sin duda, el más importante es el uso de plaguicidas altamente tóxicos y neonicotinoides que ya están prohibidos en otros países y se siguen vendiendo en México.

Por fortuna, hace un par de meses aquí, en este Senado, presentamos una iniciativa para prohibir la venta de estos productos en México, que están presenten en 3 mil productos a través de 183 componentes altamente tóxicos.

Por fortuna, más de 40 Senadoras y Senadores las suscribimos, y estoy convencida que con voluntad la vamos a sacar adelante muy pronto.

Pero es indispensable que utilicemos todas las herramientas que están a nuestro alcance para poderle un alto a la muerte masiva y su desaparición de las abejas.

Y les quiero compartir un par de casos que deberían llamarnos toda nuestra atención.

Miren, en el último año, sólo en el estado de Yucatán han muerto más de 16 millones 300 mil abejas, y esto, debido al uso de los plaguicidas altamente tóxicos en los campos, y también, sin duda, es por la falta de regulación, la falta de voluntad y el desconocimiento del manejo de estos productos, pero, sobre todo, porque unos cuantos en este país quieren seguir haciendo negocio a costa de la vida de las personas, a costa de nuestra salud.

Miren, les quiero compartir un caso reciente.

Nos enteramos, gracias al trabajo de Andrea Vega, de Animal Político, que Marco Antonio Cupul, un agricultor del ejido de Yucatán, en un solo día perdió las 91 colmenas que eran el sustento de su familia, y esto gracias a las fumigaciones aéreas que se hacen en este estado, que paradójicamente es el estado que más produce miel en México.

O el caso de Luis Alberto, un apicultor de Quintana Roo, que de igual forma gracias a la fumigación de un campo vecino perdió todos y cada uno de sus apiarios.

Y así podríamos mencionar otros ejemplos que se dan en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Chihuahua, o como el caso de los apicultores de la Comarca Lagunera que también viven una profunda crisis por la desaparición de sus abejas y han calculado que, en los últimos años, han perdido el 53 por ciento de sus colmenas.

Lo cierto es que lo que hoy vivimos no sólo afecta a estos estados o a estas regiones, lo que hoy vivimos nos afecta a todas y a todos, afecta porque en México se permite, como ya lo dije, la venta de plaguicidas altamente tóxicos, pero también porque hay un pésimo uso de los plaguicidas, porque en este país hay malas prácticas en el manejo de estos componentes.

Es por eso que, el día de hoy, presento este punto de Acuerdo para hacer un llamado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Cofepris, para que implementen todas las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el uso de plaguicidas, también para que realicen una capacitación, investigación e innovación en torno a este manejo que permita contrarrestar, de manera seria, la muerte y desaparición masiva de la abejas en México.

Y ya para terminar, sólo quiero recordar, en este espacio, que el uso de los plaguicidas altamente tóxicos es un problema no sólo para las abejas, es un problema para todos nosotros y para todas nosotras, porque los plaguicidas son responsables de contaminar el aire que respiramos, el agua que tomamos, la tierra que nos brinda alimentos, los plaguicidas están presentes en las manzanas, en las papas, en los alimentos que nos llevamos a la mesa todos los días, pero también los plaguicidas altamente tóxicos están relacionados con graves enfermedades como leucemia, alzheimer, cáncer, parkinson, lo peor es que el uso de estos plaguicidas sigue cobrando la vida de los más vulnerables en nuestro país: personas que viven en el campo, personas indígenas, mujeres embarazadas y niños.

La ONU estima que en el año más de 200 mil muertes están directamente relacionadas con la intoxicación de los plaguicidas. Esto evidentemente no puede seguir así, es urgente que le pongamos un alto.

Y no puede seguir así, como lo dice la ONU, porque es hora de derrumbar el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo.

¿Por qué es hora de ponerle un alto a los negocios de unos cuantos? Porque detrás de la venta de plaguicidas altamente tóxicos están los negocios de grandes empresas.

Es hora que México tome cartas en el asunto, que prohíba el uso de plaguicidas tóxicos que están matando a las abejas, que nos están matando a los seres humanos.

Sin abejas no hay vida.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SADER, A LA SEMARNAT, Y A LA COFEPRIS A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR EL COLAPSO DE LAS ABEJAS EN EL PAÍS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El uso excesivo de plaguicidas altamente peligrosos, así como la falta de una regulación efectiva en nuestro país, están colocando a las abejas y otros polinizadores en una situación preocupante que atenta contra su vida, trayendo como consecuencia una serie de afectaciones a nuestro medio ambiente y a nuestra salud.

“La intoxicación de abejas se ha reportado en Yucatán, el principal productor de miel, así como en Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Chihuahua, pero la problemática se ha cuantificado de mejor manera en la Comarca Lagunera, donde los apicultores estimaron en 53 por ciento la pérdida de colmenas”1

Existe evidencia en donde se ha comprobado que el uso de plaguicidas, especialmente lo denominados neonicotinoides, generan una afectación directa en la población de abejas2, mismos que han llegado a ser prohibidos en otros países con base a los resultados de diversos estudios científicos que demuestran las posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas.3

Las afectaciones más directas han sido posible visibilizarse a través de las constantes pérdidas que han tenido los apicultores en nuestro país, a tal grado que apicultores mayas han solicitado que Yucatán sea declarada zona de emergencia por la alta mortandad de abejas y una deforestación fuera de control.4

“De acuerdo a datos de la Alianza Maya por Las Abejas de la Península de Yucatán, más de 326 colmenas han muerto en la región durante 2018 por fumigaciones aéreas. Cada colmena puede albergar de 25 mil hasta 50 mil polinizadores”5

Al ser una problemática que se ha generalizado en diferentes partes del país, es necesario que dependencias federales realicen un esfuerzo integral, bajo una coordinación interinstitucional e intersectorial, que permita atender de forma eficaz dicha problemática.

El presente punto de acuerdo tiene como objeto hacer un llamado a distintas secretarías y dependencias de nivel federal, para que implementen las acciones y políticas necesarias que permitan una regulación en el uso de plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, y para que se establezca de forma permanente una “capacitación, innovación tecnológica e investigación”6 que permita atender de forma integral el denominado colapso de las abejas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a implementar de forma interinstitucional e intersectorial las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como de llevar a cabo una constante capacitación, investigación e innovación, que permita contrarrestar el fenómeno conocido como colapso de las colmenas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 México, al borde de crisis por despoblamiento de abejas, Milenio, Fanny Miranda
http://www.milenio.com/estados/mexico-al-borde-de-crisis-por-despoblamiento-de-abejas

2 Ibídem.

3 Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, Fernando Bejarano González, 2017, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México A.C. RAPAM,
https://rap-al.org/tag/libro-plaguicidas-altamente-peligrosos-mexico/

4 Exigen apicultores mayas declarar zona de emergencia en la península por mortandad de abejas y deforestación, Andrea Vega, enero 7 de 2019,
https://www.animalpolitico.com/2019/01/apicultores-mayas-deforestacion-emergencia/

5 Ibídem.

6 Ibídem.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo. Se turna a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Salud.

El Senador Paz y su servidora solicitamos adherirnos a su punto de Acuerdo, también los Senadores Nadia Navarro, Nestora Salgado, Gloria Sánchez, Rubén Rocha, Eva Galaz, Mayuli Latifa, Martín del Campo, Indira Rosales, Navarro Quintero, Freyda Marybel, Zamora Gastélum, Nuvia Mayorga, Martha Guerrero, Citlalli Hernández y Lucía Trasviña.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al doctor Abraham Everardo Vela Dib, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que comparezca ante el Senado de la República.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con el permiso de la señora Presidenta.

De acuerdo a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en su artículo 2o.”La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia”.

De acuerdo a una encuesta efectuada en el 2017 por la Consar, actualmente la generación Afore, que hoy suma el 53 por ciento de las cuentas totales, son los ahorradores que empezaron a cotizar del 1° de julio de 1997 y por lo tanto, se pensionaron con los recursos que hayan acumulado en su cuenta Afore durante toda su vida laboral.

De la generación Afore, 20.5 millones son millennials, igual o menor a 33 años de edad, lo que representa el 36 por ciento del total de cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro; sin embargo, a nivel de percepción entre los trabajadores y trabajadoras mexicanas existen un desconocimiento sobre las Afores y una creciente incertidumbre y falta de confianza en ahorrar a través de ellas.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, durante el primer semestre de 2018 los usuarios de las administradoras de Fondo para el Retiro interpusieron 16 mil 963 quejas.

Las sanciones impuestas por la Condusef de servicios financieros a las Afores registraron en el 2018 un aumento del 87 por ciento respecto del mismo periodo en el año anterior.

Las Afores manejan los ahorros de las trabajadoras y trabajadores mexicanos de manera discrecional.

Trabajos de investigación periodística han revelado verdaderos escándalos en el uso irresponsables de las Afores, tal es el caso de las inversiones que realizó Pensionissste en la constructora ICA, donde Pensionissste que maneja a unos 195 mil millones de pesos de jubilaciones de trabajadores, adquirió con la transacción una participación del 10 por ciento en ICA cuando se encontraba en una posible quiebra.

Sura y Citibanamex invirtieron en la empresa Oro Negro, que también tiene problemas graves financieros, una participación de 66.7 por ciento, lo que hace a Oro Negro una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos.

Debido a la trascendencia del tema, necesitamos darles claridad y certeza a las y los trabajadores a través de la transparencia en el manejo de las pensiones ya que significa su patrimonio y años de esfuerzo.

Es por ello, que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo para que esta Cámara de Senadores exprese y exhorte al maestro Abraham Everardo Vela Dib, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, para que comparezca ante esta Asamblea y nos rinda un informe detallado de todas y cada una de las inversiones a través de las afores que se están realizando en diversos sectores con las aportaciones que es lo preocupante de los trabajadores mexicanos.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

ANTECEDENTES

Una Afore (Administradora de fondos para el retiro) es una entidad financiera que, sin pertenecer o formar parte necesariamente de un banco o una aseguradora, se dedica a administrar e invertir el dinero que deposites en tu cuenta individual. Esto fundamentalmente en vistas del retiro o jubilación, mas no sólo en estos casos.

Según la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE), “las Afores son entidades financieras dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, las cuales deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas a la regulación de la CONSAR (Comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro).”

Este tipo de entidades financieras privadas nacieron en 1997. Antes de esa fecha, los montos destinados para el retiro o pensión eran administrados exclusivamente por el IMSS o el ISSSTE según el tipo de empleador de cada persona. Al día de hoy en el momento que las y los trabajadores empiezan a laborar se tiene derecho a la inscripción en el Afore que más les convenga.

Las AFORES tienen su fundamento legal en el artículo 175 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 21 de diciembre de 1995, y que entró en vigor el 1o. de enero del año en curso: "La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro, estarán a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro".

Sin embargo, necesitamos generar mayor comunicación y transparencia entre dichas instituciones financieras y los trabajadores.

La gente no confía, quizá por el desconocimiento financiero, entonces, si queremos generar un clima de confianza y con esto incrementar el ahorro, ésa es una de las medidas que se deben considerar aun antes de ver los esquemas de una mayor aportación patronal o del trabajador”.

Otros casos que han generado incertidumbre sobre las afores fueron las inversiones que realizó Pensionissste en la constructora ICA, donde  PENSIONISSSTE, que maneja unos 195 mil millones de pesos de jubilaciones de trabajadores, adquirió con la transacción una participación del 10 por ciento en ICA  cuando se encontraba en una posible quiebra (fuente: El Financiero 12/03/18)., y los recursos que invirtieron Sura y Citibanamex en la empresa Oro Negro “A través de esta inversión, Axis se convierte en el mayor accionista de Oro Negro, con una participación de 66.7%, lo que hace a Oro Negro una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones”. Sura como Citibanamex son accionistas de Oro Negro, la cual sufre graves problemas financieros. (Fuente: El Economista 25/06/18).

El ex titular de la Condusef en una entrevista comentó que para el cierre del 2018 era posible que los reclamos que se registran de las afores sean mayores a los del 2017, pues de enero-agosto ya acumulaban más de 10,000 quejas. Detalló que el origen de estas reclamaciones es por solicitud de retiro no atendida y por solicitud de trámite no atendido.

“Creemos que todavía hay mucho por hacer, por ejemplo, en materia de educación financiera hay un trecho importante porque la gente no ha considerado que la afore es parte de su riqueza. Todavía lo ve como un trámite y tienen cierto temor de que el gobierno no le vaya a devolver su dinero”.

De acuerdo con información del Buró de Entidades Financieras, el año pasado las afores registraron 18,177 reclamaciones, las cuales representaron un monto de 2.5 millones de pesos.

El periódico Reforma en su edición del pasado martes 29 de enero del año en curso publicó una nota sobre “Los rendimientos negativos que registraron las carteras de las Afores durante 2018 “, en dónde se detalla la pérdida de valor de los recursos invertidos.

Es por eso por lo que debido a la enorme trascendencia que significa la claridad y transparencia del manejo de las pensiones de nuestros trabajadores en México presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

Único.- Por el que Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que esta Cámara de Senadores exhorte al maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que comparezca ante esta Asamblea y nos rinda un informe detallado de todas y cada una de las inversiones a través de las afores que se están realizando en diversos sectores con las aportaciones de los trabajadores mexicanos.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Joel Padilla Peña.- Sen. Alejandro González Yáñez.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a diversas autoridades de las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, para que apoye con recursos económicos al Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su permiso, señora Presidenta.

Saludo con mucho gusto a los integrantes de la mesa y a mis compañeras Senadoras y a mis compañeros Senadores.

Con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos presentando una proposición con punto de Acuerdo, como una manifestación de nuestro compromiso, de trabajar en favor de nuestros pueblos indígenas y demostrar nuestro interés por la preservación y desarrollo de las lenguas maternas, con motivo de que este 2019 ha sido declarado como el año de las lenguas indígenas.

Los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución General de la República, con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tienen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional. Se estima que la población indígena representa un 13 por ciento del total de los mexicanos y en nuestro país se hablan diversas lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, tzeltal, tzotzil, otomí y totonaca.

Para el grupo parlamentario del PRD, es fundamental que las lenguas de los pueblos indígenas se conserven y se desarrollen, puesto que representan un patrimonio de gran valor, forman parte de nuestra esencia y de nuestra cultura. Cada una de las lenguas indígena, en México aporta un gran valor intelectual sobre la diversidad lingüística en el mundo, así como un gran valor para la cultura mexicana.

Por ello es muy importante preservarlas y evitar su total desaparición ya que al menos 14 de ellas están en peligro de extinción. El actual reconocimiento en torno a la Constitución pluricultural y multilingüe de la nación enmarcado en un contexto sociolingüístico está caracterizado por la tendencia del desplazamiento lingüístico y, en consecuencia, a la desaparición de gran parte de las lenguas que son patrimonio del país.

Según datos del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, se estima que a tercera parte de las 364 variantes lingüísticas que se hablan actualmente en el país se encuentran en un muy alto riesgo de desaparecer. El reconocimiento de las 68 agrupaciones lingüísticas como lenguas nacionales, junto con el español, reclama una instrumentación de políticas públicas en materia de lenguas indígenas que propicie el uso de todas las lenguas en su dimensión oral, escrita o cualquier otra, de conformidad con las ideas y actividades de sus hablantes en todos los espacios de la vida pública y privada.

Esta tarea implica la participación del Estado mexicano, tanto en los tres órdenes de gobierno como en los tres poderes, en un marco de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas. En este sentido, se constituyó el fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, con la finalidad de promover e impulsar el fortalecimiento, preservación de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional a través de un mecanismo financiero que capte, controle y administre aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la sociedad civil de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, iniciando su operación en el periodo 2018-2019 con dos programas institucionales en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí.

Por todas las anteriores razones, para la sociedad mexicana y sus pueblos indígenas, así como para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es fundamental que se preserven las lenguas indígenas de nuestro país y que el Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, sea fortalecido por la buena voluntad del titular del Ejecutivo Federal, así como de los titulares de los ejecutivos estatales y congresos locales, secretarías de cultura, pues los estamos exhortando para que apoyen con recursos económicos a dicho fondo y nuestras lenguas indígenas se preserven.

Por su amable atención, muchísimas gracias.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Se turna a la Comisión de Cultura.






Informo a la Asamblea que el espacio correspondiente al grupo parlamentario del PVEM, ha sido cedido al grupo parlamentario del PAN.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención del titular del ejecutivo federal en el estado de Nuevo León, con la finalidad de implementar medidas urgentes y decididas para combatir los altos niveles de contaminación ambiental.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchas gracias, señora Presidenta.

La contaminación en nuestro planeta, en nuestro país, en cada una de nuestras ciudades, no es un tema menor, es un tema urgente, que no solamente debe de preocuparnos sino ocuparnos a todos.

Para el caso especial, específico del estado de Nuevo León, un estado al que México le debe mucho, el tema para nada es menor, Nuevo León en este momento está pasando por la crisis ambiental más lamentable, más imperante y más preocupante de toda su historia. Es por ello que como Senador de Nuevo León, vengo a pedirles humildemente a todos los Senadores de este país su apoyo.

De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la contaminación atmosférica representa el principal riesgo medioambiental para la salud. Quienes han estimado que una de cada nueve muertes en todo el mundo está ya relacionada con la contaminación atmosférica.

De acuerdo con los datos arrojados por la misma Organización Mundial de la Salud, en mayo del 2016, Monterrey tenía en nada orgulloso primer lugar en temas de contaminación en todo México.

En este orden de ideas, iniciando el año 2013, la Secretaría de Salud y Desarrollo Sustentable han venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia ambiental por la contaminación del aire, de Monterrey. Este 2019 no ha sido la excepción en lo que va del año se han declarado ya en tres ocasiones la alerta ambiental por altas concentraciones de agentes contaminantes.

Como puede observarse, este problema persiste sin que a la fecha los habitantes de Nuevo León tengamos una respuesta contundentemente por parte del gobierno estatal que permita mitigar la problemática que está causando y esta repercusiones graves en la salud de nuestros habitantes.

Particularmente con padecimientos cardiorrespiratorios y cáncer pulmonar, siendo los niños menores de 5 años y los adultos mayores los más afectados.

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en los últimos tiempos las autoridades del estado de Nuevo León han dejado crecer o no le han dado la importancia debida a esta situación.

Como señalan los datos obtenidos por la OMC, Nuevo León tiene ya sus pulmones dañados por la contaminación que, en suma, con otros factores, las empresas dedicadas a la extracción de piedra aportan mucho al agravamiento de este problema.

Además de lo anterior, los cerros donde se realiza esta actividad tienen claras y lamentables señales de deforestación y han sido utilizados para construir, en las últimas fechas, áreas habitacionales en evidente zona de peligro.

Al menos dos de los principales y más importantes pulmones que tiene el área metropolitana, que son parte de la Sierra Madre, que pasa por el estado de Nuevo León, presentan ya daños muy importantes, el Cerro del Topo Chico y el Cerro de las Mitras.

Cabe señalar que los propietarios de las pedreras además de los daños ambientales señalados que provoca esta actividad, no pagan, en el caso de Nuevo León, ningún recurso por la extracción de materiales como normalmente sí se hacen ya en otros estados de la República para mitigar o resarcir, reparar, de alguna manera los daños ocasionados.

En resumidas cuentas, se está destruyendo, la salud de los habitantes de Nuevo León, se está destruyendo a nuestros cerros, el ambiente y todo ello sin contar con un recurso que permita reparar de alguna manera estos daños.

Lo anterior toma sustento tras verificar la Ley de Ingresos y la de Hacienda del estado de Nuevo León mismas que no contemplan cobro alguno por la explotación, salvo lo referente a trámites para el otorgamiento de permisos, de manera contraria, a lo que sucede en otros estados como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y Baja California que sí cobran impuestos y que fluctúan entre los 11.2 y 24.11 pesos por metro cúbico.

Siendo así, y ante el escenario mundial de calidad del aire, la OMS ha recomendado ampliamente a los países, además de examinar la adopción de una serie de normas cada vez más estrictas, a hacer un seguimiento de los progresos mediante la vigilancia de la reducción de las emisiones.

Además, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad del aire en el territorio nacional con el objeto de proteger la salud de la población, la flora y fauna de nuestros ecosistemas, y contribuir al desarrollo económico sustentable de nuestro país.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que en los últimos meses el área metropolitana sigue siendo afectada por la contaminación ocasionada por las empresas y por los gases que emiten los vehículos teniendo como resultado el ser una de las ciudades más contaminadas y con más partículas que dañan el medio ambiente en toda Latinoamérica, lo que quiere decir que muchas cosas están mal, lo que quiere decir que la estrategia está mal y que es necesario corregir de forma inmediata de manera que los neoleoneses puedan tener cabal cumplimiento a lo mandatado por el artículo 4o., de nuestra Constitución Mexicana que marca y establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a un buen desarrollo en materia ambiental.

Si bien es cierto que las pedreras han posicionado a Nuevo León como el estado más importante en el rubro cementero a nivel mundial, el costo para la salud ha sido muy alto si consideramos que son un factor inminente de cáncer de pulmón, padecimientos cardiorrespiratorios para los niños y para las personas adultas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición de urgente resolución, y agradezco que la hayan suscrito compañeros de todos los grupos parlamentarios.

Primero. El Senado de la República solicita de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal su pronta intervención en el estado de Nuevo León, con la finalidad de implementar de manera coordinada medidas urgentes y decididas para combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey.

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Congreso del estado de Nuevo León a realizar las modificaciones legales para contar con una tasa impositiva para las empresas pedreras acorde a la problemática que permita generar mecanismos medibles para resarcir el daño a la salud y al ambiente en el estado de Nuevo León.

Tercero. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Local del estado de Nuevo León, al gobernador, a que se tomen inmediatamente las medidas cautelares que mitiguen la contaminación ambiental.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León, a remitir un informe pormenorizado a esta Soberanía.

Quinto y último. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a informar a esta Soberanía sobre los casos actualmente atendidos por problemas de contaminación.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Con qué objeto, Senadora Villegas Canché?

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Freyda Marybel.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Nosotros como grupo parlamentario de Morena estaríamos acompañando este punto de Acuerdo del Senador Víctor Oswaldo Fuentes, que sea de urgente resolución.

Nada más pediríamos que el Senado de la República solicite de manera respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, el exhorto que, finalmente, es la dependencia del Ejecutivo Federal encargado de esos temas.

Entonces pediríamos al Senador ponente que pudiera hacer la modificación y el grupo parlamentario de Morena y su servidora, como integrante de la Comisión del Medio Ambiente, estaríamos atendiendo esta solicitud de urgente resolución.

Propuesta de modificación.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Si está usted de acuerdo, Senador, con esta observación, con esta modificación para someterlo a votación.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: De acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Con la modificación mencionada.

Por favor, sonido al escaño del Senador Napoleón Gómez Urrutia.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Yo, además de miembro de la Comisión Parlamentaria de Morena, en lo personal, siendo de Monterrey, Nuevo León, me sumo a esta propuesta con los cambios que se han propuesto porque es verdaderamente de carácter de urgente este tema.

Yo acabo de regresar ayer en la mañana de Monterrey y la verdad es que cada día, cada semana, cada mes este problema de la contaminación va siendo creciente y va afectado cada vez más a los niños, a la población en general, a las personas adultas.

Entonces se tiene que poner un remedio, alguna actitud, alguna intervención fuerte, y yo quería simplemente decir que me sumo a esta propuesta del Senador Víctor Oswaldo Fuentes y, por supuesto, adelante y felicidades, compañeros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Gómez Urrutia.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Me sumo a la propuesta del Senador Fuentes.

Valiosa propuesta, Senador.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Someteremos a consideración, por lo que como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión el tema.

No habiéndose registrado ningún orador, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Víctor Fuentes, con la modificación que propuso la bancada del Partido Morena, a través de la Senadora Freyda Marybel Villegas.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la modificación de la Senadora Freyda Marybel. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y a los productores de tomate de ese país, a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los productores mexicanos.

El Senador Rubén Rocha Moya: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros Senadores:

Este punto de Acuerdo que suscribimos la Senadora Imelda Castro, el Senador José Narro, Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, y un servidor, Rubén Rocha, se refiere al tomate, al jitomate para el centro de la República y buena parte del sur, y es que este tema se ha puesto en la agenda nacional y binacional entre Estados Unidos y México.

Dado que el pasado 6 de febrero el Departamento de Comercio de los Estados Unidos resolvió reactivar una investigación sobre presunto dumping en las exportaciones de tomate de México hacia Estados Unidos, ésta que había sido tramitada por los productores de Florida, particularmente que son los competidores más fuertes para el tomate que exporta México hacia Estados Unidos en 1996, pero se había venido dando el Acuerdo de suspensión de esta investigación en el 2002, en el 2008, en el 2013, y hoy se reactiva, y se dan 90 días para resolver en definitiva el tema.

Ustedes saben bien que el tomate es emblemático, es un producto emblemático de México, se cultiva desde el siglo XV, XVI, y cobró una gran importancia desde el principio del siglo pasado como en la actividad exportadora.

México exporta desde no menos hace cien años tomate, sobre todo a Estados Unidos, aunque también a Canadá.

Dice la historia, recuerda la historia, cómo las cajas de tomate se empacaban, se embarcaban en el puerto de Altata, se mandaban a San Diego y el exportador se subía al barco, llegaba a San Diego, pegaba un caballo a la carreta y luego vendía las cajas de tomate por las calles. Ese es el origen histórico de nuestra actividad exportadora hacia los Estados Unidos.

Pero esta actividad ha cobrado gran fuerza y ha vencido no solamente problemas de tipo climático y productivos en general. Por ejemplo, la depresión de 1929, la crisis económica que acabó prácticamente con esta actividad exportadora.

La reglamentación restrictiva de los años 40’s, 50’s y 60’s, inclusive, en contra de nuestro tomate, y luego la guerra del tomate que iniciara en el 78 y terminara en el 85, ganando los tomateros mexicanos; no los Tomateros de Culiacán, que son un equipo de béisbol, los tomateros nacionales. ¿Y por qué nacionales? Porque en efecto Sinaloa es uno de los estados que más exporta, o el que más exporta, pero también exporta San Luis Potosí de manera muy importante; Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, y se ha convertido nuestra actividad exportadora en una verdadera potencia a nivel mundial, prácticamente el 25 por ciento del tomate que se exporta en el mundo lo exporta México.

A Estados Unidos el gran problema del por qué ahora se reactiva esta solicitud de investigación del dumping o del presunto dumping es porque México ha subido de 32 a 54 por ciento su exportación a Estados Unidos, es decir, un tomate de cada dos tomates consumidos en Estados Unidos es exportado tiene origen en México; sin embargo, Estados Unidos cayó de 65 a 40 por ciento su actividad importadora o participativa en el mercado propio de Estados Unidos.

Entonces esto ha traído como consecuencia que ahora se haya reactivado justamente esta petición de investigar el presunto dumping de nuestro tomate. Y no es cosa menor, la actividad exportadora de México es prácticamente de mil 500 a 2 mil millones de dólares, nuestra actividad tomatera ocupa no menos de 380 mil jornaleros agrícolas en el año, y no menos de 80 mil operarios de la agricultura que tienen trabajo permanente. Y esta es una derrama económica que tiene un impacto en todos los renglones de la economía en los estados donde se da la actividad.

El 43 por ciento de este recurso se paga en salarios que hay que decir que todavía hay que mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas. Es importante, yo recuerdo, en 1987 hice una investigación de campo para efecto de determinar cuáles eran las condiciones de trabajo de nuestros jornaleros agrícolas y en realidad el reporte era negativo en aquel entonces, ha mejorado sustantivamente.

Una periodista, Carmen Aída Guerra y un servidor, escribimos un libro que se llama “Tomate Amargo”, y “Tomate Amargo” es precisamente por la crítica que hacíamos a cómo los jornaleros agrícolas no eran los que se beneficiaban de la actividad, pero eso ha cambiado y tenemos realmente en el mundo de las exportaciones de tomate, en el mundo de la producción del tomate tenemos que ponerle mucho cuidado porque ahí hay una ocupación de mano de obra de manera muy importante. Y voy a terminar solamente leyendo el punto de Acuerdo, señora Presidenta. Proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución.

El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los productores de tomate de ese país a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los productores mexicanos, con el propósito de no dañar el espíritu de libre comercio que mantenemos como socios comerciales desde 1994 con el TLCAN y que muy probablemente continuaremos con el T-MEC.

Asimismo, llamamos a generar las condiciones para que exista una negociación justa y benéfica para ambos países y que se logre un nuevo acuerdo apegado a las leyes que regulan las prácticas comerciales de ese país, con el compromiso de que el gobierno mexicano apoyaría a nuestros productores para mejorar los mecanismos de ordenamiento en nuestro país que contribuyan en nuestro país, que contribuyan a asegurar el cumplimiento de las obligaciones que deriven de un nuevo acuerdo de suspensión.

Es cuanto, solamente digo lo siguiente.

Este compromiso supone que se establece un precio de referencia y la obligación que digan nuestros productores a lo que están de acuerdo es que no venderían por debajo de ese precio.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Como ha sido solicitado por el Senador y 5 adherentes, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de manera inmediata. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. Y ha solicitado la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, desde su escaño.

El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) Buenas tardes, para sumarme a esta propuesta tan importante para los productores del campo.

Y nada más hacer una reflexión, y ponerlo ahí en la mesa, así como quieren ellos revisar el supuesto dumping del tomate, pues si están abiertos a eso, también abrirnos y revisar el posible dumping de los granos que importamos de allá, de Estados Unidos, así que muy buena iniciativa y ojalá me permita sumarme a ello.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No habiendo más Senadores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal la comparecencia de esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con su venia, señora Presidenta.

Vengo a esta tribuna a presentar una proposición con punto de Acuerdo, suscrita por todos los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Asimismo, quiero presentar una propuesta de modificación del mismo punto de Acuerdo, con la finalidad que se ha incluido con un segundo resolutivo en los términos siguientes:

“Segundo: Se solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, que incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las medidas para garantizar la paz y la seguridad en ese estado”.

Lo anterior en virtud de que, su servidora también presentó un punto de Acuerdo íntimamente ligado a esta estrategia de seguridad en el Estado de Veracruz, y por ello hago entrega física de esta solicitud a la Presidenta.

Como es del conocimiento de todos, el pasado 6 de febrero del presente año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, anunció durante la conferencia de prensa matutina del Presidente, que se seleccionaron 17 zonas prioritarias para el envío de elementos de seguridad pública, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir la incidencia delictiva en diversas regiones del país.

Este apoyo consiste en el envío de 10 mil 200 elementos de seguridad, es decir, 600 elementos para cada una de estas regiones seleccionadas.

Dentro de esta regiones, figuran estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Sinaloa, Colima, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, y esta selección se llevó a cabo con el argumento de que la incidencia de homicidios durante el mes de diciembre del año 2018 fue superior a la registrada por el resto de las entidades.

El secretario destacó que algunas de las acciones que se van a realizar dentro de estas zonas prioritarias, es del despliegue de una estrategia de prevención de la violencia, se acelerarán los programas integrales de desarrollo, se incorporarán, de igual forma, organizaciones de derechos humanos y algunos otros programas.

Lo anterior suena muy prometedor y muy necesario para combatir los altos índices de inseguridad en los que se encuentra sumergido nuestro país.

Sin embargo, esta estrategia no ha sido detalladamente informada a todas las fuerzas políticas y sobre todo a las y los mexicanos, únicamente se dio durante un breve anuncio que no duró más allá de 3 minutos en una conferencia de prensa matutina.

Nuestro grupo parlamentario ha sido muy insistente en que no somos una posición que está en contra de todo, no podemos ser una posición irresponsable que esté en contra de mejorar la seguridad de nuestro país, sino que exigimos de manera directa que temas tan sensibles como la estrategia para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía sea detallada con la mayor transparencia posible por el bien de todos.

Por poner un ejemplo, el estado de Veracruz, el estado al cual pertenezco, es uno de los estados, como ustedes saben, más afectados por la violencia derivado del narcotráfico, la corrupción y la desigualdad social, y las cifras en estado son contundentes, ya que tan sólo en el mes de diciembre de 2018 se registraron 138 homicidios y 38 secuestros, en el mes de enero la cifra fue de 131 homicidios de los cuales 11 fueron mujeres, 39 secuestros, 533 robos de vehículos, 493 robos a comercio, 129 asaltos a transeúntes, 7 robos bancarios, 138 robos a casa habitación y 34 casos de extorsión, según datos de la fiscalía.

Esto resulta muy alarmante y son, por supuesto, superiores por encima de la media.

Y así como en mi estado, seguramente existen otras entidades de la República que también tienen índices de inseguridad preocupantes y que tampoco han sido incluidos dentro de esta estrategia.

Compañeras y compañeros, la seguridad de nuestra sociedad no la queremos politizar, no es cuestión de colores o de partidos políticos, es un tema de la mayor trascendencia para todos nosotros. Todos queremos caminar con tranquilidad por las calles, que nuestros hijos puedan desarrollarse con absoluta libertad, que las y los empresarios tengan la seguridad de que sus inversiones estarán a salvo, todos merecemos vivir en paz y tranquilidad.

Por eso se vuelve indispensable que el encargado de ejecutar la estrategia de seguridad de nuestro país pueda venir a dialogar con esta Soberanía los aspectos y puntos que lo llevaron a decidir sobre cuáles serían estas regiones prioritarias y el por qué otras entidades fueron excluida de esta lista, y en términos generales, el detalle de las acciones que se llevarán a cabo durante esta estrategia.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo.

Primero: El Senado de la República solicita de manera respetuosa la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Segundo: Se solicita respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las medidas para garantizar la paz y la seguridad en ese estado.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo el que se solicita de manera respetuosa al ejecutivo federal, la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 7 de febrero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la Republica aprobó un acuerdo por virtud del cual se establece el plazo y el procedimiento para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Que de conformidad con el Segundo Párrafo del articulo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado tiene la facultad de solicitar la comparecencia de los Secretarios de Estado cuando se estudie un negocio relacionado con sus ramos.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, considera que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica es un tema de suma trascendencia en el país, por lo que es adecuado solicitar la comparecencia del Secretario Durazo Montaño, para informar y responder preguntas con relación a este.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.– El Senado de la República solicita de manera respetuosa al ejecutivo federal, la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de febrero de 2019.

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública; y se incorpora el texto íntegro con el segundo párrafo añadido del Acuerdo al Diario de los Debates.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanesa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de este recinto, como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”.

A petición de la proponente, podemos pasar al espacio del grupo parlamentario del PT, por lo que le pedimos a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, que presente su punto de Acuerdo por el que exhorta al Secretario General del Consejo Nacional de Población para que comparezca ante esta Asamblea y rinda un informe de resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con su venia, señora Presidenta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año. En este escenario México tiene el primer lugar a nivel mundial.

El embarazo en adolescentes va más allá del problema de salud pública, es un problema multifactorial, debido a que sus consecuencias se extienden al desarrollo económico y social en general, afectando a la mujer adolescente embarazada, además constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, y limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades, afecta el desarrollo de su hijo o hija y a la comunidad misma a la cual pertenece.

Es común observar que el embarazo en la adolescencia se traduzca en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja e ingresos inferiores de por vida, riesgo de violencia, escasas posibilidades de desarrollo social, económico y cultural.

Se debe destacar que otra de la consecuencia es la deserción escolar, que provoca que las adolescentes tengan una escasa educación, lo que se traduce en menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo bien remunerado, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y a la feminización de la pobreza.

En nuestro país, en los últimos 15 años la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios.

Más de la mitad de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Los embarazos conocidos como “muy tempranos”, es decir, los que corresponden a un grupo de edad de 10 a 14 años también van en aumento, con casi el 27 por ciento de todos los nacimientos.

Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los adolescentes, el gobierno de la República, en enero del 2015, diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, sin embargo consideramos que el problema es mayúsculo.

La perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, en un contexto de desigualdades estructurales cobran vital importancia, pues aunque se entienden los embarazos a temprana edad como resultado de la falta de información o de hábitos saludables, es indispensable considerar también la diversidad de condiciones y situaciones que experimentan las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Desde la falta de oportunidades que desdibujan la posibilidad de formular un proyecto de vida, hasta la discriminación y la violencia basadas en el género, la edad, etnia o cualquier otra categoría.

En este sentido, evidenciar el impacto de un embarazo no planeado o no deseado en la vida de los adolescentes, implica analizar un problema que parte desde los derechos que han sido vulnerados antes de que se produjera dicho embarazo; y que se extiende y retroalimenta con nuevas vulneraciones a los derechos de las madres adolescentes, así como de sus familias.

De ahí que el embarazo no sólo puede ser resultado de las brechas sociales y de género ya patentes en la vida de los adolescentes, sino que contribuye a profundizarlas y ampliarlas al interrumpir, temporalmente en el mejor de los casos, los proyectos y las actividades que dichas jóvenes venían desarrollando o pudieran desarrollar para mejorar sus condiciones de vida.

Lo anterior deviene en problema cuando la vida, la salud y los derechos de las adolescentes se ven comprometidas por un sistema social, político y jurídico que se resiste a reconocerlas, en primer lugar como sujetas de derechos, como sucede en general con toda la población menor de 18 años; pero en el caso de las mujeres, se les niega también dicho reconocimiento en condiciones de plena igualdad con los hombres, contraviniendo, tanto los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano como el marco jurídico nacional.

Por lo anterior y esperando encontrar soluciones prontas a esta problemática social, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Por el que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicita a esta Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo Nacional de Población, doctor Carlos Javier Echarri Cánovas, para que comparezca ante esta Asamblea y nos rinda un informe de resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

DE SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, por el que se solicita a esta Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo Nacional de Población Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, para que comparezca ante esta Asamblea y nos rinda un informe de resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de apoyo, información y orientación en materia de salud reproductiva, orientación y educación sexual para niñas y adolescentes, ha ocasionado que el índice de embarazos en esta etapa de la vida se considere como un problema de salud pública, así como un problema psicosocial.

Dentro de las afectaciones en materia de salud se puede mencionar que muchas adolescentes embarazadas presentan malnutrición, mayor incidencia de aborto, partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer debido a que el útero de la mujer está físicamente inmaduro. A nivel mundial las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años.

La procreación prematura también aumenta la mortandad infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que, en los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. (2014)

Entre este grupo poblacional cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. (OMS, 2014)

El embarazo en adolescentes va más allá del problema de salud pública, debido a que sus consecuencias se extienden al desarrollo económico y social en general, afectando a la mujer adolescente embarazada, a su hijo o hija, a su pareja, su familia y a la comunidad misma a la cual pertenece. Es común observar que el embarazo en la adolescencia se traduzca en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja e ingresos inferiores de por vida, riesgo de violencia, escasas posibilidades de desarrollo social, económico y cultural.

Se debe destacar que la deserción escolar provoca que las adolescentes tengan una escasa educación, la que se traduce en menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo bien remunerado, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y a la feminización de la pobreza. La comunidad también reciente el costo del embarazo adolescente, ya que se pierden los impuestos a los ingresos anuales que hubiera ganado una mujer joven a lo largo de su vida de no haber quedado embarazada. Asimismo, la mujer adolescente pasa a formar parte de los programas sociales, que, en su caso, tienen los gobiernos para madres adolescentes o madres jefas de familia, lo que implica una erogación para su país.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial.

Asimismo, tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un embarazo no deseado, acción que pone en riesgo su salud, dijo en entrevista Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En nuestro país, en los últimos 15 años, la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios.

Más de la mitad de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años. Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 10 a 14 años también van en aumento, con casi 27 por ciento de todos los nacimientos.

La Dra. Díaz, quien labora en el Programa de Prevención del Embarazo Adolescente a cargo de Rosalinda Guevara de la Facultad de Medicina, mencionó que, en 2009, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre mujeres adolescentes fue del 24.8 por ciento. “Es el grupo más alto del país, aún por encima de las mujeres hablantes de lengua indígena, cuya cifra es de 21.7 por ciento”.

El embarazo en adolescentes no solo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las adolescentes, además, constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional y limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades. Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los adolescentes, el Gobierno de la República diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), respuesta multisectorial de gran alcance, que reúne a las dependencias e instituciones estratégicas en el Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA). 1

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), presentada en enero de 2015, por el Gobierno Federal está centrada totalmente en un problema que ya no puede soslayarse.

Con el objetivo de, en un plazo de 15 años, erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad, y reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, la ENAPEA se formula como una respuesta multisectorial ante un problema que no sólo atañe a la salud pública; pues en no pocas ocasiones, el embarazo se convierte en un obstáculo al desarrollo personal, social y profesional de las adolescentes.2

En este punto, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, en un contexto de desigualdades estructurales, cobran vital importancia pues, aunque se entienden los embarazos a temprana edad como resultado de la falta de información o de hábitos saludables; es indispensable considerar también la diversidad de condiciones y situaciones que experimentan las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Desde la falta de oportunidades que desdibujan la posibilidad de formular un proyecto de vida, hasta la discriminación y la violencia basadas en el género, la edad, etnia o cualquier otra categoría.

En este sentido, evidenciar el impacto de un embarazo no planeado o no deseado en la vida de las y los adolescentes, implica analizar un problema que parte desde los derechos que han sido vulnerados antes de que se produjera dicho embarazo; y que se extiende y retroalimenta con nuevas vulneraciones a los derechos de las madres adolescentes, así como de sus familias. 3

De acuerdo con el Censo de 2010, en México había 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años de edad; de ellas y ellos, 2 463000 no estudian ni trabajan; y la mayoría son mujeres (1.6 millones). De este último grupo, más de una cuarta parte tenía hijas o hijos y una de cada tres vivía en pareja.4 Para evidenciar la magnitud del fenómeno en términos poblacionales, la Enapea destaca cifras de Tuirán y Ávila, de acuerdo con las cuales, entre las menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2011, 9% ya había tenido un hijo o hija previamente. Y entre las de 15 a 19 años, 23% ya había tenido uno/a o más hijos/as previamente.5

De igual forma, la ENAPEA retoma el análisis de Valencia y Schiavon sobre el Sistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), encontrando que, del total de 8, 263,020 de nacimientos registrados entre 2008 y 2011, 18.9% se produjeron en adolescentes de 15 a 19 años.6

No sólo refleja la prevalencia del embarazo en las adolescentes mexicanas, sino que evidencia la reproducción de patrones y roles de conducta tradicionales en las y los jóvenes, al dar cuenta del hecho de que muchas de estas jóvenes madres se encuentran fuera de la escuela; no utilizan métodos de anticoncepción y, pese a las dificultades que pudieran enfrentar antes y después del nacimiento de sus hijas o hijos, vuelven a embarazarse rápidamente.7

De ahí que el embarazo no sólo puede ser resultado de las brechas sociales y de género ya patentes en la vida de las adolescentes; sino que contribuye a profundizarlas y ampliarlas, al interrumpir –temporalmente en el mejor de los casos– los proyectos y las actividades que dichas jóvenes venían desarrollando o pudieran desarrollar para mejorar sus condiciones de vida.

Lo anterior deviene en problema cuando la vida, la salud y los derechos de las adolescentes se ven comprometidas por un sistema social, político y jurídico que se resiste a reconocerlas, en primer lugar como sujetas de derechos –como sucede en general con toda la población menor de 18 años–; pero en el caso de las mujeres, se les niega también dicho reconocimiento en condiciones de plena igualdad con los hombres; contraviniendo tanto los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano como el marco jurídico nacional.8

Por lo anterior expuesto y debido al grave problema que de salud pública se refiere, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Por el que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicita a esta Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo Nacional de Población Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, para que comparezca ante esta asamblea y nos rinda un informe de resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Suscribe

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

1 http://www.unamglobal.unam.mx/

2 Gobierno de la República, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Informe Ejecutivo, México, enero de 2016, disponible en
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60988/INFORME_Ejecutivo_del_GIPEA_2015_versi_n_definitiva.pdf>

3 www//revistametodhos.cdhdf.org.mx/” Embarazo adolescente en México: un problema de desigualdad que no se resuelve con una estrategia”

4 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Gobierno Federal, México, p. 21

5 Rodolfo Tuirón y José Luis Ávila, “Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?”, citados en Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, México, 2014, p. 21.

6 Valencia y Schiavon, “Adolescentes invisibles: embarazo en mujeres de menos de 15 años en México”, citadas en Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, p. 25.

7 Métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la cdhdf, núm. 11 pag. 11

8 Métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la cdhdf, núm. 11 pag.12

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre. Se turna a la Comisión de Gobernación.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de este recinto, como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su permiso, señora Presidenta. Muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores:

Presento ante ustedes a nombre de la Senadora Nuvia Mayorga Delgado y del mío, una proposición, como ya se dijo, con punto de Acuerdo que básicamente tiene el objeto de hacer honor a quien honor merece.

El hacerle un merecido reconocimiento a nuestra querida compañera Senadora Ifigenia Martínez Hernández, presente el día de hoy con nosotros.

La doctora Ifigenia Martínez Hernández es, sin duda alguna, una figura que destaca por sus valiosísimas aportaciones nacionales e internacionales en la economía, la academia, la diplomacia y la política.

Nuestra hoy compañera, la Senadora Martínez, ha sido una inspiración y ejemplo a seguir sobre todo, pero no sólo para las mujeres y, en particular, para las servidoras públicas en México, su trayectoria es el reflejo del trabajo arduo y rectitud en la que ha sido varias veces la primer mujer en cumplir una meta o alcanzar una posición abriendo camino y cerrando brechas de desigualdad en beneficio de las mujeres y las niñas mexicanas.

Fue la primera directora de la Facultad de Economía de mi alma mater, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios.

Ha sido tres veces Diputada federal, y fue la primera Senadora electa por el entonces Distrito Federal para la LXIV y LXV Legislatura.

Fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática, contribuyendo así a la construcción de espacios que permitieran el pluralismo y la democracia mexicana.

En el ámbito internacional se desempeñó como representante permanente en México ante la ONU, e integrante de la Comisión Consultiva de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De igual manera participó en la fundación de la sede subregional de la CEPAL en México.

En materia económica y financiera ha ocupado distintos cargos a lo largo de su carrera entre los que destacan: coordinadora de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y jefa de asesores económicos de la Presidencia de la República.

Recientemente la doctora Ifigenia Martínez colaboró en la elaboración de la reforma política del entonces Distrito Federal que derivó en la transformación a la Ciudad de México y fue redactora de su primera Constitución.

Hoy la doctora Ifigenia Martínez Hernández nos honra en esta Legislatura con su regreso a la Cámara alta.

En este Senado de la República se encuentra la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, lugar donde se recibe a personalidades de alta relevancia en asuntos internacionales y donde de manera regular se llevan a cabo los nombramientos de quienes serán parte del cuerpo diplomático de nuestro país por quienes por su legado nacional e internacional sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un exhorto a la Mesa Directiva para declarar la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Las Suscritas, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ Y NUVIA MAYORGA DELGADO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA A DECLARAR LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE RECINTO COMO LA SALA DE PROTOCOLO “IFIGENIA MARTÍNEZ”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Doctora Ifigenia Martínez Hernández es, sin duda alguna, una figura que trasciende en nuestro país por su importante contribución nacional e internacional en la academia, la política, la diplomacia y la economía.

Su lucha por la defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños, y en especial por la equidad de género, la ha llevado a fundar y presidir organizaciones como “Mujeres por la Soberanía Nacional o la Integración Latinoamericana, A.C.” e, incluso, a formar parte del Consejo General Consultivo de UNICEF en México.

La Senadora Martínez Hernández ha sido fuente de inspiración y un ejemplo, sobre todo para las mujeres y, en particular, para las servidoras públicas de México. Su trayectoria es reflejo de trabajo arduo y rectitud; trayectoria en la que ha sido varias veces la primera mujer en cumplir una meta o conseguir una posición, abriendo camino y cerrando brechas de desigualdad en beneficio de las mujeres y las niñas mexicanas.

En el sector académico, su aportación y empeño fueron reconocidos con el cargo de dirección de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestra máxima casa de estudios. Doña Ifigenia fue la primera mujer en ocupar dicho encargo.

La Doctora Ifigenia Martínez ha sido partícipe de manera activa en la transformación pública del México contemporáneo. Destaca como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, contribuyendo así a la construcción de espacios e ideas que permitieran el pluralismo en la democracia mexicana.

En el ámbito legislativo, Ifigenia Martínez ha sido tres veces Diputada Federal y fue la primera Senadora electa por el entonces Distrito Federal, para las LIV y LV Legislaturas.

En materia económica y financiera, ha ocupado distintos cargos a lo largo de su carrera, entre los que destacan haber sido Coordinadora de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, Jefa de la Asesoría Económica de la Presidencia de la República.

En el ámbito internacional, hay que resaltar que se desempeñó como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas e integrante de la Comisión Consultiva de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, participó en la fundación de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

Su tenacidad le permitió convertirse en la primera mexicana en haber obtenido un título de maestría y doctorado en economía por la universidad más reconocida del mundo, la Universidad de Harvard, en 1949.

Recientemente colaboró en la elaboración de la Reforma Política del Distrito Federal, que derivó en la transformación de la entidad federativa en la Ciudad de México, y presidió la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México.

Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran el Premio “Nación de Economía” y “La mujer del año”, ambos en 1960. Igualmente, obtuvo la Medalla “Benito Juárez” en 2009, otorgada por la Sociedad Mexicana de Estadística. Integra, además, la exclusiva lista de los “Personajes Históricos del Congreso de la Unión”. Adicionalmente, por su aportación para resolver los grandes problemas nacionales y por ser una férrea defensora de los Derechos Humanos y la equidad de género, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias le otorgó el reconocimiento “Clementina Díaz y de Ovando”.

Hoy, la Doctora Ifigenia Martínez Hernández nos honra en esta Legislatura con su regreso a la Cámara Alta. Sin duda alguna, su trayectoria transciende profundamente, y sirve de ejemplo para todas y todos los que tenemos vocación por el servicio público y adquirimos una responsabilidad en la vida política de nuestro país.

En este Senado de la República se encuentra la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, lugar donde se recibe a personalidades de alta relevancia en asuntos internacionales y donde, de manera regular, se llevan a cabo los nombramientos de quienes serán parte del cuerpo diplomático de nuestro país. Esta Sala refleja la importancia que tiene este Senado para la política exterior de México, así como la Senadora Ifigenia ha desempeñado un papel memorable en este ámbito, como promotora de las mejores causas humanas en nuestro país y en el exterior, consejera de nuestra Cancillería y representante diplomática de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar las gestiones necesarias a efecto de declarar la Sala de Protocolo de Mesa Directiva como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Vanessa Rubio Márquez.- Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vanessa Rubio. Está aquí de pie la maestra Ifigenia, nuestra Senadora.

Y le pido, Senadora Vanessa, si me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

Le doy la palabra a la Senadora Imelda Castro. Si le ponen sonido a su escaño, por favor.

La Senadora Imelda Castro Castro: (Desde su escaño) También, señora Presidenta, para sumarnos a esta propuesta de las Senadoras del PRI y del PRD, creo que es una decisión que va a contribuir a destacar aún más esta personalidad de la Senadora Ifigenia Martínez, como una mujer de lucha en nuestro país con una formación intelectual muy importante, como ya lo ha dicho la Senadora Vanessa, pero que agregado a ello hay que recordar su trayectoria en el servicio público, particularmente el haber sido asesora de la Secretaría de Educación Pública, con el Secretario Jaime Torres Bodet, o recordar también que coordinó los asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, como economista prestigiada y egresada de la UNAM.

En fin, nos sumamos a esta propuesta por supuesto.

Y muchas felicidades.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Castro Castro.

Se adhieren a la propuesta los Senadores Rubén Rocha, Ovidio Peralta, Caraveo, Villarreal, todo el grupo parlamentario del Partido Morena, el Senador García Conejo, el grupo parlamentario del PES, el grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario del PT y el grupo parlamentario del Partido Verde.

Y como ha sido solicitado por todos los grupos parlamentarios y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado para ser de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ifigenia Martínez. Si quiere ahí desde su lugar o acá en la tribuna.

Sonido por favor. Viene a la tribuna.

La Senadora Ifigenia Martínez Hernández: Con su permiso, señora Presidenta de esta Honorable Cámara. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Deseo expresar, en primer término, mi más sincero agradecimiento a mis colegas, las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, por su generosa propuesta de colocar mi nombre a la Sala de Protocolo de esta Cámara, así como a quienes la apoyaron con elogiosos conceptos.

Considero que esta distinción es inmerecida, más aún al recordar que por el Poder Legislativo han transitado hombres y mujeres cuyo valioso legado ha merecido ser registrado en los anales de nuestra historia.

En estos momentos viene a mi memoria una larga trayectoria política y legislativa personal iniciada en la Cámara de Diputados en 1976, ya desde entonces acompañada de un grupo de economistas y otros colegas de quienes conservo un grato recuerdo.

Tratamos de sentar las bases de un nuevo modelo democrático de desarrollo económico y social bajo la rectoría de un Estado nacional comprometido que nos permitiera elaborar un plan de desarrollo para un país próspero, equitativo y justo.

Reconozco que nuestra tarea está aún pendiente, pero no pierde la experiencia que bajo la conducción de un gobierno democrático, podamos corregir evidentes fallas y lograr sorprendentes resultados en un futuro inmediato.

La continuación de esa primera instancia-etapa, de participación política, me llevó a ser electa Senadora de la Republica, proveniente de la llamada Corriente Democrática, responsabilidad que compartí con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, actual Presidente de la Cámara de Diputados y el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en nuestro tenaz intento para contener la corriente del neoliberalismo, naciente a partir de las elecciones de 1988, tras el reconocido fraude del mismo año.

Actualmente y a partir de haber participado en la lucha electoral, con el actual Presidente de México, el compañero Andrés Manuel López Obrador, estoy comprometida con el cambio hacia un régimen más democrático y la transformación de nuestro país en uno más nacionalista, dinámico y justo a partir de lo que realmente y de la reafirmación de nuestra soberanía, la consolidación del Estado de derecho y el avance del bienestar social, así como el combate a la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Todo ello, con la ayuda, espero de un consejo económico y social, integrado por miembros del Poder Legislativo de la Federación, que considero necesario como órgano de consulta y asesoría democrática del desarrollo nacional en un mundo cada vez más intercomunicado.

Por todo ello, es para mí un honor y un aliciente que se haya propuesto que la Sala de Protocolo de este Senado, pueda llevar mi nombre gracias a la gestión de mis respetadas y estimadas compañeras y compañeros.

Nuevamente deseo agradecer a todas y a todos ustedes esta inmerecida distinción, y espero que podamos continuar este debate plural, fraterno y democrático, para consolidar una fructífera labor y responder con lealtad a los requerimientos de nuestro querido país, frente al compromiso que el voto ciudadano nos ha conferido.

Muchas gracias a todos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada por unanimidad, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Me llena de orgullo y de emoción poder decir que ha sido aprobada la propuesta. La Mesa Directiva, por mi conducto se congratula por esta decisión tomada por el Pleno.

Comparto la opinión de las Senadoras y de los Senadores de todos los grupos parlamentarios en que en esta ocasión el reconocimiento al ejemplo, al trabajo y a la capacidad de poder aportar siempre al bien de México, de la maestra Ifigenia que nos ha unido a todos.

En el interior de la Mesa Directiva, le haremos una propuesta para dar orden y viabilidad a este homenaje. ¡Felicidades, Senadora Maestra Ifigenia Martínez!

¡Felicidades al Pleno!






Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la Comisión de Justicia solicitó a la Mesa Directiva la autorización para que se amplíe el plazo de 8 días establecido en el acuerdo del pasado 7 de febrero, en relación con el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatas y candidatos a Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con base en lo anterior, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia emita el dictamen correspondiente mediante el cual se concede la ampliación solicitada por dicha comisión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza incorporar el Acuerdo al Orden del Día de la sesión de hoy.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el Acuerdo referido a la agenda del día. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señora Presidenta

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese a la Comisión de Justicia. Se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Senado.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, d>aremos cuenta de las ampliaciones de turno y rectificaciones que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta.

Informo que la Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno de las siguientes iniciativas:

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional ,para que queden en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

También informo que la Mesa Directiva autorizó la homologación de turno de las siguientes iniciativas:

Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Martí Batres.

Y proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la Base Sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por diversos Senadores del PAN, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, informo a la Asamblea que la Mesa Directiva autorizó las siguientes rectificaciones de turno:

Proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria, presentada por el Senador José Narro Céspedes.

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la Ley Agraria, presentada por el Senador José Narro Céspedes, para quedar ambas en las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.

También tenemos la siguiente ratificación de turno:

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para quedar en las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Otra ratificación de turno de la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 36, 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el Senador Mario Zamora Gastélum, para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado lectura la Secretaría.






Compañeras Senadoras y Senadores, se informa a la Asamblea que el día de hoy quedará publicada en la Gaceta Parlamentaria la relación de las iniciativas que fueron turnadas a las respectivas comisiones y de las que se ha cumplido el plazo para emitir dictamen, por lo que esta Presidencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula atenta excitativa, a fin de que las comisiones emitan el dictamen correspondiente.



Lo anterior quedará asentado en el acta de la sesión de este día.






PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Se informa a la Asamblea que, a petición de la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo al punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos suficientes para el Centro Integral de Salud Mental en la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud garantizar la continuidad en la prestación de su servicio. Se túrna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De igual forma, a petición del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, daremos turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)








Del mismo modo, y a petición del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de reducción del impuesto. El turno es a la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DEL IMPUESTO

(Presentado por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Se informa a la Asamblea que a petición del Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN, se dio turno al punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

RAÚL PAZ ALONZO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral del artículo 8, y la fracción I del numeral 1 del artículo 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A COMBATIR LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSIDERACIONES

Se define como violencia contra las mujeres cualquier acto o acción en el que se utilice la fuerza o la coacción con intención de promover o de perpetuar relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres.

Se puede afirmar que, a partir de ese momento y con el refuerzo de la Conferencia de Beijing de la ONU en 1995, el fenómeno de la violencia de género se consagra internacionalmente como problema social. La violencia de género adquiere una definición clara y se sitúa dentro del campo fundamental de los derechos humanos.

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belem do Pará, Brasil en 1994 y ratificada por México en 1998, insta a los Estados Parte a luchar contra la violencia que se ejerce contra el sexo femenino. En este documento internacional se expresa que esta violencia constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, limitando total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

En el artículo primero de dicha Convención se establece que: "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". De igual manera, se establecen los deberes hacia los Estados en materia de los derechos de las víctimas.

Asimismo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), en su documento denominado "Declaración y Plataforma de Acción de Beijing", señala que se debe poner especial preocupación a la violencia contra el sexo femenino, ya que dicha violencia se traduce en obstáculos para el desarrollo de las mujeres.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros1.

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 102.

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual3 y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día4.

Ahora bien, es por lo antes mencionado, que este Senado de la República tiene la obligación y la responsabilidad de actuar firmemente, con el propósito de combatir este fenómeno que se está presentando en todas las regiones del país.

En este caso, nos enfocaremos en la problemática que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, en contra de las niñas y mujeres que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro para llegar a su destino.

Se han estado registrando reportes por parte ciudadanas de diferentes edades, que, en algunas estaciones del transporte, se han llevado a cabo diferentes acciones punibles en contra de las niñas y mujeres; lo más grave de esta problemática, es que ninguna de estas acciones que se llevaron a cabo en contra de las niñas y mujeres, hubo algún castigado.

En la investigación de campo que se realizó por parte del personal a mi cargo, las féminas han argumentado que los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, -que son los encargados de la seguridad de las personas en el Metro-, niegan ayuda a las víctimas; entonces ¿para que esta la Policía Bancaria e Industrial en el Metro? Si ésta se niega a realizar su función y obligación de tratar de mantener con la mayor seguridad posible a los usuarios del Metro; ¿para qué están los Ministerios Públicos o la policía de investigación si no realizan bien sus funciones?, El primero se supone que debe brindar una procuración de justicia eficaz, eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo, respeto a los derechos humanos, y el segundo en investigar; ¿cómo es posible que diga la Jefa de Gobierno, que los Ministerios Públicos no tienen una orientación de género5?; donde está la capacitación que tanto se requiere para que los Ministerios Públicos, tengan la sensibilidad con las mujeres o niñas que hayan sido víctimas de algún delito.

No es posible que las mujeres de la Ciudad de México y las mujeres de los Estados de la República tengan que vivir con miedo, con la sensación de que algo malo puede ocurrirles al salir de casa y de no saber qué va a pasar durante su trayecto a la escuela o trabajo.

Es por lo antes mencionado, que se exhorta con respeto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de las facultades que le infiere la ley, se empleen acciones que prevengan y erradiquen cualquier tipo de violencia en contra de las niñas y mujeres que hacen uso del sistema de transporte colectivo Metro y de cualquier otro medio de transporte, y que se refuerce la seguridad de todas las personas, especialmente de las mujeres.

Compañeras senadoras de todas las bancadas, es por lo antes mencionado que solicito de manera respetuosa que apoyen este punto de acuerdo, con la intención de ayudar y erradicar la problemática que está ocurriendo en la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que se refuercen las acciones tendientes en prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

SEGUNDO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que supervise a toda Policía Bancaria e Industrial que se encarga del resguardo de las instalaciones de Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de cerciorase de que se está cumpliendo con las funciones de prevención del delito, así como las de brindar atención y seguridad a todos los usuarios del Metro; y en caso de que no sea así, los retire de las instalaciones y se utilicen a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

TERCERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Procuradora de la Ciudad de México Ernestina Godoy, para que se implementen acciones y estrategias que ayuden en el combate a la violencia en contra de las niñas y mujeres dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus alrededores.

CUARTO: Se exhorta de manera respetuosa a la Procuradora de la Ciudad de México Ernestina Godoy, para que envíe un informe detallado sobre los avances que se tengan en el combate a la violencia en contra de las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus alrededores.

QUINTO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través de la Secretaría de las Mujeres, se capaciten a los Ministerios Públicos y a los cuerpos policiales en materia de Género.

Es cuánto.   

Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Raúl Paz Alonzo.

1 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres.

2 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud.

3 INEGI (2016) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar. ENDIREH 2016.

4 ONU Mujeres, a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Conciliación de la Población de México 1970-2015 y proyecciones de la población de México 2016-2050 (2016-2017).

5 https://www.sinembargo.mx/01-02-2019/353020.






Comunico también que los textos de las intervenciones de las efemérides y agenda política se registran en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, relativa a la Conmemoración de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana.

Conmemoración de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana
10 de febrero del 2019.

La Fuerza Aérea Mexicana, es una de las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional y cuyo objetivo es defender la integridad, la independencia y la soberanía de México; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en caso de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas , de sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

ANTECEDENTES

La historia de la Fuerza Aérea Mexicana está fuertemente ligada a la historia de la aviación en México, remontándose a 1906, tres años después del nacimiento del aeroplano, cuando el entonces Presidente Porfirio Díaz ya mostraba interés en la aviación militar.

A finales de 1909, fueron enviados a estudiar a Francia, Nicolás Martínez y Federico Cervantes, para aprender el manejo de globos y dirigibles; sin embargo, al estallar la Revolución Mexicana en 1910, ningún ejército utilizó de forma directa, aeronaves como medio de combate aéreo, durante la caída de Porfirio Díaz. Sin embargo, después del exilio de Díaz, fueron utilizadas algunas aeronaves, por parte de los revolucionarios, para contrabandear armamento ligero y correspondencia, a través de la frontera con los Estados Unidos.

Nacimiento como arma de aviación militar

En enero de 1915, algunos funcionarios del gobierno de Carranza, reorganizaron un grupo de pilotos, reunieron aeronaves y se formó la “Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista”. El primer combate en el que participó dicha unidad fue el 5 de enero de 1915, en la ciudad de Puebla, contra los zapatistas, bombardeando el Fuerte de Loreto y causando varias bajas; después de esta batalla, la flotilla fue trasladada a Veracruz. El 5 de febrero de 1915, la rama aérea del Ejército Constitucionalista, nace oficialmente como “Arma de Aviación Militar”

El 15 de noviembre de 1915, se inauguraron los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas (TNCA) y la Escuela Nacional de Aviación, instalaciones que permitirían construir aeronaves y motores en México, y preparar a los pilotos aviadores para tripularlas.

Los años 1920.

En agosto de 1920, el Presidente Interino Adolfo de la Huerta, contrató a tres famosos pilotos extranjeros, veteranos de la I Guerra Mundial, para entrenar pilotos mexicanos en tácticas modernas y organizar una fuerza aérea, independiente y funcional.

De 1923 a 1929, México se vio envuelto en varias insurrecciones de tipo religioso, territorial y militar, por lo que se requirió que la Fuerza Aérea se desplazara rápidamente por todo el país, para dar apoyo al Ejército Nacional. Ésta era una época en la que, dada la escasez producida por la guerra en Europa, México poseía solamente 18 aviones

La II Guerra Mundial

Aunque a principios de la II Guerra Mundial, México mantenía su posición de neutralidad, en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían petróleo a los Estados Unidos, fueron atacadas por submarinos alemanes, en aguas del Golfo de México, por lo que el Presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia.

Después de evaluar la situación económica y militar del país, Ávila Camacho determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado, enviando un contingente, cuya actuación fuese significativa, pero sin representar un alto costo humano ni económico, para nuestro país.

En el mes de julio de 1944, se envió un grupo integrado por 233 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, a capacitarse a los Estados Unidos; Naturalmente, se seleccionó a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Este grupo fue de Cadetes de la Escuela Militar de Aviación de Balbuena, llamado Escuadrón de Pelea 201, que integró la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.

Después de familiarizarse con los procedimientos y con la zona de operaciones, el día 17 de mayo comenzaron los vuelos en zona de combate, como parte de las unidades estadounidenses, acumulando más de 280 horas de vuelo, en 59 misiones de apoyo a las tropas de tierra, bombardeando y ametrallando las posiciones japonesas y contribuyendo a la derrota de los japoneses y al restablecimiento de la democracia en el mundo.

Época contemporánea

Desde su creación en 1915, la Fuerza Aérea Mexicana, dentro de sus acciones para mantenerse actualizada y cumplir las misiones que se le encomiendan, ha formado personal capacitado, por lo que en 1959, se creó el Colegio del Aire, donde se forman pilotos, meteorólogos y mecánicos especialistas y de aviación, constituyendo el plantel educativo rector en educación militar aérea

Finalmente, el 10 de febrero de 1944, la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, designándose Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado. Sin embargo, no fue hasta el 10 de febrero de 1992, cuando por Decreto Presidencial se estableció oficialmente el 10 de febrero de cada año como el día de la Fuerza Aérea Mexicana.1

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de febrero de 2019.

Sen. Mario Zamora Gastélum.

1 http://www.sedena.gob.mx/pdf/momentos/fasciculo_6.pdf





Del grupo parlamentario del PVEM, relativa al “Día Nacional del Águila Real”.








AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la situación política nacional.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se han agotado los asuntos de la agenda, señora Presidenta.






CITA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 14 de febrero a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las16:45 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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SUMARIO




SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Remite:

Oficio con cuatro ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación de 4 Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera:

Para cubrir la vacante del ciudadano Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Ángel Carrizales López, Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante de la ciudadana Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Jorge Amaya Mendívil, Norma Leticia Campos Aragón y Alfonso López Alvarado. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante del ciudadano Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez y Raúl Morales Mitre. Se turna a la Comisión de Energía.

Para cubrir la vacante de la ciudadana Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra por los ciudadanos: Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar. Se turna a la Comisión de Energía.










































Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, la intervención del titular del poder ejecutivo federal en el estado de Nuevo León, con la finalidad de implementar medidas urgentes y decididas para combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey y evitar, con ello, mayores daños a la salud de los habitantes; así mismo, se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a realizar las modificaciones legales para contar con una tasa impositiva, acorde a la problemática, que permita generar mecanismos para resarcir el daño a la salud y al ambiente; además, se exhorta al titular del Ejecutivo local del estado de Nuevo León a implementar, de forma inmediata, medidas cautelares que mitiguen la contaminación que están ocasionando las pedreras. Interviene la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, quien presenta propuesta de modificación que se aprueba. Se aprueba.
















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