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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:32 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se abre la sesión del jueves 25 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintiséis minutos del día martes veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Salud, Acuerdo en relación con su rezago legislativo.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la situación migratoria en la frontera sur del país.- El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo y dio paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios. Intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, quien presentó propuesta de adición al Acuerdo; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Joel Padilla Peña del PT; Verónica Delgadillo García de MC; Vanessa Rubio Márquez del PRI; Kenia López Rabadán del PAN; y Héctor Vasconcelos de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de adición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa e informó de su aceptación por parte de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la designación del Lic. Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores, en la sesión del 18 de octubre, se procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente tomó la protesta constitucional al ciudadano Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

La Senadora Sasil De León Villard, a nombre propio, del Senador Ricardo Monreal Ávila y del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Samuel García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o Decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 36, fracción III; y 73, fracción XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos.

 

El Senador Aníbal Ostoa Ortega, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que declara el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 26 de  la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa  con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Mauricio Kuri González, a nombre propio y de las Senadoras Gina Andrea Cruz Blackledge y Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un subinciso V) al inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, a nombre propio y del Senador Higinio Martínez Miranda, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 46 bis de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Julen Rementería Del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con los asuntos del Orden del Día.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Julen Rementería Del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre las políticas migratorias del estado mexicano y las acciones en torno a la caravana migrante.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

 

De la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a instruir al titular del Instituto Nacional de Migración a acatar cabalmente lo dispuesto en la Ley de Migración, respecto del ingreso a territorio mexicano de la caravana migrante, proveniente de Centroamérica.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el jueves veinticinco de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Se recibió una comunicación del Senador José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido Morena, por la que informa las fechas y horarios en que se llevará a cabo “El Foro Informativo Relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El documento está publicado en la Gaceta Parlamentaria para su consulta, con lo que la Asamblea se da por enterada.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, el siguiente asunto del Orden del Día, es la presentación del Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la designación de la Senadora Nestora Salgado García como Representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación, con motivo del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018.

Dé cuenta la Secretaría con el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura al Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Nestora Salgado García como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación. Comuníquese.






Compañeras y compañeros, la Junta de Coordinación Política suscribió un Acuerdo por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante comisiones del Senado de la República, con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Si no hay Senadoras, Senadores que se anoten para intervenir, en votación económica, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se señalan los funcionarios que comparecerán ante Comisiones del Senado de la República, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno. Comuníquese.






Hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política suscribió otro Acuerdo, por el que se remiten a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justicia, los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento de la Base Cuarta de la Convocatoria aprobada el pasado 2 de octubre. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Esta Asamblea ha quedado enterada. La Junta de Coordinación Política remitirá a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado, los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai.

Pasemos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Recibimos de la Cámara de Diputados el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre Migrantes, aprobado en su sesión del pasado 23 de octubre de 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Continuamos con el despacho de los asuntos del Orden del Día.






El siguiente rubro de nuestra agenda, es la presentación de iniciativas.

En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Manuel Castro Cosío, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de incremento de costos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador Víctor Manuel Castro Cosío, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Gracias. Amanecieron con una sonrisa en la Mesa Directiva. Eso es muy importante. Gracias, señor Presidente.

A nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, y de un servidor, Víctor Manuel Castro Cosío, ambos, miembros de esta LXVI Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Morena.

Les planteamos a todos los que están atentos y atentas, la siguiente exposición de motivos para reformar el artículo 59 de la Ley Orgánica de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, con las bases siguientes:

En Morena reconocemos la importancia fundamental que guarda la observancia y materialización de los principios de transparencia, honradez, eficacia y austeridad, como ruta para lograr un estado de bienestar, desarrollo social y prosperidad al que como nación aspiramos.

Lamentablemente, en nuestro país la corrupción es un fenómeno que lastima a la sociedad y se ha materializado en el robo directo de las arcas públicas, en los sobornos que favorecen a determinados agentes económicos y en la asignación ilícita de la obra pública.

En años recientes, los casos de corrupción que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. La sociedad ve con enojo y frustración como gobernadores y funcionarios públicos de los diversos partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una forma de vida, a través del robo de miles de millones de pesos y, en la mayoría de los casos, gozando de impunidad y protección gubernamental.

Desafortunadamente, la contratación pública es una de las principales actividades del Estado mexicano en que la corrupción se ve reflejada, esto derivado, en gran medida, de un diseño institucional y legal, flexible, que permite y propicia la colusión de proveedores y contratistas en perjuicio del erario.

Lo anterior, además de afectar a las finanzas públicas, impacta de manera negativa en los particulares que esperan que los recursos económicos públicos sean administrados por el gobierno de manera eficiente, trasparente y honrada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, reconoce los principios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez como las pautas a través de las que se deberán administrar los recursos públicos de la República.

Este mismo dispositivo constitucional señala que la contratación de obra se debe de adjudicar a través de licitaciones públicas, con la finalidad de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

En al ámbito internacional, nuestro país también ha reconocido y adoptado diversos principios en materia de contratación pública, tales como igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, motivación de las decisiones, economía, eficiencia, eficacia, la consecución de objetivos sociales y la protección del medio ambiente.

En nuestro país, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local; la industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual, 23 por ciento corresponde al sector público, y de éste, 77 por ciento es gasto federal.

En este sentido, la presente iniciativa propone mayores controles y establece mecanismos de transparencia en el procedimiento excepcional por virtud del cual se requiera la modificación contractual y, por ende, una adecuación en montos y plazos.

Las modificaciones propuestas al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, consisten en:

1.- Disminuir del 25 al 10 por ciento el porcentaje del monto máximo por virtud del cual pueden modificarse los contratos de obra.

2. Establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del 10 por ciento del monto inicialmente presupuestado.

3. Establecer requisitos mínimos, que deben justificarse para el caso de solicitar las modificaciones de condiciones.

4. Mandatar que los convenios de modificación deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o entidades respectivas.

5. Hacer públicos los convenios modificatorios, en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas en CompraNet.

Con el propósito de exponer en forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, voy a presentar a la Comisión un cuadro comparativo con las propuestas que resumo de forma muy clara: “Las dependencias y entidades, dice la ley actual, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios”.

Proponemos una reforma al artículo 59: “Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precio unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 10 por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir cualquier forma de cumplimiento de la ley o de los tratados.

Voy a entregar, si permite la Mesa Directiva, para que la Comisión correspondiente analice esta iniciativa de reforma al artículo 59, y pedirles, de manera muy precisa, que esta iniciativa busca el consenso para evitar que el erario público siga sufriendo los atentados permanentes por este método de la obra pública a ciertos y a cuáles.

Les pido su respaldo para esta iniciativa llegado el momento.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Víctor Castro Cosío.

Senador Julen Rementería, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Sólo para que me haga el favor de preguntarle al Senador Víctor Manuel Castro Cosío, si me permite sumarme a su iniciativa.

Yo sí le puse atención, Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador.

El Senador Víctor Manuel Casto Cosío: Por supuesto, es un honor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se adhieren a esta iniciativa los Senadores. Gustavo Madero, Xóchitl Gálvez, Ismael García, Senador Fuentes, Gina Cruz, Minerva Hernández, Kenia López, Lucía Trasviña, Nestora Salgado, Guadalupe Covarrubias, Ana Lilia Rivera, Susana Harp, Malú Micher, Blanca Estela Piña, Freyda Marybel Villegas, Gricelda Valencia, Bertha Caraveo, Cecilia Sánchez, José Luis Pech, Mónica Fernández, Aníbal Ostoa, Geovanna Bañuelos, Eva Galaz, Napoleón Gómez Urrutia, Soledad Luévano, Félix Salgado Macedonio, Joel Padilla, a nombre de todos los integrantes de la bancada del PT; Senadora Claudia Balderas, Miguel Ángel Navarro, Primo Dothé, Víctor Castro Cosío, Angélica García. Salomón Jara. Delfina Gómez e Higinio Martínez.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores. Recoja la Secretaría todas estas adhesiones, además de los Senadores de Sinaloa, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha.

Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, procedentes del estado de Querétaro, invitados por el Senador Mauricio Kuri González.

El Senado expresa su beneplácito por su vista.

¡Sean bienvenidas y bienvenidos!






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, con aval de las Senadoras y los Senadores de su grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional, para presentar una inicitiva con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal, en materia de delitos de corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hago uso de la tribuna de esta Honorable Cámara de Senadores, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal.

Comenzaré por señalar que la impunidad y la corrupción son dos de los principales lastres que padece México y que los ciudadanos rechazan enfáticamente.

Senador Víctor, esta iniciativa va para aquellos cuates ratas que se roban el dinero, para que los castiguemos, para que no haya perdón a la estafa maestra, a Odebrecht y a todos esos actos de corrupción que le apuestan al olvido. Nosotros creemos que se debe de castigar.

En el Partido Acción Nacional tenemos claro que esos males se combaten con el cumplimiento irrestricto de la ley, con una política sin ambigüedades y una actitud de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

Con frecuencia vemos que la ley no se aplica, se aplica selectivamente o se simula que se aplica como resultado de la corrupción.

La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y en el servicio público y minan el estado de derecho.

Por eso es necesario fortalecer el estado de derecho y reformar el sistema de administración de justicia, con el propósito de ejercer la acción penal contra aquellos que, al margen de la ley, han arrebatado al país parte de su patrimonio con actividades ilícitas.

La semana pasada presentamos una iniciativa de reforma constitucional que propone, que la extinción de dominio sea retrospectiva e imprescriptible. Es decir, que esta acción de extinción no prescriba con el paso del tiempo.

Hoy venimos a proponer a este Pleno una reforma legal al Código Penal para que el ejercicio de la acción penal sea imprescriptible para los delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Estos delitos tienen una característica particular, son delitos que son cometidos por servidores públicos, por personas que se encuentran ligadas al ejercicio del poder o que reciben o manejan recursos públicos.

Eliminar la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos, es una obligación ética y moral, ante el clima de impunidad y corrupción que existe en el país en todos los niveles.

Sólo como dato estadístico podemos mencionar que de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, de 2011 a 2015, el Inegi, en 2015 fueron sancionados un total de 3 mil 459 servidores públicos por delitos del fuero común, cometidos con motivo del servicio público.

En el plano federal, durante el 2017 las instituciones de control y fiscalización sancionaron a 541 servidores públicos, un 19 por ciento más de los 450 sancionados en 2012.

De igual forma, en 2017, un total de 251 personas fueron sentenciadas en el fuero federal por asociación delictuosa y 105 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el caso específico de delitos relacionados con servidores públicos, 63 fueron sentenciados por cohecho, 41 por abuso de autoridad y 35 por peculado, esto de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2011-2018.

Señoras y señores Senadores, los invito, y los invitamos, a nombre de Acción Nacional, a apoyar esta iniciativa para ofrecer una alternativa que atienda el grave problema de la corrupción e impunidad.

No más Odebrecht.

No más estafa maestra.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Víctor Castro Cosío, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Para adherirme a la propuesta, en contra de la corrupción, de la maestra Xóchitl, con todo gusto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

También las Senadoras Lucía Trasviña, Susana Harp, los Senadores del Estado de México, Delfina Gómez e Higinio Martínez, la Senadora Gricelda Valencia, Julio Menchaca, Angélica García, Miguel Ángel Navarro y Malú Micher, piden adherirse a esta iniciativa.

Muchas gracias. Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones que se han expresado en el Pleno.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, para presentar a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de protección del medio ambiente y de la salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado Castro, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores. Senadoras y Senadores.

Distinguidas y distinguidos miembros de Red de Toxicología de Plaguicidas que nos acompañan.

“Sin abejas no hay vida”, es la frase con que desde hace, prácticamente, dos años hemos luchado desde diferentes trincheras para hacer visible una catástrofe global, como lo es la desaparición y muerte masiva de las abejas y el uso de plaguicidas altamente tóxicos en México, que ponen en peligro la vida de las abejas, nuestro medio ambiente y nuestra propia vida.

Miren, este problema se remonta a 2006, cuando en Estados Unidos desapareció en un solo año el 50 por ciento de las colmenas.

Años después sucedió lo mismo en Europa, aniquilando el 60 por ciento de las abejas y en el 2015, aquí en nuestro país, desapareció el 30 por ciento de las abejas.

Esta desaparición y muerte masiva de las abejas llamó la atención de todo el mundo, por muchas razones, porque, si bien son las encargadas de producir miel, que en sus manos está un empleo que genera muchísima riqueza, porque también ellas son muy importantes, ya que ocho de cada diez alimentos de origen vegetal que consumimos fueron polinizados por ellas o por otro agente polinizador. Ellas son una parte fundamental del equilibrio ecológico, por eso fueron denominadas como la especie más importante de este planeta.

Esta desaparición y muerte masiva de abejas nos deja ver que algo estamos haciendo muy mal los seres humanos, porque ya son sensores también del medio ambiente, son termómetros de la naturaleza. Esto alertó a los investigadores que se pusieron a trabajar y ellos encontraron que la muerte masiva de las abejas está directamente relacionada y provocada por la presencia de plaguicidas altamente tóxicos, que ya están prohibidos en otros países pero que se siguen vendiendo en México a pesar de que los tratados internacionales restringen que se siga haciendo en México.

Lamentablemente en nuestros campos, en las ciudades, se están utilizando estos químicos que además de afectar a las abejas también tienen un gran impacto en la salud de los seres humanos. Los plaguicidas que se utilizan para fumigar, por ejemplo, plantíos, cosechas, árboles, plantas, salones de escuela, hasta oficinas, pueden durar más de diez años en el ambiente y están provocando enfermedades letales como cáncer, leucemia, diabetes, obesidad, alzheimer, parkinson, enfermedades que juntas representan millones y millones de pesos para el sector salud, que hoy se encuentra totalmente rebasado.

Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que lo que está matando a las abejas está matando a los seres humanos. Sin abejas no hay vida, es un llamado a este Senado, a la Cámara de Diputados, a este gobierno, a todas sus instituciones para que despierten, para que dejen de ser omisos, para que la salud de la gente no sea una moneda de cambio, para que entendamos que unas cuantas empresas como Monsanto y Bayer están haciendo de la muerte de todos y de todas el negocio de sus vidas a costa de las nuestras.

Pero sin abejas no hay vida también es una batalla ética y lo es porque tenemos que entender que nuestra responsabilidad es de preservar el medio ambiente, que nosotros no podemos ser indiferentes mientras decenas de especies, como las abejas, desaparecen por nuestro egoísmo, porque los humanos hemos llegado a creer que somos dueños de este planeta y que podemos hacer con él lo que sea.

Señoras y señores, en Movimiento Ciudadano, desde hace dos años que hemos luchado por esta iniciativa, sabemos que defender a la naturaleza y a las abejas es defender a la vida misma. Y ahí en esa defensa no podemos dar ni un solo paso  atrás.

Por eso el día de hoy presento esta iniciativa para que valoremos el trabajo, porque está basado en la investigación de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, que nos acompañan hoy, y también de decenas y decenas de apicultores de México, ellos sustentan esta iniciativa que busca prohibir el uso de plaguicidas altamente tóxicos en nuestro país.

Esta propuesta busca preservar el medio ambiente y a las abejas, pero también busca preservar lo más importante que tenemos: la vida. Porque con el uso de plaguicidas tóxicos no hay abejas, no hay plantas, no hay polinización, no hay flores, no hay animales. Nos tiene que quedar claro que sin abejas no hay vida.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Delgadillo García.

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa de la Senadora Delgadillo “salvemos a las abejas”.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse, ya había presentado alguna propuesta el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en ese sentido.

Se adhieren a la iniciativa, los Senadores Erandi Bermúdez, toda la bancada del Verde; Senador Rafael Moreno Valle, Indira Rosales, Gustavo Madero, Ismael García, Guadalupe Saldaña, Minerva Hernández, Emilio Álvarez Icaza, Zamora, Navarro; y me dice el Senador Manuel Añorve que toda la brincada del PRI, el Senador Antonio Cruz Álvarez Lima, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro, Lucía Trasviña, Nestora Salgado, Miguel Ángel Navarro, José Luis Pech, Susana Harp, Blanca Estela Piña, Guadalupe Covarrubias, Gricelda Valencia, Delfina Gómez, Lilly Téllez, Bertha Caraveo, Soledad Luévano, Félix Salgado, Rubén Rocha, Imelda Castro Castro, Eva Galaz, Mónica Fernández, Joel Padilla, Rocío Abreu, Primo Dothé e Higinio Martínez.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones correspondientes. Muchas gracias.

Se turna esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, tendiente a la protección de las abejas, a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro González Yáñez, para presentar a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de delitos graves.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCLUYE EL DELITO DE ROBO AL TRANSPORTE DE CARGA EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES COMO “DELITO GRAVE” (QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA)

(Presentada por el Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del grupo parlamentario del PT)

El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, señor Presidente, Martí Batres. Senadoras y Senadores:

El día de ayer la Junta de Coordinación Política, integrada por la y los coordinadores parlamentarios de todos los grupos integrantes de esta Legislatura, tuvimos una reunión muy relevante con el Consejo Coordinador Empresarial para tratar diferentes temas de interés recíproco, de la agenda nacional.

De manera particular, el Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, el licenciado Francisco Cervantes Díaz, nos propuso, nos planteó, que es impostergable abordar el robo a transporte de carga como un delito grave.

Hicimos el compromiso ayer de plantear hoy mismo ante este Pleno la iniciativa correspondiente y lo estamos haciendo, honrando a la palabra de esta Honorable Cámara de Senadores.

Técnicamente al delito grave se le denomina “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”. Esa es su denominación técnico-jurídica, pero está el conjunto del catálogo de los delitos graves. Voy a resumir la propuesta de iniciativa que pretende reformar el artículo 19, quedando de la siguiente manera.

“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”. Y el agregado es el siguiente: “robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades”, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación en libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Esta es la propuesta de adición para un tema de singular relevancia, porque en el México de hoy el 80 por ciento de las mercancías se transportan por el sistema carretero-ferroviario.

El autotransporte de carga representa el 5.9 por ciento del PIB y genera aproximadamente 2 millones de empleos directos.

Estoy seguro, porque este tema se abordó con cuidado el día de ayer, que tendremos el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la presencia de sus coordinadores.

Le solicito al señor Presidente Martí Batres, que la iniciativa completa se agregue al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Alejandro González Yáñez.

Senadora Sasil De León Villard, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Sasil De León Villard: (Desde su escaño) Para adherirnos a la iniciativa del Senador González, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Se adhieren las Senadoras del grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Senador Eduardo Ramírez, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Cristóbal Arias.

El Senador Cristóbal Arias Solís: (Desde su escaño) Igual, para adherirme a la iniciativa del Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Gricelda Valencia, también para adherirse.

Senador Primo Dothé, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Primo Dothé Mata: (Desde su escaño) Igual, para adherirme a la iniciativa del Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Guadalupe Covarrubias, sonido en su escaño.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: (Desde su escaño) Para adherirme también, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

También la Senadora Lucía Trasviña para adherirse y Nestora Salgado.

Gracias.

Senadora Eva Galaz, también para adherirse, recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios, las adhesiones en estos consensos pre dictaminadoras que ocurren en el Pleno.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos para su dictaminación.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, para presentar con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4o. constitucional, en materia de consulta a personas con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su permiso, señor Presidente. Buenos días, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Con el aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos presentando una iniciativa muy trascendente en cuanto a las personas con discapacidad, que seguimos impulsando como parte de nuestra agenda legislativa planteada al inicio de la Legislatura, en los términos siguientes:

El 30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 27 de septiembre de 2007.

Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, generando condiciones que permitan a toda persona a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación.

El preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que los Estados parte de dicha Convención, consideran que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos lo, que les afecten directamente.

Asimismo, el artículo 4, numeral 3 de la Convención citada, establece que los Estados parte se comprometen a:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, a celebrar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas a través de las organizaciones que las representan.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados, mil millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad que representa el 15 por ciento de la población total.

En nuestro México, según el Inegi, son casi 8 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, equivalente al 6.5 por ciento de nuestra población, de la que yo me siento parte y que tengo el compromiso muy alto de representar en esta Cámara de Senadores.

La Constitución Federal, en su artículo 1o., establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así como queda prohibida toda discriminación motivada por las discapacidades de las personas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció que es obligatorio el mandato contenido en el ya indicado artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que los Estados parte, caso de nuestro país, se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual deben, entre otras, implicar de manera efectiva y real a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones gubernamentales sobre cuestiones que les afecten.

De esta manera dicha Convención prevé la involucración de la sociedad civil, y más concretamente, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en las acciones estatales que incidan en estos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

Quiero destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017, por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno, reconoce a las personas con discapacidad y los derechos que les son inherentes.

Por ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que, ante la adopción de cualquier medida administrativa, legislativa o de otro tipo susceptibles de afectar a las personas con discapacidad, se les debe de consultar previamente y proporcionar información adecuada sobre los impactos de dichos proyectos, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre e informado, y que sus resultados sean vinculantes y las autoridades tomen en cuenta esas opiniones para sus decisiones finales.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES, Senadora de la República, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO DÉCIMO CUARTO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su carácter individual, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho internacional.

El 30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, siendo aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero, generando condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación.

El inciso o) del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que los Estados Partes de dicha Convención, consideran que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.

Asimismo, el artículo 4, numeral 3, de la Convención citada, establece que los Estados Partes se comprometen a:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este sentido, existe un precedente muy importante en el tema que nos ocupa, se trata de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve la acción de inconstitucionalidad número 33/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estableció como relevante y obligatorio el mandato contenido en el ya indicado artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que los Estados parte, caso de nuestro país, se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual deben, entre otras cuestiones, implicar de manera efectiva y real a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones gubernamentales sobre cuestiones que les afecten.

De esta manera, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la involucración de la sociedad civil, y más concretamente, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

Además, quiero destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017, por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno, reconoce a las personas con discapacidad y los derechos que les son inherentes.

Lo anterior, representa, sin duda, un avance muy importante en el sentido de que establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de los derechos y respetar la voluntad de las personas con discapacidad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.

Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es necesario que, ante la adopción de cualquier medida administrativa, legislativa o de otro tipo susceptibles de afectar a las personas con discapacidad, se les debe consultar previamente y proporcionar información adecuada sobre los impactos de dichos proyectos, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre e informado.

En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de consultar previamente a las personas con discapacidad en todo lo que les afecte directamente y, consecuentemente, que se tome en consideración su opinión por tener el carácter de vinculante.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto, por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO

Artículo Único. Se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.-

[…].

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se le consulte previo a adoptar medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo con los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre e informado y tendrán carácter vinculante en términos de lo que establezca la Ley.

[…].

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Sen. María Leonor Noyola Cervantes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Noyola Cervantes.

Senadora Vanessa Rubio, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntarle a la Senadora Noyola si me permitiría sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Senadora Claudia Edith Anaya, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Felicitando a la Senadora Leonor y pidiéndole que me permita acompañarla en su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Me sumo a la extraordinaria iniciativa de la Senadora Leonor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Senadora Verónica Martínez, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) De igual forma me sumo a la iniciativa de la Senadora Leonor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Blanca Estela Piña.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa de la Senadora Noyola.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senador Zamora, del Partido Verde, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: (Desde su escaño) Gracias.

Únicamente para preguntarle a la Senadora Leonor si me permite añadirme a su iniciativa.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senador Miguel Ángel Navarro, sonido es su escaño, por favor.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) En los mismos términos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a la iniciativa.

Senador Primo Dothé, sonido en su escaño.

El Senador Primo Dothé Mata: (Desde su escaño) Para preguntar, consultar a la Senadora Noyola si me permite sumarme a la iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Guadalupe Covarrubias.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa de la compañera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Angélica García, sonido en su escaño.

La Senadora Angélica García Arrieta: (Desde su escaño) Sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Gricelda Valencia, Senador Eduardo Ramírez, Senadora Eva Galaz, para sumarse.

Muchas gracias. Se solicita a la Secretaría reúna las firmas de adhesión a esta iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de asistencia a jóvenes en situación de exclusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES)

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Me permito presentar a su consideración una iniciativa cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en situación de exclusión y vivienda.

Los jóvenes y niños, en un sentido coloquial, son definidos como niños de la calle o jóvenes en situación de calle, son un fenómeno principalmente urbano, en las ciudades de nuestro país.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo 2, define a los jóvenes como la población cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años.

A ellos, en la citada ley, se les considera beneficiarios de todos los programas y políticas públicas oficiales, sin distinción y sin discriminación.

Según el Inegi, hay más de 30 millones de jóvenes en México, de ellos, existen distintas estimaciones sobre el número de jóvenes en situaciones de calle.

Es muy grave que no se tengan datos precisos sobre estos mexicanos, por lo tanto, es una manera de que sigan siendo invisibles y de que no se les beneficie con políticas públicas.

Tres son los grandes problemas de los jóvenes en México en general, pero se agudizan para los jóvenes en situación de calle: uno, es el embarazo adolescente.

Según la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente.

Actualmente de 30 a 37 de cada mil madres son adolescentes.

Dos, es la deserción escolar.

Y tres, es el incremento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el cual se realiza a edades cada vez más tempranas.

De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida; en el caso de la población adolescente de 12 a 17 años, dicho consumo pasó de 2.9 en 2011 a 6.2 en 2016.

Debido a los problemas antes señalados, los cuales atentan contra los derechos de las y los jóvenes mexicanos, impidiéndoles lograr las metas de vida, es necesario realizar la actualización normativa que hoy se propone.

Por ello, nos preocupa la falta de precisión en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en políticas públicas a favor de las niñas y los niños, de los jóvenes en situación de calle.

Bajo el anterior orden de ideas, se propone que el Instituto Mexicano de la Juventud elabore y aplique, junto a las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, acciones a favor de los jóvenes en situación de exclusión y vivienda.

Queremos que realice programas y cursos de orientación e información sobre prevención de adicciones, nutrición, educación sexual, prevención del embarazo adolescente, derechos humanos, no discriminación y equidad de género.

Con esto también, concluyo celebrando el programa que ya anunció el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, de “Jóvenes Construyendo un Futuro”, estando segura de que será un programa que va ayudar muchísimo a la juventud, a las mexicanas y a los mexicanos que padecen de esta situación.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, Senadora a la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 76 numeral 1, 135 numeral 1, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, los jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad.1 La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999, refiere:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.2

En México, el Inegi, registra para el año 2017 que de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, que:

• La población en México continúa siendo predominantemente joven; 25.7 por ciento (30.6 millones) de la población total son jóvenes de 15 a 29 años.3

• En cuanto a la estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres; 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8 por ciento jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años. Por sexo, se observa una distribución equitativa entre la proporción de hombres y mujeres en los diferentes grupos de edad de la población joven, siendo en el grupo de 25 a 29 años en el que hay una mayor diferencia, 52.2 por ciento son mujeres y 47.8 por ciento hombres.

• Para la población de 15 a 29 años, la relación entre hombres y mujeres fue de 95.6 hombres por cada 100 mujeres.

• La población de adolescentes de 15 a 19 años en el país se compone por un       número mayor de hombres respecto al de mujeres: por cada 100 mujeres hay 101 hombres.

• Para el grupo de 20 a 24 años, se muestra un descenso en el monto de hombres con respecto a las mujeres, mismo comportamiento que se presenta para el grupo de jóvenes de 25 a 29 años: se tienen 96.4 hombres por cada 100 mujeres y 91.6 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente.

Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso de un país, por lo que es necesario generar políticas públicas que les permitan garantizar su desarrollo personal, social, profesional, cultural, etc.

Uno de los principales problemas que actualmente padece este grupo poblacional, es el embarazo adolescente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, ya que uno de cada cinco embarazos es de adolescentes que no alcanzan la mayoría de edad.

El organismo indica que la cifra creció de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 2005 y 2011.

Las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 destaca que, entre los adolescentes de 15 a 19 años, 44.5 por ciento de las parejas no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, lo que significa un riesgo.

Cabe señalar que, según la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los números de pobreza por grupos de edad, muestran que esta condición se encuentra concentrada en la población joven.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, establece:

Artículo 23. Derecho a la educación sexual.

1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias.

2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.

3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes.

4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.4

Las jóvenes mexicanas enfrentan desafíos especialmente graves como la deserción escolar y el embarazo adolescente; el cual representa en México la tasa más alta –74 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años– en comparación con un promedio de 15 nacimientos en países de la OCDE. Esto orilla a las mujeres mexicanas a formar parte del 35 por ciento de personas que ni estudian ni trabajan (ninis) la segunda tasa más alta de la OCDE después de Turquía.5

Otro grave problema que aqueja a las y los jóvenes mexicanos en nuestros días, es el incremento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el cual se realiza a edades cada vez más tempranas.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.6

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada a 56 mil 877 personas, 12 mil 440 adolescentes de entre 12 y 17 años y 44 mil 437 adultos de 18 a 65 años, arrojaron incrementos en el consumo de drogas y alcohol.7

El secretario de Salud, José Narro, ha señalado que, “México tiene un desafío, México tenemos un riesgo, México tenemos un problema; porque si hay un problema, porque si hay un riesgo, porque si hay un desafío, porque ese problema puede crecer, porque ese problema está creciendo [...]. Está disminuyendo la edad de inicio y no importa si son meses, está disminuyendo y no importa si los crecimientos en el uso de drogas ilegales son discretos, están incrementándose y hay algunos otros que tienen que ponernos la luz roja encendida, el caso de las mujeres adolescentes, el caso de los niños”.

Es de señalar que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, el consumo de drogas ilegales aumentó significativamente.

De acuerdo a Manuel Mondragón y Kalb, titular del Comisión Nacional Contra las Adicciones, “el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida, y en población general de 12 a 65 años, incrementó de 7.2 en 2011 a 9.9 en 2016, en el caso de la población adolescente de 12 a 17 años dicho consumo pasó de 2.9 en 2011 a 6.2 en 2016, prácticamente se duplicó, nos preocupa y ocupa que los mayores incrementos se presentaron en mujeres principalmente adolescentes, en donde se observó un 205 por ciento de crecimiento”.

El consumo de la mariguana entre los adolescentes aumentó de 1.3 por ciento en el 2011 a 2.6 en el 2016. Entre la población de 18 a 34 años, la prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez incrementó de 11.3 por ciento en 2011 a 15 por ciento en 2016; en hombres aumentó de 18.5 por ciento a 22.8 por ciento y en mujeres de 4.6 por ciento a 7.6 por ciento.

La prevalencia de cualquier droga que se ha consumido al menos una vez, aumentó de 7.8 por ciento en 2011 a 10.3 por ciento en el 2016. La edad de inicio de consumo de drogas es de 17.8 años en hombres y 18 años en mujeres. La mariguana y la cocaína siguen como las drogas de mayor preferencia para los mexicanos.

De acuerdo a Elena Medina Mora, titular del Instituto Nacional de Psiquiatría, “el crecimiento es más importante en la mariguana, es el que resulta significativo, vemos claramente el crecimiento de la mariguana no en la población de más de 35 años, en las poblaciones jóvenes, la cocaína también en los grupos jóvenes de 18 a 34, en los inhalables el mayor consumo se da de los 12 a los 17”.

En el caso del consumo del tabaco, las tendencias se mantuvieron estables de 17 por ciento a 17.6 por ciento. La encuesta referida, señala que en el consumo de alcohol si hubo incrementos, de 12.3 por ciento en 2011 a 19.8 en 2016, en el caso de los menores de edad se duplicó, pasando de 4.3 en 2011 a 8.3 en 2016.

En razón de los problemas antes señalados, los cuales, desafortunadamente atentan contra los derechos de las y los jóvenes mexicanos, impidiéndoles el desarrollo de sus potencialidades, así como lograr las metas de vida que se han planteado para alcanzar un futuro pleno, es necesario realizar la actualización normativa sobre las atribuciones institucionales, particularmente, aquellas cuyo objeto central es brindar atención a este sector poblacional.

El Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), es una dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social.

Tiene como misión, impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes; a través del diseño, coordinación, articulación y monitoreo de la política nacional de la juventud y su visión es ser la dependencia rectora y referente en materia de juventud en la que se reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.8

Por lo antes expuesto, este Instituto al ser el rector en la política de juventud, debe atender y desarrollar acciones de impacto nacional, a través de distintos medios, que coadyuven a disminuir las problemáticas a las que se enfrentan las y los jóvenes de todo el país.

Bajo el anterior orden de ideas, se propone reformar la fracción XIII del artículo 4, la cual fue modificada ya en 2011; sin embargo, las realidades actuales hacen necesaria una nueva reforma, a efecto realizar precisiones conceptuales, así como dotar a la norma jurídica de una mayor claridad y alcance, en aras de dar una respuesta a la demandas de la juventud mexicana desde este Poder Legislativo, estableciendo atribuciones expresas al Injuve, las cuales respondan no sólo a las necesidades actuales de este grupo poblacional, sino también a la naturaleza, presupuesto, tamaño y jerarquía administrativa de la institución.

En tal virtud, se propone la siguiente reforma:

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XII. (…)

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XII. (…)

XIII. Elaborar y aplicar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, apoyos a jóvenes en situación de exclusión y vivienda; programas y cursos de orientación e información sobre prevención de adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva para la prevención del embarazo adolescente, derechos humanos, cultura de paz y no discriminación, equidad de género y medio ambiente;

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a XII. ...

XIII. Elaborar y aplicar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, apoyos a jóvenes en situación de exclusión y vivienda; programas y cursos de orientación e información sobre prevención de adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva para la prevención del embarazo adolescente, derechos humanos, cultura de paz y no discriminación, equidad de género y medio ambiente;

XIV a XVI. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Sasil De León Villard.

Notas
1 http://www.unesco.org/new/es/popular-topics/youth/
2 Ley Del Instituto Mexicano de la Juventud, DOF 6 de enero de 1999.-
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pd f
3 Principales resultados Encuesta Intercensal 2015. Inegi. –
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiale s/intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf
4 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.- http://www.crin.org/en/docs/FileManager/cidjpdf.pdf
5 OCDE.- https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/es-crucial-la-contribucion-d e-las-mujeres-para-el-
desarrollo-economico-y-social-de-mexico.htm
6 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm
7 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-5-anos-se-duplica-m exico-consumo-drogas-adolescentes/
8 Instituto Mexicano de la Juventud.- https://www.gob.mx/imjuve/que-hacemos

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sasil De León Villard. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.






Para terminar la primera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de portación ilegal de armas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Señor Presidente, con su permiso. Senadoras, Senadores, muy buenas tardes.

Hoy, a nombre del grupo parlamentario del PRI, vengo a someter a su consideración una iniciativa que adiciona el artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Como lo señala la Declaración de Ginebra de 2006, “vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad humana básica y que es una responsabilidad central de los gobiernos proveer la seguridad de sus ciudadanos”.

En este sentido, la propuesta que expongo, que sometemos a su consideración, pretende modificar nuestra Constitución en el artículo 19, que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal de armas de fuego con independencia del calibre, porque tan peligrosa puede ser una conocida arma como “cuerno de chivo”, como peligrosa puede ser una pistola de calibre 22; que toda persona que sea detenida en forma ilegal, que no tenga la licencia correspondiente, que no tenga un modo honesto de vivir, sea sujeto a prisión preventiva oficiosa.

La exigencia número uno de los ciudadanos es que les garanticemos seguridad, y quiero compartirles una reflexión interesante.

Si bien la reforma de la Constitución, a nuestra Constitución en el 2008, reconoce por primera vez la presunción de inocencia como un derecho humanos, además de que también privilegió el derecho de las personas a permanecer en libertad durante su proceso, lo cierto es que la propia Carta Magna establece que la regla general tiene limitantes al considerar la prisión preventiva oficiosa en ciertos casos, que se especifican en el artículo 19 de nuestra ley de leyes.

En específico, cuando se trata de evitar de que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, pero sobre todo, para proteger a las víctimas en atención a la gravedad de la conducta.

En el caso del delito de portación ilegal de armas de fuego, tal y como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bien jurídico a tutelar es la paz y la seguridad de las personas.

Comparto brevemente unos datos.

En México hay más de 15 millones de armas en circulación, de las cuales, según datos oficiales, el 85 por ciento no cuenta con el permiso correspondiente de portación de arma de fuego.

La mayor cantidad, lo sabemos, de armas de fuego que ingresan a México proviene, lamentablemente, de Estados Unidos. Hay estudios que señalan que cada año, cerca de 213 mil armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio de nuestro país.

En este contexto, es cada vez más frecuente de que se den detenciones con motivo de la portación ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, existen muchos casos documentados y conocidos por la opinión pública que han señalado la gravedad y consecuencias que se siguen en libertad los procesos por esta causa.

Un dato que creo que es interesante.

Según la PGR, el año pasado se consignaron a seis mil 900 personas por este delito, por la portación ilegal de armas de fuego. De estas seis mil 900 consignadas a la autoridad judicial, cinco mil personas salieron bajo fianza, incluyendo algunas que portaban las llamadas armas “cuernos de chivo”.

Les pongo algunos casos rápidamente.

Por ejemplo, vean ustedes, les tengo el caso de Antonio, originario de Guanajuato, de 27 años, que cuenta con 323 detenciones, entre ellas, de portación ilegal de armas de fuego y también ha quedado en libertad en 323 ocasiones porque las infracciones, de acuerdo al juzgador, no eran consideradas graves.

También está el caso del líder de una organización delictiva vinculada a varios secuestros que fue detenido en Guerrero, por la portación ilegal de armas de fuego, el cual también obtuvo su libertad bajo fianza.

Por otra parte, se ha señalado que existe, y yo lo he escuchado de policías, por ejemplo, en su momento, del Estado de México, una frustración en algunas corporaciones policiales, cuando ven que la persona a la que detuvieron enfrenta el proceso en las calles, es decir, en libertad, además de que arriesgaron su vida.

Otro ejemplo, está el de Juan, del Estado de México, detenido con tres armas y más de 200 cartuchos. El juez determinó su libertad bajo caución.

Y así como éste hay muchos casos más que se tienen documentados, insisto, cinco mil personas que el año pasado fueron liberadas bajo fianza por la portación de armas de fuego de manera ilegal.

En la iniciativa que pongo a su consideración, se contempla que entre en vigor, en su caso, en caso de ser reformada nuestra Carta Magna, un año después, para hacer una gran campaña de difusión e informar a la ciudadanía de la importancia de entregar el arma correspondiente a las autoridades, en este caso, podría ser Sedena, Marina, entre otros.

Ha habido casos de éxito, pero en el caso de la Sedena, el año pasado, por ejemplo, retiró más de 92 mil armas de fuego, más de dos millones de cartuchos a través del Programa de Canje de Armas de Fuego.

Así es que ponemos a su consideración esta iniciativa.

La próxima semana habré de presentar, si lo autoriza la Mesa Directiva y ustedes, una iniciativa para que complemente ésta, constitucional, a efecto de que se incrementen las sanciones por la portación ilegal de armas de fuego.

Vale la pena subrayar y apuntar, y con esto concluyo, que esta iniciativa, que esta reforma no afectaría a nadie que tiene su licencia legal de portación de armas de fuego para cacería, para deporte o inclusive para protección personal.

Así es que está a su consideración y considero que estas personas que portan armas de fuego, insisto, sin saber su origen, sin saber que tengan un modo honesto de vivir, deben tener su proceso en prisión por seguridad de toda la gente, por seguridad de todos nosotros.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNANDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ávila Villegas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






En la segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de igualdad de género en la prestación del servicio de guardería.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA

(Presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Presidenta.

El objeto de la presente iniciativa, es combatir un estereotipo y un concepto generalizado, consistente en pensar que los hombres no deben involucrarse y hacerse responsables en la educación y los cuidados de sus menores hijos y que dicha tarea corresponde exclusivamente a las mujeres.

Los estereotipos contribuyen a la perpetuación de las desigualdades y con el tiempo se naturalizan, se asumen como verdades absolutas respecto a cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres y termina por olvidarse el cuestionamiento a estos roles.

Por eso, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 5, inciso a), la importancia de la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, buscando así alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Asimismo, en ese inciso b), se hace hincapié en la trascendencia de garantizar el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos se refiere.

Es por ello que proponemos modificar la concepción de que los hombres únicamente requieren la prestación de guardería en el caso de ser divorciados, viudos o que tengan a su exclusivo cargo la custodia legal de sus hijos.

En realidad, lo que la legislación implica, es que si un hombre está casado no requiere la prestación de guardería, porque se entiende que será la mujer quien realice las tareas de educación y de labores de cuidados en relación con sus menores hijos.

Si cualquier estereotipo tiende a la discriminación y fomenta la desigualdad, es más grave aún que el Estado, a través de su propia legislación, contribuya a normalizar estos estereotipos apoyándose en la idea de que los hombres no se consideren responsables del cuidado y la atención de sus hijos.

Por esas razones, es que presento esta iniciativa, ya que actualmente en el artículo 201 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social dice, que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

De tal forma, que lo que se sugiere es que solamente en el caso de que el trabajador sea viudo o divorciado contará con esta prestación.

La iniciativa que presentamos, el día de hoy, es coincidente con la que ha presentado en esta misma tribuna la Senadora Nadia Navarro, para reformar la Ley del IMSS, y es coherente también con la que en la sesión pasada presentó el Senador Miguel Ángel Mancera, para reformar los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue, así como el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Primero.- Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora o del hombre trabajador, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a otros asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

Se deroga el último párrafo.

Artículo 205. Las madres y los padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

Segundo.- Se reforma el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 196, fracción IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, sin ningún tipo de distinción entre mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga la fracción XIX del artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Muchas gracias por su atención a la presente iniciativa en favor de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores.

Gracias.
Iniciativa

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; Y EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora o del hombre trabajador, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a otros asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

[Se deroga el último párrafo]

Artículo 205. Las madres y los padres asegurados, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

[...]

SEGUNDO. Se reforma el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 196. […]

I. […]

II. […]

III. […]

IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, sin ningún tipo de distinción entre mujeres y hombres trabajadores y

V. […]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se deroga la fracción XIX, del artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Sen. Martí Batres Guadarrama.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Batres Guadarrama.

El Senador Ramírez Marín ha solicitado, si usted lo tiene a bien, adherirse a su iniciativa.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Geovanna Banuelos, a nombre propio. Sonido en el escaño de la Senadora Geovanna, por favor.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sí, solicitarle al Senador Martí Batres si me permite, a nombre propio y del grupo parlamentario, adherirnos a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Claro que sí.

Se adhieren a la iniciativa los Senadores Álvarez Lima, Mancera Espinosa, Malú Micher, Blanca Piña, el grupo parlamentario del PAN; la Senadora Susana Harp, Nestora Salgado, Primo Dothé, Angélica, Héctor Vasconcelos, Luévano Cantú, Rocha Moya, Imelda Castro, Ostoa Ortega, Gutiérrez Castorena y Gricelda Valencia, Caraveo Camarena, Salomón Jara, Guadalupe Covarrubias, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; la Senadora Lagunes Soto, Indira Kempis, Verónica Noemí Camino, Félix Salgado Macedonio; todos han solicitado, si usted lo tiene a bien, Senador Martí, sumarse a su iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, invitados por la Senadora Minerva Hernández Ramos.

¡Bienvenidos jóvenes!

Asimismo, a un grupo de estudiantes del Colegio Multicultural “Hellen Keller”, del estado de Morelos, invitados por el Senador Félix Salgado Macedonio.

¡Agradecemos su presencia en este Senado de la República!






Tiene la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 10 y se reforma el Artículo Primero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social, en materia de prohibición del uso de colores partidistas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

(Presentada por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Muchas gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Vengo a hacer uso de esta tribuna a nombre propio y, por supuesto, de las y los Senadores del grupo parlamentario del grupo parlamentario del PAN.

En el contexto social, económico y político en el que nos encontramos al comienzo de un nuevo gobierno al frente del poder Ejecutivo y de nuevos actores políticos dentro del Poder Legislativo, de entre los cuales un partido político tiene el control.

En este proceso de cambios en la vida democrática de nuestro país, es necesario también realizar cambios a nuestro sistema jurídico para fortalecer las herramientas de control a fin de evitar excesos de nuestros gobernantes en temas como el uso de recursos públicos destinados a hacer propaganda y el quebrantamiento de nuestro incipiente Estado democrático.

Durante los últimos años hemos visto excesos en el gasto público para propaganda gubernamental por parte de gobiernos de todos los niveles, con la única obsesión de posicionar la imagen y administración de los gobernantes en turno, así como del partido político al que pertenecen, haciendo uso de una comunicación social disfrazada, para sus intereses personales y de partido.

No queremos que eso se vuelva a repetir en este país.

Las contribuciones de los mexicanos, los recursos públicos que tiene a su disposición  el gobierno, son sagrados y deben destinarse a resolver las necesidades de la sociedad.

Los recursos públicos se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y la propaganda gubernamental debe tener un carácter netamente institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social, como lo mandata el artículo 134 de nuestra Constitución y no partidistas.

Con ese propósito, la iniciativa que estoy presentando a nombre propio y con el acompañamiento de los Senadores de Acción Nacional, plantea reformar los artículos 4 y 10 de la Ley General de Comunicación Social, incorporando mecanismos de control de la imagen institucional del gobierno, estableciendo limitantes y prohibiciones en la propaganda y prohibiendo el uso de colores, signos e identidad similares a la de los partidos políticos, que rompan con la institucionalidad del gobierno en el ámbito Federal, estatal y municipal.

Resulta francamente irresponsable gastar miles de millones de pesos en publicidad oficial para difundir programas de actividades en el que, la realidad, buscan posicionar la imagen y administración gubernamental en turno y del partido político al que pertenecen.

Es ofensivo e indignante para los mexicanos cuando hay cerca de 53 millones de habitantes en situación de pobreza; 10 millones en situación de pobreza extrema y 7 millones en situación de pobreza alimentaria en el país.

Lamentablemente, cada cambio de administración de gobierno, en los tres niveles, somos testigos del gasto millonario que se realiza en propaganda mediante uso de colores, eslogan, imágenes, logotipos, mensaje, entre muchos otros, con el único propósito de personalizar la administración que inicia y posicionar la imagen de los gobernantes del propio partido político al que pertenecen, lejos de una imagen institucional.

En el Senado de la República, en esta misma Legislatura, hemos conocido y visto algunos excesos en ese sentido, como el uso de imágenes, colores y mensajes que poco o nada tienen de institucional en la difusión de las actividades del Senado y que más bien resultan claramente alusivos a un partido político.

La propuesta que estamos presentando permea en todos los poderes, entidades y dependencias públicas en los distintos órdenes de gobierno.

Compañeras y compañeros Senadores, en este proceso de cambios en la política, es necesario el rediseño institucional que permita regular la forma en la que nuestros gobernantes se conducen en el uso de recursos públicos y en la imagen institucional del gobierno.

Nuestras instituciones son los cimientos de la arquitectura de nuestra sociedad. Su credibilidad y buen funcionamiento es responsabilidad de todos. Sumemos voluntades para fortalecerlas.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA PROHIBIR EL USO DE COLORES PARTIDISTAS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO, de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideraciones.

Desde su expedición en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempló la exigencia de una aplicación proba y eficiente de los recursos públicos, con el objeto de preservar la integridad y el buen uso de la hacienda pública.

Sin embargo, en 1982 se reformó el texto constitucional para dar mayor claridad a lo anterior plasmándose este espíritu en el primer párrafo del artículo 134, con la definición de los principios bajo los cuales ha de administrarse el erario.

La relevancia del tema radica en el interés del pueblo de México de establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de dichos principios, para que las autoridades hagan un uso eficiente, eficaz, económico, transparente y honrado de los recursos públicos a su disposición, y que éstos se destinen para atender las demandas y necesidades de interés general.

De este modo, desde 1917 hasta la fecha, el artículo 134 se ha reformado en cuatro ocasiones. En todas ellas la intención ha sido enriquecer y dar mayor claridad a su objeto. Así, el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política, vigente, prevé:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Como parte de esta serie de reformas al artículo 134 constitucional, en el año 2007 se adicionaron los párrafos octavo y noveno, que incorporan disposiciones concretas para regular la propaganda gubernamental. En el párrafo octavo se prevé con toda claridad que la propaganda de los poderes públicos y cualquier ente de gobierno deberá ser institucional y con fines informativos y en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El texto constitucional literalmente prevé:

Artículo 134. …

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

No obstante que el párrafo noveno establecía desde ese año de 2007 la obligación, por reserva de ley, de establecer en una ley reglamentaria, la normativa a la que se debe sujetar la publicidad oficial, pasaban los años y dicha legislación no cobraba vida. Es por esta razón, que en artículos transitorios del decreto de reforma político-electoral constitucional del año 2014, se dispuso un plazo perentorio para emitir una ley al respecto. Dicho plazo perentorio, vencía en abril del año 2014, con lo cual, el Poder Revisor de la Constitución impuso esta plazo al Congreso de la Unión, para que expidiese la regulación en comento.

Sin embargo, tres años después aún no se había emitido, así que la organización de la sociedad civil denominada “Artículo 19”, presentó una demanda de amparo con la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso de la Unión a emitir dicha ley a más tardar en abril de 2018. Finalmente, el Congreso emitió la Ley General de Comunicación Social que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, con una vacatio legis hasta el 1 de enero del año 2019 en que entrará en vigor.

No obviamos mencionar que, habida cuenta que diversos actores políticos no se vieron satisfechos con el texto de la ley, en virtud de que a su juicio, el mismo no es consistente con los “Principios sobre regulación de publicidad oficial y libertad de expresión” expedidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, así como el partido político Movimiento Ciudadano, interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad que hoy por hoy están en la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, quien habrá de proyectar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eventualmente podría ordenar modificaciones a la ley que nos ocupa.

Pero independientemente de lo anterior, es de nuestra opinión, que la Ley adolece de un tratamiento adecuado para la parte de la comunicación social que se conoce como “imagen institucional”, y para aquello que tiene que ver con la aplicación de colores determinados al equipamiento urbano y a los bienes muebles e inmuebles de que disponen los entes públicos tanto de la Federación, como de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. 

Si nos estamos al espíritu del párrafo octavo del numeral 134 constitucional, que si bien cobró vida en el contexto de un ambiente de regulación electoral, es claro que los alcances del texto constitucional ahí plasmado, buscan regular el uso de los recursos públicos, y establecer límites a los gastos y acciones de los gobernantes que pudieran derivan en beneficio político-electoral de sí mismos o de terceros, o de partidos políticos determinados.

Así las cosas, la adición del texto constitucional, a través del párrafo octavo del artículo 134, es para que la publicidad oficial, de cualquier institución pública, no sea personalizada ni orientada a fines electorales de los funcionarios.

La redacción alude a que sólo son válidos mensajes que tengan fines informativos, que no incluyan la imagen, el nombre o la voz de servidores públicos y que no se diseñen para el culto a la personalidad de los gobernantes que los posicione de cara a futuras candidaturas con cargo al erario, rompiendo el principio de equidad en la contienda democrática.

De lo anterior, resulta evidente el interés y la preocupación de las y los mexicanos por garantizar, desde la ley suprema, la integridad y el manejo adecuado de la hacienda pública, el buen uso de los recursos del pueblo, y preservar la imagen institucional y objetiva del gobierno en beneficio de todos, y no solo de unos cuantos.

En México, la experiencia no siempre ha demostrado respeto por los principios anteriores, ni por el buen uso de los recursos públicos. Por el contrario, a lo largo de la historia hemos padecido desvíos, saqueos, uso indebido y en general, despilfarro de los recursos que todas las mexicanas y los mexicanos aportamos a la hacienda pública.

Nuestro país no puede continuar así, es necesario generar un cambio real. Los recursos que el gobierno recaba y gasta cada año, han sido y son insuficientes para atender las necesidades y demandas más básicas de la sociedad. No hay recurso que alcance para cubrir los derechos más fundamentales previstos por nuestra constitución como el acceso a los servicios de salud, a una buena alimentación, a la vivienda, o a la educación. Por ello, es menester que los recursos públicos se ejerzan con racionalidad, economía, eficiencia, eficacia, y honradez, de tal manera que se apliquen correctamente a atender las necesidades de la población, y no en nimiedades o asuntos frívolos.

Una de las principales demandas sociales sigue siendo la atención de las necesidades más elementales para el desarrollo.

Ante este panorama, de todos conocido, así como en el contexto social, económico y político en el que nos encontramos, es urgente sumar esfuerzos para realizar un rediseño institucional que permita modificar la forma en la que nuestros gobernantes se conducen en el uso de los recursos públicos, y garantizar una administración eficiente, eficaz, moderada y racional del erario.

Sin duda alguna esto implica revisar todos los espacios en los que se desarrolla la administración gubernamental y regularlos uno a uno. Uno de esos espacios es el uso de los recursos para la imagen institucional de los entes públicos en todos los órdenes y niveles.

Cada cambio de administración somos testigos del gasto millonario que se realiza con el propósito de personalizar la administración que inicia, establecer sus características, estilos y posicionar la imagen de los gobernantes, y hasta del partido político al que pertenecen. Para ello se valen del uso de colores, eslóganes, imágenes, logotipos, mensajes, etcétera, para lo que no escatiman en el gasto de los recursos públicos a su disposición.

Considerando las condiciones del país, es francamente irresponsable gastar más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial como lo hizo la administración del gobierno federal en turno entre el 2013 y 20161, para difundir programas, actividades y tratar de posicionar la imagen y administración gubernamental del Presidente de la República en turno, y del partido político al que pertenece.

Resulta ofensivo e indignante para los mexicanos cuando hay cerca de 53 millones de habitantes en situación de pobreza; 10 millones en situación de pobreza extrema; 7 millones en situación de pobreza alimentaria; cuando hay un millón 200 mil niños que padecen desnutrición crónica; y cuando uno de cada tres indígenas es víctima de desnutrición, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al 2016.

Lo ocurrido con el gasto en materia de comunicación social en la Presidencia de la República que está por terminar su gestión, en la que, más del 40% de esos recursos no habían sido siquiera presupuestados, sino que obedecieron a sobreejercicios, revela que todo este aspecto de la vida pública debe ser mucho mejor regulado y la imagen institucional es parte importante de todo ello. Tan solo en el año 2016, en que se aprobaron 4,680 millones de pesos para publicidad gubernamental, en realidad se ejercieron 10,698 millones. Estos gastos enormes en publicidad oficial no solo han sido inmensos en el presupuesto federal, sino que se han excedido desproporcionadamente respecto de lo autorizado. Todo esto, sin entrar ya en lo que sucede en los Estados del país, y en los municipios, donde el problema también es gravísimo; si sumáramos el gasto federal y el local, el gasto gubernamental en publicidad, fácilmente se duplicaría.

En todo este escenario, es menester regular no solo la pauta oficial, que es de lo que ya intenta encargarse la ley, y que ya veremos si fue diseñada con la suficiente robustez para ello, sino que se requiere incorporar conceptos como el de “imagen institucional” en los que también se gastan millones de pesos del erario, y que innegablemente forma parte de la comunicación social. Es por lo tanto, incorrecto que esta arista de la comunicación social no se haya contemplado en la ley, y es nuestro propósito hacerlo.

No debemos tolerar más, que mediante técnicas de imagen institucional, se saque provecho para determinados servidores públicos o partidos políticos, o que, con el pretexto de embellecer obras o instalaciones públicas, se apliquen los colores partidistas en ellas, con el objeto también, de sacar raja política.

En ese sentido, con el objetivo de dar cumplimiento irrestricto a lo mandatado por la Constitución Política, así como de formar parte del esfuerzo que todos debemos hacer, y principalmente de establecer los mecanismos para que las autoridades administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos a fin de generar un ahorro y propiciar un mejor uso y destino de las contribuciones de todos los mexicanos, de orientarlos en acciones verdaderamente relevantes y necesarias como la atención de las personas en situación de hambre y de pobreza extrema, de servicios básicos como el acceso a los servicios de salud, y de vivienda, vengo a poner a consideración de esta Asamblea esta propuesta de reforma a la ley.

Es de comentarse que, al tratarse de una reforma a una ley general, se estará regulando tanto la imagen institucional del Poder Ejecutivo Federal que naturalmente incluye todas sus dependencias y entidades de la administración pública federal, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los homólogos de todos estos entes públicos en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México.

Con esta propuesta, retomamos también la añeja exigencia de Acción Nacional en el sentido de que los gobiernos no utilicen en su imagen institucional, o en general en la comunicación social, los colores con los que se caracterizan los partidos políticos, y que son los colores que tienen registrados ante el Instituto Nacional Electoral y plasmados en sus respectivos estatutos.

Y ya que hablamos del Instituto Nacional Electoral, no dejamos de reconocer que la imagen institucional del mismo, que utiliza solo colores distintos a los de los partidos políticos, es ejemplo a seguir en esta materia por parte del resto de los entes públicos.

Asimismo, de acuerdo con esta propuesta, solamente los colores no asociables con partidos políticos, incluidos los de la bandera nacional, deberán ser utilizados en la pinta de la infraestructura urbana y pública, bienes muebles o inmuebles patrimonio del Estado o que se encuentren bajo su resguardo. En este tenor, no podrán utilizarse colores que sean de identificación o asociación con el partido político que se encuentre en ejercicio del poder público.

Esta propuesta se suma a los trabajos de ahorro y austeridad que las distintas fuerzas políticas venimos impulsando en el Senado de la República, y a los acuerdos en la materia que hemos aprobado por unanimidad.

Es importante precisar que el primero de diciembre del año en curso entre en funciones la nueva administración del Gobierno Federal, razón por la cual y con propósito de guardar congruencia con la iniciativa que se presenta y con el espíritu de la Ley General, es que resulta importante modificar la fecha de la entrada en vigor de dicha ley para ajustarla al primero de diciembre de 2018.

Cuadro comparativo.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVI. …

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a III. …

IV bis. Imagen institucional: Parte de la comunicación social, que comprende el conjunto de elementos visuales aplicados en cualquier formato, tales como colores, emblemas, símbolos, signos, logotipos, composiciones gráficas, tipografías, eslóganes y demás elementos con los que los Entes Públicos se identifican y distinguen, o con los que identifican y distinguen sus programas, acciones o logros de gobierno;

V. a XVI. …

Artículo 10.- Por ningún motivo el contenido de la Comunicación Social que difundan los Entes Públicos podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

 

Artículo 10.- Por ningún motivo el contenido de la Comunicación Social que difundan los Entes Públicos podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Los Entes Públicos no podrán utilizar en su imagen institucional ni el equipamiento urbano, ni en sus bienes o patrimonio la imagen y colores de la bandera nacional, de igual forma no podrán utilizar los colores, signos e identidad similar o idéntico a la de los partidos políticos de carácter nacional o local, a excepción del color blanco.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2019, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA PROHIBIR EL USO DE COLORES PARTIDISTAS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción IV bis del artículo 4, y un párrafo segundo al artículo 10, y se reforma el artículo primero transitorio de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.- …

I. a III. …

IV bis. Imagen institucional: Parte de la comunicación social, que comprende el conjunto de elementos visuales aplicados en cualquier formato, tales como colores, emblemas, símbolos, signos, logotipos, composiciones gráficas, tipografías, eslóganes y demás elementos con los que los Entes Públicos se identifican y distinguen, o con los que identifican y distinguen sus programas, acciones o logros de gobierno;

V. a XVI. …

Artículo 10. …

Los Entes Públicos no podrán utilizar en su imagen institucional ni el equipamiento urbano, ni en sus bienes o patrimonio la imagen y colores de la bandera nacional, de igual forma no podrán utilizar los colores, signos e identidad similar o idéntico a la de los partidos políticos de carácter nacional o local, a excepción del color blanco.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón.

1 FUNDAR. “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal, 2013-2016”. Véase: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Martínez Simón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 constitucional, en materia de negativa de consulta popular a obras de infraestructura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

A tan sólo unas horas de que comenzara la mal llama “Consulta Popular sobre la continuidad de la obra del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, en el grupo parlamentario del PRI asumimos nuestra responsabilidad republicana, y haciendo uso de nuestras facultades legislativas presentamos a ustedes esta iniciativa.

Como sabemos, la figura jurídica de la consulta popular surge recientemente en nuestro marco jurídico como un instrumento de participación ciudadana de democracia directa.

La reforma constitucional al artículo 35 incorporó como derecho de todos los ciudadanos participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, por lo que se constituye como una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional sobre actos legislativos y administrativos.

Gracias a esta importante reforma se dio una mayor estructura a la colaboración entre gobernantes y gobernados, ya que la participación permite que la ciudadanía pueda compartir y tomar decisiones que representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto.

Las democracias consolidadas del mundo se diferencian de aquellas que se encuentran en construcción, por contar con mecanismos que permiten una verdadera participación de la sociedad. En este sentido, los mecanismos de democracia participativa son valiosos para fomentar la cultura democrática, generar legitimidad ciudadana y complementar el sistema representativo.

Con la consulta popular, tal cual se prevé en la ley, se garantiza que la voluntad ciudadana no queda sólo en papel y obliga al gobierno federal a su implementación, con ello perfeccionando la democracia en nuestro país.

Pero no podemos olvidar que el Constituyente buscó dar certidumbre y estabilidad a la República para evitar que tentaciones autoritarias y populistas manipulen al pueblo y pongan en riesgo los cimientos de certeza e imparcialidad sobre los que deben descansar las instituciones del Estado mexicano y todo nuestro sistema democrático.

Por eso se establecieron en el artículo 35 los lineamientos para que las consultas sean legales y vinculantes, y se dispuso cuáles son las materias que no podrán ser objeto de consulta, como la restricción de los derechos humanos, los principios del artículo 40 de la Constitución, que hace referencia a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, entre otros.

Estamos convencidos que la participación ciudadana en sus múltiples formas constituye un paso firme hacia una modernidad democrática y, que la consulta popular, representa una herramienta muy útil para mejorar las expectativas sobre la eficacia del sistema político mexicano y para enriquecer el goce de las libertades individuales.

Lamentablemente, hoy se corre el riesgo de desacreditar los mecanismos de democracia participativa a partir de un ejercicio mal planteado y peor implementado, como el que se está llevando a cabo respecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Este pretendido ejercicio de participación ciudadana está cargado de elementos ideológicos y estériles descalificaciones, que sólo dividen a la sociedad y la confunden. Se trata, desde nuestro punto de vista, de una maniobra política disfrazada de democracia participativa.

Pero ya no hablemos sólo del fraude al artículo 35 constitucional, hablemos del país que queremos ser.

El nuevo Aeropuerto Internacional de México es la obra de infraestructura más trascendente de las últimas décadas.

Hablamos de una obra sin precedente que continuará detonando nuestra competitividad en turismo, en comercio e inversión, por muchos años.

Este no es un proyecto de partido, debe ser un proyecto de país cuya resolución no puede basarse en una arbitrariedad, ni tampoco definirse sin tomar en cuenta los más de 60 estudios técnicos que acreditan su viabilidad e idoneidad.

Someter el proyecto a una consulta dudosa y sin validez constitucional, cuya representatividad es cuestionable y sin garantía del resguardo de los datos personales de quienes participan, no sólo es irresponsable, sino injusto.

760 mil personas dejarían de tener un empleo, 4 millones de personas de la zona de Texcoco dejarían de tener mejores condiciones de vida; México dejaría de recibir 125 millones de pasajeros al año que detonarían inversión, empleo y actividad económica en todas las regiones del país, y las entidades federativas no contarían con una plataforma de exportación potente para los productos mexicanos. Millones de familias de todas las regiones perderán inconmensurables oportunidades de desarrollo.

La cancelación del nuevo aeropuerto tendría un enorme costo monetario, de oportunidad y de confianza, que el país no puede darse el lujo de pagar.

Preocupa que una decisión tan importante no se tome siguiendo un criterio técnico y jurídico, sino un criterio basado en la popularidad.

Esta consulta no cumple, ni con los requisitos de quién debe convocar, ni para convocar, pues no convoca ni el Presidente de la República, ni el 33 por ciento de alguna de las Cámaras, ni el 2 por ciento de la lista nominal, convoca un partido político o un equipo de transición, o ya no se sabe quién.

No cumple tampoco con los requisitos de participación para que sea vinculante, que es el 40 por ciento de la lista nominal, ya que contempla como máximo la participación del 1 por ciento de la misma, sin contar con que ahora mismo que se está desarrollando sabemos ya que hay ciudadanos que han podido votar una, dos, tres, cuatro o más veces aún sin presentar su credencial para votar.

No la organiza el INE, no sucede el día de la jornada electoral federal, no hay claridad en el método, en el financiamiento ni en la organización, hay nula transparencia. Este es un ejercicio de partido que busca legitimar una decisión discrecional y que va a tener repercusiones lamentables para nosotros, pero sobre todo, para las próximas generaciones.

Nuestro grupo parlamentario presentó diversos puntos de Acuerdo aquí y en la Cámara de Diputados y en todos los congresos estatales, señalando las insuficiencias legales y constitucionales. Fuimos ignorados.

Señoras y señores, poco se tardó la nueva mayoría en mostrar el desprecio que le tiene a la Constitución, en mostrar lo dispuesta que está en manipular a la gente con información parcial y tendenciosa. Lo peor es que quieren evadir la responsabilidad que supone tomar decisiones importantes y trascendentes de gobierno escondiéndose tras consultas amañadas, sin sustento constitucional y sin legitimidad.

Si no quieren que México cuente con la infraestructura que merece un país de nuestro tamaño y proyección global, ¡díganlo!

Si quieren tomar decisiones sin sustento que perderán vigencia en el corto plazo y que implicarán pérdidas irreparables en empleo, oportunidades, competitividad y reputación para nuestro país, ¡háganlo!

Pero háganlo de frente y sin mentir, sin subvertir leyes. Díganle de frente a los mexicanos que no quieren pensar en las próximas generaciones ni darle a México la infraestructura de clase mundial que necesita y que merece.

Senadoras y Senadores, ya levantamos la voz para denunciar lo que sucede hoy, hay que evitar que vuelva a suceder en el futuro. Por eso presentamos esta iniciativa con la que se busca reformar el artículo 35 constitucional para establecer específicamente la restricción de llevar a cabo consultas populares…

Concluyo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Un momento, por favor.

Estamos, Senador Félix Salgado, estamos en presentación de iniciativas.

Le ruego le permita a la Senadora concluir su exposición.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, señora Presidenta.

Presentamos ante este Pleno esta iniciativa con la que se busca reformar el artículo 35 constitucional que merece la pena leer, Senadoras y Senadores, para establecer específicamente la restricción de llevar a cabo consultas populares cuando se trate de obras de infraestructura pública de carácter federal.

No podemos permitir que se vuelvan a presentar supuestas consultas ciudadanas que generan desconfianza, polarización social y le cuestan al país. Asumamos nuestra responsabilidad.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ruiz Massieu.

Sonido al escaño de la Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Me da pena su cinismo. Me da pena y vergüenza.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por favor, sonido al escaño de la Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Para sumarnos, a nombre del grupo parlamentario del PAN, porque consideramos que tenemos un país de leyes, un país de instituciones y que no debemos caer a la tentación de las ocurrencias y las arbitrariedades.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Hernández Ramos.

Para sumarse el grupo parlamentario de Acción Nacional a esta iniciativa que presenta la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

Sonido al escaño de la Senadora Lagunes Soto.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: (Desde su escaño) También para sumarnos a la iniciativa todo el grupo parlamentario del Verde.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Soto Ruiz.

El Senador Mancera. El grupo parlamentario del PRD y el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como el Partido de Acción Nacional, se suman a esta iniciativa presentada por la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador Clemente Castañeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de organizaciones ciudadanas de vigilancia en representaciones consulares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 1-BIS Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

El domingo pasado tuve la oportunidad de participar con muchos otros legisladores, fundamentalmente Diputados de todos los grupos parlamentarios, en una reunión en Los Ángeles, California, organizada justamente por la Coalición Migrante.

Como ustedes saben, la Coalición Migrante y muchas otras organizaciones de migrantes en Estados Unidos han avanzado en una agenda muy importante en distintos temas para tratar de fortalecer lo que ellos consideran y muchos de nosotros consideramos derechos vulnerados, que por supuesto tienen que protegerse y que deben de contar con el respaldo del gobierno mexicano.

En esta reunión, entre muchos otros temas, se tocaron asuntos relacionados con los esquemas de transparencia en los Consulados.

Quiero decirlo en estos términos, hoy los Consulados y la red consular que tiene México en Estados Unidos no solamente es la red consular más grande que tiene un país en este nuestro vecino país del norte, sino que es una red que, como se ha dicho en muchas otras ocasiones, podría aprovecharse de mucha mejor manera.

En la comparecencia que tuvo aquí el Secretario de Relaciones Exteriores, justamente le decíamos y le reiterábamos que una de las sensaciones que tiene la comunidad migrante, nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, es que su gobierno los abandona, es que su gobierno no los protege, es que su gobierno no respalda sus derechos. Y por supuesto que esto es algo que tenemos que corregir, eso es algo que le urge al Servicio Exterior Mexicano.

No debo omitir que hay, por supuesto, muchos funcionarios de la red consular que hacen su trabajo de manera ejemplar, que todos los días respaldan las luchas que dan nuestros migrantes, pero también es cierto que en términos institucionales nuestra red consular da para mucho más, y creo que es un buen momento para rediscutir muchos de estos temas.

El día de hoy lo que nosotros estamos presentando son dos iniciativas solamente que pretenden darle mucha más fuerza a la red consular, pero al mismo tiempo transparentar algunas de sus acciones.

La primera de ellas es una reforma al artículo 1-Bis de dicha ley, con el objetivo de crear órganos ciudadanos de vigilancia en todas las representaciones consulares mexicanas. La idea es que estos órganos de vigilancia sean integrados por miembros de la misma comunidad migrante que vigilen el desempeño y funcionamiento de los Consulados, que emitan recomendaciones sobre los servicios y programas consulares, que recojan y presenten sugerencias e inquietudes de los miembros de la comunidad, y que se mantenga una comunicación permanente y transparente con el Consulado respectivo.

El común denominador de la comunidad migrante, particularmente en lo que tiene que ver con los Consulados en Estados Unidos, es que nunca se enteran de quién va a ser el cónsul, nunca se enteran de los recursos públicos que ejerce el Consulado, no se enteran tampoco del destino de las donaciones y no hay un trabajo permanente con la comunidad.

La segunda iniciativa tiene que ver con una reforma al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en lo referente al proceso de designación de los cónsules generales.

Planteamos que posterior a la designación que haga el Presidente de la República, pero anterior a la ratificación que debe de hacer este Senado de la República, el funcionario propuesto deba de participar en una audiencia pública con la comunidad migrante a la que aspira a servir, en donde se presente su plan de trabajo y en donde los migrantes puedan dialogar de manera franca y presentar sus cuestionamientos, sus inquietudes, sus demandas a quien pretende encabezar su Consulado.

Esta propuesta también es un instrumento de participación ciudadana con el que buscamos hacer más transparente el proceso de designación de los cónsules y con el que buscamos darle a los migrantes muchas más herramientas para incidir en la vida y en el futuro de sus Consulados.

Compañeras y compañeros Senadores, por lo que estamos viviendo en el país, pero por lo que hemos vivido históricamente, creo que tenemos la obligación de redimensionar lo que hoy significa, ser migrante o lo que hoy significa como se ha dicho aquí, ser residente del mundo.

Lo cierto es que, por lo que está aconteciendo en nuestro país con la caravana migrante, por lo que ha alcanzado el discurso de odio de Donald Trump contra los migrantes, por supuesto mexicanos, pero también de otras nacionalidades, nos obliga a tener decisiones y a tomar decisiones mucho más firmes.

Empoderar a nuestra comunidad migrante es también un instrumento de defensa y hoy más que nunca todos los migrantes necesitan el respaldo de sus gobiernos, hagamos bien la tarea, estemos a la altura de las circunstancias y comprobémosle, sobre todo a quienes han querido criminalizar, descalificar que ser migrante es una condición excepcional, que requiere de atención inmediata y que debe de ocuparnos a todas y todos nosotros.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativas

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 1-BIS Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. México tiene un enorme potencial para desarrollar una política migratoria de avanzada, que le sirva a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que enfrentan múltiples retos en su vida cotidiana: “La red consular de México en Estados Unidos es la más grande que un país tenga en otro. Comprende la Embajada en Washington, DC y su sección consular, además de 49 consulados en 25 estados”.1

El funcionamiento de la red consular está regido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que en su artículo 41 señala que “los servidores públicos del Servicio Exterior, observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.2 Por su parte, el artículo 61 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala la obligación de “mantener estrecha relación con los mexicanos que radiquen en el país donde se encuentran acreditados” y el artículo 81 obliga a los Jefes de las Oficinas Consulares a “implementar estándares y procesos de atención al público que permitan que las Oficinas Consulares sean más eficientes en su actuación”.3

Según la página oficial del Gobierno de México, los servicios que ofrecen los consulados mexicanos se dividen en: protección consular, documentación y asuntos comunitarios.4 Entre la información encontrada en dicho sitio, se puedo constatar que la protección consular es “el área encargada de velar por tus derechos e integridad cuando te encuentras fuera del país. Sin importar tu situación migratoria aquí siempre encontrarás el apoyo que necesitas. Te orientamos en materia: migratoria, derechos humanos, penal, administrativa, laboral y familiar”, además se enlista los diferentes servicios de documentación, registro civil y notaria entre otros.5

Un documento expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, define la protección consular como el conjunto de acciones, gestiones, y buenos oficios que realiza el gobierno de México a través de representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar los derechos y la integridad de las personas de nacionalidad mexicana en el extranjero cuando exista solicitud de la parte interesada.6

El 25 de enero de 2017, en un mensaje transmitido por las redes sociales del presidente Enrique Peña Nieto, se anunció el reforzamiento de la defensa legal de los connacionales, expresando: “Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”7

II. Los mexicanos son el grupo de inmigrantes más grande en los Estados Unidos, con más de 35 millones de personas de primera y segunda generación. Anteriormente los mexicanos que residen en los Estados Unidos acudían a las oficinas consulares principalmente por trámites relacionados con documentos como pasaportes, actas de nacimiento, matrículas consulares y certificados de nacionalidad.8 Sin embargo, con una nueva administración estadunidense que se ha enfocado en denigrar y criminalizar a los migrantes de origen mexicano, los consulados deben convertirse en una verdadera línea de defensa de los migrantes y sus derechos.

Luego de que 2017 fue el año con menos deportaciones de mexicanos procedentes de Estados Unidos desde que se tiene registro, en el primer semestre de 2018 se han vuelto a manifestar las altas cifras de expulsiones, similares las de la pasada administración, la que más migrantes ha deportado de ese país en los últimos 30 años.9 La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó un total de 109,296 deportaciones de mexicanos desde los Estados Unidos.10 Adicionalmente, las detenciones en el interior de Estados Unidos de migrantes sin antecedentes han aumentado, en un 150%, de acuerdo a cifras de la Oficina de Fronteras y Migración, ICE por sus siglas en inglés.11

III. De manera recurrente, los mexicanos que residen en los Estados Unidos expresan su descontento por el servicio que reciben en los consulados mexicanos. Entre las principales quejas enlistan los malos tratos por parte de los funcionarios, largas esperas y poca consideración por la situación y tiempo de las personas que asisten a dichas oficinas. De igual forma las quejas por no contestar los teléfonos o las solicitudes de información son recurrentes.

Por otra parte, existen casos como el del cónsul de México en San Bernardino, California, sobre quien un medio de comunicación expuso una investigación con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, dejando en evidencia un caso de corrupción grave y ek hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.12

Incluso existen casos donde funcionarios consulares han amenazado a migrantes mexicanos, como sucedió en el Consulado de México en Chicago, Illinois, donde un migrante, quien es originario del estado de Oaxaca y quien llegó a Estados Unidos hace 15 años fue amenazado con ser reportado a las autoridades de migración de los Estados Unidos.13

Estos casos no pueden generalizarse a toda la red consular mexicana en Estados Unidos; al contrario, existen muchos casos exitosos y de buen desempeño por parte de los funcionarios del servicio exterior mexicano.

El propósito de la presente iniciativa es fortalecer su trabajo y generar un esquema de coordinación y vinculación entre la red consular y las comunidades de migrantes en Estados Unidos, con el fin de generar mejores canales de comunicación, mejores mecanismos de evaluación de las políticas y programas consulares y una mejor atención para las comunidades. Concretamente, se propone la creación de órganos ciudadanos de vigilancia al interior de las representaciones consulares, para que sirvan como canales de participación ciudadana y, también, como instrumentos de retroalimentación para el mejor desempeño de los consulados. Estos órganos ciudadanos de vigilancia, permitirán a los funcionarios consulares trabajar de manera coordinada con las comunidades de migrantes, así como hacer más eficientes los servicios que ofrecen.

Los integrantes de estos órganos ciudadanos serían seleccionados por las mismas asociaciones y organizaciones de migrantes, y tendrían un carácter rotativo entre los miembros de la comunidad.

Estos órganos ciudadanos de vigilancia de las representaciones consulares son un instrumento de participación ciudadana que abonarán a la inclusión, al acceso a la información y al mejor desempeño institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que adiciona una fracción XXI al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al Artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXI, recorriéndose las subsiguientes, al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1-BIS. […]

I. a XX.

XXI. Órgano Ciudadano de Vigilancia: Instancia de participación ciudadana adscrita a las representaciones consulares e integrada por miembros de la comunidad de su circunscripción consular, en la que se realizan las siguientes funciones: vigilar el desempeño y aplicación del presupuesto de las representaciones consulares, emitir recomendaciones sobre el servicio y los programas consulares, recoger y presentar las quejas, sugerencias y demandas de la comunidad de su circunscripción consular;

XXII. a XXIX. […]

Artículo 12. […]

[…]

[…]

Las Representaciones Consulares contarán con un Órgano Ciudadano de Vigilancia integrado por miembros de la comunidad de su circunscripción consular, encargado de vigilar el desempeño y aplicación del presupuesto de las representaciones consulares, emitir recomendaciones sobre el servicio y los programas consulares, recoger y presentar las quejas, sugerencias y demandas de la comunidad de su circunscripción consular, así como las que se determinen en coordinación con la representación consular.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Secretaria de Relaciones Exteriores contará con 30 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en donde deberán preverse los mecanismos para la integración de los Órganos Ciudadanos de Vigilancia de las Representaciones Consulares, mediante mecanismos participativos e incluyentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “La Red Consular Mexicana”, Embajada de México en Estados Unidos, Secretaria de Relaciones Exteriores, recuperado de:
https://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/es/boletines/boletines-anteriores/1096-la-red-consular-mexicana

2 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

3 Idem

4 “Servicios que ofrecen los Consulados y Embajadas de México”, gob.mx, (27-03-2018), recuperado de:
https://www.gob.mx/sre/documentos/servicios-que-ofrecen-los-consulados-y-embajadas-de-mexico-en-el-exterior?idiom=es

5 “Conoce lo que el consulado hace por ti”, gob.mx, (27-03-2018), recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312124/Infograf_a_Qu__hace_el_Consulado_de_M_xico_por_ti.pdf

6 “Guía de procedimientos de protección consular”, Secretaria de Relaciones Exteriores, (2013), recuperado de:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/dgpme/guias/guiapc

7 “Un mensaje para todos los mexicanos”, Enrique Peña Nieto, (25-01-2017), recuperado de:
https://twitter.com/EPN/status/824447050066468865

8 “Pasaporte, trámite más demandado en Consulado de México”, La Voz de Michoacán, (11-10-2015), recuperado de:
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/pasaporte-tramite-mas-demandado-en-consulado-de-mexico/

9 “Deportaciones de mexicanos alcanzan su punto más alto desde que Trump es presidente”, Animal Político, (13-08-2018), recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2018/08/deportaciones-mexicanos-trump/

10 “Repatriación de Mexicanos 2018”, Unidad de Política Migratoria, Secretaria de Gobernación,  recuperado de:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA

11 “Nunca pensé que estaba en la lista de deportados de Trump”, El País, (18-01-2018), recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2018/01/17/mexico/1516211907_786378.html

12 “El cónsul de San Bernardino se apropia de fondos de los migrantes”, Proceso, (26-07-2018), recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/544471/el-consul-de-san-bernardino-se-apropia-de-fondos-de-los-migrantes

13 “Funcionario de consulado mexicano amenaza con ‘La Migra’ a indocumentado”, Mundo Hispánico, (03-2018), recuperado de:
https://mundohispanico.com/chicago/exclusiva-funcionario-de-consulado-mexicano-amenaza-con-la-migra-a-
indocumentado-video






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos y una retórica de odio y rechazo hacia el migrante por parte de las autoridades de ese país, hacen necesario un urgente fortalecimiento de la red consular de México, que dicho sea de paso, es la más grande de un país en otro.1 En este sentido, el efectivo funcionamiento de los consulados como una herramienta para que los mexicanos hagan frente a los múltiples retos de su vida cotidiana, pasa por la acertada designación de sus titulares.

Según el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: “Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el Presidente de la República”. 2El artículo 20 de dicha Ley señala que para ser designado cónsul general es necesario “estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo”.3

Por otra parte, el nombramiento del presidencial debe complementarse con la ratificación por parte del Senado de la República, ya que según el artículo 76, fracción II, de la propia Constitución señala como una facultad exclusiva del Senado la ratificación de los nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales.4

De acuerdo con el Reglamento del Senado de la República, en su Sección Tercera, De la Aprobación o Ratificación de Nombramientos y  de Remociones, existe un procedimiento de aprobación o ratificación de los nombramientos que realiza el Presidente de la Republica, incluidos los Cónsules; dicho proceso incluye una comparecencia de la persona propuesta ante el Senado, y según el artículo 243: “La aprobación o ratificación de nombramientos se hace por votación nominal de la mayoría absoluta de los senadores presentes en la sesión, salvo disposición expresa en que se exija una mayoría calificada”.5

II. De manera recurrente, los mexicanos que residen en los Estados Unidos expresan su descontento por el servicio que reciben en algunos consulados mexicanos. Entre las principales quejas enlistan los malos tratos por parte de los funcionarios, largas esperas y poca consideración por la situación y tiempo de las personas que asisten a dichas oficinas. De igual forma reportan la inacción de algunos cónsules, al igual que su desapego por la comunidad.

Existen casos como el del cónsul de México en San Bernardino, California, sobre quien un medio de comunicación expuso una investigación con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, dejando en evidencia un caso de corrupción grave y el hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.6

Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunció un esquema donde a través de diversos consulados en Estados Unidos, millones de pesos fueron manejados en total opacidad, sin explicación de su ejercicio. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) confirmó la existencia de diversas irregularidades donde se pagaron viajes a personas no relacionadas con la atención consular. En conjunto con otros hallazgos, la ASF determinó probables daños al erario público por casi 40 millones de pesos, por lo que promovió 35 recomendaciones, 18 denuncias por responsabilidades administrativas y 22 pliegos de observaciones.7

A mediados del año pasado, el periódico The Houston Chronicle publicó una historia donde detallaba una demanda presentada en contra del cónsul general de México en Houston y uno de sus funcionarios. La acusación señalaba el ofrecimiento de dos permisos de trabajo estadunidenses a cambio de 10 mil dólares, trámite que no puede ser realizado por ningún consulado mexicano. Los pagos fueron concretados en febrero de 2017 en la residencia de uno de los funcionarios, según la demanda interpuesta en la Corte del Condado de Harris en el estado de Texas.8

Estos casos no pueden generalizarse a toda la red consular mexicana en Estados Unidos; al contrario, existen muchos casos exitosos y de buen desempeño por parte de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, sin embargo, resulta claro que se deben impulsar mecanismos de mayor control y transparencia en la designación de los cónsules generales.

Vale recordar que según el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicana, “los servidores públicos del Servicio Exterior, observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.9 De igual forma, el artículo 60 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que el incumplimiento de dichas disposiciones dará lugar al procedimiento disciplinario y a las sanciones que correspondan en términos de lo previsto en la Ley y en el presente Reglamento.10

El artículo 61 del mismo reglamento también señala la obligación de “mantener estrecha relación con los mexicanos que radiquen en el país donde se encuentran acreditados” y el artículo 81 obliga a los Jefes de las Oficinas Consulares a “implementar estándares y procesos de atención al público que permitan que las Oficinas Consulares sean más eficientes en su actuación”.11

Según el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “la Protección Consular a mexicanos en el exterior continuará siendo una de las prioridades en la Política Exterior mexicana ante los nuevos escenarios de desafío que la diáspora ha encontrado en el mundo. El endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, Europa y sobre todo en América del Norte, propician que haya cada vez una necesidad mayor demanda de atención consular, sobre todo en cuestiones migratorias”.12

III. El artículo 39 Constitucional establece que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este13, por lo que la participación ciudadana de los mexicanos no se limita a su territorio y siendo los cónsules funcionarios designados por el Estado mexicano, su función debe estar en concordancia con la población a la que sirve.

El propósito de la presente iniciativa es dar un espacio a las comunidades migrantes que son atendidas por los consulados para que, por un lado, incidan en la selección de sus titulares, y por otro lado, tengan mecanismos de transparencia y acceso a la información oportunos sobre los perfiles de los funcionarios propuestos para ocupar el puesto de cónsul en su comunidad.

Esta propuesta atiende a la necesidad de que los cónsules generales sean personas que no sólo cuenten con los conocimientos, actitudes y vocación de servicio necesarios para atender a la comunidad mexicana en el exterior, sino que también tengan la capacidad de entablar un diálogo cercano, permanente e incluyente con las comunidades a las que atenderán. 

En tal sentido, se propone una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que las personas designadas por el Presidente de la República como cónsules generales, previo a su ratificación por parte del Senado, participen en una audiencia pública con los mexicanos residentes en la circunscripción consular a la que estará adscrito.

En esta audiencia pública, los cónsules propuestos deberán presentar un plan de trabajo a los miembros de la comunidad mexicana, así como escuchar y responder a los cuestionamientos, inquietudes y propuestas de la comunidad a la que aspira servir.

Esta medida, adicionalmente, brindaría mayores elementos y mayor información para el proceso de ratificación a cargo del Senado de la República.

Estos foros ciudadanos para los cónsules designados son un instrumento de participación ciudadana que abonarán a la inclusión, al acceso a la información y al mejor desempeño institucional. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano., para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19. […]

[…]

En el caso de los cónsules generales, posterior a su designación por parte del Presidente de la República y previo a su ratificación por parte del Senado de la República, se deberá convocar y llevar a cabo una audiencia pública con miembros de la comunidad mexicana establecida en la circunscripción consular a la que haya sido designado. En dicha audiencia pública, el designado a ocupar el puesto de cónsul general presentará un plan de trabajo y responderá a los cuestionamientos de los mexicanos asistentes, mediante un diálogo participativo e incluyente. Las audiencias públicas deberán ser convocadas con la anticipación suficiente y a través de medios de comunicación locales para procurar la mayor asistencia y participación de los mexicanos de la circunscripción consular respectiva; adicionalmente, se llevarán a cabo en instalaciones de fácil acceso para los mexicanos y con la capacidad suficiente respecto al tamaño de la comunidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En el caso de los cónsules generales que ya se encuentren en el puesto a la entrada en vigor del presente decreto, y que no hayan realizado audiencias públicas en los términos dispuestos en el mismo, contarán con 60 días naturales para efectuarlos.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Secretaria de Relaciones Exteriores contará con 30 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en donde deberán preverse los mecanismos para la organización y desarrollo de las audiencias públicas señaladas en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “La Red Consular Mexicana”, Embajada de México en Estados Unidos, Secretaria de Relaciones Exteriores, recuperado de:
https://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/es/boletines/boletines-anteriores/1096-la-red-consular-mexicana

2 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

3 Ídem

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

5 Reglamento del Senado de la República, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Senado_230518.pdf

6 “El cónsul de San Bernardino se apropia de fondos de los migrantes”, Proceso, (26-07-2018), recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/544471/el-consul-de-san-bernardino-se-apropia-de-fondos-de-los-migrantes

7 “Confirma ASF daños millonarios a la Hacienda Pública Federal por el caso “Juntos Podemos”, denunciado por MCCI”, MCCI, recuperado de:
https://contralacorrupcion.mx/asf-hacienda/

8 “Official at the Mexican Consulate in Houston accused of selling work permits”, Houston Chronicle, (25-07-2017), traducción propia, recuperado de:
https://www.houstonchronicle.com/news/article/Official-at-the-Mexican-Consulate-in-Houston-11413885.php

9 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

10 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSEM_280417.pdf

11 Ídem

12 “La Protección Y Asistencia Consular De México En El Mundo: Programas Vigentes Y Desafíos Hacia El Futuro”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, (28-04-2017), recuperado de:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_280417_Asistencia_Consular.pdf

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias al Senador Castañeda Hoeflich.

El Senador Castañeda ha presentado dos iniciativas de reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, una adiciona los artículos 1-Bis y 12 y la segunda reforma el artículo 19. Por lo que se turnan, ambas, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 constitucional, en materia de democracia participativa para garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y consejos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PLANTEAN REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN PARLAMENTOS, CABILDOS Y CONCEJOS

(Presentada por el Senador Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT)

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Mexicanas, mexicanos y colimenses:

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tengo a bien hacer esta propuesta.

El pasado 1º de julio la ciudadanía le envió doble mensaje a la clase política, por un lado, los ciudadanos rechazaron la manera en que se han conducido los asuntos públicos en nuestro país, de manera elitista, alejado del pueblo y obedeciendo las agendas de los intereses económicos.

Por el otro lado, la ciudadanía manifestó en las urnas su intención de recuperar lo público, las deliberaciones públicas y la política en su conjunto.

Ante el descrédito en la clase política y el descontento con la democracia en nuestro país, surgieron grupos de ciudadanos que reclamaron el reconocimiento, el respeto y la garantía de sus derechos políticos.

Así, se introdujeron por primera vez en más de 70 años, mecanismos de democracia participativa, tales como la consulta popular, la iniciativa popular y las candidaturas independientes.

Sin embargo, la partidocracia evitó el ejercicio efectivo de estos derechos, pues se establecieron requisitos y condiciones de imposible cumplimiento material.

¿Cómo se le puede pedir a un ciudadano de a pie que reúna 1.7 millones de firmas, distribuidas en todo el territorio nacional para consultar un tema?

Sin duda, este mecanismo se hizo para simular la democracia participativa, esto es atole con el dedo.

Por eso, el Senado tiene la obligación popular de garantizar la participación de todas y todos los mexicanos en las deliberaciones de los asuntos públicos, por lo tanto, México debe transitar de una democracia meramente representativa a una democracia efectivamente participativa.

Con esta concepción de la democracia, el pueblo puede ejercer su soberanía no sólo a través de sus representantes, sino también de manera directa, que no se nos olvide, en los parlamentos en general y en el Senado de la República en particular, manda el pueblo, para los grandes teóricos de la democracia, la democracia sólo puede existir si se garantiza la participación del pueblo en las decisiones públicas.

Por lo tanto, es necesario favorecer el vínculo entre representantes y representados.

Asimismo, las prácticas internacionales convergen en las del parlamento abierto, y para lograr que las legislaturas mexicanas estén a la vanguardia es necesario fomentar pluralidad y la participación ciudadana.

Por ello, presento ante esta Asamblea una figura innovadora del parlamento abierto y democracia directa, del derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

Mediante esta reforma constitucional se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución General de la República, que reconoce el derecho a voz de los ciudadanos en las sesiones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las legislaturas locales, de los cabildos, de los ayuntamientos y de los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México.

Existen antecedentes como es el caso del municipio de Durango, que reconoce en el bando de policía y gobierno, el derecho de los vecinos del municipio a participar con voz en las sesiones del ayuntamiento.

Asimismo, en la Ciudad de México, la Ley de Alcaldías obliga a los concejos a incorporar mecanismos de deliberación pública para la toma de decisiones en los que participen los ciudadanos.

En el propio Senado, aquí mismo, se ha autorizado esta figura permitiendo el uso de la voz a la Presidenta del Conapred y al Director General del Instituto Politécnico Nacional, este derecho se reconocería a los ciudadanos en lo individual y en lo particular, así como a organizaciones de la sociedad civil para participar en discusiones públicas o bien, para hacer un posicionamiento ante el parlamento, cabildo o concejo.

Senadoras y Senadores, los invito a que legislemos a favor de la ciudadanía, garantizando el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos, seamos ejemplo a nivel mundial en materia de participación ciudadana, democracia directa y parlamento abierto.

No esperemos a una reforma constitucional, reformemos el Reglamento del Senado para introducir esta figura y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN PARLAMENTOS, CABILDOS Y CONCEJOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”1 De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por lo tanto, México es una democracia representativa.

En México, la representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, como lo establece el artículo 41 constitucional. Para el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, “no hay mayor expresión soberana del pueblo que el establecimiento de bases sobre las cuales se desarrollarán los mecanismos de representación política y la elección de los integrantes del poder público.”2 Por lo tanto, el pueblo y la ciudadanía deben participar activamente en las decisiones públicas de nuestro país.

Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios electorales de manera periódica.  En ese año se introdujeron a la Constitución una serie de mecanismos innovadores tanto de democracia representativa como de democracia directa.

Por primera vez, desde 1946 la Constitución y la normativa electoral rompieron el monopolio democrático de los partidos políticos y se reconoció el derecho al voto pasivo de los ciudadanos mediante la figura de las candidaturas independientes. Asimismo, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas.

De esta manera, en la Cuarta Transformación de la República es necesario consolidar la transición a la democracia sustantiva y directa. Para lograrlo, se deben eliminar los candados y requisitos que hacen nugatorio el derecho a la participación política de la ciudadanía en las deliberaciones públicas e incluir mecanismos que la amplíen, tal como la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

2. Democracia directa

En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.”3

Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria”4. Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado”5. Así, Constant propone generar un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa.

En una discusión con Michelangelo Bovero, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de la democracia, pues la definición actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una serie de mecanismos por medio de los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina democracia procedimental. Se le denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos relevantes para determinar si una sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma que se trata de una condición necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, propone la inclusión de elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la democracia sustantiva.

En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de manera directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los asuntos públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino generar cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como la efectiva participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública. Garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos se convierte, entonces, en la reapropiación de estos espacios por parte del pueblo, del demos.

Por su parte, Robert Dahl sostiene que la democracia es el derecho que tiene todo ciudadano de antagonizar al gobierno en turno. Para él, la democracia se trata de la efectiva revelación de las preferencias. En otras palabras, la democracia es una serie de mecanismos mediante los cuales las autoridades y representantes escuchan efectivamente a la ciudadanía y con base en este diálogo se ejercen actos de autoridad. Nuevamente, nos enfrentamos a la democracia procedimental. Pero, se debe aceptar, deben existir mecanismos para que todos los individuos puedan participar en los asuntos públicos.

Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx , sino sencillamente con Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el dia que elegían a sus representantes. Y ni siquiera ese día. Porque cuando llega ese dia ya no  hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a presidente de la República. ¿ en que va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.”6

Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, pues podría aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias de los Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados argumentan a favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman sus precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo que argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos.

Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos fundamentales han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna de París o en los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo que cualquier democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede surgir desde el pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales.

3. Parlamento abierto

De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-; que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir es transparente-; que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana- y que; para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación.

En suma, un parlamento abierto:

1. Rinde cuentas

2. Es transparente

3. Fomenta la pluralidad y la participación ciudadana

4. Utiliza la tecnología

Existen 10 principios o variables que determinan qué tan abierto es un órgano legislativo:

1. Derecho a la información

2. Participación ciudadana y rendición de cuentas

3. Información parlamentaria

4. Información presupuestal y administrativa

5. Información sobre legisladores y servidores públicos

6. Información histórica

7. Datos abiertos y software libre

8. Accesibilidad y difusión

9. Conflictos de interés

10. Legislación a favor del gobierno abierto

La presente iniciativa tiene por objeto impulsar en México y, en específico en los parlamentos, cabildos de los municipios y concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, el parlamento abierto fomentando la pluralidad y la participación ciudadana. Para lograrlo, hay que reconocer el derecho que tiene todo habitante de participar de manera activa en las deliberaciones de los órganos representativos. Es fundamental, reconocer el derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos.

4. Derecho comparado

El derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos es un concepto innovador y un mecanismo de vanguardia que garantiza y promueve los derechos políticos de la ciudadanía. Uno de los casos más notables a nivel mundial es el caso del Parlamento de Andalucía en España en donde se introdujeron dos figuras parlamentarias: las preguntas ciudadanas y las comparecencias de agentes sociales.

Por su parte, en México este derecho se ha ejercido en el Ayuntamiento de Durango durante la administración del entonces Presidente municipal Alejandro González Yáñez. Asimismo, este derecho se ha ejercido en las otrora delegaciones de la Ciudad de México como audiencias públicas de los Jefes delegacionales.

4.1 Parlamento de Andalucía

El reglamento del Parlamento andaluz incorpora la figura de las preguntas de iniciativa ciudadana. Este procedimiento se contempla en el artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que se transcribe a continuación:

Artículo 165

1. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, o las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros.

2. Las preguntas se presentarán por escrito en el Registro General del Parlamento, y deberán contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los Grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en este Reglamento para igual tipo de iniciativas.

4. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en Comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa de la Cámara. Si fueran varios los Diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primer Diputado o Diputada que manifieste su intención de hacerlo.

5. La decisión de formularla en Pleno o en Comisión corresponderá al Diputado o Diputada a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.

6. En cada sesión plenaria sólo podrá formularse un máximo de cuatro de estas preguntas, y su inclusión en el orden del día respectivo consume cupo.

 7. Será de aplicación a estas iniciativas el régimen de caducidad anual previsto en el artículo 191 de este Reglamento.

Asimismo, el marco normativo andaluz incorpora otra figura igual de innovadora: las comparecencias de los agentes sociales. Mediante esta figura se busca la participación activa de la ciudadanía, específicamente sindicatos y organizaciones empresariales, en los debates del parlamento andaluz. Los agentes participan con voz en las deliberaciones del parlamento.

Artículo 1127

1. Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas.

2. Quienes comparezcan habrán de tener la consideración de representantes de colectivos sociales, sean éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto de ley. Sólo con carácter excepcional podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual.

4.2 Municipios y alcaldías

En el artículo 41 del Bando de Policía y Gobierno de Durango se establece el derecho de los habitantes del municipio a participar con voz en las sesiones del Ayuntamiento:

ARTÍCULO 418

Los vecinos del municipio podrán participar, individual o colectivamente, para mejorar su calidad de vida y procurar el bienestar común. El Gobierno Municipal garantizará y promoverá la participación ciudadana. En función de ello los vecinos del municipio podrán:

II. Estar presentes en la Sesiones Públicas del Ayuntamiento y participar en las mismas con voz, pero sin voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de Durango;

Por su parte, en la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México se contempla la participación activa de la ciudadanía en las alcaldías:

Artículo 2119.

Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas a fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas.

Artículo 212.

Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como los mecanismos en los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar y las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en éstas, se establecerán en la ley aplicable.

Sin embargo, la regulación en la Ciudad de México es ambigua, pues no se contempla como un derecho ciudadano, ni se establecen la obligatoriedad de otorgar la voz a un ciudadano o ciudadana durante una sesión del concejo local.

5. Derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos

La Soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. A su vez, el pueblo ha optado por organizarse en una democracia representativa. Por lo tanto, los representantes del pueblo tienen un mandato del pueblo. Para ser una democracia sustantiva, el pueblo puede en cualquier momento revocar el mandato que le confirió a sus representantes o, bien, no optar por la representación y ejercer la soberanía de manera directa. El núcleo de la presente iniciativa y de la figura parlamentaria planteada es precisamente garantizar el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Es importante señalar que en los parlamentos, en general, y en el Senado de la República, en particular, manda el pueblo. Se ha generado la confusión que quien decide es el representante. Nada puede estar más equivocado.

A través de la presente iniciativa se adiciona una fracción novena al artículo 35 constitucional para que sea derecho de la ciudadanía participar con voz en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en las legislaturas de las entidades federativas; en los ayuntamientos de los municipios; y en los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México. Se garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en el pleno de estos órganos, así como en sus comisiones.

Se establecen dos supuestos normativos o vías para el ejercicio del presente derecho: (1) recabar el apoyo ciudadano requerido y (2) contar con el apoyo de un número determinado de integrantes electos de estos órganos. Los ciudadanos pueden optar por ejercitar el derecho por la primera o por la segunda vía, según convenga a sus intereses legítimos. El derecho podrá ejercitarse de manera individual o colectiva.

En el caso del primer supuesto, la ley que reglamente este derecho -ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal- no lo podrá hacer nugatorio solicitando un apoyo ciudadano excesivo, por lo que se establece un límite de 0.01% del ámbito correspondiente. En la implementación de la consulta popular, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes se estableció un umbral tan alto que hizo imposible el ejercicio de este derecho en la práctica.

 Asimismo, los ciudadanos deberán establecer en su solicitud si desean ejercitar su derecho en una sola intervención o sesión o, bien, si prefieren participar durante la totalidad de la deliberación parlamentaria sobre un asunto específico. La normativa correspondiente deberá otorgar los mismos derechos parlamentarios a los ciudadanos que se encuentren en el ejercicio de sus derecho y los miembros electos del órgano deliberativo respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

IX. Participar, con voz, en las sesiones de:

1. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

2. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

3. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

4. El Pleno y las comisiones de las legislaturas de las entidades federativas;

5. Los Ayuntamientos de los municipios; y

6. Las Concejos de las alcaldías de la Ciudad de México.

El derecho a la voz en las sesiones del órgano respectivo corresponde a los ciudadanos, grupos de ciudadanos  y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten y que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación y los reglamentos aplicables. En ningún caso, se podrá solicitar un respaldo ciudadano mayor al .01% de la lista nominal de electores del ámbito correspondiente para ejercitar este derecho.

Asimismo, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán hacer uso de la voz cuando así lo soliciten cinco senadores, diez diputados federales, cinco diputados de la legislatura local, un regidor, un síndico, o un concejal en el órgano respectivo los cuales deberán adoptar la figura en sus reglamentos internos.

La legislación deberá garantizar el derecho de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a hacer el uso de la voz en la presentación y discusiones subsecuentes de las iniciativas ciudadanas, a presentar en viva voz puntos de acuerdo y participar, en general, en los debates de los órganos respectivos. 

Los reglamentos internos de los órganos garantizarán que el uso de la voz en las sesiones por parte de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se ejerza en términos igualitarios con los integrantes electos del órgano correspondiente.

En el ejercicio de este derecho, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán participar en una única sesión o en el conjunto de deliberaciones sobre un tema en específico.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley para Garantizar el Derecho a la Voz Ciudadana en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto.

TERCERO: Las legislaturas locales deberán expedir las leyes para garantizar el derecho a la voz ciudadana en los respectivos congresos y ayuntamientos o concejos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto.

CUARTO: La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas locales, los ayuntamientos de los municipios y los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México deberán incorporar en sus reglamentos internos el derecho a la voz ciudadana en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Joel Padilla Peña.

1 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Cossío Díaz, J. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Comentada. PP 797 Ciudad de México: Tirant lo Blanch.

3 Rousseau, Jean J., “El Contrato Social”, El Aleph, pág 89

4 Constant, Benjamin. “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos”

5 Ibid

6 Castoriadis, Cornelius.“Democracia y relativismo: debate en el MAUSS”. Trotta  2007

7 Artículo 112 del Reglamento del Parlamento de Andalucía

8 Bando de Policía y Buen Gobierno de Durango

9 Ley de Alcaldías de la Ciudad de México

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Padilla Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

También se encuentran presentes en este salón de sesiones una comisión de legisladores y presidentes municipales del Estado de México, del Partido Verde Ecologista de México, invitados por el grupo parlamentario de ese partido, el Partido Verde Ecologista de México.

Esta Mesa Directiva les da la más cordial ¡bienvenida, compañeras y compañeros!

Informo, además, que se encuentra un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo.

¡Bienvenidos!

Y además, esta Presidencia da la más cordial ¡bienvenida a un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Anáhuac del Norte!, invitados por la Senadora Kenia López Rabadán.

Muchas gracias.

Tenemos muchos invitados el día de hoy.

¡Sean todas y todos bienvenidos!






El siguiente turno para presentar iniciativa corresponde al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Les informo que cedió su turno a la presentación de la iniciativa de la Senadora Mónica Fernández Balboa, del Partido Morena.

En consecuencia, le daremos el uso de la tribuna a la Senadora Fernández Balboa, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones IX y X del artículo 35 constitucional, en materia de plebiscito y referéndum.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 1º de julio la mayoría de los mexicanos decidimos emprender una transformación en nuestro país, no se trata de un simple cambio de gobierno o de administración, los mexicanos optaron por una propuesta distinta a lo que ha prevalecido durante décadas, la ciudadanía hizo suyo un proyecto incluyente y democrático, y justo esos fueron los factores que determinaron el triunfo de nuestro Presidente Electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Nuestra propuesta, que hoy es un compromiso firme, se sustenta en uno de los principios más sólidos de la democracia, que es la participación de todos en la toma de decisiones.

Hay quienes piensan que la democracia se agota cada tres años o cada seis años en las urnas para elegir a los gobernantes o representantes políticos y luego no hay que volver a consultar a quienes otorgaron el mandato.

Precisamente ahí está la diferencia, lo que estamos impulsando es un cambio profundo, de lo que se trata es de construir un nuevo régimen, una forma distinta de hacer política y de que esa política se convierta en acciones de beneficio colectivo.

A diferencia también de lo que ocurría en el pasado, nosotros estamos abiertos a escuchar a todos, porque de eso se trata la verdadera democracia.

Tenemos derecho a opinar, ya se acabaron los tiempos en que sólo tenían voz algunos grupos o sectores, ya sea desde los partidos u organizaciones que se arrogaban la representación de toda la sociedad, como los tristes Pacto por México, que tan lamentables resultados autoritarios nos han heredado.

En nuestro proyecto tiene espacio la inclusión. Desde la pluralidad, la tolerancia y el respeto queremos que nunca más nadie se quede con algo que decir, queremos que en los asuntos públicos todos opinen, no sólo los técnicos, los expertos o algunos representantes de intereses, sino la sociedad en su conjunto.

Nuestra visión es que las cuestiones trascendentes para el país se abran a los cauces de participación lo más amplio posible.

La idea es muy clara, cuando el gobierno o el Poder Legislativo tengan que tomar decisiones trascendentes, es indispensable consultar a la comunidad.

Pueden tener razón quienes piensan que esto es una ruta compleja y difícil, no estoy segura de ello, de lo que sí estoy convencida, es que siempre será mejor preguntar a la ciudadanía lo que quiere en lugar de ignorarla.

Por eso no tenemos miedo a escuchar y acatar las decisiones de las mayorías, se vale disentir, se vale tener opiniones contrarias incluso a las nuestras, pero tengan la certeza de que sabremos sumar y mediante los instrumentos de la democracia participativa lograremos construir lo que mejor convenga al país.

Tal vez, tal vez algunos se sienten desconcertados y temerosos.

Lamento que no estén aquí los compañeros que acaban de mencionar reformas a este mismo artículo, también en el tema de democracia participativa.

Es natural que se sientan temerosos porque venimos de una larga noche en que la voz del pueblo fue ignorada, pero es importante que quede claro, las cosas públicas funcionarán distinto porque así nos lo demanda y nos lo exige la sociedad.

Por eso, compañeras y compañeros, un grupo de Senadoras y Senadores de Morena y del PES presentamos hoy una iniciativa para abrir estos espacios de participación.

Si bien nuestra Constitución reconoce ya el derecho de los ciudadanos a participar en consultas sobre asuntos de interés nacional, consideramos que debemos ir más allá, porque ésta última modificación al artículo 35, que aquí se ha mencionado mucho, tiene su tanto de simulación, tiene su tanto de trabas que pusieron para no permitir que la opinión del pueblo fuera escuchada.

Proponemos entonces que se incluya en la Carta Magna la figura de referéndum y la figura de plebiscito para acercar realmente las decisiones, las legislativas y las ejecutivas a quien manda en una democracia que no es otro, sino el propio pueblo de México.

Nuestra vocación democrática es firme y se consolidará aún más, de aprobarse estos instrumentos, los cuales en los países reconocidos como avanzados en este tema son una realidad.

Señoras y señores, tengamos confianza en quienes nos eligieron. Si los escuchamos, si mantenemos el diálogo abierto, si asumimos con humildad, con la humidad que corresponde que fuimos elegidos para obedecer y no para imponer, avanzaremos en el país que todos anhelamos, una nación sin privilegios, con oportunidades, con menores desigualdades; una nación con democracia.

Hoy estamos convencidos que no hay más que escuchar a la ciudadanía y acabar con el autoritarismo, este es un reclamo social y nosotros reafirmamos que estamos dispuestos a atenderlo.

Esta es la nueva realidad, esta es la forma en que aspiramos a que se gobierne este país, esta es la cuarta transformación de la República.

Finalmente, señor Presidente, le solicito que se incluya íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates, que ha sido firmada y presentada por las Senadoras Antares Vázquez, Malú Micher, Guadalupe Covarrubias, Rocío Abreu, Delfina Gómez, Lilly Téllez, Imelda Castro, Sasil De León, Katya Ávila, Eunice Renata Romo, Marcela Mora y los compañeros Eduardo Ramírez y Rubén Rocha.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mónica Fernández.

Sonido en el escaño del Senador Salomón Jara.

El Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si me permite la Senadora que acaba de hablar, Mónica Fernández, participar en su propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El conjunto de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Morena, se adhieren a esta iniciativa de la Senadora Mónica Fernández.

El conjunto de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRD, se adhieren a esta iniciativa de la Senadora Mónica Fernández.

El conjunto de Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo, se adhieren a esta iniciativa de Mónica Fernández.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones correspondientes.

El Senador Fuentes, del Partido Acción Nacional, se adhiere a esta iniciativa y el Senador Damián Zepeda.

Sonido en su escaño, por favor, para la adhesión, Senador, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) A nombre del grupo parlamentario del PAN, por supuesto que nos adherimos a ésta y a todos los temas que busquen regular la consulta popular, el referéndum y plebiscito, y evitar la manipulación política en ejercicios que no tengan fundamento legal.

Exactamente lo que queremos, es que esté bien regulado, como sí viene bien regulado en la propuesta.

Así es que, claro que nos adherimos, para que no se hagan consultas falsas.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se agradece la adhesión y ya el editorial, pues ya cada quién sabrá a quién va dirigido. Puede haber interpretaciones diversas.

Senador Eduardo Ramírez, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Sumándonos además a esta iniciativa que presenta nuestra compañera, creo que son momentos importantes en los que vamos a coincidir con muchos grupos parlamentarios en estos temas que son de gran importancia para el país.

Celebro la civilidad, celebro que estemos trabajando en esta armonía, lamento mucho que nuestros amigos del PRI no estén, porque creo que es una iniciativa que vamos a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Félix Salgado. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Celebro que todas las fracciones parlamentarias del Senado estemos apoyando esta iniciativa que ha planteado la compañera Mónica. Eso es bueno.

Pero también, por otro lado, hay que dejar muy en claro que nunca en su vida, ni el PRI ni el PAN, habían hecho una consulta a la ciudadanía. Nunca en su vida.

Y ahora están espantados porque se está haciendo la consulta, que puede ser una consulta indicativa donde se le va a tomar en cuenta la opinión a los ciudadanos.

Por eso no vale la descalificación.

Yo creo que es Andrés Manuel López Obrador el primer Presidente de México en la historia contemporánea, que toma en cuenta a los ciudadanos en una encuesta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadoras y Senadores, les recuerdo que no está a discusión la iniciativa. Las valoraciones se harán después.

Senadora Beatriz Paredes, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Coincido, señor Presidente, no está a discusión la iniciativa.

Es una iniciativa muy interesante que analizaremos en las comisiones. Pero no es de admitirse que al hacer comentarios sobre ella, se descalifique a otras organizaciones políticas, y particularmente una sociedad muy acostumbrada a participar en consultas comunitarias y públicas.

Yo vengo de una sociedad plebiscitaria, hay una serie de toma de decisiones en las comunidades que se hacen por consulta a la base, hay un conjunto de programas institucionales en diversas zonas en donde se hacen consultas en asamblea.

Entonces, me parece cuando menos demostrativo de un desconocimiento hacer una generalización de que en éste país no hay otro tipo de consultas ciudadanas.

Creo que lo que está en juego en estas iniciativas, es de otra naturaleza y no vale la pena enfrascarnos en otorgar medallas que nadie está solicitando.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Kenia Rabadán.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Es evidente que el Senador Salgado Macedonio quizá no recuerda que el primer partido político que aquí presentó una iniciativa para que los instrumentos de participación ciudadana se ampliarán, fue el Partido Acción Nacional.

Es claro, señor Senador, que nosotros sí queremos instrumentos de participación ciudadana, sí queremos plebiscito, referéndum, iniciativas ciudadanas, consulta popular, queremos todos los instrumentos posibles, porque para ello nos pagan, para venir a hacer leyes.

Y lo que hoy estamos viviendo evidentemente es una burla y ha quedado claro hoy en las redes sociales. Es increíble, lleva más de tres mil retwits un twit de Azucena Uresti, que dice: “Como dato para el análisis del primer día de la consulta, nuestro reportero pudo votar tres veces en diferentes mesas. En dos con credencial de elector y una sin credencial”.

Esto es una burla, a la luz de cualquier cosa es ilegal y está fuera de cualquier instrumento.

Y para eso nos pagan, para generar los instrumentos, y por eso acompañamos la propuesta de la Senadora.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Víctor Castro.

Vamos a dar la palabra al Senador Víctor Castro.

La verdad, es que el Senador Damián Zepeda no se adhirió estrictamente, sino que hizo una valoración de una opinión política y eso ha desatado otras opiniones.

Senador Víctor Castro.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) El que suelta la piedra y esconde la mano. Dejen entonces responderles.

En primer lugar, estamos en una iniciativa que, efectivamente, hay que acompañarla, así lo hicieron.

Lo que es parlamentariamente contrario, porque pasa siempre, aunque sea una maniobra parlamentaria, que se vale lo que hizo Damián, pero le recuerdo no sólo a Acción Nacional.

Yo he insistido mucho en que seamos coherentes, digo, porque en las próximas de trampa yo puedo decir muchas cosas de iniciativas de ustedes.

Pero yo creo que la maestra Paredes, con todo respeto, no escuchó lo que leyó     Claudia.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Sí la escuché.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) ¿Ah, la escuchó? Y si la escuchó en su alegato, lo único que hizo fue descalificarnos y ustedes lo oyeron, no se hagan.

Si usted está pidiendo que haya respeto y no le entremos a estos dimes de argumentos que son muy válidos, entremos en serio. Porque no se vale que pase la señora Claudia y haga una disertación descalificando todo el proceso.

Yo estoy de acuerdo, si es tema, pues le entramos al tema, no hay ningún problema. Yo creo que hay un punto ahí.

Pero yo quiero nada más decirle una cosa, finalmente yo creo que el respeto se gana con argumentos y yo creo que, efectivamente, puede haber toda una tendencia nacional para descalificar, porque hay intereses que todo mundo sabemos de qué lado están, y qué intereses defiende cada uno de los que aquí estamos. Eso es lo que está atrás.

Acción Nacional tiene todo el respeto para criticar las fallas que pueda tener la consulta, eso no lo discuto.

Pero lo que sí tengo bien claro, es que Acción Nacional está defendiendo, como siempre lo ha hecho, intereses ajenos al interés social, al interés popular.

Acción Nacional ha sido su práctica, no es nuevo, nos han venido descalificando las acciones que realmente estamos impulsando que puedan tener no la justificación constitucional, no es jurídica; la justificación que tenemos es una justificación ética, es una justificación de tomar en consideración a las y los ciudadanos mexicanos, si hay irregularidades por supuesto que se tomarán en consideración y se tienen que hacer a un lado, porque no se vale que alguien vote.

El que lo hizo es un inmoral, además, y todavía cínicamente se pone a decir que votó tres veces, o sea, ¿qué prueba eso?

Prueba simplemente el que lo hizo, el que fue tres veces a votar cuando estamos impulsando la honestidad ciudadana, la honestidad del pueblo, de la gente; puede haber fallas.

¿Pero saben a qué fallas nos enfrentamos?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senador.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Termino, ese es  el carrusel, es la práctica de toda la vida, es la práctica del fraude electoral que  lo han ensañado, ya saben ustedes qué organizaciones políticas, a través de la historia.

No vengan ahora a hacerse los inocentes, nos recetaron una y otra vez el fraude como práctica política, y en Morena no lo vamos a hacer, estamos consultando limpiamente a la gente; y desde aquí le pido a toda la ciudadanía que me escucha, que vaya y vote, que vaya y emita su opinión, más bien, para que el pueblo de México dé una respuesta contundente a esos insanos intereses que se oponen a la democracia participativa en el país.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Me han solicitado el uso de la palabra varias Senadoras y Senadores, daré la palabra a dos y dos, nada más.

Senadora, le voy a dar la palabra a la Senadora Beatriz Paredes.

Le voy a dar la palabra al Senador Damián, también.

Y a dos Senadoras de Morena.

También al Senador Juan Zepeda.

Vamos a escuchar a la Senadora Beatriz Paredes.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Mi intervención es por alusiones, señor Senador.

No estoy participando en un debate, porque estamos en la etapa procesal de presentación de iniciativas, y mi estimado amigo, el Senador Castro, que sabe que lo aprecio de tiempo atrás, señala que sí quiere hacer un debate.

Yo propongo que en la próxima sesión haya un debate, un debate sobre la calidad y las características de la consulta y las consecuencias de que se realice o no se realice un aeropuerto, en donde sea; un debate formateado y acordado por los grupos parlamentarios con las características de un debate.

Y para contestar la alusión específica, claro que escuché la presentación de la iniciativa que puso a consideración de esta Asamblea la Senadora Ruiz Massieu, y me parece que su argumentación correspondió a un análisis desde una perspectiva constitucional jurídica.

No estimo que haya habido la intención de una descalificación de mala fe, una óptica sobre un procedimiento como cuando ustedes y cualquier otra persona tiene una óptica sobre que el desarrollo económico de México ha generado diferencias abismales, son visiones conceptuales sobre los hechos que no suponen ninguna descalificación negativa.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel.

Senador Juan Zepeda.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Primero, solicitarle tenga a bien una moción de orden; esta es una iniciativa que se está presentando, no es una ronda de argumentación a favor o en contra.

Pero también, ésta no es la primera vez que con el argumento de sumarse o suscribir una iniciativa, se abre un debate que es en este momento innecesario.

De aquí se va a turnar a las comisiones, aquellos que somos integrantes de los partidos daremos el debate a favor o en contra, pero también está abierta a los que quieran integrarse para ese mismo debate.

Una vez que se haga el dictamen, va a venir a este Pleno, donde vamos a poder argumentar, pero hoy simplemente se presenta, se manda a la comisión, y creo que en este momento el debate es innecesario.

Solicitarle que siga adelante la Asamblea.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zepeda Hernández.

Vamos a escuchar tres intervenciones, y cerramos.

Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me resulta realmente penoso que en esta época que estamos viviendo en el tránsito a la democracia, haya quienes le nieguen al pueblo el gran derecho soberano de decidir el futuro, tanto en lo patrimonial, tanto en lo moral y tanto en lo político.

¿Por qué no consultar al pueblo?, ¿a qué le tenemos miedo?

Le tienen miedo a asociarse con esos empresarios espurios, y que han logrado enriquecerse a espaldas del pueblo, ¿a eso le temen ustedes?

Que vaya la consulta ciudadana para todos los temas del país, desde las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados y la nación. Es el poder soberano del pueblo el que tiene que prevalecer en contra de esos intereses espurios y criminales que han hecho tiras esta patria.

Salud, señores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Trasviña Waldenrath.

Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El tema del día de hoy, importante en la agenda política nacional, es el ejercicio que se está llevando a cabo, sin duda alguna.

Este Senado debería de debatir el tema, por lo cual, hacemos una propuesta formal, basados en el artículo 72 del Reglamento, para que se modifique el Orden del Día y se dé prelación a uno de los asuntos previamente ya registrados en los puntos de Acuerdo, que estaba, por cierto, otro asunto del mismo tema desde la sesión pasada, y la cortaron, y se escucha que quieren hacer lo mismo hoy, para que lo debatamos ahorita.

Y que formalmente este Senado aborde el tema de la consulta que se está llevando a cabo por parte del Presidente Electo, y que podamos escuchar argumentos a favor y en contra.

Sin duda alguna podemos diferir, pero aquí lo que estamos todos defendiendo, al menos en el grupo parlamentario del PAN, es el interés del ciudadano.

Claro que estamos a favor de que se consulte y se escuche a la ciudadanía, pero no estamos a favor de que se le manipule y se le engañe.

Hoy el ejercicio que se está llevando a cabo es pagado por un partido político, hoy el ejercicio que se está llevando a cabo, escogieron discrecionalmente sólo 500 municipios de más de 2 mil 400.

Hoy el ejercicio que se está llevando a cabo, se permite el carrusel. Hoy el ejercicio que se está llevando a cabo, quien lo organiza participa con posturas a favor o en contra. Hoy el ejercicio que se está llevando a cabo, no hay garantía de quién lo va a contar. Y hoy el ejercicio que se está llevando a cabo, las preguntas están sesgadas y no está organizado por una autoridad independiente.

Consulta sí, manipulación no.

Nuestro marco jurídico regula en el artículo 35 constitucional, el mismo que están pretendiendo reformar cómo deben ser las consultas, la organiza el INE, se asegura que la pregunta no esté sesgada, se le dé información suficiente a la ciudadanía, se presentan dos opciones viables.

Hoy le están preguntando al pueblo de México algo que ni siquiera saben si se puede construir, para acabar pronto.

No hay un proyecto ejecutivo, salvo el que hizo el constructor amigo Riobóo.

No existe un proyecto ejecutivo de Santa Lucía, el día de hoy, que nos diga los costos y si hay posibilidad de poder llevarlo a cabo. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo.

Por eso estamos levantando la voz, y hoy venimos aquí con toda la disposición y respeto a posturas distintas, pero estamos defendiendo lo que creemos. Creemos que el pueblo de México hoy está siendo engañado y está siendo manipulado.

Por eso pedimos, formalmente a la Presidencia, que se modifique el Orden del Día, basado en el artículo 72, y que abramos un debate formal, y que marquemos las posturas en torno a la “consulta popular”.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Miguel Ángel Mancera.

Y terminamos con Mónica Fernández.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Distinguido señor Presidente.

Solamente reiterarle a usted, que mi compañero Juan Zepeda planteó una moción de orden.

Solicitarle, atentamente, que se reestablezca el orden, y si se quiere después hacer las propuestas de adhesiones en el Orden del Día, o si se quiere hacer cualquier otra propuesta con fundamento en el propio Reglamento, pues démosle continuidad, pero está usted en la posibilidad de reestablecer el orden, porque me parece que la iniciativa que presentó la Senadora es una iniciativa interesante y la estamos desdibujando ya con este debate que no está previsto en el Reglamento para este tipo de iniciativas.

Si después se quiere pasar al debate, hagámoslo, pero lo que no podemos es estar vulnerando la normatividad del Reglamento de esta manera.

Me parece que valdría mucho la pena tomar en cuenta esta moción de orden que planteó Juan Zepeda, y regresar, pues, al cauce de la sesión, si usted lo estima así procedente, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Mónica Fernández, y concluimos.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Para empezar, me da mucho gusto que este tema, que ha resultado tan polémico en los últimos días y de tanta actualidad, haya recibido su atención y que se hayan sumado el PAN, el PRD, el PT, Morena, agradezco mucho porque, bueno, es una muestra de que todos queremos ir en esta transformación que requiere el país y que vamos a ir juntos.

Muchas gracias a todos.

Quiero hacer dos comentarios.

En primer lugar, esto es la presentación de una iniciativa, que como bien lo ha dicho el compañero del PRD, Zepeda, va a turnarse a comisiones y ahí analizaremos, debatiremos y construiremos juntos qué es lo que más le conviene a nuestro país.

Creo que para todos es fundamental que los mexicanos seamos escuchados y es fundamental para este Senado de la República contar con los medios legales para que nadie se quede sin ser escuchado, para que todos podamos participar en las decisiones medulares de nuestro país.

Lo único que no acepto es el comentario de respeto, de solicitud de respeto de la Senadora del PRI, porque no le falté el respeto a nadie en la presentación.

Para empezar, cuando hice la presentación no había ningún Senador del PRI en este Pleno, estaba vacía la bancada.

Y en segundo lugar, no les falté al respeto, lo que sí hizo la Senadora que presentó el punto, la iniciativa, también de modificación del artículo 35.

Entonces, no acepto esa consideración, esa solicitud de respeto, porque no lo hice.

Y sí, lo que hice fue decir: “Que en nuestro país nunca se ha llevado a cabo una consulta nacional. En nuestro país nunca se ha tomado en cuenta a la población y a los mexicanos para tomar una determinación que implique el futuro de toda la nación”, y por eso vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo en eso, y eso no es faltarle el respeto a nadie. Esa es la historia que tenemos y eso es lo que hemos vivido en los últimos 80 años.

Yo le pido, señor Presidente, que ya este tema, conforme marca el Reglamento, se turne a las comisiones respectivas y podamos seguir adelante con el Orden del Día.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Fernández Balboa.

Esta Presidencia retoma la solicitud de moción de orden del Senador Juan Zepeda.

Continuamos con el Orden del Día.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senadora Beatriz Paredes, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Para alusiones, señor Presidente.

Sólo para comentarle a la Senadora proponente de la iniciativa, que yo no me refería a ella.

En su exposición, como bien lo dijo, no percibí una falta de respeto, yo me referí al comentario previo e inmediato a mi intervención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Dante Delgado, sonido en su escaño.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Para precisar que me da mucho gusto que la propuesta de Movimiento Ciudadano, porque fue con todo respeto presentada antes, y en esa dirección de que haya verdadera “consulta popular”, con todo respeto lo digo, no consultas a modo, donde menos del 1 por ciento de la población va a emitir una opinión, y que de ninguna manera puede ser vinculante.

Es decir, quiero ser muy claro, que ha sido Movimiento Ciudadano quien ha planteado a este Pleno la necesidad de que hagamos reformas constitucionales y la reglamentación para la adecuada operación de las consultas, donde esté claramente definido quién la hace, cómo la hace, quién la supervisa y quién la garantiza, efectos, que lamentablemente en esta consulta a la que podrá participar menos del 1 por ciento de la población, no se ha hecho.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a continuar con las iniciativas.

Ya escuchamos a todos los grupos parlamentarios.

Tengo una propuesta, que en su momento le daré el procesamiento adecuado.

Estamos en el punto de las iniciativas.

Al terminar la lectura de las iniciativas procederemos a comentar la propuesta que se nos ha hecho llegar por parte del Partido Acción Nacional.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay en este momento rectificación de hechos porque estamos en la lectura de las iniciativas.

Le ruego me disculpe, por favor, Senador.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Vías de Comunicación, en materia de delitos contra las vías ferroviarias y las vías de comunicación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LAS VÍAS FERROVIARIAS Y VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN EN LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, señor Presidente.

Quiero llamar su atención, y he pedido que me apoyen con los elementos tecnológicos de uso en el Senado de la República, con las pantallas, y en las pantallas de ustedes también van a encontrar una gráfica a lo que nos vamos a referir, precisamente va de la mano con la iniciativa que ha presentado el Senador Alejandro González Yáñez.

El día de ayer, con la presencia del Senador Ricardo Monreal, con la presencia del Senador Dante Delgado, de la Senadora Sasil, es decir, de todos y cada uno de los integrantes, del Senador Damián Zepeda, y de todos y cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, escuchamos la preocupación fundada de un clima de impunidad que está generando el incremento multiplicado del robo al transporte ferroviario. Esto no es un tema aislado.

Yo les quiero decir que en esa gráfica que está en sus pantallas y que se refiere a delitos contra transportistas, ustedes van a ver cómo a partir de estas implementaciones a las que hemos aludido ya, que han generado la puerta giratoria, se ha incrementado por mes de 400 a más de mil delitos de esta naturaleza. Y esto es importante porque entre más de estos delitos se cometan, más caro le va a costar a la gente todo lo que tiene que ver con la canasta básica, todo lo que se transporta en las carreteras y se transporta en los ferrocarriles. Por eso es que estamos proponiendo que se atienda esta materia en específico.

Les quiero decir que solamente en cuatro estados, entre ellos Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, se han cometido, estamos hablando de los primeros dos trimestres del año, más de 381 delitos de esta naturaleza. Algo tenemos que hacer.

Lo que estamos proponiendo nosotros es primero modificar, adicionar en la Ley de Seguridad Nacional, porque miren aquí existe el proyecto de hacer el Tren Maya, pero hoy la Ley de Seguridad Nacional no considera el ataque a los ferrocarriles como de seguridad nacional, como sí lo considera respecto de los aviones y respecto de los barcos, pero no de los trenes, entonces, lo primero es que debiéramos de decir: “oye, cualquier cosa que tenga que ver con nuestros ferrocarriles es un tema de seguridad nacional”, que me parece que eso es importante.

Y segundo. Sumándonos a la propuesta que ya había hecho el Senador Alejandro González Yáñez, él toca la parte constitucional, pero podemos modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir los robos que se refieren precisamente a las fracciones XVI y XVII del artículo 381 del Código Penal.

Perdonen que llame la atención de mis compañeros de Morena, con el Coordinador Ricardo Monreal, pero estamos hablando del tren, ¿eh? Conste, ahí está.

Fíjense lo que dice aquí:

“Además de la pena que corresponda, se aplicarán las penas previstas en este artículo cuando se cometa en caminos o carreteras, o cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes, equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que transporten”.

Ahí está, es una reforma muy puntual, me parece que le haremos mucho bien a todos los estados en donde está sucediendo esto y, por supuesto, que le vamos a hacer mucho bien también a la gente para que no suban de precio la canasta básica, porque muchos de estos productos se transportan en los trenes, en las carreteras y hoy están padeciendo.

Ahí está la gráfica, la que ustedes ven en color naranja son robo con violencia, de 400 a mil delitos al mes.

Nada más es lo que ha pasado.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, al Senador Miguel Ángel Mancera. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Osorio, por favor.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Preguntar al Senador Mancera si nos permite adherirnos, al grupo parlamentario del PRI, a su iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Senador Joel Padilla. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Joel Padilla Peña: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Para adherirnos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la iniciativa del Senador Mancera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Kuri, adelante, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Kuri.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Si nos permite, Senador Mancera, como grupo parlamentario del PAN, adherirnos a su propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Gabriela Benavides. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: (Desde su escaño) Para pedir también que nos adhieran a todos los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, si nos lo permite el Senador Mancera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Manuel Añorve, toda la bancada del PRI se adhiere.

Muchas gracias.

Senador Eduardo Ramírez, adelante, por favor.

Sonido en su escaño.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Para sumarnos con el Senador, creo que es una propuesta viable y sobre todo que aporta mucho a la sociedad.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Freyda Marybel Villegas.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Igual, para adherirme a la propuesta del Senador Mancera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Cristóbal Arias.

El Senador Cristóbal Arias Solís: (Desde su escaño) Para sumarme a la propuesta del Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perfecto.

Senadoras Delfina Gómez, Nestora Salgado, Lucía Trasviña, Guadalupe Covarrubias, así como los Senadores Américo Villarreal, la Senadora Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya, José Luis Pech y Daniel Gutiérrez Castorena, también se adhieren a esta iniciativa.

Muchas gracias.

Se turna la iniciativa del Senador Miguel Ángel Mancera, a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Para el Senado de la República es un gusto recibir a un grupo de estudiantes procedentes del municipio de Libres, de Puebla, invitados por el Senador Alejandro Armenta.

Esperamos que su presencia en este recinto sea altamente provechosa.

¡Reciban una calurosa bienvenida!






En la tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gutiérrez Castorena, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de empresas fantasma.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, señor Presidente. Con su permiso compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Los suscritos, doctor Ricardo Monreal Ávila y Daniel Gutiérrez Castorena, Senadores del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8o., numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de lo siguiente.

La corrupción, en términos generales, se puede definir como el abuso de poder encomendado para beneficio privado.

Las principales características de los actos de corrupción consisten en que se pueden realizar de manera individual pero siempre en un contexto social; generalmente se presentan dentro de organizaciones y buscan ser encubiertos. Los elementos subjetivos de este fenómeno social habitualmente son corruptor y corrompido, corruptos y víctimas y organizaciones que los regula, vigila, alienta o intenta controlar.

La corrupción tiene costos principalmente en rubros económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, el hecho de descubrir un acto de corrupción implica costos, pues es necesario que existe voluntad, recursos y capacidad de investigación.

Para los países, el costo económico de la corrupción se traduce en un 5 por ciento menos en inversión, en un 5 por ciento en pérdidas de empresas y entre 2 por ciento y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Como costo social, impacta principalmente al bienestar de los hogares, pues el 14 por ciento de su ingreso promedio anual va destinado a pagos extraoficiales, además existe una relación entre corrupción y niveles de violencia.

A tales implicaciones se suman las de carácter político, que no son menores, por el contrario, esas contribuyen a debilitar la democracia y reflejan la inconformidad ciudadana. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, sólo el 46 por ciento de la población mundial se muestra satisfecha con el funcionamiento real de la democracia, y apenas un 23 por ciento está plenamente comprometido con ella.

Además, los países con mayores niveles de percepción de corrupción son los que tienen instituciones políticas y jurídicas más débiles, que no son tan aceptadas y carecen de confianza en el gobierno.

En este tema, la situación de México no es alentadora, pues el combate a la corrupción no ha atravesado, con la contundencia requerida, al ámbito discursivo.

Si bien a partir de 2015 se reformó la Constitución mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y al año siguiente se emitió la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción, los niveles de corrupción e impunidad no han decrecido de modo sustancial como ha sido consistentemente revelado en diversas fuentes.

El Índice de Percepción de Corrupción de 2015, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 95. En los ejercicios de 2016 y de 2017, la situación se agravó: el país ocupó los puestos 123 y 135, respectivamente, de un total de 180 naciones, ambos lugares corresponden a las peores posiciones entre los integrantes de la OCDE y del G20 y representan una caída de 40 lugares en sólo dos años.

Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México, con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, es decir, como uno de los países más corruptos.

Un claro ejemplo de ello es la creciente existencia y operación de compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones convirtiéndose en eficaces vínculos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilegales.

Este tipo de entidades, coloquialmente conocidas como empresas fantasma, son constituidas legalmente y funcionan aparentemente de manera regular, sin embargo, no tienen activos ni actividad propia real.

Estas entidades tienen propósitos bien delimitados entre los que destacan: traficar facturas, defraudar al fisco, lavar dinero, desangrar a otras empresas, enviar recursos públicos a partir de contratos con dependencias y entidades públicas.

Mediante trabajos periodísticos se reveló la ejecución de un sofisticado mecanismo que le permitía al actual gobierno federal cometer un fraude, tan sólo en 2013 y 2014, por más de 7 mil millones de pesos, desconociéndose el destino de casi la mitad de ellos, de 3 mil 433 millones.

Esta red de corrupción involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades, más 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

En ese sentido, la contratación de las empresas fantasma en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública es, sin duda, un problema multifactorial para el cual no hay una solución única.

Sin embargo, la presente iniciativa tiene por objeto elevar los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con empresas fantasmas.

Entre lo propuesto se destaca:

1. Se establece la prohibición expresa de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas a las que el SAT haya identificado como identidades irregulares.

2. Se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos y adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas.

3. Se propone que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT.

4. Se propone que los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberán autorizar al SAT a publicar su información en la página electrónica de dicha autoridad fiscal.

5. Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

6. Se incrementan las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente.

7. Se propone que haya un padrón único de contratistas confiables y un padrón único de proveedores confiables, respectivamente.

8. Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir con ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se trate de organizaciones ficticias o fantasmas.

Con esta iniciativa estaremos dando un paso más sustancial y profundo en la lucha frontal y definitiva contra la corrupción, que es el cáncer de México, porque los mexicanos han votado un mandato para que ese cáncer sea extirpado desde su raíz, sin ninguna excepción en todas sus formas, porque el ejercicio transparente de la vida pública y de las relaciones de los particulares ante las instituciones es la base de un país más justo, más igualitario y más acorde con las exigencias y el desarrollo plural, tolerante e incluyente.

Es cuanto, señor Presidente.

Solicito a la Secretaría que inscriba la presente iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Gutiérrez Castorena.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, e intégrese la versión completa de esta iniciativa al Diario de los Debates.

Senadora Minerva Hernández, sonido en su escaño, le pido si es para adhesión.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Es para adherirme, si es que el proponente lo acepta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, el proponente parece que no tiene inconveniente alguno. Gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 34 y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y se adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de deducciones por adquisición de vehículos eléctricos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 34 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; Y SE ADICIONA UN INCISO J) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El mundo entero vive ante la amenaza latente del calentamiento global y del cambio climático.

El calentamiento actual de nuestro planeta está ocurriendo diez veces más rápido que el promedio histórico registrado en los vestigios de los sedimentos oceánicos, los arrecifes de coral o los glaciales.

Vemos a diario ejemplos de ellos y por su recurrencia y normalidad, pareciera que ya no nos preocupan, se adelgazan las capas de hielo de los casquetes polares, la temperatura de los océanos es más alta, hay un mayor número de fenómenos meteorológicos como tormentas, nevadas y huracanes, o para ponerlo más simple, ha ido perdiendo definición el tránsito gradual de las estaciones, el calendario dice que es verano, pero el clima nos indica otra cosa.

No existe duda de que el incremento en la emisión de Gases de Efecto Invernadero, es una causa directa del calentamiento global.

México contribuye con el 1.6 por ciento de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero, y es el sector del autotransporte una de las principales fuentes emisoras.

El año pasado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en participación conjunta con el Ministerio de Energía de Dinamarca, observó que la adopción de tecnologías bajas en carbono contribuye a la mitigación del cambio climático.

Por ejemplo, los vehículos eléctricos de batería reducirían hasta un 40 por ciento la emisión de gases invernadero comparado con un vehículo de gasolina.

En el caso de los vehículos híbridos se puede lograr una reducción de hasta el 44 por ciento.

No obstante, en México la comercialización de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos conectables apenas roza el 1 por ciento del total.

Senadoras y Senadores:

En siete años se espera que las ventas de vehículos eléctricos representen el 15 por ciento de las ventas mundiales.

En 12 años, a partir de hoy, en 2030, se espera que más del 27 por ciento de la electricidad sea generada por fuentes renovables y que la industria de vehículos eléctricos tenga una relevancia mayor.

Cabe entonces preguntarnos. si es que para esos años podremos todavía revertir el calentamiento global, si es que todavía estaremos a tiempo.

Por eso es indispensable que desde ahora comencemos a incentivar el uso de tecnologías bajas en carbono, en vehículos que reduzcan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, ya sea que se trate de bicicletas eléctricas, de motos eléctricas o de automóviles y autobuses híbridos.

En México vamos atrasados de noticias, continuamos reaccionando ante los problemas en lugar de planear y desarrollar soluciones hacia el futuro de largo alcance.

Llegará el paquete económico pronto y seguramente habrá una gran discusión sobre los recursos para construir refinerías pensando que solamente así y no mediante la reducción del IEPS y la eliminación de gasolinazos, como lo hemos propuesto en el Partido Acción Nacional, es que podremos tener gasolina barata. Cuando ante la crisis ambiental que vivimos lo que tenemos que hacer es explorar otras alternativas de movilidad vehicular.

Por eso las y los Senadores de Acción Nacional proponemos establecer diversos incentivos fiscales que estimulen la comercialización de vehículos eléctricos e híbridos, tanto del lado de la oferta con precios más atractivos como por el lado de la demanda para tener mayores opciones de compra.

En esta iniciativa, compañeros, estamos proponiendo una tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado por la adquisición de este tipo de vehículos.

Que este tipo de vehículos pueda ser amortizado por los contribuyentes al 100 por ciento y que las personas físicas puedan deducir del ISR los intereses reales pagados  por concepto de créditos automotrices destinados a la adquisición de este tipo de vehículos.

Es cuanto, compañeros, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Minerva Hernández. Se turna su iniciativa a la Cámara de Diputados.






En la cuarta ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Rubén Rocha Moya, para presentar a nombre de diversas Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, para precisar el contenido de diversas disposiciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Rubén Rocha Moya, a nombre de las Senadoras y los Senadores Ricardo Monreal Ávila, Imelda Castro Castro, Julio Ramón Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal Ostoa Ortega, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En efecto, presento una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Agradezco que esta iniciativa sea suscrita por los Senadores Ricardo Monreal, Julio Menchaca, Imelda Castro Castro, Javier May, Daniel Gutiérrez, Mónica Fernández.

A todos les agradezco porque en realidad han contribuido, no solamente firmando, han contribuido para que mejoremos y perfeccionemos esta iniciativa.

Bueno, el tema fundamental es lograr la certidumbre en la aplicación de la ley, y para que esto ocurra se requieren dos cosas fundamentales:

1. Que hayan leyes claras y precisas.

2. Que haya independencia en los juzgadores.

Por eso nosotros hemos trabajado con un grupo, en mi tierra, en Sinaloa, que ha buscado examinar estas dos vertientes de la administración de la justicia.

En una de las ocasiones acudí aquí a la tribuna para presentar una ley que busca elaborar un estatuto homologado a efecto de que, la garantía de independencia que deben de tener los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, les permitan que, efectivamente, sean juzgadores que le den certeza a la ciudadanía.

Hoy con el apoyo, por cierto, a quien quiero agradecer, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa, el Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, hoy hemos laborado una serie de propuestas de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, que en si es una propuesta muy modesta, que tienen el propósito de recoger los problemas específicos para otorgar soluciones también específicas.

Y es que al amparo de diez años de la reforma constitucional de seguridad pública y justicia penal, y de los cuatro años que tiene de aplicación el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, se han decantado, se han encontrado una serie de problemas que dificultan la aplicación y que atentan contra los principios fundamentales que la Constitución prevé en el artículo 20, a efecto de que tengamos un sistema, un proceso oral, que es el que justamente hace diez años se introdujo en la Constitución, que le dé certidumbre, que garantice la aplicación de sus principios y que tengamos por consecuencia un beneficio en la ciudadanía, en el marco de la seguridad jurídica.

Hemos hecho un estudio, hemos auscultado a los juzgadores, a los operadores jurídicos; hemos ido con los jueces y hemos ido con las víctimas; hemos consultado a estos dos actores de los procesos judiciales porque interesa conocer qué opinan acerca de la aplicación de las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, y hemos encontrado voces interesantes que sugieren modificaciones, que son las que ahora estamos trayendo a esta tribuna.

Y es que, quiero decirles, nota al calce, pues que la consulta, que la indagación, que la auscultación, en este caso a juzgadores y víctimas, no va a dar como resultado que tengamos la posibilidad de ofrecer alternativa de mejoramiento de este instrumento que busca la aplicación justa, válgame la redundancia de la justicia.

Y lo digo así porque estamos consultando a juzgadores y a víctimas y no a victimarios, no a los criminales. Que es haciendo un símil, a propósito de la polémica, no es la misma consultar a los victimarios que se han consultado de aquí para atrás, que son los que hacen las carreteras, los puentes, los aeropuertos y demás; que consultar al pueblo que resulta víctima si no da su opinión acerca de una obra determinada como es el caso ahora.

Que si la consulta es pequeña, pues tómese como un atisbo, como un indicio de lo que va a suceder una vez que entre un nuevo gobierno y una vez que ocurran las reformas que ha propuesto Mónica Fernández, para que las consultas realmente sean consultas útiles y consultas populares.

Bueno, eso es justamente lo que nosotros hemos traído aquí, porque la investigación se basa en métodos y el método de la auscultación y de la consulta la hemos aplicado.

Y por eso proponemos un conjunto de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sólo destaco una, que seguramente por los expertos aquí, que yo no estoy muy lejos de serlo, lo van a detectar como cosa importante.

En la exposición de motivos de Senadoras y Senadores, en el caso del Decreto que dio lugar a este nuevo Código Nacional o al Código Nacional de Procedimientos Penales, se decía con preocupación que era problemático aplicar un recurso de apelación completo para el caso de la valoración de las pruebas, porque eso hacía nugatorio, según aquella exposición, el principio de inmediación que es fundamental en el proceso oral; sin embargo, aún con la exposición de motivos, en el artículo 468 se imprimió una parte al respecto que trae demasiada confusión y que, como consecuencia, se han retrasado enormemente los procedimientos.

Nosotros aquí lo que estamos proponiendo es resolver el tema, darle plenitud al recurso tal y cual lo sugiere la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive no sólo revisar hechos, derechos, sino también revisar la valoración de la prueba, sólo que esta valoración de la prueba debe revisarse a partir de ver si es lógico el razonamiento sobre el cual se emitió tal o cual valoración por el juez que tuvo enfrente a quien aportó la prueba y que es justamente el elemento fundamental de la inmediación, es decir, recibir la prueba de manera directa y sin delegar a nadie para que esto ocurra.

Este es una, una de las reformas que sugerimos al artículo 468, fracción II, y celebro entonces que el conjunto de reformas que tenemos aquí planteadas en esta iniciativa, pues sean complementarias para que sea una revisión integral del Código Nacional de Procedimientos Penales de las que ya plantearon aquí el Senador Mancera, el Senador Yáñez, que vienen a constituir un conjunto de elementos que nos van a dar, sin lugar a dudas, un código mejor.

Termino diciendo que vale la pena que nosotros apuntalemos, mejoremos las condiciones del actual sistema penal, que garanticemos que los principios fundamentales, de publicidad, de concentración, de continuidad y de contradicción se afiancen, porque este es el sistema que le corresponde a una sociedad que camina hacia una democracia mucho más justa.
Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente pido que se inscriba en el Diario de los Debates íntegramente la iniciativa que presentamos.

Iniciativa

Los que suscribimos, Senadoras y Senadores RUBÉN ROCHA MOYA, RICARDO MONREAL ÁVILA IMELDA CASTRO CASTRO, JULIO MENCHACA SALAZAR, MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA y JAVIER MAY RODRÍGUEZ, ANÍBAL OSTOA ORTEGA, integrantes del grupo parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A poco más de diez años de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal1 y a más de cuatro de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales,2 la aplicación del llamado proceso penal acusatorio es una realidad en todo el País, tanto en las entidades federativas como en la propia Federación; por lo que al día de hoy estamos en posibilidad de apreciar, de ese contraste entre la práctica forense y los postulados establecidos en la reforma constitucional de junio de 2008, si la norma procesal que lo reglamenta, ha logrado “cumplir con las exigencia de la sociedad mexicana de contar con un instrumento que de una vez por todas unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro país y, proporcione a los mexicanos víctimas de un delito o acusados de un delito, claridad y certeza sobre los contenidos de la ley.”3 

De ahí que las propuestas de esta iniciativa tienen como finalidad aclarar el contenido de algunas de las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales,4 en aras de facilitar el trabajo de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, con el consiguiente beneficio que ello acarrea para la seguridad jurídica de la ciudadanía.

I. Asistencia de la persona imputada a las audiencias.

En un sistema cuya metodología de trabajo se basa ya no en el expediente escrito, sino en lo expuesto por las partes en una audiencia oral, la celebración efectiva de éstas es fundamental para evitar procesos prolongados y no generar sobrecargas de trabajo inútiles, pues cada audiencia programada que no se lleva a cabo, significa tiempo perdido tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes.

Para evitar lo anterior, el CNPP contempla mecanismos para sustituir a las partes que no asistan y continuar con la audiencia programada;5 sin embargo, ello no es posible tratándose de la persona imputada, pues, derivado de su derecho a una defensa material, su presencia es obligatoria en cada una de las audiencias en las que sea factible el ejercicio de ese derecho.6

A pesar de la importancia que esto reviste, la regulación de la consecuencia que merece la persona imputada que no asiste a la audiencia, a pesar de haber sido citada, ha generado confusiones en la práctica; por una parte, el artículo 62 establece que el juez podrá imponerle un medio de apremio a quien no comparezca y en su caso… ordenar su comparecencia. Por otra, en el cuarto párrafo del artículo 141 se dispone que cuando la persona no comparezca a una citación judicial, sin causa justificada, el juez lo declarará sustraído de la acción de la justicia y, en consecuencia, se emitirá orden de aprehensión.

Es por ello que, si se pretende efectividad en relación a la certeza sobre la comparecencia del imputado para la celebración de la audiencia y que ésta no se difiera, se propone armonizar el contenido del artículo 62 con el del 141, remitiendo a este último cuando la persona imputado no asista, a pesar de haber sido debidamente citado.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias



Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia.

Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias



Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional procederá en términos de lo establecido en el artículo 141 de este Código.

II. Derecho expreso a recurrir.

Si bien el derecho de toda persona imputada a recurrir las resoluciones que le causan agravio se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,7 en el CNPP no se encuentra expresamente establecido, sino que se tiene que inferir de lo previsto en los artículos 458, 461, segundo párrafo, y 462. Esto, en relación con el artículo 456 que señala “el derecho a recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado”, ha generado confusiones en cuanto a su legitimación para recurrir.

Para evitarlo, se propone establecer explícitamente esa posibilidad dentro de su catálogo de derechos.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 113. Derechos del imputado

El imputado tendrá los siguientes derechos:

I a XVIII. …

XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 113. Derechos del imputado

 

I a XVIII. …

XIX. A recurrir las decisiones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos en este Código, y XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, no existe una norma que “expresamente” le otorgue la facultad para recurrir, esta facultad tiene que inferirse de los dispuesto en los artículos 459 y 460 CNPP, que lo mencionan como parte recurrente.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

I a XXIII. …

XXIV.    Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

 

I a XXIII. …

XXIV. A recurrir las decisiones del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos en la fracción anterior y en este Código, y

XXV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

III. Ofrecimiento de medios de prueba por parte de la Defensa en la audiencia inicial.

Con la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2016, a fin de salvaguardar la centralidad de la audiencia de juicio y no convertir la audiencia inicial en un “mini juicio”, se trató de limitar la posibilidad de ofrecer pruebas en ésta a los supuestos de prisión preventiva oficiosa, por lo menos así estaba contemplado en el dictamen de la Cámara Revisora;8 sin embargo, durante el proceso legislativo, se decidió que la posibilidad de ofrecer medio de prueba también operaría cuando se impusiera una medida cautelar de carácter personal, lo que prácticamente dejó las cosas en la misma situación, pues este de tipo de medidas cautelares proceden bajo cualquier circunstancia que acredite la existencia de un riesgo procesal.

Así, se considera viable retomar la parte central de la propuesta, en el sentido de garantizar el derecho de la persona Imputada a ofrecer medios de prueba en la audiencia inicial sólo en el caso de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que ésta es la única posibilidad de someter a revisión la procedencia de esa medida.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control.

 

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación…

 

 

 

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

IV. Cierre de la investigación.

No se encuentra definida de forma clara cuál es la consecuencia procesal que procede una vez transcurrido el plazo para declarar el cierre de la investigación, cuando el Ministerio Público no solicita su prórroga, pues por un lado se dispone que las partes pueden solicitarle al juez que lo aperciba para que proceda al cierre (segundo párrafo del artículo 323), pero por otro se establece que trascurrido el plazo la investigación se tendrá por cerrada.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación

Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre.

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación

Se deroga

 

 

 

V. Inmediación y recurso de apelación.

Uno de los aspectos más controvertidos en el CNPP es el del alcance del recurso de apelación promovido en contra de la sentencia dictada tras el juicio oral.

En la propia exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana, presentada por senadoras y senadores de la LXII Legislatura, se consideraba problemático que “el Tribunal de alzada reconsidere los casos, incluso, que revalore la prueba que se desahogó en el juicio oral, sin haber estado presente en dicha audiencia”, pues esto implicaba “el sacrificio del principio de inmediación y conlleva el riesgo de hacer irrelevante el juicio oral porque eventualmente el caso se resolverá, en su integridad, en la segunda instancia.”

Esta preocupación quedó plasmada en el documento final, específicamente en la fracción segunda del artículo 468 del CNPP, que señala:

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables.

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento:

I. …

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

Lo anterior ha dado lugar a considerar que la revisión de la sentencia de primera instancia con motivo del recurso de apelación, se limita al análisis de la indebida aplicación del derecho, dejando de lado los aspectos probatorios de la resolución revisada. Y si bien en la exposición de motivos de la iniciativa en cita, también se mencionó que con la regulación propuesta era factible la revisión integral del fallo,9 en los términos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la interpretación que sobre el tema ha llevado a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Norin Catriman y otros vs. Chile, el texto de la norma permite, incluso, asegurar lo contrario al fin pretendido.

Esta preocupación no es mera especulación teórica, pues ya se ha resuelto por parte de los tribunales federales en el sentido de que esa porción normativa violenta los derechos a la presunción de inocencia y a la doble instancia en materia penal,10 ordenándose incluso la inaplicación de la misma por transgredir los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Y si bien las decisiones de los tribunales de amparo contenidas en las tesis que emanan de sus resoluciones, constituyen medios para procurar certeza y limitar la incertidumbre jurídica, ello no puede pregonarse en este tema, pues también se ha resuelto en ese ámbito su constitucionalidad y convencionalidad, sostenida mediante una interpretación conforme de la fracción II del artículo 468 citado.11

Cabe señalar que las tesis que refieren los criterios antes mencionados fueron objeto de denuncia de contradicción de tesis, la cual se tramita ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número 223/2017, lo que la postre podría traer la emisión de un criterio unificado; sin embargo, ese es sólo uno de los resultados posibles, de aquí que se considere factible la reforma de la fracción II del artículo 468, para aclarar que tratándose de la apelación de la sentencia definitiva, el Tribunal de Alzada está obligado a realizar una revisión integral del fallo, incluido el análisis de los hechos, pero a través del control de la motivación probatoria, a fin de respetar el principio de inmediación, en la medida que se trata de una “técnica de formación de la prueba… la que mejor se aviene al procedimiento oral, pues permite obtener información de primera fuente, evitando distorsiones en el traspaso de ésta,  constituyendo una garantía que busca, a partir del contacto directo con las pruebas, una valoración racional de los actos probatorios.”12

Texto vigente

Propuesta

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables

I. …

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables

I. …

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, incluidos los razonamientos relativos a la valoración probatoria, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

VI. Plazo para la programación de audiencia en segunda instancia.

El artículo 476 es redundante, pues los dos párrafos que lo integran regulan la misma situación —cuándo programar audiencia en segunda instancia—, pero con plazos y momentos de inicio de cómputo de los mismos distintos. El primero establece que un plazo que va de los cinco a los quince días, contado después de que fenezca el término para la adhesión; en tanto que el segundo señala un plazo de cinco días contado después de admitido el recurso.

La propuesta va en el sentido de suprimir el primer párrafo, ya que el momento de inicio de cómputo del plazo que marca está en el ámbito de la primera instancia, es decir, el plazo inicia para Tribunal de Alzada desde antes de tener conocimiento de la existencia del recurso.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes

Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes

Se deroga

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 62, 314, 113, fracción XIX, recorriéndose su contenido a la fracción XX; 131, fracción XXIV, recorriéndose su contenido a la fracción XXV; y 468, fracción II; y se DEROGAN el segundo párrafo del artículo 323 y primer párrafo del artículo 476; para quedar como sigue:
Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias

Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional procederá en términos de lo establecido en el artículo 141 de este Código.

113. Derechos del imputado

I a XVIII. …

XIX. A recurrir las decisiones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos en este Código, y

XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

I a XXIII. …

XXIV. A recurrir las decisiones del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos en la fracción anterior y en este Código, y

XXV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación.

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación.

Se deroga

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables.

I. …

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, incluidos los razonamientos relativos a la valoración probatoria, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes.

Se deroga

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 25 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Rubén Rocha Moya.- Sen. Ricardo Monreal Ávila.- Sen. Imelda Castro Castro.- Sen. Julio Menchaca Salazar.- Sen. Mónica Fernández Balboa.- Sen. Daniel Gutiérrez Castorena.- Sen. Javier May Rodríguez.- Sen. Aníbal Ostoa Ortega.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.

2 En el Diario Oficial de la Federación del 05 de marzo de 2014.

3 Así en la exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana, presentada por senadoras y senadores de la LXII Legislatura. El resaltado es nuestro.

4 En lo sucesivo CNPP.

5 Artículo 57 CNPP.

6 Artículo 17 CNPP, segundo párrafo.

7 Artículo 8.1.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

8 Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de abril de 2016.

9 “Lo anterior no excluye la posibilidad de una revisión integral de la sentencia, incluso, por lo que hace a sus elementos fácticos. La valoración propiamente dicha no es susceptible de revisión, pero sí los enlaces lógicos que lleva a cabo el juez para arribar a la conclusión definitiva, así como la argumentación construida para justificarla y así hacer controlable dicha tarea valorativa. Con ello se garantiza el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenida en el fallo conocido como Herrera Ulloa contra Costa Rica.”

10 Así se menciona en tesis aislada localizable con el número de registro 2014909 en la versión digital del Semanario Judicial de la Federación; derivada de la sentencia dictada al resolver el amparo directo 20/2016 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.      

11 Véase la tesis aislada localizable con el número de registro 2015452 en la versión digital del Semanario Judicial de la Federación; derivada de la sentencia dictada al resolver el amparo directo 78/2016 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito.     

12 Araya Novoa, Marcela Paz (2016), El control ex post de la calidad de los enunciados probatorios en materia penal en Chile. De la epistemología a la praxis (tesis doctoral), Universitat de Girona. Departament de Dret Privat, Girona, España, p. 242.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Rocha Moya.

Informo que se adhirió el Senador Eruviel Ávila a la iniciativa presentada hace un momento por la Senadora Minerva Hernández.

Y la presente iniciativa del Senador Rubén Rocha Moya, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan un inciso b) a la fracción I del artículo 2o. y una fracción XXXVII  al artículo 3o. a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de tratamiento fiscal especial para vinos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN INCISO B) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2o. Y UNA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 3o. A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Muchas gracias.

La presente iniciativa que propongo, lo hago a nombre propio y de los Senadores Gustavo Madero y Mauricio Kuri, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con la finalidad de proponer un mejor tratamiento fiscal para los vinos de mesa y otorgar un tratamiento de competencia igualitaria a la industria vinícola mexicana.

Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Senadores, la industria vinícola es motivo de orgullo para México, tenemos una privilegiada posición geográfica, gracias a la cual varias entidades federativas se ubican en la vital franja del vino. La producción de vinos mexicanos tiene profundas raíces históricas que datan decerca de cinco siglos.

Los vinos mexicanos productos de una gran tradición compiten a nivel internacional y se han hecho acreedores a premios y reconocimientos.

Varias entidades de nuestro país han desarrollado un gran potencial en la producción de vinos, siendo mi estado Baja California el principal productor, cubriendo la mayor parte de la oferta a nivel nacional.

Nuestros productores realizan una labor centenaria y con gran capacidad artesanal y oficio.

Nos entregan los mejor de nuestros viñedos, directamente a las mesas y a los paladares más exigentes.

Hoy la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, impone un alto gravamen a nuestros vinos, lo que merma nuestra competitividad y lesiona a una industria noble y generosa.

La carga fiscal que el vino de mesa mexicano tiene, es del 43 por ciento.

Si consideramos la tasa de 26.5 por ciento del IEPS y la tasa del 16 por ciento del IVA. Considerando que el primero forma parte de la base gravable sobre el segundo, se causa un impuesto sobre otro impuesto, lo que atribuye una doble tributación.

Este injusto esquema de doble tributación, nos resta competitividad en el entorno internacional que se rige por las prácticas más eficientes y por una dinámica de precios cada vez más óptima.

Lo anterior, se suma a una serie de obligaciones fiscales onerosas que dan como resultado que nuestro industria vinícola se quede rezagada.

Además, la legislación nacional contempla los vinos como el resultado de procesos de destilación, considerándolos dentro de todas las bebidas que sí lo son y que tributan según el tabulador de la Ley de IEPS y que debería ser distinto y particular para las bebidas que resultan del proceso de la fermentación, como es el caso de la certeza.

En este sentido proponemos un tratamiento fiscal distinto para los vinos de mesa, con respecto a otras bebidas alcohólicas destiladas, reformando la Ley de IEPS, adicionando un inciso B) específico para los vinos de mesa, con la siguiente tasa: Vinos de mesa con una graduación alcohólica de hasta 14 grados, será de 40 pesos por litro; con una graduación de hasta 20 grados será de 50 pesos por litro; y de más de 20 grados será de 75 pesos por litro.

Asimismo, proponemos incorporar la definición de “vino de mesa” que la actual ley no contempla, para dar claridad al tratamiento de ese gravamen, de incongruencia al marco fiscal.

Compañeras y compañeros Senadores, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos ya señalados, sometemos a consideración de esta Soberanía, ya que la siguiente iniciativa daría orden fiscal, simplificaría el pago del IEPS, generaría una mayor recaudación fiscal, se daría un tratamiento igual tanto en los vinos importados, como a los vinos nacionales para una competencia igualitaria, se fomentaría la redistribución del impuesto en la totalidad de vinos que se consumen a nivel nacional y principalmente se le daría la oportunidad de impulsar a la industria vinícola contando con vinos nacionales de mejores precios para el consumidor final.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cruz Blackledge. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño de la Senadora Alejandra Reynoso.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntarle a la Senadora si me permite adherirme. En Guanajuato hay una zona también vitivinícola muy importante, y creo que es una industria por impulsar.

Gracias, y nos sumamos a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Sonido en el escaño de la Senadora Guadalupe Murguía.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: (Desde su escaño) En el mismo sentido para adherirme a la iniciativa de la Senadora Gina Cruz, si me lo permite.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Murguía Gutiérrez. Se turna a la Cámara de Diputados.






En la quinta ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara, del grupo parlamentario del Partido Morena para presentar una iniciativa con proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de todos ustedes.

Me es grato presentar ante ustedes la iniciativa de la Ley General para el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria.

Afortunadamente fui parte de la LXI Legislatura cuando se aprobó la reforma constitucional que adiciona ambos párrafos del artículo 4o., y a la fracción XX del artículo 27 de nuestra Carta Magna.

La reforma es muy enfática al reconocer este derecho toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El Estado lo garantizará.

Y por otra parte, el desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Cuando aprobamos esta reforma pusimos fin a 17 años de debate legislativo, a más de 40 iniciativas en un constante ir y venir de dictámenes entre ambas Cámaras, pero sobre todo porque con su promulgación pudimos, después de varias décadas de neoliberalismo legislativo, establecer nuevas y sustanciales atribuciones para el Estado. Ahí se establece que el Estado garantizará este derecho a la alimentación.

Lamento que después de siete años de su promulgación, este derecho siga sin aplicación por la carencia de su ley reglamentaria hasta el día de hoy.

Por ello, quiero insistir en la presente aprobación de esta iniciativa para respaldar esta urgencia, permítame mencionar algunos datos de la difícil situación alimentaria que se vive en el país, y deshacer con ello el mito de que somos una gran potencia alimentaria.

Si bien, el saldo en la balanza se ha tornado positivo en los últimos años, eso no trae beneficios para la población si no tenemos una adecuada aplicación del derecho a la alimentación.

Solo para anotar, los datos más relevantes:

Primero. El año pasado importamos 16.3 millones de toneladas de maíz en grano, constituyéndonos en el país que más importa este producto, que es originario de nuestro territorio. Con ello nos constituimos en el país que más importa alimentos en el mundo, ya que el país se convirtió en el grano con más producción y consumo.

Según datos del Inegi, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, las importaciones de alimentos significan ya el 42 por ciento de consumo nacional total de alimentos.

Las importaciones por productos significa que importamos el 95 por ciento de soya que consumimos; el 98 por ciento del arroz; el 55 por ciento del maíz; el 63 por ciento del trigo; el 30 por ciento de frijol; el 40 por ciento de la carne de res y puerco, y, el nada honroso primer lugar como importador de leche en polvo.

Segundo. Tenemos el primer lugar en obesidad y sobrepeso en el mundo con las consecuencias de la salud que se presentan a tal grado que hace unos meses la Secretaría de Salud decretó una emergencia sanitaria sobre diabetes.

Quizás la única emergencia que no se debe a plagas, epidemias o contagios, como estábamos acostumbrados, sino al tipo de alimentos que consumimos, a tal grado de que se han multiplicado los casos de diabetes, hipertensión y demás males cardiovasculares.

No olvidemos que la salud, como siempre, va de la mano de la buena alimentación.

Lo que es verdaderamente preocupante, que el 40 por ciento de nuestros niños vean afectado su futuro por la obesidad, si no hacemos nada al respecto, pues la presencia prolongada de obesidad en la niñez predice que estos niños tendrán menos nivel de vida adulta, ya que la comida chatarra sigue siendo un grave problema para la niñez.

Tercero. Ocupamos el primer lugar mundial en consumo de refrescos, llegando al grado de ingerir 180 litros per cápita de estos líquidos. Son las empresas dueñas de las marcas y su publicidad las causantes de la obesidad y los problemas de salud en nuestro país, de tal forma que, en los lugares más recónditos y alejados del país, donde no hay agua, existen los refrescos que todos conocemos.

Cuarto. Somos grandes importadores de desechos alimentarios tales como sebos, vejigas, trozos de carne, pancita, hígados, patas, pescuezos, estómagos, pellets, grasas, a tal grado que entran al país 6 millones 350 mil toneladas de esos productos; el 16 por ciento de productos que importamos son desechos, con un importe de 61 mil 37 millones de pesos, cantidad superior a todo el gasto productivo que nuestro país destina a la producción de alimentos.

En resumen, significa que cada mexicano se come 50.7 kilogramos per cápita, por año, de desperdicios y desechos importados mezclados en quesos, lácteos, productos procesados y comida chatarra. Esto es, cinco veces más del consumo per cápita de frijol en México.

Quinto. Constituimos el corredor migratorio más grande del mundo.

Sexto. Según los indicadores de pobreza alimentaria, en México tenemos casi el doble de porcentaje mundial, mientras que en el mundo, según la FAO, 1 de cada 7 habitantes del planeta padecen hambre, 14.28 por ciento; en México 1 de cada 4 mexicanos, o sea el 23.6 por ciento de la población.

El hambre tiene un claro rostro rural en donde 20 de los 28 millones de mexicanos considerados en pobreza alimentaria viven en el campo, y en más de 190 mil comunidades rurales con una población menor a 5 mil habitantes, donde viven 32.4 millones de personas, el 50 por ciento de ellas viven en poblaciones menores de mil habitantes.

Existen razones bien fundamentadas para argumentar que se requieren políticas públicas alimentarias para combatir dos grandes contrasentidos que el modelo agro importador sea impuesto en nuestro país, uno de ellos que ahora gastamos más en importar alimentos que en producirlos, ya que en el 2014 las importaciones agroalimentarias significaron 27 mil 560 millones de dólares, o sea, 476 mil 236 millones de pesos, monto que es 8.5 veces mayor que el presupuesto ejercido como gasto productivo de nuestro país.

Y lo otro, es una gran aberración que siendo el campo en donde se producen los alimentos, sea ahí donde se concentre el 80 por ciento de la población con hambre.

Entre las principales características que tendrá la ley, sólo quiero señalar algunas importantes.

La iniciativa considera los principales acuerdos y consideraciones sobre el derecho a la alimentación que se ha tomado en la FAO, así como en el Parlatino, el Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México y el Frente para América Latina y El Caribe, tales como establecer un derecho progresivo; definir los principios de este derecho como la universalidad, la igualdad y la no discriminación, entre otros.

La legislación también va a acorde la versión que tuvimos en México, las llamadas “Garantías Individuales hacia un esquema de derechos”, que se reflejó en la Constitución de nuestro país.

Y en la iniciativa también se incorpora lo que históricamente se ha reconocido al derecho a la alimentación como un derecho humano, considerado como un derecho fundamental y básico para la conservación y desarrollo de vida, tal y como se estable en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen todas las naciones de la tierra, y es la carta fundamental de constitución de las Naciones Unidas.

Se incorporan también algunas recomendaciones de los acuerdos internacionales para solucionar el problema alimentario, tales como la Cumbre de la Alimentación, realizada en 1996, en Roma; los objetivos del Milenio suscritos en el año 2000; los objetivos para el desarrollo sustentable, suscritos en el 2015, que entre sus 17, destaca su meta número 2, que plantea erradicar el hambre para el año 2030. Fue ahí donde, precisamente, se destaca que se desperdician en el mundo el 30 por ciento de los alimentos.

Por eso, el Papa Francisco expresó: “En el mundo hay suficientes alimentos, pero no todos comen”.

Por ello, hoy propongo incorporar las siguientes cuatro políticas públicas para su posterior implementación en los programas y sus reglas de operación:

1. Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Esto significa, cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis alimentaria, lo que permitirá recuperar formas y modelos de producción local que faciliten que la producción familiar multimodal, multifuncional y campesina, produzcan sus propios alimentos.

2. Apoyarse en la Organización Social para la Autosuficiencia Alimentaria.

3. Realizar una conversión del gasto asistencial, que actualmente es la mayoría hacia el gasto productivo.

4. Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales, lo que permitirá avanzar en la construcción de una profunda reforma institucional.

La iniciativa propone quitar el carácter clientelar a los programas alimentarios. Caracteriza como delito el uso electoral de los programas públicos y penaliza a los funcionarios que realicen un uso político de una carencia como el hambre.

La iniciativa también limita a los funcionarios de programas sociales…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Salomón Jara Cruz: Para postularse a puestos de elección popular hasta ver pasar un periodo de tres años.

Quiero concluir, señor Presidente, y una disculpa. Es muy importante esta ley.

Quiero solicitarle, señor Presidente, que pueda incorporarse en el Diario de los Debates todo lo que hoy presento como iniciativa.

Muchas gracias a todos.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Jara Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senadora Verónica Martínez, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para adherirme a la iniciativa del Senador Salomón.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Verónica Martínez García.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de deducciones por servicios educativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ASÍ COMO SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

La educación tiene una función social básica, amplía las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre los grupos sociales, cierra brechas e impulsa la equidad, por eso la educación es el activo más valioso con que México cuenta.

Sin embargo, siendo la educación el mecanismo más poderoso para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, solamente el 16 por ciento de nuestra población adulta cuenta con estudios de Educación Superior; y solamente 24 de cada 100 alumnos que ingresan a primaria egresan a nivel de licenciatura.

Además, apenas 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios de universidad, logran terminarlo. Esto quiere decir, que conforme las y los niños de México van creciendo y convirtiéndose en jóvenes, recorren un camino sumamente complicado para su formación académica.

La ruta entre la Educación Básica y la Educación Superior es un camino que cada año va llenándose de obstáculos, impidiendo que muchas personas talentosas puedan tener mejores condiciones de vida.

Hay muchos ejemplos de vida que demuestran que la educación en México no está teniendo un impacto positivo en el desarrollo social de este país, así como tampoco está facilitando la movilidad social de nuestra población.

Debemos ser conscientes de que la Educación Media Superior y Superior es un enlace importante entre las políticas educativas y el mercado laboral.

Está demostrado que la tasa de empleo aumenta con el nivel de estudios, y además, quienes egresan del nivel Medio Superior reciben un salario que es una tercera parte mayor respecto de quienes no lo cursaron.

Mientras que contar con una licenciatura o un gran equivalente, implica ganar dos veces más que aquellos con Educación Media Superior.

Nuestros jóvenes y niños están inmersos en un círculo vicioso, abandonan sus estudios por tener que trabajar, y a la vez obtienen una baja remuneración al no contar con mayores estudios.

Esta falla estructural limita e impide que en nuestro país se logre un retorno social y privado más alto para los recursos invertidos en la educación.

De acuerdo con la CEPAL, los años adicionales de educación se traducen en importantes ahorros de recursos públicos y privados en el abatimiento de los índices de pobreza y marginación, en la recomposición del entorno del bienestar social, también en la reducción del subempleo, en la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otros efectos positivos que México no ha podido lograr.

Para Acción Nacional es fundamental garantizar el derecho humano de acceso a la educación en todas sus vertientes, dentro de ellas, el acceso a la Educación Media Superior y Superior.

En este sentido, consideramos oportuno que las limitantes a las que está expuesto el sector educativo público de nuestro país, puedan ser suplidas mediante la  participación del sector privado, particularmente en lo concerniente a la Educación Superior particular.

Por eso proponemos reformar las leyes fiscales para incentivar el otorgamiento de donativos a las instituciones de enseñanza superior, que asimismo, para que los padres de familia puedan hacer deducibles en su totalidad los pagos por concepto de colegiatura y que las instituciones de enseñanza tengan permitido también el acreditamiento del IVA que les es trasladado por la adquisición de bienes o por la prestación de servicios.

Las y los Senadores de Acción Nacional creemos que al tener como objetivo la función social de la educación desde los órganos del Estado, debemos dar impulso a las instituciones que prestan servicios educativos a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo a la población mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Minerva Hernández. Túrnese la iniciativa a la Cámara de Diputados.






En una sexta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Cristóbal Arias, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de flagrancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Cristóbal Arias Solís, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

El derecho aun siendo una ciencia social que no es exacta, sin embargo, no es ni debe de ser estático, sino dinámico.

Y en estos últimos tiempos en nuestro país han quedado rebasadas distintas instituciones de todo nuestro entramado jurídico, toda vez que la crisis general que vive    el país, social, económica, política, de credibilidad, de valores, educativa, etcétera, no está exenta la crisis del estado de derecho que ha quedado manifiesta durante estas últimas décadas en que han quedado rebasadas nuestras instituciones jurídicas que deben de estar sometidas a una profunda, exhaustiva revisión para actualizarlas y modernizarlas.

Por eso, es oportuno señalar que esta Soberanía tendra una gran actividad legislativa para conocer, analizar, discutir y, en su caso, votar distintas iniciativas que vengan a mejorar sustancialmente el estado de derecho en materia penal específicamente.

Sabemos que ya habrá de analizarse próximamente la iniciativa que conocimos como Cámara de origen que se encuentra en comisiones para elaborar en su momento  el dictamen respectivo sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Así también habremos de conocer en su momento de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde habrá de plantearse la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública como una institución o instrumento que venga a contribuir a la prevención y contención de los altos índices y conductas delictuosas en nuestro país.

En este contexto, compañeras Senadoras y Senadores, es que me permito presentar esta iniciativa que nuestro coordinador, el doctor y Senador Monreal y su servidor, sometemos a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a la flagrancia en la comisión de delitos.

En el derecho penal la flagrancia no es un elemento intrínseco del delito, sino una característica externa resultante de una relación de circunstancia entre el autor del delito con su hecho punible. Es un concepto que proviene del derecho romano, del vocablo flagrantia, cuya etimología flagare significa “arder o resplandecer” como el fuego y que se usa metafóricamente para significar que el hecho ilícito aún arde o resplandece y que en el plano jurídico es actual.

En la presente iniciativa para dar certeza al concepto de flagrancia a fin de cumplir con el deber de garantizar la seguridad pública a través de un efectivo combate a la delincuencia el pleno respeto de los derechos humanos, se propone modificar el texto del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En relación con la flagrancia el quinto párrafo del artículo 16 constitucional prevé dos hipótesis:

Inciso a) Detención al momento de estarse cometiendo el delito.

Inciso b) Detención inmediatamente después de su comisión.

Sin embargo, el texto de este artículo aun cuando no produzca controversia con respecto a la hipótesis de la detención al momento de estarse cometiendo el delito estimamos que sí genera confusiones por cuanto hace al supuesto de detención después de cometido el hecho punible. Entre otras de las confusiones están las siguientes:

1. Para definir los términos de la detención legal en el supuesto de que el actor del delito sea detenido inmediatamente después de cometido el delito, el texto del artículo 146, transcrito en su fracción II, inciso a), refiere que haya flagrancia cuando la persona es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente, en especial genera confusión el que se establezca que la persona debe ser sorprendida cometiendo el delito, porque para poder ser perseguida con fines de detención. Se afirma lo anterior porque el término “sorprender” que implica tomar desprevenido a alguien, descubrirlo cuando no lo espera, no es lo trascendente para acreditar la flagrancia.

Y muy importante, después de la comisión del delito no es que la gente sea sorprendido o no cometiendo el hecho, sino que la detención se realice en virtud de persecución material e ininterrumpida a partir de información que la autoridad que haga la detención haya obtenido directa o indirectamente por información aportada por la víctima o por un testigo respecto a la persona que intervino en el hecho.

2.- Para poder definir los términos de la detención legal, en el supuesto “inmediatamente” después de cometido el delito, el texto del artículo 146 antes transcrito también establece en su fracción II que hay detención en flagrancia cuando la persona a la que se atribuya haber cometido un delito es detenido en virtud de que sea señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiese intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundamentadamente que intervino en el mismo.

Desde nuestra óptica esta redacción también genera confusiones, no sólo porque no se comparte la idea de que únicamente se calificará que existe flagrancia cuando la detención se haga por señalamientos de la víctima u ofendido, testigo o algún otro interviniente en el hecho, sino porque no queda claro que se refiere a la norma en cuestión cuando expresa, entre comillas, “siempre y cuando no se haya interrumpido su búsqueda o localización”.

Lo que se propone a través de esta iniciativa de reforma es establecer las condiciones para que la búsqueda o localización por parte de los agentes de la policía pueda prolongarse en tiempo. Asimismo, esta iniciativa prevé que la búsqueda o localización de intervinientes en un hecho cuando se realice de manera ininterrumpida, inmediatamente después de haberse cometido, únicamente puedan hacerlo las autoridades, no así los particulares.

Esto es así porque hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 16, párrafo quinto, que la detención en flagrancia puede incluso ser llevada a cabo por cualquier persona.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa, con proyecto de Decreto, que además, solicito señor Presidente, que por la brevedad del tiempo, le solicito se transcriba textualmente en el Diario de los Debates, dada su importancia.

Decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Único. Se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 146, supuestos de flagrancia.

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Hay flagrancia cuando la persona es detenida:

I. En el momento de estar cometiendo el delito; o,

II. Inmediatamente después de cometer el delito, siempre y cuando sea en virtud de persecución ininterrumpida, o,

III. Después de la comisión del delito, aunque la autoridad policial a la que se le da conocimiento inmediato de los hechos no haya interrumpido su búsqueda o localización, o cuando la persona: a) sea o haya sido señalada por la víctima u ofendido, o algún testigo presencial de los hechos, o porque hubiera intervenido en ella en la comisión del delito; o

b) Tenga en su poder instrumentos u objetos o productos del delito cometido, o bien, sea señalada como quien durante el periodo de su búsqueda o localización se deshizo de ellas.

c) Se cuente con la información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión de delito.

Se considera que la policía no interrumpió la búsqueda o localización cuando inmediatamente después de cometido el hecho, estas actividades se iniciaron y continuaron en virtud de contar con información que indique la posibilidad de ubicar al perseguido.

Lo previsto en esta fracción sólo podrá llevarse a cabo por autoridades.

Artículo transitorio.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Cristóbal Arias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Senador Eruviel Ávila, sonido en su escaño.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Nada más para solicitarle al señor Senador Cristóbal Arias, si acepta que el grupo parlamentario del PRI, se adhiera a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí acepta.

Informo que se adhieren también la Senadora Delfina Gómez, la Senadora Guadalupe Covarrubias, Américo Villarreal y Senador Juan Zepeda a la iniciativa que acaba de presentar el Senador Cristóbal Arias; también la Senadora Lucía Trasviña, se adhiere; Senador Alejandro Armenta, también se adhiere, la Maestra Ifigenia Martínez, también se adhiere y la Senadora Bertha Caraveo.






En la séptima ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Lucía Trasviña, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de sanciones por delitos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 164, 223, 224 Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros, compañeras Senadoras. Muy buenas tardes a todos.

En los últimos años, delitos como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero y la asociación delictuosa han sido actos constantemente cometidos por diversos funcionarios públicos.

Dichas prácticas delictivas se manifiestan continuamente en acciones de funcionarios públicos a quien lamentablemente los agravios al erario pueden parecerles insignificantes y también los agravios que cometen en contra de una sociedad y de un pueblo sediento de justicia y de un pueblo que reclama no más impunidad de funcionarios públicos.

Muchos de estos delitos han quedado impunes y los que han sido sujetos a proceso penal muestran una gran vaguedad en las sanciones a las que han sido acreedores aquellas personas que cometieron dichas faltas, sobre todo, cuando se trata de servidores públicos, quienes son en teoría con vocación de servicio muy cuestionables, algunos, pero que con alevosía y ventaja se han aprovechado de sus cargos públicos para enriquecerse, para enriquecer a sus familiares y para enriquecer a sus amigos.

En este sentido, lamentablemente nos encontramos con el caso más reciente del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un tema que tanto ha molestado a la población en general y que refleja el imperio de la impunidad en la ejecución de estos delitos.

Hay que recordar que Duarte fue gobernador de un estado donde 127 municipios concentraron en 2015 una población total de 2 millones 933 mil 364 habitantes, de los cuales, 2 millones 173 mil 198 se registraron en situación de pobreza; 700 mil 293 en extrema pobreza y de estos 984 mil personas tuvieron carencias en acceso a la alimentación.

Paradójicamente ante la presión mediática ejercida en su momento, en septiembre de 2016, la PGR tuvo que atraer la investigación por desvío de recursos públicos del entonces gobernador de Veracruz, que el 12 de octubre del mismo año, solicitó licencia al cargo y que a partir de ese momento se mantuvo prófugo de la justicia.

En 2017, con base a una ficha roja de la INTERPOL, el 15 de abril de este año, autoridades guatemaltecas anunciaron la captura del criminal Javier Duarte y que en una segunda audiencia acepta ser extraditado a México el 27 de junio, por delitos de abuso de autoridad, incumpliendo de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, delitos que le fueron imputados por el gobierno del estado.

Sin embargo, después de un año de haber mostrado ineficiencias dentro del procedimiento penal en contra del exgobernador Duarte, nos encontramos que el pasado 26 de septiembre del presente año, fue dictada la sentencia que ha dejado un mal sabor de boca en la percepción pública.

Mediante esta figura penal, le fueron otorgados ciertos beneficios al imputado, ya que al reconocer su responsabilidad en la ejecución de los delitos mencionados, tuvo como principal beneficio la reducción de la pena aplicable formulada a partir de los mínimos y máximos establecidos por el Código Penal Federal.

En ese sentido, solicito y propongo esta iniciativa, para efecto que en lo futuro cualquier funcionario público de cualquier nivel y naturaleza sea sujeto a proceso penal sin que alcance fianza, y esto en mérito de un pueblo que reclama justicia y no más impunidad.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Trasviña Waldenrath. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senadora Xóchitl Gálvez ¿para adherirse? Para adherirse y adherir al conjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias, Senadora.






En otro apartado de nuestra agenda pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a crear un grupo de trabajo, a fin de construir un marco legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia de salud mental.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Américo Villarreal.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Buenas tardes, compañeras Senadoras y Senadores.

Señor Presidente, con su venia.

También me da mucho gusto el comunicarme hoy con ustedes, pues que este es el primer dictamen que se lleva a cabo en este Parlamento y que es a través de la Comisión de Salud y que da cuenta también de un punto de Acuerdo que se había generado también dentro de esta Legislatura y que ya esta Comisión de Salud y que el que preside, el doctor Miguel Ángel Navarro, ya está dando resolutivos en ese sentido.

El 10 de octubre pasado conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental.

El derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, es un elemento fundamental del desarrollo humano en México, no obstante nuestro país atraviesa por una desigualdad social que se ha agudizado, afectando a distintos sectores de la población por inseguridad, violencia, desintegración familiar, sin duda, y principalmente a niños y niñas en condición de calle, los cuales ha orillado a uso de sustancias nocivas para su salud buscando la evasión al frío, al hambre y a la indiferencia.

Hoy tenemos que avanzar en estrategias que nos permitan tener una mayor resiliencia mental.

El reconocimiento de lo importante que es ayudar a crear resiliencia mental desde las edades más tempranas para poder hacer frente a los retos que plantea el mundo actual, cada vez son más numerosas las pruebas que la promoción y la protección de la salud del adolescentes es beneficiosa, no sólo para la salud a corto y a largo plazo, sino también para la economía y la sociedad, pues adultos jóvenes sanos podrán contribuir mejor a la fuerza laboral, a sus familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto.

La prevención empieza por un mejor conocimiento.

Es mucho lo que se puede hacer para ayudar a crear resiliencia mental, la capacidad de adaptarse a las condiciones adversas que nos da nuestra sociedad en este momento desde edades tempranas con el fin de evitar la angustia y las enfermedades mentales entre los adolescentes y los adultos jóvenes, así como para tratar las enfermedades mentales y lograr la recuperación.

La prevención comienza por conocer y entender los signos y los síntomas precoces que alertan de una enfermedad mental. Los padres y los profesores pueden contribuir a crear en los niños y adolescentes aptitudes que les ayuden a hacer frente a los retos que encontrarán cada día en la casa y en la escuela.

En las escuelas y en otros entornos comunitarios se puede prestar apoyo psicosocial y, por supuesto, se puede iniciar mejor o ampliar la capacitación de los profesionales sanitarios para que puedan detectar y tratar los trastornos mentales a tiempo.

Nuestra propuesta de manera respetuosa y en el marco de la división de poderes para construir una agenda de prioridades en materia de salud, que sean reflejados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, entre ellos la incorporación de un programa de acción que atienda los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias que son prevalentes en México, dado que son importantes factores que contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura.

Los recursos que se han proporcionado para afrontar esta enorme carga son insuficientes y se distribuyen desigualmente.

Es por ello que en el punto de Acuerdo se hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para tener un encuentro entre la Comisión de Salud de esta Soberanía y la Colegisladora para tratar este asunto de manera prioritaria.

La Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en zonas urbanas, ha demostrado la prevalencia de trastornos mentales entre el 15 y el 18 por ciento de la población en general.

En esta encuesta se observa que la depresión es el trastorno más frecuente tanto en hombres y mujeres con 4.9 y 9.7 respectivamente. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre 15 y 29 años de edad.

Los resultados del estudio concuerdan con los realizados en otros países e indica que una de cada seis personas sufrirá un problema de salud mental que podría requerir una atención médica especializada.

El punto de Acuerdo se debe de incrementar y mejorar la inversión pública y la participación de los sectores social, de salud y de la educación en programas integrales basados en evidencias para la salud mental de los jóvenes, esta inversión debe vincularse con programas que den a conocer a los adolescentes y a los adultos jóvenes cómo cuidar su salud mental y que ayuden a sus compañeros, padres y maestros a saber cómo prestar apoyo a sus amigos, hijos y alumnos.

Este es el objetivo del punto de Acuerdo que hoy se dictamina para crear un grupo de trabajo entre la Secretaría de Salud y la Comisión de Salud de esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Villareal Anaya.

Está a discusión el Acuerdo.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Ya son las cuatro horas, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ahorita consultamos.

Estamos en la discusión del dictamen.

De no haber oradores para participar en esta discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Vamos a continuar.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Miren, claro que sí, pueden y siempre lo hacen, aún en otros temas que no toca. Pero vamos a terminar el punto de dictámenes.

Al terminar el punto de dictámenes, voy a someter a consideración si se modifica el Orden del Día, que tenemos más de un acuerdo.

Estamos en un punto que no ha terminado.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Es una moción previa al Orden del Día.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Porque estábamos empezando este punto.

Sonido en el escaño del Senador Damián Zepeda, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Estábamos en el desarrollo de iniciativas y en ese entonces presentamos formalmente, por escrito, a pluma, así, como dice el Reglamento en el artículo 72, una moción para una modificación en el Orden del Día, numeral 3, que dice: “Que se puede adelantar un tema”.

En específico estamos pidiendo un tema relativo al punto de Acuerdo de la consulta pública del aeropuerto, tema que debería de ser del interés de este Pleno debatir, como se expresó supuestamente ahorita en el debate que tuvimos. Se pidió específicamente que se adelantara.

Se dijo, la petición era: “”Que se sometiera a consideración”, entonces, se dijo: “Vamos acabar este apartado”. Se acabó el apartado después de un montón de iniciativas y ahora la pretensión es: “Pero, bueno, vamos a acabar lo de dictamen”.

Entonces, no nacimos ayer. Se están dando las cuatro horas de duración de la sesión y lo que va a pasar ahorita lamentablemente, es que van a someter a consideración si es de continuar o no la sesión.

Y lo que van a hacer es decir que “no”. Y se acabó y no va a haber debate de la consulta pública, lo cual verdaderamente me parece lamentable.

Entonces, lo que pedimos formalmente, no ahorita, hace tiempo, en tiempo, es que se preguntara al Pleno si aprueba o no adelantar el tema de la consulta pública para que ahorita se debata. Tienen mayoría y pueden decir que no. Tengan el valor de decirlo, pues.

Ese es el tema, lo pido formalmente y ojalá y la respuesta sea que sí y ojalá y entremos a este debate de un tema que evidentemente es prioridad.

Estamos viendo por los medios de comunicación lo que está pasando.

Creo que este Senado de la República debería de debatirlo.

Esa es la petición formal.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continúe, Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señor Presidente, formalmente basado en el artículo 72, reitero la solicitud que hicimos verbal y por escrito, en tiempo y forma.

Y lo único que pedimos es que se le dé trámite a nuestra solicitud, ni más, ni menos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, tenemos su proposición para modificar el Orden del Día, pero también hay otras proposiciones para modificar el Orden del Día.

Entonces, voy a terminar el punto de los dictámenes que tienen prelación de acuerdo al Reglamento y terminando someteremos a consideración del Pleno las propuestas para modificar el Orden del Día.

Sonido en el escaño del Senador Damián Zepeda, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente. Fue público que fue nuestra proposición previa.

Ahorita que nos digan que hay otras proposiciones, digo, adelante, pues, pero verdaderamente es ridículo querer plantear un asunto de esa naturaleza.

Lo que nosotros estamos pidiendo es que se someta a consideración una petición formal a la que tenemos derecho hacer

No es válido esto de: “No, espérame, se va a acabar esto. Ahora se va a acabar lo siguiente”.

Por algo es la petición de cambio en el Orden del Día.

Ya sabíamos que seguían dictámenes, ya sabemos que siguen puntos de Acuerdo. Estamos pidiendo que cambie el Orden del Día, eso es exactamente la petición.

Entonces se vale no querer. Lo que no se vale es impedir que una propuesta sea sometida al Pleno.

Podemos diferir, pero tenemos derecho a pedirlo, pues.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien, Senador.

Déjeme informarle, que en el momento en que hicieron uso de la palabra al respecto, fue cuando se conoció su petición para modificar el Orden del Día por parte de esta Mesa.

Pero tenemos una petición anterior de la Junta de Coordinación Política, para modificar el Orden del Día sobre otro tema.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Yo soy miembro de la Junta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, a lo largo de la sesión y además existe con antelación, escúcheme, porque yo lo he escuchado. También existe con antelación en la propia reunión de la Mesa Directiva, existen un par de Acuerdos que se tomaron en la Mesa Directiva para ponerse a consideración de este Pleno.

Entonces, los voy a poner a consideración en este momento y el suyo también.

Pero permítame, mire Senador, lo voy a escuchar y le voy a pedir que me permita avanzar.

Sonido en el escaño del Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Con mucho gusto, señor Presidente.

Pero a ver, estamos completamente en contra de que previo a la sesión se tengan pre-agendadas ya peticiones, digamos, de modificación del Orden del Día.

Pues si ese es el caso, hay un momento en el que votamos el Orden del Día.

Si antes de que inicie la sesión se sabe que se va a pedir una modificación, cámbiese cuando vamos a votar el Orden del Día.

O sea, las cosas como son, señor Presidente, hay respeto a su persona, pero creo que hay que hablarnos con claridad.

Si previo querían cambiarlo, se pasó el momento.

Con posterioridad nosotros hicimos una solicitud formal y pedimos que se someta a consideración.

Creo que sería un terrible precedente, señor Presidente, que ojalá y no lo hagan, el tener listos por debajo de la mesa temas para meterlos cuando hay una solicitud específica de tratar un tema importante.

¿O no es importante la consulta popular? Es muy importante.

Hay una petición de un grupo parlamentario para debatirlo formalmente, donde podemos dar pros, contras, debatir temas técnicos, lo que sea.

Respetamos su opinión distinta.

Pero sí pedimos que no nos salgan con este tipo de artimañas parlamentarias, lo pedimos así formalmente y pedimos que, así como nosotros respetábamos la petición y que acabara el punto pasado, cuando se acabó debió de haber sido sometido a consideración.

Les pedimos que nos cumplan con el procedimiento que tenemos marcado en el Reglamento del Senado.

Tener mayoría no implica que puedan decir lo que otros tenemos derecho a opinar o no.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Lo hemos escuchado, le ruego también respeto para la Mesa Directiva, no hay ningún tipo de artimaña, usted puede creer o no creer, pero es real y tengo testigos que hubo solicitudes previas a la suya.

Vamos a someter todas.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse una modificación al Orden del Día para someter comunicados y propuestas de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la modificación al Orden del Día, en los términos planteados por el Presidente de la Mesa Directiva.

Quienes estén porque se modifique, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se modifique, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza la modificación del Orden del Día, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se modifica el Orden del Día, en virtud de la petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte por favor.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la modificación del Orden del Día, de acuerdo a la petición del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza la petición, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se autoriza.

Senador, no se autoriza. No hay duda en el sentido de la votación.

Ahora, en virtud de que han transcurrido cuatro horas de la sesión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza continuar la sesión.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a continuar con los asuntos del Orden del Día.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza continuar con la sesión, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadoras y Senadores: Comunico que las efemérides presentadas por el Senador Miguel Ángel Navarro, del grupo parlamentario de Morena, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

EFEMÉRIDE

Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el “Día Mundial contra la Poliomielitis”.

Por instrucciones del Sen. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Presidente de la Comisión de Salud, le solicito de la manera mas atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al “DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIOMIELITIS” de conformidad con lo siguiente:

24 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIOMIELITIS

La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso, lo que puede causar parálisis en cuestión de horas. Afecta principalmente a los menores de 5 años. Aunque no tiene curación, la infección por el virus es prevenible mediante vacunación. La vacuna contra la poliomielitis, administrada varias veces, puede dar protección de por vida(2).

El virus se transmite a través de los alimentos y agua contaminados, y se multiplica en el intestino, de donde puede invadir el sistema nervioso. Muchas personas infectadas no tienen síntomas, pero excretan el virus en sus heces y por lo tanto, pueden transmitir la infección a los demás. Los síntomas iniciales de la poliomielitis incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello, y dolor en los miembros. En una proporción pequeña de casos, la enfermedad causa parálisis, que muchas veces es permanente. La poliomielitis sólo puede prevenirse mediante vacunación(1).

En 1975 se notificaron casi 6.000 casos de poliomielitis en la región de las Américas; en 1991 se detectaron los últimos seis casos. Tres años después, en 1994, la enfermedad se declaró formalmente eliminada en la región. Desde entonces, ningún niño en el continente se ha quedado paralizado por poliovirus salvajes(2).

La OPS actualmente está colaborando con los países para asegurarse de que cada año más de 95% de los menores de 1 año reciban la vacuna contra la poliomielitis en todos los municipios de los países de las Américas. Los esfuerzos también se centran en intensificar el monitoreo de los casos de parálisis flácida aguda y cumplir los requisitos de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, el Plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la fase final, y la Comisión Mundial de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis(2).

Pese a que desde 1988 los casos de poliomielitis han disminuido en más de 99% en todo el mundo, al pasar de más de 350.000 casos estimados ese año a apenas 20 casos notificados en octubre de 2018, mientras haya un solo niño infectado por poliovirus, los niños de todos los países del mundo están en riesgo. El poliovirus puede importarse fácilmente a un país libre de poliomielitis y puede propagarse con rapidez en los grupos poblacionales no inmunizados, razón por la cual es tan importante mantener una tasa alta de cobertura de la vacunación(2).

En la actualidad, el mundo está más cerca que nunca de alcanzar la meta de erradicar la poliomielitis.

A nivel mundial, hay menos casos ahora que en cualquier otro momento en la historia. Se ha certificado que cuatro de las seis regiones de la OMS están libres de poliomielitis, y solo uno de los tres tipos de poliovirus salvajes (tipo 1) sigue circulando en el mundo(2).

La erradicación mundial de la poliomielitis implicará no solo un mundo libre de la enfermedad para las generaciones futuras sino también un ahorro económico de entre $40.000 y $50.000 millones. No alcanzar la meta de la erradicación traería como consecuencia el resurgimiento de la enfermedad y se estima que habría unos 200.000 casos al año en todo el mundo(2).

El Día Mundial contra la Polio fue establecido por la Asociación Rotaria Internacional hace más de diez años para conmemorar el nacimiento de Jonak Salk, quien encabezó el primer equipo que desarrolló una vacuna contra la poliomielitis. Desde entonces, este día sirve para concientizar sobre la importancia de la vacuna en los esfuerzos para erradicar el virus. Se celebra el 24 de octubre todos los años.

Atentamente

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero.

(1)https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7069:2012-poliomyelitis&Itemid=1712&lang=es
(2)https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:countries-of-the-americas-urged-to-take-action-to-keep-polio-at-bay&Itemid=1926&lang=es
(3)https://www.youtube.com/watch?v=MSmAqahKJaE&amp=&feature=youtu.be






Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Las prácticas de parlamento abierto son un conjunto de lineamientos y principios que buscan promover la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana al interior de los congresos. Dichas prácticas han sido impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.1

El parlamento abierto puede entenderse como parte de un concepto mayor, que es el gobierno abierto y que el Sistema Nacional Anticorrupción ha definido de la siguiente manera:2

… un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Este modelo entiende al gobierno abierto como un esquema de gestión que tiene como base la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación social.3

El primer elemento de este modelo implica que las instituciones gubernamentales apliquen la legislación de transparencia y contesten las solicitudes que haga la ciudadanía (transparencia reactiva), aunque también deben publicar información adicional y socialmente útil (transparencia proactiva)4.

Para la participación ciudadana, el modelo exige instrumentos que permitan al Congreso de la Unión interactuar con la ciudadanía, no sólo para saber su sentir en ciertos temas, sino también para que retroalimenten e incluso participen en la toma de decisiones públicas. Es decir, los diputados y senadores deben comunicar sus procesos de toma de decisión detrás de sus votaciones, recibir retroalimentación de la ciudadanía sobre lo que han hecho e incluso obtener de los mismos iniciativas o ideas útiles para legislar. Todo lo anterior se traduce en el siguiente esquema5:

La rendición de cuentas surge tanto de la difusión de la información, como de la comunicación constante entre funcionarios popularmente electos y la ciudadanía; esto debe incidir en que los primeros informen, expliquen y justifiquen su actuar, además de ser sujetos a seguimiento de sus promesas y de la congruencia entre lo dicho y hecho6. Rendir cuentas es una acción en sí, correlativa de un derecho constitucional a saber y a ser informado (artículo 6º constitucional) y a un régimen de responsabilidades de servidores públicos (artículos 108 a 114). Sin embargo, también es consecuencia de una transparencia y participación ciudadana exitosa.

Por último, en lo que respecta a la innovación social, el Sistema Nacional de Transparencia dice lo siguiente7:

Por su parte, la instrumentación de acciones y de compromisos guiados bajo los principios de Gobierno Abierto propuestos en este Modelo tienen la capacidad de promover un ambiente de innovación dentro de las instituciones gubernamentales, ya que: a) los problemas públicos priorizados a través de mecanismos participativos pueden reflejar, de mejor forma, situaciones problemáticas o consideradas como valiosas por los públicos relevantes para las que no se han encontrado soluciones a través de los canales tradicionales; y b) las acciones y los compromisos asumidos pueden ser atendidos a través de herramientas (tecnológicas o colaborativas) que pueden reducir costos y agilizar su implementación.

El gobierno abierto surge entonces de la implementacion conjunta de estos cuatro ejes, intimamete relacionados uno con el otro. En su estudio, el SNT concluye su explicación con el siguiente esquema, que permite localizar a una institucion como abierta o cerrada con base en los esfuerzos que lleva a cabo8:

Implementar el gobierno abierto dentro del Congreso de la Unión implica la integración de los principios del parlamento abierto, que de forma análoga a lo anteriormente expuesto, tienen como base la transparencia de la información parlamentaria, la rendición de cuentas de los miembros, la participación ciudadana y la ética de los integrantes.9

II. El gobierno abierto surge como concepto en 1955, con el Subcomité Especial sobre Información Gubernamental (conocido también como Moss Committee) del Congreso de los Estados Unidos. Este subcomité hizo los trabajos preparatorios de lo que sería la Freedom of Information Act. Wallace Parks, integrante de dicho subcomité, usó el término “open government” en un artículo publicado póstumamente10. Sin embargo, es en realidad durante el gobierno de Barak Obama cuando esta idea cobra vida, pues fue a través de los documentos “Transparencia y gobierno abierto” (enero de 2009) y “Directriz para el gobierno abierto” (diciembre 2009) cuando se definen sus alcances y contenido. Posteriormente, dicho mandatario presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la “Alianza para el gobierno abierto”11.

Por su parte, el parlamento abierto, a pesar de estar íntimamente vinculado con el gobierno abierto, tiene antecedentes en conceptos como Teledemocracia, propuesto por Ted Becker12 en 1981 para referirse a las acciones que las tecnologías podían ofrecer a la gente para poder informarse en medios masivos de comunicación.

La democracia electrónica,de Patricia Merenghi y Ángel Badillo13, es otro antecedente y se usó para definir la construcción de la opinión pública a partir del uso de tecnologías de la información, en oposición a la opinión que surgía sobre la democracia mediática -aquella difundida a través de radio, televisión, periódicos y demás medios de comunicación masiva- al permitir que las personas pudieran acceder a las fuentes informativas y no solo a través del filtro de opinión que suponían las líneas comunicativas disponibles en el pasado.

Mucho más reciente se encuentra la propuesta de Sara Bentinvegna14, de la democracia digital o ciber política, para referirse a las acciones y prácticas cotidianas que se establecen entre la relación de las tecnologías de la información y la actividad democrática.

Por otra parte, dentro de los instrumentos más importantes en el plano nacional e internacional que analizan y concuerdan con la necesidad de implementación del parlamento abierto, encontramos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción realizada en 2003. También está la iniciativa promovida por Brasil y Estados Unidos de la “Alianza para el gobierno abierto”, presentada en septiembre de 2011 durante el  66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al que  se adhirió México, junto a otros países latinoamericanos, en octubre del mismo año.

Otros antecedentes notables son la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria de 2012, la cual ha obtenido el apoyo de más 76 organizaciones internacionales en 53 países de acuerdo con los datos de la organización internacional Opening Parlament; la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos, realizada en 2012 y que dio origen a la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, institución integrada por 20 países de América; y la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”, de octubre del 2013, que presentó el Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, CLAD.

III. En México, en septiembre de 2014 fue presentada la Alianza para el Parlamento Abierto, integrada por una docena de organizaciones de la sociedad civil y dedicada a evaluar las prácticas de parlamento abierto en nuestro país, así como a promover el diseño e implementación de dichas prácticas tanto a nivel nacional como subnacional.

Este colectivo ha delineado diez elementos que identifican a un parlamento abierto:15

• Garantizar el derecho a la información.

• Promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas.

• Transparencia de la información parlamentaria.

• Transparencia de la información presupuestal y administrativa.

• Transparencia sobre el patrimonio de los legisladores y servidores públicos.

• Accesibilidad de la información histórica.

• Información presentada en datos abiertos.

• Apertura y difusión de los trabajos legislativos.

• Regulación y transparencia de conflictos de intereses.

• Promoción de legislaciones en materia de gobierno abierto.

En la última evaluación hecha por la Alianza para el Parlamento Abierto, publicada en el año 2017, se identificó que, de las 32 entidades federativas, ninguna cumple con todos los principios del parlamento abierto, y sólo 2 obtienen calificaciones superiores al 60 % (Guanajuato y Chihuahua). El resto de los congresos locales obtuvieron una calificación promedio por debajo del 60 %.16

Muchos de los avances institucionales que se han registrado en nuestro país en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información o participación ciudadana han encontrado algo de resistencia o han avanzado con mayor lentitud en el Poder Legislativo tanto federal como de las entidades federativas. Una muestra de ello es el rezago que tiene el Congreso de la Unión en el cumplimiento del transitorio Décimo Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2015, y que señala lo siguiente:

Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Igualmente, en materia de participación ciudadana los congresos aún tienen rezagos, al carecer de mecanismos formales para incluir a la sociedad civil en los procesos legislativos, aunque han existido experiencias exitosas como la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción durante la LXIII Legislatura, en las que participaron activamente organismos de la sociedad civil.

IV. Mediante la presente iniciativa se plantea una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que ambas cámaras del Congreso de la Unión adopten nuevas medidas en materia de parlamento abierto, enfocadas, principalmente a la transparencia y acceso a la información, a la rendición de cuentas y a la máxima publicidad y difusión de los trabajos legislativos. Entre los planteamientos que contiene esta iniciativa, se incluyen los siguientes:

• Las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las Comisiones legislativas deberán ser públicas, y en la Cámara de Diputados también serán públicas las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

• Los grupos parlamentarios serán responsables del uso de los recursos que se les asignan, por lo que su ejercicio deberá ser bajo su responsabilidad y apegarse a los lineamientos de transparencia establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• En ambas cámaras, el programa legislativo de cada periodo, las agendas y los calendarios de sesiones deberán ser públicos.

• Las cámaras deberán elaborar un programa anual de parlamento abierto, que contendrá los lineamientos generales sobre apertura, publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas (en la Cámara de Diputados lo elaborará la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y en el Senado de la República la Junta de Coordinación Política).

• La información financiera y del ejercicio presupuestal se publicará en datos abiertos.

• Las Secretarías Generales de ambas cámaras tendrán la obligación de velar por que se cumplan los lineamientos en materia de transparencia por parte de todas las instancias de las cámaras.

• Se crea un capítulo específico en materia de parlamento abierto en donde se detallan disposiciones comunes para ambas cámaras, entre las que se incluyen las siguientes:
- Se delinea el catálogo de los principios rectores en materia de parlamento abierto que deberán seguir los integrantes de ambas Cámaras.

- Las sesiones públicas del Congreso deben subirse a las respectivas páginas de Internet.

- Los legisladores deberán elaborar y presentar sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las Secretarías Generales de ambas Cámaras elaborarán las versiones públicas de dichas declaraciones para publicarlas.  

- La información financiera y presupuestal se publicará en datos abiertos y especificando quiénes son ejecutores del gasto.

- La información legislativa que generen las Cámaras se deberá publicar en lenguaje sencillo y accesible para la población.

- En los nombramientos y designaciones a cargo de las cámaras, éstas deberán procurar, en el marco de la legislación aplicable, realizar y transparentar las audiencias y comparecencias públicas con los aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil especializada e instituciones académicas, y evaluaciones o exámenes de conocimientos a los aspirantes.

- Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos que les sean turnadas, deberán implementar procesos de parlamento abierto, contemplando que los grupos de la sociedad civil o las instituciones especializadas puedan observar y participar en el análisis y dictaminación de los proyectos.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está convencido que la adopción de prácticas de parlamento abierto abonarán al mejor desempeño del Poder Legislativo y a reconstruir los lazos de confianza con los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de parlamento abierto.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral 1 del artículo 21, el numeral 1 del artículo 29, el numeral 1 del artículo 35, los numerales 1 y 3 del artículo 37, el inciso a) del numeral 1 del artículo 38, el numeral 3 del artículo 44, el inciso e) del numeral 4 del artículo 48, el numeral 3 del artículo 66, el numeral 1 del artículo 77, el numeral 2 del artículo 81, el inciso e) del numeral 1 del artículo 82, el numeral 1 del artículo 83, el numeral 1 del artículo 93; se adicionan un inciso g) al numeral 1 del artículo 25, un inciso e) al numeral 1 del artículo 38; un numeral 5 al artículo 44, un inciso g) al numeral 4 del artículo 48, una fracción IV al inciso g) del numeral 1 del artículo 57 TER, un inciso g) al numeral 1 del artículo 82, un inciso d) al numeral 1 del artículo 110, un Título Séptimo denominado “Disposiciones comunes en materia de parlamento abierto” y los artículos 145, 146, 147, 148, para quedar como sigue:

Artículo 21.

1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente; se reunirá por lo menos una vez a la semana en sesión pública durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos, teniendo la obligación de transmitir dicha sesión en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones.

2. a 4. […]

Artículo 25.

1. Los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes:

a) a f) […]

g) Registrar y transparentar las solicitudes de excusa por conflictos de interés de los integrantes de la Cámara; y

h) Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria, o que les confiera el Presidente de la Cámara.

2. […]

Artículo 29.

1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación  Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen. Los grupos parlamentarios son responsables del ejercicio los recursos que les sean asignados, por lo que su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información.

2. y 3. […]

Artículo 35.

1. La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre    la Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará públicamente por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario, teniendo la obligación de transmitir dicha sesión en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones.

2. […]

Artículo 37.

1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el Presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política. A sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de comisiones, cuando exista un asunto de su competencia e incorporarán a los representantes de la sociedad civil organizada, instituciones académicas o especialistas que lo soliciten cuando menos un día antes de la sesión, siempre y cuando se trate un tema de su interés. 

2. […]

3. La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya constituido la Junta de Coordinación Política. Se reunirá públicamente por lo menos cada quince días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de los Coordinadores de por lo menos tres Grupos Parlamentarios; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones.

4. y 5. […]

Artículo 38.

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

a) Establecer y publicar el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones;

b) a d) […]

e) Elaborar en colaboración con organismos de la sociedad civil, el programa anual de parlamento abierto, mismo que contendrá los lineamientos generales en materia de apertura, rendición de cuentas y participación ciudadana que deberán guiar los trabajos legislativos de los distintos órganos de la Cámara. Dicho programa deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año para iniciar su ejecución el 1 primero de enero, debiendo difundir sus avances y resultados de manera trimestral en el portal de Internet.

f) Las demás que se derivan de esta ley y de los ordenamientos relativos.

Artículo 44.

1. y 2. […]

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio necesario para el trabajo de su Mesa Directiva y para la celebración de sus reuniones plenarias, las cuales deberán ser públicas y difundirse en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas sus reuniones.

4. […]

5. Las comisiones son responsables del ejercicio de los recursos que les sean asignados por los órganos administrativos de la Cámara de Diputados, por lo que su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 48.

1. a 3. […]

4. El Secretario General de la Cámara tiene las atribuciones siguientes:

a) a d)
e) Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera, mismos que deberán publicarse en formato de datos abiertos;

f) […]

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información de todos los sujetos obligados de la Cámara.

Artículo 57 TER.

1. […]

a) a f) […]

g) Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación elaborarán un acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en la página web de dicha Cámara, y contendrá lo siguiente:

I. a III. […]

IV. El día y la hora en que tendrá verificativo la evaluación técnica y de conocimientos a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos. Dicha evaluación será diseñada y aplicada por las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con instituciones académicas especializadas; el proceso de evaluación y sus resultados serán públicos.

h) a k) […]

Artículo 66.

1. y 2. […]

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente las reuniones deberán ser públicas y deberán asistir más de la mitad de sus integrantes; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas las sesiones.

Artículo 77.

1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara. Los grupos parlamentarios son responsables del ejercicio los recursos que les sean asignados, por lo que su ejercicio y publicidad deberá apegarse a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 81.

1. […]

2. La Junta adoptará sus decisiones, en sesiones públicas, por el voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, conforme al número de senadores con que cuente cada uno de sus respectivos grupos respecto del total de la Cámara; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas las sesiones.

3. a 6. […]

Artículo 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a d) […]

e) Elaborar y publicar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos;

f) […]

g) Elaborar en colaboración con organismos de la sociedad civil, el programa anual de parlamento abierto, mismo que contendrá los lineamientos generales en materia de apertura, rendición de cuentas y participación ciudadana que deberán guiar los trabajos legislativos de los distintos órganos de la Cámara. Dicho programa deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año para iniciar su ejecución el 1 primero de enero, debiendo difundir sus avances y resultados de manera trimestral en el portal de Internet.

h) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento.

Artículo 83.

1. La Junta de Coordinación Política sesionará públicamente, por lo menos, una vez a la semana durante los periodos de sesiones, y al menos una vez al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa convocatoria, los miembros de las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los funcionarios de la Cámara, siempre que se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previamente conocimiento al Presidente del Senado; teniendo la obligación de transmitir sus sesiones en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas las sesiones.

Artículo 93.

1. Las reuniones de las comisiones deberán ser públicas; podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate, teniendo la obligación de transmitir dicha sesión en vivo a través del Portal de Internet y mantener publicado el histórico de los archivos electrónicos de video y audio de todas sus sesiones.

Artículo 110.

1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
a) a c) […]

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información de todos los sujetos obligados de la Cámara y mantener pública, actualizada y en formato de datos abiertos la información financiera de la Cámara.

TÍTULO SÉPTIMO
Disposiciones comunes en materia de parlamento abierto

Artículo 145.

1. Son principios rectores del parlamento abierto:

a) Máxima publicidad: La información que genera el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es pública, completa, oportuna y accesible, y sujeta al régimen de excepciones que señala la legislación aplicable. Este principio resulta aplicable a la información de trascendencia pública que generen las bancadas de los diferentes partidos políticos.

b) Accesibilidad: La información pública deberá estar disponible para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito. También deberá de difundirse toda información que facilite la asimilación y uso de la información pública.

c) Diseño universal: La información pública deberá publicarse en medios que garanticen el fácil acceso para el mayor número de usuarios posible, sin necesidad de adaptación o rediseño.

d) Trazabilidad: Se debe facilitar el acceso a las fuentes de la información pública que se genere, así como a los instrumentos utilizados para su recolección y compilación y debe permitirse que el ciudadano tenga comunicación constante con quienes la hayan generado.

e) Participación ciudadana: La actividad legislativa debe impulsar la participación de los ciudadanos interesados tanto en la integración y composición del Congreso de la Unión, como en la toma de decisiones que el mismo realice. 

f) Rendición de cuentas: Los legisladores y los servidores públicos legislativos tienen la obligación constitucional de poner a disposición del público la información ateniente a las acciones de trascendencia pública y a la gestión de recursos públicos.

g) Inclusión: El proceso legislativo debe incorporar dentro de sí a la mayor cantidad posible de ciudadanos, por medio de la implementación de los principios anteriores y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable.

2. El Congreso de la Unión adoptará las medidas necesarias para cumplir con estos principios en los trabajos administrativos y legislativos que realice. Las Cámaras implementarán las medidas de parlamento abierto contenidas en la presente ley y las que sean determinadas por los órganos directivos de cada una de ellas.

3. Toda sesión pública que lleven a cabo la Cámara de Diputados y Senadores, sea en conjunto o de forma separada, deberá encontrarse disponible para su consulta en sus sitios de Internet.
4. Los diputados y senadores adoptarán en lo individual prácticas de parlamento abierto, por lo que elaborarán y presentarán sus declaraciones de evolución patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

5. La Secretaría General de la Cámara de Diputados y la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República elaborarán la versión pública de las declaraciones mencionadas en el numeral anterior para publicarlas en los portales de transparencia respectivos.

Artículo 146.

1. La administración de los recursos financieros de las Cámaras se realizará con eficiencia y transparencia, debiéndose publicar en formato de datos abiertos los presupuestos y los informes sobre el ejercicio de los recursos públicos, detallando las distintas instancias ejecutoras del gasto.

Artículo 147. 

1. En los nombramientos y designaciones a cargo de las cámaras, éstas deberán procurar, en el marco de la legislación aplicable, realizar audiencias y comparecencias públicas con los aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil especializada e instituciones académicas, y evaluaciones o exámenes de conocimientos a los aspirantes; debiendo transparentar dicho proceso.

Artículo 148.

1. Las comisiones legislativas de ambas cámaras, en el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos que les sean turnadas, deberán implementar procesos y principios de parlamento abierto, contemplando que los grupos de la sociedad civil o las instituciones especializadas, puedan observar y participar en el análisis y dictaminación de los proyectos e incluyendo en su título una descripción de la iniciativa en términos sencillos y de fácil comprensión para los ciudadanos.

2. Las páginas de Internet de las comisiones legislativas deberán incorporar los principios del parlamento abierto, debiendo facilitar el acceso y comprehensión de la información que publican, apoyándose de materiales didácticos que ilustren a la ciudadanía en los temas de su competencia. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Con la finalidad de documentar y transparentar los casos de conflicto de interés, ambas Cámaras deberán contar con un reglamento que defina y regule el cabildeo y el conflicto de interés, así como para que faculte a sus Secretarías para llevar el registro de reuniones y documentos involucrados, así como el registro de excusas por conflictos de interés.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 OpeningParliament.org es una instancia donde participan más de cien organismos de la sociedad civil de 75 países que han dedicado esfuerzos para diseñar e impulsar prácticas de parlamento abierto.
Cfr. https://www.openingparliament.org/

2 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), Acuerdo por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-05, p. 7.

3 Op cit., SNT, p. 19.

4 Ídem, p. 19.

5 Ibídem, p. 20.

6 Ibídem, p. 21.

7 Ídem.

8 Ídem, p. 21.

9 Parlaméricas, Hoja de ruta hacia la apertura legislativa”, 2016.
Cfr. http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf

10 Ibidem, p. 27.

11 op cit., SNT, p. 12.

12 Becker, Ted, Teledemocracy. Bringing Power Back to the People, The Futurist, nº 6-9, Bethesda, Maryland 1981.

13 Badillo, Ángel. y Marenghi, Patricia., De la democracia mediática a la democracia electrónica, Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 6, Madrid, 2001.

14 Bentinvegna, Sara, La política in rete, Metelmi. Roma, 1999.

15 Alianza para el Parlamento Abierto, “Principios de Parlamento Abierto en México”.
Cfr. https://www.parlamentoabierto.mx/principios/

16 Alianza para el Parlamento Abierto, “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017”.
Cfr. file:///C:/Users/pablo/Downloads/Diagn%C3%B3stico%20II.pdf






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del grupo parlamentario  del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre las detenciones de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención de la migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

La suscrita, Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM) PARA QUE INFORME SOBRE LAS DETENCIONES DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS Y LA APLICACIÓN DEL PLAN MÉRIDA CON FINES PARA LA CONTENCIÓN DE LA MIGRACIÓN; ADEMÁS, EL EXHORTO SE EXTIENDE PARA QUE EL GOBIERNO ELECTO INFORME SOBRE SU PROYECTO DE PLAN MIGRATORIO.

CONSIDERACIONES

México se ha convertido en el traspatio de la migración de Estados Unidos.

Ante las constantes descalificaciones del presidente Donald Trump faltan enérgicos pronunciamientos a través de los canales diplomáticos correspondientes.

No se trata de confrontaciones estériles hacia otras naciones. Se trata del respeto hacia nuestras instituciones y a nuestra soberanía.

Además, la integridad y respeto a los migrantes deben estar salvaguardados por derechos humanos y no ser blanco de discursos xenofóbicos

Es vergonzoso que las autoridades mexicanas sean el brazo para contener y deportar la migración Centroamérica sin importar que huyen de la violencia y la pobreza.

Somos un país que va a la caza de los migrantes.

En los últimos tres años México ha deportado 436 mil centroamericanos.

En esta misma fecha, Estados Unidos deportó 293 mil migrantes.

Otro dato alarmante:

A través del uso de plataforma biométrica, huellas dactilares e imágenes de iris, rostro, tatuajes y cicatrices, el Instituto Nacional de Migración a compartido la base de datos al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 30 mil centroamericanos asegurados en territorio nacional derivado del Iniciativa Mérida, proyecto originalmente enfocado al combate al crimen organizado.

Por tal motivo, es urgente que el titular de esta dependencia informe al respecto al Senado de la República.

También deberá entregar un reporte sobre las condiciones en las que se encuentra las estancias migratorias de todo el país donde son resguardados hombres, mujeres y menores de edad previo a ser deportados.

Como parlamentarios, es importante tener un diagnóstico sobre el respeto de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en su tránsito por territorio mexicano.

Por otro lado, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se suma al llamado que realizan diversas organizaciones civiles en defensa de los migrantes, en particular el Instituto para las Mujeres en la Migración hacia los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Salud respecto al arribo y tránsito por nuestro territorio de la Caravana de Familias Hondureñas.

Dentro de las demandas está la posibilidad de brindar asilo contemplado en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Además, el apoyo legal, moral, ético y humanitario a los integrantes de esta caravana previsto en la mencionada norma jurídica, así como la Ley de Migración; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Es erróneo mencionar que la migración es un problema de seguridad nacional.

El problema es no brindar condiciones de vida y desarrollo humano en particular a los más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal, en particular a las dependencias y secretarías encargadas de las políticas migratorias para que se trabaje de manera coordinada y permanente con organizaciones promigrantes para la atención de este sector y en respeto a sus derechos humanos.

SEGUNDO. El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García Benavente, deberá comparecer ante esta representación soberana para que detalle sobre las detenciones y deportaciones de migrantes en su paso por territorio nacional.

TERCERO. El equipo de transición del próximo Gobierno Federal y quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración deberán exponer a esta representación el Plan Migratorio y de Desarrollo de Centroamérica propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre.






De la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Mejora Regulatoria a modificar el artículo 38 del anteproyecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, eliminando todo acto de discriminación hacia el personal de la rama técnico–administrativa y permitirles la oportunidad de ser candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones adicionales a las establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno federal a implementar acciones de carácter urgente para atender los daños ocasionados por el huracán “Willa”. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO con carácter de urgente resolución POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE PARA ATENDER LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN “WILLA”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las y los Senadores del PRI, reconocemos la solidaridad de los mexicanos ante los desastres naturales, así como el trabajo del Gobierno Federal en coordinación con las autoridades locales para implementar políticas públicas enfocadas a prevenir, contrarrestar y atender las afectaciones producidas por fenómenos meteorológicos e impulsar la cultura de protección civil.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día lunes el huracán “Willa” paso de ser categoría cuatro a cinco, en la escala Saffir-Simpson; y que afortunadamente el día martes disminuyó a categoría 3, con vientos de 202km/h, tocando tierra ese día aproximadamente a las 20:00 horas a 15km de Escuinapa, Sinaloa.

Las autoridades estatales y municipales evacuaron a más de 4,250 personas de comunidades asentadas a lo largo de la costa mexicana del pacífico. Por su parte, el gobierno federal habilitó 2,957 refugios temporales con capacidad para 650,112 personas, indicó el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa.

El fenómeno meteorológico provocó olas de hasta 10 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa, particularmente en el puerto de Mazatlán, mientras que en Los Cabos, Baja California Sur, las olas alcanzaron los tres metros de altura; así como provocó lluvias torrenciales en Colima, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con acumulaciones totales de aproximadamente 150 litros por metro cuadrado.

En el sur del estado de Sinaloa, el meteoro dejó afectaciones en distintos poblados registrándose inundaciones, cortes de luz en varias zonas, así como caída de árboles, espectaculares y postes, en particular el municipio de Escuinapa, en este último y en Rosario se reportan varias comunidades que permanecen incomunicadas como Teacapán, Cristo Rey y Palmito Verde.

El servicio Meteorológico Nacional reportó lluvias con más de 182mm, lo que ha provocado el desbordamiento de arroyos y ríos. Se reportan daños en hospitales, viviendas, escuelas y negocios debido a los vientos de más de 200km/h; así como daños en la red carretera y de agua potable tanto en Sinaloa como en Nayarit.

Ante ello, las fuerzas armadas activaron el Plan DN-III-E en su fase de prevención en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; el personal militar auxilió en la evacuación de la población y después del arribo del fenómeno natural realizó patrullajes, colabora en el retiro de escombros.

Como sucede con estos fenómenos meteorológicos, las precipitaciones pueden generar desbordamientos de ríos y deslaves afectando a las comunidades asentadas por los caminos y carreteras, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortamos a la población a extremar precauciones y desde luego, hacer caso a las disposiciones y medidas que establezcan las áreas de protección civil federal y estatales.

Los Senadores del PRI, expresamos nuestra solidaridad con la población afectada de los estados de Sinaloa y Nayarit que resultaron mayormente afectados, así como con los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur y Durango, que sufrieron los remanentes de este fenómeno natural.

Asimismo, reconocemos las acciones de prevención y atención inmediata de las autoridades federales, estatales y municipales, para salvaguardar la integridad de la población en riesgo ante la eminente afectación del huracán “Willa”.

Por lo anterior, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, proponemos exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a que a través de las distintas dependencias competentes y en coordinación con las autoridades locales, instrumenten acciones necesarias para auxiliar y proteger a la población por el paso del huracán “Willa” en territorio nacional.

Aunado a lo anterior, el Gobierno Federal ha trabajado en la implementación de políticas públicas enfocadas a la prevención de los desastres naturales y a la cultura de protección civil, procurando que la población cuente con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia.

Para ello se auxilia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el análisis, diagnóstico y pronóstico de las trayectorias de los ciclones tropicales y de sus efectos, contando con una Red de Observación integrada por 79 Observatorios Meteorológicos, 189 Estaciones Meteorológicas Automáticas, 98 Estaciones Meteorológicas Sinópticas y 15 estaciones de radioasondeo.

La Conagua a través del SMN, trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil, para que a través de la prevención se disminuyan los riesgos para la población; para que esto sea eficaz, es necesario se continúe implementando estrategias permanentes de difusión de los protocolos de protección civil.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias competentes y en coordinación con los gobiernos locales de Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa instrumenten acciones necesarias para auxiliar y proteger a la población por el paso del huracán “Willa” en territorio nacional.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que implemente el PLAN MX a fin de atender a la población afectada por el paso del huracán “Willa”.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Meteorológico Nacional y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a continuar llevando a cabo por todos los medios posibles campañas informativas permanentes en materia de protección civil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Mario Zamora Gastélum






De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que, ante la emergencia resultado del paso del huracán “Willa” por la costa del Pacífico afectando los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, realice todos los esfuerzos para brindar atención a los damnificados y coordine las acciones para la recuperación de las pérdidas y daños a su integridad personal y patrimonio. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, CORA CECILIA PINEDO ALONSO, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El impacto del Huracán Willa en las costas del pacífico mexicano a pesar de todas las medidas de prevención, ha dejado consecuencias y daños que afectan a miles de mexicanos. El paso de este fenómeno ha dado como resultado que miles de familias y comunidades enfrente graves afectaciones a su patrimonio.

Las inundaciones y deslaves en el estado de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa han generado un estado de emergencia que debe recibir atención inmediata, con acciones que lleven a la población a zonas fuera de riesgo, la implementación de medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades; la rápida restauración de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje y cuantificación de los daños para brindar apoyo a los sectores más vulnerables.

México al ser un país expuesto a este tipo de fenómenos, cuenta con programas y medidas de atención a la población, sin embargo, en muchas ocasiones, la burocracia o lentitud en la atención, genera en la población una sensación de abandono al estar en completo estado de vulnerabilidad, sin techo, sin servicios y gravemente afectado en su patrimonio y seguridad.

En el caso del estado de Nayarit, el desbordamiento del Rio Acaponeta y las inundaciones en ese municipio y comunidades vecinas, mantiene la emergencia, además del daño en infraestructura y bloqueo de caminos y carreteras que mantiene aisladas a sectores de la población. Es aún difícil tener una idea clara sobre la población afectada y la magnitud de los daños en el estado, pues será hasta los siguientes días que haya pasado el temporal que se podrá contar con información precisa sobre los requerimientos y apoyos necesarios para la población.

En atención a lo anterior y considerando que cuando se enfrenta un desastre, es la capacidad de respuesta de las autoridades, la diferencia entre daños parciales y daños irreparables es mi propuesta solicitar a las autoridades competentes se tomen las previsiones necesarias para la declaratoria de desastre de los municipios más afectados. 

Por lo y expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno federal a que con urgencia se tomen las medidas pertinentes para la declaratoria de emergencia para los municipios más afectados por el paso del Huracán Willa y que a partir de esta medida se orienten los recursos humanos y económicos necesarios para atender las necesidades de la población afectada en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Asimismo, que se prevea un programa de atención inmediata para apoyar a las familias que han sufrido pérdidas en su patrimonio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso.






De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario  del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a agilizar y agotar las instancias para lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al aluminio. Se turna a la Comisión de Economía.








Del Senador Casimiro Méndez Ortíz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal adecuado y dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en el país. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo para  EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR CON OBJETO DE ATENDER Y PREVENIR LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

La violencia contra las mujeres es definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

En México, la violencia contra las mujeres ha mostrado un incremento alarmante en los últimos años. De acuerdo con el informe “Principales Preocupaciones Sobre la Situación de las Mujeres” que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante el Comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), derivadas del Noveno Informe Periódico de México; en el primer mes de este año se registraron en promedio nueve asesinatos de mujeres al día, contrastando con las cifras de 2015 a 2016 donde se registraban un promedio de 7 feminicidios diariamente, frente a ello, la CNDH se ha pronunciado en contra de esta violencia y forma parte de los grupos de trabajo que atienden las solicitudes de alertas de violencia de género en contra de las mujeres (AVGM) en 27 de las 32 entidades federativas.

Lo señalado con anterioridad visibiliza que la violencia hacia las mujeres es un asunto que generalmente se ha incrementado en casi todo el país, no obstante, ante el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, debemos considerar que existen otros factores, como la etnicidad (específicamente indígena y afrodescendiente), que en México vulneran de forma considerable a las mujeres, debido a que, de acuerdo al informe de Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México presentado por el CONAVIM, “el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas”, por tanto, este sector es más susceptible tanto a sufrir violencia como a la limitación del acceso a la justicia por consecuencia de la discriminación estructural que padecen.

En función de ilustrar lo antes señalado:

• La distribución territorial de feminicidios demuestra que Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos y Chiapas se encuentran entre las entidades con más feminicidios. Además estas se caracterizan por tener presencia indígena y en el caso de las tres primeras importante población afromexicana.

• De acuerdo con la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas en 2008 las regiones con mayor violencia hacia mujeres indígenas fueron los Altos de Chiapas con mayor prevalencia (41.37%), casi ocho puntos porcentuales más alta que la media nacional detectada por la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVIM) en 2006, seguidas de la región chinanteca que presentó una prevalencia de 21.55%; la maya del 22.61%; la Huasteca del 26.65%; la Mazahua-Otomí del 27.86%; y la región de Zongolica del 28.31%.

Las tres regiones con mayor índice de violencia económica son Altos de Chiapas, con nueve puntos porcentuales arriba de la prevalencia regional total, le siguen las regiones Maya y Mazahua-otomí.

Las tres regiones con mayor índice de violencia sexual son Altos de Chiapas, 3 puntos porcentuales arriba de la prevalencia regional total; le siguen la Zongolica y la Chinanteca.

Las mujeres de las regiones indígenas estudiadas no sienten confianza para revelar su condición de violencia; entre las mujeres monolingües tanto la prevalencia (28.5%) como la severidad (14.5%), es mayor en comparación con las mujeres que también hablan español.

• La cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres entre la población indígena es muy baja debido al desconocimiento de sus derechos o bien de los mecanismos que existen para realizar denuncias, a la normalización de la violencia, a que se les niega la atención, a ser monolingües de una lengua indígena y no tener acceso a un traductor, entre otros.

• Según datos de Naciones Unidas, 45% de las víctimas de trata son niñas indígenas  que son captadas por el crimen organizado para ser explotadas, violadas o vendidas.

La falta de atención a los casos de violencia contra las mujeres indígenas como un   sector en especial vulnerabilidad únicamente ha provocado su normalización e invisibilización siendo una realidad que las implica dentro y fuera de sus pueblos y comunidades. Un enfoque interseccional que contemple las múltiples estructuras de opresión en las que se encuentran las mujeres indígenas resulta indispensable para generar mecanismos de atención y prevención integrales y eficaces en entornos culturalmente diferenciados con el objeto de disminuir paulatinamente la violencia hacia las mujeres indígenas.

FUNDAMENTACIÓN

Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los fundamentos jurídicos acotados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)

La LGAMVLV en su artículo cuadragésimo primero, señala que son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables;

(...)

V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna;

VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación;

VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres;

(...)

Así mismo, en su artículo cuadragésimo segundo anota que corresponde a la Secretaría de Gobernación:

(...)

II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

(...)

IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

(...)

XII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por lo expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de atender de manera integral  los casos de violencia contra las mujeres indígenas a la par de trabajar en su prevención, me permito someter a consideración de este honorable Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) a través de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de su competencia, informe sobre las acciones realizadas y por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en el país.

Dado en el Senado de la República, el 25 de octubre de 2018.

Sen. Casimiro Méndez Ortiz.






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo a abstenerse de manipular a los ciudadanos y a la opinión pública mediante consultas ilegales e ilegítimas que no cumplen con los criterios mínimos ni la metodología adecuada para garantizar la equidad y la transparencia que un ejercicio de esta naturaleza requiere. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








EFEMÉRIDE

Del grupo parlamentario del PRD, sobre el 81 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

EFEMÉRIDE

81 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, SESIÓN DEL PLENO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón;
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Himno Nacional Mexicano

El 25 de octubre de 1937, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas del Río, se oficializó la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desapareció entonces la Secretaría de Guerra y Marina.

La SEDENA organiza, administra y prepara al Ejército y fuerza Área Mexicanos desplegados a lo largo y ancho del país y que tiene entre sus misiones “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales.

La historia de esta Secretaría, se remonta a la época del movimiento de Independencia. De esta forma, mediante el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional de 22 de octubre de 1814, sancionado en Apatzingán, Michoacán, se instituyó en su artículo 134 la Secretaría de Guerra. Posteriormente, al triunfo de la Independencia, el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, del 8 de noviembre de 1821, creó la Secretaría de Estado de Guerra y Marina.

Con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se instituyó un Gobierno Republicano, Representativo y Federal, compuesto por Estados Libres y Soberanos en cuanto a su régimen interior, separándose por primera vez, los Supremos Poderes Federales en Ejecutivo, a cargo del Presidente de la República y un Vicepresidente; el Legislativo, del Congreso General; y el Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, subsistiendo la Secretaría de Estado de Guerra y Marina.

Las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836, establecieron un régimen centralista, con una nueva organización política en el país. La Cuarta Ley, artículo 28, relativo a la organización del Supremo Poder Ejecutivo, creó el Ministerio de Guerra y Marina, determinación jurídica que fue ratificada el 13 de junio de 1843, en las Bases de Organización Política de la República Mexicana.

Posteriormente, cuando se restableció el Federalismo en 1846, se restauró la vigencia de la Constitución de 1824 y el 22 de abril de 1853, se expidieron las Bases para la Administración de la República hasta la Promulgación de la Constitución, figurando en su artículo primero, el Ministerio de Guerra y Marina, ratificando esta disposición, en el artículo 86 del Estatuto Orgánico Provisional de la República, expedido el 25 de mayo de 1856.

No obstante la promulgación de la Constitución Política de 1857, que restauró constitucionalmente el federalismo en el país, el Ministerio conservó su denominación y no fue hasta el 23 de febrero de 1861, que, con el Decreto sobre la Distribución de los Ramos de la Administración Pública, cambió su denominación por el de Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, situación que se mantuvo hasta la promulgación del Decreto del 16 de abril de 1861, que la denominó Secretaría de Guerra y Marina, reiterando su existencia los Decretos del 12 de junio y 16 de diciembre del mismo año, 13 de mayo de 1891 y 3 de diciembre de 1913.

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los Decretos del 14 de abril y 31 de diciembre del mismo año, así como los del 6 de abril de 1934 y 31 de diciembre de 1935 ratifican la existencia de la Secretaría de Guerra y Marina.

Cambia su denominación por la de Secretaría de la Defensa Nacional, según el Decreto publicado el 1 de noviembre de 1937 y por disposición jurídica de 30 de diciembre de 1939 se creó el Departamento Autónomo de Marina Nacional, separando esas funciones de la Secretaría.

Los Decretos de 1939, 31 de diciembre de 1940, 21 de diciembre de 1946 y 24 de diciembre de 1958, así como el del 29 de diciembre de 1976 que promulga la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ratifica su competencia y denominación como Secretaría de la Defensa Nacional.

Atentamente

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández .- Sen. María Leonor Loyola Cervantes.- Sen. Antonio García Conejo.- Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.

Informo también, en mi condición de Presidente de la Cámara de Senadores, fui notificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia dictada al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano Noé Fernando Castañón Ramírez, a través de la sentencia notificada, la Sala Superior ordena convocar al ciudadano Castañón, para que acuda a tomar protesta como Senador.

En cumplimiento de la sentencia, este punto se incorporará en el Orden del Día de la siguiente sesión.

También informo que se encuentran en la Mesa Directiva los acuerdos correspondientes relativos a la integración de la dirección del Instituto Belisario Domínguez.

Y los informes presupuestales de la Cámara de Senadores que se entregarán y someterán al Pleno en la próxima sesión.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 30 de octubre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 15:39 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
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