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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Segundo Periodo Ordinario Sesión Núm. 2

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Febrero de 2019

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del jueves 7 de febrero del año 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Informo a esta Asamblea que la Mesa Directiva ha solicitado a sus integrantes comunicarse con sus grupos parlamentarios, para que los temas que sean de su interés tratar en la propia Asamblea, sean comunicados a la Mesa Directiva, para que oportunamente al momento de elaborarse el Orden del Día se puedan contemplar de manera ordenada y de acuerdo a nuestras reglas.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES
PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las trece horas con veinticinco minutos del día viernes primero de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y nueve Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declaró la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión.- Se comunicó por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las entidades federativas.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Intervención de Senadores)

Para referirse a la problemática de las estancias y guarderías infantiles hicieron el uso de la palabra las Senadoras: Josefina Vázquez Mota del PAN; Vanessa Rubio Márquez del PRI; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA.

El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea incorporar al Orden de Día el tema de problemática de las  estancias y guarderías infantiles y abordarlo al final.- En votación económica, se aprobó la incorporación del tema.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicación por la que se solicita se deje sin efecto la sustitución temporal de la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román por la Senadora Josefina Vázquez Mota en la Comisión de Justicia, solicitada en el mes de enero de 2019.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicación por la que se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se remitió a la Cámara de Diputados. Se instruyó su publicación en la Gaceta del Senado de la República.

 

Se recibió de Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, comunicación por la que informa su determinación de incorporarse al Grupo parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado y se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales.

 

Se recibió de Senador Dante Delgado, Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, comunicación con la que solicita la incorporación del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, al Grupo parlamentario referido.-Quedó de enterado y se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales.

 

Se recibió del Senador Eduardo Murat Hinojosa, el Informe relativo su participación en la 24ª Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y en la 14ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP14); del 3 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. Así como la Reunión Interparlamentaria en ocasión a la COP24, el 9 de diciembre de 2018, en Cracovia, Polonia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Susana Harp Iturribarría, el Informe sobre su participación en el XIX Encuentro de Pueblos Negros en la comunidad afromexicana del Nacimiento, Coahuila, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre del 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Raúl Paz Alonso, Informe sobre su participación dentro de la Octava Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico (E-Parlamento), de la Unión Interparlamentaria (UIP), efectuada en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre del 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Cristóbal Arias, Informe de Actividades sobre su participación el Foro Parlamentario del G20, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que presenta el Presidente de la República a la Cámara de Senadores, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna para la designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá la vacante de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Las candidatas propuestas son las ciudadanas: Yasmín Esquivel Mossa; Celia Maya García; Loretta Ortíz Ahlf.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del Ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de nueve años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del C. Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo comprendido de nueve años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del C. Jenaro Villamil Rodríguez, como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por un periodo comprendido de cinco años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación.

 

Se recibió del Poder Judicial de la Federación, oficio con el que remite cinco ternas para la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las ternas de candidatos propuestos son:

Sala Regional en Guadalajara, Jalisco. Primera Circunscripción: Sergio Arturo Guerrero Olvera; José Oliveros Ruiz y Carlos Vargas Baca.

Sala Regional en Monterrey, Nuevo León. Segunda Circunscripción: Ernesto Camacho Ochoa; Mauricio Iván Del Toro Huerta y Rodrigo Moreno Trujillo.

Sala Regional en Xalapa, Veracruz. Tercera Circunscripción: Eva Barrientos Zepeda; Marcia Laura Garza Robles y Aidé Macedo Barceinas.

Sala Regional en la Ciudad de México. Cuarta Circunscripción: José Luis Ceballos Daza; Rodolfo Terrazas Salgado y Francisco Marcos Zorrilla Mateos.
Sala Regional en Toluca, Estado de México. Quinta Circunscripción: Marcela Elena Fernández Domínguez; Berenice García Huante y Mara Gómez Pérez.

Las cinco ternas para la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se turnaron a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico, implementadas a través del “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”, correspondiente a las actividades de dependencias y entidades realizadas en el segundo semestre de 2018.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Tribunal Federal De Justicia Administrativa, oficio con el que el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa remite la Memoria Anual 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de “Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”, el informe afirma que la iniciativa cumple con el porcentaje de firmas del 0.13% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de “Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 4to. párrafo de la fracción I, inciso A, de la fracción II y el 1er. párrafo de la fracción III, del artículo 41, así como los incisos G, E, I, de la fracción 4 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el doble financiamiento para los Partidos Políticos Nacionales”, el informe afirma que la iniciativa cumple con el porcentaje de firmas del 0.13% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  la Recomendación 82/2018, emitida el pasado 26 de diciembre de 2018 “por la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población general”.- Se remitió a la Comisión delMedio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y a la Comisión de Derechos Humanos y a los Senadores de la República.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Programa Anual de Trabajo 2019 en el cual se especifican las acciones a seguir por la COFECE durante 2019 y el cuarto informe trimestral 2018, el cual da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Economía.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 18 de la Ley Agraria, presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Se turnó Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo que “exhorta al Senado de la República para que promueva una serie de Foros Consultivos, en virtud del Proyecto de Decreto por la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario, para recabar el sentir de las y los mexicanos con relación a los temas en comento”, presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Desarrollo Rural del estado y en el marco del Programa de Concurrencia con las entidades federativas, gestione y opere un programa de apoyo a pequeños productores agrícolas que cuenten con menos de 20 hectáreas, para que puedan adquirir maquinaria agrícola usada y certificada por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), con una vida útil mínima de 10 años, el cual deberá ponerse en marcha a partir de este próximo ejercicio fiscal 2019”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

 

Se recibió del Congreso del estado de Hidalgo, Acuerdo que “exhorta a diversas instancias gubernamentales, a fin de que fortalezcan los derechos laborales de las personas privadas de la libertad”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, Acuerdo que “exhorta al Senado de la República y al titular del Poder Ejecutivo Federal, ratificar el Convenio No. 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece las bases para reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, Acuerdo que “exhorta al Senado de la República, para que en el proceso de elección de las Magistraturas de las Salas Regionales de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplique una acción afirmativa con el objetivo de maximizar la integración de mujeres en los citados Órganos Jurisdiccionales”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió del Congreso del estado de Quintana Roo, Acuerdo que “exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo del País, a efecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos turísticos del estado, a través de las distintas ferias, tianguis de turismo y eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el Estado”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, oficios con los que remite las siguientes iniciativas de senadoras y senadores:

1. De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Cultural Frida Kahlo.- Se turnó a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

2. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, presentada el 15 de enero de 2019.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera.

3. Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de Decreto que expide la Ley General para Regular el Uso de la Fuerza.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

4. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, que contiene proyecto de Decreto que reforman y adicionan los artículos 114, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

5. De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de Decreto que reforman los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Se  recibió de la Comisión Permanente, oficios con los que remite las siguientes comunicaciones:

6. Del Centro Nacional de Control de Energía, con la que remite los informes relativos a la Evaluación en materia de Diseño, indicada en el Programa Anual de Evaluación 2018, del Programa presupuestario E568 “Dirección, coordinación y control de la operación del sistema eléctrico nacional”.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Energía.

7. De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la que remite Informe Final de la Evaluación en Materia de Procesos del Programa Presupuestario E033 “Atención a Víctimas” con módulo para valorar la incorporación de la Perspectiva de Género.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Justicia.

8. Del Banco de México, con la que remite informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros confiere el Banco de México.-Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

9. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe relativo a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2018; la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2017, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2018.-Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

10. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el Pronunciamiento sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones LGBTTTI en centros penitenciarios.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

11. Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geografía y de Interés Nacional del INEGI 2019; así como el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional del SNIEG 2019.-Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Gobernación.

12. Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el Informe sobre los avances financieros, así como el acumulado de los programas de protección a migrantes, correspondientes al segundo trimestre de 2018.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

13. Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite Informe sobre los avances financieros, así como el acumulado de los programas de protección a migrantes, correspondientes al tercer trimestre de 2018.-Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

14. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite Informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

15. Del Banco de México, con la que remite el Informe sobre su Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2019, estructurado en Gasto Corriente e Inversión Física, no relacionados y relacionados con el mandato constitucional de proveer billetes y monedas a la economía.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

16. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite Informe del Servicio de Administración Tributaria, con el que indica que durante el mes de diciembre de 2018, dio destino a Bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos: Artículos de Limpieza, Combustibles, Pintura de Látex y Material de Curación entre otros, mismos que no resultan transferibles al Servicio de Administración Tributaria.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Economía.

17. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite el Informe relativo de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2018, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2017.-Trámite propuesto: Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

18. De la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con la que remite el Acuerdo por el que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos a que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en  materia de medicina estética.- Quedó de enterado y quedó en poder de la Mesa Directiva para que determine lo conducente.

19. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite Informe sobre la participación del en la Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe, en ocasión de la  139ª Asamblea de la Unión Interparlamentario, efectuado en Ginebra, Suiza del día 13 al 18 de octubre de 2018.-Quedó de enterado.

20. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, con la que remite Informe sobre la participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado del parlamento latinoamericano y caribeño realizado los días 29 y 30 de noviembre de 2018 en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

21. De la Comisión de Marina, con la que remite su Programa de Trabajo correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.-Quedó de enterado

(Intervención de Senadores)

Para referirse a la problemática de las estancias y guarderías infantiles hicieron el uso de la palabra los Senadores: Kenia López Rabadán del PAN; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN; Martha María Rodríguez Domínguez del PAN; Julen Rementería del Puerto del PAN; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Patricia Mercado Castro de MC; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

El Senador Martí Batres sometió a consideración del Pleno el Acuerdo  de la Mesa Directiva en relación a los acontecimientos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo.- En votación económica fue aprobado.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores)

Se recibieron veintisiete oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitirán a las senadoras y los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicadas en la Gaceta.

(Comunicación)

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.- La Mesa Directiva informó que el miércoles 16 de enero  de 2019 se le dio entrada y turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva informó a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, la Presidencia dictó turno directo a comisiones de las iniciativas inscritas en la sesión del 20 de diciembre de 2018que no fueron presentadas en dicha sesión, de conformidad con el turno asignado y publicado en la Gaceta Parlamentaria de ese día.

(Agenda Política)

de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efeméride)

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer.-Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente sesión el jueves 7 de febrero, a las 11:00 horas.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y un minutos.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



Gaceta Parlamentaria del Senado de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió una comunicación del Senador José Luis Pech Várguez, del grupo parlamentario del Partido Morena, con la que informa sobre su participación en la primera parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada los días 21 al 25 de enero del año en curso en Estrasburgo, Francia.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibió una comunicación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que informan que se acordó la designación del Senador Mauricio Kuri González, como coordinador del grupo parlamentario referido.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También se recibió una comunicación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que presenta su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron 11 oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las Senadoras y Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Pasamos al siguiente asunto.






Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, en la sesión del 1 de febrero del 2019, recibimos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada ante esta Cámara por el Presidente de la República, la cual se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Se trata de una nueva atribución constitucional, conferida a la Cámara de Senadores que carece de un antecedente respecto al procedimiento aplicable para su desahogo, por lo tanto es necesario establecer un mecanismo que nos permita dar cumplimiento a esta importante atribución.

En consecuencia, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se establece el plazo y el procedimiento para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que se solicita a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se establece el procedimiento aplicable para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por la Cámara de Senadores. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, en la sesión del 1 de febrero recibimos de la Secretaría de Gobernación la terna que somete a la consideración de esta Cámara de Senadores, el Presidente de la República, para la designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cubrirá la vacante de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia.

Con base en los precedentes parlamentarios, en asuntos similares, la Mesa Directiva ha sometido a consideración del Pleno un acuerdo por el que se establece el procedimiento aplicable. El antecedente inmediato corresponde al Acuerdo aprobado en la sesión plenaria, celebrada el 13 de diciembre de 2008, cuyo procedimiento culminó con la designación del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En consecuencia, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, en la sesión del 1 de febrero de 2019 recibimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las cinco ternas de candidatos a Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales se turnaron a la Comisión de Justicia.

Con base en los precedentes parlamentarios en asuntos similares, permítanme tantito, la Mesa Directiva ha sometido a consideración del Pleno un Acuerdo por el que se establece el procedimiento aplicable. El antecedente más reciente corresponde al Acuerdo aprobado en la sesión plenaria celebrada el 11 de febrero del año 2016.

En consecuencia, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas mencionadas. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Antes de que la Secretaría dé lectura al Acuerdo, pido que le pongan sonido en el escaño de la Senadora Indira Rosales. ¿Para qué efecto, Senadora?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para hacer un comentario respecto al tema del procedimiento de tanto los Magistrados Electorales como en el tema de Ministra. Cabe destacar que realmente, únicamente fue aprobado, bueno, lo pasaron por Mesa Directiva sin hacerlo del conocimiento ni siquiera de los propios coordinadores en la propia Junta de Coordinación Política, entonces me parece que eso sí debieron de haberlo hecho por la relevancia que tienen ambos procedimientos.

Una vez más, no tenemos conocimiento los grupos parlamentarios de cuál será el procedimiento, vamos, previamente no nos fue notificado, no nos avisaron y no pudimos platicarlo, señor Presidente.

Vuelvo a repetirlo brevemente.

Que el procedimiento no fue hecho del conocimiento ante la Junta de Coordinación Política ni a los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, únicamente lo pasaron, hace un momento, dentro de la Mesa Directiva. Entonces sí consideramos prudente que el procedimiento debió de hacerse del conocimiento al menos de los coordinadores de los grupos parlamentarios para a su vez poderlo socializar con cada uno de nosotros y estar en condiciones de aprobarlo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Rosales.

La Mesa propone los procedimientos porque está en sus facultades, paralelamente los acuerdos políticos los aborda la Junta de Coordinación Política, en este caso y en otros; pero la Mesa Directiva propone los procedimientos al Pleno, el cual es el que los aprueba, así ha sido en todos los casos, en todos los casos se ha llevado a cabo este procedimiento y, finalmente, el Pleno es el que sanciona los procedimientos, por eso están a discusión del propio Pleno del Senado.

Sí, Senador Zepeda. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señor Presidente, no dudo de la facultad legal, yo creo que ese tema no es el tema a discusión, el problema es que pasar estos acuerdos así genera los problemas que el otro día estábamos discutiendo, y que amablemente después de una discusión larga se abrió a discusión el tema, si no me equivoco, del Fiscal General en el Pleno. Y el argumento de la Mesa era, es que el acuerdo se aprobó y así decía.

Pues sí, pero si el acuerdo nos lo ponen en la pantalla minutos antes y apenas ahorita estamos viendo, ¿a ver, vienen comparecencias o no vienen comparecencias?, ¿se va a dar en la comisión o no?, va haber dictamen al Pleno, ¿no? Y ahorita tiene uno que estarlo viendo, nos parece que no es la práctica adecuada.

La solicitud es a que podamos estos temas dar un espacio para socializarlos y para poder incluso presentar propuestas, de ser el caso. Ahorita confío en que lo que acaba de decir es que es igual que en otras ocasiones el procedimiento, y si es así, pues no hay mayor comentario. Pero sí la solicitud de nuestro grupo parlamentario, ambos somos integrantes de la Comisión de Justicia, es que podamos platicar estos temas que luego al final los vamos a tener que procesar.

Esa es la petición, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí. Reafirmo lo siguiente.

El procedimiento que se sigue de traer ante el Pleno la propuesta del acuerdo es igual, y el contenido del procedimiento planteado para ambos casos también es igual.

Ahora bien, estos documentos fueron circulados en la Mesa Directiva, entre todos los integrantes de la Mesa Directiva, desde la sesión pasada, lo cual dio oportunidad para que los integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Mesa Directiva los conocieran y, en su caso, pudieran comentarlo con sus grupos parlamentarios.

Sin embargo, le comento, Senador Zepeda y Senadora Indira, con mucho cariño les comento que a la sesión pasada de la Mesa Directiva no acudió ninguno de los dos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, es probable que no hayan tenido conocimiento de estos temas, pero se debe a ello, porque los documentos se circularon desde entonces.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente.

Creo que independientemente de que tenga usted comunicación con la Mesa Directiva, también debe tener comunicación con la Junta de Coordinación Política.

Y la Junta de Coordinación Política le tiene que notificar a usted, porque no sé si usted quiere cumplir con los procedimientos o que este Pleno tome decisiones que permitan nombramientos de funcionarios, sobre todo cuando ustedes están acostumbrados, con su grupo parlamentario, a tomar decisiones, pero resulta que las convocatorias que está usted haciendo no le alcanzan a su grupo parlamentario para tomar decisiones.

Creo que debe tener usted el mínimo de sensibilidad política. Se lo digo con mucho respeto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias por su opinión, Senador Dante Delgado.

Pero el procedimiento que se está siguiendo es el que marca la ley, y es el que se ha seguido a lo largo de esta Legislatura. Por lo demás, independientemente de la parte formal, los acuerdos políticos corren paralelamente y tendrán que llevarse a cabo en las instancias que correspondan, especialmente en la Junta de Coordinación Política.

Ahora bien, el procedimiento final en cada uno de estos casos lo aprueba el Pleno del Senado, es decir, el conjunto del Senado de la República.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatos a Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






Antes de continuar, quiero informar a esta Asamblea que la Junta de Coordinación Política nos ha hecho llegar un Acuerdo sobre su integración.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

En el apartado de iniciativas, en la primera ronda, tiene la palabra el Senador Cruz Pérez Cuellar, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Adelante, Senador.

Perdón, Senador, hubo un error aquí en el guión.

Vamos a pasar, porque es el acuerdo general.

Disculpe usted.






Vamos a pasar a los dictámenes, que es el acuerdo general que se tomó ya por la Mesa Directiva para priorizar la discusión de dictámenes y después pasamos a las iniciativas, y le rogamos nos disculpe la equivocación, Senador, perdón.

En otro apartado, tenemos la discusión de dictámenes. Comenzamos con el dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en materia de enfermedades cardiovasculares. Se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Américo Villarreal, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

En nuestro país, el l50 por ciento de quienes sufren un infarto agudo al miocardio, no reciben un tratamiento de reperfusión, es decir, el tratamiento médico adecuado, para establecer el flujo sanguíneo a través de las arterias bloqueadas.

En ellos, la mortalidad es más alta que su morbilidad. Sin embargo, aunque ya se han llevado a cabo excelentes programas piloto, que permiten contacto con unidades coronarias especializadas para interpretar los electrocardiogramas y así mejorar el tiempo de respuesta a un infarto, los esfuerzos deben ser más contundentes y abarcar a más población.

Bien dice la Organización Mundial de la Salud y los países afiliados a la OCDE, quien tiene la oportunidad de recibir este tratamiento oportunamente para un infarto, puede tener una mortalidad del 7 por ciento con respecto a quienes no lo reciben de hasta un 27 por ciento. De las enfermedades incluidas dentro de las enfermedades cardiovasculares, la más prevalente a nivel mundial es la enfermedad isquémica del corazón, ya que pone en riesgo la vida del paciente; este conjunto de enfermedades superan estadísticamente a las enfermedades infecciosas y el cáncer, y puede ser cáncer de insuficiencia cardiaca en la edad más productiva de los pacientes, además que es una enfermedad de tipo irreversible.

Es por eso que se planteaban los puntos de Acuerdo para que actuemos en una forma transversal y que podamos exhortar no sólo a la Secretaría de Salud que esté atenta de los procedimientos de diagnóstico y de tratamiento que ahora cuenta el avance científico-médico, sino que también se implemente a través de la Secretaría de Educación Pública los programas necesarios para concientizar a nuestra población y desde temprana edad poder evitar los factores de riesgo que hacen la prevalencia tan alta de estas enfermedades.

Conminando, a su vez, de que nuestro sistema de salud a nivel federal brinden a todas las unidades hospitalarias con capacidad resolutiva estos tratamientos y modifiquen estos amplios porcentajes de sobrevida que podemos tener a quienes llegan con este padecimiento a las unidades hospitalarias a recibir la oportunidad de los tratamientos trombolíticos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Américo Villarreal.

Está a discusión el dictamen. De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a que implemente de manera urgente políticas públicas que permitan la universalización de los servicios de salud pública. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del día de hoy

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Margarita Valdez, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Gracias, señor Presidente.

La inversión pública, compañeros Senadores, en el sistema de salud ha aumentado del 2.4 por ciento del PIB al 3.2 por ciento, el esquema de aseguramiento público financiado por el Seguro Popular cubre actualmente alrededor de 50 millones de mexicanas y mexicanos, y en salud este presupuesto ha disminuido del 3.3 a 0.8 por ciento de la población.

Muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se estudian y se emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención.

Las tasas de mortalidad infantil y la materna han disminuido y la esperanza de vida es ahora de más o menos un promedio de 75 años; déjenme aclararles que en los varones es de 75 y en las mujeres es de 78, afortunadamente.

Sin embargo, persisten todavía grandes problemas, el más importante es que el sistema de salud de México continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con costos diferentes y, desgraciadamente, con resultados diferentes.

La afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad del ciudadano, sino por el empleo de la persona, junto con esta inequidad existen muchas ineficiencias en el sistema, millones de mexicanos y mexicanas pertenecen a más de un esquema de aseguramiento, y mucho millones más parece no saber si están protegidos por un seguro de salud público cuando fueron encuestados.

La proporción del Presupuesto Nacional de Salud en gasto administrativo, cercana al 10 por ciento, es la más alta de la OCDE. También el gasto de bolsillo en salud de las personas es uno de los más elevados, lo cual indica que todavía se está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad.

Todos los principales actores involucrados están de acuerdo en que México necesita construir un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible, y yo agregaría, en este caso, “más justo y más humano”.

Por lo tanto, les leo los acuerdos a los que llegamos.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que implemente una estrategia integral que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y la convergencia en la atención médica entre las instituciones públicas de salud del país.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en todos los procesos de análisis, discusión y aprobación de los presupuestos futuros, considere incrementos que permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Permítanme aprovechar el tiempo, compañeros, para explicarles en palabras llanas lo que pretendemos, lo que se pretende.

No es justo que en un país como el nuestro, dependiendo de tus ingresos y de tu bolsillo, decidas, escojas, que es lo correcto, a qué institución ir; y que los pobres tengan que ir a fuerza a la institución que les toca o que se les asigna, cuando algunas veces, o en muchos casos, esta institución es la más pobre, la más deficiente, la que a veces no tiene personal ni medicamentos.

La idea es que todos los mexicanos, ustedes, nosotros, los que están en un pueblo, en la sierra, en la costa, tengan la misma buena calidad en sus servicios de salud.

Que no dependa, que su enfermedad no se agrave con el sufrimiento de no tener a dónde ir o con qué pagar.

Todos los médicos que sean buenos, todas las enfermeras están en la mejor voluntad de atender al mexicano, pero algunas veces no llegan con ellos.

Esa es la propuesta que se hizo, lo que aprobamos en la Comisión de Salud.

Y nada más quiero decirles que esta propuesta la hizo el Senador América Villarreal, el mérito es de él.

Muchas gracias, compañeros, por su atención.

Muy amables.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Margarita Valdez.

Está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la títular del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con Telra Realty S.A.P.I de C.V., y a diversas autoridades a que investiguen esta operación irregular. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández. Adelante, Senadora.

La Senadora declina el uso de la palabra. Por lo tanto, no hay oradoras ni oradores.

En virtud que no hay ningún orador registrado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen.

No obstante, quisiera comunicar a esta Asamblea que se encuentran de visita al Senado de la República, en el que han realizado diversas reuniones, integrantes de una Delegación de la Federación Rusa, encabezada por el Senador Alexander Babakov.

Y se encuentra también presente el Embajador Ruso en México, Viktor Koronelli.

Les pido que les demos un fuerte aplauso y la bienvenida a este recinto.

Para el Senado de la República su presencia es una motivación para seguir impulsando la amistad entre nuestros países, Rusia y México, y la paz en el mundo, queremos que haya armonía, y como hemos señalado, México es un factor de paz, y ésta la impulsamos a través de las buenas relaciones con todos los países del mundo y también promoviendo políticas internacionales multilateralistas.

¡Sean ustedes muy bienvenidos a esta sede del Senado de la República mexicana, distinguido Embajador y Senador de Rusia!

Muchas gracias por su visita.

Continuamos.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019, contempla la disminución del IVA para toda la región fronteriza. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Senadora Mayuli Latifa, adelante, por favor.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Hoy se somete a consideración este proyecto de punto de Acuerdo que hemos venido promoviendo diferentes Senadores y Senadoras del Partido Acción Nacional, y que muchos también se han ido sumando el que pudiéramos llevar a cabo precisamente las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del IVA.

Precisamente para que se pueda incorporar las zonas fronterizas norte y sur definidas como tal para que pueda tener este tipo de beneficios en la reducción del IVA que finalmente ha habido propuestas, iniciativas, exhortos e inclusive ha habido también declaraciones del propio gobierno federal.

Entonces, en ese sentido, creo que vamos sumando.

El propósito precisamente que tenemos que hacer y con toda la responsabilidad como legisladores sin distinción de qué partido político pertenezcamos, es precisamente generar las mejores políticas públicas para el beneficio de los mexicanos y en particular, en particular, para aquellos estados que estamos en las regiones fronterizas, no solamente de la frontera norte de nuestro país, sino también con diferentes características, pero no menor, la frontera sur de México, las cuales Quintana Roo, también ha tenido este tipo de disminución del IVA hace unos años y que, por supuesto, seguiremos impulsando el beneficio de las propias economías, de la economía de la frontera sur del país y, sobre todo, que sigamos trabajando en conjunto en mejores políticas públicas para beneficio de la sociedad de México.

Y por supuesto, Senadora por Quintana Roo, velando también por los intereses de los quintanarroenses.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Pregunto si existe algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la palabra.

Adelante, Senador José Luis Pech, tiene el uso de la palabra.

El Senador José Luis Pech Várguez: Solamente para celebrar este Acuerdo político que ahora se presenta y que le regresa a las zonas fronterizas del país el estímulo fiscal que antes tenían.

Este es un proyecto que anteriormente se perdió en otros partidos y que ahora regresa, no solamente por iniciativa presidencial, sino también por iniciativa del Senado y de varios Diputados.

Decir que esto es un buen regreso hacia lo que deben de ser las cosas, para permitir el desarrollo particularmente de una zona como Quintana Roo, estamos a favor, evidentemente, de esta propuesta.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Pech Várguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Freyda Marybel Villegas.

Adelante, por favor.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Efectivamente quiero comentarles que uno de los grandes reclamos en el estado de Quintana Roo es el tema del IVA, en la visita reciente de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revisar el tema.

En este 2019, efectivamente ustedes saben que la zona fronteriza del norte es la que tendrá el beneficio, pero sí por supuesto, nos sumamos a este exhorto para que en el próximo ejercicio fiscal de la zona fronteriza sur que, incluso, es uno de los compromisos que se estarán atendiendo por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel.

Gracias y buenas tardes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Freyda Marybel.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Quiero agradecer a las áreas de Servicios Administrativos y Parlamentarios, que ya tenemos el reloj frente a la tribuna, eso va a permitir que el orador o la oradora puedan revisar su tiempo de intervención.

Muchas gracias a las áreas correspondientes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez García.

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a su Presidente, el Senador Alejandro Armenta, por el respaldo a este dictamen que se puso a su consideración, el cual atiende una de las actuales problemáticas que afectan al norte del estado.

La región de “Los 5 Manantiales” se encuentra integrada por 5 municipios: Allende, Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Nava. Haciendo un poco de historia, les comento que en 1994, la Secretaría de Hacienda autorizó la apertura de una Garita en el kilómetro 53, permitiendo que la región de “Los 5 Manantiales” completa, fuera considerada como parte de los municipios que integraban la denominada franja fronteriza norte, situación que se vio terminada con el cierre de la misma en el año 2014.

Sin embargo, el Decreto publicado el 31 de diciembre del 2018, por el Titular del Ejecutivo Federal, solamente considera, dentro de los estímulos fiscales de la región fronteriza, a los municipios de Zaragoza y Nava, dejando fuera a los municipios de Allende, Morelos y Villa Unión.

Por esta razón, compañeras y compañeros, les pido su respaldo con su voto a favor de este dictamen, que de ser considerado por la autoridad hacendaria, pretende incorporar a los municipios restantes al Decreto.

Con esto, estaremos brindando a toda la región de “Los 5 Manantiales” las condiciones económicas necesarias para el fomento, el desarrollo, la generación de empleos, posibles nuevas inversiones y beneficiando a miles de habitantes de la región de “Los 5 Manantiales” en Coahuila.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Verónica Martínez.

Pregunto si algún otro Senador o Senadora quiera hacer uso de la palabra.

De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos enseguida a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este punto de prevención del delito, que es un programa nacional, el grupo parlamentario del PRI pide que regrese el presupuesto que para 2019 no tiene. Esto se ha pedido porque en el PEF de 2013 tenía alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que esto es para atender los factores de riesgo y la protección vinculada a la violencia y a la delincuencia.

Es muy importante que tenga presupuesto este programa, que había sido todo un éxito y que, sin embargo, no le dieron presupuesto para este año.

Es para reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia, de la población, es generar un entorno favorable de convivencia y de seguridad ciudadana, también de asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar programas de prevención social.

Sabemos que en diciembre este punto lo vimos en la Comisión de Hacienda y que pasa para la Cámara de Diputados, que estamos en el mes de febrero, pero que, sin embargo, que exista alguna reasignación para que le puedan dar recursos a este Programa Nacional de Prevención del Delito.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Camino Farjat, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, señor Presidente.

Ahorita, conversando con la autora, que me permitió firmar también el punto de Acuerdo, con la Senadora Antares, efectivamente, ha habido un cambio en la conformación de la Administración Pública Federal y el Programa de Prevención, entiendo que va haber uno en la Secretaría de Seguridad Pública, que, pues, precisamente vamos a evaluar ya la Estrategia de Seguridad en la Comisión de Seguridad Pública y posteriormente se someterá al Pleno.

Y lo que quisiera yo proponerles es que este punto de Acuerdo modificáramos tantito la redacción para que pudiera quedar vigente, porque si la dejamos como está, pues, digo, el PEF ya salió, entonces, de cierta forma no tendría chiste.

Pero si modificamos la redacción y decimos que es para pedirle a Cámara de Diputados, y también hacerlo extensivo a la Secretaría de Gobernación, porque ahí es donde se quedó la parte de prevención social del delito, que pudieran, dada la estrategia, que aquí se apruebe con los cambios también y lo pertinente a la Guardia Nacional, a hacer el replanteamiento para que, insisto, para que podamos dejarlo vigente y no se quede en el aire porque es algo en lo que, pues, todos coincidimos.

Pues si les parece hacer el cambio.

Por eso, señor Presidente, le pido que se anexe lo que acabo de decir, la versión estenográfica al punto de Acuerdo para que pueda ser turnado a la Cámara de Diputados.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la solicitud que ha hecho la Senadora Verónica Camino.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la solicitud que ha hecho la Senadora Verónica Camino. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo, el dictamen del punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el punto de Acuerdo que exhorta al Presidente electo, fue la solicitud original, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme al artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradores ni oradoras, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Continuamos con la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de toda la población afectada a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, y a diversas autoridades a que investiguen esta operación irregular. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se desechan diversas disposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el dictamen.

Al no haber oradoras y oradores que quieran hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Vamos a pasar al siguiente asunto que es el apartado de iniciativas.






Y en la primera ronda tiene el uso de la palabra el Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SE REFORMA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señor Presidente.

La iniciativa que hoy vengo a someter a su consideración tiene inspiración en el Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y su lucha por reducir los índices de inseguridad y corrupción que hoy tenemos como país.

Después de una investigación realizada sobre los orígenes de la corrupción, me encontré con el dato vinculante de que los países que tienen tecnologías cerradas de radiocomunicación en materia de seguridad, como es el caso de México, presenta los mayores índices de percepción de corrupción.

En contraparte, los países con menor índice de corrupción usan tecnologías abiertas en materia de seguridad, lo cual les ha garantizado una encriptación segura de datos y comunicación, lo que les ha permitido reducir el costo de inversión en el tema de seguridad.

En consecuencia, estos países cuentan con altos índices de transparencia y eficacia en el combate a la delincuencia.

En su momento, las tecnologías cerradas de radiocomunicaciones fueron un concepto válido, pero que se fue condenando asimismo por la monopolización, ya que bajo un esquema de tecnología cerrada, un único proveedor es quien fija las reglas y el precio, lo cual, desde mi punto de vista, limita los avances tecnológicos.

Desde 1998 el Sistema Nacional de Seguridad Pública creó, instaló y puso en operación la Red Nacional de Radiocomunicación con tecnología Tetrapol digital, troncalizada y cifrada operando en la banda de frecuencias autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para uso exclusivo de seguridad pública. Es así que esta Red ha permitido la comunicación entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, al basarse en tecnologías cerradas no se ha adaptado a los avances tecnológicos en la materia, lo que ha traducido en costos altos, y lo peor, le ha facilitado a la delincuencia organizada subirse a dicha Red y conocer las comunicaciones de las instituciones de seguridad pública de nuestro país.

Los avances tecnológicos y el rezago de la tecnología cerrada han permitido que en la actualidad la tecnología del crimen supere la tecnología del Estado mexicano.

Para exponer lo anterior me voy a apoyar en algunos datos.

Transparencia Internacional del año 2018 muestra los países con mayor índice de corrupción, y entre éstos se encuentra la mayoría de África y México, y es justamente en estos países donde existe una estrecha correlación entre la falta de transparencia, inseguridad y tecnologías cerradas.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del 2015 dice que México tiene el menor desempeño en seguridad y corrupción entre los países que conforman la OCDE. Este estudio muestra que los países que cuentan con tecnologías abiertas en materia de radiocomunicación, en su gran mayoría son menos corruptos, principalmente los países nórdicos. Mientras que los países con mayor corrupción cuentan con tecnologías cerradas en materia de comunicación.

México ocupa desafortunadamente el lugar 35 de 35 países.

Aunado al tema de las tecnologías abiertas y cerradas, uno de los graves problemas a los que se enfrenta el combate a la delincuencia en nuestro país es la falta de coordinación e intercambio de información de hacia y entre las instituciones y corporaciones dedicadas a la prevención y persecución del delito en los tres niveles de gobierno.

Actualmente la Red Nacional de Radiocomunicación carece de una estructura funcional, lo que representa un riesgo que afecta su propósito fundamental, el cual es unificar los sistemas de radiocomunicación de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, es urgente contar con tecnologías abiertas en materia de radiocomunicación, así como estándares internacionalmente reconocidos en la materia, cuya incorporación en los lineamientos, criterios, acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Nacional de Seguridad permitan una efectiva interoperabilidad, compatibilidad e interconexión en la tecnología, infraestructura y sistemas empleados en la radiocomunicación, videovigilancia, servicios de llamada de emergencia y centros de control, comando, cómputo y comunicaciones que operan las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

Los principales beneficios que obtendríamos como país si adoptamos tecnologías abiertas y sistemas con estándares internacionales para la interconexión e interoperabilidad de las comunicaciones son: Garantizar la libre competencia y concurrencia en la oferta de bienes y servicios relacionados con la tecnología y sistemas enfriados en radiocomunicación. Videovigilancia, servicios de llamadas de emergencia y centros de control, comando, cómputo y comunicaciones.

Asegurar que el Estado mexicano cuente con las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para adquirir, arrendar y contratar servicios relacionados con tecnología en materia de seguridad.

Incorporar la tecnología más avanzada para operar la Red Nacional de Radiocomunicación y/o de cualquier otra red que en el futuro pudiera complementarla o sustituirla. Proporcionar a las instituciones de seguridad pública la mejor infraestructura y equipamiento en radiocomunicación y videovigilancia para desarrollar mejor sus funciones de prevención y persecución del delito.

Es por ello que me permito presentar una Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para reformar también la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de crear un Comité Normativo de Tecnología, Infraestructura y Sistemas de Radiocomunicación, Videovigilancia, Servicios de Llamadas y Centros de Control, Comando y Cómputo, el cual formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública como un órgano técnico que auxilie a dicho sistema en la determinación y homologación de las características, tecnología, infraestructura y sistemas informativos y medios de comunicación.

Por lo extenso de la iniciativa, le solicito, señor Presidente, sea insertada íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Pérez Cuéllar. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.

Antes de continuar con la siguiente iniciativa, quiero informar al Pleno de este Senado de la República, que se encuentra presente una personalidad muy destacada, un defensor de Derechos Humanos, un activista en favor de los pueblos indígenas, que es el Obispo Demérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, les pido un aplauso muy fuerte.

Sólo quisiera comentar que Arturo Lona Reyes, nació en Aguascalientes en noviembre de 1925, tiene 93 años de edad, es un Obispo mexicano, conocido como “El Obispo de los pobres”, y renunció a este cargo en 2001. Entre otras funciones, ha sido Presidente de la Comisión Episcopal de Indígenas, en 1972 y fundador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac de Tehuantepec.

En 2008 fue galardonado con el XVI Premio Nacional de Derechos Humanos, don “Sergio Méndez Arceo”, como reconocimiento a toda una vida entregada en la defensa y promoción de los derechos humanos de los pobres e indígenas de Huejutla, Hidalgo y en Tehuantepec, Oaxaca.

¡Sea bienvenido el Obispo Demérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes! Muchas gracias por su visita.

Continuamos con la presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4o., 25 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

(Presentada por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma constitucional que tiene como finalidad hacer justicia a todos los mexicanos, que tiene como propósito reconocer como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica y con ello terminar con los altos costos del servicio y garantizar el acceso a todas y todos los mexicanos.

La energía eléctrica es un recurso natural, fundamentalmente para la subsistencia de la humanidad, del cual no se puede prescindir hoy en día, y sobre el cual no debe existir la incertidumbre de los mexicanos sobre su suministro.

Durante los últimos años hemos padecido de los altos costos del servicio eléctrico, un servicio deficiente y una falta de cobertura para el 100 por ciento de la población.

Hechos que demandan nuestra atención y nuestra solución. Compañeras y compañeros, la generación de la energía eléctrica en México data del año 1879 e inició como un impulso al desarrollo en la producción, casi un siglo después, en 1933, se decretó que la generación y distribución de la electricidad es una actividad de utilidad pública.

En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica como una medida del gobierno para garantizar el servicio y la cobertura a todos los mexicanos, a impulsar el desarrollo del país.

Hoy en día el ejercicio y disfrute de derechos humanos como la alimentación, el acceso a los servicios de salud, la vivienda digna, la educación de calidad, un medio ambiente adecuado, cultura, bienestar para las personas y acceso a su información y a sus tecnologías, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet, la libertad de expresión, imprenta, entre muchos otros, dependen también del suministro de energía eléctrica.

No cabe duda alguna, la importancia de este recurso natural radica en la utilidad y los beneficios proporcionados a la sociedad en general y se percibe en la mayor parte de los hogares, de las oficinas, de los talleres, de las fábricas, que dependen del suministro de la energía eléctrica.

Como tal, es usada prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana, y en muchos es indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales, por lo que es una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. Por todas estas consideraciones, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, por el gobierno.

En el contexto internacional, los distintos acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México, por supuesto, es parte, reconocen que la energía eléctrica, como un derecho humano y no como una mercancía, la consideran como un sentido altamente social, con mucha trascendencia, el de derecho humano de utilidad social al que deben de accesar las personas en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación.

En México, lamentablemente se sigue viendo como una mercancía y tal parece que contrario a los principios que motivaron su nacionalización, se busca obtener el mayor lucro por este servicio. Durante los últimos años, los mexicanos hemos padecido el incremento alarmante por el consumo de energía eléctrica en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso comercial o industrial también como se le conoce, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así como a pequeños comerciantes.

Hoy en día muchas familias se ven en el dilema de elegir entre pagar luz o atender las necesidades básicas de sus núcleos familiares como es la salud, la educación y la vivienda, una vivienda digna.

Por ello vengo a proponer esta reforma en materia constitucional, que podamos garantizar, también como un derecho fundamental de los ya mencionados, este derecho a la energía eléctrica, un derecho que debe ser garantizado bajo ciertos elementos mínimos que deben de ser de forma suficiente, continua, segura, aceptable y asequible.

Ya no podemos ver a la energía eléctrica, no solamente como parte de los ingresos o de recaudación para este país. Lo que tenemos que buscar es que cualquier persona pueda gozar de este servicio y que se tenga como una prestación de servicio, mas no con efectos recaudatorios, como una empresa para tener ganancias.

Eso fue en algún momento y hoy las consideraciones y las necesidades que tienen los mexicanos de tener menores incrementos a los costos de la energía eléctrica es que se pueda dar un servicio de prestación como tal y no con efectos recaudatorios.

Por ello, los legisladores tenemos la responsabilidad de velar por este reconocimiento y la progresividad de los derechos fundamentales. Asumamos esa responsabilidad y ojalá podamos apoyar esta propuesta con prontitud en esta Cámara de Senadores.

Le pido a la Mesa Directiva que nada más pudiera insertar de manera íntegra al Diario de los Debates la iniciativa presentada por una servidora.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mayuli Latifa. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una inciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

(Presentada por la Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La propuesta que venimos a presentar el día de hoy tiene como propósito complementar una omisión que surgió cuando se estableció originariamente el Sistema Nacional de Planeación.

En ese entonces, aunque el Sistema Nacional de Planeación pretendía lograr una visión de mediano y largo plazo en el compromiso de proyectar el desarrollo nacional, y a través del marco constitucional obligar a las administraciones públicas a que trascendieran la coyuntura, se señaló que el Plan Nacional de Desarrollo sería aprobado únicamente por la Cámara de Diputados.

Esto, además de dejar fuera a quienes representan el Pacto Federal, a quienes tienen un mandato de seis años y tiene mayores posibilidades de dar seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, a quienes representan la fortaleza de las regiones y la diversidad de México, llevaba a concebir la planeación como un ejercicio meramente economicista, pues el único argumento que se arguyó para que la Cámara de Diputados fuera la única facultada, es que ahí se aprueba el presupuesto.

Desde esa perspectiva y consciente del vigor de este Senado de la República y de la representatividad genuina de las regiones de nuestro país, y de cómo la planeación tiene que equilibrar el desarrollo entre regiones, y cómo el criterio del Senado de la República debe ser considerado, las reformas que estamos proponiendo lo único que hacen es corregir este yerro y adicionar a las facultades del Congreso de la Unión para que sean las dos Cámaras las que aprueben el Plan Nacional de Desarrollo.

En ese sentido, la propuesta específica es una reforma al artículo 73 constitucional, de las facultades del Congreso, para que se adicione una fracción XXIX-D, que a la letra dice, actualmente la fracción XXIX-D: “para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional”. Lo que proponemos se adicione es: “así como aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá por aprobado”.

Y, consecuentemente, se deroga la fracción VII del artículo 74 de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que decía, y la propuesta es: “que se derogue aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá por aprobado”.

Compañeras y compañeros Senadores, esta facultad para el Senado de la República es consistente con el esfuerzo de esta Cámara, de representar el interés de todos los mexicanos y de proyectar el sistema de planeación como un esfuerzo compartido por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Ruego a la Presidencia ordene se publique el texto íntegro de la iniciativa presentada.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a publicar el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los cambios políticos no se declaran, no se prometen, se cumplen. Son las acciones concretas y cuantificables y no sólo las palabras y discursos los que marcan las verdaderas transformaciones.

México atraviesa una etapa en la que los ciudadanos se empoderan cada vez más, ya que contamos con más y mejores mecanismos de información que hacen posible contar con una sociedad crítica e informada; sin embargo, a pesar de eso, no contamos con suficientes instrumentos para hacer exigible el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, en especial de aquellos que fueron prometidos en las plataformas electorales.

En ese sentido, las compañas electorales se han convertido en un concurso de declaraciones, de promesas, y a veces ocurrencias que, desafortunadamente, después de los procesos electorales quedan en el olvido y en compromisos incumplidos.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que en el ejercicio del servicio público se debe honrar la palabra, se debe cumplir los compromisos y se debe de llenar de contenido político, por ello las plataformas electorales no pueden seguir siendo documentos vacíos que queden en la desmemoria. Las plataformas electorales deben convertirse en herramientas efectivas de rendición de cuentas y escrutinio ciudadano.

Por ejemplo, en campaña hubo quienes dijeron que no iban a militarizar la seguridad pública, que el patrimonio de los funcionarios públicos iba a ser transparente y claro.

Hubo quienes dijeron que no se harían compras y obras públicas sin la licitación correspondiente. Hubo quienes dijeron que acabarían la actitud sumisa ante el gobierno de Donald Trump.

Hubo quienes dijeron que bajarían el precio de la gasolina. Cuando se llega al poder se deben de cumplir los compromisos y las promesas, se debe honrar la palabra.

Si queremos lograr una verdadera transformación de la vida pública no podemos seguir apostando a la desmemoria de los ciudadanos.

Por ello, el día de hoy, los Senadores de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para convertir a las plataformas electorales en verdaderos instrumentos de rendición de cuentas y de evaluación pública del desempeño de los representantes populares.

Se propone que el Instituto Nacional Electoral cuente con un sistema de seguimiento y escrutinio público de las plataformas electorales para que los ciudadanos puedan verificar su cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo, y si es posible incluir hasta sanciones correspondientes y de tipo económico.

La rendición de cuentas debe ser la norma, esa es la única vía para fortalecer nuestras instituciones, para recuperar la confianza de los ciudadanos y para tener buenos gobiernos.

Confiamos en que esta iniciativa sea respaldada por todos los grupos parlamentarios, para tener un instrumento eficaz de transparencia y de evaluación del desempeño de los representantes populares.

Contar con herramientas para evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales nos sirve a todos, fortalecerá nuestra democracia y empoderará a los ciudadanos.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rendición de cuentas es un derecho humano protegido por principios de constitucionalidad y convencionalidad. Para Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, los derechos humanos son: “Expectativas formadas de todas las personas con relación a la acción u omisión de los Estados, las empresas, los poderes facticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera dignidad humana”1 Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que considera, la libertad, la justicia, la dignidad intrínseca y la igualdad de derechos para todos los integrantes de la familia humana. Específicamente en su artículo 21.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

Por lo anterior, los derechos humanos son parte fundamental en el desarrollo de las democracias de todos los países del mundo, es decir, no podría existir democracia sin cumplimiento de los derechos fundamentales.En ese sentido, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección.

Según el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito los derechos Humanos son: “el Conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual o colectivamente”2.

En ese sentido, la rendición de cuentas, suele encontrar varias definiciones coincidentes con sinónimos de responsabilidad política, control, fiscalización o transparencia. Así, por ejemplo, se habla de rendición de cuentas, cuando el titular del Ejecutivo federal rinde el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados, el primero de septiembre de cada año. También se habla de rendición de cuentas cuando el Congreso de la Unión cita a altos funcionarios para que le rindan explicación de algún caso en concreto. Asimismo, se utiliza el concepto rendición de cuentas, cuando las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, hacen uso de recursos públicos y tienen obligación de informar ante un órgano fiscalizador acerca de dicho uso.

Para MacLean, la rendición de cuentas es:

“…el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que le son señalados y acepten responsabilidad en el caso de errores, incompetencias o engaño.”

Como podemos observar el término “rendición de cuentas” es utlizado en diferentes aspectos que sin duda, tienen que ver con la consecuencia directa de exigir una explicación, una rendición, una información, justificación y posiblemente un castigo, respecto al ejercicio de un cargo público. De lo anterior, se entiende que el Estado mexicano, reconoce, promueve, protege y garantiza los derechos humanos; por esa razón, la rendición de cuentas como derecho humano debe ser respetado en términos del artículo 134 de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente.

(…)

(…)

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

(…)

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

(…)

(…)

Partiendo de lo expuesto, es necesario generar mecanismos de rendición de cuentas, con relación a las promesas de campaña que realizan los candidatos a cargos de elección popular y que posteriormente se convierten en autoridades electas.

Es bien sabido que los partidos políticos registran una plataforma electoral que contiene todos los planes, programas y políticas públicas que serán aplicadas si resultan ganadores. Sin embargo, los candidatos que se convierten en autoridades electas popularmente, en la mayoría de los casos, se olvidan de cumplir con las plataformas electorales que registraron y los llevaron al triunfo.

Por ello, es pertinente controlar el abuso del poder y el ejercicio indebido de la función pública, mediante el establecimiento de mecanismos jurídicos que permitan sancionar a los políticos que se conduzcan sin ética política. La mentira no puede ser la base de nuestra democracia.

La esperanza generada en la sociedad mediante las promesas de campaña, no puede ser burlada, por políticos insensibles, y especialmente, ante una sociedad doblegada por la violencia, la impunidad, la desigualdad y la injusticia. La ética política debe imperar con el objetivo de otorgar valor a la verdad, so pena de sanción, en caso de incumplimiento a las promesas de campaña registradas ante las autoridades electorales.

Atendiendo a esta realidad que prevalece en materia de cumplimiento de propuestas y promesas de campaña, es pertinente referir que no existe ningún instrumento jurídico o legal para sancionar su incumplimiento, por lo que la única vía, seguirá siendo la sanción política, es decir, mediante el voto de castigo.

No obstante, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41, fracción IV, dispone:

“La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y campañas electorales”.

(…)

“La violación a estas disposiciones o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.”

La anterior disposición permite establecer las reglas de las campañas electorales, es decir, su duración y demás criterios que pueden ser establecidas en la ley, por lo que, partiendo de esta disposición constitucional, es posible establecer un proceso de monitoreo, difusión y en su caso, sanción por el no cumplimiento de las promesas o propuestas de campaña.

En necesario entender que México atraviesa una etapa en la que la ciudadanía se empodera cada vez más, pues cuenta con mecanismos críticos y democráticos que facilitan el acceso a la información, y hacen posible exigir el cumplimiento de planes y programas de gobierno, contenidos en las plataformas electorales.

Ahora corresponde justamente, por un lado, a la ciudadanía exigir herramientas que le permitan ser copartícipes en la ejecución de plataformas electorales, planes y programas; y por otro, a instituciones, partidos, y líderes políticos dar cumplimiento real y efectivo a sus promesas de campaña.

Hoy, nos enfrentamos todos: ciudadanía, actores políticos, e instituciones gubernamentales a un nuevo paradigma, en el que la participación, la colaboración, la ética, y los resultados serán los elementos determinantes de una nueva democracia incluyente y eficaz, que beneficie a la sociedad mexicana en todos los estratos, y que no solo conduzca al interés y bienestar de unos cuantos.

Las plataformas electorales deben trascender y dejar de percibirse como un simple requisito de ley para contender a un cargo público. Las plataformas electorales deben cumplir con su objetivo primordial, consistente en exigir que la política democrática no solo sea una disputa entre personas por el poder, sino una confrontación de ideas plurales y alternativas sobre el ejercicio del poder público.

Las plataformas deben ser el documento político programático de cada partido político, y de cada candidato, pues ahí se advertirá su capacidad de diagnóstico y se reflejará hasta dónde conocen la realidad política, económica y social.

Por ello, la presente iniciativa pretende que las plataformas electorales sean un verdadero proyecto que se cumpla, ya sea a corto, mediano, o largo plazo, y que su objeto sea resolver fehacientemente los múltiples problemas que aquejan a la sociedad mexicana, tales como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, e inseguridad.

De esta manera se proponen modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para regular el cumplimiento de las plataformas electorales, a través de los denominados informes generales y específicos acerca de la gestión de los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, establecidos en las plataformas electorales que llevaron al triunfo a los gobernantes, y a partir de ellos, evaluar la función pública. Siendo el Instituto Nacional Electoral, el que vigile y registre el cumplimiento de los informes respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso i) al numeral 1 del artículo 3, un numeral 5 al artículo 7 y una fracción j) al numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa al cumplimiento de las plataformas electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) a g) (…)

h) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas;

i) Plataforma electoral: Documento público programático que contiene las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular, así como sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos en caso de resultar electos;

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 7.

1. a 4. (…)

5. Es derecho de los ciudadanos recibir de las autoridades electas, los informes generales, específicos, anuales y semestrales sobre el cumplimiento de las propuestas de campaña establecidas en las plataformas electorales, para evaluar la gestión de sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos.

Artículo 32.

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) y b) (…)

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

a) a h) (…)

i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas,

j) Realizar las acciones necesarias a fin de cumplir con el númeral 5, del artículo 7 de esta Ley, respecto al seguimiento en el cumplimiento de las plataformas electorales que registraron las autoridades electas popularmente y que las llevaron al triunfo, y

k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un término de 90 días deberá aprobar los acuerdos y lineamientos necesarios para cumplir con el seguimiento y monitoreo respecto al cumplimiento de las plataformas electorales que registraron los partidos políticos, contado con un portal de internet específico para que los ciudadanos puedan acceder a la información, considerando:

a) Monitoreo respecto a los informes generales, específicos, anuales y semestrales que realicen las autoridades electas a los ciudadanos de la circunscripción electoral que corresponda.

b) La coordinación con las autoridades necesarias para la transparencia, uso debido de la información, medios de comunicación y difusión de los compromisos adquiridos por las autoridades electas popularmente.

TERCERO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

1 Baltazar Pahuamba Rosas. El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos. Editorial Express 2017. Pág. 21.

2 Consulta Electrónica:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=177020&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Noé Castañón Ramírez.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Quiñonez Ruiz. Se turna a a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Va a sustituirlo el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD. Tiene la palabra para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del Infonavit; y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE, tiene la finalidad y va muy acorde con la revisión que está haciendo el gobierno actual con los temas del Infonavit, verdaderamente necesitamos que este servicio de crédito para vivienda de los trabajadores sea verdaderamente noble para los trabajadores, como debe ser, según sus postulados. Entonces, lo que está sucediendo en el Infonavit es que para sacar alguno de estos créditos se van volviendo créditos interminables a 30 años, nunca terminas de pagar el crédito, el crédito termina siendo muy alto.

Y esto se debe a que la deuda se incrementa al 12 por ciento anual y las mensualidades aumentan con respecto al salario mínimo, y como el salario mínimo ha estado incrementándose muy poco en los últimos años, pues claro que hay un diferencial muy grande que te multiplica la deuda y nunca baja su capital. En este caso, hace dos días, el Presidente López Obrador presentó un programa porque hay créditos que se han ido muy arriba. Me parece que la finalidad es buena, pero no va a ser suficientemente eficaz porque para que las personas puedan acceder a este beneficio les están poniendo requisitos que considero yo hay muy pocos que pueden cumplirlos. El universo son cerca de 180 mil créditos, pero lo cumplirán 20 mil si acaso.

Primero. Deben tener 14 años pagando el crédito.

Segundo. Ganar hasta cuatro salarios mínimos.

Tercero. Ser mayores de 40 años.

Cuarto. Estar al corriente en el pago cuando menos en los últimos dos años de manera continua, que no hayan fallado en ninguno de los 24 meses y deben de deber hasta 1.5 veces más del valor del crédito que pidieron al principio.

Me parece que son demasiados requisitos para que alguien pueda acceder a él, y les van a descontar hasta un 55 por ciento de su crédito. No se dice cómo es el hasta, pero me parece que son demasiados requisitos y que debe ser algo más abierto para que pueda funcionar. Entonces, estos créditos no pueden continuar funcionando de esta forma, nacieron para otorgar vivienda a la clase trabajadora del país a través de intereses bajos, lo que le da su carácter social, pero algo ha pasado en nuestro país que estamos volteados en estos créditos.

En teoría, la banca comercial debe ser más clara que el Infonavit, por una simple razón, la banca comercial renta el dinero a los ahorradores, a los inversionistas y después lo presta a créditos hipotecarios o créditos de cualquier tipo a la gente que solicita crédito. Así que ellos tienen un costo de captación, y por lo tanto, tienen, en teoría, que darlo más caro. El Infonavit no tiene costo de captación porque estamos todas las empresas obligados y trabajadores a abonarle al Infonavit sin que nos pague un solo centavo de interés, así que es como una especie de tanta, así, en teoría, el Infonavit debe ser más barato que la banca comercial, pero lo que está ocurriendo en México es que la banca comercial hoy, sus créditos hipotecarios oscilan entre el 8 y 10 por ciento en sus tasas de interés, mientras que el Infonavit está a una tasa del 12 por ciento, lo cual verdaderamente resulta para los trabajadores impagable una tasa más elevada y los pagos que están haciendo no están pagando capital, así que se la pasan pagando puros intereses la mayor parte del tiempo.

La propuesta es que nos igualemos a la banca comercial en su operación, que quitemos eso del salario mínimo y que nos vayamos al cobro de la tasa de interés normal al crédito, y que los pagos sean adecuados al trabajador y puedan estar pagando sus intereses y capital para que esto pueda tener un plazo corto y verdaderamente sea benéfico para el trabajador. Por eso la propuesta que estamos haciendo es de que las tasas de interés del Infonavit no pueden ser menores al 4 por ciento, pero tampoco arriba del 8.3 por ciento que es lo que se cobra, bueno, es una tasa de referencia interbancaria de equilibrio para que verdaderamente mantengamos los créditos del Infonavit sanos y ayudando al trabajador a que verdaderamente se haga de un patrimonio. Esto es prácticamente lo que estamos planteando y que espero, compañeros, cuando estemos en comisiones y en el Pleno, podamos darle de manera definitiva un trato especial a toda nuestra clase trabajadora del país.

Muchas gracias. Buenas tardes.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Fócil Pérez. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.






La segunda ronda del apartado de iniciativas tiene la palabra el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Alejandro Armenta Mier: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores. Amigas y amigos que nos siguen a través del Canal del Congreso.

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y la organización de la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización, todo lo que gira en torno al sector agropecuario previsto en el artículo 26 de nuestra Constitución. Es muy importante que el sector agropecuario recupere el vigor histórico que ha tenido en nuestra nación. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, ha comentado que: “la dependencia debe de abonar la agricultura de subsistencia donde el 80 por ciento de los agricultores viven prácticamente en condiciones marginales”.

La Secretaría de Agricultura ha propuesto 25 grandes programas para el desarrollo del país, 10 de los cuales tienen orientación social, cuatro están en la Secretaría, como son el precio de garantía, el crédito a la palabra, los fertilizantes y la producción para el bienestar. Es importante mencionar que para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la reactivación del campo es fundamental, el sector primario de la economía se convierte en un motor del sector secundario para garantizar que el sector de servicios participe de manera equilibrada en el desarrollo económico.

Ninguna nación en el mundo puede abandonar al sector primario, sobre todo cuando en el planeta pasaremos de 7 billones de habitantes a 9 billones, sobre todo cuando en México pasaremos para el 2050 de 120 millones a 150. Por eso la importancia de esta iniciativa y de lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Por eso la importancia de esta iniciativa. No podemos permitir que el clientelismo, la corrupción, mantenga la dinámica de este sector. Con los datos de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, sabemos que el campo ha tenido un abandono muy importante, radical, en los últimos 30 años. El crimen organizada se ha apoderado de las regiones rurales, siete de cada diez habitantes rurales, están considerados como pobres, y esto ha generado la presión de la migración hacia Estados Unidos, pero también la presión de la migración de las localidades a las ciudades, de las ciudades a las metrópolis.

Hay que dejar en claro que muchos jóvenes han sido enrolados en el crimen organizado, lo que contribuye al abandono del gobierno en el campo. El Consejo Nacional Agropecuario, por ejemplo, ha sostenido que el quebranto al campo por el crimen organizado asciende a 2 mil 200 millones anuales, según la denuncia del Consejo Nacional Agrario, los dueños de las tierras llegan a pagar al crimen por lo menos 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, 100 pesos por cada tonelada de grano embodegado y un mínimo de mil pesos por hectárea de maíz cosechada, según estimaciones hechas en el Congreso. En Puebla la circunstancia no es ajena, los robos de grano en vías ferroviarias han puesto en jaque a los avicultores y porcicultores de la entidad, así como la contaminación con las constantes fugas de los ductos de gasolina y de combustible, desde San Martín hasta la zona de Esperanza, como sucede en muchas regiones de nuestro país. Igualmente, los avicultores de México y de Tehuacán y la Unión Ganadera de Porcicultores de Puebla reportan pérdidas de 5 mil toneladas de granos. Es por eso, la iniciativa que prestamos, tiene como objeto promover el desarrollo rural sustentable del país, prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de las actividades agropecuarias se garanticen con estricto apego a su aplicación, es muy importante garantizar la rectoría del Estado y su promoción para que los recursos lleguen a los productores. Esta iniciativa busca garantizar que los recursos de los mexicanos que se canalizan, se programan a través de la Ley de Egresos, permitan su justa, precisa y exacta aplicación en el campo.

El proyecto de ley establece como punto Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Ley de Desarrollo Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 1º.- La presente ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general para la República, sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo sustentable del país, prever los apoyos que se les otorgan para la realización de las actividades agropecuarias, para que éstas sean responsables e inclusivas, propiciando un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y la justa promoción de la equidad en los términos que establece el artículo 25 constitucional.

Es cuanto, señoras y señores Senadores.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El campo mexicano de hoy es muy diferente al de la Revolución de 1910, al de la Reforma Agraria de 1936, y al del llamado "crecimiento hacia adentro" del período 1950-1980. Hoy nuestro campo está al mismo tiempo en la globalidad y en el atraso, con regiones muy desarrolladas de alta tecnología y con zonas deprimidas, marginadas y miserables.  Es importante hacer notar que muchos campesinos han cambiado su calidad productiva a la de pequeños empresarios familiares, como resultado de las negociaciones comerciales y las reformas constitucionales relativamente recientes. Sin embargo, subsiste una gran masa de población rural ubicada en pobreza extrema, cuya capacidad productiva está fuera de competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra barata. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el Gobierno Mexicano, con la finalidad de combatir la pobreza y lograr el desarrollo del campo, adoptó diversas acciones.

Sin embargo, el eje de la política agraria consistió en dotar de tierra a la población campesina, organizar a la mayoría de los campesinos en ejidos y comunidades y apoyar la explotación de los predios en forma colectiva y parcelada. Paralelamente se buscó la capitalización del campo, mediante la construcción de diversas obras de infraestructura como presas, canales de riego y caminos; equipo para las labores agrícolas y pecuarias; servicios tecnológicos profesionales; semillas y fertilizantes; y capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

La magnitud del reparto y de las obras probablemente hubiera sido suficiente para solucionar gran parte de los problemas de bienestar rural y de desigualdad regional; sin embargo: Desde finales de los 60 del siglo pasado, la superficie cultivable empezó a agotarse, mientras la demanda de tierra seguía creciendo.

De los 197 millones de hectáreas de superficie total en el país, sólo 31 millones son cultivables, lo que representa apenas un 16%; de la superficie total; Muchas obras de infraestructura viven un proceso de franco deterioro o están a punto de cumplir su vida útil; Ello ha obligado a millones de jornaleros agrícolas, recolectores y a las poblaciones indígenas marginadas; a trasladarse a las ciudades, en donde han pasado a formar parte de los cinturones de miseria; o bien, han emigrado hacia el norte en calidad de indocumentados;

Por otro lado, existen en el país por lo menos 4 millones de campesinos que viven en la economía de subsistencia y miles de ellos aún por abajo de ese nivel.

Es indispensable recordar que en el período 1940-1970, la agricultura produjo las materias primas y generó excedentes para exportación, pero al mismo tiempo perdió una buena parte de sus ingresos por la vía del desequilibrio entre los precios de los productos ofertados por la sociedad rural y los adquiridos a otros sectores de la economía.

 A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno respaldó la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos.

En 1983 surge el objetivo de mejorar la productividad del sector, a fin de aumentar la producción y preparar a los productores rurales para la apertura comercial. Durante los años noventa, el gobierno intensificó el proceso de redefinición de su papel en la economía.

Como consecuencia, las estructuras y funciones de algunas instituciones encargadas de prestar apoyo a las actividades agropecuarias disminuyeron y en algunos casos desaparecieron. Los cambios recientes en el ámbito rural han perjudicado sobre todo a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, las cuales son mayoritarias, mientras que han favorecido a la agricultura de exportación, concentrada en pocas manos.

La iniciativa tiene como objeto promover el desarrollo rural sustentable del país; prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional

SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución.

 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva; propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución

PROYECTO DE LEY

ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

 Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva; propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional.

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Alejandro Armenta Mier.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, Senador Armenta Mier. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador José Erandi Bermúdez, del grupo parlamentario del PAN para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para proveer recursos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROVEER RECURSOS

(Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Cuando nosotros tomamos protesta, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución, consumamos el altísimo compromiso como representantes populares, adquirimos con las personas y las familias que dan vida y sentido a la sociedad mexicana heterogénea y diversa que tiene en la infancia, una veta magnífica para la generación del mejor capital humano.

El párrafo noveno del artículo 4o. de nuestra Ley Suprema recoge y reconoce este principio.

A su letra dice: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De lo anterior se desprende que nuestra labor en tratándose de las niñas, los niños y los adolescentes, nos exigen altura de miras, generosidad en los acuerdos y visión de largo plazo.

Finalmente, lo que estamos sembrando el día de hoy lo cosecharemos mañana como sociedad.

Además tenemos que legar a las generaciones que nos van a suceder, mejores condiciones de vida de las que nos tocaron a nosotros.

Apostar por garantizar que se provean recursos suficientes e ininterrumpidos a la acción pública dirigida al interés superior de la niñez, es una propuesta que ciertamente aporta a la reparación y a la construcción de un tejido social.

Las niñas, los niños y adolescentes de México, incluso, desde la primera infancia, merecen el reconocimiento de su derecho a la provisión, no olvidemos que la protección y la participación son derechos de simultánea exigibilidad, hablar de provención en tratándose de conflictos significa aportar recursos y habilidades inteligentes para una resolución incluyente.

En este preciso momento, proveer de recursos suficientes e ininterrumpidos a la gestión de nuestro Estado mexicano en bien de la niñez, significa un tendido de puentes entre poderes, para poder hacer y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, sea una realidad que sirva a los demás, para vivir una vida mejor y más digna.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros Senadores, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de recursos.

Con esta propuesta se le reconoce al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la atribución de promover en los tres órdenes de gobierno el establecimiento ininterrumpido y suficiente de presupuestos destinados a la protección de dichos derechos, así como a su Secretaria Ejecutiva con la correspondiente de coordinar con la Cámara de Diputados la suficiencia presupuestal, que sea ininterrumpida y suficiente para dichos programas.

En el segundo transitorio pedimos 180 días al Ejecutivo Federal para hacer las modificaciones reglamentarias necesarias que ellos consideren, para la observancia de lo dispuesto de este Decreto.

De tal suerte sirva la presente iniciativa como un principio de solución para enriquecer el intercambio público, robustecer así el debate nacional en torno a los derechos de la niñez para alcanzar sembrando y mirando hacia un mejor futuro la patria que necesitamos.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 4º; por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RECURSOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables; esencialmente, tenemos como referencia pronta a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, instrumentos normativos que los reconocen como titulares de derechos y postulan la indispensable defensa de su interés superior.

El bienestar de las niñas y los niños como presente y esperanza de México exige, a quienes somos parte de la cosa pública, que les proporcionemos todas las garantías y facilidades para su pleno desarrollo, para que el compromiso con el progreso y prosperidad de nuestra nación sea una experiencia vívida.

Desde hace ya varias generaciones, en nuestro país muchas de las mujeres son cabeza de familia y madres a la vez, doble labor titánica que desempeñan amorosa y arduamente día con día; sin embargo, para poder producir y estar en condiciones de llevar el sustento a sus hogares, tienen que procurarse el auxilio de diversas personas, familiares e instituciones para la contención y el cuidado de sus menores hijos.

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, operado desde el sexenio del Presidente Calderón por la hoy Secretaría de Bienestar, a través de sus delegaciones en los estados, había sido uno de los más reconocidos por su incuestionable nobleza y pertinencia social en México. La ONU lo consideró como uno de los mejores programas públicos de México; para UNICEF es una medida que ayuda al sistema de protección de los derechos de los niños, así como un ejemplo de mejores prácticas en la materia.

Este programa federal está pensado para apoyar, a través de subsidios, a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas o niños con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebase la Línea de Bienestar, y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación.

En un esquema en que todas las partes ganan, las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuentan con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, estudiar, porque sus hijos quedan en buenas manos; simultáneamente, las mujeres cuidadoras en las estancias perciben una remuneración cierta y estable en que se premiaba y fomentaba la cultura del esfuerzo, que no la del clientelismo ocioso.

Al cierre de la Administración del Presidente Peña Nieto, había poco más de 9,200 estancias que atendían a más de 315,000 niños a nivel nacional. Sin embargo, con el cambio de administración, todo lo anterior se ha visto amenazado por un asombroso recorte en el presupuesto destinado al Programa de mérito para el presente ejercicio fiscal; se pasó de poco más de 4 mil 70 millones de pesos de 2018, a una cifra que apenas rebasa los 2 mil 41 millones de pesos para 2019. La diferencia es de casi un 50% menos.

De este modo, la dinámica económica de la transición política ya está representando un riesgo no sólo para la que se pensaba sería una inercia virtuosa de creciente calidad de vida para personas, familias, comunidades y regiones, sino la integridad familiar y el interés superior de la infancia (piedra angular para el porvenir de nuestro país).

La permanencia de padres y madres en la escuela o en sus empleos, así como las fuentes de trabajo para las personas que en las estancias laboran, hoy día están en peligro. Ya en el pasado mes de diciembre, el que esto escribe expresaba una de las aristas de la adversidad en Guanajuato:

En Guanajuato, se calcula que existen 467 estancias con 18 mil 600 niños y niñas y 17 mil familias beneficiadas, además de 3 mil empleos que dependen del recurso federal (…).

Es el caso que, al día 16 de los corrientes, maestros y empleados encargados de estancias infantiles en Celaya, expresaron su e inquietud por la suerte que correrían los pagos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los que requerirán previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Presuntamente, no habrían cobrado aún lo correspondiente a octubre y lo que va de noviembre.

Efectivamente, con fecha 14 de los corrientes, el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano Federal de la Sedesol en el Estado, habría hecho saber, mediante Oficio Circular Gto.- 18/131/720/El/028, a los Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa, la aplicación de ambiente controlado a partir de la fecha 12 de noviembre de 2018 para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, motivo por el cual cualquier dispersión de pagos (…) deberá ser autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación.

Añade el documento en cuestión, más adelante, que los pagos de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018, quedarán efectuados al ser autorizados por la SHCP para concluir pidiendo a los responsables de las Estancias Infantiles parte del Programa tomen provisiones puntualizando que derivado a esta aplicación quedamos en espera de tener la fecha exacta de la dispersión.

Como puede apreciarse, la certeza del pago del subsidio es indispensable para operar y, ante la inminencia del cambio del Gobierno Federal en nuestro país, es evidente la necesidad del establecimiento de las mejores vías de comunicación y coordinación entre dependencias, a fin de no entorpecer el adecuado funcionamiento de un Programa Federal cuya utilidad social está fuera de todo cuestionamiento.

Asimismo, no parece que Guanajuato sea la excepción, por lo que se considera indispensable que la Cámara Alta provea al tendido de los mejores puentes de diálogo para que, en todo el país, se aleje al Programa del peligro de colapso por motivos económicos.

Este no debe ser solamente un asunto de pesos y centavos o tener como pretexto la supuesta estrategia -si alguna- contra la corrupción; el interés superior de la infancia está de por medio.

Como legisladores de la República, tenemos que buscar las alternativas que la dinámica parlamentaria nos ofrece para resolver los problemas surgidos de la realidad histórica con, sin o a pesar de los vaivenes sexenales. Si bien los niños de primera infancia no votan, también merecen el reconocimiento de su derecho a la provisión. No olvidemos que la protección y la participación son derechos de simultánea exigibilidad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROVENCIÓN DE RECURSOS.

Artículo Único. Se reforma el artículo 125 y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la numeración, al artículo 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 125.

I. a III . …

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

Artículo 130.

I. a XV.

XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la prevención de presupuestos ininterrumpidos y suficientes, de conformidad con lo que disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 2, así como la fracción IV del artículo 125 de la presente Ley, y

XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional;

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

 

 

(…)

Sección Segunda
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley;

XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la prevención de presupuestos ininterrumpidos y suficientes, de conformidad con lo que disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 21, así como la fracción IV del artículo 125 de la presente Ley, y

XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez.

1 .- Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán (énfasis añadido):
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Erandi Bermúdez. Se turna a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente.

El artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que cada Cámara pueda, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, encuadrándose la presente propuesta dentro de ese supuesto.

Esta iniciativa pretende que la actuación del Senado de la República, en materia de transparencia y protección de datos personales, se adecúe al marco jurídico de la materia, delimitando su responsabilidad como sujeto obligado mediante el ordenamiento respectivo en relación con las leyes generales, federales, de transparencia y acceso a la información pública, sí como la general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

A estos efectos conviene definir lo que se entiende por transparencia, que es básicamente el dicho de un cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de el.

Hoy día este cuerpo, que es un concepto relativamente nuevo, el concepto de transparencia gubernamental en el ámbito jurídico y político de nuestro país, se refiere medularmente a la apertura y flujo de información social, política y económica de las organizaciones gubernamentales al escrutinio ciudadano, la cual debe de tener las características de accesibilidad, certeza y confiabilidad.

México ha vivido diversas etapas legislativas referentes a la transparencia, destacándose que; al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, no se contemplaba alusión alguna a la transparencia gubernamental o al derecho a la información; siendo hasta el año de 1977 cuando se reforma la Constitución para establecer en el artículo 6o. las bases de dicha prerrogativa, obligando al Estado a garantizar el derecho a la información.

En este contexto, en 2007, se reforma nuevamente el artículo 6o. de la Constitución para dar siete fracciones establecidas al principio y bases constitucionales aplicables en materia de transparencia.

En 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.

Dicha reforma constitucional establece que la información gubernamental debe ser pública, salvo las excepciones de la ley, estableciendo que los sujetos obligados deberán facilitar el acceso a la información respecto a los recursos públicos entregados a cualquier sujeto de derecho y plasmado en su Artículo Segundo Transitorio, para que así tenga la obligación el Congreso de la Unión de en un plazo máximo expedir la Ley General al artículo 6o. constitucional, así como las reformas que corresponden a la hoy abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, contemplando, además, el respeto a la protección de datos personales, la privacidad de las personas y los principios generales de acceso a la información.

En este entendido, a principios de esta década, algunas organizaciones civiles con experiencia en el ámbito de la transparencia, conjuntamente con el entonces Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de Información del Senado de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el Instituto Mexicano para la Competitividad impulsaron la llamada “Alianza para el Parlamento Abierto”, proyecto que buscaba crear una nueva relación entre ciudadanos y legisladores, en la que la participación de los órganos garantes de derecho de acceso a la información, los congresos locales, el Congreso de la Unión y la sociedad civil, a fin de mejorar el Sistema de Rendición de Cuentas y el Derecho a la Información Pública, pudieran contar con las mejores prácticas parlamentarias.

En este contexto es claro que la transparencia y la protección de datos personales han sido una de las principales metas de la sociedad civil y en la que el gobierno tiene todavía deudas pendientes. Aún y cuando este Senado de la República es sujeto obligado de la Ley General de Transparencia, lo cierto es que nos ha faltado la ruta para la implementación de nuestras obligaciones tanto constitucionales como legales.

Por eso es que el día de hoy se propone este proyecto de Decreto por el que se crea el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República, para crear los debidos protocolos, para crear las debidas rutas en las que debemos de dar la información obligada a los ciudadanos que así lo soliciten; pero también para crear los debidos mecanismos de protección de datos personales, ya que somos sujetos obligados que tienen datos de diversos ciudadanos y de los cuales debemos de salvaguardar.

Entonces nos faltaba este protocolo, nos faltaba esta ruta estratégica de actuación para que podamos dar un cumplimiento puntual y muy específico desde cada una de las comisiones, desde cada uno de los centros de estudios, desde las Secretarías, desde la Junta de Coordinación Política, desde cada una de las solicitudes de acceso a la información pública.

Que se haga llegar de manera individual o colectiva a cada uno como Senadores o como grupos parlamentarios o al Pleno en general, y de esta manera se transparente aún más, no solamente los recursos económicos, sino también todos los acuerdos legislativos a los que llegue este Senado de la República.

Lo ponemos a consideración de todos ustedes y esperamos que podamos seguir avanzando en materia de transparencia, en lo que compete a este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Claudia Edith Anaya. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Vamos a darle el uso de la palabra al Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso tres, recorriéndose el subsecuente, al artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO III), RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos y colimenses:

“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero”, sabiduría indoamericana.

El cambio climático es el mayor desafío de nuestros tiempos, sus efectos amenazan la producción de alimentos, la supervivencia de las especies, incrementa el riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos.

Si no tomamos medidas desde hoy será difícil que la humanidad pueda adaptarse a estos efectos en el futuro.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el cambio climático es atribuible, principalmente, a la actividad humana, lo que significa que está en cada uno de nosotros actuar para revertir y controlar sus efectos.

Hace dos semanas el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, visitó la Cámara de Senadores para pronunciar la Conferencia Medio Ambiente y Cambio Climático. Durante su participación dijo que: “era urgente emprender acciones que enfrenten de manera inmediata el cambio climático y sus consecuencias”.

Asimismo, señaló que se deben incrementar las edificaciones eficientes, mejorar la eficiencia en el transporte y fomentar el uso de energías alternativas como la eólica y la solar que son energías renovables.

El Partido del Trabajo reconoce que neutralizar el cambio climático es obligación de todos. El beneficio que logremos será colectivo y ayudará a brindar mejor calidad de vida a las próximas generaciones.

Teniendo presente que la mayoría de la energía que se utiliza en México proviene de combustibles fósiles, los cuales no son renovables y emiten grandes cantidades de contaminantes, proponemos incentivar el uso de energías limpias y renovables, promover la innovación tecnológica y la implementación de políticas públicas que reduzcan el uso de combustibles fósiles.

Consideramos que un mecanismo que resulta atractivo para fomentar el uso de energías renovables, así como el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático son los estímulos fiscales. Por lo que la presente Iniciativa propone otorgar estímulos fiscales para incentivar el desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares de tecnologías que generen energías renovables.

El uso de estas energías contrarrestan los efectos del cambio climático ya que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones de dióxido de carbono.

Las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que el clima está cambiando en todas partes del planeta. Por el bien de todos los seres vivos, legislemos a favor del uso de energías renovables para neutralizar los efectos del cambio climático y mejorar nuestro medio ambiente.

Como señaló Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas: “esta tierra es nuestro único hogar, juntos debemos cuidarla y valorarla. El cambio climático no respeta fronteras, no respeta si eres rico o pobre, pequeño o grande, requiere de nuestra solidaridad global”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO III), RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CONFORME A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El cambio climático es un tema de interés mundial que, desde hace varias décadas, ha sido discutido y analizado en diferentes encuentros internacionales. En 1972, se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que proclamó que “La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.” Desde esta fecha, el tema del medio ambiente pasó a ser una cuestión de interés e importancia internacional que orilló a los distintos gobiernos a tomar conciencia de esta problemática y de las formas de enfrentarlo.

A pesar de ello, se implementaron muy pocas políticas públicas nacionales para solucionar y contrarrestar los efectos del cambio climático. El medio ambiente siguió deteriorándose y se hicieron evidentes los primeros efectos nocivos: el agotamiento del ozono, lluvia ácida, degradación de los bosques, aumento de la temperatura, entre otros.

Pasada una década de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en 1983, las Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en 1987 presentó su informe Nuestro Futuro Común, cuyo mensaje principal es que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sostenible; la protección del medio ambiente y el crecimiento económico han de abordarse como una sola cuestión.

En 1992, se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Cumbre para la Tierra; sus objetivos fundamentales eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.

En el Principio 9 de la Cumbre para la Tierra, se menciona que “Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.” Por su parte, en el Principio 10 sostiene que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (…)”.

Ese mismo año, al adoptar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la partes de la Convención “Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad,” se proponen como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

El Gobierno de México firmó la CMNUCC 13 de junio de 1992, misma que fue ratificada por esta Cámara de Senadores el 3 de diciembre del mismo año. Tras la aprobación del Senado, la Convención fue ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993.

El Protocolo de Kioto fue adoptado durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) celebrada en la ciudad de Kioto, Japón, en 1997, en aras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el planeta que son los causantes del calentamiento global y promover el crecimiento sustentable de los países en desarrollo, esto es, busca poner en práctica lo acordado en la CMNUCC. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 para las naciones que han depositado su instrumento de ratificación, entre ellas México, que ratificó el instrumento en el año 2000.

Finalmente, durante la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) celebrada en París, Francia, se firmó un acuerdo dentro del marco de la CMNUCC con el objetivo principal de mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

Conocido como Acuerdo de París, fue negociado por los 195 países miembros y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. En él se establecen medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global.

El Acuerdo de París considera que las partes integrantes tienen diferentes capacidades y responsabilidades para atender el fenómeno del cambio climático, por lo tanto, asumirán en lo individual la responsabilidad de presentar de manera voluntaria sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), atendiendo a sus características y contextos particulares, como un medio de fortalecer y asegurar la participación de cada país, sin perjudicar el desarrollo y la competitividad de cada uno.

Las partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Las partes que son países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el siglo XX, la preocupación por el medio ambiente dio origen a la idea del desarrollo sustentable como un paradigma revolucionario que busca frenar la degradación ambiental generada por las actividades humanas.1

Los antecedentes de este concepto se remontan a los años 50 del siglo pasado, cuando germinan preocupaciones en torno a los daños al medio ambiente causados por la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, presenta el informe Nuestro Futuro Común, conocido también como “Informe Brundtland”, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el desarrollo sustentable: “Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.2

El desarrollo sustentable busca garantizar el derecho que tienen todos los seres humanos de disfrutar de un medio ambiente sano, de impulsar un modelo de desarrollo económico compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social.

La mayoría de la energía que se utiliza actualmente en el mundo proviene de sustancias con un gran contenido energético (hidrocarburos) formadas hace millones de años a través de procesos naturales. Estos tipos de combustibles no son renovables y emiten Dióxido de Carbono (CO2) al medio ambiente.

A diferencia de los hidrocarburos, las energías renovables provienen de fuentes naturales inagotables capaces de transformarse en energía limpia para la sociedad, ya que al generarse de manera natural y continua emiten muy pocos contaminantes.

En comparación con el mundo, la generación de energía renovable en México es baja; si medimos por tonelada, China es el principal generador de esta energía, su producción del año 2014 fue de 325.2 millones de toneladas, seguido por Estados Unidos, India y Rusia, quienes generaron 141.1, 204 y 19.1 millones de toneladas, respectivamente. En este mismo año México únicamente generó 15.2 millones de toneladas.3

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece que por cambio climático se entiende “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.”

Para las Naciones Unidas, el cambio climático tiene principalmente un origen antropógeno, es decir, es atribuible a la actividad humana y, en consecuencia, es posible remediarlo y contrarrestar sus efectos a través de mecanismos que la regulen de mejor manera como el fomento del uso de energías renovables, la implementación de políticas públicas que reduzcan el uso de combustibles fósiles, la promoción de innovaciones tecnológicas, la mitigación o eliminación de la sobre explotación de recursos naturales, entre otras.

Según un estudio internacional realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicado en la revista científica Nature, uno de los principales acontecimientos que se considera el primer factor del cambio climático es el periodo que comprende de 1760 a 1840 mejor conocido como la Revolución Industrial, a partir de esta época el aumento en las temperaturas comenzó a percibirse de manera importante, lo que demuestra que el cambio climático generado por el hombre no es un fenómeno nuevo suscitado a partir del siglo XX.

El cambio climático es considerado uno de los principales problemas ambientales, es un fenómeno multidisciplinario y multifactorial ya que representa una amenaza para el desarrollo de sectores como el productivo, económico, social y ambiental. El cambio climático al ser un fenómeno global debe ser de interés de todos porque su impacto tiene consecuencias negativas en todos los países; sus efectos no respetan las fronteras nacionales.4

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación.

La Ley General del Cambio Climático (LGCC) reconoce de manera expresa la influencia de la actividad humana como generadora del cambio climático global. Para este cuerpo normativo, el cambio climático es la “Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante los períodos comparables.” En este sentido, el calentamiento global, se debe a la excesiva concentración de gases de tipo invernadero vertidos a la atmósfera desde la Revolución Industrial del siglo XIX,5 producto de la descontrolada actividad humana.

La Ley General del Cambio Climático tiene, entre otros objetivos, el de: “Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.” Es por ello que nuestro país debe buscar todos los mecanismos que permitan no sólo mitigar los efectos de los GEI sino también reducir sus emisiones. Un mecanismo que ha resultado atractivo para fomentar el uso de energías renovables así como el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático son los estímulos fiscales, considerados por la Ley como instrumentos económicos de carácter fiscal.

Un estímulo fiscal es una forma en que se puede reducir o exentar el pago de algunas contribuciones. En general, los estímulos fiscales deben perseguir como objetivo principal velar por el interés público. En el caso en particular, lo que se busca con la presente iniciativa de reforma es incentivar el desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares, de tecnologías de generación de energías renovables.

Las energías renovables son todas aquellas que provienen de una fuente natural, son recursos limpios que una vez consumidos se pueden regenerar de manera natural o artificial, lo que los convierte en recursos casi inagotables. Las energías renovables contribuyen significativamente a cuidar el medio ambiente al ser energías limpias y representan una alternativa frente a los efectos contaminantes y al uso de los combustibles fósiles.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), frente a las fuentes convencionales, las energías renovables son recursos limpios cuyo impacto al medio ambiente es prácticamente nulo y siempre reversible.

Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes6:

- Energía hidráulica. Es la producida por la caída del agua. Las centrales hidroeléctricas en represas utilizan el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura. El agua en su caída pasa por turbinas hidráulicas, que trasmiten la energía a un alternador, el cual la convierte en energía eléctrica.

- Energía eólica. Es la energía cinética producida por el viento. A través de los aerogeneradores o molinos de viento se aprovechan las corrientes de aire y se transforman en electricidad. Dentro de la energía eólica, podemos encontrar la eólica marina, cuyos parques eólicos se encuentran mar adentro.

- Energía solar. Este tipo de energía nos la proporciona el sol en forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente). El uso de la energía del sol se puede derivar en energía solar térmica (usada para producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción) solar fotovoltaica (a través de placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar), etc.

- Energía geotérmica. Es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Por tanto, es la que proviene del interior de la Tierra.

- Energía mareomotriz. El movimiento de las mareas y las corrientes marinas son capaces de generar energía eléctrica de una forma limpia. Si hablamos concretamente de la energía producida por las olas, estaríamos produciendo energía undimotriz. Otro tipo de energía que aprovecha la energía térmica del mar basado en la diferencia de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas se conoce como maremotérmica.

- Energía de la biomasa. Es la procedente del aprovechamiento de materia orgánica animal y vegetal o de residuos agroindustriales. Incluye los residuos procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera.

El uso de estas energías renovables contrarrestan los efectos del cambio climático ya que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones de CO2. De ahí la importancia de promover el desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares, de tecnologías de generación de este tipo de energías limpias con el objetivo de contrarrestar los efectos del cambio climático.

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de adición a la Ley General de Cambio Climático:

Texto actual

Texto propuesto

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de eficiencia energética.

II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas emisiones en carbono;

III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.

Artículo 93. (…)

 

 

(…)

 

 

(…)

 


III. El desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares de tecnologías de generación de energías renovables y,

IV. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR LA QUE SE ADICIONA UN INCISO III), RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso III), recorriéndose el subsecuente, al artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. (…)

II. (…)

III. El desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares de tecnologías de generación de energías renovables y,

IV. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Alejandro González Yáñez
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

1 Gay García, Carlos, & Rueda Abad, José Clemente. (2014, octubre). Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático. Recuperado 28 enero, 2018, de
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/65_4/PDF/Sustentabilidad.pdf

2 Secretaría de Sustentabilidad, UANL. (2018, 1 noviembre). ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? Recuperado 29 enero, 2019, de
http://sds.uanl.mx/el-concepto-desarrollo-sustentable/

3 Observatorio de Inteligencia del Sector Energético. (s.f.). Energías Renovables. Recuperado 28 enero, 2019, de
http://www.oise.mx/renovables

4 Naciones Unidas. (2018, 5 septiembre). Cambio climático. Recuperado 28 enero, 2019, de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

5 Gay García, Carlos y José Clemente Rueda Abad. Sustentabilidad ambiental y cambio climático. En
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/65_4/PDF/Sustentabilidad.pdf, 28 de enero de 2019.

6 Recuperado 6, febrero, 2019, de https://twenergy.com/a/que-son-las-energias-renovables-516

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Joel Padilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.






Pasamos a la tercera ronda de iniciativas.

Tiene la palabra la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con su permiso, señor Presidente.

Estoy dando la presentación de iniciativa por la cual se les otorgue la nacionalidad mexicana a las niñas y niños donde en sus países de origen son obligados a migrar a nuestro país.

Buenas tardes compañeras y compañeros.

El día de hoy vengo a presentarles dos Iniciativas de naturaleza humanitaria con el propósito de lograr las reformas que impliquen la protección a uno de los sectores más vulnerables dentro de la población migrante, hablo precisamente de los infantes, aquellas niñas y niños que por diversos motivos han tenido que emigrar de sus diferentes países de origen, principalmente de los países de Centroamérica.

Al respecto, el 28 de noviembre del año pasado, la UNICEF manifestó profundamente su preocupación por la seguridad y el bienestar de los más de mil niños y niñas migrantes que se desplazan por México o esperan llegar a la frontera en Tijuana, cifra que no es definitiva pues como saben, es una cifra que está creciendo día a día y constantemente, mismos que están en espera de solicitudes de asilo o que sean escuchados por las autoridades de migración de los Estados Unidos.

Dentro del mismo comunicado, la UNICEF menciona que, en su intento por cruzar la frontera, las niñas y niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato de UNICEF en México.

Por ello, la UNICEF nos menciona que, en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente de las niñas y los niños.

Las niñas y los niños que deciden cruzar la frontera con o sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos.

Las niñas y niños migrantes pueden sufrir accidentes como: asfixia, deshidratación, heridas y pueden ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de su repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas.

Estas niñas y niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de los derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia como viven otros niños.

Situación que es preocupante ya que en México no se tiene un correcto manejo de dicha situación puesto que bajo un proceso migratorio se ha contabilizado que más de 138 mil niñas y niños durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 transitaron por nuestra nación y de los cuales a muchos no se les ha podido brindar una ayuda integral que oriente su pleno desarrollo.

Por ello, es necesario mencionar que casi 73 mil niñas y niños migrantes estaban acompañados, mientras otros 65 mil viajaban sin ninguna compañía lo que los deja en un desamparo inhumano.

Si bien es cierto que en México no existen las famosas “jaulas” o “hieleras” de detención que causaron críticas al gobierno de Donald Trump, diferentes defensores de derechos de los migrantes han señalado que las condiciones de detención y procesamiento de migrantes no son graves como los que tiene nuestro país vecino del norte.

Lo que nos lleva inmediatamente a tomar cartas en el asunto, y si bien hoy contamos con una figura de tolerancia a las recientes caravanas migratorias, ahora más que nunca nos tenemos que abrir a la posibilidad de nacionalizar a los infantes que se encuentren varados en nuestro territorio.

Es por eso, compañeras y compañeros Senadores, que hago un llamado a ustedes.

En la sensibilidad política, en la sensibilidad humana, logremos sacar adelante las reformas al artículo 30 constitucional, vinculante con el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, para efecto de que los niños y niñas migrantes, principalmente centroamericanos o de cualquier país del mundo que llegue a México, sean niños que humanamente nosotros protejamos y que logremos para esos niños en esa etapa, el bienestar.

Gracias, señor Presidente.

También quiero pedirle que se me omita la siguiente lectura en virtud de que estoy contemplando los dos artículos en este pronunciamiento, el 30 constitucional y el 20 de la Ley de Nacionalidad.

Gracias.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE NACIONALIDAD

(Presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena)



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Bertha Caraveo, quiere adherirse a su iniciativa. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: (Desde su escaño) Yo más bien quiero felicitar a la Senadora Trasviña por su iniciativa, y quiero pedir que me pueda adherir a la misma, porque me parece que es una iniciativa muy buena y que con mucho gusto y honor recibiríamos en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Su propuesta, creo que es un paso más en la defensa de los migrantes y, en particular, de los más vulnerables que son las niñas y los niños.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, Senadora Bertha Caraveo.

Para adherirse a la iniciativa, los Senadores Rubén Rocha, Ovidio, Gutiérrez Castorena, Nestora Salgado, Juan José Jiménez, Alejandro Peña, Antonia Cárdenas, Arturo Bours, Velázquez, Ricardo Velázquez, Gloria Sánchez, Gricelda Valencia, Armenta, Covarrubias, Pedro Haces, Eva Galaz, Primo Dothé, Marybel Villegas, Merced González y Mónica Fernández.

Muchas gracias, recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones.

Vamos a turnar la primera iniciativa, se presentaron dos, la que reforma el artículo 30 de la Constitución. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Y la segunda iniciativa que propone reformar el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Muchas gracias, Senadora Lucía Trasviña.

Quiero mencionar que se encuentra presente el Embajador ante el Sistema de las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, a quien le damos una cordial y calurosa bienvenida por su presencia en este Pleno del Senado que nos distingue.

¡Muchas gracias, Embajador!






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente.

Agradezco mucho el que me permitan hacer hoy uso de esta tribuna. Compañeras Senadoras y Senadores:

A lo largo de esta Legislatura, estos cuatro meses y un poquito más, he platicado con muchas personas en todo el país, sobre la necesidad de realizar una reforma al amparo indirecto, con el firme objetivo de que el mismo sea más justo, más efectivo y más expedito. Me he reunido con abogados, con jueces, con familiares de personas que están privados de su libertad, con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo con ciudadanos, cuyos derechos fundamentales se han visto vulnerados de manera irreparable por no contar con una resolución pronta y expedita.

De todas estas conversaciones les tengo que decir que encuentro mucha frustración al observar la magnitud del problema, el observar que existen juicios de amparo indirectos que tardan años en resolverse, cuando el Consejo de la Judicatura Federal menciona que el promedio es 103 días, desde que se presenta hasta que se resuelve, incluso que existen acuerdos internos del Consejo de la Judicatura Federal para que los jueces no tarden tanto en resolver.

No obstante, lo que es interesante, es que los jueces y magistrados con los que he platicado me comentan que esto no debe de hacerse, que se debe garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita, que no puede continuar sólo con las directrices al interior de la Judicatura, que o se debe realizar solamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el cambio es fundamental y debe realizarse en la Ley de Amparo.

¿En qué consiste? En que una vez que se haya celebrado la audiencia constitucional, es decir, que se haya integrado la Litis, se hayan emplazado las partes y se haya cerrado el plazo de éstas para realizar cualquier tipo de precisión, los órganos jurisdiccionales cuenten con 60 días para resolver el juicio de amparo indirecto.

El artículo 115 de la Ley de Amparo menciona que una vez admitida la demanda de amparo, el juez señalará hora y día para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los 30 días siguientes, mismos que se puede definir. Entonces, acorde a la presente iniciativa se tardarían entre 90 y 110 días en resolver un juicio de amparo indirecto, lapso similar que es promedio nacional.

Mi meta es que todas y todos los ciudadanos tengamos un recurso efectivo contra los actos de autoridad. En esta Soberanía debemos ser promotores de esa eficiencia, debemos permitir el acceso a la justicia pronta y expedita, no podemos, ni debemos permitir que los juicios versen sobre violaciones a los derechos fundamentales de las y los mexicanos durante años sin resolver. Por ello el día de hoy presento la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier, a nombre Del Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores, amigas y amigos que nos siguen en el Canal del Congreso.

El grupo parlamentario de Morena, en el Senado de la República, plantea una reforma legal de avanzada, indudablemente de avanzada. Una reforma que dé respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, conforme a los estándares mundiales en esta importante tarea de prevención y de combate al lavado de dinero.

El lavado de dinero proviene principalmente de actividades relacionadas con la comisión de múltiples delitos, incluyendo la evasión fiscal, la falsificación, el robo de hidrocarburos, la trata de personas, el secuestro, que se ha desencadenado en todo el país a partir de la lucha que el Presidente de la República ha hecho contundentemente contra el robo de hidrocarburos, la corrupción, entre otras, realizadas por las organizaciones delictivas que dañan al tejido social y pervierten la estructura financiera en México.

Las operaciones inusuales en nuestro país han sufrido un incremento alarmante. En la última década, sólo entre el 2004 y 2016, se han duplicado en número de estas operaciones a más de 72 mil registros, reflejando altos niveles durante los años 2014 al 2015, lo cual ha ubicado a nuestro país, lamentablemente, como una de las naciones con más flujo de recursos financieros ilícitos.

Como lo señala, y lo mencionó en el 2012 el Global Financial Integrity, respecto a un estudio de los últimos 40 años, en donde los flujos financieros ilícitos se incrementaron en México a más de 872 mil millones de dólares, cantidad impresionantemente que marca el nivel de corrupción y de impunidad que se ha construido en nuestra nación a partir del poder público.

Así es como proponemos en Morena, en materia de uso de dinero ilícito en nuestro país, como comúnmente se llama “lavado de dinero”, así como otras formas ilegítimas de uso de recursos reconocidas internacionalmente como el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, enfocadas principalmente a los siguientes rubros:

Artículo 2. Se agrega como objeto de la ley la prevención e identificación de operaciones que involucren los recursos relacionados con el financiamiento al terrorismo.

Artículo 3. Se ajusta la definición de entidades financieras para incluir a los asesores de inversión y a las financieras nacionales de desarrollo, tanto agropecuario, rural, forestal y pesquero.

Artículo 4. Se modifica en la definición de la relación de negocios para sustituir el calificativo cotidiano por el de habitual, lo que le confiere a la interpretación una claridad con mayor respecto al tema del propósito de esta ley.

Y la fracción V, del artículo 3. Que propone agregar la mención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que contará con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

La fracción Bis del artículo 3. Incorpora el enfoque basado en riesgos para determinar lo que debe entenderse como riesgos.

La fracción IV del artículo 6. Que se agrega la Secretaría de Hacienda, propondrá informar si en el ejercicio de sus funciones identifica hechos que pudieran constituir delitos tanto al Ministerio Público de la Federación, como a las autoridades competentes en materia de corrupción y delitos fiscales.

La fracción al artículo 6. Adiciona para establecer que la Secretaría promueva en las entidades federativas la implementación de unidades especializadas que contribuyan a la recepción y análisis de los informes de registros patrimoniales locales.

Todo el desglose de esta iniciativa busca atender temas centrales, como el listado de personas políticamente expuestas, como el denominado “al beneficiario final” para establecer a todas las personas morales que tiene la obligación de identificar o registrar personas o a grupos de control.

Adiciones que tienen que ver con la Fiscalía General de la República y su vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Acciones que tienen que ver con la finalidad de precisar que la información del Banco de México proporcione, en términos de dicho artículo, la calidad reservada de la información, porque en los expedientes reservados se observa una gran cantidad de saqueo de recursos asignados a fideicomisos y a fondos que hoy no sabemos cuál es su destino.

Por eso es importante también la adición al artículo 62, que incorpora la responsabilidad penal cuando existan los medios al alcance de los particulares que intervienen en este tipo de operaciones para verificar la licitud de los recursos. Finalmente, debo informarles que en el artículo 62 se propone establecer una punibilidad a quienes actúen como prestanombres para evitar, evitar su impunidad con el fin de promover y fomentar la erradicación del testaferro.

Esta iniciativa que presenta el grupo parlamentario de Morena, a través de su coordinador, el Senador Ricardo Monreal, busca, indudablemente, ponerle un freno a la corrupción, al abuso del poder, al saqueo. Llegó la hora de eliminar la corrupción de nuestro país.

Llegó la hora de desarticular los sistemas de fraude, de saqueo y de abuso del poder, creados desde el poder mismo.

Llegó la hora de acabar con las empresas fantasmas.

Llegó la hora de acabar con la facturación apócrifa.

Llegó la hora de que solamente sea estadística en nuestro país, que 3.5 millones, billones, 3.5 billones de pesos son producto de la evasión fiscal de las administraciones.

Llegó la hora de acabar con la corrupción de nuestro país.

Ese es el mandato que nos han dado los mexicanos, esa es la lucha que todos los días enfrenta el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que el grupo parlamentario de Morena está encaminando en este proceso legislativo.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Alejandro Armenta. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene la palabra el Senador Clemente Castañeda, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción, y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS Y PERSONAS DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 y 91 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

A pesar de que la corrupción es el problema público más notorio de la vida del país, hay aparentemente poca voluntad y poca claridad, de cómo combatir este fenómeno y acompañarlo del cambio de régimen que se ha planteado por el hoy partido gobernante.

Algunos pensaban quizá que con el cambio de gobierno sería suficiente para eliminar la corrupción y automáticamente estaríamos renovando muchos aspectos de la vida pública, pero hay que decir que lo que hemos visto más bien son señales contradictorias.

En primer lugar, hemos visto una especie de guerra silenciosa contra las instituciones creadas para combatir la corrupción que abarca, por un lado, el desprestigio de muchas de estas instituciones, pero además pasa por quitarle atribuciones a Secretarías importantes como la Secretaría de la Función Pública o crear incluso entes paralelos de investigación y fiscalización como las llamadas comisiones especiales o incluso la negativa a tener al final del día una Fiscalía General completamente autónoma.

En segundo lugar, ya vimos cómo el Presidente de la República, en su primer mensaje a la nación, decidió olvidar por completo toda su narrativa de campaña para instruir a la Fiscalía General a que no se investigue la corrupción del pasado, que no se castigue a los corruptos que saquearon a México.

Y en tercer lugar, de parte de las nuevas autoridades del gobierno federal en materia de combate a la corrupción al principio vimos un vacío, una falta de claridad sobre las acciones concretas para hacerle frente a la corrupción, a la impunidad y últimamente hemos visto decisiones que contradicen cualquier política de combate a la corrupción, adjudicaciones directas para compras multimillonarias, no licitaciones públicas para megaproyectos de infraestructura; y peor aún, ocultamiento de bienes patrimoniales de servidores públicos.

Por eso el Poder Legislativo no puede permanecer pasivo ante estas acciones y omisiones del gobierno federal. Nosotros estamos claros que el Sistema Nacional Anticorrupción, y en general la política de combate a la corrupción, debe de fortalecerse y debe de empoderarse, somos conscientes del mensaje y de la exigencia de los ciudadanos que nos han reclamado y nos han dicho: “ni perdón ni olvido”.

Por ello, el día de hoy ponemos a su consideración una Ley General de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, una pieza legislativa fundamental que aún está pendiente en nuestro andamiaje de combate a la corrupción.

Hemos escuchado a la Secretaria de la Función Pública decir que trabajan en una Iniciativa de este tipo, pero hasta el momento no la tenemos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República.

Contar con este instrumento legal hoy por hoy es, además de un compromiso, una obligación ineludible del Estado mexicano.

Por un lado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y por otro lado, el nuevo capítulo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá nos obligan a contar con herramientas jurídicas adecuadas para proteger a los denunciantes y a los testigos de actos de corrupción, ya sean servidores públicos o sean particulares.

En la presente Iniciativa se plantean, entre otras cosas, lo siguiente.

Establecer las medidas de protección a testigos y personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar en todo momento su integridad personal, la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales o contractuales.

Se busca facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción dando a los servidores públicos y particulares la información completa sobre su derecho a denunciar y sobre las medidas de protección a las que tendrían acceso con esta legislación.

Tercero. Las medidas de protección que se proponen incluyen: la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad, proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de las personas denunciantes.

Y en el caso particular de los servidores públicos, la protección de sus derechos laborales para que no puedan ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo.

Y para los particulares igualmente protección para que no puedan ser afectados en caso de que tengan una relación contractual con el gobierno.

Igualmente la Iniciativa propone un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y atender las medidas de protección.

Además, esta reforma implica empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción ya que se faculta al Comité de Participación Ciudadana para elaborar, revisar y evaluar la política de protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción.

Finalmente, la Iniciativa siendo una Ley General plantea un modelo para que las entidades federativas homologuen su legislación y prevean los mecanismos adecuados para la protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción.

Estamos clarísimos que la corrupción no se combate por iluminación o por buenos deseos, necesita modificación y soporte institucional, esta Iniciativa busca abonarle a nuestro andamiaje institucional de combate a la corrupción que lo haga mucho más sólido, que incentive la denuncia, que proteja a los ciudadanos, y busca también completar un ciclo de reformas necesarias para contar con una política integral de combate a la corrupción.

Esperemos que esta Legislatura la haga propia y podamos ver la luz en esta normatividad tan necesaria para eliminar la corrupción en nuestro país.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Clemente Castañeda. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

Quedo pendiente en esta sesión de presentación de iniciativas, la presentación de una iniciativa por parte del grupo parlamentario del PRD que ha solicitado se extienda hasta mañana.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Clemente Castañeda.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Escuché ahorita el turno que se propone.

Yo le pediría que en primer término el turno fuera justamente para la Comisión Anticorrupción por la materia de que se trate; y en segundo término, en todo caso, para la Comisión de Gobernación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es Comisiones Unidas, pero con mucho gusto se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Pasamos al apartado de presentación de proposiciones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Y en una primera ronda, tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías a implementar un programa educativo respecto de los riesgos que conlleva el robo de hidrocarburos.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En relación con la problemática que representa el robo de combustible en nuestro país, situación que se ha agravado en los últimos años derivado de la opacidad de administraciones pasadas y partiendo de la puesta en marcha por parte del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del plan en contra del saqueo de hidrocarburos, el día de hoy vengo a presentar a nombre del Senador Rubén Rocha, Senadora Mónica Fernández y a nombre propio, un punto de Acuerdo para coadyuvar en la erradicación de este tipo de conductas ilícitas.

La ordeña de ductos que transportan combustible se ha convertido en una práctica arbitraria que se ha extendido por diversas regiones del país y que representa un fenómeno complejo, con alcances negativos en los ámbitos económicos, sociales, de seguridad, de justicia y de salud.

En lo económico, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Energía, la Secretaria Rocío Nahle, las tomas clandestinas para el robo de combustibles se iniciaron desde el 2000.

A partir del 2002 se contabilizaban 180 tomas, mismas que se dispararon a 14 mil 894 en el 2018, lo que deriva un índice de robo de 2 millones de litros de gasolina por día, lo que significa una pérdida de 6 mil millones de pesos al año.

Respecto al ámbito social, hemos sido testigos de prácticas de delincuencia organizada por la situación de pobreza o por falta de oportunidades educativas, de quienes participan en este tipo de hechos delictivos, mismas que han dado lugar a desgracias que van desde que tuvo lugar en San Martín Texmelucan en diciembre de 2010, donde 29 personas perdieron la vida, hasta la más reciente en Tlahuelilpan.

La cadena delictiva de este tipo de delitos comprende la organización de operaciones y redes que incluyen principalmente habitantes de comunidades aledañas a los ductos de gasolina, que voluntaria o forzadamente son empleados de dichas tareas, poniendo en riesgo así su status legal ante las autoridades como su integridad física.

Ante esta situación, urge desarrollar e implementar una opción de política pública dirigida a la ciudadanía que parta de la educación para evitar que esas conductas se sigan produciendo.

Por ello, el presente punto de Acuerdo pretende exhortar a autoridades educativas, energéticas, de salud y de seguridad pública, para que desarrollen un programa educativo con el objeto de concientizar a la ciudadanía, en específico a las que residen en las comunidades cercanas a los ductos de gasolina acerca del valor que tienen el sector de hidrocarburos en el desarrollo económico y social del país, así como de las potenciales afectaciones que conlleva el robo de combustible.

Por su atención y apoyo, es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rocío Abreu. Se turna a la Comisión de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 89 fracción X, los principios que el titular del Poder Ejecutivo Federal debe observar en la formulación y la ejecución de la política exterior del Estado mexicano.

En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el Presidente de México debe actuar observando el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, mismos que no tienen límites, ni fronteras y que es el mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde quiera que ocurran.

Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países.

Lamentablemente el gobierno en turno ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer lugar, invitando al dictador Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial. Luego, al negarse a suscribir la Declaración del Grupo de Lima y unos días después, enviando a un representante del Estado mexicano a la toma de protesta ilegal de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019.

Por último, el canciller Marcelo Ebrard anuncia que participará en el Grupo de Contacto de Uruguay, que ahora mismo se encuentra reunido en Montevideo, que presiden el Presidente Tabaré Vázquez y el representante para la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

En este sentido, lo que en Acción Nacional estamos pidiendo y exhortando en este día, en este punto de Acuerdo, es para que haya un pronunciamiento del Senado de la República.

Recientemente, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, institución democrática electa constitucionalmente y reconocida ya por 44 países democráticos de la comunidad internacional, han aprobado reconocer al Grupo de Lima como el único grupo de diálogo o de contacto para avanzar en la solución a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo de Venezuela.

Con lo anterior queda claro que México ha dejado la formulación y la ejecución de una política exterior de Estado para dar paso a una política exterior del gobierno en turno, escudándose en los principios constitucionales de política exterior para respaldar en los hechos al usurpador Nicolás Maduro.

Por eso, y nosotros, inspirados también en los hechos que no nos resultan ajenos a nuestra propia historia.

Juan Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del Senador Belisario Domínguez y del Diputado Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta. Inspirados en ellos, por eso, las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional insistimos nuevamente en hacer un llamado a rectificar el rumbo de la política exterior de México e invitamos al Presidente López Obrador a colocarse del lado correcto de la historia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición como punto de Acuerdo, con cinco resolutivos:

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país, con el mandato de encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres, equitativas y con garantías que permitan la restauración del orden constitucional, en la hermana República sudamericana.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo exhorta a privilegiar el principio constitucional de política exterior, establecido en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que nuestro país tenga una postura firme a favor del respeto, protección y promoción de los derechos humanos, frente a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el hermano pueblo de Venezuela.

Tercero. – El Senado de la República celebra el reconocimiento de los ya 46 estados de la Comunidad Internacional a la Presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez, en la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo al cese de la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, para convocar a elecciones democráticas que restauren el orden constitucional y permitir la llegada de la ayuda humanitaria internacional.

Saludamos la postura firme y democrática de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Holanda y tantos países más que se han ido sumando, además el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos.

Cuarto.- El Senado de la República lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la Declaración del Grupo de Lima y haya optado por participar en el Grupo de Contacto de Uruguay.

Quinto.- El Senado de la República resuelve enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige una vez más la liberación de los presos políticos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su artículo 89, fracción X, los principios que el titular del Poder Ejecutivo Federal debe observar en la formulación y la ejecución de la política exterior del Estado mexicano. En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el presidente de México debe actuar observando el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, lo cual significa que México asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites, ni fronteras, y que es mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde quiera que ocurran.

En el pasado, México se ha manifestado con firmeza en contra la ruptura del orden constitucional en países hermanos, y ante violaciones graves a los derechos humanos como ha ocurrido en España, Chile, Nicaragua y el Salvador.

Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, para acompañar los esfuerzos de diálogo y entendimiento y apoyar la solución a la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos y por la que miles salen huyendo a diario.

Lamentablemente, el gobierno en turno ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer lugar, invitando a Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Luego, al negarse a suscribir la declaración del Grupo de Lima y unos días despúes, enviando a un representante del Estado mexicano a la toma de protesta ilegal de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019. Por último, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, anuncia que participará del Grupo de Contacto de Uruguay sobre

Venezuela que presiden el presidente Tabaré Vázquez y Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Recientemente, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, institución democrática electa constitucionalmente y reconocida por más de 44 Estados democráticos de la comunidad internacional,  ha aprobado reconocer al Grupo de Lima como el único grupo de diálogo o de contacto para avanzar en la solución a la crisis  política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano de Venezuela.

Con lo anterior queda claro, que México ha dejado la formulación y la ejecución de una política exterior de Estado para dar paso a una política exterior del gobierno en turno, escudándose en otros prinicipios constitucionales de política exterior para respaldar en los hechos al usurpador, Nicolás Maduro.

En una misiva pública, enviada al Presidente López Obrador, Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, apela “a su conciencia y a sus valores democráticos y a sus valores humanos, para reflexionar y se coloquen del lado correcto de la historia, que no es otro que el de la libertad, la democracia, la justicia, la paz, la justicia social y el bienestar y progreso para todos”.

Esta regresión democrática en la política exterior de México, se justifica en el discurso presidencial anteponiendo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos por encima del respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Es decir, utiliza la no intervención como pretexto para no pronunciarse ni tomar ninguna determinación ante la violación de derechos humanos de los venezolanos, ni frente a la evidente ruptura del orden constitucional y la instauración de la dictadura de Nicolás Maduro.

También es totalmente contradictorio al discurso del Canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules en el que señaló que la “No intervención no significa pasividad, pero sí respeto a los países.

Los derechos humanos nos preocupan esencialmente, este gobierno tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”.

Este gobierno margina deliberadamente a México dejando de lado el liderazgo reciente del país en los esfuerzos del Grupo de Lima por buscar una solución pacífica y negociada, pero sin concesiones a ninguna agenda autoritaria.

El Grupo de Lima entiende que los esfuerzos de diálogo ya ocurrieron y que no hay tiempo que perder para que cese el sufrimiento del pueblo venezolano.

Quedará para la historia que este gobierno, el de la así llamada “cuarta transformación”, representa una regresión democrática porque ha decidido ser cómplice de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos al ponerse del lado de Nicolás Maduro y sus aliados, y dándole la espalda al pueblo venezolano.

Estos hechos no nos resultan ajenos a nuestra propia historia. Juan Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del Senador Belisario Dominguez y del Diputado Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta.

Inspirados en ellos, los Senadores y las Senadoras del Partido Acción Nacional insistimos en hacer un llamado a rectificar el rumbo de la política exterior de México e invitamos al Presidente López Obrador a colocarse del lado correcto de la historia.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país, con el mandato de encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres, equitativas y con garantías que permitan la restauración del orden constitucional, en la hermana República sudamericana.

Segundo. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo exhorta a privilegiar el principio constitucional de política exterior, establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que nuestro país tenga una postura firme a favor del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, frente a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano de Venezuela.

Tercero. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos celebra el reconocimiento de los 44 Estados de la comunidad internacional a la presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez en la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo al cese de la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, para convocar a elecciones democráticas que restauren el orden constitucional y permitir la llegada de la ayuda humanitaria internacional.

Saludamos la postura firme y democrática de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Suecia y Ucrania, así como del Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos.

Cuarto.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima y haya optado por participar en el grupo de contacto de Uruguay sobre la crisis venezolana. En consecuencia, cita al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante esta soberanía a efecto de aclarar las razones de esta decisión y a explicar la estrategia del Estado mexicano frente a la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela.

Quinto.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión resuelve enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige la liberación inmediata de los presos políticos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura del orden constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de manera pacífica resolver las crisis humanitaria y política en ese país.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Saludo a mis compañeras y compañeros Senadores.

El deterioro de la situación política de derechos humanos, económica y humanitaria en Venezuela ha sido un fenómeno progresivo que se ha agravado con el tiempo.

Hoy se encuentra, sin duda, en un estado crítico y con tensiones escaladas. Nos encontramos en un punto de inflexión en donde México debe de estar del lado correcto de la historia, como lo ha estado, por cierto, en muchos otros episodios a nivel internacional jugando un papel destacado en América Latina y el Caribe.

Y ojo, el estar del lado correcto de la historia no implica bajo ninguna circunstancia el violentar nuestros principios constitucionales, tampoco nuestras doctrinas internacionales, pero sí que respetemos lo que dice nuestro artículo 89 de la Constitución, que además, después, en este contexto se lee de manera parcial.

Es cierto, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en asuntos internacionales; igualdad jurídica de los Estados, pero también, y no debe olvidarse, incluye cooperación internacional para el desarrollo, respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales.

No significa tampoco estar del lado correcto de la historia, malinterpretar la Doctrina Estrada, que la Doctrina Estrada fue hecha por un gran jurista y diplomático, Genaro Estrada, pero, sobre todo, para los casos en donde México no debía de sujetarse ante presiones económicas, presiones políticas por el reconocimiento, por buscar el reconocimiento de otros gobiernos, sobre todo en el siglo XVIII y parte incluso del siglo XIX.

Hoy día, no cabe duda que México está llamado a jugar un papel relevante frente a la crítica situación en Venezuela y reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por propiciar un diálogo, sí, pero un diálogo que evite la violencia y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela en esta transición, y que permita la celebración de elecciones libres y democráticas en ese país hermano.

Además exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sea parte activa y, como primer paso, apoye las gestiones internacionales necesarias, a fin de que se garantice el paso de alimentos y de medicamentos de manera urgente para atender a la población.

Por otro lado, nos parece importante que, en atención al derecho internacional del cual México ha sido constante promotor, la Secretaría de Relaciones Exteriores exija ante las instituciones internacionales correspondientes, que Venezuela respete y cumpla con las obligaciones derivadas de la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, desde luego, de la Carta Democrática Interamericana, todos instrumentos de los cuales, por cierto, México también es parte

Los hermanos venezolanos, no nos confundamos, se merecen, sin duda, respeto a su dignidad, respeto a su soberanía, respeto a su autodeterminación; pero también merecen el apoyo al que está obligado la comunidad internacional para que regrese la democracia, para que haya elecciones libres y para que, sobre todo, haya un respeto irrestricto de los derechos humanos.

A México lo avala, compañeras y compañeros, su histórico actuar internacional en favor de la paz mundial, nos avalan nuestros principios, nuestras doctrinas, nuestra historia, nuestro grandísimo prestigio diplomático, nuestros cuadros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, desde luego, su liderazgo. Confiamos, entonces, que todos estos elementos y el saber que estaremos del lado correcto de la historia sean los soportes de la evolución de la postura mexicana en favor de la paz, la democracia y el regreso del orden constitucional en Venezuela.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rubio Márquez.

Como ha sido solicitado por la Senadora, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga las denuncias contra el exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con el permiso de la señora Presidenta. De todas mis compañeras y compañeros Senadores.

México exige castigo a todos los actos de corrupción, particularmente los que provienen desde las esferas del poder, existe hartazgo por tanto abuso sin castigo.

O hay justicia y condena a la casta de políticos corruptos o seguiremos siendo el país de la impunidad.

El fenómeno de la corrupción se ha incrementado y expandido en los últimos años en todos los niveles de gobierno de una manera preocupante.

El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, acaba de revelar que México ha caído por tercer año consecutivo, lo que significa que se ha elevado el nivel de corrupción.

Nuestro país pasó del lugar 135 al 138 de 180 países evaluados; es decir, México se encuentra en los últimos lugares a nivel mundial.

El peculado, abuso de poder, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, son el común denominador de figuras que irrumpieron en la vida nacional y que hoy gozan de impunidad.

Les pongo un ejemplo, fue gobernador de Zacatecas, mi tierra, de 2010 al 2016. En 6 años adquirió ranchos tan ostentosos como si del líder del crimen organizado se tratara.

Endeudo al estado tanto que hoy no hay viabilidad financiera, dejó obras millonarias inconclusas y a la fecha no hay sanción para saber a dónde fue a parar ese recurso etiquetado, y lo más alarmante, de tantas tropelías hoy transita impunemente sin castigo alguno, me refiero, sí, a Miguel Alonso Reyes.

El pasado 24 de enero, el Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que la extinta Procuraduría General de la República, declinó competencia de tres de las denuncias interpuestas ante esta instancia en contra del exgobernador Alonso Reyes.

Las querellas en contra del exdirector de Fonatur en el sexenio de Enrique Peña Nieto son por diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos, entre otros.

Legisladores y exlegisladores federales y locales como integrantes de la sociedad civil fueron los denunciantes; sin embargo, al deslindarse la PGR, se infiere que esta instancia no quiso realizar su labor, procurar justicia.

Dicho de otra manera, cabe la sospecha de que se encubrió y solapó posibles ilícitos al exmandatario zacatecano, o lo que es peor, la extinga PGR fungió como abogado de oficio del ex gobernante.

Permítanme informarles que a la fecha existen indicios fundados en contra del exgobernador Alonso Reyes de ex colaboradores y familiares por el desvío de 300 millones de pesos a través de 24 empresas fantasmas, contratos millonarios al margen de la ley y sin transparentar a medios de comunicación y redes sociales, soborno en licitaciones de obras públicas, adquisición de bienes inmuebles, desvío de recursos públicos, compra de terrenos a través de prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que someto a su consideración este punto de Acuerdo en el que solicitamos un exhorto de este Senado de la República respetuoso a la Fiscalía General de la República para que atraiga las denuncias radicadas en la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes para garantizar que la investigación y persecución de los delitos no se fragmenten.

Hoy celebramos que el Fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, anuncie que se reiniciarán las investigaciones de casos sonados como la estafa maestra, Odebrecht y Ayotzinapa.

El caso del exgobernador de Zacatecas, es un tema de interés público, se trata de un agravio contra más de 1 millón 700 mil zacatecanos contra una entidad federativa, contra la nación.

Muchísimas gracias, compañeros Senadores.

Gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde organizaciones civiles, líderes sociales, actores políticos y diversos representantes de la sociedad, han demandado se castiguen todos los actos de corrupción, particularmente lo que provienen desde las esferas del poder.

Son de particular relevancia las voces ciudadanas las que señalan el incremento de la corrupción en los últimos años por parte de diversos gobernantes de los tres niveles de gobierno.

“Servir al pueblo” ha sido la máxima de un sin número de estos políticos, en sentido inverso: “Servirse del pueblo”.

El peculado, abuso de poder, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, son el común denominador de figuras que irrumpieron en la vida nacional y que hoy gozan de la impunidad o incluso, los impartidores de la justicia han sido benevolentes, como el reciente caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías.

Para combatir la corrupción y erradicar la impunidad, es vital, exigir el respeto y aplicación de las leyes, fortalecimiento de nuestras instituciones y erradicar que entes de la esfera pública encubran los abusos del poder.

El pasado 24 de enero, el fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), “declinó competencia” de tres denuncias interpuestas ante esta instancia en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes.

Las querellas en contra del exmandatarios y ex director de Fonatur en el sexenio de Enrique Peña Nieto son por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos, entre otros.

Legisladores y exlegisladores federales y estatales, integrantes de la sociedad civil, fueron los denunciantes, sin embargo, al deslindarse la PGR, se infiere que esta instancia renunció u omitió realizar su labor, procurar justicia. Dicho de otra manera, cabe la sospecha de que encubrió y solapó la injusticia.

Inaudito que a más de dos años de haber dejado el poder y haber presentado las denuncias mencionadas, la PGR no le haya dado seguimiento, no convocara a ratificar las denuncias a los demandantes y finalmente se deslindara de la investigación.

A la fecha, existen fundados indicios en contra del  exgobernante Alonso Reyes, excolaboradores y familiares por el desvío de 300 millones de pesos a través de 24 empresas fantasmas, contratos millonarios al margen de la ley y sin transparentar a medios de comunicación y redes sociales, soborno en licitación de obras públicas, adquisición de bienes inmuebles, desvío de recursos públicos, compra de terrenos a través de prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades.

Por lo anterior, sometemos ante esta representación el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que atraiga las denuncias radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes para garantizar que la investigación y persecución de los delitos no se fragmenten de acuerdo al Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que estipula que dicha instancia tendrá la facultad de atracción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre. Se turna a la Comisión de Justicia.






Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que en el marco del fallo del proyecto “303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia” se exploren mayores esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de energías renovables de la Red Nacional de Transmisión.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Quisiera llamar la atención de esta Soberanía con una reflexión que hizo el expresidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, sobre nuestra responsabilidad con el medio ambiente, y cito tal cual sus palabras.:

“Si te importa el futuro de nuestros hijos y nietos, te importan las energías renovables, y si alguien te dice que no es rentable, recuerda que ya lo hemos escuchado antes, porque es el debate en quienes dicen, no, no podemos y aquellos que dicen sí, sí podemos entre los que temen al futuro y quienes lo abrazan…”.

El tema que hoy les expongo en esta tribuna justamente tiene que ver con el reto que tenemos como país en materia de energías renovables.

Hoy la Agenda Internacional de Medio Ambiente, como la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, nos compromete a diferentes metas y objetivos, y una de las principales es reducir agentes contaminantes que influyen con el calentamiento global.

Cuando se publicó la Ley General de Cambio Climático el 6 de junio de 2012, nuestro país se comprometió a que en el año 2014 generaríamos 35 por ciento de nuestra electricidad con energías limpias y se esperaba que una tercera parte de esta energía se produjera a través de la energía eólica. Actualmente, pese al incremento en la infraestructura de las energías limpias, el 85 por ciento de la producción primaria de energías se realiza con hidrocarburos, el 10 por ciento con energías renovables y el 5 por ciento con biomasa. Existe suficiente evidencia del potencial que representa la energía eólica en nuestro país.

Información de la Secretaría de Energía, refiere que la producción de esta fuente de energía fue el sector pionero que tuvo un crecimiento en 300 por ciento en el sexenio anterior, y destacó como la tecnología que más aportó a la nueva matriz energética. En este contexto, han generado incertidumbre algunas decisiones del actual gobierno entorno a la cancelación de subastas para la producción de energías limpias, y particularmente me refiero al proyecto “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia”, considerado como “la superautopista de corriente directa de alto voltaje” que sería la primera en México, con capacidad de llevar electricidad generada con el viento de Oaxaca a la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Se estimaba una inversión de mil 700 millones de dólares con la que se construirían, modernizarían y pondrían en operación más de mil 200 kilómetros de circuito de línea de transmisión eléctrica desde Ixtepec-Oaxaca hasta Yautepec-Morelos. Este proyecto tendría la capacidad de impulsar en 25 por ciento las inversiones industriales en esa zona, así como el surgimiento de nuevas plantas de generación; se alumbrarían más de 16 millones de hogares, se fortalecería la Red Nacional de Transmisión para ofrecer rutas alternativas y llevar electricidad de las zonas de generación a las de mayor demanda en el país.

Actualmente las inversiones en este sector son muy importantes, entre 2015 y 2018 las subastas han traído más de 8 mil 600 millones de dólares a nuestro país. El 65 por ciento de la capacidad comprometida en la primera subasta ya está en operación y de la segunda subasta el 18 por ciento, además están en construcción 65 plantas de energía limpia en 18 estados, las cuales hoy generan alrededor de 30 mil empleos a mexicanos de manera directa.

Las proyecciones en 15 años son bastante favorables, afirman que a este ritmo podríamos crecer más de 200 mil empleos directos e indirectos, así como inversiones por 57 mil 800 millones de dólares, lo cual representaría un incremento en el PIB en 29 mil millones de dólares.

En este tenor consideramos que si bien el gobierno entrante tiene las atribuciones legales para establecer la política nacional en materia de energías limpias, es fundamental que considere impulsar acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios para asegurar el cumplimiento de las metas de energías limpias y darle continuidad a este tipo de programas sectoriales como el programa especial de la transición energética.

Si México quiere ser parte de las mejores prácticas de política pública internacional en materia energética, debemos impulsar y favorecer la transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables que además de representar efectos positivos para el medio ambiente tiene efectos económicos eminentes.

Para Oaxaca y para el sureste de nuestro país, este sector representa un factor imprescindible para cerrar la brecha del desarrollo que existe con el Bajío de nuestro país y con el norte, para impulsar el aprovechamiento de nuestros vientos y para así incentivar el desarrollo económico y social de Oaxaca.

Por ello, presentamos este punto de Acuerdo por el cual exhortamos a la Comisión Federal de Electricidad a explorar mayores esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión de energías renovables de la Red Nacional de Transmisión. Y asimismo solicitamos, respetuosamente, a la Secretaría de Energía impulsar acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios para asegurar el cumplimiento de las metas de energías limpias y así seguir promoviendo el esquema de las subastas eléctricas de largo plazo, éstas han permitido generar energía barata y limpia y de fuentes renovables.

Los Senadores del Partido Verde Ecologista de México ratificamos desde la más alta tribuna de México al gobierno en turno nuestra disposición para trabajar de manera conjunta y construir las leyes que le den beneficio a los mexicanos y, por supuesto, a nuestro medio ambiente.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué que firma al calce, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE EN EL MARCO DEL FALLO DEL PROYECTO “303 LT EN CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA – YAUTEPEC POTENCIA” SE EXPLOREN MAYORES ESQUEMAS QUE PERMITAN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel global, el aumento de las investigaciones y de la evidencia empírica sobre la gravedad de las implicaciones y alteraciones que está generando el cambio climático, ha comenzado a cambiar la visión sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. El enfoque del desarrollo sostenible, a través de los diferentes acuerdos, convenciones y convenios internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030, ha logrado permear en las agendas de diversos gobiernos, que hoy en día se traducen en leyes vigentes y políticas públicas que establecen nuevos marcos y relaciones entre los actores que participan en los procesos de producción y consumo, y su impacto en el medio ambiente.

En este contexto, lograr la eficiencia energética y depender menos de los combustibles fósiles para satisfacer la demanda mundial, se ha vuelto uno de los principales retos de todos los países, donde el uso de las energías limpias o renovables es el nuevo paradigma para instaurar un sistema energético sostenible que contribuya a reducir los daños al medio ambiente, sin comprometer la creciente demanda energética.

De acuerdo al informe “Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2018” entre el 2007 y 2017 la inversión mundial en energías renovables, que asciende a 2.7 billones de dólares, aumentó del 5.2 % al 12.1% de la proporción mundial de electricidad generada por energía eólica, solar, geotérmica, marina, de biomasa o por conversión de residuos a energía, y de pequeñas centrales hidroeléctricas. Con ello se evitó que se emitieran 1.8 gigatoneladas de dióxido de carbono, que equivale a las emisiones producidas por todo el sistema de transporte de Estados Unidos de América.

Con base en el informe en mención, se destaca que México, junto con China, Australia y Suecia, fue uno de los países que más invirtieron en este sector con un aumento de 810%, equivalente a 6 mil millones de dólares.1 Actualmente, pese al incremento en la infraestructura de las energías limpias, el 85% de la producción primaria de energías se realiza con hidrocarburos, el 10% con energías renovables y el 5% con biomasa2. De acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER), la producción de energía eólica fue el sector pionero que tuvo un crecimiento del 300% en el sexenio anterior, y destacó como la tecnología que más aportó a la nueva matriz energética, con una meta nacional de al menos 35% de energía a través de fuentes limpias.3

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) la capacidad instalada en México es de 4 mil 176 Mega Watts (MW) producidos por 46 parques en 12 entidades federativas. Es importante resaltar que el Complejo Eólico Oaxaca es uno de los mayores proyectos de energía eólica de América Latina; cuenta con 27 parques en operación y es el estado que más aporta a la producción nacional.4

De acuerdo a un estudio realizado por la firma PwC y la AMDEE, nuestro país cuenta con un potencial eólico incuestionable. Si bien sólo se ha comenzado a explotar en años recientes, el sector muestra ya un alto dinamismo y competitividad. Además, refiere que la tecnología eólica es una solución eficaz para proveer de energía a los Suministradores de Servicios Básicos mediante procesos de subastas de largo plazo.5

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transición Energética, la SENER tiene la obligación de elaborar el Programa Especial de la Transición Energética (PETE), que es un instrumento de planeación de la política nacional en materia de energías limpias. Asimismo, el artículo 34 de la ley establece que el PETE además de ser anual, “… deberá prestar especial atención en lo que se refiere a la oportuna extensión de la red de transmisión hacia las zonas con alto potencial de Energías Limpias y la modernización de la misma para permitir la penetración de proporciones crecientes de Energías Limpias, todo ello bajo condiciones de sustentabilidad económica.”

En atención a estos preceptos, el 8 de febrero de 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -Transmisión, por conducto de la Subdirección de Estructuración de Proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, publicó en el Micrositio de Concursos de la CFE, el Pliego de Requisitos del Concurso Abierto No. CFE-0036-CASOA-0001-2018 para la contratación del Proyecto 303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia (Oaxaca) Yautepec Potencia (Morelos).6

El proyecto 303 LT estaría integrado por 15 obras: 2 obras de estaciones convertidoras con voltaje ±500 kV Bipolo, 3,000 MW, 7,200 MVA, 500 kV DC/400 kV AC, 4 alimentadores DC en 500 kV y 5 alimentadores de CA en 400 kV; 7 obras de subestaciones con voltaje de 400 kV con una capacidad de 1,750 MVA, 166.68 MVAr y 11 alimentadores; 5 obras de líneas de transmisión de CA con un voltaje de 400 kV y un total de 437.3 km-C; y 1 obra de línea de transmisión de CD con un voltaje de 500 kV y un total de 1,221.0 km-C, localizadas en los estados de Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz.

Dada su envergadura, se le consideró como “la superautopista de corriente directa de alto voltaje” que tendría una línea de transmisión en corriente directa de 610 kilómetros, y cinco líneas de transmisión en corriente alterna que suman 295 kilómetros, con una inversión estimada de 1,700 millones de dólares.

Sin embargo, pese a los beneficios ambientales y económicos de este proyecto, mediante el oficio No. SEP/010/2019, de fecha de 25 de enero de 2019, la CFE se dirigió a las empresas para explicar que "en virtud del análisis de las características de este proyecto en el marco de las estrategias financiera y de inversión para el fortalecimiento de proyectos prioritarios de gran magnitud, se determina que no existen las condiciones para continuar con el presente concurso". No obstante, la CFE señala que "continúa explorando esquemas que le permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión".7

Si bien, el gobierno entrante tiene las atribuciones legales para establecer su política nacional en materia de energías limpias, así como el Programa Especial de la Transición Energética, es fundamental que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas sectoriales, considere darle continuidad a este proyecto que implicaría grandes beneficios para al país, y una importante derrama económica. En el mismo sentido, consideramos que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) debe seguir promoviendo el esquema de las Subastas Eléctricas de Largo Plazo que ha permitido generar electricidad barata y limpia de fuentes renovables. Además de que la participación del sector privado contribuye con proyectos de gran calado que fortalecen al Sistema Eléctrico Nacional en el área de generación e inversión en infraestructura de transmisión y distribución, y activos estratégicos para la nación.

En este tenor, solicitamos respetuosamente a la CFE reconsiderar el fallo del proyecto en cuestión, y en el mismo sentido, exhortamos a la SENER para que considere dentro de sus programas prioritarios el Programa Especial de la Transición Energética.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el marco del fallo del proyecto “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia–Yautepec Potencia”, se exploren mayores esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de energías renovables de la Red Nacional de Transmisión.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 considere impulsar acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios para asegurar el cumplimiento de las metas de energías limpias. Asimismo continuar con las subastas para la generación de energía limpia para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Bolaños Cacho. Se turna a la Comisión de Energía.

1 ONU. Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. United Nations Environment Programme. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2018. P. 11 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: http://bit.ly/2uzBP4e

2 SENER. Balance Nacional de Energía: Producción de energía primaria 2018. Sistema de Información Energética. Dirección General de Planeación e Información Energéticas. 2018 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE11C01

3 SENER. Infraestructura eólica en México creció 300 por ciento: PJC. Comunicado de Prensa. 28 de febrero de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
https://www.gob.mx/sener/prensa/infraestructura-eolica-en-mexico-crecio-300-por-ciento-pjc

4 AMDEE. Capacidad Instalada de Energía Eólica en México 2018. Parques Eólicos en operación – Septiembre de 2018. 2018 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
https://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2018

5 AMDEE y PwC. El Potencial eólico mexicano: Oportunidades y retos en el nuevo sector eléctrico. Publicaciones. P. 4 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
https://www.amdee.org/Publicaciones/AMDEE-PwC-El-potencial-eolico-mexicano.pdf

6 CFE. “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”. No. CFE-0036-CASOA-0001-2018. Concursos y Contratos. [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/58224

7 CFE. Cancelación Concurso. “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”, Clave 1218TOQ0034. Concursos y Contratos. [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en:
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/228222






Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Obed Maceda Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a designar a la mayor brevedad posible, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, a través de un proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo para el cargo.

El Senador Omar Obed Maceda Luna: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en el año 2018, se registraron 86 feminicidios, pero sólo de niñas y adolescentes, siendo el Estado de México donde tenemos la más alta incidencia de este tipo de conductas.

El Senador Félix Salgado Macedonio mencionaba que, no obstante, en el Senado no tuviéramos el servicio de peluquería, ni vehículo, ni celulares, afuera no se reflejaba esto, y en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, en la mañana invitaba a que visitáramos su estado, pues yo tomé la decisión de hacerlo, pero en mi estado, en el Estado de México y el fin de semana lo recorrí, pero no como en campaña se estila, con fotógrafos, con un cuerpo de seguridad, sino como cualquier persona, abordé el servicio público y este servicio público incluye calandrias en bicitaxis, incluye taxis tolerados o piratas, incluye la zona oriente del Estado de México, que es el sistema metro en la Línea B, y lo único que pude constatar es que afuera, efectivamente, se vive una realidad terrible y que no sólo las mujeres, sino toda la población está expuesta a este tipo de violencia.

Pero, particularmente, en este recorrido las mujeres, las niñas y adolescentes son terriblemente víctimas de diversas conductas a lo largo de sus trayectos, a donde tengan que dirigirse. Por eso surgió el interés de presentar este punto de Acuerdo, ya que, como bien sabemos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la fecha carece de titular.

La Secretaria Ministra, en retiro, Olga Sánchez Cordero, refirió hace unos días que el 25 de enero propiamente que se iba a solucionar este problema en Conavim y que se iba a buscar un perfil idóneo; lo cual considero que es urgente, porque en el Estado de México, tan sólo como estadística, hubo en este mismo año 2018, 834 muertes de mujeres, de los cuales lamentablemente sólo 106 casos pudieron ser considerados como feminicidios, pero lo que decía al principio es más terrible que cada 4 días a nivel nacional fallezca, víctima de esta conducta, una niña o una adolescente.

Por eso doy lectura a los dos numerales de este punto de Acuerdo, dirigido a la Secretaría de Gobernación.

Primero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a designar a la mayor brevedad posible a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, a través de un proceso claro, transparente y lo que mencionaba, que asegure un perfil idóneo y este perfil debe de ser sensible y debe conocerse esta problemática desde la perspectiva en la que la viven millones de mexicanos allá afuera.

Y el Segundo punto de este Acuerdo. Es que el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, finalice el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género por desapariciones de niñas y mujeres en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Es todo de mi parte.

Gracias por su atención, y ojalá frenemos esta estadística tan grave y tan lamentable.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Sonido por favor, al escaño del Senador Fuentes.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Resulta sobradamente evidente la falta de quórum en el Pleno y es muy lamentable que en este primer día de sesiones del periodo, una vez ya instalada, no exista el interés por parte de muchos compañeros para estar presente, tan sólo de Morena hay 5 o 6 como de 50, sólo están el 10 por ciento.

Entonces haciendo una respetable exigencia a lo establecido en el artículo 59, fracción III, le solicito realice una verificación de quórum.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, Senador Fuentes Solís, con gusto.

Ábrase el sistema del tablero electrónico hasta por cinco minutos para hacer la verificación del quórum.






Mientras tanto, tiene la palabra el Senador Primo Dothé. Este turno le correspondía al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, sin embargo, se lo cedió al Senador Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que se implementen las acciones necesarias e inmediatas para reestablecer la atención médica en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto.

El Senador Primo Dothé Mata: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Desde hace cinco semanas se ha presentado en San Luis Potosí, una situación tremendamente preocupante, en el Hospital Central, Doctor Ignacio Morones Prieto.

Quiero anotar que este hospital es el único centro hospitalario con capacidad resolutiva de segundo y tercer nivel de atención médica para un potencial de 2 millones 800 mil potosinos, de los cuales más de un millón y medio son personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular.

Ese hospital atiende también a habitantes del norte de los estados: Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes e Hidalgo.

Hace cinco semanas, sin previo aviso, las autoridades estatales están negando la atención a cientos de pacientes que sufren, la mayoría de ellos, padecimientos graves.

A tal grado se advierte esta interrupción de labores de servicios que incluso están sugiriendo a la población que mejor acudan a afiliarse al Seguro Social.

Esta situación está afectando la salud y la vida en riesgo de cientos de personas. Ya hay, al día de hoy, testimonio de pérdida de vidas humanas.

Además de forma manipuladora, el argumento que las autoridades estatales están utilizando ante este cese de atención, es la falta de recursos federales que el Seguro Popular transfiere al estado.

Esgrimen esto los funcionarios, derivado del compromiso del Presidente de la República, desde la campaña para otorgar un pleno acceso a la atención a la salud y la garantía del suministro de medicamentos gratuitos; sin embargo, nada tiene que ver, es absolutamente falso que la atención en el estado se esté presentando por las transferencias de recursos del gobierno federal porque este sistema opera aún en 24 entidades.

Esta fragmentación en los subsistemas ha dificultado la efectiva coordinación y articulación entre la Federación y las entidades, además de lo que ya es del conocimiento público, lo grave en niveles de corrupción, la falta de rendición de cuentas y los constantes desvíos de recursos. Lo anterior, compañeras y compañeros, yo lo afirmo porque tengo pleno conocimiento de lo que verdaderamente está ocurriendo.

En el mes de noviembre de 2018, todavía en el gobierno anterior, el Hospital Central aludido perdió, y es importante este término, no se le quitaron, perdió 3 de las 17 acreditaciones para la atención médica de los derechohabientes del Seguro Popular.

Las tres acreditaciones que perdió son: cáncer de mama, enfermedades lisosomales, y la que más está afectando masivamente es la pérdida de la acreditación del Causes, que es el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Las acreditaciones se obtienen si se cumple con los estándares de calidad, y se pierden por término de la vigencia, mala calidad en el servicio, falta de capacitación médica o por detección de movimientos de corrupción.

En este sentido, la pérdida de las tres acreditaciones no es más que el resultado de una pésima administración en la implementación y ejercicio de los recursos designados por el Seguro Popular que provocaron que los estándares de calidad estuvieran muy por debajo de lo establecido en la regulación vigente.

Es responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno estatal haber perdido estas acreditaciones.

Por esto hago un llamado a todas las Senadoras, a todos los Senadores para que acompañen esta proposición, a efecto de que de manera urgente la autoridad estatal reestablezca los servicios en este importante nosocomio, que además es una obligación que está contenida en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito, además, su apoyo para que pueda comparecer el Secretario de Salud federal, porque está siendo señalada esta institución por la interrupción de la atención médica de cientos de derechohabientes y necesitamos que nos sea aclarada esta situación.

Finalizo, señora Presidenta, reiterando que no es admisible medrar con la salud de la población, por lo que resulta de suma importancia contar con el apoyo de todas y todos para la urgente aprobación de este punto de Acuerdo.

Gracias a la Senadora Sasil De León Villard, al grupo parlamentario de Encuentro Social.

Y termino con un reconocimiento pleno al personal médico, residentes, de laboratorio, de enfermería y trabajo social del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, porque han sido un hospital de excelencia y de reconocimiento nacional e internacional.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador Primo Dothé Mata integrante del grupo parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos días, se ha presentado una situación por demás preocupante en el único Hospital Central de segundo nivel de especialidades en San Luis Potosí. Las autoridades encargadas del nosocomio público han negado la atención en el esquema de Seguro Popular a cientos de afiliados e incluso se les ha sugerido afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social1.

El principal argumento que han alegado las autoridades estatales para haber dejado de atender a cientos de pacientes ha sido la ausencia en la ministración de los recursos federales que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) confiere a las entidades federativas por medio de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Lo anterior, esgrimen los funcionarios locales, se ha presentado a partir del anuncio del Gobierno Federal, derivado del compromiso que el presidente de la República asumió como candidato de transformar el sector salud a efecto de que todas las personas en nuestro país tengan pleno acceso en la atención de su salud y la garantía de medicamentos gratuitos.

Sin embargo, es absolutamente falso que la falta de atención a decenas de pacientes en el Hospital Central en la capital del estado se esté presentando por una interrupción en las transferencias del recurso federal.

Es un hecho, que la prioridad para la actual administración pública federal es la de eliminar la desigualdad en el acceso a servicios de salud, avanzar en su cobertura y en la equidad. Empero, lo que sucede en el Morones Prieto, dista mucho de ser un problema de la federación.

De tal suerte, que el tema de la universalización de la salud es un proceso que se realizará de forma paulatina y no podrá concretarse al cien por ciento antes de que se reforme la Ley General de Salud para darle el marco jurídico necesario a la intención del presidente de la República.

Esta intención, busca resolver la problemática que “la política seguida por el Seguro Popular, en su forma actual, no garantizó el acceso a los servicios de salud después de 15 años. México tiene 20.5 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social ni al Seguro Popular2”.

En este orden de ideas, el Proyecto de Nación 2018-2024 establece que la universalización de la salud garantizará la igualdad en el acceso, en la calidad de los servicios y en la equidad de la asignación de recursos.

Este proceso, en su parte operativa consistirá en la fusión de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); para dar paso al IMSS-Bienestar.

El objetivo fundamental de esta propuesta es hacer frente a la dispersión de responsabilidades que enfrenta actualmente el Sistema Nacional de Salud que al estar fragmentado en subsistemas de salud estatales. Circunstancia que ha dificultado la efectiva coordinación y articulación de acciones entre la Federación y las entidades federativas en materia de salud pública. De igual forma, esta fragmentación incrementó sustancialmente, como se advierte en el Proyecto de Nación 2018-2014 del actual Gobierno federal:

“La corrupción y la falta de rendición de cuentas dificulta evaluar, de forma independiente, la consecución de las metas establecidas. Por su parte, el desvío de recursos afecta gravemente la calidad y eficiencia de los servicios que se ofrecen, con la consecuente insatisfacción de la población, particularmente los largos tiempos de espera para recibir atención especializada, así como la falta de medicamentos y otros insumos que deberían ser entregados gratuita y oportunamente”3.

Asimismo, se ha anunciado que serán ocho entidades federativas en las que se inicie la implementación de la universalización de la salud en el país, a saber:

1. Guerrero.

2. Oaxaca.

3. Veracruz.

4. Tabasco.

5. Chiapas.

6. Campeche.

7. Yucatán.

8. Quintana Roo.

Lo anterior, debido a que son algunas de las entidades que presentan carencias importantes y mala distribución geográfica de los recursos de atención en el sector público en el sector salud. Sin embargo, es importante reiterar que este proceso aún no comienza.

Por lo que resulta, sumamente irresponsable que los servidores públicos encargados de la administración del Hospital Central estén desviando la información de un tema tan sensible como es la salud de cientos de personas.

Esta problemática se vuelve más complicada ya que, en realidad, la responsabilidad directa en la falta de atención a los afiliados en el multicitado Hospital es de la autoridad estatal. Así las cosas, es imperativo señalar que lo que realmente ha sucedido es que, en el mes de noviembre del 2018, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto perdió tres Acreditaciones4:

1. Cáncer de mama.

2. Enfermedades lisosomales.

3. CAUSES.

Cabe mencionar, que no se tiene conocimiento del inicio de algún procedimiento de reacreditación por parte del Hospital Central. De modo, que se confirma que, el argumento que han aducido los funcionarios del Hospital Central es falso ya que, las Acreditaciones dejaron de surtir efecto en noviembre de 2018 y el actual Gobierno federal entró en funciones el 1 de diciembre del mismo año, un mes después.

Parecería obvio esta inferencia, pero es oportuna debido a la insistencia de los servidores públicos del nosocomio en señalar a la Administración Pública Federal como responsable de la falta de atención a afiliados. Al respecto, es de suma importancia recordar, que este tipo de Acreditaciones se enmarcan en la regulación del sector salud y se ajustan al principio que establece que, la protección de la salud implica una serie de acciones necesarias para poder aliviar las brechas sociales. En este orden de ideas, la salud pública y la atención médica deben constituirse en elementos fundamentales para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con tres condiciones esenciales: universalidad, equidad y calidad.

Derivado de esta última condición, existen mecanismos para evaluar la calidad de los servicios de salud que sirven para acreditar los requerimientos mínimos que son base para la atención de afiliados del Seguro Popular, tal como se estipula en el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud:

ARTÍCULO 77 BIS 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.

Aunado a lo anterior, las Acreditaciones referidas se constituyen como el procedimiento de evaluación externa de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación de establecimientos para la atención médica, a efecto de constatar que cumplen satisfactoriamente con criterios de capacidad, calidad y seguridad para el paciente, necesarios para proporcionar los servicios de salud definidos en:

A) El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES):

• Primer Nivel e IMSS Oportunidades.

• Segundo Nivel de Atención.

• Caravanas de Salud.

• Hospital Comunitario.

• UNEME Nueva Vida.

• UNEME Enfermedades Crónicas.

• Hospital Materno.

• Cirugía Ambulatoria.

• Salud Mental Primer Nivel.

• Salud Mental Segundo Nivel.

• Atención para la Emergencia Obstétrica.

• CAUSES Oftalmología.

B) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC):

• Neonatos con insuficiencia respiratoria y prematuras.

• Cáncer cervicouterino.

• VIH/SIDA.

• Cáncer en la infancia y adolescencia (3 grupos).

• Cáncer de mama.

• Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos (4 grupos).

• Trasplante de médula ósea en niños y adultos.

• Trasplante de córnea.

• Infarto agudo al miocardio.

• Enfermedad Lisosomal.

• Linfoma no Hodgkin en adulto.

• Cáncer de próstata.

• Cáncer de testículo.

• Hemofilia.

• Trasplante renal en pacientes pediátricos.

• Hepatitis “C”.

• Cáncer de colon y recto

• Cáncer de Ovario.

C) El Seguro Médico Siglo XXI del Sistema de Protección Social en Salud:

• Implante coclear.

• Paciente quemado.

En este sentido, para contextualizar el grave problema que vive actualmente el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, es pertinente recordar que es una institución de salud fundada hace 70 años con categoría de hospital de segundo nivel, por ende, es el único con esta categoría en toda la entidad.

El sanatorio, de acuerdo con su portal electrónico, es el de “mayor capacidad resolutiva (…), contando con atención para 76 especialidades médicas y con historia asistencial, académica y de investigación que lo ubican como un pilar de la atención médica en San Luis Potosí”5.

Así mismo, con información del Reporte de Acreditación de Establecimientos de Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría del ramo, el Hospital Central tiene vigentes 14 Acreditaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para Establecimientos y Servicios de Atención Médica en el rubro de hospitalización, mismas que a continuación se enumeran:

1.         Hepatitis Crónica Tipo “C”.

2.         Cuidados Intensivos Neonatales.

3.         Trasplante de Córnea.

4.         Tumor Maligno de Ovario Epitelial y Germinal.

5.         Cáncer Cérvico Uterino.

6.         Hospitales con Servicios Especializados para la Intervención de: Linfoma no Hodgkin y Cáncer de Testículo.

7.         Hospitales con servicios especializados para la intervención de: linfoma no Hodgkin y Cáncer de Testículo Linfoma Adulto.

8.         Tumores sólidos del Sistema Nervioso Central.

9.         Malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas: cardiovasculares.

10.        Hematopatías malignas.

11.        Hemofilia.

12.        Infarto agudo al miocardio.

13.        Tumores fuera del Sistema Nervioso Central.

14.        Cáncer de próstata.

Derivado de lo antes expuesto, es importante tener claro que el Seguro Popular no presta servicios de salud. Es una aseguradora pública que financia a todos los estados para coadyuvar en la atención a sus afiliados (derechohabientes) en la prestación de servicios de salud. De modo que, la totalidad de los recursos que el Seguro Popular transfiere a las entidades federativas a través de los REPS, solo se realiza si las Unidades médicas se encuentran debidamente Acreditadas de acuerdo los lineamientos establecidos en el Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica.

La Acreditación, en síntesis, tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de calidad que las unidades médicas tienen que garantizar para la prestación de servicios de salud. En tal sentido, las Acreditaciones que pierden las Unidades Médicas en los estados se presentan, primordialmente, por no cumplir con los indicadores mínimos de calidad.

Sin embargo, las Unidades Médicas tienen la posibilidad de reacreditarse si vuelven a cumplir con los estándares de calidad establecidos. Por lo general, esto se logra mediante la inversión con recursos locales (fiscales) para atender las deficiencias en la calidad de los servicios que prestan.

Lo anterior, en el lapso en que vuelve a acreditarse el nosocomio que perdió dicha acreditación.

En cuanto alguna Unidad Médica pierde su acreditación, esta no puede prestar servicio en especialidades especificas a sus afiliados. Sin embargo, el Seguro Popular puede otorgar financiamiento a través de otra Unidad Médica particular o del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando este cumpla con todos los estándares de calidad.

Lo anterior, en el lapso en que se vuelve a reacreditar la Unidad Médica.

En esta tesitura, la perdida de las tres Acreditaciones por parte de las autoridades del Morones Prieto se traduce, en una pésima administración en la implementación y ejercicio del recurso designado por el Seguro Popular que provocó que los estándares de calidad estuvieran muy por debajo de lo establecido por la regulación pertinente.

En conclusión, debemos de reafirmar que es absolutamente falso que las actividades de atención a cientos de pacientes en el Hospital Central son por la falta de ministración del recurso federal.

La verdadera razón, es el desaseo y la pésima gestión de las autoridades locales que generaron la perdida de acreditaciones fundamentales para cubrir la demanda de los afiliados.

No podemos permitir que se traten de tergiversar los hechos para no asumir una responsabilidad, que, en este caso, resulta gravísima por que atañe un tema hondamente delicado y sensible: la salud de las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

Primero. Se exhorta respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí a implementar las acciones necesarias e inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente, a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus funciones, realice una investigación acerca de la gestión de los servidores públicos adscritos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí, ante el cese en la atención médica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

Tercero. Se exhorta respetuosamente, a la Auditoria Superior de la Federación tenga a bien practicar una AUDITORIA de cumplimiento financiero a las participaciones federales en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en el estado de San Luis Potosí.

Dado en el salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Primo Dothé Mata.

1 Bravo D (2019). Niegan atención médica a usuarios del Seguro Popular en el Hospital Central, Quadratin-San Luis Potosí, 04 de febrero. Disponible en:
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/niegan-atencion-medica-a-usuarios-del-seguro-popular-en-el-hc/. Fecha de consulta: 06-02-2019.

2 Proyecto de Nación 2018-2024. Gobierno de la República.

3 Proyecto de Nación 2018-2024. Gobierno de la República.

4 Información corroborada por la Dirección General de Calidad y Educación en la Salud (DGCES).

5 Portal electrónico: Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Disponible en:
http://www.hospitalcentral.gob.mx/. Fecha de consulta: 05-02-2019.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Primo Dothé. Se turna a la Comisión de Salud.

Ciérrese el sistema de asistencia. Hay suficiente quórum en este Pleno.

Empezamos la segunda ronda de proposiciones de punto de Acuerdo, y tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo relacionado con las liquidaciones de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Muchas gracias. Con el permiso.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, Senador.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Primo Dothé.

El Senador Primo Dothé Mata: (Desde su escaño) Para en el contenido de la proposición, y lo dije, pido que se vote de urgente resolución.

Así fue planteado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, no estaba así contemplado originalmente, pero retomamos. Le pedimos, si nos permite un segundo al Senador Eduardo Ramírez Aguilar, por favor.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el punto de Acuerdo presentado por el Senador Primo Dothé, para exhortar al titular del poder ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que se implementen las acciones necesarias e inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

 






Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Ramírez, al que le agradecemos su comprensión, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo relacionado con las liquidaciones de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Muchas gracias a la Mesa Directiva y a la Presidencia.

Como ustedes bien saben, en agosto de 2010, la compañía de Mexicana de Aviación suspendió sus operaciones y, en septiembre de ese mismo año, fue declarada en concurso mercantil. Desde entonces más de 8 mil empleados sindicalizados y de confianza de la compañía Mexicana de Aviación, continúan gestionando el cobros de sus liquidaciones y acusan que de sus activos sólo han recibido el producto de la venta de ocho aviones y dos motores apenas en diciembre de 2018.

Dentro de las denuncias de malversación y desvío de activos, las agrupaciones sindicales y empleados de confianza que se encuentran en el Aeropuerto de esta Ciudad, todos ellos acusan al grupo Aeroméxico, se enriqueció y dispuso de los activos de las empresas que operaban conjuntamente con Mexicana de Aviación, siendo éstas el Centro de Capacitación Alas De América, Servicios de Apoyo en Tierra, S. A. de C.V., Aeromexpress, S.A. de C.V., empresa muy lucrativa en la transportación de mercancías y paquetería dentro de los aviones.

Es de hacer notar que el 17 de diciembre del año 2010 Aeroméxico simuló adquirir de Compañía Mexicana de Aviación, 50 por ciento de las acciones del Cecam, en un peso por acción. Cecam no tenía deuda financiera, poseía activos por más de 20 millones de dólares entre instalaciones y 6 simuladores de vuelo, además de que generaba ingresos de casi 200 millones de pesos anuales.

Aeroméxico nunca recibió endosadas las acciones de Mexicana, pues están en poder de ATSA. Además la transacción se efectúo en un fraude de acreedores de Mexicana al realizarse a un valor inferior al del mercado. Del mismo modo, los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, acusan que la administración, durante el concurso mercantil, asumió pasivos que correspondían a Grupo Aeroméxico por 100 millones de pesos de la empresa Sistemas Corporativos de Personal.

Toda vez que Grupo Aeroméxico cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 2011 y que se ha ostentado públicamente como el dueño del 100 por ciento de las acciones de Alas de América, Aeromexpress y SEAT, con estas medidas cautelares dictadas por autoridades judiciales, se corrobora que Aeroméxico se ha aprovechado indebidamente de bienes y derechos, y ello podría derivar en daños al público porque las autoridades, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V., Comisión Federal de Competencia Económica, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Comunicación y Transportes, y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, deberían intervenir para salvaguardar los intereses de los trabajadores y los inversionistas.

Por eso pido en este Senado, se someta a consideración este Acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que, dentro de sus acciones de protección y defensa de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, a que revise y, en su caso, intervengan por los daños y perjuicios en contra de Mexicana de Aviación y sus ex trabajadores, por la disposición y usufructo de los activos del Centro de Capacitación, Alas de América, de Servicios de Apoyo en Tierra y de Aeromexpress, por Grupo Aeroméxico.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Eduardo Ramírez. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Eva Galaz.

La Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti: (Desde su escaño) Me quiero adherir al punto de Acuerdo del Senador.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Toma nota la Secretaría y le pedimos que pase al escaño de la Senadora. Igualmente la Senadora Covarrubias.






Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar el estado de derecho en el país.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señora Presidenta.

A ver si reconocen estas dos frases:

“Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”.

Y ésta otra.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

Estoy totalmente de acuerdo con estas dos frases y las ha repetido muchísimas veces el Presidente de México, lamentablemente no se llevan a la práctica.

Y me explico.

En el estado de Michoacán hace 20 días están tomadas las vías federales de comunicación. La vigencia del estado de derecho ahí no se está manifestando, hemos estado como espectadores de una actitud pasiva, complaciente y sí contraria a estas afirmaciones, porque ahí hay gente al margen de la ley.

No estamos discutiendo en ningún caso aquello que puedan ser los derechos de los maestros afiliados a la CNTE, ellos tendrán que, por las vías que correspondan, luchar por sus causas, puedan ser justas o no, pero ese no es el debate, el asunto aquí es que se está afectando a terceros.

Y no me refiero solamente a los dueños de las mercancías o de los dueños de los trenes, se está afectando a millones de mexicanos porque al afectar la economía de muchísimas empresas en los estados del Pacífico y del centro de nuestro país se afecta a millones de personas.

Se habla de una afectación de más de mil millones de pesos diarios y se permite que continúe.

Se habla de acuerdos, se dice que se llegaron a ellos.

No se le cumple al gobierno y el gobierno no hace nada, no toma las medidas necesarias para ver que esto cambie, que cobre vigencia al estado de derecho.

Y no estamos haciendo una petición graciosa.

Miren, el artículo 167, fracción III del Código Penal Federal, establece una sanción de uno a cinco años de prisión y de cien días a diez mil de multa por ataque a las vías de comunicación, y dice: “Al que, para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar a los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado para esos fines”.

Dice el artículo 131 del mismo código: “se tipifica el delito de motín con una sanción de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de 5 mil pesos a quienes por hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.

Pero ahí no para, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos establece el deber jurídico de denunciar a quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que señale la ley como delito.

Y finalmente, con fundamento en los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, tanto el Presidente de la República como el resto de los funcionarios de la Federación, a cargo de quienes están en la administración y salvaguarda de las vías de comunicación ferroviarias, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Es evidente que estas acciones de protesta trascienden al ámbito educativo, y lo que estamos solicitando, exigiendo es que se cumpla, precisamente con lo que reza en las dos primeras frases que mencioné, que nadie esté por encima de la ley.

Y hoy más allá de la protesta, y más allá de lo legítimas que puedan ser sus manifestaciones se está transgrediendo la ley, se está afectando a los mexicanos que no tienen nada que ver con ese conflicto.

Por lo tanto, estamos solicitando que el gobierno federal deje de complacer a quienes están transgrediendo la ley, y estamos solicitando en un punto de Acuerdo de urgente resolución, que pido que así se pueda someter a esta Soberanía, señora Presidenta, el siguiente texto:

“El Senado de la República exhorta al Fiscal General a iniciar de oficio las carpetas de investigación contra quienes resulten responsables con motivo de las afectaciones a las vías generales de comunicación en el estado de Michoacán”.

Además, también proponemos, el Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hacer uso de la fuerza pública para liberar las vías generales de comunicación en el estado de Michoacán, y a presentar las denuncias en contra de quienes resulten responsables.

El Presidente fue electo por mayoría en este país para hacer cumplir la ley, no tuvimos más, pero no aceptamos menos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.  Dos de las frases que más ha repetido el Presidente de la República con furor. La primera creada por José María Iglesias y la segunda por Don Benito Juárez García. Por desgracia, el contexto actual de crisis política que permea en el país, particularmente en Michoacán, solo pone en evidencia el completo desconocimiento por parte del Presidente sobre el origen y contenido de dichas frases, que aluden estrictamente a la vigencia del Estado de Derecho.

El Estado de derecho, es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. 

En ese sentido, para la vigencia del estado de derecho, es necesario que las autoridades se ciñan a lo estrictamente señalado por la ley en su actuar, y que esta sea aplicada sin distingo hacia los ciudadanos, más aún, aquellas autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Sin embargo, cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de derecho. Y cuando el gobierno es el primero en violarlos hay dictadura o despotismo.

Las manifestaciones públicas por más legítimas que estas sean, no pueden derivar a afectaciones al resto de los ciudadanos, mucho menos, cuando la consecuencia derivada de dichas manifestaciones se encuentra tipificada en el Código Penal Federal como un delito.

La sección 18 de la CNTE lleva más 20 días en paro bloqueando tramos del ferrocarril que atraviesa Michoacán, impidiendo el paso de casi 200 trenes cargados con mil 750 millones de toneladas de diversos productos en 8 mil 600 contenedores, lo que genera pérdidas diarias por mil millones de pesos y afecta el suministro y abasto de bienes a otras entidades federativas. Por si fuera poco, mantienen plantones en el centro de Morelia, han invadido oficinas en 21 municipios, oficinas del registro civil, bancos y recientemente han bloqueado el acceso a plazas comerciales, lo que ha molestado a cientos de ciudadanos.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Industria de Transformación (Caintra), Juan Ignacio Garza Herrera, advirtió que, de prolongarse los bloqueos, se registrará el cierre de empresas y la pérdida de empleos. "Estos bloqueos, que están por cumplir un mes, han provocado que México pierda más del 30 por ciento de su capacidad portuaria, afectando no sólo al estado de Michoacán y Colima, sino a las cadenas productivas de todo el país", señaló.

Y advirtió, además, un fuerte impacto económico y laboral principalmente en Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, el Valle de México y Nuevo León.

Vale la pena recordar que el artículo 167 fracción III del Código Penal Federal, establece una sanción de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa, por ataque a las vías de comunicación, “Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;”.

Que el artículo 131 del mismo Código, tipifica el delito de motín, con una “sanción de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.”

Que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el deber jurídico de denunciar, a quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito.

Y finalmente, que tanto el Presidente de la República como el resto de los funcionarios de la Federación, a cargo de quienes está la administración y salvaguarda de las vías de comunicación ferroviarias, con fundamento en los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Es evidente que estas acciones de protesta trascienden al ámbito educativo. Ninguna manifestación que se tilda de legítima, puede tener por objetivo afectar indiscriminadamente los derechos de terceros ajenos a la disputa para lograr sus objetivos. No en un verdadero estado de derecho.

La restitución de las prerrogativas de los maestros, no es el tema a discusión, sino de qué manera el nuevo gobierno federal interpreta la máxima constitucional de “cumplir y hacer cumplir la Constitución (…) y las leyes que de ésta emanan”, y permite afectaciones a terceros.

No puede presumirse el cumplimiento de dicha obligación si se permite que, por verificar compromisos electorales, las más irresponsables facciones de la CNTE en Michoacán nieguen el derecho a la educación y conculquen el futuro de niños y jóvenes, atenten contra las vías generales de comunicación causando daños cuantiosos a la economía regional y nacional y promuevan la desobediencia a la ley como estrategia política de presión, entregándoles en premio 5 mil plazas automáticas y prebendas multimillonarias, además de la omisión en el ejercicio de la acción penal de oficio que dicta el Código Penal al Fiscal de la República.

Para hablar de un Estado de derecho debe haber una autoridad que sancione a quienes lo violan. El Estado de derecho, supone el uso de la fuerza a cargo de autoridad para restablecer la paz, el orden público y lograr la justicia. Pero cuando se permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violentados, ejerza actos que dañan el orden público sobre los presuntos violadores, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de derecho. 

Por ello, someto a consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hacer uso de la fuerza pública para liberar las vías generales de comunicación en el Estado de Michoacán, y a presentar las denuncias en contra de quienes resulten responsables.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a realizar mesas de trabajo para encontrar alternativas de reparación integral a las personas afectadas por las manifestaciones.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Fiscal General de la República, a iniciar de oficio las carpetas de investigación contra quienes resulten responsables, con motivo de las afectaciones a las vías generales de comunicación en el Estado de Michoacán.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Julen Rementería Del Puerto.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rementería del Puerto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Justicia.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo relativo al lamentable suceso ocurrido el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores de esa localidad por la explosión de un ducto de Pemex.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar a nombre mío y del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

Como todos sabemos, el pasado viernes 18 de enero de este año, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se registró una explosión producto de la toma clandestina de combustible de Petróleos Mexicanos, causando, a la fecha, la muerte de 127 personas, más de 21 heridos y cerca de 50 desaparecidos.

Se trata de una situación muy terrible, que lastima mucho a las familias, que difícilmente se puede superar una situación así, y que por ello lamentamos profundamente los hechos y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas directas e indirectas. Al mismo tiempo es nuestro deber, como Poder Legislativo, esta circunstancia que fue resultado de la negligencia de las autoridades que ante una situación que era a todas luces peligrosa, fueron incapaces de poner a salvo a la población.

De la cronología oficial que se tiene de los hechos, se desprenden que pasaron casi 4 horas entre el momento en que inició la fuga y el cierre del ducto. Cuatro horas de inacción, cuatro horas en las que la autoridad se limitó a observar cómo la población arriesgaba su vida bajo una lluvia de gasolina.

Es inconcebible que no existiese una comunicación y coordinación adecuada entre las diferentes instituciones involucradas, desde Pemex, la Secretaría de Energía hasta Protección Civil y las propias fuerzas de seguridad. Se dice que los soldados que estaban ahí presentes se vieron rebasados por el gran número de personas, y que no pudieron hacer nada.

Efectivamente, la actitud de los efectivos del Ejército es comprensible, lo que no es comprensible es la ausencia de las decisiones, que no hubo decisiones oportunas por parte de los mandos y especialmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil.

Era evidente, y así lo pudimos ver todo el tiempo a través de los diversos medios de comunicación que nos estaban reportando los hechos, que esta situación no ameritaba soldados fuertemente armados, sino un contingente más grande, pero sin armas de fuego, que estén entrenados para este manejo de multitudes.

Esta tarea está hecha por parte de la Policía Federal, que por cierto, insisten en desparecerla; la Policía Federal está hecha y capacitada para resolver este tipo de problemas cuando hay multitudes, de este modo si se hubiera actuado con visión y oportunidad, el saldo pudiera haber sido de algunos detenidos y no de decenas de muertes y de muertos que están en este momento que son 127.

Ahora nos quieren vender que todos actuaron con prudencia y que nadie pudo haber hecho algo distinto, casi, casi era algo inevitable. No, señoras Senadoras y Senadores, eso no es así, y no podemos aceptar que nos quieran contar esa historia. Queda claro que se actuó con negligencia, recordemos que se incurrió en una responsabilidad no sólo por acción, sino también por omisión, que es evidente la hubo.

Hoy lo que corresponde en este asunto es que no quede en el olvido como lo han querido hacer, es imperativa que se deslinden responsabilidades, tiene que haber rendición de cuentas y transparencia, la ciudadanía tiene derecho a saber qué fue lo que exactamente ocurrió.

Como Poder Legislativo, más allá de nuestra visión de diferentes partidos, es nuestro actuar como contrapeso, exigiendo claridad y rendición de cuentas en la resolución de este caso.

En ese entendido nos permitimos someter a esta Soberanía este punto de Acuerdo de urgente resolución:

Primero.- Pedir al Ejecutivo Federal revise la estrategia contra el huachicoleo, hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que este caso, como el de Tlahuelilpan, Hidalgo, vuelva a suceder.

Segundo.- Solicitar al Fiscal General, que por cierto, es su primera prueba de fuego para demostrar su autonomía y compromiso en la procuración de justicia.

Tercero.- El titular de Pemex dé un informe detallado, que sabemos que ya estuvo en la Permanente, pero no, no quedamos de acuerdo con la información que dio, debe de dar un informe de las acciones realizadas de la empresa el día de los hechos.

Compañeras y compañeros Senadores, la tragedia que ocurrió en Hidalgo es inaceptable. No podemos ver como algo normal lo sucedido en Tlahuelilpan y menos algo que pudo haberse evitado. No podemos ser omisos ante nuestro deber constitucional como contrapeso que es el Ejecutivo.

La propuesta que aquí traemos tiene un solo objetivo, que los responsables rindan cuentas y que se procure y se haga justicia nada más y tampoco nada menos.

Por eso, compañeras y compañeros, les pedimos su apoyo y que se haga justicia por esas 127 personas muertas y más de 50 desaparecidos.

Eso es todo, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG Y NUVIA MAYORGA DELGADO, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1 fracción II, artículo 276 del Reglamento del Senado de la República; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 18 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo se registró una explosión sin precedentes de las que se hayan registrado en esa entidad federativa e incluso en el país.

La explosión fue producto de la toma clandestina de un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos, causando la muerte de 127 personas y más de 21 heridos que se encuentran en diversos centros de salud, algunos incluso en hospitales de Estados Unidos de América.

Derivado de la información oficial sobre los hechos ocurridos dada a conocer por autoridades federales, se advierte que no existió una estrategia efectiva para enfrentar la situación y contener y, en su caso, desalojar a la población que se encontraba en un lugar de alto riesgo.   

Ante los hechos suscitados, el Gobierno Federal ha ofrecido diversas conferencias de prensa para explicar a la ciudadanía lo que ocurrió. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, la cronología oficial de los hechos se dio de la siguiente manera:

• Siendo las 14:30 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional avisaron al Gobierno Federal respecto a una fuga en el ducto Tula – Tuxpan.

• Petróleos Mexicanos ordenó el cierre de la válvula hasta las 18:20 horas (tres horas con cincuenta minutos después del aviso).

• Siendo las 18:52 horas, se registró la explosión de la toma clandestina.

Ante la situación de emergencia que se presentó, llama la atención lo dicho por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al referir que "Pemex no cerró la válvula cuando se detectó inicialmente la fuga en el ducto, porque no se pensó que fuera una fuga relevante".

 En ese sentido, Pemex tardó casi cuatro horas en cerrar la válvula del ducto que estalló y lamentablemente originó la pérdida de vidas humanas.  

Asimismo, el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, señaló que en el lugar de los hechos, previo a la explosión, las fuerzas armadas se vieron rebasadas por una multitud de aproximadamente 800 personas; a pesar de lo anterior los elementos castrenses intentaron persuadir a la población para que se alejaran del ducto tomado, ante lo cual algunos pobladores se tornaron agresivos.

El General Secretario declaró a los medios de comunicación, que los elementos del ejército se vieron obligados a replegarse para evitar una confrontación.

Por su parte, el Presidente  de la República declaró que para evitar escenarios como el de Tlahuelilpan, Hidalgo, se continuará con la estrategia adoptada para evitar el robo de combustibles.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha mostrado su apoyo al Gobierno en la lucha por combatir el robo de combustibles. No obstante, se difiere con la estrategia y las acciones implementadas, en razón que se ha demostrado lo siguiente:

• Continúa la crisis por el desabasto y escases de gasolina en diferentes entidades de la República mexicana.

• La falta de previsión de las consecuencias que traería consigo la implementación de las medidas conocidas, afectó las actividades productivas y la economía familiar con el incremento de los costos de la canasta básica.

• Existen cierres parciales o totales de estaciones de servicio en algunas entidades federativas, e inclusive, en algunas de ellas el combustible se vende a un precio más elevado.

• El transporte de los hidrocarburos por medio de vehículos o pipas es una medida errónea, costosa, e insegura para la integridad de los operadores y de los poblados en las localidades, a diferencia del transporte por ductos que resulta más barato y eficiente.

Cabe señalar que ante la crisis generada por el desabasto en los combustibles en diversas entidades federativas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó convocar a reunión de trabajo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos; y de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la Tercera Comisión de Trabajo, para que informaran la estrategia integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su impacto económico y las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía.

Dicha reunión estaba prevista para el martes 15 de enero; sin embargo, la misma no se llevó a cabo porque los funcionarios federales cancelaron su asistencia quince minutos antes de que iniciara, argumentando que se encontraban atendiendo la emergencia. Ello independientemente de que casi dos semanas después enviaron a otros servidores públicos de sus dependencias a comparecer.

Ante los hechos suscitados en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se advierte que los funcionarios del Gobierno Federal no estaban atendiendo dicha emergencia; de igual forma, no existe claridad respecto a como evaluar si la estrategia implementada está funcionando o no.

El cierre sin planeación de los ductos de Pemex ha generado desabasto en varias localidades, por lo que la estrategia debe reorientarse para lograr una efectiva distribución.

México está de luto, y esa tristeza que hoy nos invade debe traducirse en acciones concretas para investigar este caso y prevenir que se repita. En este contexto y para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es fundamental que el Gobierno Federal, informe a esta soberanía y a la población en general, respecto a los hechos ocurridos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la Repúbluca lamenta profundamente los acontecimientos registrados a causa de una explosión de un ducto de Pemex, el pasado viernes 18 de enero del año en curso, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida alrededor de cien personas y en el que hubo un número similar de heridos. 

Asimismo, se solidariza con todas las personas que directa o indirectamente resultaron afectadas por la tragedia ocurrida.      

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo, a la brevedad, una revisión exhaustiva de la estrategia implementada para combatir el robo de combustible en el territorio nacional, así como a analizar la pertinencia de realizar los ajustes necesarios para incrementar la vigilancia en los ductos y las instalaciones estratégicas, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los ocurridos en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

TERCERO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco de sus atribuciones, investigue y, en su caso, emita las sanciones correspondientes sobre la posible omisión o negligencia en que incurrieron las autoridades del Gobierno Federal, al no haber desalojado a la población que por más de cuatro horas se expuso a una grave situación de riesgo.

CUARTO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta soberanía en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la aprobación de este acuerdo, cuáles son las líneas de investigación que están siguiendo, para identificar a los probables responsables de la manipulación del ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

QUINTO. El Senado de la República, solicita al titular de Petróleos Mexicanos, remita a esta soberanía, un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que emprendió la empresa una vez que fue notificada sobre la fuga en el ducto Tula – Tuxpan.  Así como un informe que explique los protocolos de acción y de seguridad de la empresa para el manejo y flujo de combustibles por los ductos que recorren el territorio nacional, específicamente cuando se registran alteraciones en los mismos.

SEXTO. El Senado de la República, solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se investiguen y, en su caso, se emitan a la brevedad posible las recomendaciones correspondientes por las presuntas omisiones y acciones de las autoridades federales en torno a los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

SÉPTIMO. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, brinden atención integral que incluya entre otras, el servicio médico hospitalario, quirúrgico, farmacéutico y psicológico a todas las víctimas directas e indirectas de la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Suscriben

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong.- Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mayorga Delgado.

Ha solicitado que este punto de Acuerdo sea de urgente resolución, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Justicia.






Pasa a esta tribuna el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras, Senadores y colimenses. Mexicanos.

Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz, bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, así lo expresó en su manifiesto el Presidente Juárez el 15 de julio de 1857 después de entrar triunfante a la Ciudad de México tras el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

Nuestro país ha padecido una lamentable historia de intervenciones extranjeras que nos ha costado muchas vidas y muchos años de atraso en todos los órdenes, la intervención española, las dos intervenciones francesas y las tres intervenciones estadounidenses. México, el 27 de septiembre de 1930, dio a conocer la creación de la Doctrina Estrada en homenaje a su autor don Genaro Estrada, entonces Secretario de Relaciones Exteriores.

La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al derecho internacional y quizá la más famosa, en ella encontramos un rechazo a la práctica de reconocer o no gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva, pues de esta práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas en los países débiles.

Su fundamento es el principio de la libre determinación, es decir, el derecho que tiene los pueblos para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades, como lo señala la propia doctrina, derecho que no depende de que uno o más gobiernos lo reconozcan, por ello continúa diciendo la propia doctrina: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.

Durante las últimas décadas nuestro país abandonó el espíritu de una política exterior respetuosa, conciliadora y pacífica, sin embargo, a partir del 1º de diciembre de 2018, el Estado mexicano regresó su mirada a la valiosa Doctrina Estrada reconociendo “que tanto entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Es por ello que las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo en el Senado de la República, respaldamos y aplaudimos la convocatoria a un diálogo político democrático en Venezuela propuesto por el gobierno de México, reconocemos la correcta actitud para que México se mantenga como un país libre y soberano al margen de intereses injerencistas.

Nuestro Presidente de la República está observando lo mandatado por la Constitución Federal, misma que señala en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Debido a la enorme trascendencia que en política exterior se refiere, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

El Senado de la República manifiesta su total respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

ANTECEDENTES

“Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz." “Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo”... así lo expresó en su manifiesto el presidente Juárez  el 15 de Julio de 1857 después de su entrada triunfante a la ciudad de México tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano.

Nuestro país ha padecido una lamentable historia de intervenciones extranjeras que nos han costado muchas vidas y muchos años de atraso en todos los órdenes, la intervención española, las dos intervenciones francesas y las tres intervenciones estadounidenses.

México, como secuela de la Revolución de 1910 tenía como fin encontrar la urgente pacificación del país y eso fue lo que indujo al Gobierno a que el 27 de septiembre de 1930 se diera a conocer la creación de la “Doctrina Estrada” en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces Secretario de Relaciones Exteriores.

La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al Derecho Internacional, y quizá la más famosa. En la Doctrina Estrada se pueden distinguir dos partes, la principal, es un rechazo de la práctica de reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva, pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles.

En ella encontramos como fundamento “El principio de la libre determinación, es decir, el derecho que tienen los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, -como lo señala la propia Doctrina-, derecho que no depende de que uno o más gobiernos lo reconozcan; por ello -continúa diciendo la propia Doctrina-:

“México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.

Esta doctrina está basada en principios de validez universal principalmente el de la libre determinación de los pueblos y el de la no-intervención, principios que son indispensables para una convivencia de respeto mutuo y de cooperación entre las naciones. Durante las últimas décadas nuestro país habría abandonado nuestro espíritu de política exterior respetuosa, conciliadora y pacífica que tantos años de sufrimiento nos costó construir a todas y todos los mexicanos.

Es por ello que El Partido del Trabajo en el Senado de la República respaldamos y aplaudimos la convocatoria a un dialogo político-democrático en Venezuela propuesto por el gobierno de México. Reconocemos la correcta actitud para que México se mantenga como un país libre y soberano, al margen de intereses injerencistas.

Con estas acciones México recupera el mandato establecido en el artículo 89 fracción decima de nuestra constitución que en su texto dice:

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Debido a la enorme trascendencia que en Política Exterior se refiere, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo por el que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Sen. Alejandro González Yáñez.- Sen. Joel Padilla Peña.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Joel Padilla. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar para que, de conformidad con sus atribuciones legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busque los mecanismos para evitar la reducción presupuestal del Programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Como es del conocimiento de la Asamblea, en la sesión pasada se abrió la discusión del tema de las estancias infantiles, su servidora y trece compañeras y compañeros legisladores manifestamos en esta tribuna nuestra preocupación por la importante reducción presupuestal al Programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos” en un 50 por ciento del presupuesto, en comparación con el 2018.

Sin duda, esta medida ha generado una gran polémica por las propias implicaciones sociales y económicas, donde miles de familias ya se están viendo afectadas, pero principalmente nos preocupa que queden fuera del beneficio los 300 mil niños que estas estancias atienden. El día de ayer este tema también fue revisado por la Colegisladora, donde de la misma manera, compañeras y compañeros Diputados de todos los grupos parlamentarios expusieron argumentos y razones para solicitar a la Secretaría de Bienestar y demás autoridades del gobierno en turno, garantizar el funcionamiento de las estancias.

Mediante un punto de Acuerdo aprobado por le Junta de Coordinación Política, se acordó con una amplia aprobación del Pleno que la Secretaría de Hacienda y del Bienestar garanticen el financiamiento y operación integral de las estancias infantiles, que los recursos sean ejercidos de manera eficaz, eficiente y sin intermediarios; que la Cámara de Diputados sostenga una reunión de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación para verificar los resultados del Programa de “Estancias infantiles” y que el Coneval reciba un informe del funcionamiento del programa.

En el mismo sentido, considero que el Senado de la República, como garante del Pacto Federal, debe manifestarse al respecto para garantizar en todo momento el principio constitucional del interés superior de la niñez y la tutela de todos sus derechos. El futuro de la niñez, y sobre todo el futuro de los sectores más vulnerables donde hay pobreza y marginación, requieren del trabajo interinstitucional para lograr que todos los programas lleguen a la población objetivo y cumplan sus funciones.

Todos los Senadores aquí presentes estamos en contra de la malversación de los recursos públicos, máxime cuando estos recursos son asignados a programas destinados a reducir la pobreza y la desigualdad. Estamos a favor de que se elimine cualquier irregularidad y traba burocrática para que los recursos puedan llegar de manera directa, pero debemos garantizar que este programa, con un reconocimiento ya internacional, siga operando y trabajando en favor de las 9 mil 500 estancias infantiles que operan en el país beneficiando a más de 300 mil niños.

Por ello, pongo a su consideración el presente punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda realizar esfuerzos en la materia de reasignación presupuestal para que el programa de “Estancias infantiles” tengan una suficiencia económica necesaria que les permita atender a los más de 300 mil niños que ya se atienden.

En este mismo sentido, proponemos exhortar a la Secretaría de Bienestar para que publique a la brevedad las reglas de operación del programa y garantice el apoyo a madres y padres trabajadores mexicanos. En el Partido Verde Ecologista de México no escatimaremos ningún esfuerzo cuando se trata de niños y de niñas, el futuro de nuestro país está en sus manos, hoy podemos ser su voz.

Y quisiera también aclararles también un punto, no se trata de que todas las estancias infantiles sean malas o buenas, estamos a favor de que se audite, que se entregue de manera directa, que lo entreguen, pero que operen. Desafortunadamente, desde enero las estancias infantiles han dejado de recibir el recurso que recibían, los padres de familia han tenido que aportar de su bolsa, han tenido que sacar a sus niños de las estancias porque no pueden atenderlos.

En el estado de Colima tenemos población que se dedica al campo, campesinas, amigas que han tenido que dejar ya a sus niños en sus casas porque tienen que salir a trabajar y no pueden dar una aportación extraordinaria. Resuélvanlo pronto, resolvámoslo juntos, no lo ignoremos, es importante y no podemos generalizar, hay muchísimas estancias infantiles que operan dentro del marco de la legalidad y que atienden a lo más importante de nuestro país, nuestros niños.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La Senadora Gabriela Benavides Cobos y las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BUSQUE LOS MECANÍSMOS PARA EVITAR LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA “ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS Y PADRES SOLOS” con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” tiene como objetivo1 contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.

El programa está dirigido a las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea de Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.

Hasta el 2018, los montos del apoyo eran los siguientes:

Niñas y niños de 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) $900 (novecientos pesos)

Niñas y niños con alguna discapacidad de 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) $1,800 (Mil ochocientos pesos)

Al 30 de junio de 2018, se encontraban afiliadas al Programa 9,354 Estancias Infantiles, en las que se brindaron servicios de cuidado y atención infantil a 310,628 niños y niñas.

Esto benefició a 295,567 madres trabajadoras y padres solos, con lo que se contribuyó a generar 50,438 fuentes de ingreso entre las personas Responsables de las Estancias y sus Asistentes.

Además, se atendieron a 4,135 niñas y niños con algún tipo de discapacidad, en 2,317 estancias en toda la república. El programa tuvo presencia geográfica en 1,283 municipios; de los cuales 41 están entre los 250 con menor Índice de Desarrollo Humano de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras que 218, presentan un alto o muy alto grado de marginación de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de Población y, 542 son considerados con población predominantemente indígena, de acuerdo con la clasificación que realiza la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas2. Este programa ha sido un beneficio directo para los ciudadanos, como es el caso de mi estado Colima, donde se han beneficiado un total de 130 estancias infantiles3.

El presupuesto para el año 2018 fue de 4,070.26 millones de pesos; no obstante, este año, se asignó al programa, la cantidad de 2,041.62 millones de pesos; lo cual provocará una reducción del 50% en los apoyos que actualmente reciben los menores, costo que tendrán que pagar los padres afectando directamente a su economía familiar.

No debemos olvidar que conforme el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019”4 en México, el 43.6% de la población se encuentra en la pobreza. En el caso de Colima, el 33.6% de la población se encuentra en la pobreza.

Además, existe el temor fundado, debido a que varios delegados estatales del gobierno federal lo han mencionado, que la edad para ser beneficiario de dicho programa será entre 1 y 3 años de edad, esto ha provocado preocupación entre varios padres de familia, debido a que en el preescolar aceptan a los menores de edad hasta los 4 años; es decir, que durante el año de transición entre una etapa y otra, los padres de familia, deberán cubrir íntegramente la cantidad mensual que actualmente es aportada por el gobierno federal.

A raíz de todo esto, varias estancias infantiles del estado de Colima como:

El jardín de Carlitos
Casita Mía
La casa de los Peques
Estancia Infantil OSFER
Aprendiendo a volar

Nos han girado una petición a los Diputados y Senadores, con la finalidad de llamar nuestra atención y solicitar que llevemos a cabo acciones que estén a nuestro alcance para evitar dicha reducción; en ella exponen los motivos de su preocupación y firman los padres de familia beneficiados; anexo al presente punto de acuerdo copia simple de dicho documento. Es por ello, que consideramos importante que la Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busque los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la reducción presupuestal al programa en cuestión, en virtud de que considero que es un programa noble, que apoya a miles de mujeres y hombres, para que estos puedan crecer profesionalmente.

Aunado a todo esto, los encargados de las estancias infantiles también han mencionado en el documento señalado en supra-líneas que, el recurso correspondiente al mes de enero no se les ha entregado y que diversos funcionarios públicos pertenecientes a la Secretaría, les han mencionado que los primeros pagos comenzarán a correr a partir del mes de marzo, es decir, que febrero tampoco recibirán recurso alguno.

No obstante, dichas estancias, hasta el momento no les han solicitado a los padres de familia que lo cubran y en ningún momento han interrumpido la prestación de sus servicios, cargando por el momento con dicho costo; lo cual ha provocado graves problemas financieros en las mismas. En razón de lo anterior, consideramos de vital importancia que el recurso económico correspondiente a los meses de enero y febrero, se les sea entregado a la brevedad, para que puedan solucionar dichos problemas económicos y no se vean afectadas considerablemente dichas estancias.

No debemos olvidar que las Estancias Infantiles, también son una fuente de empleo y en algunos casos negocios familiares de las que dependen otro número considerable de familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busque los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Bienestar para que mantenga las mismas reglas de operación del programa de estancias infantiles, y a entregar a la brevedad, los apoyos correspondientes a los meses trascurridos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Consultado en línea. Enero del 2019. Sexto informe de labores de SEDESOL. SEDESOL. Página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391169/6to_Informe_de_Labores_SEDESOL.pdf .

2 Ibidem 1

3 Directorio de estancias infantiles. Consultado en línea. Enero del 2019. Página Web
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Programas_Sociales/Estancias/pdf/directorio_estancias_infantiles_junio.pdf

4 Consultado en línea. Enero del 2019. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019. BIENESTAR. Página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432095/Colima.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gabriela Benavides.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Miguel Ángel Navarro.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Una solicitud respetuosa, señora Presidenta, a la Senadora que hace un momento, del Partido Verde, acaba de presentar un punto de Acuerdo, muy respetuosamente.

La Junta de Coordinación Política ha llegado a un acuerdo consensuado sobre el mismo propósito, pedirle, si así lo considerara ella y su grupo parlamentario, pudieran retirarlo para darle un posicionamiento sólido de todas las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Navarro Quintero. Si está de acuerdo la Senadora. Esperaremos a lo que nos remita la Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Bolaños Cacho.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Solamente para aclarar a la Soberanía.

Por supuesto que en el momento en el que un servidor y la bancada del Partido Verde conozca dicho acuerdo de la Junta de Coordinación Política y lo firmemos, es que retiraremos este punto de Acuerdo, pero mientras tanto es una posición del Partido Verde en un tema que nos ocupa a todos.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es correcto, Senador Bolaños Cacho.

Lo que hacemos es, si usted lo tiene a bien y su bancada, lo que hacemos es no votarlo en este momento y esperar a que llegue. Entonces, lo tenemos pendiente este punto de Acuerdo.






Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación de la Honorable Cámara de Diputados, a considerar en su proyecto de reforma al artículo 3o. constitucional la inclusión de la educación inicial.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores.

Es muy importante este tema porque se refiere a dos líneas fundamentales en la sociedad.

Uno, que es el de la educación, que todos sabemos que está en el artículo 3o., consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otro que es en las etapas de la educación, así es que el 12 de noviembre de 2002 se incluyó en una reforma a diversas fracciones al párrafo primero de esta disposición incluir la obligación del Estado y el derecho de las personas, concretamente de los niños y niñas, a recibir la educación inicial, distinguiendo de educación preescolar y educación inicial.

Esto ha venido siendo así y consideramos nosotros como un logro que se reconozca a esta educación inicial, educación inicial que quiero yo ilustrar a la Asamblea, que lo sabe muy bien, que va desde el nacimiento del niño o de la niña hasta los cuatro años, que se divide en lactantes de 45 días de nacidos a dos o tres años, y maternal que puede ir de dos a cuatro, distinguiéndola en esta temporalidad de lo que es la educación preescolar, que va de los tres a los cinco años.

Este logro se ha venido consolidando porque el servicio de educación inicial se ofrece escolarizada, semiescolarizada y no escolarizada, y va con un punto que además está hoy en todos los diarios y que tiene que ver con estancias y tiene que ver con este debate que seguramente tendremos un poco más adelante, pero es tan importante que se otorga por el DIF, por el IMSS, por el ISSSTE, en la Ciudad de México, en los estados, etcétera.

Ahora, el pasado 12 de diciembre, el Ejecutivo Federal remitió una iniciativa de ley que tiene que ver con la educación, y eso está muy bien porque propicia el debate y propicia el diálogo para construir mejores instrumentos jurídicos. El problema es que en esta iniciativa dice el segundo párrafo de la fracción V: “el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República”.

Es decir, queremos suponer que hay una omisión, faltó la educación inicial, que es un logro, es algo que ya se hace, es algo que ya ganó, diría yo, la niñez, los padres, las madres. Y, entonces, lo que estamos planteando en el grupo parlamentario del PRD es que se haga un exhorto respetuoso a la Cámara, porque allá se va a debatir, a la Cámara de Diputados, al propio gobierno federal para que se analice, que no se deje de analizar este asunto y se pueda incluir la educación inicial porque es muy importante, es una etapa formativa fundamental para los niños y para las niñas.

Por ello es que estamos haciendo este planteamiento de realizar un respetuoso exhorto para que no se omita incluir a la educación inicial, es un tema sustancial en la formación de los niños y de las niñas de México.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Miguel Ángel Mancera. Se turna a la Comisión de Educación.






Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Velázquez Meza, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a girar las instrucciones correspondientes al área de inspección y vigilancia de esa Comisión, con la finalidad de aumentar el número de oficiales de pesca en el estado de Baja California Sur y que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva.

El Senador Ricardo Velázquez Meza: Gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Primeramente, agradezco la oportunidad inmerecida de poderme dirigir ante esta Honorable Asamblea, pero sobre todo de poderme dirigir a los ciudadanos de México.

Vengo a exponerles proposición con punto de Acuerdo sustentada en las siguientes:

Consideraciones

Baja California Sur cuenta con una superficie territorial de 73 mil 909 kilómetros cuadrados, ocupa el noveno lugar en extensión territorial y el primero en litorales. De acuerdo al Inegi, el estado de Baja California Sur cuenta con un total de 16 puertos y terminales portuarias; 7 de ellos, cuya actividad preponderante es la comercial.

De los sectores productivos del estado sobresale la pesca y acuacultura, obteniendo información de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, que las principales especies de pesca son: camarón, langosta, pulpo, pepino, escama, abulón, almeja, ostión, almeja catarina, almeja generosa y otros moluscos. Este sector productivo genera al año un total de ingresos de mil 60 millones 165 mil pesos; a su vez, en funciones particulares de inspección y vigilancia, las sociedades cooperativas generan un gasto anual estimado de 20 millones de pesos, según dato proporcionado por la Federación regional de sociedades cooperativas de la industria pesquera de Baja California.

En los diversos recorridos que realicé por el municipio de Mulegé, Baja California Sur, del que soy orgullosamente originario, obtuve información directa de los productores pesqueros.

Existe una ausencia muy marcada del personal de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, ya que el único oficial de pesca se encuentra en la población de Guerrero Negro, y éste había sido trasladado para desempeñar sus funciones, momentáneamente, a la población de San Carlos, del municipio de Comondú, de mi estado. Por lo cual, los propios pescadores estaban realizando esta actividad de vigilancia.

Derivado de la petición formulada por los productores pesqueros, me di a la tarea de comunicarme con la oficina de Conapesca de la ciudad de La Paz, en donde me fue informado que en la actualidad en el estado de Baja California Sur estaban sólo asignados 15 inspectores de pesca, distribuidos en todo el territorio, pero en el momento de la comunicación, 9 de ellos no laboraban, puesto que estaban concentrados en la ciudad de La Paz, ya que no había sido revalidada su autorización para fungir como oficiales de pesca, y los 6 restantes estaban asignados todos al puerto de San Carlos.

En ese contexto, es imperativo el que se proporcione la labor de inspección y vigilancia en todas y cada una de las poblaciones dedicadas a la pesca en la entidad federativa que represento, ya que por la inmensidad de su territorio, se han venido dando actos, quebrantamientos de veda y robos de especie de mar, como el ocurrido el 3 de febrero de este año en curso, suscitado en el kilómetro 12 de la carretera transpeninsular Ciudad Insurgentes-Loreto, en donde hombres armados robaron un camión conteniendo un poco más de 2 toneladas de langosta.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Senador del grupo parlamentario del Partido Morena, somete a consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en el uso de las facultades que le establece la normatividad aplicable, asigne mayor personal de inspección y vigilancia a las poblaciones dedicadas a la pesca y acuacultura en el estado de Baja California Sur.

Segundo.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en el uso de sus facultades que le establece la normatividad aplicable, instruya al personal de inspección y vigilancia adscrito al estado de Baja California Sur, para efectos de que se busque una colaboración interinstitucional con las dependencias federales, estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia, para efecto de que se coordinen eficaz y eficientemente en el combate de la pesca furtiva y robo de especies marítimas en el estado de Baja California Sur.

Esperando contar con su apoyo, y por su atención, muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias al Senador Ricardo Velázquez, y se turna a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Saldaña.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde se escaño) Para sumarme, si el Senador lo permite, a su exhorto, ya que una servidora presentó algo similar, entonces pues por mi estado, si me lo permite, aquí nos sumamos a su punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, el Senador acepta con gusto, por lo que le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pase a recabar su firma.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

No nos olvidemos, el viernes 18 de enero sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, una tragedia: una explosión que ha dejado a 128 persona fallecidas.

Las razones pueden ser muchas, entre otras, porque fue una fuga provocada en un ducto, la actividad del huachicol en varios municipios del valle del Mezquital, ignorancia de la población y, por qué no decirlo, omisión de la autoridad. Es importante tenerlo en mente, no pretendemos entorpecer el trabajo del gobierno federal en su estrategia para combatir el huachicol, al contrario, queremos contribuir a hacer frente a esta situación tan compleja.

Fue una terrible desgracia, y así la ordeña de ductos es un delito, y sí la ordeña de ductos es un delito, pero insisto, no podemos criminalizar a las personas que estuvieron ahí. Tenemos que cuestionar por qué nadie dio cumplimiento a la Ley General de Protección Civil, que en su Capítulo 15, artículo 73, que indica:

“En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural de lo que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes”.

Y esto nadie lo hizo.

¿Por qué Protección Civil Federal no pidió ayuda a Pemex?

¿Por qué fue tan limitada la actuación de los elementos de seguridad?

A decir de varios dueños de las gasolineras legítimas de Hidalgo, el desabasto es una situación que viene desde diciembre y no se normaliza.

Para tener un mínimo en existencia estos empresarios han tenido que ir a Veracruz y Guanajuato, teniendo refinería en Hidalgo, a comprar gasolina y diésel.

¿Por qué Pemex no le distribuye gasolina a Hidalgo?

Sin lugar a duda, en el combate al huachicol los dueños de las gasolineras del Valle del Mezquital están pagando alto costo.

¿Por qué no se ha normalizado la distribución de gasolina?

¿Por qué mantener el desabasto que genera un ambiente social enrarecido y provoca desesperación en los consumidores?

Es por ello que someto el presente punto de Acuerdo.

Solicito se exhorte a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Se exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que dentro de sus investigaciones que realice por la explosión del ducto de Tlahuelilpan, contemple como línea de investigación el desabasto de combustible en la región.

Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorgue calidad de víctimas a las personas que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión del ducto y, asimismo, sean integradas al Registro Nacional de Víctimas.

Se exhorta a Pemex que, de una vez por todas, se normalice el abasto de combustible en el estado de Hidalgo.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES EN EL CASO DE LA EXPLOSIÓN DEL DUCTO EN TLAHUELILPAN, HIDALGO, RELATIVAS A LA POSIBLES OMISIONES EN QUE PUDIERON HABER INCURRIDO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado viernes 18 de enero, se reportó una fuga en un ducto de combustible en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, en la localidad de San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Ante ello, un cúmulo de pobladores se aproximaron a la zona con bidones, cubetas, jarras y otros tipos de recipientes para llenarlos del combustible que se estaba fugando. Se presume que debido a que el combustible era de alto octanaje en el ducto y del movimiento de las personas en la zona, así como del uso de ropa de materiales sintéticos fue lo que generó la explosión.

De acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que, la Sedena detectó la toma clandestina a las 14:30 horas del día viernes, aunque según lo dicho por el funcionario en ese momento no era una “fuga relevante”, y fue hasta que se incrementó y se llegaron a ciertos parámetros, que se decidió cerrar la válvula.

A las 15:45 horas, el Secretario Alfonso Durazo señaló que se aglomeró la población y el personal militar conminó a la gente a retirarse; a las 17:00 horas, arribó personal de la Gendarmería, a las 17:30 llegaron refuerzos de Sedena, a las 18:20 Pemex cerró la válvula del ducto afectado y suspendió el bombeo de combustible y a las 18:52 horas ocurrió la explosión.

De acuerdo con lo señalado por el Secretario, transcurrieron al menos cuatro horas entre que el Ejército detectó la toma clandestina (14:30 horas) y la explosión (18:52 horas).

Al suscitarse la explosión, a las 18:52 horas, Alfonso Durazo señaló que el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibe el reporte del hecho, dando el reporte de que habían personas con quemaduras.

No obstante, según lo señalado por el Secretario Alfonso Durazo, las primeras 16 ambulancias de la Cruz Roja Mexicana llegan al lugar de la explosión a las 20:34 horas, más de hora y media después de la explosión.

Asimismo, la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud desplegó ambulancias y personal médico. Posteriormente, se inició el traslado de heridos a hospitales de la Ciudad de México.

A las 22:39 horas se abrió la carpeta de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República. A las 23:02 llegaron peritos en criminalista de la Fiscalía. Y a las 23:45 horas, personal de Pemex informó que el incendio ya estaba controlado.

De acuerdo con datos del gobierno de la federal se actualizó a 118 las personas que perdieron la vida en la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Además, 29 personas permanecen hospitalizadas por las lesiones sufridas en el siniestro. De igual forma, varias personas fueron trasladadas a un hospital en Galveston, Texas, lugar especializado en atención a quemaduras.

Cabe señalar que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio para investigar en las posibles omisiones que pudieron haber incurrido las autoridades municipales, locales y federales.

Asimismo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio cuenta en su conferencia matutina del lunes 21 de enero, que recibió una denuncia de la CNDH, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, acusando de inacción del Ejército en el caso del ducto de Tlahuelilpan.

Por otra parte, el desabasto de combustible en el estado de Hidalgo provocó que se formaran largas filas para conseguir combustible. Situación que pudo generar psicosis entre los habitantes, cabe señalar que, una cosa es la actividad ilícita o no que estaban cometiendo las personas ahí presentes, pero eso no los excluye de que tengan calidad de victima ante la omisión de las autoridades para aplicar las medidas necesarias ante el inminente riesgo.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que de acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, señala a la letra lo siguiente:

Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido, para deslindar responsabilidades administrativas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, agote todas las líneas de investigación  por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo y entre ellas contemple el desabasto de combustible que afectó la región desde el 7 de enero y había generado psicosis entre los habitantes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se otorgue calidad de víctima a las personas que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y asimismo sean integradas al Registro Nacional de Víctimas.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, al titular de Protección Civil del Estado de Hidalgo y al titular de protección civil del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que informen porque no ejecutaron las medidas, acciones y protocolos de seguridad que les competen, a fin de haber protegido cabalmente la integridad de las personas que se encontraban en la fuga del ducto dañado en Tlahuelilpan, Hidalgo, ante el inminente peligro que representaba la zona.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que informe porque no actuó de manera rápida ante la magnitud y peligro que representaba la fuga de combustible del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, así como de su omisión en el cierre de válvulas. 

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, de a conocer las acciones que implementará para cumplir con el abasto de combustible en el Estado de Hidalgo, que ha afectado en gran medida a la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez. Se turna a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Gobernación.






En el siguiente asunto, la Senadora Nuvia Mayorga y el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, solicitaron que el tiempo reglamentario para presentar puntos de Acuerdo, que es de cinco minutos, se dividiera para que ambos Senadores pudieran hacer uso de la palabra.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Bienestar Social y de Hacienda y Crédito Público a realizar las adecuaciones presupuestarias para garantizar la operación del Programa de Estancias Infantiles en Guerrero y en todo el país.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

El Programa de Estancias Infantiles en apoyo a las madres trabajadoras, operado por la Secretaría de Bienestar Social desde hace dos sexenios consiste, como se ha dicho aquí, en apoyos a través de subsidios de 950 pesos mensuales destinados a los servicios de cuidado y atención infantil.

Operan 9 mil 200 estancias infantiles, atienden a más de 300 mil niños en todo el país y, por supuesto, lamentablemente, el grupo parlamentario mayor de Cámara de Diputados decidió reducir el 50 por ciento. Solamente en Guerrero, aproximadamente 351 guarderías quedarían en problemas y, obviamente, en suspensión de sus actividades, y en Guerrero se le da a 2 mil 500 personas empleo y se brinda servicio a 11 mil niños.

Esto es especialmente preocupante dado que la mayoría de estas estancias infantiles se verían obligadas a cerrar y se encuentran en zonas de alta o muy alta marginación. Lo digo con mucha puntualidad, desaparecer este programa sería un error histórico y repercutiría directamente en el correcto desarrollo de las siguientes generaciones.

Sabemos que algunos funcionarios han defendido este programa en sentido contrario e inverso a las reglas de operación argumentando, por supuesto, que se puede dar un subsidio, que obviamente se pueden cambiar las reglas de operación.

Es que también han señalado puntualmente que el combate a la corrupción se debe de dar en este programa cuando es de manera injusta de cómo podemos ver que estamos totalmente convencidos en la incidencia hacia los beneficiarios, y que tirar una bola de humo, en el cual totalmente estamos de acuerdo en el combate a la corrupción, que apoyamos indudablemente, no se puede afectar a los niños de este país en este importante programa social, ni a los encargados de las estancias, ni a los directivos y, por supuesto, menos a los maestros y a los niños, como lo he dicho, de este estado de Guerrero y de todos los estados de nuestra República Mexicana.

Hoy se ha hablado de cambiarlo por un subsidio, como ya lo he dicho, y con todo respeto quiero comentarlo, que solamente lo que vemos es una salida fácil y no es una salida pedagógica convirtiendo un programa social, enfocado al cuidado infantil con reglas claras y resultados palpables, en un programa asistencialista.

Quiero, también, solamente dejar en esta tribuna un planteamiento. Estamos hablando de 30 millones de jefes de familia del país con este planteamiento, estamos hablando de 11 millones de madres solteras o solamente los que van obviamente acreditados a las estancias infantiles, por supuesto que fue una respuesta ante la presión social.

De igual manera, recriminamos la propuesta, y concluyo con esto, señora Presidenta, la propuesta que hizo el Secretario de Hacienda. Los padres, y desde aquí le digo al Secretario de Hacienda, no quieren que a sus hijos sólo los cuiden, quieren que se les enseñe.

Por eso, puntualmente dar marcha atrás, y este es el punto de Acuerdo, en malas decisiones es una actitud republicana y democrática, por eso llamamos al gobierno federal, a través de la secretarías involucradas, a que lleven a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias, a efecto de garantizar la asignación de estos recursos, tanto en el estado de Guerrero, como en el país.

Es cuanto.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Añorve Baños.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Mayorga, con el resto del tiempo de esta presentación.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Seré breve.

Tengo aquí un documento, un oficio que manda una estancia infantil del estado de Hidalgo, que se llama “Burbujas”. Y como lo acaban de decir el Senador Añorve y otros Senadores, no pueden quitar un programa o reducir el presupuesto a 2 mil millones de pesos, para que el 50 por ciento de los que tenía este programa sea recortado, están afectando entre niñas, niños, que vemos que no está interesando a este gobierno, así como a más de 300 mil mujeres el que no tengan esta oportunidad.

Y les quiero comentar, cuando esto ya lo vemos hecho realidad.

En esta estancia, que abren a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde, trabajadoras, mamás, unas se dedican a la tortilla, a hacer tortillas, otras se dedican a labores en casa y tiene a sus hijos de un año a 3-7 meses de edad, y ellas ahora tienen que dejar a los hijos con los hermanitos, y esto puede ocasionar un problema.

Se van a tomar estas medidas el gobierno federal, y lo va a hacer recurrente para que existan otro tipo de accidentes a los niños que son dejados, como por decir, con las abuelitas. Yo creo que el fantasma de la palabra “corrupción” ya la traen para todo por todas las ocurrencias que están teniendo y que no existen ni siquiera reglas de operación.

Abogamos porque las Senadoras y Senadores de este Parlamento, que se supone que es abierto, apoyen que el interés del gobierno federal, la situación de las niñas y los niños, y no que sea clientelar, como lo estamos viendo, que ahora quieren entregar mil 600 pesos cada bimestre a las mamás, eso es ser clientelista, no es ver por la asistencia y un programa que en verdad ayude a las mujeres, porque ellas sí están trabajando para llevar el recurso a su casa y van a correr el riesgo esos niños y deberán asumir su responsabilidad.

No estamos en contra, el grupo parlamentario, de que quienes han cometido algún ilícito o han corrompido este programa, que sean castigados y que se investigue, pero no existe ni un solo caso, lo que está existiendo hoy, y lo vimos hace rato allá afuera, es que muchas mujeres que se dedican a esto, mamás de aquí de la Ciudad de México y del Estado de México vinieron hoy para que se les apoye.

Eso sería cuanto.

Y pedirle a la Secretaría de la Función Pública que castigue a quienes estén corrompiendo este programa, pero también a la Secretaría de Bienestar que le deje los 4 mil millones de pesos para apoyar a las 310 mil niñas y niños que están en este programa.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Consulto a los proponentes, está indicado el turno a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, ¿quieren que lo turnemos o esperamos como se hizo en el caso anterior?

Este punto de Acuerdo, al igual que el del Partido Verde Ecologista, lo seguimos teniendo pendientes en cuanto a su procesamiento.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo y a sus titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública para que dentro del ámbito de sus competencias implementen acciones urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, Senadoras y Senadores de la República.

No les vengo a hablar de cifras ni de definiciones porque ya lo he intentado y éstas no han bastado para que vivamos, para quienes nos han olvidado y que entiendan que lo que vivimos las mujeres todos los días y lo valientes que somos cuando salimos de nuestras casas a pesar de que nos siguen torturando, violando y matando, más bien les quiero hacer una pregunta.

¿Por qué México se ha vuelto un lugar incómodo para las mujeres?

Se los respondo. Se ha vuelto tan incómodo para nosotras que en cada colonia que visitamos en Quintana Roo se puede percibir el miedo que tenemos las mujeres de convertirnos en una víctima más. Se ha vuelto tan duro para nosotras porque hay miles de estudiantes y niñas que salen de sus casas por la mañana para lograr su objetivo, pero se convierte en un pupitre vacío porque las mataron camino a la escuela.

Se ha convertido en un tormento porque hay miles de artistas que no alcanzaron su sueño de cantar en un escenario porque fueron asesinadas. Nosotras nos quedamos con las ganas de escucharlas, pero les aseguro que nuestras voces ahora serán las suyas y hablaremos por ustedes. Se ha vuelto incómodo para nosotras porque hay miles de novias que tienen miedo de terminar una relación en la que no son felices por temor a que las maten. Se ha vuelto un lugar de miedo porque hay miles de empresarias que aman su trabajo, pero que odian que piensan que llegaron ahí por su físico y no por sus talentos.

Se ha vuelto tan duro porque hay miles de académicas que salen de sus casas con todas las ganas de cambiar al mundo con sus investigaciones y que buscan empoderar a las nuevas generaciones, pero las encontramos al día siguiente sin ganas, sin sonrisa, sin ropa y sin vida. Y las mujeres estamos incómodas porque vemos que hay miles de madres que se quedaron una noche esperando a sus hijas que se convirtieron en una, dos, cinco, un mes y toda una vida. Desde hace mucho tiempo, México se volvió un lugar incómodo para nosotras las mujeres porque corremos el riesgo de que nos maten todos los días: en el trabajo, en el mercado, en las calles y en nuestras propias casas.

El feminicidio es una de las manifestaciones más extremas de discriminación, odio y violencia contra nosotras, nos somete y no nos deja ser libres. Duelen las cifras, que sigan aumentando y que los actos violentos de género cometidos en mi estado, en Quintana Roo y en todo el país, queden impunes. Por eso tenemos que fortalecer nuestro derecho a la justicia, garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familiares y desplegar acciones más eficaces para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles una invitación a todos los hombres que nos acompañan el día de hoy, a todos los Senadores, a que participen, la equidad de género, el respeto, la seguridad y la integridad de las mujeres es un problema también de ustedes. Acompáñenos en esta lucha para que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras mentes sean de nosotras y alcancemos una libertad plena y real.

Seguiremos luchando hasta que sobrevivir no sea una hazaña, hasta que nadie se sienta con el derecho de hacernos creer que nuestras vidas no nos pertenecen y hasta que se esclarezcan todos los feminicidios en Quintana Roo y en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo, que bien comentó nuestra Presidenta.

Exhortamos al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus titulares, a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública para que implementen acciones urgentes para detener el incremento desmedido y exponencial de feminicidios en Quintana Roo, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.

Y también pedirle, señora Presidenta, este acuerdo que sea tomado por obvia y urgente resolución.

Es cuanto. Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Freyda Marybel Villegas Canché.

Y como ha sido solicitado por usted, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo antes mencionado se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo antes mencionado se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por lo tanto, está a discusión.

Tiene la palabra la Senadora Mayuli Latifa, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, haciendo el uso de la voz en esta intervención.

Sin duda alguna, una de las principales demandas de todos los mexicanos y de todos los estados es mayor seguridad, es el combate al delito de alto impacto, es la disminución de la violencia, por la cual se requiere la participación de todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno.

Y quiero reforzar esto con el artículo 21 de la Constitución, que señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, que comprenden tanto en la prevención del delito, investigación, persecución y la sanción de infracciones administrativas. Asimismo, este tipo de acuerdos que refiere a tipos de delitos que están totalmente estipulados y tipificados en la legislación federal, es decir, que se trata de delitos de alto impacto que las autoridades federales tienen la obligación de prevenir, de combatir y de sancionar.

Recientemente, quiero aunar al tema en Quintana Roo, porque el Congreso del estado de Quintana Roo llevó a cabo una legislación en materia de trata de personas, pero la Suprema Corte de Justicia, frente a una acción de inconstitucionalidad, dijo que no es materia para el estado de Quintana Roo, dejando ese poder a la legislación federal como la facultada para regular en la materia. En ese sentido, la Federación es la principal responsable de garantizar la seguridad pública en toda la República Mexicana y de hacerle frente a los delitos de alto impacto, pero también en coordinación con lo local y, por supuesto, también con los municipales, para hacer frente a la inseguridad pública se requiere la participación de la Federación, de las entidades federativas y, por supuesto, también de los municipios.

Quiero hacer énfasis, y aprovechando el tiempo que me resta, de los temas que en Quintana Roo han destacado. Hace, recientemente, un par de veces habían 500 elementos policiacos de la Policía Federal en Quintana Roo, hoy contamos con 55 elementos de la Policía Federal. Es decir, necesitamos recobrar, precisamente, la fuerza de la Policía Federal para este tipo de delitos. En un número necesitamos sumar, apoyar y coordinar, precisamente para el patrullaje, para la atención de los puntos de mayor incidencia delictiva.

También quiero decir que en Quintana Roo se han invertido mil millones de pesos en materia de inseguridad a lo largo de 2 años y medio, en donde no existían instalaciones, colocación de cámaras de vigilancia, policías mejores pagadas, pero sobre todo, ha destacado en dos municipios importantes, turísticamente hablando, en Quintana Roo y que son la cabecera en Cancún, como se le conoce, y en Playa del Carmen, en donde necesitamos todos juntos trabajar precisamente por la tranquilidad y la paz de México y, por supuesto, también de Quintana Roo, y se han ido bajando estos índices, precisamente en este tipo de delitos, porque se ha trabajado de manera coordinada con el gobierno federal, el gobierno estatal y algunos gobiernos municipales, porque también hay que señalar que en el municipio de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, no hay una coordinación del gobierno municipal de ese ayuntamiento con el estado en materia de seguridad pública .

Y por eso señalo que los índices delincuenciales han bajado y quiero dar ejemplos.

En Quintana Roo, en el tercer trimestre del 2018, se registraron 88 homicidios en promedio; durante el cuarto trimestre, hace unos meses, éstos se redujeron a un 25 por ciento.

En Cancún, durante el tercer trimestre, también hubieron 63 homicidios en promedio; y durante este último trimestre del 2018, el cuarto, éste se ha reducido, se ha dado una baja al 30 por ciento.

¿Qué quiero decir con ello?

Tenemos que seguir reforzando y trabajando en materia de seguridad pública, pero que también a nivel municipal lamentablemente aún existe poca participación activa en materia de seguridad, como es el municipio de Solidaridad que he mencionado, donde ha crecido, inclusive, la nómina de ese ayuntamiento, pero no se destinó ningún peso para la contratación de nuevos policías y que precisamente ahí se tiene uno de los más altos índices delictivos.

Necesitamos entrarle con todo, entrarle, precisamente, sin distingos de quienes gobiernan, porque evidentemente estos municipios los gobierna Morena, el estado lo gobiernan otros partidos en alianza y en los municipios en Quintana Roo hay de todos los partidos.

Pero esto hay que dejarlo a un lado, y concluyo, señora Presidenta, que lo que tenemos que hacer, precisamente, y hago un señalamiento con el proyecto, que pudiéramos hacer modificaciones a los puntos resolutivos para que no sólo se exhorte al gobernador del estado, a la Fiscalía del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

También quiero hacer mención de no hacer posible esta petición que de manera respetuosa pido a la promovente y, por supuesto al Pleno, acabo de presentar un punto de Acuerdo en los mismos términos, para exhortar a estos dos ayuntamientos y, por supuesto, también al gobierno federal, para que en el mismo sentido que ahorita se está discutiendo y que se ha sometido, inclusive, que sea de obvia y urgente, que el día de mañana se estaría tocando el que estaré presentando para que obtengamos los resultados no sólo del estado ni de las autoridades de Quintana Roo, insistir que hay una concurrencia de competencias en estos delitos en los tres órdenes de gobierno.

Ojalá pudiéramos hacer estas ampliaciones en este punto de Acuerdo, pero yo de antemano le digo a la Presidencia de la Mesa, acabo de presentar como punto de Acuerdo, en los mismo términos, anexando al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y, por supuesto, a los ayuntamientos en comento, para tener una información más detallada y abundante, sobre todo que esta competencia y la responsabilidad de seguridad pública, primeramente viene el gobierno federal y, por supuesto, en concurrencia con los gobiernos estatales y municipales.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Martínez Simón.

Consulte la Secretaría al Pleno si el punto de Acuerdo, perdón, ¿hay alguien más registrado en esta discusión?

No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica…

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Mayuli Latifa.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Yo lo presenté precisamente para ya registrarla, pero de antemano, si al final del día van a ser documentos similares y que van a poder seguirse de manera conjunta, es por eso que presenté en primera instancia la propuesta de modificación para incluir a los ayuntamientos, al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del gobierno federal, por supuesto, y de no ser así, pues dejé asentado de que finalmente la he presentado, para que el día de mañana en los mismos términos, como la del día de hoy, también que sea de obvia y urgente, pues seguramente este Pleno del Senado en esa congruencia, pues estaría también aprobándola.

Nada más lo digo por una cuestión legislativa, si se pudiera hacer, sino de lo contrario pues mañana estaría yo presentándola.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le consultamos a la Senadora Freyda Marybel, a la promovente, si acepta la incorporación de los puntos que ha mencionado la Senadora Mayuli Latifa o continuamos con el punto de Acuerdo original.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Continuamos con el punto de Acuerdo, señora Presidenta, los índices de inseguridad de mi estado, que percibe la inseguridad, los quintanarroenses son del 94 por ciento, estadísticas del Inegi.

Entonces, le pediría, así como se votó de urgente resolución, se votará en los mismos términos que fue presentada.

Gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Lo presenta entonces mañana su punto de Acuerdo, Senadora Latifa.

Sonido por favor al escaño del Senador Kuri.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Nada más, como que quisiera dejar algo muy claro.

Lo que estamos pidiendo, los delitos que comentó la Senadora, uno de ellos es un delito federal, por eso quisiéramos que pudieran meterla ahorita; sin embargo, aun así, los acompañaríamos en la votación a favor. Lo que les queremos pedir es que el día de mañana, que presente el otro punto de Acuerdo nuestra Senadora, que también tengamos la misma cortesía por parte de los otros grupos parlamentarios.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Kuri. Queda registrado su comentario y su observación.

Sonido, por favor, nuevamente, al escaño de la Senadora Freyda Marybel Villegas.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Comentarles, compañeros Senadores, que dentro de los resolutivos que se están aprobando, el tercero dice: “el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que promueva una mesa de trabajo interinstitucional entre autoridades estatales, federales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, pro-alerta y no alertistas, para coordinar las acciones y medidas que coadyuven la disminución de la incidencia delictiva, feminicidios y trata y el fortalecimiento de la lucha en contra de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Ya está establecido en uno de los resolutivos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ha quedado claro.

Si no están de acuerdo con la redacción de este punto de Acuerdo, están en su derecho de presentar el día de mañana el punto de Acuerdo que usted ha mencionado, y procederemos a la votación de este tema.

Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Latifa.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Insisto, los puntos resolutivos que se están presentando, inclusive la que se ha hecho mención, es precisamente para llevar a cabo una mesa de trabajo, creo que eso es lo que se requiere.

Inclusive me atrevo a decir, con todo el respeto, que únicamente el que podamos presentar un exhorto para pedir información, creo que al final del día aún todavía nos queda debiendo.

Es por eso, y hace un par de semanas en el anterior periodo ordinario me permití hacer el uso de la voz precisamente haciendo un llamado a las comisiones, porque están turnadas a la Comisión de Seguridad, a la Comisión Para la Igualdad de Género, muchos temas y asuntos que están pendientes, que en este Senado de la República debemos atender.

Hay uno de la Senadora Verónica, que también ha presentado el tema de feminicidios y de violencia de género, y en esa ocasión hice precisamente ese señalamiento porque no es solamente el pedir información, sino que tengamos que hacer el trabajo que nos corresponde desde lo federal, desde este Senado, para legislar precisamente y generar las herramientas para que los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, estatal y los municipales, que desde ahí viene la prevención del delito, les demos las mejores armas para ello.

Por eso lamento mucho que no se pueda dar esta inclusión; sin embargo, pues he dejado de manera muy clara que también estaré presentándolo para que mañana se pueda someter a la votación de este Pleno, que ojalá y pudiera tener la misma respuesta, que como de este lado la estamos teniendo, y ojalá que sea recíproca por lo mejor del país y para garantizar las mejores familias, también para Quintana Roo.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mayuli Latifa.

Le ruego a la Secretaría prosigamos, si no hay inscritos más oradores, o dado que ya no hay inscritos oradores, le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo de la Senadora Marybel Villegas.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo antes presentado en los términos en los que fue presentado a este Pleno. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado. Comuníquese, por favor.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno en su conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019 al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, dotándole de un monto de al menos 2,029 millones de pesos.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muy buenas tardes.

Lo primero que quiero destacar es que en esta presentación de punto de Acuerdo, iba a hacer una solicitud de urgente y obvia resolución, sin embargo, quiero reconocer en este momento la gran voluntad de todos los coordinadores, coordinadora, y todos los participantes de la Junta de Coordinación Política, a través de los cuales y de las Senadoras, de los Senadores de la República, se ha logrado construir un Acuerdo, que será leído en su momento por la Mesa Directiva.

Quiero dar la bienvenida a este Acuerdo y quiero decir que este Acuerdo es una señal clara, de que en este Senado de la República podemos construir en el interés superior de las niñas y de los niños.

Y hago votos porque este Acuerdo sea uno de muchos otros, que la voluntad política, pero sobre todo la responsabilidad frente a nuestras niñas y niños prevalezca por encima de cualquier legítimo interés partidista o de cualquier otro tipo.

Así que inicio la lectura de esto, que era en su momento un punto de Acuerdo, dándole la bienvenida a la voluntad política y a la responsabilidad con México y con miles y miles de familias. “No puede haber una revelación más precisa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”, así lo dijo Nelson Mandela.

Con su venia, señora Presidenta.

En mi responsabilidad como Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, estoy en esta tribuna para velar por el interés superior de los mismos. En apego a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en este mismo Senado se aprobó por unanimidad el 29 de septiembre del año 2014, es que hago un llamado a todas las fuerzas políticas a considerar la reasignación del presupuesto, derivada del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

El Programa de Estancias Infantiles, como ya se ha dicho aquí, atiende un asunto fundamental no sólo para el desarrollo profesional de miles y miles de madres trabajadoras.

Lo decía Patricia Mercado en su momento: “cuando las mujeres no tenemos libertad económica no podemos tener ninguna del resto de las libertades”, y un Programa como el de Estancias Infantiles permite esta libertad económica para cerca de 400 mil mujeres en este país.

También tiene la creación de empleos generados por las propias estancias, pero lo más importante es justamente el derecho de las niñas y los niños a un cuidado, al que nos obliga el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho en otros términos, reducir este apoyo va en detrimento del interés superior de la niñez y con ello se violenta nuestra normativa constitucional, legal y convencional.

Son miles, son miles las voces que han acompañado estas peticiones, las estancias infantiles han demostrado ser favorables para miles de familias, particularmente los polígonos de pobreza en los sectores más desfavorecidos donde operan principalmente. Con este modelo se atienden a casi 400 mil niñas y niños en el país, de los cuales casi 4 mil tienen alguna discapacidad.

Sabemos que es un modelo perfectible, todas las voces que nos hemos expresado lo hemos reafirmado, y nos sumamos a aquellos que alzan la voz contra los casos de corrupción o malos manejos que pongan en riesgo a los niños o a las estancias.

Pedimos que se sancione de inmediato con todo el peso y el rigor de la ley. Al día de hoy, sin embargo, no se ha presentado ningún modelo alternativo o una opción que sustituya el trabajo integral de estas estancias infantiles.

Con la información que hemos ido obteniendo, sabemos que se ha hablado de un apoyo mensual de 800 pesos para cada uno de los niños, lo cual no alcanza a cubrir el costo, la cuota de una estancia infantil, esto limitaría a miles y miles de niñas y niños acceder a este modelo de atención y desarrollar todas sus capacidades.

Hay una propuesta optativa de otorgarles directamente recurso a los padres de familia, ésta propuesta merece ser analizada y, por supuesto, considerada en su momento; sin embargo, cuando se habla de que la responsabilidad se entregue a las abuelas y a los abuelos tenemos que hacer una serie obligada de reflexiones.

Según el Inegi, en el año 2018, hay aproximadamente 5 millones 120 mil personas mayores de 60 años que tienen participación activa en la economía, es decir, tenemos muchas abuelitas y abuelitos trabajando que no podrían hacerse cargo aun teniendo la voluntad del cuidado de sus nietos, pero hay algo más que también es importante, estaríamos negándole el derecho a una niña, un niño, de un desarrollo integral de convivir con otros niños, del derecho al juego, del derecho a la capacidad de construir comunidad.

Quiero dejar una preocupación que hemos compartido prácticamente todos los grupos parlamentarios, es qué vamos a hacer con los niños entre tres y cuatro años de edad. Estoy segura que en este acuerdo que se ha construido en la Junta de Coordinación han sido ya también considerados, pero no podemos dejarlos fuera del acompañamiento, no en esta edad.

Finalmente no puedo más que coincidir cuando se señala que la sociedad civil tiene que rendir cuentas, hacerlos con transparencia y hay que fortalecer esta rendición de cuentas, lo que no podemos hacer es desestimar el trabajo de la misma.

Termino, señora Presidenta, reconociendo una vez más la voluntad política en este Senado de la República y reiterando que no hay nada más importante que las niñas y los niños, lo que pasa en estas edades nos acompaña el resto de la vida para bien o para mal, y el Acuerdo de esta Junta de Coordinación son muy buenas noticias para cerca de 400 mil niñas y niños mexicanos.

Enhorabuena mi reconocimiento y gratitud a las coordinadoras, coordinadores y a todas las Senadoras y Senadores de la República que esta noche podremos dormir con más tranquilidad y con el orgullo de haber construido un Acuerdo a favor de la niñez en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

Le pregunto al igual que a los compañeros que han tomado la palabra en este tema si está el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como está previsto el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Nos esperamos al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Gracias, Senadora.

Por favor, sonido al escaño del Senador Miguel Ángel Navarro.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Me podría dar con el mismo propósito de posicionamiento que había solicitado yo del Orden del Día acerca de la situación de las estancias de bienestar infantil por el Partido Morena, la fracción parlamentaria de Morena.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Yo le pediría que en el momento que se vea el tema y que sea abra la discusión con mucho gusto, porque ahorita estamos en presentación de puntos de Acuerdo y era el punto de Acuerdo de la Senadora Vázquez Mota que ella hizo referencia a este Acuerdo de la Jucopo, pero su punto de Acuerdo que tenía registrado.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Yo actuando de buena fe, lo sigo sosteniendo, habíamos quedado que esperaríamos al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y una vez entregado haríamos un posicionamiento cada una de las fracciones parlamentarias, y por tanto, yo me retraje para no exponer mi punto de Acuerdo ¿sí? Yo le solicitaría y si la Junta de Coordinación Política ya le hizo llegar a la Mesa Directiva.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es que con mucho gusto, Senador, lo que pasa es que no tenemos todavía el acuerdo, terminamos con la ronda y pasamos inmediatamente a los acuerdos de la Jucopo.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Posteriormente que le entreguen de parte de la Jucopo el punto en cuestión, ¿habrá la posibilidad de un posicionamiento?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, claro.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Entonces, espero, muchas gracias, muy amable.






La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene el uso de la palabra la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

La Senadora Nestora Salgado García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas es un instrumento internacional que busca prevenir este fenómeno y que reconoce el derecho de las víctimas y de sus familiares a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. La adopción de este convenio jurídicamente vinculante representa un importante paso de la comunidad internacional.
Para poner fin a este delito, que además de ser una práctica que constituye una violación simultánea de varios derechos humanos, representa una conducta que niega la esencia misma de la humanidad y atenta en contra de los valores más profundos de cualquier sociedad.

No obstante, el Estado mexicano estableció como reserva el no reconocer de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes.

Lo anterior, además de atentar en contra del adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la convención, pone en duda el verdadero compromiso del Estado mexicano en materia de lucha contra el delito de la desaparición forzada y, por ende, en contra del olvido y la impunidad.

Bajo esa premisa el propio grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en su informe de misión a México, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha recomendado reiteradamente al Estado mexicano que acepte la competencia del comité sobre las desapariciones forzadas en materia de denuncias de particulares.

En este mismo sentido la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado al Estado mexicano a reconocer la competencia del comité, lo que constituiría una muestra de su compromiso con las víctimas de este delito y con la comunidad internacional.

El tema adquiere una nueva relevancia en virtud de dos acontecimientos recientes: la presentación del programa nacional de implementación de la Ley Contra las Desapariciones Forzadas de Personas y una decisión judicial reciente a través de la cual se ordenó al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores completar el trámite para aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

Para conocer de denuncias individuales estos acontecimientos motivaron al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a hacer un llamado al gobierno mexicano a cumplir con la resolución referida y dieron pie a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortara respetuosamente al Ejecutivo Federal a que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, con la finalidad de impulsar las acciones en beneficio de las víctimas de desapariciones forzadas mediante el acceso a la justicia ante instancias internacionales.

Por estas razones hoy vengo a proponer a esta Asamblea un punto de Acuerdo a fin de que el Estado mexicano realice las acciones necesarias para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, a efecto de recibir y examinar comunicaciones presentadas, de acuerdo con lo establecido por la Convención y como complemento al Plan Nacional de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, anunciado por el Poder Ejecutivo Federal el pasado 4 de febrero.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Nestora Salgado. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame.

Sí, Senadora Kenia López.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) De derechos humanos, tenemos una exactamente igual en los mismos términos a efecto de que se pueda dictaminar en conjunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.






Senadoras y Senadores, quiero rogarles su comprensión para el siguiente asunto, había un conjunto de propuestas con punto de Acuerdo, relacionada con el tema de las estancias infantiles, entre esas propuestas de punto de Acuerdo estaba la del Senador Miguel Ángel Navarro, que fue uno de los primeros en solicitar la palabra.

Escuchamos los puntos de Acuerdo que presentaron diversas bancadas, el Senador Miguel Ángel Navarro, a petición de su propio grupo parlamentario, bajó el punto esperando un acuerdo de consenso; el acuerdo de consenso se trabajó, finamente sucedió, pero el Senador Miguel Ángel Navarro, de buena fe ya no pudo participar en la presentación de los puntos.

En virtud de que se presentaron diversos puntos de Acuerdo, y de que existe además, el acuerdo de que una vez leído el proyecto que presenta la Junta de Coordinación Política, no haya debate, sino que se pueda avalar por el Pleno para no ahondar controversias, sino fortalecer consensos.

Quiero pedirles su comprensión para que antes de la lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, escuchemos el único punto que faltó, que fue el del Senador Miguel Ángel Navarro. Ruego su comprensión, porque esta Mesa Directiva quiere darle el uso de la palabra al Senador Navarro.

Adelante, Senador, por favor.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Con su permiso, señor Presidente.

Y muchas gracias por su entendimiento y de la Asamblea, desde luego.

Yo creo que siempre por un niño se va a llegar siempre a un buen acuerdo, y creo que hoy en día la niñez mexicana debe de continuar siendo atendida no a partir de acuerdos internacionales que se iniciaron en el 89 o 90, en base a la Cumbre de la Infancia de la UNICEF, sino, en base a un compromiso permanente que se tiene.

Ahorita que pasaba, venía una plática amigable de broma y claro que uno lo recuerda no a manera de frustración, sino a manera de compromiso uno su niñez; sí, yo quedé huérfano a los 9 meses, me tocó estar encerrado o esperando a una madre que llegara después de muchas horas de trabajar.

Y creo que eso no lo frustra a uno, lo compromete a uno, porque creo que la política es conocimiento, pero también es sentimiento. La política es acuerdo y es compromiso y creo que el grupo parlamentario de Morena es partido y es movimiento.

Es un partido con razones ideológicas y es un movimiento que incorpora corrientes, pensamientos de expresión para construir junto con las demás fuerzas políticas nuevos escenarios para México, escenarios desde luego que sirvan a los niños en su presente y en su futuro.

En ese caso, yo quiero, en primer lugar, decirles a ustedes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con la niñez mexicana, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con las madres de México, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con todas aquellas personas que pueden incorporarse a trabajar a las guarderías, pero también el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su peregrinar diario por el país ha escuchado de manera directa el sentir de millones y millones de mexicanos y en este caso, simple y sencillamente quiere transparentar los recursos públicos del país, quiere darle certeza, certidumbre a los recursos que con muchos esfuerzos atiende la hacienda pública .

Creo que los millones, más de diez millones de mexicanos que son menores de cinco años en el país, necesitan muchas y muchas guarderías.

Yo la última vez que estuve en el servicio público, en el Seguro Social, me tocó ver lo que aquí comentábamos la vez pasada, niños amarrados con rebozo a un árbol mientras sus madres estaban trabajando.

Y esas situaciones, a pesar de que hay guarderías del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Bienestar, hoy en día bajo su responsabilidad sigue haciendo falta muchas y muchas y muchas guarderías.

El señor Presidente quiere tratar de encontrar un modelo que le dé eficiencia, eficacia al gasto público, y hoy en día la Junta de Coordinación Política ha llegado a un buen acuerdo en el cual no se están cerrando las guarderías de la Secretaría de Bienestar, quiere dársele certidumbre en el cual se quiere tener la certidumbre, la certeza que de los niños de México se encuentran bien resguardados.

Y creo que en ese propósito los coordinadores parlamentarios se han dado una oportunidad respetando al Poder Ejecutivo y también haciendo respetar las funciones del Poder Legislativo, han querido dar un espacio de tiempo, en ese espacio de tiempo para tratar de encontrar de manera conjunta la mejor respuesta para la niñez mexicana.

Yo quiero decirles a las madres de familia que se encuentran a lo largo y ancho del país que tienen Presidente que ve por ellas, que tienen legisladores, todos que ven por ellas, que no tratamos a través del demérito, no tratamos de justificar un clientelismo político que ha caído en desuso.

Hoy los partidos políticos han sido, hemos sido rebasados por una sociedad que no quiere pleitos, que no quiere fantasías, que quiere respuestas y el grupo parlamentario de Morena quiere dar respuestas y nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere dar respuestas a la niñez mexicana, a las madres de familia.

Creo que es un compromiso de todos y hoy volvemos a reafirmar, el grupo parlamentario de Morena, el Presidente de México, porque lo hemos escuchado de viva voz, que la patria es primero y hacer patria es cuidar a la niñez y hacer patria es estar con las madres de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Navarro.






Informo a la Asamblea que recibimos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las estancias infantiles; este Acuerdo incorpora diversas propuestas que se encuentran registradas en el Orden del Día de esta sesión referida al tema antes señalado.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Las propuestas de las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Manuel Añorve Baños, Nuvia Mayorga Delgado, Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Navarro Quintero quedaron incorporadas en este Acuerdo.

Senadora Kenia López. Sonido en su escaño.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer, si me permite la Presidencia, la presencia de quien hoy nos acompaña, Lorent Saleh.

Muchas gracias.

Quiero decirles a mis compañeras y a mis compañeros, es un joven venezolano que hoy viene a hablar a propósito de los derechos humanos y de las libertades en Venezuela, a nombre del grupo parlamentario del PAN y de distintos grupos parlamentarios…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Disculpe, Senadora, pero no está en el Orden del Día dicho tema

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) No está en el Orden del Día, señor Presidente, y agradezco que me dé el uso de la palabra, pero me parece que la valentía de un joven, como Lorent, nos obliga a reconocer en México su estadía, su trabajo, a propósito de los derechos humanos y, sobre todo, reconocer en este cuerpo colegiado que todas las voces se escucha aquí.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Les recuerdo, Senadoras y Senadores, que por vía de la Mesa Directiva pueden incorporarse los temas, para que podamos abordarlos de acuerdo al Orden del Día correspondiente y no ocurran intervenciones intempestivas sobre temas no previstos.

Les recuerdo que, con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva, podemos hacer turno directo a iniciativas y proposiciones, y está a su disposición el Canal del Congreso para su difusión en caso de que alguien no alcanzara a presentar una iniciativa o una proposición.






EXCITATIVA

A petición de la Senadora Nestora Salgado García, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen que corresponde a la minuta con proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo.








Informo a la Asamblea que a petición de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, daremos su turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

Martha Cecilia Márquez Alvarado, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo les genera a los países, no sólo en cuestión monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla en la práctica.

De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 países1, en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales.

Por otra parte el 90%2 de la ciudadanía mexicana considera la corrupción como un problema para el desarrollo del país, y de éstos, 80% lo considera un problema bastante serio. Esto ha provocado entre muchas otras cosas, debilidad institucional y desconfianza ante los actores públicos por parte de la ciudadanía, que trae consigo un decremento en la participación ciudadana y una gran apatía hacia los temas públicos. En este mismo tenor, de acuerdo a la “Encuesta México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos. GEA-ISA 2014”3el 34% de las personas encuestadas, considera que los casos de corrupción han ido en aumento en los últimos seis años, 49% considera que el problema sigue igual y sólo el 12% considera que los casos de corrupción han disminuido. Si analizamos estos datos por entidad federativa, encontramos que las cinco entidades federativas cuya ciudadanía percibe menos la corrupción son: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima, pero esto no quiere decir que no exista dicha problemática social.

Históricamente y a nivel internacional, el tema de la corrupción comenzó a formar parte de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, al crearse mediante la Resolución 55/61 un Comité especial para crear y negociar un instrumento jurídico contra la corrupción que permea entre los países miembros. Además, la International Council On Human Rights Policy ha llegado a la conclusión a través de diversos estudios, que los derechos humanos son una variable dependiente de la corrupción, ya que ésta influye de manera directa e indirecta a la violación de los derechos humanos; al respecto mencionan que

[…] La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables… También afecta, en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños […]4

Aunado a lo anterior, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las consecuencias económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas generan pérdidas económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno Bruto (PIB)5. Ante ello, es preciso reconocer que en el tema de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad. El tema del soborno, como expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país se han dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; con la finalidad de obtener influencia, para conseguir beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los principales elementos del soborno es por un lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso público. Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener ciertos beneficios.

La actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 hace una división respecto a las faltas administrativas, las cuales son consideradas graves y no graves, en ambos casos, estas faltas prescriben. El término de la Prescripción lo define el diccionario jurídico como […] Modo de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo establecido legalmente, durante el cual el acreedor no ejecuta actos de cobro que permitan interrumpir el curso de aquella. // Es un medio de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley; en el primer caso se denomina prescripción positiva, y, en el segundo, negativa […]6

Dentro de las faltas administrativas que se consideran graves, encontramos el soborno, la participación ilícita, el tráfico de influencia, la utilización de información falsa, colusión, el uso indebido de los recursos públicos y las contrataciones indebidas. En este tenor, es inadmisible que funcionarios públicos sigan ejerciendo su cargo estando acusados de participar en alguna de las prácticas ya mencionadas, o peor aún, que tengan la suerte de que hayan prescrito, con ayuda directa o indirecta de las administraciones en curso.

El tema de la corrupción en México es alarmante y a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para poder mitigarla, es claro que siguen muchos temas sin ser aclarados. Es lamentable que pasen años y los delitos por corrupción sigan prescribiendo y dejen en el olvido.

Basta hacer mención de los desvíos que detectó la Auditoría Superior de la Federación por un monto de mil 311 millones de pesos en las dependencias de SEDESOL y SEDATU el sexenio pasado, cuyos responsables siguen impunes y sin ser investigados. Está también el caso de Odebrecht, que llegó a diferentes países de América Latina y que en algunos casos como Brasil, funcionarios públicos que fueron cómplices de este caso ya están cumpliendo sentencia, mientras que en nuestro país se encuentran impunes, a pesar de que hay evidencias que dicha empresa sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos por 10 mil 500 millones de dólares. Aunado a lo anterior también esta lo que se conoció como la estafa maestra, en donde hubo un mal uso de los recursos públicos en donde se vieron involucrados al menos once oficinas de gobierno y ocho universidades públicas. A esto, hay que agregar también los casos de ex gobernadores, independientemente del partido político al que pertenezcan.

En Acción Nacional, estamos conscientes que las investigaciones del mal actuar público y político no deben ser perecederas, es por ello, que no permitiremos más abuso de poder por parte de funcionarios públicos y actores privados, que actúan fuera de la Ley, es inconcebible que por la prescripción de casos de corrupción, funcionarios implicados, sigan en un futuro ocupando cargos públicos, deshonrando con sus actos a la función pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar de la siguiente manera:

Artículo 74.- Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en seis años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, no habrá prescripción.

La prescripción a la que hace mención el párrafo primero del presente Artículo, se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley. Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web <https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf>
consultado el 6 de marzo del 2018

2 Amparo Casar María; Op Cit; Pág. 20

3 Amparo Casar María; ibíd. Pág. 21

4 International Council On Human Rights Policy “La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo”. Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2009 ISBN: 978-607-7517-89-4 Pág. 10

5 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web
<http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 2017)

6 Diccionario Jurídico. [En línea]. Sitio web
< http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf>
Pág. 54 (Consultado el 6 de marzo del 2018)






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Informo a la Asamblea que a petición de la coordinación del grupo parlamentario del PAN, daremos turno directo al punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a esta Soberanía sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los terrenos forestales del bosque Jilotzingo, en el Estado de México, con el propósito de construir un complejo inmobiliario del proyecto denominado “Bosque Diamante”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGÓ PARA MODIFICAR EL USO DE LOS TERRENOS FORESTALES DEL BOSQUE DE JILOTZINGO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR UN COMPLEJO INMOBILIARIO DEL PROYECTO DENOMINADO “BOSQUE DIAMANTE”, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con una nota del periódico EL Reforma, del día 24 de enero del presente, en donde señala que benefician con permisos “fast track” a empresarios del Estado de México en el cual se autorizó talar 186 mil árboles por 20 mil viviendas para un proyecto denominado “Bosque Diamante” en una superficie de 236 hectáreas de bosque del municipio de Jilotzingo, en la parte norte de Toluca.

Con autorización de talar árboles de 13 especies diferentes, a cambio de pagar una compensación económica de 21 millones 947 mil 77 pesos, de un proyecto de 10 mil 200 millones de pesos y la reforestación de 237 hectáreas en Zinacantepec. 

Señala que, en octubre de 2018, inició la tala de árboles en el camino Espíritu Santo-Chiluca, ejidatarios dieron cuenta de los encinos arrancados en terrenos recién reforestados.

Bosque Avivia 58, es la empresa que obtuvo los permisos para el desarrollo inmobiliario, aunque según señala el diario, en algunos documentos se presenta como Grupo Avivia. dichos permisos se obtuvieron gracias a cambios al uso de suelo realizados por un alcalde que omitió requisitos indispensables, así como modificación al uso de terrenos forestales que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente.

En la escritura número 43679 señala como accionistas mayoritarios a los empresarios mexiquenses Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange.

Este último, cabe señalar que fue secretario de Desarrollo Económico durante la administración del ex Gobernador Arturo Montiel y también fue diputado local en la administración de gubernatura de Enrique Peña Nieto, presidiendo la Comisión de Protección Ambiental.

Además, de acuerdo con la nota citada, la empresa se vio favorecida para obtener el permiso gracias a cambios al uso de suelo hechos por un alcalde, de igual forma, por un cambio al uso de suelo de terrenos forestales autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente.

Asimismo, se observa que la empresa en la Manifestación de Impacto Ambiental no menciona la adyacencia, ni la existencia de la reserva natural Espíritu Santo, declarada zona de conservación desde 1994, en la Gaceta Oficial del Estado de México.

En ese sentido, señalar que Jilotzingo es una cuenca hidrológica, zona importante para el suministro de agua en la localidad. Aunado a ello, se estaría en presencia de un ecocidio que no sólo afectaría a la flora sino además aquellas especies que habitan en la zona.

No obstante, en días pasados el Juez Décimo de Distrito del Estado de México ordenó la suspensión de la tala de más de 180 mil árboles en el amparo promovido por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción, asimismo de pobladores de Jilotzingo.

A pesar de esta acción, es importante que las autoridades responsables que otorgaron los permisos para la realización de dicho proyecto, hayan ignorado la trascendencia que tiene la zona arbolada de Jilotzingo, lo que representa para la zona y como sitio de asentamiento tanto de flora como de fauna. 

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras atribuciones: Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los terrenos forestales del Bosque de Jilotzingo, en el Estado de México, con el propósito de construir un complejo inmobiliario del proyecto denominado “Bosque Diamante”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.






También a petición de la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, daremos turno directo al punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para renovar por tiempo indefinido mediante Decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional. Se turna a la Comisión de Economía.








Asimismo, a petición del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM, daremos turno directo al punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial contra el Cáncer”. Se turna a la Comisión de Salud.

Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y cualquier parte del organismo; también se les llama tumores malignos o neoplasias malignas. Estos padecimientos se caracterizan por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, mediante el proceso de metástasis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de las siguientes cifras sobre el cáncer a nivel global:1

• El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones, de modo que casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad.

• Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.

• Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

• El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer.

• Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por el virus de la hepatitis o por el virus del papiloma humano, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos.

• La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En 2017, solo el 26% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general.

• Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%.

• El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1.16 billones de dólares.

• Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra el cáncer.

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta las siguientes cifras en el periodo de 2011 a 2016:2

• Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos.

• Los cinco principales tipos de cáncer que sobresalen como causa de mortalidad en la población de 30 a 59 años son: los tumores malignos de los órganos digestivos, el cáncer de órganos genitales femeninos, el tumor maligno de mama, el de órganos hematopoyéticos y los tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos.

• Dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor en órganos hematopoyéticos (principalmente leucemia). Entre los jóvenes de 18 a 29 años, mueren tres de cada 100 mil hombres contra dos de cada 100 mil mujeres por esta causa.

• Para la población de 18 a 29 años, el cáncer de órganos hematopoyéticos es el que causa el mayor porcentaje de muertes por tumores malignos.

Los expertos calculan que para 2030, las muertes por cáncer en todo el mundo se podrían elevar a 13 millones, si no actuamos. Sin embargo, más de una tercera parte de los casos se pueden prevenir y otro tercio se pueden curar si son detectados y tratados adecuadamente. Al implementar estrategias apropiadas de prevención, detección oportuna y tratamiento, se pueden salvar hasta 3.7 millones de vidas cada año.3

Cabe recordar que la prevención y diagnóstico oportuno de los diversos tipos de cáncer es un asunto cuya responsabilidad recae tanto en la población como en las autoridades de salud. La población debe informarse y estar dispuesta adoptar estilos de vida saludables y medidas preventivas, así como acudir a revisiones médicas periódicas. Por otra parte, las autoridades de salud deben informar a la población e impulsar medidas preventivas de los diversos tipos de cáncer, así como proporcionar el acceso a servicios de salud, para facilitar la detección oportuna del cáncer.

Por este motivo, el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, a fin de apoyar, elevar la voz colectiva, tomar medidas personales y presionar a los gobiernos para que hagan mayores esfuerzos en torno a la lucha contra el cáncer.

Esta fecha aspira a salvar millones de vidas al lograr una mayor equidad en la atención del cáncer y al hacer que los avances en la reducción de la carga mundial del cáncer sea una prioridad internacional. Lo hace sensibilizando sobre la enfermedad, involucrando a los gobiernos y los tomadores de decisiones, e inspirando a las personas de todo el mundo a pasar a la acción.

En 2019, el Día Mundial contra el Cáncer marca el lanzamiento de la campaña de tres años "Yo soy y voy a…" (I Am And I Will). De acuerdo con la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), que encabeza la organización del día conmemorativo, este lema es un llamado a la acción empoderadora que pide un compromiso personal para ayudar a reducir el impacto del cáncer.4

Es decir que no importa quién seas, superviviente de cáncer, compañera/o de trabajo, cuidador/a, líder de negocios, trabajador/a de la salud, maestra/o o estudiante, "Yo soy y voy a…" representa el impacto a futuro del poder de la acción individual.

Desde hace varios años, en el Partido Verde hemos impulsado diversas propuestas legislativas y políticas públicas encaminadas a mejorar las medidas de prevención, diagnóstico oportuno y atención integral de los diversos tipos de cáncer, particularmente del cáncer infantil, ya que nuestro país tiene cifras preocupantes en esta materia:5

• En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años.

• México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década.

• El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad.

Para enfrentar esta situación, en la administración anterior se implementó el Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018, cuyo objetivo general fue favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.6

Asimismo, gracias a los exhortos promovidos por el Partido Verde, en febrero de 2017 la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer y revisar las acciones de prevención, presupuesto, desarrollo de infraestructura, atención médica, adquisición y dotación de medicamentos contra el cáncer infantil.7

Por otra parte, gracias al consenso de los legisladores de todas las fuerzas políticas, en junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Registro Nacional de Cáncer,8 el cual permitirá establecer políticas públicas más fuertes en esta materia, abarcando todos los grupos de edad.

A pesar de estos avances, quedan diversos puntos por atender, como impulsar la formación de más médicos especialistas en oncología pediátrica, mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil en todo el país, así como otorgar recursos suficientes para el abasto oportuno de medicamentos.

En este sentido, la lucha eficaz contra el cáncer infantil requiere políticas de largo plazo y no solamente acciones aisladas o temporales, por lo que este tema debe contemplarse en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Es necesario destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó dentro de la estrategia 2.3.2 la línea de acción “Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata”. Sin embargo, no se incluyó ninguna mención del cáncer infantil, a pesar de que las cifras dan cuenta de la gravedad de esta problemática.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, consideramos oportuno al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considere de manera prioritaria los temas relativos a la prevención, diagnóstico oportuno y atención integral del cáncer infantil.

Con esta medida, estaremos impulsando acciones más sólidas y duraderas contra el cáncer infantil, que contribuyan a combatir eficazmente este problema de salud durante el presente sexenio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considere de manera prioritaria los temas relativos a la prevención, diagnóstico oportuno y atención integral del cáncer infantil.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 OMS. Notas descriptivas. Cáncer. 12 de septiembre de 2018
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

2 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 2018
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf

3 World Cancer Day. 4 February (Consultado en febrero de 2019)
https://www.worldcancerday.org/why-cancer

4 NCD Alliance. Día mundial contra el cáncer 2019: 'Yo soy y voy a'. 16 de enero de 2019 https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a

5 Secretaría de Salud. Cáncer Infantil en México. 24 de agosto de 2015
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico

6 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf

7 Secretaría de Salud. 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE

8 DOF: 22/06/2017
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En materia de Registro Nacional de Cáncer
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017






Comunico que los textos de las intervenciones de efemérides y agenda política se registran íntegramente en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial contra el Cáncer”.

EFEMÉRIDE

“DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”

El 4 de febrero ha sido considerado por la organización mundial de la salud, el centro de investigación sobre el cáncer y la unión Internacional contra el cáncer, como el día mundial de la lucha contra el cáncer.

El principal objetivo de la conmemoración de este día es fomentar y fortalecer todas las medidas que estén destinadas a la reducción de la presencia del cáncer en todos sus tipos. Dichas medidas están más enfocadas  a países de ingresos económicos bajos y medianos.

En esos países las tasas de mortalidad son las más elevadas del mundo (aproximadamente un 70% de la tasa global). El cáncer es una enfermedad que se define como el crecimiento y diseminación incontroladas de células en diversos tejidos humanos. Aunque se puede presentar por causas genéticas y naturales, muchos tipos de cáncer se pueden evitar.

En 2008 ocurrieron 7.6 millones de muertes por cáncer en todo el mundo, este número equivale al 13 por ciento del total de defunciones, durante ese año en américa latina ocurrieron 1.2  de dichas muertes.

Este tipo de cifras incrementaron la importancia de celebrar este día y con ello incrementar los esfuerzos  en prevención  de esta enfermedad.

En México el cáncer es la tercera causa de muerte con 12% de todas las defunciones.
Los principales tipos de cáncer en nuestro país son:

- Cáncer de pulmón

- Cáncer de mama

- Cáncer cérvico-uterino

- Cáncer colorrectal

- Cáncer de próstata

- Leucemias

Cada año se estiman 148 mil nuevos casos  de cáncer (65.5 mil en hombres y 82.4 mil en mujeres).

Así mismo se estima que para el año 2025 en México aumenten los casos de 148 mil a 220 mil casos nuevos o sea un 50% más. Es importante hacer énfasis en la necesidad de luchar contra factores que limitan la detección temprana para un diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer, tales como la dificultad para el acceso a los servicios de salud y la tecnología disponible, así como infraestructura hospitalaria y especialistas en tecnología.

En cuanto al cáncer infantil en México, se registran más de 5 mil casos nuevos en niños de 0 a 18 años, siendo los principales:

- las leucemias (la mitad de los casos)

- linfomas y

- tumores del sistema nervioso central

Estos cobran alrededor de 2000 mil vidas anuales, que al igual que otros carcinomas son curables si se detectan a tiempo con un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Como métodos de prevención se deben hacer campañas permanentes que mejoren los hábitos de salud en la población y que inciden en el aumento de padecimientos cancerosos, estando en el rango de decisiones personales de forma de vida, prioritariamente

- consumo de tabaco

- falta de ejercicio físico

- dieta alimentaria hipercalórico y con escasez de frutas y verduras

- abuso habitual de bebidas alcohólicas

- otras medidas son participar en los programas de detección temprana de cáncer de mama entre otras, vacunación sistémica en niños,

- Así como protección solar.

México como miembro de la OMS se suma a esta lucha, particularmente el sector salud y diversas organizaciones no gubernamentales, el principal objetivo es promover hábitos de vida saludable, fomentar y fortalecer todas las medidas que estén destinadas a reducir la presencia de cáncer en todos sus tipos y sobre todo las muertes evitables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de febrero de 2019.

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI.






Del grupo parlamentario del PVEM, relativa al “Día Mundial de los Humedales”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de los Humedales”

Los Humedales son ecosistemas que se catalogan por recursos naturales o artificiales los cuales tienen como principal factor los cuerpos de agua dulces o salinos, estos mismos aportan grandes beneficios a la humanidad como la purificación del agua, la protección de las zonas costeras, el almacenamiento de carbono y la protección y resguardo de una gran cantidad de especies, entre otras.

Los humedales, contabilizados dentro del territorio mexicano son 6,3311 de los cuales 142 designados como de Importancia Internacional con una superficie de 8´657,057 hectáreas, hacen que nuestro país sea reconocido como el segundo lugar en el mayor número de sitios RAMSAR2 a nivel internacional después de Reino Unido quien cuenta con 175 sitios designados. Por iniciativa de la Convención sobre los Humedales (Ramsar)3 se conmemora el 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, desde 1997 para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la sensibilización del público acerca de la importancia de estos ecosistemas y los beneficios que generan.

Algunos de los Estados de la República  que cuentan con humedales en áreas naturales protegidas son: los pantanos de Centla en Tabasco, Cuatro Ciénegas en Coahuila, Ría Lagartos, en Yucatán, Marismas Nacionales en Nayarit y Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México. 4.

Este año 2019 el tema de la celebración es “Humedales y el cambio climático

Este día tiene como objetivo la preservación de los Humedales y su cuidado debido al desarrollo de dicho fenómeno que pese a su importancia dichos ecosistemas se han perdido en un 35 por ciento desde 1970 por cuestiones del cambio climático. En este tema se plantea el papel que estos pueden desarrollar para el combate del fenómeno y así hacerle frente.

Los Humedales tienen una importancia dentro del desarrollo de los ecosistemas del mundo puesto que se consideran como la cuna de la biodiversidad tanto en especies vegetales como animales generando así servicios ecosistémicos los cuales permiten el desarrollo de las poblaciones en donde están localizados. Pese a la importancia de los Humedales dentro del marco del desarrollo de la población como de las especies que lo habitan se ha generado estudios en donde se muestra que el deterioro de estos ha ido en aumento a nivel mundial, dejando una carencia para las especies que lo habitan lo que genera a su vez una baja en los servicios ecosistémicos que son utilizados posteriormente por los pobladores.

Los beneficios que aporta dicho ecosistema dentro del hábitat son innumerables para las aves acuáticas así como.una variedad de especies de mamíferos, reptiles, peces e invertebrados, que hoy están amenazadas o en peligro de extinción por el deterioro del cambio climático generado por las concesiones mineras y el desarrollo de la agricultura no sostenible.

Los humedales, proporcionan en medida a los pobladores mexicanos productos derivados de la flora y la fauna que tienen estas zonas ecológicas, las cuales generan un beneficio, es por ello que la preservación de los humedales debe de ser de interés para todos los mexicanos, esto por el beneficio económico y ecológico que brinda. En los últimos años se ha observado un incremento paulatino y desmedido del fenómeno climatológico el cual ha generado que dichos ecosistemas se pierdan o se dañen en gran medida por lo que se debe de garantizar que el uso de los recursos dentro de los Humedales no sean sobreexplotados generando así daños irremediables dentro de estos.

Es por lo anterior, que el Partido Verde, se suma a la ayuda de la preservación de los humedales mexicanos, mediante la sensibilización y motivar la acción de la población en contacto con dichos sistemas dado que son generadores de la reducción de cambio climático por la importancia que tiene en el ciclo del agua y el papel en la recarga de los mantos acuíferos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 febrero de 2019.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 Comisión Nacional del Agua- Elaboración de Inventario Nacional de Humedales- 2- Febrero 2017:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/visualizador-de-humedales-de-la-republica-mexicana-
inventario-nacional-de-humedales

2 Sitios Ramsar. Designación de conceptos de los humedales por La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional RAMSAR del 2 de Febrero de 1971, Describe a los humedales como ecosistemas diversos y productivos en donde proporcionan servicios esenciales para la flora y fauna así como su cuidado y suministra el agua potable. En la cual nuestro país es firmante.

3 Instituto Mexicano de la Radio, Humedales mexicanos entre los más importantes de todo el planeta. Febrero 2010:
http://www.diversidadambiental.org/medios/nota214.html

4 http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php 






Del grupo parlamentario del PRD, relativa al “Día Mundial contra el Cáncer”.








Del grupo parlamentario del PRD, relativa al “Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.








Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial contra el Cáncer”.

EFEMÉRIDES

“Día Mundial del Cáncer”
4 de febrero de 2019.

“Crea un futuro sin cáncer cervicouterino”

La Organización Mundial contra la Salud celebra este 4 de febrero el “Día Mundial contra el Cáncer”, haciendo un llamado a la concientización de que se tienen que llevar a cabo acciones que encaren la reducción de mortalidad, ya que es el momento para actuar ahora y crear un futuro sin cáncer, por lo que este año la OMS enfoca la campaña en el cáncer cervicouterino.

¿QUÉ ES CÁNCER CERVICOUTERINO?

El cáncer es una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin control, cuando este comienza en el cuello del útero, se llama cáncer cervicouterino, cáncer de cérvix o cáncer del cuello del útero, dicho cáncer se puede extender a otras partes del cuerpo posteriormente.

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres, ya que es un factor de riesgo para el cáncer de pene en los hombres y anal en hombres y mujeres; los mismos pueden que pueden llegar a infectar las áreas genitales, también se transmiten a la boca y garganta.

El VPH generalmente se trasfiere de una persona a otra mediante el contacto piel a piel durante cualquier tipo de relación sexual. La infección por VPH es muy común, y la mayoría de las mujeres y de los hombres pueden tenerlo alguna vez en su vida, aunque no lo sepan o no tengan síntomas. En la mayoría de las personas la infección desaparece por sí misma en menos de un año, sin causar problemas de salud; pero en algunas personas, especialmente en aquellas mayores de 30 años, la infección persiste por años, llegando a desarrollar este tipo de cáncer.

¿QUIÉNES PUEDEN CONTRAER EL VPH Y ESTÁN EN RIESGO DE CÁNCER CERVICOUTERINO?

Todas las personas que han tenido relaciones sexuales sean vaginales, anales, orales, u otro piel a piel, corren el riesgo de contraer el VPH alguna vez en la vida.

¿QUIÉNES TIENEN MÁS RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER CERVICOUTERINO?

Son aquellas mujeres que tienen una infección por VPH persistente y las que tienen otros factores de riesgo, tales como tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, o si ella o la pareja han tenido diversas parejas sexuales en la vida.

Hay otros factores que aumentan el riesgo de VPH y cáncer cervicouterino entre las mujeres, pero que no lo causan por sí mismos.

Tienen mayor riesgo:

• Quienes han dado a luz a tres o más hijos

• Quienes han tenido hijos antes de los 17 años

• Las mujeres que fuman

• Quienes tienen alguna enfermedad que afecte el sistema inmunológico

• Quienes no se someten a exámenes preventivos

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER CERVICOUTERINO?

Es conveniente educar a niñas y niños sobre temas de la vida sexual y la infección por el VPH, de acuerdo a su edad y su cultura; así como promover el uso de la vacuna contra el VPH y proveerla en escuelas y centros de salud, como también promover el uso y proveer de condones a quienes han iniciado su actividad sexual; y advertir a niños y niñas sobre el uso de tabaco pues es un factor de riesgo para todos los tipos de cáncer, incluyendo el cáncer cervicouterino.

Las intervenciones de prevención del cáncer cervicouterino varían según la edad de la mujer. La Organización Panamericana de la Salud recomienda lo siguiente: para niñas entre los 9 y 13 años que aún no han iniciado una vida sexual, se recomienda que sean vacunadas para prevenir que su vida transcurra sana y libre de adquirir la infección por el VPH.

Es aconsejable recurrir a realizarse pruebas de detección temprana a toda mujer de entre 30 a 49 años de edad al menos una vez. Las pruebas de detección temprana pueden extenderse a mujeres jóvenes y maduras, esto según el caso de existir algún riesgo inicial de que presente lesiones precancerosas.

Dado en el salón de seiones del Senador de la República, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Mario Zamora Gastélum.






Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, relativa a la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EFEMÉRIDES

Conmemoración de la Promulgación de Nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 2019.

El 5 de febrero es un día de suma importancia para nuestra historia,  toda vez que en esta fecha se promulgo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es la que rige el destino de México, aunque su contenido ha sido modificado en varias o muchas ocasiones, en ella están contenidos todos los derechos y obligaciones de los mexicanos.

La historia de la Constitución mexicana comienza en 1910 con la Revolución mexicana. Esta revolución fue un movimiento tanto social como cultural, y produjo una plétora de cambios en la vida de los mexicanos.

Comenzó simplemente como una rebelión contra el presidente de ese momento, Porfirio Díaz. La brecha entre clases se había expandido bajo el liderazgo del General, y el Presidente no tenía intenciones de solucionar dicho problema. La voz de los pobres había ido disminuyendo hasta que fue levantada por un hombre llamado Francisco I. Madero. Madero había recibido educación en la Universidad de California, y en Europa, y representaba una amenaza tan grande para Díaz que el presidente decidió mandarlo a la cárcel.
Díaz se opuso a la expansión de la democracia en México, pero el encarcelamiento de Madero simplemente condujo al surgimiento de muchos más líderes en todo el país. La fuerza creciente llevó a su eventual renuncia en mayo de 1911, después del Tratado de Ciudad Juárez. Madero fue elegido para la presidencia en lugar de Díaz, pero incluso esa presidencia fue de corta duración. Después de una variedad de disputas, un hombre llamado Venustiano Carranza finalmente llegó al poder.

Fue Venustiano Carranza quien organizó la convención que condujo a la firma de la Constitución de 1917, un documento que es vigente hasta el día de hoy. La Constitución mexicana de 1917 es un documento impresionante, pues fue el primero del mundo en delinear los derechos sociales. Debido a esto, se convirtió en un modelo para documentos comparables de otras naciones, incluida la Constitución rusa de 1918 y la Constitución de Weimar de 1919.

Algunos Datos sobre La Constitución

• Antes de entrar en vigencia esta constitución el pueblo mexicano se regía por la constitución de 1857.

• Los debates para la asamblea constituyente empezaron el 1 de diciembre de 1916.

• El congreso constituyente se llevó a cabo en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro, luego de que Venustiano Carranza desconociera y derrocara a Huerta.

• En su redacción participaron 220 delegados de todo el territorio mexicano, el grupo estaba constituido por personas de todas las fracciones sociales: abogados, profesores, artesanos, y campesinos.

• Se puede decir que esta constitución está compuesta por dos partes, la primera parte de esta carta magna es conocida como Dogmática, y la segunda parte como Orgánica.

• La constitución de 1917 está dividida en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos.

• La constitución original consta de 136 artículos, de todos ellos el artículo más extenso es el 41 y el más corto es el artículo 57, el cual únicamente dice:” por cada senador propietario se elegirá un suplente”

• En esta constitución se establecieron los primeros derechos sociales, siendo el más sobresaliente el derecho a la educación estableciendo que esta debía ser de carácter laico, gratuito y obligatorio.

• Se dice que la pluma que uso Venustiano Carranza para firmar la constitución de 1917 es la misma que uso para firmar el Plan de Guadalupe en 1913.

• Al finalizar la formalidad de la asamblea en Querétaro se escucharon gritos y aplausos de las personas presentes en la sesión donde proclamaban: ¡Viva Carranza! ¡Viva el Congreso!

1Actualmente, esta constitución es reconocida como la cabeza del sistema jurídico mexicano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de febrero de 2019.

Atentamente

Sen. Mario Zamora Gastélum.

1 https://independenciademexico.com.mx/que-se-celebra-el-5-de-febrero/





AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda, señor Presidente.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo viernes 8 de febrero a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 17:26 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

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Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5406

Internet: http://www.senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO




































PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, a la de Energía, a la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a Petróleos Mexicanos, para que desarrollen e implementen un programa educativo dirigido específicamente a las comunidades donde cruza la infraestructura de ductos de gasolina, acerca del valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el Estado mexicano la refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos, así como las afectaciones y riesgos económicos y sociales que conllevan el robo de éstos. Se turna a la Comisión de Educación.


































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