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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Diciembre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:47 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de asistencia, se han acreditado 94 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 4 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las doce horas con cinco minutos del día jueves veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

(Excitativa)

El Presidente de la Mesa Directiva en atención a la solicitud de excitativa del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman o derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia, recibida el 24 de abril de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que a petición de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, se diferirá para próxima sesión el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Para referirse sobre este asunto intervinieron los Senadores: Kenia López Rabadán del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Verónica Delgadillo García de MC; y Manuel Añorve Baños del PRI.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Reforma Agraria, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Salud, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, el informe de su participación en la reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada los días 28, 29 y 30 de octubre de 2018, en Madrid, España.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Eduardo Murat Hinojosa, el informe de su participación, conjuntamente con los Senadores Nancy De la Sierra Arámburo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Minerva Citlalli Hernández Mora, Radamés Salazar Solorio y Juan Manuel Fócil Pérez, en el Foro Mundial de Inversiones "Invertir en el Desarrollo Sostenible", celebrado en Ginebra, Suiza, los días 22 al 26 de octubre de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió comunicación del Senador Rafael Moreno Valle Rosas, por la que informa su decisión de separarse de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se designó a la ciudadana Graciela Báez Ricárdez como Secretaria General.- Quedó de enterado.

 

Se recibió comunicación del Senador Germán Martínez Cázares, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Germán Martínez Cázares de MORENA; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI; Manuel Añorve Baños del PRI; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Joel Padilla Peña del PT; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Patricia Mercado Castro de MC; Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Casimiro Méndez Ortiz de MORENA; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; José Narro Céspedes de MORENA; Mauricio Kuri González del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Félix Salgado Macedonio de MORENA; Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Cruz Pérez Cuellar de MORENA; y Carlos Humberto Aceves del Olmo del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne para recibir la visita del Señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

La Presidencia dio inicio a la sesión solemne para recibir la visita del Señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.- En una primera intervención, para dirigir un mensaje de bienvenida, hizo uso de la palabra el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. El Señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, dirigió un mensaje a la Asamblea con motivo de su visita. En una última intervención hizo uso de la palabra el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del Senador Gabriel García Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018.

 

Se recibió comunicación del Senador Javier May Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018.

 

Se recibió comunicación del Senador Gilberto Herrera Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de diciembre de 2018.

 

Se recibió comunicación de la Senadora Delfina Gómez Álvarez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de diciembre de 2018.

 

Se recibió comunicación del Senador Víctor Manuel Castro Cosío, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de diciembre de 2018.- Para referirse a las solicitudes de licencia intervinieron los Senadores: Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA; Manuel Añorve Baños del PRI; Eruviel Ávila Villegas del PRI; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Sasil de León Villard del PES; Patricia Mercado Castro de MC; Mónica Fernández Balboa de MORENA; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA. Los cincos acuerdos fueron aprobados en votación económica.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva en conmemoración de los 94 años de la fundación de Radio Educación.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a las ciudadanas Gloria Sánchez Hernández y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, y al ciudadano José Alejandro Peña Villa como Senadores de la República.

(Integración de la Mesa Directiva)

El Presidente de la Mesa Directiva, a partir de la separación del Senador Rafael Moreno Valle Rosas de la Vicepresidencia, procedió a la elección de un nuevo integrante de la Mesa Directiva en la Vicepresidencia que ocupa el Partido Acción Nacional.- En cumplimiento del párrafo tres, del artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso General, se procedió a realizar elección por cédula, se recibieron un total de 101 votos, de los cuales resultó electa: por 92 votos a favor, la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Asimismo, se emitieron 9 votos a favor, por otras planillas. La Senadora rindió su protesta de ley.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Dictamen a discusión)

La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Nancy de la Sierra Arámburo del PT, a favor; y Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia de la Mesa Directiva informó de las reservas de la Senadora Minerva Hernández Ramos, a los artículos 113 y 113 Bis. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 94 votos a favor y 2 abstenciones.

La Senadora Minerva Hernández Ramos, presentó su propuesta de adición al artículo 113, y eliminación del artículo 113 Bis, las cuales no se admitieron a discusión.

Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 113 y 113 Bis, en los términos del dictamen, los cuales fueron aprobados por 90 votos a favor y 4 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, en atención a las solicitudes de las Senadoras Nestora Salgado García y Martha Cecilia Márquez Alvarado, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de la señora María Concepción Pérez, madre del Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y del ex senador Benjamín Gallegos Soto, quien fue Diputado Federal en la LVII Legislatura, y Senador de la República a la LVIII y LIX Legislaturas.

(Dictamen a discusión)

La Presidencia informó que se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. La Senadora Minerva Hernández Ramos intervino para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN. En la discusión intervinieron los Senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN, a favor; Nancy de la Sierra Arámburo del PT, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor; y Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo particular por 97 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Iniciativas)

El Senador Marco Antonio Gama Basarte, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Senadora Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.

 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Gilberto Herrera Ruiz, a nombre propio y del Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Proposición)

Se sometió a consideración de la Asamblea, una propuesta de la Mesa Directiva, con punto de acuerdo sobre la caravana migrante.- La Presidencia informó que en el texto de este asunto se reúnen las propuestas presentadas por las Senadores Gina Andrea Cruz Blackledge y Bertha Alicia Caraveo Camarena, y el Héctor Vasconcelos. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Héctor Vasconcelos de MORENA; Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN; Bertha Alicia Caraveo Camarena de MORENA; y Alejandra del Carmen León Gastélum del PT. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un extrañamiento por el incumplimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, en relación con el punto de acuerdo sobre la problemática del agua y los decretos que emitió el Ejecutivo Federal, el 6 de junio, presentado por la Senadora Mónica Fernández Balboa, el cual se consideró de urgente resolución y fue aprobado el 18 de octubre de 2018.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2018, en La Antigua, Guatemala.- Se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

(Excitativas)

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, recibida el 10 de noviembre de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, recibido el 7 de febrero de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera.

(Comisión de Administración de la Cámara de Senadores)

Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2108.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los Proyectos de Presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de noviembre y diciembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Dante Delgado Rannauro de MC; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Damián Zepeda Vidales del PAN; María Soledad Luévano Cantú, Presidenta de la Comisión de Administración; Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo del PAN; y Martha Lucía Micher Camarena de MORENA. Los presupuestos de noviembre y diciembre de 2018, fueron aprobados por 50 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones. Posteriormente, hicieron uso de la palabra los Senadores: Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; y Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de presupuesto del Senado de la República para el ejercicio 2019.- Intervinieron los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Julen Rementería del Puerto del PAN; Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Patricia Mercado Castro de MC; Alejandro Armenta Mier de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Dante Delgado Rannauro de MC; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA, quien presentó propuesta para que sesione la Comisión de Administración y se difiera para la siguiente sesión la discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Senado de la República para el Ejercicio 2019. El asunto se consideró suficientemente discutido. La propuesta del Senador Ricardo Monreal Ávila fue aprobada en votación económica. En consecuencia, se difirió la votación del proyecto para la siguiente sesión y se convocó a la Comisión de Administración a sesionar sobre dicho tema.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en condiciones de igualdad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos    Segunda.

 

Del Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila de Zaragoza y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a incrementar la creación y difusión de campañas, así como fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad infantil en el estado y reforzar su prevención y tratamiento.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a la planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica, además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, remitió efeméride sobre el aniversario de la firma del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del SIDA.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el martes cuatro de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada el acta.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana acordó modificar la prelación de asuntos del Orden del Día, como lo permite el párrafo 3 del artículo 72 del Reglamento del Senado, con la modificación aplicada, los dictámenes de primera lectura y los de discusión se tramitarán inmediatamente después del despacho de las comunicaciones y correspondencias.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Turismo, con la que remite su programa anual de trabajo.








De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su programa de trabajo anual.








De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con la que remite su programa de trabajo anual.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha queda enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Doy lectura al oficio que envía la Secretaría de Gobernación.



Se turna a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibió un oficio…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame tantito.

Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Delgadillo.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

A nombre del Presidente de la Comisión Anticorrupción, solicitarle, por su conducto, que todas las iniciativas o minutas que lleguen en torno a la eliminación del fuero puedan ser turnadas a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Y también aprovechar el espacio para preguntarle si tiene información del status que lleva la discusión en torno a la eliminación del fuero.

Como usted sabe, el pasado jueves presentamos una excitativa para que ya se pudiera discutir la eliminación del fuero.

Han pasado prácticamente tres días hábiles y no hemos visto voluntad política de estas fuerzas aquí representadas de mayoría, para que las comisiones que se encargan de la dictaminación de la minuta que está aquí, congelada en el Pleno, pueda ser ya procesadas y traída a la Soberanía de este espacio para que sea agotada.

Como ustedes saben, lo único que requerimos es que esa minuta sea presentada en el Pleno para poder eliminar el fuero el día de hoy.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Delgadillo García.

Doy respuesta a sus dos interrogantes, a su solicitud y a una interrogante.

En el primer caso, le comento que las iniciativas sólo pueden ser turnadas a tres comisiones, en este caso son a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sin embargo, en este momento, la turno también para su opinión a la Comisión de Anticorrupción.

Luego, sobre el segundo punto. Le informo que se hizo la excitativa correspondiente a las comisiones que tienen en sus manos la minuta de la que usted ha hecho referencia, y que, en cuanto se dé el tiempo necesario, en caso de que no se haya dictaminado, se cambiará a otras comisiones para que se proceda hacer dictaminada.

Sí, Mayuli Latifa, sonido en su escaño.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De manera muy breve, quiero hacer del conocimiento que el día de ayer se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación y a través de diferentes redes sociales de la brutal golpiza que recibió una joven por parte de su ex pareja, y que le ocasionó severos daños, en el municipio en el cual una servidora radica, y ahí vivo, la joven fue sacada.

Y eso es importante, que pudiéramos conocer que lamentablemente, inclusive, se llevaron a cabo fotografías e imágenes de ella, que nos las voy a presentar, por supuesto; pero sí decir y señalar que fue sacada de su domicilio por el agresor; que estuvo totalmente desnuda, fue arrastrada por la banqueta con claros signos de vejación y humillación precisamente a su persona, la diagnosticaron con deformación en la cara, desprendimiento de mandíbula, dientes caídos, córneas reventadas y fractura en las costillas, además de escoriaciones en el cuerpo.

El agresor fue detenido por el juez calificador y multado como una falta administrativa.

Y aquí es donde quiero, sé que el Senador José Narro Céspedes, quien tuvo el 9 de octubre a presentar un exhorto para que se pudiera hacer un pronunciamiento a la Fiscalía General, a las estatales para poder fortalecer, capacitar y sensibilizar a los agentes del Ministerio Público.

También hubo una presentada por la Senadora Verónica Delgadillo, en los mismos sentido, y aquí creo que es un tema que está en las comisiones tanto de Seguridad Pública, como en la Comisión de Igualdad de Género, que puedan ya dictaminar, y que podamos tomar las decisiones, aquí también en el Pleno del Senado, para que no sigan ocurriendo precisamente estas situaciones.

Sabemos ya que se ha emitido la orden de aprehensión en contra del agresor por parte de la Fiscalía, pero sí necesitamos fortalecer, precisamente, nuestras instituciones en el país y, por supuesto, adherirnos y trabajar en conjunto en esta Cámara de Senadores, precisamente, para poder refortalecer nuestras instituciones, y que se puedan ya dictaminar estos exhortos que están tanto en la Comisión de Seguridad Pública, como en la Igualdad de Género, presentados por el Senador José Narro y, por supuesto, también por la Senadora Verónica Delgadillo, es un tema importante que tenemos que, todos juntos en este país, sumarnos para erradicar la violencia contra las mujeres.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Una pregunta, Senadora, ¿tiene usted una petición específica de una excitativa a determinadas comisiones por alguna iniciativa pendiente?

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: (Desde su escaño) Realmente es pedir a las comisiones, tanto de Seguridad Pública y de Igualdad de Género, que son los asuntos que derivan en esta similitud de erradicar la violencia, y fortalecer a nuestras instituciones a la Fiscalía General, fiscalías estatales, precisamente para que estos exhortos y todos los que tengan similitud, se puedan desahogar y que podamos nosotros en el Pleno también tomar estas decisiones y abonar precisamente para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esa es la petición.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Esa petición se trasladará a las comisiones correspondientes, para que se tome en cuenta lo que está planteando la Senadora Mayuli Latifa.

Antes, pido, por favor, una moción de orden aquí, si nos ayudan los asesores que se encuentran de este lado a mi derecha, por favor, porque se oye mucho barullo, pido que se ponga atención a las intervenciones.

Continúe la Secretaría.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el documento por el que da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Senadores, con motivo del Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea que dicha documentación se recibió el viernes 30 de noviembre y se publicó inmediatamente en el portal electrónico del Senado de ese día. Instruyo a la Secretaría distribuir la información a los grupos parlamentarios y al Senador sin grupo parlamentario.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con los informes de actividades de los Embajadores y Cónsules Generales, correspondiente a 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítanse los informes a las Comisiones de Relaciones Exteriores correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción de “Velas Latinoamérica 2018”, que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18 de octubre del año en curso.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha información a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE ECONOMÍA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Economía con el Informe Anual de Desempeño de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 2017-2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Remítase a la Comisión de Economía.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la Recomendación General 34/2018, emitida el pasado 14 de noviembre, para legislar sobre la fijación del salario mínimo, con perspectiva de derechos humanos.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase dicha documentación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Derechos Humanos.

Remítase copia a todos los integrantes de la Asamblea.

Se instruye también a la Dirección Jurídica del Senado preparar respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la aceptación de esta Cámara de la Recomendación y las acciones realizadas por la atención a la misma.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, a partir de las licencias aprobadas a la Senadora Delfina Gómez y a los Senadores Germán Martínez, Gilberto Herrera, Javier May y Víctor Castro, se convocó a la ciudadana Martha Guerrero Sánchez y a los ciudadanos Pedro Miguel Haces Barba, Juan José Jiménez Yáñez, Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Velázquez Meza, para que rindan la protesta correspondiente.

Nuestra compañera y compañeros se encuentran en el salón contiguo.

Por esa razón, solicito a las Senadoras y a los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán, Indira de Jesús Rosales San Román, Eruviel Ávila Villegas, Juan Quiñonez Ruiz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Katya Elizabeth Ávila Vázquez, los inviten a pasar a este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los familiares de los Senadores y Senadora suplente que rendirán su protesta de ley el día de hoy.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se solicita a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

Ciudadana Martha Guerrero Sánchez, ciudadanos Pedro Miguel Haces Barba, Juan José Jiménez Yáñez, Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Velázquez Meza, a partir de las licencias aprobadas a la Senadora Delfina Gómez y a los Senadores  Germán Martínez, Gilberto Herrera, Javier May y Víctor Castro, se les ha convocado a que rindan su protesta constitucional y legal como Senadora y Senadores de la República.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora y Senadores de la República que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Martha Guerrero Sánchez, Pedro Miguel Haces Barba, Juan José Jiménez Yáñez, Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Velázquez Meza: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades compañera Senadora y compañeros Senadores!

Se les solicita que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos.

Sonido en el escaño del Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez.

El Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si gusta, pase a la tribuna.

El Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero aprovechar la extraordinaria oportunidad de dirigirme al Pleno para comprometer mi entera satisfacción y disposición para trabajar arduamente por el bien de Tabasco, del sureste y de México.

Estoy consciente que tenemos por delante una enorme responsabilidad que sólo puede ser asumida con humildad, trabajo arduo, seriedad y altura de miras.

Se trata de convertir en realidad el anhelo de millones de mexicanas y mexicanos que depositaron en nosotros la esperanza de una vida mejor para sus familias, y eso es una enorme distinción, pero, sobre todo, implica un gran compromiso.

Ustedes conocen bien la tradición de lucha y tenacidad de los tabasqueños.

Vengo a trabajar con orgullo, en congruencia con ese legado, que no puede mirar con indiferencia las desigualdades y que tiene como propósito construir una sociedad justa que ponga a la cabeza de sus prioridades a los más vulnerables, a quienes durante décadas se les ha negado todo, hasta el derecho de la esperanza.

El reto es enorme por las precarias condiciones en las que se encuentra el país.

Sé que pese a las diferencias podemos encontrar un camino de coincidencia.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senador.

Orden en la sala, por favor. Pido silencio y atención al orador.

Continúe.

El Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez: El reto ese enorme por las precarias condiciones en que se encuentra el país.

Sé que pese a las diferencias podemos encontrar un camino de coincidencia por el bien de México.

Deseo con toda sinceridad que el esfuerzo que ahora encabeza el Subsecretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, sea absolutamente exitoso.

Desde aquí haremos nuestra parte para contribuir a que así sea.

Agradezco a mis familiares y amigos su respaldo incondicional, saben que honraré con mi mejor esfuerzo su confianza y apoyo.

A mis compañeras Senadoras y Senadores les expreso mi más alto reconocimiento, haré el mejor esfuerzo por estar a la altura de los trabajos legislativos en estos momentos de cambio y de transformación.

Finalmente, quiero decirle a mis paisanos tabasqueños que tendrán un representante que hará valer su voz en la más alta tribuna de México, que defenderá los mejores intereses de los pueblos del sureste y que siempre estará dispuesto a trabajar con esfuerzo y esmero, tomando como referente el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Peral Suárez.

Solicito a los Senadores que han tomado protesta ocupan los escaños que les sea asignados por la Secretaría de Servicios Parlamentarios.






Ahora dé cuenta la Secretaría con el acuerdo que nos remite la Comisión de Administración.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Para los efectos del artículo 66, inciso h) de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 de la Cámara de Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019.

Al no haber oradores anotados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto 2019. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2019. Remítase al Ejecutivo Federal para su incorporación al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.






Les informo que está inscrito en el Orden del Día, para su primera lectura, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Tenemos la discusión de ocho dictámenes, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura. Están a discusión los dictámenes que desechan los siguientes proyectos de Decreto:

1. El que propone adicionar una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 18 de octubre de 2012, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, presentó iniciativa que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; iniciativa suscrita, además, por la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa en cita se turnó por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

2. El 02 de abril de 2013, el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de la colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para sus efectos constitucionales.

3. El 03 de abril de 2013, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó con el oficio No. DGPL-2P1A-2986 a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

II. Objeto Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta se orienta al logro de la existencia de una efectiva protección de los derechos de quienes cumplen con el pago de sus contribuciones; contar con un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo como una necesidad imperiosa del Estado Mexicano para lograr una mayor recaudación tributaria; simple, en la medida en que facilite al contribuyente el pago de sus impuestos; eficiente, para que la autoridad competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus atribuciones  de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimina una serie de distorsiones existentes actualmente. Sustentada en tal contexto, la Minuta en estudio se presenta con un Artículo Único que, a la letra dice:

“… Se adiciona el artículo 2o., con una fracción I, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-...

I. Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

II. a XV. ...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Descrita la propuesta normativa de referencia, en el caso particular, una mayor y eficiente recaudación tributaria no depende de la existencia de una efectiva protección de los derechos de quienes cumplen con el pago de sus contribuciones. ésta, depende del conocimiento, análisis, desarrollo y solución de todos los factores determinantes de los ingresos tributarios que, en forma directa e indirecta, concurren en la conformación de los datos que la instauran. Es decir, el conjunto de variables en función de las cuales se ajustan los datos de la recaudación tributaria; factores que, por consiguiente, constituyen el componente esencial de cualquier labor relacionada con ellos.

SEGUNDA. Luego, en el conocimiento, análisis, desarrollo y solución de estos factores determinantes y en la concepción de un sistema firme de recaudación de impuestos, considerado como proceso en el cual se obtienen los datos de recaudación a través de la acción de sus factores determinantes, se finca la posibilidad de acceder a elevados niveles de calidad en el trabajo con los ingresos tributarios. Factores directos, como el que se desprende de los principios fundamentales que obran inmersos en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, al consagrar como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

TERCERA. Se trata de principios que exigen que sea el legislador quien determine los elementos esenciales de la contribución y no las autoridades administrativas, estableciéndolos, además, con un grado de claridad y concreción razonable que permita a los gobernados tener la certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias. Norma constitucional que, por su propia naturaleza, justifica la legitimidad de toda la legislación tributaria aplicable e impone el deber inexcusable de establecer en una ley formal la existencia de los tributos; la definición de su estructura; la especificación del objeto del gravamen; su base imponible; las partes alícuotas; el momento de perfeccionamiento del hecho imponible; las deducciones autorizadas; las exenciones; el sistema de determinación del tributo; criterios de valuación de activos y pasivos; métodos de contabilización; regímenes de amortización y tratamientos a otorgar a los diversos tipos de contribuyentes y operaciones. Conceptos, que satisfacen la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, y el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen alguno a la arbitrariedad.

CUARTA. Así, el conocimiento de todas las variables implicadas es, sin duda, el punto de partida para llevar a cabo el desahogo de las tareas relacionadas con la captación eficiente de los ingresos tributarios. Cada uno de los factores determinantes debe ser específicamente contemplado en los modelos de proyecciones de recursos tributarios y en los análisis que se efectúen de su evolución en el tiempo. Determinantes directos, además, como el valor de la materia gravada; las normas de liquidación e ingreso de los tributos; el incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales; y factores diversos. Esto es, en su orden, la magnitud o medida en valores monetarios, de los conceptos económicos gravados por la legislación tributaria, como las importaciones, el consumo, los ingresos y bienes de las personas, y las utilidades y activos societarios; normas adjetivas que se aplican a la generalidad de los impuestos, o contenidas en disposiciones reglamentarias, que establecen en forma pormenorizada las prácticas que deben seguirse para el ingreso de los gravámenes, fijan los conceptos que deben abonarse en cada tributo y precisan, entre otras cosas, los medios de pago con los que pueden cancelarse las obligaciones tributarias; la omisión del ingreso de las obligaciones tributarias que deben ser abonadas en un período de tiempo, que se manifiesta con la mora en aquellas obligaciones tributarias que son reconocidas por los contribuyentes ante el organismo recaudador, pero que no son abonadas en los plazos establecidos por la ley, o bien, la evasión como el ocultamiento total o parcial del valor de los conceptos económicos gravados; y, finalmente, un conjunto de variables, de índole administrativa, entre las que destacan las transferencias que el organismo recaudador efectúa entre las cuentas bancarias de los impuestos, los ingresos por planes de facilidades de pago y las demoras en la acreditación de pagos, que pueden provocar que su registro se efectúe en un período posterior al de su efectiva realización. Factores directos que, a su vez, están determinados por los indirectos o de segundo grado, como los objetivos de las políticas económica y fiscal; las preferencias de los autores de la política tributaria; las variables de índole económica; y la evaluación de los costos y beneficios de las prácticas de evasión tributaria.

QUINTA. Más a propósito, el hecho de que nuestro país no ocupe un lugar destacado internacionalmente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones hacendarías, no se debe a una alta complejidad en el proceso de gestión tributaria, sino a los vicios estructurales que existen dentro del sistema impositivo nacional que no permiten obtener los ingresos suficientes para satisfacer con holgura las demandas más elementales de los mexicanos. Ergo, la adición de una nueva fracción I en el artículo 2o, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para incorporar dentro de éstos el derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria, no es atendible para el logro de una mayor y eficiente recaudación tributaria. Adición que, por otra parte, se construye con un enunciado cuyo sentido y alcance, en rigor, se coligen implícitos en los artículos 2o, fracciones I, VI y IX, 4o. y 8o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y 7, fracción XI, de la Carta de los Derechos del Contribuyente. Preceptos, que reconocen el derecho del contribuyente a recibir de la Administración Tributaria una actuación ágil y transparente; orientada a la calidad y mayor simplicidad posible; eficiente y menos onerosa; que facilite en todo momento el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; que se lleve a cabo de la forma en que resulte menos gravosa para el contribuyente, siempre que esto no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad tributaria. Conceptos, los anteriores, que se traducen en la obligación implícita que se impone a cargo de la Administración Tributaria para fomentar el principio de simplificación en la política, legislación y gestión impositiva.

SEXTA. Si los servidores públicos de la administración tributaria tienen la obligación de facilitar en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través de la existencia de oficinas en diversos lugares del territorio nacional para orientarlo y auxiliarlo en el cumplimiento de estas obligaciones, haciendo posible, además, la consulta a la información que dichas autoridades tengan en sus páginas de Internet, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4o. y 8o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no es necesario dar cabida en este ordenamiento jurídico a derechos que implícitamente ya se comprenden en disposiciones legales de su propia estructura. Derechos que, además, nuestra Carta Magna tutela frente a la actitud pasiva o negligente de cualquier autoridad, administrativa o jurisdiccional, en los términos del artículo 17, al imponer a éstas el deber de administrar justicia de manera pronta y expedita.

Por lo anteriormente expuesto, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, deberá devolverse a la Cámara de Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto de referencia, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






2.- El que propone reformas al artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 Y DEROGA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, el Diputado Sergio Torres Félix, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. DGPL. 62-II-5-597, turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. El 25 de abril de 2013, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de esa colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para sus efectos constitucionales.

3. El 29 de abril de 2013, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

II. Objeto Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta se anima en el interés de dotar al Instituto Mexicano del Seguro Social de los recursos suficientes que le permitan proporcionar servicios de calidad; garantizar un retiro digno; expandir su cobertura a otros núcleos de la sociedad, conforme a las necesidades de la población derechohabiente, y; fortalecer la salud financiera del organismo para que alcance plenamente sus propósitos y se consolide su sustentabilidad y operación en el largo plazo. En la búsqueda de estos extremos, a través del cálculo sobre los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores por la prestación de servicios personales subordinados, se plantea homologar el tratamiento de aquellos conceptos que se consideran para la determinación del salario base de cotización en los que la Ley del Seguro Social otorga uno distinto al de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Así, al considerarse que la existencia de tratamientos diferenciados de la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto sobre la Renta a los diversos componentes del salario, en su amplio sentido, ha provocado bases gravables disasociadas (sic) de las cuotas obrero-patronales y el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, cuando ambas deberían ser la misma; es decir, ser el ingreso que efectivamente reciben los trabajadores como retribución por sus servicios, se presenta la Minuta que se analiza con un Artículo Único que dispone, en lo conducente, a saber:

“… Se reforma el artículo 27, y se deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador derivada de su relación laboral. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, los siguientes conceptos:

I. Los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades, siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado y hasta por el monto en que se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II. Las aportaciones a los fondos de ahorro establecidos para los trabajadores y las cuotas sindicales, siempre que los ingresos obtenidos de dichos fondos y las referidas cuotas, se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajado en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III. Las cuotas destinadas a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual de los trabajadores, y las demás cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, cada una de ellas hasta por el monto en que se encuentren exentas o no sean consideradas ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

IV. Las aportaciones a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los trabajadores que se efectúen en términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de las empresas, hasta por el monto en que cada una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

V. La alimentación y la habitación que se entreguen en especie, hasta por el monto en que cada una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

VI. Las despensas en especie o en vales, los vales para restaurante y para transporte, hasta por el monto equivalente, en su conjunto, al cuarenta por ciento de un salario mínimo general diario del Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, hasta por el monto en que se encuentren exentos o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

VIII. Las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, hasta por el monto en que dichas prestaciones se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajador para los efectos de la Ley del Impuesto sobre las Renta. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

IX. Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario laborado dentro de los márgenes señalados en la legislación laboral, hasta por el monto en que dichas remuneraciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

Cualquiera de los conceptos enunciados en las fracciones de este artículo que se encuentre parcialmente gravado o exento para los trabajadores en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto gravado o no exento integrará salario base de cotización.

Artículo 32. (Se deroga).

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primer día natural del tercer mes calendario siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga cualquier disposición de carácter general o particular que se oponga a lo previsto en el presente Decreto.

Tercero. La Auditoría Superior de la Federación deberá informar los resultados de la gestión del Instituto Mexicano del Seguro Social de los ejercicios 1997 a 2012.

Cuarto. La recaudación adicional que se derive de las reformas previstas en este Decreto deberá destinarse al desarrollo de la infraestructura y servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y demás normativa aplicable.

Quinto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el informe a que se refiere el Artículo 273 de la Ley del Seguro Social, que corresponda al ejercicio fiscal 2014, deberá hacer referencia al impacto que derive del presente Decreto.”

III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Precisados el sentido y alcance de la Minuta, en estudio, con independencia de otras consideraciones que las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República atienden para dar firmeza y solidez a la determinación que pronuncian, inicialmente conforme al contexto de los artículos Tercero y Quinto Transitorios de la misma, se contempla en tal proyecto la pérdida manifiesta de la fuerza o trascendencia del propósito que generó su origen, al referirse el segundo de estos ordinales a la imposición de una obligación de imposible cumplimiento por tratarse de una cuestión pretérita y, por ende, ya consumada. Es decir, de un informe presentado en el año de 2014, en el que se pretendía o procuraba constreñir al Instituto Mexicano del Seguro Social a señalar en ese instrumento dictaminado por auditor externo, en términos de lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, el impacto que se derivara del Decreto consabido; circunstancia que, per se, vuelve improcedente la reforma y derogación planteadas en el caso particular.

SEGUNDA. Sin apartarnos del tema en el que se discurre, homologar el Salario Base de Cotización determinado por el artículo 27 de la Ley del Seguro Social para el cálculo de las aportaciones de seguridad social que deben pagar los patrones y los trabajadores, con el ingreso gravable en términos del Impuesto Sobre la Renta, si bien, en ambos escenarios se trata de prestaciones en dinero o en especie, establecidas autárquicamente por el Estado a cargo de las personas físicas y las morales, para sufragar el gasto público cuando se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la propia ley, su naturaleza y objeto son distintos en virtud de su origen y fundamento. Esto es, las aportaciones de seguridad social, definidas por la doctrina como las exacciones establecidas en la ley a favor de ciertos entes públicos, para asegurar su financiamiento económico en forma automática, o de acuerdo con la fracción II del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, como las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado, en el contexto de los dispuesto por el artículo 2 de la Ley del Seguro Social,  tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Aportaciones de seguridad social, que se derivan esencialmente de las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores y, excepcionalmente, cuando se permite la incorporación voluntaria de los particulares a los organismos encargados de realizarla; aportaciones, que tienen su fundamento directo de legitimidad en las fracciones XII, XIV y XXIX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no en el artículo 3I, fracción IV de la propia Carta Magna.

TERCERA. Tratándose del Impuesto Sobre la Renta, considerado como una de las principales fuentes de ingresos del Estado Mexicano, es una contribución equitativa determinada por la ley a cargo de las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distinta de las señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación. Como tal, se traduce en las prestaciones o cantidad de dinero, en especie o parte de la riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente, para sufragar los gastos públicos, sin que éste reciba nada a cambio de manera inmediata. Es un impuesto que, de acuerdo con los demás que señala la Ley de Ingresos de la Federación, debe cubrirse a favor de la administración activa del Estado en los términos de los artículos 73, fracción VII y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para satisfacer los gastos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, para cubrir servicios públicos generales indivisibles y no indivisibles, y no exclusivamente servicios públicos generales divisibles, como las cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. Impuesto, cuya aplicación, produce un beneficio genérico o indeterminado a favor de la colectividad; y no como la aportación de seguridad social, en la que si bien se trata de un servicio de interés general, éste es identificable, en mayor o menor medida en cuanto al beneficiario.

CUARTA. No se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa origen de la Minuta que se analiza, ni en las consideraciones del dictamen de la misma aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2013, un estudio cuidadoso y exhaustivo de los posibles efectos o consecuencias que implicaría la aplicación de la reforma que se plantea. Conceptos estos, que el legislador debe valorar previamente al establecimiento de alguna contribución o del incremento de sus tasas o tarifas, o bien, al suprimirse o reducirse aquéllas, para conocer cuáles serían los posibles efectos o consecuencias que traerá consigo su vigencia. Efectos o consecuencias, de carácter psicológico, político, contable o administrativo, económico y jurídico, que son de suma trascendencia prever para alcanzar la finalidad deseada con el establecimiento de una reforma a la ley o la derogación de una disposición de la misma. Tan es así, que los autores del proyecto en estudio no atienden, al desestimar el concepto del salario como elemento esencial que sirve para la determinación de las cuotas obrero patronales; esto es, como la base gravable fundamental de las aportaciones de seguridad social y el punto de referencia para el otorgamiento de las prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social. Postulado, que la reforma abandona, al adoptar una supuesta homologación que desnaturaliza en lugar de consolidar el Salario Base de Cotización determinado por el artículo 27 de la Ley del Seguro Social para el cálculo de las aportaciones de seguridad social que deben pagar los patrones y los trabajadores, y no es consecuente ni viable dada la esencia jurídica que distingue a cada contribución.

QUINTA. La Minuta tampoco respeta las exenciones previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, aquellas a las que se refiere la fracción XIV, de su artículo 93, al consignar en esta disposición la potestad de no pagar el impuesto sobre la renta por la obtención de las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados; y tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. O bien, aquella a la que alude el artículo 96 de la propia Ley, al disponer que no se llevará a cabo la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Circunstancias, las anteriores, que generarían bases diferenciadas, pues, al llevar la base de Impuesto Sobre la Renta al Salario Base de Cotización en lugar de un incremento habría una reducción en este último.

Por lo expuesto, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, deberá devolverse a la Cámara de Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






3.- El que propone reformas a diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 3 de octubre de 2013, la Diputada Lourdes Quiñones Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución  Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa que reforma los artículos 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 78 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante oficio No. D.G.P.L. 62-II-7-937, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.”

2. El 25 de febrero de 2014, el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de esta colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. El 04 de marzo de 2014, la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se recibió en el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta colegisladora, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 174, 175, párrafo 1, 176 y 178 del Reglamento del Senado de la República, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó con los Oficios No. DGPL-2P2A-1480 y No. DGPL-2P2A-1481, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

4. El 04 de marzo de 2014, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con fundamento en el párrafo 2 del artículo 181 del Reglamento del Senado de la República, solicitó la ampliación de turno, entre otras, de la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al considerar a dicha instancia competente para conocer y participar en el estudio y dictamen del tema comprendido en la Minuta.

5. El 25 de marzo de 2014, con los Oficios No. DGPL-2P2A.-2700, No. DGPL-2P2A.-2701 y No. DGPL-2P2A.-2702, comunicó a los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, la modificación del turno de la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar a cargo de estas instancias, como Comisiones Unidas, la tarea de analizar la Minuta de referencia y emitir el dictamen correspondiente.

6. Finalmente, el 9 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 176, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, comunicó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el turno de las iniciativas y minutas correspondientes a la LXIII Legislatura que se encuentran pendientes de dictamen, anexando una relación de las mismas, en cuyo numeral 11, se modificó el turno de la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando éste exclusivamente a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

II. Objeto Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Fortalecer el espíritu con que está investida la responsabilidad resarcitoria, mandatada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus capítulos II y III del título quinto, para superar vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el estado de derecho deseable para los mexicanos.

Así, concebida la Minuta en ese propósito de consolidación de la responsabilidad resarcitoria, mandatada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en los apartados aludidos, ésta se presenta con cuatro artículos ordinales y dos transitorios, que disponen, a la letra:

“Artículo Primero.- Se reforma el artículo 54 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, son complementarias y no excluyen la exigencia de otras responsabilidades, según sea el caso, y se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley.

En ningún caso los  servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por  resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio podrán ser contratadas, ni prestar servicio o  encargo alguno a  la  Federación, en  tanto no hayan solventado totalmente el monto a resarcir, de  ser  el caso, el contrato cesará de  inmediato y se considerarán inhabilitados en los términos de la  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

l. a IX....

X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como a quien habiendo sido sancionado, mediante resolución firme, por la Auditoría Superior de la Federación en un procedimiento resarcitorio, omita cubrir el pago respectivo a la Tesorería de la Federación;

XI. a XXIV...

Artículo Tercero.- Se adiciona una fracción VI, pasando la actual VI a ser VII, al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

I. a IV....

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento;

VI. Los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, en cuyo caso, la inhabilitación a que se refiere este artículo, cesará hasta que el pago respectivo ante la Tesorería de la Federación se efectúe en su totalidad, y

VII.  Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se adiciona una fracción VI, pasando la actual VI a ser VII, al artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 78. ...

l. a IV....

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de este ordenamiento;

VI. Los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, en cuyo caso, la inhabilitación a que se refiere este artículo, cesará hasta que el pago respectivo ante la Tesorería de la Federación se efectúe en su totalidad, y

VII. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga cualquier disposición contraria a los presentes ordenamientos.”

I. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Conocidos el objeto y descripción de la Minuta que se dictamina, se advierte al analizarla dos inconsistencias de fondo que determinan su desestimación; inconsistencias, que se manifiestan, la primera, en el ordinal “Segundo” del proyecto al establecer una reforma a un ordenamiento jurídico que quedó abrogado a partir del 19 de julio de 2017, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así se desprende de los párrafos primero y séptimo del artículo “Tercero” transitorio del DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Párrafos, el primero, al consignar la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al año siguiente al de la entrada en vigor del Decreto de referencia, esto es, 18 de julio de 2016, conforme al artículo “Primero” Transitorio del propio Decreto; y el séptimo, al disponer con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y la derogación de los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDA. La segunda inconsistencia de fondo, que establece la improcedencia del proyecto que se analiza y, por ende, su desechamiento, se contempla en la reforma que se plantea al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por su vaguedad e incongruencia, al referirse a: “… responsabilidades resarcitorias señaladas,…”; ¿en dónde? Después, calificarlas como: “… complementarias…”; ¿de qué? Continuar señalando que: “… no excluyen la exigencia de otras responsabilidades, según sea el caso,…”; ¿cuáles otras responsabilidades y qué caso o casos? Y, finalmente aludir que: “se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley.”; ¿qué sanciones de carácter penal impone la autoridad judicial, conforme al artículo 49 de esta Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación? Por qué, porque este último precepto solamente faculta a la Auditoría Superior de la Federación a formularles el pliego de observaciones correspondiente, a la Hacienda Pública Federal o a los entes públicos federales de las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México, cuando se acrediten afectaciones a la primera o al patrimonio de los segundos. Y, lo que es más, impone a la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación la obligación de promover, en los casos en que sea procedente en términos del Título Quinto de la propia Ley, el informe de presunta responsabilidad administrativa para la imposición de las sanciones correspondientes. Esto es, sanciones por responsabilidad administrativa. Luego, qué sanciones de carácter penal podrá imponer la autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley.

TERCERA. Mayor incongruencia es palmaria en la reforma que se plantea al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el segundo de los párrafos que integran su estructura, apartado que prohíbe la contratación y prestación de servicio o encargo alguno de la Federación a los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, que hubiesen sido sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio, en tanto no hayan solventado totalmente el monto a resarcir; contrato que, en su caso, cesará de inmediato, considerándose inhabilitados en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; ordenamiento jurídico abrogado a partir del 19 de julio de 2017, conforme a los argumentos expuestos en la consideración SEGUNDA que precede. Cuestión de incongruencia e improcedencia, de la Minuta en estudio, que se manifestó por la fecha en que ésta pasó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales a que se refiere la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fecha en que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos quedó abrogada, a saber: 04 de marzo de 2014 y 19 de julio de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






4.- El que propone reformas al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En la misma fecha, la Comisión Permanente, mediante oficio No. D.G.P.L. 62-II-7-1154, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente. Iniciativa que, por comprender dos temas relacionados con procedimientos distintos para el desahogo de su trámite, por técnica legislativa se consideró procedente resolverlos en dictámenes independientes.

2. El 04 de septiembre de 2014, el dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de la colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para sus efectos constitucionales.

3. El 09 de septiembre de 2014, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó con el Oficio No. DGPL-1P3A-191, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

El objeto de esta Minuta se constriñe a armonizar el texto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de agosto de 2012, particularmente, de la reforma consagrada en el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74 de nuestra Carta Magna. Propósito orientado, en la especie, a establecer —a juicio, del autor de la iniciativa origen de la Minuta y, por añadidura, de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados— en “el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la obligación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, de someter a votación del Pleno —de esa colegisladora— el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública”, para cumplir con el mandato supremo impuesto al Congreso de la Unión por la reforma constitucional de mérito y el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio de la misma, al  imponer a éste la exigencia inexcusable de expedir la legislación para llevar a efecto lo dispuesto en el Decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Así, la Minuta que se analiza se presenta con un Artículo Único que dispone, en lo conducente:

“… Se reforma el primer  párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 36.-  La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Resultado, el análisis de la Comisión a que se refiere el artículo 34 de esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública.  Asimismo, someterá  a votación  del Pleno el dictamen  correspondiente  a más tardar  el 31 de octubre  del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se  derogan   todas   las  disposiciones  que  se  opongan  al presente Decreto.”

III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Descrita la reforma que se dictamina, se advierte al analizarla una inconsistencia de fondo que se manifiesta no solamente por la falta de coherencia, orden y lógica en los argumentos que se utilizan para justifiicarla, sino también en el artículo en el que se presenta. Por una parte, por la inexactitud de los datos que conforman dichos argumentos y, por otra, al consignarla en un apartado en el que es evidente la ausencia de la más mínima correspondencia o relación entre el sentido y alcance de los enunciados jurídicos que comprenden una y otro. Es decir, el entorno lingüístico de la propuesta de reforma y el artículo 36 vigente de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

SEGUNDA. En efecto, es inexacto lo que señalan las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, en el dictamen del 04 de septiembre de 2014, aprobado por el Pleno de esa colegisladora, al destacar en el apartado “III. Fundamentación”, específicamente, en la “Primera” de las subdivisiones en que se estructura ese apartado, la importancia del estudio comparativo del texto actual del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el propuesto en la iniciativa presentada el 18 de diciembre de 2013, por el Diputado José Luis Muñoz Soria, como causa inicial por la que se produce o determina establecer la reforma en estudio, porque el artículo 36 en vigor del ordenamiento jurídico en cita no comprende, como erróneamente se afirma en aquel dictamen, un texto normativo similar al diverso 36 que se consigna en la Minuta, para modificar solamente la fecha en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá someter a votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe General de resultados de la gestión financiera y el contenido de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente; esto es, 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, en lugar de 30 de septiembre.

TERCERA. Con la aprobación de la Minuta, en sus términos, debido a la inconsistencia a que se alude, se derogaría tácitamente el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, norma legal vigente de carácter asertivo o expositivo, con un contenido radicalmente distinto al que la Minuta presenta en un artículo identificado con el mismo número. Precepto vigente, que describe, entre otras cosas:

• Los conceptos que deben contener los Informes Individuales de auditoría, a saber: los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

• Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

• El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

• Los resultados de la fiscalización efectuada;

• Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y;

• Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Precepto legal, también, de carácter prescriptivo o directivo, al imponer la obligación de considerar, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género; informes individuales, que tendrán el carácter de públicos y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTA. Ciertamente, el contexto de la reforma en el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que la Cámara de Diputados aprobó el 04 de septiembre de 2014, en realidad es el mismo que se consigna en el artículo 46 —en vigor—  del propio ordenamiento jurídico, cuyo sentido y alcance o significado, en la porción de la reforma que se invoca, son idénticos. A otra conclusión no es posible arribar, de acuerdo con los enunciados que construyen ambas disposiciones. Luego, esa falta absoluta de coherencia, orden y lógica inmersa en el primero de los numerales con antelación citados, si llegara a aprobarse en el Senado de la República la propuesta en cita, rompería la secuencia contextual, autónoma e independiente, que deben guardar los numerales que integran la estructura de una ley o complejo normativo de naturaleza jurídica, pues, al insertarse la reforma en estudio en una dimensión temática o apartado con el que ninguna relación tiene su naturaleza jurídica, se produciría la existencia de dos disposiciones legales de un mismo ordenamiento que regularían mutatis mutandis un idéntico supuesto de hecho. Con ello, se vería transgredido no solamente el principio de unicidad típica, de incuestionable trascendencia en la creación o reforma de una norma jurídica, principio que debe atender siempre el legislador en su tarea como productor de normas, para no duplicar los enunciados que en éstas consagra, sino, también, el de la coherencia como propiedad inmanente de los textos legales bien formados, que permite concebirlos como entidades unitarias e independientes en su sentido y alcance, pero coordinadas entre sí para garantizar su plena eficacia y aplicabilidad.

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la reforma propuesta por la Minuta en estudio y el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, comparativamente, se contemplan como sigue:

TEXTO VIGENTE

MINUTA

Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe General, el análisis de la Comisión a que se refiere esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, la Comisión de Presupuesto someterá a votación del Pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión.

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley.

Artículo 36.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Resultado, el análisis de la Comisión a que se refiere  el artículo 34 de esta  Ley  y  el  contenido  de  la  Cuenta Pública.  Asimismo, someterá  a votación  del Pleno el dictamen  correspondiente  a más tardar  el 31 de octubre  del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

 Por lo anteriormente expuesto, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






5.- Otro por el que se propone establecer las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 10 de marzo de 2015, el Diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya. En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso el turno de la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2. El 21 de abril de 2015, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, formulado con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, después de ser sometido a la consideración y discusión del Pleno de esa colegisladora se aprobó, ordenándose la remisión de la Minuta al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

4. El 23 de abril de 2015, el expediente de la Minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, se recibió en la Cámara de Senadores. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno con el Oficio No. DGPL-2P3A-4128, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios legislativos, Primera.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La acuñación de la moneda que conmemore los 100 años de trascendentes sucesos históricos para la vida institucional de la sociedad mexicana, como una oportunidad para recordar y enaltecer la historia de nuestro país con la Batalla de Celaya, que tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915, entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas Constitucionalistas al mando del General Álvaro Obregón.

La Minuta plantea las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

A) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

B) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

C) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

D) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

A) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

B) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco decimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

C) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos).

D) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Sera la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el articulo segundo transitorio del presente decreta, apruebe el Banco de México, a propuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio Banco. Dicho motivo deberá relacionarse con el 100 Aniversario de la Batalla de Celaya.

Canto: Estriado discontinuo.

III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

ÚNICA. Un aniversario se define como el día y año en que se cumple un lapso, paso o transcurso de tiempo entre la manifestación en la historia de un acontecimiento relevante y su conmemoración. En el caso particular, la propuesta planteada inicialmente por el Diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conforme a los antecedentes desarrollados en el despacho de su trámite —si bien se reconocen las bondades del propósito que le dio sustento—, lo que procede es determinar el desechamiento de la misma al quedar desfasadas las fechas dispuestas especialmente para continuar con la conmemoración secuencial del acontecimiento histórico de mérito.

Bajo las circunstancias descritas, la Minuta proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este escenario, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del pleno de esa Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones comprendidas en el presente dictamen, se desecha la Minuta proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en los apartados citados en el punto resolutivo que antecede, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






6.- El que propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-0014, turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la propia colegisladora, para opinión.

2. El 15 de octubre de 2015, a solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Mesa Directiva de esa colegisladora acordaron ampliar el turno original de la iniciativa a la comisión de referencia, solamente para opinión.

3. El 22 de octubre de 2015, mediante oficio número CPCP/ST/102/15, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados remitió la Opinión aprobada por 37 votos de sus integrantes con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Opinión, en la cual, concluyen que la iniciativa citada con antelación no implica impacto presupuestario en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

4. Asimismo, el 4 de noviembre de 2015, mediante oficio CSS/LXIIM/086/15, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, remitió la Opinión aprobada por esa instancia —por 11 votos a favor y 5 en contra— con relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el Titular del Ejecutivo Federal.

5. El 8 de diciembre de 2015, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con las opiniones de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social, de la propia colegisladora, fue aprobado por el Pleno de la misma, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para sus efectos constitucionales.

6. El 10 de diciembre de 2015, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, con el oficio DGPL-2P2A.-2274.a, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, Primera.

7. Finalmente, el 9 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 176, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, comunicó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el turno de las iniciativas y minutas correspondientes a la LXIII Legislatura que se encuentran pendientes de dictamen, anexando una relación de las mismas, en cuyo numeral 10, se modificó el turno de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quedando éste exclusivamente a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Escindir al PENSIONISSSTE del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, modificando su naturaleza jurídica conforme a las bases siguientes:

1. Crear una empresa de participación estatal mayoritaria que administre los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, en cuya gestión participarán representantes del Gobierno Federal y de los trabajadores.

2. Traspasar los bienes, derechos y obligaciones, así como el presupuesto del PENSIONISSSTE a la nueva sociedad, para que su creación no genere un costo adicional.

3. Realizar las acciones necesarias para que la nueva sociedad, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto de reformas, se constituya como administrada de fondos para el retiro e inicie operaciones en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones jurídicas aplicables.

4. Canalizar todos los esfuerzos de la nueva sociedad hacia el mejoramiento del servicio en la administración del ahorro para el retiro de los trabajadores.

5. Que los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adscritos al PENSIONISSSTE, formen parte de la fuerza laboral de la nueva sociedad, respetando en todo momento sus derechos laborales conforme a la Ley.

6. Prever un régimen especial en materia de control interno y servicios personales, similar al establecido para las instituciones de banca de desarrollo.

Con el cambio de la naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE: I) La nueva sociedad contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines; II) Su funcionalidad no dependerá del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino de su propia operación; III) Su funcionamiento se ajustará a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a sus estatutos sociales y demás normativa relativa a su operación; IV) Las facultades del órgano de gobierno serán las previstas por su propio instrumento de creación y demás normativa interna que se emita; V) Los comités y órganos colegiados de la sociedad se regirán por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones aplicables, y VI) Las SIEFORES no serán consideradas entidades paraestatales, y continuarán rigiéndose por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Fundada en ese propósito, la Minuta establece en un ARTÍCULO ÚNICO, a saber:

“…Se REFORMAN los artículos 5; 6, fracción IV; 19, párrafo cuarto; 54; 76, párrafo primero; 78, párrafos segundo y tercero; 79; 87, fracción II; 91, fracción II; 93, párrafo segundo; 95, párrafo segundo y su fracción I; 97; 98, párrafos primero y segundo; 102 Bis, párrafos primero, tercero y cuarto; 146; 192; 220, fracciones XVIII y XIX, así como los Transitorios Vigésimo Segundo y Cuadragésimo Séptimo y se DEROGAN la fracción XX del artículo 6; la Sección VIII del Capítulo VI del Título Segundo denominada "Del PENSIONISSSTE", que comprende los artículos 103 al 113; la fracción IV del artículo 209; la fracción XVII del artículo 214, así como el Transitorio Décimo Primero, todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.”

III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Señalados el objeto y la descripción de la Minuta que se dictamina, observamos en su estructura un proyecto de reformas y derogación de diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibido en el Pleno del Senado de la República el 10 de diciembre de 2015, que se orienta, primordialmente, a escindir al PENSIONISSSTE, o Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, modificando su naturaleza jurídica al plantear la creación en su lugar de una empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de administrar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, en cuya gestión participarán representantes del Gobierno Federal y de los trabajadores. Empresa a la que se pretende traspasar los bienes, derechos y obligaciones, así como el presupuesto del PENSIONISSSTE, para que su instauración no genere un costo adicional y pueda iniciar sus operaciones, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Proyecto de Decreto que se analiza.

SEGUNDA. Obra, en la especie, un proyecto que reforma veintiún artículos y deroga doce de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007; proyecto que, entre los artículos que reforma, se contemplan los transitorios VIGÉSIMO SEGUNDO y CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO y, entre los artículos que se derogan, se manifiesta el transitorio DÉCIMO PRIMERO. Se trata de un proyecto que, por la fecha en que se recibió en el Pleno del Senado de la República y la víspera inminente del cambio del gobierno federal que habrá de consolidarse en nuestro país, no es prudente aprobar en virtud de la discordancia o diferencia entre los programas o proyectos políticos, sociales y económicos que seguramente se consideraron para impulsar las reformas y derogación de las disposiciones legales que comprende, y los programas o proyectos políticos, sociales y económicos del nuevo gobierno que comenzará a ejercer sus atribuciones y cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales a partir del 1 de diciembre del año en curso. Un nuevo gobierno que, como su consecuencia, natural y legitima, desconoce el estudio de los antecedentes que llevaron al titular del Poder Ejecutivo Federal en funciones a promover las reformas y derogación en estudio. Un proyecto que, por ende, no conserva a la fecha la misma fuerza o trascendencia del propósito toral que impulsó la necesidad de su vigencia.

TERCERA. Luego, al tratarse de un proyecto que elimina de los artículos que reforma la referencia al PENSIONISSSTE, como órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; anula o deja sin efecto de las disposiciones legales que deroga, particularmente del artículo DÉCIMO PRIMERO transitorio, la obligación de las autoridades de ingresar en la tesorería del Instituto las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuando los trabajadores opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, con excepción de la Aportación del dos por ciento de retiro, la cual se destinará a la Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales de estos Trabajadores, que serán administradas exclusivamente por el PENSIONISSSTE, dejando un vacío legal en la administración de estos recursos con el riesgo de propiciar la discrecionalidad en su uso; y deroga toda la Sección VIII del Capítulo VI, con la finalidad de suprimir también la alusión al PENSIONISSSTE sin establecer, al hacerlo, ningún argumento puntual o convincente con relación a una serie de enunciados que en dicha Sección aseguran el uso productivo no especulativo de los fondos de los trabajadores del sector público, como lo precisa el artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se alcanza ni siquiera a columbrar la probable viabilidad de la propuesta de reformas y derogación que se dictamina, es decir, la sustitución del PENSIONISSSTE por una empresa de participación estatal mayoritaria que se encargue de administrar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, cuando en la decisión que se asume para alcanzar estos extremos no se advierte la existencia de una adecuada reglamentación, de una constante evaluación que puedan ser lo suficientemente flexibles en su aplicación y ejecución, para encontrar niveles óptimos que beneficien a los trabajadores en el caso particular.

Por lo expuesto, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






7.- El que propone adicionar el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se pronuncia al tenor del siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 26 de noviembre de 2015, el Diputado Luís Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En la misma fecha, la iniciativa en cita se turnó por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la propia colegisladora, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. El 26 de abril de 2016, el dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con relación a la Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentada por el Diputado Luís Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, después de ser sometido a la consideración y discusión del Pleno de la colegisladora se aprobó, ordenando la Mesa Directiva la remisión de la Minuta a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

3. El 27 de abril de 2016, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió en el Pleno de la Cámara de Senadores. Minuta que, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, en la misma fecha se turnó con Oficio No. DGPL-2P1A-4265, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta tiene por objeto alcanzar la consolidación de un Estado con ciudadanos instruidos en temas fiscales, no como una mera transmisión de conceptos técnicos, sino como ciudadanos activos, solidarios y responsables, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones como condición para propiciar la presencia de los elementos que permitan la convivencia de nuestra sociedad en armonía, paz e igualdad jurídica, a través de la obligación que se impone a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para proponer a las autoridades competentes, programas que difundan la cultura tributaria, a partir de las bases y lineamientos que para tales efectos expida su órgano de gobierno. Sustentada en ese propósito, la propuesta normativa comprendida en la Minuta que se analiza se presenta en los términos que siguen:

“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

“Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción XV del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

“Artículo 5.- ...

I.- a XIV.- ...

XV.- ...

La Procuraduría propondrá a las autoridades competentes, programas para difundir la cultura tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno.

XVI.- a XVII.- ...

...

...

...

“TRANSITORIOS

“PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de las autoridades competentes.”

III- ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Vista la propuesta normativa que se impulsa, ésta se finca en la potestad que al legislador le concierne para decretar los cambios que estime necesarios en los ordenamientos jurídicos con el interés de transitar al acceso pleno y expedito de un derecho más eficiente, con una estructura de normas debidamente articuladas que, en su conjunto, permitan a la Administración Pública desarrollar y consolidar una cultura tributaria basada en los principios de responsabilidad, justicia y eficacia administrativa. En la especie, en virtud del pago oportuno y honesto de las prestaciones en dinero que el Estado exige a los sujetos pasivos como tributo en ejercicio de un poder de imperio que le es reconocido por la ley, para cubrir el gasto que demanda el cumplimiento de sus fines; esto es, como una autentica obligación pública, cuya desestimación se puede traducir en severas consecuencias para quienes incurran en este supuesto, pues al agotarse el plazo que la ley concede para efectuar el entero, sin que ello se realice, incuestionablemente la obligación se tornará exigible a través del procedimiento económico-coactivo que establece la ley.

SEGUNDA. Conocido el sentido y alcance de la adición de un segundo párrafo que se plantea insertar en la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, desestiman la adición aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2016, bajo los argumentos que se contemplan en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el apartado denominado “CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN”. Argumentos, que no se consideran atendibles para justificar la determinación que en el caso particular se asume, sin que ello obste para aludir a los que tienden a fortalecer la determinación que ahora se pronuncia.

TERCERA. Proponer, entre otros conceptos, es manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo; es determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. En la adición del segundo párrafo que se consigna en la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el futuro de indicativo en tercera persona singular del verbo proponer, a saber, el vocablo “propondrá”, implica una atribución que ya se contempla en el derecho positivo nacional a través de principios inmersos en disposiciones legales y en preceptos de nuestra propia Carta Maga, que se traducen en la obligación de fomentar y difundir una cultura contributiva a través de campañas de comunicación y difusión social con relación a los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias; y con relación a las autoridades fiscales federales, el deber inexcusable de actuar con estricto apego a la legalidad, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno.

CUARTA. Hablar de cultura tributaria, es hablar del nivel de conocimiento que tienen los integrantes de una sociedad acerca del sistema tributario que los rige y sus funciones, de percepciones, actitudes, capacidades y prácticas de conducta concebidas con relación al pago de impuestos de acuerdo con la legislación que les sea aplicable en un Estado determinado; de una cultura que inhiba la evasión fiscal y sus consecuencias. Luego, el fomento de la educación tributaria y la difusión o promoción de esta misma, es imprescindible para comprender que los impuestos son recursos que recauda el Estado con el carácter de administrador, para devolverlos a quienes en realidad pertenecen, esto es, a la población, a través de los servicios públicos que legal y constitucionalmente está obligado a prestar; servicios como la educación, la salud, la seguridad, la procuración y administración de justicia y la construcción de obra pública, entre otros. Servicios básicos destinados a satisfacer las necesidades más elementales de los miembros de la sociedad en su vida gregaria.

QUINTA. Si bien, se comprende en la adición, en estudio, un enunciado taxativo o de mandato, que obligaría a sus destinatarios, con independencia de su voluntad, a actuar necesariamente conforme a lo prescrito por su contexto, sin que se pueda decidir la realización de una conducta distinta, este mandato ya se consigna en disposiciones legales que constriñen a las autoridades competentes en la materia a fomentar programas que difundan la cultura tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expidan sus órganos de gobierno; y conlleva, implícitamente, a cargo de esas autoridades el deber o exigencia inexcusable de asumirlos, o hacerlos suyos, para los mismos efectos.

SEXTA. Luego, en la adición de mérito, se contempla la presencia de una redundancia o duplicidad de conceptos ya implícitos en preceptos legales ya vigentes, como el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuando dispone la obligación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de procurar “… el establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes”, porque en el contexto de esta última disposición se revela —mutatis mutandis— la identidad conceptual con la adición que se plantea: la primera, referida al nivel de conocimiento que tienen los integrantes de una sociedad acerca del sistema tributario que los rige y sus funciones, a las percepciones, actitudes, capacidades y prácticas de conducta concebidas con relación al pago de impuestos de acuerdo con la legislación que les sea aplicable; y la segunda, al conjunto de preceptos que regulan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos, esto es, en el establecimiento de tributos y la obtención de diversas clases de recursos, en la gestión o manejo de sus bienes patrimoniales y en la erogación de los recursos obtenidos para cubrir los gastos públicos, así como las relaciones jurídicas que en el ejercicio de estas actividades se constituyen entre los diversos órganos del Estado o entre éstos y los particulares como deudores o acreedores del Estado. Es decir, de una cultura relacionada con la obtención, administración o manejo y empleo de los recursos monetarios indispensables para satisfacer las necesidades públicas.

SÉPTIMA. Finalmente, la misma consideración nos asiste con relación al enunciado contenido en la fracción XLVI del artículo 32 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que establece como competencia de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Normar, aprobar y ejercer las acciones de los programas en materia de civismo fiscal, así como fomentar los valores y principios de la cultura contributiva;…”, porque esta disposición es acorde con el sentido y alcance de la dimensión espacial y material que se advierte en el segundo párrafo que la Minuta de la Cámara de Diputados adiciona a la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a saber: “…proponer a las autoridades competentes, programas para difundir la cultura tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno…”. No se justifica, por consiguiente, la procedencia del proyecto que se analiza. Así, conforme a las consideraciones que preceden, la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, remitida al Senado de la República por la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2016, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa tesitura, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.






8.- El que propone reformar los artículos 2o., 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 10 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 27, 2018

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 14 de febrero de 2017, la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. DGPL. 62-II-5-597, turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

2. El 24 de abril de 2018, el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de esa colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para sus efectos constitucionales.

3. El 25 de abril de 2018, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Dotar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de alternativas para su inserción a nuevos mercados, se allegue de clientes de las nuevas generaciones, sea ejemplo de transparencia y obtenga los recursos necesarios para consolidar su objeto de creación.

Cimentada en ese propósito, se presenta la Minuta que se analiza con un Artículo Único que dispone en un Artículo Único, en lo conducente:

“…Se reforman los artículos 2o., primer párrafo; 10, primer párrafo y 11, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- El objeto del organismo es apoyar con recursos económicos las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando para ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos, incluyendo los concursos, con premios en efectivo y en especie de acuerdo a las bases de los mismos.

ARTICULO 10.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública llevará a cabo la venta al público de los billetes que emita, directamente o a través de expendedores de carácter fijo o de vendedores ambulantes de billetes con los que contrate la realización de la citada actividad, mediante instrumento jurídico que deberá estar disponible en versión pública en su portal de Internet, conforme a lo establecido por las leyes en la materia.

ARTICULO 11.- Para obtener dotación de billetes los expendedores de carácter fijo y los vendedores ambulantes de billetes, deberán depositar su importe ante la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, o constituir las garantías que al efecto fije la Junta Directiva, mediante lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

…”

I. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA. Descritas las reformas que se plantean en el caso particular, si bien se afirma que éstas se animan en el propósito de dotar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de alternativas para su inserción a nuevos mercados, se allegue de clientes de las nuevas generaciones, sea ejemplo de transparencia y obtenga los recursos necesarios para consolidar el objeto de su creación, así se infiere de la exposición de motivos de la Iniciativa origen de la Minuta. No se contempla, en la especie, expresión puntual y convincente alguna o el desarrollo exhaustivo de un análisis específico y detallado que justifique, fundada y motivadamente, la posibilidad de dar cabida a la vigencia de los conceptos que se insertan en las disposiciones legales que se reforman. Esto es, no se justifica su inclusión en preceptos en los que no se alcanza ni siquiera a columbrar cuestiones que impliquen vacío alguno o lagunas legales que sea urgente e indispensable colmar.

SEGUNDA. Tan es así, que en el primero de estos preceptos, es decir, en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,  las expresiones “…con recursos económicosincluyendo los concursosde los mismos…”,  son conceptos que implícitamente obran ya inmersos en el enunciado jurídico en el que se pretenden insertar; enunciado que se construye con la concurrencia, entre otros atributos del lenguaje, de la claridad, la coherencia, la integralidad y el de la adaptabilidad a las exigencias del paso del tiempo, para evitar hasta donde sea posible el ajuste constante de la norma, cuya frecuente movilidad lo que provoca es incerteza e inseguridad jurídicas por su desconocimiento o la ausencia de su conocimiento oportuno. Esto es, reglas de carácter general, flexibles que comprenden, a través de su interpretación, aquellos supuestos que no se hubiesen incluido en ellas con enunciados expresos o específicos.

Por lo expuesto, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se    reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, deberá devolverse a la Cámara de Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

SEGUNDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere  lugar.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Están a discusión los dictámenes.

Consulto si alguno se reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los ocho dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema, se han emitido 107 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

1.- El proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

2.- El proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

3.- El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.- El proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

5.- El proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya.

6.- El proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

7.-. El proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

8.- El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Todos éstos quedan desechados. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desechan 31 iniciativas de la LXIII Legislatura, en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar 31 proyectos de Decreto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha 31 proyectos de Decreto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Disculpe, señora Secretaria.

Voy a proceder a repetir la votación, porque no se está poniendo atención.

Ruego a la Asamblea poner atención y guardar el orden debido.

Repita la votación, por favor, Secretaria.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha 31 proyectos de Decreto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo que desecha 31 proyectos de Decreto. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.

Quiero informar que, por invitación de la Senadora Nadia Navarro Acevedo, se encuentran presentes 50 alumnas y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quienes damos la más cordial bienvenida.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de las Islas GECI, A.C., por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada “El Gallo”. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente, doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE CULTURA.

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Cultura les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXIV Legislatura proposición con Punto de acuerdo presentado por la Senadora Verónica Delgadillo, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo.

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, Los integrantes de la Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 16 de octubre de 2018, la Senadora Verónica Delgadillo presentó, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica.

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La Senadora Verónica Delgadillo García solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, proceder con la denuncia formal por los daños ocasionados en la zona arqueológica conocida como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, en los catálogos del INAH, ubicada en la Isla Espíritu Santo en Baja California Sur, con motivo de la actuación de una organización de la sociedad civil que realizó trabajos de erradicación de fauna nociva en el sitio.

En la exposición de motivos, la Senadora informa que, en el año de 2016, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estableció una estrategia para abatir la presencia de las cabras ferales de la Isla Espíritu Santo, cuyo crecimiento población puso en riesgo la fauna y flora de la Isla del Espíritu Santo. Dicha organización, en los informes que se conocen, no consiguió su objetivo. El proceso de abatimiento de la fauna se caracterizó por omisiones en el procedimiento técnico, entre ellas, la falta de un estudio previo para llevar a cabo programas de erradicación de especies exóticas, así como las implicaciones en materia de manejo ambiental o arqueológico, cuya consecuencia fue daños irreversibles a la zona arqueológicas localizada en ese lugar.

Señala que las actividades realizadas por el conjunto de biólogos y técnicos especialistas, integrantes del Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., seleccionados por la autoridad Federal como la asociación responsable de llevar a cabo los trabajos de conservación de la Isla Espíritu Santo en el Golfo de California, durante sus actividades, afectaron la zona arqueológica, sitio j66, identificado como el El Gallo, al no acatar las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para la protección del sitio arqueológico.

La proponente señala que, conforme a la información emitida por el INAH, el 52% del sitio en la isla, presenta daños irreversibles que, hasta el día de hoy, no han sido restaurados y se desconoce el procedimiento requerido por la autoridad, para resarcir los daños ocasionados por parte de la organización de la sociedad civil responsable de las afectaciones.

Por último, la Senadora manifiesta que las afectaciones que se indican en el informe de atención de afectación al sitio arqueológico, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuantifica el daño y las posibles acciones a realizar para proteger dicha área, en donde, además, señala como responsable a la organización civil que realizó las actividades en la isla.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, tiene su fundamento constitucional en la fracción XXV del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual establece la facultad del Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. La Ley establece los principios y disposiciones fundamentales para la preservación de los bienes culturales que, por decisión de la autoridad legitimada para ello o por determinación de ley, integran el conjunto de bienes que la Nación considera de utilidad pública su conservación en el tiempo.

SEGUNDA. La Ley recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación de los bienes culturales tangibles como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, inscribe en un régimen de protección a los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, que son resultado de las expresiones y manifestaciones de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, de los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como los que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

TERCERA. En el marco jurídico al que se adscriben los sitios arqueológicos, corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia señalar los términos y condiciones a que deben sujetarse los trabajos que, eventualmente, se realicen en el entorno de los sitios, así como las obligaciones de quienes los realicen. Además, tiene la facultad de suspender los trabajos que se ejecuten sin autorizacio?n, que violen la autorización concedida o en los que haya substraccio?n de materiales arqueolo?gicos. En su caso, la autoridad procedera? a la ocupación del lugar, a la revocacio?n de la autorizacio?n y a la aplicacio?n de las sanciones que correspondan.

CUARTA. Como antecedente, durante el segundo semestre del año 2016, el gobierno federal encomendó a la asociación civil Ecología y Conservación de Islas, A.C., la erradicación de fauna nociva en la Isla Espíritu Santo (de Baja California Sur), catalogada como área natural protegida por las autoridades mexicanas, y como patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Cabe destacar que, además de estas dos condiciones de la Isla, en la que se ubican un conjunto de sitios arqueológicos, consistentes en campamentos y yacimientos de bienes de flora y fauna y herramientas, que le confieren un valor cultural al sitio.

QUINTA. El sitio arqueológico conocido como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, en los catálogos del INAH, ubicada en la Isla Espíritu Santo en Baja California Sur, presenta una extensión de siete mil metros cuadrados, con registros de presencia humana entre los años 3000 a.C. y 1700 d.C., en donde se reunían para recolección conchas de mar y preparación de alimentos, pero también, de otras especies de flora y fauna, tanto acuáticas como terrestres. La superficie y el subsuelo presentaban vestigios de fogones y piedras labradas con miles de años de conservación. En esta zona arqueológica, los miembros del Grupo Ecología y Conservación de Islas, presuntamente removieron “sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas”, así como para crear veredas por las cuales transitar, tal como consta en los reportes de daños arqueológicos causados en este sitio, elaborados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

SEXTA. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que el daño ocasionado en este sitio arqueológico es irreversible e informó, en el año de 2017, que no se había realizado ninguna acción de recuperación y salvamento de los vestigios dañados por el Grupo Ecología y Conservación, A.C., en las islas, no obstante que se contaba con un plan de atención de daños. Asimismo, tanto el INAH, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no habían presentado denuncia ante las autoridades de la Procuraduría Federal de la República con motivo de la afectación a la zona arqueológica.

SÉPTIMA. En este sentido, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, establece en el artículo 52 que, quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Es de señalarse que, los bienes arqueológicos, como ya fue señalado, son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. Cualquier tipo de afectación a su integridad, obstaculiza las labores de investigación que sobre poblaciones pretéritas se llevan a cabo por parte de investigadores del propio instituto o de otras instancias académicas. La ley le confiere a la investigación el carácter de utilidad pública.

OCTAVA. Por otra parte, el documento denominado “Estrategia participativa para la erradicación de cabras ferales de la Isla Espíritu Santo”, firmado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Conanp, el gobierno de Baja California Sur, el ayuntamiento de La Paz, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroesta S.C., y el Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., no incluye en ninguna de sus partes un plan para preservar los 159 sitios arqueológicos identificados en este complejo insular. Es de considerarse que en el documento se omite la existencia de estos sitios arqueológicos y, en el apartado donde se enlista a las instituciones que se debe solicitar autorización, la “estrategia participativa” no contempla al Instituto Nacional de Antropología e Historia como la autoridad responsable de autorizar trabajos en donde existen sitios arqueológicos.

NOVENA. Sin embargo, informes oficiales del Instituto arrojan que los arqueólogos de este organismo desconcentrado acudieron a la Isla Espíritu Santo en abril de 2016 (un mes antes de que la estrategia participativa fuera puesta en marcha) para indicar a los responsables de esta asociación, en lugar en dónde podían instalar su campamento a fin de garantizar la integridad de los sitios arqueológicos. El lugar elegido fue la “Ensenada Ballena”, en un punto donde no existían tales vestigios. A pesar de ello, cuatro meses después, a finales de septiembre de 2016, especialistas del INAH detectaron que los empleados del Grupo Ecología y Conservación de Islas habían mudado el campamento hacia otro punto sin autorización previa. Ese nuevo punto para acampar, fue el sitio arqueológico de Ensenada La Raza, identificado como J66 El Gallo II-3.

DÉCIMA. De acuerdo con información del portal de noticias Sin Embargo, a través del cual se ha difundido el caso, y que pone a la disposición del público diferentes materiales sobre el mismo, el Instituto ha elaborado un plan de salvamento para resarcir los daños al sitio J66 El Gallo II-3, el cual cumple con las características de un monumento arqueológico conforme a las disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta circunstancia implica que la autoridad debe aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la ley. No obstante ello, por el mismo portal, se conoce la existencia de un plan de salvamento arqueológico, que podrá desarrollarse en un periodo de seis meses con un costo (estimado en enero de 2017) de 824 mil pesos que, según estableció la dependencia, debería ser financiado por el Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., en su condición de responsable del daño.

DÉCIMA PRIMERA. En opinión de las y los integrantes de la Comisión de Cultura, no se conocen las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la denuncia por daño al sitio arqueológico, ni tampoco las razones por las que se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente podrían eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de la Asociación Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., por lo que se considera de interés público conocer las razones y estado de avance del asunto en análisis.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en términos del artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur.

Senado de la República, el 27 de noviembre de 2018.

COMISIÓN DE CULTURA.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Vamos a solicitar a los asesores que están presentes en la sesión que guarden el debido orden y respeto, porque de otra manera vamos a pedirles que se retiren del salón de plenos. Si no se puede guardar orden, pediremos a los asesores que se retiren del salón de plenos.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Mora.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: (Desde su escaño) Buenas tardes, señor Presidente.

Solamente para pedirle a la Mesa Directiva que permitan a las compañeras que vinieron a entregar las invitaciones para el evento de mañana en el Cine IFAL, la transmisión de la película Roma, que les permitan estar en el Pleno para hacer su trabajo y para hacer la invitación a los Senadores,

Tenemos muchas personas el día de hoy, agradecemos su asistencia; sin embargo, si fuera tan amable, de permitirles que hagan la invitación, se los vamos a agradecer.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay inconveniente que hagan la entrega, pero sí vamos a pedir que se ponga atención, porque hay mucho barullo, mucho murmullo.

Aquí, ahí tenemos a los Senadores Bonilla y Vasconcelos. Si nos ayudan, por favor. Senadoras Malú Micher. Senadores Armenta Mier, Mancera Espinosa. Castañeda Hoeflich, Rementería, Minerva Hernández. Si nos ayudan guardando el orden.

Y, por favor, a los asesores cumplan su cometido y les pedimos, por favor, que puedan retirarse si es que ya cumplieron con la misión correspondiente.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Di lectura completa del punto de Acuerdo con un punto Único, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Está a discusión. Tiene el uso de la palabra la Senadora Susana Harp Iturribarría, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento. Va a presentar los dos dictámenes de manera conjunta.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Con fundamento en la fracción II del artículo 76, a nombre de los integrantes de la Comisión de Cultura haré la presentación de los dictámenes, de dos puntos de Acuerdo:

El primero de la Senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano.

La propuesta, pertinente en todos sus sentidos, hace referencia al daño irreparable al sitio arqueológico denominado Ensenada “El Gallo”, localizado en la isla “Del Espíritu Santo”, en Baja California Sur.

No es un sitio arqueológico que cuente con edificios como tradicionalmente concebimos a estos sitios, se trata de un campamento con registro de presencia humana de hace más de 3 mil años antes de Cristo y hasta mil 700 después de Cristo.

Es un lugar en donde, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, se llevaban a cabo la recolección de conchas de mar y la preparación de alimentos, además de presencia de vestigios de fogones, piedras labradas, herramientas, fósiles conservados por más de miles de años.

En el año 2016, la Secretaría de Ecología y Protección del Medio Ambiente asignó a la organización civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A. C., la eliminación de fauna nociva.

Esta organización instaló su campamento encima del sitio arqueológico causando daños irreparables al lugar.

El sentido del punto de Acuerdo es preguntar al Instituto Nacional de Antropología e Historia la procedencia de la demanda conforme al artículo 52 de la ley en materia.

Ni la organización social responsable del daño puede quedar impune, ni la autoridad del INAH puede ser omisa ante esta denuncia, así que pedimos su voto a favor de esta propuesta a efecto de que se informe qué ocurrió con la denuncia. Si llegó a un acuerdo reparatorio conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio o si aplicó alguna clase de sanción en el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artisticos e Historicos.

Esta es la primera.

El segundo, es un dictamen de la Comisión de Cultura que pone en consideración de este Pleno, de los Senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, está relacionado con el lamentable incidente del Museo Nacional de Brasil que afectó doscientos años de investigación y cientos de miles de piezas de patrimonio cultural de los brasileños.

Y no es para menos la preocupación señalada en esta propuesta porque México es un país prolífico en la cuestión de la cultura.

Nuestros museos albergan más de 30 siglos de historia de las civilizaciones que han habitado el territorio nacional.

Protegerlos y legarlos a futuras generaciones es nuestra responsabilidad, por ello la pertinencia de este punto de Acuerdo a efecto de que la Secretaría de Cultura, a través del INAH y el INBA y los gobiernos de los estados realice un censo, evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y de protección de bienes culturales bajo su custodia, así como la seguridad de los inmuebles que los albergan.

La resolución hace un llamado de atención a la seguridad de los bienes culturales de los que nos sentimos orgullosos y que representan no únicamente un legado para los mexicanos, sino un patrimonio para la humanidad.

Por ello, solicito a todo este Pleno su voto a favor de estos dos puntos de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Susana Harp.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Verónica Delgadillo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadoras y Senadores:

Durante muchos años el patrimonio cultural en nuestro país ha permanecido en el total olvido y, sobre todo, ha sido tristemente despreciado.

En algunos casos por ignorancia, en otros por la presión de intereses particulares, pero en muchos casos por el simple desinterés y la falta de conciencia de las propias autoridades.

Lo cierto es que, independientemente de las razones, mucho de nuestro patrimonio cultural hoy está en peligro, y quienes hoy tenemos una responsabilidad pública no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

El día de hoy tenemos a discusión dos dictámenes muy importantes:

El primero, es un caso que de verdad parece un guion de película y sólo lo conocemos gracias al extraordinario trabajo de un periodista, de Paris Martínez, del medio digital Animal Político.

Y se refiere al caso de lo que sucedió en Espíritu Santo, una isla en la que hay vestigios arqueológicos y que es tarea del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia conservarlos, pues aquí se aplicó supuestamente lo que iba a ser un programa para erradicar especies tóxicas que habitaban en la isla, unas cabras, en el que se aplicó una estrategia participativa, en la que curiosamente no participó nadie más que el gobierno y una asociación civil.

El programa no tuvo ni siquiera un estudio previo de las implicaciones que tendría realizar esas actividades en la isla, en el manejo ambiental o arqueológico que ella tendría.

El trabajo lo iban realizar supuestamente en tres meses, ya van de veintiseis meses sin que el trabajo concluya, pero lo peor de todo esto, es que durante este tiempo los responsables de llevar a cabo esas tareas dañaron de manera irreversible el 52 por ciento  de la zona arqueológica que existe en esa isla, por lo que es urgente que el INAH informe a esta Soberanía la procedencia de la denuncia correspondiente, y también que haga todo lo que está en sus manos para rescatar dentro de lo humanamente posible esos vestigios que son patrimonio de todas y de todos nosotros.

Y el segundo caso es muy noble, y también les puedo compartir que me siento muy contenta de proponerlo, y se refiere a que la Secretaría de Cultura y las 32 entidades federativas realicen un diagnóstico de la situación que guarda la seguridad, la protección de nuestros museos, de nuestros monumentos, de las zonas arqueológicas y que después de dar a conocer esa información se implementen y se actualicen las medidas y protocolos que son necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente, desastre o afectación del patrimonio cultural de este país.

Y aquí quiero que recordemos el terrible caso del incendio en Brasil que arrasó con el Museo Nacional, en el que se perdieron incontables obras de arte, eran materiales, piezas, información que ahí guardaban, documentación de la historia y documentación que describe la historia de nuestra civilización.

Miren, compañeras y compañeros, nosotros propusimos estos acuerdos y vamos a votar a favor de ellos porque en Movimiento Ciudadano entendemos que la cultura no puede ser una moneda de cambio, no puede ser para intercambiar favores o para beneficiar asuntos económicos; la cultura tiene que ser, en nuestro país, la verdadera palanca para la transformación de México.

Por todo lo anterior, los invito a votar a favor de estos Acuerdos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira Rosales San Román, del PAN, para hablar a favor de la iniciativa.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional a hablar en favor los dos dictámenes que la Comisión de Cultura ha puesto a consideración de este Pleno.

Se trata, en primer lugar, de un asunto que a todos debe llamarnos la atención y que se refiere al cuidado, protección y preservación del patrimonio cultural de nuestro país.

México es un país con un gran legado cultural y como tal contamos con innumerables vestigios de cada uno de los pueblos que habitó el territorio nacional, de la cultura Olmeca, Mexica, Teotihuacana, Maya y Zapoteca, entre otras tantas.

Compromete en cada año muchos recursos para el sostenimiento, difusión e investigación de dada uno de estos sitios arqueológicos.

El punto de Acuerdo que presentó mi compañera Verónica Delgadillo, justamente se refiere a este cuidado que debemos poner en cada sitio.

En su proposición, la Senadora informa a esta Soberanía que en el año 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estableció una estrategia para abatir la presencia de las cabras perales de la Isla Espíritu Santo, ubicada en Baja California Sur, cuyo crecimiento de población puso en riesgo la fauna y flora de dicha isla.

La asociación civil encargada de esta labor fue la denominada Grupo de Ecología y Conservación de Islas, GECI, A.C., quienes no sólo incumplieron con sus encomiendas, sino también durante sus actividades afectaron la zona arqueológica en comento.

Asimismo, señaló que conforme a la información emitida por el INAH el 52 por ciento  de esta isla presentó daños irreversibles, que hasta el día de hoy no han sido reparados.

Por ello, el pasado 27 de noviembre, los integrantes de la Comisión de Cultura que preside la Senadora Susana Harp, discutimos la presente proposición, y coincidimos de manera unánime en las siguientes consideraciones que se deben destacar:

Primero. La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece en el artículo 52, que quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado.

Segundo. Informes oficiales del INAH arrojan que los arqueólogos de este organismo desconcentrado acudieron a la Isla Espíritu Santo en abril de 2016, un mes antes de que la estrategia participativa fuera puesta en marcha para indicar a los responsables de esta asociación el lugar donde podían instalar su campamento, a fin de garantizar la integridad de los sitios arqueológicos. El lugar elegido fue la Ensenada Ballena, en un punto donde no existían tales vestigios.

A pesar de ello, cuatro meses después, a finales de septiembre de 2016, especialistas del INAH detectaron que los empleados del Grupo Ecología y Conservación habían mudado el campamento hacia otro punto sin autorización previa. Ese nuevo punto para acampar fue el sitio arqueológico de Ensenada La Raza.

Por lo anterior, en opinión de las y los integrantes de esta Comisión se consideró oportuno, en primer lugar, conocer las razones por las cuales no se han llevado a cabo la denuncia por el daño al sitio arqueológico y las razones por las que no se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente, podrían eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de esta asociación.

El grupo parlamentario de Acción Nacional estará siempre a favor de la preservación y cuidado de nuestro patrimonio arqueológico y cultural, por ello, votaremos a favor del presente dictamen.

Por otra parte, se presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.

Lo anterior, con la finalidad de asegurar el mantenimiento y cuidado de sus inmuebles e instalaciones para que no vuelva a ocurrir, para que no ocurra en México un suceso como lo ocurrido el 2 de septiembre en Brasil, cuando un incendio destruyó el Museo Nacional.

Estos lamentables acontecimientos constituyen un llamado a la reflexión y a la evaluación.

Nuestro país ha sido y es una potencia cultural, ningún país en el continente cuenta con más sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad ni con tantos vestigios.

Tal diversidad nos enorgullece y nos brinda un sentido de pertenencia a una comunidad milenaria.

Sin embargo, para que nuestras hijas, hijos puedan participar de este sentimiento, es necesario tener políticas públicas de gestión y preservación del patrimonio cultural, y precisamente o por esto se trata este punto de Acuerdo.

Se trata de realizar un exhorto a las autoridades responsables de los bienes culturales en resguardo en museos para que los recintos que los albergan cuenten con protocolos de seguridad de todo tipo.

La idea es realizar un censo de museos a nivel nacional con la participación de los ejecutivos de cada uno de los estados, y la puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección.

Es evidente que en muchos museos y zonas arqueológicas cuentan con programas de manejo y operación, pero más allá de los programas de protección civil no exige una normatividad específica.

En México tenemos museos de todo tipo, tan solo en mi estado, Veracruz, contamos con el Museo de Antropología que es el segundo más importante de todo el país y que algo le ocurriera sería terrible para el patrimonio de todos los mexicanos.

Existen mil 332 museos en todo el país y sus colecciones representan de lo más representativo para nuestra historia.

Ya alguna vez perdimos nuestro patrimonio de manera irreparable, cuando en 1982 se acabó con el acervo cinematográfico nacional, o cuando en 1985 también fueron sustraídas invaluables del Museo de Antropología e Historia.

Con ello quiero decir que no estamos exentos de contingencias en los museos, y por ello nuestro voto es a favor de que se realiza esta evaluación de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales en custodia de los museos públicos, incluyendo los recintos que albergan dichas colecciones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira de Jesús.

En virtud de no haber más oradores y oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Los dos acuerdos?

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Corrijo entonces la votación?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perfecto, uno por uno. Adelante.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Entonces, que se apruebe el primer Acuerdo planteado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos ahora a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de Acuerdo que exhorta a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo custodia de la Secretaría de Cultura. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente, doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Cultura le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXIV Legislatura proposición con Punto de acuerdo presentado por los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que  exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, Los integrantes de la Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2018, los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, párrafo primero, fracción II, así como en el artículo 276, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Senado de la Republica.

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene como finalidad solicitar a todas aquellas dependencia federales y estatales que tienen bajo su custodia patrimonio histórico y cultural de la nación, ya sean museos, zonas arqueológicas o monumentos históricos, aseguren el mantenimiento y cuidado de sus inmuebles e instalaciones, con la finalidad de evitar un suceso como el ocurrido el 2 de septiembre en la República Federativa de Brasil, cuando un incendio destruyó el Museo Nacional, el más importante de Brasil y Sudamérica.

El lamentable acontecimiento causó una pérdida irreparable de innumerables bienes muebles, además de los daños al inmueble que los albergaba. De acuerdo con la propuesta de Punto de acuerdo, el gobierno de ese país estima daños a alrededor de 20 millones de piezas de museo y la afectación a más de 200 años de investigación acumulada en las mismas.

Las causas del incendio aún no están suficientemente claras. De hecho, se tiene la hipótesis de un corto circuito o, bien, la caída de un pequeño globo aerostático en el inmueble. Es de señalarse que, con motivo de la reducción presupuestal a que fue expuesto el museo, expertos y trabajadores advirtieron la situación de vulnerabilidad del recinto, sin embargo, no se llevaron a cabo acciones de mantenimiento suficientes.

Por otra parte, los senadores proponentes señalan que el Museo Nacional de Antropología, una institución muy reconocida a nivel mundial, tiene en sus bodegas una gran cantidad de bienes que se encuentran en riesgo, muchas veces, por falta de mantenimiento de las bodegas de bienes culturales, y señalan el cierre específico de la biblioteca por la presencia de goteras, al igual que el cierre temporal de las salas etnográficas de prácticamente todas las salas de exposición permanente.

En tal virtud, consideran la importancia de refrendar el compromiso con la preservación del patrimonio cultural como una fuente de riqueza, expresión de la diversidad y ejemplo de la fortaleza que proporciona la cultura. Con la proposición se hace un llamado a las dependencias federales y estatales que tienen bajo su custodia diferentes bienes culturales, a establecer mecanismos de inspección y análisis de los inmuebles, así como reforzar y sistematizar las acciones que deben efectuarse en caso de siniestros ocasionados por desastres naturales o factores humanos en monumentos, zonas arqueológicas y muesos.

Tomadas en cuenta las motivaciones expuestas por los senadores proponentes, las y los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, hacen las siguientes consideraciones.

CONSIERACIONES

PRIMERA. México es un país prolífico en su producción cultural. Por más de treinta siglos muchas civilizaciones dejaron testimonios imborrables de su cultura y tradición, de las que hoy conocemos vestigios de grandes edificaciones y obras de ingeniería, pero también incontables muestras de bienes en cerámica, metales, indumentaria, ornamentos, tallas en piedra y madera, estucos y mascarones, así como elementos de la arquitectura colonial con sus innumerables manifestaciones pictóricas, en cuadros y retablos, además de estofados, objetos religiosos en metal y madera, púlpitos, pilas bautismales, aljibes, colegios o conventos. Un patrimonio material integrado por cientos de expresiones de las distintas etapas del curso de la historia nacional. Somos una Nación con innumerables vestigios arqueológicos, artísticos e históricos de diferentes épocas, tanto muebles como inmuebles, que nos convierte en un país megadiverso en testimonios y expresiones culturales.

SEGUNDA. La tradición museística en México toma forma con la fundación, en el año de 1825, del Museo Nacional en la etapa del México Independiente, uno de los primeros actos de gobierno del Primer Presidente de México, Guadalupe Victoria. A este sitio llegaron en su momento una inmensa cantidad de obras artísticas de las diferentes épocas de México, en especial de origen prehispánico, entre ellas, la escultura de la Coatlicue y el Calendario Azteca. Esta iniciativa de Lucas Alamán sentó un precedente para que otros mexicanos ilustres, como Joaquín García Icazbalceta, Francisco del Paso y Troncoso, Leopoldo Batres y Justo Sierra, sentaran las bases, durante el siglo XIX, de una política de protección al enorme legado cultural heredado de los pueblos originarios del territorio nacional y el generado durante los trescientos años del virreinato.

TERCERA. Nuestro país ha forjado instituciones gubernamentales de cultura sólidas y de gran trayectoria. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939), el Fondo de Cultura Económica (1934), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (1946) y, en su momento, el Instituto Nacional Indigenista (1948), son expresión de ello. El arte y la cultura en nuestro país han sido una preocupación constante y un elemento de interés público presente en la consolidación misma del Estado mexicano. Esta tradición institucional ha respondido al interés de mantener vigentes los valores y la diversidad de expresiones culturales de los mexicanos. A la gran cantidad de manifestaciones creativas han correspondido políticas públicas que fomentan los valores, la diversidad, la tradición y los distintos símbolos y significados de las culturas originarias, de las culturas populares o de las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo.

CUARTA. En México existen mil 332 museos; un museo por cada 84 mil 337 habitantes. Sus vocaciones varían: arte, historia, ciencia y tecnología, de sitio o antropología, además de museos temáticos o especializados. Están adscritos a la Federación, a los gobiernos de los estados, a los ayuntamientos, a asociaciones civiles, a corporativos empresariales, universidades y centros de educación, etcétera. No cuentan con una regulación específica y generalizada aplicable a todos, salvo aquellos cuyas colecciones constituyen bienes nacionales o, bien, integran monumentos arqueológicos, artísticos o históricos muebles, cuya normatividad dependen del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

QUINTA. Las zonas arqueológicas en nuestro país, por disposición de ley, son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. Todas están bajo adscripción Federal y bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Existen actualmente 192 zonas arqueológicas abiertas al público de un universo de más de 42 mil 600 sitios, según el Atlas de Infraestructura Cultural de 2010. Dichas zonas constituyen, desde campamentos de cazadores en tránsito, hasta sitios monumentales como Teotihuacan, Palenque, Chichen-Itzá, Monte Albán o Paquimé.

SEXTA. Es evidente que, en materia de preservación de los bienes culturales creados a lo largo de la historia nacional, se ha constituido una política de Estado sólida y de carácter permanente sustentada en los preceptos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en el año de 1972. Sin embargo, a pesar de que la ley establece mandatos muy específicos para garantizar la preservación del legado cultural, no contiene disposiciones respecto de la elaboración de planes y programas de seguridad de los sitios, así como tampoco, de gestión, operación, manejo o de protección civil.

SÉPTIMA. Es de señalarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha  emitido diferentes manuales para regular, por ejemplo, la visita pública en zonas arqueológicas, cuyas disposiciones contienen reglas para garantizar la seguridad de los visitantes. Respecto de las colecciones, también se cuenta con manuales de conservación, movimiento de obra, tiempo de exposición de las piezas, inventario y registro, así como condiciones de préstamo a otras instituciones, nacionales e internacionales. Dichos instrumentos son de carácter operativo e internos, por lo cual, se diseñan para efectos específicos de las colecciones, recintos de exhibición o zonas de monumentos.

OCTAVA. De manera general, se tiene conocimiento de los planes de manejo de las zonas arqueológicas de Monte Albán y Teotihuacán. En ellos se da cuenta para cada zona del polígono de protección, la topografía, análisis de las autoridades conforme a la jurisdicción en la que se localizan los sitios, así como los grupos sociales residentes en la región, los usos del suelo, las reservas, los elementos de conservación del medio ambiente, los regímenes de propiedad dentro del polígono, los programas de mantenimiento, de protección civil, los servicios al público, el registro de los bienes inmuebles y su estado de conservación, la programación de intervenciones, etcétera. Todos estos elementos constituyen, conjuntamente con los proyectos de investigación, la reglamentación de la visita pública y la delimitación de actividades dentro de la zona, elementos que hacen viable la preservación en el tiempo de las zonas, sobre todo, de aquellas que tienen un alto índice de visitas, como Tulum, Teotihuacan o Xochicalco.

NOVENA. Sin duda, los museos y las zonas arqueológicas se encuentran expuestas a los fenómenos meteorológicos que año con año, incrementan su grado de peligrosidad por motivo del cambio climático. El Huracán Gilberto, en 1988, causó daños graves a la zona arqueológica de Filobobos y a la zona de monumentos artísticos creada por Edward Kemp en Xilitla. También los sismos de 2017, ocasionaron graves daños al patrimonio cultural de Oaxaca, Guerrero, Puebla y el Estado de México, lo cual ha implicado una previsión presupuestal de más de ocho mil millones de pesos.

DÉCIMA. En el caso de los museos, la regulación sobre protección civil a nivel local y estatal, obliga a estas instituciones a contar con un plan de protección civil para brindar los servicios de visita pública. Sin embargo, en relación con el manejo y administración de colecciones, los museos se rigen por las disposiciones de las entidades a las que están adscritos, ya sea Federal, Estatal, Municipal o de carácter privado. Pero es de señalarse que, en ningún caso, el mantenimiento preventivo de los inmuebles, en donde se resguardan colecciones de bienes culturales, forman parte de alguna regla o disposición obligatoria para quienes administran los museos. Específicamente, no hay una regla que obligue a mantener condiciones de control de temperatura y humedad en las bodegas de otra artística, tampoco para llevar a cabo labores de impermeabilización de los inmuebles.

DÉCIMA PRIMERA. Es por ello que la solicitud de los senadores proponentes del Punto de acuerdo, en opinión de esta dictaminadora, resulta procedente a fin de que, en tanto se desarrollan las disposiciones reglamentarias que abunde en la seguridad de las grandes colecciones de bienes culturales de nuestro país, se lleve a cabo un diagnóstico general sobre medidas y protocolos de seguridad de las mismas, sin dejar de lado los avances que en la materia tienen el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

DÉCIMA SEGUNDA. Las y los senadores integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la importancia que el legado cultural tiene para efectos de nuestra identidad y pertenencia a la Nación mexicana. El lamentable incendio del Museo Nacional de Brasil del pasado 2 de septiembre de 2018, constituye un llamado de atención a la seguridad de los bienes que, además de pertenecer orgullosamente a los mexicanos, representan un legado cultural de la humanidad de parte de las civilizaciones que han habitado y habitan el territorio nacional.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, para que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se realice la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del INAH.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de las entidades federativas a llevar a cabo el censo, evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan.

Senado de la República, el 27 de noviembre de 2018

COMISIÓN DE CULTURA.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

El dictamen está a discusión. Pero los posicionamientos que escuchamos fueron sobre éste y el anterior dictamen, que ya votamos.

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta a garantizar los recursos suficientes al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra a la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a nombre de la Comisión de Derechos Humanos a fundamentar tres dictámenes, compañeras y compañeros.

El primero, relativo al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual tiene como objeto garantizar la vida e integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio para la libertad de expresión y el periodismo.

Existe preocupación por parte de la Comisión de Derechos Humanos sobre la necesidad de recursos económicos para el mecanismo, toda vez que de no contar con ellos se va a dejar en estado de indefensión a más de 702 personas beneficiarias.

Lo anterior, ya que apenas hace unas semanas el mecanismo se quedó sin recursos y fue gracias a la presión social realizada que la Secretaría de Hacienda transfirió recursos para concluir el presente Ejercicio Fiscal; sin embargo, es necesario que se garantice un presupuesto suficiente al fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que permita dar continuidad a las medidas preventivas de protección y urgentes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el próximo ejercicio 2019.

El segundo dictamen va en el mismo sentido, y es para solicitar recursos suficientes para diversas instituciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, tal y como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es la encargada de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Actualmente su programa de Acompañantes Integrales cuenta con 20 personas que atienden a 1,630 víctimas.

Igual ocurre con la falta de asesores jurídicos y el personal especializado de la CEAV, ya que existe una gran desproporción entre el número de abogados que defienden a las y los imputados en un proceso penal con relación a las y los abogados que defienden a víctimas, ya que la defensoría pública en el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con 884 abogados, con un promedio de 26 casos por cada uno, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con 152 abogados, que tienen asignados, en promedio, compañeras y compañeros, 105 casos por abogado.

Otra institución que cuenta con múltiples necesidades de recursos es la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que debe cumplir con numerosas obligaciones, tal y como  son:

Coordinar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Emitir el Programa Nacional de Búsqueda e integrar cada tres meses los avances y resultados del cumplimiento de dicho programa.

Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos.

Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos y tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, entre muchas otras.

Durante el presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un presupuesto únicamente de 486 millones de pesos, de los cuales 186 millones fueron para cumplir todas las obligaciones con las que cuenta y el resto destinado a las entidades federativas.

Por otro lado, México cuenta con otras instituciones que defienden y protegen los derechos humanos y como tal necesitan ser dotados de presupuesto suficiente, tal y como lo son: la Subprocuraduría de Derechos Humanos; Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la aún Procuraduría General de la República; la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Si bien es cierto contaron con un Presupuesto de Egresos con perspectiva de derechos humanos, es concordante con el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, también lo es que dicho aumento implica una responsabilidad en el uso y destino de los recursos públicos utilizados.

Por lo que esta comisión estará pendiente de que los recursos públicos destinados a la promoción y protección de los derechos humanos sean utilizados conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

El tercer dictamen se refiere al examen periódico universal, el cual es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para examinar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de nuestro país.

México debe aceptar, rechazar o asumir su posición ante las recomendaciones emitidas.

El examen se estableció en 2006, y desde entonces México ha sido revisado en dos ocasiones. En febrero de 2009, en donde se emitieron 91 recomendaciones y en octubre de 2013, en donde se emitieron 176 recomendaciones.

El tercer examen tuvo lugar en la Ciudad de Ginebra, el pasado 7 de noviembre de 2018. México recibió una lista de 264 recomendaciones; 102 estados se pronunciaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Una de las preocupaciones principales fue la ausencia de investigaciones imparciales, identificación y enjuiciamiento de los responsables mediante instancias especializadas y legislación específica.

Los temas recurrentes en la ONU fueron: Ayotzinapa, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, violencia de género y feminicidios, derechos de las y los migrantes, desplazamiento forzado interno, discriminación de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Por su parte, el 9 de noviembre del presente año, México tuvo un diálogo de seguimiento en la sustentación del informe sobre desaparición forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Dicho comité es uno de los órganos de supervisión de tratados del Sistema Universal de los Derechos Humanos.

Se recibieron 21 recomendaciones, las cuales van desde la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hasta fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, en México.

El presente dictamen tiene como objeto contar con toda la información que permita a este Senado de la República generar una agenda para desahogar las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Por lo anterior y toda vez que los mismos son dictámenes que buscan proteger los derechos humanos, solicito, compañeras y compañeros, su voto a favor tal y como se ha realizado también en la Comisión de Derechos Humanos, y sirva la presente para agradecer a las integrantes y a los integrantes de la comisión dictaminadora su respaldo y su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Kenia López.

Está a discusión el Acuerdo. En virtud de no haber oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se solicita la información y documentación presentada por la Delegación Oficial del Estado Mexicano y la recibida por parte de las instancias competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal en torno a la situación de los derechos humanos en México y el Diálogo de Seguimiento de la sustentación del Informe México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

La Senadora Kenia López Rabadán ya presentó este dictamen también.

Está a discusión. ¿Pregunto si hay oradoras oradores?

De no haberlos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta a incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 los recursos suficientes para las instituciones que promueven y defienden los derechos humanos en México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El dictamen ya fue presentado por la Senadora Kenia López Rabadán.

Está a discusión. De no haber oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdoen mención. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de Acuerdo en relación al éxodo de migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Bertha Alicia Caraveo, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores; Compañeros todos:

Este dictamen con punto de Acuerdo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que es referente al éxodo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos de América en su paso por territorio mexicano, éste se presentó ya con el presidente ya saliente.

En este sentido, debo mencionar que ya se está trabajando por la Secretaría de Gobernación, y en comunicación con autoridades estatales y municipales con un plan de atención integral.

Aclarado esto, debo mencionar que en México sabemos lo que es ser migrante, todas y todos tenemos familiares y amigos que encontraron en la migración una válvula de escape para mejorar su vida y resolver su precariedad económica.

En ese intento por llegar a Estados Unidos miles de mexicanos han perdido la vida y muchas familias se han desintegrado, pero este fenómeno también ha alcanzado a nuestros hermanos centroamericanos, en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, la precaria situación económica y política ha orillado a sus habitantes a buscar nuevas oportunidades, por lo que intentan llegar a los Estados Unidos de América, para lo que tienen que atravesar todo el territorio mexicano, enfrentando diversos obstáculos y peligros y poniendo en riesgo su propia vida.

Es así que desde el pasado 19 de octubre miles de migrantes centroamericanos agrupados en la mal llamada caravana han ingresado a México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América; sin embargo, hasta el momento muchos han estado varados en la frontera norte de México, otros se encuentran diseminados en la Ciudad de México y otros continúan su tránsito desde el sureste hacia el norte.

En la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la cual soy Secretaria, estamos de acuerdo con lo planteado por la doctora Leticia Calderón, profesora e investigadora del Instituto Doctor José María Luis Mora, de no llamar caravana al grupo de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos de América, sino referirnos a este hecho como un éxodo, porque nuestros hermanos centroamericanos, en su mayoría, viene, huyendo de sus países ante la situación adversa por la que atraviesan.

En el caso particular de Baja California hemos denunciado la ineptitud y la torpeza con la que han actuado el gobierno estatal y el municipio de Tijuana, y el colmo de esa actitud fue la irresponsable decisión del alcalde de Tijuana que, conociendo del grave problema que tendría la ciudad, prefirió irse a China bajo el pretexto de llevar inversiones a la ciudad.

Es por ello que desde esta tribuna exigimos a los tres órdenes de gobierno coordinarse y atender la situación en la que se encuentra el estado, y que con discursos de odio y de confrontación sólo hace más grave la situación.

Las y los legisladores no podemos ignorar este fenómeno, debemos ser congruentes con nuestra Constitución, que reconoce los derechos humanos y el trato digno para todas las personas, incluyendo los extranjeros, sólo por el hecho de pisar suelo nacional.

En este contexto, en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios hemos recibido diversos instrumentos legislativos de integrantes de los distintos grupos parlamentarios y de la sociedad civil, académica y empresarial relacionados con el éxodo de migrantes centroamericanos con la intención de sumar voces y llegar a soluciones conjuntas, y que nos han acompañado en las distintas reuniones.

El dictamen que ponemos a su consideración incluyó seis proposiciones con punto de Acuerdo presentadas por Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PRI, Morena, PT, MC y PRD.

Y dos acuerdos aprobados, uno por el pleno de la Cámara de Diputados, y otro por la legislatura del estado de Zacatecas.

Por lo anterior, se propone:

Primero.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad con los migrantes centroamericanos que vienen en éxodo, principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes buscan mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias.

Segundo.- El Senado de la República condena enérgicamente las amenazas del uso de la fuerza en contra de los migrantes que vienen en éxodo desde Centroamérica, y rechaza cualquier acción violenta y discriminatoria que pretenda limitar, suspender, restringir o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en tránsito.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la autoridades de los tres órdenes de gobierno que brinden un trato respetuoso y apegado a los derechos humanos de las personas que integran el éxodo de migrantes centroamericanos, poniendo especial cuidado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tienen por objeto garantizar el acceso de las personas migrantes a una asistencia humanitaria.

Quinto.- El Senado de la República exhorta respetosamente al titular del Ejecutivo Federal se privilegie la asistencia humanitaria y el respeto a los derechos humanos de los migrantes que vienen en éxodo.

Sexto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se informe a los migrantes centroamericanos que vienen en éxodo sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México, del otorgamiento de protección complementaria, de la concesión de asilo político y, en su caso, apoyo a los trámites de repatriación, así como los procedimientos respectivos.

Es momento de seguir la tradición de refugio que a México le generó el respeto y el afecto de los pueblos del mundo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bertha Caraveo.

Está a discusión el Acuerdo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Geovanna Bañuelos, desde su escaño, para hablar a favor del Acuerdo.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Muchísimas gracias.

Expresar que el Partido del Trabajo respalda este exhorto, que nuestra Carta Magna es muy clara, no solamente los nacionales gozarán de los derechos en ella establecidos, sino toda persona, incluyendo los extranjeros, y ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en nuestro país, pues le deben ser reconocidos todos los derechos, igual que el resto de las personas, y por ello deben de ser respetados, ya que hablar de derechos humanos y trato digno equivale a referenciar conceptos que deben prevalecer con contundencia en caso de vulnerabilidad.

La solidaridad que históricamente ha caracterizado a nuestro país siempre ha mostrado una postura de compromiso y respeto ante situaciones humanitarias, y en el Partido del Trabajo en particular, no tengan duda nuestros hermanos centroamericanos, que buscaremos las coordinaciones interinstitucionales necesarias para salvaguardar la integridad y derechos humanos de nuestros hermanos migrantes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre.

Tiene ahora la palabra la Senadora Gina Cruz.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sí me gustaría hacer una precisión.

En el Partido Acción Nacional creemos y pensamos que es de suma importancia, precisamente, y de urgencia la aprobación de este dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, en donde se plasman precisamente todas las voces de todos los partidos que aquí estamos representados, porque es un tema en donde existe total coincidencia.

Por lo cual, el pasado jueves y por unanimidad de este Pleno del Senado de la República aprobamos un punto de Acuerdo en el que precisamente su servidora presentó y en donde la Mesa Directiva lo hizo suyo en este mismo sentido.

Sólo quiero manifestar que estaremos votando a favor; sin embargo, sí quiero que quede constancia que no estamos de acuerdo en que por parte de la Secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos se haya conducido de manera no institucional, ella presentó el dictamen.

Debió haberse basado únicamente en los resolutivos y en los considerandos en donde en ningún momento ningún considerando, según lo que yo he leído, ni siquiera en las iniciativas que se presentaron, se manifestó que el gobierno de Baja California o el ayuntamiento de Tijuana no estuvieran cumpliendo con su responsabilidad, y al contrario, aquí se manejó que fueron irresponsables.

Yo lo único que pediría es que cuando se presente un dictamen representando a una comisión se manejen de manera institucional, ya los posicionamientos que haga cada quien de manera personal o representando un partido político estoy de acuerdo que se hagan las manifestaciones que cada quien crea necesarias y respetaremos cada quien su postura.

Es cuanto.

Pero sí nada más precisar que estaremos a favor y votaremos a favor este dictamen.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gina Cruz.

Pregunto si hay más oradores u oradores. De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo y vigilar la licitación pública nacional para la adjudicación del contrato de prestación de servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de autopistas concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame tantito, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Clemente Castañeda.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Perdón por la interrupción a la Senadora Citlalli.

Por economía procesal, le comparto que la Comisión de Anticorrupción había acordado que se pudieran presentar todos los dictámenes en un solo momento, con la finalidad de que la presentación de los mismos estuviera a cargo de la Senadora Citlalli Hernández.

Si esto pudiera ser posible, se lo agradeceremos mucho.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, es lo que se ha estado haciendo en el caso de los dictámenes anteriores.

¿Pregunto aquí a la Senadora Citlalli Hernández si así será también?

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Sí, de hecho justamente eso es lo que iba a plantear, agradecer y con su venia voy a dar lectura a ocho dictámenes que corresponden a diez puntos de Acuerdo que llegaron a la comisión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora.

A ver, permítame tantito.

Sonido en el escaño del Senador Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Yo estoy absolutamente de acuerdo, sólo que sí habría que, precisamente para guardar procedimiento de manera adecuada, habría que plantear desde la lectura que hizo la Secretaria, porque sólo se refirió a uno de los ocho dictámenes que están contenidos en este cuerpo de dictámenes de la comisión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En este caso, lo que va a hacer de manera conjunta la Senadora Citlalli Hernández era la presentación de los dictámenes, como ya lo hizo con otros dictámenes la Senadora Kenia López, y después cada uno por separado se resolverán.

¿De acuerdo?

Adelante.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Con la venia de la Mesa Directiva.

Como les comentaba, son ocho dictámenes que corresponden a diez puntos de Acuerdo, todos ya fueron, por supuesto, discutidos en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y le daré rápida lectura a los ocho puntos.

1. Por el que se exhorta o se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios, y a la Secretaría de la Función Pública, transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero.

2. El otro es por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función Pública, así como al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, a informar a esta Soberanía sobre la venta del predio lote 56-K de playa Delfines, en Cancún Quintana Roo, y a realizar las investigaciones respectivas de la misma.

3. Por el que se exhorta a diversas autoridades para que se garantice la debida administración y cuidado de los fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada Pensionissste.

4. El otro es por el que se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación se sirva tomar medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda Pública del estado de Baja California en el último año de gobierno y la práctica de auditoría ante el desfalco por parte del gobierno del estado de Baja California, que ha provocado dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados, así como interinos.

5. El siguiente es por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades, audite a las universidades e instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales que les han sido asignado durante el ejercicio fiscal 2018.

6. El siguiente es por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que aclare las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, de las que se desprende un probable daño a la Hacienda Pública.

7. El siguiente es por el que se exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional.

8. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

9. Finalmente, el último dictamen, es por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo aprobado el pasado 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su prestación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 1º de diciembre de 2018.

Como verán, estas proposiciones, si bien son de diversas materias, tienen varios elementos en común, solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación que investigue el uso y destino de recursos públicos asignados a diversas dependencias, como son las universidades públicas del país, al gobierno de Baja California y al de Chiapas.

En estos puntos de Acuerdo lo que estamos solicitando de manera general es que se aclaren las observaciones realizadas a la Cuenta Pública en el menor tiempo posible, lo que permitirá tener certeza sobre el manejo de los recursos públicos por parte de esas autoridades.

Exhortamos también a Banobras y a la Secretaría de la Función Pública a revisar de manera exhaustiva el proceso de licitación para telepeaje carretero, porque es un tema que ha traído graves afectaciones a los usuarios de este mecanismo y no se cuenta con la debida claridad en el proceso de asignación de los contratos.

Y de igual forma, estamos solicitando información al gobierno de Quintana Roo, al presidente municipal de Benito Juárez, así como a la Secretaría del Medio Ambiente sobre la venta de lotes, en lo que conocemos como Playa Delfines, que es un tema que por supuesto preocupa a la población de este estado, particularmente de manera paulatina se han ido reduciendo las playas públicas en Cancún, por lo que debemos tener claridad sobre la venta de estos terrenos y los impactos ambientales que se pueden producir.

Estamos también exhortando a todos los organismos autónomos a que asuman el compromiso de la austeridad en el manejo presupuestal y que busquen reducir el gasto en actividades innecesarias y superfluas que no impactan en el desarrollo de la responsabilidad que cada uno de estos órganos tiene a su cargo.

Y, por último, estamos pidiéndole al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que modifique el acuerdo sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que pueda estar listo en un periodo no mayor a 60 días, lo que permitirá que los funcionarios del gobierno federal y de los estados que están terminando sus encargos, y a los que se vienen a incorporar, presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses en estos formatos y no perdamos más tiempo en su implementación considerando que este mecanismo es uno de los pilares fundamentales para combatir la corrupción por parte de servidores públicos.

En la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana estamos comprometidos, y eso fue lo que se discutió en las comisiones, hay consenso en el combate a la corrupción y el combate a la opacidad en el manejo de recursos públicos, por eso proponemos al Pleno de este Senado votar a favor de estas propuestas, ya que se trata de que exista mayor información, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y, por supuesto, les pedimos su voto a favor.

Le agradezco también a la comisión y al Presidente de la Comisión, al Senador Castañeda, que me permita presentar estos dictámenes.

Sería cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Citlalli Hernández.

Se han expuesto los ocho dictámenes, pero vamos a procesar cada uno por separado.

En este caso, está a discusión este dictamen, y se concede el uso de la palabra al Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI.

Y después hablará la Senadora Martha Cecilia Márquez, del grupo parlamentario del PAN.

Adelante, Senador Mario Zamora, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos.

La verdad, reconocer el trabajo de la comisión, ocho dictámenes muy importantes, y un tema que para todos tiene relevancia tanto aquí en el Senado como fuera del Senado, que es la transparencia, el combate a la corrupción y a la impunidad.

Y, en particular, yo quisiera hablar de uno que tiene que ver con la declaración patrimonial, la declaración de intereses, y lo más importante, creo, la evolución que el patrimonio de un funcionario público y un representante popular tiene en el tiempo.

Yo creo que mucho nos han dicho ahí en la calle, de cómo cuando alguien, pues llega o llegaba a ocupar un puesto público, de repente su condición económica, todo mundo empezaba a ver que empezaba a cambiar.

Yo creo que ha llegado la hora de ponerle punto final a ese tema, y que los que somos representantes populares y funcionarios públicos vivamos acorde a lo que nuestro patrimonio y nuestros ingresos dan.

Nadie está en contra de que alguien, por distintas razones, tenga distintos ingresos, siempre y cuando se transparenten y que no sea utilizando el puesto que se tiene en el gobierno o en el sector público lo que haga que este patrimonio se vea incrementado.

Creo que es un punto bien importante de lo que la sociedad nos está pidiendo allá afuera y, bueno, esperamos contar en su tiempo con la aprobación de todos ustedes en esta lucha que, insisto, no es de uno, sino de todos el combatir la corrupción y acabar con la impunidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas tardes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Mario Zamora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros:

Como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante también de la Comisión Anticorrupción, quiero hablar a favor de estos dictámenes que se han votado en la comisión.

Respaldamos, desde luego, la intención de estas proposiciones con punto de Acuerdo, las cuales buscan exhortar a diferentes organismos e instituciones que utilizan o se les ha otorgado recurso público para el cumplimiento de sus funciones, así como el tema de contratos y licitaciones que otorgar el sector gubernamental a transparentar la ejecución de este recurso o sus procedimientos.

Todos estamos de acuerdo y hemos reconocido que la corrupción es, sin duda, uno de los males que más costo le generan a nuestro país, ya que representa también un freno para el desarrollo.

Todos hemos mencionado que la corrupción es un lastre y un mal que debe ser mitigado.

Muchos de los que estamos aquí presentes hemos alzado la voz diciendo que no permitiremos casos de corrupción, inclusive se han presentado propuestas de diversos grupos parlamentarios para que el delito de corrupción sea considerado como delito grave.

Desde esta tribuna se ha alardeado de principios elementales que tienen las democracias modernas, como la trasparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Pero hay que reconocer que lo hemos hecho de dientes para afuera, debemos de poner el ejemplo en este Senado, porque el tema del combate a la corrupción siempre se ha utilizado para posicionarse sólo mediáticamente.

Por otro lado, contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción el cual fue creado a través de una ley general que fue publicada en el año 2016, y que originó cambios significativos, se crea un comité de participación ciudadana, se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, un Sistema Nacional de Fiscalización, el cual es el encargado de crear un modelo electrónico para ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales, entre otras cuestiones.

Ante esto, la corrupción sigue imperando en nuestro país, por lo tanto, nos debemos preguntar, ¿qué nos asegura que una estructura burocrática nueva con mayores atribuciones en el ámbito de revisión de cuentas no tome el mismo destino que han tenido todas las estructuras anteriores que tenían el mismo fin?

¿Qué es más redituable? ¿Dotar a las estructuras burocráticas actuales para combatir la corrupción de instrumentos y facilidades que requieren para llevar a cabo su trabajo? O ¿Lo políticamente correcto de que la propuesta principal en cada elección sea: acabar con la corrupción?

El 13 de septiembre el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los formatos de declaración patrimonial y de intereses para crear el nuevo Declaranet, plataforma que empezará a programar de inmediato y que se busca que estuviera lista antes del 1 de diciembre o a más tardar el 30 de abril del siguiente año

Por lo que los servidores públicos salientes y entrantes no utilizarán el formato nacional en sus declaraciones de conclusión e inicio de cargo; la ciudadanía tiene derecho de saber con qué y con cuánto se van los funcionarios del sexenio que acaba de terminar.

Se debe tener información confiable de la situación patrimonial de los servidores públicos, con el objeto de detectar variaciones significativas en sus bienes.

Compañeras y compañeros legisladores, insisto, estamos a favor de la buena voluntad de estos dictámenes, pero también hay que ser realistas, que la corrupción no se resuelve porque no se avanza en el Sistema Nacional Anticorrupción, porque no se castiga al corrupto y porque se siguen encubriendo casos de corrupción.

Aquellos representantes populares o servidores públicos que promueven la transparencia y la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo no castigan o no investigan casos de corrupción, por ese simple hecho se convierten en cómplices.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Márquez Alvarado.

En virtud de no haber más oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen, de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a entregar el avalúo del predio lote 56-K ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.

Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradoras u oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a iniciar una auditoría a la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Está a discusión el Acuerdo, que ya fue expuesto. De no haber oradoras u oradores, Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. El dictamen ya fue expuesto por la Senadora Citlalli Hernández.

Se pregunta si hay oradores que quieren hacer uso de la palabra. De no haberlos, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a que en la elaboración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se considere incluir a universidades e institutos de educación superior del país que ejerzan recursos públicos federales. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Pregunto si hay oradoras u oradores que quieran hacer uso de la palabra. De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, utilizadas en el programa “Bienestar, de corazón a corazón”. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. De no haber oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se aprueba el dictamen.

Antes de pasar a otra discusión, quiero enviar un saludo a los alumnos del Instituto Atenas de Tecamachalco de Puebla, que vienen encabezados por el profesor Gerardo López Castillo, y a invitación del Senador Alejandro Armenta.

¡Bienvenidas y bienvenidos!






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. En virtud de que ya se ha expuesto este dictamen, está a discusión.

Tiene la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Compañeras y compañeros Senadores:

Me voy a referir al dictamen anterior que el grupo parlamentario, especialmente de Morena votó en contra.

Y me voy a referir porque pareciera que en este Senado no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa al señor gobernador de Chiapas.

A mí me avergüenza que se hayan gastado 685 millones de pesos en plantas de emergencia, en templetes para programas de mujeres.

El Presidente ha dicho que vamos a castigar la corrupción.

Lo único que pedíamos en el dictamen era que se nos diera la información, ni siquiera estábamos prejuzgando. Sí votamos a favor los dictámenes de Baja California, sí votamos a favor el dictamen de Quintana Roo, donde es el mismo cuestionamiento.

Yo sí quiero que Morena aclare si de una vez le vamos a permitir a los gobernadores afines hacer lo que se les pegue la gana con el presupuesto público y a los adversarios a castigarlos.

Ya se votó el dictamen, pero yo sigo pensando que ese programa era un acuerdo de que íbamos a votar todos los dictámenes a favor, pero ya veo que hay operación política, son mayoría, pero entonces quitémonos la doble moral, entonces no pongamos a la corrupción como la principal bandera si no estamos dispuestos a investigar a todos los gobernadores de este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Gálvez Ruiz, la escuchamos con atención, pero también quiero llamar la atención de que ese no es el dictamen que estamos discutiendo en este momento, pero ya la escuchamos.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Pues no, pero ni modo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, pero nada más llamo la atención, que no es el dictamen que está a discusión.

Pregunto si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre este dictamen.

Y si no es así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No hay votación, señor Presidente.

Todos en abstención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Señora Secretaria, por favor, repita la votación.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aparentemente se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se aprobó.

La mayoría de los Senadores, Senadoras que votaron, votaron a favor.

No hubo votos en contra, por lo tanto se aprueba.

Y pedimos a Senadoras y Senadores poner mayor atención.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de Acuerdo que exhorta a acelerar los trabajos técnicos que hagan posible la interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería. Adelante.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente.

El tema que nos ocupa particularmente en este dictamen y que tiene que ver con una resolución respecto a un punto de Acuerdo en donde se pedía específicamente que pudiéramos conocer, no en el Senado, no los Diputados, no la autoridad, todos los ciudadanos de este país, cómo salían unos y cómo entraban otros, me refiero a los funcionarios del gobierno que se iba y a los funcionarios del gobierno que viene.

De todos es conocido que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción había propuesto o ha propuesto una modificación, precisamente, al formato de la declaración, en la que se agregan algunas particularidades que la hacen mucho mejor, que la hacen de mayor profundidad, en donde se puede establecer incluso la posibilidad de al obligar a la declaración patrimonial, pero también a la declaración de intereses, poder conocer éstos vínculos, esta red, esta trama que pudieran tener eventualmente algunos funcionarios.

La obligación, de acuerdo a esto, debió de haber sido a partir del 1º de diciembre, esto es que los funcionarios que llegan y los que se iban tenían que, en el plazo de 60 días, someterse precisamente a este nuevo formato.

¿Qué sucedió?

El 13 de septiembre se dio una resolución para llevar esto a hacerlo obligatorio hasta el mes de abril.

En otras palabras, ¿qué pasa?

Que no vamos a conocer los ciudadanos de este país las declaraciones con el nuevo formato porque lo que va a obligar, como lo establece la ley, es en los primeros 60 días a partir del inicio o conclusión del encargo es con el formato anterior, en donde no se establece, entre otras cosas, la obligación de la declaración de intereses ni tampoco se establece, por supuesto, la obligación de hacerlo público, como sí lo preceptúa el nuevo formato.

Yo estoy de acuerdo y conforme con lo que viene resolviendo esta comisión porque no puede más, más que aprobarlo y pedir que se ponga en marcha.

Pero lo que sí podemos hacer, empezando por quienes hoy les toca de alguna forma conducir desde el Ejecutivo a este país, en labores tan importantes como el combate a la corrupción, es a los legisladores del grupo mayoritario de Morena para que se pueda, sí, en un plazo máximo de hasta 60 días, pero que en todo caso pudiera dictar la norma, precisamente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción antes y, entonces, obligar antes de esos 60 días a que así lo tuvieran que hacer.

En otras palabras, como está hoy este Acuerdo de la Comisión, no surte efectos para que quienes inician la función pública tengan obligación de hacerlo bajo este formato; estarán obligados al anterior, pero qué sucede, que el anterior era realmente opaco en muchas de sus partes.

Miren, yo creo que si el sábado con ese amplio discurso que dio el Presidente de la República refiriéndose al combate a la corrupción, lo menos que se puede hacer para estar en congruencia con ese discurso es que podamos de una manera respetuosa conminar ya pues, si no es a través de esto, porque no da para sujetarlos, sí a que ese Comité de Participación Ciudadana, sí a que la Secretaría de la Función Pública pueda establecer y obligar de alguna manera políticamente a que se someta otra vez a consideración esto, y pueda ser obligación para todos los funcionarios.

Miren, esta es una oportunidad única, si no lo hacemos ahora, para los que se van y para los que inician, perderemos esta cadena, digamos que, de vigilancia de cuál fue una vez que han entrado en funciones el desarrollo del patrimonio, habrá de transcurrir un año, un año entero para que podamos saber cómo iniciaron, y además, ni siquiera podremos tener la certeza de cómo iniciaron este 1 de diciembre de 2018.

Ahora sí, señores legisladores de Morena, está en sus manos, se le ha ofrecido al pueblo de México el combate, la claridad, la transparencia, todo lo que tenga que ver con corrupción, es ahora el momento de demostrar si verdaderamente estamos de acuerdo.

Yo votaré a favor de este dictamen, pero eso no obsta para que se pueda hacer un llamado respetuoso a las autoridades, ahora encargadas del gobierno federal para que puedan establecer con claridad la obligación para que no perdamos esa historia en el tiempo de cómo llegaron los que hoy gobiernan este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Julen Rementeria.

Pregunto, ¿si hay alguna otra oradora u orador? De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Casimiro Méndez, ¿con qué objeto?

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente.

Quiero hacer una denuncia de represión sistemática en mi estado, Michoacán, hoy por la mañana fue reprimida una comunidad indígena que se llama Ichán.

Afortunadamente el compromiso de nuestro nuevo gobierno es no a la represión, no al uso sistemático de la violencia para resolver los conflictos, y menos en esa intervención tan mal, tan pésima, tan nefasta contra nuestras comunidades indígenas, porque en Michoacán hay dinero para la represión, pero no hay dinero para pagar a los maestros.

Hay dinero para reprimir a las comunidades indígenas, a la gente pobre, pero no hay dinero para atender sus problemas.

Lo que hoy sucedió en Ichán, Michoacán, se suma una larga estela de comunidades indígenas reprimidas, entre ellas Arantepacua, Caltzontzin, Capacuaro, y nos llenamos la boca de la defensa de las comunidades indígenas a nivel nacional, y se sigue dando la represión sistemática ante lo cual no quise pasar desapercibida esta situación de represión, y comentar que hay 11 compañeros indígenas detenidos.

Creo que nuestras acciones reflejan de qué lado estamos, o con el pueblo, o contra el pueblo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Casimiro Méndez, agradecemos la información.

El punto no está en el Orden del Día, pero recogemos su inquietud, y ayudaremos a establecer contacto con el gobernador para poder satisfacer esta preocupación.






Pasamos al aparatado de presentación de iniciativas. En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador América Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 6o., 62, y 64 de la Ley General de Salud, en materia de protección durante el embarazo, parto y puerperio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV TER AL ARTÍCULO 6o., UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 62 Y LAS FRACCIONES V, VI, VII Y VIII AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Américo Villarreal Anaya: Muy buenas tardes, con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

La iniciativa tiene por objeto promover un trato digno y respetuoso a favor de las mujeres, en especial durante las etapas del embarazo, parto y el puerperio, considerando su condición y necesidades específicas.

Esto, en el marco del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Bajo el tenor de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos se considera impostergable el respeto, la protección y el trato digno a la mujer.

El actual panorama de México requiere una labor conjunta en donde los distintos sectores de la sociedad se compacten, y desde su área y experiencia aporten excelencia para la construcción de la República que nos hemos propuesto.

Es un verdadero honor saber que la cuarta transformación cuenta con el aporte y la sapiencia de los profesionales de la salud, y que su compromiso incansable y su labor sin tregua, lo que hoy ponen a la agenda nacional el tema que ocupa esta iniciativa.

La presente pues, se propone fungir como punto de encuentro de los esfuerzos médicos y las necesidades sociales para que dicha fusión contribuya a mejorar las prácticas médicas y, en ese sentido estricto, fortalecer el trabajo que hasta ahora se viene realizando en materia obstétrica y ginecológica a favor de las mujeres.

Con el ánimo de proteger su integridad, es conveniente promover la observancia de principios y elementos que apunten a la prevención, atención, y erradicación de aquellas acciones que pudieran retraer el trato digno, respetuoso y considerado hacia la mujer en el ámbito de la salud, por lo cual es oportuno robustecer las prácticas efectuadas al interior de este escenario.

Por todo lo antes expuesto, la presente iniciativa es una invitación a continuar construyendo sociedad, derecho y dignidad; en esta ocasión desde el escenario protector de los derechos a la mujer en materia obstétrica y ginecológica, con la certeza de que las buenas prácticas continuarán siendo la característica de nuestros profesionales de la salud, máxime al unir esfuerzos para posicionar los eventos de embarazo, parto y puerperio como etapas seguras y saludables para nuestra población femenina.

Por lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de Decreto.

Único.- Se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6.

Un segundo párrafo al artículo 62, y las fracciones de la V al VIII al artículo 64, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

Se agrega la fracción IV Ter.

“Promover el respeto, la protección y el trato digno a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio”.

En el artículo 62, que dice: “En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes”. Se adiciona el siguiente párrafo. “Asimismo, promoverá el respeto, la protección y el trato digno a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio”.

En el artículo 64, el cual se refiere: En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán, se agrega la fracción V: Los mecanismos necesarios para que todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud implementen las disposiciones, medidas o guías que la Secretaría de Salud emita en materia de atención a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

La fracción VI. “Acciones apropiadas para mejorar las prácticas médicas del personal de salud en general en las especialidades de obstetricia y ginecología, a fin de garantizar un trato digno, respetuoso y considerado hacia las mujeres, especialmente a aquellas que se encuentran en la etapa de embarazo, parto y puerperio”.

Fracción VII. “Acciones necesarias para que, en los hospitales, clínicas y demás centros de salud se destinen espacios para contar con la asistencia de las parteras y los parteros tradicionales, de manera que puedan brindar acompañamiento a las mujeres embarazadas que así lo decidan”.

Fracción VIII. “Capacitación dirigida al personal médico que labora dentro del Sistema Nacional de Salud, a fin de sensibilizar acerca de la importancia de la partería tradicional y el debido respeto a esta práctica.

Por su importancia me permito únicamente mencionar uno de los transitorios el   segundo.

“La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto, para emitir un protocolo de actuación del personal de salud, a través del cual se garanticen las mejores prácticas médicas en las especialidades obstétrica y ginecología, de manera que se proporcione un trato digno y respetuoso a las mujeres, especialmente durante el embarazo, parto y el puerperio”.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Villarreal Anaya.

Senadora Margarita Valdez. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador Américo Villarreal me permita suscribir su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Correcto.

Se adhieren los Senadores Mancera Espinosa, Noyola Cervantes, Blanca Estela Piña, Susana Harp, Miguel Ángel Navarro, Guadalupe Covarrubias, Bertha Caraveo, Gricelda Valencia, Gloria Sánchez, Gutiérrez Castorena, Antares Vázquez, Guadalupe Saldaña, Xóchitl Gálvez, Juan Zepeda, Josefina Vázquez Mota, José Luis Pech, Alejandro Peña, Álvarez Lima, Verónica Camino y Murat Hinojosa. Muchas gracias.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones, y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Xóchitl Gálvez, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso laboral por parto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores Patricia Mercado Castro, Martha Lucía Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Damián Zepeda Vidales, Kenia López Rabadán y Minerva Citlalli Hernández Mora)

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente.

Y le voy a rogar un par de minutos más, porque se trata de un tema tan importante.

Compañeras y compañeros Senadores, esta iniciativa es plural, la presento a nombre de los Senadores y Senadoras Patricia Mercado, Malú Micher, Napoleón Gómez Urrutia, que ojalá nos pudiera acompañar, Alejandra Lagunes, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda, Kenia López, Citlalli Hernández, Juan Zepeda y Geovanna Bañuelos.

Cuando el patrón o la patrona la necesitan, la convoca mediante una campanilla, un timbre o simplemente la llama a gritos.

Y las personas trabajadoras del hogar, a ellas, a las que en algunas ocasiones por la discriminación enraizada en nuestra sociedad se le llama: la criada, la sirvienta, la muchacha, la mucama, o peor aún, la chacha o la gata, tiene que acudir al llamado porque se piensa que ese es su trabajo, estar a la disposición de la patrona o patrón para que se le ofrezca, aunque a ella se le estigmatice, estereotipe, maltrate o invisibilice.

Es una más de las 2 millones 252 mil personas que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer trimestre de este año, está registrada como dedicada al trabajo doméstico remunerado, dado que incluye mayoritariamente a mujeres, 93 de cada 100 personas que se dedican a este trabajo son mujeres.

Ella, la que se levanta antes que la familia que la emplea, tiene que preparar los alimentos y limpiar la cocina, asear recámaras, estancias, baños, lavar y planchar la ropa, acompañar y cuidar a los niños y levantar su tiradero, aguantar los comentarios, burlas y humillaciones, y a veces hasta acoso y abuso sexual de los patrones y patroncitos.

Si hay mascotas, más chamba.

Y muchas veces le toca cuidar a un enfermo o adultos mayores.

Es la última en retirarse a descansar cuando ya la familia cenó.

Es imprescindible para el funcionamiento de un hogar, hasta llegar a la dependencia. Sin ella no encuentras el libro olvidado en la sala, los candelabros tan bién guardados, los zapatos que dejaste en la entrada, o los aretes que te quitaste cuando hablaste por teléfono y que primero pensaste que se los había robado.

Más relevante aún si la labor de las personas trabajadoras del hogar quien las emplea no podría desempeñar sus funciones públicas o privadas, ya que tendría que ocuparse directamente de las labores de la casa; sin embargo, la sociedad desvaloriza el trabajo doméstico.

También se crea cercanía afectuosa, no son de vale las largas horas que pasa en tu casa con sus hijos, tanto que hasta llegas a decir que “es como de la familia”, frase que se utiliza para desdibujar la relación laboral dejando ver que el buen trato que se le da es por aprecio o por caridad.

Eso sí, ella tiene que comer en la cocina, y no siempre lo mismo que sirvió en la mesa, ya sea por racismo, por desprecio a lo indígena o simplemente por clasismo.

Esto sucede en jornadas que rebasan las ocho horas, sin contrato, con un salario sujeto a las veleidades de los empleadores, sin seguridad social ni otras prestaciones: como aguinaldo, vacaciones pagadas, aunque libra el domingo y con suerte para la fiesta patronal de su pueblo.

La lucha por el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar no es reciente, las trabajadoras del hogar, organizadas en México, tienen al menos 20 años exigiendo sus derechos laborales, y la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011 el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos con sus recomendación 201.

Y ojalá y el actual Presidente de México enviara a este Senado, porque estoy segura que todos lo aprobaríamos de inmediato para su ratificación.

Aunque México fue uno de los países firmantes, aún no hemos ratificado el Convenio. Por cierto, desde aquí quiero mandarle un abrazo a Marcelina, creo que ya no está con nosotros, y a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron a construir este proyecto, más bien este proyecto es de ellos.

Si bien la legislación laboral mexicana reconoce el trabajo del hogar remunerado, incluso desde la misma Constitución, en realidad se trata de un marco jurídico discriminatorio, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo XIII lo evidencia dándoles un trato diferenciado a las personas trabajadoras del hogar con acceso a menos derechos en comparación con otros trabajadores.

Ello ha propiciado la violación sistemática de sus derechos y la continuidad de una condición laboral y social desventajosa.

Poner un alto a esta discriminación formalizada es lo que motiva la iniciativa de reforma que hoy se presenta adicionando y derogando diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar.

Muchas gracias a todas mis compañeras y compañeros Senadores por sumarse y estar en ésta, Senadoras y Senadores, si no me regañan, tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

Definición de la persona trabajadora del hogar, como toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, cuidado, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Prohibición de la contratación de personas menores de 15 años, y en casos de adolescentes mayores de 15 jornadas que no excedan de 6 horas diarias y 36 horas semanales.

Contratación por escrito que incluya como mínimo: dirección del lugar de trabajo habitual, fecha de inicio, duración y término, tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal según sea el caso, suministro de alimentos y de alojamiento cuando proceda, y esto lo estamos mirando como una prestación porque anteriormente lo consideraban parte del salario.

Las jornadas de trabajo no podrán exceder las 8 horas diarias y cuando excedan deberán, considerase como horas extras, en el caso de personas trabajadoras que residan en el domicilio donde laboran.

Las personas trabajadoras del hogar deberán contar con las prestaciones preestablecidas en la ley, tales como: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo.

Un marco legal adecuado es condición mínima indispensable para terminar con los tintes de esclavitud vigente.

Terminemos con las normas que imprimen tintes de superioridad e inferioridad entre empleados y patrones o patronas, literalmente extingamos esas desigualdad que se ha asumido como norma, ya es tiempo de asumir la igualdad como norma, es hora ya del viraje que contribuirá a revertir la discriminación social y cultural hacia las personas trabajadoras del hogar, es momento ya de dar un paso a su formalización laboral.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadoras y Senadores.

Se adhieren a la iniciativa las Senadoras Mónica Fernández, Guadalupe Saldaña, Antares Vázquez, el grupo parlamentario del PRI completo, el grupo parlamentario de Morena completo, el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario del Partido Verde, el grupo parlamentario del PT, el grupo parlamentario del PRD. Ya comenté que el grupo parlamentario de Morena completo. Sí, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, completo también. Recoja las adhesiones la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: Con su autorización, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Senado de la República está llamado a ser fuente de soluciones y convertirse en un actor clave para erradicar la violencia contra las mujeres.

Se trata, sin duda, de una de las asignaturas pendientes más importantes que tenemos, pero también de una de las tareas más nobles que podemos todas y todos emprender.

El objetivo es que, ya sea en las calles, el transporte público, la escuela, el hogar, las mujeres puedan cambiar el miedo y la incertidumbre por la libertad y por la tranquilidad.

Como ellas mismas lo expresan en marchas de protesta mediante diversas formas, pancartas, dicen ellas que “de vuelta a casa no quieren ser valientes, quieren ser libres”, eso es lo que está en juego, y este Senado no puede ser ajeno o insensible ante esta exigencia social.

Por eso, y no puedo dejar de decirlo, repudiamos siempre cualquier expresión machista o misógina, más aún cuando proviene de quienes aspiran a dirigir instituciones públicas que son del Estado mexicano.

Y por eso también sumamos esfuerzos con universidades, con colectivos, con víctimas, con gobiernos y poderes locales, y con todos aquellos que comparten el compromiso de construir un México donde las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, porque acabar con la violencia de género significa derribar obstáculos que impiden el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones.

Acabar con la violencia de género significa quitar barreras y estereotipos que discriminan, vulneran derechos y nos limitan como país.

Y muy importante, y quizá también lo más complicado, acabar con la violencia de género supone modificar patrones culturales muy arraigados que nos lastiman como sociedad.

El reto es inmenso y de ese tamaño debe ser la respuesta del Estado mexicano, incluyendo, por supuesto, esta Cámara de Senadores.

Aquí con la representación y el conocimiento que ustedes tienen de las entidades federativas debemos de cerrar filas y articular acciones que se adecúen a la realidad particular de cada estado y de cada región, porque no basta con políticas nacionales también se requieren políticas locales que respondan al contexto específico en que suceden en los diferentes tipos de violencia contra la mujer.

Pero es necesario que desde esta Soberanía se le dé al tema el impulso que requiere y se tiendan los puentes necesarios, por ello, y si me lo permite el señor Presidente, agradezco a las titulares de los centros de justicia para las mujeres, de ocho estados, que nos acompañan aquí en este recinto y cuyos comentarios enriquecieron la iniciativa de reforma que hoy presentamos.

Agradezco mucho a Blanca López, de Chiapas; Dalia Luz, de Guerrero; Margarita Cabrera, de Hidalgo; Janeth Martínez, de Michoacán; Yaxibelle Valencia, de Oaxaca; Mónica Barquera, de Puebla; Julieta Méndez, de San Luis Potosí; y Norma Abril, de Sonora.

Muchas gracias por estar aquí en la Cámara de Senadores.

A ustedes directoras y a otras que también estuvieron presentes, les expresamos nuestro reconocimiento por la pasión con que realizan su gran labor y por contribuir a que las víctimas de violencia puedan acceder a la justicia y, sobre todo, puedan tener la oportunidad de un nuevo comienzo.

Su entrega a la causa y su esfuerzo cotidiano, de ustedes, son un ejemplo a seguir, y que nos comprometa hacer de la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género una de nuestra prioridades, y lo vamos a demostrar no con discursos, sino con acciones.

Aquí no se trata de dar la nota, sino de seguir construyendo leyes, instituciones y normas de conducta que permitan garantizar que puedan vivir sin miedo ejerciendo sus derechos y libertades a plenitud.

En este marco, y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, nos sumamos a los 16 días de activismo impulsando varias acciones, una de ellas, compañeras y compañeros, es esta iniciativa, que someto a su consideración para armonizar la tipificación del feminicidio a nivel local.

Porque si bien, este delito se incorporó al Código Penal Federal en 2012, las entidades no están obligadas a la armonización, y al no existir uniformidad en su definición a nivel estatal hay elementos subjetivos que obstaculizan su aplicación eficaz, y su persecución por parte de la autoridad.

Por ejemplo, compañeras y compañeros, en algunos casos cuando el agresor es un familiar, se considera homicidio por razón de parentesco, lo que elimina el componente de género.

Ante esta situación nuestra obligación como Senadoras y Senadores es impulsar los cambios legales que favorezcan el respeto y ejercicio de los derechos, incluyendo el acceso a la justicia.

Es por ello que hoy ponemos a su consideración una iniciativa que busca modificar el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer en la misma el tipo penal de feminicidio.

De este modo al ser establecido en una ley general y no sólo en el Código Penal Federal tendría aplicación tanto en el fuero federal como en los propios estados.

Destaco, que esta iniciativa también da respuesta a las recomendaciones que al comité de la CEDAW emitió a México en junio del presente año.

Aunado a lo anterior, también hemos presentado dos excitativas a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera y Segunda, para que dictaminen dos minutas de la legislatura pasada.

Estas minutas modifican la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, una para institucionalizar y blindar a los centros de justicia como política pública, y que su funcionamiento no esté sujeto a la voluntad política.

Y, la segunda, para robustecer la normatividad de los refugios y fortalecer sus servicios y operación desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Por último, y como complemento al exhorto de mi compañera Verónica Martínez, aprobado la semana pasada, estamos solicitando a la Secretaría de Hacienda que otorgue mayores recursos a Conavim.

En esta materia no puede haber lugar a retrocesos y no podemos ir para atrás en cuanto a recursos.

Cada uno de los últimos años su presupuesto aumentó y esta vez no puede ni debe ser la excepción.

Compañeras y compañeros, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, hay temas como éste que nos deben unir; hay propósitos que deben de estar por encima de banderas y de partidos, y acabar con la violencia de género sin duda es uno de ellos.

Hoy nuestro llamado es que las fuerzas políticas trabajemos todas y todos juntos para avanzar más rápido en un objetivo que todos compartimos, hacer de México un país donde todas las niñas y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades, incluyendo, por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presiente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Osorio Chong.

La Senadora Mónica Fernández, se quiere adherir a su iniciativa, también los Senadores Osorio Chong, Antares Vázquez, Guadalupe Saldaña, Nancy De la Sierra, Marcela Mora, Verónica Camino y su bancada, Rafael Moreno Valle y su bancada, Susana Harp, Miguel Ángel Mancera y su bancada, Alejandra León y su bancaday Gustavo Madero. Ya está incluida en su bancada del PAN.

La Senadora Marcela de la Mora, sonido en su escaño.

La Senadora Marcela de la Mora Arellano: (Desde su escaño) Además de solicitar la adhesión a la iniciativa del Senador Osorio Chong, quiero felicitarle por la misma, porque la sensibilización que se ha hecho, ha rendido frutos, y creo que la reconciliación está tomando su sitio.

Muchas gracias, Senador.

Que esto corrige en alguna medida, la negativa de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México, en Morelos y en Guanajuato cuando usted fue gobernador.

Muchas gracias porque quiere decir, que estamos avanzando.

Gracias.

El Presiente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Osorio Chong, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Agradezco los comentarios de mi compañera Senadora, la adhesión de varias compañeras y compañeros Senadores, pero nuevamente no puedo dejar pasar ese señalamiento.

Quiero informarles a mis compañeros y compañeras que fue en los últimos años donde se cambió y modificó el tema de la alerta de género, que fue hasta los últimos años, y lo digo con mucha humildad, siendo Secretario de Gobernación, donde se hicieron las primeras alertas de género, no solamente a estados, Senadora, sino también a municipios, pasando por los estados que usted ha comentado, y muchos otros estados en la República.

Su comentario lo respeto, pero por supuesto carece de toda verdad.

Muchas gracias a todas y a todos.

El Presiente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Patricia Mercado, sonido en su escaño, por favor, bueno, se adhiere a la iniciativa.

También la Senadora Covarrubias, se adhiere a la iniciativa. Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios el conjunto de adhesiones. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Samuel García Sepúlveda, para presentar a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de declaratoria de procedencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Con su venia, señor Presidente.

Pues la presente iniciativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano es para hacer un llamado enérgico a este Senado, de colmar una lucha intensa de muchos grupos, y sobre todo de los ciudadanos mexicanos que es la de un México sin fuero.

Nosotros estamos convencidos que no hay ciudadanos de primera y de segunda; que el gobernante no debe tener un blindaje, una protección legal, y por eso queremos insistir, y que de manera unánime este Senado puede eliminar el fuero a la brevedad posible en este periodo, por varios motivos.

Uno, es porque ya desde abril, 19 de abril para ser exacto, está aquí en la Comisión de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos; y de Justicia, de las tres soy miembro, un dictamen para eliminar y modificar la Constitución, eliminando el fuero.

Por otro lado, la semana pasada el Presidente de esta Honorable Cámara envió una excitativa para que según el reglamento, en diez días hábiles las comisiones puedan dictaminar y subir al pleno y votar la eliminación del fuero.

Y, por otra, pues está más claro que el agua, este sábado pasado que tomó protesta el nuevo Presidente, la clara intención de una lucha histórica, eliminar el fuero aquí en México.

Les quiero dar unos datos.

El fuero en México protege a 2 mil 544 funcionarios, protege al Presidente, Senadores, Diputados, Jueces, Magistrados, órganos autónomos y, no se diga, en las entidades federativas, alcaldes, regidores y jueces locales.

De 2003 a 2017 hubo 364 procedimientos de desafuero, un servidor presentó 40.

Y de 364 solamente siete iniciaron trámite, pero ninguno desaforó, ninguno funcionó.

Y tiene una lógica.

Si vamos a someter a votación de una Cámara el perseguir a un funcionario público, es claro que habrá intereses políticos que va a inhibir que haya justicia.

Por eso Movimiento Ciudadano de nuevo el día de hoy plantea la iniciativa para eliminar el fuero, decimos fuerte y claro: “México Sin Fuero Ya”.

Y lo que planteamos es que desde el Presidente de la República hasta el cargo más inferior de un municipio ya no exista ese blindaje, ya no exista ese privilegio de lo que mal hemos denominado el fuero, que en otros países se le conoce como inmunidad parlamentaria, pero aquí y sólo aquí en México el fuero es, aparte de la inmunidad, la protección legal para que con base en el artículo 111 no se pueda sacar adelante este blindaje.

Además, queremos que se obligue a todas las entidades federativas a legislarlo.

Hoy solamente Nuevo León y Jalisco se han animado a eliminar el fuero.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador, un momento, por favor.

El Senador Félix Salgado, le quiere hacer una pregunta.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Al final, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Continúe, por favor.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Queremos que desde la Constitución federal se pueda pedir a las entidades federativas a que también en sus constituciones se eliminen estas figuras procesales, se eliminen estos cargos y privilegios, pues hay entidades como Aguascalientes, Chiapas, Baja California, Chihuahua, Colima, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Sinaloa, que ya tienen en comisiones los dictámenes, pero sus plenos no se han animado a eliminar el fuero.

Y, por último, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio proponemos que cuando el juez dicte el auto de vinculación, porque ya estamos en un nuevo proceso penal, los servidores acusados penalmente tengan la seguridad de que no van a ser condenados, de que no van a ser privados de su libertad hasta que haya sentencia firme.

Y con eso quitémonos de tecnicismos, de dimes y diretes, de que si va a haber amparo, revisión, etcétera, el fuero en México se elimina.

Vamos a cumplirle a los mexicanos.

Vamos a cumplirle a quienes han pedido justicia y que no el régimen político, el régimen de la corrupción se siga blindando en estas figuras.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

Las y los suscritos, Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En una democracia tan golpeada por la desconfianza ciudadana como la mexicana, es crucial que se planteen debates en torno a privilegios que la clase política ha adquirido indebidamente a lo largo de los años, que ensanchan el déficit democrático y acrecientan la brecha entre ciudadanos y gobernantes, que tarde o temprano, se traduce en un menor bienestar social. Por tanto, es indispensable que este tipo de debates sean resueltos de cara a la sociedad, a fin de reconstruir las relaciones de confianza entre la sociedad y las instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro régimen, como es el Congreso de la Unión.

Tenemos así que, uno de los privilegios que mayor desconfianza y recelo provocan entre los ciudadanos, es el fantasma jurídico del “Fuero Constitucional”,1 que no es otra que  la prerrogativa otorgada a legisladores para proteger y amparar a los mismos de acusaciones, derivadas del ejercicio de su función, es decir, “la inviolabilidad y la inmunidad procesal o libertad de arresto”.2 No obstante, el empleo del fuero ha sido empleado en términos negativos, deconstruyendo el sentido y origen de su existencia, generando una tensión entre inmunidad e impunidad.

El fuero, concebido originalmente para fortalecer el esquema de división de poderes - y que tuvo su origen en las monarquías absolutistas- es hoy percibido por la sociedad como un privilegio inmerecido de ciertos servidores públicos para transgredir la ley.

No obstante, la finalidad del fuero constitucional, afirma el constitucionalista Ignacio Burgoa, “[...] no estriba tanto en proteger a la persona del  funcionario sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático”.3

Asimismo, Enrique Sánchez Bringas, señala que “la inmunidad es la protección que las normas jurídicas ofrecen al desempeño de ciertos cargos públicos que revisten especial importancia, con el objeto de que sus titulares no puedan ser sometidos a la acción de la justicia de manera inmediata para evitar que se perturben esas funciones [...]”.4

El fuero constitucional, nos explican María Amparo Casar, y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, “se constituye en una inmunidad procesal a la que tienen derecho ciertos funcionarios públicos que sirve como freno o escudo protector ante acusaciones que podrían entorpecer o poner en riesgo la labor del acusado”.5 Dicha figura, se encuentra vinculada a la declaración de procedencia, que de acuerdo con el Diccionario de términos parlamentarios,6 constituye “una garantía a favor de las personas que desempeñan determinados empleos [...], en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales”. Esto es, “la manifestación y examen que hace el Congreso de la Unión de los hechos presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos [señalados en la Constitución] [...] con el objeto de que las acusaciones [...] sin fundamento no procedan contra el servidor durante el periodo de su encargo y pueda así desempeñarse libremente en el ejercicio de su función sin presiones por parte de acusaciones falsarias”.7

Sin embargo, el fuero puede ser de dos tipos: inviolabilidad (o, inmunidad acotada), e, inmunidad procesal (o, inmunidad amplia): La inviolabilidad (o, inmunidad acotada) “se limita a proteger la libertad de los parlamentarios para hablar y votar en el parlamento o congreso sin que tengan que preocuparse por posibles cargos criminales o demandas en su contra por lo que dicen o hacen dentro del recinto legislativo o en sus funciones como legisladores”.8 Se trata, explica Casar, de un tipo de inmunidad que “se limita a proteger la autonomía y libertad con la que se conduce el órgano legislativo y está en el centro del sistema de pesos y contrapesos, como instrumento para asegurar el equilibrio de poder”,9 la inmunidad procesal (o, inmunidad amplia), “otorga inmunidad a los funcionarios por acusaciones procesales y sólo puede ser retirada mediante un voto parlamentario”,10 y, de acuerdo con Dworak “sirve para proteger el quórum”.11

Es así que, la inmunidad parlamentaria debe entenderse como "una prerrogativa de los legisladores con relación a la inviolabilidad de las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, por las que no podrán ser reconvenidos o procesados y protección legal para no ser detenidos ni enjuiciados hasta que no se agote la garantía de procedibilidad constitucional". Es decir, no se trata de un excluyente de responsabilidades, civiles o penales, que recaiga en parlamentarios que cometan alguna ilegalidad, sino, como ya se ha mencionado, de una autonomía frente al resto de los Poderes.

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados o Senadores para sustraer sus manifestaciones del conocimiento o decisión de los Jueces; sino como una medida de protección al órgano legislativo, a efecto de enfrentar la amenaza de tipo político, y que consiste en la eventualidad de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular.”

Así “[...] supone que la denegación al reclamo o reconvención esté sustentada en el ejercicio de la actividad parlamentaria, pues el propósito de esa protección es evitar que el órgano legislativo sufra la privación injustificada de uno de sus miembros.”

De igual manera, ha señalado que “la inviolabilidad de los senadores y diputados por la manifestación de sus opiniones en el desempeño de sus cargos, es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes; que si esa inviolabilidad no existiera cuando un diputado propusiera que se reforme una ley y, al efecto, censure la existente, podrían en algún caso tomársele como trastornador del orden público y apologista de un delito; por ello, la función legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y senadores. El Constituyente de 1916, aludió a que el artículo 61 era igual al 59 de la Constitución de 1857; de donde debe afirmarse que la inmunidad parlamentaria está sustentada en que el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad de las manifestaciones de diputados y senadores es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos ?las manifestaciones? hayan sido realizadas por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario.”

Como consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha argumentado que: “el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus beneficios no están sujetos a período alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del discurso el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública.”

Sin embargo, en nuestro país el “fuero se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y sobre todo proteger a la concentración del poder, irónicamente se ha convertido en el protector e impulsor de la impunidad, que viola no solo el principio de la igualdad jurídica sino que descaradamente pisotea nuestras garantías individuales”, por lo que, señala, es indispensable se eliminen los privilegios de los que gozan, y se respeten los derechos de los ciudadanos, colocando en un plano de igualdad tanto a estos como a servidores públicos.

Al respecto, Fernando Dworak brinda algunos elementos que hacen de la inmunidad procesal un mecanismo de protección que emplean políticos y servidores públicos para protegerse entre sí:

“Primero, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de prácticamente todos los servidores públicos federales y locales, desde el presidente, pasando por ministros de la Suprema Corte de Justicia, órganos autónomos.

Segundo, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de funcionarios locales cuando se trata de acusaciones del orden federal, dejando que los congresos locales decidan lo que proceda. Si consideramos que la inmunidad procesal es una prerrogativa para proteger un órgano de gobierno, no debería intervenir un órgano legislativo federal, sino exclusivamente la legislatura local. Como resultado tenemos un sistema de doble punto de veto, donde se facilita que el acusado se escape [...].

Tercero, se ha entendido que esta prerrogativa es un derecho del individuo, protegiéndosele incluso cuando solicita licencia [...].

Y cuarto, las declaraciones de procedencia las definen cuerpos colegiados que actúan con lógica política antes que técnica. Esto hace que o se requiera una decisión previa para que prosperen o se requiera de una gran presión ciudadana para que sean tomadas en cuenta.”12

Por tanto, para resolver esta tensión entre inmunidad e impunidad, es necesario, señala Mojica Rayón, depurar el título IV de la Constitución política, y modificar el fuero, en términos de los que es concebido hoy en día, es decir, que no se necesite declaración de procedencia para someter a un servidor público a un proceso legal, para que la ley se aplique a todos, es decir, que la ley no exceptúe a nadie. De esta manera, se puede transitar hacia un esquema de inviolabilidad parlamentaria simple.

No se trata de la imagen que se proyecte por parte de un legislador, sino del trabajo que pueda realizar, por ello, se proponen modificaciones a fin de evitar el mal uso del término "fuero" por parte de funcionarios que tergiversen su función y que empleen ésta facultad para beneficio propio y en contra de las responsabilidades y obligaciones que le fueron conferidas.

No es que la inmunidad parlamentaria se haya vuelto innecesaria. Por el contrario, la propia Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), ha establecido que: “La inmunidad parlamentaria es esencial para la independencia parlamentaria eficaz”.

Sin embargo, esa misma organización también ha señalado con contundencia que: “Un sistema de inmunidad parlamentaria que obstaculice la acusación legítima por acciones criminales puede ofrecer protección a parlamentarios corruptos que abusan de su afiliación al parlamento para beneficio personal”.

Al respecto, cabe señalar que, a pesar de que, tan sólo de 2003 a la 2017, la Cámara de Diputados acumuló un total de 364 solicitudes de desafuero (de los cuales, la LXIII Legislatura, desechó 197, y resolvió 167), de acuerdo con el jurista José Trinidad Lanz, de 1906 a la fecha, se han efectuado sólo 9 juicios de desafuero en el país, que a continuación se reseñan:13

Nombre y cargo

Año

Razones oficiales

José López Portillo y Rojas
(Senador)

1906

Fraude, precavirato y falsedad en declaraciones judiciales

Manuel Riva Palacio
(Senador)

1935

Por conspirar contra las autoridades

Pedro Téllez, Carlos Madrazo y Sacramento Joffre
(Diputados Federales)

1945

Por traficar con tarjetas para la contratación de braceros en EUA

Félix Ireta Viveros
(Senador)

1947

Falsificación y uso de documentos, y tentativa de fraude

Jorge Díaz Serrano
(Senador)

1983

Delito de fraude con daño patrimonial para PEMEX

René Bejarano
(Diputado local)

2004

Promoción de conductas ilícitas, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral

Andrés Manuel López Obrador
(Jefe de Gobierno del DF)

2005

Delito de violación a una suspensión judicial

Julio César Godoy Toscano
(Diputado Federal)

2010

Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Lucero Guadalupe Sánchez
(Diputada local de Sinaloa)

2016

Uso de documento público falso

Como señala la académica Mario Amparo Casar,14 la reducida tasa de juicios de desafuero nos podría indicar dos cosas: o los altos funcionarios protegidos por el artículo 111 constitucional son intachables, o la impunidad es habitual en las altas esferas de la política.

Sin embargo, del análisis de los casos mencionados, sólo han existido 7 juicios de procedencia formales:

• El caso de Riva Palacio, a pesar de haber perdido su carácter de funcionario, no fue desaforado, pues -de acuerdo con el diario de los debates, y el comunicado de la Cámara de Senadores- su proceso no coincide ni con un juicio de procedencia ni con un juicio político.

Lo mismo, incluye a otros 17 diputados y 4 senadores (callistas), a los que se les retiró su carácter de servidores públicos, sin que fueran desaforados. Tan sólo existe el registro de una solicitud para que perdieran su carácter de representantes, firmada por 96 diputados (afines a Lázaro Cárdenas), por “agitación sediciosa conectada con Calles”.15

• De igual manera, respecto de los diputados federales Pedro Téllez Vargas, Carlos Madrazo y Sacramento Joffre, su juicio de procedencia no se llevó a cabo, porque la sesión en la que la Cámara de Diputados se erigiría como Gran Jurado, fue suspendida, toda vez que -ante el inminente desafuero- presentaron su renuncia al Pleno para someterse voluntariamente a la jurisdicción del Juez correspondiente.

Por otra parte, del análisis de los casos ante señalados, también se desprende que, “en más de una ocasión, el impulso estuvo fundamentado en motivaciones políticas”16:

• Portillo y Rojas, “fue desaforado por haber apoyado a un candidato a la vicepresidencia contrario a los intereses de Porfirio Díaz”.

• El desafuero de Díaz Serrano, pareciera que obedeció “más al deseo de Miguel de la Madrid de distanciarse de la administración pasada”,17 pues “los delitos por los que se acusó al ex funcionario de Pemex nunca pudieron ser probados”,18 y su liberación “coincidió con el fin del sexenio del presidente De la Madrid”.19

• El caso de Andrés Manuel López Obrador “ejemplifica perfectamente cómo un delito menor puede funcionar como la excusa necesaria para inhabilitar a quien amenaza la continuidad del régimen político del momento”.20

Por tanto, la académica Amparo Casar concluye que “de la misma forma en que la inmunidad procesal por sí misma no implica impunidad, casos como los descritos [...] ejemplifican que la inmunidad procesal tampoco es suficiente para proteger a los legisladores en regímenes autoritarios”.21 Por sí misma, la figura del fuero no es negativa. Sin embargo, el gran defecto del esquema de inmunidad en México, es precisamente su amplitud. El fuero es extensivo a funcionarios que ni siquiera corren el riesgo de ser vulnerados en su independencia por no contar con él. En realidad, no existe un criterio de inclusión claro que justifique la existencia del fuero para algunos servidores públicos.22

En ese sentido, la Comisión de Venecia -parte del Consejo de Europa- ha señalado que “la inmunidad procesal no es una parte necesaria de la democracia moderna, pues “en un sistema político que funciona bien, los miembros del parlamento disfrutan de protección adecuada mediante otros mecanismos y no requieren una inmunidad especial de este tipo””,23 no obstante, reconoce que “”las reglas que regulan la inmunidad procesal pueden, en algunos países, completar la función democrática del parlamento como institución, particularmente de la oposición, de presión indebida o acoso del Ejecutivo, las cortes u otros oponentes políticos”,24 por lo que éstas pueden estar justificadas cuando otros medios de protección no se encuentran disponibles, siempre y cuando sean diseñadas, así como aplicadas de manera restrictiva; estén sujetas a limitaciones y condiciones; y exista la posibilidad de levantar la inmunidad por medio de procedimientos imparciales y claros”.25 Irónicamente, apunta la académica del CIDE, “los países donde la inmunidad es más necesaria son los mismos países en los que es más probable que se abuse de ésta”.26

Del análisis comparativo27 entre las constituciones de 31 países de todo el mundo (entre ellos, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y México), se desprenden las siguientes conclusiones28:

• La Constitución de los 31 países prevé la inmunidad acotada (inviolabilidad parlamentaria).

• En cuanto a la inmunidad amplia (inmunidad procesal), es contemplada por 24 Constituciones. Hay 7 países que no la regulan. Tres de esos países, son de tradición jurídica anglosajona (Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica), además de Afganistán, Bolivia, Botswana e Irán.

• En 28 de los 32 países estudiados, el Titular del Poder Ejecutivo posee inmunidad y sólo puede ser juzgado bajo un régimen especial. Sólo Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido no prevén dicho régimen.

• Existe una gran variabilidad en cuanto a la gama de funcionarios protegidos. La gran mayoría de los países protege a su Titular del Ejecutivo y a sus Legisladores. Hay 6 casos, en los cuales la protección alcanza también a los jueces (Afganistán, Rusia, Hungría, Nueva Zelanda, Serbia y Túnez).

• Llama la atención que varios países latinoamericanos y China, sobresalen por proteger a un número muy amplio de funcionarios contra procedimientos judiciales:

• China, Chile y Venezuela: Altos mandos de sus fuerzas armadas.

• Chile: Expresidentes.

• Nicaragua: Ex-presidentes, ex-vicepresidentes y ex-legisladores.

• Guatemala: Candidatos a presidente, vicepresidente y alcaldes.

• Bolivia: Líderes sindicales.

• Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua: Autoridades electorales.

• México está entre los países que le otorgan protección a un mayor número de funcionarios (al menos 3,500, considerando a funcionarios estatales protegidos por la comisión de delitos federales.)

Al respecto, Hans Kelsen impugnó la existencia de la inmunidad parlamentaria por estimar que los cambios históricos la han hecho innecesaria, transformando dicha prerrogativa en privilegio. Las razones principales para su oposición son.29

1. Que “la institución nace como fruto del conflicto de legitimidades Gobierno-Parlamento, y el fin de este conflicto, que en el parlamentarismo va a suponer la identificación gobierno-mayoría, unido a la independencia del Poder judicial, hacen innecesaria la prerrogativa que se transforma en privilegio”.30

2. “Su único posible fundamento, como protección de las minorías, queda frustrado por su instrumentalización práctica en manos de la mayoría”.31

Por tanto, Kelsen concluye que “Si el parlamentarismo durante el largo período de su existencia no ha sabido merecer las simpatías de las grandes masas, y todavía menos de los intelectuales, no ha sido ello ajeno al abuso del anacrónico privilegio de la inmunidad”.32

De igual manera, Simon Wigley ha apuntado que “la inmunidad parlamentaria no especifica per se lo que el representante debería hacer ni garantiza que esto se cumpla, por lo que acaba por brindar protección tanto de la función de la representación, como de la corrupción definida como el abuso de la función de representación o rechazo de esta”.33

Y es ahí en donde la presente iniciativa pretende inscribirse: en resolver la tensión entre un mecanismo necesario de inviolabilidad para que los legisladores conserven su autonomía frente al resto de los Poderes, pero que al mismo tiempo no origine un estado de excepción en el que los integrantes de un Poder, puedan cometer delitos impunemente frente a miembros de otros Poderes o, peor aún, de la sociedad en general.

Por ello, se plantea eliminar la declaración de procedencia, lo que implica retirar los argumentos políticos que pudieran permear en una acusación, y dejar únicamente los jurídicos, para que un Juez resuelva -fundando y motivando- en atención a los principios consagrados en la Constitución. En otras palabras, se trata de establecer un mecanismo contramayoritario, para evitar que se atente contra la oposición -minorías-. Retomando a Flor Batista, no se “busca la exención del delito del representante, sino la apoliticidad de la acusación que fuere hecha”.34 En ese sentido, el bien jurídico a tutelar es el principio de representación; es decir, se trata de una protección a la función de los individuos que ostentan un cargo público.

De igual manera, se garantiza la libertad corporal de los funcionarios, “para evitar que éste sea excluido -sobre todo por razones políticas- de [por ejemplo, en el caso de los legisladores,] un proceso legislativo y para asegurar su voto, y con ello, la representación de los intereses de los ciudadano de “actuar por quienes representan””.35 Es decir, se sigue garantizando, lo que Dworak ha denominado como “inmunidad procesal”, que describe, como “un derecho que sirve para proteger el quórum”.36

Asimismo, con esto se busca atacar el problema de autojurisdicción del parlamento, identificado por Simon Wigley, en el cual el legislador “acaba siendo juez y parte en los procesos de retiro de la inmunidad parlamentaria”.37

También, se garantiza la inviolabilidad parlamentaria; se propone eliminar la porción normativa que señalaba que las resoluciones y declaraciones de las Cámaras de Diputados y Senadores eran inatacables.

Por último, se vuelve a incluir al Presidente de la República -como se establecía antes de la reforma constitucional de 28 de diciembre de 1982- como sujeto de juicio político, a fin de fortalecer los contrapesos y la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo, pues, como indicó Carpizo, “si queremos que la constitución funcione y que los principios que, entre otros, conforman el sistema de gobierno, la división de poderes, el régimen federal y el sistema representativo, no sean simples quimeras”,38 ya que “el presidente de la república no está por encima de la constitución; él también tiene que cumplirla, y si no lo hace, la ley fundamental contiene un mecanismo de su propia protección”,39 es decir, que la vigencia de la Constitución, y sus principios, no queden a la voluntad presidencial, pues “el presidente de la república no está por encima de la constitución; él también tiene que cumplirla, y si no lo hace, la ley fundamental contiene un mecanismo de su propia protección”.40

Se trata de ser pertinente en el momento histórico en el que vivimos, y retomar lo señalado por la GOPAC, en el sentido de que “los parlamentarios deberían adoptar sistemas funcionales de inmunidad parlamentaria que proporcionen protección de acusaciones injustificadas y motivadas políticamente pero que también garanticen que se les impute a los parlamentarios responsabilidad ante la ley”.

Basta de cinismo y de privilegios a costa de la sociedad. Decir adiós al fuero es fortalecer la división de poderes y dar la bienvenida a una nueva oportunidad para cerrar la brecha entre gobernantes y gobernados en una época en la que la confianza en los demás se presenta como la única alternativa para que florezca la seguridad ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente proyecto de

DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA.

ÚNICO.- Se deroga la fracción II del artículo 38, el párrafo primero, fracción V, del artículo 74, el párrafo segundo del artículo 108, el párrafo último del artículo 110, y el párrafo primero del artículo 112; se reforma el párrafo noveno del artículo 17, el párrafo segundo del artículo 61, el párrafo cuarto del artículo 108, los párrafos primero y cuarto del artículo 110, el párrafo primero del artículo 111, el párrafo segundo del artículo 114, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia, para quedar como sigue:

Artículo 17. [...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por deudas de carácter puramente civil, ni por las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la injuria.

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.     [...];

II.    Se deroga;

III.   [...];

IV.   [...];

V.    [...]; y

VI.   [...].

[...].

Artículo 61. Los diputados y senadores jamás podrán ser reconvenidos ni serán sujetos de responsabilidad por las opiniones, propuestas legislativas o votos que emitan en el ejercicio de sus encargos.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. … IV.

V. Se deroga.

[...].

VI. … IX.

Artículo 108. [...].

Se deroga.

[...].

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México sin establecerles prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

[...].

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

[...].

[...].

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, y para el caso del Presidente de la República, se requerirá de mayoría calificada, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

[...].

Se deroga.

Artículo 111. Para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, al Presidente de la República, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como a los Titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; y a los Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos, Alcaldes y Concejales, por la comisión de delitos, se observarán los principios, derechos y garantías procesales que esta Constitución establece a toda persona.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Cuando el Juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados en este artículo se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo aquellas que impliquen la detención o privación de su libertad, como la prisión preventiva, el arraigo, así como la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto. En ningún caso se impedirá el ejercicio de las funciones y facultades inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder público al que pertenezca el servidor público imputado o acusado.

En demandas del orden civil o cualesquiera otra distinta a la materia penal, que se entablen en contra de los servidores públicos, se observarán los procedimientos correspondientes.

[...].

[...].

Artículo 112. Se deroga.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 114. [...].

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

[...].

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción a lo dispuesto en el transitorio tercero del presente decreto.

SEGUNDO.- El Congreso deberá adecuar las leyes que correspondan, en un plazo máximo de ciento sesenta días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

TERCERO.- Los Congresos locales de las entidades federativas deberán adecuar sus respectivas Constituciones y leyes, en un plazo máximo de ciento noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Atentamente

Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 Definido así por Fernando Dworak, en su texto ¿Realmente desapareció el “Fuero” en Jalisco?, disponible en:
http://fernandodworak.com/wordpress/realmente-desaparecio-el-fuero-en-jalisco/

2 Ibid.

3 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 3a. ed., México, Porrúa, 1979, pp. 508.

4 SANCHEZ BRINGAS, Enrique, Derecho Constitucional, Porrúa, México, 1997.

5 CASAR PÉREZ, María Amparo, et. al., Fuero en México: entre inmunidad e impunidad, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2017, p. 9. Disponible en:
http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEP-293.pdf

6 BERLÍN VALENZUELA, Francisco (coord.), Diccionario universal de términos parlamentarios, Instittuto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, México, 1998, p. 234. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf.

7 Ibid., p. 235.

8 CASAR PÉREZ, María Amparo, Op. cit.

9 Ibid., p. 12.

10 Idem.

11 Idem.

12 DWORAK, Fernando, Op. Cit.

13 CASAR, María Amparo, Op. Cit.

14 Ibid.

15 Ibid., p. 31.

16 Ibid., p. 32.

17 Idem.

18 Idem.

19 Idem.

20 Idem.

21 Ibid., p. 36.

22 Ibid., p. 64.

23 Idem.

24 Ibid., p. 37.

25 Idem.

26 Idem.

27 CASAR, María Amparo, Op. Cit.

28 Idem.

29 FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso, La inmunidad parlamentaria en la actualidad, Universidad Complutense de Madrid, 1977, p. 243.

30 Idem.

31 Idem.

32 Idem.

33 CASAR, María Amparo, Op. Cit.

34 Ibid., p. 14.

35 Idem.

36 Idem.

37 Ibid., p. 13.

38 CARPIZO, Jorge, El presidencialismo mexicano, Editores Siglo XXI, 19ª ed., México, 2006.

39 Idem.

40 Idem.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Samuel García. ¿Acepta usted la pregunta del Senador Félix Salgado Macedonio?

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Sí.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Félix.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Compañero Senador Samuel.

Estoy completamente de acuerdo con su postulado, le pregunto lo siguiente.

Hace unos días en la Cámara de Diputados se sometió a votación en lo general la eliminación del fuero constitucional; sin embargo, en varios apartados, Movimiento Ciudadano, votó en contra.

Por lo tanto, lo que nos ha llegado aquí al Senado de la Cámara de Diputados en realidad es algo inservible, y yo creo que su postura es correcta, es la correcta, yo estoy de acuerdo con su planteamiento.

¿Movimiento Ciudadano votará por la eliminación del fuero constitucional en todos sus niveles?

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Vamos a eliminar el fuero desde el Presidente hasta los regidores y cumplirle a México.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Dante Delgado.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Sí, nada más para aclararle al Pleno.

Movimiento Ciudadano eliminó el fuero en Jalisco, donde somos grupo parlamentario mayoritario, a iniciativa del Senador Samuel García, como Diputado del Congreso de Nuevo León, se promovió la eliminación del fuero.

La minuta que fue aprobada en la Cámara de Diputados tomó en consideración la propuesta, la iniciativa de Movimiento Ciudadano para eliminar el fuero; sin embargo, a pesar de que ya se encontraba aprobada en la Cámara de Diputados aquí en el Senado, volvieron a presentar otra iniciativa en donde no se tomaba en consideración aspectos esenciales de la misma planteados por Movimiento Ciudadano.

Es el motivo por el que se votó en contra, en lo particular; en lo general lo habíamos aprobado, precisamente para darle una salida jurídica al problema del fuero, es por lo que nosotros planteamos al otro día que se rescate esa minuta y se apruebe.

¿Qué es lo que sucede ahora en materia de fuero? Pues están presentando una iniciativa exclusivamente contra el Presidente.

Yo lo único que quiero decir es que vale la pena que se aprueba la que ya se tenía, que está aquí que es general.

Ahora, si el propósito es cómo se comunica mediáticamente y qué impactos políticos tiene, es otra naturaleza, pero nosotros lo estamos haciendo de manera consistente porque es una de las 35 acciones legislativas con las que nos comprometidos a nivel de plataforma electoral y, además, están a disposición de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.

Vamos en la misma dirección.

Solamente para información del Pleno.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Dante Delgado.

Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Delgadillo, por favor.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo quería preguntarle al Senador Macedonio, debido a que tiene un gran interés en la eliminación del fuero, por qué no la suscribe, lo invitamos a que suscriba la iniciativa, y también a que invite a las comisiones que preside Morena, que están dictaminando la minuta que ha estado congelada por muchos meses, que nos ayuden a sacarla adelante.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos que propone la integración de un fondo minero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 271 Y 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Quiero poner a consideración de ustedes la modificación de algunos artículos de la Ley Federal de Derechos que tiene que ver con el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como el Fondo Minero.

Estas modificaciones que nosotros proponemos tienen objetivos fundamentales. En principio, que se pueda hacer una nueva fórmula de distribución de este Fondo que es de reciente creación del 2014 a la fecha y que tiene como objetivo fundamental impactar en los municipios y en los estados que se dedican a la extracción de minerales.

Nosotros creemos que hay una mejor fórmula de distribución, pero también de administración. Sugerimos, como habrán de darse cuenta en unos momentos más, que este Fondo lo administre, lo supervise y lo fiscalice la Secretaría de Economía, particularmente la dirección de minas, dado que en la actualidad está adscrito a este Fondo a otra Secretaría y dependencia federal, también queremos que los criterios de aplicación de este recurso sean más claros, sean evaluables, sean fiscalizables.

Por lo tanto, compañeros, expresar ante ustedes que México ya cambió, las personas se encuentran empoderadas, exigen transparencia y rendición de cuentas, alzan la voz por un manejo adecuado de recursos públicos, una distribución eficaz y óptima de los mismos, y esto, pues evidentemente no exime a las zonas mineras.

Pese que en México es un país con extraordinarios recursos minerales que ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel mundial y que se ubica entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales, además de ser el primer destino en inversión de exploración minera en América Latina, pues es un país sumamente desigual, de tal suerte que esta iniciativa que presentamos consideramos pertinente su análisis y discusión.

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros nace en 2014 derivado de la reforma fiscal donde se establece el pago de derechos especial, adicional y extraordinario para empresas mineras con la finalidad de beneficiar a regiones donde se extraen los minerales y que los beneficios de la minería permeen no solamente a los grupos y empresas mineras, sino que alcancen a materializarse en crecimiento económico, realización de obra de infraestructura social, servicios y educación para toda la población que habita estas zonas, siendo éstas normalmente comunidades alejadas y con serios problemas de desarrollo económico.

Es decir, se pretende que con el Fondo referido se pueda elevar la calidad de vida de las personas en las zonas de extracción minera y resarcir algunos de los efectos de esta actividad a favor de los habitantes de estas regiones.

Se deben realizar ajustes para el óptimo funcionamiento de este Fondo, creemos importante ajustar el espectro de proyectos que puedan ser objetos de obtener recursos de este Fondo como, por ejemplo, infraestructura física en temas de seguridad, así como en educación, investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Proyectos que hoy en día no están contemplados en el artículo 271 de la ley referida.

De igual formar consideramos viable modificar la distribución para que los estados y municipios, que son quienes conocen de primera mano los problemas que aquejan a sus comunidades, actúen en consecuencia para mejorar la problemática social.

Significa esto un paso alentador porque va ayudar a que todas las personas que habitan los municipios que están enclavados en circunstancia de inseguridad, pobreza, marginación, exclusión, se vean beneficiados con la aplicación de este Fondo.

El planteamiento de nueva distribución que nosotros hacemos es que del cien por ciento del Fondo minero se distribuya un 50 por ciento  a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los que tiene lugar la explotación y obtención de sustancias minerales.

Que el otro 49 por ciento  se aplique en las entidades federativas correspondientes y que deberá destinarla a apoyar a los municipios que pertenecen a la cadena de valor de la minería y que no son extractivos, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto en el artículo 271 de esta ley.

El 1 por ciento  restante nosotros proponemos que se destine para la Dirección General de Minas para que desempeñe las funciones encomendadas en el presente capítulos y las propias a cargo de la Ley Minera.

Agradezco a todos ustedes la atención y le solicito que se pueda integrar esta participación en el Diario de los Debates, pero que se integre a la Gaceta Parlamentaria la versión que vamos a entregar en un momento, dado que tuvo modificaciones y que requiere que se actualice en la Gaceta Parlamentaria.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Compañeros Senadores.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Bañuelos De la Torre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Recibimos de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de uso de plaguicidas, que se turna a la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del grupo parlamentario del PVEM)

De las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA DE PLAGUICIDAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El medio ambiente es el hábitat natural del ser humano. Por ello, es imprescindible preservarlo en las mejores condiciones y minimizar los impactos negativos que puedan alterar el equilibrio ecológico y los servicios ambientales que provee.

Al respecto, la Carta Magna reconoce al medio ambiente saludable como un derecho humano, tal como lo establece el artículo 4o. que a la letra reza: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Por su parte legislaciones secundarias, también atienden la premisa de conservar el medio ambiente ya sea de forma directa o indirecta, baste citar algunos ejemplos:

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Atiende la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como el mejoramiento y protección al ambiente, en el territorio nacional. Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para prevenir la contaminación del aire, agua y suelo.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños. Tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

Si bien existe un extenso bagaje jurídico que busca preservar el medio ambiente en beneficio de los seres humanos, también existen actividades realizadas por el propio hombre que son meritorias a que se regulen y en su caso se extingan, ya que deterioran su hábitat y en consecuencia su salud. Entre esas acciones sobresale el uso de plaguicidas.

Los plaguicidas son las substancias o mezcla de substancias que se destina a controlar plagas1 que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal.2

La aplicación de plaguicidas no solo agrede al medio ambiente (contaminación del agua, de los suelos, del aire), también daña a otros seres vivos como los animales, altera la inocuidad de los alimentos que consumimos e incrementa los riesgos de afectar la salud de las personas con tóxicos o químicos. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa radica en inhibir el uso de plaguicidas que generan daños al medio ambiente y la salud humana.

Los plaguicidas de conformidad al Catalogo publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), se pueden clasificar de varias maneras entre las más comunes es por su Concentración, a saber:

1. Plaguicida técnico: la máxima concentración del ingrediente activo obtenida como resultado final de su fabricación, de la cual se parte para preparar un plaguicida formulado.

2. Plaguicida formulado: mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más ingredientes conocidos como “inertes”, cuyo objeto es dar estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; constituye la forma usual de aplicación de los plaguicidas.

Dichos plaguicidas se dividen en función de los organismos que controlan: a) Insecticida, b) Acaricida, c) Fungicida, d) Bactericida, e) Antibiótico, f) Herbicida, g) Rodenticida, h) Molusquicida.

De acuerdo al Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, los plaguicidas se clasifican en:

QUIMICOS

BIOQUIMICOS

MICROBIALES

BOTANICO

MISCELANEOS

1. Técnicos

2. Formulados

A) Agrícola

B) Doméstico

C) Forestal

D) Industrial

E) Jardinería

F) Pecuario

G) Urbano

1.Semioquímicos/ infoquímicos

A) Feromona

B) Aleloquímicos

1. Bacterias

2. Hongos

3. Virus

4. Nemátodos

5. Protozoarios

 

 

De conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. Los plaguicidas dentro de la clase de toxicidad aguda se clasifican en cinco categorías de peligro por: ingestión, absorción cutánea o inhalación; los valores de toxicidad aguda se expresan en valores de la DL50 (oral, dérmica) o CL50 (inhalación) o pueden ser expresadas como Toxicidad Aguda Estimada (TAE), esto es:

CATEGORÍAS DE PELIGRO DE TOXICIDAD AGUDA

Vía de exposición

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5

Oral (mg/kg)

5

50

300

2000

5000

Dérmica (mg/kg)

50

200

1000

2000

-

Inhalatoria
Gases (ppmV)
(ver inciso 5.3)

100

500

2500

5000

Inhalatoria
Vapores (mg/l)
(ver inciso 5.2 y 5.3)

0,5

2

10

20

Inhalatoria
Polvos y nieblas (mg/l)
(ver inciso 5.3)

0,05

0,5

1

5

La agricultura es la principal actividad que utiliza plaguicidas (68%), otras actividades en donde se usan son la industrial y comercial (17%), hogar y jardín (8%).3

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria (AMIFAC) y el Centro Mario Molina, en México el uso de plaguicidas anual se calcula alrededor de 55,000 toneladas, con una generación de 7,000 toneladas de envases vacíos, a saber:

PLAGUICIDA

TONELADAS

PORCENTAJE

Insecticidas

25, 516.71

47 %

Herbicidas

15, 719.13

29 %

Fungicidas

9,124.48

17 %

Otros

4, 318.65

7 %

TOTALES

54,678.97

100%

De conformidad con el censo agropecuario de 2007 del INEGI, los estados con mayor uso de plaguicidas son: Tamaulipas, Chiapas, Colima, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Sonora, Estado de México y Baja California.

El INEGI detecto en el año 2005 que la población por ocupación principal que se encuentra en contacto con los plaguicidas en el medio rural son:

A) Administradores agropecuarios 21,070

B) Mayorales agropecuarios 38,208

C) Operador de maquinaria agropecuaria 217,698

D) Agricultores 6,249,848. De los cuales 5,489,233 son hombres y 760,615 son mujeres.

Cabe resaltar que las hijas e hijos de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas tienen al menos un niño o niña que desempeña actividades agrícolas,4 por lo que los infantes también están expuestos al contacto con plaguicidas.

La aplicación de plaguicidas puede ocasionar:

I. DAÑO Y DETERIORO AMBIENTAL

Generación de plagas resistentes, daño en flora y fauna silvestres, contaminación de suelo, de mantos freáticos, aguas continentales y costeras.

La fuente de contaminación ambiental por plaguicidas incluye:

• Aplicación directa en el riego de la superficie.

• Transporte atmosférico.

• Contaminación de la tierra y el agua.

• Descarga de desechos industriales.

• Agua de uso en casa y descarga por plantas de tratamiento de agua.

• Descarga de material de desecho.

El efecto sobre las diversas formas de vida y el ecosistema depende del grado de sensibilidad de los organismos y el tipo de plaguicida utilizado. Los efectos se clasifican en 2 formas: Primarios y Secundarios.

• Primarios. El plaguicida actúa directamente sobre una especie dada.

Por citar un ejemplo, los efectos adversos en mamíferos al estar expuestos a plaguicidas pueden causar daños en el sistema nervioso y problemas reproductivos, es decir, disminución de hembras preñadas, alteración en la morfología, tamaño y funcionalidad de los órganos reproductivos, disminución en la cuenta espermática y decremento en la fertilidad, así como incremento en la mortalidad. 

• Secundarios. El plaguicida no actúa directamente sobre la especie, pero destruye su sustrato o hábitat.

Entre los principales impactos se encuentran:

A) Persistencia: Relacionado con el tiempo de permanencia o residencia de un plaguicida en un compartimento particular. Cabe destacar que los plaguicidas organoclorados persisten en el suelo de 530 hasta 546 semanas, y el plaguicida cloruro de etilmercurio es permanente.

B) Transporte: Lixiviación y percolación del agua.

C) Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o funciones de los organismos vivos o incluso la muerte. Depende de la administración o absorción y tiempo de exposición.

D) Bioacumulación: Cantidad de un plaguicida que un organismo acumula por adsorción y absorción superficial, oral u otro.

II. DAÑO Y DETERIORO DE LA SALUD

Se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, esto es: Agudas (leves, moderadas o severas), Sub crónicas, Crónicas con efectos agudos como quemaduras de piel y ojos, cefalea, náuseas, visión borrosa, calambres musculares, vómitos y dificultad respiratoria.

La exposición a plaguicidas se asocia a trastornos de memoria, enfermedades de la piel, depresión, abortos, defectos de nacimiento, asimismo, genera efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como: Carcinogénesis, Teratogénesis, Esterilidad y Mutagénesis, por otro lado, disfunciones inmunológicas y daño neuronal permanente (Parkinson y Alzheimer) y, en casos extremos, la muerte.

Lo anterior, se desarrolla por el contacto con los plaguicidas en sus dos medios:

A) Manipulación directa del plaguicida. Los trabajadores del gremio agrícola son los más afectados por el uso de los plaguicidas ya que son quienes directamente los aplican en los cultivos. Aunado a la inadecuada disposición final de envases vacíos que contienen los plaguicidas.

Los trabajadores agrícolas pueden sin querer transportar hasta sus hogares partículas con plaguicidas y exponer a sus familiares a éstos agroquímicos. También las personas que viven cerca de los campos de cultivo pueden verse afectadas mediante la pulverización, spray o rocío aéreo de plaguicidas.

Otro dato a considerar es que los plaguicidas son utilizados como herramientas para el suicidio, tan solo en el año 2002, representaron aproximadamente un tercio del total de los suicidios mundiales, y en el año 2004, el 71% de las intoxicaciones involuntarias podrían haberse prevenido mediante la mejora de los métodos de seguridad de sustancias químicas.

B) Acumulación de sustancias químicas en los alimentos. No es ajeno encontrar en los alimentos que consumimos residuos de plaguicidas, entre los cuales se encuentran productos de reacción, conversión, constituyentes de la formulación tales como inertes, sustancias auxiliares o coadyuvantes, impurezas y la propia molécula del agroquímico en su forma original, es decir, contiene todos sus metabolitos con significación toxicológica.

Los fetos, los bebés, los niños y adolescentes en crecimiento, las mujeres embarazadas, madres lactantes y las mujeres en edad fértil son más vulnerables a los efectos nocivos causados por la exposición a plaguicidas.

III. LOS PLAGUICIDAS EN MÉXICO

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la autoridad encargada de autorizar, prohibir o restringir el uso de plaguicidas en México. Sin embargo, existen más de 180 sustancias permitidas en nuestro país,5 que en otras naciones ya fueron prohibidas por sus comprobados daños en el ambiente y la salud humana. En suma, dichos plaguicidas cuentan con una vigencia de uso sin fecha de extinción, por el contrario, son tan amplias que se califican como indeterminada. Algunos ejemplos son:

PLAGUICIDAS PERMITIDOS EN MÉXICO PROHIBIDOS EN EL MUNDO

NOMBRE

USO

CATEGORÍA TOXICOLOGICA

VIGENCIA EN MÉXICO

NÚMERO DE PAÍSES QUE LO PROHÍBEN

Endosulfán6

Industrial y Agrícola

II

Indeterminada

50

Pentaclorofenol

Forestal, Urbano e Industrial

II

Indeterminada

57

Monocrotofós

Industrial y Agrícola

I

Indeterminada

56

Captafol

Industrial y Agrícola

IV

Indeterminada

61

Fosfamidón

Agrícola

I

Indeterminada

46

Bromuro de metilo7

Industrial y Agrícola

II

Indeterminada

Se incluyó en el Protocolo de Montreal para su eliminación.
El compromiso de México era eliminarlo en 2015.

Glifosato8

Agrícola

III

Indeterminada

Es el plaguicida más utilizado.
Francia y España

La deficiente revisión y actualización de plaguicidas autorizados en nuestro país, respecto a la prohibición de estas sustancias en otras partes del mundo, condena a los mexicanos a correr riesgos sanitarios y ambientales innecesarios. Por otro lado, resulta alarmante que la venta de plaguicidas sea de libre acceso, sin limitaciones de compra de los productos ni de cantidades, incluso para aquellos compuestos que están clasificadas como altamente peligrosos por sus efectos dañinos.

Datos del Primer Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental y Ocupacional publicado por la COFEPRIS en 2002 arrojaron que el número de intoxicaciones aumentó 300%, pasando de mil 576 a siete mil 32 casos de intoxicación aguda entre 1993 y 1996, respectivamente. En años posteriores se observó que esta tendencia disminuyó, el número de casos atendidos fue de tres mil pacientes anualmente entre 2005 y 2010. A nivel nacional, las entidades con el mayor número de casos de intoxicación aguda por plaguicidas son Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Chiapas. Los estados en donde se ha detectado niveles de DDT y p,p’-DDE en suero y leche materna son: Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Sonora y San Luis Potosí.

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han compilado estudios en donde pueden identificarse los sitios contaminados por Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) en el país. En Sinaloa y Yucatán, la contaminación por plaguicidas se ha reportado en cuerpos de agua y sedimentos; la mayoría de estas sustancias se encuentran por arriba de los límites máximos permitidos para la protección de la vida acuática.

Con base en los argumentos advertidos, es innegable aseverar que el uso y aplicación de plaguicidas violenta las garantías constitucionales y derechos humanos establecidos en el artículo 4o. de la Carta Magna de nuestro país respecto al derecho que tiene todo mexicano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como, el derecho a la protección de la salud.

Por ello, la reforma que se plantea busca desincentivar la utilización de plaguicidas, a fin de minimizar impactos negativos que dañan al medio ambiente y recursos naturales, así como la salud de la población.

Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. …

I. …

A) al H) …

A) al H) …

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente:

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente:

1. Categoría 1 y 2                                 9%

1. Categoría 1 y 2                              27%

2. Categoría 3                                      7%

2. Categoría 3                                    18%

3. Categoría 4                                      6%

3. Categoría 4.                                   12%

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA DE PLAGUICIDAS.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el inciso I) de la fracción I del artículo 2o, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. …

A) al H) …

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente:

1.Categorías 1 y 2     27%

2. Categoría 3            18%

3. Categoría 4            12%

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los vegetales. Acorde al concepto que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

2 Artículo 3o. fracción XXIII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

3 Efectos Nocivos Provocados por el Uso de Plaguicidas en la Fauna Silvestre de México y sus Consecuencias Ecológicas. Véase:
http://www.ambiente-ecologico.com/revist54/ramire54.htm

4 Jornaleros agrícolas. UNICEF. Véase: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm

5 Agrotóxicos. La mancha en tu comida Véase:
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2015/mancha-en-tu-comida.pdf

6 Producto catalogado como Contaminante Orgánico Persistente (COP), no se degrada y se acumula en los tejidos grasos de los seres vivos.

7 Responsable del deterioro de la capa de ozono.

8 Recién recategorizado como un probable cancerígeno para humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).






Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de fuero e inmunidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, distinguida señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Se enlistó, como un tema en materia de fuero, pero es un tema de seguridad ciudadana lo que voy a presentar.

Si hoy nosotros volvemos a salir a campaña, lo que ocurrió hace no más de cinco meses, seguramente nos vamos a encontrar nuevamente con que la principal demanda que nos van a hacer los ciudadanos es que les procuremos seguridad, paz, armonía en sus comunidades.

Hoy, lo que México está viviendo es algo que no se vivía hace 20 ó 30 años, como nunca, la inseguridad nos ha ganado las calles.

Al igual que ustedes, en el año 2012 yo salí a pedir el voto para ser presidente municipal en Nezahualcóyotl, y de 10 ciudadanos, los 10 me exigían seguridad.

Salí electo y el principal reto que tenía en ese momento, como hoy lo tenemos, era regresar la tranquilidad a las calles.

Pero estamos viviendo un momento políticamente complicado, de mucho enfrentamiento, de mucha mezquindad, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le da a cada orden de gobierno atribuciones en materia de seguridad.

Hay delitos del fuero federal, hay delitos del fuero común, y los municipios se ven rebasados porque solamente actúan como una autoridad netamente administrativa, preventiva, en materia de seguridad.

Allá, en el año 2013, cuando yo ya era presidente municipal, se me propuso que firmara el Mando Único, un esquema de seguridad que yo no lo compartía porque desde mi particular punto de vista era abdicar esa responsabilidad que tenía y que me habían pedido los ciudadanos, les resolviera el tema de la inseguridad, abdicar hacia otros órdenes de gobierno.

Yo me sostuve, fui uno de los 125 municipios, uno, escasamente, de tres, que me negué a firmar el Mando Único, y le aposté a algo que al paso del tiempo me dio la razón, que es lo que hoy propongo, el Mando Coordinado Institucional.

Esto, en otras palabras, significa que el tema de la seguridad es responsabilidad de todos, no podemos estar aventando la pelotita a que este delito es responsabilidad del gobierno federal y este delito es responsabilidad del gobierno estatal, porque el ciudadano no distingue entre si me secuestran y me roban a qué gobierno le corresponde.

Hoy llega este nuevo gobierno, con una estrategia en particular, para enfrentar el tema de la inseguridad y es muy respetable, pero lo que hoy les quiero proponer es la modificación, la reforma, a varios artículos constitucionales que van a obligar a que se coordinen los tres órdenes de gobierno, para que cada quien, en el ámbito de sus atribuciones, puedan reunirse de manera periódica. Cada orden de gobierno tendrá que asumir compromisos y responsabilidades.

Y en una semana se estarán reuniendo para poder verificar quién realmente está cumpliendo con su responsabilidad, y también, ahí se va a poder exhibir a aquellos que solamente utilizan el tema de la inseguridad como demagogia.

Propongo entonces, que de una vez por todas, sin que cueste más dinero, sin que se puedan pisar las atribuciones de uno u otro orden de gobierno, se pueda instaurar el mando coordinado, como un mandato constitucional.

Por eso propongo que se reformen los artículos 21 en sus párrafos segundo, séptimo, noveno; y los incisos a) b) c) y d), artículo 73, fracción XXIII; artículo 76, fracción II; artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública para que por fin podamos nosotros garantizarle a los ciudadanos de nuestro país que los tres órdenes de gobierno estamos empujando en el mismo camino para que regresemos la paz y la seguridad a nuestro país.

Es cuanto, distinguida señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Zepeda Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sasil de León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, en materia de salud de migrantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES)

La Senadora Sasil De León Villard: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La migración se describe como una manifestación de la voluntad del ser humano en la búsqueda de conseguir una vida mejor.

La Organización de las Naciones Unidas calcula que existen casi 250 millones de migrantes en el mundo, y que México se ha convertido en un país de destino para esta población, ya que tan sólo en el año 2017 se incrementaron en un 66 por ciento  las solicitudes de migrantes para ingresar a territorio nacional.

Dicha cifra no es un dato aislado, sino que confirma una tendencia a largo plazo, ya que con respecto al año 2014 el incremento ha sido de un 580 por ciento .

En un mundo como el de hoy, en que los asuntos internos de cualquier país, más que de países vecinos, son también de interés nacional, nuestro país no puede ni debe ser ajeno al reto que representa la actual situación migratoria, sobre todo, los países hermanos de Centroamérica.

En México, la población migrante es víctima constante de la delincuencia organizada, de los grupos xenofóbicos, así como de las autoridades corruptas que violentan constantemente sus derechos.

Situación que podemos constatar en los recientes hechos al respecto en torno a la caravana migrante, la cual se agudiza con la ausencia de marcos jurídicos sólidos, que lagunas normativas imposibilitan brindarle certeza legal para la defensa de sus derechos.

En este sentido, el Estado mexicano está obligado a redoblar esfuerzos, más allá de colores partidistas y filias y fobias políticas.

Con la finalidad de contar con instituciones más sólidas, fuertes y transparentes, que trabajen en beneficio de la población migrante en general, y en cuyo ejercicio no haya lugar a corruptelas e ineficiencias.

La Ley de Migración, en su artículo 7º, párrafo segundo, establece que, el libre tránsito de derecho de toda persona es, deber de cualquier autoridad, promoverlo y respetarlo.

En lo concerniente a los servicios de salud, esta misma ley señala en su artículo 8º párrafo segundo, que los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista en el sector público y privado, independientemente de su situación migratoria conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De igual forma, en el párrafo tercero del propio precepto legal, también se establece que tendrá derecho a recibir, de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales que se han realizado para brindar la atención médica debida a los migrantes, tanto mexicanos como extranjeros, no se ha logrado fortalecer para que dicha atención sea suficiente y adecuada en virtud de sus necesidades.

Es por ello que para el Partido Encuentro Social, en congruencia con el sentido humano y solidario del gobierno que encabeza nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, resulta indispensable reforzar lo señalado actualmente en materia de salud, dentro de la Ley de Migración.

De tal manera que se garantice atender de manera digna a los migrantes que transitan por nuestro territorio para evitar discriminación, injusticias y malos tratos que van en detrimento de la imagen y de la historia de nuestro país.

Por ello, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea legislativa la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Migración, que establece: Que corresponde a la Secretaría de Salud promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno, que la prestación de servicios de salud se otorgue en forma obligatoria a los extranjeros, dando prioridad a aquellos migrantes en situación de vulnerabilidad como a mujeres embarazadas, adultos mayores, niñas y niños, sin importar su status legal en el país.

Senadoras y Senadores, como parte de la tarea para consolidar la “Cuarta Transformación” de la vida pública de nuestro país, este recinto debe trabajar para mejorar la atención que se brinda en todo sentido a la población migrante.

Es por ello, que pido su apoyo para que esta iniciativa pueda ser aprobada, y así fortalezcamos al Estado mexicano para ofrecer de manera más decidida y comprometida la atención médica que todo ser humano, independientemente de su situación migratoria, merece.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De León Villard.

Y le solicito su autorización para adherirme a su iniciativa, si lo tiene a bien, y la Senadora Nancy De la Sierra.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Iniciamos la segunda ronda de iniciativas, y tiene el uso de la tribuna el Senador Radamés Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido Morena para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que propone un Comité de Normas de Construcción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por el Senador Radamés Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Radamés Salazar Solorio: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El suscrito, Senador Radamés Salazar Solorio, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente exposición.

La República Mexicana se encuentra ubicada en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, se sitúa justo en el área conocida como el Cinturón de Fuego, zona donde se concentra la mayor actividad sísmica del mundo, esta región libera entre el 80 y 90 por ciento  de la energía sísmica anual en la Tierra.

En el país, la alta sismicidad es debido a la interacción entre las placas de Norteamérica, los Cocos, el Pacífico, la de la Rivera y la del Caribe, así como fallas locales que corren a lo largo de varios estados. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la República; también son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México, entre otros.

Es claro que la ubicación geográfica de nuestro país ha permitido que ocurran innumerables sismos a lo largo de nuestra historia, pero entre los más devastadores y recientes se encuentran los siguientes.

El sismo del 19 de septiembre de 1985, una magnitud terrible, una magnitud de 8.1, con epicentro en las costas de Michoacán.

Se estima que más de 10 mil personas perdieron la vida; 50 mil resultaron heridas. Al menos unas 250 mil quedaron sin hogar.

Hubo más de 770 edificios colapsados.

Los sismos del 15 y 30 de septiembre del 99, en Puebla y Oaxaca, de 7 y 7.5 grados.

El sismo de Ometepec, del 20 de marzo del 2012, de 7.5 grados.

Pero me concentraré en los últimos acontecimientos sísmicos.

El del 7 de septiembre del 2017, con una magnitud de 8.2, y epicentro en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas. Este sismo afectó el sur y el centro del país, dejando como saldo 102 víctimas mortales; 82 en Oaxaca; 16 en Chiapas; 4 en Tabasco, lo que lo coloca como el cuarto evento con más pérdidas humanas de lo que va del siglo, en el país.

El sismo del 19 de septiembre del 2017, de 7.1 grados, con epicentro en mi estado, Morelos, en el municipio de Axochiapan, se considera el desastre más mortífero en lo que va del siglo, en México, dejando como saldo 360 muertos.

El movimiento telúrico se sintió en seis estados de la República y hubo víctimas mortales, 228 personas fallecieron en la Ciudad de México; 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el Estado de México; 6 en Guerrero; y 1 en Oaxaca.

Los sismos de septiembre del 2017 provocaron la destrucción total de 50 mil 610 viviendas que actualmente tenemos, lamentablemente, mucha gente todavía viviendo en casas de campaña.

Tenemos que fueron con daños parciales 127 mil viviendas, así como daños terminales de 276 planteles escolares, daños parciales de escuelas a 5 mil escuelas, y afectaciones menores de diez mil planteles.

Lo que estamos buscando con esta nueva normatividad es que hay ejemplos exitosos que han sabido superar esta gran problemática, como es el caso de Chile, como es el caso de Japón, donde han implementado nuevas normas, nuevas reglas y han hecho que no tengan tantas pérdidas humanas y reducirlas al mínimo.

Lo que estamos planteando, porque esta es una realidad de México. La realidad en México es que existe mucha autoconstrucción.

¿Por qué? Porque la gente no tiene recursos para poder hacer su casa, no tiene recursos para contratar un arquitecto, para contratar un ingeniero.

¿Lo que hacen, qué es? La familia coopera, se reúne, hace un cuarto y hace otro cuarto, y echa una losa y así va, pero, lamentablemente, sin ningún plan arquitectónico eficiente.

Lo que estamos planteando es que el Comité Nacional de Normas Constructivas, que sería la institución técnica científica, dependiente del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, especializado en la definición, operación, análisis e información en materia de construcciones, encargado de la elaboración de lineamientos, políticas, planes, programas y normas constructivas, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, cuya función sería la de determinar los factores de riesgos posibles o presentes en la materia, su afectación a la población y esquemas de capacitación para la toma de decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, y en coordinación con las autoridades de asentamientos humanos, además, en cada entidad federativa se creará un comité encargado de la elaboración de normas constructivas de la entidad. Asimismo, se elaborará la norma general constructiva mínima básica.

Eso es importantísimo, que se capaciten a las personas que construyen las casas, a los albañiles, al agente que se dedica, de los pueblos, de las comunidades, con un manual mínimo básico que especifique qué es lo que tienen qué hacer en una casa de una planta o de dos plantas.

¿Para qué? Lo que estaríamos haciendo con esta nueva norma es salvar vidas. Mucha gente ahorita está construyendo sus casas, pero, tristemente, no lo está haciendo de una manera correcta.

¿Por qué? Porque lamentablemente no se tienen los conocimientos adecuados en la materia.

Por eso, compañeros y compañeras Senadoras, para mí es muy importante, y yo creo que para todos nosotros, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos con la ciudadanía, de generar nuevas normas para que todo lo que se construya de ahorita en adelante sea con seguridad. Estaremos salvando vidas con este nuevo Instituto.

Compañeras y compañeros Senadores.

Muchas gracias.

Señora Presidenta, le solicito que el texto se inscriba íntegro en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Así se hará, Senador Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 constitucional, que propone la creación de una Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso.

Actualmente nuestro país cuenta con dos órganos en materia energética autónomos en su operación y en su funcionamiento.

El primero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mejor conocida con sus siglas CNDH; y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, ambas gozan de un amplio reconocimiento internacional por tratarse de instituciones competentes y competitivas que basan sus decisiones principalmente en criterios técnicos y científicos. Y es precisamente en esa plena autonomía la que ha permitido un sano esquema de trabajo técnico especializado, motivo por el cual estamos convencidos, deben continuar su independencia.

Adicionalmente a estos dos órganos, existe uno más, por las características, diferentes se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo, mejor conocida como ASEA, cuyo principal propósito es regular y supervisar en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos, se trata de un desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuenta con una autonomía técnica y de gestión, no cuenta con una autonomía plena.

La importancia de la ASEA es debido a su grado de especialización, no sólo en materia energética, sino también en materia del medio ambiente.

Para darnos una idea de hasta ahora, dicha agencia, ha publicado 14 instrumentos regulatorios en el 2016; y 10 durante el 2017.

En el 2016, también atendió a las 119 solicitudes de precalificación de las cuatro licitaciones de la Ronda 1; Y en el 2017, para las tres licitaciones de la Ronda 2, También precalificó a 53 empresas que participaron en dicha ronda.

Debido de ello, y contando con la magnitud de sus evaluaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, la OCDE, ha recomendado a nuestro país dotar de mayor autonomía e independencia a dicha dependencia, ASEA, con el motivo de brindar mayor certidumbre jurídica a las inversiones de este importante sector energético, las cuales cabe destacar que hoy en día superan los 200 mil millones de dólares en inversiones.

En concordancia con las recomendaciones, hoy propongo esta iniciativa que busca dotar a la agencia de un mayor grado de autonomía para ubicarla al nivel de las dos reguladoras del sector de hidrocarburos, para incluirlas también en el catálogo de órganos reguladores coordinadores en materia energética.

El camino que México ha logrado avanzar en este importante sector para el desarrollo económico de las actuales y futuras generaciones no puede ni debe de ser interrumpido.

El establecimiento de mecanismos de decisión basados en criterios técnicos y científicos nos beneficia a todos.

Hacer depender de decisiones o visiones políticas la regulación y supervisión de nuestro sector energético sería un gran retroceso.

Por ello, debemos avanzar en la consolidación del modelo energético competitivo, autónomo, calificado y respetuoso del medio ambiente en concordancia con los modelos probados a nivel mundial y que van en esta misma línea.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la reforma constitucional de 2013 se establecieron las bases para la modernización y transformación del sector energético nacional. El nuevo arreglo institucional contempla a los órganos reguladores del sector para adecuarlos a las nuevas condiciones de la industria energética.

En el párrafo octavo del artículo 28 constitucional se dispone que el Ejecutivo contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Con la promulgación de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, a dichos órganos se les otorgó autonomía técnica, operativa y de gestión. Además, tienen personalidad jurídica y pueden disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. Los Órganos Reguladores contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete Comisionados, incluido su presidente.

En el desempeño de sus funciones, los Órganos Reguladores deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

Dentro de las atribuciones de la CNH se encuentra regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento; licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, principalmente.

Por su parte, la CRE como principal regulador económico que tiene la responsabilidad de expedir permisos y garantizar su cumplimiento y determinar la calidad de las  normas de medición, también debe regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas al transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; el transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

Asimismo, en el artículo décimo noveno transitorio del histórico Decreto por el que se reformó nuestro texto constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, estableció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), cuya atribución principal consiste en regular y supervisar en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.

Esta importante obligación, establecida por dicho Decreto, fue colmada en agosto de 2014 con la promulgación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Con este ordenamiento, se creó dicha institución como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, dejándola a cargo de un director ejecutivo, que es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República; respaldada por un Consejo Técnico, integrado por los titulares de diversas secretarías competentes en el sector, así como los titulares de los órganos reguladores, entre otros.

El diseño institucional acuñado para la ASEA, se corresponde con el espíritu contenido en la reforma energética toda, consistente principalmente en dotar a las instituciones competentes del sector energético, de criterios técnicos y científicos que permitan un buen esquema de toma de decisiones, basado en dichos criterios, porque es a través de estos como México obtendrá los beneficios que está llamado a tener del sector energético, observando siempre el cuidado de nuestro medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.

Las atribuciones de la Agencia son diversas, en tanto que concentra el establecimiento de bases, medidas, criterios y lineamientos técnicos del sector de los hidrocarburos, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente. De igual modo, es la responsable de regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad.

Por otro lado, promueve y fomenta que las actividades relacionadas con este sector se realicen atendiendo la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente. Para ello, posee también la facultad de llevar a cabo investigaciones sobre las causas de los siniestros y accidentes del sector hidrocarburos.

Asimismo, aporta elementos a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, para la determinación de la política de seguridad industrial y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del sector hidrocarburos, con el objetivo de participar en el diseño y atención de planes para prevenir y atender situaciones de emergencia.

Adicionalmente a lo anterior, tiene a su cargo instaurar, tramitar y resolver lo siguiente:

• Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental;

• Autorización para emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera;

• Autorizaciones en materia de residuos peligrosos en el Sector Hidrocarburos;

• Autorización de las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los mismos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente;

• Autorizaciones en materia de residuos de manejo especial,

• Registro de planes de manejo de residuos y programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final;

• Autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, y

• Permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados para bioremediación de sitios contaminados con hidrocarburos, así como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades.

Específicamente, se concede a la Agencia una cláusula habilitante para regular en distintas materias. Aquí las más relevantes:

• Seguridad industrial y operativa:

• Instruir la adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales.

• Prevención y contención de derrames.

• Coberturas financieras.

• Integridad física y operativa de las instalaciones.

• Protección al medio ambiente:

• Protección de suelos, flora y fauna silvestres.

• Caracterización y clasificación de residuos generados en el sector de hidrocarburos.

• Manejo de residuos peligrosos generados por actividades del sector de hidrocarburos.

• Condiciones ambientales para manejo de materiales peligrosos generados por el sector de hidrocarburos.

• Prevención de contaminación por residuos generados por el sector de hidrocarburos.

• Desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de residuos.

• Previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actividades del Sector que emitan contaminantes atmosféricos.

• Especificaciones y los requisitos del control de emisiones de contaminantes procedentes de las fuentes fijas del Sector.

• Información técnica específica de los organismos genéticamente modificados que se utilizarán en la bioremediación de sitios contaminados por hidrocarburos.

• Cantidades para considerar como adversos o dañosos el deterioro, la pérdida, el cambio, el menoscabo, la afectación, la modificación y la contaminación al ambiente y a los recursos naturales.

Derivado de lo anterior se le asignaron tareas de coordinación con otras dependencias y órganos reguladores, con el fin de impulsar de manera conjunta la seguridad y el desarrollo energético del país sin que ello suponga el descuidado de que nuestro medio ambiente.

Ahora bien, uno de los fundamentos de la reforma energética, consistió en separar las actividades que se encuentran relacionadas con la gran diversidad de tareas y actividades implicadas en el sector energético. De este modo, se separaron las actividades de administración de los recursos petroleros y de seguridad y supervisión. La funcionalidad de este modelo institucional se encuentra probado en diversos países del mundo, donde estos dos elementos funcionan por separado.

En efecto, en el caso de Noruega, el Directorado Noruego del Petróleo asume la administración de los recursos petroleros, mientras que la Autoridad de Seguridad del Petróleo se encarga de la seguridad industrial y salud en el trabajo y la Oficina de Medio Ambiente de Noruega, integrante del Ministerio de Medio Ambiente, regula y supervisa todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección ambiental.

Australia cuenta con la Autoridad Nacional de Seguridad Costa Afuera y Administración Ambiental, la cual regula y supervisa la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, y con el Administrador Nacional de Títulos Petroleros Costa Afuera, organismo responsable de la gestión de los recursos petroleros.

En Brasil, la Agencia Nacional del Petróleo regula la administración de los recursos petroleros y tiene atribuciones en materia de seguridad industrial, mientras que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales se especializa en el cuidado y protección al medio ambiente.

En el caso de los Estados Unidos de América, la Agencia de Seguridad Industrial y Medio Ambiente regula y supervisa la seguridad industrial y la protección al medio ambiente en las actividades petroleras en el mar, mientras que la Agencia de Administración de Energía en el Mar se encarga de la promoción de la independencia energética, de la protección ambiental y del desarrollo económico y sustentable de fuentes convencionales y recursos renovables.

Bajo la observación de los modelos institucionales radicados en otras latitudes del mundo, hoy en día nuestra agencia de seguridad industrial y protección al medio ambiente se encuentra en funcionamiento. En su segundo informe de actividades de este órgano se destacó que hasta ese momento la Agencia publicó 14 instrumentos regulatorios en 2016 y ha publicado 10 durante 2017; en 2016 se atendieron las 119 solicitudes de precalificación de las cuatro licitaciones de la Ronda 1 y en 2017, para las tres licitaciones de la Ronda 2, se habían precalificado a 53 empresas.

En este mismo tema, se aprobaron en 2016 el 100% de los estudios de Línea Base Ambiental ingresados y han sido resueltas más del 70% de los trámites para autorizar los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) que utilizarán los ganadores de las rondas licitatorias.

Derivado del estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denominado “La Gobernanza de los Reguladores. Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en materia energética de México”, se desprende la necesidad de dotar de mayor autonomía e independencia a la ASEA, con el objetivo de brindar mayor certidumbre jurídica a las inversiones producto de la Reforma Energética las cuales superan los 200 mil millones de dólares.

Dentro de las recomendaciones clave del estudio versa sobre la naturaleza y estatus que debe asumir la Agencia, con la CRE y la CNH. Lo anterior, ya que mientras la Agencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CRE y la CNH son Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con nivel de dependencia. Esta diferencia, que si bien pudo haber funcionado en la fase inicial de la Agencia, ha derivado en una falta de recursos para el cumplimiento de su mandato, trayendo como consecuencia el retraso en las decisiones y la afectación a otras instituciones del Sector Hidrocarburos que ponen en riesgo la certidumbre de largo plazo de la Reforma Energética.

Para estar a la altura de las necesidades del nuevo Sector Hidrocarburos, la Agencia, requiere de mayor certidumbre gubernativa, técnica y especializada al mercado, es por ello que debe formar parte del arreglo institucional de los órganos reguladores emanados de la reforma constitucional en materia energética, con autonomía operativa y técnica frente a otras instancias gubernamentales, tal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), entre otras; contar con agilidad presupuestal y robustecer su independencia del vaivén político para fortalecer su autonomía técnica.

La presente reforma busca dotar a la Agencia de un mayor grado de autonomía y nivelarla con respecto a los demás reguladores del Sector Hidrocarburos tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la OCDE en materia de gobernanza de reguladores.

Una alternativa de diseño institucional que podría tener la Agencia, se estima que, si ésta tuviera el carácter de un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, se lograría otorgar una mayor autonomía y nivelar su estatus con el de la CRE y la CNH.

Por ello, se propone reformar el párrafo octavo del artículo 28 constitucional, a fin de incluir a la Agencia, con la denominación de Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el catálogo de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Con esta modificación, la ASEA gozará del mismo estatus y naturaleza jurídica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Finalmente, cabe resaltar que el régimen transitorio de este proyecto de reforma constitucional prevé, entre otros, una disposición que asemeja al artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
 
 Decreto con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo octavo del artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único. Se reforman el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en los términos que determinen las leyes.

[...]

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos contenidas en cualquier ordenamiento jurídico, deberán entenderse hechas a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Tercero. A la entrada en vigor del presente Decreto, se asume que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se convierte en órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, y que puede disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto.

Quinto. Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Dado en el Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de creación del Instituto de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

Ayer fue 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Tenemos ya 26 años de conmemoración a este día. Conmemoramos para visibilizar los retos, conmemoramos para hacer evidente el rezago, y conmemoramos para sumar esfuerzos y que la calidad de vida de las personas con discapacidad, y que la inclusión transversal de las personas con discapacidad sea una realidad.

Tenemos también ya diez años de haber ratificado en el Senado de esta República la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se ha avanzado en mucho, pero también hay retos pendientes.

Hace siete años se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es un organismo descentralizado y sectorizado a la antigua Sedesol, y que desde ahí se pudo estar incentivando la creación de políticas públicas transversales para las personas con discapacidad.

Pero no ha sido suficiente, los esquemas cambian, los tiempos cambian y la visión del gobierno también cambia.

Esta iniciativa tiene el objetivo de intentar ayudar al Presidente López Obrador a cumplir con uno de sus compromisos de campaña.

El 3 de mayo salió publicado en el periódico “Milenio” una entrevista que la periodista Katia D´Artigues le hace al entonces candidato presidencial respecto a su postura en torno a la inclusión de las personas con discapacidad.

Les quiero leer una pregunta que estuvo dentro de este cuestionario y la respuesta del Presidente.

La pregunta es: ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar en el sentido de la inclusión de las personas con discapacidad?

El Presidente López Obrador contesta: la Asociación “Armando un Camino Vida A. C”., me ha propuesto, y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad”.

Es pues esta manifestación expresa del Presidente López Obrador la que funda y motiva el razonamiento de esta iniciativa para crear un organismo descentralizado, pero que ya no esté sectorizado a ninguna otra Secretaría.

Como votamos hace una semana, el Instituto para el Desarrollo Indígena, como está el propio Inmujeres, pues ahora estaría este Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Es importante, como referente, decirles que ya hay varios estados de la República que tienen un instituto de esta naturaleza, como el caso de Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo.

Hay muchos otros estados que han estado ya legislando en materia para tener sus propios institutos.

Estos institutos, lo que hacen, es revisar que la política pública del gobierno del Estado sea transversal, que los presupuestos sean transversales y, sobre todo, ir recopilando indicadores que les permitan revisar los avances o retrocesos de las personas con discapacidad.

Por ende, es muy importante que exista un Instituto Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que de igual manera sea el encargado de promover que los presupuestos sean transversales, de recoger los indicadores, de ir haciendo las mediciones, de ir haciendo la promoción desde cada dependencia para que el presupuesto público corra de manera transversal y tome como sujetos prioritarios a las personas con discapacidad.

Es decir, no se trata de hablar de más dinero, sino que el mismo dinero que tenemos, como país, para gastar se distribuya de mejor manera.

Esto con una visión, con un enfoque plenamente incluyente, dejando de lado la discriminación y teniendo en consideración a las personas con discapacidad.

El día de ayer se llevó en este Senado de la República un foro convocado por nuestra compañera Nancy De la Sierra, a quien le reconozco ampliamente el compromiso con el tema, y estuvieron aquí más de 58 organizaciones que representan a personas con discapacidad y que impulsan y fomentan los derechos de las personas con discapacidad.

Estas organizaciones se pronunciaron a favor de que este Senado de la República apoye al Presidente López Obrador a sacar adelante este compromiso de campaña, que sea una realidad el Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad.

Espero que contemos con la voluntad de todas y todos los Senadores de este Senado de la República para que podamos sacar a la brevedad este Instituto que es de importancia nacional para erradicar la discriminación y fomentar la inclusión.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Gustavo Madero.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Por su conducto, consultar a la proponente si admite que pueda sumarme a esta iniciativa y reconocerle su trabajo en ésta y en muchas otras comisiones, siempre destacadas, propositivas, y si pudiera aceptar también suscribir su iniciativa.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, Senador.

Sonido al escaño de la Senadora Minerva Hernández Ramos, por favor.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Con el mismo propósito, Claudia, Senadora, si me permite suscribir esta iniciativa y reconocer tu trabajo.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Emilio Álvarez Icaza, por favor.

Y posteriormente, al escaño del Senador Manuel Zepeda.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Igual, para sumarme, si la Senadora tiene a bien aceptarlo, la construcción de esa institucionalidad es vital.

Yo me sumaría, señora Presidenta.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Sonido al escaño del Senador Zepeda Hernández, por favor.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Primero, reconocer a la Senadora Anaya Mota, porque ella ha sido muy persistente, muy congruente con esta lucha que ha venido dando, y por supuesto, que ante la iniciativa de crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad el grupo parlamentario del PRD no puede estar ajeno.

Queremos solicitarle, Senadora, que nos permita suscribirla, pero además, todo el apoyo y agradecerle, de verdad, que su voz sea la voz de miles y miles de personas en el país que están hoy pidiendo esto.

Gracias, Senadora.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

En el mismo sentido, Senadora Anaya, Verónica Delgadillo, Kenia López, Patricia Mercado, Alejandra Noemí Reynoso, Indira Rosales, Murat Hinojosa, y todo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, Verónica Martínez, y todo el grupo parlamentario del PRI.

Sonido por favor en el escaño de la Senadora Kenia López.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solamente reconocer a mi querida Claudia, es la segunda vez que somos legisladoras juntas, un trabajo sin lugar a dudas extraordinario, no solamente en fondo sino también en forma, muchísimas felicidades, esta iniciativa que pones a nuestra discusión en su caso de las comisiones correspondientes, nos recuerda lo que has construido en términos legislativos, y ojalá y los acuerdos permitan que prospere de la mejor manera.

Pediría, señora Presidenta, si es posible que la Comisión de Derechos Humanos pueda formar parte del dictamen.

Agradezco muchísimo, y muchas felicidades, querida Claudia.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Senador Dante Delgado, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano también solicita su adhesión a la iniciativa, Senadora Anaya.

El grupo parlamentario del PAN, lo mismo.

Y sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Geovanna.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Bueno, en principio no puedo dejar pasar mi reconocimiento a mi paisana y amiga la Senadora Claudia Anaya, expresarle mi más profunda admiración por esta iniciativa.

Pero en realidad por toda una trayectoria política que la ha caracterizado siempre en pro de una agenda en beneficio de la inclusión y de la que ha dejado huella en el lugar del que le han dado responsabilidad en el estado de Zacatecas, en Cámara de Diputados, y que no tengo duda de que lo habrás de hacer ahora también, amiga, en Cámara de Senadores, pedirte, a nombre propio y de mi grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que nos permitas suscribirnos a esta iniciativa.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Claro que sí.

Señora Presidenta, si me permite, esta iniciativa la presento a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI, pero también decirles que como fue realizada, el trabajo en el equipo con las Diputadas Martha Garay y Margarita Flores, Laura Barrera e Ivonne Álvarez.

Está presentada de manera simultánea en la Gaceta Parlamentaria de Cámara de Diputados, por lo que también sería conveniente ir valorando el trabajo en conferencia para que de esa manera se pudiera agilizar su dictaminación.

Y yo les agradezco a todos que se sumen al tema y que ojalá podamos hacer muchas cosas más por el sector que definitivamente es uno de los más rezagados del país.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora Anaya Mota.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Por supuesto que habló a nombre del grupo parlamentario, pero yo no quiero dejar de decir lo que pensamos y sentimos por nuestra compañera, para nuestra compañera Claudia, a quien queremos mucho, la admiramos mucho, es una mujer crítica, es una mujer que siempre aporta y, por supuesto, Claudia Anaya, Claus, como cariñosamente te decimos, nos sentimos muy orgullosos de ti.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido en el escaño de la Senadora Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

También felicitar la presentación de la iniciativa, y a nombre de todo el grupo parlamentario pedir que nos acepte suscribirla, y lo hago también principalmente a nombre de todos y todas las jóvenes que pertenecen a la Embajada Juvenil de Discapacidad en Guanajuato, que además, también traen una iniciativa, una propuesta para que se realice un registro nacional de las discapacidades y avanzar en la investigación para poder desarrollar también los programas y las políticas públicas de una manera más asertiva.

Muchas felicidades, Senadora Anaya Mota.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Joel Padilla Peña, para presentar a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma constitucional en materia de fuero e inmunidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38, 111 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Gracias, señora Presidenta. Y con la venia de la Presidencia; Senadoras y Senadores; Mexicanas y mexicanos y colimenses:

El día de hoy el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó ante esta Cámara una iniciativa de eliminación del fuero para el propio Presidente de la República, iniciativa que el Partido del Trabajo apoya totalmente.

El PT está de acuerdo en que el fuero sea eliminado.

Lo que hoy venimos nosotros a plantear es que dicha eliminación del fuero se amplíe a todos los funcionarios públicos, se amplíe a los gobernadores, se amplíe a los presidentes municipales, a los regidores, a los síndicos, se amplíe, por supuesto, a Diputados y Senadores para que de una vez por todas se termine con la impunidad.

Pedimos a la comisión dictaminadora, a donde sea turnada, que sea dictaminada lo más pronto posible, porque es urgente, es un reclamo de las y los mexicanos.

Asimismo, estamos planteando en esta iniciativa que se pueda considerar la protección política de los opositores, recordando al ilustre Senador y mártir, Belisario Domínguez.

La sociedad está harta de escándalos, de corrupción y de impunidad que se vive a lo largo y ancho del país, casos de funcionarios y políticos acusados de corrupción y que se encuentran libres sin tener procesados, generaron entre la población la idea de que el fuero es sinónimo de impunidad.

La ciudadanía no tolera más que servidores públicos cometan delitos, y que bajo el manto protector del fuero continúen libres e impunes.

Durante el pasado proceso electoral una de las mayores demandas ciudadanas fue la eliminación del fuero.

Los legisladores que impulsamos la “Cuarta Transformación” del país consideramos imperioso realizar los cambios legislativos que la ciudadanía demanda, y que la legitimidad política que hoy tenemos nos obliga a cumplir.

Estamos en contra de cualquier abuso de autoridad por parte de servidores públicos que abusan de su cargo para beneficiarse, y no son castigados por ello.

Y en consecuencia, decimos: no al fuero de los malos servidores públicos, y no a la impunidad.

La iniciativa que hoy presentamos propone que todos los servidores públicos que actualmente gozan de fuero y estén involucrados en actos ilícitos puedan ser procesados penalmente y en el tiempo en que están en funciones.

Esta reforma busca contribuir a recuperar la confianza de la gente en las instituciones de procuración e impartición de justicia, acabar con la corrupción e impunidad, que no haya servidores públicos intocables, que quien cometa un delito reciba la sanción que corresponda conforme a la ley penal o sea, que el que la hace, la pague.

Por una igualdad para todos, no al fuero constitucional. Por un estado de derecho que se cumpla, no a la impunidad de los malos servidores públicos.

Solicito a la Presidencia que esta versión se integre íntegra al Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria, tal como será entregada en unos minutos.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias a usted, Senador Padilla Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presentar con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, en materia de derecho a la muerte digna.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a mis compañeras Senadoras, mis compañeros Senadores.

Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío.

Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí.

Yo quiero llamar su atención para tocar un tema que voy a explicar más que leerles la Iniciativa, la cual solicito se pueda agregar íntegra al Diario de los Debates.

Se trata de esto, se trata de quienes muchas de las ocasiones se quedan sin la posibilidad de hablar o nos podríamos quedar, cualquiera de nosotros, sin la posibilidad de hablar, ante una enfermedad, una enfermedad terminal, una enfermedad dolorosa, una enfermedad con sufrimiento.

Por eso es que en el grupo parlamentario del PRD consideramos fundamental el derecho sí a la vida digna, pero por supuesto, también que esta dignidad se mantenga hasta el momento de la muerte.

Este concepto de muerte digna, el derecho a morir dignamente, es un derecho humano protegido por nuestro ordenamiento constitucional, se trata de darles a las personas, atenciones, tratamientos, todo lo necesarios para que durante el proceso de la pérdida de vida mantenga un nivel aceptable de bienestar para evitar el dolor y el sufrimiento que aquejan.

La muerte digna no es eutanasia, no es suicidio asistido, ambos conceptos que no están dentro del marco legal, la muerte digna es el ejercicio, como lo dije, de un derecho humano, un derecho fundamental de la dignidad humana. Las personas que enfrentan enfermedades terminales o incurables y que en muchos de los casos padecen niveles altos o muy altos de dolor, agonía y sufrimiento.

Por eso, es indispensable que nosotros podamos establecer como obligación y dentro de nuestro marco constitucional, los cuidados paliativos que permitan eso, aminorar el sufrimiento, aminorar el dolor de las personas.

Esta iniciativa es indispensable respecto de la que presentó el 2 de octubre mi compañera, Leonor Noyola Cervantes, ella ha marcado ya ahí la apertura de esta puerta, establecer que la vida humana digna es el sustento del derecho a toda persona para tener una muerte digna.

Hoy, lo que estamos planteando, es hacer una modificación al artículo 4o. constitucional para establecer, fíjense, hoy ya lo dice en uno de sus párrafos: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de salubridad general conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional”.

¿Qué estamos agregando?

En este mismo párrafo, para que diga: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Hasta ahí no hay modificación.

“La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”, ahí queda igual.

Y aquí viene la modificación: “incluyendo la muerte digna a través de los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades sin posibilidad de cura, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados”.

¿Por qué es importante esto? Porque debemos utilizar esos medicamentos de los que hemos estado hablando aquí, entre otros, la marihuana, con efectos medicinales, la morfina, es decir, opiáceos, para la saludad de las personas.

Es importantísimo, verdaderamente, no sé si alguien aquí ha tenido un episodio cercano de algún familiar cuando se presenta una enfermedad terminal dolorosa, pero en esos momentos es cuando uno se pregunta: ¿Y por qué no se permite o por qué no se tiene acceso en toda la República Mexicana?

La Ciudad de México, legislación para que se permitiera, legislamos para que se pueda utilizar la morfina en pacientes terminales. Este es un tema que, sin duda, es fundamental para la protección integral de la dignidad de las personas.

Es la propuesta del grupo parlamentario del PRD, esta modificación mínima es una modificación mínima, pero es un gran paso para la dignidad de la vida humana.

Créanme que lo hemos vivido de cerca y me parece fundamental en esta tarea.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

Sonido al escaño del Senador Álvarez Icaza, por favor.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Yo quiero sumarme a esta iniciativa, si el Senador Mancera lo acompaña, sería una iniciativa muy civilizadora, evitaría muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y nos permite que como Estado tengamos condición para atender una parte vital del derecho a la salud.

Si el Senador Mancera lo acompaña, yo me sumaría con muchísimo gusto.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

El Senador Américo Villarreal, en el mismo sentido, Margarita Valdez, Osorio Chong y todo el grupo parlamentario del PRI, Dante Delgado y todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Murat Hinojosa, Mancera Espinosa, Navarro Quintero. Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe las firmas, también lo ha solicitado todo el grupo parlamentario del PAN.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Imelda Castro Castro, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de protección de datos personales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Senadora Imelda Castro Castro, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Imelda Castro Castro: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, el tema de esta Iniciativa que estamos presentando el Senador Ricardo Monreal Ávila y su servidora, es prohibir y sancionar, tiene como objetivo prohibir y sancionar el hostigamiento telefónico con fines mercadotécnicos o publicitarios.

A todos, a todas nos es cercana la experiencia de recibir diariamente, a veces hasta en horas de la noche, de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones.

La gravedad subyace, de estas prácticas, radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares, ese es el tema más delicado.

En el caso de México no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento, al contrario, los Call center, las encuestadoras, los bancos y las empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y de 115 millones de líneas móviles registradas.

Si bien, actualmente existen diversos dispositivos legales, diversas disposiciones legales para combatir el acoso comercial, la realidad es que éstos no han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los consumidores, pues la legislación vigente deja en los usuarios la responsabilidad de solicitar la interrupción del hostigamiento, lo que según se ha documentado, tampoco ha resuelto el problema.

Con el fin de erradicar estas prácticas, nuestra iniciativa propone reformas diversas a las disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para prohibir expresamente que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto a celulares o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadotécnicos o publicitarios.

Salvo que expresamente se haya brindado un consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco del usuario de estos servicios financieros o de telecomunicaciones, comerciales, etcétera.

Asimismo, esta iniciativa propone una serie de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con este mandato, para dar plena vigencia al derecho humano de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Así como el de fortalecer los mecanismos legales para la protección de los derechos a la privacidad de los datos de los consumidores y usuarios de servicios financieros.

El proyecto de Decreto contenido en esta iniciativa reforma tres ordenamientos legales, que de manera muy general compartimos con ustedes:

Primero. Se prohíbe expresamente en la Ley de Proveedores y Empresas la utilización o que compartan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos y publicitarios.

Segundo. Se establece que estas prácticas publicitarias podrán realizarse sólo a solicitud del consumidor mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser revocado en cualquier momento conforme a la legislación en materia de protección de datos personales.

Se establece con toda claridad que proveedores y empresas sean responsables del manejo de la información de los consumidores cuando dicha publicidad sea comunicada por sí o a través de terceros.

Estos, entre otros, son los principales contenidos de la presente iniciativa, hay también en el documento un comparativo para poder clarificar los alcances.

Y le pedimos, pues, a la Mesa Directiva que pueda incluir de manera íntegra el texto aquí presentado.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Imelda Castro. Así se hará. Le pedimos a la Secretaría que incluya los cuadros comparativos y el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Se adhieren a su iniciativa los Senadores Malú Micher y su servidora también, Guadalupe Covarrubias, Américo Villarreal, Lucía Meza, Eva Galaz, Caraveo Camarena, Aníbal Ostoa, Rocha Moya, Gutiérrez Castorena, Margarita Valdez, Alejandro Peña, Sánchez y Rocío Abreu.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 constitucional, en materia de participación ciudadana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Muchas gracias, señora Presidenta.

Esta es una iniciativa que promueve la participación ciudadana y, desde luego, no veo ningún motivo por el que alguien, algún Senador, que quiera a su país, pueda oponerse a esta práctica democrática.

Las circunstancias actuales y los sucesos que se han venido dando en cuanto a la consulta popular, bajo el argumento de consolidar y fomentar la democracia participativa, nos ha puesto a prueba y nos ha dejado entrever que a nivel federal nos hace falta promover, pero, sobre todo, legislar y regular los mecanismos de participación ciudadana para que tengan un sustento legal, que sean transparentes, que tengan máxima publicidad, que sean objetivos, que sean realizados por una institución autónoma y con personalidad jurídica propia, que se realicen dentro de un marco jurídico en donde puedan ser impugnados los resultados cuando se compruebe que existieron irregularidades como votos repetidos, una sin sellar, tinta que se quita con facilidad, como ocurrió en la consulta sobre el nuevo aeropuerto que realizó el entonces Presidente Electo.

Las y los legisladores del partido oficialista dijeron que ya no habría más consultas fuera de la ley, esperamos que ahora sea un hecho.

Además, ya existe un antecedente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto a las adecuaciones de la consulta popular y la figura de la revocación de mandato.

Es por ello que creo que cuando se legisle en estas figuras, que ya están en la Cámara de Diputados, ahora se tendrá que incluir esta propuesta de su servidora.

Quiero que quede claro que en Acción Nacional estaremos siempre a favor de fomentar y fortalecer la democracia participativa, el estado de derecho, y por ello la creación de esta iniciativa, la cual tiene como objeto reconocer en la Constitución los mecanismos de participación ciudadana.

El plebiscito, el referéndum, además de hacer perfectibles los procedimientos de consulta popular y de la iniciativa ciudadana.

Por ello se propone reformar el artículo 35 de la Constitución y también abrogar la Ley de Consulta Popular, siendo ésta reemplazada por una nueva Ley Federal de Participación Ciudadana.

La iniciativa contempla los procedimientos constitucionales y jurídicos con los que debe de contar cualquier mecanismo de participación ciudadana.

En los casos de plebiscito, referéndum y de consulta popular, serán solicitados por una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión. Eso sí tiene certeza legal, por el Presidente de la República con la aprobación de la mayoría calificada por las Cámaras del Congreso de la Unión, y por la ciudadanía, que en su conjunto represente un mínimo del 0.4 por ciento  de la lista nominal.

Los mecanismos de participación ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, perspectiva de género, pluralidad y participación social.

Además, se contemplan sanciones y castigos a quienes coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que voten en dichas consultas.

También se contempla al Instituto Nacional Electoral como la autoridad que dé fe y legalidad a la organización y resultados de los mecanismos de participación ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El inciso n) del artículo 54, y se deroga el inciso d) del artículo 289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se reforman, adicionan y se recorren en los subsecuentes diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, y se crea la Ley Federal de Participación Ciudadana, abrogando la Ley de la Consulta Popular.

Es cuanto, y espero sean considerados todos estos esquemas legales para darle participación a los ciudadanos.

Muchas gracias.

Iniciativas

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Democracia es, por su definición, un sistema político en el que el ciudadano está en el centro de las acciones y de las decisiones políticas. En la democracia es la voluntad de la ciudadanía la que da legitimidad y fundamento a los gobernantes.

Durante los últimos años, en la construcción del sistema institucional mexicano, especialmente en cuanto al tema de participación ciudadana, la aprobación de diversos textos constitucionales y sus reformas se han caracterizado en el reconocimiento de los mínimos derechos políticos de los ciudadanos como los de votar y ser votado. En el marco internacional, nuestro país ha mantenido un rezago en cuanto a la democracia participativa materializada a través de sus diferentes formas como plebiscito, referéndum, iniciativa popular y consulta popular, toda vez que otros países han incorporado distintas formas de participación ciudadana en sus textos constitucionales y se ha enraizado la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales en el ejercicio del poder político.

Para James Fishkin, la democracia participativa debe cubrir tres condiciones primarias para su correcto desenvolvimiento, las cuales son

[… igualdad política, no tiranía y discusión […]

Se coincide con tales ideas, en virtud de que la participación política dentro de las democracias asume un elemento sustancial ante la posibilidad de establecer límites al abuso de poder. Aunado a esto, hay que agregar el tema de la legalidad.

Lo acontecido recientemente referente a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, nos permitió ver el vacío legal y reglamentario que existe en cuanto al tema de instrumentos de participación ciudadana en nuestro país. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla como mecanismos de participación ciudadana la iniciativa popular y la consulta popular, de manera general y limitativa. Por otra parte, en un intento de dar paso a una democracia participativa se publica la Ley Federal de Consulta Popular, en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. Es preciso reconocer y aplaudir los esfuerzos que se han venido realizando. Sin embargo hay que reconocer también, que el tema de la participación ciudadana, al igual que muchos otros, es perfectible, por lo, que en aras de garantizar la legalidad y la legitimidad en los instrumentos de participación ciudadana, y con base en mis facultades como integrante de la LXIV Legislatura en el Senado de la República me permitido proponer esta iniciativa que crea una Ley para reconocer el derecho de la ciudadanía a iniciar y participar en Plebiscitos y Referéndums, así como reglamentar y especificar los procedimientos para que se lleven a cabo al igual que la Consulta Popular y la Iniciativa Popular.

La presente iniciativa, tiene como objeto incorporar y reglamentar mecanismos de participación ciudadana a nivel federal, para que puedan ser másfactibles para la ciudadanía; también, se busca sancionar a quienes de manera arbitraria realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares fuera de la Ley. Para ello, se contempla dotar de legalidad y transparencia a cada proceso de participación ciudadana poniendo al Instituto Nacional Electoral como el encargado de conducir dichos procesos de participación ciudadana.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somos conscientes del poder que tiene la ciudadanía, de la responsabilidad de ejercerlo sustentado en un marco jurídico y acorde a nuestro Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VII. …

VIII. Ejercer los instrumentos de participación ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Participación Ciudadana.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

James Fiskin. “Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Ariel, Barcelona, 1995. Pág. 185






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO N) DEL ARTÍCULO 54 Y SE DEROGA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 289 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE RECORREN EN LO SUBSECUENTE, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE CREA LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO N) DEL ARTÍCULO 54 Y SE DEROGA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 289 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE RECORREN EN LO SUBSECUENTE, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, Y SE CREA LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Democracia es, por su definición, un sistema político en el que el ciudadano está en el centro de las acciones y de las decisiones políticas. En la democracia es la voluntad de la ciudadanía la que da legitimidad y fundamento a los gobernantes.

Durante los últimos años, en la construcción del sistema institucional mexicano, especialmente en cuanto al tema de participación ciudadana, la aprobación de diversos textos constitucionales y sus reformas se han caracterizado en el reconocimiento de los mínimos derechos políticos de los ciudadanos como los de votar y ser votado. En el marco internacional, nuestro país ha mantenido un rezago en cuanto a la democracia participativa materializada a través de sus diferentes formas como plebiscito, referéndum, iniciativa popular y consulta popular, toda vez que otros países han incorporado distintas formas de participación ciudadana en sus textos constitucionales y se ha enraizado la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales en el ejercicio del poder político.

Para James Fishkin, la democracia participativa debe cubrir tres condiciones primarias para su correcto desenvolvimiento, las cuales son

[… igualdad política, no tiranía y discusión […]1

Se coincide con tales ideas, en virtud de que la participación política dentro de las democracias asume un elemento sustancial ante la posibilidad de establecer límites al abuso de poder. Aunado a esto, hay que agregar el tema de la legalidad.

Lo acontecido recientemente referente a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, nos permitió ver el vacío legal y reglamentario que existe en cuanto al tema de instrumentos de participación ciudadana en nuestro país. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla como mecanismos de participación ciudadana la iniciativa popular y la consulta popular, de manera general y limitativa. Por otra parte, en un intento de dar paso a una democracia participativa se publica la Ley Federal de Consulta Popular, en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. Es preciso reconocer y aplaudir los esfuerzos que se han venido realizando. Sin embargo hay que reconocer también, que el tema de la participación ciudadana, al igual que muchos otros, es perfectible, por lo, que en aras de garantizar la legalidad y la legitimidad en los instrumentos de participación ciudadana, y con base en mis facultades como integrante de la LXIV Legislatura en el Senado de la República me permitido proponer esta iniciativa que crea una Ley para reconocer el derecho de la ciudadanía a iniciar y participar en Plebiscitos y Referéndums, así como reglamentar y especificar los procedimientos para que se lleven a cabo al igual que la Consulta Popular y la Iniciativa Popular.

La presente iniciativa, tiene como objeto incorporar y reglamentar mecanismos de participación ciudadana a nivel federal, para que puedan ser másfactibles para la ciudadanía; también, se busca sancionar a quienes de manera arbitraria realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares fuera de la Ley. Para ello, se contempla dotar de legalidad y transparencia a cada proceso de participación ciudadana poniendo al Instituto Nacional Electoral como el encargado de conducir dichos procesos de participación ciudadana.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somos conscientes del poder que tiene la ciudadanía, de la responsabilidad de ejercerlo sustentado en un marco jurídico y acorde a nuestro Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso n) del Artículo 54 y se Deroga el inciso d) del Artículo 289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 54.

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) a m). …

n). Proceder a la verificación del porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores requerido para solicitar cualquier instrumento de participación ciudadana establecido en la legislación; y

Artículo 289.

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a). a c). …

d) SE DEROGA



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, adicionan y se recorren en lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los mecanismos de participación ciudadana a los que se refiere el artículo 35 de la Constitución y la Ley Federal de Participación Ciudadana.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a III. …

IV. Consulta Popular: al mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho a través del voto para expresar su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional.

V. Iniciativa Popular: instrumento de participación mediante la cual la ciudadanía tiene la facultad de presentar ante el H. Congreso de la Unión, proyectos de ley o decreto, para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones legales federales y generales, a fin de que sean estudiados, analizados, modificados y en su caso, aprobados por el H. Congreso de la Unión.

VI. Plebiscito: instrumento de participación ciudadana mediante el cual se somete a consideración y votación de la ciudadanía, actos concretos emitidos por el Presidente de la República, que sean considerados de interés público.

VII. Referéndum: instrumento de participación ciudadana que se ejerce mediante el voto ciudadano, para aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de normas constitucionales, leyes o normas de carácter general propias de la competencia del Congreso de la Unión.

VIII. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales, en los poderes judiciales federal o locales, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía.



Artículo 19. Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o consulta popular:

I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada del Plebiscito, Referéndum o consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo del Plebiscito, Referéndum o consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas;
III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o consulta popular.

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro del Plebiscito, Referéndum o consulta popular;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular:

ARTÍCULO CUARTO.- Se Crea la Ley Federal de Participación Ciudadana y se Abroga la Ley Federal de Consulta Popular para que dar en los siguientes términos.

TÍTULO PRIMERO

EL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción VIII del artículo 35 y de la Fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social; y de observancia en el orden federal.

Artículo 2.- La presente Ley tiene como objeto reglamentar los instrumentos de participación ciudadana en el orden federal, así como establecer los procedimientos, términos, medios de impugnación y los mecanismos para realizarlos.

Artículo 3.- Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la presente Ley se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, perspectiva de género, pluralidad y participación social.

Artículo 4.- La aplicación de las normas de esta Ley corresponde a la ciudadanía, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 5.- Se consideran instrumentos de participación ciudadana:

I. Plebiscito;

II. Referéndum;

III. Iniciativa Popular; y

IV. Consulta Popular.

Artículo 6.- La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en cuenta el objeto y los principios rectores de la participación ciudadana previstos en el Artículo 3 de esta Ley, y se atenderán a los criterios gramatical, sistemático y funcional, privilegiando siempre atender el principio pro-persona y la progresividad de los derechos humanos.

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Casillas Electorales: Los locales que se destinen para recibir la participación de los electores;

II. Ciudadanos: Las personas que acrediten la calidad de mexicanos y reúnan los requisitos previstos en los Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Congreso de la Unión: El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Credencial: La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral;

VII. Presidente de la República: El depositario del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes;

VIII. Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

IX. Ley: La presente Ley;

X. Lista Nominal: La Lista Nominal elaborada por el Instituto Nacional Electoral;

XI. Diario Oficial de la Federación: El Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos; y

XII.- Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CIUDADANOS.

Artículo 8.- Además de lo estipulado en el Artículo 35 de la Constitución, la ciudadanía tiente los siguientes derechos:

I. Promover, ejercer y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana plasmados en la presente Ley;

II. Aprobar o rechazar mediante el plebiscito los actos o decisiones de los titulares del Gobierno Federal, cuando consideren que las decisiones sean trascendentales para la vida pública del país, salvo aquellas excepciones previstas en la Ley;

III. Presentar al Congreso de la Unión, mediante Iniciativa Popular, proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes federales, respecto de las materias de su competencia legislativa, salvo aquellas excepciones señaladas en la presente Ley;

IV. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por medio del referéndum de leyes, que expida el Congreso de la Unión, salvo las excepciones previstas en esta Ley; y

V. Las demás que se establezcan en ésta y otras legislaciones.

Artículo 9.- La ciudadanía, además de lo previsto en el Artículo 36 de la Constitución, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las funciones de representación ciudadana que le sean encomendadas;

II. Ejercer sus derechos sin perturbar la tranquilidad y el orden público; y

III. Las demás que establezcan las Leyes.

TÍTULO SEGUNDO

LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I

EL PLEBISCITO

Artículo 10.- Se entiende por Plebiscito al instrumento de participación ciudadana mediante el cual se somete a consideración y votación de la ciudadanía, actos concretos emitidos por el Presidente de la República, que sean considerados de interés público.

Artículo 11.- El Plebiscito podrá ser solicitado por:

I. El cero punto cuatro por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando el acto o decisión provengan del Poder Ejecutivo;

II. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión; y

III. Por Presidente de la República, con la aprobación de mayoría calificada por las Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 12.- No podrá someterse a Plebiscito los actos de Gobierno relacionados con:

I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación;

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal;

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones;

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo; y

V. Las demás que determine la Ley.

Artículo 13.- La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 14.-Para los casos en los que el Plebiscito sea propuesto por ciudadanos, se deberá presentar directamente al Instituto.

Artículo 15.- Una vez presentada la solicitud del Plebiscito, sólo podrá operar el desistimiento del o los peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

CAPÍTULO II

EL REFERÉNDUM

Artículo 16.- Se entiende por Referéndum al instrumento de participación ciudadana que se ejerce mediante el voto ciudadano, para aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de normas constitucionales, leyes o normas de carácter general y federal propias de la competencia del Congreso de la Unión.

Artículo 17.- El Referéndum podrá ser solicitado por:

I. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión:

II.- El Presidente de la República, con la aprobación de mayoría calificada por las Cámaras del Congreso de la Unión.

III.- La ciudadanía que en su conjunto represente un mínimo del cero punto cuatro por ciento de la Lista Nominal.

Artículo 18.- No podrán someterse a Referéndum:

I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación;

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal;

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones;

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo;

V. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

VI. La Ley General en de Delitos Electorales;

VII. Las disposiciones legales en materia penal, violencia y perspectiva de género, aquellas que consagran derechos humanos y las relativas a acciones afirmativas; y

VIII. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 19.- La solicitud de Referéndum deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- Para los casos en los que el Referéndum sea propuesto por ciudadanos, se deberá presentar directamente al Instituto.

Artículo 21.- Una vez presentada la solicitud del Referéndum, sólo podrá operar el desistimiento del o los peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

Artículo 22.- Una vez que la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral sea definitiva, si es derogatoria, será notificada a la autoridad de la que emana la Ley, el Reglamento o el Decreto rechazado, para que, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles, emita el decreto correspondiente.

CAPÍTULO III

LA CONSULTA POPULAR.

Artículo 23.- Se entiende por Consulta Popular al mecanismo de participación ciudadana, mediante la cual la ciudadanía ejerce su derecho a través del voto para expresar su opinión respecto a uno varios temas de trascendencia nacional.

Artículo 24.- Serán objeto de Consulta Popular los temas de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para Consulta Popular, será determinada por la mayoría calificada por los integrantes de cada Cámara del Congreso de la Unión, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 25.- El resultado de la Consulta Popular será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

Artículo 26.- Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para consulta popular cuando contenga elementos tales como:

I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y

II. Que impacten en una parte significativa de la población.

Artículo 27.- La Consulta Popular podrá ser solicitada por:

I. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión:

II.- El Presidente de la República, con la aprobación de la mayoría calificada de las Cámaras del Congreso de la Unión.

III.- La ciudadanía que en su conjunto represente un mínimo del cero punto cuatro por ciento de la Lista Nominal.

Artículo 28.- No podrán ser objeto de Consulta Popular:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerza Armada permanente.

Artículo 29.- La solicitud de Consulta Popular deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 30.- Para los casos en los que la Consulta Popular sea propuesta por ciudadanos, se deberá presentar directamente al Instituto.

Artículo 31.- Una vez presentada la solicitud de Consulta Popular, sólo podrá operar el desistimiento del o los peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

CAPÍTULO IV

DE LA INICIATIVA POPULAR

Artículo 32.- La Iniciativa Popular es el instrumento de participación previsto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual la ciudadanía tiene la facultad de presentar ante el H. Congreso de la Unión, proyectos de ley o decreto, para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones legales federales y Generales, a fin de que sean estudiados, analizados, modificados y en su caso, aprobados por el H. Congreso de la Unión.

Artículo 33.- La Iniciativa Popular podrá ser presentada por la ciudadanía en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la Lista Nominal de Electorales.

Artículo 34.- No podrán presentarse Iniciativa Popular referente a:

I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación;

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal;

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones;

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo;

V. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

VI. La Ley General en de Delitos Electorales;

VII. Las disposiciones legales en materia penal, violencia y perspectiva de género, aquellas que consagran derechos humanos y las relativas a acciones afirmativas; y

VIII. Las demás que determinen las leyes.

TÍTULO TERCERO

DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS SOLICITUDES DE PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR

Artículo 35.- Para dar inicio al Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular se debe presentar una solicitud por escrito ante el Instituto, la cual debe contener:

I. Los nombres, firmas y claves de elector de la credencial de los promotores del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular;

II. Domicilio para recibir notificaciones dentro del territorio nacional;

III. El acto de Gobierno, o la Ley o disposición de carácter general que se pretende someter a Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular respectivamente. Tratándose de Plebiscito el órgano u órganos de la administración pública federal que lo aplicarán en caso de ser aprobado;

IV. Una exposición de motivos que contenga argumentación suficiente, así como estudios y análisis técnicos por las cuales el acto, ordenamiento jurídico o parte de su articulado deben someterse a la consideración de la ciudadanía, mediante Plebiscito o Referéndum;

V. Para la Consulta Popular una exposición de motivos que contenga argumentación suficiente, así como estudios y análisis técnicos por las cuales se el asunto de trascendencia se debe de someter a Consulta; y

V. En caso de ser varios promotores, el nombre de un representante común, así como un domicilio dentro del territorio nacional para recibir notificaciones.

Artículo 36.- Ningún funcionario y/o servidor público podrá intervenir como promotor en este proceso, sólo podrá hacerlo para participar y promover a título ciudadano.

Artículo 37.- El Instituto Nacional Electoral deberá analizar la solicitud que se presente, en un plazo máximo de veinte días hábiles y podrá:

I. Aprobarla en lo general, dándole trámite para que se someta a Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular;

II. Proponer adecuaciones, sin alterar ni modificar el objetivo esencial de la misma, e informar al promotor o representante común del Plebiscito para que se subsane lo relativo a la solicitud del Plebiscito en un plazo no mayor a diez días hábiles; o

III. Rechazarla en caso de ser improcedente por violentar ordenamientos federales.

Artículo 38.- El Instituto, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General, determinarán si es trascendental para el orden público o el interés social del país. Cualquier decisión deberá ser fundada y motivada.

Artículo 39.- Al momento de realizar la determinación de trascendencia para el orden público o el interés social, el Instituto deberá considerar que existe trascendencia para el orden público y el interés social de la nación cuando el Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular:

I. Repercuten en gran parte del territorio a llevarse a cabo la votación; y

II. Que impacten en una parte significativa de la población.

Artículo 40.- Una vez que la solicitud de Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular sea declarada procedente por cumplir con los requisitos señalados, se dará inicio al proceso.

Artículo 41.- Cuando alguna solicitud sea declarada improcedente, solo podrá volver a ser presentada tras concluir el plazo de un año posterior a su desechamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA SOLICITUD DE INICIATIVA POPULAR

Artículo 42.- La Iniciativa Popular deberá presentarse con los siguientes requisitos:

I. Por escrito, en forma de Proyecto de ley o decreto, señalando si la finalidad es crear, reformar, modificar, derogar o abrogar;

II. Con exposición de Motivos en la que se habrán de explicar las razones, hechos y argumentos de los que se concluya la necesidad de formular dicha propuesta;

III. Problema social que pretende resolver;

IV. Texto legislativo que se propone;

V. Especificar si se trata de adecuaciones, adiciones, reformas o bien, si es la propuesta de creación de una nueva Ley;

VI. Nombre, firma, clave de elector y domicilio para recibir notificaciones de quien sea designado como representante común;

VII. Nombre, firma y clave de elector de la credencia de los firmantes.

Artículo 43.- Toda Iniciativa Popular deberá observar el interés general, evitando términos que denigren a la autoridad, a la sociedad o a un sector de ella, de lo contrario será desechada.

Artículo 44.- La Iniciativa Popular se presentará ante el Instituto y si resulta procedente en cuanto a los requisitos establecidos, se pondrá a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, además, se publicará en la página de internet del Instituto y en los medios electrónicos que consideren pertinentes.

Artículo 45.- El Instituto decidirá la procedencia o el desechamiento de la Iniciativa, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, mediante resolución debidamente fundada y motivada, la cual será notificada al representante común de los promotores, en un término de cinco días hábiles, a partir de su expedición.

Artículo 46.- Si la Iniciativa es declarada procedente, deberá dirigirse a la Cámara correspondiente del H. Congreso de la Unión cuando sean temas exclusivos de alguna de ellas, tal como lo especifican los Artículos 74 y 76 de la Constitución, en caso de que sean temas relacionados con los establecidos en el Artículo 73 de la Constitución, la iniciativa podrá presentarse en hojas foliadas y selladas, ante la Cámara que para su proceso legislativo, se elija como la de origen.

Artículo 48.- Cuando la Iniciativa se discuta, el representante común podrá registrar su participación ante la Comisión o Comisiones dictaminadoras, y contará con derecho a voz.

Artículo 49.- La iniciativa deberá ser dictaminada en un plazo no mayor a setenta días hábiles y sometida a discusión al Pleno para ser aprobada o rechazada en otro término de setenta días hábiles.

Artículo 50.- Se deberá informar por escrito al representante común de los promotores de la Iniciativa Popular el sentido del dictamen de la misma, la resultante de la votación emitida por el Pleno de las Cámaras y señalará las causas y fundamentos jurídicos considerados en la dictaminación. El decreto aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la página web de las Cámaras del Congreso Federal, en la gaceta parlamentaria y en al menos tres diarios de mayor circulación nacional.

Artículo 51.- Toda Iniciativa Popular que sea desechada, solo se podrá volver a presentarse una vez transcurrido un año a partir de la fecha en que fue presentada originalmente.

TÍTULO CUARTO

DE LA IMPROCEDENCIA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

Artículo 52.- Son causas de improcedencia de la solicitud del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular las siguientes:

I. Cuando el acto materia no sea trascendental para el orden público o interés social del país;

II. Cuando la solicitud se haga fuera de los plazos y términos establecidos;

III. Cuando las firmas de apoyo no sean auténticas, la ciudadanía firmante no esté inscrita en la Lista Nominal o los datos en el escrito no concuerden con los registrados en la Lista Nominal;

IV. Cuando la exposición de motivos no contenga una relación directa entre el acto de Gobierno y las razones por las cuales habrá de someterse a escrutinio público;

V. Cuando el escrito de solicitud contravenga a la convivencia respetuosa y pacífica de la ciudadanía;

VI. Cuando la solicitud no cumpla con todas las formalidades que se establecen en la presente Ley; o

VII. Cuando la materia de éste, contravenga el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Artículo 53.- No se podrá realizar Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular en el año en que hayan de efectuarse elecciones constitucionales desde el momento que inicia el periodo de precampañas o apoyo ciudadano hasta el día siguiente de la jornada electoral.

TÍTULO QUINTO

DE LA DIVULGACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA DIVULGACIÓN DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM, CONSULTA POPULAR E INICIATIVA POPULAR

Artículo 54.- Cuando un instrumento de Participación Ciudadana sea procedente, el Instituto iniciará el proceso establecido para cada una de ellas mediante una convocatoria que se deberá expedir cuando menos cuarenta y cinco días hábiles antes de la fecha de su realización.

La convocatoria será publicada el Diario Oficial de la Federación, en la página web del Instituto y en los medios de comunicación electrónicos que sean considerados pertinentes y contendrá:

I. La descripción del acto de autoridad que se someterá a algún instrumento de participación ciudadana y su exposición de motivos;

II. La descripción de la legislación o regulación materia del Referéndum, así como la explicación clara y precisa de los efectos en caso de aprobación o rechazo;

III. La fecha, lugar y hora en que habrá de realizarse la votación;

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo;

V. El ámbito territorial de aplicación del proceso, anexando una relación completa de las secciones electorales donde se sufragará;

VI. El porcentaje mínimo requerido para que la materia del Plebiscito o Referéndum tenga carácter vinculatorio.

TÍTULO SEXTO

DE LA PREPARACIÓN Y VOTACIÓN DEL PLEBISCITO, EL REFERÉNDUM Y LA CONSULTA POPULAR

CAPÍTULO I

DE LA PREPARACIÓN

Artículo 55.- La preparación del proceso para el Plebiscito, Referéndum y la Consulta Popular comprende:

I. La publicación de la resolución del Instituto en la que se declare la procedencia;

II. Las secciones electorales y la circunscripción territorial en donde se aplicara el proceso de consulta;

III. La integración, ubicación y publicación de los centros de votación; y

IV. La elaboración y entrega de la documentación y material a ser empleado para la consulta.

Artículo 56.- El Instituto podrá ampliar o modificar los plazos y términos establecidos para el desarrollo del proceso de Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular cuando exista imposibilidad material para realizar el proceso o así resulte conveniente para un mejor cumplimiento de las diversas etapas de este proceso.

Artículo 57.- El acuerdo del Consejo General del Instituto que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres días siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo 58.- El Instituto de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada proceso de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, decidirá el número y ubicación de las casillas electorales.

Artículo 59.- El Instituto regulará lo relativo a la designación de las personas integrantes de las mesas directivas de casillas. Dicho cargo será honorífico.

Artículo 60.- En el proceso de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular no procede el nombramiento de representantes de partidos políticos en casillas.

Artículo 61.- El día de la realización del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular se implementará Ley Seca en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO II

DE LA JORNADA DE PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR

Artículo 62.- El día de la jornada se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé el presente Capítulo.

Artículo 63.- Para todos los efectos legales, las mesa directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular.

Artículo 64.- La urna en que los electores depositen la papeleta, deberán consistir de material transparente, plegable, o armable; las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color de la papeleta que corresponda; la denominación del instrumento de participación ciudadana que se celebre.

Artículo 65.- Los escrutadores de las mesas directivas de casillas contarán la cantidad de papeletas depositadas en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la Lista Nominal de Electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, contarán el número de votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente.

Artículo 66.- Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente el sentido de voto; y

II. Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo señalado en la fracción anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta.

Artículo 67.- Agotado el escrutinio, se levantará el acta correspondiente, la cual deberá firmar todos los funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular con la siguiente información:

I. Un ejemplar del acta de la jornada del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular;

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular; y

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y votos nulos del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular.

CAPÍTULO III.

DE LOS RESULTADOS

Artículo 68.- Los resultados del Plebiscito o Referéndum serán vinculantes siempre y cuando participen en dicho proceso cuando menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores correspondiente en la circunscripción en que se aplicó.

Artículo 69.- Tratándose de Referéndum relativo a normas constitucionales, sólo procederá si así lo votan al menos el cincuenta por ciento más uno de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Artículo 70.- El Instituto remitirá la resolución correspondiente al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 71.- Transcurridos los términos de impugnación y cuando causen ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto remitirá los resultados definitivos al Presidente de la República para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 72.- Cuando el proceso de Referéndum o Plebiscito resulte vinculatorio la autoridad correspondiente tendrá veinte días hábiles posteriores a la notificación para acatarlo.

TÍTULO SÉPTIMO

FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73- Los instrumentos que conlleven una solicitud a través de firmas que avalen la voluntad de la ciudadanía deberán atender lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 74.- El formato para obtención de firmas lo determinará el Instituto, preservando que cumpla con la finalidad de la presente Ley y deberá contener por lo menos:

I. La denominación del Instrumento de Participación Ciudadana;

II. Aquello que constituye el fin del Instrumento de Participación Ciudadana que se busca ejercer;

III. El número de folio de cada hoja;

IV. El nombre, firma y la clave de elector de la credencial para votar vigente; y

V. La fecha de expedición.

Artículo 75.- Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por el Instituto, la propuesta no será admitida a trámite.

TÍTULO OCTAVO.

DE LOS DELITOS Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS DELITOSEN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 76.- Se consideran delitos a la presente Ley, además de los estipulados en los Artículos 19 y 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:

I. Cuando se fomenten y ejecuten instrumentos de participación ciudadana fuera de lo estipulado en la presente legislación;

II. La falsificación de documentos requeridos para la implementación de los instrumentos de participación ciudadana;

III. La alteración de los resultados en los casos de Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular;

IV. La coacción del voto para influir en los resultados en los casos de Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular;

V. La intervención como promotor de algún funcionario y servidor público en el proceso de algún instrumento de participación ciudadana.

Artículo 77.- En todos los casos, el Ministerio Público procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por delitos previstos en la presente Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS SANCIONES

Artículo 71.- Las sanciones correspondientes se aplicarán en cada caso a lo estipulado por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, quedará abrogada la Ley Federal de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014.

ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Nacional Electoral deberá realizar las reformas de modificaciones y adiciones a su Reglamento correspondiente en materia de participación ciudadana, en un término no mayor a ciento veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- El H. Congreso de la Unión deberá realizar reformas y adiciones a su Ley Orgánica y Reglamentos correspondientes, en un término no mayor a ciento veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Los procesos de Plebiscito y Referéndum a que se refiere la presente Ley, serán solicitados y convocados con relación a actos o normas que se encentren vigentes.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 James Fiskin. “Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Ariel, Barcelona, 1995. Pág. 185

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Hago la aclaración que fueron dos iniciativas presentadas, el proyecto de reformas al artículo 35 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; a la Ley General en materia de delitos electorales, y por el que se crea la Ley Federal de Participación Ciudadana, y se abroga la Ley Federal de Consulta Popular, se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de apoyo a personas con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento.

Además, en los países en vías de desarrollo existe mayor prevalencia de esta condición, ya que las causas más comunes de discapacidad son la edad, los accidentes y las enfermedades. Incluso se estima que puede llegar alrededor del 10 por ciento  de la población, y eso significaría que en México la cifra de personas con discapacidad puede llegar a los 12 millones.

Y justamente son estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano para todo ciudadano.

Casi la mitad de las personas con discapacidad son adultas mayores de 60 años más y son más las mujeres con discapacidad.

Todos estos datos revelan que la discapacidad afecta, sobre todo a las mujeres y a las personas de edad, lo cual representa un reto para las políticas públicas del actual gobierno de nuestro país, cuyos principales rectores debieran ser, entre otros la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la independencia de las personas, la igualdad entre mujeres y hombres, y el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones.

En el grupo parlamentario del PRI estamos ciertos que los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población que vive con alguna discapacidad, combatiendo así la discriminación que antes sufría este sector de la población.

Es más, México propuso en el 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que entró en vigor a nivel mundial en el 2008.

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, cuyo principal objetivo es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven en esta condición, culminando décadas de lucha de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean reconocidos y garantizados por las autoridades.

Es por esta razón que resulta en extremo preocupante el anuncio del nuevo gobierno de apoyar sólo a un millón de personas con discapacidad, con una pensión igual a la que se le entrega a los adultos mayores.

Esta política pública fue ratificada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal durante su discurso de toma de protesta el sábado pasado.

Dijo: “Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrá una pensión igual que la de los adultos mayores”.

Este anuncio, lejos de otorgar confianza y seguridad, genera incertidumbre y grandes dudas respecto del uso que se le puede dar a este programa social.

En primer lugar, se oficializa la discriminación, ya que, unilateralmente se deja fuera de este apoyo a más de 11 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en nuestro país.

En segundo lugar, no se deja claro cuál sería el criterio de selección de este millón de beneficiarios, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al uso discrecional de este programa.

Por último, se traiciona la tradición vanguardista de México en materia de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, echando por la borda todos los años de lucha de las instituciones y las organizaciones civiles que han apoyado este movimiento.

Este Senado de la República debe alzar la voz frente a la posibilidad de una injusticia y pugnar por el trato igualitario de todos los ciudadanos.

No podemos permitir que se normalice el trato diferenciado y la marginación de algún sector de la población.

Por esta razón se propone reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para garantizar que todas las personas que tengan esta condición, sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria, puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza que el gobierno federal impulse.

Termino, señora Presidenta.

Ya que entendemos que es de elemental justicia social garantizar que todas las personas sin distinciones puedan acceder a los programas sociales del gobierno, pero también es cierto que las personas con discapacidad no sólo quieren programas asistencialistas, sino que nos han pedido, al grupo parlamentario del PRI y a otros grupos parlamentarios del Senado, el impulso de más y mejores programas de inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Es un hecho que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones más precarias, dados los costos adicionales que generan la atención médica especializada, los dispositivos de ayuda o asistencia personal, entre otros.

Por eso, personalmente nos han exigido más oportunidades de empleo, mejor remunerado, mayor inclusión escolar y mejores condiciones para sus familias.

Tan sólo la Organización Mundial de la Salud señala que los países de la OCDE la tasa de empleo de personas con discapacidad es de apenas del 44 por ciento; mientras que para las personas sin discapacidad es del 75 por ciento.

Justo con esta iniciativa se busca garantizar que todas las personas con discapacidad gocen de los beneficios de programas enfocados a una inclusión social plena, y sin distingos que les generen oportunidades de desarrollo personal, familiar y profesional.

No podemos empezar a diferenciar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; no dejemos que se oficialice la discriminación.

Estoy convencido de que esta propuesta puede ser apoyada por todos los grupos parlamentarios aquí presentes.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito Senador, MANUEL AÑORVE BAÑOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento.

De acuerdo con datos del INEGI de 2014,1 en México 7.1 millones de habitantes no pueden o tienen mucha dificultad para hacer aguna de las ocho actividades evaluadas para cuantificar el número de personas con discapacidad.

Y justamente son estas personas quienes, según la Organización Mundial de la Salud, enfrentan múltiples obstáculos para gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.2

Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. El número de mujeres con discapacidad es de 3.8 millones, frente a 3.3 millones de hombres;

Todos estos datos revelan que la discapacidad afecta sobre todo a las mujeres y a las personas de edad, lo cual representa un reto para las políticas públicas del gobierno de nuestro país, cuyos principios rectores debieran ser, entre otros: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas; y la igualdad entre mujeres y hombres.

En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país (49.6%) se concentra en siete entidades federativas: México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Casi un tercio (31.7%) habita en once entidades: Nuevo León (3.8%), Oaxaca (3.6%), Chihuahua (3.4%), Chiapas y Guerrero (3% en cada una), Baja California (2.8%), Sinaloa (2.7%), San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5% en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2% en cada una). Mientras que en nueve de las restantes 14 entidades, reside 14.8%: Coahuila, Tabasco y Yucatán (1.9% en cada una), Durango (1.8%), Querétaro (1.7%), Zacatecas (1.6%), Morelos (1.5%), Nayarit (1.4%) y Quintana Roo (1.1%); y en cinco vive 3.9 por ciento: Colima, Campeche y Baja California Sur (0.7% en cada una), y Aguascalientes y Tlaxcala (0.9% en cada una).

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población que vive con la condición de discapacidad, combatiendo así la discriminación que otrora sufría este sector de la población.

Es más, México propuso, en 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), misma que entró en vigor a nivel mundial en 2008.

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, cuyo principal objetivo es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición, culminando décadas de lucha de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean reconocidos y garantizados por las autoridades.

Es por esta razón que resulta en extremo preocupante, el anuncio del nuevo gobierno de “apoyar” solo a un millón de personas con discapacidad, con una “pensión” igual a la que se les entrega a los adultos mayores.

Esta política pública fue ratificada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal durante su discurso de toma de protesta, en el que dijo:

“… Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores…”

Este anuncio, lejos de otorgar confianza y seguridad, genera incertidumbre y grandes dudas respecto del uso que se le puede dar a este “programa social”.

En primer lugar, se oficializa la discriminación, ya que, unilateralmente, se deja fuera de este apoyo a más de 6 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en nuestro país.

En segundo lugar, no se deja claro cuál sería el criterio de selección de este millón de beneficiarios, abriendo la puerta a la arbitrariedad y el uso discrecional de este programa.

Por último, se traiciona la tradición vanguardista de México en materia de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, echando por la borda todos los años de lucha de las instituciones y las organizaciones civiles que han apoyado este movimiento.

Este Senado de la República debe alzar la voz frente a la posibilidad de una injusticia y pugnar por el trato igualitario de todos los ciudadanos. No podemos permitir que se normalice el trato diferenciado y la marginación de algún sector de la población.

Por esta razón, se propone reformar la Ley General de Inclusión de las personas con Discapacidad, para garantizar que todas las personas que tengan esta condición, sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria, puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza que el gobierno federal impulse.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 21 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21. La Secretaría de Bienestar promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación y de manera igualitaria y equitativa. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer medidas que garanticen el acceso de todas las personas con discapacidad, de manera igualitaria y equitativa, en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;

II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para todas las personas con discapacidad, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;

III. …

IV. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de todas las personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Suscribe

Sen. Manuel Añorve Baños.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). La discapacidad en México, datos al 2014 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2016.

2 Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2012). NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. 30 noviembre

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






En la cuarta ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Planeación, y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de seguridad nacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL; DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores:

La iniciativa que me honro en presentar tiene una importancia neurálgica para nuestra patria.

En el devenir histórico de la humanidad toda cohesión se ha conformado bajo un propósito primordial, el garantizar la seguridad mutua y lograr el bienestar y la paz de la sociedad en unidad.

En la actualidad todo estado moderno tiene como misión primordial garantizar su integridad, permanencia, estabilidad, soberanía y bienestar; para lograr esta condición se debe de establecer una política de seguridad nacional bajo una visión de Estado.

La consecución de esta obligación solamente resulta viable cuando se cuenta con un dominio nacional sobre los recursos naturales y financieros suficiente para garantizarla.

El poder quiere decir la capacidad de lograr que se hagan las cosas, se traduce en la fuerza para impulsar y cristalizar los intereses nacionales.

La fuerza del Estado se debe de utilizar para lograr el bienestar de la totalidad de las mexicanas y los mexicanos.

México tiene que convertirse en una nación soberana y respetable capaz de lograr su prosperidad.

La política de seguridad nacional juega un papel preponderante en este sentido.

No es seguridad pública, es seguridad nacional, representa la política de mayor importancia para cualquier Estado moderno; sin embargo, es la política de la cual menos se sabe en México.

Con base en un sustento de análisis prospectivo y la construcción de escenarios alternativos, la estrategia de seguridad nacional se deberá anticipar a cualquier problemática social, económica, política, energética, diplomática, militar o tecnológica, para establecer las acciones que evite que algún conflicto se actualice o se agrave.

Si el Estado mexicano hubiera contado con una política y estrategia de seguridad nacional funcional, hubiera estado en posibilidades de prever la gran crisis de seguridad pública que se observa en la actualidad y se ha deteriorado cada vez más en los últimos años.

Resulta imperativo que el Estado mexicano cuente con una política de seguridad nacional y con una verdadera visión de Estado que analice los indicadores que presenta nuestra patria en todos los rubros y que construya escenarios posibles con base en estos indicadores.

La construcción de un país próspero y seguro requiere de un esfuerzo integral y de una planeación estratégica que utilice métodos científicos y en base a la inteligencia estratégica también.

No se puede gobernar reaccionando solamente ante situaciones de coyuntura y, por tanto, se deberá planificar qué escenarios queremos construir.

La baja producción energética, la creciente violencia, el rezago educativo, la baja producción agrícola, el alto impacto negativo al ambiente, la falta de conectividad, la deficiente red carretera y férrea, los puertos desatendidos, la mala calidad en los servicios médicos, entre otros, son ejemplos de problemas complejos en donde se encuentran involucrados diversos factores interrelacionados que requieren de un esfuerzo, así como una respuesta integral y conjunta por parte del Estado mexicano.

Se requiere utilizar todo el poder nacional del Estado para generar un espacio de bienestar.

La seguridad nacional no solamente involucra el análisis y la neutralización de los antagonismos presentes y posibles futuros, sino el análisis de las oportunidades geoestratégicas de México para impulsar el poder.

Esta ley, que no ha sido reformada desde hace más de 12 años, establece la creación de un programa para la seguridad nacional; sin embargo, este programa que establece la política y estrategia de seguridad nacional en México no ha tenido la solidez normativa para operar como una política de Estado.

El mundo se encuentra en cambio constante, lamentablemente los gobiernos federales han privilegiado su atención para reaccionar ante los problemas que se les van presentando en lugar de mostrar una situación planeada y proactiva.

Se requiere de una reforma legal que garantice que la política de seguridad nacional opere como una política de Estado.

Es necesario a través de que se promulgue esta ley establecer el status prioritarios multidimensional de la política de seguridad nacional, los objetivos, estrategias y líneas de acción deberán estar alineados al Plan Nacional para la seguridad nacional, así como al Plan Nacional de Desarrollo.

El desarrollo y la seguridad nacional están íntimamente ligados, no puede existir uno sin el otro, por esta razón resulta elemental que la política de Estado de desarrollo y la política de Estado de seguridad nacional se deban encontrar alineados y que el Plan Nacional para la seguridad nacional esté vigente cuando se elaboren los programas sectoriales.

Así es que deberá establecerse un Plan Nacional para la seguridad nacional que opere bajo la misma jerarquía que el Plan Nacional de Desarrollo.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, hoy propongo esta modificación a esta ley porque México es una nación privilegiada y sus habitantes somos un pueblo trabajador noble con mucho potencial. Con una visión estratégica de seguridad nacional se podrá potenciar el poder nacional para estar en posibilidades de lograr nuestras aspiraciones intereses y objetivos nacionales. Esto es lo que se pretende lograr con la iniciativa que acabo de exponer.

México debe y puede construir el futuro de prosperidad que desea.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Gómez Urrutia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de participación ciudadana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PRIMER PÁRRAFO AL INCISO F) DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con la venia de la Presidencia.

Quienes hemos dedicado parte de nuestra vida profesional a las finanzas públicas sabemos que el gasto es la herramienta idónea que no sólo permite llevar a cabo una justa redistribución de la riqueza entre los ciudadanos, sino que también permite promover condiciones de bienestar, así como abatir desigualdades que tanto lastiman a la población y, en especial, a sus sectores más vulnerables: los indígenas, las mujeres, los niños, los ancianos y los campesinos.

Solamente al transparentar en forma objetivo cómo es que será aplicado el gasto público, estaremos cumpliendo con la condición para alcanzar el ideal constitucional de que la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la población.

Un buen sistema de gasto público necesariamente debe estar basado en la rendición de cuentas. Es deseable que los ciudadanos vean de qué manera se transformó su realidad a partir del ejercicio y aplicación de los recursos públicos, por lo que tendrían que demandar cómo es que deben ser utilizados en su beneficio.

Sin embargo, Senadores, Senadoras, las decisiones sobre la asignación, el destino y el ejercicio de los recursos no solamente requieren transparentarse y abrirse al escrutinio, toda vez que el proceso presupuestario está claramente ligado al interés público.

Es fundamental que se construyan mecanismos de participación ciudadana y de consulta pública que permitan intervenir en la discusión sobre la asignación de los recursos públicos y que se establezcan un diálogo respetuoso y constante entre gobernantes y gobernados, pues son éstos quienes conocen con mayor detalle la realidad en que viven y las necesidades que requieren ser satisfechas.

Si bien como país hemos avanzado en la instrumentación de medidas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público, no menos cierto es que nos ha hecho falta poner énfasis en la participación ciudadana y en la consulta pública dentro del proceso presupuestario, máxime cuando se considera como una buena práctica a nivel internacional.

Debemos considerar que la participación pública es una herramienta que permite enriquecer y mejorar la política pública, proveyendo de insumos valiosos e independientes.

En este contexto, en la iniciativa que hoy presento estoy proponiendo que se abran espacios formales dentro de las comisiones del Congreso de la Unión para la participación y consulta pública dentro de las fases clave del ciclo presupuestario a saber, en la presentación de los pre-criterios de política económica, en la presentación de la estructura programática y en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos.

Estas medidas dotarán de mayores elementos para la toma de decisiones a los legisladores en el proceso presupuestario, permitirá enriquecer el debate parlamentario y contribuirá a dar mayor certidumbre a la discusión y aprobación del presupuesto.

El grado de instrumentación y aplicación de las herramientas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas es lo que nos permitirá considerar que nuestro sistema de gasto público es eficiente y es también democrático.

Los invito, Senadores y Senadoras, a dar un paso más en el beneficio del país democratizando el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Minverva Hernández Ramos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicita sumarse a la iniciativa, Senadora.






En una quinta ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

El día de hoy vengo a proponer reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para frenar y erradicar de una vez por todas la violencia obstétrica de las que son víctimas las mujeres embarazadas y por la que lamentablemente llegan a perder la vida de manera impune.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como defunción de la mujer que ocurre dentro del embarazo y parto, o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Las causas de muerte materna directa son las que resultan de complicaciones obstétricas o de las omisiones en el tratamiento correcto del embarazo, parto o puerperio.

Las causas de muerte materna indirecta son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, esto significa que la mayor parte de las muertes maternas son previsibles, es decir, se pueden evitar con la atención médica, efectiva, oportuna y de calidad.

El conocimiento y la tecnología médica disponible en las instituciones de salud hacen posible que el 90 por ciento  de las complicaciones obstétricas sean tratadas exitosamente, no obstante el incorrecto proceso de atención por parte del personal de salud provoca la muerte materna.

De acuerdo con la Conamed, el 54 por ciento de las muertes maternas en México son por causa directa, es decir, eran evitables.

Cuando México se adhirió a los objetivos del desarrollo del milenio por parte de la ONU, el Estado mexicano se comprometió a reducir en un 75 por ciento la mortalidad materna; 22.2 por ciento  defunciones por cada cien mil nacidos vivos para este año 2015; sin embargo, no lo logró porque apenas las redujo en un 45 por ciento  a pesar de que todas estas muertes se deben a causas totalmente previsibles.

En 2016 ocurrieron un total de 812 muertes maternas, la mortalidad materna en su carácter de prevención constituye un importante problema de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social.

Por otra parte, las estadísticas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, afirman que la especialidad médica con más quejas es ginecoobstetricia.

Durante los últimos 25 años se ha venido acumulando evidencias que demuestran que los servicios de salud, en particular los servicios de salud reproductiva constituyen otro espacio donde se ejerce violencia contra las mujeres.

De acuerdo con lo anterior, es una vergüenza seguir hablando de mortalidad materna, y peor aún, es una aberración que persistan conductas, acciones y omisiones ejercidas al interior de los servicios de salud que afectan el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, a eso se le llama “violencia obstétrica”.

Según la Dirección General de Epidemiología, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, el 24.1 por ciento  de la mortalidad materna es causada por hemorragia obstétrica, y otro 21.4 por infecciones, trastornos hipertensivos de la gestación y parto obstruido, es decir, por casus previsibles.

Por eso lo digo con todas sus letras, todas esas muertes maternas pudieron haberse evitado eliminando la violencia obstétrica al interior del sector salud.

No es posible que en México el 45 por ciento  de las mujeres embarazadas sean triplemente víctimas de las instituciones de salud pública por médicos y enfermeras, y digo esto porque no sólo sufren violaciones a sus derechos fundamentales de acceso a la salud, sino también por violencia obstétrica que se ejerce en contra de ellas y por la frecuente negligencia médica de las que son víctimas.

También las niñas de 12 a 14 años que se embarazan a temprana edad son objeto de discriminación y de daño psicológico.

A partir de 2008 y hasta 2013, varios estados de la República Mexicana han incluido a la violencia obstétrica dentro de sus leyes como Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Oaxaca y Puebla.

Por lo anterior, hoy vengo a proponer reformas a la fracción XIV del artículo 46 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría de Salud obligue a diseñar y ejecutar acciones en relación a las investigaciones y mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la atención materna.

Deberá implementar un registro de datos e información que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna.

También proponemos reformar el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud y se adiciona un artículo 66 Bis a dicho ordenamiento, a fin de garantizarle a las mujeres embarazadas los servicios de salud con estricto apego a sus derechos humanos, por lo que la atención médica que reciba deberá ser con un enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería con calidad, calidez, oportunidad y trato humano.

En las unidades de salud se deberá disponer de un instrumento que permita medir y calificar el riesgo obstétrico y perinatal, el cual servirá para el manejo adecuado de cada caso.

También la Secretaría de Salud diseñará, promoverá y ejecutará programas para mejorar la calidad de atención materno infantil centrándose en la atención respetuosa y oportuna como componente esencial de la atención de calidad con los parámetros contenidos en las normas oficiales en materia de atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido.

Senadoras y Senadores, la mortalidad materna no sólo es un indicador del desarrollo social, también es un parámetro del Estado en el que se encuentran los servicios de salud de un país.

Esta Legislatura tiene que rescatar la vida y la dignidad humana de las mujeres y las niñas embarazadas.

No podemos permitir que en pleno siglo XXI hablar de mortalidad materna.

No podemos permitirnos que en las clínicas y hospitales públicos de este país se discrimine a las mujeres y sean víctimas de tratos deshumanizados.

La violencia obstétrica debe erradicarse.

Acabemos de una vez por todas con esta violencia que pone en riesgo la vida de las mujeres embarazadas.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Lucía Meza.

Se adhieren a la iniciativa  las Senadoras Eva Galaz, Marybel Villegas, Blanca Piña, Gricelda Valencia, Marybel Villegas a nombre de todo el grupo parlamentario de Morena, Senadora Meza Guzmán.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.






En la sexta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de fuero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO

(Presentada por el Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Con la venia, señora Presidenta.

Muy buenas tardes, con la venia de la señora Presidenta del Senado de la República. Estimadas Senadoras y Senadores, de los distintos grupos parlamentarios y gente que nos acompaña de por allá de los medios en la parte superior. Para todos y gente en general que nos ve a través del Canal del Congreso.

Voy a tocar un tema pues bastante llevado y traído y más en este día en que el Presidente de la República envío a este Senado, la iniciativa para eliminar el fuero al Presidente de México, mismo que se turnó a las Comisiones, seguramente de Gobernación; Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos.

Pero yo quiero decirles, me voy a referir, no solamente al fuero de la función del Presidente de la República, sino al fuero que existe para los gobernadores de los estados, que existe para los legisladores federales, tanto Diputados como Senadores y legisladores locales en los 32 estados de la República. Y en algunas constituciones se contempla todavía el fuero para algunos, los alcaldes, síndicos y regidores.

Quiero decirles que esto se modifica en esta iniciativa, principalmente los artículos 38 y 111 de la Constitución General de la República, amén, también de algunas modificaciones al 61, 62, 74, 112, 116 y 122.

Ustedes saben que el fuero constitucional ha dado lugar a cuestionamientos y generado polémicas jurídicas.

A lo largo de la historia esta figura ha sido determinante para el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos, pero principalmente de las funciones parlamentarias, pero también ha sido un escudo ante la impunidad y la corrupción de aquellos servidores públicos que al amparo de la figura del fuero han violado normas administrativas y penales.

El fuero, como ustedes saben, nació por allá en el siglo XIV en Inglaterra y 300 años después, también la libertad de expresión encontró también mayor fuerza en la Declaración de Derechos de 1689.

En la historia de nuestro país ha sido tema de debate, y la Carga Magna de 1824 ya contemplaba el fuero federal, pero de lo más recordado es el discurso pronunciado por Belisario Domínguez, Senador del estado de Chiapas, el 23 de septiembre de 1913, en contra de Victoriano Huerta, consecuentemente, mandó asesinar al Senador por expresar sus ideas desde lo más alto de la tribuna senatorial.

Por ello se fortaleció la figura del fuero en el texto constitucional para proteger no sólo a legisladores, sino también a los altos funcionarios públicos de la Federación y las entidades federativas.

Quiero decir que aquí en esto, no les voy a seguir leyendo porque disponemos de muy poco tiempo, pero quiero decirles que ustedes, si leen la iniciativa, se van a encontrar que para juzgar al Presidente de la República, se determina aquí un juzgado especial, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para los gobernadores, pues serían los mismos jueces del fuero común o del fuero federal.

Pero, en el caso delos legisladores locales y federales, se requiere que tengan el fuero o acotar al menos el fuero a la función pública legislativa, porque en una eliminación del fuero en los Diputados y Senadores, así como las constituciones locales, definitivamente taparía la boca a muchos de nosotros, de los que más hemos acusado a servidores públicos.

Y les quiero platicar el ejemplo de un servidor que vivió en el estado de Coahuila, siendo yo ciudadano común y de la gente como todos los de la calle, acusé a un gobernador y a otro gobernador sobre diferentes temas de desvío y exceso de deuda pública.

Me acusaron de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de esta manera me quisieron enjuiciar o meter a la cárcel.

Eso me costó a mí un trabajo, de dos años defenderme, de pagar abogados, contadores públicos para llevar las cuentas a la SEIDO, todo ello, eso lo viví en carne propia, ahora ustedes imagínense aquí en el Senado o en la Cámara de Diputados o en cualquier Cámara local, no podrán hablar en contra de un gobernador o en contra del Presidente de la República y eso para mí es grave, el fuero, el fuero en la función parlamentaria debe permanecer aquí en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en las Cámaras locales, hay que quitárselo a la función del Poder Ejecutivo, al Presidente de la República como él mismo lo ha solicitado en la iniciativa que mandó hoy a este Senado.

Pero también hay que hacer un exhorto para que las constituciones locales en los 32 estados, se elimine de la misma forma el fuero para los gobernadores y para los alcaldes, pero en donde no hay fuero para los regidores y síndicos, tenemos que ponerles fuero, si no, cómo van a gritar en contra de los alcaldes que se han llevado hasta la bacinica del palacio municipal. Esa es la realidad.

Por eso, en esta iniciativa se elimina el fuero para los Poderes Ejecutivo Federal, para los Poderes Ejecutivos de los estados, para los alcaldes que tengan ellos y de esa forma en la función parlamentaria se requiere el fuero, porque de la otra forma no estamos blindados para hablar en contra de un gobernador de cualquier otro funcionario público o del mismo Presidente de la República.

Por eso yo en esta iniciativa, yo les pido que ojalá la vean, creo que debe tener errores.

Seguramente el doctor Monreal, en la iniciativa que presentó sobre la Presidencia de la República, está bien detallada muy concisa y muy correcta, pero yo les rogaría a los miembros de las Comisiones de Gobernación; de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, se apliquen, vean y obtengamos un dictamen lo más adecuado posible a la realidad política de México, recuerden que queremos el fuero en la función legislativa, porque es necesaria.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Guadiana Tijerina. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido, por favor en el escaño del Senador Joel Padilla.

El Senador Joel Padilla Peña: (Desde su escaño) Sí, para manifestar nuestra total coincidencia con el Senador Guadiana y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, suscribe dicha iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe las firmas.






En la séptima ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 14 de la Ley General de Educación, en materia de habilidades creativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y VIII DEL ARTÍCULO 7o., SE REFORMA LA FRACCIÓN IX Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX BIS Y IX TER AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta y Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

Una de las dimensiones del arte es la búsqueda, un proceso que explora las normas, las acciones y las emociones, la importancia de incluir a experiencia artística en la materia educativa es diversificación y enriquecimiento.

Ampliar la posibilidad que da la lógica formal, tener la capacidad de imaginar más mundos, de traerlos a la vida, que invadan nuestro actuar, mueva nuestra imaginación y transforme nuestra tierra.

Esta capacidad transformadora, debe ser producida y fomentada por nuestra educación, ampliar nuestro panorama, girarlo e inventarle aristas, de restarlas, mostrar su plasticidad y las implicaciones que esto trae.

Es una necesidad que nos impone la crisis humanitaria en la que nos encontramos.

El arte latinoamericano ha contribuido notablemente no sólo a la comunidad artística, sino a la comunidad mundial y afortunadamente, no únicamente en materia artística, sino en múltiples dimensiones del conocimiento y de nuestra humanidad, desde la antropofagia brasileña, hasta nuestro muralismo, el arte latinoamericano ha redimensionado nuestra política, fortaleciendo un enfoque crítico a la relación entre humanos y fomentando un pensamiento y posicionamiento propio.

Un primer acercamiento es necesario, desde el primer grado de primaria es necesaria la inclusión de la materia artística, al menos la pictórica para un desarrollo de la imaginación, conocer de la plasticidad del mundo y de nuestras culturas desde la temprana edad, estoy segura, dará paso a una cultura que fomente la comunidad y el pensamiento crítico, que sea consciente de su propio actuar y que tenga la capacidad de transformarse.

Basándonos a que el Estado está obligado a garantizar el principio de interés superior de la infancia, retomamos la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 29, párrafo segundo, menciona el desarrollo de las capacidades mentales y físicas, hasta el máximo de sus posibilidades y en el párrafo cuarto del mismo artículo, se menciona una educación encaminada al respeto, a su identidad cultural y a las civilizaciones distintas a la suya.

La inclusión de esta iniciativa en la educación básica, fomentará las cuestiones antes mencionadas.

Incorporar a nuestra educación artística las múltiples visiones que aportó la comunidad latinoamericana desde la educación básica, acercará a las generaciones a la plasticidad y permitirá despertar emociones, transformar pensamientos y fomentar la creatividad.

Promover una sensibilidad humanista y una visión educativa integral.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Único.- Se reforman las fracciones II y VIII del artículo 7, fracción IX del artículo 14 y se adicionan las fracciones IX Bis y IX Ter, ambas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Fracción II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir y desarrollar conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis, reflexión, críticos y habilidades creativas.

Fracción VIII.- Generar mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística y propiciar el conocimiento crítico, el enriquecimiento y difusión de los bienes y valores del arte y la cultura universal, en especial de aquellos generados por el arte y la cultura latinoamericana y de los que constituyen el patrimonio multicultural de la nación.

Artículo 14.

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas.

IX Bis.- Participar en la producción, fomento y difusión de actividades artísticas y culturales en todas sus manifestaciones.

IX Ter.- Establecer el libro de texto gratuito como un medio para la difusión de la historia del arte, con énfasis en el arte latinoamericano.

Transitorio.

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las presentes reformas deberán estar incorporadas en los planes y programas de estudio, inicialmente en los niveles preescolar y básico, a más tardar en el año electivo que inicia en agosto del 2019”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias a usted, Senadora Covarrubias Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






En la octava ronda de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador José Luis Pech Várguez, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 3o. constitucional, en materia de presupuesto para ciencia y tecnología.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José Luis Pech Várguez, a nombre propio y del Senador Gilberto Herrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador José Luis Pech Várguez: Buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta.

Si me escuchan me tardo menos.

Traigo a este Pleno un tema fundamental para el país, el hecho de que el país, el nuestro, nunca ha invertido suficiente en ciencia y tecnología, y esta iniciativa que presentamos conjuntamente, el Senador Gilberto Herrera, que ya ha dejado el Senado, tiene la intención de analizar lo que ocurre en otros países y cómo invierten en tecnología y por qué no estamos en el camino correcto y trata de subsanar con una modificación al artículo 3o. constitucional.

Para que un país logre soberanía económica, requiere producir conocimiento y tecnologías capaces de transformarse en bienes o servicios de valor que generen actividad económica, existe un círculo virtuoso entre conocimiento, innovación, productos de valor y soberanía económica.

Hasta ahora, nuestra capacidad para competir en el exterior está basada en la mano de obra barata de nuestros paisanos y en el uso mayoritario de patentes o diseños industriales de otros países.

Somos un país con una gran dependencia tecnológica, y la inversión que realizan el sector público y privado en ciencia y tecnología apenas alcanzaba en 2015 el 0.5 por ciento  del PIB, es decir, medio punto porcentual; contra el 1.6 de Canadá y el 2.8 de Estados Unidos que son nuestros socios comerciales ya ni veamos lo que pasa con Japón, Corea, Israel, que invierten el 3.5 por ciento, el 45.2 por ciento  y el 4.29 de su PIB, respectivamente.

Actualmente en México, de la inversión total en ciencia, tecnología e innovación, el gobierno aporta el 38 por ciento, mientras que la inversión privada alcanza solamente el 22 por ciento, lo que invierten las empresas, el sector externo y académico, solamente llega al 22 por ciento, pero a nivel internacional, los países más desarrollados tecnológicamente tienen esa relación de manera inversa.

En Canadá y Estados Unidos, la inversión del sector privado externo y académico, representa el 65.4 y el 76 por ciento , respectivamente.

En Japón, Corea del Sur e Israel, el sector público invierte aproximadamente, el sector público solamente invierte el 20 por ciento y el sector privado, externo y académico, aproximadamente el 80, en síntesis, invertimos poco y de manera diferente a como lo hacen los países desarrollados.

El país exige que el sector público y privado inviertan en la producción de conocimientos y en esquemas tecnológicos, para lograr un desarrollo sostenido si deseamos acceder a la soberanía económica.

El Poder Público debe actuar en doble sentido, incentivando la inversión en ciencia, tecnología e innovación, tanto desde la perspectiva pública como la privada en el marco de una economía de mercado.

Es necesario desarrollar y consolidar políticas públicas que armonizan los esfuerzos del Estado, la sociedad, los centros de investigación, las universidades y las empresas.

La inversión en ciencia, tecnología e innovación, no debe de ser una actividad residual, sino el elemento que dinamice la inversión, favoreciendo la confianza en los mexicanos y en sus instituciones de investigación pura o aplicada.

Esto ayudaría a evitar la migración de talentos, cuestión trascendental en el contexto mexicano y cumplir una de las recomendaciones de las Naciones Unidas, que hacen a países como el nuestro, donde señalan que debemos ofrecer condiciones de trabajo adecuadas a sus profesionales de las ciencias, la tecnología e ingenierías.

Por todo ello, consideramos necesario modificar la fracción V del artículo 3o. de nuestra Constitución Política, de manera que el Estado mexicano establezca las bases necesarias para que el monto destinado por sector público y privado al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación, sea progresivo e irreductible.

De esta manera, se busca materializar un entorno científico de calidad, la independencia científica y tecnológica y sentar las bases de un desarrollo económico y social sostenible.

Compañeros, esta iniciativa como hemos señalado, pretende lograr que en el futuro el Estado se preocupe porque la inversión externa, privada y académica, conjuntamente con la del gobierno, llegue a niveles más altos, parecidos a los de nuestros socios comerciales.

Hacerlo, como lo estamos haciendo ahora, dándole toda la carga al gobierno, nunca va a poder lograrse y se vuelve importante establecer bases nuevas que permitan ello.

Por ello, el proyecto de Decreto lo que plantea es reformar la fracción V del artículo 3o. para que en la parte del artículo 3o. se añada lo siguiente.

Al artículo 3o. de la fracción V. “Además de impartir la educación preescolar, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, necesarias para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Proponemos añadir: “asimismo, el Estado establecerá las bases la inversión del sector público y privado, en el desarrollo científico y tecnológico, a fin de garantizar el desarrollo social y económico sostenido, otorgando un presupuesto progresivo e irreductible para ciencia, tecnología e innovación”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Pido que se inscriba el texto completo de la iniciativa.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Pech Várguez. Así se hará. Instruimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para ello.

Sonido en el escaño del Senador Rementería, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador José Luis Pech, si me permite suscribir junto con él, esta iniciativa que me parece, es de suma importancia.

Se habla de estos temas, no se hace nada, y al final, como usted mismo lo mencionó en su alusión, que lamentablemente no muchos escuchamos, hay una sobrada justificación para que se pueda establecer una política que se invierta mucho más en ciencia y tecnología.

Si me permite.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Igualmente, Senador Pech, se adhieren también, Susana Harp, Covarrubias, Rivera, Angélica García, Peña, Blanca Piña, José Narro, Caraveo, Cecilia Sánchez, Héctor Vasconcelos, Rocha, Imelda Castro, Napoleón Gómez Urrutia, Gricelda Valencia, Margarita Valdez, todo el grupo parlamentario de Morena y Damián Zepeda, en el mismo sentido.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En la novena ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna, la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se modifica el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajadores domésticos.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: No. No es de trabajadores domésticos, es de las mujeres embarazadas.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Corregimos, por favor, es un error de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que nos la ha pasado así.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Bueno, de todos modos presento a ustedes. Compañeras y compañeros. Con el permiso de la señora Presidenta.

Algo que considero de suma importancia.

Yo propongo la iniciativa de que se modifique la fracción II y LXXII de la Ley Federal del Trabajo, en relación al número de días y semanas que se debe de incapacitar un mujer posparto.

Creo que hoy ha sido el día de la seguridad social, en donde se han tocado muchos temas de gran importancia.

Como exposición de motivos, pongo a ustedes a consideración, las siguientes reflexiones:

En México, los derechos de las madres trabajadoras se encuentran reguladas en la Constitución, en las leyes laborales y de seguridad social.

Constitucionalmente, las mujeres están protegidas para que durante el embarazo no estén obligadas a realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud.

La incapacidad laboral por maternidad es un derecho que debe recibir toda mujer embarazada que cuente con inscripción en algunas de las instituciones de seguridad social, para tener asistencia médica y algunos días de descanso, con la finalidad de tener un buen estado de salud, tanto de la madre, como la del recién nacido.

Esta protección conocida como la incapacidad laboral por maternidad, indica que las mujeres deberán gozar forzosamente de un descanso para cuidar de sí mismas en la etapa final del embarazo y para cuidar de su hijo recién nacido.

La protección es para la mujer embarazada, así como también para la vida y la salud del hijo por nacer vital, tomando en cuenta que en más de 120 países la legislación prevé el derecho de las trabajadoras a licencias pagadas por maternidad y a otras prestaciones de salud.

Entre los países que otorgan las licencias pagadas de maternidad más prolongadas figuran Hungría, Italia, Canadá, España, Rumania, Dinamarca, Noruega y Suecia.

La OIT propuso la primera norma universal en la materia al adoptar en 1919 el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y después del parto. El Convenio fue revisado una primera vez en 1952, en la actualidad prevé una licencia mínima de doce semanas, pero se recomienda acordar catorce semanas.

Compañeros Senadoras y Senadores, pudiera leerles y ejemplificarles todos y cada uno de los países que protege el embarazo y el postparto de las mujeres, pero déjenme platicarles y darles el por qué propongo que se modifique la Ley Federal del Trabajo. Si no respetamos como seres humanos la naturaleza, creo yo que estamos destinados al fracaso.

En el binomio materno-infantil cuando la madre arrulla entre sus brazos a su recién nacido y lo mira a los ojos y el niño ve en la madre el brillo de esos ojos, que es de lo poquito que ve, se despiertan los instintos y los principios humanos que nos hacen diferentes al resto de los seres vivos.

Ahorita a las mujeres embarazadas se les dan seis semanas de licencia antes de su parto y seis semanas después del parto. Es muy poquito, mes y medio, para dejar un recién nacido en una guardería o con las abuelas o con el servicio doméstico.

¿Por qué la compañera Martha se trae a su recién nacida? Porque su recién nacida está más a gusto con su mamá y su mamá está a gusto con su recién nacida.

¿Cuántas madres pueden hacer lo que la compañera Senadora hace en México? Ninguna, todas se tienen que ir a la fábrica o a la maquila, a la escuela o al trabajo doméstico y dejar a sus criaturitas recién nacidas encargadas con otras personas.

Yo solicito, compañeros, que el apoyo a esta iniciativa sea incondicional y se modifique el artículo 170, y por ley a todas las mujeres que tengan un recién nacido se le den de seis a doce semanas de puerperio, que estén con sus criaturas.

Agrego que ese dinero no va a ser desembolsado por los patrones o empresarios o industriales. Ese dinero para pagar esa incapacidad es por parte de las instituciones y el Estado.

Muchas gracias, compañeros.

Muchísimas gracias y esta iniciativa se la dedico al estado de Durango.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Valdez Martínez.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Lupita Saldaña, Salomón Jara, Guadalupe Covarrubias, Gina Cruz, Xóchitl Gálvez, Alejandro Peña, Angélica García, Martha, Ana Lilia Rivera, Eva Galaz, Caraveo, Lucy Meza, Aníbal Ostoa, Napoleón Gómez Urrutia, todo el grupo parlamentario de Morena y Patricia Mercado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.






En la décima ronda de Iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Peña, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de registro de matrimonio de mexicanos en el extranjero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Senador José Alejandro Peña Villa, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador José Alejandro Peña Villa: Buenas tardes Senadoras y Senadores. Con la venia de nuestra Presidenta.

Vengo a exponer una iniciativa a nombre de nuestro coordinador, Ricardo Monreal, y a nombre propio que obedece a temas principalmente de derechos humanos, ya que en diferentes oficinas de Consulado se les han negado el derecho a personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Es un tema importante el respeto a los derechos humanos como personas, como individuos.

En meses anteriores ha sido revelados casos en los que algunos funcionarios públicos que prestan sus servicios en las representaciones de México en el exterior se han negado a aceptar con el argumento de no tener facultades expresas la solicitud de connacionales que viven fuera del país que desean contraer matrimonio con personas de su mismo sexo.

De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, las autoridades consulares están facultadas para fungir como jueces del Registro Civil y, por tanto, tienen la atribución de levantar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como de expedir la copia certificada correspondiente.

Conforme lo establece la ley, el registro de matrimonio en las oficinas consulares procede únicamente cuando ambos contrayentes son mexicanos.

En términos administrativos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la anterior administración, prevé o preveía una serie de requisitos para llevar a cabo la celebración del matrimonio.

Para el caso de las parejas del mismo sexo, a pesar de los fallos judiciales a su favor, la Secretaría de Relaciones Exteriores, insisto, de la administración anterior, tenía criterios violatorios a sus derechos humanos, tal como lo ponen en evidencia algunas leyendas que se utilizaban, y a la nota lo digo: “la representación aún no cuenta con facultades para realizar matrimonios entre mexicanos del mismo sexo”.

A partir de tales criterios las autoridades consulares de la anterior administración negaron las solicitudes de matrimonios a parejas del mismo sexo, algunas veces de modo explícito y otras al momento de procesarlas.

Con base en información dada a conocer por organismos a través de personas como Graeme Reid, director del Programa de Derechos de LGBT de la Organización Internacional Human Rights Watch, en mayo de este año una pareja de ciudadanos mexicanos solicitó casarse en el Consulado de México en Nueva York, petición que le fue rechazada bajo el argumento que el actual Código Civil Federal no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, razón por la que la pareja obviamente decidió presentar un amparo.

Apenas el 19 de octubre de este año, el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia en su favor, reconociendo por primera vez de manera específica el derecho de las parejas mexicanas del mismo sexo a contraer matrimonio vía consular.

Aunque la sentencia no ha sido publicada, Human Rights dio a conocer que para sustentar el sentido de ésta, la autoridad judicial argumentó que el Consulado había violado el artículo 1 de la Constitución General de la República al basar su negativa en una interpretación discriminatoria del artículo 98 del Código Civil, el cual fija la edad mínima para el matrimonio de un hombre y una mujer.

Según la organización, la autoridad judicial concluye que las autoridades deberían acoger a esta decisión que es congruente con las obligaciones de México conforme al Decreto internacional y sus propios compromisos asumidos con los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTI.

Hay diversos casos y temas ya que han dado la razón para que en base al derecho de estas personas, de estos compañeros, de personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, pero ya el tiempo lo tengo encima, vamos a hacerlo muy concreto al final.

En concreto, la negativa de no aceptar la solicitud de ciudadanos y ciudadanas mexicanos que viven fuera del país y desean contraer matrimonio con personas de su mismo sexo les impide el acceso a diversos beneficios en el vínculo matrimonial que imposibilita al tiempo que deriva la violación de los siguientes derechos:

Derecho a la dignidad.

Derecho a la autodeterminación de las personas.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Derecho a la identidad de género.

Derecho a la libre opción sexual.

Derecho a la no discriminación por motivo de género y preferencia sexual.

Derecho a contraer matrimonio.

Derecho a formar una familia.

En Morena estamos convencidos y comprometidos de la agenda de los derechos humanos, tenemos un rumbo distinto y tenemos una política incluyente.

Por ello, esta iniciativa propone que en el ejercicio de sus funciones como jueces del Registro Civil, los jefes de oficinas consulares deberán autorizar y expedir actas de matrimonio, independientemente del sexo de las personas contrayentes.

Establecer de manera expresa la obligación de que la autoridad consular al fungir como juez del Registro Civil observe los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

A efecto de dar cumplimiento con tales disposiciones, el régimen transitorio señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá hacer las adecuaciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones correspondan en los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores: y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presdente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Patricia Mercado, para adherirse a la iniciativa del Senador Alejandro Peña.

De igual manera los Senadores José Luis Pech, Indira Kempis, Juan José Jiménez, Héctor Vasconcelos, Salomón Jara, Ahued, Cristóbal Arias, Luévano, Caraveo, Sánchez, Ostoa, Galaz, Gómez Urrutia, Álvarez Lima, Margarita Valdez, Eunice Renata Romo, Marcela de la Mora, Martha Guerrero, Guadalupe Covarrubias, Katya Ávila, Álvarez Icaza, muy bien, muchas gracias, Alejandro Peña. Solicito a la Secretaría recoja las firmas.






<PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Vamos a pasar al apartado de presentación de proposiciones. En una primera ronda, de acuerdo a la información que nos da la bancada de Morena, tiene el uso de la tribuna el Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a proponer un punto de Acuerdo por el cual se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios R.L. de C.V, del Grupo Industrial PKC, para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y se exhorta la pronta reposición de la prueba de recuento con la garantía de realizarla de manera libre, segura y secreta.

Los hechos son los siguientes:

El pasado jueves 29 de noviembre del año en curso, este jueves pasado, dentro de las instalaciones de esta empresa Arneses y Accesorios, se realizaron actos de violencia con la clara e inequívoca intención de impedir que los trabajadores de la referida empresa elijan libremente al sindicato que prefieren que los represente, más de 6 mil trabajadores iban a votar, de ellos el 50 por ciento  son mujeres, una empresa que fabrica los interiores de los vehículos automotores de todas las fábricas de Estados Unidos, Europa y Japón de las plantas en Estados Unidos, más de 6 mil trabajadores y 3 mil trabajadoras de estos 6 mil.

Derivado de estos actos de violencia, claramente documentados y condenados por diversas organizaciones, incluyendo un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Internacional de Industriall Global Union, confederación internacional que cuenta con más de 50 millones de trabajadores afiliados, la Junta de Conciliación y Arbitraje suspendió la prueba de recuento cuando recuperado el orden pudo haber continuado el procedimiento consecuente.

En este acto cobarde y con claros indicios de que fue planeado por el dirigente sindical de la CTM, en el estado de Coahuila, el cacique Tereso Medina Ramírez, con la anuencia de los representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social anterior, la empresa Arneses y Accesorios S. de R.L., así como las autoridades estatales de Coahuila, fueron agredidos los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, incluyendo su director jurídico, Abraham Garcilazo Espinosa, el cual falleció dos días después de un infarto fulminante. Esto fue el sábado pasado.

La intención de los agresores era impedir que se realizara la prueba del recuento, claramente se logró. Se suspendió el procedimiento por falta de garantías, vulnerando los derechos de los trabajadores, totalmente contrario a lo que estamos tratando de hacer en esta nueva administración, en este nuevo gobierno, en esta Cámara de Senadores y en el Congreso de la Unión, de buscar la democracia y la libertad sindical.

Por eso, aprobamos el Convenio 98 para la libertad de sindicalización y de contratación colectiva, por eso está aprobado el Convenio 87 por la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la libertad de asociación, pero estos gorilas y golpeadores hicieron totalmente lo contrario.

Esto fue un recurso al que recurrió este dirigente, el sujeto Tereso Medina Ramírez, por cierto ex Senador de la República del PRI, que terminó esta Cámara pasada, y que fue el que propuso, junto con el otro dirigente de la CROC nacional, Isaías González, la contra reforma laboral en febrero de este año, que nunca fue aprobada afortunadamente por el Senado para que se prohibiera el derecho a la huelga, el derecho a la contratación colectiva, la libertad de asociación, una traición a la clase trabajadora.

Y a este señor que se le negó el amparo el día 27 de noviembre de 2018, que quería evitar el recuento, por notoria improcedencia se le negó y no vio otra opción para mantener la titularidad del contrato colectivo de trabajo en contra de la voluntad de los trabajadores más que recurriendo a la violencia.

Las juntas tanto federal como estatal de conciliación y arbitraje deberán garantizar que la prueba del recuento se realice nuevamente mediante un procedimiento que garantice en el marco de un sistema democrático de libertad sindical el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores que aquí en este Senado de la República hemos aprobado y ratificado de manera unánime.

Lo anterior se fundamenta en la tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del 1° de octubre del 2008, en donde se establece lo siguiente.

El recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo del trabajo previsto en el artículo 931.

Las juntas de conciliación y arbitraje deben ordenar y garantizar que en su desahogo los trabajadores emitan voto personal, libre, directo y secreto.

Igual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 133 de la Carta fundamental en la Ley Federal del Trabajo actual y en todos los demás organismos legales e instituciones que permiten la libre sindicalización y el derecho a la libertad.

Así es que esto que hicieron, estos actos, además de lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, vienen a determinar que la prueba de recuento que se realizó dentro de las instalaciones de esta empresa, lo cual no resultó un lugar idóneo, dado que la misma empresa dejó ingresar camiones con los golpeadores que realizaron los actos de violencia, mismos que tenían como única consigna anular la elección libre de los trabajadores.

Estamos totalmente regresando a la prehistoria de los gorilas y los gánsteres sindicales, dos de ellos ex Senadores de la República del Partido Revolucionario Institucional y líderes de la CTM en Coahuila.

Claramente en el caso que se está refiriendo no se presentaron las condiciones necesarias para asegurar lo que manda la citada tesis de jurisprudencia.

Los actos de violencia impidieron que los trabajadores expresaran libremente su voluntad, más de 6 mil trabajadores, como dije al principio, de las cuales 3 mil son mujeres.

Estos actos no pueden quedar impunes, se deberá aplicar la ley a los responsables y reponer la prueba del recuento lo antes posible bajo condiciones seguras.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el ataque premeditado, perverso y cobarde realizado en las instalaciones de la empresa Arneses y Accesorios S. de R.L de C.V., del jueves 29 de noviembre del 2008.

Segundo. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República a que investigue los hechos ocurridos el pasado jueves en la empresa Arneses y Accesorios y que se aplique la ley a los responsables de tan perverso y cobarde ataque.

Tercero. El Senado de la República solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que establezca una fecha nuevamente lo antes posible para que se realice la prueba del recuento correspondiente y los trabajadores puedan decidir libremente a qué sindicato y organización quieren pertenecer. Y

Cuarto. El Senado de la República solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que asegure que la prueba del recuento se realice bajo condiciones físicas y de seguridad mínimas para que su desahogo sea rápido, ordenado y pacífico.

No podemos regresar a la historia del sindicalismo anticuado, reaccionario, de golpeadores que impidan la libertad de sindicalización y la voluntad libre y democrática de los trabajadores que tienen un derecho universal de decidir por sí mismos, no las empresas, no los gobiernos y a qué organización sindical pertenecen y elegir a sus propios dirigentes sindicales.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es todo.

Gracias, compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Napoleón Gómez Urrutia. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.






Tiene la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador a analizar y cumplir las recomendaciones contenidas en el Informe relativo a las Conclusiones de la Revisión Anual para México.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a los que quedan.

Paso a esta tribuna porque mucho de lo que se viene dando de unos meses para acá y particularmente del sábado a esta fecha es una cuestión que no tiene que ver con la casualidad, es una cuestión que tiene que ver más bien con la perspectiva de cómo ve la gente, el mundo, los mercados, y ahora a nuestro país y, por supuesto, a nuestro gobierno.

El sábado escuchamos una gran cantidad de cosas que todos queremos que sucedan en México, por supuesto que sí, pero para ello se necesitan dar las condiciones para que ello suceda.

Se dice, por un lado, una serie de acciones con las que podemos coincidir para hacer más fácil la vida a millones de mexicanos, tanto la ayuda a adultos mayores, los proyectos de infraestructura, a los jóvenes, todo esto que se necesita, pero hay algo que me parece a mí que no hay que dejar de lado.

El artículo 80 de nuestra Constitución habla del Supremo Poder Ejecutivo, así lo dice, “el Supremo Poder Ejecutivo”. Y es innegable que justo acompañando al Supremo Poder Ejecutivo en este país hoy se junta otra circunstancia, que tiene una mayoría absoluta en las Cámaras, y cuando de repente se empiezan a decir cosas por parte del gobierno, de sus funcionarios, empezamos a encontrarnos con sobresaltos en los mercados financieros, la Bolsa de Valores cae, el precio del dólar sube.

Y de repente se pudiera pretender decir que estas cosas las pudiera, como se dice comúnmente ahí, manipular la mafia del poder, como si esto fuera una circunstancia de un hombre ahí que estuviera en un cuarto oscuro manipulando.

No, son simplemente las condiciones del mundo en el que hoy se vive.

Y si no hay circunstancias de certidumbre, por supuesto que vamos a tener cada día más problemas.

Miren ustedes, la cancelación del Aeropuerto, la estrategia para la industria petrolera, la propuesta de eliminar indiscriminadamente comisiones bancarias, el pretender una sola iniciativa que se dijo sobre la posibilidad de usar las reservas internacionales, las Afores, estas cosas que se vienen sucediendo lo único que provocan es incertidumbre.

No es gratuito que el día 8 de noviembre, en la sesión del Fondo Monetario Internacional, recortó su expectativa de crecimiento, la bajó dos puntos, dos décimas, y esto no es el Fondo Monetario Internacional, qué tiene que ver con a lo mejor los conservadores a donde se ha estigmatizado una parte de los ciudadanos de este país, nada. Lo que sucede es que si no atendemos a lo que se está viendo de México afuera, lo que vamos a tener es una circunstancia de desventaja.

Y déjenme decirles algo, porque de repente se satanizan estas cosas, pero, miren, es imposible crecer si no hay inversión. Y a mí que me digan de dónde va a salir la inversión, que alguien venga aquí y me diga de dónde se va a sacar el recurso para la inversión.

Y si no crecemos, pues por supuesto que no habrá esta inversión.

Pero si además mandamos malas señales, tenemos problemas con la paridad bancaria.

¿Y saben qué provoca eso? Devaluación.

Necesariamente va a provocar en el muy corto tiempo devaluación.

¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 por ciento . No lo sabemos, pero en esos mismos porcentajes en los que vaya reduciéndose el poder adquisitivo de dinero es en la misma proporción en la que va a ir disminuyendo la capacidad de compra de los mexicanos a quienes se dice defender en todo el país. O sea, que si lo que queremos es ayudar, como se dice, y en eso coincidimos, ayudar precisamente a la gente que menos tiene, a la que más necesita, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la estabilidad, buscar que venga la inversión; no ahuyentarla, como se ha hecho ahora.

Por eso es que nuestro llamado en esta proposición con punto de Acuerdo es para hacerlo de una manera muy respetuosa, pero sí hay que decirlo al Presidente de la República para que se atiendan estas condiciones, se haga caso a lo que se resolvió precisamente a partir del artículo 4° del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, para que se puedan atender las recomendaciones y acatarlas para que México obtenga certidumbre, para que México atraiga inversiones, para que México con ello pueda crecer, se le dé estabilidad a los mercados, a la paridad cambiaria y entonces sí haya con qué llevar a cabo todos estos proyectos con los que podemos coincidir para ayudar a tanta gente que lo necesita en nuestro país.

De otra manera, señores, discúlpenme, no son más que sueños imposibles de cumplir.

Por lo tanto, propongo este punto de Acuerdo para que pueda turnarse a las comisiones que corresponda, señor Presidente, con la siguiente redacción:

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la revisión anual para México conforme al artículo 4º de los estatutos del Fondo Monetario Internacional de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• En el sistema político mexicano es innegable que el Poder Ejecutivo prevalece sobre el resto de los poderes. La propia Constitución Federal de la República establece en su artículo 80 que “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."

• Las enormes facultades que el texto constitucional le concede al Presidente de la República, aunadas a las de la costumbre, expresan una superioridad de facto, respecto los poderes Legislativo y Judicial. Lo anterior se agudiza, cuando el titular del ejecutivo tiene mayoría absoluta en la integración del legislativo.

• Ante tal escenario es dable suponer que gobernar sin excesos depende en gran medida, no de los pesos y contrapesos institucionales, como supone la doctrina francesa y norteamericana, sino por el contrario, del buen juicio de quien ostenta la figura de presidente.

• Sobre el buen juicio de quienes serán gobierno, existen más dudas que confianza con motivo de las decisiones y manifestaciones que, en torno a diversos temas, han realizado tanto el presidente electo, como integrantes de su gabinete y legisladores de su partido.

• La cancelación del aeropuerto, la estrategia para la industria petrolera, la propuesta para eliminar indiscriminadamente comisiones bancarias, son solo algunos de estos ejemplos, que han generado importantes si no es que graves reacciones, en el mercado nacional e internacional, y han sido minimizadas por el próximo titular del poder ejecutivo.

• Por si fuera poco, el pasado 8 de noviembre del año en curso, por segunda ocasión en menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su expectativa de crecimiento para México para el año entrante, y ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una expansión de 2.3% en el 2019. Esta previsión incorpora un recorte de 2 décimas de punto sobre el pronóstico revisado en octubre, cuando estimaban que el PIB conseguiría una expansión de 2.5% durante el que será el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

• En el informe anual dentro del marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, dicho ente manifestó, además, que si bien es cierto la próxima administración se comprometió a combatir objetivos que el mismo informe refiere como necesarios, “el señor López Obrador ha hecho pronunciamientos que aumentaron la incertidumbre de la iniciativa privada”, como lo son: los planes fiscales de la administración entrante, la reducción de la producción de petróleo y la continuidad de la ejecución de reformas, particularmente la del sector energético.

• Asimismo, el FMI externó que la incertidumbre alrededor del futuro de la reforma energética, la futura dirección de Pemex, y la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto generaron incertidumbre que persistirá hasta que se apruebe el Presupuesto de Egresos del 2019 y se conozcan los anuncios de prioridades de ingresos para el mediano plazo”, poniendo de manifiesto que las “importantes reformas estructurales han ayudado a México a navegar en el complejo ambiente internacional”, refiriéndose a las del Pacto por México.

• En un escenario político donde pareciera que prevalece el vasallaje y no mucho espacio para la reflexión colectiva, es necesario que el presidente electo escuche a los mercados, calificadoras y organismos internacionales, al Banco de México, a las organizaciones de la sociedad civil, y por qué no, a la oposición política, que desde luego no desea por ningún motivo 6 tristes años para México.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las Conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el artículo IV de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México.

Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Julen Rementería del Puerto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente punto.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Claudia Anaya Mota, para presentar a nombre del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Presento este punto de Acuerdo a nombre de todos los Senadores y Senadoras integrantes del grupo parlamentario del PRI.

Me parece muy importante que en el Senado de la República todas y todos estemos muy informados de lo que está aconteciendo en el país.

Si hacemos un poco de memoria, desde la campaña del Presidente López, entre sus propuesta, estaba la de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y a la vez una propuesta de habilitar dos pistas en la Base Aérea de la Fuerza Mexicana del Ejército de Santa Lucía.

En ese sentido, desde la campaña tal vez no se tenían muy bien configurado todos los compromisos internacionales en materia financiera que ya se tenían previamente considerados.

Ya después de ganado el proceso electoral se continuó con la determinación de concluir el proyecto de Texcoco.

Y sucedió también durante, del 25 al 28 de octubre una consulta inédita, una consulta irregular, hay que decirlo, fuera de lo que marca el artículo 35 constitucional para darle pues alguna certeza social a esta decisión tomada y, pues en esta consulta que se realizó en 538 municipios del país a nivel nacional salió la decisión de apoyar el proyecto de Santa Lucía y concluir con el proyecto de Texcoco.

En ese sentido, las acciones tendientes a terminar la construcción de Texcoco siguieron con rumbo firme pero siempre siendo todavía un proyecto en transición, dado que el Presidente aún no tomaba protesta.

Se tomó protesta el 1º de diciembre, el sábado pasado, y las noticias que tenemos Senadoras y Senadores son las que nos dan los medios de comunicación.

El domingo al mediodía un periodista especializado en temas económicos twittea que salen documentos de filtración en donde continúa la construcción del Aeropuerto de Texcoco y que están ahí ya negociaciones para la recompra de los bonos que se habían emitido.

A raíz de ahí salen muchas especulaciones de muchos medios de comunicación, de la comunidad, de las redes sociales, pero prácticamente son especulaciones.

Lo cierto es que no tenemos claridad y no tenemos certeza de qué es lo que se está haciendo.

Se anuncia que no se va a dar por terminada la construcción del Aeropuerto de Texcoco, pero también se dice que es únicamente para darle certeza a los mercados, poderles recomprar los bonos emitidos y entonces sí cancelar el Aeropuerto.

Entonces tenemos el dinero invertido ya en el Aeropuerto de Texcoco más lo que se va a gastar en la recompra de estos bonos, que finalmente era una deuda a largo plazo y que se trae a valor presente y que se va a tomar ese dinero del presupuesto, no hay de otra, el fideicomiso no es otra cosa que dinero público, pues más el desperdicio de lo que se va a quedar ahí como obra.

Pero lo más importante es que no especulemos, que tengamos la información clara, que sepamos qué es lo que está sucediendo, cuál es la ruta estratégica de acción que está llevando el Gobierno de la República porque, pues es responsabilidad de todos y de todas cuidar el recurso de los mexicanos.

Por eso para nuestro grupo parlamentario es importante que quienes son responsables de estas negociaciones vengan al Senado de la República a explicarnos qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.

Por ello se propone el siguiente punto de Acuerdo con el siguiente resolutivo:

Único.- El Senado de la República cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes, así como al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que expliquen los siguientes puntos:

1. Los pormenores de las negociaciones con los contratistas del NAIM ante el anuncio de su cancelación.

2. El costo al erario público de dicha cancelación en términos de los recursos públicos que se destinaron para su construcción, pago de contratos y penalizaciones por cancelación de contratos a empresas de bienes y servicios, así como transacciones y emisiones en los mercados financieros.

3. Las negociaciones con tenedores de bonos y de Fibra E que se emitieron en relación con el NAIM a la luz de la cancelación de dicho proyecto.

Este punto de Acuerdo, pues le pediría, señor Presidente, que por la urgencia del tema y la importancia del tema se sometiera para que fuera de urgente y obvia resolución.

Presidente, le pido le consulte a la Asamblea si pueden considerar el punto de urgente y obvia resolución.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, Senadoras y Senadores Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la campaña presidencial el hoy titular del Ejecutivo propuso la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para reemplazarlo con la construcción de pistas adicionales y la remodelación de la Base de la Fuerza Aérea Mexicana de Santa Lucía, Estado de México, tal como lo refiere el boletín de campaña 053,[1] que a la letra dice:

Tenancingo, Estado de México, 08 de mayo de 2018.-   Andrés Manuel López Obrador planteó que está dispuesto a lanzar una convocatoria, una licitación para la construcción del nuevo aeropuerto para que la inversión sea solo privada y no haya inversión pública, “porque no tenemos tanto dinero”. [...]

A la pregunta de los reporteros de qué pasaría con el dinero que ya se invirtió en esta obra, López Obrador dijo que esto se tiene que ver, pero sería mucho mejor llegar a un buen acuerdo que seguir con una obra financiada por el Gobierno Federal que vaya a costar más.

Previamente, López Obrador pidió que “no se utilizará el dinero del presupuesto público” a quienes insisten en construir el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, porque hasta ahora han erogado 85 mil millones de pesos y ni siquiera han terminado de rellenar el terreno.

En este sentido, el Gobierno en transición decidió realizar una “consulta” popular para refrendar el proyecto del Aeropuerto en Texcoco o la opción de remodelar la Base Aérea de Santa Lucía. De acuerdo con lo expuesto en los medios de comunicación se tiene lo siguiente[2]:

Durante la consulta inédita realizada entre el 25 y el 28 de octubre en 538 municipios a nivel nacional, los participantes rechazaron la opción de construir una terminal aérea en Texcoco, en el Estado de México.

En su lugar, optaron por el proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de re-acondicionar el actual aeropuerto y el que se ubica en Toluca, también en el Estado de México, así como construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Este plan obtuvo el 69,95% de los votos de las 1.067.859 personas que participaron en la consulta -menos del 1% del padrón electoral-.

Un 29% estuvo a favor de continuar con el millonario proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construye desde 2015 en el lecho drenado del lago Texcoco.

Los mismos resultados fueron avalados por el entonces presidente electo a través del siguiente mensaje:[3]

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se cancela la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco para construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz”, aseguró en conferencia de prensa. [...]
López Obrador dijo que hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos e inversiones, además existe “en respaldo y aval, nuestra palabra” de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas.

“Esta decisión se toma con respeto absoluto al estado de derecho sin afectar intereses de empresas y de los financieros”, aseguró.

Dijo que se respetarán los contratos de los empresarios, e incluso, éstos podrían ser quienes se encargarán de la construcción de Santa Lucía.

En la conferencia, Javier Jiménez Espriú dijo que iniciará un diálogo con las autoridades actual del gobierno, así como con contratistas del actual proyecto de Texcoco, para determinar el mejor cauce legal para la suspensión ordenada de los trabajos.

“A partir del próximo 1 de diciembre, informaremos de todas las acciones a desarrollar en la terminación de los trabajos y la revisión de los contratos (de la obra de Texcoco), así como del inicio de los trabajos del nuevo sistema aeroportuario (en Santa Lucía)”, dijo Espriú.

Posteriormente a la Consulta se Declaró lo siguiente:[4]

Zumpango, Estado de México, 8 de noviembre de 2018.- El nuevo sistema aeroportuario que atenderá entre 60 y 70 millones de pasajeros anualmente incluye 5 pistas que el gobierno federal entrante tendrá listas en un periodo máximo de 3 años con un ahorro de 100 mil millones de pesos.

Asimismo el Gobierno en Transición expuso que los costos para la cancelación del Aeropuerto ya se tienen considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, a través del siguiente comunicado:

Ciudad de México, 30 de octubre de 2018.- El Paquete Económico 2019, que el Gobierno Federal entrante enviará al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de diciembre de 2018, incorporará los recursos necesarios para iniciar la modernización de los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, así como para expandir la capacidad de la base de Santa Lucía.

Con el propósito de garantizar la aplicación de todas las previsiones contenidas en los contratos relacionados con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, el Paquete Económico 2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados con la cancelación de dicho proyecto. En este sentido, los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos.

El Gobierno Federal electo se encuentra plenamente consciente de las inquietudes sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco. En los próximos días se establecerá un canal estrecho de comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para detallar los elementos, a fin de cubrir el efecto fiscal de la cancelación de dicho aeropuerto.

De lo anterior se colige que el entonces candidato prometió la cancelación del NAIM en Texcoco, optando por la readaptación de la Base Militar de Santa Lucía, mismo resultado que fue inducido en un ejercicio de participación popular que no cumplió con los requisitos legales para denominarse consulta, pero que el Presidente electo lo utilizó como aval para cancelar dicho proyecto.

En ese mismo sentido, se infiere una clara premeditación del hoy Presidente Constitucional para optar por otro destino para la solución al evidente problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, utilizando los medios populares para avalar sus intenciones, por lo que es necesario que los funcionarios públicos clarifiquen en esta Soberanía, las decisiones que se han tomado o que se pretenden tomar para no causar un agravio mayor a la nación.

Tras el anuncio de los resultados de la consulta realizada del 25 al 28 de octubre, los mercados financieros y el tipo de cambio resintieron los efectos inmediatamente. En un solo día, el tipo de cambio spot peso-dólar pasó de 19.3 a 20.1; una pérdida de 3.9% en una jornada, lo cual significó la depreciación intradía más alta para el peso mexicano desde la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2016. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 4.2% en un solo día. El índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la casa de bolsa, que agrupa a las 35 emisoras de mayor liquidez, cayó 1.02%. Sólo con las pérdidas de la BMV, que ascendieron a 17,500 millones de dólares, se hubiera podido pagar más de veces el monto que estaba pendiente de financiar del nuevo aeropuerto, que es de 88 mil millones de pesos o 4,631 millones de dólares al tipo de cambio de ese día.

La sola cancelación de la obra en Texcoco obliga al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a reembolsar 120 mil millones de pesos a los tenedores de los bonos emitidos para financiar su construcción, a lo cual también se suman penalizaciones por cancelación de contratos a proveedores.

Respecto de los bonos del NAIM, destaca que la agencia calificadora Moody’s ya degradó la calificación crediticia de Baaa1 a Baaa3, inferior a grado de inversión y ahora de grado especulativo. Esta baja calificación implica que, al ofertar la recompra de estos bonos, el Gobierno Federal también estaría adquiriendo instrumentos financieros cuya viabilidad ha sido mermada por las decisiones y declaraciones de las semanas pasadas, lo cual puede repercutir a su vez en la calificación global de la capacidad de pago del gobierno mexicano. Además, la recompra de bonos significaría un daño mayor a las finanzas públicas, puesto que éstos suman al menos 6 mil millones de dólares. Ello, sin tomar en cuenta la necesidad de revertir e indemnizar a los tenedores de certificados bursátiles del Fideicomiso de Bienes Raíces (FIBRA E) que se emitió en marzo de 2017, mismos que suman 30 mil millones de pesos.

Es claro que las decisiones que se tomen respecto a la continuación o no de las obras del NAIM y las operaciones financieras conducentes ya sea a la continuación de la obra o a preparar su cancelación podrían acarrear graves consecuencias financieras, fiscales y laborales.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al fundamento legal expresado en el proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República cita a comparecer a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que expliquen los siguientes puntos:

1. Los pormenores de las negociaciones con los contratistas del NAIM ante el anuncio de su cancelación;

2. El costo al erario público de dicha cancelación, en términos de los recursos públicos que se destinaron para su construcción, pago de contratos y penalizaciones por cancelación de contratos a empresas de bienes y servicios, así como transacciones y emisiones en los mercados financieros; y

3. Las negociaciones con los tenedores de bonos y de la FIBRA E que se emitieron en relación con el NAIM a la luz de la cancelación de dicho proyecto.

La Junta de Coordinación Política determinará el formato y la fecha en que se celebrará dicha comparecencia.

Sen. Claudia Edith Anaya Mota.

[1]https://lopezobrador.org.mx/temas/aeropuerto/
[2]https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46015692
[3]https://www.animalpolitico.com/2018/10/amlo-santa-lucia-texcoco-aeropuerto-consulta/
[4]https://lopezobrador.org.mx/?s=aeropuerto

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Sonido en el escaño de la Senadora Vanessa Rubio.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente ahorita que escuché el turno creo que la iniciativa tendría que ir turnada también la Comisión de Hacienda y Crédito Público porque están hablando ahí de todo el financiamiento del Aeropuerto, solicitan el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los temas realmente son de carácter financiero.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se obsequia ese turno también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a modificar la Norma Oficial Mexicana, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Vengo de la ciudad más contaminada de América Latina, es Monterrey, está en la zona metropolitana de Monterrey, y hoy estoy convencida que esto no es lo que quiero para las futuras generaciones, que somos lo que comemos, sí, pero también somos lo que respiramos, y hoy en la zona metropolitana de Monterrey no estamos respirando aire limpio.

Preocupada por la salud de los más de 5 millones de habitantes de esta zona, les comento que en el 2005 el Tec de Monterrey estimó que se podrían evitar gastos por pérdida de productividad y afectación de la salud de alrededor de 895 mil 346 millones de dólares anuales si se redujera 10 por ciento  la media anual de concentración de partículas menores a 10 micras en la zona metropolitana de Monterrey.

Pero no solamente eso, el doctor Horacio Riojas y el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública realizaron un estudio donde calcularon que para el año 2010 alrededor de 2 mil 700 muertes prematuras provocadas por el efecto de la contaminación atmosférica de esta misma zona, específicamente por la contaminación de ozono se da o se dará por estas partículas que son menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras.

Se ha hecho un estudio en diferentes municipios, que no abarcan todos los municipios de la zona, pero en el 2014 se encontró que principalmente estas partículas se encuentran en las emisiones vehiculares.

Un Informe Nacional de Calidad del Aire de 2015 menciona que en México se establece que la media anual de esos 2.5 micras fue de 26 microgramos por metro cúbico, mientras que la norma de salud NOM 025-SSA-2014 establece como límite máximo el valor de 12 microgramos por metro cúbico.

A medida que aumenta la presión de vapor aumenta también la emisión de compuestos orgánicos volátiles si la altitud y la temperatura se mantienen sin modificación, esto en resumen lo que significa es que no solamente hay que fijarnos en la cantidad de vehículos, en la gasolina, sino en la calidad de los petrolíferos, o la calidad de la gasolina si lo queremos entender en palabras simples.

Esto está provocando diferentes situaciones de salud y muertes anuales, pero también, como les decía, esta ausencia de productividad a partir de enfermedades y otras consecuencias que son sumamente negativas y que empeoran la salud de la metrópoli todos los días, y estoy segura que no solamente de Monterrey, sino de otras zonas metropolitanas.

Por eso mismo estamos proponiendo un punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a considerar los siguientes puntos de la Norma NOM-016-CRE-2016:

Primero, una modificación de la tabla cuatro en donde se especifica la clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año, para que en la Zona Metropolitana de Monterrey se expida gasolina con la misma presión de vapor, es decir, 7.8 libras por pulgada cuadrada tal y como se expide en la Zona Metropolitana del Valle de México y en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Y una segunda parte en esta misma tabla, modificación del .3.36 de las definiciones en lo relativo a la descripción de la Zona Metropolitana de Monterrey porque no se incluyen todos los municipios y necesitamos que sea abarcado toda la zona y no municipios específicos.

Yo considero que esto, insisto, no es lo que quiero para el futuro del país, que la calidad del aire sí importa y que me gustaría pensar que la ciudad en donde vivo tiene todas las posibilidades a partir de seguir insistiendo en que esto es importante, de no ser un referente negativo no solamente para el país, sino para América Latina.

No podemos seguir teniendo una Zona Metropolitana de Monterrey que sea la más contaminada de América Latina.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE SE MODIFIQUEN DIVERSOS PUNTOS DE LA “NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS”, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y POR ENDE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Preocupada por la salud de los más de 5 millones de habitantes y por el medio ambiente de la Zona Metropolitana de Monterrey, me permito exponer ante ustedes la necesidad de modificar la NOM-016-CRE-2016 para evitar afectaciones en términos de salud y productividad y dotar a los habitantes de dicha zona de mayor calidad y esperanza de vida.

En el año 2005, investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), estimaron que se podrían evitar gastos por pérdida de productividad y afectación en la salud de alrededor de 895 a 1346 millones de dólares anuales si se redujera 10% la media anual de concentración de partículas menores a 10 micras en la Zona Metropolitana de Monterrey.1

El Dr. Horacio Riojas y el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública realizaron un estudio donde calcularon para el año 2010 alrededor de 2700 muertes prematuras provocadas por el efecto de la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Monterrey, específicamente por la contaminación de ozono, partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras.2

En el año 2014, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en coordinación con otras instituciones, llevó a cabo una evaluación de compuestos orgánicos volátiles en la Zona Metropolitana de Monterrey. El muestreo se llevó a cabo en tres sitios de la ZMM: Santa Catarina, San Bernabé y San Nicolás, con el objetivo de determinar la caracterización (especiación) y niveles de concentraciones (cuantificación) de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), que contribuya a la evaluación del impacto en salud y ecosistemas, así como para identificación de fuentes emisoras, como parte del desarrollo de medidas para reducir la contaminación atmosférica de la región. El estudio del INECC concluye que los datos obtenidos, dan indicios de que la contaminación por compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente de los tres sitios estudiados, en octubre de 2014 provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son una fuente importante de numerosos hidrocarburos.3

Los compuestos orgánicos volátiles provenientes de fuentes vehiculares son precursores de ozono y de partículas menores a 2.5 micras. Diversas investigaciones han demostrado que los compuestos orgánicos volátiles pueden ser responsables de más del 40% de la formación secundaria de partículas menores a 2.5 micras.4

En el informe Nacional de Calidad del Aire de 2015, México se establece que la media anual de PM 2.5 en la Zona Metropolitana de Monterrey fue de 26 microgramos por metro cúbico mientras que la norma de salud NOM-025-SSA-2014 establece como límite máximo el valor de 12 microgramos por metro cúbico.5 A medida que aumenta la presión de vapor aumenta también la emisión de compuestos orgánicos volátiles si la altitud y la temperatura se mantienen sin modificación.6

Desconocemos cuáles fueron los motivos para que el Comité de Normalización haya decidido establecer que se utilizara gasolina con mayor presión de vapor en la ZMM. Es importante considerar que si bien es cierto que la altitud es menor en la ZMM que en la ZMVM y en la ZMG la temperatura media anual en la ZMM es mayor que en ambas zonas.

La exposición a concentraciones altas de partículas menores a 2.5 micras ha sido relacionadas con diversas afectaciones al corazón, los pulmones y el cerebro; además de que está vinculada con una mayor prevalencia de diabetes tipo 2. Estas son algunas de las investigaciones más recientes sobre las afectaciones:

(i) Una investigación reciente realizada por investigadores del área de la economía de los Estados Unidos, con millones de estadounidenses, concluyó que los costos asociados a las malas decisiones económicas que toman personas con diagnóstico de demencia a los 85 años de edad provocado por la inhalación de partículas menores 2.5 micras, ascendía a 150 mil millones de dólares anuales. Estos resultados demostraron que para este país es conveniente hacer más estricta la política de reducción de la contaminación atmosférica. Cabe señalar que la media anual máxima registrada es de 13 microgramos por metro cúbico. En este estudio la concentración media anual de PM 2.5 estuvo asociada a un incremento en la prevalencia de demencia a los 85 años.7

(ii) Otra investigación reciente donde se evaluaron más de 146 mil personas en el Estado de Utah en los EEUU vínculo los picos de contaminación de partículas menores a 2. 5 micras con un incremento significativo en la incidencia de enfermedades agudas en las vías respiratorias bajas de personas de todas las edades.8

ASÍ, ESTOY SEGURA DE QUE CON LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN SE REDUCIRÍAN NOTABLEMENTE LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y, POR ENDE, LOS NIVELES DE PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS Y LOS NIVELES DE OZONO, LO CUAL REPERCUTIRÍA EN UNA MEJORÍA IMPORTANTE DE LA SALUD DE CERCA DE 5 MILLONES DE PERSONAS QUE HABITAMOS EN LA METRÓPOLI.

Así, las modificaciones concretas a proponer son las siguientes:

(i) modificar la Tabla 4 “Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año”, de forma que en la Zona Metropolitana de Monterrey se expida gasolina con una presión de vapor de 7.8 libras por pulgada cuadrada; y

(ii) modificar el punto 3.36 de las Definiciones, en lo relativo a la descripción de “Zona Metropolitana de Monterrey” (“ZMM”), de forma que se incluyan otros municipios que ya forman parte de esta zona, utilizando para tal efecto el criterio del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación.9

Las anteriores modificaciones serían las detalladas en el siguiente cuadro comparativo:

Porción normativa a reformar

Texto vigente

Texto propuesto

Punto 3.36: “Definiciones”

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, Cadereyta Jiménez, Carmen, García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago.

 

Tabla 4: “Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año

 

MES

ZMM

Enero

C-3

Febrero

C-3

Marzo

B-2

Abril

B-2

Mayo

B-2

Junio

B-2

Julio

B-2

Agosto

B-2

Septiembre

B-2

Octubre

B-2

Noviembre

C-3

Diciembre

C-3

 

MES

ZMM10

Enero

AA-3

Febrero

AA-3

Marzo

AA-2

Abril

AA-2

Mayo

AA-2

Junio

AA-2

Julio

AA-2

Agosto

AA-2

Septiembre

AA-2

Octubre

AA-2

Noviembre

AA-3

Diciembre

AA-3

En ese tenor, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- La LXIV Legislatura del Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que modifique la “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, quedando de la siguiente forma:

3. Definiciones

Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la Norma, se entenderá por:

(...)

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, Cadereyta Jiménez, Carmen, García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago.

(...)

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

MES

Norte

Sureste

Centro

Pacífico

ZMVM y ZMG

ZMM

Enero

C-3

C-3

C-3

C-3

AA-3

AA-3

Febrero

C-3

C-3

C-3

C-3

AA-3

AA-3

Marzo

B-2

B-2

B-2

B-2

AA-2

AA-2

Abril

B-2

B-2

B-2

B-2

AA-2

AA-2

Mayo

B-2

B-2

B-2

B-2

AA-2

AA-2

Junio

B-2

A-1

A-1

A-1

AA-2

AA-2

Julio

B-2

A-1

A-1

A-1

AA-3

AA-2

Agosto

B-2

A-1

A-1

A-1

AA-3

AA-2

Septiembre

B-2

B-2

B-2

B-2

AA-3

AA-2

Octubre

B-2

B-2

B-2

B-2

AA-3

AA-2

Noviembre

C-3

C-3

C-3

C-3

AA-3

AA-3

Diciembre

C-3

C-3

C-3

C-3

AA-3

AA-3

SEGUNDO.- Notifíquese a la Comisión Reguladora de Energía.

Sen. Indira Kempis Martínez.

1 Villa, V., Ándara, G. G, Reyna, R. and Mejía, G. Economic benefits of PM10 reduction in the MMA (2008). Proceedings of the A&WMA´s 101th Annual Conference and Exhibition. Portland, Oregon. June 24–27.

2 Youtube Foro de Calidad del Aire y Salud (2015) Video 4, minuto 17.11.

3 Evaluación de Compuestos Orgánicos Volátiles en el Área Metropolitana de Monterrey (2015) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 63pp.

4 Evaluating the Contribution of PM2.5 Precursor Gases and Re-entrained Road Emissions to Mobile Source PM2.5 Particulate Matter Emissions (2004). 58 pp
https://www3.epa.gov/ttnchie1/conference/ei13/mobile/hodan.pdf.

5 Informe Nacional de Calidad del Aire 2015, México (2016) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 174 pp.

6 https://www.epa.gov/gasoline-standards/gasoline-reid-vapor-pressure

7 Bishop K. C., Ketcham J.O. Kuminoff N.Y. (2018) Hazed and confused: The effects of air pollution on dementia. NBER, Working papers series. 65pp.

8 Horne et al. (2018): Short term elevation of fine particulate matter air pollution and acute lower respiratory infection. American Journal of Respiratory and Critic Care Medicine Vol. 198. No. 6. 39pp.

9 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010

10 Cambiar de “B” o “C” a “AA”, porque conforme a la Tabla 1: “Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad”, la clase de volatilidad “AA” es la correspondiente a la gasolina con presión de vapor de 54 kPa, es decir, de 7.8 libras por pulga cuadrada.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se turna a la Comisión de Energía.






Enseguida se concede el uso de la palabra a la Senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, para presentar a nombre propio y del Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, un punto de Acuerdo que exhorta a remitir un informe sobre el estado en que se recibió el complejo cultural “Los Pinos”.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 1º de diciembre, a las 10 de la mañana, y por instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abrieron las puertas de la ex-Residencia Oficial de Los Pinos al pueblo de México.

Con el inicio de la cuarta transformación, el inmueble se convirtió en un Complejo Cultural para que la ciudadanía pueda recorrer sus calzadas y galerías, así como disfrutar de su arquitectura y diversos eventos culturales.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos el esfuerzo emprendido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para recuperar tan importante espacio histórico, cultural y ambiental.

Celebramos también el profesionalismo y rapidez con la que la Secretaria tomó posesión del bien inmueble para ponerlo al servicio del pueblo.

Extendemos una felicitación por los eventos culturales realizados los días primero y dos de diciembre de 2018; y celebramos aparte la decisión de la Presidencia de la República para transitar de la cultura del poder al poder de la cultura.

Entre 1934 y 2018, Los Pinos fue la residencia de 14 presidentes de México y sus respectivas familias; tiene una superficie catorce veces más grande que la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América.

A lo largo del tiempo, Los Pinos han sido adaptados para poder cumplir con las necesidades y lujos de los presidentes de nuestro país. Así, se han construido una serie de inmuebles para ser utilizados como oficinas de la Presidencia de la República o como habitaciones privadas de la familia presidencial.

No solamente las edificaciones que hay en Los Pinos forman parte del patrimonio cultural de todas y todos nosotros, sino también los bienes muebles que éste alberga: esculturas, estatuas, pinturas, mobiliario de oficina, equipamiento e incluso el menaje de las distintas casas.

Estos bienes han sido adquiridos con recursos públicos o, bien, han sido obsequios que se le hacen al titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de Presidente de México y no a título personal.

Tras la toma simbólica del Complejo Cultural Los Pinos, por el pueblo de México, se puede observar que distintas habitaciones y casas se encuentran prácticamente vacíos.

En los señalamientos colocados al interior del complejo por la Secretaría de Cultura se puede leer la leyenda “así lo recibimos”; es decir, el nuevo gobierno de México recibió el Complejo Cultural de manos de la administración anterior con muy poco mobiliario o con una falta completa de éste, tal es el caso del primer nivel de la Casa Miguel Alemán.

La indignación de las y los mexicanos que han visitado el inmueble sobre tal situación no puede quedar sin respuesta.

Por ello, es necesario que la Secretaría de Cultura realice un inventario detallado de los bienes inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes y que proporcione una explicación sobre la situación de falta de bienes muebles en Los Pinos, en específico en la Casa Miguel Alemán.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación y una auditoría que permita recuperar los bienes y deslindar responsabilidades.

El patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural Los Pinos, pertenece a todas y todos los mexicanos, por lo que debe protegerse y recuperarse para que pueda ser apreciado por las futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de todos ustedes este punto de Acuerdo para que se exhorte:

Primero.- A la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para que remita a esta Soberanía un inventario e informe sobre el estado en el que recibió los bienes inmuebles y muebles que integran el patrimonio jurídico, cultural y ambiental de Los Pinos.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que realice, en colaboración con la Oficina de la Presidencia de la República, una investigación y rinda un informe a esta Soberanía sobre los presuntos bienes faltantes en el Complejo Cultural Los Pinos.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Oficina de la Presidencia de la República para que remita a esta Soberanía un listado de los bienes muebles que se encontraban en la Residencia Oficial de Los Pinos, previo al primero de diciembre de 2018.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, investiguen y/o auditen los bienes muebles e inmuebles del Complejo Cultural Los Pinos, con el fin de transparentar el patrimonio y deslindar responsabilidades.

Así lo firma mi coordinador y Senador Alejandro González Yáñez y su servidora Geovanna Bañuelos.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE y el Senador ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente Proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado primero de diciembre de 2018 a las 10:00 horas por instrucciones del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador se abrieron las puertas de la ex-Residencia Oficial de “Los Pinos” al pueblo de México. Con el inicio de la Cuarta Transformación, el inmueble se convirtió en un Complejo Cultural para que la ciudadanía pueda recorrer sus calzadas y galerías de estatuas, así como disfrutar de su arquitectura y diversos eventos culturales.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos el esfuerzo emprendido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para recuperar tan importante espacio histórico, cultural y ambiental; celebramos el profesionalismo y rapidez con la que la Secretaria tomó posesión del bien inmueble para ponerlo al servicio del pueblo; extendemos una felicitación por los eventos  culturales realizados los días primero y dos de diciembre de 2018;  y celebramos la decisión del Presidente de la República para transitar de la cultura del poder al poder de la cultura.

Entre 1934 y 2018, Los Pinos fue la residencia de 14 presidentes de México y sus respectivas familias; tiene una superficie catorce veces más grande que la Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. El Presidente Lázaro Cárdenas del Río rompió con la tradición de vivir en el Castillo de Chapultepec, para que éste se convirtiera en un museo, y adoptó a “Los Pinos” como su residencia oficial.

A lo largo del tiempo, “Los Pinos” han sido adaptados para poder cumplir con las necesidades y lujos de los presidentes de nuestro país. Así, se han construido una serie de inmuebles para ser utilizados como oficinas de la Presidencia de la República o como habitaciones privadas de la familia presidencial.

No solamente las edificaciones que hay Los Pinos forman parte del patrimonio cultural de todas y todos los mexicanos, sino también los bienes muebles que éste alberga (esculturas, estatuas, pinturas, mobiliario de oficina, equipamiento e, incluso, el menaje de las distintas casas). Estos bienes han sido adquiridos con recursos públicos o, bien, han sido obsequios que se hacen al titular del Poder Ejecutivo Federal, en su calidad de Presidente de México y no a título personal.

Tras la toma simbólica del Complejo Cultural “Los Pinos” por el pueblo de México, se puede observar que distintas habitaciones y casas se encuentran prácticamente vacíos. En los señalamientos colocados al interior del complejo por la Secretaría de Cultura se puede leer la leyenda “así lo recibimos”. Es decir, el nuevo gobierno de México recibió el Complejo Cultural de manos de la administración anterior con muy poco mobiliario o con una falta completa de éste, tal es el caso del primer nivel de la Casa Miguel Alemán.

La indignación de las y los mexicanos que han visitado el inmueble sobre tal situación no puede quedar sin respuesta. Por ello, es necesario que la Secretaría de Cultura realice un inventario detallado de los bienes inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes y proporcione una explicación sobre la situación de falta de bienes muebles en “Los Pinos” (en específico en la Casa Miguel Alemán); que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación y una auditoría que permita recuperar los bienes y deslindar responsabilidades.

El patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural “Los Pinos” pertenece a todas y todos los mexicanos por lo que debe protegerse y recuperarse para que pueda ser apreciado por las generaciones futuras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para que remita a esta Soberanía un inventario e informe sobre el estado en el que recibió los bienes inmuebles y muebles que integran el patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural “Los Pinos”;

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que realice, en colaboración con la Oficina de la Presidencia de la República, una investigación y rinda un informe a esta Soberanía sobre los presuntos bienes faltantes en el Complejo Cultural “Los Pinos”;

Tercero: Se exhorta respetuosamente a la Oficina de la Presidencia de la República para que remita a esta soberanía un listado con los bienes muebles que se encontraban en la Residencia Oficial de Los Pinos, previo al primero de diciembre de 2018;

Cuarto: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, investiguen y/o auditen los bienes muebles e inmuebles del Complejo Cultural “Los Pinos” con el fin de transparentar el patrimonio y deslindar responsabilidades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de diciembre de 2018.

Suscribe

Sen. Alejandro González Yáñez.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, del PT. Túrnese a la Comisión de Cultura su punto de Acuerdo.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que exhorta a remitir un informe del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Buenas tardes compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estoy presentando una proposición con punto de Acuerdo referente al tema del destino de los recursos que se obtienen con el cobro de las cuotas voluntarias a los padres de familia y los alumnos.

En abril del 2013 se reformó la Ley General de Educación, en su artículo 6 señala que la educación que el Estado imparta será gratuita, así como que a las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Asimismo, dicha disposición normativa establece que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones u cuotas voluntarias.

Por su parte, el numeral 67, fracción III de la Ley General de Educación establece que las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto participar en la aplicación de cooperaciones en numerario que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar.

Asimismo, el artículo 70 de dicho ordenamiento legal indica que en cada municipio operará un consejo municipal de participación social que, entre otras funciones, gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa y local la construcción y ampliación de escuelas públicas, así como que procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública.

Ahora bien, existen datos que revelan que en el Sistema de Educación Pública algunos servicios o recursos son pagados por las instituciones, padres de familia, maestro, e incluso algunas escuelas fueron construidas con recursos particulares.

En este sentido, la gratuidad de la educación en nuestro país queda en entredicho, dado que el Estado aún y cuando es su obligación por mandato expreso de la Constitución General de la República y de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, no destina los recursos económicos suficientes para sufragar la educación en todo lo que conlleva a otorgarla.

Sobre este tema, en días pasados presenté con aval del grupo parlamentario del PRD una iniciativa que reforma la Constitución Federal y la Ley General de Educación con el fin de que quede expresamente plasmado a nuestro máximo ordenamiento legal y en el reglamentario la prohibición de las cuotas voluntarias y con ello las autoridades educativas asuman plenamente su función de impartir la educación gratuita y proporcionen todos los recursos humanos, financieros y materiales, así como la infraestructura necesaria que garanticen el acceso al derecho a la educación.

En este sentido, el costo del mantenimiento de las instituciones educativas de todo el país es responsabilidad del Estado no de las personas a que me he referido.

La razón de ser del cobro de las cuotas voluntarias, según opiniones de los padres de familia, alumnos y maestros, es que no existe la suficiencia en los recursos financieros aportados por el gobierno para sufragar reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y material educativo de oficina, y por ello estos recursos son autogenerados por las instituciones a partir de las cooperativas escolares que venden refrigerios en el recreo o por medio de las actividades para recabar recursos.

En contraposición las autoridades educativas siempre han señalado que las cuotas no son obligatorias y que no se condiciona el servicio educativo con el cumplimiento del costo de inscripciones o cooperaciones.

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia, cada ciclo escolar ingresa a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, siendo en promedio el equivalente a la cantidad que va desde los 250 hasta los 2 mil pesos por cada alumno que curse educación básica, cuyo objetivo, según se informa, es destinarlas al pago de mantenimiento, remozamiento, remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos.

Sin embargo, no existen datos oficiales que determinen el destino final y la utilización de dichos recursos.
.
Por todas las anteriores razones, para las mexicanas y los mexicanos, así como para el grupo parlamentario del PRD, es fundamental exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas de nuestro país, así como a la representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para que, en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación que prevé su obligación de establecer los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las cuotas voluntarias y en el ámbito de sus competencias, remitan un informe pormenorizado y puntual del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, en el periodo que abarca la administración que acaba de concluir, 2012-2018.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchísimas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Túrnese a la Comisión de Educación.

El siguiente turno corresponde al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, mismo que se ha transferido al grupo parlamentario del Partido Morena.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo en torno a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán "General Lázaro Cárdenas del Río".

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras:

El artículo 6 constitucional señala “que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición”, esto lo digo porque me sumo a la denuncia que hizo hace un momento mi compañero Casimiro Méndez por la represión que sufrieron nuestras comunidades por el gobierno del estado, nuestras comunidades en el estado de Michoacán.

También quiero leerles un exhorto de otro tipo de represión laboral también por el gobierno del estado de Michoacán.

“Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no son producto de la buena voluntad de los gobiernos en turno, son en esencia producto irreductible de la lucha obrera ante la desigualdad de las condiciones sociales entre éstos y la patronal”.

En México estas luchas han dado como resultado un marco legal con el cual se busca salvaguardar los intereses generales de quienes se ganan su sustento con el esfuerzo cotidiano de su trabajo.

Este es el espíritu, aunque mancillado por más de 30 años de neoliberalismo del artículo 123 de nuestra Carta Magna y de la Ley Federal del Trabajo.

Como es de conocimiento general, los artículos 82, 86, 88 y 99 de la Ley Federal del Trabajo, establecen en sus artículos que el salario es un derecho de toda trabajadora y trabajador, así como que el mismo debe ser entregado en tiempo y forma por parte de la patronal.

En materia internacional los convenios suscritos por nuestro país también consagran los derechos laborales.

Esta misma soberanía aprobó esta semana pasada la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo con el claro objetivo de robustecer los marcos legales que consagran los derechos sindicales y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.

En función de lo anteriormente señalado es claro que los derechos sindicales son universales, inalienables y le pertenecen a todos los trabajadores y a sus organizaciones. Así como que es al Estado a quien compete protegerlo y no reprimirlos.

Sin embargo, en contraposición a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, así como en el Convenio 98 de la OIT en el estado de Michoacán de Ocampo, desde hace meses las trabajadoras y trabajadores del sector salud han denunciado de forma sistemática violaciones a sus derechos laborales.

En junio del presente año, médicos, enfermeras y personal administrativo comenzaron a manifestar que en la Secretaría de Salud del estado de Michoacán se retrasó el pago de tres quincenas a los trabajadores que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios.

El 23 de junio, y ante la falta de respuesta de las autoridades los integrantes del sindicato general Lázaro Cárdenas del Río, iniciaron una manifestación que duró hasta el 11 de septiembre del año en curso.

De acuerdo con las denuncias realizadas por el personal de salud, el pasado 21 de septiembre las autoridades dieron inicio con la notificación en los diferentes centros de trabajo, de memorándum, con incidencias a justificar y con el levantamiento de actas administrativas a los trabajadores, y a un trabajador del centro estatal de atención oncológica, esto como la punta de lanza de un engranaje dolosamente estructurado y al amparo de una legalidad por demás injusta que se ha utilizado con la intención de amedrentar y socavar los derechos sindicales de los trabajadores.

Por si las represalias administrativas no fueran suficientes, el pasado 31 de octubre las autoridades dieron inicio a un proceso de despido masivo del personal de salud, acciones que la autoridad justificó en las sanciones impuestas a las y los trabajadores del sector salud, derivadas de las manifestaciones que comenzaron en el mes de julio del presente año.

No obstante de que como se señala en la fracción I del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos de salarios.

Los hechos que motivaron la rescisión de la relación laboral ya habían prescrito, de acuerdo con la norma antes mencionada, pues habían pasado al menos dos meses de los actos señalados, lo anterior es una muestra más de la arbitrariedad con la que actúan las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán, como efecto de las acciones de hostigamiento y represalias administrativas son ya 29 trabajadores y trabajadoras los que han sido afectados con el despido de levantamiento de actas administrativas por el hecho de exigir sus pagos y pertenecer al sindicato general Lázaro Cárdenas del Río.

A la anterior lista se suman más de 250 trabajadores entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros, auxiliares administrativos quienes han recibido amenazas y hostigamiento administrativo.

Es nuestra obligación vigilar que los derechos laborales consagrados en la Constitución se respeten, que ningún trabajador sea hostigado o pierda el sustento de su familia por el simple hecho de exigir un trabajo digno, salarios oportunos y condiciones laborales adecuadas para desempeñar su labor.

No podemos permitir que ningún poder local ni federal castigue las organizaciones sindicales democráticas y a sus agremiados por exigir el pago de su trabajo, que por derecho les corresponde.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo para que en uso de sus atribuciones ordene a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Diana Celia Carpio Ríos, al titular de la delegación administrativa, al titular de enlace jurídico y al titular de recursos humanos de la propia Secretaría de Salud para que suspenda de inmediato las acciones represivas de hostigamiento, despido y amenazas contra los integrantes del sindicato de trabajadores descentralizados del servicio de salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río.

Y reinstalen en sus respectivos centros de trabajo al personal injustamente despedido, ya que dichas acciones violan de manera flagrante los derechos laborales y sindicales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Agradezco mucho la adhesión que hicieron mis compañeros a este exhorto, a la Senadora Citlalli Hernández, a la Senadora Martha Guerrero, al Senador José Narro, al Senador Julio Menchaca, a la Senadora Marybel Villegas, al Senador Cruz Pérez, a la Senadora Ana Lilia Rivera, a María Guadalupe Covarrubias, a la compañera Nestora Salgado, a María Antonia Cárdenas, a Rubén Rocha, a Eva Galaz, a Miguel Ostoa y a Miguel Ángel Navarro, y por supuesto a los Senadores por Michoacán, mis compañeros Cristóbal Arias, muchas gracias, y el compañero Casimiro Méndez.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, así como el artículo 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SILVANO AUREOLES CONEJO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,  GIRE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA CESAR LAS ACCIONES REPRESIVAS, DE HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, DE PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CONTRA LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DESCENTRALIZADOS DE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO”, ADEMÁS DE QUE SE REINSTALEN EN SUS RESPECTIVOS CENTROS DE TRABAJO A QUIENES HAN SIDO INJUSTAMENTE DESPEDIDOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primero. Los derechos de las trabajadoras y trabajadores no son producto de la buena voluntad de los gobiernos en turno, son, en esencia, producto irreductible de la lucha obrera ante la desigualdad de las condiciones sociales entre estos y la patronal. En México, estas luchas han dado como resultado un marco legal con el cual se busca salvaguardar los intereses generales de quienes se ganan su sustento con el esfuerzo cotidiano de su trabajo. Este es el espíritu, aunque mancillado por más 30 años de Neoliberalismo, del artículo 123 de nuestra Carta Magna y de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Como es del conocimiento general, el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece que:

“El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a la huelga y de contratación colectiva”.

Por su parte, en el artículo 3 de la misma normativa se agrega:

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.

Esta misma Ley establece en sus artículos 82, 86, 88 y 99 que el salario es un derecho de toda trabajadora y trabajador, así como, que el mismo debe ser entregado en tiempo y forma por parte de la patronal.

En materia internacional los convenios suscritos por nuestro país también consagran los derechos laborales. Esta misma Soberanía aprobó en semanas pasadas la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el claro objetivo de robustecer los marcos legales que consagran los derechos sindicales y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.

En función de lo anteriormente señalado, es claro que los derechos sindicales son universales, inalienables y les pertenecen a todos los trabajadores y a sus organizaciones, así como, que es al Estado a quien compete protegerlos y no reprimirlos.

Tercero. Sin embargo, en contraposición a lo establecido en el artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, así como en el Convenio 98 de la OIT; en el Estado de Michoacán de Ocampo, desde hace meses, las trabajadoras y trabajadores del sector salud han denunciado de forma sistemática violaciones a sus derechos laborales.

En junio del presente año, médicos, enfermeras y personal administrativo comenzaron a manifestar que en la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán se retrasó el pago de 3 quincenas a los trabajadores que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios.1

El 23 de junio, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los integrantes del Sindicato “General Lázaro Cárdenas del Rio”, iniciaron una manifestación con el objetivo de exigir el pago de sus salarios que la autoridad había omitido entregarles, la cual duró hasta el 11 de septiembre del año en curso. Acciones que fueron realizadas por una representación de quienes estaban siendo afectados por la falta de pago, esto con la intención de no interferir ni afectar la atención de los pacientes y usuarios de los servicios en las distintas Unidades de Atención Medica.

Cuarto.  De acuerdo con las denuncias realizadas por el personal de salud, el pasado 21 de septiembre las autoridades dieron inicio con la notificación en los diferentes centros de trabajo, de memorándums con incidencias a justificar y con  el levantamiento de actas  administrativas a dos trabajadoras y un trabajador  del Centro Estatal de Atención Oncológica; esto como la punta de lanza de un engranaje administrativo dolosamente estructurado, y al amparo de una legalidad por demás injusta que se ha utilizado con la intención de amedrentar y socavar los derechos sindicales de los trabajadores.

Los propios trabajadores señalaron que las represalias en contra de este Sindicato aumentaron luego de que sus agremiados denunciaran públicamente que pacientes atendidos en diversas instituciones de salud del Estado de Michoacán padecieron infecciones derivado de sucesos en el quirófano.2

Quinto. Por si las represalias administrativas no fueran suficientes, el pasado 31 de octubre las autoridades dieron inicio a un proceso de despido masivo del personal de salud, acciones  que la autoridad justificó en las sanciones impuestas a las y los trabajadores del sector salud derivas de las manifestaciones que comenzaron en el mes de julio del presente año, no obstante de que como se señala en la fracción primera del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo: “prescriben en un mes, las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos de salarios”. Los hechos que motivaron la recisión de la relación laboral ya habían prescrito, de acuerdo con la norma antes mencionada, pues habían pasado al menos dos meses de los actos señalados. Lo anterior, es una muestra más de la arbitrariedad con la que actúan las autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán.

Sexto. Como efecto de las acciones de hostigamiento y represalias administrativas, son ya 29 trabajadoras y trabajadores los que han sido afectados con el despido o levantamiento de actas administrativas, por el hecho de exigir sus pagos y pertenecer al sindicato   “General Lázaro Cárdenas del Rio”.

Centro de Trabajo

Trabajadora o Trabajador Afectado

Procedimiento Aplicado

Centro Estatal de Atención Oncológica - CEAO

Psic. Claudia García Luna

Acta Administrativa del 24/sep/18 y aviso de Recisión laboral del 31/oct/18.

Centro Estatal de Atención Oncológica - CEAO

C. Ma. Dolores Rodríguez Sánchez, Apoyo Administrativo.

Acta Administrativa del 23/sep/18 y aviso de Recisión laboral del 31/oct/18.

Centro Estatal de Atención Oncológica - CEAO

C. Pedro Barrera Piñón, Apoyo Administrativo.

Acta Administrativa del 21/sep/18 y aviso de Recisión laboral del 31/oct/18.

Subdirección de Recursos Materiales

C. Mayra Lucia Frías Vázquez, Auxiliar Administrativo.

Acta Administrativa del 5/oct/18 y aviso de Recisión laboral del 31/oct/18.

Subdirección de Recursos Materiales

C. Karla Edith Cabrera Peña, Auxiliar Administrativo.

Acta Administrativa del 5/oct/18 y aviso de Recisión laboral del 31/oct/18.

UNEME Lázaro Cárdenas Jiquilpan

María Felicitas Aguilar Zaragoza, Médico General A

Acta Administrativa 26/oct/18
Aviso de recisión laboral 08/nov/18

Hospital General de La Piedad

C. Patricia Alanís Espinosa

Acta Administrativa levantada el 28/oct/18, misma que se cancelará y será repuesta en virtud de las inconsistencias y violaciones en el procedimiento por parte de las autoridades. Reprogramada para el 11/nov/18

Hospital General de La Piedad

Ramona Isabel Alanís Espinosa, auxiliar administrativo

Acta Administrativa levantada el 1/nov/18, reprogramada en dos ocasiones, misma que se cancelará y será repuesta en virtud de las inconsistencias y violaciones en el procedimiento por parte de las autoridades. Reprogramada para el 7/nov/18

Hospital General de La Piedad

L.N. Alejandra Alvarado Carbajal

Notificación para levantamiento de Acta Administrativa cancelada en tres ocasiones por inconsistencias de las autoridades, y reprogramada para el 7/nov/18

Hospital General de La Piedad

C. Eligió Ponce Trinidad, auxiliar administrativo.

Notificación para levantamiento de Acta Administrativa cancelada en tres ocasiones por inconsistencias de las autoridades, y reprogramada para el 7/nov/18

UNEME – Casa del Adolescente

C. Eduardo Tercero Tafalla, auxiliar administrativo.

Notificación para levantamiento de Acta Administrativa. Programada para el 6/nov/18.

UNEME – Casa del Adolescente

C. Fernando Martínez Maldonado, auxiliar administrativo.

Notificación para levantamiento de Acta Administrativa. Programada para el 6/nov/18.

UNEME – Casa del Adolescente

C. Arcelia del Carmen Luna Medrano, auxiliar administrativo.

Notificación para levantamiento de Acta Administrativa. Programada para el 6/nov/18.

Hospital General de Uruapan

C. Fidelina Borja Bustos, Química Farmacobióloga A

Levantamiento de Acta Administrativa sin notificación a trabajadora y a sindicato.

Hospital General de Uruapan

C. Araceli Alcauter Villaseñor Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa el 07/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. María Natividad Cruz Manuel Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 07/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Enibey Ibarra Limas Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 07/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Alma Delia Zamora Contreras Apoyo Administrativo

Levantamiento de Acta Administrativa 08/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Anabel Herrera Esparza Trabajadora Social A

Levantamiento de Acta Administrativa 08/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Claudia Yaneth Rueda Sánchez Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 08/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Gloria González Mejia Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 08/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Ana Bertha Sánchez Chávez Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 08/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Gamaliel Urbina García Enfermero A

Levantamiento de Acta Administrativa 09/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Juana Gabriela Jiménez Cerda Química Farmacobióloga A

Levantamiento de Acta Administrativa 09/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. José Francisco Irianda Gómez Servicios Generales

Levantamiento de Acta Administrativa 09/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Roció Araujo Molina Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 10/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Brenda Patricia Farías Sánchez Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 10/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Maribel Leue Pérez Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 10/Nov/18

Hospital General de Uruapan

C. Virginia Álvarez López Enfermera A

Levantamiento de Acta Administrativa 11/Nov/18

A la anterior lista se suman más de 250 trabajadores entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros, auxiliares administrativos quienes han denunciado recibir amenazas y hostigamiento administrativo.

Séptimo. Es nuestra obligación vigilar que los derechos laborales consagrados en la Constitución se respeten, que ningún trabajador sea hostigado o pierda el sustento de su familia por el simple hecho de exigir un trabajo digno, salarios oportunos y condiciones laborales adecuadas para desempeñar su labor.  No podemos permitir que ningún poder, ni local ni federal, castigue las organizaciones sindicales democráticas y a sus agremiados por exigir el pago de su trabajo que por derecho les corresponde.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

UNICO. Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, para que en uso de sus atribuciones, ordene a la Titular de la Secretaría de Salud, Dra. Diana Celia Carpio Ríos; al Titular de la Delegación Administrativa, al Titular de Enlace Jurídico y al Titular de Recursos Humanos de la propia Secretaría de Salud, para que suspendan de inmediato las acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas, contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de la Salud de Michoacán “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” y reinstalen en sus respectivos centros de trabajo al personal injustamente despedido; ya que dichas acciones violan de manera flagrante los derechos laborales y sindicales, consagrados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y  en los tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Blanca Estela Piña Gudiño.

1 http://www.noventagrados.com.mx/politica/sindicato-cambia-toma-a-oficinas-centrales-de-la-ssm-
para-facilitar-pago-de-salarios-guadalupe-pichardo.htm

2 https://www.telemundo.com/shows/2018/08/21/investigan-origen-de-fuerte-infeccion-en-un-hospital
http://www.eluniversal.com.mx/estados/enferman-7-mujeres-y-4-bebes-en-hospital-de-morelia-ignoran-
origen-de-infeccion

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Blanca Estela Piña.

Sonido en el escaño del Senador Casimiro Méndez, que desea adherirse al punto de Acuerdo.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: (Desde su escaño) Para ratificar nuestra adhesión y comentar que también como maestro, hay dos compañeros maestros de educación indígena que no se les ha pagado, no sé, desconozco por qué el estado de Michoacán se encuentra en quiebra, porque insisto, hay lana para golpear al pueblo, pero no hay lana para pagar a los trabajadores.

Me informaron hace un rato que, en el pueblo de Santo Tomás, comunidad indígena también, cercana a Ichán, también hubo un desalojo.

Si la derecha gubernamental de Michoacán no se cansa de reprimir, nosotros no nos vamos a cansar de denunciar, le decimos a la policía estatal que salga inmediatamente de los pueblos indígenas de Michoacán, y que en nosotros encontrarán el respaldo y el apoyo, que no están solos y, sobre todo, que a este cuerpo policíaco de granaderos no utilicen ninguna arma de represión cerca de las escuelas primarias.

Y que vamos a estar atentos de estos movimientos represivos que está motivando el gobierno de Michoacán por su negligencia y por no pagar a los maestros y a los trabajadores del estado.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Casimiro Méndez. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.






Compañeras y compañeros Senadores, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se designa al Senador Héctor Vasconcelos, como Presidente de las delegaciones que acudirán a los foros de la Unión Interparlamentaria.

Igualmente les informo que suscribimos un Acuerdo por el que se designa a la Senadoras y Senadores que presidirán las delegaciones internacionales en las que participa el Senado de la República.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de cada Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al primer Acuerdo.








Segundo Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado enterada.






Ahora les informo que la Mesa Directiva suscribió también un Acuerdo por el que se autoriza el uso de la palabra en la tribuna del Senado a una niña y a un niño previo a la sesión ordinaria del próximo 11 de diciembre. El Acuerdo está a disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Secretaria.






EXCITATIVAS

A petición del Senador Marco Antonio Gama Basarte y del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, esta Presidencia emite atentas excitativas para que se presenten los dictámenes que corresponda.

Excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, sobre la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables recibida el pasado 25 de abril.








Y excitativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, presentada el 18 de septiembre del 2018.

El suscrito, Senador CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos respetuosamente a la Mesa Directiva remita esta EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, CON EL PROPÓSITO DE QUE PRESENTEN A LA BREVEDAD EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2018, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

Desde entonces, las comisiones del Senado de la República no han emitido el dictamen correspondiente.

De acuerdo con el Reglamento del Senado de la Republica en su artículo 214, cualquier senador podrá solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que emita la excitativa correspondiente si transcurre el plazo para dictaminar establecido en el artículo 212 del mismo reglamento, siendo en este caso un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno.

En este tenor, resulta crucial que el Senado de la República dictamine la iniciativa presentada en el mes de septiembre para darle trámite legislativo, discutirla y aprobarla a la brevedad. La iniciativa en comento resulta de vital importancia para la vida pública del país, dado que, ante la actual crisis de derechos humanos, esta busca garantizar el derecho irrenunciable a la verdad y a la justicia sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.

La trascendencia política y jurídica de la iniciativa señalada es innegable en el contexto que vive el país, donde, ante la entrada del nuevo gobierno debe abrirse paso a la oportunidad de hacer justicia, reparar el daño de las miles de víctimas y sancionar a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Se solicita a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, que aceleren el análisis y presenten a la brevedad el dictamen de la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, misma que fue presentada en este Senado de la República en el mes de septiembre de 2018.

Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas)

Los Senadores MARIO ZAMORA GASTÉLUM y RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa de Ley tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del salario y el acceso a la seguridad social del personal que trabaja en el Poder Legislativo, mediante la contratación de  personal administrativo y legislativo, bajo los esquemas laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, y demás normas aplicables en la materia nacionales e internacionales.

La LXIV Legislatura, se ha caracterizado por impulsar políticas sociales para el bienestar de las familias mexicanas, así como establecer una política de ahorro de recursos públicos; en ese sentido el pasado 4 de septiembre de 2018, las y los Senadores aprobamos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República; en cuyo resolutivo noveno estableció que las acciones de austeridad de proyectan en cuatro rubros, entre ellos recursos humanos.

Al respecto, se plantea aplicar medidas de recorte presupuestal en rubros como complemento de aguinaldo, crecimiento de recursos humanos, plazas de estructura de apoyo a grupos parlamentarios, honorarios para contratación de personal, techo presupuestal asignado para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios para apoyo legislativo a Senadores y a Comisiones, entre otros.

Si bien el Senado de la República debe adoptar una política presupuestal responsable que avale un uso eficiente de los recursos públicos, también debemos ser respetuosos con los derechos laborales de las y los trabajadores, garantizándoles seguridad y estabilidad laboral; pues los recortes presupuestales han dejado aún más vulnerables a nuestro personal contratado bajo el régimen de honorarios.

Para el apoyo legislativo y administrativo, el Senado de la República contrata a personal bajo el régimen de honorarios, trabajadoras y trabajadores que en realidad no realizan actividades independientes como refiere la naturaleza de su contrato, sino un trabajo subordinado a las distintas áreas de este órgano legislativo, situación que los deja en un estado de inestabilidad laboral y los priva de seguridad social.

Al término de la LXIII Legislatura, de acuerdo con información publicada por la Dirección General de Recursos Humanos de este Senado, a junio de 2018, se celebraron 1405 contratos de prestadores de servicios profesionales quienes laboraron en áreas legislativas; es decir, tanto en oficinas de Senadores y como en Comisiones.

Asimismo, respecto a las áreas de apoyo como servicios parlamentarios y administrativos, órganos técnicos y del Canal del Congreso, se celebraron un total de 389 contratos de prestadores de servicios profesionales. A la fecha, aún no se ha publicado la cifra oficial de cuantos contratos de este tipo de han celebrado en la presente legislatura, en razón al reciente inicio de actividades.

Cabe destacar que el régimen de honorarios tiene una naturaleza civil y no laboral, regulado por los artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal; que mediante contrato de prestación de servicios profesionales, el profesionista tiene como característica ser independiente a la empresa o institución que lo contrata, y quien debe cumplir con el objeto de su contrato con sus propios recursos materiales y económicos; y del cual no se genera relación laboral.

Así lo estipulan las cláusulas de los más de mil contratos celebrados por este Senado para requerir servicios de asesoría, investigación y análisis realizado al proceso legislativo; así como la obligación del prestador a ser discreto respecto a la información a la que tenga acceso, es decir debe existir la confianza.

En ese sentido, debemos reconocer que la realidad es distinta a lo jurídico, pues los asesores que trabajan directamente en nuestras oficinas, en las Comisiones o en las áreas parlamentarias y administrativas, en realidad no realizan un trabajo independiente, pues sus servicios están subordinados a las indicaciones permanentes de quienes somos titulares de este Poder.

Por otra parte, en la mayoría de los casos, los prestadores desarrollan su actividad laboral con recursos materiales que dispone el Senado para ello, como espacio físico, computadoras, internet, papelería, entre otros; pero lo más importante, requieren de nuestra total confianza para el acceso y manejo de información legislativa, que en la mayoría de ocasiones requiere de su discreción absoluta, además de que se encuentran subordinados a algún jefe directo. Las funciones que desarrollan van desde el auxilio administrativo hasta el intelectual, actividades que son muy importantes.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta la realidad social de nuestros asesores, la mayoría tiene familia que depende de ellos, otros tantos requieren de atención médica o condiciones de seguridad social para la adquisición de vivienda, tomando en cuenta que el promedio de edad de nuestro personal es joven y se encuentra en etapa de desarrollo profesional y personal. No podemos coartar el derecho a la seguridad social y al progreso de nuestros trabajadores, no se trata de otorgar privilegios, sino reconocer los derechos laborales y de seguridad social que establece la ley.

La seguridad social se entiende como las medidas establecidas por el Estado, que garantizan un ingreso digno y la protección a la salud, en la que deben participar el patrón, trabajador y el Estado.

La Declaración Relativa a los Fines y Objeticos de la Organización Internacional del Trabajo (1944), estableció que la OIT debe fomentar en las naciones medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos y asistencia médica completa. El Convenio No. 102 de la OIT,  establece las bases de la seguridad social como asistencia básica a cargo del Estado; prestaciones por enfermedad, desempleo, vejez, en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, familiares, de maternidad, invalidez y sobrevivientes.

Los derechos humanos nacen para garantizar el desarrollo de las personas y protegen la dignidad humana; es así que la seguridad social se conceptualiza como en artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la cual es vigente para México, como un derecho que tienen todas las personas y por consecuencia a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El artículo 23, otorga el derecho humano al trabajo, bajo condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; debiendo garantizarle una remuneración que asegure al trabajador y a su familia una vida digna, la cual podrá ser complementada por cualquier medio de protección social. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , obliga a los Estados Parte a reconocer, respetar, proteger y cumplir el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesde la ONU, emitió la Observación No. 19 (2008), en materia de seguridad social, en relación al instrumento antes citado; la cual refiere que “el derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales”.

Asimismo, determina que la seguridad social debe entenderse como un bien social, el cual se compone de los elementos: disponibilidad (sistema de seguridad social), riesgos e imprevistos sociales (atención salud, enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, maternidad, sobrevivientes y huérfanos), nivel suficiente, accesibilidad (cobertura, condiciones, asequibilidad, participación e información y acceso físico) y la relación con otros derechos.

De acuerdo con la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores…”; además, refiere que debe observar el cumplimiento de la norma laboral que mejor proteja a los trabajadores.

Asimismo, la opinión es muy clara, los empleadores tienen la obligación de proteger y respetar los derechos de los trabajadores ya sea en el sector público y privado; por lo tanto, cuando el Estado funge como empleador queda obligado a ello.

En ese sentido, consideramos que la presente iniciativa es jurídicamente viable, toda vez que el artículo 302 determina en su numeral 3 que el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República establece los tipos de personal como Servicio Civil y Técnico de Carrera, de base, confianza y personal bajo el régimen de honorarios.

Además, la intención de esta iniciativa, está fundamentada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece en el artículo 4 que el personal se clasifica en personal de base y de confianza, por otra parte el apartado C de la fracción III del artículo 5, determina que serán trabajadores de confianza en el Senado de la República los: Secretarios Generales, Tesorero, Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos, Secretarios Particulares, Subcontralores, Auditores, Asesores, Consultores, Investigadores, Agentes de Resguardo Parlamentario, Agentes de Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, Enlaces y Secretarías Privadas.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, define como trabajador a toda persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado; entendiéndose como trabajo toda actividad humana, intelectual o material; bajo este concepto y la realidad que vivimos en este Senado, el personal de apoyo legislativo y administrativo contratado por el régimen de honorarios, encuadra perfectamente en este concepto legal, por lo que con anterioridad he justificado.

Por ello, es viable que el personal bajo el régimen de honorarios que labora en el Senado de la República, sea contratado en términos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en consecuencia, se garantice el derecho a la protección del salario y acceso a la seguridad social, tal y como lo establece el artículo 123, apartado B, Fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia y de aprobarse la presente iniciativ, el trabajo del personal de apoyo legislativo y administrativo será reconocido como relación laboral con este Senado, quienes podrán ser contratados por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado; en su caso, tener el carácter de base o de confianza, de acuerdo a sus funciones y condiciones en este Senado, en términos del artículo 35 de la Ley en comento.

Este interés de otorgar estabilidad laboral y dotar de derechos de seguridad social a los trabajadores del Senado que se encuentran actualmente contratados bajo el régimen de honorarios; no es nueva, el pasado 25 de septiembre de la presente Legislatura, la Senadora Patricia Mercado presentó un Punto de Acuerdo en este sentido, mismo que tuvo gran aceptación por el Pleno y fue aprobado.

En consecuencia, consideramos los Senadores proponentes es necesario que esta intención en la que los Senadores coincidimos quede establecida en nuestro Reglamento interno, es decir, sea norma vigente, a fin de dar mayor certeza jurídica, por lo que proponemos adicionar los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado, a fin de que toda contratación del personal del Senado de la República se realice al amparo de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esta Iniciativa, forma parte de tres iniciativas o propuestas legislativas que buscan establecer las bases jurídicas de contratación del personal que labora en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, garantizando el respeto a los derechos laborales y de seguridad social del personal de apoyo legislativo y administrativo que hoy está contratado bajo el régimen de honorarios; además de que se elimina la posibilidad el “outsourcing” o subcontratación de personal en el Poder Legislativo.

Con esta propuesta integral, se abre la puerta para que los trabajadores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, puedan acceder al goce de sus derechos humanos y laborales básicos, tales como: asistencia médica, vivienda, pensiones, incapacidades en caso de accidentes o enfermedades de trabajo, familiares, entre otras, lo que les permitirá generar condiciones de oportunidad para su desarrollo profesional y personal.

En congruencia con las políticas sociales que esta nueva Legislatura ha impulsado, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA:

ÚNICO.- Se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 302.

1 …

2 …

3. Toda contratación del personal del Senado de la República se realizará en términos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, incluyendo al personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de senadoras y senadores, áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.

4. Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de pago de honorarios, así como la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores.

TRANSITORIOS

Primero.- El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las áreas administrativas en conjunto con la Comisión de Administración  del Senado de la República, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto, presentarán a la Mesa Directiva del Senado de la República el proyecto presupuestal aplicable al presente decreto, así como la propuesta de adecuaciones al Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, así como a los reglamentos y normas administrativas en materia de relaciones laborales.

Tercero.-  La Mesa Directiva del Senado de la República, deberá aprobar dentro de lo diez días hábiles siguientes a la presentación del proyecto presupuestal por las áreas administrativas para los efectos del presente decreto e incluirlo en el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores, para el ejercicio fiscal siguiente al que corresponda en el momento de la entrada en vigor del presente decreto, el cual deberá ser puesto a consideración y aprobación del Pleno del Senado.

Cuarto.-  La Mesa Directiva del Senado de la Republica pondrá a consideración del pleno las adecuaciones que se requieran al Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado y la normatividad administrativa interna que corresponda para efectos del presente decreto, en un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes de haber recibido la propuesta de las áreas administrativas y jurídicas correspondientes.

Quinto.- Los contratos de prestadores de servicios profesionales adscritos a las oficinas de Senadores, áreas legislativas y administrativas a la entrada en vigor del presente decreto, seguirán vigentes hasta la fecha convenida, en caso de renovación el esquema de contratación será en términos del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas.-  Sen. Mario Zamora Gastélum.

Ángel Guillermo Ruíz Moreno, Nuevo derecho de la seguridad social, 14 ed. México, Porrúa, 2015.
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
“Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003 DE LA Corte Interamericana de Derechos Humanos.
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Gilberto Herrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 76 numeral 1, Y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI, DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que en un hecho conocido y notorio la problemática en materia urbana de la mayoría de centros de población en México, consistente en un patrón de crecimiento desordenado y con gran dispersión, el cual ha causado y sigue causando un sinfín de problemas en materia urbana, que van desde la movilidad hasta la seguridad pública, además de encarecer en forma muy importante el precio de los servicios públicos municipales y estatales relativos al tema. Esto inclusive es reconocido por documentos oficiales, elaborados por profesionales con gran capacidad técnica. Al respecto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha el 20 de marzo 2013, reconoce lo siguiente: “(…) Los factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se pueden traducir en una barrera para la difusión de la productividad, así como para el flujo de bienes y servicios entre regiones (…) en ocasiones el crecimiento desordenadodealgunaszonasmetropolitanas en México se ha traducido en ciudades donde las distancias representan una barrera para el flujo de personas y bienes hacia los puestos de trabajo y mercados en los que se puede generar el mayor beneficio.” “(…) Muchas de las ciudades, independientemente de su tamaño,  (..) siguen manifestando patrones de crecimiento desordenado y socialmente excluyente con carencias y desigualdades, que inciden desfavorablemente en la vida de sus habitantes.” La producción de vivienda se ha basado en un modelo de crecimiento urbano extensivo. “Los desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros de trabajo y de servicios, sin una densidad habitacional adecuada que permitiera costear servicios, vías de comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los recursos de la economía. Por esto “(…) es necesario impulsar el desarrollo de ciudades más compactas con mayor densidad de población y actividad económica.”

Que, además, el propio Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2014, señala en forma puntual: (…) “El proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos urbanos y rurales en el país. Por un lado y debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población, el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada.” (…) “Un segundo efecto del proceso de urbanización en México es la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. (…) “Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda de interés social en lugares donde el suelo era más barato, lugares cada vez más alejados de los centros urbanos consolidados. (…) “Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue el reforzamiento del patrón de urbanización periférica de baja densidad con usos predominantemente habitacionales, modelo que hasta el día de hoy tiene importantes efectos negativos en la cohesión social, la economía y la conectividad de las ciudades.” La escasa coordinación entre gobiernos municipales en combinación con el plazo tan corto de gestión con el que cuentan, la falta de  capacitación y continuidad de sus cuadros administrativos, así como la carencia de herramientas técnicas de planeación, incentiva la politización de la toma de decisiones y promueve la existencia proyectos sin visión de largo plazo ni planificación del territorio y de las ciudades.” (…) “Si prevalece el patrón territorial actual en las ciudades mexicanas, esta concentración provocará incrementos en las distancias y los trayectos, así mismo crecerán las externalidades negativas o costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial, afectando el medio ambiente y agudizando la inequidad y la desigualdad socio-económica.” (…) “En el periodo 2000-2012 se incorporaron 159,612 hectáreas de suelo para vivienda, cifra que superó las necesidades reales de dicho periodo. Sin embargo, la mayor parte de este suelo ha sido transferido desarrolladores inmobiliarios, sin que se considere en la mayoría de los casos la posibilidad de contar con una reserva de suelo para otros usos urbanos, por ejemplo: vivienda social, espacios públicos, entre otros.” (…) Los gobiernos locales no cuentan con un instrumento que les permita asegurar la función social de la propiedad en una gestión urbana moderna, ni socializar los costos y beneficios del desarrollo urbano”.

Que, tanto el artículo 115, fracción V, en materia de competencias urbanas en favor del municipio; así como el artículo 73, fracción XXIX-C, que reconoce la concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia de asentamientos humanos; fueron incorporados al texto de la Constitución al mismo tiempo, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de febrero de 1976.

Que, desde la promulgación de la fracción V del artículo 115, en 1976, la cual fue promulgada en ese entonces bajo la fracción IV, se establecía ya una subordinación a las leyes federales al citar en forma expresa: “IV. Los Estados y Municipios, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución en lo que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley Federal de la materia.” En su primera reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 1983, ya es la fracción V y su redacción queda ya similar a la actual al señalar: “V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;…”. Quedando claro desde el punto de vista gramatical la subordinación a las leyes federales y estatales. La reforma publicada en fecha 23 de diciembre de 1999, adicionó los incisos de la fracción con la finalidad de especificar en forma detallada las facultades en materia urbana, siendo así la estructura vigente de esta fracción. La última reforma, del 29 de enero de 2016, corresponde ya al texto vigente al día de hoy.

Que la fracción XXIX-C el artículo 73 constitucional, se promulgó por primera vez en 1976, como ya se había citado, estableciendo la concurrencia en materia de asentamientos humanos para todos los niveles de gobierno. De esta nueva fracción fue promulgada la Ley General de Asentamientos Humanos de fecha 26 de mayo de 1976, para hacer efectiva dicha concurrencia. La fracción XXIX-C en comento, fue reformada por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 29 de enero del 2016, para incluir las reformas en materia de la Ciudad de México, y por tanto sólo cambiaron las denominaciones de estados por entidades federativas, así como la inclusión de las demarcaciones de la Ciudad de México; quedando intacto lo referente al tema de la concurrencia en materia de asentamientos humanos.

Que a pesar de que en forma gramatical pudiera entenderse que las competencias del ayuntamiento en materia de zonificación y relativas fueran exclusivas, lo cierto es que con fundamento en los incisos de la fracción V, del artículo 115 constitucional, los ayuntamientos y los gobiernos municipales, toman una serie de decisiones autónomas que afectan no sólo la planeación en materia urbana, sino su propia ejecución, causando una serie de conflictos en la materia por no existir una concurrencia efectiva. Prueba de ello son los innumerables conflictos jurídicos, tanto en materia de amparo promovidos por particulares, así como de controversias constitucionales entre gobiernos. Al respecto, la Controversia Constitucional 94/2009, del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, del 31 de marzo de 2011, dilucida cuando los Congresos locales legislan para limitar al Municipio la regulación de la autorización de obras que se materializa en el acto administrativo denominado “licencia”, estos incluyen los permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, el cual, corresponde otorgarlas a los Municipios. Sin embargo, si bien es cierto que, los Municipios están facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, también lo es que esa facultad debe regirse por las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, ya que la misma no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que constituye una facultad derivada y en consecuencia debe someterse a las bases normativas que establezcan las legislaturas de las entidades federativas. La propia ley General de Asentamientos Humanos establece en su artículo 8 fracción I, que le corresponde a las entidades federativas legislar en materia de ordenamientos territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución, mientras que el artículo 9, fracción I establece que le corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la atribución de formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local.

Que como podemos observar de forma clara y evidente en nuestros entornos, los Municipios actúan con total libertad sin realizar los estudios pertinentes y profundos de impacto ambiental para el otorgamiento de esas licencias. En este momento, resulta dable realizar un estudio constitucional de las facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos. 73, XXIX c), 27, párrafo tercero y 115 de la Constitución Federal. Fue a partir de la reforma de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis al artículo 73 fracción XXIX, en la que se incluyó el inciso C, la materia de asentamientos humanos se encuentra constitucionalmente regulada de manera concurrente, lo que significa que los tres niveles de gobierno intervienen en la misma. En el caso de la materia de asentamientos humanos, las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de que, además de los principios de división competencial, cuenta con elementos materiales y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los que deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Con ello la Constitución establece en su artículo 73, XXIX-C, que el Congreso tiene la facultad de: “expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución”. Ahora bien, es pertinente para dar mayor claridad al tema, efectuar una transcripción de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del seis de febrero de mil novecientos setenta y seis a los artículos 27, 73 XXIX-C y 115, en donde queda clara la intención del Congreso:

“Exposición de motivos:

(…)“Los elementos y acciones que inciden en los centros urbanos de población por parte del sector público corresponden a los tres niveles de gobierno previstos en el sistema constitucional mexicano, lo que implica que para la ordenación de los centros urbanos, las acciones de los ayuntamientos, gobiernos estatales y del propio Gobierno Federal deberán darse de acuerdo con las competencias que la Constitución General de la República les ha conferido, respondiendo a objetivos comunes en el marco de una visión de conjunto de la problemática urbana, debiendo por tanto fijarse dichas bases en la carta fundamental y en la Ley Reglamentaria correspondiente.

En los sistemas de Gobierno Federal, lo que ha determinado el conferirle a la Federación una competencia, es la trascendencia nacional de una materia cuya atención rebasa el ámbito de una Entidad Federativa en lo particular; ese ha sido el sentido del sistema mexicano consagrado en diversas normas del texto constitucional y especialmente destacado por el artículo 117 de la Constitución en vigor. En este mismo sentido los problemas que pertenecen a dos o más Entidades Federativas en materias de nivel nacional deben de atenderse con la participación del Gobierno Federal, criterio general que sigue la Constitución al establecer la competencia de los tribunales federales para dirimir las controversias que se susciten entre dos Entidades Federativas.

La Constitución de 1917 no contiene ninguna norma que establezca regulaciones en materia urbana, por tanto en los términos del artículo 124 se entiende en principios como una materia reservada a los Estados; sin embargo, es de señalarse que además de las razones históricas que explican la ausencia correspondiente, la problemática urbana se encuadra dentro de un conjunto de acciones que difícilmente podrían establecer una facultad exclusiva a cualquiera de los niveles de Gobierno por los múltiples elementos, materias y atribuciones, que concurren a la misma.

En los términos de la vigente distribución de competencias del sistema federal mexicano, la Federación ejerce facultades decisivas en el desarrollo urbano, como las correspondientes a la tenencia de la tierra, agua, bosques, contaminación ambiental ,vías generales de comunicación, energía eléctrica, y en otras materias, así como lo relativo a la promoción económica, las inversiones públicas de la Federación, tienen impacto determinante en dicho proceso, condicionan las posibilidades del crecimiento agrícola e industrial, y dan origen a la creación de fuentes de trabajo, las que constituyen el elemento de atracción básica en la elección que los grupos humanos toman para asentarse.

La multiplicidad de elementos y de competencias que inciden en el fenómeno urbano nos lleva al principio de que la estructura jurídica que dé regulación al mismo, deberá establecer la concurrencia de los tres niveles de Gobierno a través de nuevas formas de colaboración de las Entidades Federativas entre sí, y de éstas con la Federación, como única forma de ser congruente al federalismo, dentro de un cauce de responsabilidad institucional compartida. Federalizar estas acciones públicas, sería una posición conservadora, antihistórica, que escindiría responsabilidades y afectaría profundamente nuestro sistema federal; sólo la acción compartida entre la Federación y los Estados, permitirá una acción intergubernamental de amplia comunicación que dé atención al problema de manera integral.

(…)

Las autoridades deberán dictar las medidas necesarias para reglamentar los asentamientos humanos en el amplio sentido del término y establecer las provisiones, usos destinos y reservas de tierras, aguas y bosques, con objeto de planear y regular la fundación de las ciudades y demás centros de población; su conservación y mejoramiento.

En consecuencia con lo anterior, se propone la adición de dos fracciones al artículo 115; en la primera de ellas y para los efectos de la reforma al párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución, se reafirma la facultad de los Estados y de los Municipios para que dentro del ámbito de sus competencias expidan las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas que correspondan a la observancia de la Ley Federal Reglamentaria de la materia; en la segunda se prevé la posibilidad y se establecen los mecanismos de solución para que en forma coordinada la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios planeen y regulen de manera conjunta el desarrollo de los centros urbanos de población que estando situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica.

Finalmente, en el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes que establezcan la adecuada concurrencia en las Entidades Federativas, de los Municipios y de la propia Federación en la solución de los problemas expresados”.

Dictamen. Cámara de Diputados:

(…) “La adición de la fracción XXIX - C al artículo 73 constitucional, facultará al Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos humanos. Esta disposición fundamentará la expedición de una Ley Federal que defina bases generales para regular y coordinar la incidencia de los tres niveles gubernamentales en el ordenamiento de los centros de población.

Con esta estructura normativa, Gobierno Federal, Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán al cumplimiento de los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional. Se evitarán interferencias competenciales en materia urbana propiciadas por el actual régimen; se favorecerá el crecimiento controlado de las áreas, citadinas, una más adecuada distribución poblacional y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.

Avance significativo en materia de coordinación constituye la adición al artículo 115 constitucional con las fracciones IV y V. La primera estatuye la facultad de los Estados y Municipios para expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a efecto de cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la filosofía de esta reforma y con la Ley Federal de la materia.

La nueva fracción V del citado precepto, permitirá afrontar eficazmente el problema de las megalópolis. La continuidad geográfica formada por varios centros urbanos, comprendidos en territorios municipales de dos o más Entidades Federativas, podrá enfocarse por los niveles competenciales federal, estatal y municipal. El desarrollo de estas áreas se plantará y regulará en acción conjunta y coordinada”

A su vez, el artículo 27, párrafo tercero, en su segunda parte establece lo siguiente:

(…) “En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.

Posteriormente se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyas disposiciones tenían por objeto establecer la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercería sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. La ley anterior fue modificada en mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y cuatro, a fin de incorporar regulaciones respecto de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para adecuarla a las reformas del artículo 115 de la Constitución Federal. Con la finalidad de que la materia de asentamientos humanos fuera absorbida por parte de la Federación, y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad estudiada entre los tres niveles de Gobierno, pero manteniendo una homogeneidad material en cuanto a los objetivos de la misma establecidos en el artículo 27 de la Constitución. De lo expuesto advertimos que, en el contexto de las facultades concurrentes a las que se refieren los distintos incisos de la fracción V del numeral 73 de nuestra Carta Magna, el constituyente claramente pretendió otorgar una mayor participación al municipio en la materia, pero nunca una competencia exclusiva y excluyente de los demás niveles de planeación. Sin embargo, cuando los Congresos locales legislan con el fin de regular esta materia, el Municipio encuentra el argumento pertinente en el artículo 115, para no someterse a la concurrencia que le obliga el numeral 73 fracción XXIX-C de la misma norma.

Que por todo lo anterior, surgieron las jurisprudencias y criterios que a continuación se citan:

Época: Novena Época
Registro: 161382
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 16/2011
Página: 888
ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA.

La facultad constitucional concurrente en materia de asentamientos humanos prevista en el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el contexto normativo que establece el sistema general de planeación del desarrollo nacional establecido en el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, ya que estas facultades de planeación de los distintos niveles de gobierno no funcionan en una relación jerárquico-normativa o de distribución competencial, sino que tienen una injerencia directa en las políticas públicas desarrolladas por aquéllos, cuya autonomía tiene un impacto directo en la relación de la planeación de las distintas jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis de los ámbitos de competencia en esta materia que son paralelas y complementarias: a) La normativa, que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de las distintas disposiciones emitidas por los diferentes niveles de gobierno; y, b) La de los planes, programas y acciones relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como congruencia, coordinación y ajuste.

Así tenemos que, cuando el Congreso local trata de limitar, el Municipio encuentra el argumento pertinente en el artículo 115 de la Constitución Federal, para no someterse a la concurrencia que le obliga el numeral 73 fracción XXIX-C de la misma norma.

Época: Novena Época
Registro: 161384
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 15/2011
Página: 886
ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.

Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la fracción XXIX-C, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976, la materia de asentamientos humanos se encuentra constitucionalmente regulada de manera concurrente, lo que significa que los tres niveles de gobierno intervienen en ella. En dicha materia las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de que, además de los principios de división competencial, cuenta con elementos materiales y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los que deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. La ley relativa es la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyas disposiciones originales tenían por objeto establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercería sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. El indicado ordenamiento fue modificado en 1981 y 1984, a fin de incorporar regulaciones respecto de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para adecuarlo a las reformas del artículo 115 de la Constitución General de la República. De este modo, la materia de asentamientos humanos fue absorbida por la Federación, y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad material en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional.

Época: Décima Época
Registro: 2006100
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXXI/2014 (10a.)
Página: 866
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN ESTAS MATERIAS DEBEN DESARROLLARSE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 94/2009, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 15/2011 y P./J. 16/2011, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, páginas 886 y 888, de rubros: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL." y "ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA." respectivamente, estableció que si bien las materias de desarrollo urbano y asentamientos humanos son concurrentes, existen dos vías para analizar sus ámbitos de competencia que son paralelas y complementarias: 1) la vía normativa, que es la que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de diversas disposiciones emitidas por los distintos niveles de gobierno; y, 2) la de los planes, programas y acciones relacionados con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de forma distinta a la validez, con criterios de congruencia, coordinación y ajuste. De ahí que aun cuando sean materias concurrentes en las que intervienen los tres niveles de gobierno, los municipios no cuentan con una facultad normativa exclusiva en dichas materias, por lo tanto al ejercer sus atribuciones, lo deberán hacer como lo establece el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enumera las facultades que tienen en materia de asentamientos humanos y que indica que siempre se desarrollarán en los términos de las leyes federales y estatales relativas.

Que ante la problemática que existe en materia urbana, social, económica y jurídica, se justifica la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer en forma puntual y precisa, la limitación de la competencia que tienen los gobiernos municipales, y en particular los ayuntamientos, para evitar que sigan cambiando en forma arbitraria los cambios de uso de suelo y demás políticas relativas en materia de urbanismo, que tanto daño están ocasionado. Por tanto, no se propone quitar dicha competencia, sino que queda clara la subordinación de dicha competencia a las leyes y normas en materia federal y estatal, en particular destacando los planes en desarrollo urbano. Así como crear instancias con autonomía constitucional a nivel municipal, para que intervengan en forma puntual en los procesos de planeación y modificaciones importantes en materia de desarrollo urbano, además de incrementar la participación de los tres niveles de gobierno y la propia ciudadana. Instancias en las cuales se deberán tomar las decisiones en sus órganos de gobierno, representados por el titular, servidores públicos municipales relativos a la materia, ciudadanos que participen en organismos de profesionistas en la materia, así como autoridades de orden federal y estatal. Se prevé mecanismos de colaboración entre los municipios y los gobiernos estatales, con la finalidad de ayudar a los municipios que no tengan los recursos y la capacidad para poder contar con organismos autónomos que los auxilien en esta labor. También especificar que esta reforma no incluye a la Ciudad de México, por tener un tratamiento constitucional diferenciado del resto de las entidades.

Que al efecto se muestra el siguiente cuadro comparativo para facilitar el análisis y destacar la propuesta concreta, quedando como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: …

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: …

V. Los Municipios, conforme a las leyes en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, desarrollo sustentable y demás relativas de orden Federal y Estatal, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, de acuerdo a las leyes y planes de desarrollo urbano federales y estatales;

Los municipios contarán con órganos constitucionales autónomos, garantizados en las constituciones y leyes estatales, que tengan bajo su responsabilidad la elaboración y modificaciones de los planes de desarrollo urbano, así como planes y programas relativos al tema urbano de orden municipal; los cuales serán aprobados por el ayuntamiento. Así como la competencia de emitir dictámenes en cambios de uso de suelo y modificaciones cuando sean de importancia, relevancia e impacto en las políticas urbanas, los cuales serán obligatorios y previo a las decisiones del ayuntamiento. El titular del organismo e integrantes del órgano de gobierno serán nombrados por el ayuntamiento, debiendo además incluir con voz y voto ciudadanos que representen agrupaciones de profesionistas en la materia y servidores públicos de orden federal y estatal que tenga relación directa con las políticas en materia urbana y cambio de uso de suelo.

Aquellos municipios, con menores recursos económicos, deberán crear instancias o entidades, con la debida formalidad jurídica, de colaboración con las dependencias estatales en la materia, con la finalidad de poder realizar las competencias señaladas en el párrafo anterior.  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, conforme a los planes de desarrollo urbano;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, conforme a los planes de desarrollo urbano;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. Es obligatorio para los municipios que conforman una continuidad geográfica entre dos o más municipios, sea dentro de los límites estatales o con otras entidades federativas, contar con un plan de desarrollo urbano regional al cual quedarán subordinados el plan de desarrollo urbano municipal y demás relativos en la materia, con la finalidad de privilegiar las zonas metropolitanas.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones V y VI, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

V. Los Municipios, conforme a las leyes en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, desarrollo sustentable y demás relativas de orden Federal y Estatal, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, de acuerdo a las leyes y planes de desarrollo urbano federales y estatales;

Los municipios contarán con órganos constitucionales autónomos, garantizados en las constituciones y leyes estatales, que tengan bajo su responsabilidad la elaboración y modificaciones de los planes de desarrollo urbano, así como planes y programas relativos al tema urbano de orden municipal; los cuales serán aprobados por el ayuntamiento. Así como la competencia de emitir dictámenes en cambios de uso de suelo y modificaciones cuando sean de importancia, relevancia e impacto en las políticas urbanas, los cuales serán obligatorios y previo a las decisiones del ayuntamiento. El titular del organismo e integrantes del órgano de gobierno serán nombrados por el ayuntamiento, debiendo además incluir con voz y voto ciudadanos que representen agrupaciones de profesionistas en la materia y servidores públicos de orden federal y estatal que tenga relación directa con las políticas en materia urbana y cambio de uso de suelo.

Aquellos municipios, con menores recursos económicos, deberán crear instancias o entidades, con la debida formalidad jurídica, de colaboración con las dependencias estatales en la materia, con la finalidad de poder realizar las competencias señaladas en el párrafo anterior.  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, conforme a los planes de desarrollo urbano;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, conforme a los planes de desarrollo urbano;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. Es obligatorio para los municipios que conforman una continuidad geográfica entre dos o más municipios, sea dentro de los límites estatales o con otras entidades federativas, contar con un plan de desarrollo urbano regional al cual quedarán subordinados el plan de desarrollo urbano municipal y demás relativos en la materia, con la finalidad de privilegiar las zonas metropolitanas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2018.

Atentamente

Sen. Gilberto Herrera Ruiz.






Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Energía.








Del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. Se turna a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.








Del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial del SIDA”. Se turna a la Comisión de Salud.








De las y los Senadores que firman al calce, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, en el marco de la elaboración del programa de descentralización de las dependencias federales, considere el traslado de las oficinas de Pemex Exploración y Producción a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Se turna a la Comisión de Energía.








De las y los Senadores que firman al calce, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del “Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas”, a establecer una estrategia que permita disminuir paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. Se turna a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.








Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proyecto de Paquete Económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la materia. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos de Egresos destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.








Les informo que los textos de las intervenciones en el rubro de efemérides se integran en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.








Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.








Del Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Suelo”. 








Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional del No Uso de Plaguicidas”.








Las intervenciones de la agenda política se insertan en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Secretaria. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 6 de diciembre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 18:26 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO
































COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Dictamen a discusión)



Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo y vigilar la licitación pública nacional para la adjudicación del contrato de prestación de servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, en total apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para presentar los 8 ditámenes de la comisión, interviene la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora. Intervienen al respecto los Senadores Mario Zamora Gastélum y Martha Cecilia Márquez Alvarado, sobre los 8 dictáenes de la comisión.































































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