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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 17

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:26 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se abre la sesión del martes 23 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con diecisiete minutos del día jueves dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las propuestas de nombramientos de 3 magistrados de Sala Regional y de 15 magistrados de Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibidas el 25 de abril de 2017, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia los expedientes de las 18 propuestas, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el expediente de la terna propuesta para la designación de un magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibida el 3 de julio de 2017, se turne a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a la Comisión de Justicia el expediente de la terna, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las 1,907 proposiciones que quedaron pendientes de análisis y dictamen en las anteriores legislaturas, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de las proposiciones, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los 116 proyectos de dictamen que quedaron pendientes en alguna de sus fases en la anterior legislatura, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de los dictámenes, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los 21 escritos de particulares recibidos durante la actual legislatura, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de los 21 memoriales, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta del Senado.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que comunica las designaciones de los legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedaron de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la ceremonia de reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con motivo del décimo quinto aniversario de su fundación.

(Ceremonia de reconocimiento CONAPRED)

La Presidencia informó que a partir de la aprobación del acuerdo de la Mesa Directiva, en la sesión del 9 de octubre, se procedería a la ceremonia de reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con motivo del décimo quinto aniversario de su fundación.- El Presidente de la Mesa Directiva hizo entrega a la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del reconocimiento correspondiente. Asimismo, concedió el uso de la palabra a la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En una última intervención hizo uso de la palabra el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva.

(Iniciativas)

La Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre propio y del Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas, a nombre de la Mesa Directiva, con adhesión de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y un tercer párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se designa al Lic. Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. El funcionario rendirá su protesta legal en próxima sesión.

(Iniciativas)

El Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 116 y la fracción VIII del artículo 122, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 182 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

La Senadora Gricelda Valencia de la Mora, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, a nombre propio y del Senador Gilberto Herrera Ruiz, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Sección IV "De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos" al Capítulo II "De las deducciones" del Título II "De las personas morales", a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 28 y se derogan la fracción XXX del artículo 28 y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 Decretos de levantamiento de veda en diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela Comisión Nacional del Agua suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos Decretos; además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Salomón Jara Cruz de MORENA; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Mónica Fernández Balboa de MORENA; Norma Rocío Nahle García de MORENA; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; y Antonio García Conejo del PRD. Concluida la discusión, el Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea el acuerdo, de manera separada, en cada uno de sus cuatro resolutivos. El resolutivo primero del punto de Acuerdo fue aprobado por 57 votos a favor y 25 abstenciones. El resolutivo segundo del punto de Acuerdo fue aprobado por 72 votos a favor y 12 abstenciones. El resolutivo tercero del punto de Acuerdo fue aprobado por 87 votos a favor. El resolutivo cuarto del punto de Acuerdo fue aprobado por 88 votos a favor. En consecuencia, se aprobaron los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto del punto de Acuerdo.

 

El Senador Julen Rementería Del Puerto, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a respetar la metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la minería responsable en México.- Se turnó a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita garantizar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes en México.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas de prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El Senador Emilio Álvarez Icaza, presentó proposición con punto de Acuerdo en conmemoración de los 17 años de la muerte de la defensora de derechos humanos; Digna Ochoa Placido.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con los asuntos del Orden del Día.

 

El Senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de acurdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio".- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Clemente Castañeda Hoeflich de MC. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular del Ejecutivo.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyan y al titular de la Comisión Nacional del Agua se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales Acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río Colorado.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de las Senadores y los Senadores que conforman el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a armonizar los reglamentos y normatividades de los usos terapéutico y medicinal de la marihuana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales".- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por motivo de la evaluación magisterial.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el Programa Legislativo para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XXV al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de Acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche".- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer de próstata.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a modificar el Acuerdo por el que se implementa el sistema Conagu@-Digital y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar mecanismos que ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades indígenas y rurales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador José Narro Céspedes, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez Decretos publicados el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a revocar los Decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senadora Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de Protección de la Naturaleza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el martes veintitrés de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Se recibió una comunicación de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIV Legislatura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Asimismo, recibimos una comunicación de la Comisión de Salud, con la que remite Acuerdo en relación con su rezago legislativo.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea se da por enterada.






La Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Senadores ha hecho llegar a este Pleno una propuesta en relación con la situación migratoria en la frontera sur del país. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Tratándose de un tema muy relevante, vamos a dar lectura al Acuerdo.



Está a discusión el Acuerdo.

Conforme al Acuerdo que acabamos de leer, habrá una ronda de oradores con un representante de cada grupo parlamentario, en orden progresivo, en función del Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva. Las intervenciones tendrán un tiempo de cinco minutos cada una de ellas.

Sonido en el escaño del Senador Álvarez Icaza, ¿para qué efecto, Senador?

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo comentarle que he conversado con todos los coordinadores parlamentarios para poder ser incluido en el uso de la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, haga el uso de la palabra, Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenos días. Honorable Asamblea:

El tema que nos ocupa sobre la caravana de migrantes, es eventualmente una buena aproximación, desde el espejo.

El espejo que nos pone la caravana de migrantes respecto a la política exterior de este país.

El espejo que nos pone la caravana de migrantes para lo que queremos de las y los mexicanos en Estados Unidos.

Es un momento para la congruencia, es un momento para la solidaridad.

Hoy, en El Salvador y Honduras hay más muertos por día, que cuando las guerras civiles.

Cuando las guerras civiles, México fue ejemplo en el refugio mundial, recibimos a más de medio millón de centroamericanos, y es momento de dar otra vez lección de dignidad en México y en el mundo, y en particular, al gobierno de Estados Unidos.

Es momento de tratar con solidaridad a nuestros hermanos y hermanas migrantes, en particular a aquellos en situación de vulnerabilidad, me refiero a niños y niñas viajando solos, a mujeres.

Y este fenómeno de la caravana también tiene génesis, componentes, pues, de estrategia, de sobrevivencia. Sabemos todos lo que pasa con los migrantes, ahí está la matanza de San Fernando, ahí están las cientos de denuncias de mujeres centroamericanas que ya en Chiapas han vivido experiencias de violencia sexual; hay cualquier cantidad de caravanas de madres centroamericanas que vienen buscando a sus hijos desaparecidos.

Por eso es momento para la solidaridad, no sólo en las instancias gubernamentales, sino en la sociedad toda. Preocupan los llamados a cerrar la frontera, al odio al migrante, al diferente, a la xenofobia.

Por eso es momento para la solidaridad.

Celebro que el Senado y la Junta hayan hecho este Acuerdo, porque hay que proteger, en particular, a niños y niñas.

No nos corresponde, como país, hacer el trabajo sucio de la política exterior de otros países, no nos corresponde atender la agenda electoral en Estados Unidos.

Hay elecciones a principios de noviembre y esto claramente puede ser usado en orden electoral.

El fenómeno migratorio de Centroamérica a México no es nuevo, requiere solidaridad, requiere atención, requiere preocupación.

¡Qué bueno que tengamos este punto de Acuerdo!, lo celebro, hubiera sido ideal tenerlo el jueves, como se mencionó y como se dijo, porque ya estaba la caravana en la frontera, días después ha salido este Acuerdo, se atiende y se acompaña, pero necesitamos mandar un mensaje mucho más pronto del Senado de la República.

Cuando se presenten estas condiciones de emergencia y de crisis, es nuestra facultad constitucional la política exterior.

Tenemos que aprender de este tipo de situaciones y responder con una mayor capacidad.

Creo que es fundamental que se integre un grupo de trabajo del Senado de la República, para poder acompañar a los migrantes en su caminar.

Hoy habrá reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y habrá de llevarse esa propuesta, para ver si se acompaña la integración de un grupo de trabajo y eventualmente de otras comisiones que me permitan acompañar.

Compañeras y compañeros Senadores, es un momento vital de la solidaridad con los migrantes. Tenemos que generar una condición de protección a sus derechos humanos, tenemos que generar un llamado también a la sociedad mexicana para acompañar las necesidades que tienen estas personas en movilidad.

La pobreza, la violencia, son muchos de los disparadores de por qué la gente se mueve.

Son los mismos argumentos que utilizamos cuando los mexicanos van a Estados Unidos, van a trabajar, son gente decente, son gente de bien.

Si alguien cometiere una violación a la ley, bueno, será sancionado, pero no podemos generalizar.

Termino diciendo, este es un momento para el liderazgo de México, en congruencia, con solidaridad, respeto a los derechos humanos y respeto a la dignidad.

Toca acompañar a los hermanos y hermanas centroamericanos que transitan por nuestro territorio nacional.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Sin renunciar al estado democrático y de derecho y, por supuesto, a nuestras responsabilidades constitucionales, el Estado mexicano, caracterizado por su política exterior migratoria, como un Estado de vanguardia, debe observar que el derecho a migrar es un derecho humano.

Asimismo, los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, particularmente en lo señalado en el artículo 1o., el cual reconoce de manera amplia el ejercicio de los derechos de toda persona, indistintamente de su situación migratoria, a gozar amplia y llanamente de las garantías individuales reconocidas por nuestro país.

Asimismo, como los Tratados Internacionales sobre los derechos, también reconocidos, como el Pacto de San José de Costa Rica, sin perder de vista que nuestros ciudadanos nos demandan seguridad social y patrimonial de las familias mexicanas.

Sin duda alguna, estamos viviendo un acontecimiento inédito en nuestro país.

Hemos visto llegar a México un éxodo humano producto de la desigualdad, la falta de oportunidades, de alimentos, de empleo, de salud y de educación. Es decir, personas que carecen de los servicios básicos e indispensables para el desarrollo social y humano de cualquier nación o sociedad.

Este éxodo de migrantes, principalmente hondureños, hoy se encuentran en este momento instalados en parte del estado chiapaneco y en la frontera sur, en los límites entre México y Guatemala, con la intención de llegar a Estados Unidos, por lo que se hace indispensable atender de manera urgente e inmediata ante la creciente crisis humanitaria y de movilidad humana en esta frontera, la cual está siendo calificada por las agencias de Naciones Unidas como la TUR. Medios de comunicación nacionales e internacionales y un sinfín de organizaciones no gubernamentales, como un éxodo migrante sin precedentes en los últimos 80 años, toda vez que éste no es consecuencia de un conflicto armado.

Esta caminata migrante que partió el pasado 13 de octubre, de Honduras, con cerca de 2 mil personas, incluyendo niñas, niños, mujeres y adultos mayores, quienes emprendieron un recorrido que pretende transitar cerca de 2 mil kilómetros hasta la frontera norte de México, esta travesía que iniciaron 2 mil personas, en el camino se le han ido incorporando otros migrantes de El Salvador, de Guatemala, alcanzando, según cifras compartidas por los ayuntamientos de Suchiate, por más de 7 mil personas.

Hay instalados en albergues de Chiapas aproximadamente ya 2 mil 600 hombres, 2 mil 200 mujeres, mil niños y mil 300 niñas. Como podemos observar, estas cifras nos indican que la gran mayoría pertenece a los grupos vulnerables.

Sin embargo, habría que atender todo lo que hay que tomar, una decisión de esta naturaleza para que estas familias abandonaran su patria, sus seres queridos, sus patrimonios y venirse caminando bajo el sol y las inclemencias del tiempo, cargando a sus hijos, muchas de ellas en estado de gestación, sin ninguna certidumbre de lo que les depara el destino, solamente cegados por el dolor, la frustración y la búsqueda de mejores oportunidades.

Está claro, pues, que esto no es un día de campo, es una realidad que se está viviendo en nuestro país, el éxodo de la desigualdad en Centroamérica y en toda América Latina.

Por lo que hago una reflexión en esta tribuna: ¿Qué decisión tomaríamos nosotros en defensa de nuestras familias, si tuviéramos una situación parecida? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para dignificar la calidad de vida de nuestros seres queridos? ¿Cuánto dolor y sufrimiento hay detrás de esta fuerte decisión?

Por eso exhorto a nuestras autoridades a que no seamos nosotros un obstáculo para la necesidad de la gente, sino todo lo contrario, quien necesite una mano amiga, quien necesite comprensión y atención pueda ser auxiliado por nuestro pueblo, tal y como lo ha demostrado el pueblo chiapaneco, que solidariamente ha salido a las calles para brindar víveres, agua, ropa y tenderles una mano a los seres que hoy se encuentran en esta situación tan vulnerable.

Debemos reconocer que se han habilitado albergues en el estado de Chiapas, pero son insuficientes, que carecen de víveres, generando una desconfianza también por parte de los migrantes a que sean regresados a sus países.

Como algunos de nosotros sabemos, este fenómeno migratorio en la frontera sur no es nuevo, siempre lo hemos visto de baja escala por el número de migrantes que atraviesan diario por esta frontera.

Un sinnúmero de víctimas a manos de la delincuencia y grupos del crimen organizado que operan en nuestras fronteras y que ha producido páginas de dolor y de vergüenza a los mexicanos dentro de nuestro país.

Por eso, desde aquí debemos reafirmar que la ley mexicana no tiene equívoco y que es clara al darle los mismos derechos a los migrantes, por lo que exigimos al gobierno mexicano que se generen las condiciones adecuadas para que estas familias puedan recibir la ayuda humanitaria y asistencia adecuada desde su ingreso al territorio nacional.

Estamos pendientes de la situación y de la caravana migrante, y exhortamos y coadyuvamos con las acciones de nuestro gobierno para que sean con estricto apego a la protección de los derechos humanos y a la seguridad de cada persona que se encuentra en esta situación.

Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades federales, al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal para que garanticen en todo momento el respeto a los derechos y la dignidad de los migrantes, además de que en todos los operativos que participen las autoridades, se hagan de manera pacífica y respetuosa al tránsito de las personas, garantizando en todo momento la integridad física y su seguridad.

Es indispensable revisar los fondos económicos destinados al fondo del migrante y los destinos de estos recursos.

Quiero reconocer, para concluir mi mensaje, la postura que fijó el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, el día domingo en el estado de Chiapas, en donde dijo que: “para reducir el fenómeno migratorio es necesario generar condiciones de bienestar, a ver más allá que un simple tránsito, una oportunidad de cooperación para el desarrollo de los países centroamericanos con México, y que a partir del 1 de diciembre se buscará ofrecer visas de trabajo a migrantes centroamericanos, lo cual representa una alternativa adecuada que ha funcionado en otros países como Colombia, y que fortalecerá el desarrollo de la región sureste y que puede contribuir enormemente a darle sentido positivo al fenómeno migratorio”.

Debemos sumarnos a esta propuesta del Presidente Electo, y con ello enviar un mensaje de solidaridad al mundo y a nuestros vecinos del norte, porque como se dice en el dicho popular: “no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

No podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar; para recibir el mismo trato de nuestros connacionales que se encuentran viviendo en los Estados Unidos, debemos empezar por el buen ejemplo en casa.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Sasil De León.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señor Presidente, muy buenos días. Buenos días a mis compañeras y compañeros Senadores:

La migración es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, migrar es inherente al ser humano, y gracias a este proceso el mundo se ha enriquecido por las distintas aportaciones que se han dado de estos flujos de personas en cada una de las regiones.

Por ejemplo, de los 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, cerca de mil millones son personas migrantes, es decir, 1 de cada 7 han migrado de su lugar de origen.

Este fenómeno es especialmente relevante para nuestro país, en México y Estados Unidos, es decir, estos dos países, conformamos el mayor corredor migratorio a nivel mundial.

Somos el segundo país del mundo con mayor número de población que ha emigrado, al contar con 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, cifra que nos coloca sólo por debajo de India, supera a China y a Rusia, entre otros.

Es decir, en México tenemos y sabemos de este fenómeno y tenemos a comunidades que han migrado por diferentes razones.

La Ciudad de México hizo la declaración de ser “Ciudad Santuario”. A través del tiempo se ha demostrado en el terreno de los hechos.

Aquí, a nuestra Senadora Paty Mercado le tocó recibir a migrantes, con Paty recibimos a migrantes que venían de Centroamérica, precisamente.

Y ahí demostramos que era una “Ciudad Santuario”, y se daba atención médica y se da oportunidad de trabajo, y hoy de nueva cuenta México está a prueba.

Nosotros, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República reitera, no debemos de caer en la tentación de los Estados Unidos de Norteamérica; no debe de cederse a las presiones, debe haber una posición firme, de respeto a los derechos humanos; debe de haber una posición firme, de atención inmediata a todas las medidas precautorias, a todas las medidas de prevención que ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que habla de algunos migrantes en estado de deshidratación y falta de apoyo alimentario.

Save the Children, esta organización nos da cuenta que el 25 por ciento de los migrantes, de este grupo, pertenece a niños, niñas y adolescentes. Cuidado especial respecto de ellos y de ellas. Debemos de evitar cualquier separación de familia; debemos de garantizar el pleno respeto a su tránsito al pasar por nuestro territorio.

Yo felicito este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, me parece que ha sido muy importante.

Pero quiero plantearle a este Pleno, señor Presidente, que agregáramos un punto más a este punto de Acuerdo.

Sé que ya se planteó, sé que ya se estableció, pero déjenme llamar la atención de mis compañeros y compañeras Senadoras, porque ahí estamos pidiendo recursos para el Instituto Nacional de Migración, y eso está bien, pero no estamos pidiendo recursos para los diferentes estados por donde va a pasar esta caravana, y se van a requerir, porque hay que dar alimentación, porque hay que dar atención médica, porque hay que dar cuidados, porque hay que dar refugio y oportunidades y se van a requerir recursos.

Yo creo que debemos exhortar también a la Secretaría de Hacienda, para que se disponga de una partida que pueda apoyar a los estados por donde está en tránsito la caravana, va a ser muy importante, porque si no se tienen los recursos, por mayor buena voluntad que haya, no se va a poder atender.

En resumen, el PRD reitera este exhorto de respeto a derechos humanos, de evitar militarizar de cualquier manera este trayecto de la caravana, por supuesto, de evitar separar a las familias y, déjenme agregar esto, que se dote de recursos a los estados, porque si no, los gobernadores, la gobernadora en su caso, si fuera por ahí el tránsito, van a verse en serios problemas.

A mí ya me tocó vivirlo, y se requieren recursos, así que ahí lo dejamos, nada más, si se puede agregar, sería un octavo punto para el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Miguel Ángel Mancera.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Y con el permiso de mis compañeros legisladores:

Estos últimos días, todos hemos sido testigos de cómo miles de centroamericanos se enfilaron en una caravana migratoria con rumbo a Estados Unidos, en la búsqueda de mejores oportunidades, de un bienestar y una vida digna para ellos y sus familias.

Si bien, esta es una situación compleja para México, quien ha sido promotor de una política migratoria segura, regular y ordenada, estoy convencida que México debe seguir en este papel de contribuir con los extranjeros que pretendan ingresar a nuestro país de manera legal, y se les dé un trato digno, velando en todo momento por el respeto de sus derechos humanos.

Hoy México tiene la oportunidad de mostrar al mundo cómo se debe actuar ante un éxodo masivo, que además está integrado por mujeres, por niñas, niños y adolescentes.

No perdamos de vista que los migrantes están en un estado de vulnerabilidad, porque no tienen qué comer, no tienen qué vestir, no tienen dónde dormir. El paso por nuestro territorio debe ser una experiencia única.

Debemos trabajar por mostrar al mundo cómo quisiéramos ser tratados. Vamos a demostrar que tenemos autoridad moral, porque cada vez que alzamos la voz por un migrante en Estados Unidos, hoy, tenemos la oportunidad de ser congruentes; hoy, tenemos que tratar al migrante como quisiéramos que nuestros migrantes fueran tratados.

La atención al migrante no es sólo un tema político, también es legal. Ante una emergencia migratoria debemos acatar nuestro marco jurídico interno, al igual que los instrumentos internacionales de los que México es parte, con el firme propósito de generarle a las personas migrantes el respeto a su dignidad, a su igualdad, a su no discriminación, a su libre desarrollo y su libertad de circulación.

Quiero dar cuenta, de entre las acciones implementadas por el gobierno federal, destaca la solicitud de apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que en coordinación con las autoridades competentes de los países de Centroamérica, actuando en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se brindara la atención a solicitantes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México.

Esta medida, a todas luces, buscó dar una cara humanitaria a través de las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas y al mismo tiempo garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, minimizando los riesgos de ser víctimas de las organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas que pone en peligro su vida.

Debemos entender y reconocer el valioso esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración, porque llegaron de golpe más de 7 mil personas. No obstante, han procurado mantenernos informados de los procedimientos y de su ingreso legal.

Coincido con mi compañero Senador Mancera, que si bien es cierto, estamos solicitando recursos extraordinarios para el Instituto Nacional de Migración, también debemos solicitarlo para los estados, que a su vez apoyen a los municipios, porque el tránsito es por allí, y los municipios y los estados son los que menos recursos tienen para afrontar esta situación.

Por eso me sumo a su propuesta y ojalá sea votada con esa anotación, siempre y cuando, lo hemos dicho, mantengamos el respeto a los migrantes, pero también cuidemos el tema de seguridad.

Fortalezcamos a la policía para cuidar la seguridad de los migrantes y no sean víctimas de la delincuencia organizada.

Este proceso también ha sido acompañado de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual testifica el actuar de los agentes y de la Policía Federal en pro de los derechos humanos.

También se están llevando a cabo acciones por parte del gobierno de Chiapas. Destacar la actitud de nuestro compañero Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, quien desde el primer minuto habilitó alberges, y en coordinación con las autoridades federales, desplegó el Sistema Estatal de Protección Civil para atender la crisis humanitaria. Nuestro reconocimiento para él.

Nos enorgullece, como mexicanos, el actuar solidario. Y aprovechando esta tribuna, podemos exhortar a todos los involucrados a seguir con esta forma de actuar.

Reconocer a los municipios fronterizos, a la sociedad organizada que se han solidarizado con el paso de los migrantes.

Falta mucho por hacer, sin embargo, con acciones como ésta, se puede decir que vamos por buen camino.

Es innegable que se ha puesto la bandera de nuestro país muy en alto al brindar asesoría, abrigo y solidaridad a los migrantes en tránsito, pese a las adversidades de las declaraciones de los Estados Unidos.

Por eso hay que decirlo fuerte y claro: “Estamos haciendo lo correcto”.

El mensaje que queremos enviar a nuestros hermanos de Centroamérica, es que en el marco de la legalidad, tienen en México una nación que los protege y procura en su tránsito por nuestro territorio.

Por nuestra parte, los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde trabajaremos para que fluya el diálogo entre los países de origen y destino de esta caravana de migrantes, y velaremos para que sean tratados de la mano con los derechos humanos y por una perspectiva humanitaria.

Asimismo, estaremos vigilantes para que en todo momento la política migratoria de México continúe en la línea de ser segura, regular y ordenada.

México siempre ha brillado por su política internacional.

Respaldemos a nuestras autoridades para lograr ser un ejemplo mundial sobre este lastimoso tema que impacta a muchas latitudes.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gabriela Benavides.

Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Mexicanas y mexicanos y hermanos centroamericanos:

“Cuando México envía a su gente, no está mandando a los mejores, está mandando gente con muchos problemas, y van a traer esos problemas con ellos, traen drogas, traen crimen, son violadores, y algunos, asumo, son buenas personas”.

Con estas palabras racistas y de rechazo a los extranjeros, el entonces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba al mundo su intención de contender por la Presidencia de la República del país vecino del norte. Para complementar su postura, ya radical, manifestaba su intención de construir un muro en la frontera con México.

En sus mítines de campaña, sus simpatizantes gritaban, al unísono: “Que México sería quien pagaría el muro”.

El pasado viernes, ante las agresiones que sufrió la caravana migrante por parte de la Policía Federal mexicana, podemos aseverar lo siguiente: “Señor Trump, México sí pagó por el muro. En México, el muro somos nosotros”.

Derivado de esto, las redes sociales se inundaron de comentarios sumidos en odio, dirigidos en contra de nuestros hermanos centroamericanos.

Desde el Senado de la República, el Partido del Trabajo condena enérgicamente estas conductas intolerables que no tienen cabida en un estado social y democrático de derecho.

Que quede claro, la xenofobia no encontrará terreno fértil en nuestro país.

La migración no se da por deseo o voluntad propia, sino porque las condiciones económicas, políticas y sociales orillan a las familias centroamericanas a dejarlo todo y a arriesgar la propia vida.

Hoy vivimos el fracaso del modelo neoliberal, pues ante el saqueo de los países en vías de desarrollo, sus habitantes viven en condiciones de marginación. Esto desestabiliza a los gobiernos, genera violencia y destruye el tejido social, por lo que las personas se ven obligadas a salir de su país, no solamente en busca de un mejor futuro, sino principalmente para sobrevivir.

Para terminar con la migración irregular, primero se deben atender sus causas estructurales, se debe encontrar una solución a la crisis que se vive en Honduras.

Exhorto al gobierno mexicano para que en ejercicio de nuestra soberanía, abdiquemos de ser la policía fronteriza de los Estados Unidos de América.

Asimismo, invito a todos los mexicanos, incluyendo a las instituciones de gobierno, a cumplir lo estipulado en el artículo 1o. constitucional, a respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos de los hermanos centroamericanos que se encuentran en territorio nacional.

Recordemos que las leyes migratorias no están por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los derechos humanos, la migración es un derecho.

Las imágenes del pasado viernes nos hacen ver que las autoridades mexicanas actuaron basadas en el prejuicio so pretexto de defender la soberanía nacional. Es ridículo pensar que 4 mil migrantes ponen en riesgo nuestras instituciones o nuestra soberanía.

¿Dónde quedó nuestra solidaridad, nuestra humanidad y, sobre todo, nuestra congruencia?

Conciudadanos, es momento de hacer valer las convenciones internacionales en la materia e invitar a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a observar la situación.

A nuestras hermanas y hermanos migrantes, México es y seguirá siendo un país de puertas abiertas.

Y que no quede duda que la migración ha enriquecido a esta gran nación, cimentando las ideologías y pensamientos que nos fortalecen mediante la diversidad y la pluralidad.

Invito a que rindamos un homenaje a todos aquellos migrantes que han contribuido en el desarrollo de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Joel Padilla.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Señoras y señores. Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

La difícil situación que vive Centroamérica, es una de las crisis humanitarias más relevantes que hemos tenido en décadas en este lado del hemisferio. La caravana de migrantes es un claro reflejo de esta crisis.

Más de 7 mil personas que enfrentaban la violencia, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades, que vivían en un país que les arrebataba sus sueños, tuvieron que salir en búsqueda de una vida digna. Decidieron ir rumbo a Estados Unidos, no para conquistar el sueño americano, sino para salir de la pesadilla que enfrentan en su país. Y este éxodo requiere de toda nuestra atención.

¿Ustedes se imaginan lo que tiene que mover a una persona para hacer esto? Se han preguntado ¿qué cosas tienen que vivir los seres humanos para decidir abandonar el lugar donde está su hogar, sus raíces, su historia, su familia, dejar a los seres que aman?

Las mujeres, los niños, las personas que forman parte de esta caravana no abandonan su país porque quieren, se van porque en su país no pudieron encontrar las condiciones mínimas para tener una vida digna.

Y esa caravana, que está formada una tercera parte por niños y niñas, otra por mujeres, y otra tercera parte por hombres, ya tocó nuestra tierra y comenzó su trayecto por México.

En este Pleno advertimos su llegada, pedimos que fuera tratado de urgente resolución para estar preparados para recibirlos, y lamentablemente este Senado decidió que no era un tema importante, y perdimos la oportunidad de fijar una postura firme al respecto, pero no sólo fuimos nosotros, también lo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde sus medidas cautelares fueron totalmente ignoradas por el gobierno federal.

Pero miren, yo no estoy aquí para hablar de lo que ya pasó, sino de lo que estamos viviendo y lo que tenemos qué hacer para hacerle frente a esta situación. Y para saberlo es que decidí ir a Chiapas, a la frontera, a unirme con la caravana de migrantes este fin de semana.

Y les puedo decir que kilómetro a kilómetro, abajo del sol a plomo, vi a miles de mujeres, como muchas de nosotras, a niños, hombres que cargaban en sus brazos a sus bebés recién nacidos, llenos de historias que se necesitaría tener un corazón de acero para no entender lo difícil que es para ellos tomar esa decisión.

También me encontré con el dolor que implica atravesar a México con la incertidumbre de qué va a pasar en su vida. Lo que sí tienen claro es que ya no quieren seguir viviendo lo que se encontraba en su país.

Y también me encontré con algo muy grato, con un México solidario, con decenas de mujeres a pie de carretera sacando todo lo que tenían para que los migrantes tuvieran un vaso con agua o algo qué comer. Ese México que nos hace sentir orgullosos.

Pero también al llegar a Chiapas me encontré una gran desarticulación por parte del gobierno. Sí había una Comisión Nacional de los Derechos Humanos haciendo su trabajo; un Instituto Nacional de Migración totalmente rebasado; una ausencia total del DIF, tanto federal como estatal, cuando es nuestra responsabilidad velar por la integridad de los niños y de las niñas migrantes. Ellos recibiendo el mismo trato que cualquier otra persona.

Por eso, hoy de verdad celebro que saquemos adelante este exhorto, celebro que nos hayamos puesto de acuerdo para poner nuestro granito de arena y hacer frente a esta situación, es decir, que pongamos nuestras herramientas desde adentro de México para atender a la comunidad migrante. Pero creo que este Senado tiene que ir un paso más allá.

¿Por qué? Porque tenemos un Presidente de los Estados Unidos que ha hecho declaraciones reprobables, y México no puede ser el muro que detenga a los migrantes, porque México no puede ser quien le haga el trabajo sucio a Estados Unidos, porque México no se puede seguir poniendo de tapete y no podemos permitir que la dignidad de nuestra soberanía sea pisoteada por el Presidente de los Estados Unidos.

Por eso también invito a que nos pronunciemos en contra de esas declaraciones, y también invito a que entendamos que esta crisis humanitaria no se va a resolver en México, que necesitamos la ayuda de organismos internacionales que lo atiendan, que intervengan la ONU, UNRWA, OEA, para que atiendan la crisis de Centroamérica y que también vean el gran problema que están generando las declaraciones de Donald Trump. Esta es una crisis humanitaria de carácter internacional.

Señoras y señores, con la aprobación de este Acuerdo probablemente vamos a dar el primer paso, que podría ser nuestra última oportunidad, de hacer lo correcto. Es una forma de hacer valer nuestra soberanía como país, de ponerle el ejemplo al mundo de que realmente somos solidarios y de cómo se trata a los migrantes.

México no puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. No le podemos estar exigiendo a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes cuando nosotros no tenemos la capacidad de brindar seguridad, trato digno y respeto a los derechos humanos de los migrantes que atraviesan por nuestro país.

Yo sólo, para terminar, quiero decirles, he recibido muchas críticas de por qué es importante que México se pronuncie, por qué es importante que el Senado se involucre, por una simple y sencilla razón, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando del profundo respeto a los derechos humanos, ninguna persona es ilegal, todos somos residentes de este planeta.

Una chiapaneca, mientras brindaba comida y agua a la caravana, me dijo algo que espero que no olvidemos: “Un río nos separa, pero todos somos humanos, todos somos hermanos”.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quisiera comenzar esta intervención a nombre del grupo parlamentario del PRI, compartiéndoles algo que me dijo una abuela de dos niños hondureños en 2014, cuando la cuestioné, ¿por qué había mandado solos a cruzar Centroamérica, México y Estados Unidos, hasta intentar llegar a la Florida, donde vivía el padre de éstos? “Cuando se pierde toda la esperanza, ya no hay nada más que perder”.

Frase estrujante que encierra la motivación de los migrantes que se sienten amenazados, perseguidos o sin esperanza.

Ser migrante implica, por antonomasia, estar en una situación de vulnerabilidad, exposición a los tratantes de personas, a los criminales, al calor, al frío, al hambre, a los riesgos físicos y emocionales del camino.

Lo primero a lo que se deben hacer acreedores los migrantes en busca de asilo, refugio o tránsito es al respeto irrestricto de sus derechos humanos, así nada más, sin adjetivos, sin regateos, a un trato digno de la condición humana, a atenciones de primera necesidad.

Fue por eso que en el año 2013, la Cancillería mexicana y el Instituto Mexicano del Seguro Social, instalaron los primeros centros de atención médica para migrantes, al principio temerosos de que ello implicara una deportación inmediata, no asistían a la clínica, pero ya que se fue corriendo la voz que eran realmente centros de atención médica, desligados de la autoridad migratoria, fueron llegando, principalmente niños con fracturas y heridas, niñas y mujeres que habían sido ultrajadas en el camino.

Estos centros básicos siguen funcionando, pero deben ser reforzados, el derecho a la salud sin nacionalidad o condición migratoria de por medio.

También los gobiernos federal y estatal, han estado realizando alianzas con organismos de la sociedad civil, principalmente religiosas, para la atención de los migrantes en tránsito, se ha fortalecido, de por sí, las rebasadas instalaciones y capacidades de los centros y albergues del Instituto Nacional de Migración y del DIF, pero ante una crisis migratoria nada alcanza, nada es suficiente, no alcanzó cuando enfrentamos la crisis de menores migrantes no acompañados y no está alcanzando frente a la caravana migrante compuesta en su gran mayoría de hermanos hondureños.

Los espacios, recursos económicos, como señalaba el Senador Mancera, y capacidades humanas, no están habilitados para recibir flujos masivos de migrantes.

Esa es la diferencia del día con día en donde usualmente cruzan la frontera 300 migrantes del Triángulo Norte, frente a una coyuntura especial como la que enfrentamos hoy día en donde ese número se eleva por miles.

Las migraciones masivas responden casi siempre a factores específicos, guerras, hambrunas, desastres naturales o movimientos concertados. La caravana migrante es, como todas estas movilizaciones, un fenómeno complejo y multidimensional. Las autoridades de Honduras han destacado que se trata de un movimiento orquestado por organizadores que responden a distintos intereses, ello ha sido corroborado por distintos medios de comunicación que siguen la marcha.

Sea cual sea su razón de coyuntura, a México le corresponde actuar de manera solidaria, responsable, con apego a derecho internacional y nacional, incitando el orden, la paz y el diálogo frente a irrupciones violentas que atenten contra nuestras fronteras y nuestras autoridades.

Respeto irrestricto a los derechos humanos, conmiseración con la tragedia humana.

La respuesta debe ser expedita, sensible y estratégica, se debe dar atención de primera necesidad del orden médico y humanitario, realizar un levantamiento de datos de los migrantes para contar con nombres, edades y nacionalidades, recibir y procesar solicitudes de refugio y asilo, contactar a las autoridades consulares de los países de origen. Esto requiere de recursos para una estrategia amplia y minuciosa que necesita mucha coordinación entre distintas autoridades federales, estatales y municipales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Al mismo tiempo, México debe continuar su histórica labor de cooperación para el desarrollo en Centroamérica, para coadyuvar a resolver las causas de fondo de estos movimientos migratorios.

Con recursos mexicanos se han construido puentes, carreteras, hospitales, mercados comunitarios e incluso líneas de interconexión eléctrica para cambiar la matriz de desarrollo de nuestros vecinos y hermanos centroamericanos.

Se ha hecho mucho, pero aún hace falta mucho más por hacer, tres pilares son esenciales: solidaridad absoluta con los migrantes y sus familias, ejercer plenamente y sin presiones nuestras decisiones soberanas y continuar la cooperación internacional que tanto dignifica a la política exterior de nuestro país y a las y los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señor Presidente.

Las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional condenamos el uso de la fuerza pública por parte del gobierno de México ante la llegada de la caravana de migrantes de países de Centroamérica, principalmente de Honduras, y expresamos nuestra solidaridad para quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares en busca de un futuro de paz y mejores oportunidades para ellos y sus familias.

La Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes mexicanas protegen los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y prohíben su criminalización, por ello reprobamos la respuesta del gobierno que ha decidido enviar a la Policía Federal y lanzar gases lacrimógenos a las personas que integran la caravana.

Hacemos un extrañamiento a las autoridades federales por la mala planeación y la falta de logística para el recibimiento y la atención de los migrantes, cuando hubo muchos días entre el inicio de esa movilización bajo intensa cobertura de los medios y su arribo a nuestro territorio nacional.

No es con policías como se debe de hacer diplomacia, es con diálogo permanente y con acciones coordinadas con nuestros países vecinos de Centroamérica y con autoridades locales.
Preocupa la ausencia del gobierno para dar ayuda humanitaria a los miles de personas y familias que vienen en la caravana y a las que siguen internándose en territorio chiapaneco.

Todos ellos y ellas requieren de medidas de seguridad, de atención en materia de salud, de alimentos y de cuidado, especialmente para los menores de edad.

Pedimos a las autoridades federales que amplíen de manera urgente e inmediata las medidas para ofrecer la ayuda humanitaria necesaria.

La Senadora Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, ha señalado, que es necesario que haya especial atención a las niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente, por razones de violencia y de pobreza son parte de esta caravana migrante.

Activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido un considerable aumento en el número de niños deshidratados y con problemas estomacales debido a los alimentos que han consumido durante el trayecto.

De los más de 7 mil migrantes que integran la caravana, aproximadamente más de 2 mil son niños y niñas que están en riesgo, incluso, de morir si no se implementa un esquema sanitario y de salud ante las adversas condiciones.

Vivimos una crisis humanitaria en la frontera sur de México, exigimos que se respeten los derechos humanos de los migrantes, que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Migración y con la normatividad sobre el asilo, refugio y protección complementaria en México.

Nuestro país tiene una larga tradición humanitaria y la obligación indeclinable en cuanto a la defensa de los derechos humanos, la solidaridad internacional y la hospitalidad.

El gobierno federal debe agilizar la entrega de visas humanitarias temporales o permanentes a nuestros hermanos centroamericanos, en la caravana, con fundamento en lo establecido en nuestras leyes y promoviendo una migración ordenada, legal y, por supuesto, segura.

Con base en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, México debe reconocer la calidad de refugiados a las personas que han tenido que escapar de sus países de origen para defender su vida, su seguridad, su libertad, o han sido amenazados por violaciones a sus derechos humanos, tal y como ocurrió en la década de 1930, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas dio refugio a miles de europeos, especialmente españoles, en México.

Exhortamos al gobierno federal a ser congruentes con la política migratoria, que respete la dignidad de los migrantes y que refleje los valores y los principios democráticos que en consenso los mexicanos hemos construido durante las últimas décadas.

También hacemos un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que continúe vigilando el proceso de ingreso de los centroamericanos a nuestro territorio, especialmente de aquellos con mayor vulnerabilidad, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Conapred, para iniciar una campaña para evitar la polarización social que generan el racismo y las actitudes xenofóbicas, que lamentablemente, todavía se expresan en nuestro país.

Las Senadoras y Senadores del PAN exhortamos al gobierno de la República, para que atienda cabal y puntualmente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

México debe evitar actos de criminalización o de revictimización contra quienes de por sí huyen de la inseguridad y la violencia en sus países de origen.

Al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 1 de diciembre, lo conminamos a generar protocolos de actuación que prevean y atiendan, con pleno respeto, los derechos humanos ante el arribo, no improbable, de futuras caravanas migrantes, que buscando llegar a Estados Unidos cruzan el territorio nacional.

Desde el grupo parlamentario del PAN exhortamos a los gobiernos saliente y entrante a crear un grupo especial de trabajo regional y a dar una adecuada coordinación entre ellos para un proceso de transición viable.

México debe ser ante el mundo referente de eficiencia y eficacia con pleno respeto a la dignidad humana, a los derechos esenciales y a la solidaridad que exigimos para nuestros connacionales en otras tierras.

México tiene una obligación moral, ética y legal para respetar los derechos humanos de los migrantes extranjeros, independientemente de su condición, vengan de donde vengan, y debe poner especial atención a los grupos de personas con vulnerabilidad.

Al gobierno mexicano le decimos: “la soberanía, la independencia y la libre determinación de nuestra nación, no están sujetas a discusión ni a negociación con los Estados Unidos ni con ningún otro país”.

Hoy el mundo migra, compañeras y compañeros, y México no debe sustraerse de esa realidad, por ello debemos dar a nuestros hermanos centroamericanos lo que pedimos para los mexicanos que están en Estados Unidos, respeto a sus derechos humanos.

Todos somos migrantes, se ha hecho resonar en las redes sociales con ese hashtag, “todos somos migrantes”.

Por humanidad, por solidaridad, por dignidad de la persona humana, hoy, en este Senado mexicano, levantamos la voz y decimos: “hermanos todos, humanos todos”.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Kenia López.

Se concede el uso de la palabra, para culminar la ronda de intervenciones, al Senador Héctor Vasconcelos, del grupo parlamentario del Partido Morena.

El Senador Héctor Vasconcelos: Señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El grupo parlamentario de Morena sostiene firmemente que la migración es un tema que se debe abordar desde una perspectiva humanitaria y, sobre todo, atendiendo a sus causas económicas y sociales.

Por ello, para enfrentar con eficacia la migración indocumentada y la trata de personas, es indispensable promover una migración segura, ordenada y regular.

Creemos que uno de los ejes de acción más importantes es atender las causas que originan la migración, por eso creemos que debemos impulsar el desarrollo en la región y el bienestar de las familias e incentivar a las personas a permanecer en sus comunidades de origen.

Para este fin, Morena ha respaldado el proyecto expresado por nuestro Presidente Electo, consistente en proponer una política pública para el desarrollo de   Centroamérica.

Para ello se ha trabajado con los gobiernos del Triángulo Norte y se ha dialogado también con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica.

En ese sentido, es esencial que en México exista un respeto irrestricto por los derechos humanos de los migrantes.

Para ello respaldamos reconocer el carácter de refugiados de aquellos integrantes de la caravana migrante que se encuentren en alguna de las condiciones reconocidas por la Convención relativa al estatus de los refugiados.

Es fundamental la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y además buscaremos un programa de visas de trabajo en México para ofrecer oportunidades a los migrantes que escapan de la violencia u otras condiciones que ponen en riesgo su seguridad.

México requiere del apoyo de todos los que compartan esta visión, por lo que se buscarán aliados internacionales para este fin.

En tal sentido, la CEPAL también ha aportado una propuesta de nueva estrategia migratoria entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica.

Por otra parte, nuestro grupo parlamentario analizará otras opciones de política interna, como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Hacemos un exhorto tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo de Estados Unidos, para que eviten politizar el tema de la caravana migrante, en el contexto de sus próximas elecciones legislativas intermedias.

Una cuestión tan fundamental para la relación bilateral no debe ser utilizada para tratar de incrementar la votación en favor de uno de los partidos en contienda.

Quisiéramos también hacer un señalamiento, en el sentido de que la caravana migrante no tendría lugar si no existieran las condiciones de inseguridad extrema y marginación que prevalecen en el llamado Triángulo del Norte, y si no se hubieran implementado en esos países y a lo largo de muchos años políticas neoliberales, elitistas y de nula sensibilidad social.

Hacemos un exhorto a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, para que trabajen en la eliminación de esos flagelos, lo que constituiría la única solución de fondo a este drama humano.

Apoyamos el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, pero exigimos al actual gobierno, que sostenga su responsabilidad en la defensa irrestricta a nuestra soberanía en medio de esta crisis que enfrentamos.

Gracia, señor Presidente del Senado.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Héctor Vasconcelos.

Una vez agotadas las intervenciones sobre el tema de la situación migratoria en la frontera sur del país, daremos trámite al Acuerdo que remitió la Junta de Coordinación Política. El Acuerdo ya fue leído y lo conocieron a través de la consulta, en sus escaños.

A lo largo de la discusión se ha propuesto, por parte de uno de los oradores, el Senador Miguel Ángel Mancera, una adición que dice lo siguiente:



Sería un punto octavo.

En virtud de que los integrantes de la Junta de Coordinación Política están de acuerdo con esta adición, solicito a la Secretaría vote, en un solo acto, el documento que se leyó y la adición propuesta por el Senador Miguel Ángel Mancera.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo con la modificación aceptada del Senador Mancera. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo en relación con la situación migratoria en la frontera sur del país. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Madero.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Señor Presidente, una respetuosa propuesta.

Este tema, me congratulo de esta unanimidad y de este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Y la propuesta es la integración de una representación del Senado que le dé seguimiento a estos Acuerdos y que también acompañe en algún momento a la caravana, para ver cuáles son los temas en que se les puede apoyar.

La sugerencia parte en el tema de que esto es un tema que apenas inicia, que no se va a acabar el día de mañana y que el Senado debe de estar preparado para darle seguimiento más permanente a este tema, señor Presidente.

Con todo respeto. Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Madero Muñoz.

En virtud de que el Acuerdo ha sido discutido y votado, las sugerencias que se están haciendo aquí se recogerán para la discusión en los órganos de gobierno, tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva del Senado.

Muchas gracias.






PROTESTA DE LEY

Honorable Asamblea: En nuestra sesión del pasado jueves 18 de octubre, aprobamos el nombramiento del licenciado Andrés Lozano Lozano, como Contralor Interno de la Cámara de Senadores, por lo que este día rendirá la protesta correspondiente.

(Se cumple)

Para dar cumplimiento a la protesta que exige el artículo 128 constitucional, solicito al personal de apoyo invite a pasar a este salón de sesiones al ciudadano Andrés Lozano Lozano.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ciudadano Andrés Lozano Lozano: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor Interno de la Cámara de Senadores que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Andrés Lozano Lozano: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Contralor!

Le solicito se incorpore de inmediato a las funciones propias de su encargo.






En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Sasil De León Villard, para presentar a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de las comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Esta iniciativa que presentaré en este momento es a nombre del Coordinador Ricardo Monreal y de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, y del mio propio.

De conformidad con la naturaleza dinámica de la sociedad mexicana que deriva en cambios políticos y sociales, la integración del Congreso de la Unión está en constante transformación, lo que hace necesaria la actualización periódica de sus normas y procesos para poder cumplir eficientemente con las tareas que les son encomendadas.

En el caso del Senado de la República, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se establecen las comisiones ordinarias como organización interna de trabajo legislativo. Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Cámara de Senadores para aumentar o disminuir el número de comisiones, según lo considere conveniente, o lo exija la atención necesaria de los asuntos.

Con fundamento en lo anterior, el 25 de septiembre de 2018 el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante esta LXIV Legislatura, en el que se dispuso la conformación de 46 comisiones ordinarias.

En comparación con la anterior Legislatura, la LXIII, significó una reducción de 18 comisiones ordinarias, en virtud de las medidas de austeridad republicana y el principio de economía procesal parlamentaria que la LXIV Legislatura acordó instrumentar. Si bien la constitución de las comisiones ordinarias es una de las primeras acciones que en las Cámaras al iniciar los trabajos de una nueva Legislatura deben instrumentar para poder ejercer sus facultades y atribuciones a cabalidad, también lo es la integración de dichas comisiones.

La normativa vigente es clara al señalar que la designación de las leyes y los integrantes de cada comisión legislativa, además de considerarse la pluralidad representada de la Cámara y la proporcionalidad del Pleno, ninguna de ellas deberá tener más de 15 integrantes.

Las comisiones ordinarias realizan un trabajo técnico de suma importancia, porque está estrechamente relacionada con la forma de organización del Poder Legislativo para dar cumplimiento a la función legislativa y su origen y su evolución, han obedecido a la necesidad histórica de distribuir el trabajo que implica atender puntualmente todos los asuntos de los que se ocupa la Cámara, de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales.

Considerando que la actual Legislatura redujo el número de comisiones ordinarias, de 64 a 46 respecto a la anterior Legislatura, es de esperar que la carga de trabajo a la que se encuentran sometidas las comisiones de la presente sea mucho mayor.

Se debe hacer notar que el rezago legislativo que presentaba esta Cámara tan sólo para la LXIII Legislatura, fue de mil 373 iniciativas, lo que motivó un Acuerdo de la Mesa Directiva, en abril pasado, donde se despachaban 795 de estos asuntos, y 676 de la LXII Legislatura. Esta acción dejó en comisiones un nuevo total de 620 iniciativas pendientes de dictamen para el periodo que inició el 1 de septiembre.

Derivado de lo anterior, podría inferirse que ante la reducción del número de comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura, y la mayor carga de trabajo a la que éstas se someterán, se presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo que en legislaturas pasadas.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la capacidad de dictaminación y de desahogo de los trabajos que sean turnados a comisiones.

Para ello proponemos una modificación que busca eliminar la limitante del numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y sustituirla por una disposición que permita flexibilidad para la integración de las comisiones, como respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de estas Cámaras con el fin de poder cumplir eficientemente con las tareas que como Senadores y Senadoras de la República nos son encomendadas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sasil De León. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda






Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo: Gracias.

Con el permiso de la Presidencia, hago uso de esta tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa, con aval del grupo, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, para establecer la inhabilitación definitiva o la muerte civil por actos de corrupción.

La corrupción en el país es algo que como legisladores nos debe de preocupar, pero más que preocuparnos, nos debe de ocupar.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, del año 2017, realizado por Transparencia Internacional, nuestro país está calificado en una escala de 0 a 100, con 29 puntos; donde 0 es altamente corrupto, y 100 es muy limpio.

Posicionándolo en el número 135 de 180 junto con países como Honduras, Paraguay y Rusia; los supuestos avances que se han dado en materia de combate a la corrupción en nuestro país, no existen.

La mejor calificación que tuvo México desde el año 2012 en el Índice de Transparencia Internacional, fue con 35 puntos en el año 2014.

A partir de ahí hemos descendido hasta llegar a la actual calificación de 29 puntos.

Sin duda, el gobierno federal en turno hizo casi nada para sacarnos de esa posición, o más bien, trabajaron duro para mantenernos en la parte final de la tabla.

En México, 4 de cada 10 mexicanos han pagado un soborno para tener acceso a la educación, a la salud, a los trámites de documentos, y también igual a los servicios públicos.

Esas cifras no son propias de un país que se jacta democrático, muchas de las instancias públicas se encuentran envueltas por la corrupción, por el mal uso, precisamente y, sobre todo, de malos funcionarios. Pero que no sólo afecta precisamente la corrupción, sino que también afecta la vida administrativa pública.

También la impunidad que cobija a estos personajes que se trasladan de una dependencia a otra beneficiando únicamente su patrimonio y el de sus familias y amistades más cercanos, sin ninguna consecuencia.

En algunos casos se inhabilita temporalmente a servidores de menor rango, creyendo que con esto es suficiente.

La corrupción menoscaba la capacidad de los gobiernos para proporcionar a los ciudadanos recursos y servicios básicos, por ello, es de que el sistema de responsabilidad administrativa debe de proveer la muerte civil para los servidores públicos y particulares que estén involucrados en actos de corrupción.

Los efectos de la muerte civil para los servidores públicos o particulares que cometan faltas administrativas graves o delitos en materia de corrupción, será no volver a tener ningún puesto público en toda su vida, y no participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en definitiva, tanto para los servidores públicos y, por supuesto, también para los empresarios que cometan actos de corrupción.

Esto se logrará contemplando la sanción de inhabilitación definitiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal, diferenciándola de la inhabilitación temporal. Por ello se propone eliminar el supuesto de inhabilitación temporal de 10 a 20 años, cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave exceda las 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suplirlo por la sanción de inhabilitación definitiva.

Especialistas mencionan que la corrupción podría costar el 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional cerrando en una cifra de 900 mil millones de pesos.

Adicional a esto, recordemos el caso del hermano de un ex presidente, que amasó una fortuna de 120 millones de dólares, resultando en actos de corrupción; cantidad, que según lo estimado por el Banco Mundial, bastaría costear a valores actuales, actual per cápita, los servicios que atienden a más 594 ciudadanos mexicanos durante un año.

Es verdad que la corrupción es un mal que afecta a todos los sectores del gobierno y a muchos de la sociedad, sin embargo, las instituciones no son corruptas, sino a sí mismo por los servidores públicos, sí, ser generales, lo que lleva a cabo las malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, y que deriva en actos de corrupción que afecta el patrimonio de las dependencias, en muchos casos, que trasgrede en violaciones de los derechos humanos de las personas.

En esas medidas, en materia de combate a la corrupción, traía aparejado consecuencias en beneficios en materia del crecimiento económico. Los países que combaten la corrupción y que afianzan el imperio de la ley, podrían aumentar sus ingresos nacionales en un 400 por ciento.

Por ello, es que nuestro ordenamiento jurídico debe contemplar la muerte civil para los servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en actos de corrupción y así depurar las instancias de las personas que afectan, por supuesto, el ejercicio de la función administrativa y, por tanto, lograr poco a poco una mayor eficacia en el goce los derechos humanos esenciales que deba ser garante de los Estados democráticos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO  QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA ESTABLECER LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA O “MUERTE CIVIL” POR ACTOS DE CORRUPCIÓN. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el último sexenio, nuestro país ha padecido una generación de gobernantes que carece por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad.

Hoy el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.

Las y los Senadores del Partido Acción Nacional no vemos el futuro de México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país.

Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial.

La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo mismo ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica como resultado de la corrupción.

La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse, producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica.

Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones delictivas proliferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un clima generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los mexicanos.

Entrando en materia de nuestra propuesta, la inhabilitación es la sanción por medio de la cual, previa determinación de la autoridad facultada para ello, se incapacita a una persona física o moral para ejercer un cargo, profesión o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

De acuerdo con el marco jurídico vigente en México, la inhabilitación únicamente es temporal.

El objetivo de la presente iniciativa es instituir la "muerte civil" o inhabilitación definitiva a servidores públicos, particulares: personas físicas y morales que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en lo sucesivo: la Ley) los Servidores Públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

El artículo 24 de la misma Ley establece que las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 66 a 72 de la Ley, los particulares pueden incurrir en las siguientes faltas administrativas graves: soborno; participación ilícita en procedimientos administrativos; tráfico de influencias para inducir a la autoridad; utilización de información falsa; obstrucción de facultades de investigación; colusión; uso indebido de recursos públicos; y, contratación indebida de ex Servidores Públicos.

De lo anterior se advierte que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sea como personas morales o personas físicas, deben desempeñar su función o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas con el gobierno, observando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En caso de no hacerlo, tanto servidores públicos como particulares se harán acreedores a sanciones.

A continuación explicamos el contenido de nuestra propuesta:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 78

Proponemos incorporar en la fracción V, la inhabilitación definitiva como una sanción administrativa que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves.

Proponemos adicionar en el mismo artículo el supuesto para la procedencia de la inhabilitación definitiva. Este se actualizará sí el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 81

Proponemos establecer como sanción administrativa que deberá imponerse a particulares -personas físicas y morales- por la comisión de faltas administrativas graves: la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Artículo 84

Imponer como sanción por faltas administrativas graves y faltas de particulares, la inhabilitación definitiva.

Artículo 89

Proponemos que para la aplicación del beneficio para la reducción del monto de las sanciones que se impongan al responsable, por Faltas de particulares, tratándose de la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la aplicación del benefició será entre el treinta y cincuenta por ciento; en contraste con el cincuenta y el setenta por ciento para el caso de inhabilitación temporal establecido en la Ley vigente.

Artículos 110 Bis y 110 Ter

Proponemos la adición de un Capítulo V al Título Primero, del Libro Segundo, denominado del “Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados” que contiene los artículos 110 Bis y 110 Ter.

En nuestra propuesta facultamos a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas, para implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares, que han sido sancionados y/o inhabilitados de forma temporal o definitiva. Nuestra intención es que esos servidores públicos o particulares efectivamente ya no puedan seguir cometiendo actos de corrupción en otro nivel de gobierno del que fueron excluidos.

Consideramos que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser una base de datos incorporada a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la Plataforma es la herramienta de integración, consulta e interconexión de datos, que atiende la necesidad de integrar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios; con el fin de combatir la corrupción mediante la interoperabilidad.

Código Penal Federal

Artículo 212

Proponemos establecer que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite a de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

A continuación presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta:

Texto Vigente

Texto Iniciativa

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

 

 

 

 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Artículo 78. (…)

 

 

I a IV. (…)

 

 

 

 

 

 

 

V. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

(…)

 

 

(…)

 

En caso de que se determine la inhabilitación temporal, y no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, la sanción a imponer será de tres meses a un año de inhabilitación. Dicha sanción será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en:
I. Tratándose de personas físicas:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años;

c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

 

 

II. Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ley.

 

 

 

 

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares.

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los denuncien.

Artículo 81. (…)

 

 

I. (…)

a) y b) (…)

 

 

 

 

 

 

 

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

d)         Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

II. Tratándose de personas morales:

a) y b) (...)

 

 

 

 

 

 

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

 

 

 

d) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

e) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;

f) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

(...)

Las sanciones previstas en los incisos d) y e) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

(...)

 

 

(...)

 

 

 

 

 

(...)

Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares, se observarán las siguientes reglas:

I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del Ente público correspondiente;

II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad competente de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 84. (…)

 

 

I. (...)

 

 

II. La inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

III. (...)

Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa;

II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la cometió;

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa, y

IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

 

 

 

 

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras correspondientes.

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.

Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda.

Artículo 89. (…)

 

 

 

 

 

 

I. (...)

 

 

II. (...)

 

 

 

 

III. (...)

 

 

 

IV. (...)

 

 

Tratándose de la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares, la aplicación del benefició será entre el treinta y cincuenta por ciento.

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras correspondientes.

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.

Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda.

 

Libro Segundo

Título Primero

Capítulo V

Del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

Artículo 110 Bis.- La Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas, implementarán el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, con el objetivo de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares, ya sean personas físicas o morales, que han sido sancionados y/o inhabilitados, de forma temporal o definitivamente, para evitar que puedan evadir la sanción que les fue impuesta y sean contratados en otro nivel de gobierno o participen en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública.

Artículo 110 Ter.-  El Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, será una base de datos que estará incorporada a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

 

 

 

 

 

 

 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

Artículo 212.- (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)

 

 

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

 

Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la inhabilitación será por un plazo de uno hasta diez años.

La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite señalado en el párrafo anterior.

I y II. (…)

 

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I a IV. (...)

 

 

 

 

 

(…)

 

(…)

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA: el cuarto párrafo del artículo 78; la fracción II del artículo 84; Se ADICIONA: la fracción V; y, un quinto párrafo al artículo 78; un inciso c) a la fracción I, recorriéndose en su orden el actual inciso c) para en lo sucesivo ser d); un inciso c) a la fracción II, recorriéndose en su orden los actuales incisos c) a e) para en lo sucesivo ser d) a f); un segundo párrafo al artículo 89, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero a octavo, para en lo sucesivo ser cuarto a noveno;  el Capítulo V, al Título Primero del Libro Segundo, denominado “Del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados” que contiene los artículos 110 Bis y 110 Ter; todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue: 

“Artículo 78. (…)

I a IV. (…)

V. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

(…)

(…)

En caso de que se determine la inhabilitación temporal, y no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, la sanción a imponer será de tres meses a un año de inhabilitación. Dicha sanción será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

“Artículo 81. (…)

I. (…)

a) y b) (…)

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

d) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

II. Tratándose de personas morales:

a) y b) (...)

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

d) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

e) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;

f) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

(...)

Las sanciones previstas en los incisos d) y e) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

(...)

(...)

(...)

“Artículo 84. (…)

I. (...)

II. La inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

III. (...)

“Artículo 89. (…)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV. (...)

“Tratándose de la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares, la aplicación del benefició será entre el treinta y cincuenta por ciento.

“Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.

“En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

“El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades Investigadoras correspondientes.

“El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.

“Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda.

Libro Segundo
Título Primero
Capítulo V

Del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

“Artículo 110 Bis.- La Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas, implementarán el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, con el objetivo de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares, ya sean personas físicas o morales, que han sido sancionados y/o inhabilitados, de forma temporal o definitivamente, para evitar que puedan evadir la sanción que les fue impuesta y sean contratados en otro nivel de gobierno o participen en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública.

“Artículo 110 Ter.-  El Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, será una base de datos que estará incorporada a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN: el tercer y sexto párrafos. Se ADICIONAN: los párrafos cuarto y quinto, recorriéndose en su orden los actuales párrafos cuarto a séptimo, para en los sucesivo ser quinto a octavo; todos del artículo 212 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 212.- (…)

(…)

“De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

“Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la inhabilitación será por un plazo de uno hasta diez años.

“La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite señalado en el párrafo   anterior.

I y II. (…)

(…)

“Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I a IV. (...)

(…)

(…)

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de octubre de 2018.

Atentamente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Martín del Campo. Turnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cuotas de recuperación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente.

Le voy a agradecer tenga la amabilidad de registrar íntegra la iniciativa que estamos presentado en este momento.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Por supuesto.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muchas gracias.

Quiero felicitar a las médicas, a los médicos, Senadoras, Senadores aquí presentes, especialmente a las doctoras, a los doctores que todos los días salvan miles y miles de vidas, a todas ellas, a todos ellos muchas felicidades en su día y muchas gracias por hacer el bien a la humanidad.

Hoy quiero también hacer un homenaje, un reconocimiento a todas aquellas guerreras que le han dado la batalla y le han ganado la batalla al cáncer. A todas ellas, no tenemos más que palabras de admiración, de reconocimiento.

Sus testimonios son ejemplo de fuerza, de valentía que nos motivan a actuar desde nuestras trincheras, y en este caso desde el Senado de la República.

También nuestro reconocimiento y cariño a aquellas personas, a sus familiares que no pudieron ganarle la batalla al cáncer.

El combate al cáncer de mama no puede seguir viéndose como una lucha individual de las mujeres. No, debemos todos darle la batalla unidos, cerrando filas, cada quien haciendo la parte que nos corresponde.

Quiero reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno de la República, la Secretaría de Salud a través de diferentes acciones para prevenir, para sanar, para curar el cáncer en sus diferentes modalidades a través del IMSS, a través del ISSSTE, a través del Sector Salud federal, a través de las diferentes instituciones.

Reconocer las diferentes caravanas de salud que han llegado a regiones diversas del país a través del IMSS Prospera, a través del Seguro Popular, pero, como siempre, falta mucho por hacer.

Ha habido un gran esfuerzo, pero falta mucho por hacer, hay que reconocerlo. Por eso es que hoy tenemos un gran reto: eliminar todos los obstáculos para que las mujeres mexicanas tengan la posibilidad y la confianza de acercarse a cualquier institución de salud, y así contar con un diagnóstico a tiempo.

Es por ello, que en nombre de mi compañera Sylvana Beltrones, y de todo el grupo parlamentario del PRI, que sometemos a su consideración una reforma, una adición a la Ley General de Salud, a su artículo número 36, que se resume en dos temas muy específicos y muy concretos.

El objetivo, primero, es que se hagan los exámenes, se apliquen los exámenes gratuitos, se hagan los estudios de gabinete o de laboratorio que permitan la detección de cáncer de mama y cervicouterino, así como su interpretación médica y diagnóstico.

Y segundo objetivo, es que estos exámenes y estudios puedan realizarse en cualquier unidad del Sector Salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE, el Sector Salud federal, estatal, algunos otros municipales que cuenten con el equipamiento necesario, sin importar que la persona esté afiliada o no a alguna institución.

Llega a pasar que alguna mujer sí tiene seguridad social, por ejemplo, tiene ISSSTE, pero el ISSSTE, su hospital más cercano le queda a dos horas, y la institución de salud más cercana puede ser el IMSS, pues, que tenga la libertad de ir a esta institución, que se hagan los exámenes correspondientes y se detecte, en su caso, a tiempo, y ya después las instancias, las instituciones que hagan cuentas y se paguen entre sí, pero por lo pronto le damos salud y prevenimos la salud de nuestras mujeres.

Les comparto algunos datos que motivan esta iniciativa. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo. Casi 1.4 millones de casos nuevos se diagnostican anualmente.

Este padecimiento cobra la vida de casi medio de millón de personas en todo el mundo cada año.

En nuestro país, el cáncer de mama se ha convertido en una prioridad de salud público debido al incremento de su incidencia.

Anualmente, en nuestro país, se diagnostican 23 mil casos de cáncer de mama, y cada año fallecen, aproximadamente, lamentablemente seis mil mujeres.

Dicen los expertos que cuando se detecta a tiempo, hay un 90 por ciento de posibilidad que la mujer salga adelante y pueda sobrevivir. De ahí la importancia de diagnosticar a tiempo.

Las mejores formas de detección, desde luego, son la autoexploración, la exploración clínica, pero la mastografía es el método más efectivo. Pero, además, puede generar ahorros al Sistema de Salud de nuestro país.

Otro dato importante. Según el Inegi, en México habitan alrededor de 20 millones de mujeres mayores de 40 años, de las cuales apenas el 20 por ciento, apenas el 20 por ciento, por diferentes razones, se realiza una mastografía de manera regular, es decir, cada año.

Me ha tocado escuchar testimonios, seguramente a ustedes también, compañeras y compañeros Senadores, de mujeres que dicen: “No tengo dinero para hacerme el examen, y no le voy a quitar de mi gasto, a mis hijos, para aplicarme el examen correspondiente”.

Por eso, Senadoras y Senadores, con esta iniciativa podemos lograr que sean más las historias de supervivencia; no podemos poner a ninguna mujer en la disyuntiva de sostener a su familia o cuidarse a sí misma; no podemos perder una vida más, sólo porque un trámite burocrático le cerró la puerta a alguien para tener un diagnóstico oportuno que salvara su vida.

Esta iniciativa, que está a su disposición, estoy cierto que podrá salvar muchas vidas a muchas mujeres que hoy, en este momento, pueden tener cáncer, pero no lo saben porque no se ha detectado el cáncer correspondiente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Ávila Villegas.

Senadora Mónica Fernández, sonido en su escaño.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador si permite que me adhiera a su Iniciativa.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Un honor, muchas gracias.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) Gracias, Senador Ávila.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Rafael Moreno Valle. También con el mismo objeto.

Senador Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para los mismos efectos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a la iniciativa.

Senador Víctor Castro Castro, sonido en su escaño.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Castro Cosío.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, sí.

Es Imelda Castro Castro.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Yo estoy orgulloso de mi mamá, que ya murió, pero estoy orgulloso.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senador.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Quiero felicitarlo y si me permite hacerle una pregunta.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con gusto.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Lo felicito porque hace unos días apenas conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama, pero hay un problema, cuando menos en mi entidad, acerca de las zonas rurales donde no existen hospitales de primer nivel donde no pueden atender este asunto.

Por ejemplo, hay regiones que el mastógrafo está descompuesto hace meses y no lo han repuesto.

En su iniciativa va la parte de financiamiento a las instituciones públicas o solamente quedaría así como algo más de buena fe, porque tenemos ese grave problema de muchísimos planteamientos jurídicos, legales, pero no se llevan a cabo porque no hay recursos en nuestros hospitales, ¿sí lo contempla? Esa es una pregunta.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Gracias, Senador Castro por su pregunta.

Primero, esta iniciativa pretende darle el derecho a las mujeres de que puedan detectarse cáncer, en su caso, a tiempo, que creo que es lo más importante.

Tiene razón, Senador, lamentablemente muchos retos que tenemos aún en México, y yo creo que en el mundo, a veces se resuelven con recursos, pero lo importante es que primero tengan los derechos estas mujeres, que estén aseguradas estas mujeres.

Y ya veremos, acordamos con el señor Presidente de la Comisión de Salud y con los integrantes de la Comisión de Salud hace unos días de enviar algún exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, previo acuerdo de la Junta de Coordinación, a efecto de que expresemos cuáles son nuestras prioridades en materia de salud y especialmente de salud preventiva.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Les recuerdo que no está a discusión la iniciativa. En todo caso registramos las adhesiones.

Senador Castro, sonido en su escaño.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Adherirme después de preguntarle y de esta respuesta, quiero adherirme a su iniciativa si me lo permite.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Le agradezco a usted y a todos los que se han adherido, muy amables.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Josefina Vázquez Mota, sonido en su escaño.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias.

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional nos sumamos también a esta iniciativa y la acompañamos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Ana Lilia Rivera, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: (Desde su escaño) Gracias, en el mismo sentido. Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Patricia Mercado.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse. Gracias.

Senador Dante Delgado.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Gabriela Benavides, sonido en su escaño.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para adherirnos a nombre de todos los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Senador Casimiro Méndez.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a la iniciativa.

Senadora Susana Harp, sonido en su escaño.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Igualmente, señor Presidente, para sumarme a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Miguel Ángel Navarro, sonido en su escaño.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) A nombre del grupo parlamentario de Morena, también solicitar para adherirnos.

Nada más un comentario, quería proponerles que haya mayor financiamiento, mayor organización y la universalidad de los servicios de salud.

Es la discusión que habremos de dar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ya se verá en la comisión correspondiente.

Senador Miguel Ángel Mancera, sonido en su escaño.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para que el grupo parlamentario del PRD, si lo permite el Senador, se sume a su propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Eduardo Ramírez, sonido en su escaño.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa del Senador Ávila, si me lo permite acompañarlo en esta iniciativa que es muy importante para el país.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Delfina Gómez Álvarez, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Delfina Gómez Álvarez: (Desde su escaño) Sí, gracias, también para pedirle aquí al compañero me permita adherirme.

Y también quiero hacer una propuesta.

Efectivamente las mujeres requieren de esa atención, pero vamos a pensar en los que ya están viviendo esa situación de cáncer, hay gente que no tiene ni para el pasaje, que en las clínicas se les ha bajado la calidad en lo instrumental y en el equipo.

Yo creo que ahí no sé si pudiera entrar esas anotaciones, observaciones, dentro de la iniciativa, por ejemplo, en Toluca, está pasando un fenómeno en donde la gente de las diferentes comunidades no pueden o no tienen para acceder.

Yo tengo pensada una propuesta, no sé si me pueda poner de acuerdo con usted y adelantar la iniciativa, acrecentarla, porque sí es importante y es muy valiosa esa iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Les recuerdo, Senadoras y Senadores, que ya se discutirá en comisiones la iniciativa para expresar las adhesiones.

Senadora Angélica García.

La Senadora Angélica García Arrieta: (Desde su escaño) Nada más para pedirle al Senador si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí está de acuerdo.

Senadora Guadalupe Covarrubias.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: (Desde su escaño) Para adherirme a la Iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, se adhiere también la Senadora Guadalupe Covarrubias.

Senador Américo Villarreal, sonido en su escaño.

El Senador Américo Villarreal Anaya: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse, gracias.

Senadora Cecilia Sánchez.

La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a la iniciativa del Senador Eruviel Ávila.

Senadora Bertha Caraveo.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse, gracias.

Senador Aníbal Ostoa.

El Senador Aníbal Ostoa Ortega: (Desde su escaño) Para adherirme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Antonio Cruz Álvarez Lima.

El Senador Antonio Cruz Álvarez Lima: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para sumarse a la iniciativa.

Senadora Rocío Abreu.

La Senadora Rocío Abreu Artiñano: (Desde su escaño) Para sumarme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para sumarse a la iniciativa.

Senador Salomón Jara, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) Para felicitar al Senador Eruviel de este proyecto de Decreto y para solicitarle me pueda sumar a su propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Recoja, por favor, la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones a la iniciativa presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, en materia de reforma a la Ley General de Salud. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva también se suma a las felicitaciones a médicos y doctoras de todo México.






Tiene el uso de la palabra el Senador Samuel García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la “Tarifa Mensual” del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA TABLA PARA CALCULAR LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA “TARIFA MENSUAL” DEL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, vengo a relatarles la vida de un asalariado en México. Al asalariado ni pregunta, el patrón de cada quincena le retiene sin deducciones la tasa que marca el ISR, tiene que pagar hasta un 35 de ISR, 16 de IVA, si compra refresco un peso por litro, si compra galletas, chocolates, 12 u 8 por ciento de IEPS, los tres IEPS del gasolinazo, si trae celular 3 por ciento de IEPS comunicaciones, si compra casa el ISAI, si la tiene el predial, si compra carro ISAN, si no tiene tenencia, agua, gas, luz, derechos, aprovechamientos, etcétera. Esa es la vida del asalariado mexicano.

En 2014, además con una reforma hacendaria, lejos de ayudarlo le incrementaron la tasa a 35 por ciento, hoy en México las empresas tributan con el 30 y al asalariado se lo subieron a 35, no les bastó, les prohibieron las deducciones, las empresas pueden depreciar sus inversiones, pueden deducir sus gastos, pueden diferir con planeación fiscal y el asalariado nada, un 10 por ciento y me lo compruebas.

Y luego nos preguntamos por qué hay tanta informalidad, pues porque hay un sistema injusto, no se respeta el artículo 31 constitucional que exige que el sistema sea proporcional y equitativo, con los asalariados ni proporcional ni equitativo.

Yo quiero platicarles que en el doctorado hicimos un ejercicio, le pedíamos al INAI que nos diera a conocer cuánto ISR ponen los 100 más grandes de México y alegando secreto fiscal nunca nos dijeron, pero no es tan difícil determinarlo, esas empresas cotizan en bolsa, a los accionistas públicamente les dicen cuánto ingreso tuve y cuánto pague de ISR, y les aseguro, porque en 2015 así fue, no pagan ni el 2 por ciento, ni el 2, el top ten, hay unas que llevan décadas sin pagar, pero el asalariado el 35 y sin deducciones.

Por eso la iniciativa es muy sencilla y con esto cierro, vamos a regresar al esquema que estábamos en 2015, bajemos la tasa de 35 a 30 como la tenían en 2015, como la paga el empresario, denle las deducciones, déjennos deducir la colegiatura, los gastos médicos, los dentales, porque tratar como segundo al asalariado y como príncipes a los top 100.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Samuel García Sepúlveda. Turnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Félix Salgado.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Nada más era para decirle al compañero Senador que pasó, que de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, todo tema inherente a reformas tributarias, pues no corresponde a esta Cámara, sino a la Cámara de Diputados, y qué bien que usted le dé el turno a la Cámara de Diputados.

Nada más era para precisar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Senado lo discute cuando regresa ya como Cámara revisora, pero en efecto, la Cámara que tiene que ver los temas tributarios en principio es la Cámara de Diputados y así se está turnando en este caso como en otros parecidos.

Senador Samuel, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias.

Simplemente dejar un precedente, porque el artículo 72 le da la Cámara de origen a Diputados cuando se crean contribuciones, crear contribuciones y hay jurisprudencia de la Segunda Sala que establece que en temas de procedimiento al Código Fiscal o eliminación de impuestos no son exclusivos de la Cámara de Diputados, también podemos chambear aquí y es la invitación que hacemos, y si no, mándela a Diputados, aquí va a llegar en segunda vuelta.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Samuel García. Se turna a la Cámara de Diputados.

Esta Mesa Directiva quiere felicitar a los doctores Higinio Martínez Miranda, José Narro Céspedes, Miguel Ángel Navarro Quintero, Lilia Margarita Valdez Martínez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Américo Villarreal Anaya.

No sé si me faltó alguno, muchas felicidades, son los médicos y médicas que nos reportaron.

¡Felicidades!






Se concede la palabra a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de reforma constitucional con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o Decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS TENGAN DERECHO DE INICIAR LEYES O DECRETOS, CON EXCLUSIVIDAD DE QUE SEAN EN SU MATERIA O FUNCIÓN

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre: Gracias, señor Presidente. Con su venia, con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores:

Pongo a la consideración de ustedes una propuesta de reforma y adición al artículo 71 constitucional, para que a partir de ahora nosotros podamos consentir que los órganos constitucionalmente autónomos puedan tener el derecho de iniciativa.

Como todos ustedes saben, en la actualidad, el artículo 71 de la Constitución prevé que la facultad de iniciativa es exclusiva del Presidente de la República, de los integrantes del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y en un porcentaje casi imposible de cumplir la figura de iniciativa ciudadana, de los ciudadanos también.

Sin embargo, en el Partido del Trabajo estamos conscientes de que México transita a una democracia donde la participación sea un eje medular, donde la pluralidad de voces sea escuchada, donde las ideas que contribuyan a un mejor país deban ser consideradas, empero aquellas voces especializadas.

Nuestra labor como legisladores es eliminar candados e involucrar a más agentes de cambio. Todo por el bien de la nación y de sus habitantes. La cuarta transformación al servicio de las personas, más sustancial, más tangible, dialéctica en lugar de guerra, propuestas de cambio en lugar de cerrazón.

Apreciables integrantes del Senado, desde esta tribuna convocamos a su sensibilidad, a su vocación republicana, para que tomen en cuenta la siguiente iniciativa que tiene como objeto, como ya lo mencioné, dotar a los órganos constitucionales autónomos de la facultad para que puedan presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia ante el Congreso de la Unión, tengan la seguridad que de aprobar dicha iniciativa fortaleceremos a la vida democrática, parlamentaria y al equilibrio de poderes en nuestra nación.

Los órganos autónomos son aquellas instituciones que no dependen jerárquicamente de los tres poderes, pero además toman decisiones a nombre del Estado y de nuestra sociedad.

Surgen para dar un mayor equilibrio constitucional en la administración pública.

La tarea fundamental de dichos órganos es resolver cuestiones técnicas, administrativas, económicas y políticas para el bien de la ciudadanía de una manera autónoma e independiente.

En la actualidad, la Constitución considera los siguientes organismos autónomos:

Universidades Públicas.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El Banco de México.

Comisión Federal de Competencia Económica.

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Instituto Nacional Electoral.

Fiscalía General de la República.

Y Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de su estructura y dentro de sus facultades, existe el impedimento, ustedes lo saben, para que puedan presentar iniciativas de ley, pese a que tienen un conocimiento especializado en la materia en la que se desempeñan.

Sólo tienen, como ya lo mencioné, esa facultad el Presidente de la República, los integrantes del Congreso de la Unión, los ciudadanos, si es que juntan el .13 por ciento de firmas para poder promover su iniciativa y las legislaturas locales cuando lo hacen en su conjunto.

Al dotar de este instrumento legal a los Organismos Constitucionalmente Autónomos, nosotros estaríamos dando, en primer lugar, un fortalecimiento a nuestro federalismo y evidentemente romperíamos candados.

En resumen, ¿qué busca esta iniciativa? Dar mayor facultad y mayor autonomía a estas instituciones que diseñen y propongan instrumentos legales en el ámbito de su función.

¿Qué significa esto? Pues que podemos aportar seguramente transparencia, rendición de cuentas a las instituciones públicas, que los catedráticos podrán diseñar mejores políticas para impulsar la educación superior, que podremos aspirar a una mejor procuración e impartición de justicia, que habrá mejores instrumentos para toma de decisiones políticas, económicas y sociales a través de datos estadísticos, sólo por citar algunos ejemplos.

Por lo tanto, es que sometemos a consideración de todos ustedes esta reforma constitucional al artículo 71.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS TENGAN EL DERECHO DE INICIAR LEYES O DECRETOS, CON LA EXCLUSIVIDAD DE QUE SEA EN SU MATERIA O FUNCIÓN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México transita a una democracia donde la participación sea un eje medular. Donde la pluralidad de voces sea escuchada, sobre todo la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Donde las ideas que contribuyan a un mejor país deban ser consideradas, empero aquellas voces especializadas. Nuestra labor como legisladoras y legisladores es eliminar candados e involucrar a más agentes de cambio. Todo por el bien de la nación y de sus habitantes. La cuarta transformación al servicio de las personas, más sustancial, más tangible.

Para ello, la presente iniciativa de ley pretende involucrar a los órganos constitucionalmente autónomos como facultados para la creación de leyes, exclusivamente en su ramo o materia, atendiendo los principios establecidos en la Constitución, que hasta el momento, en nuestro marco jurídico fundamental, solo es facultad del Presidente de la República, del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, y de los ciudadanos en un número exorbitante como lo es el 0.13% de la lista nominal de electores, algo así como más de 800 mil firmas y que este Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentará más adelante iniciativa para que los ciudadanos se les permita, con mayor facilidad, presentar leyes y así poder apoyarnos de la democracia participativa para consolidar los anhelos de un pueblo cansado de que sus servidores públicos no los oigan, al contrario, pareciera ser que los cosifica, que los olvida, que los enmudece; en palabras de Octavio Paz, nuestro Nobel de Literatura, que los ningunea.

Llamemos a esta iniciativa, iniciativa de órganos autónomos. Ellos, que con niveles altos de especialización y conocimiento en su materia, y a la cual quedarán delimitados, puedan ayudarnos a repensar un mejor derecho, más incluyente, más participativo, más plural. Todas las mexicanas y mexicanos anhelamos un cambio y, como dijera aquel pensador portugués, Boaventura de Sousa Campos, este cambio debe de ser por medio de las reformas, del replanteamiento de ideas.

Los órganos constitucionalmente autónomos  vinieron a modificar, a ser un nuevo paradigma, en el tradicional principio de División de Poderes. Recordemos que en la obra El espíritu de las leyes de Montesquieu  se expone un sistema dividido en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.1 Nuestro país así lo adoptó desde el pensamiento y obra de José María Morelos y Pavón2 y fue replicado en el devenir de nuestras Constituciones hasta la que nos rige, de 1917, entrañándose en el artículo 49 constitucional.

Este principio de división de poderes de Montesquieu debe contemplarse también a la luz de dos grandes pensadores:

1) Aristóteles, en su obra La política, refiere tres operaciones de la potestad estatal: la deliberación, el mando y la justicia, como mecanismo de equilibrio entre las esferas distintas de poder del Estado:

“En todas las constituciones hay tres elementos con referencia en los cuales ha de considerar el legislador diligente lo que conviene a todo régimen de estos tres elementos, uno es el que delibera sobre los asuntos comunes; el segundo es el relativo a las magistraturas; y el tercer elemento es el Poder Judicial.”3

2) John Locke, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil, que identifica en el Estado tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Federativo, cuyo énfasis atiende a que los dos primeros no se encomienden al mismo sujeto por la frágil condición humana ante el poder:

“Tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse del poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacerlas.”4

No obstante, este principio, inspirado en las teorías de Aristóteles, Locke y Montesquieu, que está concebido para evitar el abuso en el ejercicio del poder, mediante su división y, por tanto, debiéndose impedir que se reúnan dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación y que se impregnó en las  Constituciones de 1824, 1857 y en la vigente, de 1917, ha quedado rebasado en la doctrinal actual.

Con el paso del tiempo, ante el crecimiento y complejidad de las funciones y actividades del Gobierno Federal, ha surgido una nueva categoría de instituciones gubernamentales federales, que se denomina: Órganos Constitucionales Autónomos. Éstos reciben su nombre porque no dependen jerárquicamente de ninguno de los tres poderes; la instauración de dichos entes se explica como una medida para delimitar el poder en el ejercicio administrativo del Presidente de la República.

En palabras de jurista español Manuel García-Pelayo, son órganos que están explícitamente establecidos y configurados por la Constitución que participan directamente en la dirección de la política del Estado, en la formación de la voluntad estatal.

Por lo que deben tomar decisiones por y en nombre del Estado que vinculen o que comprometan a la sociedad nacional; deben ser instancias que no se limiten a aplicar o a interpretar normas diseñadas por otras instituciones sino que determinen por ellas mismas las políticas y lineamientos generales de actuación de las autoridades públicas.5

Los consensos políticos partidarios en el Congreso de la Unión, han venido prefiriendo crear este tipo de instituciones autónomas de los tres Poderes, para resolver cuestiones técnicas, económicas y políticas. Se trata de órganos administrativos que se desprenden de antiguas potestades de alguna dependencia del Ejecutivo, pero que ahora ya no se subordinan a sus determinaciones y responsabilidades dentro de la administración pública.

Sus órganos de gobierno, por lo general, se constituyen por cuerpos colegiados (con excepción de la Fiscalía General de la República); designados o ratificados por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, a la usanza de los gobiernos parlamentarios y, al ser órganos deliberativos, con mayor pluralidad, refuerzan la participación de ideas. Algo que se debe tener muy presente si en realidad deseamos un cambio.

José Luis Caballero señala que el doble aspecto fundamental de estas entidades  estriba, por una parte, en que son organismos del Estado,  por otra, en su previsión en el texto constitucional como autónomos, es decir, no subordinados al Ejecutivo, Legislativo o Judicial.6

El doctor Jaime Cárdenas define a los órganos constitucionalmente autónomos “como aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado.”7

Ileana Moreno señala, para el caso mexicano, que del esquema legal de los órganos autónomos ya existentes, no se desprende cuál es el fin que motivó su creación. Esto es, no queda claro si lo que se buscaba era entender a la división de poderes como frenos y contrapesos ante la actuación de otros poderes; o bien, si se quería producir entes completamente aislados, independientes, intocables para los demás poderes y entidades públicas.8

Cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos

En julio de 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo su estatuto de autonomía, la cual quedó plasmada en 1945, mediante una Ley Orgánica expedida por el Congreso de la Unión que, hasta la fecha, la rige. La UNAM, nuestra Alma Mater, dotada de dialéctica, con esa comunidad universitaria llena de ideas, debe participar más en la toma de decisiones.

En agosto de 1993, se elevó a nivel constitucional la autonomía de la administración del Banco de México, como una medida que limitara el manejo discrecional del Presidente en materia monetaria, cambiaria y macroeconómica.

Luego, en 1996, se incluyó al recién desaparecido y sustituido Instituto Federal Electoral por el ahora Instituto Nacional Electoral. Le siguió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en septiembre de 1999.9

En la actualidad, los Organismos Constitucionales Autónomos que la Constitución considera en su texto, son:

1. Universidades públicas, Artículo 3, fracción VII.10

2. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Artículo 3, fracción IX.11

3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Artículo 6, inciso A, fracción VII.12

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Artículo 26, inciso B.13

5. Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Artículo 26, inciso C.14

6. El Banco de México, Artículo 28, párrafo sexto.

7. Comisión Federal de Competencia Económica, Artículo 28, párrafo catorce.

8. Instituto federal de Telecomunicaciones, Artículo 28, párrafo quince.

9. Instituto Nacional Electoral, Artículo 41, fracción V, Apartado A.15

10. Fiscalía General de la República, Artículo 102, Inciso A.16
11. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Artículo 102, Inciso B, párrafo 1 y 4.

La tradicional doctrina de la división de poderes ha quedado rebasada. Los órganos autónomos –por mandato constitucional- no se subordinan a ninguno de los tres poderes y se encuentran en coordinación. Algunos órganos constitucionalmente autónomos tienen la facultad de ejercer el mecanismo de control de la constitución a través de acciones de inconstitucionalidad,17 tal es el  caso del INAI (en materia de transparencia y rendición de cuentas) o la CNDH (en materia de Derechos Humanos) o la Fiscalía General de la República (en materia penal o procesal penal). A esos niveles de compromiso constitucional se encuentran los tan mencionados órganos constitucionalmente autónomos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

V. A los órganos constitucionalmente autónomos, exclusivamente en su materia o función.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 23 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre.

1 En el Libro XI, Capítulo VI, De la Constitución de Inglaterra, de la obra en referencia, Montesquieu refiere textualmente:
“Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil.
Por el primero, el príncipe y el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado.”

2 Véase Sentimientos de la Nación, en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf (fecha de consulta: 16/10/2018).

3 Aristóteles, La política, traducción de Antonio Gómez Robledo, México, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 1963, p. 124.

4 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, traducción de Lázaro Ros, México, Aguilar, 1983, p. 110.

5 Cfr. García-Pelayo, Manuel. El estatus del tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, 1981, pp. 11-34.

6 Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes, Anuario del Departamento de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 2000, p. 156.

7 Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, 2ª. Ed. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 244.

8 Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionalmente autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano, México, Porrúa, 2005, p. XIV.

9 Cfr.

10 Entre ellas están: la UNAM, Universidad Autónoma Chapingo, UAM.

11 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 26 de febrero de 2013.

12 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de febrero de 2014.

13 Mediante reforma constitucional publicada en DOF el 7 de abril de 2006, se creó el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios.

14 Creado mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

15 Creado en sustitución del Instituto Federal Electoral que ya gozaba de autonomía, mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

16 Se establece la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, en sustitución de la Procuraduría General de la República, mediante reforma constitucional publicada en DOF el 10 de febrero de 2014.

17 Véase artículo 105, fracción II, incisos g), h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos de la Torre. Turnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de plebiscito y de referéndum.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN III; 73, FRACCIÓN XXIX-Q; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y Compañeros; Senadoras y Senadores. Público que nos acompaña. A los medios de comunicación.

En efecto, hace dos semanas presenté a nombre del grupo parlamentario del PRD una iniciativa de ley donde reformamos algunos artículos para poder normar la revocación de mandato, una figura que plantea en el espíritu del artículo 39, de que todo poder dimana del pueblo, acuñando esa frase de “el pueblo pone y el pueblo quita”, que pudiéramos tener certeza de cuándo opera esa revocación de mandato encuadrada en la democracia participativa donde el ciudadano está asumiendo un papel preponderante en la vida pública de nuestro país. Sin embargo, creemos que todavía es necesario ir más allá en el tema de la democracia participativa.

Actualmente, en nuestra Constitución, ya tenemos varias figuras donde los ciudadanos pueden incidir en estos actos administrativos, pero también legislativos.

De tal suerte que nosotros hoy ya tenemos, por ejemplo, las candidaturas independientes que han tenido mucho éxito en varios estados de la República e incluso en el Congreso de la Unión.

Tenemos también la Consulta Popular en el artículo 35, que ya está normada y que permite someter a consideración de los ciudadanos temas muy relevantes, cumpliendo con ciertas características, con ciertos requisitos.

Tenemos, insisto, la iniciativa de varios grupos parlamentarios para normar la revocación de mandato.

Hoy queremos poner a consideración de ustedes dos figuras que vendrían a darle la oportunidad a los ciudadanos de participar en estas decisiones que por demás son, insisto, necesarias en la democracia representativa, pero más en la democracia participativa, uno de ellos es el plebiscito.

El plebiscito es esa figura jurídica que abarca los actos del Ejecutivo Federal donde se ponen a consideración de los ciudadanos para ver si son avalados y que tengan este respaldo popular.

El otro es el referéndum.

El referéndum abarca esos temas legislativos del Congreso de la Unión donde también ponemos a consideración de los ciudadanos leyes o reformas constitucionales que vendrían respaldadas por los ciudadanos.

Estas figuras no son novedosas, se aplican en otros países, pero también hoy en nuestro país hay 23 estados que ya tienen plebiscito y 25 que tienen referéndum.

Por eso ahorita que en unos días se va a poner a consideración una consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es necesario que entendamos lo que es normar para que tenga representatividad y que esta representatividad realmente abarque todo el país.

Por eso nosotros estamos proponiendo que se puedan reformar los artículos 35 y 36, así como el 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Méxicanos, para que a la brevedad podamos darles más poder en las decisiones a los ciudadanos.

Insisto, aunadas a las figuras que ya están normadas, faltaría plebiscito y referéndum, por eso ponemos a su consideración esta propuesta de reforma esperando discutirla en las comisiones a donde se turne y que sea, insisto, para que nuestra democracia participativa se consolide cada vez más en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias a todos.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Juan Manuel Zepeda. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.






En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Aníbal Ostoa Ortega, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, en materia de integración de comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Aníbal Ostoa Ortega, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Aníbal Ostoa Ortega: Con su venia, señor Presidente.

El ciudadano doctor Ricardo Monreal Ávila y el suscrito, Aníbal Ostoa Ortega, Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el numera 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

De manera simultánea a nuestra propuesta de reforma al artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos reformar el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, con el propósito de establecer que, por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno.

Si bien la constitución de comisiones ordinarias es una de las primera acciones que las Cámaras del Congreso de la Unión, al iniciar los trabajos de una nueva Legislatura, deben, instrumentar para poder ejercer sus facultades y atribuciones a cabalidad, también lo es la integración de dichas comisiones.

La normatividad específica que regula el funcionamiento del Senado de la República es clara al señalar que, en la designación de las y los integrantes de cada comisión legislativa, además de privilegiarse la experiencia e idoneidad de estos, y cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ninguna de ellas deberá tener ni menos de tres ni más de 15 integrante.

Ahora bien, según puede estudiarse en la bibliografía especializada, las comisiones ordinarias realizan un trabajo técnico de suma importancia, porque está estrechamente relacionado con la forma de organización del Poder Legislativo para dar cumplimiento a la función legislativa, y su origen y evolución han obedecido a la necesidad histórica de distribuir el trabajo que implica atender cabalmente todos los asuntos de los que se ocupa la Cámara, en virtud de sus facultades y atribuciones constitucionales.

La reforma propuesta resulta pertinente, toda vez que, en comparación con su antecesora inmediata, esta Legislatura tuvo una reducción de 18 comisiones ordinarias, en virtud de las medidas de austeridad republicana y el principio de economía procesal parlamentaria que se acordó instrumentar.

Tal reducción hace necesario el establecimiento de disposiciones que permitan atender el incremento de la carga de trabajo que habrán de tener estos órganos legislativos.

Se debe hacer notar que, el rezago legislativo que presentaba esta Cámara, tan sólo para la LXIII Legislatura, fue de mil 373 iniciativas, lo que motivó un acuerdo de la Mesa Directiva en abril pasado donde se desecharon 795 de estos asuntos y 676 de la LXII Legislatura.

Esta acción dejó en comisiones un nuevo total de 620 iniciativas pendientes de dictamen para el periodo que inició el 1° de septiembre.

Derivado de lo anterior, podría inferirse que ante la reducción del número de comisiones ordinarias en esta Legislatura y la mayor carga de trabajo a la que éstas se someterán, se presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo que antaño.

Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo de los trabajos que sean turnados a comisiones.

Para ello se propone la presente modificación, que tiene por objeto eliminar la limitante del numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, y sustituirla por una disposición que permita flexibilidad para la integración de las comisiones legislativas, en respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de la Cámara de Senadores y la necesidad de actualización periódica de sus reglas y procesos, para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son encomendadas, tal como se señaló al principio de esta exposición de motivos,

En tal virtud, y con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Reglamento del Senado de la República:

Texto vigente. Artículo 123, numeral 1. Las comisiones ordinarias no tienen menos de tres ni más de 15 integrantes.

Proyecto de Decreto. Artículo 123, numeral 1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de 15 integrantes.

Se agrega el siguiente párrafo: Por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de Coordinación Política, se podrá incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Único.- Se reforma el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 123, numeral 1, Las Comisiones Ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de 15 integrantes.

La Junta de Coordinación Política, en casos que estime convenientes, y por el voto de la mayoría de sus miembros, podrá incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias, a efecto de coadyuvar con el desahogo de los asuntos turnados a éstas. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno.

Transitorios.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre de 2018.

Suscriben. Senador Doctor Ricardo Monreal Ávila, Senador Aníbal Ostoa Ortega.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ostoa Ortega.

Senadora Freyda Marybel, para adherirse a la iniciativa; Senadora Delfina Gómez, en el mismo sentido; el Senador Alejandro Armenta, Senadora Gricelda Valencia, la Senadora Rocío Abreu, Senador Luis Pech, Senadora Nestora Salgado, Senador Casimiro Méndez, Senadora Guadalupe Covarrubias, Senadora Ifigenia Martínez, Senadora Eva Galaz, Senadora Imelda Castro, Senador Rubén Rocha, Senador Napoleón Gómez, Senadora Margarita Valdez, Senadora Bertha Caraveo, el Senador Bolaños Cacho, adhiere a todo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista a la iniciativa del Senador Aníbal Ostoa, y el Senador Higinio Martínez, también.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones expresadas a esta iniciativa, igualmente la de los Senadores Eruviel Ávila y del Senador Primo Dothé, que se adhieren a esta iniciativa del Senador Aníbal Ostoa. Se turna la iniciativa a las Comisione Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de planeación a largo plazo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por el Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con su venia, señor Presidente.

Informarle que voy aprovechar para presentar dos iniciativas en un solo momento, que están relacionadas, si me permite, en el tiempo que el Reglamento me da para una sola.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senador.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias, estimado Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay impugnación a su heterodoxia parlamentaria, Senador. Adelante.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Es economía procesal, señor Presidente.

Decía un destacado filósofo: que “la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes”.

La planeación es un factor, sin duda, clave para el éxito de los gobiernos a nivel mundial. En todo el mundo, los casos más significativos de éxito tienen que ver con una adecuada visión a largo plazo con el establecimiento de metas concretas, objetivos y estrategias para lograrlas.

Gran parte de los cambios estructurales que se han podido dar éxito en el mundo en un país tienen que ver con una adecuada planeación y visión de largo plazo; ejemplos sobran: como Chile, como Irlanda, como Singapur, como Corea, como China.

La presente iniciativa tiene por objeto, precisamente, el establecer la obligatoriedad en el marco constitucional mexicano de establecer planeación con visión de largo plazo, específicamente el establecer una Agenda Estratégica Nacional de planeación con visión a 30 años que establezca objetivos claros, estrategias, prioridades, necesidades y recursos necesarios para lograr un Estado deseable en nuestro país y una calidad de vida mejor para todos los mexicanos.

Destacan algunos ejemplos en el mundo de lo que estoy hablando. Era 1948 y Corea era un solo país, no había todavía una separación, tenían el mismo idioma, la misma cultura, la misma geografía y la misma historia.

Ese año se dio la separación en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur.

Hoy, 70 años después, las diferencias entre estos dos países que parten de una misma realidad es abismal.

En Corea del Sur ganan 20 veces más el salario que en Corea del Norte, viven12 años más en promedio todos los ciudadanos, tienen mejor calidad de vida, su economía crece a un ritmo 300 veces mayor que el de Corea del Norte.

¿Por qué? Porque tuvieron visión de largo plazo, porque tienen un mejor diseño institucional.

Este país, a mediados de los 70’s, estableció un Plan Nacional de Desarrollo Territorial, Integral, y lo acompañó de una definición estratégica de inversión en infraestructura, pero principalmente en el capital humano. Definió la inversión en educación como prioridad.

¿Cuál es el resultado? Que entre 1980 y 1999 tuvieron un crecimiento promedio anual de 8 por ciento.

Singapur, a mediados de los 60’s, la Junta de Desarrollo Económico definió con mucha claridad la visión estratégica a largo plazo de este país.

Definió una visión muy clara para lograr el máximo potencial de crecimiento económico que tenía que ver con una mezcla entre aprovechar su posición geográfica estratégica, con invertir verdaderamente las necesidades de infraestructura, particularmente en puertos, en naves industriales y, sobre todo, de nueva cuenta invertir en la gente, invertir en educación.

Resultado de 1965 a 1999 creció al 8.7 por ciento anual y su Producto Interno Bruto pasó de 500 dólares por persona a 60 mil dólares por habitante.

Chile, a mediados de los 70’s, estableció a través de su Oficina de Planeación Nacional un plan con visión de largo plazo que estableció de nueva cuenta prioridades con visión de largo plazo para su país.

Derivado de ese plan, se dieron una serie de reformas económicas en este país que, acompañadas a una reforma de pensiones, hizo que se tuviera una palanca de desarrollo con inversión económica en todo este país.

De esta forma, de nueva cuenta el resultado fue que, de 1984 a 1999, tuvieron un crecimiento promedio anual del 6.1 por ciento en este país. Estos buenos resultados que partieron de decisiones de décadas atrás se mantienen vigentes a la fecha.

Según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, China, de 2000 a 2018 creció en promedio al 9 por ciento; Singapur, al 5 por ciento; Irlanda, al 5 por ciento; y Corea y Chile arriba del 4 por ciento.

Es por esto que en México tenemos que considerar la planeación con visión de largo plazo como un tema estratégico nacional.

El Instituto Mexicano para la Competitividad mide la competitividad de diversos países, tiene un Índice de Competitividad Internacional, que en el 2017 lamentablemente nuestro país ocupa el lugar 36 de 46 países evaluados.

Este Índice mide, de manera integral, el desempeño de nuestro país, sistema de estado de derecho, nuestra economía, medio ambiente, inversión de salud, inversión de educación, y muchos otros indicadores más.

Los resultados no son nada alentadores, tenemos que cambiarlos.

La planeación del desarrollo es una obligación constitucional en México, la Constitución hoy establece un sistema de planeación democrática para nuestro país, que es adecuado. El problema que tiene es que le establece la temporalidad, que dura sólo el sexenio en turno, seis años.

No se cambia un país de manera estructural en seis años, la historia nos lo ha demostrado.

Lo que nosotros proponemos es que en adición a lo que ya establece hoy la Constitución, que es la planeación nacional del desarrollo con visión de corto plazo, que son los seis años que dura un gobierno, se adicione la obligación de tener una visión integral a largo plazo, que establezca objetivos, estrategias, prioridades, recursos necesarios para lograr cambiar verdaderamente la calidad de vida en nuestro país.

¿Cómo lograr esto? Con dos reformas particularmente.

1. Una reforma a nuestra Constitución que establezca la obligación de tener esta Agenda Estratégica Nacional, que será un documento rector que defina las prioridades del país para los próximos 30 años.

Esta Agenda Estratégica Nacional por supuesto que será actualizable cada 10 años para mantenerse acorde a las necesidades de la realidad actual del país, o bien cuando así se requiera por las necesidades de nuestro México.

¿Qué va a incluir esta Agenda Estratégica Nacional? que es la segunda parte de la reforma, ahora la Ley de Planeación.

Primero. Pues un diagnóstico de cuáles son las condiciones actuales de nuestro país en todos los aspectos: político, cultural, social, ambiental, económicos, identificar dinámicas sociales, dinámicas económicas que lo han propiciado, basado por supuesto en datos que genere el sistema de información público nacional.

Segundo. Una identificación de nuestras fortalezas como país, nuestras áreas de oportunidad, nuestras necesidades, nuestras situaciones críticas o de atención prioritaria.

Tercero. La identificación de las vocaciones productivas regionales, no son las mismas necesidades de infraestructura, de inversión que se tienen en el norte del país que en el sur, tenemos que reconocer estas vocaciones regionales distintas que se tienen en todo México.

Cuarto. Un reconocimiento de las tendencias locales, pero también extranjeras en materia económica y productiva, porque somos parte de un mundo que tiene la identificación.

Quinto. Tomar en cuenta, y esto es muy importante, el crecimiento actual y esperado de la población para poder determinar las necesidades de hoy de infraestructura. Es común atender un problema de hoy que quizá ya no será un problema en el futuro, como lo puede ser materias de infraestructura en determinados aspectos.

Sexto. Determinar las necesidades de infraestructura, de servicio y de otras áreas que se tengan a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Séptimo. Definir los objetivos, las estrategias, las prioridades de desarrollo del país con la previsión, y esto es muy importante, presupuestar, para que se hagan programas plurianuales de inversión, con una adecuada valoración de cuáles son los proyectos prioritarios para destinarle recursos a nuestro país.

Octavo. Por último, algunos otros elementos que nos ayuden a coadyuvar a este propósito de tener un documento rector en nuestro país con visión de largo plazo.

No tengamos ninguna duda, plasmar la visión de largo plazo de nuestro país nos va a permitir lograr los cambios que por tantos años hemos deseado, y salirnos de una lógica que vea exclusivamente lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Se tienen que resolver los problemas de hoy, pero particularmente tenemos que resolver los problemas que pueden enfrentar las futuras generaciones en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su tolerancia.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Damián Zepeda.

Daremos turno a las iniciativas presentadas por el Senador Zepeda.

El proyecto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de reformas a la Ley de Planeación, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Kenia López, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más, a efecto de poder rubricar la iniciativa que ha sido presentada. Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Las iniciativas?

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a las iniciativas, la Senadora Kenia López.

La Senadora Guadalupe Murguía, en el mismo sentido, para adherirse a las iniciativas.

La Senadora Reynoso, para adherirse a las iniciativas.

El Senador Gustavo Madero, para adherirse a las iniciativas.

El Senador Ismael García, para adherirse a las iniciativas.

El Senador José Luis Pech Várguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Senador Pech Várguez, sonido en su escaño.

El Senador José Luis Pech Várguez: (Desde su escaño) Para adherirme a las iniciativas.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Muchas gracias.

Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios recoja las adhesiones a las iniciativas presentadas por el Senador Damián Zepeda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Dante Delgado Rannauro, para presentar a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros.

¿Podemos pedir atención?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en la tribuna con el Senador Dante Delgado y, por favor, se solicita al Pleno del Senado poner atención a la presentación de la iniciativa.

Adelante, Senador.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Más que eso, que checáramos si hay quórum, pero, simplemente para que tengamos presencia en el Pleno, porque es muy lamentable que no tengamos quórum. ¿Verdad?

Presentación de iniciativa sobre revocación de mandato. La participación ciudadana ha sido uno de los eslabones centrales de la agenda de Movimiento Ciudadano.

La participación ciudadana la hemos plasmado en nuestras agendas legislativas a lo largo de los últimos años, y la hemos traducido en acciones de gobierno en los municipios que hemos encabezado como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Puerto Vallarta, y otras ciudades en el estado de Jalisco y del país, y que hoy son referentes en materia de participación ciudadana.

Celebramos que los instrumentos de participación hoy formen parte de la   agenda legislativa o del consenso que hemos decidido sacar adelante, a partir del día de ayer, todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República.

Estoy convencido que legislar sobre esta materia es una tarea urgente, porque los mecanismos de participación ciudadana, por un lado, oxigenan la vida de la democracia y, por otra, permiten generar vías efectivas de rendición de cuentas.

Además de esto, hoy debemos ser conscientes de que ante la llegada del  próximo gobierno y ante la expectativa de un cambio de régimen, no habrá mejor forma de reconstruir la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones públicas si no a través de un uso sistemático de instrumentos de participación ciudadana; pero estos instrumentos, como ya lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, no pueden estar sujetos al capricho o voluntad de los gobernantes en turno.

Los instrumentos de participación ciudadana deben tener reglas formales, claras y eficientes que permitan detonar procesos e inclusión y de deliberación efectivos.

Por ello, los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 35, 73, 83, 115, 116 y 122 constitucionales para establecer la figura de revocación de mandato y delinear las reglas para su aplicación en los tres órdenes de gobierno.

La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana y de rendición de cuentas que nos permitirá fortalecer los procesos democráticos en nuestro país, que nos permitirá hacerle frente a quienes traicionan al pueblo o reconocer la labor de quienes dignifiquen la tarea de gobierno.

Esta figura de participación también significará dar pasos hacia el empoderamiento de los ciudadanos en la toma de decisiones y hacia el reconocimiento pleno de la voluntad popular, porque si el pueblo pone, el pueblo quita.

Si queremos apuntar hacia un verdadero cambio de régimen en México, tenemos que empezar por formalizar e implementar instrumentos de participación ciudadana. Esta discusión lleva años en la agenda pública, pero lamentablemente no ha existido ni la voluntad ni las condiciones políticas para sacarla adelante.

Movimiento Ciudadano ha puesto el ejemplo poniendo en práctica figuras de este tipo en los municipios que estamos gobernando; llevar estos instrumentos a las legislaciones locales, como ya lo hicimos en la legislación del estado de Jalisco.

Como parte de nuestra agenda central, traemos a esta tribuna una propuesta para ser realidad la figura de revocación de mandato en nuestro país.

Tengo la confianza de que podremos entrar en un proceso de discusión fructífero sobre este tema y sobre otros tantos instrumentos de participación ciudadana que hoy demandan los mexicanos.

Aprovechamos y aprovechemos que existe voluntad política en el Pleno de este Congreso para legislar en materia de participación ciudadana y demostremos que este Poder Legislativo, que esta Cámara de Senadores está dispuesta a honrar su compromiso.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde fines de la década de 1980, gran número de países democráticos han atravesado un proceso conocido como crisis de la representación que alude a un clima general de descontento popular respecto del desempeño de las instituciones de gobierno (Abal Medina 2004; Cavarozzi & Abal Medina 2002).

En 2016 la casa encuestadora Consulta Mitofsky, publicó un ranking de los niveles de Aprobación de Mandatarios de América y el Mundo y, para el mes de Junio de 2015, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, apareció en el lugar 12 de 21 mandatarios evaluados de América, con una aprobación del 39%, por debajo de mandatarios de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras. En primer lugar, se encontraba Danilo Medina de República Dominicana con un 89% de aprobación y en el lugar 21, Dilma Rousseff de Brasil con un 10%.1 En otras latitudes, el mejor evaluado fue el mandatario ruso, Vladimir Putin con un índice de aprobación del 89%. La canciller alemana Angela Merkel obtuvo un 66%; el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, 45%; y el Presidente francés, Francois Hollande, 19%.

Sin embargo, el año pasado Grupo Reforma publicó una encuesta que muestra que el 78% de los ciudadanos mexicanos desaprueban la labor del presidente, por lo que se se trata de la tasa de aprobación más baja (sólo el 22%) registrada por los tres últimos presidentes, desde 1995.2

El descontento con la política, los políticos y los partidos es un problema real, reflejado en las bajas tasas de participación ciudadana. En las elecciones intermedias de 1997, en México, votó el 58% de los ciudadanos; en 2009, menos del 45%; y, en 2015, el 47%. Y este problema no es solo exclusivo de México, sino mundial. En Italia, el porcentaje de ciudadanos italianos que votan en elecciones parlamentarias pasó del 93% en 1970 al 75% en 2013; en Alemania del 91% pasó al 71%; en Francia del 81% al 57%; en Reino Unido del 72% al 65%; en Estados Unidos del 63% al 57%; y el promedio de la Unión Europea pasó del 62% en 1980 al 43% en 2012.

Por ello, no extrañan la serie de protestas que se han registrado alrededor del mundo, desde las primaveras árabes hasta el 15-m en España y Occupy Wall Street en Estados Unidos, que han logrado capitalizar el enorme descontento con la política, específicamente con los actores políticos y los partidos, pues día con día se alejan más y más de representar una república democrática, y, por el contrario, se perciben más cercanos a oligarquías. Estos movimientos sociales, muchos de ellos, han encontrado un cauce institucional surgiendo nuevos actores que han intentado desplazar a los partidos tradicionales. Sin embargo, estas aperturas democráticas parecen estarse hoy cerrando. Los movimientos sociales de los últimos años, lejos de desencadenar procesos democratizadores, han dado lugar a regímenes autoritarios y han terminado por convertir la esperanza social de cambio en resignación.

Así, ante la inconformidad social, es urgente una reforma a la política en el que se integren mecanismos que den respuesta al descontento popular generado por un mal desempeño de quienes han sido electos para representar, y ejercer funciones de carácter público en los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). En el caso del Presidente de la República, no existe un mecanismo de participación ciudadana directa que permita ratificar el desempeño y la gestión de su gobierno.

Un mecanismo que permite, de manera participativa y directa, evaluar el desempeño de las autoridades es la revocación de mandato. A través de este instrumento, totalmente democrático, los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que termine su periodo de gestión. Esto, además de vincular a la ciudadanía e incentivar la participación, fomenta los gobiernos eficientes y responsables.

Esta figura tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que señala que la soberanía nacional reside en el pueblo, reconociendo el principio democrático en la organización y desarrollo de nuestras instituciones.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

No obstante la existencia de esta disposición, no existen en nuestro andamiaje jurídico disposiciones que le permitan a los ciudadanos ejercer de manera directa un control sobre su forma de gobierno o sobre el desempeño de los representantes populares. Es de señalarse que esta figura presenta ciertas diferencias con otros procedimientos de destitución (como el juicio político y el impeachment), pues la revocación se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario y no supone una acción judicial.

En este sentido, la figura de revocación de mandato se presenta como un instrumento no sólo de participación ciudadana, sino de control político y rendición de cuentas al alcance de los ciudadanos. En nuestro país, uno de los casos más recientes en donde se legisló sobre revocación de mandato fue el estado de Jalisco, donde se reformó el Código Electoral y de Participación Social del Estado, 2016, dando paso a la reglamentación de esta figura.

El filósofo griego Aristóteles señaló en la Política que el Estado, como una gran casa común, tiene como finalidad el “buen vivir” de la comunidad, y añade que el espíritu de ese Estado es su constitución política, que debe ser fundada en la justicia, y por eso escribe: “todas las constituciones son una especie de justicia, pues son comunidades, y todo lo común se funda en la justicia”3. Es decir que sólo la justicia conduce al buen vivir, y de ello podemos deducir que un Estado que no es justo no conduce al buen vivir y no puede ser considerado un buen Estado, sino una especie de corrupción de la idea de Estado.

Lo anterior muestra que los ciudadanos requieren de mayores garantías constitucionales para cambiar, para remover a aquellos políticos que hubieren traicionado el sentido del servicio público y considerado a las instituciones nacionales como un mero patrimonio personal.

Pues debemos preguntarnos cómo eliminar de la vida pública de México, la idea de que la clase política tiene por patrimonio personal a las institucionales nacionales, esa idea que Octavio Paz tan brillantemente señaló en El ogro filantrópico como uno de los grandes males nacionales. En pocas palabras, México no puede tener una de las constituciones más reformadas del mundo, sin que al mismo tiempo no estemos procurando darle un sentido de comunidad, y por lo tanto de justicia, a la norma fundamental de los mexicanos.

En ese sentido, resulta primordial fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas para atajar de una vez por todas ese patrimonialismo político que es el cáncer fundamental de la nación, y es por ello que antes que permitir que nuestra Carta Magna considerase tan prolijamente los criterios en materia de alcantarillado o de telecomunicaciones, debería contener el fortalecimiento de la idea de comunidad, que es la esencia de una constitución, como señaló Aristóteles. ¿Y qué herramientas conducen a fortalecer la idea de comunidad sino aquellas que llevan a la ciudadanía en general a tomar parte activa en la vida pública? Por lo anterior, es necesario que el sistema político eleve figuras como la revocación de mandato a rango constitucional.

Sólo la participación ciudadana en la toma de las decisiones fundamentales puede contribuir a crear ese necesario sentimiento de comunidad, y por lo tanto a restaurar la justicia y la libertad. La revocación de mandato puede convertirse en uno de los instrumentos ideales de participación ciudadana que restaure el sentido de comunidad y destierre de la vida política la asunción patrimonialista de las instituciones y de los órganos de poder republicanos, al colocar al profesional de la política institucional en la continua observancia ciudadana, que, ante cualquier violación al espíritu de su mandato, podrá revocárselo.

Resulta fundamental señalar que la revocación de mandato reside esencialmente en el control sobre el ejercicio del poder, es una fiscalización que ostentan los ciudadanos a quienes detenten un cargo de elección popular, ya sea por sus acciones o por sus omisiones, pudiéndoles responsabilizar con la revocación de su mandato por el que les fue conferida por medio de una elección popular.

La presente propuesta de iniciativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se muestra con el cuadro siguiente:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 35. […]

I. a VIII. […]

IX. sin correlativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. y II. [...]

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

 

IV. a V. [...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. [...]

XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana y consultas populares.
XXIX-R. a XXX. [...]

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.



Artículo 115. [...]

I. [...]

[...]

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.



 

[...]

[...]

II. a X. [...]

Artículo 116. [...]

[...]

I. [...]

[...]

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.


[...]

a) y b) [...]

[...]

II. y III. [...]

IV. [...]

a) a p) [...]

q) Sin correlativo.

 
V. a IX. [...]

Artículo 122. [...]

A. [...]

I. [...]

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.

 

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

 

[…]

IV. a V. [...]

VI. [...]

[...]

a) Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.


 

b) a f) [...]

VII. a XI. [...]

Artículo 35. […]

I. a VIII. […]

IX. Votar en las consultas sobre revocación de mandato.

La revocación de mandato se entenderá como un medio de control constitucional y de participación ciudadana para destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su gestión, y se sujetará a lo siguiente:

1o. Podrán ser sujetos de revocación de mandato mediante consulta ciudadana el Presidente de la República, los diputados federales, senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, los integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México.

2o. Podrán solicitar la aplicación de una consulta de revocación de mandato el equivalente al 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electorales en la demarcación territorial correspondiente.

3o. El Instituto Nacional Electoral recibirá las solicitudes de revocación de mandato para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes en la materia. Adicionalmente, tendrá a su cargo la organización y desarrollo de las consultas ciudadanas de revocación de mandato, así como del cómputo y declaración de los resultados.

4o. El resultado de la consulta de revocación de mandato será vinculatorio cuando participen al menos un tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. y II. [...]

III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y las de revocación de mandato, en los términos que señale la ley;

IV. a V. [...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. [...]

XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y consultas populares.

XXIX-R. a XXX. [...]

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años, salvo que le sea revocado el mandato en términos de esta Constitución. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 115. [...]

I. [...]

[...]

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. Los ciudadanos podrán solicitar una consulta para la revocación del mandato de los ayuntamientos o de alguno de sus miembros, en los términos de esta Constitución y la legislación aplicable.

[...]

[...]

II. a X. [...]

Artículo 116. [...]

[...]

I. [...]

[...]

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato, en términos de la presente Constitución.

[...]

a) y b) [...]

[...]

II. y III. [...]

IV. [...]

a) a p) [...]

q) Se regulen los procesos de revocación de mandato en los términos de esta Constitución y la legislación general aplicable.

V. a IX. [...]

Artículo 122. [...]

A. [...]

I. [...]

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. Podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato, en términos de la presente Constitución.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Podrá ser sujeto de revocación de mandato mediante consulta ciudadana en los términos de la presente Constitución.

[…]

IV. a V. [...]

VI. [...]

[...]

a) Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. Los alcaldes y concejales podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato en los términos de la presente Constitución.

b) a f) [...]

VII. a XI. [...]

 
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, consideramos que el espíritu fundamental para renovar la vida pública de México y para conducir por lo tanto a nuestra comunidad hacia la justicia, la libertad y el digno buen vivir, tiene que consistir en darle a los ciudadanos un poder de decisión cada vez mayor, y en quitar por lo tanto a la clase política la idea de que el poder es algo que exclusivamente detentan los políticos profesionales. La revocación de mandato constituye la espina dorsal del andamiaje institucional que debemos construir para erradicar la corrupción de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Qué reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de revocación de mandato.

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 35, un inciso q) a la fracción IV del artículo 116, y se reforman la fracción III del artículo 36, la fracción XXIX-Q del artículo 73, el artículo 83, la fracción I del artículo 115, la fracción I del artículo 116, las fracciones II, III y VI del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. […]

I. a VIII. […]

IX. Votar en las consultas sobre revocación de mandato.

La revocación de mandato se entenderá como un medio de control constitucional de participación ciudadana, para destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su gestión, y se sujetará a lo siguiente:

1o. Podrán ser sujetos de revocación de mandato mediante consulta ciudadana el presidente de la República, los diputados federales, senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, los integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México.

2o. Podrán solicitar la aplicación de una consulta de revocación de mandato el equivalente al 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electorales en la demarcación territorial correspondiente.

3o. El Instituto Nacional Electoral recibirá las solicitudes de revocación de mandato para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes en la materia. Adicionalmente, tendrá a su cargo la organización y desarrollo de las consultas ciudadanas de revocación de mandato, así como del cómputo y declaración de los resultados.

4o. El resultado de la consulta de revocación de mandato será vinculatorio cuando participen al menos un tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. y II. [...]

III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y las de revocación de mandato, en los términos que señale la ley;

IV. a V. [...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. [...]

XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y consultas populares.

XXIX-R. a XXX. [...]

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años, salvo que le sea revocado el mandato en términos de esta Constitución. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 115. [...]

I. [...]

[...]

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. Los ciudadanos podrán solicitar una consulta para la revocación del mandato de los ayuntamientos o de alguno de sus miembros, en los términos de esta Constitución y la legislación aplicable.

[...]

[...]

II. a X. [...]

Artículo 116. [...]

[...]

I. [...]

[...]

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato, en términos de la presente Constitución.
[...]

a) y b) [...]

[...]

II. y III. [...]

IV. [...]

a) a p) [...]

q) Se regulen los procesos de revocación de mandato en los términos de esta Constitución y la legislación general aplicable.

V. a IX. [...]

Artículo 122. [...]

A. [...]

I. [...]

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. Podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato, en términos de la presente Constitución.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Podrá ser sujeto de revocación de mandato mediante consulta ciudadana en los términos de la presente Constitución.

IV. a V. [...]

VI. [...]

[...]

a) Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. Los alcaldes y concejales podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato en los términos de la presente Constitución.

b) a f) [...]

VII. a XI. [...]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la legislación general que regule la figura de revocación de mandato.

En la legislación general que emita el Congreso de la Unión se deberán contemplar los procedimientos y requisitos para solicitar las consultas de revocación de mandato, así como los medios de impugnación y la resolución de controversias. Adicionalmente, con respecto al numeral 2o. de la fracción IX del artículo 35 del presente decreto, se deberán diseñar las fórmulas correspondientes para solicitar la revocación de mandato de los representantes electos mediante el principio de representación proporcional, mismos que deberán equitativos y accesibles.

Atentamente

Dado en el Senado de la República, el 23 octubre de 2018.

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 Mitofsky, “Raking aprobación de mandatarios en america y el mundo”, consultado el 17 de Septiembre de 2018 en:
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-
america-y-el-mundo

2 Beltrán, José, “ 8 de cada 10 mexicanos reprueban a EPN: encuesta ´Reforma”, The Huffington Post, consultado el 17 de Septiembre de 2018 en:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/07/20/8-de-cada-10-mexicanos-reprueban-a-epn-encuesta-reforma_a_23039295/

3 Aristóteles, Ética Eudemia, traducción de Julio Pallí Bonet, editorial Gredos, Madrid 1985, pág. 516.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Dante Delgado. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Lagunes Soto, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que declara el mes de octubre como el “Mes Nacional de la Ciberseguridad”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE OCTUBRE COMO “EL MES NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD”

(Presentada por la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del PVEM)

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las llamadas TIC, ha transformado la forma en la que entendemos el mundo y la manera en la que nos vinculamos como personas, impactando sustancialmente al desarrollo político, social y económico de nuestro país y generando oportunidades para construir instituciones públicas más abiertas, transparentes y eficientes.

Las TIC se han convertido en herramientas vitales para el desarrollo de la economía digital y la construcción de sociedades más justas y democráticas.

Sin embargo, el uso de las TIC también ha traído consigo nuevos retos, riesgos y amenazas a los derechos humanos, la protección de datos personales, el patrimonio de las personas e instituciones, la seguridad pública e incluso la seguridad nacional.

Lo anterior exige la coordinación de instituciones de gobierno, industria, sociedad civil y comunidades académicas y técnicas para construir las bases del uso y aprovechamiento de las TIC de manera segura, responsable y confiable; así como para definir medidas para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en esta materia.

El impacto del cibercrimen ha aumentado considerablemente en los últimos años, tanto en México como en el mundo. En este sentido, es importante recordar que:

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha señalado en diversos informes que los ciberataques aumentaron un 30 por ciento entre 2011 y 2012, afectando a 550 millones de personas en todo el mundo y ocasionando pérdidas económicas de 110 mil millones de dólares.

El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética desarrollado en el estudio Informe Ciberseguridad 2016, señala que el cibercrimen le cuesta al mundo hasta 575 mil millones de dólares al año, lo que representa punto 5 por ciento del Producto Interno Bruto global. Esto es casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional.

En América Latina y El Caribe, este tipo de delitos nos cuestan alrededor de 90 mil millones de dólares al año. Con esos recursos podríamos cuadriplicar el número de investigadores científicos en nuestra región. Con relación al informe 2014 “Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe” patrocinado por la Organización de Estados Americanos, se estima que los costos inherentes a los delitos informáticos alrededor del mundo ascendieron a 113 mil millones de dólares y en México representaron 3 mil millones de dólares.

En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, señala que: durante el primer trimestre de 2011 el fraude cibernético pasó del 7 por ciento de las reclamaciones por posible fraude al 42 por ciento en el mismo periodo de 2017.

En 2016, Uber reportó que hackers robaron la información de más de 57 millones de usuarios y conductores y de acuerdo con Cisco, el 31 por ciento de las organizaciones han experimentado ataques cibernéticos a su infraestructura tecnológica.

64 por ciento de la población en México está conectada, esto es más de 70 millones de mexicanos. La tecnología se ha vuelto parte de nuestra vida y estos crímenes tienen impactos profundos no sólo en la economía, sino en nuestra privacidad y en la seguridad de nuestra familia, particularmente de los miembros más pequeños.

Así como las TIC han evolucionado, también lo han hecho las formas y técnicas para delinquir en el ciberespacio, mismas que cada día son más sofisticadas.

Por ello es vital la colaboración y corresponsabilidad de los distintos actores para definir acciones que respondan de manera efectiva y adecuada a los restos que representa el desarrollo de las TIC mediante un ejercicio permanente, considerando su constante evolución.

Por ello, esta iniciativa propone se declare el mes de octubre de cada año como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad” así se reafirma el compromiso del Senado de la República con la seguridad de las personas y con un ecosistema digital libre y diverso. La intención es que durante el mes de octubre se realicen jornadas, talleres, foros, mesas de discusión, debates y conferencias que, desde una perspectiva de múltiples partes interesadas, fortalezcan y actualicen aspectos relacionados con la seguridad cibernética en nuestro país.

Diversos países alrededor del mundo ya han formalizado este reconocimiento, entre ellos, Estados Unidos, la Unión Europea y en América Latina, Chile.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos reconoció a octubre como “El Mes de Concienciación de la Seguridad Cibernética” e invitó a sus Estados miembros a unirse a dicha conmemoración.

En este sentido, México se estaría uniendo a este importante diálogo internacional.

Los tiempos en los que vivimos nos llaman a reconocer y a actuar frente a las nuevas amenazas y riesgos de la sociedad de la información con una perspectiva multifactor que preserve ante todo la dignidad humana y el carácter libre, diverso y seguro de Internet.

Espero que con esta iniciativa continuemos una muy necesaria conversación sobre la ciberseguirdad en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Alejandra Lagunes. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 26 de la Ley Sobre los Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de protección a refugiados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 26 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO

(Presentada por el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, señor Presidente, Martí Batres Guadarrama, excelente Presidente de nuestra Mesa Directiva.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador, por la expresión de ese consenso.

El Senador Alejandro González Yáñez: El artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece que el reconocimiento de la condición de refugiado es individual.

El objetivo central de esta iniciativa es ampliar el estándar protector de nuestra legislación, a efecto de establecer que el reconocimiento de la condición de refugiado pueda hacerse colectivo en caso de presentarse un ingreso masivo a territorio        nacional de un grupo de personas que puedan encontrarse en los supuestos previstos en la ley.

El 10 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 11 artículos constitucionales en materia de derechos humanos. Esta es una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos tiempos porque cambió el paradigma de protección y colocó en el centro de las prioridades del Estado a las personas y a la dignidad humana.

A partir de su entrada en vigor, toda persona tiene derecho a buscar y recibir el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, de conformidad con los tratados internacionales.

Es importante resaltar que actualmente en nuestra frontera sur más que un nuevo episodio migratorio, más que un estallido migracional, se vive el colapso del modelo neoliberal y se está desarrollando una profunda crisis humanitaria derivada de la presencia de una caravana de personas que se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada de sus lugares y que se encuentran sujetas a una condición de extrema y peligrosa vulnerabilidad.

Qué pronto se le olvida al Presidente de los Estados Unidos Americanos, a Donald Trump, que Estados Unidos es un país de migrantes. Desde la gran migración por el estrecho de Bering, toda la civilización americana es y somos una civilización de migrantes.

Desde el Partido del Trabajo respaldamos la propuesta de nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar un fondo que impulse un proyecto de desarrollo regional e integral en Centroamérica y, de esta manera, atender no sólo los efectos de la migración, sino sobre todo las causas, pues de esta manera estaremos teniendo una visión democrática y humanitaria de lo que estamos viviendo en la actualidad.

Solicito al señor Presidente, se incluya la versión íntegra en el Diario de los Debates de nuestra iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Alejandro González Yáñez. Se incorpora la versión íntegra de su iniciativa al Diario de los Debates como lo ha solicitado, y se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senadora Verónica Delgadillo, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitar por su conducto que podamos integrarnos, suscribir la iniciativa toda la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Eduardo Ramírez, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Si me permite el proponente adherirme a la iniciativa presentada por el coordinador, Senador del Partido del Trabajo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, recoja las adhesiones de los Senadores de Movimiento Ciudadano y de Morena que han expresado su coincidencia con esta iniciativa.

Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presentar con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos de paternidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 170 Y 171 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El tema que hoy ocupa el uso de esta tribuna, me parece de la mayor relevancia, porque estamos hablando de la ampliación de los derechos de las niñas, de los niños, de los derechos de los padres de familia.

Es un tema muy importante si de verdad queremos avanzar en la ruta de equidad y sobre todo, como lo mencioné, de procurar las mejores condiciones para el desarrollo de la niñez de nuestro país.

Me refiero hoy a los casos en que los padres varones, que los padres hombres quedan en condición de enfrentar el cuidado del hogar, el cuidado de su familia así solos, porque han perdido o ya no están acompañados de la madre de sus hijos, de la compañera de su casa.

Hoy la Ley Federal del Trabajo concede permisos particulares en los diferentes casos y en las diferentes hipótesis cuando hay nacimiento, cuando hay que atender por enfermedad a un hijo, cuando hay que realizar esta función, que es tan importante, sobre todo en la primera infancia, pero se refiere precisamente a las mujeres.

Yo les quiero decir, que según datos del Inegi hay poco más o menos cerca de 800 mil hogares que son encabezados por un hombre, de ellos 259 mil se trata de personas que se separaron o se divorciaron; 42 mil por algún tipo de abandono; y 495 mil, poco más o menos, por viudez.

Además, tal cual y aquí firmamos el Convenio de la OIT, también la OIT ha incluido a México con la obligación de homologar criterios de igualdad, precisamente para conceder licencias y prestaciones de previsión social para lo que ellos llamaron “padres solteros”.

Hoy lo que estoy planteándoles a ustedes es seguir una práctica que sé que hay en otros estados, que la Ciudad de México, con cifras de 2014 a 2018 les puedo decir que se han otorgado licencias por paternidad, mil 749, es decir, es algo que funciona y funciona bien, es algo que, por cierto también le tocó a Paty Mercado, porque también fue Secretaria del Trabajo cuando comenzamos a hablar de eso, de los derechos de los hombres, comúnmente se acercaban los padres y me decía: “Oiga, yo no tengo derecho a la guardería, oiga, es que me dicen que nada más son para mujeres, oiga tengo que llevar a mi hijo a que lo atienda o a mi hija para que la curen, pero a mí no me dan licencias”.

Entonces esto ya funciona, y hoy de lo que estamos hablando es de reformar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en materia de licencias de paternidad para otorgar, 10 días hábiles por nacimiento de una hija o hijo para fortalecer los lazos filiales, de 5 a 10 días para el cuidado por motivos de salud para el hombre con hijos menores de 12 años, lo cual puede ampliarse por 5 días más por complicaciones, ampliar el derecho de hasta 8 semanas cuando el padre tenga un hijo con alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria y establecer el derecho de los hombres para un descanso de hasta 6 semanas para el caso de adopción.

Es simplemente otorgar este criterio de equidad, llegar hasta 10 días, de 10 a 40, cuando la pareja del hombre trabajador haya fallecido, con el fin de cuidar a sus hijos, a sus hijas, etcétera.

Ustedes pueden ver el documento, porque el tiempo se me está agotando, en fin, todas las propuestas, pero de lo que se trata es de esto, de establecer los criterios de equidad.

Y, por supuesto, también adicionar en el artículo 171 en donde dice que las instancias infantiles gratuitas del IMSS prestarán servicio sin perjuicio de condición de género, esta mención específica que hoy no está sucediendo, yo estoy seguro que a nuestro compañero Senador que ocupará el cargo del lMSS le va a dar mucho gusto esto que estamos planteando, porque vamos a mandar más trabajo, pero vamos a darle este derecho también a los hombres que cuidan de sus hijos y de sus hijas, simplemente es cumplir con los criterios de equidad a los cuales está obligado nuestro país y que me parece fundamental, no hay ningún perjuicio para las empresas, no hay ningún tipo de menoscabo, por el contrario, tienen a trabajadores mucho más comprometidos con la tarea y se fortalece a las familias y se da un mejor resultado del crecimiento de los hijos y de las hijas.

Muchas gracias, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera.

Sonido en el escaño del Senador Cruz Pérez.

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sumarme a la iniciativa, si lo tiene a bien el proponente, el Senador Mancera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse el Senador Cruz Pérez. El Senador Rubén Rocha. El Senador Manuel Añorve, para adherirse a la iniciativa. La Senadora Nuvia Mayorga. Todo el grupo parlamentario del PRI, se adhiere a la iniciativa. La Senadora Patricia Mercado. El Senador Dante Delgado.

Todos los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se adhieren a esta iniciativa también.

Senadora Verónica Camino Farjat, para adherir al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista a esta iniciativa; Senador Ismael García, para adherirse y a su grupo parlamentario a esta iniciativa. El Senador Casimiro Méndez, para adherirse a la iniciativa. Senadora Imelda Castro Castro, para adherirse a la iniciativa. Senadora Lucía Meza, para adherirse a la iniciativa. Senadora Eva Galaz, para adherirse a la iniciativa. Senadora Margarita Valdez, para adherirse a la iniciativa del Senador Miguel Ángel Mancera. Senadora Soledad Luévano, para adherirse a esta iniciativa también. Aquí la Senadora Mónica Fernández también. Y el Presidente se adhiere también a esta iniciativa que presenta el Senador Miguel Ángel Mancera.

Muchas gracias.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones a la iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En la tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Agraria y se expide la nueva Ley para el Desarrollo Agrario.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY AGRARIA Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO

(Presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Señor Presidente. Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras:

Como muchos de ustedes, como muchas de ustedes, soy de origen campesino, trabajé mucho tiempo en las instituciones agrarias y siempre tiene uno esa actitud de no renegar de su esencia y de intentar permanentemente estar actualizado sobre el problema agrario en nuestro país, incluso mis primeros trabajos, la tesis de abogado la formulé sobre el sistema agrario mexicano, la privación de derechos agrarios.

Esto me ha dado pie a estudiar permanentemente el problema agrario en México y por eso, aprovechando la oportunidad que me da la vida de ser nuevamente legislador, vengo a presentar a la Asamblea Legislativa de este Senado una iniciativa, un proyecto de Decreto que crea una nueva ley en materia agraria.

272 artículos nuevos, 10 transitorios, 11 títulos; 272 artículos nuevos de una Ley para el Desarrollo Agrario.

Incluso aquí hay quienes fueron procuradores agrarios, Senador Dante Delgado fue un prominente funcionario en materia agraria y sabe de lo que estoy hablando.

En el país hay 32 mil 122 ejidos y comunidades; 100 millones de hectáreas son las que concentran estos 32 mil ejidos y comunidades y, lamentablemente, 62 por ciento de la población que habita estos ejidos y comunidades padece pobreza y un gran sector pobreza extrema.

Hace unos meses, junio de 2018, la ONU, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, emitió una recomendación para México, hace tres meses.

Esa recomendación consiste en que México debe realizar, legislar una reforma integral al régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Se destaca que la falta de respeto al derecho de los pueblos originarios a sus tierras, territorios y recursos impacta negativamente sobre el goce de los demás derechos.

Por eso es importante esta ley, porque además de contemplar estos 11 títulos ahí mismo lleva implícito capítulos especiales sobre la Procuraduría Agraria, pero también sobre los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Agrario, que se encuentra en la indefinición constitucional.

El Tribunal Agrario ni está en el Poder Judicial, ni está como un ente autónomo y ha ido rezagándose frente a los otros órganos jurisdiccionales.

Por eso creo que es el momento de definir legislativamente dónde debe de estar ubicado el Tribunal Agrario, y me parece que ya es hora de reconocerle que su ubicación es en el Poder Judicial de la Federación.

Es una iniciativa de fondo, no es una iniciativa superficial, es una nueva ley la que estoy planteando en esta materia y por esa razón les pido puedan tener especial atención en toda la argumentación jurídica y agraria.

Al Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y al Presidente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, les he planteado que tengan especial cuidado para poder dedicarle un tiempo extra a esta iniciativa.

Sería muy largo enumerar las bondades que, creo yo, se deducen de esta iniciativa, pero lo que sí puedo decirles es que desde 1992, hace 26 años fue la última reforma en materia agraria, en ese momento se decretó la fase final del reparto agrario, 1992.

Desde hace 26 años no ha habido una reforma fundamental, trascendente, por eso me parece pertinente, le pediré al Presidente de la Mesa Directiva pueda incorporar al Diario de los Debates no sólo la síntesis de esta iniciativa, sino todo el contenido lo pueda plasmar en este documento básico del Poder Legislativo.

Déjenme, con un poco de tolerancia que les pido por adelantado, decirles más o menos qué contiene.

Reconoce al ejido y a la comunidad como la organización social y económica de la propiedad rural, crea el Fondo para el Desarrollo Agrario, para impulsar el aprovechamiento de las tierras de uso común, facilitar el acceso a las tierras de las mujeres y los jóvenes que actualmente están siempre con obstáculo para incorporarse a ellos.

Reconoce un capítulo para promover el respeto de las tierras de comunidades que pertenecen a los pueblos indígenas, reconoce al posesionario como un sujeto de derechos agrarios, regula el procedimiento para la actualización permanente del padrón de sujetos con derechos agrarios vigentes, otorga facultades exclusivas a la Asamblea para regularización de asentamientos humanos y también conservación del uso común de bosques y selvas.

Deben de saber que los bosques y selvas en este país, el 80 por ciento es propiedad social, ejidal o comunal y se está acudiendo criminalmente a parcelar el bosque y las selvas cuando está prohibido constitucional y legalmente.

También establece las inversiones, que es en este momento también un problema grave al que no se le reconoce ni al ejido, ni a la comunidad las inversiones y su derecho a disputarlas.

También la debida diligencia, incorporamos una figura jurídica de conciliación de derechos, el amicuscuriae,el derecho de ejidos y comunidades a la participación, pero además aclaramos el procedimiento de expropiación de bienes ejidales y comunales que hasta este momento están generando grandes problemas en materia del uso de esos bienes y que tienen que expropiarse por causas de utilidad pública, estableciéndose plazos perentorios para que pueda operar la reconversión en el caso de no usarse esos terrenos.

Pero además, recuerden ustedes, la explotación minera en la superficie son propiedad de los ejidos y comunidades.

También esta ley pretende aclarar y regular todos esos aprovechamientos que actualmente no son en beneficio de ejidos y comunidades.

Por eso, abordamos también el tema de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la justicia agraria, los juicios distintos; es decir, legisladores, Senadoras y Senadores, es una Ley para el Desarrollo Agrario fundamental, son 272 artículos, es una nueva ley, evidentemente no será fácil, pero entiendo que llegó el momento de asumir con responsabilidad el futuro de comunidades y ejidos.

No es justo que nuestras comunidades y ejidos se encuentren en plena pobreza.

La verdad sea dicha, el problema agrario en México está agudizado desde 1992 que se declaró el reparto agrario cancelado, concluido; ahora está operando una nueva concentración de tierras en ejidos y comunidades, no sólo de tierras de uso común, sino incluso de aguas, de concesiones de aguas, como sucede en el norte del país.

El problema agrario en México es real y debemos atenderlos.

¿Saben ustedes cuánto genera de ingresos conforme al PIB o respecto al PIB toda la problemática agraria, toda la inversión agropecuaria? Representa sólo el 3.2 del PIB nacional, cuando en otros países, nuestros propios socios comerciales en el sistema y en el renglón agropecuario, representa entre el 20 y el 30 por ciento del PIB.

Es una verdadera vergüenza que nuestro país tenga tan abandonado al campo mexicano.

Por su atención y su tolerancia, muchas gracias para todos los que están, y para los que no están, también.

Señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Ricardo Monreal.

Senadora Mónica Fernández, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntarle por su conducto al Senador Monreal, si permite que me adhiera a esta iniciativa, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Senadora Xóchitl Gálvez, para adherirse a la iniciativa; Senador Casimiro Méndez, para adherirse a la iniciativa; Senadora Susana Harp, Senador Cruz Pérez, Senadora Blanca Estela Piña, Senadora Nestora Salgado, Senadora Eunice Renata Romo, para adherirse; Senadora Marcela Mora, del PES; Senadora Verónica Camino Farjat, Senador Mauricio Kuri, Senador Ismael García, Senadora Guadalupe Murguía.

Sonido en el escaño del Senador Kuri, por favor.

El Senador Mauricio Kuri González: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Si me lo permite el Senador Monreal, a nombre del grupo parlamentario el PAN, estaríamos dispuestos a acompañarlo en esta iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Primo Dothé, para adherirse; Senadora Angélica García, Senador Víctor Castro Cosío, Senador Salomón Jara, también para adherirse; Senador Alejandro Armenta, Senadora Gricelda Valencia, Senador Eduardo Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Eduardo Ramírez:

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sumarnos a esta iniciativa, ya que en mi estado, Chiapas, representa un grave problema la conservación de la Selva Lacandona y más de siete mil jóvenes, hijos de ejidatarios, reclaman programas y regularización de sus tierras en torno a los derechos parcelarios.

Y considero que esta ley, es una ley que va a favorecer mucho a mi entidad y particularmente darle certeza jurídica y una gran conservación a este pulmón ambiental.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, por la adhesión.

Les recuerdo que no está a discusión, simplemente su adhesión, por favor, Senador Antonio Cruz Álvarez Lima, para adherirse a la iniciativa; Senador Américo Villarreal, Senadora Guadalupe Covarrubias, Senadora Lucía Meza, Senadora Soledad Luévano, Senadora Lilly Téllez, Senador Daniel Gutiérrez Castorena, Senadora Eva Galaz también se adhieren, la Senadora Margarita Valdez.

Senador Alejandro González Yáñez, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Alejandro González Yáñez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para agregarnos y sumarnos a esta iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila, donde propone una nueva Ley para el Desarrollo Agrario y felicitarle por este extraordinario esfuerzo realizado.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Senador Miguel Ángel Mancera, para adherir a su grupo parlamentario del PRD, a la iniciativa.

Senador Dante Delgado, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Desde luego, que saludo la iniciativa del Senador Monreal, no he leído la iniciativa completa.

Yo sí quiero plantear al Pleno, y con autorización del Senador, que cuando presentemos iniciativas de ley completas, como en este caso, sí podamos tener un foro de análisis y de reflexión, que pueda, incluso más allá de las comisiones, por la simple razón de que si en el Pleno tenemos aprobación y reservación de artículos, yo no quiero dejar constancia de que apruebo a priori y suscribo una iniciativa de la cual, con todo respeto y en su momento en comisiones tendremos que tratar de hacer que los puntos cuestionables o no claros, o en los que no coincidamos tengan que ser rectificados.

Pero en síntesis, en la exposición de motivos del Senador, anticipo el ánimo de reactivar al campo, él se lamenta de que el 3 por ciento del Producto Interno Bruto sea generado por el campo, pero quiero recordar aquí que Movimiento Social en muchas ocasiones ha levantado la voz en este mismo recinto para significar que la banca de desarrollo había abandonado al campo al haber dejado de apoyar del 8 por ciento del Producto Interno Bruto a las caídas que ha tenido, es parte del problema sustantivo, para nosotros, de abandono, de inseguridad y de violencia.

Por eso, sí quiero dejar esto perfectamente asentado, porque en lo sustantivo aplaudimos la iniciativa y sensibilidad del Senador Monreal, como una gente que por su origen mismo de hombre del campo, de líder campesino, luego lo reflejan, y en lo en torno a lo expuesto en su exposición ante el Pleno, desde luego que en lo personal la respaldo, dejando a salvo las aclaraciones o rectificaciones que la propia iniciativa puede tener adelante.

Nosotros acostumbramos tener nuestras sesiones previas del grupo parlamentario, y desde luego que lo vamos a poner como uno de los temas prioritarios en nuestra propia reflexión.

Sí quise precisar esto, porque vamos a meternos a analizar a fondo esa iniciativa.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Dante Delgado.

Los Senadores Rubén Rocha e Imelda Castro se adhieren a la iniciativa.

Y la Senadora Nuvia Mayorga, sonido en su escaño.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para la fracción parlamentaria del PRI creo que es muy importante esta nueva ley agraria, sobre todo para la población indígena que se dedica más del 60 por ciento al sector primario, o sea, trabajar en el campo, y quieren la protección de sus tierras comunales o ejidales que muchas veces es el tema que más nos ha preocupado en la Comisión de Asuntos Indígenas.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

También se adhiere el Senador Cristóbal Arias.

Bien esta Mesa Directiva precisa que las adhesiones no impiden que en las comisiones se haga el trabajo legislativo correspondiente, de hecho el trabajo de comisiones sirve precisamente para precisar, acotar, transformar las propias iniciativas al momento en que se elaboran los dictámenes y se presentan al Pleno.

Bien, muchas gracias. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de delito de extorsión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El día de hoy subo a tribuna para presentar esta iniciativa sobre el delito de extorsión, en su modalidad de cobro de piso o derecho de piso.

Sin embargo se pueden identificar por lo menos tres formas de extorsión:

La primera, a través del engaño telefónico, por medio de una llamada donde se nos informa que somos acreedores a un premio que está condicionado a un pago de dinero o la entrega de una tarjeta prepagada de algún servicio.

La segunda, la amenaza telefónica, es el supuesto en el que una llamada se nos advierte y atemoriza por un delincuente que se identifica como miembro de una organización criminal para que paguemos una cantidad de dinero, para que un familiar no sufra algún daño.

Y, por último, el derecho de piso, también conocido como “narco rentas”. Se trata de una de las formas más agresivas de extorsionar, ya que el delincuente se presenta ante su víctima para exigir cantidades periódicas de dinero, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales a cambio de garantizar su integridad física, la de su familia y de su negocio.

Este modo de operar no se realiza por delincuentes improvisados; se trata de organizaciones criminales perfectamente estructuradas que obtienen grandes cantidades de dinero para seguir delinquiendo.

El cobro de piso es una realidad, por lo cual no podemos cerrar los ojos, y tenemos que reconocer que este delito se ha salido de control.

El incremento de extorsión ha sido exponencial y ha llegado al grado de que familias completas han tenido que cerrar sus negocios e incluso se han visto forzadas a cambiar de ciudad de residencia.

De un análisis comparado a los 32 códigos penales de los estados se puede establecer con claridad lo siguiente:

1. Que existen tres estados de la República que no tipifican este delito o que la conducta criminal se encuentra bajo otro supuesto delictivo.

2. Que siete estados más definen en forma básica el delito de extorsión, es decir que no presenta agravantes.

3. Que en sólo 4 años, de 2014 a la fecha, 22 estados que representan más de la mitad del país, han reformado su código para establecer regulaciones muy específicas, con agravantes de acuerdo al sujeto activo y pasivo del delito y sus medios comisivos.

Es por ello que esto nos obliga a actualizar la legislación federal y unir esfuerzos en el mismo sentido, y actuar con mano firme contra la delincuencia organizada.

Senadoras y Senadores, en el tema del cobro de piso estamos hablando de un sistema tributario alterno, de un impuesto al crimen o un pago más que se debe de contemplar en los gastos familiares.

Esto definitivamente no puede continuar sucediendo, no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo ni secuestrados de por vida, pagando para poder buscar el sustento diario de nuestras familias, y mucho menos, continuar financiando al crimen. Desafortunadamente sobran los ejemplos que se puedan mencionar con este delito

Por lo que se propone, modificar el artículo 390 del Código Penal Federal para aumentar las penas por el delito de extorsión de 4 a 15 años de prisión, y de 100 a 800 días de multa.

Aquí quiero mencionar que 23 estados de la República ya establecen sanciones de 10 años de prisión o mayores, por lo que estaríamos actuando en concordancia con el resto del país.

Esta iniciativa también propone incrementar hasta en una mitad las sanciones cuando se presenten los siguientes agravantes:

Primero. Cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que puedan causar algún daño físico a la víctima.

Segundo. Se utilice como medios comisivos del delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

Y, por último, se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o bien de forma continua o de manera reiterada por el cobro de cuotas de cualquier índole.

Finalmente, se pretende modificar un artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incorporar la extorsión en su catálogo de delitos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Ismael García. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Senador Manuel Añorve, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Solamente para suscribirla, señor Presidente, con la autorización del proponente, Cabeza de Vaca.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Añorve Baños.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez.

La Senadora Verónica Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para suscribirnos, a nombre del grupo parlamentario del PRI, a la iniciativa que acaba de presentar el compañero Ismael.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Para adherir a mi grupo parlamentario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherir a su grupo parlamentario del PRD a esta iniciativa. Muy bien.

Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recoja las adhesiones presentadas.






En la cuarta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación y la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de impartición obligatoria de educación física.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente.

En el año 2011 entró en vigor una reforma a través de la cual se reformó el párrafo in fine de la Constitución Política, en el cual se estableció que: “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Motivo por el cual, es que el día de hoy vengo ante ustedes a proponer, a través de esta iniciativa con proyecto de Decreto, el que la realización de la educación física y la práctica del deporte en todos los niveles que imparta el Estado sea obligatoria, sea una materia que tenga esa misma característica, es decir, la obligatoriedad.

La educación física y la práctica de un deporte es una asignatura que debe ser obligatoria en el currículum de toda la población estudiantil, por lo menos hasta nivel superior, ya que en países como el nuestro es una tradición que no tenemos, como sí la tienen y la llevan a cabo países desarrollados. En México esta práctica es poco valorada y tiene una enorme marginalidad en los centros educativos, tanto por parte de los alumnos, los padres y madres de familia y los propios docentes.

La educación física es una disciplina que se centra en diferentes movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud mental y física del ser humano, por lo tanto, la realización de ésta conlleva en sí misma la práctica de alguno de los deportes que se pueden realizar, además de que su realización potencia a los procesos motrices cognoscitivos y afectivos.

La práctica física le permite a las y a los adolescentes el adquirir conciencia de su cuerpo, lo cual les brinda seguridad misma que se ve reflejada en el esquema corporal de todas sus actividades cotidianas, además de que la actividad física permite adquirir la capacidad para incentivar el desarrollo de las funciones motrices del cerebro, y que permiten, por ejemplo, el realizar un cálculo mental.

La práctica de alguna actividad física durante las horas en que los alumnos están en la escuela, contribuye de manera directa a que haya eventualmente mejores resultados académicos, ya que también se ha comprobado que aquella tiene efectos positivos en la salud mental de las y los niños, así como de los adolescentes, en virtud de que con la realización del ejercicio se activan neurotransmisores como la norepinefrina y la dopamina.

Por eso es que debemos reconocer la importancia que conlleva la realización de la educación física en las escuelas de nuestro país, ya que su inclusión en el Sistema Educativo no ha sido algo sencillo, ha sido, más bien, un proceso largo que ha estado caracterizado por enormes dificultades.

En nuestro país este tema ha sido de enorme preocupación a lo largo de varias décadas; recordemos que fue la Ley General de Educación de 1970, la primera en establecer los objetivos psicomotores como desarrollo de la capacidad física deportiva.

En 1976 se impulsó el enriquecimiento de contenidos de la educación física, con la educación psicomotriz y estructurándolos con la programación por objetivos, con lo cual se le brindó mayor trascendencia a la educación física en el ámbito técnico-pedagógico, superando así a la educación física tradicional.

En el periodo de 1983 a 1988, se propusieron políticas específicas que estuvieron dirigidas hacia el impulso de la educación física, ya que se adoptó un programa que se denominó “Impulso de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, siendo sus objetivos específicos el desarrollo de la infraestructura y los programas de educación física para la educación básica, organizar y promover en forma masiva el deporte campesino, obrero, popular y juvenil, así como promover la investigación en la educación física, el deporte, la medicina y promover la apertura de instalaciones deportivas.

La educación física es una disciplina que debería ser obligatoria, tanto en la primaria como en la secundaria, preparatoria y educación superior, por lo que estimo que la Secretaría de Educación y las Secretarías de la materia en cada una de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, debe exigir y promover un contenido específico para que los alumnos, durante el año escolar, lleven a cabo de manera ordena y a través de programas específicos, el trabajo que esta materia requiere, razón por la cual es que esta reforma es necesaria.

Por todo lo anterior, es que la presente iniciativa pretende contribuir de manera directa a integrar o lograr que la educación física sea considerada como una asignatura indispensable y obligatoria en todo nuestro sistema educativo, donde se logren mejoras notables que permitan, que además de que se consolide como una materia curricular, se puedan resolver con su realización y práctica otra serie de problemáticas de salud pública.

Recordemos que México ocupa en el mundo el primer lugar en obesidad infantil, y segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos. Por eso es importante que se considere como parte de la salud pública, y que estamos cada vez padeciendo con frecuencia en nuestro país.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación, y la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 7o., Numerales 1 al 8.

Fracción IX, quedaría de la siguiente manera: “Fomentar la educación en materia de nutrición e impartir la educación física y la práctica del deporte como una materia curricular obligatoria, para lo cual el Estado garantizará la debida actualización de los planes y programas de estudio”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Para adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Freyda Marybel, para adherirse a la iniciativa; Senadora Gricelda Valencia, Senador Alejandro Armenta, Senadora Guadalupe Covarrubias, Senadora Delfina Gómez, Senadora Lucía Meza, Senadora Bertha Caraveo, Senadora Cecilia Sánchez, Senador Aníbal Ostoa, Senador Cristóbal Arias, Senador Víctor Castro Cosío, Senador Primo Dothé, Senadora Nestora Salgado, Senadora Lucía Trasviña, Senador Cruz Pérez, Senador Miguel Ángel Osorio Chong, Senador Manuel Añorve, Senadora Nuvia Mayorga, Senadora Martínez, para adherirse a la iniciativa; Senadora Susana Harp.

Senadora Josefina Vázquez Mota, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre de nuestro grupo parlamentario del PAN, queremos adherirnos a esta iniciativa y acompañarla.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Senadora Xóchitl Gálvez, también para adherirse; Senadora Rocío Abreu, Senadora Mónica Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Ttiene el uso de la tribuna el Senador Mauricio Kuri González, para presentar a nombre de la Senadora Gina Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y del suyo propio, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuaciones presupuestales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SUBINCISO V) AL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Mauricio Kuri González, a nombre de la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Mauricio Kuri González: Gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa que propongo lo hago a nombre propio y a nombre de las Senadoras Gina Andrea Cruz Blackledge, Guadalupe Murguía y Minerva Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Ya que el objetivo es transparentar el origen, destino y resultados alcanzados por los ingresos excedentes que se presentan en las finanzas públicas.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 2, define a los ingresos excedentes como los recursos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos, o en su caso, respecto de los ingresos propios de las entidades de control directo.

Asimismo, el artículo 19 de la citada ley, señala el destino de los ingresos excedentes, sin embargo, a pesar de los avances legales que se han realizado en materia de transparencia y rendición de cuentas, el uso y operación de los ingresos excedentes aún adolece de la falta de información, situación que se vuelve cada vez más apremiante en función de la importancia que representa este rubro para la economía nacional.

En este sexenio que termina los ingresos excedentes han sido de proporciones escandalosas, ya que han sido hasta 691 mil millones de pesos, lo que representa 2.5 veces el presupuesto para la educación. Asimismo, el promedio en este sexenio los ingresos excedentes fueron del orden de 391 mil millones de pesos, lo que equivale al gasto programable de Pemex.

Sobre este tema, la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado la gestión financiera para comprobar que la determinación, distribución y aplicación de los ingresos fiscales excedentes, previstos en la ley, así como su presentación en la Cuenta Pública, han sido insuficientes y ha indicado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deben establecerse, pormenorizadamente, el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto de dichos recursos públicos.

Asimismo, señaló que la referida Secretaría deberá instrumentar un mecanismo para elaborar el cálculo de los ingresos excedentes previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De manera desagregada por cada tipo de impuesto, derecho, producto y aprovechamiento, debido a que se observó que utilizó conceptos sin desglosar o que contienen las cifras de forma agregada y, en consecuencia, no fue posible identificar con exactitud el monto estimado y la recaudación preliminar que correspondió a cada tipo de derecho, producto y aprovechamiento considerado en el cálculo.

La aplicación de los ingresos excedentes forma parte de las ampliaciones presupuestarias de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que la Auditoría ha solicitado a la Secretaría proporcionar las medidas tomadas para dar transparencia y rendir cuentas de los montos del gasto modificado y autorizado que se financia con ingresos excedentes, de acuerdo con el origen previsto en las disposiciones aplicables e informar con detalle sobre el ramo, la unidad responsable, el programa presupuestario, el monto, el objeto del gasto y el resultado alcanzado, medido por las metas de los indicadores de desempeño en congruencia con el marco normativo.

Senadoras y Senadores, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos señalados, sometemos a consideración de esta Soberanía y con la finalidad de establecer que se reporte, pormenorizadamente en los informes sobre la situación económica las finanzas públicas y la deuda pública y en la cuenta pública el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes, ya que se fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas respecto de los ingresos excedentes, su origen, aplicación y uso discrecional.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Kuri González. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






En la quinta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, para presentar a nombre propio y del Senador Higinio Martínez Miranda, del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de vehículos de carga de doble remolque.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, a nombre propio y del Senador Higinio Martínez Miranda, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores. Medios de comunicación que hoy nos acompañan. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El Senador Higinio Martínez Miranda y una servidora, ambos del grupo parlamentario de Morena, venimos a presentar una iniciativa para reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el firme propósito de prohibir la circulación de los vehículos de doble remolque por la red carretera de este país.

Lamentablemente las carretas federales y de cuota se han teñido de sangre por el incremento de las víctimas en los últimos años que va en aumento día con día.

En México se registra un promedio de seis accidentes diarios en la red carretera, provocados por camiones de doble remolque pertenecientes a empresas nacionales y trasnacionales que atentan contra la seguridad de miles de familias mexicanas.

El mal estado de los camiones, el exceso de carga, las volcaduras, el quedarse sin frenos, el provocar largas filas de tráfico genera accidentes con consecuencias fatales para quienes transitamos por ahí todos los días.

¿Cuántos automovilistas y cuántas familias enteras han perdido la vida en estos accidentes que se pudieron haber prevenido y que por intereses de no sé quién no se ha discutido este tema tan importante?

En todo momento estas empresas anteponen la seguridad de sus unidades por las ganancias millonarias que generan.

Las medidas impuestas por la SCT para la circulación de los camiones de doble remolque han sido totalmente insuficientes para reducir el número de accidentes provocados por estos pesados camiones de carga, inclusive han desdeñado este sentir ciudadano.

El pasado 26 de junio fue la fecha límite para que las empresas nacionales y transnacionales cumplieran con las nuevas medidas y especificaciones para la circulación de los camiones de doble remolque.

Lamentablemente estas medidas no han servido de nada, es más, ni siquiera las han atacado, prueba de ello son las noticias que seguimos escuchando todos los días de los accidentes que provocan estos tráileres de doble remolque, que siguen cobrando vida de manera impune.

Los ciudadanos y los transportistas ya no queremos que estos camiones sigan circulando en esta red carretera y nuestro deber es escuchar a las víctimas.

México es el séptimo país a nivel mundial, donde se registra un mayor número de accidentes viales. De acuerdo con la ONU, más del 20 por ciento de los accidentes son provocados por la irresponsabilidad de las empresas y choferes de esos camiones de carga que circulan en mal estado.

Es preocupante que el 67 por ciento del parque vehicular de la empresas que emplean el doble remolque para el traslado de sus mercancías datan dese hace 17 años; y el otro 14 por ciento desde hace 16 años, es decir, son unidades viejas, obsoletas, en mal estado.

El anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evidencia que en el 2017 se registraron 11 mil 883 accidentes viales, de los cuales, 2 mil 378 fueron provocados por camiones articulados y mil 5 por vehículos de doble remolque, lo más grave, mientras que en un accidente entre vehículos ligeros, pierden la vida en promedio una o dos personas, en un percance provocado por los camiones doble remolque fallecen entre 3 y 5 personas.

De acuerdo con la SCT, en 2017 empresas nacionales y transnacionales trasladaron un total de 313 millones de toneladas de mercancías vía terrestre, el problema radica principalmente en el que el mayor traslado de esa mercancía se realizó por camiones de doble remolque que en ocasiones imprudentemente viajan a altas velocidades, sus camiones se encuentran en condiciones obsoletas y deplorables y con conductores que no cuentan con la pericia suficiente para maniobrar en este tipo de unidades.

No podemos tolerar ni solapar que se sigan utilizando este tipo de transporte de carga, mientras que en otros países como Canadá, Alemania, España, Bélgica y entre otros, han reducido las dimensiones de estos vehículos y el límite de carga, en Estados Unidos ya se prohibió el doble remolque para traslado de mercancía.

Estoy segura que con esta propuesta de reforma al artículo 50, tenemos la oportunidad de salvar miles de vidas, a miles de familias que diariamente transitan por esta red carretera.

La vida de las familias mexicanas vale más que las ganancias millonarias de cualquier empresa.

Hoy tenemos esa gran oportunidad, está en nuestras manos reformar esta ley para brindar la seguridad a todos los que transitamos por la red carretera de nuestro país.

Le pido unos minutos más, señor Presidente, para concluir con mi intervención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora.

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Quiero de manera muy respetuosa, ilustrar las tragedias que precisamente se han dado a consecuencia de estos tráileres de doble remolque que circulan de manera impune por la red carretera de este país.

Tenemos que poner un alto, tenemos que parar esta situación para que todas las familias y todos los ciudadanos podamos transitar de manera tranquila por la red carretera de este país.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Meza Guzmán.

Senador Julen Rementería, sonido en su escaño.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Senadora si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Gricelda Valencia, para adherirse; Senador Américo Villarreal, Senadora Freyda Marybel, para adherirse; también para adherirse los Senadores, Eduardo Ramírez, Bertha Caraveo, Cecilia Sánchez, Soledad Luévano, Félix Salgado, Senador Napoleón Gómez Urrutia, Senador Cristóbal Arias, Senadora Eva Galaz, Imelda Castro, Rubén Rocha, Álvarez Lima, Senadora Sasil de León, Senador Miguel Ángel Osorio Chong y la bancada del PRI.

También, Senadora Ruiz Massieu, Senador Añorve Baños, también; el Senadores Álvarez Icaza, la Senadora Alejandra, la Senadora Verónica Camino Farjat, la Senadora Alejandra Lagunes, Senadora Xóchitl Gálvez, Senador Casimiro Méndez, Senador Martín del Campo Martín del Campo, los Senadores Angélica García, Víctor Castro, Primo Dothé. Daniel Gutiérrez Castorena, se adhiere a esta iniciativa de la Senadora Lucía Virginia Meza; también la Senadora Noyola Cervantes, del PRD, la Senadora Rocío Abreu, se adhieren a esta iniciativa, muchas gracias. Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios el conjunto de adiciones, la Senadora Josefina Vázquez Mota. También se adhiere a esta iniciativa y el Senador José Luis Pech.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones aquí expresadas a esta iniciativa que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de identidades con alto grado de migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

Por sus implicaciones, el fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la agenda internacional, principalmente en las últimas décadas, no solamente por los indicadores económicos, sino también por la vinculación que se construye y fortalece entre distintas sociedades.

Esta iniciativa que hoy les presento tiene por objeto el poder hacer una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para que se pueda establecer el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades con alto y muy alto índice de intensidad migratoria y las entidades fronterizas con población flotante por inmigración.

Hay que reconocer que nuestro país es un país expulsor, pero también es un país de tránsito de migrantes y que lo hemos visto en los últimos días, especialmente con la comunidad hondureña, que hay que decirlo, no es la única ocasión, no es la única caravana que se ha dado, en otro momento otras caravanas, pero que ésta ha tenido una especial atención y tensión con nuestro país vecino del norte.

Por lo tanto los impactos del fenómeno migratorio pueden ser, tanto positivos como negativos, y nos tiene que obligar a redoblar los esfuerzos y orientar acciones que promuevan medidas acordes a la realidad de la comunidad migrante y sus necesidades al tiempo de establecer mecanismos que permitan reducir su vulnerabilidad.

Recordemos que la migración representa el derecho humano que tiene todo individuo de buscar una mejor vida por sí mismo y su familia, cuyo esfuerzo permite el crecimiento y desarrollo de los países emisores a través del envío de las remesas, pero también hay que reconocer el desarrollo que se genera en los países receptores a través del pago de impuestos, a través dela generación de los empleos.

Por lo tanto, y ante la adopción del Pacto Mundial para la Migración Ordenada y Regular, me parece importante que en México tenemos que actuar de una manera más proactiva y no sólo reactiva.

Por eso el proponer la creación de este fondo, ¿en qué consiste? En la Ley de Coordinación Fiscal se establece en el artículo 2o., el fondo participable para entidades y municipios, éste corresponde al 20 por ciento de lo que la Federación recauda, y lo que queremos nosotros proponer en este fondo especial para fortalecer entidades con alto y muy alto índice de intensidad migratoria y entidades fronterizas es solamente el punto, el equivalente al .05 de este fondo participable.

¿Qué quiere decir en cifras? Miren, si hacemos un corte con la proyección que se tiene para este año, de lo que México estará recibiendo de remesas por la comunidad mexicana en Estados Unidos, se habla de aproximadamente 30 mil millones de dólares.

¿Qué quiere decir esto? Que en pesos mexicanos son 570 mil millones.

Si solamente consideráramos el impuesto al consumo esto significa que son 85 mil 500 millones.

Los que nosotros proponemos en la creación de este fondo es el equivalente a poco más de 3 mil millones; es decir, mientras ellos nos dan, y me refiero a la comunidad mexicana en la Unión Americana principalmente, nos proporcionan a México la posibilidad de la recaudación de más de 85 mil 500 millones.

Lo que nosotros queremos en este fondo es poder devolverles cerca, un poco más de 3 mil millones de pesos ¿en qué? Distribuido prácticamente en dos incisos:

El 70 por ciento para las entidades de muy alto índice y alto índice de intensidad migratoria, que esto lo establece Conapo en los reportes y es para el establecimiento de oficinas de atención en donde resida la comunidad y se concentre la comunidad de origen.

Y el 30 por ciento para los estados fronterizos que cuenten con una población flotante por efecto de una inmigración; es decir, la migración en tránsito que no logra llegar a su lugar de destino y que normalmente se ve en las fronteras; y en México es muy evidente lo que sucede en el estado de Baja California, en Tijuana, lo que sucede en Tamaulipas, lo que sucede en Chihuahua; y lo mismo lo que sucede en el sur, en Tabasco, en Chiapas y en Campeche.

Por eso pedirles el apoyo para poder crear este fondo, pedirles el acompañamiento en esta iniciativa porque, finalmente, lo que estaremos nosotros otorgando de una manera objetiva es la posibilidad de que los estados puedan dar una mejor atención a sus connacionales, a sus paisanos, a nuestros mexicanos, pero también que las entidades de la frontera cuenten con los recursos suficientes para atender el fenómeno de la población flotante, que es ocasionada por la inmigración que no logra llegar a su fin, a su destino en este trayecto y en este tránsito por México.

Así es que lo dejo a su consideración esperando que, en determinado momento, podamos contar con el consenso de las diferentes fracciones parlamentarias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Noemí Reynoso Sánchez. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que está de visita en nuestra sesión el excelentísimo señor Pedro Núñez Mosquera, Embajador de la República de Cuba en México.

¡Le damos la bienvenida al Embajador!

Viene acompañado por la señora Indira Poviones y por el señor Dany Tur, Secretarios de la Embajada.

Ellos acuden a invitación del Senador Félix Salgado Macedonio.

Aprovecho para expresar que la Mesa Directiva del Senado de la República se manifiesta por darle fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla de Cuba.

Muchas gracias por su atención.






Se concede en una sexta ronda, el uso de la tribuna a la Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de sanciones por sentencia en juicio político.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Angélica García Arrieta: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores, muy buenas tardes.

El día de hoy me voy a permitir someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con lo siguiente.

La razón de ser del juicio político es la de sancionar los actos y omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de un buen despacho. La ciudadanía reclama que se dé cauce a los procedimientos con claridad y que nuestro marco jurídico contempla el establecimiento de sanciones, éstas realmente deben aplicarse al pie de la letra.

No podemos permitir que haya consideraciones especiales, que se trate con privilegios a los servidores públicos cuando cometen actos y omisiones castigados por la ley.

Sirva sancionar las causas que dan origen a este juicio político, y son:

El ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano no representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de atribuciones, infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicio grave a la Federación, estados, sociedad e instituciones, la omisión de carácter grave, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos.

Es así que quien incurra en tales actos y omisiones debe tener sanciones ejemplares y así, efectivamente, lo prevé el artículo 110 de la Constitución, el cual establece clara y expresamente que “las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

Es así que como bien lo establece el texto constitucional, las sanciones al servidor público consisten tanto en destitución como en inhabilitación, no obstante el problema es que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos deja abierta la posibilidad a que la sanción tan sólo sea destitución, indicando que podrá también imponerse inhabilitación de 1 hasta 20 años, lo cual le permitirá regresar en un futuro al servicio público menoscabando tal mandato constitucional.

Por lo tanto, nos encontramos ante consecuencias jurídicas incompatibles entre sí, por lo que debemos cuidar que prevalezca la supremacía constitucional.

Es así que atendiendo a tal criterio jerárquico es nuestro deber como legisladores armonizar legalmente nuestras leyes y brindar certeza de su interpretación y aplicación, no podemos permitir que el servidor público que sea sancionado por juicio político tenga la posibilidad de volver a desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Así lo establece nuestra Constitución, hagámosla valer, apliquemos el principio de legalidad administrativa congruente en nuestro país.

Por las anteriores consideraciones, se propone la siguiente modificación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos siguientes:

Artículo 8o. Si la resolución que se dice en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución e inhabilitación permanente para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora García Arrieta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas asequibles para la población.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

(Presentada por el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Julen Rementería del Puerto: Con su permiso, señor Presidente.

La energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía. Hoy en día resulta increíble poder pensar en un mundo moderno sin la energía.

Para la Organización de las Naciones Unidas, nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa.

Un sistema energético bien establecido apoya a todos los sectores de manera transversal, desde las empresas, a la medicina, a la educación, a la agricultura, a las infraestructuras, a las comunicaciones, a la alta tecnología.

En nuestro país el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030, emitido por la Secretaría de Energía, reconoce que la energía eléctrica es un insumo primario para la realización de actividades productivas, de transformación y servicios en el país, otorgándole a la energía eléctrica el valor de un bien final indispensable para los consumidores.

Lamentablemente, aunque nuestro país reconoce esa importancia, actualmente enfrentamos un problema en el sistema tarifario que regula el precio de la energía eléctrica, situación que de no atenderse inmediatamente traerá consecuencias negativas para la población en su conjunto.

En México las tarifas de energía eléctrica se regulan a través de la propia Ley de la Industria Eléctrica, en sus artículos 138 y 139 y le dan facultades a la Comisión Reguladora de Energía para que sean ellos los que puedan a través de los cálculos necesarios establecer esas tarifas.

Pero ese mismo ordenamiento en el artículo 140, se establece cuáles serían los criterios que tendrían que tomar en cuenta la Comisión Reguladora de Energía para poder llevar a cabo precisamente el establecimiento de estas tarifas

Y hablan en cuatro o cinco de sus puntos:

El primero. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica.

Pero luego pasa a determinar tarifas que permitan la subsistencia, cito algunas pequeñas líneas: “obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento y financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades del servicio”.

Y así en varios de los temas esta es la parte sustantiva de las cosas que está plantando para que la Comisión Reguladora establezca los precios, pero deja de lado totalmente la circunstancia de nuestro país, porque se observa que lo que atiende es precisamente a la cuestión estrictamente empresarial.

¿Pero qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad o con aquellos organismos, por cierto en México sólo tenemos la Comisión Federal, que son ineficientes, que no tienen manera de poder simplemente ser eficientes?

Bueno, pues hay quien los premia, porque entonces la Comisión Reguladora de Energía cuando considera los costos, cuando establece con perfecta claridad cuál es el costo que tiene esta empresa y en México sólo tenemos a esa, pues resulta que la premia porque no está orientada su instrucción en la ley actual para que pueda atender también a criterios de eficiencia y que no, esas ineficiencias nos las pase a los consumidores, no importa en qué rango o en qué lugar de la economía te encuentres, lo mismo al servicio doméstico, que por supuesto, a las tarifas comerciales para precisamente la industria o para cualquier actividad.

De manera que lo que estamos proponiendo, es que se incluya esta parte en la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 140, un apartado que permita obligar a la Comisión Reguladora de Energía a tomar en cuenta criterios de asequibilidad, en donde puedan, que además resulten equitativos; en donde podamos encontrar precisamente en la Comisión Reguladora de Energía, pues esa condición que al final del día le obligue a tomar en cuenta las particularidades de nuestro entorno en todo nuestro país.

La problemática la conocemos todos, aquí han pasado Senadores yo creo que de todos los partidos para pronunciarse precisamente respecto de cuestiones de las alzas de las tarifas de energía en nuestro país en prácticamente todos los estados.

Pero más allá de los exhortos que se han hecho aquí, lo que hoy venimos a proponer es una modificación a la ley para que no sea una condición graciosas que den algunos a partir de un exhorto que aquí se haga, aunque sea unánime, que simplemente nos quieran conceder eso.

Lo que queremos es que al final si de lo que se trata es que, además, por cierto, el tema está próximo a discutirse en la Comisión Reguladora de Energía el día de mañana; pero necesitamos más allá de estos pronunciamientos y de estos exhortos, obligar en la ley a que sea una función de la Comisión Reguladora de Energía y que, si de repente la autoridad hace oídos sordos y permite la tolerancia y la aquiescencia del gobierno federal, pues porque no hace nada, porque por cierto, el artículo 140 también dice: “Que es facultad del Ejecutivo, en todo caso, entrar para poder contener los aumentos en las tarifas de energía”, cosa que no se ha hecho.

Entonces, ante esa tolerancia, ante ese desdén, lo que venimos es, lo que nos toca hacer aquí desde el Poder Legislativo a hacer un contrapeso para que las tarifas de energía estén reguladas ya desde la ley y que pueda, entonces, ser una condición que obligue a la Comisión Reguladora de Energía, en su artículo 140, adicionando específicamente un tema como el siguiente, la modificación que proponemos para el 140, es que diga:

“Garantizar precios asequibles para la población y las empresas mediante la incorporación de variables que le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en municipios con altas sensaciones térmicas que incrementen el consumo en municipios sin cobertura total de energía, en municipios de escasos recursos y en entidades federativas productoras de energía.

“El precio de la energía debiera o debe fijarse de manera equitativa, analizando las particularidades que son muy diversas en nuestro país”.

Miren, sólo por citar un dato que muchos ya lo conocen, pero lo quiero recordar: El 98.5 por ciento de la población cuenta con servicio de energía eléctrica. Esto da una clara imagen de la urgencia del tema. Necesitamos que esto no se vuelva en una condición impositiva a los altos precios las tarifas de energía que implique sacrificar el alcance de otros derechos como la alimentación, a la educación o a la salud.

De lo que estamos hablando es de una situación real en donde hay, en algunos casos ya la imposibilidad material de seguir pagando estas altas tarifas de energía eléctrica, y me refiero en todos los niveles, no solamente en las empresas; por supuesto que en el servicio doméstico, ahí en las tarifas de energía para la vivienda de los mexicanos, al final está impactándose de una manera muy importante.

No dejemos pues a que esta condición la haga de manera graciosa pues el Ejecutivo o alguna autoridad, pongámoslo como nos corresponde, como lo podemos hacer desde aquí, una condición una obligación para que la Comisión Reguladora de Energía también tenga esta obligación de tomar en cuenta consideraciones como las que estamos comentando en este momento.

Ojalá tengamos la oportunidad de contar con el apoyo de todos ustedes. Sé que es un problema que se ha reflejado prácticamente en todo el país, necesitamos pues actuar en consecuencia.

Es cuanto.

Iniciativa

El que suscribe, JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta cámara la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía. Hoy en día, resulta increíble imaginar el mundo moderno sin energía eléctrica.

Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa. Un sistema energético bien establecido apoya todos los sectores: desde las empresas, la medicina y la educación a la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la alta tecnología.

Una industria eléctrica eficiente, es esencial para el funcionamiento de cualquier país, y las limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica se traducen a largo plazo en un obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población.

A fin de abatir las dificultades en el suministro de energía, en 1937 fue creada la Comisión Federal de Electricidad (CFE), institución que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro, con la finalidad de obtener con un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.1

Después de varias reformas al marco jurídico en materia de energía eléctrica, a partir del año 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó a ser la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

Por otra parte, a partir de la reforma en materia energética de 2013, las tarifas eléctricas en México se establecen de conformidad con los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Dichos artículos señalan que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, garantizando los objetivos señalados por el artículo 140 de la misma ley, entre los que destacan:

• Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los servicios;

• Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio.

• Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada;

• Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada, o bien, mediante procesos competitivos;

• Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente

Como se observa, dentro de los objetivos para las metodologías y tarifas que determina la CRE, no se encuentra establecido alguno que pretenda alcanzar la asequibilidad de la energía eléctrica.

Los objetivos referidos se advierten como propios de una visión empresarial, que buscan garantizar la subsistencia de la misma, en un contexto nacional en el que no existen opciones que permitan al ciudadano optar por una alternativa distinta a la CFE.

Si bien es cierto el párrafo segundo del artículo 139 de la ley en comento establece la posibilidad de que el Ejecutivo Federal determine mediante acuerdo, un precio distinto a la tarifa determinada por la CRE, al día de hoy las tarifas que rigen el servicio básico y empresarial son las determinadas por la CRE mediante los acuerdos A/058/2017, A/017/2018 y A/032/2018.

Frente a lo anterior, el sector industrial a lo largo y ancho de la República ha resentido los aumentos en las tarifas eléctricas y lo han expresado de manera pública a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía quienes han hecho caso omiso a sus peticiones.

Adicionalmente, el alza en las tarifas al sector industrial trae como consecuencia un incremento en la inflación, motivo por el cual el aumento en las tarifas eléctricas de servicios también repercute directamente en la economía de las familias mexicanas.

Diversas senadoras y senadores de todos los partidos, hemos externado nuestra preocupación desde la tribuna del senado de la república, mediante la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a disminuir las tarifas a fin de que estas sean accesibles para las ciudadanas y ciudadanos, y en particular para el sector empresarial del país.

La defensa de la economía familiar y el desarrollo de la industria de nuestro país, como generadora de empleo y bienestar social, son vitales para el país, por lo que requieren de mejores condiciones para dicho sector en pro de la competitividad.

Por ello, resulta necesario incluir dentro del marco jurídico de la industria electrica, la obligación de “Garantizar precios asequibles para la población y las empresas, mediante la incorporación de variables que le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en municipios con altas sensaciones térmicas que incrementen el consumo, en municipios sin cobertura total de energía, en municipios de escasos recursos y en entidades federativas productoras de energía”; como uno de los objetivos para la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas a cargo de la Comisión Reguladora de Energía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN QUINTA, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.

Único: Se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 140.- …

I. a la IV. …

V. Determinar tarifas que garanticen precios asequibles para la población y las empresas, mediante la incorporación de variables que le permitan determinar precios mínimos de la energía eléctrica en municipios con altas sensaciones térmicas que incrementen el consumo, en municipios sin cobertura total de energía, en municipios de escasos recursos y en entidades federativas productoras de energía;

VI. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, e

VII. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La CRE deberá emitir nuevas tarifas que garanticen lo establecido por el presente decreto, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Ciudad de México, 23 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Julen Rementería del Puerto.

1 http://portal.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/historia.aspx

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Rementeria del Puerto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, les informo que iniciamos esta sesión a las 11:26 de la mañana. Como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta 4 horas, ese tiempo ya lo hemos cumplido.

Para conocer si es posible continuar con los asuntos del Orden del Día, consultaremos a la Asamblea, por lo que solicito a la Secretaría le consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza continuar con la sesión.

La Secretaria Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza continuar con los asuntos del Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza continuar la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria.






Les comunico el Acuerdo de la Mesa Directiva sobre las siguientes efemérides:

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de las Naciones Unidas”.

Efeméride con motivo del 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la mayor organización internacional que ha existido, se empezó a vislumbrar su creación en 1941, cuando el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el Primer Ministro  británico Winston Churchill, firmaron la Carta del Atlántico, en una conferencia celebrada a bordo de un buque de guerra. En la carta, los dirigentes se comprometieron a conseguir un sistema permanente y más amplio de seguridad general y la máxima colaboración de todas las naciones en el plano económico.

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el término “Naciones Unidas”, habría de usarse por primera vez cuando se llevó a cabo la Declaración de las Naciones Unidas, la cual representó una alianza de 26 países que se comprometieron a cumplir con los principios mencionados en la Carta del Atlántico y a seguir luchando contra las Potencias del Eje.

La ONU surgió de manera oficial en 1945, cuando representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, también conocida como la Conferencia de San Francisco, con la finalidad de redactar la Carta de las Naciones Unidas y celebró su primero periodo de sesiones el 10 de enero de 1946 en Londres. Uno de los mayores logros de la ONU es la Declaración de los Derechos Humanos, la cual comprende 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, social, económico, político y cultural. El documento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, en donde los Estados Miembros establecieron los derechos humanos fundamentales y se comprometieron a que fueran respetados y protegidos.

En la actualidad, hay 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, representados por la Asamblea General, la cual toma medidas sobre los problemas a los que se enfrenta la humanidad, como la paz, el cambio climático, los derechos humanos, la salud, gobernanza, entre otros. Uno de esos países es México, siendo uno de los miembros fundadores de la Organización y con el cual se mantiene una relación estrecha debido a su participación en todos los ámbitos de la ONU, incluso se han situado oficinas en nuestro país con alta relevancia para todo el continente. En México la ONU trabaja en proyectos de colaboración, de manera conjunta y coordinada, con los gobiernos federales y locales, en el ámbito empresarial y con la sociedad civil. Asimismo, se realizan investigaciones y se brinda apoyo técnico para el óptimo desarrollo de la sociedad mexicana.

A nivel internacional, desde 1971, cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, que marca el aniversario de la creación de la ONU, en donde al paso de los años diversos países se han adherido en la búsqueda de generar directrices para atender diversos factores que repercuten en los Estados parte, como son la salud, seguridad, pobreza, derechos humanos y en donde nuestro país ha ratificado su compromiso de trabajar por la paz y los derechos entre los pueblos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es de suma importancia el conmemorar este día que cambió la forma en que los países trabajan entre si, manteniendo la paz, protegiendo los derechos humanos, distribuyendo ayuda humanitaria, promoviendo el desarrollo sostenible y defendiendo el derecho internacional.  En ese sentido, estamos comprometidos a seguir trabajando por los principios que se firmaron hace más de 70 años. Desde el Senado de la República impulsaremos iniciativas en favor de los ideales plasmados en la Carta de las Naciones Unidas, apoyando la adopción de resoluciones, además de mantener la búsqueda de la cooperación internacional con miras a la paz y seguridad internacional.

Atentamente.






Del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, sobre el Aniversario de la Constitución de Apatzingán.

ANIVERSARIO DE LA “CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN”
22 DE OCTUBRE - 204 AÑOS

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingan, es un documento clave en la historia del Constitucionalismo Mexicano que emergió en plena guerra de Independencia como sustento ideológico e institucional de la lucha armada Insurgente.

Obra del Congreso de Chilpancingo, debe su designación a la villa de Apatzingán, en el actual estado de Michoacán.

Organizado por iniciativa de José María Morelos y Pavón, el Congreso de Chilpancingo trabajó para cimentar las bases políticas e ideológicas sobre las que se construiría la nueva Nación. Su interés era diáfano: romper todos los vínculos existentes con el Imperio español, sustentar el reconocimiento de los derechos humanos de los habitan- tes de estas tierras y establecer un nuevo orden jurídico.

Esta Constitución proponía la creación de una estructura estatal fundamentada en la libertad e independencia de la América Septentrional, los derechos del hombre, la división de poderes y el beneficio de todos como fin de gobierno. Destacaba el reconocimiento de la religión católica, la soberanía popular, la ciudadanía que podían adquirir los extranjeros, la igualdad ante la ley, el respeto a la libertad y los derechos que no se podían afectar sin juicio previo.

Esta Carta Magna, fue la primera Constitución redactada en México, y promulgada por el Congreso de Anáhuac, el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán, con el nombre de Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana. En ella están contenidas muchas de las ideas del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Estaba compuesta por dos partes: principios o elementos constitucionales y forma de gobierno, integrada en total por 242 artículos.

Respecto al gobierno, especificaba las provincias que integrarían al territorio nacional, las facultades de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las funciones del Congreso, creaba un poder ejecutivo integrado por tres personas, y sus tres secretarías de estado: Guerra, Hacienda y Gobierno; aclaraba las actividades del poder judicial integrado por el Supremo Tribunal de Justicia, y uno de residencia.

Esta Constitución nunca entró en vigor, por los difíciles tiempos en que fue redactada, en plena guerra de independencia. Sin embargo, fue un punto de partida y una fuente de inspiración, para la redacción de la Constitución Federal de 1824, la primera del México Indepedendiente.

La Constitución de Apatzingan deja un legado importante para el Constitucionalismo mexicano. Los principios de soberanía, democracia, división de poderes y supremacia de la Ley, ademas de la igualdad y  la libertad  se han ido fortaleciendo  a lo largo de la Historia. A traves de este documento histórico se sentaron las bases fundamentales del Estado Mexicano.

Sen. Antonio Garcia Conejo.






Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el “Día del Médico”.



Todos los textos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y se integran al Diario de los Debates de la sesión de hoy.






Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos se aplicará el correspondiente turno a comisiones los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 91 BIS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 91 BIS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este tipo de productos no son comparables con las características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.1

Por otro lado, la  NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la formula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente; de igual manera el Producto lácteo combinado es definido como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente

Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las especificaciones de su denominación dentro de la norma.

II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados2.

De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca,  tiene un aporte calórico menor que estas, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco  no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante esta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal3.

Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos4.

Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, ha advertido que desde 1994 las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues ese mismo año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche  por una cantidad de 2 mil 167 millones de pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 1 800% cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de sueros, grasas Trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales5. Además, mencionan que debido a un vacío en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera6.

En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal7.”

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de las tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche8.

Por ello, creemos que el uso de la palabra leche, no puede utilizarse como denominación para referirse a los productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos.

III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos combinados o fórmulas lácteas,  genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto, ya que al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.

Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que:  La publicidad es el modo de promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está encaminada a una doble finalidad:

1. “Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o servicio que se quiere vender; y

2. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio9.”

Así mismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 42.- El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.”

Es por esto, que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión concientizada al momento de consumir algún producto.

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante10

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo establece lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.”

Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor en su estudio “No todo lo que parece leche lo es Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente:

En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “formula láctea con grasa vegetal” o “producto lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.11”

En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la denominación leche, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente vegetales.

Por todo lo anterior, debemos prever que la utilización de denominaciones de productos de origen animal se limite únicamente a aquellas mercancías que cumplan con lo establecido en la normatividad mexicana, pues su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos que cumplen con las características particulares que solo los productos de origen animal poseen, lo que genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera.

Derivado de lo anterior someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 91 Bis.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral las denominaciones de productos de origen animal sujetos a las regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas, que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, acerca de la composición y características del producto, bien o servicio ofertado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaria de Economía junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán realizar una revisión del estatus de los productos que se comercializan en el mercado y deberán retirar del mismo aquellos que incumplan con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y en el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 23 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010)
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010

2 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 55, (2018)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y

3 ibídem.

4 ibídem.

5 “México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, (2018)
https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente
-de-estados-unidos-alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html

6 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017)
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1090483&urlredirect=
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483

7 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018)
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/composicion-de-la-leche/es/

8 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor.
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf

9 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, Procuraduría Federal del Consumidor, (2006)
https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Normatividad_TomoIV/Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf

10 ibídem.

11 Ibídem.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y de la Ciudad de México a destinar recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. Se turna a la Comisión de Salud.

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER DE BASE POBLACIONAL, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cáncer y sus efectos representan una amenaza para el logro de los objetivos de desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción. Por un lado, tenemos el impacto en la productividad de las personas enfermas, problemática que lacera el ingreso familiar, aunado a los altos costos en tratamientos para quienes no cuentan con seguridad social; estos factores se traducen en el empobrecimiento de las familias. Por otra parte, está el tratamiento de esta enfermedad, que representa para el Estado un gasto que, de continuar con el índice de crecimiento actual, llegará a ser insostenible.

Es por ello, que el Estado mexicano debe continuar con el fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a la prevención, es decir, mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad que causa la muerte de casi 9 millones de personas al año.1

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo OMS), más del 60% de los casos se concentran en África, Asia y América Central y del Sur, así como el 70% de las muertes a nivel mundial, sobre todo por la falta de detección precoz y de acceso a tratamientos.2

El director del Departamento de la OMS para el Manejo de las Enfermedades No Transmisibles asegura que: “14 millones de personas son diagnosticadas cada año en una etapa avanzada y sus muertes podrían evitarse si la detección se hace de manera temprana”; siendo los cánceres de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, los más letales.3

En nuestro país, para la atención médica especializada a enfermos oncológicos tenemos al Instituto Nacional de Cancerología, que es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud que brinda atención de calidad a pacientes no derechohabientes de la seguridad social provenientes de todo el país, brindando servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.4

Sin embargo, hasta 2017, México no contaba con Registros Nacionales de Cáncer de Base Poblacional (en lo sucesivo RNCBP) acreditados ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) que permitieran establecer la magnitud del problema y brindar datos duros que sustentaran la implementación y evaluación de estrategias de control del cáncer en nuestro país.

Fue hasta el 3 de noviembre de 2016, que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el dictamen que modifica la Ley General de Salud para crear la Ley del Registro Nacional de Cáncer; y el 25 de abril de 2017, la Cámara de Senadores aprobó, también por unanimidad, la creación de dicho Registro, a fin de generar una comparación e interpretación de los datos de incidencia del cáncer basados en la población.

Por su parte, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, referente a la creación del Registro Nacional de Cáncer, fue publicado el pasado 22 de junio en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF)5; y el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer fue publicado en el DOF el 17 de julio de 2018, teniendo como objetivo: “integrar una base de datos sobre los casos de cáncer en México que permita generar información consistente, completa, oportuna y de calidad útil para conformar, analizar y actualizar el panorama epidemiológico de esta enfermedad; fomentar y desarrollar investigación en este grupo de enfermedades; capacitar recursos humanos; y diseñar y evaluar políticas públicas en la materia que incidan en el comportamiento de la distribución y frecuencia de dicho padecimiento en la población mexicana”.6 Es decir, el RNCBP será un instrumento base para redefinir la distribución de recursos públicos a las Entidades Federativas de acuerdo a la incidencia de los diferentes tipos de cáncer, ya que hay Estados con mayor índice de cáncer de mama y otros con cáncer de próstata.

Es así como, desde enero del 2018, el RNCBP está activo en cinco ciudades estratégicas de las tres regiones del país. Se han firmado convenios de colaboración conjunta en:

1. Tijuana, Baja California (Región Norte). Convenio firmado el 31 de enero del 2016, iniciando la recolección de los casos de cáncer a partir de enero 2018, con el apoyo de la Comisión Nacional de Salud Fronteriza, el acuerdo incluye el registro de los casos de hospitales públicos y privados.

2. Guadalajara, Jalisco (Región Centro). Convenio firmado el 19 de junio del 2017, realizando un análisis de la base de datos retrospectiva, de más de 85 mil casos capturados de 1997 a 2013. La recolección y registro prospectivo comenzó a partir del 2017 e incluye todos los casos de cáncer del área metropolitana de Guadalajara, tanto en el ámbito público como privado.

3. Mérida, Yucatán (Región Sur). Convenio firmado el 1 de enero del 2016. La recolección consta desde el año 2015 a la fecha, con más de 90% de la totalidad de los casos de cáncer en hospitales públicos y privados de la ciudad de Mérida. Asimismo, creó un centro de capacitación continua al personal del registro de cáncer a nivel nacional, auspiciado por FIMSS.

4. Campeche, Campeche (Región Sur). Convenio Firmado el 20 de marzo del 2018. Inició la recolección de casos en un acuerdo de colaboración conjunta interinstitucional y con participación del registro de casos en hospitales públicos y privados, a partir de enero 2018 a la fecha.

5. Acapulco, Guerrero. Convenio firmado el 15 junio 2018. Inició la recolección de casos en un acuerdo de colaboración conjunta interinstitucional y con participación del registro de casos en hospitales públicos y privados, a partir de enero 2018 a la fecha.7

Actualmente, se cuenta con 2,088 casos registrados, provenientes de estas cinco ciudades y se contempla que para el año 2019, el RNCBP esté operando al menos en siete ciudades centinela y que, de manera paulatina, se sumen otras más, como: Toluca, Estado de México; León, Guanajuato; Chetumal, Quintana Roo, Hermosillo, Sonora, entre otras. Esto con base en el artículo 3, del Capítulo I, del Reglamento del Registro Nacional de Cáncer.8

Según información del Instituto Nacional de Cancerología, el presupuesto que necesita para operar, incluyendo el capital humano necesario, material, equipo, software e instalaciones para la adecuada operación, son los siguientes:

Concepto

2019

2020

2021

Viáticos y capacitaciones

$4,976,554.00

$8,744,138.50

$9,366,207.75

Equipo, material de apoyo y mantenimiento de software

$2,496,000.00

$3,120,000.00

$3,432,000.00

Mobiliario

$3,570,000.00

$1,000,345.00

$1,100,124.00

Recursos humanos

$22,754,732.64

$25,742,732.06

$27,122,132.64

Difusión y publicaciones

$750,000.00

$750,000.00

$750,000.00

TOTAL

$34,547,286.64

$39,357,215.56

$41,770,464.39

Cifras obtenidas del Informe 2018 del Registro Poblacional de Cáncer de México.

Cabe destacar que a la fecha el Registro Nacional de Cancer ha operado gracias al apoyo económico de la industria farmacéutica y del patronato del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), situación que debe cambiar si se pretende tener un mejor control del cáncer y cumplir la meta que propuso la Organización Mundial de la Salud de reducir en un 25% la mortalidad por cáncer en México para el año 2025. 

Es por ello, que más allá del Presupuesto Federal asignado al tema, es necesario que los estados de la República en donde se encuentren las “ciudades centinela”, destinen recursos adecuados para la operación y sustentabilidad de los registros estatales de cáncer que se coordinen y den información al Registro Nacional.

Es importante mencionar que en ningún caso se requiere de infraestructura adicional a la ya establecida, puesto que se trata de recopilar y sistematizar la información ya disponible en las instituciones de salud.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a incluir dentro del Ramo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la instrumentación, implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación del Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México, a incluir en los proyectos de presupuestos de egresos respectivos de 2019, recursos suficientes para continuar con la instrumentación, implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación de registros estatales de cáncer con base poblacional focalizados en las denominadas “Ciudades Centinelas” en el marco de la implementación del Registro Nacional de Cáncer.

Dado en el Senado de la República, el 23 de octubre 2018.

Atentamente

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez.

1 Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en:
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

2 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en:
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

3 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en:
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

4 ¿Quiénes somos? Instituto Nacional de Cancerología. Disponible en: http://www.incan.salud.gob.mx/

5 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017

6 Reglamento del Registro Nacional de Cáncer. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018

7 Informe 2018 del Registro Poblacional de Cáncer de México

8 Ibidem






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo sobre las políticas migratorias del Estado mexicano y las acciones en torno a la Caravana Migrante. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es fundamental reconocer que el problema de la migración internacional es cada vez más visible y preocupante para la estabilidad de las naciones. El tema migratorio en el mundo se ha convertido en un fenómeno global que supone retos de carácter humanitario, ya que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos bélicos, la violencia, la persecución y las crisis económicas.

En el año 2015 Europa fue el escenario de una crisis humanitaria como consecuencia del creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegaron o intentaron ingresar a los estados miembros de la Unión Europea, a través de peligrosas travesías en el mar Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes de países de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur.

Países de América Latina viven hoy en día el fenómeno de migración más grande en toda su historia motivada por la grave crisis social y económica que golpea a Venezuela.

Ahora, la región centroamericana ocupa el epicentro del fenómeno migratorio. En este sentido, México enfrenta grandes desafíos por lo que es importante preservar la soberanía de la nuestra Nación pero sin afectar la protección de las personas independientemente de su condición migratoria.

Los desplazamientos de población entre las naciones latinoamericanas y caribeñas son facilitados por la proximidad geográfica y cultural, especialmente por el idioma común. Esta migración se orienta a los países con mayor desarrollo económico y se le vincula a coyunturas de expansión y contracción económicas y a situaciones de origen sociopolítico.

Lo anterior ha dado lugar a que México haya vivido a lo largo de la historia los retos de la migración al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas. Es innegable el derecho que tiene toda persona a emigrar y, en ese sentido, la política migratoria mexicana ha procurado siempre un trato justo tanto para los connacionales que deciden salir del país en búsqueda de mejores condiciones de vida, pero actuando también en reciprocidad hacia aquellos que por alguna razón emigran a nuestro país.

De ahí la importancia de que México permanezca sensible a este fenómeno y actué en congruencia con nuestra larga tradición en favor de la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, así como de los refugiados y personas en busca de asilo, siempre en el marco de las leyes nacionales y atendiendo el derecho internacional.

Desafortunadamente, en algunos países se ha pretendido ubicar a la migración en la agenda de la seguridad nacional asociándola a la delincuencia y al terrorismo. Y si bien, en la actualidad las fronteras se han convertido en zonas de tráfico de armas y territorios de inseguridad con alta presencia del crimen organizado, no debemos hacer a un lado el hecho de que esencialmente las fronteras han sido y deben de seguir siendo, espacios de colaboración, de comercio y de convivencia pacífica entre las naciones.

Por tanto, el fenómeno migratorio requiere ser visto como un fenómeno global que supone oportunidades pero que también implica retos humanitarios, especialmente para los países de tránsito y destino. Hay que insistir en que los migrantes no son delincuentes ni terroristas; son personas que necesitan trabajo y buscan mejorar la condición de vida para sí mismos y sus familias.

Lamentablemente y por su condición de vulnerabilidad, el migrante se ha convertido  en el personaje más olvidado en materia de derechos humanos. Lo anterior, por el cúmulo de garantías violadas que van desde el derecho a la vida, la no discriminación, la integridad física y psíquica, el derecho al debido proceso legal y a la protección consular.

En la frontera sur se identifica a la región costera de Chiapas con Guatemala como la zona más dinámica respecto a las relaciones comerciales y de movilidad poblacional entre México y nuestros vecinos centroamericanos. Esto provoca que se produzcan diversos flujos migratorios a través de la línea fronteriza. La mayoría de migrantes que utiliza esta frontera como mecanismo de paso tiene como principal destino el territorio estadounidense y, en algunos casos, Canadá. En los últimos cinco años se ha registrado una evolución galopante de la migración centroamericana que requiere de la máxima atención de parte del Gobierno Federal.

Este es el contexto general en el que se inscribe la Caravana Migrante, a través de la cual, el pasado viernes 19 de octubre miles de migrantes, la mayoría hondureños y guatemaltecos, saltaron la valla del control fronterizo en la ciudad guatemalteca Tecún Umán, y caminaron sobre el puente fronterizo que conduce a Ciudad Hidalgo perteneciente al Municipio de Suchiate en el Estado de Chiapas.

Una vez traspasada la valla de control del lado guatemalteco los migrantes trataron de realizar la misma maniobra e ingresar ilegalmente y por la fuerza a nuestro país. Estas personas forman parte de una caravana compuesta por aproximadamente cinco mil migrantes centroamericanos que el pasado sábado 13 de octubre salió de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, tras una convocatoria divulgada por redes sociales. En su recorrido caminaron seiscientos cuarenta kilómetros durante seis días.

Los migrantes centroamericanos aseguran huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen y exigen el paso franco por nuestro territorio en su empeño por llegar a los Estados Unidos de América (EUA). Lo anterior, a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de enviar a la patrulla fronteriza y al ejercito de su país para cerrar la frontera sur con México, además de cortar las ayudas económicas a Honduras, Guatemala y El Salvador.

En este punto vale la pena mencionar que el Gobierno mexicano ha actuado con dignidad y total independencia frente a las amenazas de Donald Trump que se ha atrevido llamar a los migrantes delincuentes. Las autoridades mexicanas han buscado en todo momento manejar la situación dentro del marco legal respetando los derechos humanos y sin descuidar cada uno de los compromisos internacionales asumidos a nivel internacional.

Cabe mencionar que, a su llegada a la zona fronteriza con México, la caravana se topó con la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y  cuatrocientos efectivos de la Policía Federal (PF). Tras la insistencia de los migrantes por atravesar nuestra frontera por la fuerza, la tensión aumentó y fue entonces que los cuerpos de seguridad tuvieron que realizar un operativo de contención para evitar la entrada masiva de migrantes.

Es importante señalar que los policías federales nunca portaron armas y que actuaron siempre en estricto apego al protocolo establecido. Después de que se contuvo la trifulca el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, informó que se había restablecido el orden en el puente fronterizo y que se procedería a ingresar a los migrantes de forma ordenada tal y como se había acordado son antelación con los propios migrantes.

Tras lo ocurrido, en un primer momento, alrededor de quinientos migrantes manifestaron voluntariamente su interés por regresar a sus lugares de origen y decidieron tomar el camino de regreso a Guatemala y a Honduras, para lo cual se les facilitaron autobuses para su traslado.

Los migrantes que decidieron permanecer en el lugar de los hechos quedaron varados sobre el puente internacional Dr. Rodolfo Robles entre México y Guatemala. Cabe mencionar que algunos hombres que forman parte de la caravana, sobre todo los más jóvenes, saltaron del puente para caer al río intentando nadar a la orilla o ser rescatados por balseros para ingresar ilegalmente a territorio mexicano. Muchos de ellos logaron el cometido por lo que se internaron de forma irregular a territorio mexicano.

En un comunicado, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación advirtieron que aquellos que cruzaron por el río serán sujetos a procesos administrativos instruidos por la legislación mexicana y, en su caso, repatriados a su país de origen.

En la caravana de migrantes centroamericanos viajan menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, esto nos da una clara dimensión de la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur de México.

Para evitar el hacinamiento en el puente fronterizo el mismo sábado 20 de octubre las autoridades mexicanas permitieron el paso de seiscientos cuarenta personas por la garita migratoria, dando prioridad a grupos familiares en particular con niños, niñas y adolescentes, a mujeres, en especial a las embarazadas, así como a los  adultos mayores y discapacitados, con el objetivo de aliviar la dura espera y atender humanitariamente a los grupos más vulnerables.

Estas personas fueron registradas debidamente y pernoctaron en la estación migratoria de Ciudad Hidalgo, Chiapas, para ser conducidas posteriormente a un albergue en la ciudad de Tapachula de esa misma entidad federativa, aproximadamente a unos 40 kilómetros de la frontera sur. Estos migrantes expresaron su interés de solicitar refugio y han sido atendidos debidamente por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para el logro de este objetivo.

Es importante aclarar que como medida precautoria las autoridades mexicanas antes de la llegada de la caravana a nuestra frontera, habían llegado a un acuerdo con los representantes de los migrantes centroamericanos para que éstos entraran de manera ordenada en grupos de entre 50 y 100 personas a fin de ser atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo y pese a las facilidades otorgadas, los migrantes incumplieron el acuerdo e irrumpieron en estampida buscando ingresar a nuestro territorio por la fuerza y de manera violenta.

En su intento, arrojaron piedras a los agentes migratorios y a los policías federales que participaban del operativo de contención lastimando a varios de ellos e hiriendo incluso a varios de los migrantes centroamericanos que formaban parte del contingente. Esto motivo que la Policía Federal (PF) repeliera con gases lacrimógenos a los agresores para cuidar de su propia integridad y de las personas que se encontraban en medio del conflicto.

Fue el domingo 21 de octubre cuando la caravana de migrantes centroamericanos llegó a Tapachula, Chiapas, después de un largo recorrido de seis horas en el que soportaron un intenso calor aunque contaron con la ayuda de las autoridades y de los pobladores, que les ofrecieron agua y comida.

Durante el recorrido y frente a lo extenuante de la jornada, autoridades de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM) les ofrecieron a los migrantes autobuses para trasladarse a un albergue habilitado en Tapachula, así como todas las facilidades para solicitar asilo o refugio, sin embargo rechazaron la oferta por su temor a ser deportados.

Respecto a los dos mil personas que permanecían en el puente fronterizo hasta el sábado pasado, el Gobierno mexicano instruyó al personal de la Embajada de México en Guatemala y del Consulado de México en Tecún Umán para acercarse con los migrantes varados para reiterarles la información y requisitos para su ingreso a México, además de brindarles auxilio para su hidratación y atención médica.

La última información recibida fue que la mitad del grupo de hasta cinco mil migrantes que el viernes llegó a la frontera sur de México decidió volver a Guatemala y Honduras. Esto fue confirmado por los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera.

A las 17:00 horas del día domingo 21 de octubre, el grueso de la caravana de migrantes se encontraba en el parque central de Tapachula, en el Estado de Chiapas, donde recibieron agua y comida en espera de trasladarse al albergue de la Expo Tapachula con capacidad para seis mil personas por invitación de las autoridades mexicanas y, para su desplazamiento, se les ofrecieron autobuses nuevamente.

Hay que decir que en México nunca se había presentado una caravana de este tamaño y que solicitara de manera simultánea refugio. Este hecho inédito que representa un gran desafío para nuestro país motivó la inmediata intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso. Fue así que de forma inmediata se solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la idea de gestionar la llegada de los migrantes de forma ordenada y para que se verificara durante el trascurso de los acontecimientos el respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, frente a las declaraciones agresivas del presidente estadounidense Donald Trump enfatizó que la política migratoria del Gobierno Federal se basa en los derechos humanos y, en ese sentido, afirmó que nuestro país apoyaría a los centroamericanos que iniciaron su travesía desde Honduras y que se les brindaría la mayor protección y ayuda humanitaria para su ingreso a nuestro país.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras reconocer la gran vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos que buscan atravesar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de América (EUA), afirmó en su calidad de Jefe de Estado que, México, como país soberano, no permitiría el ingreso de personas extranjeras a nuestro territorio de manera irregular y, mucho menos, de forma violenta.  

Asimismo, se pronunció en contra de cualquier acto de violencia hacia los migrantes y giró instrucciones para que se activaran todos los protocolos que permitieran hacer prevalecer el respeto a su dignidad como personas, dejando en claro además, que solo entrarían a territorio mexicano aquellas personas que contaran con una visa o aquellos que solicitaran por la vía legal el apoyo como refugiados.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió también a promover con sus homólogos de Honduras, Guatemala y El Salvador, una migración segura, regular y ordenada, tal y como lo mandata el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.1

Después de esta relatoría de hechos se deduce que las autoridades mexicanas han actuado en todo momento dentro del marco legal. En este mismo sentido, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República estará atenta para que todas las partes involucradas actúen con responsabilidad y que las actuaciones por parte de las autoridades mexicanas siga transcurriendo en estricto apego a derecho.

Dejamos de manifiesto nuestra absoluta solidaridad con la caravana de migrantes que se encuentra transitando por nuestro país, e instamos al Gobierno mexicano a mantener una relación de respeto y cooperación con aquellos que la integran, con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador; con los gobiernos de las entidades federativas involucradas por el paso de la caravana en su territorio; con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); a fin de brindar una solución de carácter humanitaria apegada al marco legal y respetuosa de los derechos humanos, y para que el tránsito de los migrantes centroamericanos trascurra de una manera segura, ordenada y regular.

Solicitamos además, tanto al Gobierno Federal como al presidente electo y su futuro gabinete, atender las causas estructurales de la migración centroamericana promoviendo la prosperidad en la región a través de la cooperación para el desarrollo, impulsando actividades productivas y de inversión en la región para la creación de empleos.

Estamos seguros de que con la implementación adecuada de políticas públicas nacionales, la cooperación internacional, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y la observancia de la ley, México logrará atender de manera adecuada esta coyuntura migratoria y enfrentar con éxito los desafíos permanentes que conllevan los fenómenos que atañen a la migración.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República hace un llamado a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y a los gobiernos de los estados fronterizos del sur, a que trabajen con sus contrapartes de Centroamérica para optimizar una movilidad y un tránsito migratorio seguro, ordenado y regular.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a los tres órdenes de Gobierno a que brinden un trato de respeto y apegado a los derechos humanos a las personas que componen la caravana de migrantes centroamericanos principalmente hondureños, así como a supervisar que los albergues de ayuda a migrantes cuenten con las instalaciones y los suministros necesarios para su estancia, y a vigilar que el personal que los atiende lo realice respeto irrestricto a los derechos humanos en observancia al respeto y dignidad de las personas y poniendo especial cuidado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres). Al mismo tiempo, hace un llamado a los integrantes de la Caravana Migrante, para que mantengan una comunicación permanente y atiendan las indicaciones de las autoridades correspondientes.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 incremente el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de que puedan aumentar sus capacidades para gestionar de mejor manera la política migratoria y de refugiados.

Cuarto.- El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que sean atendidas las medidas de protección y cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tienen por objeto garantizar el acceso de las personas migrantes a una asistencia humanitaria.

Quinto.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los integrantes de la caravana migrante constituida principalmente por nacionales de Honduras.

Sexto.- El Senado de la República hace un reconocimiento al Gobierno de México por el dialogo y la cooperación constantes que ha sostenido con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador (Triangulo Norte); con los gobiernos de las entidades federativas involucradas por el paso de la caravana en su territorio; con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de brindar una solución de carácter humanitaria apegada al marco legal tanto nacional como internacional y respetuosa de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de octubre de 2018.

Suscriben

Las y los Senadores del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.

1 Consultar en: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf





Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. Se turna a la Comisión de Energía.

El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, PARA QUE REVISE LA METODOLOGÍA Y FÓRMULAS PARA RECALCULAR LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ANTE EL IRREGULAR INCREMENTO EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOS ÚLTIMOS MESES; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La electricidad constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad pueda realizar sus actividades cotidianas y se impulse el desarrollo del sector industrial y comercial. Asimismo, mejora el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, elevando el bienestar y la calidad de vida de la población.

En México, la industria eléctrica ha registrado un importante crecimiento. Basta señalar que entre 2006 y 2016, los usuarios de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional pasaron de 31.9 millones a 40.8 millones de usuarios, el sector residencial concentra al 88.6 % de los usuarios.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo en el país. Representa el 23 % del consumo final del sector agropecuario, el 35 % de la industria, y el 30 % de los sectores residencial, comercial y público, en conjunto.

La tarifa de electricidad depende de distintas variables, entre ellas los costos asociados con la generación, transmisión y distribución de electricidad. En el período de 2006 a 2016, el precio medio de la energía eléctrica mantuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 2.9 %. Los sectores comercial y de servicios presentaron una variación de 3 % y 5.5 %, respectivamente, mientras que el sector industrial tuvo un incremento de 2.9 %.

Por área operativa, la del centro del País ha presentado los precios más altos, con un promedio 1.89 pesos por kilowatt-hora, derivado de los altos costos de generación de la energía. Esta situación se deriva de la utilización de diésel y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas de la región, en vez de gas natural, de menor precio y mayor eficiencia energética.

En los últimos meses empresarios y usuarios de San Luis Potosí, Estado perteneciente a la región centro de México, han denunciado un incremento de las tarifas de energía eléctrica para uso industrial de alta tensión, motivado por el cambio de la metodología de cálculo de las tarifas que ha resultado en un incremento del costo de electricidad de hasta un 61.15 %.

En Tarifas industriales de media tensión, el aumento fue del 74.59 %.

Estos incrementos dañan la productividad, competitividad de las empresas, inhiben la inversión, afectan la generación de empleo y la rentabilidad de las empresas.

La industria manufacturera en San Luis Potosí tiene registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más de 170 mil empleos formales y las alzas mensuales en tarifas eléctricas está afectando a casi el 60 por ciento de la industria nacional, es decir, alrededor de 580 mil empresas.

En San Luis Potosí se está perjudicando a un gran número de empresas, siendo los sectores más afectados el automotriz, metalmecánico, plástico, químico, y alimentos. En muchas de estas empresas el insumo eléctrico representa entre el 30 y 40 por ciento de su costo de producción.

Los dirigentes empresariales locales principalmente de Cámara Nacional de la Industria de la transformación (CANACINTRA), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de Cámaras de Industriales (CONCAMIN) y demás organismos empresariales de San Luis Potosí, han intentado que la Comisión Reguladora de Energía reconsidere la modificación en la fórmula para calcular las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial, sin que a la fecha se tenga un resultado favorable al respecto.

Dicha situación ha generado descontento e inconformidad entre los industriales y comerciantes de San Luis Potosí, quienes sienten que la Comisión Reguladora de Energía no ha prestado la seriedad necesaria aun asunto que resulta apremiante por la magnitud de impacto en la economía de dichos entes productivos.

La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

Tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía Eléctrica (LORCME).

El artículo 42 de la Ley en mención establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Además, en el artículo 41 de la misma norma en su fracción tercera señala que deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:

III. La generación de electricidad, los servicios púbicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

En este contexto, resulta de vital importancia que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial para la zona que corresponde a San Luis Potosí. Porque de continuar en las mismas circunstancias, incumple su función de “proteger los intereses de los usuarios”, en este caso, industriales y comerciantes.

Un sector eléctrico eficiente es promotor del desarrollo económico y social, además, permite contar con tarifas más competitivas y el uso de energías sustentables, en beneficio de las familias mexicanas. Ninguno de estos sanos propósitos se materializa en San Luis Potosí, reducir las brechas de desarrollo entre regiones del país pasa necesariamente por el suministro de energía suficiente y a precios competitivos para la realización de sus actividades económicas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, para que, con base en sus facultades, revise la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el Estado de San Luis Potosí, ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de octubre 2018.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.






Del Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. Se turna a la Comisión de Energía.

El que suscribe, Senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía. Hoy en día, resulta increíble imaginar el mundo moderno sin energía eléctrica.

Diversas investigaciones coinciden en que una industria eléctrica eficiente es esencial para el funcionamiento de cualquier país.

Las limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica se traducen a largo plazo en un obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población.

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, la cual era proporcionada con muchas dificultades por tres empresas privadas1.

A fin de abatir las dificultades en el suministro de energía, en agosto de 1937, fue creada la Comisión Federal de Electricidad (CFE), institución que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro, con la finalidad de obtener con un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales2.

Después de varias reformas al marco jurídico en materia de energía eléctrica, a partir del año 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó a ser la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

Sin embargo, aún cuando uno de los objetivos con que fue fundada la Comisión Federal de Electricidad eran los de brindar costos mínimos y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, y al margen del nuevo régimen que plantea la reforma en materia de energía que dicho sea de paso también tiene como objetivo reducir el costo de la luz, ninguna empresa resulta sustentable, sea pública o privada, si no cuenta con un efectivo aparato de cobranza que le permita obtener los ingresos necesarios para su propio funcionamiento; o caso contrario, la empresa tendrá que obtener ingresos por otros medios.

En ese tenor, recientemente el medio de comunicación digital “24 horas”, con motivo de una solicitud de acceso a la información, hizo del conocimiento público diversos adeudos de entes gubernamentales a la CFE, con corte a agosto del año en curso.

Destacan adeudos de las 32 entidades federativas que suman en su conjunto 45 mil 676 millones de pesos, de las cuales solo 12 han firmado algún tipo de convenio de pago.

En el orden municipal, un total de mil 309 municipios (de los dos mil 458 que existen en el país) adeudaban seis mil 707 millones 545 mil 782 pesos, sin especificar cuántos municipios han suscrito algún convenio para pagar.

A nivel federal, existe un adeudo por la cantidad de 337 millones 756 mil 824 pesos por parte de 30 edificios públicos federales, entre los que destacan Petróleos Mexicanos (Pemex) con 182 millones 657 mil 949 pesos, seguido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que registró 107 millones 722 mil 334 pesos, Conagua, con un adeudo de 14 millones 760 mil 40 pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social con un adeudo de 10 millones 716 mil, 227 pesos; la Secretaría de Gobernación con cuatro millones 159 mil 599 pesos, la de Marina con dos millones 697 mil 975 pesos, el INE registró 532 mil 673 pesos; la Procuraduría General de la República adeuda 762 mil 210 pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional con un millón 846 mil 946 pesos; la Secretaría de la Función Pública con 614 mil 578 pesos, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adeuda 118 mil 356 pesos.

En contraste con lo anterior, empresarios y ciudadanos de distintos estados, como Chihuahua, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Coahuila, Tabasco y Veracruz,  han manifestado en medios y foros su inconformidad respecto al desproporcionado aumento de la tarifa de energía eléctrica en un 150% y, de acuerdo al presidente de la CONCANACO, hasta en un 300%, aumento que empresarios y ciudadanos han tenido que asumir mediante el pago; así como una falta de claridad y transparencia respecto a la formula aplicada para regular el costo de la energía eléctrica.

Los grandes adeudos por parte de los tres niveles de gobierno hacia la CFE, resultan inadmisibles en un contexto en el que los ciudadanos viven aumentos desproporcionados en el aumento de las tarifas de energía eléctrica. Hacen suponer, además, que dicha tolerancia o aquiescencia se traduce en el aumento del precio para los ciudadanos y el sector empresarial y productivo del país. Debemos recordar que la energía eléctrica es uno de los principales insumos del sector productivo, de las grandes empresas, pero también de las medianas y pequeñas empresas, quienes resultan afectadas en mayor medida.

En tal sentido, el aumento desmedido del precio de la luz en el sector productivo traerá como consecuencia un aumento en la inflación, pues las empresas se verán obligadas a aumentar los precios de sus productos y servicios, afectando al resto de la ciudadanía, y en el peor de los casos, deberán cerrar con la pérdida de empleos que ello conlleva.

Finalmente, llama la atención que el día 9 de octubre pasado, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), habían logrado un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir las tarifas de energía eléctrica por lo que resta del año en curso.

La falta de claridad ante este tema que afecta tanto a empresarios como a ciudadanos, requiere la total atención de este Senado de la República. Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a que realice de forma inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informe de manera detallada a esta soberanía sobre las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 23 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Julen Rementería del Puerto.

1 Estas empresas eran The Mexican Light and Power Company.

2 http://portal.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/historia.aspx






Del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a instruir al titular del Instituto Nacional de Migración a acatar cabalmente lo dispuesto en la Ley de Migración, respecto del ingreso a territorio mexicano de la Caravana Migrante, proveniente de Centroamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.



Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se han agotado los asuntos en cartera. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 25 de octubre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 15:45 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
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