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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 25

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Noviembre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:33 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 93 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

Por tanto, hay quórum.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 20 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del día jueves quince de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del trece de noviembre de dos mil dieciocho.

 

La Presidencia informó que en su reunión de este día, la Mesa Directiva acordó modificar la prelación de los asuntos del Orden del Día, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 72 del Reglamento del Senado.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del Senador Arturo Bours Griffith, por la que informa su determinación de incorporarse al grupo parlamentario Morena, a partir del 8 de noviembre de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales.

 

Se recibió de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se solicita a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, información sobre los procedimientos de declaratoria de alerta de violencia de género y se le convoca a reunión de trabajo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, oficio que suscribe el titular de la Dependencia, en relación con la propuesta de ratificación del nombramiento del grado inmediato superior del ciudadano José Luis Sánchez León.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- La Mesa Directiva iinformó que, bajo el fundamento del artículo 176 del Reglamento del Senado, se aplicó turno a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el miércoles 14 de noviembre.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la designación de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la designación de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, en la sesión del 13 de noviembre,  se procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente tomó la protesta constitucional a las ciudadanas y los ciudadanos Jaime Vargas Flores como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Baja California; Francisco Javier González Pérez como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Durango; José Inés Betancourt Salgado como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Guerrero; Elizabeth Bautista Velasco como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Oaxaca; Norma Angélica Sandoval Sánchez como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Puebla; Claudia Carrillo Gasca como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Quintana Roo; Carolina Chávez Rangel como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Sinaloa; Verónica Elizabeth García Ontiveros como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Sinaloa; Blanca Eladia Hernández Rojas como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tamaulipas; Edgar Danés Rojas como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tamaulipas; Miguel Nava Xochitiotzi como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tlaxcala; Claudia Díaz Tablada como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Veracruz; José Ángel Yuen Reyes como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas; y Rocío Posadas Ramírez como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud de la Senadora Nadia Navarro Acevedo, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del escritor Fernando del Paso.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte de abril de dos mil dieciocho.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican 186 grados de personal militar; y acuerda posponer la ratificación del nombramiento del ciudadano José Luis Sánchez León.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Félix Salgado Macedonio, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional. El Presidente de la Mesa Directiva informó que lacomisióndictaminadora hizo llegar, por conducto del Senador Radamés Salazar Solorio, propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al dictamen. En la discusión intervinieron los Senadores: Josefina Vázquez Mota del PAN, a favor; y Manuel Añorve Baños del PRI, a favor. La Mesa Directiva informó que la votación del dictamen sería con la propuesta aceptada y aprobada por la Asamblea, con lo que se consultaría la ratificación de 187 grados militares. El dictamen fue aprobado por 108 votos a favor y 1 abstención. 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, con puntos de Acuerdo:

1. Por los que se ratifican 7 grados de Almirantes.
2. Por los que se ratifican 23 grados de Vicealmirantes.

3. Por los que se ratifican 66 grados de Contralmirantes.

4. Por los que se ratifican 187 grados de Capitán de Navío.

La Asamblea autorizó que la discusión de los cuatro dictámenes se realizara en forma conjunta.Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina. En la discusión intervinieron los Senadores: Ismael García Cabeza de Vaca del PAN, a favor; y Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor. La Asamblea autorizó que la votación nominal de los dictámenes se efectuara en conjunto, en un solo acto. Los cuatro dictámenes fueron aprobados por 114 votos a favor.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen y que las mismas no alteran lo aprobado por las Comisiones y sólo tienen el propósito de dar claridad al contenido del proyecto, la Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de Decreto. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Damián Zepeda Vidales del PAN; y Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, en contra; Rubén Rocha Moya de MORENA, a favor; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI, en contra; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, a favor; Clemente Castañeda Hoeflich de MC, en contra; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, en contra; Gabriela Benavides Cobos del PVEM, a favor; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, en contra; y Cruz Pérez Cuellar de MORENA; a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas de los Senadores: Mayuli Latifa Martínez Simón, a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, y Transitorio Décimo Segundo, y adiciones a los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25; Manuel Añorve Baños, a los artículos 1, 4, 21 y 63;  Verónica Martínez García, a los artículos 2 y 22, y Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo; Vanessa Rubio Márquez, a los artículos 2, 28 y 50; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, a los artículos 2, 5, 27 y 54; Juan Manuel Zepeda Hernández, a los artículos 2, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 36 y 42, y Transitorios Séptimo y Décimo; Eruviel Ávila Villegas, a los artículos 16, 41 y 60; Beatriz Paredes Rangel, a los artículos 6 y 9; Sylvana Beltrones Sánchez, a los artículos 5, 10 y 26; Claudia Ruiz Massieu Salinas, a los artículos 6, 12, 14, 20, 21 y 41, y Transitorios Primero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Séptimo; Juan Quiñonez Ruiz, a los artículos 6 y 50; Miguel Ángel Mancera Espinosa, a los artículos 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 30, 40 y 42, y Transitorios Noveno y Décimo, y adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio; Ángel García Yáñez, a los artículos 7, 41 y 49; Ma. Leonor Noyola Cervantes, a los artículos 9 y 17; Mario Zamora Gastélum, a los artículos 13 y 18, y Transitorio Vigésimo Tercero; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a los artículos 14, 25, 32 y 42, y Transitorio Décimo; Claudia Edith Anaya Mota, a los artículos 14, 19, 20, 27 y 31, y Transitorio Décimo, y adición de un artículo 31 y un Transitorio Vigésimo Tercero; Jorge Carlos Ramírez Marín, a los artículos 18 y 19, y Transitorio Noveno; Juan Manuel Fócil Pérez, al artículo 16; Indira de Jesús Rosales San Román, a los artículos 20 y 63; Samuel Alejandro García Sepúlveda, al artículo 22, y Transitorio Décimo Tercero; Julen Rementería del Puerto, al artículo Décimo Tercero Transitorio; Kenia López Rabadán, a los artículos 14, 19 y 20. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 70 votos a favor y 47 en contra.

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio, dela Sen. Martínez Simón y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó las propuestas de modificación a los artículos1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, y adiciones a los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Manuel Añorve Baños, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 1 y 63, las cuales no se admitieron a discusión.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Senadora Vanessa Rubio Márquez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 2, 28 y 50, las cuales no se admitieron a discusión.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 2, 5, 27 y 54, las cuales no se admitieron a discusión.
La Senadora Verónica Martínez García, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 2 y 22, y Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo, las cuales no se admitieron a discusión.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 30, 40 y 42, y Transitorios Noveno y Décimo, y adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 6, se admitió a discusión y fue rechazada por la Asamblea; la propuesta al artículo 9, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 11, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 14, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 15, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 18, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 19, se admitió a discusión y fue rechazada por la Asamblea; la propuesta al artículo 27, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 30, se admitió a discusión y fue rechazada por la Asamblea; la propuesta al artículo 40, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 42, no se admitió a discusión; la propuesta al Noveno Transitorio, no se admitió a discusión; la propuesta al Décimo Transitorio, quedó sin efecto la propuesta pues no forma parte del dictamen; y la propuesta de adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Senadora Beatriz Paredes Rangel, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 6 y 9. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 6, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 9, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 14, 19, 20, 27 y 31, y Transitorio Décimo, y adición de un artículo 31 y un Transitorio Vigésimo Tercero. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 14, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 19, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 20, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 27, no se admitió a discusión; y la propuesta de adición de un artículo 31, no se admitió a discusión. Asimismo, informó que quedó sin efecto la propuesta al artículo Transitorio Décimo y se retiró la reserva de adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, informó del retiro de sus reservas a los artículos 2, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 36 y 42, y Transitorio Séptimo, y presentó su propuesta de modificación al artículo Décimo Transitorio, la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 5, 10 y 26, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Manuel Añorve Baños, presentó su propuesta de modificación al artículo 4, la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen

El Senador Eruviel Ávila Villegas, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 16, 41 y 60. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 16, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 60, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 41, no se admitió a discusión.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz, informó del retiro de su reserva al artículo 6 y presentó propuesta de modificación al artículo 50, la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Mesa Directiva informó que la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas retiró sus reservas a los artículos 6, 12, 14, 20, 21 y  41, y Transitorios Primero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Séptimo.

El Senador Ángel García Yáñez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 7 y 41, las cuales no se admitieron a discusión.

La Mesa Directiva informó del retiro de las reservas de la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, a los artículos 9 y 17, y del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, al artículo 16.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó del retiro de su reserva al artículo Décimo Transitorio y presentó sus propuestas de modificación a los artículos 14, 25, 32 y 42. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 14, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 25, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 32, no se admitió a discusión; y la propuesta al artículo 42, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 18 y Transitorio Noveno. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo Noveno Transitorio, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 18, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Mesa Directiva informó que el Senador Mario Zamora Gastélum retiró sus reservas a los artículos 13 y 18, y Transitorio Vigésimo Tercero.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

La Senadora Kenia López Rabadán, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 14, 19 y 20. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 14, se admitió a discusión, intervinieron los Senadores: Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, en contra; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA, en contra; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor; Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA, en contra; Mario Zamora Gastélum del PRI, a favor; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, en contra; Claudia Edith Anaya Mota del PRI, a favor; y Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA, el asunto se consideró suficientemente discutido, la propuesta por 47 votos a favor y 52 votos en contra fue rechazada por la Asamblea; y las propuestas al artículo 19 y 20, se admitieron a discusión, intervinieron los Senadores: Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA, para alusiones personales; Claudia Edith Anaya Mota del PRI, para realizar pregunta; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, para alusiones personales; y Kenia López Rabadán del PAN, para realizar pregunta; las propuestas fueron aceptadas por la Asamblea y se incorporaron al texto del dictamen.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 20 y 63. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 20, de adición a la fracción I, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción II, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 20, fracción VIII, para integrarla al artículo 31, se admitió a discusión, intervino el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción X, se admitió a discusión, intervino el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción XV, para integrarla al artículo 31, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción XVIII, quedó sin efecto pues afecta un artículo que ya fue votado en lo general y aprobado; la propuesta al artículo 20, para eliminar la fracción XXI, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 20, fracción XXIII, no se admitió a discusión. La Mesa Directiva informó que las propuestas aceptadas afectan a los artículos 20 y 31, por lo que es necesario aprobar las propuestas conjuntamente, en consecuencia, en votación económica fueron aceptadas por la Asamblea y se incorporaron al texto del dictamen. Finalmente, la propuesta al artículo 63, no se admitió a discusión.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó del retiro de su reserva al artículo 22 y presentó su propuesta de modificación al artículo Décimo Tercero Transitorio, la cual no se admitió a discusión.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presentó su propuesta de modificación al artículo Décimo Segundo Transitorio, la cual no se admitió a discusión.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Senador Julen Rementería del Puerto, presentó su propuesta de modificación al artículo Décimo Tercero Transitorio, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó su propuesta de modificación al artículo 19, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 40, 42, 50 y 60, y Transitorios Noveno y Décimo, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea; los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 41, 49, 54 y 63, y Transitorios Primero, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo y Vigésimo, en los términos del dictamen; y la adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio, los cuales fueron aprobados por 61 votos a favor y 37 en contra.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; y Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas de los Senadores: Damián Zepeda Vidales, al artículo 22; Claudia Edith Anaya Mota, al artículo 22; Ismael García Cabeza de Vaca, al artículo 22; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al artículo 22; Samuel Alejandro García Sepúlveda, a los artículos 22 y 73; y Miguel Ángel Mancera Espinosa, al artículo 22. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 99 votos a favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales, presentó sus dos propuestas de modificación al artículo 22, las cuales no se admitieron a discusión.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó su propuesta de modificación al artículo 22, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, presentó su propuesta de modificación al artículo 22, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó su propuesta de modificación al artículo 22, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó del retiro de su reserva al artículo 73 y presentó su propuesta de modificación al artículo 22, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó su propuesta de modificación al artículo 22, se admitió a discusión, intervinieron los Senadores: Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el asunto se consideró suficientemente discutido, la propuesta fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.

Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación delartículo 22, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el cualfueaprobado por 81 votos a favor y 16 abstenciones. Posteriormente, se procedió a la votación delartículo 73, en los términos del dictamen, el cualfueaprobado por 91 votos a favor  y 1 abstención. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

(Excitativa)

La Senadora Susana Harp Iturribarría, del grupo parlamentario Morena, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los tratados internacionales, convenciones diplomáticas y los Acuerdos interinstitucionales en materia de derechos humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que toda la información parlamentaria generada por esta Cámara, incluyendo los documentos inscritos en la Gaceta del Senado, sean publicados en formatos abiertos, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los principios de parlamento abierto en México.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Turismo a instrumentar programas que fomenten el turismo en el sector juvenil; además de explorar el convenio de descuentos vacacionales en el servicio de transporte para que se aplique en los días feriados y no laborales establecidos en el calendario oficial de suspensión de labores.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

(Efemérides)

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Aire Puro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Aire Puro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las cero horas con veinticuatro minutos y citó a la siguiente el martes veinte de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron dos comunicaciones suscritas por la de la voz, con las que se remiten los informes de las participaciones en:

La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá.








Y el Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, en ocasión de la Cumbre de Líderes del G20, celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.






Demos trámite al Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene la convocatoria por la que se establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senadora Beltrones Sánchez. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sobre este Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, quisiera emitir el voto particular al respecto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No lo hemos puesto a discusión aún.

Vamos a terminar el trámite, y con todo gusto.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y requiere la sanción de la Asamblea para que la convocatoria tenga plena validez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Tiene la palabra la Senadora Sylvana Beltrones.

Adelante, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Sylvana Beltrones, por favor.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A mí lo que me gustaría proponer es un cambio en el Acuerdo para que esta convocatoria pueda ser abierta, tanto a hombres como a mujeres.

Me parece que el dictamen propuesto por la Comisión crea un precedente que discrimina y además es inconstitucional.

Establece una convocatoria sólo para mujeres a efecto de reemplazar a dos consejeras que son las que van a salir por ser las integrantes de mayor antigüedad al cargo, del mes de octubre de 2018; sin embargo, considero que no hay una base ni constitucional ni legal para que se restringa la convocatoria a un solo género, sino por el contrario, podría ser motivo de amparo para quien, en su legítimo derecho, quiera aspirar a tener un cargo dentro de este Consejo Consultivo.

Tanto el párrafo sexto del apartado B del artículo 102 constitucional, que éste refiere a este Consejo Consultivo, como los artículos 17 y 18 de la Ley de la CNDH, sólo hablan de que el Consejo Consultivo estaría integrado por diez consejero y establece una situación anual escalonada de los dos consejeros más antiguos. Debiendo recordar que actualmente este Consejo Consultivo, integrado por diez, actualmente se conforma por seis mujeres y cuatro hombres.

Cabe recordar que la equidad de género significa que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma posibilidad de goce del ejercicio pleno de sus derechos humanos, pudiendo contribuir con el desarrollo nacional, político, económico, social y cultural.

En ese sentido, creo que la convocatoria no cumple con el principio de equidad de género y que implicaría abrir por igual la oportunidad de inscribirse a concursar tanto a hombres como a mujeres, violentando además los principios de igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 1o. y 4o., constitucionales.

Lo bueno sería que se abriera, y ojalá y sean elegidas mujeres, o tal vez que sea un hombre y una mujer y llegar a la verdadera equidad de cinco hombres y cinco mujeres dentro del Consejo Consultivo, pero de igual forma levantaré la voz cuando se trate de que cambien los hombres y sólo se limite a hombres esta convocatoria.

Entonces, Senadores y Senadoras, uno de los logros más importantes de las mujeres ha sido lograr la equidad de género, no lo convirtamos, por favor, en simples cuotas de equidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Beltrones Sánchez. Puede hacernos llegar por escrito su propuesta.

Senadora Kenia López, Presidenta de la Comisión. Adelante. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero decir que por supuesto esta posición fue discutida a lo interno de la Comisión de Derechos Humanos, y quisiera dar más datos para que este Pleno pueda tomar la decisión, además de reconocer, por supuesto, a la Presidenta de la Comisión de Igualdad que fue, digamos, una voz fundamental para escucharse en la Comisión de Derechos Humanos.

Actualmente el Consejo se encuentra integrado por diez personas y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Actualmente, esto el día de hoy, son seis mujeres y cinco hombres, lo que sucederá es que saldrán dos mujeres. Una de las dos mujeres tiene posibilidad de reelegirse, he de decirlo públicamente; sin embargo, nosotros tuvimos la discusión interna de si poníamos la paridad significaba que claudicábamos con una mujer, porque van a salir dos mujeres. Paridad significaría que de esas dos mujeres una tendría que ser hombre y una tendría que ser mujer.

Por eso la discusión se tornó a que la convocatoria fuera para mujeres, para que entonces tuviéramos exactamente la conformación del Consejo como se tiene actualmente, que sería entonces dos mujeres salientes y dos mujeres entrantes.

He de reconocer, por supuesto, que las acciones afirmativas, como son las de este caso, una vez que lo ha resuelto la Corte, e inclusive lo ha resuelto el Tribunal Electoral Federal, son en beneficio de la ciudadanía.

Respeto, por supuesto, la posición de la Senadora Beltrones, he de agradecer también el trabajo que tiene la Senadora en la Comisión de Derechos Humanos, su participación y su asistencia a la Comisión; sin embargo, la decisión del grupo parlamentario fue en aras de que saliendo dos mujeres, ingresen dos mujeres, y no tengamos la posibilidad de que se achique, perdónenme la expresión, en términos de género el Consejo, que hoy me parece es un ejemplo a seguir.

Muchísimas gracias, como siempre, señor Presidente.

Muy amable.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Kenia López.

Tiene la palabra la Senadora Malú Micher y después Patricia Mercado.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nuestros esfuerzos están encaminados a cerrar las brechas de desigualdad en este país. El acceso al ejercicio de los derechos está basado en la no discriminación y en un trato digno y justo para las mujeres y también para los hombres.

Nunca estaremos discriminando cuando nuestra tendencia y nuestro esfuerzo es para cerrar la brecha de desigualdad. Si estuviéramos abriendo la brecha de desigualdad sí es discriminación, pero me parece que al salir dos consejeras y suplirla por dos mujeres, estamos conservando esta integración igualitaria y paritaria del Consejo.

La propuesta fue aprobada en la Comisión, no viene únicamente por capricho, viene por una buena reflexión y un buen debate que se llevó a cabo en la Comisión.

Nosotras, en Morena, estamos convencidas y convencidos de que es correcta la redacción de la convocatoria porque no discrimina, simplemente abona más bien a no abrir más la brecha de desigualdad.

Si fueran dos mujeres las que salen y las suplimos por dos hombres, estamos abriendo la brecha, estamos absolutamente no encaminando nuestros esfuerzos a la no discriminación, entonces, yo mantengo la propuesta, creo que se aprobó ya en nuestra Comisión y estamos absolutamente convencidas y convencidos de que Morena está cerrando la brecha y que así se aprobó en la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Malú Micher.

Senadora Patricia Mercado. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Patricia Mercado Castro: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente plantear al Pleno y a la Senadora Beltrones que ya hay antecedentes en la Corte de hombres que han ido para decir: “he sido discriminado”, porque en los criterios, en otro tipo de decisiones se pone que es una mujer. Y lo que la Corte planteó es que, efectivamente, hay una discriminación, pero es una discriminación positiva para lograr la igualdad, la acción afirmativa también es definida como discriminación positiva para poder lograr la igualdad.

El Instituto Nacional Electoral también ha lanzado varias convocatorias solamente a mujeres para poder equilibrar y también ha habido varones que incluso están esperando en el escalafón del Instituto Nacional Electoral poder aspirar a puestos mayores, que se han inconformado.

Y, bueno, sigue siendo válido el argumento y el concepto de la discriminación positiva para lograr esa igualdad, entonces, tienes que forzar la acción positiva con acciones de Estado que entran de lleno, fuerzan, para que se tome una decisión a favor de la igualdad.

Entonces, me parece, que en este caso, que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos también es integrante del Consejo, sí se abre la puerta que también sean varones puede, como decía la Senadora Malú Micher, agrandar la brecha, o sea, sí es posible hacer una convocatoria de este tipo para lograr mayor igualdad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Patricia Mercado.

Vamos a consultar. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Sylvana Beltrones.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación de la Senadora Sylvana Beltrones. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la convocatoria en sus términos.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la convocatoria en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobada la convocatoria sobre el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese en la página electrónica del Senado a partir de esta fecha y en tres diarios de circulación nacional.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite las reservas a los Anexos Específicos A, B, C, F, G y J del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas el 26 de junio de 1999.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la “Agenda Básica de Derechos Humanos 2018”.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió del Congreso del estado de Coahuila un Acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión considerar la eliminación o reducción sustancial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como medidas para contener y hacer frente a los graves daños que a la economía nacional han generado los incrementos a los combustibles.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






El siguiente rubro de nuestra agenda es la presentación de iniciativas. En la primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Minera, en materia de impacto social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY MINERA

(Presentada por la Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Angélica García Arrieta: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy me voy a permitir someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Minera, en materia de impacto social, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

La minería tiene una relevancia económica indiscutible, y representa una de las actividades laborales de mayor tradición en nuestro país.

Sin embargo, la Ley Minera no considera la necesidad de realizar estudios sobre impacto social y tampoco la consulta de las comunidades y de los pueblos afectados por las concesiones.

Al respecto, la organización no gubernamental, Red Mexicana de Afectados por la Minería, hasta este año, ha documentado que existen más de 15 mil conflictos sociales relacionados con la industria minera en nuestro país.

Sirva poner como ejemplo el impacto social negativo respecto al deterioro de la salud de la población en el caso de los jales, es decir, de los derechos y polvo residual, derivado de la obtención de minerales en las zonas metropolitanas de Pachuca, en el municipio de Zimapán, Molango, Epazoyucan, en el estado de Hidalgo.

Investigadores han señalado que quien respira el polvo que emana de estos verteros provoca enfermedades entre la población.

Además, es muy común que en las presas de jales mineros, ocurra la contaminación de cuerpos de agua, provocando su deterioro por la presencia de metales pesados que hacen imposible su consumo.

Es así que el impacto social de los jales representa un grave riesgo para la salud de la población, ya sea porque el polvo tenga contacto con la piel, se inhale o se ingiera directa o indirectamente.

En dichos municipios se constata entonces que el impacto social negativo no ha sido debidamente analizado ni evaluado por las autoridades competentes al carecer de un mandato jurídico expreso que los faculte para realizar este tipo de estudios y de cancelar concesiones si resulta procedente.

Pero éste sólo no es el planteamiento de uno de los casos con repercusiones sociales negativas, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, podemos señalar numerosos ejemplos, de diferente naturaleza, como es el de Pasta de Conchos en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca, en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.

Por sólo mencionar algunos de ellos.

Por lo tanto, es nuestro deber impulsar las acciones necesarias para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras.

Por ello, que la presente iniciativa tiene como objetivo facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social, facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por el impacto social negativo y así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por ese motivo.

Garantizar que en toda concesión, asignación o zonas en que se incorporen las reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades en las que realicen sus actividades de explotación, exploración, y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

Senadoras y Senadores, ya lo ha declarado nuestro Presidente, es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales, porque pasa esto, se extrae, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera.

No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora García Arrieta. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Mónica Fernández Balboa solicita adherirse a la iniciativa.

También los Senadores Guadalupe Covarrubias, Delfina Gómez y Primo Dothé. Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en materia de fortalecimiento del combate al lavado de dinero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 53, FRACCIÓN VI; 54, FRACCIONES I, II Y III; Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V BIS Y UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Si bien México ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico a fin de controlar el flujo de dinero proveniente de algunas actividades delincuenciales, a pesar de estos esfuerzos, algunos factores, como la sofisticación de operaciones que se realizan con este tipo de recursos, han contribuido a la impunidad del lavado de dinero.

Así lo señala la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda, donde se refiere que los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

Asimismo, en el Informe de Evaluación Mutua, realizado en enero de 2018 por GAFI, menciona que grandes cantidades, producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras, podrían estar ingresando a nuestro país a través de transferencias electrónicas internacionales o en efectivo.

Es imperativo que la legislación antilavado sea dinámica y que la fiscalización e investigación de las operaciones de lavado de dinero reditúen en un combate eficaz.

Esta ineficacia se traduce de manera indirecta en la falta de rendición de cuentas, opacidad en las cifras, en la alarmante situación de impunidad ante las consecuencias económicas de lavado de dinero.

La ilegalidad propia de estos recursos es un elemento que socaba el estado de derecho y fomenta la destrucción de valor público, puesto que se trata de recursos que no pueden ser fiscalizados ni formar parte de una cadena productiva, ni mucho menos contribuir al levantamiento de las cargas públicas.

Para efectos de supervisar el cumplimiento de la normatividad ante el lavado tenemos tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaría; sin embargo, mientras que a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le corresponde la supervisión de más de tres mil instituciones financieras; al SAT le toca supervisar a más de 56 mil sujetos que realizan actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero.

Es decir, el SAT tiene la obligación de supervisar a un universo de sujetos 18 veces más grande que el que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Aunado a esta evidente asimetría, se debe añadir la falta de compromiso por parte de quienes no forman parte del Sistema Financiero para cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero.

Esta suma de factores implica un mayor riesgo, una amenaza latente de que puedan estarse utilizando recursos de procedencia ilícita dentro de las actividades vulnerables que se realizan fuera del Sistema Financiero.

En este contexto, cobra relevancia que el SAT tenga a su alcance una herramienta que le permita asegurar que los sujetos que están bajo su supervisión efectivamente estén instrumentando acciones que eleven su nivel de cumplimiento respecto de las normas antilavado.

En este sentido, en la iniciativa de reformas que hoy presento propongo que sea un auditor externo quien emita un informe anual en el que evalúe la eficacia operativa de las medidas antilavado de los sujetos obligados y, además, en el que se dé seguimiento a los programas de acción correctiva que, en su caso, se hubieren instrumentado.

Se propone que sea el SAT quien mediante disposiciones de carácter general pueda establecer los requisitos que deba reunir el auditor responsable de la emisión de este informe, y pues, con esta medida, el sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido.

Quienes realizan actividades vulnerables mejorarán su nivel de cumplimiento y serán, a la vez, más eficientes en la prevención del lavado de dinero al aportar información más útil, más depurada, para que se investiguen tales ilícitos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; y se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS, todos ellos de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, al tenor del siguiente:

I. Planteamiento del problema

El lavado de dinero es una actividad que socava el estado de derecho ya que, por un lado permite que el dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos que sí tienen un origen lícito generando una percepción irreal de la actividad económica y productiva de nuestro país, además de que la actividad criminal debilita gravemente la economía nacional al desviar recursos que deberían contribuir al gasto público en la forma que prevén las leyes, provocando esto último que el sostenimiento del país recaiga en un sector reducido de la población.

El Estado, a través de las diversas leyes, regulaciones y normativas que emite, provee las herramientas para que se combata esta actividad delictiva a través de la identificación, la prevención, la denuncia, la investigación, el procesamiento y la sanción de quienes realizan conductas que se ubican en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal (en adelante, CPF), el cual tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero.

Con el propósito de tener una participación activa y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero a nivel global, en 1999 México se unió al Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) como observador, y posteriormente en el año 2000 se integró como miembro de pleno derecho, con lo que nuestro país adquirió el compromiso de implementar medidas para identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, establecer responsabilidades, desarrollar políticas de coordinación y luchar contra el lavado de dinero.

El GAFI1 es un ente intergubernamental que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero.

Para ello, en 1990, el GAFI emitió por primera vez su documento de Recomendaciones, las cuales fueron revisadas en 1996 para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas; en octubre de 2001 el GAFI expandió su mandato y creó nueve Recomendaciones Especiales; posteriormente en 2003 las Recomendaciones junto con las Especiales se revisaron por segunda vez; y finalmente la más reciente revisión fue en 2012 resultando un documento de 40 Recomendaciones. Las Recomendaciones constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero. A través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares, los países deben implementar los estándares internacionales contenidos en las Recomendaciones del GAFI.

México, en atención a las Recomendaciones del GAFI, ha llevado a cabo diversas acciones encaminadas al combate del lavado de dinero. Por mencionar algunas de esas acciones, se señalan, la tipificación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 400 Bis del CPF, la reforma a diversas leyes financieras para establecer obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, la creación de autoridades receptoras de reportes de operaciones sospechosas e investigadoras de conductas que pudieran tipificar las conductas de lavado de dinero, y la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI).

El combate al lavado de dinero requiere la instrumentación de todo un sistema en el que participan diversas autoridades, así como particulares del sector financiero y de otras actividades y profesiones no financieras, en el que unos y otros tienen deberes y obligaciones, y para que el sistema funcione con eficacia no solo se deben asignar responsabilidades, sino también se debe verificar su cumplimiento y aplicar sanciones a quienes no cumplan.

Desde 1997,2 se comenzó a establecer la regulación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con las entidades o instituciones del sector financiero, las cuales al día de hoy están obligadas a:

• Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF;

• El presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF;

• Conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios;

• Recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes; resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y a la de los reportes que presenten;

• Proporcionar capacitación al interior de las instituciones, usar sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos, y establecer estructuras internas que funcionen como áreas de cumplimiento, todo esto en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de las disposiciones de carácter general que emite la SHCP.

En 20133 entró en vigor la LFPIORPI, teniendo como uno de sus propósitos regular en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a diversas actividades y profesiones no financieras, las cuales fueron catalogadas en el artículo 17 de la LFPIORPI como Actividades Vulnerables.

Obligaciones similares a las del sector financiero se le asignaron a quienes realizan las actividades vulnerables, entre otras:

• Recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

• Conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios;

• Llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses;

• No aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos;

• Presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios;

• Custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables; así como,

• La identificación de sus clientes y la de los avisos que presenten y brindar facilidades para que las autoridades practiquen visitas de verificación para comprobar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

GAFI recomienda que las instituciones del sector financiero y las personas del sector no financiero deben estar sujetas a medidas de supervisión para asegurar que cumplen con las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Recomendación 15 del GAFI de 2003 establece que Las instituciones financieras deberían desarrollar programas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir: a) El desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleos; b) Un programa permanente de capacitación de empleados; c) Una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Argentina en 2010,4 se señaló que el Capítulo VI de la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera, que se refiere a Políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contempla que los bancos y los centros cambiarios deben adoptar formalmente políticas escritas para el cumplimiento de la ley y la regulación para prevenir el lavado de dinero, así como una función de auditoría para revisar su sistema.

Asimismo, en la Sección 2.5 del Comunicado "A" 4273 del Banco Central de la República Argentina, se estableció que las entidades deben también desarrollar por escrito políticas de transacciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo que incluyan, por lo menos, el diseño de procedimientos y controles internos, y un plan de capacitación para el personal, así como la función del auditor interno para verificar el cumplimiento de dichas políticas, tomando en cuenta el tamaño y la actividad de la entidad.

De igual manera, según la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera y los Comunicados "A" 4535 y "A" 4607/"A" 4606 del Banco Central de la República Argentina, los bancos y centros cambiarios deben llevar a cabo al menos una vez al año una revisión de los procedimientos internos de la institución financiera, y el informe de auditoría que se emita debe incluir sugerencias para corregir las debilidades detectadas en la revisión y la opinión de la propia entidad en los temas que han sido planteados.

Finalmente, si bien en la Ley Antilavado 25.246 no hay medidas que exijan a las actividades y profesiones no financieras que adopten e implementen políticas internas, procedimientos y controles, la Resolución 227/2009 de la Unidad de Información Financiera para juegos de azar, establece que esos negocios deben tener políticas y procedimientos para prevenir y desalentar el lavado de dinero, políticas que deben contener un mínimo de elementos, entre otros, implementar la revisión periódica por parte de un auditor externo.

Por otra parte, en el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Brasil en 2010,5 se señaló que el artículo 2 de la Resolución 2554/1998 del Consejo Nacional Monetario dispone que las instituciones financieras bajo supervisión del Banco Central de Brasil, deben garantizar que cumplen con toda la normativa antilavado y que la actividad de auditoría interna debe formar parte del sistema de control interno.

En caso de que la institución financiera no cuente con un área de auditoría, esta función debe realizarse por una firma o una entidad de auditoría externa; igualmente, el artículo 9 de la Circular 380/2008 de la Superintendencia de Seguros Privados señala que las instituciones financieras bajo supervisión de dicha Superintendencia deben desarrollar e implementar un programa de auditoría interna para verificar de forma anual su cumplimiento, la entidad tiene la opción de realizar esta revisión a través de su área interna de auditoría o por auditores independientes.

Como se puede observar, Argentina y Brasil, en cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en su momento establecieron en su normativa la figura de la auditoría para la revisión de los controles, procedimientos y sistemas en materia de prevención de lavado de dinero, pudiendo realizarse la revisión por parte de un área interna o externa. El objetivo de realizar esta revisión es emitir un informe en el que se señalen las debilidades detectadas en la revisión, para que sean corregidas y la participación del sujeto obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero sea más efectiva.

II. Argumentos que sustenten la presente Iniciativa

En México, en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, se ha dotado de facultades de supervisión a dos entes: por un lado, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante, CNBV), órgano desconcentrado de la SHCP, que en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con la atribución legal de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero a cargo de las entidades financieras; por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, que en términos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria cuenta con la atribución legal de comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

De acuerdo con información contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos6 (en adelante, ENR) de lavado de dinero elaborada en julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF) al 31 de diciembre de 2015 la CNBV supervisaba a 3,199 instituciones financieras, mientras que el SAT supervisaba a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.

Los supervisores enfrentan un gran reto; el número de sujetos a supervisar es elevado, y los recursos económicos y humanos con que para esos efectos cuentan la CNBV y el SAT parecen insuficientes. Al mismo tiempo, esto representa una amenaza para el sistema de combate al lavado de dinero, pues los sujetos obligados al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia y practica un reducido número de actos de comprobación, pueden cumplir con deficiencia sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero o incluso pueden no cumplirlas en absoluto.

Si ante esta insuficiente supervisión, los sujetos obligados no cumplen correctamente sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no llegará información útil a las autoridades encargadas de investigar y denunciar dichas conductas, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo, los criminales continuarán realizando sus actividades ilícitas de manera impune, y la economía nacional se verá afectada en perjuicio del desarrollo del país.

No obstante, en el ámbito del sector financiero existe una figura que, en atención a la Recomendación 15 del GAFI de 2003, otorga cierta confianza a la CNBV de que los sujetos obligados están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento año tras año. En cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en las disposiciones de carácter general que emite la SHCP en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita7 se establece que las entidades financieras deben mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar de forma anual el cumplimiento de dichas disposiciones.

En esa revisión, se evalúa cómo está cumpliendo la entidad financiera con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué no está haciendo y, en su caso, se propone un programa de acciones correctivas.

El informe de auditoría que se emite tiene por objeto brindar a los sujetos obligados la información necesaria para adoptar las medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para establecer planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que deriven de la revisión materia del informe. El informe es presentado a la entidad financiera y ésta debe hacerlo del conocimiento de la CNBV.

Cabe precisar que el informe de auditoría no constituye una validación de que el sujeto obligado está cumpliendo total y correctamente con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues esencialmente debe contener una sección en la que se incluyan los hallazgos y acciones correctivas que a juicio del auditor se requieran para dar cabal cumplimiento a las disposiciones, lo que corrobora que, con la obtención del informe de auditoría, se pretende supervisar que los sujetos obligados están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento regularmente.

En las actividades y profesiones no financieras la amenaza cobra fuerza ya que el número de sujetos supervisados por el SAT es alto en comparación con los que supervisa la CNBV. En párrafos anteriores se menciona que en la ENR elaborada en julio de 2016, la UIF señala que al 31 de diciembre de 2015 el SAT tenía bajo su supervisión a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.

Derivado de los resultados contenidos en la ENR se conoce que sólo el 14% de las personas que realizan actividades vulnerables no financieras dio respuesta al cuestionario que les fue enviado en febrero de 2016. Esto denota la falta de compromiso de los sujetos obligados para con el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que al no atender el cuestionario no se cuenta con información para evaluar si están entendiendo los riesgos de lavado de dinero y cumpliendo adecuadamente las obligaciones que tienen en esta materia.

Es conveniente y necesario que el SAT cuente con una herramienta que le permita validar que los sujetos obligados bajo su supervisión están implementando acciones constantes para elevar su nivel de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Toda vez que el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de verificación a una población de sujetos obligados representativa, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, se propone que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control que incluyan la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del cumplimiento de dichas obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable.

El resultado de la revisión deberá presentarse a la persona que realiza la actividad vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.

La revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo durante el cual se realizaron actividades vulnerables.

El informe que se emita debe incluir el resultado de la revisión del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, incluyendo el desarrollo de los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que haya adoptado para dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras, llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos cuando aplique; presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios cuando corresponda; custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables, así como de relativa a la identificación de sus clientes y a la de los avisos que presenten, y las demás que el auditor considere que pueden ser útiles para mitigar los riesgos.

En disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe contener el informe, así como los requisitos que debe reunir el auditor responsable de elaborar la revisión y el informe.

El informe que contenga los resultados de la revisión que se efectúe deberá hacerse del conocimiento del SAT a través del portal en internet dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio que se revise.

La adición que se propone tiene dos efectos positivos:

I) Fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero. Quienes realizan actividades vulnerables podrán ir mejorando su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención del lavado de dinero al aportar información más útil para que se investiguen las conductas previstas en el artículo 400 Bis del CPF, logrando así que haya más procesos y sentencias por lavado de dinero y realmente se combatan estas conductas que tanto afectan al desarrollo del país; y,

II) Corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI. Con esto, se podrá obtener alguna reducción en las sanciones que se les impongan8 y promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI, cumplan cada vez de mejor manera.

Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las actividades y profesiones no financieras se verá fortalecido, pues quienes las realizan estarán obteniendo con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias en sus procedimientos y contarán con un plan de acciones correctivas tendientes a corregirlas.

De continuar sin esta herramienta, no se tendrá certeza de que los sujetos obligados conocen sus fallas y hacen algo por subsanarlas; se debe tener presente que las Recomendaciones del GAFI fijan un estándar internacional que los países deben implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.

En México se requiere que exista una medida de gestión de cumplimiento para que los sujetos obligados de la LFPIORPI estén constreñidos a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los sujetos obligados de la LFPIORPI tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por lo tanto no están cumpliendo como es debido.

Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados de la LFPIORPI para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, en todos los casos, ha procedido a imponer sanciones, en ocasiones en montos importantes, derivadas de los incumplimientos que detecta. El objetivo no es que el SAT sancione a los sujetos obligados, sino que éstos cumplan con las obligaciones que les impone la LFPIORPI para que aporten información útil a las autoridades encargadas de denunciar e investigar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se considera que la medida de control propuesta no tiene impacto presupuestario ya que no es necesario crear una nueva oficina dentro del SAT porque ya desde ahora cuenta con áreas competentes en materia de supervisión de quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.9

Se propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la LFPIORPI, la cual es una sanción eficaz en atención a la Recomendación 35 del GAFI.

Adicionalmente, la propuesta de reforma al artículo 54 de la LFPIORPI atiende a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016 en el DOF, en el que se establece que se deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; Se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para quedar como sigue:

CAPÍTULO V BIS

De la Revisión e Informe de un Auditor Externo

37 BIS.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor externo independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones que disponen esta ley y el reglamento correspondiente.

Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados en formato de informe a  la persona que realiza la Actividad Vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos que deberá contener dicho informe.

La información a que hace referencia este artículo, deberá ser conservada por quien realiza la Actividad Vulnerable durante un plazo no menor a diez años, y remitirse a la Secretaría dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

Artículo 53.- (…)

I. a V. (…)

VI. Incumplan con la obligación de presentar el informe previsto en el artículo 37 BIS de esta Ley;

VII. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y

VIII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 54.- (…)

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso de las fracciones V y VI del artículo 53 de esta Ley, y

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VII y VIII del artículo 53 de esta Ley.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos.

1 Mayor información del GAFI se encuentra en http://www.fatf-gafi.org/about/

2 El 7 de mayo de 1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a diversas leyes financieras en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, estas mismas leyes fueron reformadas mediante decretos publicados en el DOF el 28 de enero de 2004, el 18 de julio de 2006 y el 10 de enero de 2014.

3 En el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la LFPIORPI publicado en el DOF el 17 de octubre de 2012 se señaló que "La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación", por lo que la LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013.

4 Reporte de Evaluación de Argentina. Octubre 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Argentina.pdf

5 Reporte de Evaluación de Brasil. Junio 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf

6 La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es el resultado de un proceso coordinado por la UIF en el que colaboraron todas las instancias que participan en el régimen nacional de prevención de lavado de dinero. A partir de la ENR se busca poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de prevención del lavado de dinero y destinar los recursos humanos y financieros de la manera más eficiente y eficaz.

7 La 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple; 60ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 61ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio; 55ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 62ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 48ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento; 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 64ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 48ª del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito.

8 Conforme a los artículos 55 y 60 de la LFPIORPI las sanciones previstas en la Ley son disuasivas, lo que significa que con ellas se busca que los sujetos obligados no incurran en infracciones

9 En los artículos 40 y 50 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables, y las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, tienen atribuciones de supervisión en materia de la LFPIORPI, y los titulares de las unidades administrativas mencionadas, serán auxiliados por los administradores, subadministradores, jefes de departamento y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Hernández Ramos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, para presentar, a nombre propio y del Senador Rafael Moreno Valle, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de contratación de personal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Mario Zamora Gastélum, a nombre propio y del Senador Rafael Moreno Valle Rosas)

El Senador Mario Zamora Gastélum: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos.

El día de hoy hago uso de la tribuna a nombre propio y de mi compañero, el Senador Rafael Moreno Valle, para presentar ante este Pleno una de las tres iniciativas que tienen por objeto fortalecer el pleno ejercicio de los derechos laborales y, en consecuencia, el acceso a la seguridad social de todo el personal que trabaja en los tres poderes de la Unión.

La iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad eliminar la subcontratación, también llamada y conocida como outsourcings, de todas las dependencias públicas federales, ya que a nuestra consideración, como servidores públicos, debemos ser garantes del irrestricto respeto a los derechos humanos, por lo que debemos ser ejemplo, aún más, tratándose de prerrogativas de índole laboral.

Si bien la figura de subcontratación de personal se creó para fomentar el desarrollo y competitividad de empresas e instituciones, disminuyendo sus erogaciones por concepto de cumplimiento y obligaciones laborales, delegándoselas a un tercero, se ha abusado y distorsionado la naturaleza y el fin de este tipo de contrataciones.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la subcontratación consiste en que un patrón presta servicios con sus trabajadores a favor de un contratante, quien le establece las tareas y lo supervisa en la ejecución de éstas.

La protección de las normas que regulan esta práctica laboral, por su propia naturaleza, no son amplias para garantizar todos los derechos y responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y el contratante, dejando al trabajador en un estado de vulnerabilidad, para lo que como legisladores, debemos revisar a fondo esta figura.

En México, aproximadamente más de tres millones de personas laboran bajo el esquema de subcontratación.

Sumado a la reciente incertidumbre económica que ha golpeado nuestro país, surge la necesidad de ampliar y garantizar los derechos laborales de todos los mexicanos, suprimiendo las modalidades de contratación que inhiben el empleo de calidad, la seguridad salarial y el ejercicio de derechos.

La reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012, si bien fortaleció la generación de empleos, productividad y competitividad, aún dejó este tema pendiente para su análisis y protección de los derechos de los mexicanos contratados bajo este esquema.

El principal derecho vulnerado bajo este esquema es la estabilidad en el empleo, pues se expone al trabajador a abusos y riesgos en el lugar del contratante.

En esa perspectiva, y como dice el dicho; “el buen juez, por su casa empieza”, debemos retomar esta figura para su análisis en nuestro quehacer público toda vez que el Estado no es una empresa de negocios, sino que sirve a la ciudadanía.

Si bien representa un ahorro, y sería compatible con el propósito de austeridad que se promueve en el servicio público, no puede ser viable cuando se vulneran los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de los trabajadores.

Por ello, resulta coherente eliminar la posibilidad de que las dependencias públicas contraten mediante outsourcings a personal, a fin de dar certidumbre laboral y en su economía familiar a los trabajadores al servicio del Estado, así como garantizar los derechos humanos, como la seguridad social, que son inherentes por el hecho de ser personas y trabajadores como lo ha manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La seguridad social permite a los trabajadores acceder a prestaciones en caso de desempleo, enfermedades o riesgos de trabajo, vejez, invalidez, entre otros.

Derecho que es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, por lo que, desde esta tribuna, hacemos un llamado a nuestros compañeros legisladores y a la nueva administración a que respetemos y hagamos valer el Convenio 102 de la OIT para garantizar este derecho a todos los trabajadores, en particular, a quienes están al servicio del Estado.

Los poderes de la Unión debemos procurar la protección más amplia en materia laboral para que todos nuestros trabajadores al servicio del Estado sean tratados con dignidad y cuenten con todas las prerrogativas que la ley, y la legislación internacional, reconocida por México, les otorga.

Amigas y amigos, creo que es un buen momento, y ayer que por la noche veía un programa de televisión donde estuvo el Presidente Electo de todos los mexicanos, decía y hablaba, y si no me equivoco, y una expresión de punto final, hacía atrás será una cosa; hacia adelante vayamos a construir.

Yo creo, con todo respeto, que es un buen momento, insisto, el juez por su casa empieza, que todos los trabajadores al servicio del Estado cuenten con lo que la ley y las organizaciones internacionales lo suscriben, no más outsourcings.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa.

Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En las dependencias y entidades públicas a que refiere el artículo 1o. de esta ley, queda prohibida la subcontratación de personal.

Muchas gracias.

Y ojalá, ojalá le pongamos a los dichos, hechos, que es lo que la gente está esperando allá afuera.
Buenas tardes, buen día y muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Gastélum. Túrnese a las Comisiones Unidas…

La Senadora Verónica Martínez, sonido en su escaño.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Me sumo a la iniciativa, si me lo permiten Mario y Rafael.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Benavides, sonido en su escaño.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, también sumarme a la iniciativa, la cual me parece muy justa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Nuvia Mayorga, se suma a la iniciativa. Se suma toda la fracción del Revolucionario Institucional, Senador Montaño, Miguel Ángel Mancera para sumar a su grupo parlamentario y Senador Ángel García, muchas gracias.

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Nos congratula la presencia de un grupo de estudiantes y profesores del Instituto Politécnico Nacional, invitados por la Senadora Kenia López Rabadán.

Asimismo, a un grupo de alumnos y docentes de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Gilberto Herrera Ruiz. Les damos la más cordial bienvenida.

Y, asimismo, a un grupo de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

¡Les damos también la más cordial bienvenida!






Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 constitucionales, en materia de referéndum.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 36, 73 Y 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudimos a esta tribuna a presentar, como ya se anunció, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 35, 36, 73 y 135 para crear la figura de referéndum constitucional.

La idea central de esta iniciativa es modificar la lógica mediante la cual ha funcionado el Constituyente Permanente en nuestro país.

Como ustedes saben, actualmente el Constituyente Permanente está integrado por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados.

Pero nos parece que llegó el momento de cambiar la manera en la que se hace la política constitucional y los abusos que ha habido en torno a ella en nuestro país.

Por eso, lo que estamos proponiendo es poner a los ciudadanos en el centro de la decisión del cambio constitucional.

Se trata nada más y nada menos que incorporar a los ciudadanos al Constituyente Permanente.

Esto implica darle una dimensión distinta a la política constitucional. Basta con echar un ojo a la historia reciente de nuestro país para darnos cuenta del abuso que ha habido sobre el texto constitucional.

703 reformas a partir de 233 decretos en 100 años, en 101 años, para ser precisos.

No podemos negar que hay un abuso del cambio constitucional, y quizá una manera incorrecta de entender lo que significa nuestra Constitución.

La Constitución, no solamente en México, sino en cualquier otro país, es la ley fundamental, ahí están reflejados los principios, las aspiraciones que tiene un pueblo, que tiene una sociedad; y en este país se ha malentendido, y por lo visto, se sigue malentendiendo lo que implica la norma constitucional.

Dice Bruce Ackerman, uno de los estudiosos del constitucionalismo norteamericano, estadounidense más importante, vivo, contemporáneo: que el cambio constitucional a diferencia de cualquier otro cambio legal debería considerarse como un momento de política extraordinaria, es decir, una discusión, una deliberación amplia que incorpore a los distintos sectores de la sociedad.

No puede confundirse con la política normal, no puede confundirse con aquella política y aquel cambio que plantea modificaciones a las legislaciones secundarias, es, como lo dice, Bruce Ackerman, un momento de carácter extraordinario.

Recientemente el Presidente Electo ha planteado la posibilidad de cambiar nuestra Constitución, ha dicho que va a modificar el texto constitucional para tratar de darle paso a la Guardia Nacional.

Pero también ha dicho, y esto se refleja en las distintas declaraciones no sólo del Presidente Electo, sino de miembros de este Congreso de la Unión, que esta será también una medida de carácter temporal.

No hay cosa más contradictoria que un planteamiento de esa naturaleza, los cambios constitucionales, por definición, no pueden ser temporales, eso es materia de otro orden, de otra naturaleza.

Si nosotros no entendemos lo que implica una reforma constitucional nos vamos a volver a equivocar.

La Constitución no es, no puede ser y no podemos permitir que siga siendo un proyecto de gobierno. Los proyectos de gobierno, los programas de gobierno se ajustan durante el transcurso de un mandato, se pueden modificar, pero no podemos hacer de la Constitución el instrumento para implementar un programa de gobierno, por estratégico que sea.

La invitación a todas y a todos ustedes es acompañar una iniciativa de esta naturaleza. Que pongamos en el centro del referéndum constitucional y de la política constitucional a los ciudadanos, que si queremos hacer una modificación que implique una alteración de nuestra Norma Fundamental, la acompañemos de un amplio espacio de deliberación pública, de confrontación de ideas donde todos puedan participar.

Dice uno de los principios de la deliberación pública, que todos tenemos el derecho de participar en aquellos temas y en aquellas condiciones que nos van a afectar directamente, y un cambio constitucional no puede tomarse a la ligera.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 35, 36, 73 Y 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La democracia representativa y la democracia participativa debe coexistir bajo esquemas que permitan la inclusión, la deliberación y la gobernabilidad. Por ello, el desarrollo de instrumentos de participación ciudadana debe ser una de las apuestas de los Estados democráticos modernos. En ese sentido, la presente iniciativa plantea establecer en nuestro marco jurídico la figura del referéndum constitucional, como una reivindicación del derecho a decidir e incidir en los asuntos públicos de los ciudadanos.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y al cual el Estado Mexicano se adhirió y posteriormente ratificó, establece que todos los ciudadanos gozarán del siguiente derecho y oportunidad:

“a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;”1

Ahora bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, estableció como uno de sus ejes primordiales que los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano deben ser incorporados a la legislación interna con un carácter constitucional, lo que se ha definido como control de convencionalidad. En este sentido, lo señalado anteriormente por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe encontrar idealmente una certeza constitucional que determine la implementación de instrumentos de participación ciudadana para los tres niveles de gobierno en toda la República.

De entre los instrumentos de participación de ciudadana, no puede ser excluido el relativo a la implementación del referéndum constitucional, pues la instrumentación de una auténtica participación ciudadana pasa por otorgar a la ciudadanía la facultad de escruta e incidir sobre el propio el marco jurídico que le rige, de ahí que Burgoa Orihuela señale al referéndum como uno de las herramientas cruciales de la democracia participativa:

“El más importante consistiría en implantar el referéndum popular, en el sentido de que las reformas o adiciones constitucionales que impliquen actos supresivos, restrictivos o sustitutivos de cualesquiera de los principios esenciales que se han esbozado, deban someterse a plebiscito, que sería la forma como el pueblo externara su voluntad, aprobándolas o rechazándolas”.2

Por otro lado, en un ámbito de derecho comparado en el caso de Suiza, por ser el país modelo en lo referente a la democracia participativa, cabe mencionar que el referéndum constitucional se encuentra regulado en su legislación en dos supuestos: el primero, llamado facultativo y el segundo de carácter obligatorio cuando se pretende modificar la constitución.3

La incorporación del referéndum constitucional permitiría que en México se dieran pasos certeros en la construcción de una democracia participativa, ya que posicionaría a los mismos ciudadanos como parte del Constituyente permanente de la República, reconociendo el lugar central que deben ocupar en la toma de decisiones y siendo protagonistas en el diseño y construcción de las instituciones del país. Es importante resaltar que la confección y adecuación del marco constitucional de un Estado implica (o debe implicar) un momento histórico de profunda reflexión de una nación, y en dicho sentido, la participación activa de los ciudadanos debe ser central.

Por ello, se plantea delinear en el proceso de reforma constitucional, establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución, un esquema de participación directa de los ciudadanos, quienes con su voto aprobarían o rechazarían las reformas constitucionales emanadas del Poder Legislativo. En tal sentido, se sustituye la intervención de las legislaturas locales en la ratificación de las reformas constitucionales, para que sean los ciudadanos, de manera directa, los que ratifiquen dichas modificaciones al marco constitucional.

En Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que el cambio del régimen político debe acompañarse de la apertura de los espacios de decisión legislativa a la participación ciudadana. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el referéndum constitucional.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 35, se reforman la fracción III del artículo 36, el inciso A del artículo 72, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. […]

I. a VIII […]

IX. Votar en los procesos de referéndum constitucional.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. a II. […]

III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndum constitucional, en los términos que señale la ley;

IV. a V. […]

Artículo 72. […]

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente, salvo en los casos de reformas constitucionales, en donde se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 135 de la presente Constitución.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a  XXIX-P. […]

XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, las consultas populares y el referéndum constitucional.

XXIX-R. a XXX. […]

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas mediante referéndum constitucional.

El Instituto Nacional Electoral organizará los procesos de referéndum constitucional y realizará el cómputo de la votación. Para que sea válido el resultado deberá participar cuando menos un tercio de la lista nominal de electores. Los procesos de referéndum constitucional se realizarán, preferentemente, el mismo día que las jornadas electorales federales, y se podrán realizar de manera extraordinaria en casos urgentes y cuando así lo determine el Congreso de la Unión, conforme a los lineamientos establecidos en la ley en materia de referéndum constitucional.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Una vez publicado el presente decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para aprobar la legislación en materia de referéndum constitucional.

Dado en el Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias Senador Castañeda Hoeflich. Túrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

2 Derecho constitucional mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, Editorial Oxford 2008 tercera edición.

3 Democracia Directa: Referéndum, Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2007.






Se concede la palabra a la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y Materia de Violencia Política.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 21, ASÍ COMO ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Los que tenemos la oportunidad de estar en esta Soberanía tenemos una gran responsabilidad de hablar en representación de todos.

Como mexicana, quiero hablar a nombre de todas aquellas mujeres en todos los rincones del país.

En estos últimos meses he escuchado con gran atención a muchos de ustedes presentando en esta tribuna diversas iniciativas que han tenido el propósito de transitar a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Son muchas las áreas que necesitamos regular, pero sé que esto sucederá en esta Legislatura.

Por eso hoy quiero hablar sobre las mujeres que han sido víctimas de violencia política, es decir, aquellas a quienes se les ha limitado, excluido, impedido o anulado el ejercicio de sus derechos político-electorales.

En la presente iniciativa hablo por todas nosotras, por todas aquellas que han visto coartados sus derechos políticos, todas aquellas que han sido víctimas de discriminación, que no han sido tomadas en cuenta por el simple hecho de ser mujeres.

Tenemos que entender que no existe un solo camino para las mujeres. No todas quieren participar de manera activa en la cuestión político-electoral; no todas quieren ocupar cargos de gran responsabilidad e importancia, pero también hay otras que tampoco quieren dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos.

Por eso, lo que debemos hacer es respetar las decisiones de cada mujer en torno a su familia. Cada mujer merece ver por su propio potencial, tomar sus propias decisiones, y si la dirigen hacia la vida política, poder transitar este difícil camino sin temor. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que velar porque estos derechos de las mujeres sean respetados y protegidos.

Hemos progresado mucho, una muestra es este Senado. No obstante, aunque los avances han sido significativos, aún falta mucho por hacer.

En la pasada contienda, y tan sólo quiero referir estos datos, se tuvieron 185 agresiones contra mujeres que se desempeñaron como candidatas, de las cuales, 19 fueron víctimas de feminicidio político.

Cabe señalar que las referidas cifras sólo representan las agresiones registradas. Trágicamente, las mujeres somos más propensas a que se violen nuestros derechos humanos. Estos abusos han continuado por muchos años.

Las mujeres permanecieron demasiado tiempo en silencio, incluso hoy, en pleno Siglo XXI, están aquellos que pretenden silenciarnos. Pero con el nivel de representatividad que tenemos el día de hoy, las voces de las que estamos aquí presentes y de las mexicanas, deben escucharse fuerte y claro.

Es una violación de los derechos humanos cuando se nos discrimina y cuando se nos genera violencia política contra las mujeres.

Es tiempo de ir más allá de la retórica, es ahora.

Por eso presento la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 5 y 21, así como se adiciona el artículo 7 Bis en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, para que exista una definición de violencia política contra las mujeres, para que en las normas se pueda leer:

“Que la violencia política contra las mujeres son aquellos actos u omisiones de quienes limitan, condicionan, excluyen, impiden o anulen el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, que por razón de género, son discriminadas para desempeñar algún cargo político o una elección popular”.

Asimismo, se propone establecer un tipo penal que contemple las conductas de las que somos víctimas todas las mujeres en el ámbito político.

Como lo mencioné, se tienen que respetar y proteger los derechos de las mujeres, porque, compañeras y compañeros Senadores, no hay democracia sin paridad.
Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Nancy De la Sierra Arámburo. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de contaminación de plásticos de un solo uso.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Esta iniciativa para prohibir plásticos de un solo uso la suscriben también mis compañeros de bancada, y espero que muchos otros la suscriban.

Al día de hoy, puedo afirmar sin temor a equivocarme, que hay dos graves problemas ambientales y urgentes a resolver, que aquejan a nuestras sociedades y a nuestro planeta:

1. Hace un par de semanas el Panel Intergubernamental de Cambio Climático hizo un estudio, el cual seguramente escucharon, y está al alcance de todos en la red, es importante leerlo.

En este estudio se habla del peligro que corre el mundo al no mantener a un nivel bajo la temperatura mundial.

2. El segundo es el plástico.

Nuestros ecosistemas terrestres y marinos están siendo afectados gravemente por la cantidad de residuos plásticos que generamos, una verdadera tragedia.

Por presentarles algunos datos, a nivel mundial producimos más de 300 millones de toneladas de plástico. El 50 por ciento de éstos fue diseñado para dar un solo uso, es decir, estos productos se generaron para tener una vida útil de tan sólo unos minutos.

Desafortunadamente, de éstos, sólo el 5 por ciento se recicla; el 40 por ciento termina en los rellenos sanitarios, y lo más triste es que aproximadamente 8 millones de toneladas se arrojan a nuestros ecosistemas.

En México, durante 2015 se generaron 53.1 millones de residuos sólidos urbanos, de los cuales, el 10 por ciento fueron plásticos, y desafortunadamente, en los últimos 12 años su producción fue triplicada.

Entre los plásticos de un solo uso, encontramos a las bolsas de plástico que pueden tardarse en degradar mil años, mil años, y los popotes, que pueden subsistir hasta 100 años, por mencionar a los más comunes.

La pregunta que debemos de hacernos es. ¿En qué momento comenzamos a producir y consumir un producto que tiene en promedio diez minutos de uso y que tarda 100 y hasta mil años en degradarse?

¿En qué estábamos pensando?

La lucha se está dando, y es equivalente a la lucha que se dio en los 90’s en contra de las cigarreras, y no vamos a parar. Hay que alzar la voz y muy fuerte. Este es un problema creado por nosotros mismos, los humanos y, por lo tanto, debe de ser resuelto por nosotros.

El daño causado a nuestro ecosistema es una verdadera preocupación. Muchos de estos desechos son consumidos por distintas especies, principalmente en nuestros océanos, afectando su aparato digestivo y respiratorio, y lo peor es que como consecuencia los terminamos consumiendo nosotros en la cadena alimenticia.

Compañeros y compañeras, es momento de actuar. Sabemos el daño que causan los plásticos de un solo uso. Hemos visto múltiples fotografías en las redes sociales mostrando escenas lamentables con animales muriendo por estos residuos. Por ello me pregunto: ¿por qué seguir consumiendo este tipo de productos cuando sabemos el daño que causan?

Países como Argentina, Chile, Irlanda y Australia han tomado la delantera, ya cuentan con marco jurídico que permitirá prohibir y regular el uso de plásticos. Incluso la ciudad de Mumbai ya impuso penalidades de hasta 6 mil pesos y 3 meses en la cárcel para quien no cumpla con la prohibición.

Y los Estados miembros de la Unión Europea deben prohibir la introducción en el mercado, de productos plásticos, a más tardar el 2021.

Alemania, incluso, ha logrado un modelo de economía circular que es a donde debemos de transitar.

México no puede quedarse atrás, para atender esta problemática puede legislar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para establecer las bases mínimas que deben aplicar los gobiernos locales para prevenir y reducir el impacto sobre el medio, impacto de los residuos urbanos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Por lo anterior, el presente proyecto busca sumar en la regulación de un marco jurídico para reducir los plásticos y mejorar la legislación de los residuos. Y es que somos muchos los legisladores que hemos trabajado en propuestas que permitan lograr un México libre de plásticos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Murat Hinojosa.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín desea adherirse a su iniciativa, también Oswaldo Fuentes, Guadalupe Saldaña, Xóchitl Gálvez, Verónica Martínez, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, el grupo parlamentario del PT, el Senador Castañón, Zamora, Armenta, Luévano, Caraveo, Cecilia Sánchez, Américo Villarreal, Nuvia Mayorga, Indira Kempis, Ángel García, Guadalupe Covarrubias, y Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede la palabra al Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 134 y 157 bis de la Ley General de Salud, en materia de vacuna contra el papiloma humano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN XIV, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 134; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 157 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes a mis compañeras Senadoras y a mis compañeros Senadores:

Independientemente de solicitar que se pueda inscribir íntegra la iniciativa, preferiría explicarles de qué se trata, porque es un tema muy sensible de salud pública y que aquí, en la Ciudad de México, nosotros, platicando con Malú, por cierto, 2012, se vio         que había un asunto de salud pública que afectaba a las niñas, en ese momento se precisó en la población de las niñas este padecimiento que es el Virus del Papiloma Humano, y la Ciudad de México fue pionera en ese momento, fue pionera, punta de lanza, para aplicar en las primarias para el quinto grado la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.

Estamos hablando de nuestras hijas y ahora nos correspondió a nosotros también implementarla para los niños, porque es una realidad que ha marcado ya la Organización Mundial de la Salud, pero hoy lo que estamos proponiendo nosotros es que esta vacuna, que finalmente fue reconocida por el gobierno federal y que se ha incluido ya en el Esquema Nacional de Vacunación como programa orientador, dado que este esquema es el que deriva de la opinión del Consejo Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud, y ahí hoy, si ustedes revisan este esquema, está la vacuna pentavalente, está el neumococo, está polio, están todas las vacunas que conocemos de nuestros hijos, de nuestras hijas, y está incluida para los once años o quinto grado de primaria la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, pero no está en la ley, y esto es lo que hoy estamos proponiendo.

Lo que estamos proponiendo es que no se quede en esa intención o en ese programa, sino que se vuelva obligatoria ya, que esté en el cuadro en donde se refiere y donde se habla de difteria, de tosferina, de tifoidea, de influenza, de todas estas enfermedades.

Ahí en ese artículo, que es el artículo 134 de la Ley de Salud, se agregue una fracción, que sería la fracción número XIV, en donde diga “esta vacuna, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano”. Es simplemente agregar una fracción, es una fracción, pero es un paso enorme en materia de salud pública para nuestros niños y nuestras niñas.

Esta enfermedad, este padecimiento, que además de poder ser silencioso, puede ser mortal, porque ustedes lo saben bien, llega a ser la causa del cáncer cervicouterino, y ha cobrado miles y miles de muertas, mujeres, en el mundo. Por eso me parece que es muy importante.

¡Qué bueno que ya está en el esquema!, en esa tabla, pero debiera estar en la ley.

No tiene ninguna justificación que la tengamos alejada, sobre todo de lo que nos está marcando ya la Organización Mundial de la Salud que asevera que deben darse los cuidados preventivos y vacunas, dice: “incluso a los niños de nueve a once años”.

Lo que nosotros hoy estamos exigiendo es que esté en esta tabla, la reforma al 134 para agregar esta fracción número XIV, y una reforma también, una adición al 157 Bis que hoy habla que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la promoción de uso de condón priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección, y habla hoy del SIDA solamente como mención expresa, y estamos proponiendo que se incluya también esto, que es el Papiloma Humano, porque así lo marca la Organización Mundial de la Salud.

Verdaderamente son dos adiciones muy sencillas, pero es un cambio sustancial en la política de prevención de nuestro país para el cuidado de nuestras niñas, pero también de nuestros niños.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Geovanna Bañuelos, Verónica Martínez, Margarita Valdez, Claudia Balderas, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu, Patricia Mercado, Verónica Delgadillo, Mario Zamora, Josefina Vázquez Mota y Ángel García.

Solicito sonido en el escaño de la Senadora Josefina Vázquez Mota.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Como grupo parlamentario queremos adherirnos a esta iniciativa del doctor Mancera, que nos parece fundamental. Lo felicitamos también por la propuesta que acaba de hacer en tribuna.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

Senadora Alejandra Lagunes, también se adhiere, gracias, los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, José Luis Pech, Gricelda Valencia y Lucía Meza; recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Enseguida, tiene el uso de la tribuna la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de integración del Consejo Consultivo de la Cofece.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES)

La Senadora Sasil De León Villard: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Entre los cambios más importantes del gobierno que está por iniciar se encuentra la participación activa de los ciudadanos en las decisiones relevantes de este gobierno.

La participación ciudadana es un rasgo que distingue a la cuarta transformación, que ya está en marcha.

La iniciativa que hoy presento tiene como objeto central darles más poder a los ciudadanos en materia de competencia económica. En este sentido, el día de hoy presento a su consideración la creación de un Consejo Consultivo de Ciudadanos al interior de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Los razonamientos de mi propuesta son tres:

En México, los órganos constitucionales autónomos surgieron en la década de los 90’s como organizaciones que no están supeditadas en alguno de los tres poderes de gobierno.

El surgimiento de estos órganos es en el contexto de fortalecer la transparencia de las acciones de gobierno, en la vigilancia directa de los ciudadanos sobre el ejercicio del gobierno, pero también en fortalecer lazos de identificación entre el pueblo y los gobernantes.

Entre los órganos constitucionales autónomos, están, como sabemos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, la UNAM, el Consejo Federal de Competencia Económica, entre otros.

La Cofece es un órgano autónomo encargado de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia en el mercado económico, así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones de funcionamiento eficiente de los mercados.

La Cofece tiene un papel sumamente relevante para lograr un mejor funcionamiento en la economía mexicana.

Por esa razón, es indispensable la participación, vigilancia y toma de decisiones de los ciudadanos en esta materia.

La gran mayoría de órganos constitucionales autónomos tienen regulada ya la figura de consejos ciudadanos de participación, sin embargo, la Cofece es el único que no cuenta con este espacio que permita la vinculación con la sociedad civil organizada.

En razón de lo anterior es que les presento esta iniciativa que tiene como objetivo crear un Consejo Consultivo de Competencia Económica en el cual se relacione la Comisión con las demandas de la sociedad y los consumidores en este rubro.

Entre sus facultades destacan revisar el proyecto de informe anual que presenta la Comisión, emitir opiniones no vinculantes con la Comisión sobre temas relevantes en materia de competencia económica y emitir opiniones técnicas con la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de la Comisión.

Por lo anterior, Senadoras y Senadores, concluyo solicitando su apoyo para promover este espacio de participación ciudadana en materia de competencia económica, un aspecto de gran relevancia y que tanto necesita potenciar nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora De León Villard. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos del Colegio “Anne Sullivan” de Naucalpan, del Estado de México, invitados por el Senador José Narro Céspedes. Un gusto para el Senado contar con su presencia.






En la segunda ronda de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Honorable Cámara de Senadores. Señor Presidente, con su venia.

Quiero dedicar esta iniciativa a todas las parejas mexicanas que no han podido concebir un bebé y que esta alternativa y que esta iniciativa que hoy presento ante ustedes, la dedico a estas parejas que les ha costado tanto trabajo poder concebir y tener un hijo.

En México, todos tenemos derecho a formar una familia, así lo dice categóricamente el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, donde se plasma la garantía y el derecho a la libre decisión reproductiva.

Fue con este reconocimiento que nuestro país se convirtió en el primer país de América Latina en consagrar constitucionalmente este derecho.

La libre decisión reproductiva consagrada en la Constitución mexicana, implica, además de la garantía de acceso a esquemas de planificación familiar, la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, incluyendo los servicios de reproducción humana asistida.

La reproducción asistida ocupa el tercer lugar del turismo médico en nuestro país, con poca o en algunos casos, nula regulación del Estado al respecto.

Tan sólo en el 2013, se llevaron a cabo más de 82 mil procedimientos en 52 clínicas de fertilidad autorizadas, pero desgraciadamente existe evidencia de establecimientos que actúan de manera clandestina y son operados por personas que no siempre tienen los conocimientos requeridos para este tipo de tratamientos y ponen en riesgo al paciente y pueden comprometer aún más su futuro reproductivo.

Para evitar estos casos de reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países que han logrado adaptar el desarrollo científico y tecnológico con las exigencias de una sociedad moderna, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, entre muchos otros.

Sus disposiciones coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En esta iniciativa se busca brindar certeza a las personas que busquen técnicas de reproducción asistida, así como a los especialistas en esta materia, reformando diversas disposiciones de la Ley General de Salud bajo los siguientes términos:

1. La reproducción asistida se vuelve una materia de salubridad general junto con la planificación familiar.

2. La Secretaría de Salud será quien ejerza las atribuciones de regulación, control, fomento sanitario sobre la materia, así como el control y vigilancia de los gametos utilizados para esta práctica.

3. Se crea un capítulo especial sobre la reproducción asistida donde se enumeran los requisitos para poder acceder a un tratamiento en los que destaca ser mayor de 18 años y con plena capacidad, así como otorgar consentimiento por escrito para recibirlo.

4. También se prohíben prácticas como la clonación y la implementación simultánea de más de tres embriones en la madre.

5. Se castiga con pena privativa de libertad a quienes sin su consentimiento se realice alguna técnica de reproducción asistida y a quienes obtengan gametos de forma ilícita.

6. Se crea un Registro Nacional de Reproducción Asistida a cargo de la Secretaría de Salud.

7. Se establece la obligación de contar con una licencia sanitaria para bancos de células relativas a la reproducción asistida.

Es importante señalar que el acceso a las diferentes técnicas de reproducción humana asistida implica también la protección del ejercicio de otros derechos reconocidos tanto en la Constitución, como el derecho a la igualdad y no discriminación a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

Es indispensable acompañar la discusión de reproducción asistida con una de derechos humanos, ya que muchas veces este tema ha sido objeto de muchas legislaciones fallidas, sustentado en enfoques meramente ideológicos.

Durante más de 20 años hemos arrebatado a muchos mexicanos y mexicanas del sueño de formar una familia señalando su preferencia sexual o estado civil como un impedimento para hacer valer sus derechos humanos.

Compañeras y compañeros, la familia es el origen de la sociedad y del Estado, pero también es la fuente de las relaciones elementales de igualdad entre el hombre y la mujer.

El amor, que todo lo mueve en el universo, ha generado por siglos la creación de familias, tribus y comunidades que constituyen los lazos sanguíneos y culturales que integran una nación.

Quiero mencionar que recientemente el Presidente Electo hizo un llamado a fortalecer a las familias mexicanas y sus derechos con base en los principios que deben sustentar nuestras comunidades, que sirva de base para la reconstrucción de un tejido social y para cimentar y organizar las piedras angulares del estado de derecho.

Con esta iniciativa proponemos brindar el acceso a las familias que padecen de infertilidad reproductiva la posibilidad y el anhelo de hacer realidad sus derechos a la salud y a la familia.

Es necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados, misma que ya no corresponde con la realidad de nuestra sociedad y del mundo.

Adecuar nuestras leyes y prácticas sociales apegándonos a la más reciente evidencia científica sin descuidar la observancia de los derechos humanos a modo de brindar la seguridad jurídica tanto de aquellas personas que necesitan del auxilio médico para procrear, como aquellos que los asisten para lograr este objetivo.

Hoy me presento ante ustedes, además de como Senadora de la República, como orgullosa madre de familia y abuela, y como una voz de mujeres y hombres que de forma silenciosa deciden iniciar un proceso largo y lleno de esperanza, el de la reproducción asistida, para poder cumplir su sueño de formar una familia biológica y genética propia.

Los invito a formar parte de este sueño y de esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sánchez Cordero.

Sonido en el escaño del Senador Eruviel Ávila.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Para felicitar a la Senadora Sánchez Cordero por esta iniciativa tan sensible, y sumarnos, como grupo parlamentario, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Malú Micher. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Para felicitar la iniciativa de la Senadora Olga Sánchez Cordero y sumarme, por supuesto, a la causa y al beneficio de las familias mexicanas que, como bien dice ella, padecen la infertilidad.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senador Clemente Castañeda Hoeflich, sonido en su escaño.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntarle a la Senadora si aceptaría la suscripción de parte del grupo parlamentario a esta importante iniciativa y sumarnos, por supuesto, a la felicitación.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Castañeda Hoeflich, perdón. Gracias.
Senadora Blanca Piña.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: (Desde su escaño) Igualmente, para adherirme a la iniciativa de la Senadora Olga.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: (Desde su escaño) Felicitarla, primero, porque es abuela, yo no, pero ya quisiera, y sumarme a la iniciativa.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Susana Harp.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Para podernos sumar a la iniciativa.

Yo creo que todos los compañeros de Morena queremos lo mismo, así es que como grupo parlamentario nos podríamos sumar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Geovanna Bañuelos, sonido en su escaño.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para sumarme a la felicitación de la promovente y solicitarle de manera respetuosa que permita que el grupo parlamentario del PT suscriba su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Josefina Vázquez Mota, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera reconocer, por supuesto, esta iniciativa y solicitar a la ministra, si no tiene inconveniente, en que pueda turnarse también a nuestra Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia dado el interés superior de los niños, y reconocemos que esta iniciativa es muy importante y ya tenía mucho tiempo que muchas familias estaban esperando una respuesta.

Si se puede turnar a nuestra comisión también, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ahorita vemos.

Senadora Alejandra Lagunes, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz: (Desde su escaño) También pedirle a la Senadora que nos permita adherirnos como grupo parlamentario, todo el grupo parlamentario del Verde quiere sumarse.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

También se adhieren los Senadores Guadalupe Covarrubias, Citlalli Hernández, Américo Villarreal, Lucía Meza, Gricelda Valencia, Soledad Luévano, Bertha Caraveo, Mónica Fernández, Margarita Valdez, Angélica García Arrieta, Ana Lilia Rivera, Claudia Balderas, Sasil De León y su grupo parlamentario del PES; el Senador Miguel Ángel Mancera y su grupo parlamentario del PRD; el Senador José Luis Pech y Ángel García.

Muchas gracias.

El Senador Primo Dothé también. El Senador Salomón Jara. El Senador Julio Menchaca. También el Senador Armando Guadiana. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adicional diversas disposiciones constitucionales en materia de movilidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente.

Senadoras y Senadores:

Hoy pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa para adicionar a los artículos 4o. y 73 de nuestra Constitución en materia de movilidad libre y voluntaria, a fin de darle soporte constitucional a este tema de la mayor relevancia para el bienestar y el desarrollo del país, especialmente en sus zonas metropolitanas.

La movilidad se refiere al libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura, cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines de desarrollo personal y social, y ha sido entendida como una necesidad para brindarles mejores condiciones de vida, especialmente a los más vulnerables.

La movilidad trasciende el tema del transporte. Ésta implica procesos mucho más complejos que guardan relación con la vivienda, la alimentación, el acceso a bienes y servicios, la educación, las alternativas de desplazamiento, la recuperación de los espacios públicos, el mejoramiento del medio ambiente y la salud de las personas, la reducción de la contaminación, la productividad de los individuos, el esparcimiento y la diversión, el acceso a la cultura, el desarrollo social y económico, la dignificación de los ciudadanos, la calidad de vida de la población, y la felicidad de los seres humanos como fin último del Estado.

La movilidad está vinculada con el ejercicio de diversos derechos humanos para llevarlos a cabo en la realidad de cada individuo como la libertad, igualdad, no discriminación, educación, vivienda digna y decorosa, protección de la salud, medio ambiente sano, libre tránsito, seguridad jurídica, legalidad, interés superior de la niñez, libertad del trabajo y libre acceso a información plural y oportuna, entre otros.

Diversos tratados internacionales vinculantes para México, y principios del orden internacional se encuentran relacionados con la movilidad, y han establecido expresamente dicha naturaleza.

En cuanto a nuestro país, les paso un dato, 14 entidades federativas ya tienen leyes dedicadas a la movilidad como concepto integral o como derecho asociado simplemente al transporte, al tránsito y a la vialidad.

En todas existe consenso sobre la naturaleza y alcance de la movilidad como un derecho humano, lo que significa que el ser humano, la persona, el individuo es el núcleo o eje central de la norma jurídica.

El derecho humano a la movilidad voluntaria tiene como pretensión principal dignificar a la persona que ha perdido calidad de vida y potencial en el ejercicio pleno de sus derechos debido a una serie de fenómenos negativos propios de las grandes ciudades y que de hecho hemos originado nosotros mismos como crecimiento demográfico, urbano y territorial, contaminación ambiental, inseguridad pública, entre otros.

Por ello se estima necesario, y hoy lo vengo a proponer, que en nuestra Constitución esté establecido el derecho a la movilidad, que sea un derecho humano universal, interdependiente, indivisible, progresivo y compatible con los demás derechos humanos que ya vienen previstos en ésta, y que están en los tratados internacional de los que el Estado mexicano es parte.

Asimismo, esta iniciativa propone que el poder Constituyente Permanente otorgue al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para la regulación y administración de la movilidad libre y voluntaria.

Con ello se podría ordenar mejor esta materia para el desarrollo diferenciado y coordinado de acciones públicas, de movilidad, con la participación de los sectores y el sector privado.

La propuesta de dotar al Congreso Federal de una atribución expresa para legislar en la materia de movilidad no busca afectar, ni mucho menos invadir atribuciones de las entidades federativas y de los municipios y alcaldías; por el contrario, pretende respaldar, fortalecer y contribuir a su mejor desarrollo y desempeño.

Además, busca determinar y delimitar las atribuciones federales en la materia, ya que la misma dinámica de confusión entre transporte-movilidad se presenta a nivel federal en algunos ordenamientos cuya evolución se estima necesaria a partir de la promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano a la movilidad.

La propuesta son dos adiciones a nuestra Constitución para establecer el derecho a la movilidad y se plantea de la siguiente manera.

Artículo 4o., séptimo párrafo. La movilidad libre y voluntaria es un derecho humano que será promovido, respetado, protegido y garantizado por el Estado en la forma y términos que dispongan las leyes sujetándose a los principios de seguridad, igualdad, inclusión, accesibilidad, sustentabilidad, comodidad, eficiencia y calidad para el desarrollo integral de las personas.

La ley que expide el Congreso de la Unión, establecerá la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcandías de la Ciudad de México en la materia de movilidad libre y voluntaria.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción XXIX-A bis para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de movilidad libre y voluntaria.

Compañeras y compañeros Senadores, legislar en materia de movilidad es indispensable para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, y para repensar el mundo que hemos creado a partir sólo del modelo de progreso, comodidad y consumo, que ya se agotó, y nos ha dejado un entorno deshumanizado y contaminado.

Es el momento de generar, desde nuestra Carta Magna, condiciones de cambio para nuestra sociedad, que simulen ciudades más seguras, sustentables, en las que participen todos los sectores involucrados, nuestras familias, nuestros hijos lo necesitan y lo agradecerán.

Hagámoslo posible.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de organizaciones civiles que brinden protección a animales domésticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, señor Presidente.

La presencia de animales de compañía en los hogares mexicanos es una realidad, independientemente del estrato social de la familia que lo recibe, además de brindar acompañamiento se ha comprobado que tener una mascota impacta positivamente en la salud física y mental de las personas. De hecho, se estima que en el país 7 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía, y en su mayoría son perros y gatos.

Sin embargo, y debido al abandono por lo que los mismos gastos generan, extravío y responsabilidad o falta de conciencia sobre la importancia de esterilizarlos, la sobrepoblación de perros y gatos en las calles de nuestro país es un problema del que se ha perdido el control y que silenciosamente ha ido avanzando al grado tal que nos hemos convertido en el país número uno en América Latina.

En la actualidad, se estima que el 70 por ciento de los perros en México viven en la calle, cifra que ronda en los 30 millones de caninos. Lo anterior, además de ser un riesgo latente para los animales por su condición de abandono y maltrato recurrente, también genera un fuerte problema de salud pública por las enfermedades que puedan transmitir a las personas.

El panorama es preocupante. Se calcula que ocho de cada diez perros en situación de calle no ha recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida.

La vulnerabilidad de estos perros y gatos y el peligro que representan al ser focos de infección para las personas y otros animales, nos obligan a impulsar medidas de protección más rigurosas para el bien común.

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de las instituciones de salud, como lo realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, no ha sido posible combatir eficazmente esta problemática.

Por esta razón, es muy importante el trabajo de las asociaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, dedicadas al bienestar y protección animal, quienes han auxiliado y han contribuido al tratamiento constante de este problema mediante acciones solidarias e inspiradas, única y exclusivamente en la búsqueda por mejorar el entorno de convivencia entre los animales y las personas en tareas de rescate, adopción, alimentación y cuidados médicos.

No obstante, a la fecha, carecen de recursos económicos suficientes para el cumplimiento constante de su objetivo social, por lo que el alcance de sus resultados tiende a ser limitado.

En la mayoría de las ocasiones, este tipo de asociaciones funciona a través de los recursos económicos que sus propios integrantes aportan al grupo.

Si queremos un país más participativo y socialmente comprometido, entonces necesitamos medidas más inclusivas.

Todos conocemos asociaciones y gente comprometida en nuestros estados que procuran el cuidado y bienestar animal. Todos hemos visto en las calles perros desprotegidos, perdidos, abandonados y hambrientos.

La omisión y negación no resuelve este problema. Ayudar a quien contribuya a solucionarlo, sí.

Por esta razón presento ante este Pleno una iniciativa para que las asociaciones de la sociedad civil que tengan por objeto social la protección y el bienestar animal, puedan recibir donativos, deducibles de impuestos, previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y así dotarlas de naturaleza jurídica necesaria que les permita recibir apoyos económicos y en especie.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias Senadora Martínez García. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Aprovecho para informar que esta Presidencia de la Cámara de Senadores recibió una carta del cantante inglés de rock, Morrissey, en favor del bienestar animal.

Daremos cuenta oportunamente.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, para adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Senador Mancera, para adherirse a la iniciativa de la Senadora.

También la Senadora Xóchitl Gálvez. El Senador Ángel García, también. Verónica Delgadillo, también. Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para reincorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos integrales de las personas mayores, en condiciones de igualdad.

El Senador no está, lo vamos a recorrer en el orden, y en cuanto llegue le damos la palabra. Está en la Comisión de Gobernación. Entonces, en cuanto regrese le daremos el uso de la palabra.

Tiene, en consecuencia, el uso de la palabra, en una tercera ronda de iniciativas, la Senadora Susana Harp Iturribarría, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Salvaguarda de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

(Presentada por la Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Muchas gracias, compañeros.

Les comento que en sus escaños vieron estos impresos. Se trata de compartirles de manera visual varios de los plagios que ha sufrido el patrimonio de México, se le llama “Patrimonio Inmaterial”, porque no nada más es la prenda, sino el conocimiento que está detrás de la prenda.

Les comento que sabemos que existe Indautor y el IMPI. Sin embargo, el IMPI, por ejemplo, maneja una posibilidad de salvaguarda, que son las marcas colectivas, pero no en una marca colectiva lo único que se está salvaguardando es precisamente un logotipo.

Por ejemplo, la blusa que porto ahorita es de Santa María Tlahuitoltepec, blusa plagiada por una diseñadora francesa, hace ya casi cuatro años, y sin embargo, si ellas registraran su marca ante el IMPI, lo que se va a cubrir es a una serie de artesanas.

Nosotros consideramos que el patrimonio es de la comunidad, no sólo de las artesanas. Por eso necesitamos un instrumento que realmente contemple a la comunidad, al patrimonio comunitario.

Estas instituciones están inspiradas en cuestiones occidentales que no son ni buenas, ni malas, simplemente son diferentes, y esta iniciativa vendría a complementar en esta parte comunitaria de México.

Por lo tanto, con su permiso, señor Presidente, después de esta explicación quiero decir: que ya que hoy es 20 de noviembre, pues, que la Revolución empiece a hacer justicia a esta gran injusticia, y que la protección y salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos sea un tema de justicia y equidad.

Ante los diversos plagios iconográficos sufridos a diversos pueblos indígenas del país por parte de empresas trasnacionales y nacionales, ampliamente reseñados en los medios de comunicación, ha quedado en evidencia que las leyes actuales son insuficientes y a veces tortuosas al momento de exigir la protección de un legado del que nos sentimos orgullosos.

Esta ha sido la preocupación constante de artesanos, creadores, artistas, investigadores, académicos y gestores culturales que han motivado a esta Legislatura a iniciar un diálogo abierto para encontrar vías de solución a una problemática cada vez más generalizada.

El plagio de los elementos de identidad de las culturas de nuestro país, así como sus conocimientos ancestrales y el saqueo de su patrimonio biocultural, y aquí hablo de la herbolaria, de la variedad de maíces, etcétera.

Por ello hemos iniciado un análisis con diversas instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, el Indautor, entre otras, así como con diversos estudiosos, expertos y conocedores del tema, a quienes les agradecemos generosamente nos han compartido su opinión.

La presente iniciativa de ley pretende avanzar en la instalación de un Sistema Nacional de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Es decir, la protección y el desarrollo sustentable de las diversas manifestaciones y expresiones que conforman la particularidad de la nación en beneficio de sus creadores y de sus portadores.

La iniciativa deposita en los pueblos y comunidades hacedoras de cultura el derecho del autoreconocimiento como base de las listas de patrimonio que permitan su registro y posterior declaratoria de salvaguardia, que a la vez serán necesarias para elaborar el correspondiente plan de protección en calidad de política pública.

Así, el Estado mexicano cumple con los compromisos internacionales de ser facilitador para la libertad creativa, y en especial, en su protección.

Su eje central consiste en reconocer al patrimonio cultural como un derecho humano de naturaleza colectiva y difusa que pertenece, de manera perpetua, a los pueblos y comunidades, y que como rasgo distintivo de cada una, consolida la identidad y la otredad que permiten el respeto a su cosmovisión colectiva.

Por eso esta iniciativa propone cuatro puntos:

1.- Crear el Sistema de Protección de Salvaguardia.

2.- Facilitar la posibilidad del uso temporal a terceros.

3. Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural y material de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

4. Tipificar la apropiación indebida del patrimonio cultual estableciendo sanciones que desaminen las conductas ilegales.

Estos son los motivos que nos permiten proponer a este Pleno el presente proyecto de Decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Por lo pronto, este trabajo reúne la reflexión de muchas personas e instituciones y pretende establecer una plataforma de discusión que dé inicio a un amplio debate en foros y en espacios que conduzcan a una solución efectiva y justa para evitar el plagio y el uso no autorizado de los conocimientos, cultura e identidad de nuestros pueblos y comunidades.

Agradeceré, señor Presidente, se incluya esta exposición y el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Y le hago entrega del texto definitivo que le pido supla al anterior para que sea éste el que se entregue a las comisiones dictaminadoras.

Compañeros y compañeras, defendamos desde esta Soberanía a nuestros pueblos originarios con leyes que les brinden verdadera protección y respeto a estas culturas ancestrales que México siempre presume en los eventos internacionales y que poco se acuerda de ellas en el día a día de la vida nacional.
Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Susana Harp.

Se adhieren a su iniciativa las Senadoras Mónica Fernández, Verónica Delgadillo, Indira Rosales y todo su grupo parlamentario del PAN, también Xóchitl Gálvez, Verónica Camino, y pide sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Querída Presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp, a nombre de todos los artesanos y artesanas del pueblo maya de Yucatán, le pedimos que nos permita suscribir esta iniciativa y, por supuesto, también a nombre de mi grupo parlamentario.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Muchas gracias, claro que sí.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: También el Senador Dante Delgado se adhiere a esta iniciativa y todo su grupo parlamentario, incluida Indira Kempis.

La Senadora Verónica Martínez se adhiere. También la Senadora Nuvia Mayorga. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: (Desde su escaño) El grupo parlamentario del Revolucionario Institucional apoyamos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, conjunto del grupo parlamentario.

La Senadora Sasil De León Villard, y todo el grupo parlamentario del PES. La Senadora Blanca Estela Piña. La Senadora Noyola. Mancera y todo el grupo parlamentario del PRD. Y todo el grupo parlamentario de Morena, también se adhieren a esta iniciativa de la Senadora Susana Harp Iturribarría. También el Senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza. Y el Senador Alejandro González Yáñez, junto con su bancada del PT se adhieren también a esta iniciativa. Muchas gracias.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones.

Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Cultura; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de apoyo a estudiantes destacados y con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy vengo a presentar una iniciativa de Decreto que reforma la Ley General de Educación, concretamente los artículos 7, 8, 9, 14, 32, 32 bis y 33.

Les comento, trataré de fundar y motivar esta iniciativa a reserva de solicitarle con respeto al señor Presidente, por favor se inscriba textualmente la misma en el Diario de los Debates.

Decía Gandhi que: “el arma más poderosa para transformar al mundo es la educación”. Y sin duda, el arma más poderosa para transformar a este país seguirá siendo la educación.

Por eso hoy, con esta iniciativa pretendemos crear y darle el rango de ley a dos becas, a dos tipos de becas muy específicas, para estudiantes con discapacidad y para impulsar y contemplar formalmente en ley las becas para estudiantes universitarios y que se genere la movilidad estudiantil y viajen al extranjero.

Quiero compartirles algunos datos.

Se trata de que 1.5 millones aproximadamente, de estudiantes en México, tienen alguna discapacidad de acuerdo a los rangos que establece la ley correspondiente.

Nuestra ley de leyes, en su artículo 1º, sería la que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ellas, entre ellos la educación”, sin embargo, el promedio de escolaridad de las personas sin discapacidad es de 9.8 años de estudio; y para las personas con discapacidad es de 5.3 años de estudio el promedio de escolaridad, lo cual refleja una diferencia de 4.5 años, lo cual representa una injusticia también.

Destaco otro ejemplo.

El 17 por ciento del total de los mexicanos accede a la educación superior pero las personas con discapacidad solamente pueden acceder el equivalente a 6.3 por ciento en la educación superior.

Diversos estudios nacionales, internacionales, testimonios, señalan que para terminar sus estudios de manera exitosa una persona, una niña, un niño, un joven con discapacidad requiere de más de cinco veces los recursos que invierte una persona sin discapacidad.

Por esta razón, es que proponemos la reforma ya referida y creando formalmente las becas para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, especialmente haciendo énfasis a las niñas, niños, jóvenes con ceguera.

Les comparto un caso de éxito en el Estado de México, fue el primer estado que otorgó computadoras tiflotécnicas, computadoras adaptadas con el sistema braille para que los niños, niñas con ceguera tuvieran la oportunidad de tener acceso a las tecnologías de la información. Hacemos énfasis en ello en esta Iniciativa.

Esta iniciativa pretende hacer efectivo el derecho a una educación inclusiva y también de calidad.

Ahora me refiero a otro tipo de beca, de becas al extranjero para jóvenes, para jóvenes universitarios, ha dicho la Asociación de Universidades de nuestro país, la ANUIES, que la movilidad estudiantil es la respuesta frente a los rápidos cambios de un mundo globalizado, de la internacionalización de las universidades y de las crecientes exigencias del mercado de trabajo.

Les comparto que de cien alumnos que ingresan a la primaria, sólo 23 de ellos logran concluir la educación superior, según datos oficiales. La OCDE ha señalado que un año adicional de escolaridad puede incrementar el PIB per cápita entre un 4 y un 7 por ciento, es decir, tiene implicaciones también en el ámbito económico. Para quienes tienen escolaridad por debajo de la media superior, de los estudios medios superior, la tasa de empleo es del 65 por ciento en el mejor de los casos, mientras que para los de media superior y superior es de 70 y 80 por ciento, respectivamente, según los estudios.

Aquellos que tienen un título de educación superior ganan en promedio más del doble de quien sólo cuenta con la educación media superior, es decir, tiene implicaciones directas con la economía familiar y también para combatir la pobreza y combatir la inseguridad, pero cuando un joven no tiene oportunidades de estudio reales, pues se puede ir por caminos equivocados.

Los que cuentan con un título de maestría y doctorado ganan casi 4 veces más que aquellos que sólo tienen educación media superior.

Por lo tanto, proponemos que los alumnos que egresen de alguna ingeniería, de alguna carrera vinculada con la ingeniería o las ciencias, con un promedio de 9, puedan tener oportunidad de viajar al extranjero con apoyos del gobierno federal, estatales, municipales.

Les comparto también con mucha humildad, me queda claro que no es un informe de gobierno y he pasado mis informes de gobierno, pero les comparto que fuimos la entidad federativa, en su momento, que más estudiantes se fueron al extranjero y la experiencia es muy grata al escuchar sus testimonios, muchos que nunca se habían subido a un avión lo hicieron ahora para poderse preparar, para poder estudiar y para poder conocer otras culturas.

Así es que, quiero, en nombre de los estudiantes, las y los estudiantes con alguna discapacidad que puedan beneficiarse por estas becas, quiero agradecerles en nombre de los jóvenes que puedan tener alguna beca al extranjero, quiero agradecerles en nombre de ellos la posibilidad de que esta iniciativa en comisiones y el día de mañana en el Pleno pueda ser aprobada.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ávila Villegas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Si le dan el uso de la palabra, por favor, al Senador Zamora.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: (Desde su escaño) Gracias. Únicamente para preguntarle al Senador si permite adherirme a esa propuesta.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

En el mismo sentido, las Senadoras Vanessa Rubio, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga y Noyola.

Sonido en el escaño de la Senadora Vázquez Mota, por favor.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Queremos sumarnos, como grupo parlamentario, a esta iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Ávila, si usted lo tiene a bien, le pediríamos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pase a recoger las firmas de los adherentes.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Rafael Moreno Valle Rosas, para presentar a nombre propio y del Senador Mario Zamora Gastélum, una iniciativa con proyecto de Decreto que adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contratación de personal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 BIS Y 115 BIS Y REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CAPÍTULO SEXTO DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Rafael Moreno Valle Rosas, a nombre propio y del Senador Mario Zamora Gastélum)

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El señor Mario Zamora y un servidor presentamos ante esta Honorable Asamblea la iniciativa de ley que tiene por objeto prohibir la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del salario y el acceso a la seguridad social del personal que trabaja en el Poder Legislativo Federal.

En este sentido, los contratos del personal deberán darse bajo los esquemas establecidos en la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y demás normas aplicables en la materia.

Al término de la LXIII Legislatura, conforme a datos publicados por la Dirección General de Derechos Humanos de este Senado, se celebraron mil 405 contratos de prestadores de servicios profesionales, quienes laboraron en áreas legislativas, es decir, oficinas de Senadores, Senadoras y comisiones.

Asimismo, respecto a las áreas de apoyo, como Servicios Parlamentarios y Administrativos, órganos técnicos y el Canal del Congreso, se celebraron 389 contratos de prestadores de servicios profesionales.

Por su parte, según información publicada en el portal de transparencia de la Cámara de Diputados, en 2017, había 3 mil 128 trabajadores contratados por régimen de honorarios y 2 mil 899 de base y confianza.

En este contexto podemos afirmar que ambas Cámaras contratan personal bajo el régimen de honorarios para el apoyo legislativo y administrativo, lo cual los deja en un estado de inestabilidad laboral y sin acceso a seguridad social.

La LXIV Legislatura se ha caracterizado por establecer una política de ahorro en recursos públicos e impulsar políticas sociales para el bienestar de las familias mexicanas.

En consecuencia, se están implementando ahorros presupuestales a través de la reducción de recursos a grupos parlamentarios y la disminución del techo presupuestal asignado para personal de apoyo legislativo.

Sin embargo, debemos ser respetuosos con los derechos laborales de los trabajadores, garantizándoles seguridad social y estabilidad laboral.

Es importante señalar que el régimen de honorarios tiene una naturaleza civil y no laboral, está regulado por los artículos 2,606 al 2,615 del Código Civil Federal que establecen los requerimientos de contratos de prestación de servicios profesionales.

En ellos el profesionista tiene como característica ser independiente a la empresa o institución que lo contrata, y debe cumplir con el objeto de su contrato, con sus propios recursos materiales y económicos, por lo cual, no se genera una relación laboral.

Evidentemente los asesores que trabajan directamente en nuestras oficinas, en las comisiones o en las áreas parlamentarias y administrativas no realizan un trabajo independiente.

Asimismo, los prestadores de servicios desarrollan su actividad laboral con recursos materiales del Poder Legislativo como computadoras, Internet y papelería.

La mayoría de nuestros asesores y trabajadores administrativos tienen familia que depende de ellos, requieren atención médica, seguridad social y aspiran con justa razón a adquirir una vivienda y contar con una pensión para su retiro. Evidentemente no estamos proponiendo otorgar privilegios, sino reconocer los derechos laborales y de seguridad social que establece la ley.

La declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, estableció que las naciones deben fomentar medidas de seguridad social.

Asimismo, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual es vigente para México, otorga el derecho humano al trabajo bajo condiciones equitativas y satisfactorias.

Adicionalmente, el artículo 9, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados Parte a reconocer, respetar, proteger y cumplir el derecho de toda persona a la seguridad social.

En este contexto, conforme a la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores observando el cumplimiento de la norma laboral que más los proteja”.

En este sentido, considero que esta iniciativa es jurídicamente viable en virtud de que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, define como trabajador a toda persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado; entendiéndose como trabajo toda actividad humana, intelectual o material.

Asimismo, el personal de apoyo legislativo y administrativo contratado por el régimen de honorarios encuadra perfectamente en este concepto legal.

Por ello, invito a mis compañeros Senadores y Senadoras a otorgar estabilidad laboral y dotar de derechos de seguridad social a las y los trabajadores del Poder Legislativo que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios.

Es importante destacar que la Senadora Patricia Mercado presentó, el pasado 25 de septiembre, un punto de Acuerdo en este sentido, que fue aprobado por esta Soberanía.

En congruencia, los Senadores proponentes ponemos a su consideración esta iniciativa para establecer las bases jurídicas que garanticen el respeto a los derechos laborales y de seguridad social del personal de apoyo legislativo y administrativo.

Adicionalmente se elimina la posibilidad de contratación a través de la figura del outsourcings o subcontratación en el Poder Legislativo.

En congruencia con las política sociales que esta Legislatura ha impulsado, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 56 Bis y 115 Bis y se reforma el Título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se adicionan los artículos 56 Bis y 115 Bis y se reforma el Título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Sección Quinta.- Disposiciones generales

56 Bis. …

Numeral 1. Toda contratación del personal de la Cámara de Diputados se realizará en términos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo al personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de las Diputadas y los Diputados, áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.

Numeral 2. Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, así como la subcontratación de personal en la Cámara de Diputados.

Sección Cuarta, del personal.

Artículo 115 Bis.

Numeral 1.- Toda contratación de personal del Senado de la República se realizará en términos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo al personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de las Senadoras y los Senadores, áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.

Numeral 2.- Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, así como la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores.

Transitorios.

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente, en un plazo no mayor a los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, realizarán las adecuaciones a su Reglamento y de más normatividad interna.

Tercero.- Los contratos de prestadores de servicios profesionales adscritos a las oficinas de Senadores, Diputados, áreas legislativas y administrativas a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán vigentes hasta la fecha convenida y en caso de renovarse el esquema de contratación será en términos del presente Decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Moreno Valle.

Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez, por favor.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Si me permite sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora. El grupo parlamentario del Verde Ecologista. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En la cuarta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de deuda pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO  SEXTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116, SE DEROGA EL  NUMERAL 2 DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA

(Presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Presidenta.

El objetivo de esta iniciativa es realizar una reforma pendiente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle al Congreso Local de la Ciudad de México la facultad de aprobar los montos de endeudamiento que actualmente tiene el Congreso de la Unión.

La Ciudad de México ha tenido un conjunto de transformaciones políticas progresivas, por eso, a partir de 1988 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Desde 1997 existe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se elige al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y se eligieron, a partir del 2000, a los jefes delegacionales por voto universal directo y secreto.

En el periodo 2015-2017 se realizó una nueva reforma de amplio alcance, por la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformó en el Congreso Local de la Ciudad de México, pasó a formar parte del Constituyente Permanente y adoptó todas las facultades originarias, al igual que los congresos de los estados de la República.

Asimismo, se estableció el derecho de la Ciudad de México a contar con su propia Constitución y se transformaron las jefaturas delegacionales en alcaldías de las demarcaciones territoriales.

Sin embargo, la de la capital es una transición inacabada, es una transición progresiva, permanente, pero con temas pendientes, uno de ellos se refiere al tema de la aprobación del monto de endeudamiento de la Ciudad de México.

El artículo 73, fracción VIII, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

I. Entre las facultades del Congreso de la Unión. "Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la Cuenta Pública".

En otras palabras, estamos ante uno de los temas que debería corresponder ya actualmente a la Ciudad de México en el marco de la autonomía que tiene, que la asemeja mucho a un estado de la República.

En todos los estados de la República los montos de financiamiento son aprobados por los Congresos locales.

La única excepción es la Ciudad de México, a la que en este caso, se le sigue dando un tratamiento diferenciado y de minoría de edad en el ejercicio de sus facultades.

Por lo tanto, y de acuerdo a esta exposición de motivos, se propone el siguiente Decreto.

Único.- Se reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, se deroga el numeral segundo de la fracción VIII del artículo 73 y, se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del apartado a del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. Fracción VIII, numeral segundo, se deroga.

Artículo 116. Fracción II, se añade el siguiente párrafo.

Las legislaturas de las entidades federativas contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apartado A, fracción II, se añade el siguiente párrafo:

Corresponde al Congreso de la Ciudad de México aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y la administración pública local, conforme a las bases de la ley correspondiente.

El jefe vde Gobierno informará anualmente a la Legislatura de la Ciudad de México, sobre el ejercicio de dicha deuda al rendir la Cuenta Pública.
Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá reformar en un plazo no mayor a 90 días naturales la Ley Federal de Deuda Pública y demás disposiciones aplicables a efecto de adecuarla al presente Decreto.

Tercero. El Congreso Local de la Ciudad de México, deberá reformar en un plazo no mayor a 180 días naturales la Constitución de la Ciudad de México y demás disposiciones locales en materia de deuda pública, a efecto de armonizar su normatividad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

La presente iniciativa la presentamos la Senadora Citlalli Hernández y un servidor, Martí Batres, Senadores de la Ciudad de México, de mayoría.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Martí Batres. Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Margarita Valdez Martínez: Gracias, señora Presidenta.

Para preguntarles a los compañeros Martí Batres y Citlalli si me permiten sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Les preguntamos, y le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pase a recabar su firma.

En el mismo sentido el Senador Emilio Álvarez Icaza, Susana Harp, José Luis Pech, Caraveo, Luévano, Eva Galaz, Aníbal Ostoa, Gricelda Valencia. Napoleón Gómez Urrutia, Primo Dothé, Salomón Jara, Guadalupe Covarrubias, Américo Villarreal, Ana Lilia Rivera, Higinio Martínez, Alejandro González y todo el grupo parlamentario del PT, Julio Menchaca y una servidora, Mónica Fernández, para pedirle, al Senador Martí, si tiene a bien que podamos suscribir su iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Primera.






Enseguida, se concede el uso de la tribuna al Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de combate a la diabetes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 212 Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muchas gracias, señora Presidenta.

En México vivimos, entre otros muchos males, unos que tienen que ver con una muerte silenciosa, que generan padecimientos muy definidos ya a nivel mundial, que son la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

Muchos de estos padecimientos de esta patología es de alguna manera alimentada por el consumo de productos y alimentos, algunos de ellos bebidas con alto o muy alto contenido calórico.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Senadores.

En la actualidad el sobrepeso, la obesidad, la diabetes son problemas complejos y multifactoriales, cuya naturaleza y consecuencia involucra a todos los sectores de la sociedad.

México dobla hoy en día a todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE, en la prevalencia de diabetes, con un 15 por ciento de su población, los países que le siguen son Turquía, con el 12.8; Estados Unidos con el 10.8; Brasil con otro 10.8; y Colombia con el 10.4.

Según datos del Inegi, nos informan que las principales causas hoy en día, de mortalidad en México son: 19.9 por ciento de enfermedades cardíacas, y el 15.4 por ciento la diabetes, y el 12.9 tumores malignos.

Por lo cual esto representa la segunda causa de muerte hoy en nuestro país.

En el caso de mi estado, Nuevo León, durante el 2017, se registraron un total de 3 mil 617 muertes por diabetes, lo cual representó un 13 por ciento del total de las muertes registradas en el año, 72 casos más que en 2016; y de 2010 a 2017 se registró un aumento de 635 casos.

Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud informan que hasta esta semana, en Nuevo León, se registraron un total de 17 mil 702 casos de diabetes, de los cuales, 172 son tipo 1; y 17 mil 530 de tipo 2.

Al día de hoy, la diabetes, la hipertensión, sobrepeso y obesidad y otras enfermedades crónicas son las que sufren 3 de cada 4 mexicanos mayores de 18 años.

Lamentablemente, quienes viven en las zonas de más bajos ingresos, de acuerdo a un reciente estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de Salud Pública Mexicano, donde se mencionan los diferentes actores que la producen, como el bajo costo de los alimentos procesados con altos contenidos de grasa, sal y azúcar; en el momento del consumo de comida rápida menos tiempo disponible para la cocina; aumento sustancial en la publicidad de estos productos industrializados; y la reducción de la actividad física en la población urbana.

Ante la magnitud de esta enfermedad, desde el 2016 México se enfrenta ante una emergencia declarada por la Secretaría de Salud, la cual, en el 2015 causó el fallecimiento de 98 mil mexicanos, y actualmente es la segunda causa de muerte en el país, como ya lo hemos comentado.

La Federación Internacional de Diabetes, en su Atlas de Riesgo, calcula que el número de personas en México con esta enfermedad pasará de 12 millones en el 2017, a 21 mil millones en los próximos años.

Es necesario impulsar la mejor aplicación de políticas públicas y leyes que respondan a la magnitud de este problema de salud pública que vive nuestro país.

El Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho un llamado a moderar el consumo de alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos, disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y grasas transgénicas, evitar las bebidas azucaradas y los refrescos.

Es urgente establecer un Sistema de Salud Integral, así como un ambiente que propicie hábitos saludables, en el cual el Estado anteponga la salud y el buen vivir de los ciudadanos ante cualquier otro interés económico.

Por esta razón, el día de hoy presento esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción IX del artículo 115; el segundo párrafo del artículo 212 y el tercer párrafo del artículo 307 de la Ley General de Salud a fin de que la Secretaría de Salud impulse, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública la detención y seguimiento de pesos, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica.

De igual forma, es sumamente importante que en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido de azúcares, se deba incluir la leyenda impresa, tal y como se hace en los productos del tabaco y del alcohol con lo siguiente:

“El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”.

Y tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido calórico, es fundamental incluir en forma visual, auditiva o visual solamente, según sea el caso de impreso, radio, cine, televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto, o mensajes promotores de una alimentación equilibrada con la leyenda, igualmente:

“Que el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”.

Con esta reforma estaremos ante la oportunidad de tener una demanda ciudadana del sector salud, que año con año, mes con mes, semana con semana, hora con hora nos cobra vidas a todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Fuentes Solís. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Miguel Ángel Mancera se suma a la iniciativa, también Emilio Álvarez Icaza, Eruviel Ávila, Américo Villarreal, Nuvia Mayorga, Verónica Delgadillo, Eva Galaz. Muchas gracias.

 






En una quinta ronda de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley Aduanera, en materia de derecho de suplencia del agente aduanal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Américo Villarreal Anaya: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

A la fecha la legislación aduanera, en su artículo 40, reconoce dos formas para realizar el despacho aduanero de mercancías la primera de ellas se refiere al “Despacho Directo”, el cual debe ser tramitado de forma personal por el importador o exportador y la segunda opción se refiere al “Despacho Indirecto”, mismo que es tramitado por conducto del agente aduanal autorizado.

En ese tenor, tratándose del “Despacho Indirecto”, para efectos de que un agente aduanal pueda realizar el despacho de las mercancías que le son encomendadas, requiere estar autorizado por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente que le es otorgada, una vez que se cumple con los requisitos previstos en el artículo 159 de la Ley Aduanera.

Sin embargo, si bien, jurídicamente para actuar en favor de terceras personas se  requiere solamente contar con una patente de agente aduanal, también es cierto que derivado del cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la ley de la razón de la actividad, el agente aduanal tiene el derecho de invertir en procesos, procedimientos, sistemas, así como disponer de recursos materiales y humanos que le permitan garantizar su servicio, su responsabilidad frente a los importadores o exportadores, el óptimo nivel de cumplimiento frente a las autoridades y las obligaciones frente a sus trabajadores.

Por lo tanto, es evidente que para poder actuar como agente aduanal dentro del despacho se requiere cumplir con los requisitos exigidos por la ley, así como la inversión propia de la naturaleza del servicio que garantice un debido ejercicio de la patente y de las obligaciones comerciales que de ésta derivan.

Sin embargo, la inversión de un agente aduanal, tanto en recursos humanos y materiales, se encuentra condicionada a la existencia y vigencia de la patente del SAT que en su caso haya otorgado, por lo que una vez que dicha autorización desaparezca por causas como el fallecimiento o incapacidad permanente, a el agente aduanal, la mencionada actividad seguirá la misma suerte.

Es decir, por causas no imputables al ejercicio indebido de la patente, sino por el puro transcurso del tiempo el derecho sobre la patente se extinguirá, y con ello la actividad original realizada para el ejercicio del derecho otorgado, lo que inevitablemente trae consecuencias en perjuicio de los importadores y exportadores, la afectación directa de la competitividad del comercio exterior y del Estado mexicano, el desempleo de todas las personas que laboran dentro de la oficina aduanal, y disminución en la captación de ingresos tributarios.

Lo anterior toma mayor relevancia si recordamos que con la reforma a la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2013, se eliminó la figura del agente aduanal sustituto, siendo que mencionada figura por excelencia garantizaba la continuidad del servicio y de la actividad original para su prestación.

En ese tenor, es importante establecer las medidas normativas que garanticen la continuidad en el servicio de despacho indirecto de mercancías a través del agente aduanal, de su persona física, a su vez buscar elevar la competitividad del sector, contribuir al mejoramiento de las plataformas logísticas del país, al desarrollo de talento, a la promoción de la inversión y crecimiento profesional de las aduanas mexicanas y sus actores.

Por tanto se propone el siguiente proyecto de Decreto.

Primero.- Se reforma el artículo 163 fracción VII y el 63 A y se adicionan los subíndices B, C y D al artículo 163 de la Ley Aduanera para quedar como siguen:

Artículo 163. Son derechos del agente aduanal, Fracción VII. Designar de forma preferente a la persona que lo podrá suplir, en caso de fallecimiento, incapacidad permanente y retiro voluntario, previa autorización del Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 163-A.- La persona física designada conforme a la fracción VII del artículo anterior, podrá suplir al agente aduanal cuando cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 159 de la Ley Aduanera y se ubique en cualquiera de los siguientes supuesto que garantizan la continuidad del servicio.

Artículo 163-B.- El agente aduanal titular nombrará ante el Servicio de Administración Tributaria, a la persona que será designada para suplirlo en caso de fallecimiento, incapacidad total y permanente y por retiro voluntario.

Una vez que el agente aduanal titular designe a la persona que lo suplirá, éste último contará con un plazo de 3 meses para presentar la documentación que acredite los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 159 de esta ley.

Realizado lo señalado en el párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria deberá programar los exámenes de conocimientos y un psicotécnico previstos en la fracción IX del artículo 159 que deberán ser presentados por la persona designada por el agente aduanal.

Artículo 163-C.- El agente aduanal podrá ser suplido por la persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, sólo cuando se dé alguno de los siguientes supuestos.

1.- En caso de fallecimiento o incapacidad permanente.

2.- En caso de retiro voluntario del agente aduanal titular, siempre que éste acredite ante el Servicio de Administración Tributaria que la patente de agente aduanal que solicite su retiro tiene una antigüedad mínima de 25 años, o en su caso, el agente aduanal titular tenga una edad mínima de 65 años.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Américo Villarreal.

Se adhiere los Senadores Guadalupe Covarrubias, Delfina Gómez, Primo Dothé, Ana Lilia Rivera, Gricelda Valencia, Soledad Luévano, Bertha Caraveo, Margarita Valdez, Blanca Estela Piña, Eva Galaz, Benavides Cobos y Camino Farjat. Muchas gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Enseguida, se concede la palabra a la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de pago de horas extras libres de gravamen.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Muchas gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa que propongo lo hago a nombre propio y a nombre del Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo y de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, la cual tiene la finalidad de eliminar el cobro al Impuesto sobre la Renta en las horas extras laborales.

Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 123 de nuestra Carta Magna señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo. Conforme a lo anterior se deriva la Ley Federal del Trabajo.

En la Ley Federal del Trabajo están establecidas las condiciones para considerar una jornada laboral como el periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición del patrón o empleador para prestar su servicio. Ésta se establece convencionalmente entre quien labora y su jefe, más no podrán excederse del máximo legal.

Las horas de trabajo máximas son las siguientes.

Jornada diurna entre las 6:00 y las 20:00 horas.

Jornada nocturna entre las 20:00 y 6:00 horas.

Jornada mixta, diurna y nocturna: es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y medida, y si comprende tres y media o más, se refutará como jornada nocturna.

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. En otras palabras, las primeras nueve horas extras son dobles y las excedentes triples.

De acuerdo con los datos de la OCDE, México es el país con más horas trabajadas desde el año 2013, superando a países de desarrollo similar como Costa Rica y a las potencias tecnológicas como Corea del Sur.

Por su parte, el objeto del ISR son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito.

En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca; y en el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, entre otros.

Para un trabajador de salario mínimo, la actual Ley del ISR señala que se exenta el total de los ingresos por horas extras siempre que éstas no excedan de nueve horas a la semana. Para el resto de los trabajadores, la exención es del 50 por ciento de las horas extras sin exceder de nueve horas a la semana ni cinco Unidades de Medida y Actualización, UMA, por cada semana de servicio. Fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

No se considera gasto fiscal la extensión a las prestaciones distintas del salario que perciben los trabajadores con ingresos de una UMA, así como la exensión de nueve horas a la semana por concepto de horas extras otorgadas a dichos trabajadores, dado que nuestra Carta Magna no permite gravarlos.

Cabe señalar que diversas jurisprudencias se han presentado sobre el tema de horas extraordinarias de trabajo, señalando que las horas extras que autoriza la fracción IX, apartado A del artículo 123 constitucional obedece a circunstancias extraordinarias y la labor dentro de ellas realizada constituye un trabajo extraordinario, según expresiones del precepto, por lo que el mismo les asigna también una retribución extraordinaria.

En consecuencia, la remuneración por horas extras no corresponde al concepto de salario en sentido estricto, único que reconoce la ley y que debe ser siempre ordinario, razón por la cual la ley del trabajo no llega a emplear la expresión de salario extraordinario.

Aunado a ello, el salario percibido por los trabajadores no es suficiente para que él y su familia satisfagan las necesidades básicas para una calidad de vida adecuada, como son: alimentación, vivienda, salud, educación y recreación, que reducen el poder adquisitivo del trabajador y que, por supuesto, merma las oportunidades de desarrollo y progreso del trabajador y su familia.

En consecuencia, el trabajador se ve en la necesidad de incrementar su ingreso mediante la jornada extraordinaria de trabajo, con el único fin de abastecer y satisfacer las necesidades de su familia.

También es de todos conocido que la jornada extraordinaria beneficia al patrón, porque es él quien requiere el trabajo a favor de incrementar la productividad y rentabilidad de su empresa.

Compañeras y compañeros Senadores, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos señalados, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa para la eliminación del Impuesto sobre la Renta sobre las horas extras laboradas y con el primordial propósito de apoyar a las y los trabajadores de nuestro país, a sus familias y a la economía nacional.
Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cruz Blackledge. Se turna su Iniciativa a la Cámara de Diputados.






En una sexta ronda de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al Senador Arturo Bours Griffith, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contratación de consultorías y asesorías.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Arturo Bours Griffith, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Arturo Bours Griffith: Con su venia, señor Presidente.

Del grupo parlamentario de Morena y de parte del Doctor Monreal y del mío mismo.

Quiero presentar una iniciativa con el proyecto de Decreto para que se reformen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El grupo parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, Numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado dela República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de los siguientes motivos:

Uno de los pilares de la cuarta transformación de la vida pública nacional, como lo ha expresado el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, es aprovechar las capacidades nacionales para la generación de mayor bienestar social y desarrollo económico. Esta nueva concepción encuentra como eje fundamental la construcción de un gobierno más eficaz, cercano a los anhelos de la gente y sobre todo, austero.

Es imprescindible que desde el Poder Legislativo promovamos el marco jurídico que fomente el desarrollo el uso del conocimiento generado por nuestras universidades, instituciones y centros públicos de investigación, para el diseño, la ejecución y la evaluación de acciones y programas de gobierno.

Lo anterior, además de aprovechar el conocimiento generado en organismos públicos nacionales, materializará los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia, honradez y eficiencia que constituyen la guía taxativa para el adecuado ejercicio de los recursos públicos y, por lo tanto, en toda contratación en el ambiente público.

Hoy en día nuestro país cuenta con un amplio número de centros e institutos de investigación en los que se genera y desarrolla gran cantidad de innovaciones y nuevo conocimiento.

En México existen más de 350 institutos y centros de investigación dependientes de entidades u organismos de la Administración Pública Federal y de instituciones de educación superior, todos ellos financiados con recursos públicos.

Por otra parte, nuestro país cuenta con un sólido aparato científico integrado por más de los 25 mil científicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt.

El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt en un conjunto de 27 instituciones científicas y tecnológicas públicas mexicanas dedicas a la investigación y la docencia de nivel superior en varias disciplinas del conocimiento.

Estos centros se encuentran distribuidos casi en todo el territorio nacional, con presencia en 288 municipios y 70 ciudades en sus más de 100 subsedes.

Estos centros suministran al Estado mexicano importantes aportaciones, entre las muchas, se destacan innovación científica y tecnológica del sector productivo, apoyos a las empresas en el desarrollo de proyectos tecnológicos y gestión de fondos federales y estatales para recibir recursos con el objeto de mejorar su competitividad.

Por otra parte, de la Secretaría de Salud dependen otros importantes centros de investigación que sin duda, también pueden y deben ser aprovechados por nuestro gobierno de forma permanente y proactiva.

Los centros de investigación de salud poblacional, investigación de sistemas de salud, centros de investigación de enfermedades infecciosas y algunas más.

La Universidad Nacional Autónoma de México también integra importantes centros e institutos de investigación que destacan por el reconocimiento internacional de sus actividades y desarrollos. Los institutos que dependen de esta universidad, son los siguientes:

Astronomía, biología, biotecnología, ciencias de mar y un sinnúmero que restan, matemáticas, neurobiología, química, radioastronomía, astrofísica, etcétera.

Otros institutos de investigación nacionales que gozan de un gran prestigio y reconocimiento por sus actividades educativas.

Actualmente, en México la contratación pública de servicios profesionales, científicos y técnicos representa una práctica constante que impacta de manera significativa el presupuesto federal.

Sin embargo, las dependencias gubernamentales suelen recurrir a particulares para adquirir productos derivados de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, lo que se ha traducido en la erogación de montos desproporcionados.

Durante el periodo comprendido del 2013 al 2017, la contratación de servicios generales representó para el Ejecutivo Federal un egreso de 634 millones de pesos.

Es por eso que en esta iniciativa se propone, para obviar el tiempo, no vamos a leer:

Proyecto de Decreto.

Se adiciona el artículo 9 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que quede como sigue:

Artículo 9 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, se abstendrán de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cuando los proyectos de tales servicios puedan ser realizados por los servidores públicos de tales dependencias y entidades.

Se reforma el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del sector público para quedar como sigue:

La contratación de los servicios a que se refiere este artículo deberá realizarse con instituciones públicas de educación superior o con centros de institutos públicos de investigación, siempre y cuando éstos acrediten, de manera fehaciente, que cuentan con las capacidades para prestar los servicios o generar los productos por sí mismos.

De manera excepcional, tales contractos podrán realizarse con otros entes y organizaciones distintos de los señalados en el párrafo anterior.

En tal caso, la dependencia o entidad contratante deberá fundar y motivar su decisión.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Arturo Bours Griffith. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Informo a la Asamblea que ya se entregaron y recibieron en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio y el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Ambos proyectos se remitieron a la Colegisladora para su fase de revisión legislativa.

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura…

Bueno, antes de pasar a ese apartado, pregunto si está el Senador Joel Padilla.






La iniciativa del Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a solicitud de su grupo parlamentario, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de puestos públicos, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA OCUPACIÓN DE PUESTOS PÚBLICOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT)

Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la  LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURIDICA Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos a la igualdad y a  la no discriminación están contenidos en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual forma, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

De este modo, el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción alguna; y para ello, requiere avanzar consistentemente en la armonización de las obligaciones del derecho a la igualdad y no discriminación en la amplia normatividad vigente en nuestro país, así como en la eliminación de aquellas disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas discriminatorias.

El artículo 30 constitucional establece las formas en las que se adquiere la nacionalidad mexicana, siendo mexicanos por nacimiento: los nacidos en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio nacional; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización; y, los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes; y mexicanos por naturalización: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización y la mujer o el hombre extranjeros que contraigan matrimonio con mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Por su parte, el artículo 32 de la Constitución señala que la Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Al amparo de esta disposición, la fracción I del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, considera como requisito para ser designado como Director General de un Organismo Descentralizado: “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

Al respecto, conviene recordar que la naturalización es el proceso jurídico por el cual una persona de cierto Estado adquiere la nacionalidad de un segundo Estado, con el cual ha adquirido vínculos producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país, de tal manera, los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad mexicana, deben acreditar que han residido en el territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, salvo algunas excepciones que marca la Ley de Nacionalidad en su artículo 20.

Al efecto, las personas que obtengan la nacionalidad mexicana mediante naturalización protestarán la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de cometer cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, así como las renuncias y protestas a las que se refiere el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad y serán ciudadanos conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Federal.

Ahora bien, es preciso señalar que la Constitución dispone diversos cargos públicos que expresamente se reservan a mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, en razón de que el ejercicio de tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, esto es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros.

No obstante, en el caso de la distinción realizada en el artículo en comento, no se persigue un fin constitucional legítimo, pues la exclusión de los ciudadanos mexicanos por naturalización del acceso a los cargos públicos no encuentra justificación constitucional, pues al poseer la calidad de ciudadanos mexicanos, es evidente que conforme a la interpretación integral y armónica del artículo 1 de la Constitución, tienen derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos nacionales por nacimiento.

Adicionalmente a lo anterior, es menester recalcar que el ser mexicano por nacimiento no puede estimarse como una "calidad", ya que no se refiere a aptitudes, habilidades o idoneidades, por el contrario, alude a factores extrínsecos que nada tienen que ver con las capacidades de una persona para desempeñar cargos públicos.

En ese sentido, que si bien la Constitución Federal en su artículo 32 señala que el legislador puede determinar los cargos y funciones en las que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento, el artículo 1o. del ordenamiento en cita, dispone que está prohibida toda discriminación motivada por origen nacional.

Por tal motivo, dicho imperativo atenta en contra del derecho de no discriminación, regulado en el artículo 1o. Constitucional y priva del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, motivo por el cual la disposición establecida en la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales está excluyendo a ciudadanos mexicanos cuya nacionalidad fue adquirida por medio de la naturalización, por lo que dicha consideración no  hace sino discriminar por origen nacional a los mexicanos naturalizados.

En esas circunstancias, resulta paradójico que en México la legislación secundaria discrimine a los nacionales por naturalización, en virtud de que, para ese efecto, quienes decidieron adquirir la nacionalidad mexicana, han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Nacionalidad.

Asimismo, resulta oportuno señalar que realizar diferencias entre mexicanos y extranjeros, no da potestad para realizar distinciones entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización, pues en el primero de los casos la nacionalidad sirve de base para salvaguardar la soberanía nacional, cuando con el ejercicio de ciertas profesiones, ésta pueda ponerse en peligro, en cambio, en el segundo caso, la base de la distinción, es el origen nacional,  prohibido por el artículo 1o. constitucional.

Por ello, aún cuando han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización, con todo lo que su obtención implica, ciudadanía, derechos, deberes y obligaciones (artículos 30, 31, 34, 35 y 36 de la Constitución Federal), resulta que no obstante ello, al excluir del supuesto normativo a los mexicanos por naturalización, se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público, aun cuando sean aptos para llevarlo a cabo, basándose en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo cual está constitucionalmente prohibido.

De este modo,  tal aspecto no puede llevar al extremo de que se les considere, por esa circunstancia, no aptos o idóneos para ser ocupados por mexicanos por naturalización, pues, de sostenerlo así, el acceso de los mexicanos por naturalización a cargos públicos siempre quedará sometido o sujeto a una presunción de no confiabilidad o deslealtad, dejándoles sólo abierto el acceso a cargos públicos para los que, a juicio del legislador, sí sean "confiables" para desempeñarlos.

Aunado a lo anterior, se estima que la distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización no puede ser un elemento para cuestionar la satisfacción del perfil idóneo de una persona para ocupar un cargo público, ya que realmente el correcto desempeño de una persona no encuentra una "garantía" en ese aspecto, en todo caso, ello deriva de otras cualidades de las personas. La capacidad, experiencia, honorabilidad, responsabilidad, compromiso, imparcialidad, independencia e, inclusive, lealtad de una persona en el desempeño de una función pública son medibles a través de otros elementos que permitan advertir esos aspectos y, de ser el caso, que una persona no desempeñe debidamente el cargo en cuestión, existen los mecanismos legales para separarlo y, en su caso, sancionarlo, sea nacional por nacimiento o por naturalización.

Por consiguiente, aún cuando en ejercicio de la facultad legislativa que se desprende del citado artículo 32, el legislador puede reservar el acceso a ciertos cargos públicos, tal como el Constituyente lo hizo respecto de los cargos que en el propio artículo se prevén, debe hacerlo atendiendo al principio de no discriminación por origen nacional, consagrado en el artículo 1 constitucional, por lo que en el establecimiento de una reserva de este tipo no debe excluir a quienes tengan la condición de mexicanos y la hayan adquirido mediante una vía distinta al nacimiento, esto es, por naturalización, pues conforme al referido principio, tanto los mexicanos por nacimiento como los mexicanos por naturalización tienen la calidad de nacionales.

Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Ley para facilitar la comprensión y el sentido de la adición propuesta:

DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. …

III. …

ARTICULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

 

II. …

III. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 21. El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. …

III. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Suscribe

Atentamente.

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, promovida por la Procuradora General de la República, así como los votos concurrentes formulados por los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227941&fecha=04/01/2012
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como voto particular formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198633&fecha=24/06/2011
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=40648&Tipo=3&Tema=0
Idem.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL 20 DE ABRIL DE 2018

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen mencionado. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Vanessa Rubio Márquez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones mencionadas, en términos del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Se presenta a ustedes el dictamen que propone aprobar el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros.

Este instrumento fue aprobado por unanimidad en días pasados en reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Se trata de un Acuerdo que es producto del relanzamiento de la relación bilateral entre nuestro país y Cuba, y su objeto es el de fortalecer los esquemas de intercambio de información entre autoridades aduaneras de ambos países a efecto de asegurar la correcta aplicación de las respectivas legislaciones en materia fiscal y así facilitar el comercio, prevenir, investigar, sancionar y combatir las infracciones aduaneras y disminuir los niveles de riesgo de la cadena logística del comercio bilateral.

El Acuerdo es consecuente con el modelo de Acuerdo que propone la Organización Mundial de Aduanas, de la cual México forma parte.

Por lo anterior y en congruencia con la disposición que México siempre ha mostrado, de acercarse al Caribe mediante instrumentos que brinden certeza jurídica, en este particular, con el hermano país de Cuba, solicito su amable anuencia para acompañar con su voto favorable este instrumento.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rubio Márquez.

Tenemos otra intervención anotada. Bueno, tenemos una intervención de la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del grupo parlamentario, no, perdón, antes está la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, para hablar a favor del dictamen. Y después la Senadora Marcela Mora Arellano, para hablar a favor del dictamen.

Está a discusión el anterior dictamen. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Con su venia, señor Presidente. Senadores y Senadoras:

Tras el triunfo de la Independencia cubana, el 20 de mayo de 1902, el Presidente de México, Porfirio Díaz, estableció relaciones con la isla.

Desde entonces México y Cuba han sostenido relaciones diplomáticas y han sido aliados y amigos con objetivos similares, el reconocimiento de nuestras raíces y el deseo de fortalecer nuestros pueblos.

La historia de Cuba y de México ha tenido momentos emblemáticos y entretejicos, como lo fueran las reuniones encabezadas por Fidel Castro, previa a la Revolución Cubana, en donde México representó un espacio estratégico que diera vía al encuentro histórico de Fidel y Raúl Castro con Ernesto “Che” Guevara en 1955.

Desde aquí el Movimiento 26 de Julio cobró vida y se concretó en la victoria de esa Revolución.

Al triunfo, el Estado mexicano reconoció el gobierno emanado de la Revolución y mantuvo una relación amistosa y de cooperación económica, turística y de comercio, que a pesar de los intentos de los gobiernos conservadores mexicanos, se han mantenido vigentes hasta la fecha.

Como símbolo de esta unidad una y otra vez el Estado mexicano ha hecho llamados a Estados Unidos de América para retirar el bloqueo que ha impuesto a la República de Cuba, tal como lo hicimos ya en esta Legislatura en espera de que la independencia de Cuba, su forma de gobierno, su vida autónoma y la legitimidad que a ella da su gente, sean reconocidos por una de las potencias mundiales que, desde hace décadas, intenta limitar, sin éxito, su desarrollo.

El dictamen que hoy discutimos es una nueva muestra de amistad y reconocimiento a un Estado soberano con quien compartimos esquemas económicos de todo tipo, principalmente turísticos y de comercio, por lo que en el fondo de este dictamen se atiende a una cuestión esencial.

El intercambio de información entre autoridades aduaneras de México y Cuba, a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas legislaciones en la materia, facilitar el comercio, prevenir, investigar, sancionar y combatir las infracciones aduaneras, así como disminuir los niveles de riesgo de la cadena logística de comercio internacional, que es vital para nuestras economías, sobre todo en cumplimiento de los marcos legales de ambos Estados, los cuales se fortalecen con la aprobación de este instrumento.

Dado que toda infracción a la legislación aduanera implica un perjuicio a los intereses económicos, comerciales, fiscales y públicos tanto de Cuba como de México, el tratado en comento pretende reforzar las funciones de control de las operaciones de comercio exterior fortaleciendo la aplicación de las infracciones aduaneras bajo un esquema de cooperación estrecha entre las autoridades aduanales de ambos países.

En este sentido, y como ya ha sido expuesto en esta tribuna, es importante señalar que México ha suscrito numerosos acuerdos de este tipo con sus socios comerciales, como lo son Chile, Italia, India, Filipinas, China, Turquía, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Uruguay y Japón.

Cuba no sólo es un Estado con quien compartimos amistad e historia, es también el tercer socio comercial de México en El Caribe, y nosotros somos su segundo aliado en la materia.

Es por ello que el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba, sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, es consecuente con la red de instrumentos que hemos aprobado en este sentido. También es consecuente con el futuro que queremos construir para nuestra nación.

El instrumento que estamos por aprobar incrementará la efectividad en el combate a las prácticas ilícitas en el comercio entre ambos Estados mediante la consolidación del intercambio de información sobre embargos de mercancías y dinero que se realicen con los debidos métodos de detección y ocultamiento.

Adicionalmente, contiene los debidos controles a fin de que la información confidencial y datos personales obtenidos se salvaguardarán conforme a la legislación nacional respectiva a cada Estado, para que, finalmente, se fortalezca la cooperación y asistencia mutua entre Cuba y México en donde existen zonas económicas especiales con regímenes aduaneros diferenciados.

El grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen en el entendido de que con él no solamente fortaleceremos nuestras responsabilidades internacionales en materia de comercio exterior, sino la relación existente entre dos países hermanos y aliados en el fortalecimiento de América Latina y El Caribe.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Antares Vázquez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Con su permiso, señor Presidente.

México ha firmado 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, así como 32 Acuerdos para la Promoción y Protección de las Inversiones, con 33 naciones.

Acuerdos de este tipo refrendan la importancia que tienen las relaciones comerciales para nuestra economía, así como la importancia del control, registro y prevención en el comercio de mercancías.

Asimismo, nuestro país ha firmado Acuerdos Comerciales, como el que hoy validamos, con diversos países del mundo. La firma de éste impulsa, estrecha y consolida las relaciones de nuestro país con la hermana República de Cuba.

Otro punto importante es que se mejorará el funcionamiento de nuestras aduanas mediante la capacitación mutua y visita de expertos que coadyuven en el correcto flujo de información entre las oficinas respectivas, de tal suerte que con la realización de estos ejercicios se podrán disminuir, por ejemplo, las infracciones aduaneras.

Asimismo, el Acuerdo privilegia el intercambio de información sobre hechos y personas que cometan infracciones aduaneras o tengan indicios de la comisión de las mismas.

Cabe destacar que el correcto manejo de datos personales, uso, confidencialidad y protección de la información también está garantizado.

No se omite mencionar que recientemente la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó con 189 votos a favor, frente a 2 en contra, una resolución que pide el fin del embargo anacrónico y absurdo entre Estados Unidos con Cuba.

Tampoco podemos omitir que existe un marcado desequilibrio comercial entre nuestros países, mientras nosotros, México, actualmente exportamos poco más de 361 millones de dólares desde la isla, importamos apenas 8 millones; razón por la cual el Acuerdo que hoy validamos, debe reafirmar la cooperación y asistencia administrativa mutua entre México y Cuba.

Más allá del ámbito comercial y meramente económico, es importante para nosotros profundizar y estrechar nuestras relaciones de amistad, cooperación e intercambio cultural con los hermanos países de América Latina.

Nada mejor que ratificar este Acuerdo con un país con el que compartimos tanta historia, y a 165 años del natalicio de un gran hombre, como José Martí, cuyo pensamiento vigente promueve la solidaridad y la construcción de un mundo más justo en sus ideas, en sus enseñanzas, quedó plasmada la importancia de la vinculación del individuo con toda la humanidad.

Así que afirmaba que el patriotismo no es más que amor, y la patria es humanidad.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Mora Arellano.

Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 113 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el 20 de abril de 2018. Remítase al Ejecutivo Federal.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que el Senado expresa sus más sentidas condolencias a la República de Haití por las víctimas y daños materiales ocasionados por el terremoto del 6 de octubre pasado. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Vanessa Rubio, para presentar el dictamen, a nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que me honro en presidir, aprobó por unanimidad, en reunión ordinaria de trabajo, un dictamen con punto de Acuerdo que se refiere al sismo ocurrido el pasado 6 de octubre de 2018, en Haití, de magnitud 5.9 grados Richter, con epicentro cerca de la ciudad norteña de Puerto de la Paz.

En esta catástrofe murieron personas y hubo decenas de heridos y destrucción de viviendas y daños en miles de hogares.

Los daños materiales son invaluables en un entorno en donde también aún continúa la reconstrucción del terremoto del 2010.

Haití es un país hermano de México con el cual compartimos pertenencia en El Caribe y una larga historia de amistad y cooperación.

Los integrantes de la Comisión coincidimos en la pertinencia de que el Senado de la República expresara sus más sentidas condolencias a la República de Haití y a su gobierno y habitantes por este trágico suceso.

Así es que los invito, respetuosamente, a votar a favor de este dictamen.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Se concede el uso de la palabra al Senador Salomón Jara, del grupo parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras; Senadoras y Senadores:

Efectivamente, el pasado 6 de octubre de este año, unas 11 mil 134 familias fueron afectadas por el sismo que sacudió al noroeste de Haití.

No menos de 18 personas fallecieron, y otras 600 resultaron lesionadas por el terremoto de 5.9 grados en la escala Richter.

Unas 2 mil 112 casas se destruyeron, y cerca de 16 mil resultaron dañadas en tres departamentos de un país pobre. Como se observó en todos los medios de comunicación, hubo daños en más de 80 escuelas.

La crisis humanitaria se extendió por todo el país, arrastrado por una gran crisis que ha surgido en el contexto de la pos sequía y las inundaciones.

Los más afectados, como siempre, la gente más humilde, la más pobre. Los campesinos que ahí viven fueron, indudablemente, muy dañados.

Por eso, la Comisión que hoy trae este dictamen a favor, el grupo parlamentario de Morena suscribe el apoyo, la solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití, y solicitamos a todos los Senadores, sobre todo, la solidaridad con este hermano país caribeño, y también por ser un hermano país cerca de nuestro continente.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Jara Cruz.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Noemí Reynoso, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

La solidaridad de México con todos nuestros hermanos de América Latina nunca ha faltado, y al contrario, cada vez que hay un acontecimiento en nuestra región, con nuestros vecinos del sur, es una ocasión para no solamente solidarizarnos por los acontecimiento de la naturaleza en estos países, sino también para agradecer la solidaridad que toda la región, cuando se ha ocupado, lo ha tenido con México.

Así es de que, hoy, por supuesto, estamos a favor de este punto de Acuerdo para manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Haití por el sismo ocurrido, pero también queremos aprovechar para mostrar nuestra solidaridad con nuestros vecinos de Guatemala por las víctimas que durante los últimos meses, en junio, principalmente, y en esta siguiente erupción que está teniendo el volcán, que también reciba nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, esperando que no se registren víctimas en este último acontecimiento.

Por lo tanto, Acción Nacional votará a favor de este punto de Acuerdo, siempre apoyando a la comunidad haitiana, no solamente a quienes residen en ese país que ha sido víctima, efectivamente, de la pobreza, de sismos, sino también, también acompañando a la comunidad de Haití que se encuentra en nuestro país y en solidaridad a sus necesidades los acompañamos como una comunidad migrante.

Así es que el voto de Acción Nacional será, sin duda, a favor de este punto de Acuerdo, y como siempre, agradeciendo a la comunidad latina la solidaridad y mostrando la nuestra, la propia, para nuestros hermanos haitianos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

En virtud de no haber más oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que el Senado reitera su petición al Senado de los Estados Unidos de América en torno al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto en contra de la República de Cuba. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra a la Senadora Vanessa Rubio Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su venia, señor Presidente.

También la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, aprobó un segundo dictamen relativo al fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de Cuba.

México ha votado consistentemente a favor de esta resolución en la Organización de las Naciones Unidas, y este año no fue la excepción.

En la LXXIII Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el pasado 31 de octubre, esa fue la posición del gobierno de México.

Los integrantes de la Comisión consideramos que es pertinente que esta Soberanía reitere nuestra petición respetuosa al Senado de Estados Unidos de América en el sentido de cesar el bloque económico contra Cuba, y que también hagamos un exhorto para que se implementen acciones que contribuyan a fortalecer las relaciones comerciales y culturales, entre otras, en los Estados Unidos de América y la República de Cuba.

Compañeras y compañeros Senadores, América Latina y El Caribe es la región de pertenencia natural de México y Cuba es un país hermano de nuestro país, los invito, por ende, respetuosamente, a votar a favor de este dictamen.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rubio Márquez.

Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Como integrante del grupo parlamentario de Morena e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores con América Latina, nos congratulamos con este dictamen porque me parece que es muy importante que el Senado mexicano tenga una expresión de solidaridad con el pueblo cubano y se manifieste en torno a un tema más allá de ideologías, simpatías o no, un tema de derechos humanos.

Trataré de contextualizar, porque me parece que es de suma importancia que todas y todos los Senadores conozcamos porqué es importante hacer un llamado a que cese el bloqueo económico y financiero a la República de Cuba.

Hay una isla en medio del Mar Caribe, a 2 mil 550 kilómetros de aquí, en esa isla habitan hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos, todos ellos con sueños y aspiraciones, como cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, por más cercanos o más lejanos que dichos sueños se vean en su posibilidad cotidiana. Así es la humanidad, más allá de las ideologías y diferencias siempre nos atrevemos a imaginar, a pesar de nuestras realidades complejas.

También, como cualquier pueblo en este planeta, la Isla de Cuba tuvo sus procesos históricos de lucha y emancipación. Hasta aquí hay dos condiciones inalienables de la humanidad, un pueblo con sueños y un pueblo que ha luchado para mejorar su modo de vida.

Hablaré brevemente y con mucho respeto, bajo la convicción internacionalista y bajo el principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos del mundo, sobre la motivación de este punto de Acuerdo que presentó su servidora y también presentó la Senadora Blanca Piña.

En esta isla hubo un proceso revolucionario que inició en 1953 frente al autoritarismo de Fulgencio Batista y la instauración de una oligarquía que provocaba una realidad de privilegios para unos cuantos y de desigualdad para la mayoría.

En 1959 se declara triunfante el movimiento de los llamados “barbudos” con Fidel  Castro, Camilo, el Ché Guevara y el movimiento en la sierra, en el campo, en las universidades, en la ciudad. Este proceso revolucionario, como cualquier desarrollo de cambio popular, benefició a las mayorías, pero tocó intereses que molestaron a poderosos y provocaron, a través del tiempo, una serie de dificultades para dicha causa.

A casi 60 años de la Revolución cubana, en esta tribuna, como ciudadana, ciudadanos del mundo, me parece que es importante manifestar la solidaridad y una posición firme, humanista, sobre lo que implica el embargo a Cuba por parte del gobierno norteamericano.

Para el grupo parlamentario de Morena siempre es de suma importancia expresar nuestra posición solidaria con todos los pueblos del mundo.

El 19 de octubre de 1960, a unos meses del triunfo de la Revolución cubana, entraron en vigor medidas generales, prohibiendo diversas exportaciones a petición del gobierno estadounidense, se restringió la exportación de combustible, se ordenó la reducción de 700 mil toneladas de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, se anunció la prohibición de entrada en territorio norteamericano de cualquier producto elaborado total o parcialmente con productos de origen cubano, también se reglamentó el control de los activos prohibiendo todas las transacciones con Cuba y se congeló los valores de ese gobierno en territorio estadounidense.

Además, en 1964 el Departamento de Comercio de Norteamérica prohibió totalmente los embarques de alimentos y medicinas. Este bloqueo fue considerado en su momento como un acto de guerra desde la Conferencia Naval de Londres en 1909, al principio aceptada en el derecho internacional. A partir de entonces quedó estipulado que su implementación sólo era aplicado entre los Estados beligerantes, en ese sentido ningún instrumento jurídico internacional ha planteado la posibilidad de imponer bloques en tiempos de paz, y Cuba no está en tiempos de guerra.

Con el Presidente Barack Obama hubo una serie de medidas orientadas a cambiar algunos elementos del bloqueo; sin embargo, aunque fueron positivos, no fueron suficientes.

Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos se anunciaron nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba como parte de su nueva política hacia ese país hermano, entre las que destacan:

1.- La firma de un memorándum dirigido a los Secretarios de Estado y del tesoro mediante el cual se extendía por un año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el enemigo que ellos tienen desde 1917.

En noviembre de 2017 el Departamento de Estados Unidos publicó una lista que arbitrariamente incluía a 179 instituciones cubanas con las cuales quedarían prohibidas las transacciones financieras directas, lo que impactaría negativamente en el desarrollo económico de Cuba y generaría un efecto intimidatorio entre las empresas estadounidenses, así como en países terceros que desearan establecer relaciones económicas.

Dichas disposiciones tomadas por el Presidente estadounidense han conducido a una serie de impactos negativos y que violentan a los derechos humanos de los habitantes del pueblo cubano.

Por eso nos parece de suma importancia que este bloque financiero, económico y comercial que ha quebrantado los derechos de los habitantes de Cuba cese de una vez por todas, y no sólo lo decimos nosotros, a nivel internacional existen muestras de apoyo en contra de dicha determinación, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77, China, etcétera.

Por eso nuestro voto, por supuesto, será a favor y celebro que este exhorto del Senado mexicano al gobierno de Enrique Peña Nieto para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se le haga del conocimiento a la nueva integración del Senado estadounidense, nuestra postura, nuestra demanda respetuosa de que exista un inmediato cese al bloque financiero y económico a la República de Cuba.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Hernández Mora En virtud de no haber más oradores u oradoras registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica el señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior   dictamen.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, por el que el Senado reitera su petición al Senado de los Estados Unidos de América, en torno al bloqueo económico comercial y financiero impuesto en contra de la República de Cuba para que éste termine.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo en torno al interés superior de la niñez. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretará dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Josefina Vázquez Mota, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Gracias, señor Presidente. Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes. Estimadas Senadoras y Senadores:

Hago uso de esta tribuna para exponer a ustedes los principales razonamientos que sustentan este dictamen que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia está haciendo como un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal a realizar y aplicar mecanismos de la resolución de actuaciones y juicios sobre guarda y custodia de menores a fin de proteger el interés superior de los niños.

Hoy, y es importante compartirlo, en el marco del Día Universal del Niño, es inevitable reiterar que el interés superior de la niñez y la plena satisfacción de sus derechos son fundamentales para su sano desarrollo integral. Es un derecho consagrado y protegido por el artículo 4 de nuestra Constitución Política, por la Convención Americana de los Derechos Humanos así como por la Convención de los Derechos del Niño.

Ante diversos casos, y aquí se han expuesto algunos en esta tribuna, de controversia en los que se han visto involucrados actos que atentan contra este derecho, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado para garantizar la protección y el derecho integral de la niñez.

En aquellos casos en los que se demanda la guarda y custodia de un menor y el régimen de convivencia, ha resuelto que en este tipo de asuntos se requiere su pronta y expedita resolución. De eso se trata este exhorto.

Pues entre más demora el órgano jurisdiccional en determinar quién de los padres ejercerá en definitiva la guarda y custodia del menor, así como el régimen de convivencia que habrá de prevalecer, mayor es el riesgo que este niño, niña, adolescente, pueda resultar afectado emocionalmente.

Ante estos hechos y acontecimientos, esta Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia considera viable y absolutamente necesario hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación a actuar con pronta rapidez y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, relacionados con la guarda y custodia.

Por todo lo anterior, solicito a todas las Senadoras aquí presentes, a todos los Senadores aquí presentes, nos acompañen con su respaldo y su voto a favor para este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vázquez Mota.

Está a discusión el dictamen. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor del dictamen. No se encuentra.

En virtud de no haber más oradores u oradoras registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el dictamen. Comuniquese.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, a la Mesa Directiva ha llegado un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el nombramiento del Magistrado Electoral Local del estado de Coahuila.

Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse que se incorpore al Orden del Día.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse su incorporación al Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento del Magistrado Electoral Local del estado de Coahuila.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Están a discusión los resolutivos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo.

Al no haber quien haga uso de la palabra, se tramitará su resolución a través de una votación por cédula, perdón, de una, se tramitará el resolutivo por una votación nominal.

El resolutivo Segundo, se tramitará a través de una votación por cédula.

Por lo que refiere a los resolutivos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos para recoger la votación nominal de dichos resolutivos, Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Son las dos, una primera parte, son los resolutivos generales de la tramitación de la aprobación, que son el Primero, y los siguientes a excepción del Segundo.

Y, luego viene la votación al que se refiere el Segundo resolutivo, que es la votación por cédula, son dos momentos.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: ¿Algún Senador o Senadora que falte de emitir su voto?

El tablero sigue abierto. ¿Alguna Senadora o Senador que falte de emitir su voto? Favor de levantar la mano.

Eruviel, a favor. Senadora Ruiz Massieu, a favor. ¿Alguien más que falte de emitir su voto?

Está abierto el sistema de votación. Sigue abierto.



Señor Presidente, se emitieron un total de 101 votos a favor, cero en contra y 8 en abstención. En un total de 109 Senadoras y Senadores presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobados los resolutivos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición, debemos realizar elección por cédula.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presídium al ser llamados por la Secretaría.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores y señoras Senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

Se solicita a las señoras Senadoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, procederé al pase de lista.

(Pasa lista)

(Depositan su voto por cédula)

(Votación y escrutinio)

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Hay algún Senador o Senadora que falte de emitir su voto?

En ese sentido, les pedimos que acerquen la urna con las papeletas y le pedimos a los Secretarios de la Mesa Directiva que hagan el conteo de la votación, por favor.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, informo el resultado de la votación:

Se emitieron un total de 110 votos de Senadoras y Senadores, de los cuales, 91 fueron en pro de Sergio Díaz Rendón, 7 en contra, 2 en abstención y 10 a otras planillas, en total, 110 votos emitidos.

Y le confirmo que sí se reúnen las dos terceras partes que se indican.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, el ciudadano Sergio Díaz Rendón reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes, que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que es electo como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral Local del estado de Coahuila.

Comuníquese el resultado de la elección realizada al gobernador del estado de Coahuila y al presidente del Congreso de dicho estado.

Comuníquese también a la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo Local en Materia Electoral del estado de Coahuila.

La Presidencia convocará al ciudadano Sergio Díaz Rendón, para que en sesión próxima acuda ante este Pleno a rendir su protesta constitucional.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Pasamos al apartado de presentación de proposiciones. En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Cecilia Sánchez García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de Campeche.

La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García: Gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

¿Pueden ustedes creer que a estas alturas todavía tenemos piratas?

Vengo a presentar un punto de Acuerdo que resulta de gran relevancia para la seguridad nacional de nuestro país, se trata de la piratería que ha estado atacando a las plataformas de Pemex en la Sonda de Campeche y el litoral de Tabasco.

Son asaltos a mano armada, mismos que se han ido incrementando del 2014 a la fecha, y resulta sumamente preocupante por la importancia que tienen estas instalaciones para la estabilidad económica y social de nuestro país.

El reporte de estos asaltos ha sido principalmente difundido en medios locales sin que hasta ahorita las autoridades federales, la empresa o el sindicado hayan hecho nada por resolver este asunto.

Los artículos que se han robado incrementan el riesgo, de por sí ya inherente, de nuestras instalaciones.

Los piratas se han llevado equipos de respiración autónoma, que son de alta seguridad y necesarios para que los trabajadores sobrevivan a fugas de gas.

Se han llevado módulos y consolas, cuya función consiste en controlar la presión de los pozos, dejando entrampados éstos, lo que nos quiere decir que son personas que saben el movimiento de las plataformas petroleras.

También se han llevado extintores, herramientas para perforación, máquinas de soldar y muchos metros de cable de cobre y acero.

Los trabajadores reportan que los ladrones cuentan con radios que son capaces de interceptar y recibir comunicaciones aéreas.

En uno de estos asaltos un trabajador, mediante una radio instalada en un helicóptero que se encontraba en la plataforma, solicitó ayuda para que los piratas pudieran ser interceptados, pero fue descubierto, y hubo balazos en esa plataforma, que pusieron en peligro tanto la instalación como la vida de estos trabajadores, ya que se pudo generar una perforación en alguna, generar alguna fuga de gas que pudiera provocar alguna explosión.

Lo anterior es sumamente grave y requerimos respuesta de las autoridades.

Ente las áreas estratégicas del Estado mexicano establecidas en el artículo 28 de la Constitución, se encuentran la de exploración y extracción de petróleo.

La importancia de dichas áreas, su seguridad y protección son competencia federal y deben de ser resguardadas por las Fuerzas Armadas.

Nuestro país cuenta con alrededor de 3 mil instalaciones estratégicas, en las cuales el 47 por ciento corresponden a Pemex; sin embargo, el nivel de seguridad de estas instalaciones no está dando resultados a pesar de las medidas y acuerdos hasta ahora emitidos.

La Secretaría de Marina ha señalado que de generalizarse el esquema de inseguridad en la Sonda de Campeche y litoral de Tabasco se puede afectar el flujo de inversión nacional, privada y extranjera, elementos fundamentales en el sector energético.

Es de suma importancia que la Secretaría de Marina incremente las medidas de seguridad y garantice al Estado mexicano la seguridad y desarrollo de nuestras zonas estratégicas tal como lo estipula la Carta Magna.

Por ello, en este punto de Acuerdo, se exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución en materia de seguridad de las plataformas petroleras, la seguridad nacional y las de los trabajadores y el pleno desarrollo de una de las actividades prioritarias en la economía nacional, como es la extracción de hidrocarburos.

Asimismo, mediante este punto de Acuerdo, le estamos solicitando a la Secretaría de Marina un informe pormenorizado que detalle los protocolos y medidas de seguridad que se han implementado en la vigilancia en estas áreas con los detalles de atención que se han brindado a estos robos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, Senadora CECILIA SÁNCHEZ GARCÍA, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL Y 27 Y 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MATERIA DE SEGURIDAD DE ÁREAS ESTRATÉGICAS; ASÍ COMO A REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS HASTA AHORA EN LA SONDA DE CAMPECHE COMO RESPUESTA A LA OLA DE ASALTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LAS INSTALACIONES MARINAS DE PEMEX, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 Constitucional, establece las áreas estratégicas del estado mexicano, las cuales son prioritarias para el desarrollo económico, social y la estabilidad del propio Estado. Entre dichas áreas se encuentran las instituciones de exploración, entre otras de extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.

Ese mismo artículo constitucional establece que dada la importancia de dichas áreas, la seguridad y protección de estas es competencia federal y en consecuencia dichas acciones deben ser desarrolladas por las fuerzas armadas federales. En el caso de las instalaciones marinas relacionadas con la exploración y extracción de petróleo, le corresponde a la Marina Armada.

Al respecto, en la Ley de Seguridad Interior dice a la letra lo siguiente en sus artículos 26 y 27:

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Lo cual parece no estar ocurriendo en el litoral del Golfo de México en particular frente a las costas de Ciudad del Carmen, donde se encuentra el yacimiento más importante de nuestro país y donde hace algunos meses se han venido presentando asaltos en las plataformas.

El reporte de estos asaltos se ha presentado principalmente en medios locales y hasta ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto a pesar de que como ya se ha demostrado, son zonas de suma importancia para el país y de entera jurisdicción federal.

De acuerdo a dichos reportes, suman ya 24 asaltos cometidos, lanchas de motores pequeños arriban fuertemente armados a las plataformas con rifles de alto poder, además de despojarlos de sus pertenencias, roban equipamiento que se encuentra en dichas instalaciones.

Según testimonios de los mismos trabajadores, los artículos que han estado robando incrementan el riesgo de por sí ya inherente a este tipo de instalaciones, tales como equipos de respiración autónoma, que son equipos de alta seguridad necesarios para que los trabajadores sobrevivan en caso de una fuga de gas; también se han robado Módulos y Consolas cuya función consiste en controlar la presión de los pozos, dejando estos a la deriva. De igual forma, las plataformas marinas de PEMEX han sido despojadas de extintores; herramienta de los trabajadores de perforación; máquinas de soldar e importantes cantidades de cable de cobre y acero.

Los trabajadores reportan que los ladrones cuentan con radios que son capaces de interceptar o recibir comunicaciones aéreas. En uno de estos 24 asaltos, un trabajador mediante una radio instalada en un helicóptero que se encontraba en la plataforma solicitó ayuda, los piratas pudieron interceptar esta comunicación y realizaron disparos hacia el helicóptero, lo cual puso en peligro la vida de toda la tripulación de la plataforma y pudo provocar una fuga en cualquiera de las tuberías o ductos.

Nuestro país cuenta con alrededor de 3 mil instalaciones estratégicas, de las cuales el 47 por ciento corresponden a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 17 por ciento a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 13 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el nivel de seguridad en las instalaciones marinas de PEMEX resulta sumamente laxa a pesar de las medidas y acuerdos que para los efectos se han publicado.

En octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones argumentó, buscaba propiciar el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura a través de cultivos marinos en las zonas de exploración y extracción de hidrocarburos de las zonas marinas, sin menoscabo de la seguridad de las instalaciones petroleras y la salvaguarda de la vida humana en la mar, sufriendo modificaciones en diciembre de 2017 que dice:

Las áreas restringidas de ese último Acuerdo, están conformadas por cuatro polígonos que suponen el veto a la navegación hasta en 5 mil metros alrededor de las plataformas petroleras. En ese radio, solo se permiten actividades requeridas para la exploración y producción petrolera; se autoriza el tránsito rápido e ininterrumpido de embarcaciones pesqueras en ruta y fuera de estas áreas; se identifica y controla el tráfico marítimo y aéreo que ingrese a las zonas de exclusión. No obstante, el problema de seguridad se sigue incrementando.

Ante estos hechos, la Secretaría de Marina solo apuntó que “de generalizarse un esquema de inseguridad en la Sonda de Campeche, se puede afectar el flujo de inversión nacional privada y extranjera, elementos fundamentales de la reforma energética”.

Esta problemática es de gran trascendencia en tanto que pone en riesgo la vida de los trabajadores de la plataforma; la seguridad de nuestras instalaciones petroleras y el desarrollo económico de uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Es de suma importancia que la Secretaría de Marina incremente las medidas de seguridad y garantice al Estado mexicano la seguridad y desarrollo de nuestras zonas estratégicas tal y como lo estipula nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina a garantizar la seguridad y desarrollo de las plataformas petroleras instaladas en la Sonda de Campeche tal y como lo establecen los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 de nuestra Constitución, así como el 26 y 27 de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que la serie de asaltos que se han presentado en los últimos meses en dichas instalaciones ponen en riesgo la vida de los trabajadores de las plataformas; la Seguridad Nacional y el pleno desarrollo de una de las actividades prioritarias de economía nacional como lo es la extracción de hidrocarburos.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Marina un informe pormenorizado, en el que se detallen los protocolos y medidas de seguridad que se han implementado en la vigilancia de las zonas de seguridad en la Sonda de Campeche, así como los detalles de la atención que se les ha brindado a los reportes de robo a dichas instalaciones y de auxilio a los trabajadores de las plataformas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Cecilia Margarita Sánchez García.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Sánchez García. Túrnese a la Comisión de Energía.






Tiene la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a reconvenir a los organizadores del evento de toma de protesta del Presidente Electo, para que de manera inmediata y sin reservas, extiendan una nueva invitación para que los altos mandos militares acudan como invitados especiales a dicha toma de protesta.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Con su permiso, señora Presidenta.

Con fecha miércoles 14 de noviembre del presente año, se celebró en este Senado de la República la reunión extraordinaria de la Comisión de la Defensa Nacional, donde la promovente presentó la intención de inscribir este punto de Acuerdo a los integrantes de dicha Comisión, mismo que fue aprobado con el respaldo de todas y todos los integrantes presentes en esta sesión de la Comisión de la Defensa Nacional que preside el Senador Félix Salgado Macedonio.

El Ejército Mexicano, la Defensa Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor, los militares, todos, merecen nuestra más amplia consideración y respeto, no sólo la de nosotros.

El pueblo de México en general profiere una enorme admiración y respeto por nuestras Fuerzas Armadas, quienes se han ganado con creces este respeto por su indeclinable lealtad a México, por su infatigable labor de apoyo en situaciones de desastres naturales y, sobre todo, por su entrega valiente y determinada para protegernos a todas y todos los mexicanos, a nuestras familias frente al flagelo del crimen organizado, su lealtad y su disciplina se anteponen.

Sin reservas han puesto en riesgo hasta sus propias vidas para proteger las nuestras y también a las instituciones de la nación.

En esa lucha muchas de nuestras Fuerzas Armadas han caído, a la fecha suman ya cientos las mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas que han fallecido en enfrentamientos contra la delincuencia organizada.

Por eso nos ha sorprendido sobremanera enterarnos, por diversas fuentes confiables, que habiendo sido invitados aproximadamente un centenar de elementos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a la toma de protesta del próximo Presidente de la República, hace un par de días se les haya retirado, para permítanme decirlo así: “des invitar a estos altos mandos de las Fuerzas Armadas a este histórico evento protocolario”.

Por eso le exigimos altura de miras a los responsables de la organización de esta toma de protesta, tanto por parte de la Colegisladora como de parte del equipo de transición, y les exhortamos a estar a la altura de las circunstancias y pedir de manera inmediata y sin reserva alguna se reivindiquen extendiendo tanto una disculpa pública como, a su vez, una invitación a los altos mandos militares a la toma de protesta del próximo Presidente de la República el próximo día 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que por mandato constitucional será también nada más y nada menos que el próximo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

No pongan en riesgo la respetuosa relación institucional que debe haber entre el próximo Presidente de México y las Fuerzas Armadas.

El país no está en condiciones de generar esas tensiones institucionales y menos a agraviar a las Fuerzas Armadas.

Agradezco a las Senadoras y Senadores que han mostrado su respaldo a este punto de Acuerdo y este exhorto que se hace de manera urgente y que vamos a solicitar también sea votado por urgente resolución.

Al Senador Ricardo Monreal, al Senador Miguel Ángel Osorio Chong, al Senador Raúl Bolaños, al Senador Dante Delgado, al Senador Miguel Ángel Mancera, entre muchos y muchas otras Senadoras que ya lo han expresado.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República exhorta a los organizadores del mencionado acto solemne a extender una disculpa pública, así como de manera inmediata y sin reservas reconvenir y extender una nueva invitación a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que asistan en calidad de invitados especiales con la dignidad y respeto que merecen, a la toma de protesta del próximo Presidente de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, a nombre de la Comisión de la Defensa Nacional en su conjunto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RECONVENIR A LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA Y SIN RESERVAS, EXTIENDAN UNA NUEVA INVITACIÓN PARA QUE LOS ALTOS MANDOS MILITARES ACUDAN COMO INVITADOS ESPECIALES A DICHA TOMA DE PROTESTA.

Competencia

La presente proposición con punto de acuerdo, se realiza con apego a lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, el cual refiere:

"Artículo 276

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de ?acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. ?

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, …"

En este sentido, y atendiendo a la fundamentación anterior, proponemos al Senado de la República, aprobar esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a los organizadores del evento de toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Ejército Mexicano, la Defensa Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor, los Militares todos, merecen nuestra más amplia consideración y respeto.

No solo la de nosotros, el pueblo de México en general, profiere una enorme admiración y respeto por nuestras Fuerzas Armadas, quienes se han ganado con creces ese respeto por su indeclinable lealtad a México, por su infatigable labor de apoyo en situaciones de desastres naturales, y sobre todo, por su entrega valiente y determinada para protegernos a todas y todos lo mexicanos, a nosotros y a nuestras familias, frente al flagelo del crimen organizado.

No le correspondía a las Fuerzas Armadas de México enfrentar a la delincuencia organizada, no era esa su tarea ni su misión original, pero su lealtad y su disciplina se anteponen y sin reservas han puesto en riesgo hasta sus propias vidas para proteger a la población, y a las instituciones de la nación.

En esas múltiples operaciones militares para combatir al crimen organizado, han capturado a los más relevantes y peligrosos cabecillas de la delincuencia, y se han visto en la necesidad de abatir a otros repeliendo sus letales agresiones, pero también, lamentablemente, en esa lucha, muchos de nuestras Fuerzas Armadas han caído. A la fecha cientos de mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas han fallecido en  enfrentamientos contra la delicuencia organizada.

Lo menos que las Fuerzas Armadas de México merecen de nuestra parte es justamente un trato digno, respetuoso, en agradecimiento elemental.

Por eso nos ha sorprendido sobremanera, enterarnos por los medios de comunicación, que habiendo sido invitados aproximadamente un centenar de elementos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a la toma de protesta del próximo Presidente de la República, hace un par de días se las haya retirado para, -permítanme decirlo así-, “desinvitar” a las Fuerzas Armadas a ese evento protocolario.

Retirarle a los más altos representantes de las Fuerzas Armadas de México la invitación para asistir a ese evento, se constituye no solo en un agravio y una descortesía, sino en toda una afrenta y en una falta de respeto que ellos no se merecen, y que nosotros no aceptamos.

Por eso, le exigimos altura de miras a los responsables de la organización de esa toma de protesta tanto por parte de la colegisladora como de parte del equipo de transición, y les exhortamos a estar a la altura de las circunstancias, y pedir de manera inmediata y sin reserva alguna, se reivindiquen extendiendo de nuevo a los altos mandos militares una invitación para que asistan en carácter de invitados especiales a la toma de protesta del próximo Presidente de la República el próximo primero de diciembre en el palacio legislativo de San Lázaro, que por mandato constitucional será también, nada mas y nada menos, que el próximo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No pongan en riesgo la buena relación institucional que debe haber entre el próximo Presidente de México y las fuerzas armadas. El país no está en condiciones de generarse esas tensiones interinstitucionales por razones frívolas. Reparen su grave error cuanto antes.

Además de que con fecha miércoles 14 de noviembre del presente año, se celebró en este Senado de la República la reunión extraordinaria de la Comisión de la Defensa Nacional, donde la promovente, presentó la intención de inscribir este punto de acuerdo a los integrantes de dicha Comisión, mismo que fue aprobado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a los organizadores del mencionado acto solemne a que, de manera inmediata y sin reservas, reconvenir y extender una nueva invitación a los altos mandos del Ejército mexicano para que asistan en calidad de invitados especiales a la toma de protesta del Presidente de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Josefina Vázquez Mota.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez  Mota.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asuntos se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, está a discusión la propuesta de punto de Acuerdo.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén a favor, levanten la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, para presentar a nombre de las Senadores y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno electo a respetar la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Compañeras y compañeros Senadores:

En una República democrática los mecanismos de democracia participativa son importantes, pues la complementan.

Tan así lo consideramos en el Partido Revolucionario Institucional que en su momento fueron nuestros grupos parlamentarios quienes hicieron posible que se modificara el artículo 35 constitucional y se expidiera la Ley Federal de Consulta Popular.

En lo que no estamos de acuerdo es en que se utilicen ejercicios simulados de consulta para validar decisiones políticas cuestionables, mucho menos cuando estas consultas no cumplen con ninguno de los requisitos constitucionales y legales para que tengan legitimidad y sean vinculantes.

No obstante que el ejercicio de consulta a modo anterior, ya generó perjuicios para nuestro país en lo relativo a la confianza de los mercados y de los inversionistas, en la estabilidad del tipo de cambio, y en la pérdida de miles de empleos para trabajadores en la zona de Texcoco, el gobierno electo nos pone sobre la mesa un nuevo ejercicio con los mismos vicios.

Ahora, para diez temas entre los que se incluyen otros tres proyectos de infraestructura para ser sometidos, a una nueva consulta que otra vez carece de legitimidad, que es parcial, que es sesgado y que es poco representativo.

Sin duda el sur-sureste requiere de proyectos modernizadores que generen empleos, que atraigan inversión, que detonen la productividad y que redúzcanla brecha regional que separa al norte del sur.

El Tren Maya podría atraer extraordinarios beneficios a esa región a través del turismo incluyente, los proyectos de playa, de zonas arqueológicas y las nuevas tendencias globales de turismo de naturaleza o turismo rural, que crecen a más del 65 por ciento en todo el mundo.

Nuestro país ocupa el sexto lugar mundial en bienes declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad, buena parte de esa riqueza se encuentra en la región sur-sureste; por ello esta región tiene un enorme potencial como destino turístico nacional e internacional, desde Mérida hasta San Cristóbal y Comalcalco.

Hay que generar infraestructura y encadenamientos productivos que pongan en valor nuestro patrimonio cultural y natural, y detonen desarrollo incluyente.

Pero no nos confundamos, estamos convencidos que proponer grandes proyectos de infraestructura sin estudios técnicos, sin seguridad presupuestaria, sin evaluaciones ambientales o sin las consultas a las comunidades indígenas que mandata el convenio 169 de la OIT, pone en riesgo la viabilidad de cualquier proyecto, además de poner en riesgo nuestro patrimonio natural y cultural.

Echar a andar una obra en estas condiciones podría ser peor que no haber propuesto nada.

Un tren que una a los principales destinos turísticos de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco Quintana Roo y Yucatán ¿es deseable? Sí, sin duda, ¿pero es técnica, ambiental, cultural y financieramente viable? No lo sabemos.

En el grupo parlamentario del PRI nos preocupa la endeble y deficiente planeación presupuestaria, usar, por ejemplo, el llamado “impuesto al turismo” para financiar este proyecto, dejaría sin promoción a todos los destinos mexicanos.

¿Por qué habría de estar bien esto?

Hay que buscar otras fuentes de financiamiento que no pongan en riesgo el potencial de una de las industrias más importantes que tenemos en nuestro país como es la industria turística.

Con los ingresos que genera el derecho de residente, se desarrollan las estrategias de promoción que hoy permiten que este sector sea uno de los más pujantes y dinámicos en todas las regiones del país.

También con estos ingresos se da mantenimiento y se crea nueva infraestructura en los destinos Fonatur, como Cancún, y además se refuerza el presupuesto del Instituto Nacional de Migración para que la experiencia de viaje de quien nos visita no empiece siendo una pesadilla por la insuficiencia del personal de nuestros aeropuertos internacionales.

El despropósito no se detiene ahí, porque esta consulta sobre la futura construcción de un tren es una simulación.

Ya se han empezados los trabajos, aún sin proyecto ejecutivo ni estudios técnicos. No tiene mucho sentido democrático consultar sobre proyectos de infraestructura, sobre los que los que no hay planeación ni información suficiente.

La participación sin un correcto proceso legal y deliberativo deja de ser democracia para convertirse en simulación y autoritarismo participativo.

Podríamos seguir, pero compañeras y compañeros, no nos engañemos, este no es un ejercicio de consulta popular, es otra vez un ejercicio de simulación para eludir la responsabilidad política de tomar decisiones complejas de gobierno.

Por lo anterior, proponemos a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, que hace un llamado al nuevo gobierno para dejar atrás el tiempo de campaña, y comenzar a pensar como futuros servidores públicos que deben gobernar para todos, con sentido y responsabilidad de Estado.

El primer resolutivo, es solicitar al Presidente Electo y a su equipo de trabajo, a ser respetuosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Consulta Popular y evitar la realización de consultas a modo.

El segundo resolutivo, exhortar al Presidente Electo y a su equipo de trabajo a realizar y presentar públicamente los estudios técnicos pertinentes que garantícenla viabilidad de la construcción del Tren Maya.

El tercer resolutivo, solicitar al Presidente Electo y a su equipo de trabajo, dar a conocer los estudios que analicen y expliquen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendrá esta obra ferroviaria, particularmente los posibles impactos ambientales a las reservas ecológicas de Calakmul y de la biósfera de Sian Ka´an.

El cuarto y último, requerir al Presidente Electo y a su equipo de trabajo a que el proyecto del Tren Maya a ser sometido a un análisis integral, y al más amplio escrutinio público en el que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de cultura maya de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Senadoras y Senadores, nadie se opone al desarrollo incluyente del país, pero sí nos oponemos a consultas a modo para legitimas proyectos sin fundamentos.

Sí al proyecto de infraestructura turística que genere desarrollo incluyente, pero no a proyectos y consultas sin información, sin viabilidad, sin legitimidad, sin legalidad, que además pueden poner en riesgo nuestro patrimonio cultural y natural.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre los proyectos de inversión en infraestructura anunciados por el presidente electo y su equipo de trabajo, ha llamado la atención el Tren Turístico Transpeninsular denominado “Tren Maya”, debido a su impacto económico, social, cultural y ambiental para la región Sur-sureste de nuestro país.

Se trata de la construcción de un tren de pasajeros y de carga, que transitará por entidades como Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Se estima que el “Tren Maya” tendrá un costo de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos, el cual estará financiado con recursos públicos el 30 por ciento y, el restante 70 por ciento, se estima será financiado a través de concesiones con la iniciativa privada. Se tiene planeado que dicho proyecto se concluya en los siguientes 4 años.

El ambicioso proyecto supone una ampliación de un plan previo de 900 kilómetros que abarcaba Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. El incremento a 1.500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán. En su edificación alcanzará los 1,500 kilómetros de recorrido, destacando tres tramos de ruta: el de selva con poco más de 426 kilómetros, el caribe con 446 y el del golfo con por lo menos 653 kilómetros.

El Tren Maya recorrerá 9 municipios de Campeche donde en promedio, el 51 por ciento de la población sufre de pobreza y el 11 por ciento de pobreza extrema. De igual forma, transitará por dos municipios de Chiapas (La Libertad y Palenque), cada uno con 70 por ciento de pobreza y 26 por ciento de pobreza extrema.

El recorrido contempla también, siete municipios de Quintana Roo, el de Puerto Morelos es la excepción, en que el 40 por ciento sufre de pobreza y el 10 por ciento de pobreza extrema. En Tabasco, los dos municipios contemplados son Balancán y Tenosique que tienen niveles promedio de pobreza y de pobreza extrema de 53 y 11 por ciento, cada uno. Y en el caso de Yucatán y los 21 municipios por donde pasará el tren, existe un porcentaje promedio de 52 y 12 por ciento respectivamente.

El resto de la de la ruta transpeninsular propuesta por AMLO, aprovechará 554 kilómetros de una vía férrea de 1, 800 kilómetros que, en la actualidad, cruza los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La denominada línea Mayab (operada por la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab), que cubriría el tramo que va del municipio de Izamal (Yucatán) al municipio de Palenque (Chiapas).

Sin duda que la inversión en infraestructura social y productiva representa un motor de para el crecimiento y la competitividad de nuestro país, al tiempo de permitir un impacto positivo en el desarrollo de las regiones para superar los rezagos actuales y lograr la conectividad del país.

Para nadie es nuevo que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra grandes disparidades entre sus regiones.

Muchas de las regiones de nuestro país reflejan un serio rezago en su desarrollo socioeconómico, principalmente la del Sur-sureste. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en esta región se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza.

Existen numerosos esfuerzos realizados desde el Gobierno Federal y de las propias entidades federativas de la región, con diferentes resultados, lo cual hace necesario conocer y aprender de los éxitos y fracasos de la región en cuanto a la gestión del desarrollo, con la idea de potenciar las buenas prácticas y mejorar el diseño de políticas públicas para el Sur-sureste.

Coincidimos en que es indispensable cerrar la brecha entre las distintas regiones del país e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos, así como la multimodal y logística, con el objetivo de crear mayores oportunidades de desarrollo y creación de empleos en beneficio de sus pobladores.

A nadie conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Una economía dinámica y competitiva capaz de ofrecer oportunidades reales a todos los mexicanos tiene necesariamente que voltear al Sur-Sureste de nuestro país. Solo así, México podrá despegar y convertirse en un país más democrático, equitativo y con una economía más competitiva en el concierto internacional.

Sin duda que es necesario tomar decisiones, al tiempo de diseñar e instrumentar políticas públicas que permitan la institucionalización y la gestión pública, a fin de atacar el rezago y la desigualdad con una visión de mediano y largo plazo.

Estamos convencidos que se requieren tomar acciones de Estado para encauzar mayores recursos presupuestarios para la región, así como mejorar el diseño de políticas públicas que ayuden a hacer más eficiente y transparente el uso de recursos presupuestarios y la aplicación de programas a favor de las entidades y comunidades con mayor índice de marginación.

Pero para ello, es indispensable establecer mecanismos de coordinación administrativa entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales.

La infraestructura ferroviaria sin duda que puede ser un detonante clave para fomentar el transporte de personas y mercancías, así como potenciar la industria turística. Sin embargo, no podemos dejar de señalar la importancia de contar con los fundamentos técnicos y la viabilidad financiera para hacer posibles las grandes obras de infraestructura.

Cabe entonces las preguntas son: ¿Es sano para el país echar abajo un proyecto técnicamente viable, altamente rentable, totalmente autofinanciable y de bajo impacto para las finanzas públicas como lo era el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a través de decisiones políticas y una consulta carente de legalidad que tendrá graves implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, además de riesgos de calificación crediticia para nuestro país?

Y en contrapartida, ¿Es adecuado realizar una nueva consulta para el “Tren Maya” en iguales circunstancias, es decir, sin fundamento jurídico y sin mecanismos de control que le den certeza y legalidad durante su ejecución? ¿Es razonable llevar a cabo una consulta poco representativa y sin la información suficiente respecto a una obra en la que el gobierno entrante ya tiene tomada su decisión? Esta dinámica parece una pantomima y un mecanismo que provoca incertidumbre entre empresarios e inversionistas, además de generar incredulidad entre la ciudadanía.

Recordemos que el presidente electo había prometido que no se cancelaría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) si se realizaba con inversión privada. Semanas después, echó para atrás en su postura y, a través de un mecanismo de consulta a modo se confirmó la decisión que él y su equipo de trabajo ya habían tomado para determinar la cancelación de esta importante obra de infraestructura e inclinarse por el aeropuerto de Santa Lucía, un proyecto por cierto que está en pañales en cuanto a su ejecución y que es considerada por MITRE una de las empresas más prestigiadas a nivel internacional en asesoría de aviación, defensa, seguridad nacional y cibernética, entre otras áreas, inviable.

El plan propuesto de operación simultánea con el actual Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) daría lugar a la creación de un sistema aeroportuario y aeroespacial congestionado, con retrasos y problemas operacionales que impedirían satisfacer la demanda de aviación a largo plazo en la Ciudad de México. Se ha demostrado técnicamente que operar ambos aeropuertos es un proceso que no sería seguro y, que incluso, podría poner en riesgo la vida de los pasajeros.

En tanto, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA), coincidió plenamente en que la operación simultánea del AICM y Santa Lucía no es factible, debido a que en la trayectoria de los aviones existe un punto de convergencia peligroso, lo que pudiera provocar ciertos problemas en la operación o hasta algún accidente de lamentables consecuencias.

Por si fuera poco, en un estudio que elaboró la Organización de Aviación Civil Internacional un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2013, determinó que la mejor opción que tenía nuestro país era la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en terrenos del lago de Texcoco.

No cabe duda de que el doble discurso y las contradicciones del gobierno entrante genera desconfianza y lanza señales erráticas a los mercados. Sin embargo, en lugar de contenerse y conforme avanzan los días, seguimos viendo alarmantes señales negativas que están generando nerviosismo de los mercados y en diversos sectores económicos.

En la Cámara de Diputados se presentó en días recientes una iniciativa para modificar la Ley de Banco de México para utilizar las reservas internacionales y fomentar el crecimiento económico y el combate a la pobreza, una acción que además de inviable atenta contra la autonomía del Banco de México.

Por su parte, en el Senado de la República se presenta una iniciativa para cancelar las comisiones bancarias, esta fue la gota que derramó el vaso y que provocó desestabilidad en los mercados financieros además de la disminución de nuestra moneda con respecto al dólar. Esto último, a pesar de que en un acto desesperado el presidente electo salió a decir que no modificaría ninguna ley que pudiera afectar la operación de los bancos en nuestro país durante los tres primeros años de su gobierno.

Pareciera entonces, que el gobierno entrante no ha entendido que los mercados se comportan de acuerdo con el desarrollo económico de los países y a partir de las perspectivas futuras, donde la certeza juega un papel primordial para las inversiones.

La contradicción más evidente es que se tiene pensado hacer la consulta del “Tren Maya” los días 24 y 25 de noviembre y, sin embargo, el gobierno entrante tiene ya previsto que la construcción del “Tren Maya” inicie el próximo 16 de diciembre. Lo anterior, incluso sin haberse dado a conocer los pormenores de la obra, es decir, el proyecto ejecutivo de la misma y los estudios de impacto ambiental que traerá su ejecución en áreas protegidas y arqueológicas de la región.

Por tanto, ¿no estamos ante una nueva simulación con una consulta a modo que no será representativa a nivel nacional y donde sabemos cuál será el resultado? y, aún peor, ¿nos encontramos frente a actos de gobierno que no van acompasados de los estudios técnicos necesarios, de una racionalidad económica y financiera, así como de la valoración pormenorizada de los impactos, económicos, sociales, culturales y medioambientales? Si esto último es correcto, nos encontramos frente a un escenario donde es imposible debatir y deliberar los asuntos públicos de manera adecuada en nuestro país. Lo cual lamentamos y ponemos de manifiesto como una actitud autoritaria.

La obra pública puede detonar el crecimiento, producir derramas económicas, generar empleo y atraer inversión. Sin embargo, la experiencia indica que las estrategias para alcanzar un desarrollo regional exitoso requieren de coincidencias en las definiciones, en la promoción y gestión de los recursos financieros para el logro de programas y proyectos. En este punto, la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la colaboración de capital público y privado, la supervisión y rendición de cuentas en cada una de sus etapas, así como la definición de los resultados esperados, plazos y compromisos, entre otros, son indispensables para la consecución de los resultados.

El desdén por el diagnóstico técnico y la mala práctica de las consultas a modo, causan sospecha y generan mucha incertidumbre. En el proyecto del “Tren Maya” se ha hablado mucho de sus bondades, pero muy poco de los riesgos y posibles repercusiones que conlleva por el trazado de la ruta en terrenos con susceptibilidad a hundimiento debido a fallas geológicas y oquedades ocultas por los cenotes en el subsuelo, que puedan representar un alto riesgo para su construcción y operación.

De acuerdo con diversos especialistas con la construcción del “Tren Maya” se generarán fraccionamientos a los ecosistemas, alteraciones al hábitat de especies endémicas como jaguares, jabalíes y monos araña, así como cambios en las poblaciones de flora, los cuales, en su conjunto, terminarán por romper al actual equilibrio ecológico ya que la construcción del tren atraviesa parte del área protegida de la reserva de la biosfera.

Asimismo, es importante analizar con profundidad la implicación cultural que podrían generar las trasgresiones a las costumbres de los pueblos y a la cultura Maya, particularmente a los conocimientos ancestrales como los agrícolas, ya que a partir de las nuevas atracciones turísticas del proyecto y los requerimientos de mano de obra, los pobladores de las comunidades se verán en la necesidad de abandonar las actividades que realizan actualmente y transitarán al sector de los servicios, terminando así con tradiciones milenarias de la región.

Las obras públicas deben contar diagnósticos claros y sólidos que les den viabilidad y sustentabilidad. De ahí que se vuelve prioritario mantener un equilibrio ecológico y comunitario, al tiempo de conocer con detalle las posibles afectaciones económicas, sociales y culturales, que traerá la construcción del “Tren Maya” a los pueblos y comunidades indígenas asentadas a lo largo de la ruta contemplada. De ahí nuestra petición para que este proyecto el cual se presume será uno de los más trascendentes del próximo gobierno, sea sometido a un análisis integral y a un amplio escrutinio público.

En México, durante muchos años se ha discutido sobre la importancia que tiene el derecho a la consulta libre, previa e informada, por parte de las comunidades y los pueblos indígenas en donde se realizan actividades mineras, agrícolas con transgénicos o donde se implementan obras de infraestructura y grandes proyectos de inversión que pueden llegar a constituirse en violaciones graves a los derechos humanos, las cuales provocan un problema de desplazamiento interno acelerado y forzoso de las zonas rurales a los cinturones de miseria en las zonas conurbadas.

La inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra, se han significado por ser una deuda histórica que por siglos de ocupación colonial que no resolvió la reforma agraria. Si bien nuestro país en su legislación contempla la consulta como un mecanismo de defensa de la propiedad social de la tierra, lejos de perfeccionarse, se ha pervertido quedando relegada a un mero trámite administrativo debido a que la autoridad no hace prevalecer todos los principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 27 de junio de 1989, donde se establece claramente que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y establecer mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que los afecte directamente.

Cuando las comunidades y pueblos indígenas no son debidamente consultados y se les deja sin posibilidad de defenderse y promover sus derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, nos encontramos ante un despojo de su territorio y de sus bienes naturales. Aún más, cuando en aras del progreso y el desarrollo se les margina y somete a condiciones que perpetúan la desigualdad social.

El derecho a la consulta tiene en sí mismo un doble cráter, por un lado, se trata de derecho humano colectivo de los pueblos indígenas íntimamente vinculado con su derecho a la libre determinación y, por el otro, se constituye como un instrumento central para garantizar la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.

Nuestro marco constitucional destaca el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación, a la igualdad e identidad cultural, al pluralismo y el respeto a su territorio y recursos naturales.

Se trata de un cuerpo normativo cuyos principios básicos son: la identificación de los pueblos indígenas y tribales, no discriminación, medidas especiales para combatir la situación de vulnerabilidad, reconocimiento de la cultura, derecho a decidir las prioridades para el desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La imposición del “Tren Maya” sin un dialogo franco y una consulta adecuada dejará a las comunidades y a los pueblos indígenas en una situación de una mayor vulnerabilidad en la toma de decisiones, lo que denota una visión que resulta a todas luces excluyente en función de que no ha existido un proceso de información, negociación y de acuerdos previos.

Esto nos invita a revalorar el derecho que la consulta libre, previa e informada tiene para el desarrollo e inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, ya que su importancia radica en la protección de derechos colectivos, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral y a la identidad y biodiversidad cultural.

No puede se entiende por ningún motivo que la estrategia del gobierno entrante sea tomar sus decisiones y llevar a cabo su agenda pública a través de consultas mal formuladas y fuera del orden jurídico. Por el contrario, sería importante que se ciñeran a lo establecido en el Artículo 35 constitucional para respetar los requisitos necesarios que hacen válida una consulta popular y como mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho de votar en torno a temas de trascendencia nacional, así como para establecer legalmente su vinculación en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

Por otra parte, si se quiere evitar la simulación en los ejercicios de consulta popular tal y como ha venido ocurriendo, sería importante que el gobierno entrante reconozca de igual forma, el mandato establecido en el Artículo 2 Apartado B de la Constitución Política en cuanto a las consultas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

La consulta es una herramienta que debe permitir proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, etnias y comunidades indígenas, al tiempo de facilitar los avances de esos derechos. Sin embargo, una y otra vez se observa que tienen serias complicaciones para acceder a procesos e instituciones formales que les permitan participar de manera activa en la toma de decisiones. Esta situación les ha dificultado tener una voz real para impactar en las decisiones que afectan los territorios donde han habitado a lo largo de generaciones.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en el Artículo 26 constitucional respecto al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, donde el Congreso de la Unión juega un papel determinante.

Si se trata de consultas, conminamos al gobierno entrante a emprender sus decisiones de política pública dentro del marco constitucional y acabar con ejercicios antidemocráticos, ilegales e irresponsables.

En este sentido vale la pena comentar que al cuestionársele al presidente electo sobre las implicaciones que conlleva el “Tren Maya”, una obra de infraestructura que será referente de su sexenio, la respuesta ha sido "Les guste o no a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso (dixit)”. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos inaceptable esta respuesta porque no responde a los cuestionamientos legítimos y de carácter técnico que trae consigo una obra de esta naturaleza.

Como puede apreciarse todos los elementos vertidos nos permiten comprender lo preocupante que resulta la falta de información en torno a un proyecto de esta envergadura, principalmente, en lo que respecta a los impactos ecológicos que generará y sus consecuencias sociales, económicas y culturales, más aún cuando se ha anunciado que las primeras licitaciones y los trámites de construcción se realizarán desde los primeros días del próximo mes de diciembre.

La sociedad mexicana merece saber que, a pesar de tratarse de una de las obras de infraestructura más importantes que realizará la próxima administración, aún no existe suficiente información que permita tener una concepción integral del proyecto, prueba de ello, es que la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo ha sostenido que desconoce el proyecto y las vialidades por donde transitará el denominado “Tren Maya”.

El Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional no está en contra del desarrollo regional y el despliegue de infraestructura física y social que se requiere para detonar acciones que beneficien al Sur-sureste de la República Mexicana, pero si nos preocupa, como ocurre también con varios sectores de la sociedad, no conocer el plan integral del proyecto del llamado “Tren Maya” y las posibles afectaciones al patrimonio histórico nacional y los daños irreversibles a los ecosistemas de este megaproyecto que no cuenta con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ni Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Basta recordar que en esa región del país se concentra el 70 por ciento de la biodiversidad con la que cuenta nuestro país.

Hemos avanzado mucho para que todos los niveles de gobierno, se tomen decisiones con base en hechos, datos y cifras, para poder generar políticas públicas adecuadas para la sociedad. El “Tren Maya” parece que va a contracorriente y que se trata de una imposición poco reflexionada en términos técnicos y que no ha tomado en cuenta los diversos factores que podrían ocasionar efectos colaterales irreparables.

Hasta el momento, no se cuentan con estudios de factibilidad que puedan constatar la generación de beneficios concretos por esta inversión, tampoco de rentabilidad de capital y beneficios sociales en el corto, mediano y largo plazos para esta región del país.

Para agilizar la construcción del tren el presidente electo ha señalado que su administración lanzará las licitaciones públicas de los contratos desde el primer momento en que asuma oficialmente la presidencia el 1 de diciembre.

A partir de lo anterior consideramos que es fundamental evitar que en los trabajos del Tren Turístico Transpeninsular “Tren Maya” se eviten delitos como conflicto de interés, peculado, actos de corrupción y desvío de recursos públicos y que  la construcción  se apegue a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su artículo 134 que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública (...), a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Hay que recordar que, en contravención a estos principios, en el Estado de Tabasco se han realizado modificaciones a su marco jurídico para flexibilizar las licitaciones y adjudicar de manera directa todas las obras de infraestructura y sin tomar en consideración los mejores precios, las capacidades operativas y técnicas de las empresas, con ello, se corre el riesgo de aplicar los recursos de manera irregular y caer en actos de corrupción.

La construcción del Tren Turístico Transpeninsular debe ponerse a consideración de expertos en la materia y a los ciudadanos para su valoración, pero no de manera simulada como pretende el gobierno entrante, sino utilizando las herramientas legales del Estado mexicano.

Finalmente, no queda claro aún de dónde van a salir los recursos públicos para costear un proyecto de tal magnitud. Hay que recordar que el presidente electo ha reiterado en varias ocasiones que no va a aumentar impuestos, mientras que los recortes salariales que afectarán a miles de servidores públicos y sus familias no le van a alcanzar.

Es contradictorio a todas luces que el presidente electo se haya opuesto desde su campaña electoral a un proyecto técnicamente viable y rentable como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por el alto costo para las finanzas públicas y, ahora, revierta su postura y anuncie la construcción del “Tren Maya” donde se emplearán miles de millones de recursos públicos y donde no se ha dado a conocer el plan ejecutivo para su consecución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores solicita al presidente electo y a su equipo de trabajo, a ser respetuosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Consulta Popular y evite la realización de consultas a modo que deberán apegarse a la legalidad con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía.

Segundo. La Cámara de Senadores exhorta al presidente electo y a su equipo de trabajo, realizar y presentar públicamente los estudios técnicos pertinentes que garanticen la viabilidad de la construcción del Tren Turístico Transpeninsular denominado “Tren Maya”.

Tercero. La Cámara de Senadores solicita al presidente electo y a su equipo de trabajo, dar a conocer los estudios que analicen y expliquen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendrá esta obra ferroviaria, particularmente los posibles impactos ambientales a las reservas ecológicas de Calakmul y de la Biósfera de Sian Ka’an.

Cuarto. La Cámara de Senadores requiere al presidente electo y a su equipo de trabajo, a que el proyecto del Tren Maya sea sometido a un análisis integral y al más amplio escrutinio público, en el que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de cultura maya de acuerdo a los principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Suscriben

Las y los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ruiz Massieu. Túrnese…

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Nahle, por favor.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Sí, lo que pasa es que ya la proponente se retiró, pero yo quiero aprovechar, porque es un tema muy importante lo que trató la Senadora.

Efectivamente hay un proyecto de infraestructura amplio en este próximo sexenio, y es un cambio, un cambio de política, un cambio de régimen y un cambio, sobre todo, de los usos y costumbres políticos de nuestro país.

¿Qué hubiéramos dado porque nos hubieran preguntado sobre todas las reformas que hizo el Presidente Peña?

¿Qué hubiéramos dado porque nos hubieran preguntado sobre el aeropuerto de Texcoco, que secan un lago y aparte el Nabor Carrillo?

¿Qué hubiéramos dado porque nos preguntaran? No lo hacen.

Hoy, el pueblo de México, nos vamos a preparar para poder opinar.

No es ninguna simulación, porque si fuera una simulación, pues, hacemos lo mismo que se ha hecho en los últimos 15 años, no hacemos nada, no oímos y no escuchamos al pueblo.

Hay estudios técnicos. Los cinco o seis gobernadores que han asistido a las reuniones de todos los partidos: PRI, PAN, de Morena y del PRD, han presentado los avances, en sus comunidades, de consulta, el derecho de vía que ya existe. No hay impacto ambiental porque ya existe la vía, casi más de la mitad ya existe.

¿Consultas a los pueblos?

Los propios gobernadores han estado haciendo consultas, es un gran proyecto. El sur se lo merece.

Desde hace mucho tiempo, desde hace más de 15 años hemos sido olvidados en el sur de la república. Sacamos la riqueza de allá y hemos estado abonando para la riqueza y el desarrollo del centro y del norte.

Hoy le toca al sur. El Tren Maya va, y nos va a ir muy bien.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rocío Nahle.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, señora Presidenta.

Creo que hay una confusión.

Fui enfática en señalar que para los Senadores y Senadoras del PRI no consiste en una oposición al proyecto del Tren Maya, ni tenemos una oposición a las consultas populares.

A lo que nos oponemos es a consultas que no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para que sean legítimas y tengan vinculatoriedad, como el ejercicio que se hizo hace unas semanas respecto del aeropuerto y como el ejercicio que se propone.

Lo vuelvo a repetir para que no haya duda. Sí a las consultas populares que cumplan con los requisitos legales y constitucionales.

Sí a los proyectos de infraestructura turística, como puede ser el Tren Maya, que detone desarrollo incluyente y encadenamiento productivo, que ponga en valor nuestro patrimonio cultural y natural; pero no, si no se cuenta con los estudios de factibilidad, proyecto ejecutivo, financiamiento, impacto ambiental, como parece ser el caso de este proyecto.

Lo que estamos pidiendo, creo que nadie se puede oponer, que se respete la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular.

Que se hagan públicos los estudios técnicos pertinentes, que garanticen la viabilidad del proyecto, porque hasta donde se sabe solamente hay algunos estudios respecto de, más o menos, la mitad del total de lo que entrañaría este proyecto, que no nos engañemos.

Pasa por en medio de reservas naturales importantes, incluso algunas que son patrimonio natural de la humanidad, otras que son patrimonio mixto, como es el caso de Calakmul, y que ponen en riesgo, si no se tienen estos estudios técnicos y de impacto ambiental, el patrimonio cultural y el patrimonio natural de todos los mexicanos.

¿Qué más estamos pidiendo? Pues, que se analicen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendría que este proyecto en Calakmul y en la reserva de la biósfera de Sian Ka´an. No creo que nadie se pueda oponer a esto.

Y lo último que estamos pidiendo, que el proyecto del Tren Maya se someta a un análisis integral y al más amplio escrutinio público, y que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de la Cultura Maya, tal como lo establece los principios del Convenio 169 de la OIT.

No entiendo dónde está la discrepancia. Salvo que ustedes quieran consultas que no cumplan con los requisitos legales, ni constitucionales, y que pongan en riesgo la viabilidad del proyecto, que es un buen proyecto si detona desarrollo incluyente, pero cuida nuestro patrimonio natural y cultural.

Simplemente para aclarar, por alusiones.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ruiz    Massieu.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Va a hacer pregunta.

La Senadora Rocío Nahle tiene otra pregunta, Senadora Claudia, antes de que turne yo a la comisión.

A ver, sonido en el escaño de la Senadora Nahle, por favor.

Dice que no es pregunta.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) A ver, no es pregunta, nada más es alusión a la respuesta que me dio la Senadora.

Efectivamente, en todos los puntos que tiene y que ha mencionado, qué bueno, me da mucho gusto que estén de acuerdo, y las dudas que puedan tener se las vamos a aclarar.

Y les vuelvo a decir: Los gobernadores del PRI, como el de Campeche; de Yucatán, del PAN; del PRD, de Tabasco, tienen todos los estudios, ya se los hubieran dicho, pero no hay problema, vamos a hacer una invitación para que tengan esto y sea público.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora Rocio Nahle. Túrnese a la Comisión de Minería y de Desarrollo Regional.






Se concede el uso de la tribuna a la Senador Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a atender las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores, Senadoras y Senadores:

El exhorto que vengo a presentar tiene su origen en un encuentro que tuve hace algunos días con las madres de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.

La Red Mundial de Madres tuvo su reunión aquí en México hace unos días, y ya regresaron a sus naciones, y ellas lo que piden son dos cosas muy básicas que cualquier país que se diga democrático, debería ser:

La primera, que la PGR atienda las denuncias interpuestas por esta red, por los miembros de esta red.

Y la segunda, que den a conocer los protocolos de búsqueda que han sido implementado para localizar el paradero final de sus seres queridos.

Y en honor a todas ellas, en honor a su lucha, en honor a su esfuerzo, quiero utilizar el tiempo que tengo para leer una parte del manifiesto de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.

“Manifiesto de las Madres al mundo. La Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania, Estados Unidos y sus aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para manifestar nuestra solidaridad con las familias de migrantes, internos e internacionales que se han desaparecido en el camino. Además nos solidarizamos con las familias de las víctimas de desaparición forzada en todo este adolorido mundo, donde reina la impunidad, la violencia y el racismo.

Unificamos nuestro amor, dolor y lucha a todas las madres, familiares y aliados que buscan a sus seres queridos.

Reivindicamos el papel indispensable de las madres indígenas, campesinas, urbanas en la búsqueda de sus hijos, en búsqueda de la justicia.

El proceso de desplazamiento forzado en todo el mundo ha obligado a las personas a dejar atrás su lugar de origen, su país, y sus seres queridos migran para preservar su vida y la vida de sus familias, para salir de la violencia social generalizada, de las guerras y de los conflictos, de la pobreza generada por el extractivismo, los mega proyectos y el neoliberalismo que ha permeado en todos los ámbitos de la vida, de la violencia estatal y de los pactos de impunidad entre gobiernos y grupos delictivos, del cambio climático y la destrucción ambiental que arremeten contra las poblaciones.

Demandamos un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Hacemos un llamado particular a cumplir con los compromisos internacionales de protección a los menores de edad, a las mujeres, a los indígenas y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad y a trabajar en la prevención de los factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estas poblaciones. En la práctica los gobiernos no están cumpliendo con los instrumentos internacionales y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática al negar a las personas el derecho al libre tránsito, al negar medidas humanitarias a las personas migrantes, y al no garantizar el derecho a la vida y responder con detenciones, deportaciones, amenazas, revictimización y más violencia. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es clandestina. Son las políticas que nos criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional.

Nosotras, las madres del mundo:

Demandamos que cese la separación de familias ya que es una práctica inhumana y degradante.

Exigimos que los Estados asuman su responsabilidad de respetar la ley y garantizar los derechos humanos. Nuestros territorios y nuestros mares se han convertido en grandes fosas, nos oponemos a la normalización de esta violencia.

Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes en condiciones de seguridad y de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familias desaparecidas por los territorios donde pudieran encontrarse.

Demandamos el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos.

La lucha y la esperanza no se agotan, nada puede parar una madre que busca a su hijo o a su hija, las madres derribarán todas las barreras y recorrerán todos los kilómetros necesarios hasta llegar a la verdad.

Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables, hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras e hijos.
Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño sembrando vida en lugar de muerte.

Desde nuestro dolor, desde nuestro amor, les abrazamos fuertemente.

¡Ninguna persona es clandestina! ¡Por el derecho a la verdad y a la justicia!

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA PGR QUE SEAN ATENDIDAS LAS DENUNCIAS HECHAS POR LAS MADRES DE MIGRANTES DESAPARECIDAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos realiza año con año el largo recorrido de cerca de 4 mil kilómetros, en búsqueda de sus hijos que han desaparecido en territorio mexicano al intentar cruzar la ruta migratoria.

Dicha caravana, que formó parte de la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, ha manifestado que requiere tanto de la solidaridad por parte de la sociedad mexicana, como del apoyo de autoridades mexicanas que atiendan las distintas denuncias realizadas para localizar o conocer el paradero de sus hijos, exigiendo en tomo momento su derecho a la verdad y a la justicia.

La Caravana se encuentra conformada principalmente por madres y familiares de origen centroamericano, pero que debido a su “lucha por encontrar a sus seres queridos y reunir sus familiares por el fenómeno de desplazamiento forzado”, ha logrado que otras madres y familiares de distintas nacionalidades se unan a la causa.

Uno de sus planteamientos, adicionalmente a la localización de sus seres queridos, es dar a conocer que “los actuales modelos de gestión de la migración no están atendiendo la verdadera problemática”, y solamente termina por criminalizar a aquellas personas que se ven obligados a abandonar sus hogares.

El movimiento de madres de migrantes desaparecidos demanda el respeto de lo derechos humanos de toda persona que se encuentre en calidad de migrante, donde se garantice su seguridad en estricto apego a los instrumentos internacionales en la materia.

II. A continuación se plasma el manifiesto presentado en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, quienes adicionalmente acordaron la creación de su Red Mundial con la finalidad de unir esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos:

“MANIFIESTO DE LAS MADRES AL MUNDO

Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos

La “Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos“, conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania, y Estados Unidos y sus aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para manifestar nuestra solidaridad con las familias de migrantes, internos e internacionales, que se han desaparecidos en el camino. Además nos solidarizamos con las familias de víctimas de desaparición forzada en todo este adolorido mundo, donde reinan la impunidad, la violencia y el racismo.

Unificamos nuestro amor, dolor y lucha a todas las madres, familiares y aliados que buscan a sus seres queridos. Revindicamos el papel indispensable de las madres—indígenas, campesinas, urbanas—en la búsqueda de sus hijos de la justicia.

El proceso de desplazamiento forzado en todo el mundo ha obligado a las personas a dejar atrás su lugar de origen, su país y sus seres queridos. Migran para preservar su vida y la vida de sus familias de la violencia social generalizada; de las guerras y conflictos; de la pobreza generada por el extractivismo, los megaproyectos y el neoliberalismo que ha permeado todos los ámbitos de la vida; de la violencia estatal y los pactos de impunidad entre gobiernos y grupos delictivos; del cambio climático y la destrucción ambiental que arremeten contra las poblaciones.

Demandamos un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, y las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Hacemos un llamado en particular a cumplir con los compromisos internacionales de protección de los menores de edad, las mujeres, los indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, y trabajar en la prevención de los factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estas poblaciones. En la práctica, los gobiernos no están cumpliendo con los instrumentos internacionales y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática al negar a las personas el derecho al libre tránsito, al negar medidas humanitarias a las personas migrantes, y al no garantizar el derecho a la vida y responder con detenciones, deportaciones, amenazas, revictimización y más violencia. Ninguna persona es ilegal; ninguna persona es clandestinas. Son las políticas que nos criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional.

Nosotras, las madres del mundo:

* Demandamos que se cese la separación de familias ya que es una práctica inhumana y degradante. Esta separación de familias sucede en los centros de detención, y como resultado de la migración forzada y de las deportaciones.

* Exigimos que los Estados asuman su responsabilidad de respetar la ley y garantizar los derechos humanos. Nuestros territorios y nuestros mares se han convertido en grandes fosas. Nos oponemos a la normalización de esta violencia.

* Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes, en condiciones de seguridad, y de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familiares desaparecidos por los territorios donde pudieran encontrarse.

* Demandamos el derecho a la verdad y el esclarecimiento de hechos

Tenemos la certeza de que estas demandas se sustentan en las obligaciones internacionales de los Estados por ser signatarios de instrumentos internacionales que protegen a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y asiladas. La lucha y la esperanza no se agotan. Nada puede parar a una madre que busca su hijo o su hija. Las madres derribarán todas las barreras y recorrerán todos los kilómetros necesarios hasta llegar a la verdad.

Hacemos un llamado a la sociedad internacional para sensibilizarse con estas historias y esta causa. Exigimos la no repetición de estos hechos que tanto daño han causado. Ninguna familia debería conocer este dolor. Las acciones que tomemos ahora son la clave para prevenir más desapariciones.

Migrar es un Derecho. No migrar también lo es. Por tanto, responsabilizamos a los Estados del mundo por el dolor que nos ha reunido en esta Cumbre, y reclamamos el derecho de todas y todos a una vida digna, en cualquier país en que se encuentre.  Las caravanas de madres que buscan a sus hijas e hijos, no son solamente una respuesta ante la indisposición de los Estados de realizar esta búsqueda, sino que estas caravanas son en sí mismas formas de buscar personas y a la vez buscar y exigir la verdad y la justicia; de crear otros mundos posibles, contrarios a las geografías del terror.

Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos remplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable, que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte.

Desde nuestro dolor y nuestro amor, les abrazamos fuertemente.

¡Ninguna persona es clandestina! ¡Por el derecho a la verdad y a la Justicia!

Estados: Omisión, Negligencia, Colusión, Protección, Complicidad y/o Aquiescencia”

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que sean atendidas las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares.

Atentamente

Senado de la República, el 20 noviembre de 2018.

Sen. Verónica Delgadillo García.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Delgadillo García Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de Comisiones Intersecretariales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se incorpora, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda de primera lectura. En la siguiente sesión se realizarán los trámites correspondientes a la segunda lectura de este dictamen.






Hago del conocimiento del Pleno que recibimos en la Mesa Directiva otro dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Federal.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El dictamen está en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. El dictamen queda de primera lectura. Y se abordarán los trámites relacionados con la segunda lectura en la próxima sesión plenaria del Senado.

Sonido en el escaño del Senador Julen Rementería, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para comentarle, señor Presidente, una observación.

Estuve buscando, pero no aparece todavía aquí en la pantalla, entonces, nada más para que le diga a Servicios Parlamentarios o a quien corresponda que nos haga favor de que vean que aparezca, porque lo estaba yo buscando.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Julen Rementeria.

Pido al apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios que le muestre la información al Senador, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senador.

Sonido en el escaño del Senador Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Me dice aquí el joven que apenas se está cargando. Por lo tanto, en el momento que se votó no estaba a disposición nuestra, nada más quiero hacer esa precisión.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pues aquí está en esta pantalla, bueno, pues ya es un problema técnico particular, pero ahora sí que aquí vimos el dictamen, está en la bandeja de entrada.

Pido que se auxilie al Senador, por favor, pero en el momento en que lo dimos a conocer, preciso para los efectos correspondientes, en la bandeja de entrada encontramos en nuestras pantallas la información relativa al dictamen.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta Pública 2016.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, con el permiso de la Mesa Directiva y el Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este mes por primera vez en la historia de Puebla los Diputados locales decidieron reabrir la cuenta pública de un ex gobernador.

Quiero ser más específica, la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena, PT y PES, estos tres partidos, solicitaron reabrir la cuenta pública de un ex gobernador por estar plagada de señalamientos de opacidad y falta de fiscalización.

Esto no debió pasar en el México que queremos, porque para tener ese México que queremos, necesitamos promover el control, la transparencia y la fiscalización de recursos públicos.

Sólo así, podremos combatir el manejo irregular de los mismos.

No sabemos, como parte de este cambio, qué va a suceder con esta Cuenta Pública, pero lo que sí sabemos es que estamos al servicio de la ciudadanía y que debemos de estar a la altura de la encomienda.

A diferencia de muchos otros gobiernos, nosotros haremos las cosas con honestidad y transparencia, ese debe ser el comienzo que debemos generar, por eso el día de hoy me presento frente a esta Soberanía no sólo a nombre propio, a nombre de 22 Diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia”, del Congreso del estado de Puebla que están siendo víctimas de amenazas ante sus demandas de transparencia y de la correcta fiscalización de los recursos estatales.

También a nombre de la mayoría de las y los poblanos, ya no más opacidad, ya no más desvío de recursos, ya no más intimidaciones a los representantes del pueblo.

Es inaceptable que en el estado de Puebla, el recurrir a la defensa de los principios constitucionales pueda representar un riesgo a nuestra integridad. No es posible que medios de comunicación, analistas, académicos hayan denunciado en diversas ocasiones y en distintos foros que el gobierno del estado de Puebla ha contraído obligaciones financieras que no han sido ni fiscalizadas, ni transparentadas.

Acorde a diversas investigaciones, algunos casos en los ingresos, de los que estoy hablando de esta opacidad, esta la construcción del Centro Integral de Servicios, que le costó a los poblanos 4 mil 500 millones de pesos, del famoso Museo Barroco, que nos costó más de 7 mil millones de pesos.

Por supuesto que estas cifras no son menores, y como habrán escuchado, sólo estoy enumerando dos partidas de las muchas que se encuentran sin fiscalizar ni transparentar.

Se nos mencionó durante muchos años que no se contrajo deuda alguna en el estado de Puebla, pero se utilizaron mecanismos financieros para intentar burlar a la ciudadanía, así como a las autoridades encargadas de la fiscalización y la transparencia.

Un ejemplo de estos mecanismos son los fideicomisos de financiamiento, donde se comprometieron recursos estatales por más de dos décadas, mismos de los que nadie sabe nada, donde no existe transparencia, ni control, ni fiscalización.

El mismo pleno de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que los fideicomisos de esta naturaleza no deben excluir de las normas aplicables a la administración pública, incluso que los mismos, al contraer verdaderas formas de financiamiento y endeudamiento, deberían ser considerados como tal y contar con la participación correspondiente del Congreso.

Asimismo, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron diversas irregularidades en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente, hasta por la cantidad de 4 mil 570 millones de pesos.

Por ello, ante la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno del estado de Puebla, así como por tratarse de asuntos de interés público, presento este punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus respectivas consecuencias y atribuciones remita un informe pormenorizado sobre la utilización de estos recursos ejercidos en la Cuenta Pública 2016, así como los fideicomisos privados signados por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, durante su gestión como gobernador del estado de Puebla.

Y también a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para que emita un informe sobre la existencia, o no, de posibles riesgos o daños causados al estado de Puebla.

Lo anterior con el objetivo de dar claridad, certeza y trasparencia sobre la utilización de los recursos públicos

Los poblanos no queremos este tipo de conductas, los mexicanos ya no estamos dispuestos a tolerarlas.

Estoy convencida de que esta transformación nacional de la que hablo ya empezó y ha llegado para poner un alto a la forma de gobernar que caracterizó a la administración pasada.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita Senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PUEBLA, ASÍ COMO AL  INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, A FISCALIZAR Y TRANSPARENTAR, RESPECTIVAMENTE,  LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL FIDEICOMISO F/ 0144, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La importancia que tiene el control, transparencia y fiscalización sobre los recursos que ejercen tanto la administración pública federal, así como de las entidades federativas, con la finalidad de que se cumpla con la legalidad y se tenga certeza en la correcta utilización de estos, es fundamental para garantizar un estado democrático de derecho. Asimismo, es un instrumento primordial para observar que el actuar de los servidores públicos sea responsable.

En este sentido, la necesidad de la fiscalización en el sector público es indispensable para combatir los manejos irregulares de los recursos, así como como tener más eficiencia en el ejercicio del gasto público. De tal suerte, el objetivo central es evitar y atender el problema de la corrupción, situación que se ha posicionado como uno de los reclamos más fervientes de nuestra sociedad; pues, fomenta la inestabilidad y desconfianza en los órganos de gobierno.

Ahora bien, medios de comunicación, analistas y académicos han denunciado en diversas ocasiones y en distintos foros que en los últimos años el estado de Puebla contrajo obligaciones financieras que no han sido fiscalizadas, ni transparentadas. Comprometiendo, según aseveran, no solo recursos estatales, sino que también federales, por medio de instrumentos financieros consistentes en fideicomisos de financiamiento.

Según el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, los ingresos del estado también están comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), con el cual se contrajeron pasivos por 4,500 millones de pesos; para la edificación del Museo Internacional del Barroco, que significo pasivos por 7,176 millones de pesos, y para financiar el apoyo a la instalación de la planta armadora de Audi, pasivos por 10,800 millones de pesos.

Cabe mencionar que los pasivos por dichas obras suman 22 mil 476 millones de pesos, las obligaciones fueron contraídas a largo plazo y se financiaron bajo el fideicomiso 0144; situación de la que se tiene conocimiento por las diversas investigaciones académicas y periodísticas, pues, por desgracia no se han transparentado o auditado.

En este orden de ideas, el numeral 2, fracción XXIII, de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas para el estado de puebla dispone, en la parte conducente, lo siguiente: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

[…] SUJETOS DE REVISIÓN. - […] cualquier fideicomiso privado cuando haya recibido por cualquier título, recursos públicos municipales, estatales o en su caso federales, […]”

Acorde a lo arriba transcrito, se puede concluir válidamente que todos los fideicomisos privados que han recibido recursos públicos, como lo es el F/0144, son sujetos de revisión por parte de la Auditoria Superior del Estado de Puebla. Por otro lado, el artículo 1, segundo párrafo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

[…] 

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.”

En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación tiene la facultad de fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de fideicomisos; situación que, en el caso concreto, atendiendo a la opacidad de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno del Estado de Puebla, no se tiene la certeza de que se hayan utilizado o no recursos federales.

Como se ha mencionado, uno de los grandes problemas de nuestro país es el de la corrupción, situación que se debe, principalmente, a la prevalencia de la cultura del secreto de las actividades gubernamentales. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información en sus artículos 6°, 7° y 8°; asimismo existen normas secundarias federales y estatales que consagran y regulan este principio, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Se ha establecido que el derecho a la información es el conjunto de normas que garantizan a cualquier ciudadano acceso libre a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones que tendrán que cumplirse por parte de los “sujetos obligados”. De tal suerte, el numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla establece que:

ARTÍCULO 2.- Los sujetos obligados de esta Ley son:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;

IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso;

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;

VI. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;

VII. Los Partidos Políticos;

VIII. Fideicomisos y fondos públicos, y

IX. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.”

El artículo antes transcrito, menciona quienes son los sujetos obligados, mientras que el numeral tres menciona que estos atenderán “a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad”. Como se puede apreciar el F/0144, erróneamente, tiene el carácter de privado, pues, su patrimonio está constituido de por recursos públicos; el Pleno de la Corte ha señalado, principalmente en la acción de constitucionalidad 163/2007, que no se debe excluir a los fideicomisos de financiamiento (que están constituidos por fondos públicos) de la normativa aplicable a la administración pública.

Por lo tanto, y al utilizar fondos públicos para la consecución de su fin, así como para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el mismo, el F/0144 debe ser transparentado. De lo contrario se estaría promoviendo la consolidación de un sistema autocrático que manipula y controla la información del gobierno, es decir, la opacidad de las administraciones pasadas en el Estado de Puebla.

Cuando lo que se debería propiciar es la participación ciudadana y el derecho al acceso a la información gubernamental, así como que exista la certeza de la correcta utilización de los recursos públicos por medio de la auditoria correspondiente. Por ello, lo que se pretende solicitar tanto a las Auditorias (Federal y Local), así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, es el transparentar y fiscalizar los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 0144.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoria Superior del Estado Puebla, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 0144, por el Gobierno del Estado de Puebla.

Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Nancy De la Sierra Arámburo. Túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.






Enseguida vamos a darle el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, para presentar a nombre del grupo parlamentario del PVEM, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a analizar la pertinencia y en su caso, iniciar el procedimiento legal correspondiente para que el gobierno de México suscriba el “Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos”. Y una vez terminada esta exposición, consultaremos sobre la continuidad de la sesión.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2018, un planeta sin contaminación por plásticos celebrado el pasado 5 de junio, tuvo como objetivo llamar la atención global sobre la imperiosa necesidad de reducir la producción y consumo excesivo de plásticos, particularmente de aquellos de un solo uso.

Las cifras no son alentadoras, de acuerdo con el Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto en el mundo.

El uso excesivo del plástico ha generado graves e irreversibles consecuencias en el equilibrio ecológico del planeta, el Secretario General de la ONU, António Guterres ha expresado que ya hay más microplásticos en los mares que estrellas en nuestra galaxia, y que de mantenerse la tendencia actual, en el año 2050 nuestros océanos tendrán más plástico que peces.

Además, de acuerdo con la ONU, los empaques representan uno de los principales usos del plástico, cerca de un tercio de todo el plástico que se produce en el mundo se convierte en empaques.

En este contexto el 29 de octubre de 2018, los mayores productores de empaques plásticos del mundo suscribieron el compromiso global con la nueva economía mundial, impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Este compromiso tiene como objetivo crear un nuevo paradigma en el ciclo productivo de los plásticos, uno basado en lógicas más sustentables y no en el uso y descarte.

Fue firmado por empresas que usan el 20 por ciento de todos los envases de plástico que se producen en el mundo, como Danone, Coca Cola y PepsiCo, además de compañías productoras de envases y compañías fabricantes de plásticos.

Si bien este compromiso ha sido suscrito en principio por empresas, la ONU ha instado a los gobiernos del mundo a adherirse al mismo, con el objeto de que establezcan políticas públicas y condiciones para reducir el uso de empaques de plástico y para mejorar su gestión.

El compromiso global por la nueva economía mundial, es reflejo de los esfuerzos cada vez más frecuentes y urgentes para impulsar la transición de una economía lineal, basada en la lógica de crear, utilizar y desechar a una economía circular en la lógica de regenerar, para que los productos mantengan su utilidad y valor en todo momento.

En este sentido, resulta de suma relevancia que México participe de estas iniciativas para fortalecer las capacidades del Estado e impulsar mejores políticas públicas que fomenten lógicas de producción sustentable y que fortalezcan el compromiso de México con un medio ambiente sano.

La escritora Susan Freinkel, afirma que el plástico debería ser utilizado sólo en productos que van a durar un largo tiempo.

Dado que como ya explica tomar petróleo y gas natural que tardaron miles de años en producirse y después convertirlos en productos descartables con una vida útil de minutos o segundos, no es una forma inteligente de utilizar nuestros recursos.

A lo descrito por Susan Freinkel, yo agregaría que utilizar y desechar plásticos indiscriminadamente, además va en contra de la supervivencia misma de la humanidad y del planeta.

Por ello, los Senadores y Senadoras del Partido Verde proponemos este punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones analicen la pertinencia y, en su caso, inicie el procedimiento legal para que el gobierno de México suscriba el “Compromiso Global por la Nueva Economía de Plásticos”.

Los aquí presentes tenemos una impostergable responsabilidad con el diseño de políticas de corresponsabilidad en la protección del medio ambiente.

Estoy convencida de que adherirnos a compromisos internacionales como éste, ponen a México en el camino correcto para construir nuevas formas de producir, consumir y vivir en el planeta. Formas más sostenibles y justas para nuestro presente y para nuestro futuro.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ y los Senadores VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT, GABRIELA BENAVIDES COBOS, ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN, EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA Y RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, , fracción II y 276, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ANALICE LA PERTINENCIA, Y EN SU CASO, INICIE EL PROCEDIMIENTO LEGAL CORRESPONDIENTE PARA QUE EL GOBIERNO DE MÉXICO SUSCRIBA EL “COMPROMISO GLOBAL POR LA NUEVA ECONOMÍA DE LOS PLÁSTICOS”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente1 2018 celebrado el 5 de junio “Un planeta #SinContaminación por plásticos”, tuvo como objetivo llamar la atención mundial sobre la imperiosa necesidad de reducir la producción y consumo excesivo de plásticos, particularmente de aquellos de un solo uso.

Las cifras no son alentadoras: de acuerdo con Leo Heileman, Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto.2 En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo por la degradación por residuos sólidos urbanos en 2016 representó el 0.3% del PIB, del cual 11.6% correspondió al uso de residuos plásticos.3

El uso excesivo del plástico, particularmente de aquellos de un solo uso, ha generado graves e irreversibles consecuencias en el equilibrio ecológico del planeta. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado que “Ya hay más microplásticos en los mares que estrellas en nuestra galaxia” y que de mantenerse la “tendencia actual, en 2050 nuestros océanos tendrán más plástico que peces.”4 Además, de acuerdo con la ONU, los empaques representan uno de los principales usos del plástico: cerca de un tercio de todo el plástico que se produce en el mundo se convierte en empaques.5

En este contexto, el 29 de octubre de este año, diversas compañías suscribieron el “Compromiso Global por la Nueva Economía Mundial” impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Este compromiso tiene como objetivo crear una nueva normalidad en todo el ciclo productivo de los plásticos. Por lo anterior, fue firmado por empresas que utilizan el 20% de todos los envases de plástico del mundo como DANONE, The Coca Cola Company y Pepsico; compañías productoras de envases como Amcor; y compañías fabricantes de plásticos como Novamont. Además, este importante Compromiso Global establece que las compañías firmantes informarán cada año sobre su progreso en el impulso de las siguientes acciones:6

1. Eliminar empaques plásticos innecesarios y sustituir los empaques de plásticos con opciones sostenibles;

2. Implementar modelos de reutilización con el objetivo de reducir significativamente los plásticos de un solo uso;

3. Innovar en la creación de empaques de plástico 100% reutilizables, reciclables y compostables; y

4. Liberar envases de plástico de productos químicos peligrosos para que no dañen la salud, la seguridad y los derechos de las personas.

Si bien este Compromiso ha sido suscrito en principio únicamente por empresas, la ONU ha instado a los gobiernos del mundo a adherirse al mismo con el objeto de que establezcan políticas públicas y condiciones para reducir el uso de empaques de plástico y para mejorar su gestión.

Esta iniciativa es reflejo de los esfuerzos, cada vez más frecuentes y urgentes, para impulsar la transición de una economía líneal basada en la lógica de crear-utilizar-desechar, a una economía circular cuya lógica sea la de regenerar para que los productos mantengan su utilidad y valor en todo momento.7

En ese sentido, resulta de suma relevancia que México participe de estas iniciativas para fortalecer las capacidades del Estado e impulsar mejores políticas públicas que fomenten lógicas de producción sustentables, y refrenden el compromiso de México con un medio ambiente sano.

La visión sobre el consumo, uso y producción de plástico debe cambiar, como afirma la escritora Susan Freinkel en “Plástico: un idilio tóxico” : “el plástico debería ser un material de muy alto valor (...) debería estar en productos que van a durar un largo tiempo, y después, al final de su ciclo, ser reciclado. El tomar petróleo y gas natural que tardaron miles de años en producirse y después convertirlos en productos descartables con una vida útil de minutos o segundos, no es una forma inteligente de utilizar nuestros recursos.” 8

Por ello, y por nuestra impostergable responsabilidad con el diseño de políticas de corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, y con pensar nuevas formas de producir, consumir y estar en el planeta, formas más sostenibles y justas, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la pertinencia, y en su caso, se inicie el procedimiento legal para que el Gobierno de México suscriba el “Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos”.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz.

1 Establecido en 1974 por la Organización de las Naciones Unidas.

2 “Mensaje del Secretario General António Guterres”. Naciones Unidas. 5 de junio de 2018. Disponible en :
http://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.shtml

3 “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 4 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ambiente2018_Nal.pdf

4 “Mensaje del Secretario General António Guterres”. Naciones Unidas. 5 de junio de 2018. Disponible en :
http://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.shtml

5 Comunicado de prensa. Principales productores de plástico firman acuerdo global contra la contaminación. ONU Medio Ambiente. 29 de octubre de 2018. Disponible:
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/principales-productores-de-plastico-
firman-acuerdo-global

6 Ibidem.

7 “Economía circular”. Ellen MacArthur Foundation. 31 de octubre 2018. Disponible:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto

8 Freinkel, Susan. Plastic: A Toxic Love Story. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2011.p. 167

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Lagunes Soto. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.






La Junta de Coordinación Política remitió dos Acuerdos a esta Mesa Directiva:

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.

Y otro, en relación con la deuda del estado de Nayarit.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los dos Acuerdos a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, daremos trámite al acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Acuerdo está a discusión.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mencionado Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Pasamos al trámite del Acuerdo en relación con la deuda del estado de Nayarit. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Acuerdo está a discusión.

Al no haber oradoras u oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo en relación con la deuda del estado de Nayarit. Comuníquese.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hace unos días, para ser preciso el día de ayer, sale una nota en uno de los principales medios de comunicación del país, el diario Reforma, donde consignaba una nota por demás preocupante, decía, que, y tenía un documento donde se proyectaba una disminución de más del 30 por ciento en el presupuesto para el 2019 a las diversas escuelas públicas, universidades, preparatorias, etcétera.

Oportunamente salió quien se ha dicho que va a ser el próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, puntualizando que eso había sido un “errorcito”, y ojalá que de verdad sea eso, porque hoy día la educación pública, y sobre todo a Nivel Medio Superior y Superior es un pilar importante en el desarrollo social, en la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, en la misma movilidad social.

Se calcula que aquel que termina la preparatoria y aquel que termina la universidad tiene, por supuesto, que una posibilidad mucho mayor de tener mejores expectativas que aquel que solamente termina la secundaria, el cálculo es que el que va y solamente concluye la secundaria percibe en su trabajo, en su empleo el 65 por ciento de aquel que termina una carrera universitaria.

Quiero leer un listado de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, de lo que integra nuestro sistema educativo a Nivel Medio Superior y Superior, ahí se encuentran universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades públicas estatales con apoyo solidario, institutos y universidades tecnológicas, universidades politécnicas, la Universidad Pedagógica Nacional, la universidad abierta y a distancia de México; las universidades interculturales, los centros públicos de investigación y las escuelas normales públicas.

Yo creo que en este listado que he enumerado ahorita, muchos de nosotros nos hemos educado, la UNAM, el Poli, la UAM, la UAEM o cada una de las universidades estatales en nuestras respectivas entidades nos han proporcionado a nosotros una educación.

Hoy que está a discusión el tema de la descomposición social en nuestro país, la educación es un elemento fundamental que no se puede descuidar ni se puede debilitar a partir de su presupuesto.

Nosotros tenemos entonces que ser corresponsables con quienes ahorita están fincando sus expectativas de superación en esta vida en la universidad o en los estudios que nos da la universidad pública, por algo muy sencillo, la educación privada, por supuesto que es prohibitiva para un sector importante de nuestra sociedad.

Cuando yo leía esa nota, honestamente les digo, me preocupé, pero después vino la aclaración y viene, se regresa a la tranquilidad.

Pero no está de más, mis queridos compañeros y compañeras, Senadores Senadoras que esta Soberanía se manifieste, que podamos, insisto porque hoy el país nos lo exige, que hagamos un exhorto, este es un tema presupuestal, una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

Por eso les quiero proponer a ustedes el siguiente punto de Acuerdo, mediante el cual respetuosamente exhortamos a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

Es cuanto, y está a su consideración.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zepeda Hernández.

Sonido en el escaño del Senador Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Señor Presidente, si le pudiera preguntar al Senador Juan Zepeda si nos permite también adherirnos a esta proposición con punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: También todo el grupo parlamentario del PAN. El Senador Zepeda acepta. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de






El siguiente turno corresponde al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Sin embargo, dicho grupo parlamentario ha cedido su lugar al Senador Félix Salgado Macedonio del grupo parlamentario del Partido Morena, quien, por lo tanto, tiene la palabra para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración de Elba Esther Gordillo.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Como es del dominio público, todos sabemos que la señora Elba Esther Gordillo quedó libre después de estar en prisión cinco años, pero ella fue acusada por desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más de 2 mil millones de pesos.

La PGR interpuso la querella en su contra, y, entre dimes y diretes entre la PGR, los jueces y los magistrados, la señora logró su libertad, porque supuestamente en lugar de poner querella, debió haber sido denuncia.

Y, por ese hecho, la señora goza de absoluta libertad.

Cuando sus abogados alegaban que la señora estaba enferma, muy enferma, y por eso pedían prisión domiciliaria, y que además era una señora de muy avanzada edad; y la justicia fue benévola con ella.

Y, ya después vimos que la señora no está enferma, está bien buena, está bien sana, y se casó, y con un chavalón de mi tierra, de Guerrero, y quiere volver al sindicato, a liderar el sindicato, y está obviamente en todo su derecho.

El problema es éste, ¿por qué no hay castigo verdadero a quienes se roban el dinero?

Cómo es posible que la señora que fue acusada por delincuencia organizada, ¡fue acusada por delincuencia organizada!, la lideresa del SNTE.

Y la PGR, de esos fiscales que ustedes han puesto en alto su honor, que los presumen, tanto el PRI como el PAN, y se les escapan los delincuentes.

Antes decíamos PRIAN, ahora decimos PAN-PRI, porque ahora resulta que el alumno salió mejor que el maestros hay más Senadores del PAN que del PRI, y antes era PRI AN, porque era más fuerte, era más grande que el PAN, pero ahora resulta que el PAN ya es más grande que el PRI, ahí están los colores en su pantalla.

Bueno, mire, es como para una película, otra película, la película de transparencia, de ejemplo de honradez.

Elba Esther Gordillo militó 20 años en el PRI y 23 años en el SNTE, comenzó su carrera muy joven, tres veces Diputada federal, y Senadora de la República por el PRI, después fue Secretaria General del PRI.

Ha tenido buenos cargos, ahora resulta que está libre, porque el entonces procurador Jesús Murillo Karam, el cansado, el que dice que renunció porque se cansó, él dijo que entre 2008 y 2012 se desviaron más de 2 mil millones de pesos de cuentas de trabajadores del SNTE a cuentas de personas físicas, y una más a persona moral, una empresa que pertenecía a su familia, y las cuentas, ahí están, y los depósitos, y el desvío ahí está.

Sin embargo, la señora salió pese a todo que estuvo comprobado.

Y bueno, yo quisiera pedir a todos ustedes que les gusta la honradez, que no les gusta la corrupción, que apoyen este punto de Acuerdo porque es necesario que nos digan.

¿Por qué la señora sale en libertad y aparte, pues, por qué se le exonera? Por qué se le exoneró, o sea, es inocente, y entonces, si es inocente, pues ahora a la señora hay que repararle el daño, entonces, ahora hay que pagarle a la señora, porque se le causó un gran daño moral.

No hay que dejar las cosas a medias. Se tiene que saber por qué salió la señora de la cárcel.

Y si la señora ha sido exonerada y estuvo cinco años presa injustamente, pues entonces hay que repararle el daño y hay que pagarle.

Así, pues, presento a ustedes esta proposición, solicitando sea considerada de urge resolución.

Punto de Acuerdo.

Único. Se exhorta, respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, de la LXIV Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente, PORPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA HACER DEL DOMINIO PÚBLICO LA SENTENCIA DE EXONERACIÓN 156/2018 DE ELBA ESTHER GORDILLO MORALES al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es uno de los iconos mexicanos por excelencia de la corrupción y la impunidad.

Con diversas acusaciones en su contra, la ex lideresa ha quedado en libertad con un expediente que hoy en día se encuentra como clasificado tras sentencia del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Elba Esther Gordillo Morales inició su carrera política desde 1970, para 20 años después asumir el poder dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), puesto que ocupó durante 23 años.

Fue 3 veces Diputada Federal y Senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del cual también fue Secretaria General de 2002 al 2005.

El 26 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando bajaba de un vuelo proveniente de San Diego, California y puesta a disposición del Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero.

Acerca de la detención se informó que Elba Esther había sido detenida por estar presuntamente involucrada en desvíos de recursos de los trabajadores del SNTE hacia otras cuentas personales.

El entonces Procurador Jesús Murillo Karam detalló que entre 2008 y 2012 se desviaron más de dos mil millones de pesos de cuentas de trabajadores del SNTE a tres cuentas de personas físicas y una más, de una persona moral, una empresa que pertenecía a la difunta madre de Elba Esther, quienes, según las autoridades mexicanas, no estaban autorizados legalmente para manejar recursos del sindicato.

Una de las acusaciones más fuertes, fue la del uso de fondos del sindicato para cubrir gastos personales como tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo estadounidenses, alta joyería, obras de arte, propiedades inmobiliarias y vehículos de uso no oficial.

El Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero, dictó auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo el 5 de marzo de 2013, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También se dictó formal prisión contra otras tres personas, acusadas por lavado de dinero: Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.

De acuerdo con las declaraciones hechas por Nora Guadalupe Ugarte, contenidas en la causa penal 11/2013, las hijas y otros familiares de la maestra recibieron cantidades millonarias de recursos provenientes de diversas operaciones de las que el extesorero del SNTE, Héctor Jesús Hernández Esquivel, estaba enterado.

El auto de formal prisión contra Gordillo fue apelado por su defensa el 7 de marzo de 2013.

Posteriormente, el 16 de abril del mismo año, la maestra interpuso un amparo contra el auto de formal prisión que le dictaron.

Por un error procedimental de la Procuraduría General de la República (PGR), se determinó que el juez quinto de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminaron a la maestra, y dictar un nuevo auto de formal prisión o libertad, por lo que hace al caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicho error fue que PGR presentó una querella contra Gordillo y no una denuncia como lo marca la ley para el delito de lavado de dinero.

Por este error, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el 21 de marzo de 2014, otorgar un amparo a Elba Esther, y ordenaron al juez sexto de distrito realizar una nueva valoración y dictar un nuevo auto de formal prisión.

Para el 10 de mayo siguiente, las autoridades ratificaron el auto de formal prisión en su contra.

En febrero de 2015, la defensa de Gordillo solicitó que la maestra continuara su proceso legal desde casa, debido a su mal estado de salud y su edad, entonces 70 años.

Sin embargo, argumentando que la maestra podría fugarse, un juez le negó la prisión domiciliaria el 23 de agosto del mismo año.

El 15 de mayo de 2017, la PGR perdió dos de los tres procesos penales contra la maestra, por defraudación fiscal. Un tribunal colegiado determinó de forma unánime que no existían pruebas para sostener las acusaciones en su contra.

Cuatro años y 10 meses después de su detención, el 15 de diciembre de 2017, la PGR resolvió que la maestra podría vivir en alguna de sus propiedades.

Elba Esther permaneció en prisión domiciliaria en un departamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, hasta el día 7 de agosto del 2018.

Los últimos meses de su prisión domiciliaria, la maestra los vivió con laxas medidas de seguridad. En diciembre de 2017 consiguió que autorizaran retirarle el brazalete electrónico de seguridad, pues su uso podía ocasionarle problemas emocionales.

A una semana de que llegó a su departamento en Polanco, las autoridades retiraron el dispositivo que Elba Esther tenía colocado en el tobillo, porque le causaba problemas de ansiedad, debido a que por las noches producía vibraciones que le impedían dormir bien.

Después de cinco años, cinco meses y once días presa, finalmente la exdirigente sindical fue absuelta por las autoridades, lo que elimina toda restricción para que circule con libertad o para que haga vida pública.

Este 8 de agosto, la PGR expresó que respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación sobre la absolución de la maestra, “aunque no la comparte”.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que “ha actuado, en todo momento, con apego a la Constitución”, y aclaró que “actúa siempre conforme a derecho e interviene cuando se presente un hecho que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”.

El pasado 25 de octubre, el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que al tratarse de un asunto relacionado con una acusación de delincuencia organizada, delito más grave que la PGR intentó fincarle a Elba Esther, no es posible siquiera emitir una versión pública, toda vez que pone en riesgo la seguridad nacional.

Mediante una solicitud vía transparencia, ingresada el 13 de agosto del presente año, el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, refirió que la resolución no podía ser entregada porque en ese momento, aún era posible que la PGR impugnara mediante amparo la determinación.

El magistrado señaló que la información dejó de ser reservada una vez que la resolución emitida en el incidente no especificado de sobreseimiento en el toca penal 156/2018, quedó firme. "Esto es que habían dejado de subsistir las razones que motivaron la clasificación" indicó el Consejo de la Judicatura Federal.

El Comité de Transparencia inició un procedimiento de clasificación de información derivado de la solicitud de la versión pública de la sentencia en el que resolvió confirmar la reserva decretada por el Tribunal Unitario pero por una causa distinta.

De las constancias del expediente, se advirtió que la sentencia solicitada trata de un asunto vinculado con el delito de delincuencia organizada, por lo que se clasificó con el carácter de reservada en por un periodo de cinco años por "seguridad nacional".

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, solicitando sea considerada de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Atentamente

Sen. J. Félix Salgado Macedonio.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Salgado Macedonio. Como lo ha solicitado el proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el asunto.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No está claro. Pido que repita la votación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No, está muy parejo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Quienes estén porque el punto de Acuerdo sea de urgente resolución y se ponga a discusión, solicito lo manifiesten levantando la mano, quienes estén por la afirmativa.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

Dicen que son dos tercios.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadoras y Senadores, les recuerdo que para que un asunto se considere de urgente resolución debe tener las dos terceras partes de los votos, por lo tanto, no lo reúne.

No hay mayoría, y si fuera mayoría no bastaría, se necesitan dos terceras partes para que se considere de urgente resolución.

Por lo tanto, se turna a la Comisión de Justicia.






En una segunda ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Vasconcelos, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo sobre la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica.

El Senador Héctor Vasconcelos: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El problema de las grandes migraciones en el mundo contemporáneo, en especial las migraciones de sur a norte en diversos continentes, es uno de los temas torales del Siglo XXI.

Al menos desde la segunda mitad del Siglo XX, diversos estudios predijeron estos éxodos determinados por el hecho de que la mayoría de los países prósperos se encuentran en el norte del globo terráqueo, en tanto que las zonas de mayor pobreza y desigualdad tienden a situarse en el sur.

No se trata de un asunto de fácil solución o uno que vaya a desaparecer en el futuro cercano.

No tenemos otra salida que aprender a regular estas migraciones y promover el desarrollo económico, social y político de las zonas emisoras de migrantes que son las regiones menos prósperas del planeta.

Es menester recordar que el panorama contemporáneo en la región norte de este hemisferio no es una novedad histórica para Estados Unidos, ya que las situaciones que llevaron a grupos de seres humanos, irlandeses, italianos, griegos, judíos, alemanes, polacos, rusos a huir de Europa en los siglo XIX y XX hacia Estados Unidos, y tales migraciones, así como las más recientes han contribuido de manera fundamental al desarrollo de ese país, hasta constituirse en la raíz misma del ser norteamericano.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha llevado a cabo un esfuerzo internacional enfocado a lograr que los países se comprometan a no interferir en el goce de los derechos humanos, ni limitarlos en situación alguna a impedir abusos de personas o gobiernos y a adoptar medidas afirmativas que faciliten el disfrute de los mismos.

Estados Unidos forma parte de dos instrumentos internacionales especialmente relevantes:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que especifica el derecho a la vida, al debido proceso, la igual protección bajo la ley, la libertad de expresión, de religión y la autodeterminación.

Y, por otra parte, los Estados Unidos pertenece a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y a garantizar la igualdad a través de medidas proactivas.

En función de esos compromisos y de su adhesión implícita a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, es de esperarse que tales derechos de las poblaciones migrantes sean observadas en Estados Unidos.

Por lo antes expuesto se somete ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente a su contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica y al Poder Ejecutivo de aquella nación para que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas garanticen en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos o de cualquier otra consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Héctor Vasconcelos.

Como ha solicitado el proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

En virtud de que no hay oradoras ni oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta sobre la migración centroamericana presentada por el Senador Héctor Vasconcelos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Xóchitl Gálvez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Electo a que, en la realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya, se cumplan con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Durante Siglos los pueblos indígenas han visto pasar el progreso delante de sus ojos, ahora se pretende que lo vean pasar sobre vías de tren, con el denominado Tren Maya, más de un millón de indígenas habitan en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, y se verán afectados o beneficios por el proyecto anunciado.

Desde 1971 las tierras de los pueblos mayas han sido ocupadas sin su consentimiento, se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades, pero nunca nadie les preguntó si estaban de acuerdo, nadie les informó cómo se ocuparían sus tierras ni nunca nadie les informó cómo podrían participar de los beneficios con la construcción de los paraísos turísticos, no queremos que eso se repita.

Mayas, choles, tzeltales, tzotziles, nahuas, zapotecos, mam, zoques y kanjobales, tienen derecho a ser consultados acerca del proyecto del Tren Maya, pero no con una encuesta de diez puntos de “sí” y “no”, en la cual sólo hay una pregunta sobre el proyecto del tren, el Convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales nos obliga a incorporar la consulta y participación del pueblo indígena, ninguna institución pública puede excusarse en la falta de norma expresa sobre el derecho a la consulta.

Dicho convenio está avalado por el artículo 1o. de la Constitución mexicana y fue aprobado en el año de 2011 donde se volvió vinculante.

El Estado está obligado a ser partícipe de los pueblos indígenas de los beneficios que reporten las actividades en la construcción del Tren Maya, en la operación y en los beneficios que genere ese proyecto.

Los pueblos indígenas esperan y demandan que se cumpla un derecho fundamental, el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en un proyecto gubernamental que les cambiaría su vida, su cultura y sus territorios.

Quiero aclarar que el Convenio 169 tiene tres elementos: informar, dialogar y acordar los beneficios; su participación y su representación en este proyecto; además, se deben de cumplir estrictamente los requisitos que marcan la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes, las afectaciones al uso de suelo.

No podemos permitir que suceda lo mismo que en Dos Bocas, Tabasco, donde ya fueron desmontadas 300 hectáreas de selva y manglares para el proyecto de refinería a pesar de no contar con autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, como hoy da cuenta un periódico de circulación nacional.

Aquí podemos ver el tema de Dos Bocas donde ya se desmontaron 300 hectáreas de selva y de manglares. Por eso no podemos esperar, compañeros Senadores, no podemos esperar a que un periódico nos diga que ya fueron desmontadas la selva en la selva de Calakmul.

Realizar la consulta sobre el Tren Maya es obligado, es trabajar y cumplir los derechos de los pueblos indígenas de México.

Por ello, propongo este punto de Acuerdo de pronta y obvia resolución, señor Presidente, para que el Senado exhorte al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya, y se cumpla cabalmente con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como la legislación nacional y atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en la materia, con el propósito de respetar los derechos de los pueblos indígenas.

Muchas gracias.

Y yo le pido a mis compañeros de Morena, que sé que su causa, sé que ellos están convencidos de que en el pasado, antes del 2011, no eran vinculantes estas consultas porque no estaban en la Constitución.

De verdad es importante hacerlo y pido que esto se haga de pronta y obvia resolución.

Muchas gracias, compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz. Vamos a consultar si es de urgente resolución.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no lo sea, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los comisionados presidentes de los Órganos Reguladores de Energía a cumplir su mandato para el cual fueron electos.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor Presidente.

El día de hoy hago uso de la tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario del PRI un punto de Acuerdo que contribuya a fortalecer la actuación, integración, de los órganos autónomos, en particular de los reguladores coordinados en materia energética.

Quiero resaltar que ese tipo de órganos son creados en el marco constitucional sin que se adscriban a los poderes tradicionales del Estado, cuyo surgimiento tiene como propósito distribuir algunas funciones específicas gubernamentales procurando que las decisiones políticas no se concentren arbitrariamente en el Poder Ejecutivo, sino que éstas se tomen en función de capacidades técnicas.

De ahí que a los Senadores del PRI nos parezca muy grave violentar su autonomía por cualquier poder del Estado, ya sea en sus decisiones o integración, lo que ocasiona se debilite la democracia y la legalidad de nuestro país.

De ocurrir esto estaríamos ante la presencia de un dominio desmedido de un poder, lo cual no favorece la función gubernamental ni a los ciudadanos.

Por el contrario, es deseable consolidar la democracia y el estado de derecho, ya que los órganos autónomos son fundamentales para promover la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos y, en general, el combate a la corrupción.

Un hecho que nos parece muy delicado y de suma importancia manifestar es el intento de someter a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la cual se pretendía anular su autonomía sectorizándolos a la Secretaría de Energía, situación que afortunadamente ha sido solventada en el dictamen aprobado por la Colegisladora, esto ante las presiones de los órganos autónomos y los grupos parlamentarios.

Dichos órganos forman parte de la administración pública centralizada, pero se constituyen con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión, que ha permitido, en suma, con el nuevo modelo del sector energético, la libre concurrencia y competencia entre las empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones.

Al respecto, para su correcta y eficiente administración, los órganos reguladores coordinados en materia energética cuentan con un órgano de gobierno integrado por siete comisionados, entre los que se incluye su Presidente, el cual es elegido dentro de una terna de aspirantes por esta Cámara de Senadores.

En ese sentido el pasado 14 de noviembre el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, hizo pública su renuncia, dejando su encargo 5 meses antes de concluir su responsabilidad ante la llegada de un nuevo gobierno.

Este acto debilita las instituciones, genera desconfianza y lanza señales erráticas a los mercados.

Ante el hecho antes señalado, queremos dejar de manifiesto que los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario estarán muy atentos para evitar que prosiga la ofensiva en contra de los órganos constitucionalmente autónomos o de aquellos que estando sectorizados gozan de autonomía técnica y de gestión.

No permitamos que estas instancias sean vulneradas o que fueran orden constitucional, se les quiten competencias que afecten el buen funcionamiento del Estado mexicano.

Los Senadores del PRI reconocemos que la creación de los órganos autónomos ha sido producto de la historia democrática en nuestro país por lo que continuaremos defendiendo su participación en la vida del Estado mexicano.

No permitiremos que en el país se instaure un poder absoluto que dañaría gravemente la vida de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a que observe el marco constitucional para el funcionamiento e integración de los órganos autónomos.

Además, realizamos un extrañamiento al maestro Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que cumpla con el mandato para el cual fue electo por este Senado.

Y por último, exhortamos a la Comisión de Energía del Senado de la República a convocar a los comisionados presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía a una reunión de trabajo para que expliquen las supuestas o no supuestas presiones que han ejercido sobre estos órganos.

Creo que el transparentar, el dialogar, el escucharlos, en mucho va a ayudar para poder entender que no podemos permitir que haya una intromisión a esta autonomía.

Por lo anterior, solito a esta Soberanía un total respaldo para seguir defendiendo al estado democrático en particular la autonomía de los órganos reguladores de energía.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Gastélum. Túrnese a la Comisión de Energía.






Se concede el uso de la palabra el Senador Juan Quiñones Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de este Honorable Pleno a efecto de dar a conocer los graves hechos suscitados en el Congreso local de Durango, en un ejemplo claro de revanchismo político y de desaseó contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de la capital de este estado.

Es menester contextualizar los eventos que han llevado al Congreso del estado de Durango a manipular de tal forma a la ley con una torcida interpretación de la Constitución y que buscan con motivos nimios separar de su cargo al presidente municipal.

El doctor José Ramón Enríquez Herrera decidió postularse y participar como candidato a Senador en el pasado proceso electoral federal, situación que despertó en el gobierno del estado su preocupación y fue a través del Partido Duranguense, un partido local, que se promovieron decenas de quejas ante el Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior a efecto de propiciar el error jurídico, situación que acaeció y derivó en la dictaminación de tres sentencias de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las infracciones que se acreditaron fueron las relativas con las tareas sustanciales y cotidianas del gobierno municipal, temas tales como el simulacro en materia de protección civil que se realizó en Durango el mes de septiembre del 2017.

Las acciones realizadas para combatir el cáncer de mama, realizadas el mes de octubre de ese mismo año y la atención a los damnificados del incendio, del principal mercado de la capital.

Son los graves hechos que el Tribunal Electoral sancionó como promoción personalizada del presidente municipal.

Con la ausencia de normas específicas, el Congreso del estado se convirtió en el órgano competente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales para sancionar al presidente municipal José Ramón Enríquez Herrera.

Al respecto, el Congreso del estado ha dado seguimiento a tres sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del Órgano Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las cuales se emitieron sanciones para las dos primeras sentencias.

De las tres sentencias una ya fue ejecutada, la segunda se encuentra en proceso de ejecución y el lunes le dieron la suspensión definitiva, y la tercera está en proceso de análisis a cargo de la Comisión de Responsabilidades del Congreso local.

Sin embargo, desde el principio de los procesos sancionatorios, el Congreso local se ha sustanciado en argumentos insulsos y con un trasfondo político para impulsar de manera ventajosa la destitución del alcalde de Durango, prevaleciendo de manera vertiginosa la consideración de elementos subjetivos.

Son alarmantes los actos que atentan contra el federalismo municipal, previsto en el artículo 115 de nuestra Carga Magna, toda vez que el Congreso local se ha constituido en superior jerárquico del presidente municipal.

Y es de todos sabido que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe el ente municipal como libre, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio.

No podemos permitir que un Congreso local se convierta en un tribunal de ejecución, cuando lo único que hizo el presidente municipal fue cumplir con sus obligaciones que le confieren las leyes federales y locales.
Debemos pugnar porque la legalidad prevalezca y supere la idea rancia, trasnochada e hipócrita de los intereses políticos, porque se ha instaurado como un obstáculo y un riesgo.

Lo anterior implica el cumplimiento apegado a la ley, esto es responder a las expectativas que se tienen, que las decisiones que se estarán tomando estén plenamente sustentadas por la congruencia y la legalidad.

Por lo anterior, solicito a esta Soberanía y los conmino a considerar lo siguiente como punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Por lo que el Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Durango para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, actúe con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango, en el estado de Durango, para que en su trámite el aspecto político no sea el eje central de la argumentación y prevalezca en todo momento el respeto a la legalidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, JUAN QUIÑONEZ RUÍZ, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Resulta preocupante la situación que prevalece hoy en día en el municipio de Durango, estado de Durango, en donde el Congreso Local ha promovido de manera acre procedimientos de responsabilidades contra el alcalde, José Ramón Enríquez Herrera sustentados principalmente por un revanchismo político y en un claro marco de la ilegalidad.

El Congreso del Estado de Durango ha construido en virtud de una torcida interpretación de la Constitución, un caso con motivos nimios con los que se busca separar de su cargo al Presidente Municipal en turno.

Tras la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso Local a través de la Comisión de Responsabilidades, han escondido en su fundamentación, supuestos que se tergiversan y caen particularmente en un aspecto político y desestabilizador.

De manera facciosa, el Partido Duranguense, manipulado por el Gobierno del Estado, promovió decenas de quejas ante el Instituto Nacional Electoral, a efecto de propiciar el error jurídico y que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a dictar tres sentencias en contra de José Ramón Enríquez Herrera.

Las infracciones que se acreditaron fueron las de aparecer en diversas notas informativas relacionadas con las tareas sustanciales y cotidianas del Gobierno Municipal; temas tales como el simulacro en materia de protección civil que se realizó en Durango el mes de septiembre de 2017; las acciones realizadas para combatir el cáncer de mama realizadas en el mes de octubre de ese mismo año; la atención a los damnificados del incendio del principal mercado de la capital, son los graves hechos que el Tribunal Electoral sancionó, como “promoción personalizada” del Presidente Municipal.

En este sentido y “ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades federativas son los órganos competentes del Estado, con base en sus atribuciones constitucionales y legales, para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico por la realización de conductas que la autoridad jurisdiccional determinó contrarias al orden jurídico en la materia electoral”,1 el Tribunal Electoral dio “vista” al Congreso del Estado, para que procediera conforme a su normativa.

No obstante, el Congreso Local, fuera de toda legalidad, ha instaurado sendos procedimientos subrepticios, oscuros, con los cuales ha impuesto sanciones triples, y hasta cuádruples; amonestando, multando, apercibiendo y ordenando el registro de las sanciones impuestas al Presidente Municipal, y buscando, con el tercer expediente que está el día de hoy en conocimiento de la Comisión de Responsabilidades, destituir al Presidente Municipal de su cargo.

Es alarmante que, de manera inicua, el Congreso del Estado sustente de manera sólida la factibilidad de un juicio político contra el alcalde Enríquez Herrera por 16 minutos de spots televisivos.

La presidencia de la Comisión de Responsabilidades ha manifestado en dos tiempos distintos tanto que se seguirá trabajando en estricto apego a la ley y, por otro lado, cayendo en un decir subjetivo que el presidente municipal de Durango había incurrido en un desvío de recursos públicos, lo que resulta en una ambigüedad y una preocupación, porque tendrían que ser los integrantes de esta comisión, los que actúen en un marco de objetividad y legalidad.

Y no es un asunto menor; el uso faccioso de una legislatura para fines políticos, en un proceso sin un ápice de legalidad, es por ello compañeros y compañeras que el tema en comento debe ocupar el interés de esta Cámara Alta.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Durango para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, actúe con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan contra el C. José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango en el estado de Durango, para que, en sus trámites, el aspecto político no sea el eje central de la argumentación y prevalezca en todo momento el respeto a la legalidad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Durango para que informe a esta soberanía si hay pruebas sólidas que acrediten el desvío de recursos públicos tal como se ha señalado por la Comisión de Responsabilidades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Juan Quiñonez Ruíz.

1 EXP. SRE-PSC-014/2018 de la Comisión de Responsabilidades, sobre el Procedimiento Especial No. 02.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias Senador Quiñones Ruiz.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución como lo solicita el proponente.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Por lo tanto, se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.






Tiene el uso de la palabra el Senador Joel Padilla, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo en torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por el que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto de acceso legal.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos y hermanos centroamericanos:

El pasado 9 de noviembre, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió una proclamación u orden presidencial que limita las opciones para los solicitantes, que limita las opciones de asilo en la frontera con México, impidiendo que este tipo de protección internacional sea concedida a quienes acceden a territorio de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados.

Lo anterior constituye una nueva medida de política antiinmigrante y una acción profundamente discriminatoria y violatoria del derecho internacional humanitario que busca directamente afectar, suspender y restringir los derechos de las personas que forman parte del éxodo de personas desplazadas que hoy se dirigen hacia los Estados Unidos.

Por ello, toda vez que la caravana aún se encuentra en México conviene tener muy en cuenta cuáles son los verdaderos alcances y las implicaciones para nuestro país de estas nuevas directrices en materia migratoria y de asilo del gobierno estadounidense.

Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan la frontera de forma irregular no podrán solicitar asilo en el país y sólo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.

La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, mismos que podrán ser ampliados o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a Estados Unidos deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de terceros países que cruzan ilegalmente, un pacto sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado.

Se obligará a los solicitantes de asilo a realizar la petición en los puertos de entrada creando un embudo en las solicitudes, esto complicará el panorama para los cientos de migrantes centroamericanos que en la actualidad continúan su trayecto en las caravanas, desde México hacia Estados Unidos y generará una situación de alarma para nuestro país en la medida en que habrá que hacer frente a una concentración masiva de migrantes desplazados en nuestro lado de la frontera.

Por lo tanto, nos parece que la caravana proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito que requiere de una respuesta política y económica inédita, conjunta e integral, estructurada fundamentalmente en una perspectiva solidaria.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República condena la proclamación emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 9 de noviembre del presente, a través de la cual se restringe el derecho a solicitar asilo y protección internacional a quienes accedan a territorio de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados.

Segundo.- El Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo que remita una comunicación al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a nombre del  Estado mexicano se pronuncie enérgicamente en contra de cualquier política racista y xenófoba que atente contra los derechos de personas a partir de su condición legal o migratoria.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que  correspondan, a que informen a esta Asamblea sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna de las y los hermanos centroamericanos ante la inminente prolongación de su estancia en territorio mexicano como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos contenidos en la proclamación emitida por Donald Trump.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 09 de noviembre, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió una proclamación u orden presidencial1 que limita las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México, impidiendo que este tipo protección internacional sea concedida a quienes accedan a territorio de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados.

Lo anterior, constituye una nueva medida de política antiinmigrante y una acción profundamente discriminatoria y violatoria del derecho internacional humanitario, que busca directamente afectar, suspender y restringir los derechos de las personas que forman parte del éxodo de personas desplazadas que hoy se dirige hacia los Estados Unidos.

Por ello, toda vez que la caravana aún se encuentra en México, conviene tener muy en cuenta cuales son los verdaderos alcances y las implicaciones para nuestro país de estas nuevas directrices en materia migratoria y de asilo del gobierno estadounidense:2

1. Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan la frontera de forma irregular no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.

2. La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, mismos que podrán ser ampliados, o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de terceros países que cruzan ilegalmente; un pacto sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado.

3. La nueva regulación no tendrá efecto retroactivo, por lo que solo se aplicará a quienes la incumplan a partir de que entre en vigor al pasar la medianoche del viernes 9 de noviembre.

4. Se obligará a los solicitantes de asilo a realizar la petición en los puertos de entrada, creando un embudo en las solicitudes. Esto complicará el panorama para los cientos de migrantes centroamericanos que en la actualidad continúan su trayecto en las caravanas desde México hacia Estados Unidos, y generará una situación de alarma para nuestro país en la medida en que habrá que hacer frente a una concentración masiva de migrantes desplazados en nuestro lado de la frontera.

5. Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a Trump emitir en 2017 su veto migratorio a países de mayoría musulmana. Se espera que, como ocurrió en ese entonces, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites impuestos a las solicitudes, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a presentarla cualquier persona que pisa suelo estadounidense.

En este contexto, es importante que subrayar que esta proclamación emitida por el Presidente Trump, además de ilegal y contraria al régimen de protección construido por la comunidad internacional, es profundamente inmoral e inhumana al pretender desproteger y dañar a personas que ya de por sí se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. De ahí la importancia de que este Senado y también el Poder Ejecutivo fijen una posición clara y contundente.

El Gobierno de México ya respondió y sostuvo que “no ha aceptado de manera verbal o escrita ningún acuerdo sobre cooperación en materia de solicitudes de asilo o refugio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera este trámite”.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó que se necesita hacer frente al fenómeno migratorio “desde una perspectiva de responsabilidad compartida” y “continuar los esfuerzos que han hecho conjuntamente Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) en el marco de las conferencias sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica”.

Sin embargo, a las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Trabajo, nos parece indispensable que el Estado mexicano emita una posición más firme en contra de esta proclamación emitida por el Presidente Trump, la cual se suma a la amenaza de dar una respuesta policiaca o incluso militar a la llegada de los miles de migrantes desplazados a los Estados Unidos.

No olvidemos que el Pentágono desarrolla actualmente dos misiones paralelas para evitar el ingreso de inmigrantes a través de la frontera con México: la Operación Apoyo Guardián, que comenzó en abril y que cuenta en estos momentos con 2,092 miembros de la Guardia Nacional, y la Operación Patriota Fiel, puesta en marcha la semana pasada.3

Por lo tanto, nos parece que la caravana proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito que requiere de una respuesta política y económica inédita, conjunta e integral, estructurada fundamentalmente en una perspectiva solidaria, acorde a los valores humanos más preciados y desde una perspectiva absolutamente garante y respetuosa de los derechos humanos.

Afortunadamente, a partir del próximo 1 de diciembre, México dejará de ser un país subordinado y sumiso dedicado a cumplir las exigencias e intereses en materia de seguridad de los Estados Unidos. A partir de entonces, el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su nacional o estatus migratorio, volverá a estar en el centro del diseño y ejecución de nuestra política migratoria.

Para el Senado de la República, y para quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no habrá cabida para políticas que pretendan reprimir los flujos poblacionales o que suspendan y restrinjan la protección constitucional y convencional, así como el ejercicio de los derechos que todas las personas tienen garantizados en nuestro territorio.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena la proclamación emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 09 de noviembre del presente, a través de la cual se restringe el derecho a solicitar asilo y protección internacional a quienes accedan a territorio de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Titular del Poder Ejecutivo que remita una comunicación al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y, a nombre del Estado mexicano, se pronuncie enérgicamente en contra de cualquier política racista y xenófoba que atente contra los derechos de personas a partir de su condición legal o migratoria.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas que correspondan, a que informen a esta Asamblea sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna de las y los hermanos centroamericanos, ante la inminente prolongación de su estancia en territorio mexicano, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos contenidos en la proclamación emitida por el Presidente Donald Trump.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Atentamente

Sen. Joel Padilla Peña.

1https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-addressing-mass-migration-southern-border-united-states/

2https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/538165/5-claves-para-entender-la-nueva-orden-de-trump-que-niega-asilo-a-migrantes-ilegales/

3https://www.washingtonexaminer.com/news/the-pentagon-will-no-longer-call-its-border-troop-deployment-operation-faithful-patriot

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias Senado Padilla Peña. Túrnese la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.






Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que considere una ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores:

Vuelvo a esta tribuna con un tema en el que he sido reiterativo en cada una de las ocasiones que me han permitido tratar el tema relativo a los sismos.

Mi estado, Oaxaca, el año pasado, en septiembre, sufrió una de las más grandes tragedias en su historia moderna, una de las regiones más prósperas del estado, el Istmo de Tehuantepec desapareció casi en su totalidad, fueron 65 mil viviendas las que sufrieron daños estructurales; solamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza más de 15 mil viviendas desaparecieron de manera inmediata en el primer terremoto.

Si bien pudimos salir de la etapa de emergencia de manera puntual y se instalaron más de 80 albergues y comedores comunitarios no hubo ninguna crisis sanitaria, ni una crisis humanitaria, jamás hubo tampoco una crisis de seguridad.

Hoy en día nos encontramos ante uno de los retos más grandes, el poder salir avante en el proceso de reconstrucción de estas viviendas.

Imaginen ustedes 65 mil historias de familias que perdieron su pasado, que perdieron esa casa, ese hogar donde crecieron sus hijas, sus hijos y que no tienen hoy que dejarle a sus hijos o a sus nietos.

Yo quiero apelar a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros legisladores para que en este punto de Acuerdo vayamos en conjunto; vayamos en conjunto solicitándole a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se asignen recursos extraordinarios para la reconstrucción de esta zona del Istmo de Tehuantepec.

Y quiero hacer un llamado sumamente respetuoso especialmente a mis compañeros de la fuerza política mayoritaria aquí en la Cámara de Senadores y que se transmita a la Cámara de Diputados.

El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido reiterativo e insistente y hemos estado atentos a su llamado, a que en este sexenio será el sexenio del sureste mexicano.

Yo quiero pedirles que acompañen este punto de Acuerdo para que se puedan otorgar recursos extraordinarios a la reconstrucción de las zonas afectadas, no solamente del Istmo de Tehuantepec, sino de todos los estados y entidades federativas hermanas que resultaron afectados por los terremotos del año pasado para que juntos podamos devolver su historia de vida a aquellas familias que perdieron sus hogares, que perdieron sus viviendas.

Si bien queremos que el sureste mexicano se detone en desarrollo económico, se detone en Zonas Económicas Especiales, tenemos que dotarles también de los recursos para garantizar que cada una de esas zonas sea un entorno propicio para que haya mucho más negocios.

Yo les pido, de corazón, en nombre de mis paisanos oaxaqueños, que acompañen este punto de Acuerdo para que podamos hacer de Oaxaca la puerta que detone el desarrollo económico, turístico y cultural del sureste mexicano y que México pueda ser un país de mucha más igualdad de oportunidades.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Bolaños Cacho. Túrnese su proposición a la Comisión de Gobernación.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que hemos recibido en la Mesa Directiva diversas comunicaciones de comisiones en la Junta de Coordinación Política, de la propia Mesa Directiva y de Coordinaciones Parlamentarias.

Recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que estos asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite, comenzando por el que he mencionado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre el asunto al Orden del Día de hoy.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Queda consignada la primera lectura del dictamen. Su segunda lectura se tramitará en la próxima sesión del Pleno del Senado.






Recibimos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 del Reglamento del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, perdón, sonido en el escaño del Senador Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Señor Presidente, disculpe que interrumpa nuevamente, pero no es con ánimo de molestar a nadie.

La verdad es que en este momento no han aparecido esos dos dictámenes en los escaños.

Yo estoy de acuerdo en que se pueda proceder que es legítimo hacer el procedimiento que se está haciendo, pero que no se diga que está cuando no está todavía; estará por llegar, tal vez, pero no está todavía y, seguramente, ahora que lo vean, porque aquí lo tengo desplegado, y no ha aparecido.

Entonces, solamente para hacerlo notar, por favor.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pues aquí está dictamen, en la pantalla, quiero que se consigne que el dictamen está aquí; aquí está el otro dictamen, también.

Auxilien al Senador, por favor, ayúdenlo, pero aquí lo tenemos.

Por eso, en el momento en que ya lo tenemos aquí en la pantalla, es que procedemos a hacer las consultas.

Bien, sí, Senador Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Agradezco mucho la gentileza de la oferta de ayuda que me hace, pero más me ayudaría que se cercioraran antes de que pasáramos a votación, que estuviera en los escaños de todos la información.

Probablemente en el de usted esté, pero créame que no tengo intenciones de  molestarlo, simplemente que, a lo mejor, por alguna razón sean más lentos estos equipos, la razón que usted guste y mande, no estaba aquí en el momento en que se puso a discusión.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se preocupe, Senador, sabemos que no es por molestar, sino por tener en efecto la disposición de los documentos.

Ahora bien, en el momento en que los tenemos aquí en la pantalla, es cuando procedemos a hacer las consultas.

Pido al área técnica de la Secretaría de Servicios Parlamentarios tome nota de esta observación del Senador Julen Rementería para que la información esté en lo sucesivo disponible, y corrijan lo que tengan que corregir técnicamente.

Gracias, Senador.

Bien, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen mencionado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. En consecuencia, queda consignada de primera lectura el dictamen mencionado.






Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación que nos remite el Senador Damián Zepeda Vidales.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.






EXCITATIVA

Honorable Asamblea, a solicitud del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, esta Presidencia emite una atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que emitan el dictamen que corresponda a la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, en materia de derogación de la figura del arraigo.








MESA DIRECTIVA

Informo al Pleno que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo a propuesta de la Senadora Nancy De la Sierra, por el que autoriza el uso del salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores el próximo 3 de diciembre, de las 11:00 a las 14:00 horas, para que un grupo de personas con alguna discapacidad realicen una actividad relacionada con el “Día Internacional de Personas con Discapacidad”. Este ejercicio se acuerda como una forma de Parlamento Abierto, y de acercamiento con la sociedad, coordinado por la Senadora Nancy De la Sierra. Se instruye a la Secretarías Generales del Senado a proporcionar el apoyo necesario para las actividades del 3 de diciembre en este recinto.








Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se convoca a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a reunirse con la Comisión Para la Igualdad de Género de esta Cámara, el próximo jueves 22 de noviembre, a las ocho de la mañana.



Queremos dejar constancia, a solicitud del Senador Héctor Vasconcelos, que la proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República Mexicana exhorta, respetuosamente, a su contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica y al Poder Ejecutivo de aquella nación, para que en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas garanticen en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos o de cualquier otra consideración, se aprobó por unanimidad de este Pleno. La Asamblea ha quedado enterada del conjunto de asuntos.






Las proposiciones inscritas en el Órden del Día, se turnan directamente a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán “Willa”. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA SEA CONSIDERADA E IMPLEMENTADA LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN NAYARIT, ASÍ COMO A PROTEGER LA VIDA Y PATRIMONIO DE LOS AFECTADOS POR EL HURACÁN “WILLA”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El paso del huracán “Willa” dejó una serie de afectaciones en diferentes entidades federativas, siendo el estado de Nayarit uno de los principales afectados, donde cerca de 150 mil personas se encuentran en calidad de damnificadas por las extensas inundaciones que ocurrieron al norte del estado.1

El problema que han ocasionado las inundaciones se ve reflejado particularmente en daños al patrimonio de miles de familiar en distintas comunidades, mismas que han quedado aisladas y con graves afectaciones por la cantidad de agua y lodo en sus hogares.2

Actualmente autoridades encargadas de la implementación del DN-III-E, se encuentran realizando acciones de protección civil en zonas con mayor riesgo con la finalidad de salvaguardar a la población afectada.

Ante los miles de damnificados y daños materiales que ocasionó el fenómeno meteorológico “Willa”, es necesario que las autoridades continúen con las labores de protección civil, con las acciones que permitan garantizar la recuperación de las zonas afectadas, y principalmente con aquellas donde el patrimonio afectado de las personas más vulnerables pueda verse recuperado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades del Comité Nacional de Emergencias a continuar con las acciones de protección civil en las entidades federativas afectadas por el fenómeno meteorológico “Willa”. Así como a la implementación de las directrices del Plan DN-III-E y del Plan MX, que tienen por objeto proteger la vida y patrimonio de los mexicanos después de una contingencia.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que sea considerada y en su caso implementada, la Declaratoria de Desastre Natural para el estado de Nayarit, debido a la magnitud de los daños ocasionados por fenómeno natural “Willa”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Nayarit bajo el lodo: Willa deja 150 mil damnificados; autoridades piden declarar emergencia, Animal Político, 26 octubre 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/10/nayarit-willa-damnificados-emergencia/

2 Ibidem.






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial de la Diabetes”. Se turna a la Comisión de Salud.

Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir el aumento del azúcar en la sangre.1

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.

La situación actual de la diabetes a nivel global puede resumirse en las siguientes cifras:2

Desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha cuadruplicado.

• Actualmente unos 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo.

• En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo y la hiperglucemia provocó 2.2 millones de muertes.

• La mayoría de las muertes debidas a la diabetes se registran en países de ingresos medios y bajos.

• La diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal.

• Existen dos tipos principales de diabetes. El tipo 1 se caracteriza por la falta de producción de insulina y el tipo 2 se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo.

• La diabetes tipo 2 es más frecuente que la tipo 1 pero se puede prevenir con 30 minutos diarios de actividad física moderada y una dieta saludable.

• La diabetes gestacional constituye un tercer tipo de diabetes y se caracteriza por la aparición de hiperglucemia durante el embarazo.

A pesar del aumento de casos de diabetes, es importante aclarar que las personas diabéticas pueden vivir mucho tiempo y con buena salud si la diabetes se detecta y se trata correctamente. Una serie de intervenciones costo-efectivas pueden ayudar a las personas diagnosticadas de diabetes a gestionar su enfermedad.

En consecuencia, el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico y una intervención oportuna, razón por la cual las mediciones de glucemia deben estar fácilmente disponibles en los entornos de atención primaria de salud.

A nivel internacional se han realizado diversas acciones para la prevención y atención de la diabetes. En 1950 se constituyó la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés), cuya misión es promover el cuidado, prevención y cura de la diabetes a nivel global.3

Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen una meta relativa a las enfermedades no transmisibles, como la diabetes:4

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

También destacan las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA42.36 de 1989, relativa a la prevención y el control de la diabetes mellitus, y WHA57.17 de 2004, relativa a una estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud.5

Además, desde 1991, la IDF y la OMS impulsan la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de cada año. A partir de 2007 las Naciones Unidas formalizaron esta efeméride, reconociendo la necesidad de llevar a cabo actividades multilaterales para promover y mejorar la salud humana y facilitar el acceso al tratamiento y a la instrucción sobre atención a la salud.6

El círculo azul es utilizado como símbolo distintivo de las asociaciones dedicadas a la atención de la diabetes, voluntarios, órganos de gobierno, industria y todas las personas con diabetes en el planeta. El círculo significa unión y es azul porque es el “color del cielo”. Este símbolo se utilizó por primera vez en 2007 como parte de la campaña “Unidos por la Diabetes”.7

El tema para el Día Mundial de la Diabetes 2018 y 2019 es “Familia y Diabetes”, teniendo como objetivos:8

• Aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los afectados.

• Promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de la diabetes.

En el ámbito nacional, las estadísticas más recientes indican lo siguiente:9

• Las defunciones por diabetes en México han pasado de 14,626 en 1980 a 105,574 en 2016, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad, con 15.4% de los casos.

• La prevalencia de diabetes en mujeres pasó de 9.67% en 2012 a 10.3% en 2016, mientras que en hombres pasó de 8.6% en 2012 a 8.4% en 2016.

• El 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad.

• La prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres pasó de 73% en 2012 a 72.7% en 2016, mientras que en hombres se mantuvo sin cambio en 69.4% de 2012 a 2016.

• 46.4% de las personas que viven con diabetes no realiza medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones.

• 87.7% de los adultos con diagnóstico previo de diabetes reciben tratamiento para control.

Para enfrentar esta situación, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones, como la expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones.10

En la administración que está por concluir, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Salud 2013-2018 contenían diversos objetivos y líneas de acción relativos a la prevención, detección oportuna y atención integral de la diabetes.

Derivado de estos instrumentos, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes tiene como objetivo general mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.11

Otra acción relevante es la campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete” implementada en el país con un diseño estratégico basado en la promoción de la salud. “Chécate” promueve el asistir a su clínica de salud para conocer su peso y medir la circunferencia de su cintura; “Mídete”, hace referencia a disminuir el consumo de grasas, azúcares y sal en sus comidas y “Muévete”, se refiere a realizar ejercicio cotidianamente.12

En los instrumentos anteriormente referidos, se reconoce el aumento de los casos de diabetes durante los últimos años en la población mexicana, así como la necesidad de promover estilos de vida saludables para evitar que las cifras continúen aumentando. Sin embargo, hace falta reforzar la participación de la familia, que tiene un papel fundamental para lograr estos objetivos.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2018, con el tema “Familia y Diabetes”, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una revisión detallada de las acciones y programas relativos a la diabetes, a fin de promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes 2018, con el tema “Familia y Diabetes”, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una revisión detallada de las acciones y programas relativos a la diabetes, a fin de promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de esta enfermedad.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 OMS. Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre (Consultado en noviembre de 2018) http://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml

2 OMS. 10 datos sobre la diabetes. Abril de 2016 http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/

3 IDF. Mission and strategy (Consultado en noviembre de 2018) https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html

4 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 3: Metas del Objetivo 3 (Consultado en noviembre de 2018) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

5 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006. Comunicado 61/225. Día Mundial de la Diabetes. 18 de enero de 2007 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225

6 Idem.

7 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Día Mundial de la Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) http://diamundial.fmdiabetes.org/

8 Fundación para la Diabetes. Campaña 2018: Familia y Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-diabetes

9 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Estadísticas en México (Consultado en noviembre de 2018) http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/

10 DOF: 23/11/2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010

11 Secretaría de Salud. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Primera edición, septiembre 2013
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf

12 Campaña “Chécate, Mídete, Muévete” (Consultado en noviembre de 2018)
http://checatemidetemuevete.gob.mx/






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA GARANTIZAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel internacional la agenda ambiental toma mayor relevancia en la medida en que aumentan los daños e impactos socioeconómicos, como resultado de las alteraciones al medio ambiente, el aumento del costo de los servicios ambientales y la reparación de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, que en los últimos años han sido cada vez más atípicos y extremos, cambios que se atribuyen principalmente al cambio climático.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se reconoce que el cambio climático afecta a la salud pública, a la seguridad alimentaria e hídrica, a la migración, la paz y la seguridad en el mundo.1 En este sentido, es fundamental el compromiso de todos los países para hacerle frente y fomentar el cumplimiento de los ODS.

México ha asumido esta agenda con gran responsabilidad. En 2016 creó el Comité Técnico Especializado de los ODS y en 2017 instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que actualmente cuenta con 117 indicadores (64 globales y 53 nacionales).2

Sin embargo, el avance en el cumplimiento de estos grandes objetivos tiene implícitamente la obligación, por parte de los Estados, de garantizar derechos establecidos a nivel constitucional como la salud, el medio ambiente adecuado, el acceso al agua y saneamiento, por mencionar algunos.

De manera particular, el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° constitucional, implica la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y conservar el medio ambiente para garantizar este derecho. Lo anterior tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental, que significa “El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en nuestra Constitución, el desarrollo de una legislación ambiental cada vez más completa y acorde a las problemáticas ambientales actuales, la creación de instancias federales y locales abocadas a la vigilancia y cumplimiento de la misma, el desarrollo de técnicos especializados y la disponibilidad creciente de información para la sociedad…”3 así como la “… aplicación de la ley de forma efectiva y expedita, imposición de sanciones administrativas que reviertan el deterioro ambiental, desincentivación a quienes desean violar la ley y estímulos al cumplimiento voluntario de la misma…”4

Bajo estos preceptos, nuestro país tiene importantes retos institucionales, aunado a los compromisos internacionales, para garantizar el acceso oportuno y expedito a la justicia ambiental, y hacer valer la normatividad ambiental vigente, implementar medidas eficientes para la reparación de daños, castigar los ilícitos ambientales y aumentar las capacidades para la protección y conservación del medio ambiente. Tarea que corresponde en mayor medida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Desde el ámbito presupuestal, la impartición de la justicia ambiental tiene ciertas limitaciones administrativas y operativas que restringen a las autoridades competentes para hacer cumplir las leyes en la materia. Pese a que hubo un importante incremento en el rubro de Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 respecto al año anterior, que pasó de 36 mil 878 millones5 a 61 mil 458 millones, en materia de Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el aumento fue magro, pasando de 94.4 millones en 2017 a 98.9 millones en 20186. En el agregado general sobre protección ambiental, se destinaron 22 mil 339 millones en 20177 y 21 mil 265 millones en 20188, un incremento de apenas 5%.

Lo anterior se traduce en falta de capacidades institucionales que limitan a la PROFEPA y a los demás sistemas de procuración de justicia ambiental, en los tres niveles de gobierno, para cumplir a cabalidad sus obligaciones y atribuciones  legales. De acuerdo con la auditoría de desempeño (443-DE) relacionada con la Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó 6 observaciones y 3 recomendaciones al Desempeño.

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los programas de mediano plazo en materia ambiental y de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) Visión 2017-2030, se señaló que el problema que se pretende resolver es que persisten áreas con altos índices de delitos ambientales; prácticas productivas perjudiciales para la calidad del aire, y agentes industriales que descargan y emiten contaminantes, los cuales se mantienen sin sanciones por incumplimientos y sin reparación de los daños ocasionados, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y el capital natural del país. En materia de aire el tamaño de tal situación comprende las 200 mil fuentes fijas de jurisdicción federal y, en promedio, ocurren 600 emergencias ambientales al año.9

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2017 la PROFEPA inspeccionó y verificó en materia de atmósfera sólo al 516 (2.3%) de las 22,138 fuentes que conformaron el padrón de fuentes de jurisdicción federal. Mientras que en el periodo 2012-2017, efectuó un total de 4,050 visitas a 3,660 fuentes de jurisdicción federal, lo que representó el 16.5% del padrón.10

Lo anterior se explica en buena medida por la gran cantidad de materias que son competencia de la institución, y la gran diversidad de leyes, reglamentos y normas para la protección al ambiente. Esto implica que la PROFEPA debe contar con un mayor número de profesionistas de distintas ramas, técnicas, administrativas y jurídicas, además del equipamiento, la tecnología y la infraestructura necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

En razón de lo anterior, y en el marco del proceso de presupuestación 2018, las Senadoras y Senadores del Partido Verde consideramos imprescindible para el pleno cumplimiento de la procuración de justicia ambiental y el avance de los ODS, dotar de mayores recursos económicos a la protección ambiental y a los programas de inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales, a fin de fortalecer la protección, conservación y el derecho al medio ambiente sano en el ámbito federal, estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considerar la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la protección ambiental y la procuración de justicia ambiental en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aumentar los recursos económicos en materia de protección forestal, regulación ambiental, inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales para fortalecer los sistemas de procuración de justicia ambiental a nivel estatal y municipal.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

1 ONU. La Agenda de Desarrollo Sostenible. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores por objetivo y meta. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind

3 PROFEPA. Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. P. 15

4 Ibídem. P.16

5 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 30/11/2016. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016

6 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 30/11/2016. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017

7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Clasificación funcional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. P. 2 [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Clasificación funcional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. P. 2 [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf

9 ASF. Auditoría de Desempeño: 2017-5-16E00-07-0443-2018. Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire. Informes Individuales Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. P. 43.

10 Ídem. 43






Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre y se apegue a los instrumentos correspondientes en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR LA CONSULTA PROPUESTA PARA LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE Y SE APEGUE A LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El lunes 12 de noviembre del presente año, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizó el siguiente anuncio:

"Informo a ustedes que el día 24 y 25 de este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos, no sólo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos su opinión."

 “Tengo mucha confianza de que la gente va a votar porque se construya el Tren Maya porque no perjudica a nadie y, al contrario, beneficia a mucha gente y sobre todo a los habitantes del sureste que son los más pobres de México”. 1

El Presidente Electo adicionalmente expresó que no actuaría con imparcialidad en esta consulta, misma que tiene como objetivo preguntar a la población sobre 10 diferentes proyectos, sino que los defendería sin importar cuál fuera la opinión de los ciudadanos consultados.2 También mencionó que la nueva consulta sería financiada por los senadores del partido Morena, siguiendo el mismo esquema que se utilizó en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).3

Los proyectos que el Presidente Electo pretende someter a consulta son el Tren Maya Peninsular, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y 10 programas sociales. En el caso del Tren Maya Peninsular, su infraestructura se construirá en algunas de las regiones con mayor concentración de población indígena, como Tabasco, el norte y los altos del estado de Chiapas, la Selva Lacandona, la Frontera Sur y la región maya.4 Por otra parte, el Istmo de Tehuantepec sigue siendo un lugar donde las comunidades indígenas se han organizado contra la instalación de megaproyectos, defendiendo su derecho a la tierra y los recursos naturales, así como su derecho a la consulta libre, previa e informada. En su lucha, estas comunidades ya se han enfrentado a ataques e intimidaciones.5

II. El artículo 2° constitucional, al igual que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México en 1990, reconocen el derecho de los pueblos indígenas a que se consulte respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles de manera directa.

Adicionalmente, en nuestro país existen instrumentos como el Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, emitido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que ya incluye un sistema de consulta. En este caso el Sistema de Consulta Indígena tiene como objetivo:

“Establecer los procedimientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y las comunidades indígenas sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que inciden en sus derechos y en su desarrollo”.6

Este protocolo, adicionalmente cuenta con el fundamento jurídico de diferentes ordenamientos legales los artículos 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los artículos 16 y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.7

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha hecho énfasis en el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, y señala que la misma debe realizarse mediante una efectiva participación, según las costumbres y tradiciones para promover una comunicación amplia y abierta entre las partes, vigilando que se brinde la información completa y oportuna, por medio de un mecanismo adecuado y que debe tener como objetivo: “obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para llevar a cabo programas y proyectos que afectan a la comunidad”8.

El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada fue uno de los grandes avances de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas.

Por ello, vemos con profunda preocupación que el Presidente electo quiera sacar adelante proyectos como el Tren Maya y otros megaproyectos de infraestructura sin realizar un debido proceso de consulta a las comunidades indígenas involucradas, lo que sentaría un pésimo precedente y un retroceso en la política de reconocimiento a los pueblos indígenas, además de una violación a sus derechos humanos.

Los pueblos indígenas, tanto por mandato constitucional como por derecho internacional, tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, resguardando sus derechos colectivos, y su derecho a decidir sobre su presente y su futuro. Por ello, la consulta a los pueblos indígenas debe ser un proceso integral y focalizado a cada comunidad afectada, y no una jornada de consulta nacional que no escuche sus particularidades y exigencias.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a que se abstenga de realizar, en los términos que ha planteado, la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre, y en el caso de los proyectos de infraestructura esbozados se apegue a los instrumentos correspondientes en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, respetando los derechos colectivos y culturales de los mismos, y emprendiendo un proceso de consulta previa, libre e informada a todas las comunidades que pudieran resultar afectadas, tal y como lo marcan el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)  .

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Consulta sobre Tren Maya se realizará el 24 y 25 de noviembre, El Financiero, (12-11-2018), recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/consulta-sobre-tren-maya-se-realizara-el-24-y-25-de-noviembre-lopez-obrador

2 “El 24 y 25 de noviembre, AMLO someterá a consultas proyectos y programas”, ADN Político, (12-11-2018), recuperado de: https://adnpolitico.com/presidencia/2018/11/12/el-tren-maya-aun-no-tiene-fecha-de-consulta-pero-si-de-arranque-de-trabajos

3 “La consulta del Tren Maya será el 24 y 25 de noviembre se inicia la construcción el 17 de diciembre: AMLO”, Sin Embargo, (12-11-2018), recuperado de: https://www.sinembargo.mx/12-11-2018/3496725

4 “El tren maya y la obligada consulta previa a los pueblos indígenas”, El Economista, (27-09-2018), recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-tren-maya-y-la-obligada-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-20180927-0045.html

5 “La lucha de los pobladores del Istmo de Tehuantepec ante las empresas eólicas”, Animal Político, (07-08-2018), recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/08/pobladores-istmo-tehuantepec-empresas-eolicas/

6 “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas”, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (02-2013), gob.mx, recuperado de:
https://www.gob.mx/pa/documentos/protocolo-para-la-implementacion-de-consultas-a-pueblos-y-comunidades-indigenas

7 Ídem

8 “El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas”, CNDH, (08-2018), recuperado de:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/03-Pueblos-Comunidades-indigenas.pdf






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para manifestar nuestra solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados    en los condados de Butte, los Ángeles y Ventura del estado de California, Estados  Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

De las y los Senadores integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA MANIFESTAR NUESTRA SOLIDARIDAD POR LAS LAMENTABLES PÉRDIDAS HUMANAS, ECOLOGICAS Y ECONÓMICAS, OCURRIDAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES REGISTRADOS EN LOS CONDADOS DE BUTTE, LOS ÁNGELES Y VENTURA DEL ESTADO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Estados Unidos de América, cuenta con un sitio web público de información sobre incendios, en el cual se indican las emergencias ocurridas en su territorio por incendios forestales y otros desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes y tornados.1

Los incendios favorecen y mantienen numerosas especies de arbustos productores de bayas, que son una fuente importante de alimento para los osos, además de proporcionar un hábitat a insectos y animales carroñeros. Los incendios que se produjeron en 1998 en el parque nacional de Yellowstone, Estados Unidos aumentaron las existencias de algunos de los alimentos que consume el oso pardo.2

Sin embargo, los incendios pueden convertirse en una pesadilla que ocasiona graves pérdidas a la biodiversidad, con la pérdida de comunidades que viven en bosques.

Actualmente, Estados Unidos de América enfrenta 2 incendios forestales graves en el estado de California, uno conocido como camp fire en el condado de Butte, que ha afectado a la localidad de Paradise y el cual ya ha sido referido como el incendio más mortal de la historia de aquel país, debido a que hasta el 14 de noviembre se contabilizan 48 muertos y aproximadamente 200 desaparecidos3.

Este incendio comenzó el 8 de noviembre de 2018, ha destruido 7,600 residencias y 260 comercios, ha afectado 54,632 hectáreas y amenazado a 15,500 estructuras.

El 8 de noviembre, el Gobernador Interino del estado de california emitió una proclamación de emergencia para el condado de Butte, debido a los efectos del Camp Fire, en el cual se establecieron4:

1. Utilizar personal y equipos del gobierno para las actividades de emergencia e informar a la ciudadanía preste atención al personal de emergencia para resguardar su seguridad.

2. El servicio de Emergencia proporcionará asistencia del gobierno local de Butte.

3. Atender con prontitud los impactos por el incendio forestal a través de la celebración de contratos de adquisiciones de materiales, bienes y servicios.

4. Apoyar la entrega del seguro de desempleo a los solicitantes desempleados a consecuencia del Camp Fire.

5. Reemplazar documentación oficial sin cargo.

Asimismo, en el condado se han abierto siete refugios o centros de evacuación y ha cerrado 23 caminos, trabajan 5,615 personas en el manejo de fuego, se utilizan 630 automóviles, 23 helicópteros, 105 bulldozers5.

El segundo incendio es conocido como Woolser Fire, en los condados de los Ángeles y Ventura, que también inicio el 8 de noviembre y ha dejado 483 estructuras destruidas, 86 estructuras dañadas, dos personas muertas y 3 bomberos lesionados6.

El 9 de noviembre, el Gobernador Interino del estado de California emitió una proclamación de emergencia para los condados de Los Ángeles y Ventura, debido a los incendios, estableciendo las mismas medidas que las indicadas para el condado de Butte7.

Para atender estos incendios se han abierto cuatro refugios o centros de evacuación, se han cerrado diversos caminos y parte de la autopista 1, para atender este incendio trabajan 6,685 personas en el manejo de fuego, se utilizan 544 automóviles, 22 helicópteros, 16 bulldozers8.

Desafortunadamente, los incendios forestales registrados en el estado de California, no han podido ser controlados, debido a que continúan los fuertes vientos de Santa Ana, es decir con ondas de calor excesivas.

México ha apoyado al gobierno de Canadá para combatir incendios forestales. De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que en 2017 se registró el mayor número de combatientes mexicanos que viajaron a Canadá con 270 elementos9.

Este apoyo se otorgó gracias a la solicitud del Gobierno de Canadá quien a través del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales, solicitó el despliegue de combatientes mexicanos para la supresión de incendios en ese país.

El Presidente de ese país a Justin Trudeau ha agradecido a los combatientes de incendios mexicanos que llegaron a ese país para apoyar en el combate de los incendios que devastaron kilómetros cuadrados de zonas boscosas en ese país, fueron un total de 372 bomberos mexicanos coordinados por la Comisión Nacional Forestal quienes llegaron a Canadá para ayudar a controlar y apagar los incendios10.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objetivo manifestar la solidaridad de México con el estado de California quien sufre graves pérdidas humanas, económicas y ecologías, por los incendios forestales registrados en los condados de Butte, Los Ángeles y Ventura.

Asimismo, se solicita a la Secretaría de Medio Amiente ofrezca el apoyo al Gobierno de California con combatientes forestales mexicanos, para apoyar las acciones de supresión del fuego.

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecologías y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados en los condados de Butte, Los Ángeles y Ventura del estado de California, Estados Unidos de América.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Amiente y Recursos Naturales, a ofrecer el apoyo humano y técnico al Gobierno de California, para coadyuvar en las acciones de supresión del fuego.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

1 Servicio Forestal de los Estados Unidos, sitio web público https://www.fs.fed.us/science-technology/fire/information, página consultada el 13 de noviembre de 2018

2 Fao, Los incendios forestales y la diversidad biológica, http://www.fao.org/docrep/004/y3582s/y3582s08.htm

3 Información de camp fire, http://www.fire.ca.gov/current_incidents/incidentdetails/Index/2277, página consultada el 14 de noviembre de 2018

4 Proclamación de un Estado de Emergencia en el condado de Butte, https://www.gov.ca.gov/2018/11/08/acting-governor-newsom-declares-state-of-emergency-in-butte-county-due-to-camp-fire/

5 http://www.fire.ca.gov/current_incidents/incidentdetails/Index/2277

6 Actualización de incendio Woolsey, http://cdfdata.fire.ca.gov/pub/cdf/images/incidentfile2282_4229.pdf, página consultada el 14 de noviembre de 2018

7 Proclamación de un Estado de Emergencia en Condados de Los Ángeles y Ventura, https://www.gov.ca.gov/2018/11/09/state-of-emergency-in-los-angeles-and-ventura-counties/

8 Reporte de incendio Woolsey http://www.fire.ca.gov/current_incidents/incidentdetails/Index/2282

9 Semarnat https://www.gob.mx/semarnat/prensa/apoyaran-105-combatientes-mexicanos-supresion-de-incendios-forestales-en-canada-166218?idiom=es

10 http://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/justin-trudeau-agradece-apoyo-bomberos-MEXICANOS






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Congreso a comunicar a todos los mandatarios e invitados especiales a la toma de posesión del Presidente de la República, respecto a la prohibición de entrar armado al Palacio Legislativo de San Lázaro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Los que suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protesta al cargo de Presidente de la República es una práctica protocolaria de gran relevancia política y jurídica que brinda formalidad al contenido constitucional. Al protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, se le da significado frente a los ciudadanos al compromiso de ejercer la función cuyo desempeño está regulado por nuestra Carta Magna.

Tratándose del Presidente de la República, la protesta es particularmente significativa desde el punto de vista protocolario y formal. Con este acto, el Presidente de la República asume el cargo en virtud de la protesta, ya que ésta determina el inicio de las responsabilidades constitucionales.

El Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

La ceremonia de toma de posesión debe ser uno de los actos republicanos mejor cuidados debido a que se trata de un acto trascendente para la vida nacional, es decir, se trata nada más y nada menos, de la entrega de la banda presidencial como símbolo republicano, mientras que, en lo formal, se da paso a la entrega del poder entre el presidente saliente y el entrante.

Recientemente el Presidente de la Cámara de Diputados, dejó en claro que no habrá personal militar y tampoco personas vestidas de civil con armas al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro durante la toma de posesión del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre.

Asimismo, informó que durante la toma de posesión no habrá ningún operativo de seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial en el recinto legislativo y lo justificó diciendo que este cuerpo del Ejercito desaparecería. Asimismo, que tampoco se autorizaría que ningún integrante de la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, bajo su responsabilidad, este armado.

Cabe mencionar que el Artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en el recinto está estrictamente prohibida la entrada a toda persona que se encuentre armada y, que en caso de que alguien transgreda esta prohibición, el Presidente de la Mesa Directiva hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes.

Artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

“1. El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara, incluyendo Salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara.

2. El Presidente velará por la inviolabilidad del Recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance.

3. En el Recinto ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos. Los mandatos de cualquier autoridad deberán dirigirse al Presidente.”

4. En el Recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, el Presidente hará que abandone el Recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes.

El Presidente de la Cámara de Diputados, ha manifestado incluso que, como responsable de la seguridad en el recinto legislativo, el próximo primero de diciembre el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, no podrá entrar con su cuerpo de seguridad armado a la entrega de la banda presidencial y toma de posesión del presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la pregunta sobre la seguridad que se brindará a los distintos jefes de Estado que acudirán a la toma de posesión antes referida, el propio Presidente de la Cámara de Diputados expuso que él es responsable de la seguridad al interior de este recinto, pero que afuera del mismo la seguridad les corresponde a los gobiernos electos de la Ciudad de México y del gobierno federal. Aclaró, además, que en la logística y los protocolos que se llevaran a cabo en este sentido, él no tiene nada que ver y que se tendrán que ir afinando tanto en los días previos, como en los posteriores al evento que nos ocupa, ya que habrá mandatarios invitados que tendrán encuentros de trabajo con el presidente entrante.

Como se ha venido sosteniendo, la protesta es un acto solemne y relevante desde el punto de vista político y jurídico, por lo que entendemos que la determinación por parte del Presidente de la Cámara de Diputados para que nadie ingrese al recinto armado corresponde a una disposición legal que no puede desconocerse y que debe acatarse cabalmente.

Sin embargo, creemos que sería muy importante que el Presidente de la Cámara de Diputados haga extensiva esta determinación comunicándola a la brevedad, de manera formal y por los medios conducentes, a todos los mandatarios invitados a la toma de protesta el próximo 1 de diciembre.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República consideramos que, si esta disposición se ha planteado de forma estricta para el Titular del Ejecutivo Federal en nuestro país, esto mismo debe formalizarse para aquellos mandatarios y sus equipos de seguridad que acudirán a la toma de posesión del presidente entrante.

Hacemos este llamado en función de que una de las responsabilidades del Presidente de la Mesa Directiva, además de garantizar que el desarrollo del trabajo legislativo se cumpla cabalmente con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, radica en que su actuación debe apegarse a los principios de imparcialidad y objetividad.

No podemos ser luz de la calle y obscuridad de la casa, es decir, demostrar frente al mundo el respeto a las instituciones y tradiciones republicanas que nos hemos dado los mexicanos para el buen funcionamiento del Estado y, por el otro, que se permita que otros mandatarios violen las disposiciones legales que el propio Presidente de la Cámara de Diputados ha determinado como autoridad en función de sus atribuciones legales para conducir la ceremonia de toma de posesión que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Congreso, a que en el marco de sus atribuciones y, en respeto irrestricto al Marco Jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunique a la brevedad, de manera oficial y por los medios conducentes, a todos los mandatarios e invitados especiales a la toma de posesión del próximo Presidente de la República a celebrarse el 1 de diciembre de 2018, que estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de noviembre de 2018.

Suscriben

Las y los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
de la LXIV Legislatura.






De la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la autoridad electoral local para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, y a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio la fecha del 16 de diciembre de 2018 para la celebración de dicha elección. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A DOTAR DE LOS RECURSOS NECESARIOS A LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, Y A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL PARA QUE MANTENGA SIN CAMBIO LA FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA ELECCIÓN.

COMPETENCIA

La presente proposición con punto de acuerdo, se realiza con apego a lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, el cual refiere:

“Artículo 276

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, …”

En este sentido, y atendiendo a la fundamentación anterior, proponemos al Senado de la República, aprobar esta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo León, y a la Comisión Estatal Electoral de esa misma entidad federativa, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es conocido de la opinión pública, el pasado 17 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León revocó el triunfo del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Monterrey para asignar la victoria al candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior en virtud del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 presentado por el Partido Revolucionario Institucional, mismo que el Tribunal Estatal Electoral resolvió anulando la votación correspondiente a 150 paquetes electorales por la supuesta causal de “violación a la cadena de custodia en materia electoral”, lo que representa el 9% de la votación, por lo que revoca la constancia de mayoría otorgada por la Comisión Electoral de Monterrey al candidato del Partido Acción Nacional y le ordena expedir otra a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Después de una serie de impugnaciones, finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración identificado como SUP-REC-1638/2018 y acumulados, anuló la elección en comento y ordenó a la Comisión Estatal Electoral la celebración de una elección extraordinaria.

En cumplimiento de la sentencia de mérito, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, acordó celebrar dicha elección extraordinaria el próximo domingo 16 de diciembre. Es de recordarse que la legislación electoral local, establece que en este supuesto, la elección debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a que cause ejecutoria la sentencia, siendo el caso, que para el día 16 de diciembre habrán pasado 46 días desde ese momento.

Por alguna razón, no obstante que el acuerdo de la autoridad electoral es conforme a derecho y al sentido común, en la opinión pública se han escuchado voces exigiendo que la jornada comicial extraordinaria se recorra hacia el día 23 o al 30 de diciembre.

Es evidente que en tratándose de una fecha -la del 23 de diciembre-, tan cercana a las celebraciones navideñas, la jornada electoral seguramente presentaría niveles de abstencionismo mucho más elevados que si se celebra en la fecha acordada por la autoridad, y no se diga en el caso de la otra fecha mencionada –la del 30 de diciembre-, que también, siendo un día tan cercano a las celebraciones de fin de año, no ayudaría a tener la convocatoria deseada para que la ciudadanía acuda a votar.

Así las cosas, consideramos que la fecha acordada ya por la autoridad electoral local no debe cambiarse, ya que es la fecha mas razonable para la celebración de este evento ciudadano electivo.

Es importante observar lo establecido en el punto séptimo de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso de reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados, que ordena:

“Por lo anterior y con sustento jurídico en lo establecido en los numerales 1 fracciones IV, 13, 15 fracción I y penúltimo párrafo, 16 y 17 último párrafo de la Ley Electoral local, se ordena a la Comisión Estatal Electoral de esta entidad, convoque a la elección extraordinaria para la renovación del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

El artículo primero, fracción IV de la Ley electoral, señala que dicha Ley es reglamentaria, en materia electoral, de la Constitución Local; sus disposiciones son de orden público y de observancia general, tiene por objeto regular lo concerniente a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos ordinarios y extraordinarios, para la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los ayuntamientos de los Municipios del Estado.

El artículo 13 de la Ley Electoral, indica que las elecciones para renovación de las podres públicos serán ordinarias y extraordinarias. El artículo 15, fracción I de la Ley Electoral, por su parte, menciona que las elecciones extraordinarias se realizarán en los casos que prevén la Constitución local y las leyes que de ella emanen, así como cuando se declare nula una elección. Las elecciones extraordinarias se celebrarán dentro de los sesenta días siguientes a que cause ejecutoria la declaración de nulidad o la declaración de empate, o bien, a que se declare la vacante.

El artículo 16 de la Ley electoral en Estado, señala que las elecciones extraordinarias deberán sujetarse a lo conducente a las disposiciones de la Ley Electoral para la elección ordinaria y a la convocatoria que expida la Comisión después de emitida la declaratoria respectiva. La convocatoria que expida la Comisión para la celebración de elecciones extraordinarias no podrá restringir los derechos de la ciudadanía y de los partidos políticos ni alterar las garantías, los procedimientos y formalidades que la ley electoral establece.

El artículo 17, último párrafo de la Ley Electoral determina que, en la celebración de las elecciones extraordinarias, la Comisión ajustará los plazos del proceso electoral conforme a la fecha de la convocatoria respectiva, y determinará el domingo correspondiente para la jornada electoral.

En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso de reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados, el primero de noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, a través CEE/CG/211/2018 determinó:

“Que la convocatoria para la celebración de las elecciones extraordinarias en el municipio de Monterrey, Nuevo León, será el 16 de diciembre.”

Como hecmos dicho, la fecha aprobada por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, está dentro de los setenta días siguientes a que ha causado ejecutoria la sentencia a la cual se da cumplimiento, ya que entre la fecha en que causó ejecutoria la declaratoria de nulidad de la elección, y la fecha propuesta para la celebración de la jornada electoral, median 46 días.

Por otra parte, se han manifestado algunas preocupaciones en el sentido de que la autoridad electoral local pudiera no estar en condiciones presupuestarias suficientes como para organizar adecuadamente este proceso electoral extraordinario, por lo cual, consideramos pertinente, hacer el llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Nuevo León para que garantice que la falta de recursos no sea óbice para la celebración de una elección ordenada y a la altura de los que esperan las y los ciudadanos del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, a que haga las gestiones necesarias para que se asegure de que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, cuente con los recursos presupuestarios necesarios para que, en cumplimiento de la sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional electoral, realice, sin aplazamiento alguno, la elección electoral extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, el próximo 16 de diciembre.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a mantener la fecha del 16 de diciembre de 2018, y no permitir cambio alguno a este respecto para la celebración de esa elección extraordinaria en los términos por ella misma acordados, y en aras de alcanzar la mayor participación ciudadana posible en dichos comicios.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 20 de noviembre de 2018.

Sen. Josefina Vázquez Mota.






AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los temas en cartera.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 22 de noviembre a las 11:00 de la mañana.

(Se levantó la sesión a las 18:02 horas)

Directorio

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SUMARIO




































































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