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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA APERTURA El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:17 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores. La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 65 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente. El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del jueves 18 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con dieciocho minutos del día martes dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del once de octubre de dos mil dieciocho.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica el resolutivo TERCERO del aprobado el 9 de octubre de 2018, por el que se realizará sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el expediente de la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen en la "Exponaval 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se turne a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina el expediente de la salida de tropas, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el expediente con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la Sexagésima Tercera Legislatura, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia el expediente de las propuestas de ratificación, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las 94 proposiciones correspondientes a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se turnen a comisiones.- La Presidencia instruyó turnar a comisiones los expedientes de las proposiciones, en cumplimiento del turno dictado, publicar la relación de asuntos en la Gaceta y notificarlo a los grupos parlamentarios.

 

Se recibieron comunicaciones de las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, Salud y Seguridad Social, por las que informan que han quedado formalmente instaladas.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 2018, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2018, por personal de la Armada de México, en la costa de Cartagena de Indias, Colombia.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió del congreso del estado de San Luis Potosí, Acuerdo que exhorta a los Diputados y Senadores a formar una comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se lleven a cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma de extracción de hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Presidencia decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Presidencia dio inicio a la sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.- En una primera intervención, para dirigir un mensaje de bienvenida, hizo uso de la palabra la Senadora Mónica Fernández Balboa, en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva. Asimismo, intervino la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género. Para referirse sobre la conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM; Joel Padilla Peña del PT; Patricia Mercado Castro de MC; Sylvana Beltrones Sánchez del PRI; Nadia Navarro Acevedo del PAN; y Blanca Estela Piña Gudiño de MORENA. En una última intervención hizo uso de la palabra la Senadora Mónica Fernández Balboa, en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, Doctor Alfonso Navarrete Prida, para analizar la política interior.

(Análisis del VI Informe de Gobierno)

En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación para analizar la política interior en el marco del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público rindió protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobado el pasado 20 de septiembre, en una primera intervención hizo uso de la palabra el Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación. En la primera ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Eunice Renata Romo Molina del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, a solicitud del Sen. Zepeda Hernández, el Presidente de la Mesa Directiva solicitó guardar un minuto de silencio; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Indira Kempis Martínez de MC; Manuel Añorve Baños del PRI; Nadia Navarro Acevedo del PAN; y Cristóbal Arias Solís de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hizo uso de la palabra el Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.En la segunda ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Verónica Delgadillo García de MC; Eruviel Ávila Villegas del RPI; María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN; Nestora Salgado García de MORENA; e Imelda Castro Castro de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la segunda ronda hizo uso de la palabra el Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación. El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Secretario de Gobernación para dirigir un mensaje final hasta por cinco minutos. El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final de conformidad con lo establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo aprobado. La Presidencia informó que en cumplimiento al artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, y el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con los asuntos del Orden del Día.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Iniciativas)

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre propio y de la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Kenia López Rabadán, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2, Apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

 

Los Senadores Santana Armando Guadiana Tijerina y Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre propio y de la Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario Morena, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 59; el segundo párrafo de la fracción I al artículo 115; el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 y el tercer párrafo de la fracción II del Apartado "A" del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia informó que se designó a la Senadora Vanessa Rubio Márquez como Vicepresidenta por México ante la Junta Directiva del PARLATINO.- La Asamblea quedó enterada.

 

La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante comisiones, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la Senadora Kenia López Rabadán como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las dependencias e instituciones involucradas, a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece que los asuntos pendientes de la anterior comisión de la Ciudad de México sean turnados a la Comisión de Gobernación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Ampliaciones de turno)

La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en sus reuniones del 9, 11 y 16 de octubre.

1. Al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado, presentado el 4 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

2. Al proyecto de Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado el 2 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Economía.

3. Al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI, Apartado B del artículo 20; se adicionan un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 11 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

4. Al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado el 11 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Leonor Noyola Cervantes y Xóchitl Gálvez Ruíz y del Senador Casimiro Méndez Ortiz, Presidenta y Secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a investigar a la empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta sustracción de hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

 

De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función Pública transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigar y esclarecer el derrame de hidrocarburos en Nanchital.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

(Efemérides)

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario Morena, remitió efemérides sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertaron en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Derecho al Voto de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Alimentación en el Mundo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día en el que la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con once minutos y citó a la siguiente el jueves dieciocho de octubre a las once horas, en la que se hará un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el 15º aniversario de su fundación.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Pasemos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura a una comunicación que suscribe el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, en relación con los nombramientos de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibidos en abril de 2017.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Instruyo a la Secretaría turnar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia los expedientes de las 18 propuestas, en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura a otra comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, en relación con la terna propuesta para la designación de un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibida en julio de 2017.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Instruyo a la Secretaría turnar a la Comisión de Justicia, el expediente de la terna para la designación de un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento del turno dictado y publicarlo en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura a otra comunicación suscrita por el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, en relación con los expedientes de 1,907 proposiciones que quedaron pendientes de análisis y dictamen en las anteriores legislaturas, se remitan a las comisiones legislativas de la LXIV Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Instruyo a la Secretaría turnar a las comisiones los expedientes de las proposiciones de anteriores legislaturas en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasemos al siguiente punto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy cuenta con otra comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, en relación con los 116 proyectos de dictamen que quedaron pendientes en alguna de sus fases en la anterior legislatura, se remitan a las comisiones legislativas de la LXIV Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Instruyo a la Secretaría turnar a las comisiones los expedientes de los dictámenes que se han referido, en cumplimiento del turno dictado y publicarlos en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasemos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura a una última comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, en relación a los 21 escritos de particulares recibidos durante la actual Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Recibimos dos oficios de la Cámara de Diputados, por los que se comunica las designaciones de los legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese.






CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, CON MOTIVO DEL DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

Honorable Asamblea:

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo aprobado el pasado 9 de octubre, este día llevaremos a cabo una ceremonia de reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en ocasión del décimo quinto aniversario de su fundación.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por lo que solicito a la Senadoras y los Senadores Susana Harp Iturribarría, Indira de Jesús Rosales San Román, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Noemí Camino Farjat, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Verónica Delgadillo García, acudan a recibirla y la acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Honorable Asamblea:

De conformidad con el Acuerdo aprobado el 9 de octubre pasado, en esta sesión realizaremos la ceremonia para la entrega de un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en ocasión del décimo quinto aniversario de su fundación.

Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sea bienvenida a esta ceremonia.

Agradecemos también la presencia en este acto de quienes integran la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, nos acompañan, entre otras personalidades, Ricardo Raphael de la Madrid, Lídice Rincón Gallardo, Carlos Heredia Zubieta, José Antonio Guevara Bermúdez, Tiaré Scanda Flores Coto, Mauricio Merino Huerta y Luis Perelman Javnozon.

Honorable Asamblea:

Reconociendo la importancia que tiene la lucha contra la discriminación en nuestro país y la relevancia de la existencia de un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al cumplirse los quince años de existencia de esta institución, el Senado de la República ha decidido entregar un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a su titular, la maestra Alexandra Haas Paciuc.

Vamos a proceder a la entrega del reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Solicito a los presentes ponerse de pie para entregar a la maestra Alexandra Haas Paciuc el reconocimiento que el Senado de la República le extiende a dicha institución, con motivo del décimo quinto aniversario de su fundación.

(Todos de pie)

(Se entrega el reconocimiento)

Tiene el uso de la tribuna la Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

La Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: Buenos días. Presidente del Senado, Martí Batres. Integrantes de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores de esta LXIV Legislatura, integrantes de nuestra Asamblea consultiva.

Muchísimas gracias al Senado de la República por este reconocimiento en esta fecha.

Mañana, 19 de octubre, es el “Día Nacional contra la Discriminación”, que coincide con la conmemoración de la abolición de la esclavitud en nuestro país, 208 años de la abolición de la esclavitud.

También esta semana se conmemoró 65 años del voto de las mujeres, y también este mes 50 años del movimiento del 68.

Los grandes cambios empiezan como sueños y se vuelven realidad con esfuerzo, con voluntad y con compromiso.

Hace 18 años Gilberto Rincón Gallardo, acompañado de muchas personas, comenzó un gran cambio, soñando con un México donde todas las personas pudieran gozar sin discriminación de todos sus derechos y de todas las libertades.

Tres años de trabajo de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación logró que se publicara la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que dio origen al Consejo que presido e inició los esfuerzos institucionales para atender este tema.

Es un honor para mí recibir este reconocimiento por los quince años de existencia del Consejo. Lo recibo en nombre de los cientos de personas que han trabajado para esta gran institución durante todo este periodo y, por supuesto, de los titulares que me precedieron.

Ricardo Bucio, actualmente Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y, por supuesto, Gilberto Rincón Gallardo, fundador y primer Presidente de Conapred, de quien por cierto me da mucho gusto anunciar que fue recientemente en los últimos días declarado persona ilustre por el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Sé que para muchas personas la discriminación puede parecer un tema marginal frente a los grandes problemas de México, como la pobreza, la desigualdad o la violencia. En realidad, los grandes problemas nacionales se agravan y se profundizan con la discriminación.

No es casualidad que los grupos más discriminados también son los que peores condiciones de desigualdad, de pobreza y de violencia viven, y no es casualidad porque la discriminación contribuye a crear esas condiciones.

Y, recordemos, no se trata de minorías, sumadas mujeres, niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas de la diversidad sexual y otros grupos discriminados suman la mayoría de la población de este país.

La discriminación empieza poco a poco, con prejuicios que se transmiten en nuestros primeros años. Empieza en los hogares con las primeras palabras, con gestos de rechazo y muestras de incomodidad hacia quienes son diferentes.

Poco a poco absorbemos los prejuicios y los volvemos parte de quienes somos.

Les hablo de prejuicios arraigados en nuestra sociedad, como que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, que las personas indígenas son pobres por su cultura o que las y los jóvenes son irresponsables.

Los prejuicios después se anidan en las instituciones y envuelven los privilegios económicos, políticos, sociales y culturales que empiezan a ser su sustento.

Se convierten en prácticas cotidianas en el hogar, en la calle, en las escuelas, en el trabajo y también en las instituciones públicas, y dejan a los grupos históricamente discriminados sin acceso a sus derechos. Y cuando digo derechos, estoy hablando de las condiciones mínimas para poder vivir en dignidad.

Son hechos, oportunidades y elecciones que hacen la diferencia en la vida de millones de personas.

Les hablo de prácticas discriminatorias, como que los sistemas educativos no son accesibles para las personas con discapacidad, que los centros de trabajo marginan a las personas indígenas a los puestos menos calificados y peor remunerados; que las y los jóvenes son excluidos del mercado laboral y se les carga a las mujeres jóvenes con tareas no remuneradas y no valoradas.

Las prácticas que niegan derechos, generan al final grandes brechas de desigualdad entre los grupos discriminados y hacia el resto de la población, que después, a su vez, se justifican con más prejuicios.

Me refiero a brechas de desigualdad, como que las personas con discapacidad tienen una tasa de analfabetismo ocho veces mayor que el promedio nacional; que nueve de cada 10 personas hablantes de una lengua indígena no tienen un contrato de trabajo, ni prestaciones médicas, casi el 40 por ciento de las víctimas de homicidios en el 2017 tenían entre 15 y 29 años.

Antes de la creación del Consejo, no se entendía qué era la discriminación y que vivía en México.

Gracias a estas cifras podemos darnos cuenta de la dimensión que tiene y del daño que hace.

Por este ciclo de discriminación, puedo afirmar que los grupos discriminados no son grupos vulnerables, son grupos vulnerados, vulnerados por las instituciones, vulnerados por nuestras leyes y vulnerados por nuestras prácticas.

Su situación de desventaja no se deriva de sus características como grupos, sino de las barreras que nosotros mismos les imponemos por pertenecer a esos grupos.

Tenemos que evitar con urgencia que los prejuicios se conviertan en prácticas y en leyes discriminatorias.

No porque se piense que el trabajo del hogar es sencillo y fácil, que no lo es, debemos asumir que las trabajadoras del hogar no necesitan una pensión al final de su vida o una guardería para cuidar a sus hijos.

No porque nos parezca tan lejana la realidad de una mujer trans, debemos pensar que no necesita tener sus papeles en orden y acceso a un trabajo.

No porque un migrante haya nacido en Centroamérica, debemos olvidar que quiere lo mismo que las y los mexicanos desplazados o migrantes en Estados Unidos.

Lo mismo que quisieron mis propios abuelos cuando vinieron en 1953, un lugar de paz para poder educar a sus hijos y tener un trabajo.

Senadoras y Senadores, muchas veces en mi trabajo me encuentro dando diagnósticos de cómo estamos en términos de discriminación y con frecuencia mis interlocutores me miran desolados, sienten que el problema es enorme y que no hay mucho que pueden hacer.

Pero el día de hoy tengo la satisfacción de dar este diagnóstico en el Pleno del Senado de la República, ante quienes sí pueden hacer cambios en este país.

Como ustedes saben, luchar contra la discriminación es mucho más que pronunciamientos, exhortos y declaraciones de buenas intenciones.

Implica acabar con los privilegios y la opresión basados en el tono de piel, el género, el origen étnico o cualquier otro motivo igual de arbitrario.

Pero también implica emparejar el piso para quienes han acumulado desventaja tras desventaja a lo largo de su vida y por generaciones sólo por ser quienes son.

Hacer este cambio está en sus manos.

Hoy México está cambiando y es hora de que el panorama de la discriminación lo haga también.

Por eso hemos preparado y haré entrega en un momento, una agenda legislativa prioritaria en materia de igualdad y no discriminación.

Su contenido incluye las reformas legislativas indispensables para garantizar que los grupos históricamente excluidos accedan a sus derechos sin discriminación.

El urgente reconocimiento de los pueblos y comunidades afrodescendientes y sus derechos colectivos en el artículo 2o. de la Constitución.

La creación impostergable de un Sistema Nacional del Cuidado.

El reconocimiento de la identidad jurídica de las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad universal.

El reconocimiento de la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y las características sexuales como categorías protegidas contra la discriminación.

El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas.

Y, por supuesto, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, para proteger los derechos de las trabajadoras del hogar.

Esta agenda se impulsa a contracorriente, porque quien está acostumbrado al privilegio siente la igualdad como opresión.

Pero tengo la certeza de que no podemos construir un futuro mejor sobre la base de la violencia y la exclusión, sino sobre el consenso y la inclusión de todas y todos los que vivimos en este país.

Está en sus manos construir este futuro.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias por sus palabras, Maestra Alexandra Haas Paciuc.

La lucha contra la discriminación es una de las grandes luchas por la igualdad, esa gran batalla universal ha tenido resultados internacionales y nacionales de diverso alcance. Ha transformado instituciones, prácticas, conductas, estructuras jurídicas y lenguajes.

Hace quince años se cristalizaron anhelos y esfuerzos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y con esa legislación surgió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Entonces, nos propusimos como instituciones y sociedad, combatir la discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, color de la piel, ideología, condición de salud, pertenencia étnica, religión, discapacidad, en fin, por todos los motivos que han generado discriminación.

También hablamos de erradicar todas las formas de racismo, de sexismo, de clasismo y hablamos incluso de formas muy específicas de discriminación como el antisemitismo.

El gran logro del Conapred, es tal vez poner en el centro de la agenda nacional la existencia del grave problema de discriminación en México y, sobre todo, la lucha que existe en nuestro país en contra de la discriminación.

El día de hoy felicitamos ampliamente los esfuerzos y el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Como sociedad, y en este caso representantes populares, también debemos preguntarnos, cuánto hemos avanzado y cuánto falta caminar; la persistencia de crímenes homofóbicos, la agresiva emergencia de feminicidios, la invisibilización de las comunidades afromexicanas de las que hoy ha hablado la Senadora Susana Harp, el lenguaje sexista, racista, clasista que se imprimen en la vida cotidiana e incluso institucional, los masivos crímenes de migrantes y, de igual manera, la reducción de comunidades indígenas en empleos subordinados, todo ello nos invita a reflexionar todo lo que debemos de caminar aún.

Hoy, reconocemos el titánico esfuerzo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que con herramientas sencillas ha logrado mucho en este campo.

Y, con este reconocimiento, también alentamos al Consejo y a sus integrantes en lo individual a seguir dando la batalla en los años por venir.

Nos parece oportuna, pertinente, necesaria, el conocimiento y la discusión de la agenda que propone aquí en esta tribuna el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Sirva finalmente también este momento para reconocer las batallas del gran amigo Gilberto Rincón Gallardo.

Muchas gracias Senadoras, Senadores, y amigos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Maestra Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, agradecemos su presencia en la Cámara de Senadores.

Agradecemos también a quienes integran la Asamblea Consultiva del Conapred por acompañarnos en esta ceremonia.

Asimismo, damos las gracias a las invitadas y a los invitados que nos han honrado este día con su presencia.

Solicito a la comisión designada y a la Senadora Eunice Romo Molina acompañen a la maestra Haas Paciuc, y a los integrantes de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuando deseen retirarse del salón.

Muchas gracias. Ruego a los Senadores y Senadoras permanecer en sus lugares.

Continuamos la sesión, esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes acuden a esta sesión por invitación del Senador Gilberto Herrera Ruiz, ¡sean ustedes bienvenidos!






El siguiente rubro es la presentación de iniciativas. En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Susana Harp Iturribarría, para presentar a nombre propio y de otros Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. constitucional, en materia de comunidades afromexicanas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre propio y del Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera, antes que nada, saludar a paisanos míos afro-oaxaqueños que nos acompañan, a Tsurabi, Xiroco, Argelia, gracias por estar como testigos de honor.

Y gracias a la fotógrafa Blanca Charolet, que nos hizo el favor de permitir obsequiarles esta hermosa fotografía de dos pequeñas afro-oaxaqueñas, gracias Blanca.

Con su permiso, señor Presidente, le pido un minuto de más, después de los 500 años de retraso.

Compañeras y compañeros, vengo a hablar de los afrodescendientes mexicanos, de aquellos cuya historia está ligada a la diáspora de personas de origen africano a partir del siglo XVI, una historia de injusticia, violencia y esclavitud; los estudios calculan que sólo entre 1570 y 1640 llegaron a nuestro país alrededor de 300 mil africanos en calidad de esclavos, fueron comprados y llevados a diferentes regiones: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y la propia capital de la Nueva España. Sustituyeron, en parte, a la población laboral indígena, diezmada por enfermedades y sobreexplotación.

A diferencia de muchas comunidades indígenas no gozaban de libertad alguna y vivían en condiciones infrahumanas, tal vez por ello los afrodescendientes no dudaron en sumarse a la lucha de independencia para obtener su libertad.

Guadalupe Victoria les llamó con orgullo: “mis valientes jarochos” a un ejército de hombres y mujeres descalzos con lanza en mano.

Hoy hago memoria de grandes afromexicanos, el mulato José María Morelos y Pavón, aboliendo la esclavitud y la supremacía de casta.

Al afrodescendiente Vicente Guerrero, resistiendo el acoso de la guerra en el Peñón del Diablo.

Conmemoro el valor del negro Valerio Trujano, empujando su espada en la mixteca.

A los costeños que con el soldado de la patria montaron carga de caballería contra las tropas napoleónicas.

En muchos sentidos, los afromexicanos también son pueblos originarios, porque ya estaban presentes mucho antes de la creación del estado nacional.

Las doctoras María Elisa Velázquez, Gabriela Iturralde y los doctores Aguirre Beltrán, Ortiz Escamilla, entre muchos académicos mas, nos explican cómo se construyeron los reagrupamientos étnicos y culturales que sobreviven hasta la fecha, y ellos se autonombran como negros de la costa, chocos, jarochos, mascogos, morenos, pardos, mulatos, entre otros.

Pero más aún, si el día de hoy los afromexicanos fueron considerados un pueblo originario, constituirían en número de personas el tercer grupo étnico en importancia, solo después de los náhuatl y mayas.

Tal es su presencia a nivel nacional, 1 millón 381 mil 853 personas se reconocieron como afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Inegi.

Hoy pedimos su reconocimiento constitucional, porque estos mexicanos viven en su propio país una discriminación estructural que se presenta en el trato diario entre personas, o cuando acuden a una institución y, peor aún, cuando tratan de cruzar las fronteras de su México.

Es una discriminación que ha llegado a los extremos de deportar afromexicanos a Centroamérica por su color, fisonomía, acento. Qué prejuicio. Qué profunda ignorancia.

El colmo del maltrato, las autoridades migratorias los hacen cantar el Himno Nacional para confirmar su nacionalidad.

A cualquiera le resultaría inverosímil andar de un lado para otro con su acta de nacimiento y credencial de elector. Para ellos no, es asunto de todos los viajes dentro del territorio nacional.

La iniciativa que hoy presentamos trata del reconocimiento de los afrodescendientes mexicanos como una comunidad plena de derechos.

Para fortuna, a la fecha, algunas constituciones locales han dado pasos ya adelantados.

En el 2001, la de Oaxaca reconoció en el artículo 16 al pueblo y comunidades afromexicanas, a sus reagrupamientos étnicos y culturales; en el 2014, la de Guerrero; en el 2016, la de la Ciudad de México; en 2017, Veracruz.

A nivel internacional, en el 2013, la ONU proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, del 2015 al 2024.

El año pasado, las organizaciones de afromexicanos, que son muchas, se reunieron en Mata Clara, Veracruz, bajo el lema: “Unidos por el reconocimiento constitucional”. Les comento que llevan más de 19 años reuniéndose y este año toca la reunión en Coahuila con los mascogos.

Hace apenas 14 días, el 4 de octubre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mujeres mexicanas pidieron una reforma constitucional que reconozca la contribución histórica y los derechos colectivos de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes, y hoy queremos ser portadores de estas aspiraciones.

La propuesta específica, es que en nuestra Carta Magna se reconozca cabalmente a los pueblos afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la Nación, y que en equiparación a los pueblos indígenas, se les reconozcan los mismos derechos.

Agradeceré, señor Presidente, se incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates al igual que la presente exposición.

Compañeras y compañeros, les pido, pues, también su apoyo. Ellos y ellas construyeron esta patria que amamos, están y siguen estando con nosotros. Bailamos ahora sus ritmos antiguos y cantamos boleros y chilenas y coplas que nos heredaron.

La invisibilización es la peor forma de discriminación.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Susana Harp.

Para adhesiones, sonido en el escaño del Senador Gustavo Madero.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para, por su conducto, consultar a la Senadora Susana Harp, si a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos podemos todos suscribir a su iniciativa, y felicitarla por ella.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Breves y puntuales, por favor. Se adhiere el Senador José Narro. Senador Casimiro Méndez. Se suma toda la bancada de Morena. Senadoras y Senadores de Morena, se adhieren a esta iniciativa. Se suma también, nos indica la Senadora Verónica Delgadillo, toda la bancada de Movimiento Ciudadano. El Senador Bolaños Cacho Cué, nos indica que se adhiere la bancada del Partido Verde Ecologista. El Senador Manuel Añorve, nos indica que se adhiere a esta iniciativa toda la bancada del Partido Revolucionario Institucional. La Senadora Sasil De León Villard, adhiere a su grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. El Senador Miguel Ángel Mancera, nos indica que la bancada del Partido de la Revolución Democrática, se adhiere completamente a esta iniciativa. El Senador Alejandro González Yáñez, nos indica que su bancada se adhiere a esta iniciativa de la Senadora Susana Harp.

Muchísimas gracias, Senadoras y Senadores.

Muchas gracias, Senadora Susana Harp. Se turna su iniciativa, con las adhesiones aquí expresadas, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Rafael Moreno Valle para presentar iniciativa suscrita por la Mesa Directiva del Senado de la República, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de transparencia parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por el Senador Rafael Moreno Valle Rosas, a nombre de la Mesa Directiva)

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de transparencia parlamentaria, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

Que la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, son pilares de cualquier organización democrática y deben de ser promovidos por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, diversos países han fomentado prácticas y mecanismos para optimizar la disposición de la información gubernamental, a través del denominado “Gobierno Abierto”, visto como un modelo de gestión pública que utiliza la tecnología para facilitar el diálogo y colaboración entre autoridades y ciudadanos.

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria en el artículo 6o. constitucional, establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Que en el año 2011, México fue cofundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional de países comprometidos con la transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, innovación, tecnología y participación ciudadana.

Que el Poder Legislativo, junto con el Instituto Nacional de Transparencia y las organizaciones de la sociedad civil, han impulsado una serie de acciones, como la reforma constitucional de transparencia y las correlativas leyes federales y locales en la materia con el objeto de avanzar en la conformación de la Alianza para el Parlamento Abierto.

Que organizaciones civiles, entre ellas Fundar, Imco, Borde Político y Transparencia Mexicana realizaron un diagnóstico de Parlamento Abierto, en el que se acordó evaluar diez principios, entre ellos, información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, datos abiertos y software público, participación ciudadana y rendición de cuentas, información histórica y legislar a favor del Gobierno Abierto.

El diagnóstico 2018 de los congresos federal y estatales arroja los siguientes resultados:

El 62 por ciento de los congresos no publica la agenda legislativa de los grupos parlamentarios.

El 95 por ciento de los congresos no publica las versiones estenográficas de comisiones, y sólo el 50 por ciento las del Pleno.

El 92 por ciento de los congresos no publica el presupuesto asignado y ejercido por los legisladores.

El 95 por ciento de los congresos no cuentan con mecanismos de interacción en tiempo real.

El 62 por ciento de los congresos cuenta con información de la legislatura inmediata anterior y el 38 por ciento no cuenta con información histórica alguna.

Adicionalmente en el reporte 2018, “Datos Abiertos Gubernamentales en México. El camino hacia adelante”, la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, OCDE, reconoce que, en los últimos años, México ha logrado importantes avances y se recomiendan una serie de acciones para consolidar nuestro sistema de Gobierno Abierto, entre otras.

Fortalecer la gobernanza institucional creando y formalizando posiciones directivas encargadas del manejo de datos y transformación digital.

Fomentar y mantener el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones del sector público y continuar generando modelos de arquitectura y gobernanza de datos.

Asegurar la asignación de recursos para implementar políticas e iniciativas de datos abiertos en las instituciones clave del sector público.

Fortalecer la vinculación de las iniciativas de datos abiertos con otras políticas sectoriales y fomentar su uso en contrataciones públicas, gestión de riesgos naturales, inclusión social y combate a la corrupción.

Fomentar la disponibilidad, accesibilidad y reutilización de los datos: mejorando el Portal Nacional de Datos Abiertos.

En este contexto, toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados debe ser pública y accesible a cualquier persona.

Por ello, es indispensable revisar el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establecen las obligaciones específicas de los legislativos, federal y de las entidades federativas, para incorporar mecanismos que nos permitan lograr un Parlamento Abierto.

En este sentido, se proponen las siguientes modificaciones:

Todos los poderes legislativos del país deberán publicar la agenda legislativa institucional y la de los grupos parlamentarios, así como los programas de trabajo de las comisiones y comités.

Adicionalmente, publicarán las versiones estenográficas de las sesiones del pleno, las comisiones y comités.

Difundirán y darán publicidad a la transmisión de las sesiones del pleno en tiempo real.

Los Poderes Legislativo Federal y Estatales deberán publicar los informes del uso y destino de los recursos financieros asignados a los legisladores relativos a su función.

Se incorporará la obligación de que los Poderes Legislativos publiquen los mecanismos de acceso a las plataformas informáticas que permitan la interacción en tiempo real.

Proponemos adicionar la obligación de que los Poderes Legislativos pongan a disposición del público el Archivo Histórico de la actividad legislativa de al menos dos legislaturas anteriores.

Publicar el padrón de cabilderos y los temas sobre los que versa su actividad con los órganos legislativos.

Con base en lo anteriormente expuesto y considerando que en la Mesa Directiva se han implementado medidas para transparentar, eficientar, publicitar y difundir las tareas a cargo de esta Soberanía, la presente iniciativa se presenta por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, y también cuenta con el respaldo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de Parlamento Abierto.

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del 72 y sus fracciones I, V, XIII, XIV y XV y se adicionan la XVI y XVII, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativo Federal, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, deberán poner a disposición del público y actualizar en datos abiertos la siguiente información.

Fracción I. Agenda legislativa institucional y de los grupos parlamentarios, así como los programas de trabajo de las comisiones y comités.

Fracción V. Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, de las comisiones y los comités.

La transmisión de las sesiones del pleno, en tiempo real, que deberá realizarse de manera accesible y gratuita.

Fracción XIII. El informe semestral del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios, centros de estudio u órganos de investigación y el de los legisladores relativos a su función legislativa.

Fracción XIV. Los mecanismos de acceso a las plataformas informáticas de las instituciones legislativas que permitan la interacción en tiempo real.

Fracción XV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.

Fracción XVI. El archivo histórico de la actividad legislativa, de al menos dos legislaturas anteriores.

Y Fracción XVII. El padrón de cabilderos y los temas sobre los que versa su actividad con los órganos legislativos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, tendrán un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para armonizar las leyes en la materia.

Tercero.- El Consejo Nacional del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tendrá un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir los lineamientos que regularán las obligaciones de transparencia a que se refiere el mismo.

Las nuevas obligaciones establecidas en el presente Decreto no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en las leyes de transparencia de las entidades federativas vigentes, serán aplicables sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Moreno Valle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Solamente para pedirle al Senador que acaba de hacer su exposición si podemos sumarnos como grupo parlamentario a su iniciativa.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se adhiere el grupo parlamentario del PRI a esta iniciativa. Senador Miguel Ángel Mancera, su grupo parlamentario se adhiere también a esta Iniciativa. Muchas gracias.

Honorable Asamblea, les informo que se encuentra de visita en el Senado de la República una Delegación de Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional de la República de El Salvador.

Están con nosotros el Diputado René Alfredo Portilla Cuadra, Presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales.

El Diputado Mario Alberto Tenorio Guerrero, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El Diputado Mario Antonio Ponce López, Secretario de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales.

La Diputada Yolanda Anabel Belloso Salazar y el Diputado Jorge Uriel Mazariego Mazariego, integrantes de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales.

Los acompañan también integrantes del Instituto Republicano Internacional.

Sean bienvenidos a nuestra sesión ordinaria, para la Cámara de Senadores es particularmente grato tener contacto con compañeras y compañeros legisladores de la región Centroamericana. Deseamos que su estancia en nuestro país y de forma especial la visita a este Pleno del Senado de la República mexicana sea fructífera y de beneficio mutuo.

Muchas gracias.

¡Bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una inicativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de corrupción de menores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente.

La ley debe de ser un ente en constante cambio, la legislación inmóvil ante el paso del tiempo y la realidad se puede convertir en un instrumento ineficiente.

Hace 80 años, el entonces Presidente Pascual Ortiz Rubio, expidió en el Diario Oficial de la Federación el entonces Código Penal para el Distrito y los Territorios Federales en materia de fuero común y también el código en materia del fuero federal.

Nuestro país desde entonces ya no es el mismo, el advenimiento de las tecnologías de información, el avance de la mente criminal, los cambios sociales producidos por la modernidad, las migraciones y la globalización son algunos de los factores que han cambiado la manera de concebir, investigar, sancionar y prevenir los delitos.

Sin embargo, la esencia del agresor, aquella conducta que subyace a la espera de cualquier oportunidad para producir daño, siempre estará latente y es responsabilidad nuestra modificar la ley para que esté acorde a la realidad que vive nuestro país en cada época.

Así las cosas, la iniciativa que hoy se presenta tiene como intención ampliar el marco de protección ante un fenómeno que se encuentra en constante cambio, los denominados delitos sexuales.

Mucho se ha discutido en esta tribuna, en anteriores legislaturas, sobre delitos en materia de trata de personas, pornografía, lenocinio, turismo sexual, violaciones y abusos sexuales de toda índole, pero se ha dejado de legislar y de discutir una conducta que pareciera insignificante, la corrupción de menores, y es que este delito de acuerdo a estudios criminológicos modernos tiene varias ramificaciones:

Una, es inducir a un menor de edad a través de engaños amenazas y coerciones a realizar acciones destinadas a la satisfacción del agresor sin que se obre abuso o violación.

Otra, es incitar al menor de edad para crear un desequilibrio en su salud y libertad sexual con la finalidad de hacerlo más propenso a ser víctima de otros delitos como la pornografía y el turismo sexual.

La corrupción de menores afecta a quien no tiene la capacidad de comprender el hecho o de resistirse al mismo, lo que puede considerarse como el primer eslabón de una cadena de delitos de los que será víctima un menor o una persona que no tiene la capacidad de concebir el hecho o de protegerse.

Es importante reformar las definiciones de los tipos penales de acuerdo a la realidad contemporánea, de lo contrario, los ministerios públicos y los jueces se encuentran imposibilitados para identificar, investigar y sancionar las conductas que más dañan a quien menos tiene oportunidad de protegerse.

Las tecnologías de la información y la ausencia de controles parentales y sociales, para que niños y niñas puedan utilizar Internet con seguridad, son un nuevo paradigma que nos abre a convocar como país a reformar nuestros ordenamientos legales, también a generar políticas públicas de prevención y combate al crimen, que permitan proteger a quienes son más vulnerables, como las niñas y los niños, así como las personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de resistirse al acto.

México es uno de los países con mayores índices de prevalencia en delitos sexuales cometidos contra menores de edad y contra grupos que poco se presta atención dada la exclusión social en la que viven, como las mujeres con alguna discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas recluidas en los hogares y enjuiciables para la autoridad y para la sociedad.

Prevenir y sancionar la corrupción de menores, sin duda tendrá como consecuencia un descenso o disminución en la prevalencia de delitos como la pornografía infantil, el turismo sexual, las violaciones, el abuso sexual y la pederastia.

La razón de la existencia del Congreso, tiene que ver fundamentalmente con la modernización de la ley, sin la modernización de la ley ante el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, será muy peligroso dejar expuestos a los más vulnerables y quedar sin una protección para estos menores.

Recientemente, en esta semana, en los medios de comunicación ha salido un caso que a todos ha llamado la atención, una guardería aquí en el municipio de Gustavo A. Madero, en esa guardería se han denunciado delitos sexuales, bajo un término muy general en el Código Penal Federal, corrupción de menores.

Si no actualizamos el Código Penal, vamos a dejar al Ministerio Público y al juez sin suficientes elementos para sancionar a quien posiblemente no violó a los menores en ese kínder, pero sí cometió delitos del orden sexual que se pueden convertir en delitos más graves, de no atenderse la impunidad o dejar en la ambigüedad diversos conceptos del Código Penal.

Por eso la invitación, y dejar sobre la mesa esta iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 201 del Código Penal Federal, en materia de corrupción de menores.

Sería cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Anaya Mota. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sí, Senadora Vanessa Rubio, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, simplemente para adherirme a la iniciativa que acaba de presentar mi compañera la Senadora Claudia Anaya.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senador Eruviel Ávila también se adhiere, también el Senador Miguel Ángel Mancera, también la Senadora Xóchitl Gálvez, también la Senadora Nuvia Mayorga, la Senadora Delfina Gómez, también.

Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios reúna las firmas y adhesiones, también la del Senador Juan Manuel Fócil, del Senador Antonio García Conejo y de la Senadora Kenia López Rabadán.

Muchas gracias.

Esta Mesa Directiva agradece la presencia de 20 profesionales de trabajo social, del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales de México y de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social y así como profesoras y profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

¡Sean bienvenidas y bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en materia de auditorías por actos de corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país no sólo supone la entrada en vigor de un nuevo andamiaje institucional, supone también, de manera obligada, innovar y desarrollar nuevos mecanismos institucionales de combate a la corrupción y de desvío de recursos.

Las instituciones que se crean o se fortalecen con este sistema, me parece, ahora deben empoderarse con más herramientas jurídicas para poder hacer bien su trabajo, de otra manera el Sistema Nacional Anticorrupción corre el riesgo de pasar sin pena ni gloria.

Por eso el día de hoy, los Senadores del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, estamos presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con la finalidad de incorporar tres figuras para la detección pronta y la investigación expedita de actos de corrupción, porque no habrá otro camino para acabar con este problema si no es abatiendo la impunidad que impera en torno a estos casos.
Permítanme explicar brevemente.

La primera figura que proponemos, es que las recomendaciones que se emitan en torno a las auditorías de desempeño, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, tengan carácter vinculante; es decir, estas recomendaciones parten generalmente de analizar la estructura y el funcionamiento de los programas, de las políticas, diagnostican sus fallas y buscan generar un marco normativo para su mejor funcionamiento.

Por eso nos parece indispensable que estas instancias, que estas instituciones escuchen las recomendaciones y comiencen a implementarlas para corregir los recurrentes problemas de opacidad, de discrecionalidad e ineficiencia en los programas públicos.

Hoy somos testigos de las graves irregularidades, por ejemplo, en la implementación del Seguro Popular en distintos estados.

Gracias, justamente, a un estudio de la organización Impunidad Cero, que justamente hace eco de las investigaciones y recomendaciones de la propia Auditoría.

Si las instituciones de salud en las distintas entidades de la República hicieran caso de estas recomendaciones, pues hoy tendríamos otra realidad en nuestro sistema de salud.

La segunda figura que queremos poner a su consideración, plantea que en esta reforma se puedan adecuar o se pueda abrir la posibilidad a lo que nosotros denominamos “auditorías excepcionales”.

¿Qué quiere decir esto? Que la Auditoría Superior de la Federación pueda realizar auditorías fuera de su plan de trabajo cuando existan razones y circunstancias que así lo ameriten y puedan detectarse irregularidades con oportunidad.

Es decir, proponemos que estas auditorías excepcionales puedan surgir por atracción directa de la misma Auditoría Superior o puedan ser solicitadas, por ejemplo, por un 10 por ciento de los Diputados federales o por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Proponemos que lo puedan solicitar estas dos instancias porque en una democracia, primero, la oposición debe tener herramientas de contrapeso y de vigilancia, y porque en el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción la apuesta, a nuestro juicio, debe ser la de empoderar y darle herramientas de actuación al Comité de Participación Ciudadana.

Nada más imaginemos, compañeras y compañeros Senadores, los daños al erario público que hubiéramos podido evitar, prevenir en el caso de Veracruz, bajo el gobierno de Duarte, si hubiera existido una herramienta de esta naturaleza con ese alcance.

Y, tercero, por último, la figura que queremos proponer o adicionar es la de la investigación preferente por desvío de recursos.

¿En qué consiste? En que las denuncias y querellas, por mal manejo de recursos y desfalcos, presentados por la Auditoría Superior ante la PGR deban ser investigadas y sustanciadas de manera preferente, concretamente en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

Proponemos esta figura para que no vuelvan a quedar en el archivo denuncias penales como la de la estafa maestra o tantas otras que inundan lamentablemente nuestra vida pública.

Nada más para que tengamos el dato presente.

Hoy la PGR tiene casi 500 denuncias presentadas por la Auditoría Superior por desvío de recursos, y sólo el 2 por ciento de los casos han terminado ante un juez, esto es inadmisible.

Lo que buscamos con esta figura, es que la PGR investigue y deslinde responsabilidades de manera expedita cuando la Auditoría Superior, por cierto, nuestro máximo órgano de fiscalización, identifique irregularidades graves en el manejo de recursos y presente denuncias.

Compañeras y compañeros Senadores, esta reforma busca darle dinamismo a las políticas de combate a la corrupción, busca empoderar a dos de las instancias más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana y a la Auditoría Superior.

Busca, en última instancia, que existan instrumentos para acabar con la impunidad para, efectivamente, castigar la corrupción porque, lo volvemos a repetir, esa es la única vía para abatir el lastre de la corrupción y la impunidad.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las facultades fundamentales para hacer valer un verdadero contrapeso de poderes es la que le concede la Constitución al Poder Legislativo de fiscalizar el gasto público y exigir cuentas al Ejecutivo. Hacer válida dicha facultad le llevaría al Legislativo en la LVI Legislatura (1997-2000) a trabajar en una reforma constitucional para crear en 1999 la Auditoría Superior de la Federación.

En diciembre de 2000 se promulgó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en la cual se dotó a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía técnica y de gestión, y se le otorgaron facultades para la revisión de la Cuenta Pública Federal; asimismo, se impulsaron nuevos procedimientos de revisión, entre otros, el de iniciar las prácticas de auditoría al desempeño, y se establecieron facultades en la determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades económicas resarcitorias.

La creación de la Auditoría Superior de la Federación sería la cúspide de una época en la que se creó todo un andamiaje institucional que vendría a desmantelar el sistema político de partido hegemónico. Por ejemplo, en 1990 nace el Instituto Federal Electoral con la encomienda de organizar elecciones en un entorno de equidad e imparcialidad que pudiera garantizar la certeza y credibilidad sobre los resultados. De igual manera, y ante la opacidad y la discrecionalidad con la que se manejaban los recursos públicos, se creó en 2003 el ahora denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, con el objetivo de que las instituciones se convirtieran en una caja de cristal para que el ciudadano pudiera saber en qué y dónde se gastaban sus recursos.

En abril de 2009, con objeto de fortalecer al Órgano de Fiscalización Superior, se abrogó a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta nueva estructura legal introdujo relevantes modificaciones, entre las que destacan la modificación a los plazos de rendición de la Cuenta Pública y del Informe de Fiscalización, fijando el 30 de abril y el 20 de febrero del año siguiente, respectivamente. Se estableció que la Auditoría Superior de la Federación pueda verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas públicos mediante auditorías de desempeño. La Auditoría Superior de la Federación ya podría fiscalizar directamente los recursos federales que ejerzan estados, municipios y las demarcaciones del Gobierno del Distrito Federal. De igual manera, para fiscalizar los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, así como los que se transfieran a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos, de conformidad con las leyes respectivas, entre muchas otras.

Posteriormente, el 18 de julio de 2016, se publicó -junto con diversas reformas en materia de combate a la corrupción- en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que abrogaría la de 2009. Dicha Ley, nos indica Jorge Villalobos Seañez,1 contempla diversos cambios, tales como:

1. “La fiscalización de la Cuenta Pública abarcará la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, la deuda pública, la revisión del manejo custodia y la aplicación de los recursos públicos federales.

2. La fiscalización directa por parte de la ASF [Auditoría Superior de la Federación] de las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica.

3. La fiscalización directa de la ASF respecto del Gasto Federalizado, tanto las aportaciones federales etiquetadas en el Ramo 33 del PEF, así como las participaciones federales a que se refiere el Ramo 28. En este último caso, se prevé que la ASF podrá llevar a cabo las auditorías a través de mecanismos de coordinación con entidades locales de fiscalización.

4. Se prevé la facultad de la ASF para investigar, substanciar y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, en especial las que deriven en un daño al erario.

5. La ASF podrá presentar denuncias y querellas penales, coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y presentar denuncias de juicio político ante la Cámara de Diputados.

6. Se realizará un Informe General Ejecutivo sobre los resultados globales y la principal estadística derivada de la función fiscalizadora de la ASF, lo que permitirá que la Cámara de Diputados tener una perspectiva general y concentrada de las funciones de dicho órgano técnico, así como información detallada, a través de los informes individuales, semestrales y específicos que se le den a conocer.

7. Toda vez que la Cuenta Pública deberá ser presentada a más tardar al 30 de abril del ejercicio siguiente al que corresponda, su revisión deberá concluir antes del 31 de octubre.

8. La ASF deberá fiscalizar las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los financiamientos y empréstitos contratados por las Entidades Federativas y los Municipios; además, fiscalizará que los recursos derivados de los mismos se destinen a inversiones públicas productivas, y a su refinanciamiento o restructura, bajo las mejores condiciones de mercado.

9. La ASF podrá fiscalizar ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, e inclusive a la que se encuentra en curso siempre que, en este último caso, deriven de denuncias en las que se presuma el desvío de recursos públicos federales o alguna irregularidad en su manejo, aplicación o custodia, debiendo en todo caso ser autorizado por el Titular de la ASF.

10. Se reforman las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental para precisar la coadyuvancia de las entidades locales de fiscalización superior con la ASF en la fiscalización de las participaciones federales.”2

Hoy en día, y a pesar de los esfuerzos que se han dado para fortalecer el combate a la corrupción con la creación de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría del a Función Pública, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la percepción de corrupción no es hoy mejor que hace 15 años. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, herramienta elaborada por Transparencia Internacional, México sigue retrocediendo para ocupar los últimos lugares. En 20153 México se ubicaba en el lugar 95 de 167, con un puntaje de 35 sobre 100; para 2017,4 se ubicó en el lugar 135 de 180 países al obtener una calificación reprobatoria de 29 puntos sobre 100, compartiendo escaño con países como Honduras, Paraguay, República Dominicana y Rusia, que están considerados en una escala de serios niveles de estas malas prácticas. Es decir, en la última década no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en uno de los más grandes problemas que tiene el país, la corrupción.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la percepción sobre la corrupción en la República Mexicana lo ubicó,5 en 2015, en el último lugar, separándolo 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos, Canadá y Estados Unidos, respectivamente. De igual manera, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project,6 México ocupó en 2018 el lugar 92 entre 113 países, cayendo 4 posiciones respecto a la evaluación de 2016, y el 25 de 30 en América Latina.

Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es ya el principal obstáculo para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad. Existe una gran insatisfacción con el sistema democrático en el país, pues, según el Latinobarómetro 2017,7 solo el 9% de los mexicanos confía en los partidos políticos; únicamente el 20% aprueba al gobierno saliente (el porcentaje más bajo desde 2002); solamente el 18% está muy o algo satisfecho con la democracia en nuestro país; y, el 21% de confía en las instituciones de nuestro país.

Dicha percepción sobre la corrupción no es infundada, escándalos como el de la llamada Casa Blanca, La Estafa Maestra, Odebrecht, Oceanografía, OHL, la filtración de los llamados “Panamá Papers”, y las acusaciones de desvío y malversación de fondos contra exgobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco (por decir algunos), ha contribuido con el profundo desencanto de la sociedad mexicana con las instituciones nuestro país.

Los costos no son sólo en la percepción de la ciudadanía, la corrupción tiene graves costos económicos que representan un obstáculo al crecimiento en México. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el costo, “a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB”,8 por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que su costo representa el 2% del PIB,9 y, algunos especialistas señalan que dicho costo podría equivaler al 5% del PIB.10

El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación ha podido dar cuenta de los desfalcos de la clase política gobernante, sin embargo, el país requiere que quien haya cometido algún delito por mal manejo de recursos federales pague por ello. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la Auditoría, de 2000 a 2017, ha presentado 872 denuncias11 (de las cuales, 833 se han presentado de 2010 a la fecha) ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, solo 10 denuncias por desvíos han llegado a juicio, y de estas, ninguna ha concluido en sentencia condenatoria, y por ende, no se ha reparado el daño.

Ante este contexto es de celebrarse la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hecho que, sin lugar a duda, implica un parteaguas en materia de combate a la corrupción. La creación del SNA ha comenzado con augurios de que finalmente quienes estén involucrados en actos de corrupción paguen por los delitos que cometieron. Tan solo de 2016 a la fecha, la Procuraduría General de la República ha iniciado 156 carpetas de investigación,12 a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales varias se encuentran pendientes, entre ellas: 70 relacionadas con la gestión de Javier Duarte,13 17 respecto de “La Estafa Maestra”,14 por el manejo irregular de fondos de apoyo para el campo, de SAGARPA15 y por sobrecostos injustificados en la construcción de la “Estela de Luz”16 en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Las reformas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción le otorgaron nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación, como la de atracción para que pueda fiscalizar las finanzas estatales y municipales; se eliminó el principio de anualidad y posterioridad en el proceso de revisión de cuenta pública, para que la auditoría pueda llevar a cabo revisiones a gastos en curso y no una vez que fueron efectuados, así como de ejercicios anteriores; asimismo, se le otorga la facultad para fiscalizar a los órganos autónomos, participaciones federales a las entidades federativas, y recursos federales dentro de fideicomisos.

Sin embargo, aún quedan cosas por hacer para fortalecer a la Auditoría y a los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país. Por tanto, resulta importante fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. Mediante la presente iniciativa se plantea crear dos nuevas figuras:

• La investigación preferente por actos de corrupción, para que las denuncias y querellas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación deban ser investigadas y sustanciadas por la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

• Las auditorías excepcionales, que podrán ser solicitadas por el 10 por ciento de los diputados, por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o por atracción de la misma Auditoría Superior, y que deberán ser atendidas por la Auditoría.

Además, se propone fortalecer las auditorías de desempeño, pues su importancia radica en conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos, además de que este tipo de auditorías, según Benjamín Fuentes,17 proporcionan un examen independiente de las políticas públicas, comprobando su impacto sobre las poblaciones objetivo a través de indicadores. Sin embargo, las recomendaciones que hoy se emiten en auditorías al desempeño se limitan a observaciones sin que sean vinculantes, dejando a la voluntad de la entidad fiscalizada encargada del programa de atender o no dicha recomendación, por ello, se propone que estas recomendaciones sean vinculantes para los entes públicos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman las fracciones I y II del artículo 15, la fracción XV del artículo 17 y la fracción III del artículo 67, y se adiciona la fracción V, recorriéndose las subsiguientes, al artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IV. […] 

V. Auditoría excepcional: auditoría realizada fuera del plan de auditorías a solicitud del diez por ciento de los diputados, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o por atracción directa de la Auditoría Superior de la Federación. Los particulares y la sociedad civil también podrán presentar al Comité de Participación Ciudadana solicitudes de auditoría excepcional para su análisis;

VI. al XXXIX […]

 

Artículo 15.- […]

I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, incluyendo las referentes al desempeño, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y

II. Recomendaciones vinculantes para los entes sujetos a revisión, incluyendo las referentes al desempeño.

Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. […]

XV. Formular recomendaciones vinculantes para los entes sujetos a revisión, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

XVI. a XXVIII. […]

Artículo 67.- […]:

I. a II. […]

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías. La Fiscalía Especializada deberá investigar y sustanciar las referidas denuncias y querellas penales en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles;

IV. a V. […]

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 10 Ter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 10 Ter.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones:

I. a XIX.

XX. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Cuando se trate de denuncias y querellas penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción deberá investigarlas y sustanciarlas en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles;

XXI. a XXVIII. […]

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 VILLALOBOS SEAÑEZ, Jorge, “El “patito feo” de las reformas anticorrupción: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas”, La Silla Rota, en sección Opinión. Disponible en:
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-patito-feo-de-las-reformas-anticorrupcion-la-ley-de-fiscalizacion-y-rendicion-
de-cuentas/116768

2 Ídem.

3 “Índice de Percepción de la Corrupción 2015”, Transparencia Internacional. Disponible en:
https://transparencia.org.es/ipc-2015/

4 “Índice de Percepción de la Corrupción 2017”, Transparencia Internacional. Disponible en:
https://transparencia.org.es/ipc-2017/

5 “México es el país más corrupto de la OCDE”, El País. Disponible en:
https://elpais.com/internacional/2016/01/28/mexico/1453942417_968156.html

6 “Índice de Estado de Derecho 2017-2018 vía World Justice Project”, IMCO. Disponible en:
https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/

7 “Solo 9% de los mexicanos confía en partidos políticos; el nivel más bajo en 22 años”, Animal Político. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2017/10/mexicanos-confia-partidos-politicos/

8 “Verificado.mx: ¿La corrupción cuesta 9% del PIB en México?”, Animal Político. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/04/verificado-mx-la-corrupcion-cuesta-9-del-pib-en-mexico/

9 Ídem.

10 Ídem.

11 “Falla la PGR: Solo 10 de 872 denuncias de ASF por desvíos han llegado a juicio; no hay sentencias”, Animal Político. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2017/11/denuncias-auditoria-desvios-recursos/

12 “PGR acumula 486 casos por desvío de recursos, sin detenidos o procesados; ASF no presenta denuncias desde marzo”, Animal Político. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/07/pgr-denuncias-asf-impunidad/

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Ídem.

17 “Relevancia y Práctica de Auditorías de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, Animal Político. Disponible en:
http://rendiciondecuentas.org.mx/relevancia-y-practica-de-auditorias-de-desempeno-en-la-auditoria-superior-de-la-
federacion-asf/

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Castañeda Hoeflich. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Federal de Derechos, en materia de exención de pagos por peaje en carreteras del estado de Baja California.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia del Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

A nombre del pueblo de Baja California ante ustedes expongo.

En cualquier país se reconoce que las zonas o regiones fronterizas presentan una economía determinada precisamente por las condiciones derivadas de su proximidad con las naciones vecinas.

El sólo hecho del tránsito de un país a otro de personas y mercancías imprime a los espacios de frontera una dinámica diferente. Esta circunstancia se agudiza cuando existen notorias diferencias en cuanto a las dimensiones de la economía de los países colindantes. El caso de Baja California es ilustrativo.

Nuestra entidad comparte línea divisoria con California, una de las economías más fuertes no sólo de los Estados Unidos de América, sino del planeta.

En los cruces fronterizos en la Ciudad de Tijuana se lleva a cabo día con día el mayor desplazamiento de personas de un país a otro.

En Tijuana cruzan a los Estados Unidos aproximadamente 24 millones de personas al año, lo que la convierte en la frontera más transitada del mundo.

Baja California produjo mercancías de exportación de un valor de 43 mil 342.67 millones de dólares tan sólo en el 2016.

De igual manera, Baja California recibe visitantes de los Estados Unidos todos los días y en particular los fines de semana.

En Baja California se asienta una extensa industria maquiladora; al ensamblar las partes se incorporan suministros provenientes del vecino país del norte, así como de Asia y de Europa.

Las partes extranjeras oscilan de un 60 a un 85 por ciento y el resto son elaboradas en suelo nacional.

Las industrias principales son electrónica, la de dispositivos médicos y la aeroespacial.

La electrónica tuvo una producción con valor de más de 10 mil millones de dólares en 2016.

Como se puede observar, la economía del estado de Baja California se encuentra determinada por su posición geográfica y refleja de inmediato los movimientos en circulación de bienes y servicios al otro lado de la línea fronteriza.

La característica principal de nuestra economía es la amplia e intensa circulación de dólares de los Estados Unidos. La mayoría de los precios se denominan, en todo tipo de operaciones cotidianas, en esa divisa extranjera. Las personas, sin importar su ubicación en la escala social, se caracterizan por tomar decisiones racionales, es decir, de sentido económico optando siempre por los mejores precios.

De ahí que resulta necesario, en la conducción de la economía para Baja California, reconocer la condicionante consistente en nuestra vecindad con el estado más pujante de la Unión Americana, California.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece con claridad en el artículo 30, la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de otorgar concesiones para construir y explotar carreteras federales haciendo hincapié en que la Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.

Los tribunales federales han acogido el criterio anterior y consideran violada la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente cuando las personas no cuenten con la opción de un camino libre de peaje frente a las carreteras de paga.

Es de atraer la atención que tanto al precepto como la interpretación anterior se produjeron antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

La reforma entraña un nuevo paradigma en torno al Estado de derecho, lo cual ha sido percibido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio por concluida la Novena Época de Jurisprudencia y dio paso a la siguiente.

Ahora en función de las nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. constitucional que consagra también los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad la perceptiva sobre las tarifas de las carreteras que está llamada a revisión.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y, asimismo, un tercer párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explorar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el gobierno federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.

Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta ley.

Cuando la construcción operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso previo en el artículo 7° de esta ley.

La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva.

Las personas que circulen en vehículos automotores por las carreteras de peaje operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en el estado de Baja California no pagarán tarifa o cargo alguno.

Lo anterior, aplicará por igual a los tramos carreteros cuyos frutos hayan sido fideicomitidos, por lo que hace a los tramos operados a través de concesión por el gobierno del estado y por particulares, se estará a lo dispuesto en los preceptos transitorios del presente Decreto.

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, asignará recursos para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el gobierno del estado de Baja California a través de Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa, Fiarum, lleven a cabo el mantenimiento de los tramos carreteros a su cargo y presten los servicios inherentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, asignará recursos a fin de que los particulares que cuenten con concesión para construir, mantener, conservar y explorar caminos y puentes en el estado de Baja California lleven a cabo el mantenimiento de los tramos carreteros objeto de la misma y presten los servicios inherentes debiéndose reducir las tarifas que se cobren por circular en dichos tramos en la proporción de los recursos representen del costo de operaciones de los caminos.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal recuperará a su vencimiento el título de la concesión del tramo carretero Centinela-Rumorosa y lo operará sin cobro alguno de tarifas para los usuarios, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose en su orden el mismo párrafo en vigor y los subsecuentes del artículo 213 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del uno por ciento sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y que presente ante la Secretaría de la Función Pública.

Para la determinación de la base del derecho que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán los ingresos provenientes de los bienes que se encuentran fideicomitidos, así como los que el organismo entregue a la Federación por concepto de coordinación fiscal, de acuerdo en el artículo 9-A de la Ley de la Coordinación Fiscal.

El gobierno del estado de Baja California, a través del Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa, Fiarum, y los particulares que cuenten con concesiones para la operación y explotación de tramos carreteros quedan exentos de cualquier cargo por el aprovechamiento que lleven a cabo de tramos carreteros de dicha entidad.

Por Baja California, libre de tránsito.

Es cuanto, señores Senadores.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y, ASIMISMO, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Baja California: una economía con características propias.

En cualquier país se reconoce que las zonas o regiones fronterizas presentan una economía determinada precisamente por las condiciones derivadas de su proximidad con las naciones vecinas. El solo hecho del tránsito de un país a otro de personas y mercancías imprime a los espacios de frontera una dinámica diferente. Esta circunstancia se agudiza cuando existen notorias diferencias en cuanto a las dimensiones de la economía de los países colindantes. El caso de Baja California es ilustrativo. Nuestra entidad comparte línea divisoria con California, una de las economías más fuertes no sólo de los Estados Unidos de América sino del planeta.1 En los cruces fronterizos en la ciudad de Tijuana se lleva a cabo día con día el mayor desplazamiento de personas de un país a otro. En Tijuana cruzan a los Estados Unidos aproximadamente 24 millones de personas al año, lo que la convierte en la frontera más transitada del mundo. Baja California produjo mercancías de exportación con un valor de US$43,342,067 millones de dólares tan sólo en 2016.2 De igual manera, Baja California recibe visitantes de los Estados Unidos todos los días y en particular los fines de semana. En Baja California se asienta una extensa industria maquiladora. Al ensamblar las partes, se incorporan suministros provenientes del vecino país del norte así como de Asia y Europa. Las partes extranjeras oscilan de un 60 a un 85% y el resto son elaboradas en suelo nacional. Las industrias principales son la electrónica, la de dispositivos médicos y la aeroespacial. La electrónica tuvo una producción con valor de más de diez mil millones de dólares en 2016.3

Como se puede observar, la economía del estado de Baja California se encuentra determinada por su posición geográfica y refleja de inmediato los movimientos en la circulación de bienes y servicios al otro lado de la línea divisoria. La característica principal de nuestra economía es la amplia e intensa circulación de dólares de los Estados Unidos. La mayoría de los precios se denominan, en todo tipo de operaciones cotidianas, en esa divisa extranjera. Las personas, sin importar su ubicación en la escala social, se caracterizan por tomar decisiones racionales, es decir, de sentido económico optando siempre por los mejores precios. De ahí que resulta necesario, en la conducción de la economía para Baja California, reconocer la condicionante consistente en nuestra vecindad con el estado más pujante de la Unión Americana. El objetivo de las medidas económicas consiste en propiciar condiciones que permitan el mayor balance en los precios de bienes y servicios con el propósito de preservar el mercado en la entidad. De no ser así, se drenan los recursos producidos en la economía de Baja California que vuelan al otro lado de la frontera atraídos por precios notoriamente más bajos principalmente en bienes de consumo.

En este orden de ideas, Baja California debe quedar sujeta a un régimen preferencial tanto de contribuciones como de los precios que los tres órdenes de gobierno cobran por la prestación de sus servicios. Así se venía realizando por lo que hace a los impuestos ya que hasta hace pocos años los habitantes de esta entidad disfrutábamos de una tasa preferencial en particular del impuesto al valor agregado, cuya carga impositiva en una economía prácticamente binacional terminaba por ser, en equidad, la misma que cubren los habitantes de las entidades al interior de la República pero que se encuentran libres de la influencia de la poderosa economía del primer mercado del mundo: los Estados Unidos de América. Por fortuna, la administración federal que tomará posesión el próximo 1° de diciembre ha anunciado que se volverán a aplicar las tasas preferenciales en las contribuciones federales. El propósito de la presente iniciativa consiste en eliminar las distorsiones que se producen en los ciclos primarios de la producción de bienes y servicios, liberando de peaje a los caminos de Baja California.

La circulación de bienes y personas.

Es bien sabido que la circulación es uno de los procesos económicos más importantes. No basta con organizar la producción de bienes y servicios articulando los esfuerzos de empresarios y trabajadores. Es necesario contar con canales que permitan que las mercancías salgan de las fábricas y plantaciones y lleguen sin contratiempos a los puntos de venta. Una de las ventajas competitivas de Baja California consiste precisamente en su ubicación geográfica y en la red logística que le permite desarrollar la consecuente vocación exportadora de sus habitantes. Las unidades económicas que conforman la industria requieren no sólo de una red de caminos, sino que la circulación por las mismas se pueda llevar a cabo sin el pago de cuotas para compensar las asimetrías con el vecino país del norte. El tamaño de la economía de Baja California no representa ni siquiera el 0.5% de la de California. Por ello es importante que el gobierno federal, con el auxilio de los gobiernos del Estado y de los municipios, proceda a la creación de condiciones favorables allí donde cuenta con recursos por medio de los cuales puede incidir en el fortalecimiento de la economía. Uno de esos sectores es precisamente el de caminos y puentes. En una economía que se encuentra inserta en un ambiente caracterizado por los índices de competitividad y productividad más elevados del mundo, las carreteras han de ser un bien público.

En los Estados Unidos Mexicanos prevalece en cuanto a la economía un esquema de carácter mixto. De conformidad con el artículo 25 de la Constitución General de la República, corresponde al Estado Mexicano la rectoría sobre la economía reconociendo la iniciativa privada en un mercado de bienes y servicios donde participe y se fomente la actividad de los grupos sociales. El desequilibrio que surge de las interacciones entre Baja California con los Estados Unidos de América genera distorsiones en la economía que requieren de ajustes para reducir la dependencia. La tasa del IVA será adecuada en los próximos meses cuando se presente la propuesta del Presupuesto de Egresos así como la Ley de Ingresos y ordenamientos secundarios para el ejercicio 2019. No obstante, persisten otras distorsiones en la economía de Baja California como el hecho de que no se haya podido contar con cuentas en dólares en las instituciones financieras. En lugar de observar rigurosamente las disposiciones legales e internacionales en torno a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los bancos mexicanos, con sucursales en Baja California, al igual que en el resto del país, simplemente persisten en su reticencia a la apertura de cuentas en la divisa extranjera. Al no haber formas que permitan dar salida ágilmente a los dólares que circulan en Baja California, la economía se estanca y, en consecuencia, aunado a las asimetrías se requiere de otras medidas compensatorias para dar fluidez a los procesos económicos en la entidad.

La circulación es un proceso esencial no únicamente para completar los ciclos económicos llevando los productos a los consumidores. También es importante que las personas puedan circular sin pagar peajes por las carreteras de Baja California, ya que de esa manera llevan a cabo sus actividades productivas a costos que les permitan sino competir al menos ser funcionales con las actividades económicas que se llevan a cabo del otro lado de la frontera. Los recursos que el gobierno federal dejaría de ingresar por concepto de pago de las tarifas en las carreteras se compensan con la maximización de las actividades económicas que a su vez generan impuestos tanto al consumo como a la renta. En otras palabras, lo que el gobierno federal deje de percibir por cuotas de peaje lo obtendrá a través de las contribuciones que trae aparejado el aumento de la actividad económica, al verse los habitantes de la entidad liberados del obstáculo que representan las cuotas. Al ampliar la recaudación de contribuciones al consumo y a la renta, se van a generar los recursos para dar mantenimiento a las carreteras y brindar los servicios conexos como ambulancias, grúas, casetas telefónicas, instalaciones sanitarias, entre otros.

Actualmente se encuentran en operación en el Estado de Baja California las autopistas siguientes: la que va de Mexicali a Tijuana con una carpeta de 171.55 kilómetros y una tarifa total de $220. La Tijuana-Ensenada que tiene un costo de $112 y una longitud de 111.24 kilómetros, es decir, un cobro a razón de casi un peso por kilómetro. La autopista que va de Mexicali a Ensenada cobra $260 y tiene una extensión de 240 km. La autopista Tijuana-Ensenada está a cargo de CAPUFE y está incorporada al Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN así como el tramo Rumorosa-Tecate; el tramo carretero Centinela-Rumorosa está bajo operación del Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM) del Gobierno del Estado (47.29 km) y la Autopista Tijuana-Tecate (29.8 km) está en concesión a favor de la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) cuya concesión termina en el 2019. Cabe mencionar que la concesión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa se encuentra a punto de expirar. El título vence el 12 de julio del 2020.

De la libertad de tránsito.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece con claridad en el artículo 30 la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de otorgar concesiones para construir y explotar carreteras federales haciendo hincapié en que "La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”. Los tribunales federales han acogido el criterio anterior y consideran violada la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente cuando las personas no cuenten con la opción de un camino libre de peaje frente a las carreteras de paga. Es de atraer la atención que tanto el precepto como la interpretación anteriores se produjeron antes de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. La reforma entraña un nuevo paradigma en torno al Estado de Derecho, lo cual ha sido percibido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio por concluida la Novena Época de jurisprudencia y dio paso a la siguiente. Ahora, en función de las nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos establecidas en el artículo 1° constitucional que consagra también los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad la preceptiva sobre las tarifas en las carreteras está llamada a revisión. El examen constitucional gira en torno al principio del máximo beneficio en la aplicación de las normas a favor de las personas. En este orden de ideas, es importante destacar que por lo general los caminos de peaje permiten a los usuarios acceso tanto a una póliza de seguro como a diversos servicios entre los que destacan el de ambulancia para el caso de accidentes, grúas por fallas mecánicas así como para paraderos con fuentes de agua y teléfonos públicos. Aunque desde luego los servicios anteriores tienen un costo, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y con base en la libertad de tránsito y el derecho a la movilidad, es válido ponderar que los mismos deben correr por cargo del Estado, sin cobro alguno a los usuarios. Un aspecto del principio de progresividad de los derechos humanos consiste en destinar el máximo de recursos disponibles a la satisfacción de los derechos fundamentales, de modo que en forma gradual es posible suprimir las tarifas en toda la República para que pase el Estado, a través de Caminos, Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a la administración de las carreteras con las características mencionadas pero sin el cobro de tarifa alguna.

En Baja California, en el tramo de peaje conocido como “La Rumorosa" que forma parte del camino de Mexicali a Tijuana, las personas no cuentan con la opción de un camino libre de peaje, de modo que en dicho tramo la eliminación de la tarifa resulta obligada.

Contenido del Decreto.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone la disponibilidad de carreteras libres como condicionante para la operación de tramos de peaje. A su vez, la Ley Federal de Derechos establece el pago que por dicho concepto debe hacer Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos, organismo público descentralizado que opera las autopistas en México. Dicho pago toma en cuenta la explotación que de los caminos lleva a cabo el organismo a través de la recaudación de las cuotas conforme a las tarifas aprobadas. De ahí que corresponde introducir en el artículo 30 del primer ordenamiento citado y en el 213 del segundo el enunciado normativo que permita contribuir a compensar las distorsiones que se registran en la economía de Baja California.

No pasa desapercibido a la autora de la presente iniciativa que por efecto del Acuerdo de su creación, tanto los activos como los frutos de algunas autopistas operadas por Caminos y Puentes han sido incorporados al Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN. Al introducir aspectos tan importantes como la operación y explotación de carreteras federales de peaje al ámbito de los fideicomisos, se convirtió en letra muerta el artículo 49 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. En efecto, como lo acabamos de atestiguar con el último incremento en las tarifas, ahora es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BANOBRAS, como ente fiduciario, quien determina la cuantía de las tarifas, a pesar de que dicha facultad se encuentra reservada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.4 Por esta evidente contradicción entre el acuerdo administrativo que dio paso a la creación del FONADIN y los preceptos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, es que se establece en el Proyecto de Decreto de la presente iniciativa que la exención en el pago de peaje surte efectos aunque los frutos de los caminos se encuentren incorporados a dicho fideicomiso.

Finalmente, por lo que hace a las carreteras que opera el gobierno del estado bajo concesión del gobierno federal, se establece que se deberá asignar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el mantenimiento de los tramos carreteros bajo concesión. Cabe mencionar que la fuente de ingresos para fondear esos recursos será la expansión de la recaudación como consecuencia del incremento de las actividades productivas derivado de la liberación de las cuotas de peaje. Y de igual forma por lo que hace a los caminos que se encuentran en operación de particulares por haber obtenido desde luego la concesión correspondiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y, ASIMISMO, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30.- La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.

Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta Ley. Cuando la construcción u operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso previsto en el artículo 7 de esta Ley.

La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva.

Las personas que circulen en vehículos automotores por las carreteras de peaje operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en el Estado de Baja California no pagarán tarifa o cargo alguno. Lo anterior aplicará por igual a los tramos carreteros cuyos frutos hayan sido fideicomitidos. Por lo que hace a los tramos operados a través de concesión por el Gobierno del Estado y por particulares, se estará a lo dispuesto en los preceptos transitorios del presente Decreto.
Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión asignará recursos para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Gobierno del Estado de Baja California a través del Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM) lleven a cabo el mantenimiento de los tramos carreteros a su cargo y presten los servicios inherentes.

TERCERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión asignará recursos a fin de que los particulares que cuenten con concesión para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes en el Estado de Baja California lleven a cabo el mantenimiento de los tramos carreteros objeto de la misma y presten los servicios inherentes debiéndose reducir las tarifas que se cobren por circular en dichos tramos en la proporción que los recursos representen del costo de operación de los caminos.

CUARTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal recuperará a su vencimiento el Título de la Concesión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa y lo operará sin cobro alguno de tarifas para los usuarios, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose en su orden el mismo párrafo en vigor y los subsecuentes del artículo 213 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 213.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 1.0% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y que presente ante la Secretaría de la Función Pública.

Para la determinación de la base del derecho a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán los ingresos provenientes de los bienes que se encuentren fideicomitidos, así como los que el organismo entere a la Federación por concepto de coordinación fiscal, de acuerdo con el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Gobierno del Estado de Baja California, a través del Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM), y los particulares que cuenten con concesiones para la operación y explotación de tramos carreteros quedan exentos de cualquier cargo por el aprovechamiento que lleven a cabo de tramos carreteros en dicha entidad.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.

1 Véase " California ya es la quinta economía mundial", en el vínculo digital siguiente consultado el 14 de septiembre de 2018:
https://www.excelsior.com.mx/global/california-ya-es-la-quinta-economia-mundial/1237096

2 Véase datos del INEGI, consultados en el vínculo electrónico que sigue:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/exporta_ef/default.aspx

3 Véase la nota: " Baja California es líder en sectores electrónico, médico y aeroespacial"; consultada el 14 de septiembre de este año en el vínculo digital siguiente:
https://amqueretaro.com/el-pais/negocios/2017/09/16/baja-california-es-lider-en-sectores-electronico-medico-y-aeroespacial

4 Véase el Aviso " ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contenido en el vínculo digital siguiente:
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-012-2018.pdf

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora León Gastélum. Túrnese a la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra al Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra estudiantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El día de hoy vengo a comentar acerca de un tema que ha sido noticia, una lamentable noticia en los últimos días en nuestro país.

Nuestro país es cuerpo grandioso, lleno de mucho valor que le da a la gente que lo integra, 128 millones de personas, casi 130 millones de personas integran esta gran nación.

Dentro de esa gran nación, de repente, como si fuera un cuerpo, le comenzó a salir una bolita por acá atrás pequeña, que no se atendió en su momento. Y esa bolita comenzó a crecer en un campo fértil para ese cáncer y de repente el día de hoy tratamos de atender la delincuencia que se comete o los delitos que se cometen en contra de los estudiantes, pero como lo dejamos pasar, ahora es caro y además es muy doloroso.

Dentro de todas las personas que integran esta grande nación, hay un grupo muy importante que es el de los estudiantes. Y me refiero a estudiantes desde los pequeños que van a preescolar y que se mencionaba que también han sido víctimas estos dos o tres días anteriores, por abusos sexuales 37 niños de un kínder en Gustavo A. Madero, pero también ese grupo está integrado por todos los jóvenes que también son un motor para nuestro país, no solamente un motor económico por toda la actividad que realizan, sino también un motor social en donde inyectan de pasión a nuestro país, de esperanza a todo lo que hacemos.

Por eso, decía hace ratito aquí la directora general del Conapred, que a veces nosotros somos los que causamos esos grupos vulnerables.

Y decía ella: “No son grupos vulnerables, sino son grupos vulnerados por nosotros, porque nosotros somos quienes les tendemos barreras para impedirles el acceso a sus derechos plenos”.

La educción es un derecho pleno, es un derecho que tienen ellos y todas las personas, un derecho humano que no le concedió ningún legislador. Lo único que hicimos fue reconocérselos en la Constitución, pero no fue una concesión gratuita o una concesión que haya salido del Poder Legislativo.

El Estado también tiene una obligación y esa obligación es la de proteger a los estudiantes, de brindarles seguridad y la seguridad consiste en garantizarles que su persona, sus bienes y sus derechos no van a ser objeto de violencia.

Si ocurren esos actos de violencia, es el Estado el que debe de responder, porque ha sido por la negligencia de los órganos del Estado, incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y debe de garantizar entonces su protección y reparar el daño cuando las actividades que ha emprendido el estado han causado o han permitido la violencia en contra de los estudiantes.

En México tenemos un grave problema, y ese problema es la sociabilización del delito. Ya no nos sorprende, podemos pasar por los puestos de periódicos y ver a jóvenes estudiantes destazadas, y verlas en bolsas negras, y nosotros a lo mejor por el sentido de familiaridad, porque ya es algo normal, algo que ocurre en México todos los días y hemos perdido esa sensibilidad.

Pero, ¿debe de ser así o debemos de poner un alto ya a estas circunstancias?

¿Saben cuánto ha costado o cuánto cuesta por persona al año la comisión de delitos? Cuesta 7 mil pesos por persona, eso equivale a 300 mil millones de pesos.

Una buena parte del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Nosotros para hacer esta propuesta que lo que busca es sancionar más severamente a todo aquél que cometa un delito en contra de los estudiantes, consultamos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y le preguntamos que nos diera ciertos datos acerca de los delitos que se cometen contra los jóvenes.

Ahí nos dimos cuenta, primero, que gastamos más dinero, algo que ya había dicho yo en esta tribuna, gastamos más dinero en las personas que cometieron un delito para mantenerlas en prisión, que el recurso que es destinado a los estudiantes, 10 mil pesos menos en estudiantes con relación a lo que gastamos con la gente que está en prisión.

Por ello, el Partido Verde propone que se reformen algunos artículos del Código Penal Federal, que son el artículo 196 que habla acerca de la forma de participación para que cuando utilice a un estudiante para cometer un delito, sea sancionado más severamente.

También el artículo 197 cuando se suministre algún estupefaciente a los jóvenes estudiantes, sin importar su edad, también cuando se causen lesiones cuando se genere un homicidio, se prive de manera ilegal la libertad o se genere una extorsión en contra de estudiantes.

Voy a tomar algunos minutos más para concluir.

Nosotros también queremos adicionar una fracción VII al artículo 266 Bis del Código Penal Federal para efecto de que se sancione más severamente los abusos sexuales y la violación cometida en contra de estudiantes.

Los jóvenes tienen una visión de nosotros, y si nosotros no entendemos eso, vamos a generar y vamos a permitir que ese cáncer que ya tiene nuestro país siga aumentando. Y lo que ven los jóvenes es que el Estado no está garantizando su seguridad, estamos fomentando la impunidad, y es por eso que nosotros hacemos la presentación de este proyecto con la finalidad de reformar los artículos que he mencionado y de adicionar también la fracción que ya he indicado.

Muchas gracias, y espero que algunos estudiantes que hoy nos acompañan aquí, de Veracruz, de Orizaba, también nos acompañan de la Ciudad de México, de la UNAM, del Politécnico, por favor, ellos están esperando que nosotros tomemos medidas más severas en contra de los delincuentes.

Tenemos el caso de los 43 de Ayotzinapa, que ya debería de ser suficiente para endurecer las penas en contra de quienes cometen delitos hacia los estudiantes.

Pero también tenemos el caso, el día de hoy, de una joven que fue violada en los baños de Ciudad Universitaria, no lo podemos permitir; no seamos nosotros ajenos o no seamos indiferentes a esta grave situación que vive nuestro país.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Guzmán.

Túrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armas réplica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes a mis compañeras Senadoras y a mis compañeros Senadores.

“Hay un nuevo y creciente consenso en que la proliferación de las armas de cualquier tipo, sean armas de destrucción masiva o armas pequeñas, inherentemente constituye una amenaza a la paz”. Esto lo dijo Kofi Annan.

Y qué razón tenía cuando refería cualquier tipo de arma, porque hoy nos vamos a referir a las armas réplica, a las armas que, sin ser armas de fuego, simulan ser armas que finalmente serían letales.

En la mayoría de los foros de discusión se está tocando este asunto de las armas réplica, porque están siendo utilizadas por la delincuencia para generar la misma sensación de amenaza a la vida y a la integridad física, al igual que las armas de fuego.

En el contexto internacional estas armas réplica están teniendo reacciones muy importantes; por ejemplo, Australia ha prohibido la importación de armas réplica que no tengan permisos especiales y registro.

El comandante de la fuerza fronteriza australiana aseguró que las armas réplica representan un riesgo considerable por la dificultad de distinguirlas de las reales.

El fiscal general de Nueva York, declaró que fueron cometidos cientos de delitos con armas réplica. La ley de esta ciudad, Nueva York, prohíbe la venta de armas réplica o de juguete en color negro, azul o gris que pueda simular un arma letal.

Canadá por su parte, ha prohibido la fabricación e importación de arma réplica.

Boston tiene prohibido el uso de arma réplica en espacios públicos.

Y ahora tenemos la amenaza también de que pueden ser realizadas mediante manufactura aditiva, es decir, con la impresión 3D.

En el contexto nacional no tenemos registro de las dependencias federales, no se han llevado a cabo registro de este uso de las armas réplica; sin embargo, está aconteciendo a diario, los asaltos se cometen, de cada 10, cuando menos 5 con armas réplica.

En los estados de Nuevo León, Sonora, el Estado de México, Jalisco y la propia Ciudad de México, el Código Penal habla de la equiparación para efectos de robo agravado del uso de armas réplica.

Sin embargo, y ahí está en sus pantallas, en los documentos que se agregan para consulta, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en 28 casos de robo agravado, 28 casos que tomamos en un análisis rápido, 41 personas detenidas, 29 quedaron en libertad.

¿Por qué conceptos? Porque los jueces dijeron, como se amagó a la víctima con un   arma réplica, no se considera arma de fuego y, por lo tanto, no hay lugar a prisión preventiva.

No se considera medio violento el arma de fuego, no se considera como violencia moral equiparada, no se venció la resistencia de la víctima ya que era un arma réplica.

Estos son algunos de los conceptos por los que esas personas quedaron en libertad.

Hoy estamos proponiendo y estamos presentando una iniciativa.

Voy a tomar un poco de mayor tiempo del acordado, conforme el reglamento, señor Presidente, para poder exponer lo que sigue.

Lo que estamos proponiendo nosotros es reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Por qué? Porque si hacemos esta sencilla reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales vamos a poder evitar este espacio de impunidad, me refiero al artículo 167.

Hoy este artículo dice: “El juez de control ordenará la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”.

Sin embargo, con los criterios de los juzgadores, estas armas réplica no son consideradas armas y, por lo tanto, se decreta la libertad.

La adhesión señalaría: “Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivo y funcionales o no y que sirvan para amagar, intimidar a la víctima”.

Y yo les pregunto, Senadoras y Senadores, ¿si podríamos distinguir en un asalto alguna de estas armas?

Estas son réplica, no se asusten.

Estas son las armas réplica, son las que se utilizan en los asaltos, y le voy a mostrar al Presidente y a la Mesa.

Estas armas las pueden conseguir con 2 mil pesos. Estas cuestan 2 mil, esta cuesta mil pesos. Las voy a pasar para que las vean.

Por eso considero muy importante que podamos aprobar y podamos discutir esta iniciativa, porque con estas se están cometiendo, y cuando cometen el asalto con estas armas no decretan la prisión preventiva, dado que no eran reales y no se había amagado la resistencia de la víctima.

Yo quiero ver a una víctima, cualquiera de nosotros, que ofrezcamos resistencia ante la exhibición de estas armas…

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Mancera, perdón.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Hemos terminado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No, no, no. No lo estoy cortando, lo que pasa es que el Senador Jorge Carlos Ramírez, quiere hacerle una pregunta.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, con mucho gusto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Le pueden dar sonido al escaño donde está el Senador Ramírez, por favor?

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias.

Preguntarle al Senador Mancera, si no considera que con la redacción propuesta, podemos poner al delincuente en la situación de poder decir en cualquier momento que se trataba de un arma réplica.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Por el contrario. Precisamente lo que estamos buscando con esta redacción, para los efectos de este artículo, es decir, de que se decrete la prisión preventiva oficiosa.

“Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos en los que se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego”.

Es decir, se equipara al medio comisivo como si fuera un arma real. Eso es lo que estamos buscando, precisamente.

Hoy, los jueces determinan cuándo es un arma, o cuándo se vence la resistencia, distinguido Senador.

Eso es lo que buscaríamos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño del Senador Añorve Baños.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Para sumarnos, si me lo permite el Senador Miguel Ángel Mancera, a su iniciativa, a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Rementería del Puerto, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Por su conducto, ¿le pude preguntar al Senador Mancera, a ver si nos permite sumarnos como grupo parlamentario del PAN, a la propuesta que ha hecho?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: OK.

La Senadora Murguía, lo mismo ¿verdad?

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Rocha.

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa, si lo permite el Senador Mancera.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El grupo parlamentario de Morena y el grupo parlamentario del PT.

Senador Mancera, le hacemos la consulta, si acepta la adhesión a su iniciativa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Claro que sí, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Senador Mancera ha aceptado, por lo que le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que recabe las firmas de los adherentes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño de la Senadora Kenia López Rabadán.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solicitarle, de la manera más atenta, se pudiera dar turno a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión y dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que para dicha iniciativa, se ha ampliado el turno para opinión de la Comisión de Derechos Humanos.






Tiene la palabra la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, en materia de sanciones por desvíos de recursos para damnificados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES)

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señora Presidenta.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.

Senadoras y Senadores, México se encuentra en un punto geográfico caracterizado por su alta vulnerabilidad a distintos fenómenos naturales como ciclones, sequías, huracanes, sismos, entre muchos otros.

Por ello, es que el Estado debe implementar acciones para que estos desastres afecten lo menos posible a las personas.

Se debe proteger el suelo y el medio ambiente, así como disminuir la vulnerabilidad de las personas y sus propiedades.

En términos legislativos, contamos con la Ley General de Protección Civil en la que se reconoce el enfoque preventivo para la protección civil en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, a pesar de que este avance en materia de protección civil, México enfrenta un problema en términos de corrupción, ya que se ha documentado una serie de desvíos, robos, fraudes con los recursos y donaciones destinadas a damnificados.

El pasado 7 y 19 de septiembre de 2017, una serie de sismos azotaron el país. El costo económico fue muy grave por las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos.

Para enfrentar dichos costos y subsanar las necesidades de la población afectada, se emitió la declaratoria de desastre y emergencia de tal forma que se pudiera acceder a fondos estatales y federales. A su vez, se anunciaron diversas donaciones nacionales e internacionales tendientes a coadyuvar en dicho proceso.

Sin embargo, a más de un año de estos sucesos, no es posible conocer a detalle la información sobre la asignación y ejercicio de los recursos públicos y privados para la reconstrucción.

Las distintas dependencias involucradas en las acciones de reconstrucción a nivel federal y local no han rendido cuentas a cabalidad.

No se puede dar seguimiento financiero ya que los datos son inconsistentes, además de que al día de hoy no se establece algún tipo de sanción a quien comete algún tipo de falta por el mal uso o desvío de recursos de donaciones destinadas a damnificados.

Por esa razón, hoy proponemos una modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la que se propone que se considere una falta administrativa el desvío de recursos provenientes de donaciones para damnificados, para que con claridad se establezca que el desvío y retención injustificada de recursos financieros y materiales a donaciones destinadas a damnificados por desastres naturales, será sancionado de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estamos proponiendo modificar los artículos 63 y 72.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La que suscribe Senadora SASIL DE LEÓN VILLARD, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra en un punto geográfico caracterizado por su alta vulnerabilidad a distintos fenómenos naturales como ciclones, sequías, huracanes sismos, entre otros.

Por ello el Estado debe implementar un enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres, que no es otra cosa más que la práctica tendiente a reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Por ejemplo, con políticas tendientes a la reducción del grado de exposición a amenazas; una gestión integral del suelo y del medio ambiente; y/o una disminución de la vulnerabilidad de las personas y sus propiedades.

México es considerado a nivel internacional como uno de los países con la gobernabilidad de gestión de riesgos más consolidada de América Latina. La cruda experiencia del terremoto de 1985 obligó al Gobierno mexicano a transitar a un enfoque moderno de gestión de riesgos que prioriza las actividades preventivas. Con la expedición de la Ley General de Protección Civil se reconoció por vez primera las múltiples funciones del Gobierno Federal en materia de protección, así como el impulso de este enfoque preventivo para la protección civil en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, a pesar de este avance en materia de protección civil y de su respectivo reconocimiento a nivel internacional, México enfrente un problema en términos de corrupción, ya que se ha documentado una serie de desvíos, robos y/o fraudes con los recursos y donaciones destinadas a los damnificados.

El pasado 7 y 19 de septiembre de 2017, una serie de sismos de magnitud 8.2 y 7.1, respectivamente, azotaron al país. Las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos.1 Para enfrentar dichos costos y subsanar las necesidades de la población afectada, se emitió declaratoria de desastre y emergencia, de tal forma que se pudieran acceder a fondos estatales y federales. A su vez, se anunciaron diversas donaciones nacionales e internacionales, tendientes a coadyuvar en dicho proceso.

En razón de lo anterior, el gobierno diseñó la página Fuerza México, la cual es un conjunto de iniciativas para la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivadas del impacto de fenómenos naturales. Dicha plataforma constituye un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños.2

Sin embargo, a un año de este suceso, no es posible conocer a detalle la información sobre la asignación y ejercicio de los recursos públicos y privados para la reconstrucción.

#Epicentro, una plataforma de coordinación cívica, académica y empresarial, integró un nodo de trabajo conformado por organizaciones como: Fundar, Transparencia Mexicana, Alternativas y Capacidades, MEXFAM, Mexicanos Primero, entre otras. Todas ellas impulsaron la elaboración de un primer informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción.3 De acuerdo con este estudio, la plataforma Fuerza México ha publicado información gubernamental de las distintas dependencias involucradas en las acciones de reconstrucción. Sin embargo, no se puede dar seguimiento financiero, ya que los datos son inconsistentes. Asimismo, no se encuentra documentada y publicada la información de los recursos públicos, deducidos, transferidos y reintegrados para la reconstrucción. En este sentido, se debe de dar a conocer en dónde se están asignando y ejerciendo estos recursos, particularmente dentro del Fondo de Desastres Naturales.

En razón de lo anterior es que surge una gran incertidumbre por parte de la ciudadanía a la hora de la asignación de los recursos públicos y privado a través de donativos. Por lo que una forma de combatir esto, es el establecer en la Ley General de Protección Civil (LGPC) un apartado referente a este tema.

Si bien es cierto que el artículo 72 de la mencionada LGPC señala que:

Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

No se establece algún tipo de sanción a quien comete algún tipo de falta administrativa como el uso o desvío de recursos de donaciones destinados a los damnificados.

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Instituyéndose como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Derivado de lo anterior, se publicaron nuevas leyes y se reformaron algunas ya existentes en materia de faltas administrativas y hechos de corrupción. El 18 de julio de publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual tiene como principal objetivo distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Asimismo, con la expedición de esta ley, de conformidad con el último párrafo del artículo tercero transitorio, quedan abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogan los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la LGRA.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto considerar como falta administrativa el desvío de recursos provenientes de donaciones para damnificados. Asimismo, actualizar los artículos 63 y 90 de la LGPC debido a que hacen referencia a la abrogada Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Toda vez que de acuerdo con el transitorio segundo de LGRA, se establece que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 63 y 90; y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como siguen:

Art. 63.-

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Art. 72.- Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

El desvío y retención injustificada de recursos financieros y materiales de donaciones destinados a damnificados, por parte de los servidores públicos o por particulares, será sancionado de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los tribunales correspondientes.

Art. 90.- La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una falta administrativa grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Sasil De León Villard.

1 Esquivel, Gerardo et al (coord.), (2018), Sismos 2017. Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción, México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

2 https://www.gob.mx/fuerzamexico/ (consultado el 24 de septiembre de 2018).

3 Transparencia Mexicana / Fundar, Centro de Análisis e Investigación / Alternativas y Capacidades / MEXIRO A.C. / Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, (2018), Informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados para la reconstrucción a seis meses de los sismos, México.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De León Villard. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Antes de iniciar la segunda ronda de iniciativas, me han solicitado de la Junta de Coordinación Política que someta a consideración un Acuerdo de la misma.

Le pedimos a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si entra en el Orden del Día este comunicado y Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, de aprobarse, en votación económica, que se incluya el Acuerdo en el Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

Le pedimos que dé lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto.



Es todo, señor Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse esta propuesta de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea si es de aprobarse dicho Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado y en la próxima reunión rendirá la protesta de ley. Gracias, señora Secretaria. Comuníquese.






En esta segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de establecimiento de la figura del trabajador social como coadyuvante necesario en escuelas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 12, 20, 21, 67 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Voy a pedir que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates y leeré una parte de la iniciativa.

Agradezco la presencia de alumnas, alumnos, maestros, maestras de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Profesionistas de Trabajo Social que hoy nos acompañan.

Muchas gracias.

También agradezco al Senador Ricardo Monreal, que me cedió su turno a fin de que pudieran escuchar la lectura de esta iniciativa los integrantes de la comunidad de trabajo social, que hoy nos acompañan.

El objeto de la presente iniciativa es reconocer la figura del trabajador social como elemento indispensable en las escuelas del nivel básico y medio superior.

Conviene al país fortalecer esta profesión y particularmente su intervención en los problemas que aquejan a la infancia y la juventud en las escuelas de México.

El profesional en trabajo social se ocupa de intervenir en problemas sociales que son el resultado de necesidades no satisfechas para crear conjuntamente con los sectores afectados las condiciones para mejorar su calidad de vida.

Por su formación el trabajador social, la trabajadora social, están capacitados para diagnosticar y brindar propuestas de atención o solución a problemáticas sociales que se generan en entornos laborales, comunitarios, escolares, familiares y otros.

En el ámbito de la educación el trabajador social debe observar y diagnosticar la realidad que viven las escuelas y los sujetos que intervienen en dicho entorno: estudiantes, docentes, familias, barrios, para elaborar estrategias de intervención que tengan como finalidad contribuir al pleno desarrollo de las capacidades de alumnos y alumnas.

El trabajador social debe de identificar y brindar apoyo en las relaciones que se establecen entre ellos, entre los estudiantes, y la manera en que su entorno familiar o comunitario incide en su desempeño académico.

Es necesario que en cada escuela exista un espacio para los profesionistas de trabajo social, espacio que tenga como función incidir en los procesos sociales que se dan en las escuelas como son: la discriminación, el rechazo, la estigmatización, la violencia, el autoritarismo, el acoso escolar, entre otros fenómenos.

El artículo 7o. de la Ley General de Educación ya obliga a promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley, y de la igualdad de los individuos ante ésta para propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y establece también la obligación de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión para el enriquecimiento social y cultural.

También la Ley General de Educación se refiere a la difusión de la práctica de la democracia como una forma de gobierno y convivencia que permite participar a todas las personas por igual en la toma de decisiones que afectan y benefician a la sociedad en general.

Trabajadoras sociales y trabajadores sociales son los profesionales que pueden diseñar estrategias de intervención para retomar los fines colectivos de la educación y la convivencia humana para generar en el educando el aprecio por la dignidad humana, la igualdad y la fraternidad.

En suma, mediante esta incidencia que tenga el trabajo social en las escuelas, el sistema se podrá transformar y se podrá asumir a alumnos y alumnas como sujetos activos y participativos que construyen realidades sociales y transformar sus entornos comunitarios.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 del Reglamento del Senado de la República, se reforman los artículos 2o., 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue.

Ley General de Educación.

En el Sistema Educativo Nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia, docentes y trabajadores sociales para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

Fijar los lineamientos generales de carácter nacional, para la inclusión de la figura del trabajador social en las escuelas públicas.

Artículo 20. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros y trabajadores sociales. La formación, con nivel licenciatura, de trabajadores sociales, maestros de educación inicial, básica, incluyendo la de aquellos para la atención de educación indígena, especial y de educación física.

Artículo 21. Cada escuela de nivel básico y medio superior deberá contar con al menos un trabajador social con título de licenciatura, será un profesionista con formación teórica, interdisciplinaria, de carácter humanista, con profundo respeto por la dignidad de todas las personas, deberá contar con capacidad para contribuir al bienestar social del estudiante, su familia y comunidad, favoreciendo su desarrollo sociocultural, económico y humanístico. El trabajador social en cada escuela será responsable de la atención de individuos o grupos que presenten o estén en riesgo de presentar problemas de índole social, académico o situaciones de acoso escolar para potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas para afrontar futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida académica.

Artículo 67. A las asociaciones de padres de familia concurrirá con voz pero sin voto, el trabajador social de cada escuela de nivel básico y medio superior.

Artículo 69. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, trabajadores sociales así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Muchas gracias por su atención, y gracias a las trabajadoras y trabajadores sociales que nos acompañan el día de hoy.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Martí Batres

Si me permite adherirme a su iniciativa, se lo agradeceré.

El Senador José Luis Pech ha solicitado también adherirse a esta iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 constitucionales, en materia de presupuesto para órganos jurisdiccionales locales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 116 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con la venia y el permiso de la Mesa Directiva.

La iniciativa que presento el día de hoy ante esta Soberanía, busca reformar las fracciones IV y V del artículo 116 y la fracción VIII del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que la independencia y autonomía que se pretende dar para los poderes judiciales estatales, abarque también a los tribunales administrativos y electorales del país.

En una democracia constitucional debemos en todo momento velar por el fortalecimiento de la función judicial, entendida como la facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos entre los gobernados o entre éstos y el propio Estado.

Lo complejo del sistema judicial mexicano, estriba en el hecho de que actualmente la función judicial no está depositada en un solo órgano del Estado, sino que más bien, producto de las últimas reformas constitucionales, aparecieron diversos entes que aunque en sentido amplio, sí forman parte del Poder Judicial debido al principio de unicidad, dada su autonomía funcional y orgánica, realizan la noble tarea de dirimir controversias, muchas de ellas dotadas de especialidad en su materia, complejas e importantes para la gobernabilidad del Estado.

En este orden de ideas, con la presente iniciativa se plantea fortalecer la justicia local y que se logre, de una vez por todas, un sistema constitucional, congruente y claro en las reglas, principios y directrices que deben seguir para contar con una justicia plena y eficiente, sin importar aspectos orgánicos o funcionales. Los ciudadanos exigen justicia, no les interesa identificar especialidad o relevancia, sólo piden la aplicación del estado de derecho constitucional.

Por lo que se refiere a los Tribunales Administrativos, es importante mencionar algunos antecedentes sobre su creación.

En primer lugar, en 1967, tras la reforma a la fracción I del artículo 104 constitucional inició la travesía para consolidar la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tuvieran a su cargo dirimir las controversias que se suscitaran entre la Administración Pública Federal y territorios federales y los particulares.

Posteriormente, el 19 de enero de 1971, el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de Ley para crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es así como se crea el primero de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, actualmente de justicia administrativa de las entidades federativas, mismo que sirvió de base para legislar y crear tribunales en el resto del país.

El antecedente más reciente que motiva esta independencia es la reciente reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, en donde todas y cada una de las entidades federativas han constituido Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, mismos  que tendrán a su cargo no sólo dirimir las controversias que se susciten entre  particulares y la administración pública local o cualquier administración pública municipal, sino también de imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos locales o municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares vinculados con la comisión de faltas administrativas de gravedad y de fincar a quienes resulten responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a la luz de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal.

Por ello, y dada la relevante función que desempeñan, tanto en el ámbito de la justicia cotidiana como en el Sistema Nacional Anticorrupción, es indispensable que los Tribunales de Justicia Administrativa, cuenten con una regulación especial en el ámbito constitucional que les permita contar con las garantías necesarias para poder desarrollar sus funciones con plena autonomía e independencia, sin que presiones externas incidan en la imparcialidad a la que están obligados por mandato constitucional.

Por lo que respecta a la justicia electoral, es importante destacar que con la reforma de 2014 surgieron también nuevas formas, reglas y estructuras de la organización electoral, una de ellas fue la que derivó con el surgimiento de las autoridades electorales jurisdiccionales, tal y como lo define el numeral 5o. de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

Como es de nuestro conocimiento, con la indicada reforma es estableció que los Tribunales Electorales no están adscritos al Poder Judicial, mucho menos a ningún órgano del Estado.

La realidad nos ha demostrado que las legislaturas locales, a pesar de conocer su corresponsabilidad en la conformación de Tribunales Electorales Locales verdaderamente autónomos, nada han hecho realmente para garantizar dicha  autonomía.

Por ello tenemos que decir que la justicia electoral y administrativa requiere contar exactamente con las mismas garantías que le corresponden al Poder Judicial, que no debe de haber distingo entre juzgadores, pues la única diferencia entre una u otra forma de impartición de justicia es precisamente la especialización.

En resumen, se considera la necesidad de que quienes aspiran a prestar sus servicios como juzgadores en materia electoral y administrativa, sean personas con reconocida eficiencia, probidad y decoro, tanto en la impartición de justicia como en la administración pública, al tiempo que sus trayectorias sean reconocidas por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica.

Por ello es importante reafirmar que una vertiente fundamental de la autonomía de los tribunales especializados radica en la necesidad de establecer un porcentaje mínimo del presupuesto anual para garantizar una adecuada impartición de justicia, pues resulta indispensable garantizar la dotación de recursos financieros, técnicos y humanos, adecuados suficientes con la finalidad de asegurar un acceso a la justicia administrativa adecuado a las necesidades de la población.

Se propone que a los Tribunales Administrativos se les asigne un mínimo del 0.3 por ciento del presupuesto general, en tanto que a los Tribunales Electorales sea de al menos 0.2 por ciento anual.

De esta manera, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, garantizamos una verdadera autonomía. Al tener estos dos órganos una autonomía económica también garantizamos una autonomía en cuanto a sus decisiones y por ello podremos tener una verdadera justicia.

Es cuanto.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rosales San Roman. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador Julen Rementería, ¿para qué objeto? Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Si me lo permite la Senadora, poderme sumar a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se adhiere el Senador Julen Rementería. Gracias, Senador.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones.






Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de madres solteras.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El papel de la madre en la vida de las personas y en la sociedad en general es trascendental y fundamental para la sobrevivencia y desarrollo en los primeros años de vida de las y los niños. Ellas son las generadoras de vida, fungen como eje en la formación de valores y juegan un papel importantísimo en el funcionamiento de las familias y, por ende, en toda la sociedad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, del Inegi, en México el 21.2 por ciento de mujeres de 15 a 54 años son madres solteras, lo que equivale a casi 11 millones de mujeres, y justamente es con estas mujeres, estas madres solteras con las que nos solidarizamos el día de hoy.

Hoy también, el 35 por ciento de estas madres solteras se declaran como jefas de hogar, siendo más común que este rol sea asumido por mujeres de 40 a 54 años de edad.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que las madres solteras presentan mayor vulnerabilidad, ya que no pueden acceder a las redes de apoyo existentes, sobre todo aquellas madres solteras de edades tempranas.

Además de los obvios riesgos de salud, lamentablemente el embarazo adolescente también tiene estigmas sociales con repercusiones negativas para estas madres y sus familias, ya sea que se vean obligadas a dejar la escuela con todo lo que esto significa para sus oportunidades de desarrollo o, en el peor de los casos, que sea vean orilladas a abandonar sus hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, 7 de cada 10 madres solteras de 15 años y más edad, no reciben apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno o de alguna otra naturaleza, ahondando la brecha de desigualdad, agudizando la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional.

Por cierto, los gastos del día a día en cuestiones de salud, alimentación, vivienda, etcétera, no escapan a estas madres solteras.

Pero lo más preocupante es que más de la mitad, el 57.1 por ciento no recibe prestaciones por su trabajo y sólo 35 de cada 100 mujeres solteras ocupadas cuentan con la prestación de atención a la salud.

Buscando amortiguar la vulnerabilidad económica que pueden enfrentar las madres solteras, actualmente existen diversos programas estatales que proveen de apoyos económicos a este grupo poblacional.

Por ejemplo, actualmente el gobierno de Guerrero, realizando un gran esfuerzo presupuestal, aún a pesar de las limitaciones que tiene, también tiene un programa de apoyo a las madres solteras que no cuentan con otro tipo de apoyos, mediante el cual se les entrega 500 pesos mensuales a más de 12 mil mujeres guerrerenses.

Estamos convencidos de que es tiempo de federalizar este apoyo y que el gobierno federal, en conjunto con los estados, sigan apoyando a las madres del país como se apoyan en Guerrero.

Como otro ejemplo tenemos a la Ciudad de México, donde se aprobó la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal, de la que se deriva el Programa Apoyo Integral a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual las madres solas pueden acceder a apoyos alimentarios equivalentes a 292 pesos mensuales.

Los Senadores del PRI estamos convencidos que el apoyo a los más necesitados es nuestra principal responsabilidad, por lo que pugnamos por la continuidad y aumento de los programas sociales que han venido apoyando a la sociedad mexicana.

La necesidad de aumentar el apoyo social a todos los grupos vulnerables, en especial a las mujeres, es hoy más evidente que nunca, por lo que, durante la campaña, uno de los puntos centrales de mis propuestas fue apoyar decididamente a todas las madres solteras de México, y muy especialmente a las madres solteras guerrerenses.

Estoy cierto que al destinar recursos federales al otorgamiento de apoyos a las madres solteras se impulsaría el bienestar de toda la sociedad, puesto que las familias son el núcleo primordial de toda comunidad.

El instrumentar a nivel federal un programa de apoyo específico a las madres solteras atenderá a este sector de la población que se encuentra especialmente vulnerable y que en muchas ocasiones no puede acceder a otros apoyos.

Con este programa se puede avanzar decididamente en el cierre de la brecha de desigualdad entre las niñas y niños con padres y aquellos que sólo cuentan con su madre.

La siguiente administración se enfrentará, no tengo la menor duda, a grandes retos en materia de política social, por eso es que en el PRI hacemos un llamado a que se continúe con lo que funciona, se mejore lo que se pueda mejorar y se adicione lo que sea necesario.

Concluyo, señor Presidente.

Señoras y señores, hoy vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa para incluir en el andamiaje jurídico en materia de desarrollo social la importancia de promover programas sociales de apoyo directo a las madres solteras y a la necesidad de proteger a este grupo vulnerable.

Por lo tanto, se propone modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se incorpore la obligación de fomentar programas de protección a los grupos de mujeres especialmente vulnerables, como las madres solteras.

De esta manera se logrará establecer claramente que las madres solteras pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, como se menciona en el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, dando así fundamento legal a la creación de un programa social de apoyo monetario a las madres solteras de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Añorve Baños. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se adhiere a esta iniciativa, si así lo permite el proponente, el Senador Rafael Moreno Valle. Gracias, Senador.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas preferentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 139 Y 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

(Presentada por la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del PVEM)

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia y de mis compañeros legisladores:

La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad al ser requerida en la mayoría de las actividades y servicios.

En México, el 98.7 por ciento de las viviendas cuentan con electricidad, porcentaje que aumenta cada día más.

La reforma energética prometió tarifas más bajas, sin embargo, esto no ha sido una realidad.

En noviembre de 2017 aumentaron las tarifas para la industria hasta 3.5 por ciento, para negocio hasta el 4.4 por ciento, para hogares hasta el 1.5 por ciento.

En agosto de este año la industria de México pagó a la Comisión Federal de Electricidad tarifas 77 por ciento más altas de las que se paga en este mismo sector en Estados Unidos.

Por esta razón, en este Pleno se han presentado diversos puntos de Acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a reconsiderar la aplicación de las tarifas, exhortos que no han tenido respuesta.

Por ello proponemos reformar la legislación, para que en el cálculo de las tarifas se tomen en cuenta algunos factores externos que permitan reducir el costo del servicio de energía eléctrica para la gente que representamos.

La electricidad que se genera en México proviene de diversas fuentes. Al cierre de 2017 existían en el país 797 centrales de generación de energía eléctrica, donde las fuentes convencionales representaron el 79 por ciento y las energías limpias el 21 por ciento.

Las centrales de energías convencionales que utilizan combustibles fósiles son la segunda actividad del país con mayor impacto al medio ambiente, después del transporte, generando 125 mil millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero.

Además, la generación de energía con fuentes fósiles, conlleva a externalidades como el agotamiento de hidrocarburos, contaminación atmosférica y daños a la salud humana e inhibe el turismo en la zona donde se contamina.

Asimismo, la generación de energía se realiza de manera desigual en las entidades federativas. Algunas entidades generan más de lo que consumen y otras consumen más de lo que se genera.

Lo anterior implica que estas externalidades también se distribuyen de manera desigual, afectando en mayor grado a las entidades y localidades donde se ubican las centrales de energía convencional.

A pesar de estos factores externos, las tarifas de luz en un lugar y en el otro, son similares. Por lo tanto, no se compensa de ninguna manera a los usuarios que tienen que sufrir con la instalación de termoeléctricas en sus ciudades.

Un claro ejemplo de esta situación es la Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima, con tecnología de ciclo combinado y termoeléctrica convencional.

En el 2013, la central se repotenció para utilizar gas natural en vez de combustóleo y así reducir las emisiones contaminantes.

Sin embargo, en el 2016 regresó al uso del combustóleo, provocando denuncias ambientales que dieron lugar a una clausura temporal y hasta una multa de más de un millón de pesos.

Una situación similar ocurre en otras localidades donde se ubican centrales de energías convencionales, como son Sonora, Hidalgo, Veracruz, entre otros, por lo que se requieren mecanismos para impulsar energías más limpias y compensar estas externalidades en las localidades.

La Ley de la Industria Eléctrica, indica que la Comisión Reguladora de Energía es la autoridad facultada para determinar las metodologías del cálculo, expedir y aplicar la regulación tarifaria, así como las tarifas finales del suministro.

A partir de diciembre de 2017 se dio una reclasificación de las tarifas eléctricas, considerando los costos de producción y distribución, características climáticas de la región y otros factores, sin embargo, no se tomaron en cuenta las externalidades comentadas.

Por ello, la iniciativa que presento busca establecer una tarifa eléctrica preferente para  los usuarios del suministro básico ubicado en las localidades que reciben las externalidades ambientales de la generación de la electricidad con tecnologías convencionales.

De forma complementaria, se propone incluir la compensación de las externalidades ambientales entre los objetos de la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas de energía eléctrica.

Para tal efecto, se plantea la reforma a los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Sí hay manera de tener tarifas de energía eléctrica más bajas, pero no será a través de exhortos.

Para lograrlo es necesario reformar la ley en la materia que faculta a la Comisión Reguladora de Energía a establecer estas tarifas.

Y esto es lo que nos toca hacer, si la ley nos lo impide, modifiquemos la ley siempre en favor de nuestra gente.

Muchas gracias por su atención.

Con permiso, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Benavides Cobos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Julen Rementería, sonido en su escaño.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para podernos adherir a su iniciativa.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para adherirse a la iniciativa, el Senador Julen Rementería, la Senadora Guadalupe Saldaña y la Senadora Nadia Navarro.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 3 del artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, en materia de perspectiva de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 182 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con la venia, señor Presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeras Senadoras y Senadores:

Con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos presentando una iniciativa muy interesante en cuanto al tema de perspectiva de género, que seguimos impulsando como parte de nuestra agenda legislativa planteada al inicio de la legislatura, en los términos siguientes:

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado mexicano deberes de protección consistentes en prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece la obligación de los Estados Parte para adoptar un marco jurídico de protección y prácticas para actuar eficazmente en aquellos casos que estén en riesgo la integridad y la salud de las mujeres.

La perspectiva de género, en términos de los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva en sus derechos.

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de discriminación exige que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior, se traduce en que las autoridades deben actuar en la toma de decisiones y determinaciones con perspectiva de género, que resulta imprescindible como herramienta para entender y contextualizar todos los aspectos de la vida científica, académica, social o política pero también porque su incorporación puede colaborar en la modificación de las estructuras de estigmatización con las que desafortunadamente todavía contamos.

Es fundamental que el deber que nos mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Senadores de la República del Congreso de la Unión, relativo a legislar, esto es, hacer las leyes que rijan la vida en nuestro país, lo hagamos siempre aplicando el principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación entre las personas que conviven en nuestra sociedad, de modo que garanticemos como legisladores la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

Por ello, es muy importante que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática promueva que, en todos los dictámenes de las iniciativas de ley y puntos de Acuerdo aprobados por las comisiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Senadores, se elaboren tomando en consideración la perspectiva de género, esto es, que se visibilice a la mujer sus espacios, sus actividades, sus lenguajes en la construcción de todas las áreas sociales.

Lo anterior, porque estamos plenamente convencidos de que no puede haber una sociedad democrática mientras persista la desigualdad y la discriminación de la mujer; la equidad verdadera la encontramos cuando toda la sociedad, mujeres y hombres participemos con ejercicios como éste, la presente iniciativa, y estamos seguros de que se logrará.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Dante Delgado Rannauro, para presentar a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 constitucional, en materia de presupuesto participativo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En Movimiento Ciudadano hemos asumido como una de nuestras principales causas el impulso y el uso de los instrumentos de participación ciudadana, así lo hemos acreditado durante los últimos años tanto en el terreno legislativo, planteando una intensa agenda en la materia, como en el terreno de los gobiernos municipales, en donde hemos consolidado figuras formales de participación ciudadana que hoy son una realidad.

Los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos una iniciativa para establecer en la Constitución el derecho de los ciudadanos a participar en consultas de presupuesto participativo.

Este instrumento les permitiría a los mexicanos incidir directamente en las decisiones sobre proyectos de inversión pública. Proponemos que en los tres órdenes de gobierno deban regularse las consultas de presupuesto participativo para que existan reglas claras y transparentes, para que los ciudadanos puedan decidir con su voto hacia dónde deben destinarse un porcentaje de recursos públicos.

En Movimiento Ciudadano creemos que la democracia participativa es el camino para fortalecer a nuestras instituciones, para construir la confianza ciudadana, para darle dinamismo al debate público.

Entendemos a la participación ciudadana como un mecanismo de deliberación y rendición de cuentas, como un mecanismo de formación y también de aprendizaje tanto para los ciudadanos como para quienes representan a las instituciones.

Pero no creemos y no estamos de acuerdo en que los instrumentos de participación ciudadana se desvirtúen y se perviertan con consultas a modo, sin reglas claras, sin transparencia y sin certidumbre.

Para que la participación ciudadana funcione y no sea una simulación, deben existir herramientas jurídicas consistentes, formales e incluyentes.

Por eso presentamos esta iniciativa, una de muchas reformas necesarias que propondremos a lo largo de esta legislatura para institucionalizar instrumentos de participación ciudadana.

No podemos permitir que México carezca de una legislación seria y adecuada en materia de participación ciudadana, porque carecer de ella significa abrir la puerta a las ocurrencias, a la discrecionalidad y a la simulación.

Si el próximo gobierno quiere hacer uso de instrumentos de consulta ciudadana para tomar decisiones estratégicas, entonces necesitamos establecer criterios y reglas específicas.

Hoy Movimiento Ciudadano pone sobre la mesa la reforma para regular las consultas de presupuesto participativo.

Presentaremos más propuestas para regular y consolidar otros instrumentos de participación ciudadana indispensables para nuestra democracia, y esperamos que todo el Poder Legislativo dé importancia a esa imprescindible participación comunitaria en las toma de decisiones trascendentes.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA IX FRACCIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Así como todo mexicano tiene la obligación constitucional de contribuir en los gastos públicos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, como lo establece la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es fundamental que exista una correlación de responsabilidad sobre la forma en que son utilizados los mismos recursos públicos. Correlación de responsabilidad que debe caracterizarse por una participación ciudadana, que permita transitar hacia una democracia participativa, en donde todo mexicano cuente con la oportunidad de poder incidir en la toma de decisiones más importantes de nuestro país.

Razón por la cual la presente iniciativa busca establecer a rango constitucional la figura de presupuesto participativo, colocándola como un derecho de todo ciudadano para decidir sobre el destino de los recursos públicos.

II. La figura del presupuesto participativo se puede identificar como aquel “proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno, delibera y decide qué obras y servicios se deberán ejecutar con una parte de los recursos públicos.”1

El presupuesto participativo además de su finalidad de hacer partícipe a la ciudanía sobre el destino de recursos públicos, permite “ampliar y mejorar el Estado de derecho y el sistema democrático, por intensificar la democratización del Estado, por quebrar el verticalismo y centralismo burocrático y por legitimar las acciones públicas a partir de la decisión compartida entre Estado y sociedad.”2

Bajo esta figura de presupuesto participativo, se crea la oportunidad para que las obras prioritarias de recuperación de espacios públicos, rehabilitación o creación de áreas verdes, infraestructura cultural, deportiva, desarrollo sustentable, y de seguridad pública puedan ser seleccionadas por los mismos ciudadanos, ponderando su propia necesidad así como de la misma sociedad.

III. A continuación, se exponen una serie de características encontradas en “Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo” en las cuales es posible identificar el amplio espectro de beneficios al adoptar la figura de presupuesto participativo:

“I) El cambio en las condiciones de vida de la población y de la infraestructura de la ciudad a partir criterios de equilibrio territorial y justicia distributiva.

II) La relegitimación de las prácticas políticas, recuperando el prestigio social de la política.

III) La visibilización de las demandas de grupos vulnerables y la idea de priorizar y discriminar positivamente a estos sectores históricamente postergados.

IV) La ruptura progresiva de las relaciones clientelares, favoreciendo procesos de empoderamiento popular y fortalecimiento de capacidades ciudadanas.

V) La puesta en valor de la gestión local, como gestión de proximidad y su perfeccionamiento y optimización a través del paso de un modelo tradicional y vertical a uno participativo y horizontal, dirigido a las demandas sociales.

VI) El control de los ciudadanos al Estado, favoreciendo la transparencia y eficiencia pública.

VII) El fortalecimiento de lo público, entendido como lo de todos/as, y la democratización de las relaciones Estado-sociedad mediante la creación de una esfera pública no estatal o al menos no sólo estatal.

VIII) La profundización de la democracia, a partir de la conjunción de elementos representativos y participativos, o sea mecanismos de democracia directa e indirecta.”3

Considerando los elementos que aporta la figura de presupuesto participativo, es de suma importancia señalar que esta herramienta se convierte en “un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que promueve la confluencia de la esfera política y la ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que compromete una parte o porcentaje del presupuesto de un determinado nivel de gobierno.4

Un elemento que no deberá ser desapercibido es la importancia de mantener una coordinación y planeación entre los diferentes niveles de gobierno “a fin de que las inversiones en infraestructura que sean aprobadas en el presupuesto anual no estén desconectadas del pensar la ciudad y el desarrollo urbano en sentido más amplio.5

Es importante recalcar que en México se registran experiencias exitosas en materia de presupuesto participativo. Uno de los principales casos es el municipio de  Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde desde el año 2011, cada año se realiza una consulta de presupuesto participativo entre los ciudadanos que acuden a pagar su impuesto predial, lo que ha resultado en un incremento en la recaudación municipal, así como en la diversificación de los proyectos de inversión pública municipal.

IV. La figura de presupuesto participativo debe permanecer como una herramienta que permita facilitar a una colectividad la toma de decisiones, específicamente en el destino de los recursos públicos, así como de su seguimiento y evaluación. 

Con la herramienta del presupuesto participativo se busca traspasar “los límites del procedimentalismo democrático, aportando elementos que pueden contribuir al logro de una democracia de mayor intensidad. No se trata simplemente de incentivar la participación popular en forma espontánea, de hacer obras o sólo aceitar mecanismos de la democracia formal […]; por el contrario, esta política pública implica la integración de los ciudadanos al espacio público, revitalizando el proceso democrático más allá de las elecciones.”6

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que adiciona una IX fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una IX fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a  VIII. […]

IX. Decidir sobre el destino de los recursos públicos mediante consultas de presupuesto participativo, conforme a la legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a noventa días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la expedición de la ley general a en materia de presupuesto participativo, la cual se sujetarán a lo siguiente:

a) El presupuesto participativo es una figura de participación ciudadana y corresponsabilidad social, que le permite a los ciudadanos decidir sobre el destino de una parte de los recursos públicos a cargo del Estado.

b) Los recursos públicos que destinen a las consultas de presupuesto participativo deberán estar orientados a proyectos de inversión física y de obra pública.

c) La ley establecerá los porcentajes de recursos públicos que en cada orden de gobierno deban destinarse a las consultas de presupuesto participativo, de manera que la Cámara de Diputados, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan anualmente las partidas específicas destinadas al presupuesto participativo en sus respectivos presupuestos de egresos.

d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, serán las instancias encargadas de realizar las consultas de presupuesto participativo, pudiendo solicitar la colaboración del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos locales en materia electoral. Para la realización de las consultas, las instituciones públicas podrán recurrir a instrumentos de votación electrónicos u otras formas alternas de participación ciudadana.

TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán llevar a cabo las reformas correspondientes para adecuar su legislación.

Atentamente

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo, Lic. Carlos R. Martínez Lic. Emiliano Arena, Universidad Nacional General Sarmiento, UNICEF, https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem

4 El “presupuesto participativo” y sus potenciales aportes a la construcción de políticas sociales orientadas a las familias, Cristina Bloj, División de Desarrollo Social, Publicación de las Naciones Unidas, CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe, - Serie Políticas sociales No 151
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCl3123_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326
E3AC88FEF57?sequence=1

5 Democracia Participativa y Presupuestos Participativos: acercamiento y profundización sobre el debate actual, Andrés Falck y Pablo Paño Yáñez,
http://www.infoop.org/observ/parameters/infoop/files/File/upload/Programa_Formativo_Telematico/Manual_Dem_Pva
_y_PPs.pdf

6 Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo, Lic. Carlos R. Martínez Lic. Emiliano Arena, Universidad Nacional General Sarmiento, UNICEF, https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_
participativo.pdf

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Delgado Rannauro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En la tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de control de confianza.

El Senador Dante Delgado, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para rogarle que, en términos de los Acuerdos adoptados por el Pleno, se pueda incorporar a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Incorporaremos esa comisión también para opinión, en virtud de que solo puede haber hasta tres comisiones para elaborar un dictamen.

Sin embargo, el Reglamento permite que pueda intervenir otra comisión para dar opinión, entonces, se turnará también para opinión a la comisión que usted solicita, con todo gusto, Senador Delgado.






La iniciativa del grupo parlamentario del Partido Morena será presentada por la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, para reformar los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de control de confianza.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.

México vive una crisis de seguridad que nadie puede negar y que amenaza la vida, la integridad y el patrimonio de toda la población, misma que en algunos casos es el resultado de la impunidad ocasionada por la complicidad entre policías, ministerios públicos, y debemos de reconocerlo, también jueces y magistrados.

Lamentablemente esta espiral de violencia y criminalidad no se podrá detener hasta que logremos erradicar la corrupción y la impunidad que la alimenta y la fortalece.

Establecer, desde la ley, mecanismos para combatir la corrupción es uno de los temas del grupo parlamentario del Partido Morena en el Senado se ha fijado como prioritario en su agenda legislativa.

Consideramos que la erradicación de estas prácticas que tanto han dañado al país tiene que ser implementada de manera transversal y en todos los órdenes y niveles de gobierno.

Hoy en día, se han dado algunos pasos, limitados y contradictorios, para establecer controles de confianza en policías y procuradurías, pero hasta el momento nada se ha hecho para atender esta problemática en el ámbito de jueces y magistrados.

Hay que decirlo con toda claridad, la falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia, han contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad.

Luego entonces, resulta fundamental erradicar cualquier espacio que pueda dar paso a actos de corrupción al interior de la judicatura, pues además de erosionar el estado de derecho, también se lastima al ciudadano a tener una justicia eficaz e imparcial, por lo que es necesario blindar el Poder Judicial de funcionarios que no merecen la confianza del Estado ni de la población, que sea robusto, imparcial y eficaz, sólo así podrá contribuir firmemente a la transformación del país que deseamos.

Sin duda, tenemos una tarea impostergable en la construcción de mecanismos legales e institucionales que nos permitan eliminar las redes financieras y estructuras de apoyo logístico de las organizaciones criminales. Sin embargo, una de las acciones más importantes será impedir que funcionarios desleales limiten la capacidad del Estado para responder a su tarea fundamental de garantizar la seguridad de quienes habitan en el territorio nacional.

Someto a esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de diseñar y aplicar las evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, así como la promoción de la carrera judicial a que se refiere el artículo 112 de dicha ley.

Esta propuesta respeta plenamente la autonomía del Poder Judicial al otorgar al Consejo de la Judicatura Federal la facultad de evaluar al personal que administra, cuidando con ello cualquier invasión a la soberanía, que como Poder de la Unión le es reconocida constitucionalmente.

Y hay que enfatizarlo.

Con esa reforma no se pretender atacar ni poner en duda la dignidad de los juzgadores o de quienes toman decisiones en el seno del Poder Judicial, o aspiran ingresar a éste; al contrario, se busca garantizar que los servidores públicos que lo erigen cumplan con las exigencias del puesto.

El principal objetivo de esta ley es que quien administre la justicia también cuente con una trayectoria y un desarrollo personal honesto y ético, acorde con la alta responsabilidad que conlleva la función conferida, lo que contribuirá a elevar la baja confianza social que actualmente se tiene en las instituciones que imparten justicia y garantizarla tal y como lo mandata nuestra Carta Magna.

Solicito se inscriba íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Iniciativa

El que suscribe, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Establecer, desde la ley, mecanismos para combatir la corrupción es uno de los temas que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado se ha fijado como prioritario en su agenda legislativa.

La erradicación de estas prácticas que tanto han dañado al país tiene que ser implementada de manera transversal y en todos los órdenes y niveles de gobierno.

México vive una crisis de seguridad que nadie puede negar y que amenaza la vida, la integridad y el patrimonio de toda la población. Lamentablemente, esta espiral de violencia y criminalidad no se podrá detener hasta que logremos erradicar a la corrupción y la impunidad que la alimentan y fortalecen.

La confianza ciudadana en el Poder Judicial y, sobre todo, la percepción generalizada respecto a la actuación de éste es preocupante, pues es uno de los poderes fundamentales para salvaguardar y proteger los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. 1

Las evaluaciones de control y confianza son instrumentos que se utilizan dentro de organizaciones públicas y privadas para el ingreso y promoción de su personal.

Generalmente, tales evaluaciones se componen de distintos exámenes y estudios que cuentan con parámetros determinados y preestablecidos.

Hoy en día, se han dado algunos pasos, limitados y contradictorios, para establecer controles de confianza en policías y procuradurías, pero hasta el momento nada se ha hecho para atender esta problemática en el ámbito de jueces y magistrados. Lo cierto es que es necesario blindar al Poder Judicial de funcionarios que no merecen la confianza del Estado ni de la población.

En esto coinciden organizaciones de la sociedad civil, investigadores, especialistas e incluso servidores públicos de los órganos jurisdiccionales. Como hemos señalado anteriormente, la transformación del país sólo será posible con un Poder Judicial robusto, imparcial y eficaz.

Hay que decirlo con toda claridad: la falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia, han contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad.

En este orden de ideas, consideramos necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer evaluaciones de control de confianza a quienes participen en los procesos de ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial.

Un antecedente relevante sobre este tema se dio el 31 de marzo de 2014, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 86/2012, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, con motivo de las reformas a la Ley de Control de Confianza de Jalisco, misma que preveía someter a jueces y magistrados a controles de confianza para su ingreso y permanencia en el Poder Judicial.

En la discusión sobre esta controversia, el ministro José Ramón Cossío Díaz expresó que “Los ministros no se oponen a los controles de confianza a miembros del Poder Judicial, pero de acuerdo con la legislación y el diseño constitucional vigente, éstos deben regularse en las leyes orgánicas del propio Poder Judicial”.2

De igual manera, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló que “en todo caso, los miembros del Poder Judicial deben ser evaluados y sometidos a controles de confianza por los propios órganos de supervisión del Poder Judicial”. 3

Por otra parte, diversas organizaciones han manifestado su respaldo al establecimiento de pruebas de control de confianza en el Poder Judicial, tal es el caso de la organización “Causa en Común”, cuya presidenta, María Elena Morera, expresó en su momento:

Yo no entiendo por qué los jueces no se tengan que someter a evaluaciones, son servidores públicos igual que los policías y ministerios públicos y deben ser sometidos a supervisión, así como en las instituciones de seguridad que tengan una supervisión externa ciudadana, los jueces tiene que estar supervisados con asuntos internos, evaluaciones de control y confianza y supervisión externa.4

Reiteramos: nuestro país vive una crisis de seguridad que nadie puede negar, misma que, en algunos casos, es resultado de la impunidad ocasionada por la complicidad entre policías, ministerios públicos y, debemos reconocerlo, también de jueces y magistrados.

Así, resulta fundamental erradicar cualquier espacio que pueda dar paso a actos de corrupción al interior de la judicatura, pues además de erosionar el Estado de derecho también se lastima el derecho ciudadano a tener una justicia eficaz e imparcial.

Sin duda, tenemos una tarea impostergable en la construcción de mecanismos legales e institucionales que nos permitan eliminar las redes financieras y estructuras de apoyo logístico de las organizaciones criminales. Sin embargo, una de las acciones más importantes será impedir que funcionarios desleales limiten la capacidad del Estado para responder a su tarea fundamental de garantizar la seguridad de quienes habitan en el territorio nacional.

En esta propuesta de modificación a la Ley se respeta plenamente la autonomía del Poder Judicial, al otorgar al Consejo de la Judicatura Federal la facultad de evaluar al personal que administra, cuidando con ello cualquier invasión a la soberanía que, como Poder de la Unión, le es reconocida por nuestra Carta Magna.

Y hay que enfatizarlo: con estas reformas no se pretende atacar ni poner en duda la dignidad de los juzgadores o de quienes toman decisiones en el seno del Poder Judicial o aspiran ingresar a éste, al contrario, se busca garantizar que los servidores públicos que lo erigen cumplan con las exigencias del puesto.

El principal objetivo de esta Ley es que quien administre la justicia también cuente con una trayectoria y un desarrollo personal honesto y ético, acorde con la alta responsabilidad que conlleva la función que constitucionalmente le ha sido conferida.

Que exista confianza y autocontrol dentro del Poder que imparte la justicia en nuestro país es indispensable para el fortalecimiento, a su vez, de la confianza de la población en las instituciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforman los artículos 8 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

I. a XLIII. ...

XLIV. Diseñar y aplicar las evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, así como la promoción de la carrera judicial a que se refiere el artículo 112 de esta Ley. 

Artículo 112. El ingreso y promoción para las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre.

Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley se requerirá el acreditamiento de un examen de aptitud.

Los servidores públicos del Tribunal Electoral serán designados conforme a lo que se establezca en esta ley, salvo que pretendan acceder a alguna de las demás categorías de la carrera judicial, en cuyo caso se ajustarán a lo dispuesto respecto de esos cargos en la ley o en lo que determine el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado.

El ingreso, permanencia y promoción a la carrera judicial estará sujeto a la aprobación de evaluaciones de control de confianza, las cuales se integrarán con los exámenes siguientes:

I. Patrimonial y de entorno social;

II. Médico;

III. Psicométrico y psicológico;

IV. Poligráfico;

V. Toxicológico, y

VI. Los demás que establezcan las normas aplicables.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Ricardo Monreal Ávila.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Valencia de la Mora.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 CASAR, María Amparo, México, anatomía de la Corrupción, [En línea] [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018] Disponible en:
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf 19

2 NTX. “La SCJN declara inválida para jueces Ley de Control en Jalisco”, en Informador.mx, 31 de marzo de 2014. [En línea] [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2OzvMGs

3 Ídem.

4 Imagen Radio. Jueces y Magistrados deben tomar pruebas de control y confianza: Morera. [En línea] [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018] Disponible en:
http://www.imagenradio.com.mx/jueces-magistrados-deben-tomar-pruebas-control-confianza-morera






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de deducciones por prestaciones laborales y personales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Una de las lamentables declaraciones que ha hecho el equipo de transición del Presidente Electo, es que no habrá estímulos fiscales para los contribuyentes.

Su servidora, Senadora Martha Márquez, siempre estará apoyando a los contribuyentes mexicanos, y es por eso que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

México en el 2016 se ubicó en el lugar número 5 entre los países que integran la OCDE, que más porcentaje cobra de Impuesto Sobre la Renta. El porcentaje promedio entre los países de la OCDE, respecto a este impuesto o su similar, es del 24 por ciento. Con esto, nuestro país se ubicó por encima de naciones como Japón, Italia y Noruega.

Por otro lado, de los países integrantes de la OCDE, este impuesto representó en promedio el 34.1 por ciento de los ingresos tributarios, mientras que para México el cobro de ISR representó un 40.7 por ciento de los ingresos del gobierno.

Ante este escenario, es fundamental que el Poder Ejecutivo implemente formas innovadoras en cuanto al tema de recaudación, con el objeto de no dirigir la mayor carga fiscal a los contribuyentes cautivos. Además, es fundamental que los contribuyentes cuenten con más mecanismos para poder hacer reducciones al ISR.

Aunado a lo anterior, actualmente existe una discrepancia entre estímulos fiscales para inversiones en el tema de ciencia y tecnología respecto a la Ley del ISR, ya que al día de hoy, la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 26 que: “Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.

Sin embargo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sólo cuenta en su marco jurídico con 204 artículos. Por lo que el artículo al que hace referencia el artículo 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en cuanto a estímulos fiscales, es inexistente.

Aunado a esto, el 24 de abril de 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual tiene como objeto favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil.

Para ello se consideraron actividades de las OSC cuyo objeto social vaya enfocado a lo que estipula el artículo 5 de dicha ley, por lo que es indispensable adecuar la legislación del ISR para que todas las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con el objeto social establecido por la ley en mención, no sean catalogados como contribuyentes de dicho impuesto.
La presente iniciativa busca:

Primero. Devolver la posibilidad a los patrones para otorgar a sus trabajadores prestaciones, permitiendo deducirlas al 100 por ciento.

Segundo. Establecer como deducción personal las erogaciones por alquiler de casa habitación para uso personal, que realice el contribuyente que no cuente con un bien inmueble de este tipo.

Tercero. La deducción para gastos en ropa y calzado para el contribuyente y dependientes económicos que no tengan ingresos en el ejercicio fiscal, cumpliendo con los requisitos establecidos para tales fines.

Cuarto. Reducir la tasa de ISR de un 30 por ciento a un 28 por ciento.

Quinto. Se da certidumbre y seguridad en cuanto a los estímulos fiscales para los contribuyentes que busquen invertir en proyectos de ciencia y tecnología.

Sexto. Se contempla incrementar el estímulo fiscal a los contribuyentes que inviertan en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento, competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento.

Para su servidora y para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es fundamental proteger y apoyar a las personas físicas y morales que se encuentran dentro de la economía formal que pagan sus impuestos de manera periódica y cuya carga fiscal recae de manera excesiva.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 93 FRACCIÓN XX INCISOS A) Y B), LA FRACCIÓN XXIX, 116, 151 FRACCIÓN V Y EL 129. 203; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES  XXVII AL ARTÍCULO 79, LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 151 Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Senado de los Estados Unidos aprobó el pasado 2 de diciembre del 2017, la iniciativa impulsada por el Presidente Donald Trump, cuya propuesta central es reducir en 2019 el impuesto que se cobra a las empresas de 35 a 20%. Esto, obliga a generar adecuaciones correspondientes para que México pueda seguir siendo competitivo y atractivo a nivel global.

Una mayor inversión genera mayor cantidad de productos y servicios, nuevos empleos y contribuye a incrementar la recaudación de impuestos, impactando positivamente al bienestar social, lo que constituye un círculo virtuoso para el desarrollo nacional.

México en el 2016 se ubicó en el lugar número 5 entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más porcentaje cobra de este impuesto. El porcentaje promedio entre los países de la OCDE respecto al ISR, es de 24%1. Con esto, nuestro país se ubicó por encima de países como Japón, España, Italia y Noruega.

Por otro lado, de los países integrantes de la OCDE el ISR representó en promedio el 34.1% de los ingresos tributarios, mientras que para nuestro país el cobro de ISR representó un 40.7%2 de los ingresos del gobierno. Ante este escenario, es fundamental que el Poder Ejecutivo implemente formas innovadoras en cuanto al tema de recaudación, con el objetivo de no dirigir la mayor carga fiscal a los contribuyentes cautivos. Además, es fundamental que los contribuyentes cuenten con más mecanismos para poder hacer reducciones al ISR.

Aunado a lo anterior, actualmente existe una discrepancia entre el tema de estímulos fiscales para proyectos de ciencia y tecnología, respecto al Impuesto Sobre la Renta, ya que al día de hoy, la Ley de Ciencia y Tecnología, establece en su Artículo 26 que:

[…] Los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para el otorgamiento de dicho estímulo, así como el monto total a distribuir en cada ejercicio fiscal por concepto del mismo, se estará a lo establecido en el artículo citado, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y en las reglas generales que al efecto se emitan en los términos de este último ordenamiento. […]3

Sin embargo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta sólo cuenta en su marco jurídico con 204 artículos, por lo que el artículo al que hace referencia el artículo 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto a estímulos fiscales para proyectos enfocados a la ciencia  e investigación tecnológica es inexistente. En este tenor, de acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),4 los desafíos que tienen los Estados en materia de desarrollo y crecimiento son, principalmente: el desarrollo productivo; la equidad distributiva; cohesión ciudadana y participación; educación de calidad y con amplia cobertura; y madurez científica y tecnológica. Desafíos que se tienen que enfrentar con una estrategia de raíz y a largo plazo con el apoyo del conocimiento científico y tecnológico aplicado de una manera efectiva para la solución de los objetivos pendientes. Es fundamental en el tema de ciencia, tecnología e innovación, contar con el apoyo de la ciudadanía, principalmente con empresas enfocadas a la inversión en este rubro, lo cual no sólo nos ayudará a la creación de nuevos empleos, sino que, al mismo tiempo, estaremos invirtiendo en crear conocimiento tecnológico y científico para beneficio de nuestro país, por lo que es indispensable que el marco normativo se adecue al artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual establece estímulos fiscales para los contribuyentes que inviertan en investigación y desarrollo de tecnología.

Aunado a esto, el 24 de abril del 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual tiene como objeto favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil, para ello, se consideraron actividades de las organizaciones de la sociedad civil aquellas cuyo objeto social vaya enfocado a lo que se estípula en el Artículo 5 de dicha ley, las cuales son: asistencia social; apoyo a la alimentación popular, actividades cívicas, asistencia jurídica, promoción y defensa de los derechos de los consumidores, entre otras. Por lo que es indispensable adecuar la legislación del ISR, para que todas las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con el objeto social establecido por la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, no sean catalogadas como contribuyentes de dicho impuesto.

La presente iniciativa busca:

Devolver la posibilidad a los patrones para otorgar a sus trabajadores prestaciones laborales, permitiendo deducir al 100% dichos conceptos que se consideraban ingreso exentos.

Establecer como deducción personal, las erogaciones por alquiler de casa-habitación para uso personal que realice el contribuyente que no cuente con bien inmueble de ese tipo. Deducción por gastos en ropa y calzado, para el contribuyente y dependientes económicos que no obtengan ingresos en el ejercicio fiscal, cumpliendo con los requisitos fiscales establecidos para tales fines.

Reducir la tasa del ISR de un 30 a un 28%.

Que todas las organizaciones de la sociedad civil, que cumplan con lo estipulado por la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, no sean catalogadas como contribuyentes del ISR.

Derivado de la desvinculación del salario mínimo, se establece la Unidad de Medida y Actualización en la Ley del ISR.

Se da certidumbre y seguridad en cuanto a los estímulos fiscales para los contribuyentes que busquen invertir en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Incrementar el estímulo fiscal a los contribuyentes que inviertan en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 9, 93 fracción XX incisos a) y b), la fracción XXIX, 116, 151 fracción V y el 129, 203; se adicionan las fracciones  XXVII al artículo 79, las fracciones IX y X al artículo 151 y se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

.

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XIX. …

XXX. Se deroga

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. a la XXV. …

XXVI. Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte; y

XXVII. Las demás Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas, que tengan como objeto social, los establecidos en las fracciones del Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

...

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a la XIX. …

XX. Los intereses:

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 Unidades de Medida y Actualización, elevados al año.

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 Unidades de Medida y Actualización, elevados al año.

XXI. a XXVIII. …

XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte Unidades de Medida y Actualización elevados al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante fiscal respectivo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

Artículo 116. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cuyo monto mensual no exceda de diez Unidades de Medida y Actualización al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a IV. …

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización elevadas al año.

VI. a VIII. …

IX. Erogaciones por alquiler de casa habitación para uso personal que realice el contribuyente que no cuente con un bien inmueble de ese tipo.

X. Los gastos en ropa y calzado, para el contribuyente y los dependientes económicos de éste, que no obtengan ingresos en el ejercicio fiscal, cumpliendo con los requisitos fiscales establecidos para tales fines.

Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente a la Ciudad de México.

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco Unidades de Medida y Actualización elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo.

Artículo 203. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 30% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Artículo 29.- Los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para el otorgamiento de dicho estímulo, así como el monto total a distribuir en cada ejercicio fiscal por concepto del mismo, se estará a lo establecido en el artículo citado, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y en las reglas generales que al efecto se emitan en los términos de este último ordenamiento.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en el ejercicio fiscal inmediato a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Comité Institucional procederá para la aplicación del estímulo fiscal a que hace referencia el Artículo Primero y Segundo del presente Proyecto de Decreto, con lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 Con información de https://www.elblogsalmon.com/economia/los-estados-de-la-ocde-con-mayor-impuesto-de-sociedades

2 Con información https://www.elblogsalmon.com/economia/los-estados-de-la-ocde-con-mayor-impuesto-de-sociedades

3 México. Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma publicada en el DOF el 08-12-15

4 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura. “Ciencia tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social”. Madrid, España. 2012 ISBN: 978-84-7666-240-3

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Túrnese a la Cámara de Diputados.






En una cuarta ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. constitucional, en materia de financiamiento para la educación superior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero decirles que esta iniciativa la elaboramos entre mi compañero Gilberto Herrera y su servidora.

La universidad tiene como finalidad esencial servir al pueblo, contribuyendo con su quehacer diario a la formación de mujeres y hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura que eleven cualitativamente los valores y costumbre sociales. Artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En los últimos meses las universidades públicas de nuestro país han atravesado por una complicada situación financiera, 10 de las 34 universidades tienen una grave deuda que hace imposible su operatividad, afectando a miles de trabajadores y a más de medio millón de estudiantes que representan el 32 por ciento del total de la población inscrita en los programas de educación superior en México.

En esta situación se encuentran las universidades de Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Morelos y el Estado de México, quienes en conjunto tienen una deuda que asciende a los 10 mil millones de pesos.

Si bien es cierto que las propias universidades enfrentan problemas internos y cuestionamientos en materia de transparencia de sus recursos, también lo es que en los últimos años ha existido una gran desatención y abandono por parte del Estado a la educación pública superior.

Según datos del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicados el 13 de marzo de 2018, el presupuesto aprobado para la educación superior ha tenido una constante disminución a partir de 2015, coincidentemente es el año que a partir del cual las universidades comenzaron a presentar los síntomas de su grave enfermedad financiera.

Las cifras oficiales muestran que el desarrollo y fortalecimiento de la educación pública no ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Administración Pública Federal en turno, pues de qué otra manera se podría explicar la tendencia a la baja del gasto programable hacia la educación en nuestro país en el periodo 2013-2018.

A pesar de dichas reducciones presupuestales, la matrícula de la educación superior ha ido en aumento y la demanda que aún queda por satisfacerse es elevada, ya que teniendo en cuenta los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, muestran que México ocupa los últimos lugares en adultos de 25 a 34 años con estudios de educación superior.

Es por ello que en atención al derecho de la educación superior, así como a los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este derecho, así como lo establecido en el artículo 1o. constitucional respecto al principio de progresividad de los derechos, considero imperante la necesidad de instaurar en nuestra Carta Magna el principio de no regresividad presupuestaria referente a la educación superior, al interpretar que la reducción al presupuesto destinado a la educación pública superior en el país configura una medida regresiva y representa a todas luces una conculcación del derecho humano a la educación superior de nuestros jóvenes, dejando de reconocer que la educación superior, además de ser un derecho humano, es también la herramienta predilecta para el desarrollo del país al formar profesionistas que tengan la capacidad para afrontar las distintas problemáticas que la sociedad enfrenta, así como desarrollar la técnica y la investigación que provea nuevos conocimientos en beneficio de nuestra patria.

Es importante destacar que esta propuesta ha sido aprobada en los estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán, estos estados ya incluyeron en sus constituciones locales dicho principio.

Por último, parafraseando al pedagogo brasileño Paulo Freire, diría:

“Si los hombres y mujeres somos los productores de esta realidad y si ésta en la inversión de la práctica se vuelve sobre nosotros y nos condiciona, transformar la realidad que oprime es una tarea histórica, es la tarea de todos nosotros. Ahí radica la importancia de garantizar la viabilidad de la educación pública a todos nuestros jóvenes”.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por lo que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluye el principio de no regresividad respecto al presupuesto destinado a la educación pública superior.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Piña. Turnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senadora Guadalupe Covarrubias se adhiere a la iniciativa. Senadora Ana Lilia Rivera también la Senadora Nestora Salgado. Senador José Narro Céspedes. Senador Primo Dothé. Senador José Luis Pech. Senador Cruz, se adhieren a la iniciativa. La Senadora Margarita Valdez, el Senador Daniel Gutiérrez Castorena, también se adhieren a la iniciativa. El Senador Alejandro Armenta, el Senador Alejandro González Yáñez, el Senador Aníbal Ostoa, se adhieren a la iniciativa de la Senadora Blanca Piña. También la Senadora Nancy De la Sierra. Los Senadores que estamos aquí sentados en este momento en la Mesa también nos adherimos.

Muchas gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Minerva Hernández Ramos, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción inmediata de activos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN IV “DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVOS FIJOS” AL CAPÍTULO II “DE LAS DEDUCCIONES” DEL TÍTULO II “DE LAS PERSONAS MORALES” A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy presento ante esta Soberanía, a nombre propio y de las y los Senadores de Acción Nacional, tres propuestas de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, porque estamos convencidos que debemos establecer las bases para la reactivación económica del país, porque asumimos nuestra responsabilidad de construir mejores condiciones para el desarrollo económico, a fin de que repercutan en una expansión del mercado interno, así como en la creación de mayores y mejores empleos.

Compañeras y compañeros Senadores, como ustedes saben, las micro, pequeñas y medianas empresas, son la columna vertebral de la economía mexicana, generan el 72 por ciento del empleo y más de la mitad del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Inegi, más del 85 por ciento de estas unidades económicas desean el crecimiento de su negocio, sin embargo, manifiestan que las principales razones que se los impiden, son el exceso de trámites, los altos impuestos y los créditos caros.

Por eso en Acción Nacional estamos seguros que debemos fomentar la inversión en bienes de capital, en activos fijos que les permitan beneficiarse del mejoramiento tecnológico, de producir mejores bienes y de prestar servicios de manera óptima, lo cual redundará en un incremento de su productividad y de su competitividad.

En este contexto, es que proponemos retomar el esquema de deducción inmediata de inversiones que estuvo vigente de 2002 a 2013, aplicable únicamente para bienes de activo fijo que se utilicen por primera vez en nuestro país y cuya depreciación acelerada sea respecto de las inversiones que se ocupen de forma permanente en México.

Compañeros, en este Senado y en muchas otras instituciones gubernamentales se ha realizado un esfuerzo mayúsculo para contraer el gasto público, es justo entonces, que los 21 millones de contribuyentes que soportamos las cargas públicas, veamos como un beneficio inmediato medidas como las que hoy propone Acción Nacional para atemperar o reducir el monto de los impuestos que tienen por pagar. Porque ya es momento de que los contribuyentes de siempre tengan un respiro y regresen esquemas de tributación mucho menos agresivos y más eficaces.

En segundo lugar, compañeras y compañeros, no podemos dejar de referirnos a un factor fundamental en las micro, pequeñas y medianas empresas, están los emprendedores mexicanos.

El Índice Global de Emprendimiento 2018, muestra que México va a la baja en esta materia, descendió 4 puestos respecto de la evaluación de 2016 y actualmente ocupa el lugar 75 de 137, muy por debajo de las posiciones de Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Perú o Argentina.

Ante esta situación, es imperativo sentar las bases apropiadas para incentivar la creación de negocios en México mediante las micro, pequeñas y medianas empresas.

Nos negamos a la concepción paternalista en la que el Estado quiera tratar a su población como simples beneficiarios de programas de asistencia social, nos negamos a que a los mexicanos no se nos quiera enseñar a pescar y que nos quieran regalar el pescado como alimento para un solo día.

En la medida en que sentemos las bases sólidas para fomentar el desarrollo de los emprendedores, se verán fortalecidos el estado de derecho, la lucha contra la corrupción, el incremento en infraestructura, el acceso a la información y el financiamiento, la eliminación de monopolios, entre otros.

Con estos elementos, lograremos además un mucho mayor avance en la concreción de los derechos humanos.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha puntualizado que asegurar condiciones favorables para los emprendedores, conlleva la promoción y protección de otros derechos sociales y políticos, además de que se verifica un impacto significativo y esencial en el sustento y el desarrollo de la población más vulnerable.

Por eso, desde esta tribuna, Acción Nacional propone reconocer la plena deducibilidad para gastos que realiza el empleador por concepto de previsión social de sus trabajadores, en tanto que se trata de un concepto intrínsecamente vinculado a la retribución de la fuerza de trabajo que incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los trabajadores mexicanos.

De igual forma, proponemos que se elimine un tratamiento injusto para los contribuyentes que son personas físicas, quienes están limitados para deducir aquellos gastos relacionados con su derecho al mínimo vital, como son los pagos por honorarios médicos, las primas por seguros médicos o los intereses reales por créditos hipotecarios.

Es momento de que los contribuyentes, los pagadores de impuestos, los que sostienen el gasto público de este país, sepan que no están solos, que obtengan como reconocimiento al excesivo pago de impuestos al que han estado sometidos, los beneficios fiscales que son propios e indiscutibles en sistemas impositivos mucho más avanzados.

Desde Acción Nacional les decimos, es hora de democratizar las finanzas públicas de este país, es el momento de los ciudadanos.
Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Minerva Hernández Ramos.

Vamos a turnar las iniciativas presentadas con proyecto de Decreto por el que se adiciona la sección IV, al Capítulo II del Título II a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se derogan la fracción XXX al artículo 28 y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ambas se turnan a la Cámara de Diputados.

Pasamos a la quinta ronda para la presentación de la última iniciativa en esta sesión.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Ley del Institutito de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de pensionados por riesgo de trabajo o invalidez.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Presento ante este recinto parlamentario la siguiente iniciativa de ley que tiene como propósito adicionar un tercer párrafo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del ISSSTE, con el fin de facilitar a los trabajadores que padezcan una enfermedad incurable, con mala expectativa de vida a largo plazo, la total disposición de los recursos que ahorraron en sus respectivas cuentas individuales de retiro, en aras de garantizar su derecho fundamental a un nivel de vida adecuado.

En la agenda legislativa de Movimiento de Regeneración Nacional, en el marco de esta cuarta transformación del país, cobra vital importancia responder al compromiso social que el Estado mexicano tiene con sus trabajadores. Por eso es nuestra tarea instrumentar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos laborales, su derecho a la seguridad social, a la vivienda y a un nivel de vida digno.

En ese espíritu, se destaca la importancia de tomar acciones para mejorar la seguridad social que reciben los trabajadores burocráticos por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE.

Actualmente las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado que padecen una enfermedad crónica-degenerativa e incurable, con mala expectativa de vida a largo plazo, sufren de impotencia y frustración frente a las limitantes establecidas en la legislación para disponer de la totalidad de los recursos económicos que han ahorrado en sus cuentas individuales de retiro, fruto de trabajo y sacrificio del servidor público.

El hecho de que aquella persona que trabajó toda su vida sirviendo a la nación no pueda disponer excepcionalmente de sus ahorros cuando ha caído en un estado grave de salud que reduce considerablemente sus expectativas de vida, es privativo de su derecho acceder a un nivel de vida adecuado e incluso del mínimo de subsistencia digna y autónoma contemplado en el artículo 4o. constitucional, más aún porque en ese momento es cuando necesitan más de los recursos del Estado, que el Estado les pueda aportar para poder aliviar el impacto de tal padecimiento a causa de su modo de vida.

Cabe mencionar que la medida que se propone es acorde al alcance que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al derecho a un nivel de vida adecuado respecto a la obligación que le impone al Estado mexicano de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o pensiones, o en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada para acceder a los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad.

En este contexto es que se propone la presente iniciativa, por excepción se permite a los trabajadores retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición cuando hayan sido diagnosticados por el mismo Instituto con una enfermedad incurable, con mal expectativa de vida a largo plazo exentándolos con ello de cumplir con los requisitos previstos en la ley, relativos a contar con 65 años o más y no tener reconocidos ante el Instituto un mínimo de 25 años de cotización.

Lo anterior, pues la necesidad de esperar a cumplir determinados requisitos formales para acceder al dinero acumulado por sus años de servicio es desmedido e irrazonable dadas las circunstancias propias de su estado de salud, en tanto que no sólo hay incertidumbre sobre su expectativa de vida, sino que, además, se entorpece el acceso a las condiciones mínimas que le permite sobrellevar su enfermedad de manera digna.

Dicho lo anterior, dejo a consideración de este Parlamento la posibilidad de mejorar las condiciones en materia de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado con la medida aquí propuesta.

Agradezco su tiempo y su atención, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Casimiro Méndez Ortiz. Turnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Se adhiere a la iniciativa la Senadora Guadalupe Covarrubias, el Senador Salomón Jara, el Senador José Luis Pech, la Senadora Mónica Fernández, entre otros.

Recoja la Secretaría de Servicios Parlamentarios las adhesiones a dicha iniciativa.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Pasamos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo. En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Fernández Balboa, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, un punto de Acuerdo que exhorta a revocar los diez Decretos del levantamiento de veda en diversas cuencas hidrológicas del país.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señor Presidente.

En los últimos años, el acceso al agua en México se ha convertido en un tema de gran controversia por diversos intentos de privatizar este recurso que, de acuerdo con nuestra Constitución, es de todos los mexicanos y que representa un grave riesgo a la seguridad hídrica del país.

La legislación en la materia permite que el Estado otorgue concesiones a particulares y esta figura ha sido útil para impulsar el desarrollo industrial, rural y urbano; sin embargo, de manera sistemática se han hecho esfuerzos para concentrar en pocas manos y en beneficio de unos cuantos el control del agua.

En esta última década, en el Congreso se ha pretendido impulsar diversas iniciativas y proyectos que ante la repulsa nacional no lograron concretarse.

Con el pretexto de que la disposición del líquido se requiere para el desarrollo de los sectores productivos y de las ciudades, han querido beneficiar a algunas personas y empresas con el único propósito de hacer negocio con un recurso de la nación.

Pese a que las autoridades responsables de la administración de nuestro patrimonio habían negado la existencia de un plan privatizador, en junio de 2018 los administradores del agua lograron dar un paso que preocupó a todos.

El gobierno de la República inesperadamente emitió un decreto para levantar la veda en diversas cuencas acuíferas mediante el cual se permite la disposición del agua con el argumento de que se trata de una acción parcial que facilitará el acceso al líquido de una forma racional y que se garantizaría la recarga y el establecimiento de las reservas para las próximas generaciones.

A través de 10 decretos parciales se darán permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país. Como consecuencia de esto hubo protestas sociales y el gobierno se vio obligado a desplegar una amplia campaña mediática queriendo justificar sus decisiones; pero de nada valieron las advertencias de las organizaciones y comunidades y el gobierno siguió avanzando sigilosamente.

De esta forma, el pasado 1º de octubre la Comisión Nacional del Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación, una licitación para el otorgamiento masivo de concesiones en las mismas cuencas donde había levantado la veda cuatro meses antes.

Como resultado de ello y a menos de 45 días de que concluya la presente administración, se está llevando a cabo la entrega indiscriminada de nuestro patrimonio pasando incluso por encima de los derechos de los pueblos originarios a quienes se debió haber consultado como la legislación nacional y los convenios internacionales suscritos por México, señalan.

Esta licitación se diseñó a modo estableciendo que los interesados tendrían que participar a través de mecanismos digitales e Internet cumpliendo con requisitos inalcanzables para la mayoría de las personas. Con esa simple decisión tratan de favorecer a intereses particulares.

Nuevamente con irregularidades administrativas cobijadas en estratagemas legales para entregar indebidamente un recurso que es de todos y de la nación entera.

Las autoridades han sido cuidadosas de no hablar sobre el tema para dejar simplemente que los hechos vayan ocurriendo.

En este sentido, la sociedad, sus organizaciones y comunidades han manifestado su inquietud, y las Senadoras y los Senadores de Morena y de otros partidos hemos hecho nuestra la voz de la ciudadanía, por eso queremos denunciar ante el Senado de la República los abusos que se han cometido y solicitamos que este órgano legislativo y de representación política se pronuncie de manera firme y contundente en contra de cualquier intento oficial para privatizar y entregar nuestros recursos.

En consecuencia, mediante el presente punto de Acuerdo se exhorta al ciudadano Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, a que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por medio de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

De igual forma, solicitamos al titular de la Comisión Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámite electrónico, CONAGU@-DIGITAL.

En este sentido, es positivo el anuncio que hizo hace dos días la Conagua, de que suspenderá por seis meses los trámites digitales. Pero aun así, esto es insuficiente, ya que sigue existiendo la posibilidad de la autorización de concesiones por las vías tradicionales.

En el tercer resolutivo planteamos que en el Senado de la República se cite a comparecer ante esta Soberanía a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Conagua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de estos Decretos.

Y, por último, el Senado se propone realizar, a través de las comisiones legislativas respectivas, una gran discusión nacional con todos los interesados que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario de Morena, presentamos esta proposición con la atenta solicitud de que se considere de urgente resolución.

Finalmente, señor Presidente, le solicito que el texto íntegro del presente punto de Acuerdo se inscriba en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, la que suscribe NICA FERNÁNDEZ BALBOA, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 276, numeral 1 fracción II y 109 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, el acceso al agua en México se ha convertido en un tema de gran controversia por diversos intentos de privatizar este recurso que, de acuerdo con nuestra Constitución, es de todos los mexicanos y que representa un grave riesgo a la seguridad hídrica del país.

La legislación en la materia permite que el Estado otorgue concesiones a particulares y esta figura ha sido útil para impulsar el desarrollo industrial, rural y urbano; sin embargo, de manera sistemática se han hecho esfuerzos para concentrar en pocas manos y en beneficio de algunas personas físicas y morales el control del agua.

En esta última década, en el Congreso se ha pretendido impulsar iniciativas y proyectos que no lograron concretarse, y que hubieran configurado un enorme abuso y despojo de un recurso fundamental. Por todos los medios, han buscado abrir aún más a la participación privada en la explotación, uso y comercialización del agua.

Con el pretexto de que la disposición del líquido se requiere para el desarrollo de los sectores productivos y de las ciudades, quieren beneficiar a algunas personas y empresas con el único propósito de hacer negocio con un recurso de la Nación.

Pese a que las autoridades responsables de la administración de nuestro patrimonio habían negado, una y otra vez, la existencia de un plan privatizador, y ante el fracaso de sus intentos legislativos, en junio de 2018 los administradores del agua lograron dar un paso que preocupó a todos: expertos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, en especial indígenas, y en general a la ciudadanía. El gobierno de la República inesperadamente emitió un decreto para levantar la veda en diversas cuencas acuíferas, mediante el cual se permitía la disposición de agua, con el argumento de que se trataba de una acción parcial que facilitaría el acceso al líquido de una forma racional, que se garantizaba la recarga y el establecimiento de reservas para las próximas generaciones.

En el decreto se establecieron reservas de agua a través de 10 decretos, por los cuales se darían permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran el 55 por ciento de lagos y ríos.

Como consecuencia de las protestas sociales, el gobierno se vio obligado a desplegar una amplia campaña mediática queriendo justificar sus decisiones, incluso para ello recurrió a expertos en recursos naturales. No obstante la aparente viabilidad técnica del decreto de levantamiento parcial de la veda y pese a las advertencias de organizaciones y comunidades, el gobierno siguió avanzando sigilosamente.

De esta forma, el pasado 1 de octubre la Comisión Nacional del Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación una licitación para el otorgamiento masivo de concesiones en las mismas cuencas donde había levantado la veda cuatro meses antes. Como resultado de ello, a 50 días de que concluya la presente administración se está llevando a cabo la entrega indiscriminada de nuestro patrimonio, pasando incluso por encima de los derechos de los pueblos originarios a quienes se debió haber consultado como la legislación nacional y los convenios internacionales suscritos por México señalan.

Esta licitación se diseñó a modo, estableciendo que los interesados tendrían que participar a través de mecanismos digitales e internet, cumpliendo con requisitos inalcanzables para la mayoría de las personas. Con esa simple decisión administrativa se dejó fuera a personas y comunidades que no tienen acceso a esos medios, como nuestros pueblos originarios; constituyendo asi una acción dolosa para favorecer a intereses particulares.

Nuevamente se trata de evidentes irregularidades administrativas cobijadas en estratagemas legales para entregar indebidamente un recurso que es de todos y que tenemos la obligación de cuidar porque de él depende la viabilidad de la Nación y, sobre todo, el acceso al agua por parte de las próximas generaciones.

Extrañamente, las autoridades han sido cuidadosas de no hablar sobre el tema para dejar simplemente que los hechos vayan ocurriendo. En este sentido, la sociedad, sus organizaciones y comunidades han manifestado su inquietud y las senadoras y senadores de MORENA y de otros partidos hemos hecho nuestra la voz de la ciudadanía.

Por eso, queremos denunciar ante el Senado de la República los abusos que se han cometido y en ejercicio de nuestras atribuciones deseamos que de manera urgente este órgano legislativo y de representación política se pronuncie, de manera firme y contundente, en contra de cualquier intento oficial para privatizar y entregar nuestros recursos.

En ese sentido, se exhorta al Ciudadano. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

De igual forma el Senado de la República le solicita al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos "CONAGU@-DIGITAL".

En un tercer resolutivo el Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al C. Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos en materia de agua publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, el Senado acuerda realizar, a través de sus Comisiones legislativas respectivas, una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. A esta discusión se convocará a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos indígenas.

Por lo anterior, la que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, con la atenta solicitud de que se considere de urgente resolución somete a esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

SEGUNDO. El Senado de la República le solicita al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos "CONAGU@-DIGITAL".

TERCERO. El Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al C. Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos en materia de agua publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. El Senado acuerda realizar, a través de sus Comisiones legislativas respectivas, una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. A esta discusión se convocará a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos indígenas.

Atentamente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Fernández Balboa.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

La Senadora Freyda Marybel Villegas, tiene el uso de la palabra.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Gracias, señor Presidente.

Como bien comentaba la Senadora Mónica, este un tema que nos preocupa a millones de mexicanos. Son 19 estados afectados bajo este decreto.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó un documento que identifica algunos aspectos de la problemática con este Decreto.

Y también hay que comentar, los 10 decretos que se basan en estudios técnicos generados en el 2016 y 2011, esto es preocupante, porque tiene siete años. En siete años no son las mismas afectaciones, el cambio climático, la deforestación, las manchas urbanas y otras coyunturas que totalmente son diferentes en la actualidad. Incluso, hay anormalidades en el proceso de mejora regulatoria de los decretos.

La ley establece como obligatorio someter a consulta pública todos los actos que se vayan a evaluar.

Sin embargo, aunque se sometió a consulta, se cambió el texto consultado. Es decir, se consultó una cosa y se publicó otra.
Imagínense la atrocidad que pasó.

También hay afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la autonomía y libre determinación, al disfrute de sus recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado sobre actos u omisiones que pueden afectar de manera irreparable su territorio.

Por otra parte, integrantes de organizaciones civiles, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios, así como académicos, han considerado que son un intento ilegal por parte del gobierno de legalizar la privatización del agua en todo el país.

El gobierno nos ha contado medias verdades, como ha estado acostumbrado, y esto no puede seguir pasando.

Como lo comentó nuestra compañera Mónica, el grupo parlamentario de Morena tiene un mandato a partir del 1° de julio, y es derogar y cancelar estos decretos.

Hablar del agua en nuestro país, es hablar de normas complejas, pero también es hablar de vida, de biodiversidad, ecosistemas y de derechos de pueblos y mexicanos.

Hablar del agua en México implica observar las prácticas y el manejo de una nación que ha dado el elemento más importante de vida, al tiempo de analizar si este modelo ha sido benéfico para las personas o sólo para unos cuantos. Pero sobre todo, hablar del agua es un derecho humano que tenemos todos los mexicanos y mexicanas.

Los invitamos, el grupo parlamentario de Morena, a iniciar un debate sobre la gobernanza del agua que es un tema importantísimo para el país.

Y por eso, desde Morena, rechazamos categóricamente cualquier tipo de acción o política pública regresiva o violatoria a los derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Villegas Canché.

Senador Damián Zepeda, tiene el uso de la palabra.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que este es un tema en el que coincidimos en la preocupación, sin duda, de fondo.

Creemos que deben de aclararse las circunstancias, las dudas que se están dando del manejo posible para otros fines.

Y creemos que el punto de Acuerdo está bien planteado en ese sentido. Porque, por un lado, pide que se suspenda indefinidamente, dice, pero entiendo que en tanto tenemos la información.

Luego otro punto del punto de Acuerdo dice: "Que se cite a comparecer al titular para que venga y explique".

Y luego un cuarto punto dice: "Que se haga todo un análisis de la política en la materia".

Nosotros en el segundo, tercero y cuarto, estamos de acuerdo.

Le quiero hacer una propuesta a la promovente, a ver si nos lo acepta.
El primero nos parece que estamos valorando previamente el tema, porque el primer tema dice que "se revoquen los decretos".

Y luego entonces, si ya se va a revocar en los decretos, ¿pues para qué queremos el segundo, tercero y cuarto, que son más en el sentido de que se explique qué es lo que está sucediendo? Que venga y comparezca y definamos una política.

Entonces, la propuesta que le queremos hacer a la promovente, es ver si podemos en este momento aprobar el segundo, tercero y cuarto, que se dé la comparecencia, que se dé la información.

Y ya con la información obtenida, pues que este Senado defina una postura al respecto.

Esto en el ánimo de apoyar y de respaldar la propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Salomón Jara, tiene el uso de la palabra.

El Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En el primer punto estamos solicitando, es un exhorto que hacemos al Ejecutivo, para que retire su propuesta que ha hecho.

Indudablemente que tiene un contenido de fondo, no es un asunto de forma.

Por eso nosotros lo que solicitaríamos al grupo parlamentario del PAN, es que se sume finalmente a esto en todos sus términos.

Estamos solicitando la revocación y es un exhorto.

Y aparte, que vendrían los temas de análisis, la comparecencia de los titulares que estamos solicitando para que nos informe en este Pleno.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le voy a dar la palabra al Senador Bolaños Cacho.

Y después a usted nuevamente.

Adelante, Senador Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Estamos a favor de que este tema se revise, por supuesto que es un tema de la máxima importancia para todo el país, sin embargo, nos parece un contrasentido hacer una valoración, si en el mismo punto estamos llamando a comparecer, teniendo la información y demás.

Quisiéramos acompañarlos en todo esto, y una vez hecho eso, vamos a decidir nuestra postura al respecto.

Por lo tanto pediría entonces, señor Presidente, si no hay la voluntad de ese punto dejar fuera que en el momento de la votación se separen los resolutivos para poder, en el primero, nosotros abstenernos, y en el segundo, tercero y cuarto, poderlos respaldar.

Esa es mi petición, ya de forma, para cuando llegue el momento de la votación.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se comentará con los proponentes la solicitud de separar los puntos para votación.

Tiene la palabra el Senador Raúl Bolaños.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para dejar sentado en el Diario de los Debates, la postura de la bancada del Partido Verde Ecologista.

Nosotros decidimos abstenernos porque consideramos que en la práctica parlamentaria, primero se exhorta a solicitar información a las distintas dependencias, pero considerando que tenemos que tener un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y que este tema merece ser discutido y escuchar de viva voz de los titulares, tanto de Conagua como de Semarnat la diferencia entre vedas y reservas, decidimos abstenernos, siempre comprometidos a que se estudie a profundidad el fondo de los asuntos y que puedan ser expuestos todos los considerandos por los cuales se tomó una decisión.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a escuchar al Senador Álvarez Icaza.

Y después a la Senadora proponente.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero manifestar mi adhesión al punto de Acuerdo, porque sí hay efectos en términos de si se implementan las decisiones, sí puede correr en el tiempo la afectación a terceros. No es lo mismo generar una discusión profunda sobre el tema habiendo corrido las concesiones o el impacto de las decisiones que se han tomado, a no haberlas hecho.

Por eso, el punto primero no sólo en tema de fondo, sino en término de no afectación o terceros derechos, es de vital importancia, el llamado a exhortar a que se detenga y luego el análisis profundo porque si hay una diferencia jurídica, política y de derechos, si entra en marcha eso.

De manera que, yo quiero manifestar mi adhesión en los términos, porque es vital en términos de la no afectación y la puesta en marcha lo que eso significa por los decretos mencionados, acompaño en sus términos la propuesta y me parece vital, así subrayarlo, porque la no entrada hace una diferencia jurídica y política.

Por eso yo creo que sí hace mucho sentido y, posteriormente, la información que esta Soberanía podía tener en discusión el llamado a detener la entrada en vigor de los decretos, se convierte en un tema sustantivo para no generar una situación de hecho irremediable.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Senador Damián Zepeda.

Y después, para finalizar, la Senadora Mónica Fernández.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Coincidiendo en el fondo con lo que acaba de comentar el Senador Álvarez Icaza, eso precisamente se dice en el resolutivo segundo. Está muy bien planteado el punto de Acuerdo, sinceramente lo digo, porque dice, primero, la decisión de fondo, que se revoque, ¿no? digamos que nosotros creemos que eso debería de estar al final.

La segunda dice que se suspenda, o sea, en este momento, que no se dé en ningún otro acto, y eso atendería la preocupación del Senador Álvarez Icaza, y en eso también estamos de acuerdo, o sea que a partir de este momento se exhorta a que no haya ningún acto al amparo de ese decreto, y luego viene la comparecencia y la información y la política, digamos, general.

Entonces, yo nada más dejar de entrada al Pleno que nuestra postura también cubriría la preocupación del Senador Álvarez Icaza, porque el segundo resolutivo dice que no se den más actos.

Lo único en lo que les pedimos, comprensión, y si no pues pedimos que nos permitan al menos separar los resolutivos para que se voten por separado, es que la decisión final creemos que se debe de hacer con más información, y si vamos a citar a comparecer a los titulares, lo cual es perfecto, y aquí hacemos el intercambio, en fin, de todos los temas, pues que sea después de esas comparecencias cuando este Pleno con toda la información tome una decisión a fondo del tema.

Esa es la petición, y para no ser redundante, perdón.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senadora, para escuchar una opinión más de otro grupo parlamentario, Senadora Alejandra León.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) Que me adhiero al punto de Acuerdo, creo que en materia del agua han sido violaciones a nuestra soberanía nacional, nosotros estamos presentando el día de hoy, otra vez un punto de Acuerdo donde insiste la Semarnart y la Conagua en violar el Tratado Internacional de Aguas de 1944, y el día de hoy se encuentran reunidos en Ixtapa para firmar esa reforma, a ese Tratado Internacional.

Y todo el tema del agua lo tenemos que ver con toda responsabilidad, y creo que nos queda muy claro la diferencia de lo que es una veda y lo que es una reserva, a los que realmente tenemos una profesionalización en el tema ambiental, y no lo usamos como una bandera política, nos quedan muy claro los conceptos y lo que es la soberanía nacional en materia del agua.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora León Gastélum.

Senadora Mónica Fernández, adelante.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, compañeros. Yo entiendo muy bien la preocupación, pero creo que no se está planteando o a lo mejor no se está entendiendo el orden y la secuencia de las cosas.

No van peleadas, no están, no se contrapuntean las dos cosas.

¿Qué necesitamos?

Necesitamos hacer un exhorto al Poder Ejecutivo para que se cancelen estos decretos donde se liberaron las vedas.

Eso lo necesitamos hacer, es un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo. A la par que no tiene otra intención más que podamos tener todos los elementos para poder llegar a un esquema que construyamos todos juntos, escuchándose a todas las voces, a los pueblos originarios que fueron excluidos en esta gran decisión.

Poder hacer una gran discusión nacional para llegar a un nuevo concepto, como lo dije en el punto de Acuerdo, de gobernanza hidrológica. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo entre todos, necesitamos la comparecencia de los Secretarios, necesitamos la comparecencia de los titulares responsables para tener toda la información, pero también necesitamos la plática, el diálogo con organismos sociales, con organismos empresariales, con organismos científicos, con organismos protectores de la biodiversidad, del medio ambiente para llegar en conjunto a una medida y a un plan que nos lleve a construir una mejor estancia en nuestro país.

No está peleada una cosa de la otra, si el Ejecutivo tiene a bien hacer caso a un exhorto de este Senado de la República y echar para atrás estos decretos, pues bueno, estará oyendo, tal vez por primera vez, un exhorto de esta Cámara de Senadores, un exhorto de la sociedad en su conjunto y podemos tener todos la voluntad de ir construyendo lo que más le convenga al país.

Por eso yo le pido, señor Presidente, que el punto de Acuerdo sea consultado íntegro, con todos los puntos, que no haya separación, porque no va excluido un tema de otro.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Creo que están claras las posturas, nosotros dejar en claro que no estamos en contra, estamos a favor de todo el tema, simplemente queremos escuchar que se suspenda temporalmente, escuchar la comparecencia y tomar una decisión.

Basado en ello, le pido que registre una reserva del punto resolutivo primero, basado en el artículo 200, numeral 1, para poder en lo particular, en ese artículo, hacer un señalamiento.

Sé que esto aplica a los dictámenes, pero como pidieron la urgente resolución, pues no hay un dictamen, si hubiera existido el turno normal, si hubiera ido a comisiones, si hubiera regresado con un dictamen y, bueno, sí hay una disposición de que debe aplicarse en lo que no está establecido la regla que le aplica a lo general.

Entonces, yo pido que se permita, pues, hacer un comentario exclusivamente al artículo primero del resolutivo. Esa es la petición, que me parece por demás sensata.

Obligar a este Pleno a votar, o todo o nada, pues, no tiene sentido.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) No es un dictamen, es un punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ahorita resolvemos.

Senadora Rocío Nahle, y después la Senadora Mónica Fernández, y vamos a resolver.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Sí, efectivamente, señor Presidente, el señalamiento que hace la Senadora Mónica.

Es un punto de Acuerdo, no es un dictamen, y yo exhorto a que se vote el punto de Acuerdo y posterior a eso, si ustedes traen una discusión sobre el tema, pero yo quiero agregar algo aquí que es muy importante.

Estos decretos lo emitió el Presidente Peña en junio, y en la propia Cámara de Diputados, en su momento, hubo un señalamiento y una extrañeza ¿por qué no se consultó?

Y en estos tres cuatro meses ha habido manifestaciones en diferentes partes de la República, precisamente donde va a aplicar estos 10 decretos de la veda.

¿De quién? De ciudadanos, de la gente que vive alrededor de estas cuencas, hay manifestación y hay rechazo porque no se conoce el territorio.

Por eso nosotros, el grupo parlamentario de Morena, celebramos y apoyamos este punto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la República, de forma respetuosa, que detenga este decreto, que suspenda para poder evaluar en el territorio, con la ciudadanía la situación de un tema, del más importante que es el agua, es el tema más importante que tenemos en México.

Por eso, a votar.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Martí Batres Guadarrama: Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Quiero estar de acuerdo en el fondo, Senadora.

Yo les pido que usemos el sentido común en las cosas, también.

Miren, no hay dictamen. El dictamen es de cualquier instrumento legislativo, no es de una ley.

Se brincaron el trámite de las comisiones y por eso no hay dictamen.

Si me permite, Senadora, yo la escuché ahorita, de verás, quiero llegar a esto.

Es tan absurdo el planteamiento de que, porque no es un dictamen, no podemos reservar un resolutivo, como que ahorita hubiéramos presentado una iniciativa de ley de 584 artículos, y tuviéramos la mayoría para obviar el trámite de comisiones, y nadie pudiera hacer una reserva de ninguno de los 584 artículos. Así de absurdo es querer plantear que, porque no hay un dictamen, no podemos entrar al debate de un artículo.

Podemos estar de acuerdo con el planteamiento o no, Senadora. Tenemos derecho a diferir y ustedes a aprobarlo.

Lo que no se le puede coartar a un grupo parlamentario o a un Senador es el derecho de poderse expresar sobre uno de cuatro resolutivos que están proponiendo, y de hecho para abstenernos ¡eh! ni siquiera para votarlo en contra, y los otros tres a favor.

Yo les pido que no todo lo convirtamos en: "Ah, tiene razón, ellos o nosotros". No es de eso.

Estamos apelando al sentido común, a nuestro poder de votar libremente algo.

Entonces, la solicitud es, señor Presidente, que basado en el artículo 200, numeral 1, que se haga, pues, que se aplique ese artículo, cuyo escrito claramente es permitirle al Senador poderse expresar de cada tema en lo particular. Ese es el planteamiento.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zepeda Vidales.

Vamos a escuchar a la Senadora Verónica Camino, y después al Senador Antonio García Conejo, y vamos a resolver.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Bueno, señor Presidente, muchas gracias.

Por mi parte, así como lo explicó la Senadora Mónica, ahorita que tuvo la intervención en tribuna, me parece que, en ese tono, de esa manera, y con esa claridad podemos entender un poquito más hacia dónde vamos.

Para nosotros es muy importante, aquí en la bancada del Verde, que efectivamente pueda proceder el punto de Acuerdo o este exhorto.

Sin embargo, queremos pedir, nuevamente, que sí se haga a la brevedad posible la comparecencia del Secretario de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de que se quede o que se deje muy en claro que estamos hablando del 85 por ciento de las reservas.

¿Para quién es el beneficio? Porque más que afectados van, o sea, el tema es un beneficio como tal, y lo que no queremos es que sean mal usadas. O sea, al contrario, el uso sea 100 por ciento para el beneficio humano y, por supuesto, la conservación de nuestro medio ambiente.

Por lo tanto, aceptamos, y que vengan, por supuesto, como sí pedimos lo más pronto a los expertos en la materia.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Camino Farjat.

Senador Antonio García Conejo.

El Senador Antonio García Conejo: Muchísimas gracias, señor Presidente. Con su autorización y de la Mesa Directiva. Queridas Senadoras y Senadores:

Yo también traía un punto de Acuerdo referente al tema, y para economizar el tiempo, le agradezco al Presidente que me haya permitido hacer uso de la palabra.

Es un tema que tiene, pues, varias aristas y que requiere de mucha comprensión y de información.

Primero, decirles que comparto, también en parte, con la Senadora Mónica, necesitamos información, necesitamos información, y por lo tanto, coincido en que esté presente el titular de la Comisión Nacional del Agua.

Hace unas horas recibí una llamada de pobladores del estado de Michoacán, especialmente del municipio de Huetamo porque, fíjense ustedes, hace muchos años, no sé, más de 50, toda la zona de la Cuenca del Balsas estaba totalmente vedada, era imposible que alguien pudiera sustraer agua o construir alguna presa en esa cuenca, porque está concesionada o estaba concesionada el 100 por ciento del agua a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, con la liberación de varios millones de metros cúbicos que se dieron en el periodo del Presidente, en aquel entonces, de don Felipe Calderón Hinojosa, se logró en la Legislatura pasada, en la Legislatura del 2012 al 2015, la construcción de la presa el Chihuero, del municipio de Huetamo.

Para los pobladores del municipio de Huetamo fue algo extraordinario que se haya quitado la veda o se hayan liberado esos metros cúbicos de recurso hídrico.

¿A qué quiero llegar?, para terminar mi participación?, es que tenemos que tener mucho cuidado, todas y todos y actuar con mucha responsabilidad, porque por un lado, por supuesto, se puede interpretar que se está queriendo privatizar el agua o que se está afectando a los núcleos agrarios o a comunidades indígenas o población urbana, etcétera.

Pero también, por otro lado, tenemos que cuidar de no dejar a un lado a las y a los empresarios que se dedican, pues, a utilizar el agua también.

Entonces, hablar del agua es hablar de la vida y de luchar y trabajar juntos para que en este Senado, en esta Cámara, pues actuemos con mucha responsabilidad y podamos tener un equilibrio.

Por un lado, evitar alguna confrontación entre algún núcleo agrario que no tenga vigente su concesión, y que de un día para otro aparezca que ya fue otorgada a alguien más, pues, eso puede traer serias consecuencias.

Entonces, yo compartiría, compañeras y compañeros Senadores, principalmente con la comparecencia del titular de la Conagua, y creo que ahí nos va a despejar muchas dudas.

Entonces, esa sería mi participación, para no volver a participar, señor Presidente, con el punto del Orden del Día.

Entonces, me parece muy importante este tema, porque no es un tema sencillo. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la vida.

Muchísimas gracias.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Conejo.

Senadora Mónica Fernández, sonido en su escaño.

La Senadora Mónica Fernández Balboa: (Desde su escaño) Señor Presidente. En el grupo parlamentario del Partido Morena no queremos pasar encima de ninguna ley.

Le pedimos, ellos quieren una reserva, le pedimos que no sea una reserva, sino que se vote cada uno de los cuatro puntos de Acuerdo en lo individual, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien.

Fue la petición original del Senador Damián Zepeda que se votara por separado punto por punto, y la proponente está de acuerdo, entonces, no procederemos a la reserva, sino iremos por este procedimiento que es parecido también.

Entonces, vamos a votar punto por punto.

Proceda la Secretaría a leer cada punto y a votarlo por separado.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el resolutivo del primer punto.

El Senado de la República solicita…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senadora.

Solicitan que se abra el tablero para cada votación cinco Senadores.

Muy bien.

Adelante, Secretaria.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura.

Primero.- El Senado de la República solicita al ciudadano Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, que revoque de inmediato los 10 decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para la votación del primer punto.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Senador por Tlaxcala, por favor.

Alguien que lo auxilie.

¿El sentido de su voto, Senador?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Dé lectura al segundo resolutivo, Secretaria.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Segundo.- El Senado de la República le solicita al ciudadano Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos CONAGUA@-DIGITAL.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ábrase el tablero electrónico hasta por tres minutos.

El Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima: (Desde su escaño) A favor.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con 57 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones. Se aprueba el primer punto.



El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Secretaria, para que se registre mi voto a favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Auxilien al Senador Julen Rementería y a la Senadora Malú Micher.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto si alguna Senadora o Senador falta por emitir su voto.

Con 72 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones, se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Dé lectura la Secretaría ahora al tercer resolutivo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Tercero.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía al ciudadano Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al ciudadano Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico, ambiental de los Derechos en materia de agua, publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto a la Asamblea si falta algún Senador de emitir su voto.

Con 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, queda aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Lea la Secretaría el cuarto resolutivo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Cuarto.- El Senado acuerda realizar, a través de sus comisiones legislativas respectivas, una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. A esta discusión se convocará a las organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos indígenas.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para la votación.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: ¿Algún Senador falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema para que puedan emitir su voto.

¿Algún Senador falta de emitir su voto? Sigue abierto.

Con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra al Senador Julen Rementería, para presentar a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a respetar la metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo correspondiente para el año 2018.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El punto que acabamos de tocar, desde luego, es de la mayor trascendencia, no por ello llevó el tiempo y este intercambio de opiniones respecto a cómo habría que hacerlo.

Pero para el grupo parlamentario del PAN, además de este punto recién tocado, hay uno que ha sido recurrente y no solamente para el grupo del PAN, sino prácticamente para todos los partidos.

Hay registro en casi cada una de las sesiones que lleva esta LXIV Legislatura, de proposiciones, de puntos de Acuerdo con temas que tienen que ver con el incremento a las tarifas de energía eléctrica y en el servicio doméstico, en la industria y en el comercio.

Y es algo que me parece a mí, que yo invito a que lo reflexionemos por la importancia que tiene, no estamos hablando de una cuestión menor, no estamos hablando de una queja que como en muchas ocasiones se había hablado o se ha dicho de alguien que cree que paga mucho, el asunto es prácticamente generalizado, es en todo el país.

Aquí se han registrado, por lo menos que yo tenga memoria, de 7 estados por igual número de legisladores que precisamente han venido a quejarse de esta situación, y es que la energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía. Diversas investigaciones coinciden en que en una industria eléctrica eficiente es esencial para el funcionamiento de cualquier país.

Las limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio se traducen a largo plazo en un obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población.

El día de hoy la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica en todo el país; sin embargo, aun cuando uno de los objetivos, con que ha sido fundada la Comisión de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, eran los de brindar costos mínimos y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, al día de hoy esto no sucede.

Es del conocimiento de todos que desde el 2017 la Comisión Reguladora de Energía ha emitido diversos acuerdos para determinar las tarifas de energía eléctrica de los diversos tipos de suministro que existen, y que dichos acuerdos únicamente han derivado en el establecimiento de altos precios de energía eléctrica en perjuicio de los ciudadanos y del sector privado en todo el país, en cada uno de los estados.

El sector industrial, a lo largo y ancho de la República, ha resentido los aumentos en las tarifas eléctricas de hasta en un 125 por ciento, y en algunos casos puntuales incluso ha llegado a los roces del 200 por ciento en el crecimiento anualizado.

Esto, como ustedes lo pueden entender, es una situación insostenible.

Han expresado de manera pública las autoridades de la Comisión Nacional de Energía a la propia Comisión Federal de Electricidad y han sido simplemente desoídos, no les han hecho caso.

Miren, aquí tengo cinco ejemplos solamente de los muchos, muchísimos que hay en todo el país.

En algunos casos, de año a año, tenemos 87, 82, 89, 70 por ciento de crecimiento en los recibos. Para hablar en términos de pesos, a negocios pequeños y medianos les ha crecido de un año a otro en cantidades que pueden variar hasta los 400 mil pesos de lo que pasaba de un año al otro, esto evidentemente es insostenible, va acabar por tener en este país que verse el cierre de negocios por razones del pago de los recibos de energía eléctrica.

Esto es algo que es tan importante como el punto que acabamos de tocar. No se puede seguir consistiendo.

El sector empresarial coincide en que de continuar esta alza, precisamente, se generará inhibición de la inversión y generará repercusiones negativas en los empleos.

Adicionalmente al alza de tarifas industriales, trae como consecuencia, por cierto, un incremento en la inflación, porque evidentemente que aquella empresa, aquel prestador de servicios que no pueda sostener, pues su planta laboral o su empresa, tendrá que repercutirlo o intentar repercutirlo en el precio y esto generará una inflación y un deterioro para toda la población.

Por eso es que en el grupo parlamentario del PAN, como lo ha sido en muchos otros, estamos realmente preocupados y se propone, digamos, que soportar, reforzar lo que ya se viene haciendo desde la propia Comisión de Energía, donde tenemos la convocatoria hecha para este próximo 30 de octubre, a las seis de la tarde, para que los funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad puedan asistir al Pleno de la Comisión de Energía y den cuenta no solamente de aquello que causa el incremento, sino cómo vamos a hacer para que ese incremento se revierta en beneficio de la población en general y, por supuesto, de las empresas, y con ello de la planta productiva de este país.

Las empresas chicas y medianas en el país generan casi el 80 por ciento de los empleos en nuestra nación y esto que está sucediendo le está pegando, precisamente, al 80 por ciento de la población empleada aquí en nuestro país.

Por tanto, el punto de Acuerdo es:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda el aumento a las tarifas para el sector industrial y el de servicio doméstico.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a efecto de tomar las medidas pertinentes para establecer una metodología que determine el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas para que sea clara, asequible, accesible, oportuna, justa y sostenible a efecto de brindar certeza a los usuarios del sector industrial y a los usuarios en general.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Rementería del Puerto. Túrnese a la Comisión de Energía.

Senador Zamora, para adherirse; Senador Añorve, Senador Miguel Ángel Navarro, los Senadores Dante Delgado, Hoeflich y Quiñonez. El Senador Julen Rementería acepta las adhesiones. Gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a promover la minería responsable en México.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los invito a hacer una reflexión.

¿Se imaginan la vida en la actualidad sin computadoras o celulares?, ¿pueden imaginar un día normal sin edificios, puentes o carreteras, sin vehículos particulares o de transporte público?

Ahora imaginen un hospital sin jeringas, camillas, sillas de ruedas o instrumental quirúrgico, sería bastante complicado.

Todo lo anterior lo digo, por supuesto, porque los hospitales, las escuelas, los barcos, los aviones y la comunicación vía satelital serían imposibles sin la existencia de los metales que se extraen con la minería.

Esta actividad representa un motor económico y de desarrollo para México, contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, además, constituye una importante fuente de empleos.

Nuestro país ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; Taxco, en Guerrero, ha sido un claro ejemplo de la capacidad platera nacional; además, México es uno de los 10 principales productores a nivel mundial de 16 diferentes minerales, incluyendo plomo, zinc, grafito, yeso, oro y cobre.

Sumado a lo anterior, la minería en México contribuye de manera importante a los ingresos fiscales nacionales, los que se destinan a diferentes programas sociales conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado cada año por la Cámara de Diputados.

También la industria minera en México ha aportado al Fondo Minero más de 6 mil millones de pesos para infraestructura y obras sociales en estados mineros como Hidalgo, Sonora, Coahuila, Guanajuato y Guerrero.

Como podemos observar, la actividad minera es de suma importancia para los mexicanos, por lo que nos corresponde a nosotros, como representantes populares, pugnar porque los actuales y futuros proyectos mineros en la República Mexicana, funcionen en concordancia con los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por México; además, deben ser responsables socialmente, promover el bienestar general de las comunidades involucradas directa o indirectamente, procurar la conservación de la salud e implementar acciones de protección al medio ambiente.

Todos estos principios son los que caracterizan a la minería responsable y le toca a la Secretaría de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, verificar el cumplimiento del marco regulatorio y promover el desarrollo de la minería responsable en el territorio de la República Mexicana.

El desarrollo económico nacional debe impulsarse respetando al medio ambiente, la vida y la salud de las personas, promover la minería responsable es una forma de conseguirlo.

Las autoridades mexicanas deben mantenerse pendientes del cumplimiento de la legislación en materia de minería e impulsar los proyectos comprometidos con la sociedad y con el medio ambiente. Aquellos que realizan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales con la respectiva retribución de beneficios para la sociedad y la economía local y nacional.

Nuestro país requiere de acciones que sumen voluntades y esfuerzos para seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleos en beneficio de las familias mexicanas, siempre bajo un marco jurídico que garantice las mejores prácticas y controles que aseguren el desarrollo responsable.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de este Pleno el siguiente:

“Punto de Acuerdo.

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a verificar que los proyectos mineros en operación en territorio mexicano, respondan a los principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía local.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar las acciones necesarias para promover la minería responsable en México”.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• La importancia de la minería en México.

En la actualidad es difícil concebir la vida sin una computadora o un celular. Resulta más complicado imaginar un día cotidiano sin edificios, puentes o carreteras, vehículos particulares o transporte público; incluso, es casi imposible imaginar un hospital sin el instrumental médico básico (jeringas, camillas, sillas de ruedas, instrumental quirúrgico).

Hospitales, escuelas, barcos, aviones y la comunicación vía satélite serían imposibles sin la existencia de los metales que se extraen de la minería.

La minería representa un motor económico y de desarrollo para México. Contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Además, constituye una importante fuente de empleos, por ejemplo, en el primer semestre del 2015 se generaron 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).1

La industria minera en México es responsable de generar importantes inversiones nacionales y extranjeras. México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo. Además es uno de los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.2

Sumado a lo anterior, la minería en México contribuye de manera importante a los ingresos fiscales nacionales que una vez captados, se destinan a diferentes programas sociales conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado cada año por la Cámara de Diputados. La minería está sujeta al pago de diversos impuestos, contribuciones y derechos.

Por ejemplo, paga impuestos sobre la renta (ISR) de 30%; un impuesto sobre los derechos de minería de 7.5% sobre los ingresos brutos; un impuesto minero especial de 7.5% sobre la utilidad y otro extraordinario de 5% sobre los ingresos por la venta de oro, plata y platino. A lo anterior se adiciona el pago de derechos mineros por uso de concesión. Tan sólo en los tres primeros trimestres del año 2017 la minería pagó por concepto de ISR 23 mil 877 millones de pesos, monto 82.1 por ciento superior a lo aportado en el mismo periodo de 2016.3

La industria minera en México ha aportado al Fondo Minero (creado en 2014) más de 6 mil millones de pesos para infraestructura y obras sociales en estados mineros. Adicionalmente, solo en 2017 la minería invirtió 4,169 millones de pesos en favor del medio ambiente y obras sociales.4

• Uso del derecho para promover el desarrollo organizado.

Hace algunos siglos, sectores de la sociedad se oponían al uso del vapor para mover grandes máquinas que hacían posible transportar personas y mercancías en menor tiempo y reduciendo esfuerzo. Detener en ese momento el desarrollo, nos hubiera impedido enviar personas a la luna, renunciar a la idea de instrumentos como los satélites, el internet o los aviones que cuando se requiere, han llevado ayuda a las zonas afectadas por desastres.

El desarrollo debe impulsarse con responsabilidad, regularse y someterse al derecho para que avance en armonía a otros bienes jurídicos protegidos como la vida, la salud, el medio ambiente y la economía.

Sobre la minería, como actividad productiva, se ejerce un amplio control jurídico a través de diferentes autoridades. Por su naturaleza y las actividades con las que se relaciona, les son aplicables diversas normas de distintos ordenamientos, por ejemplo legislación ambiental, fiscal, administrativa y laboral.

Los proyectos mineros son sujetos regulados jurídicamente y no pasan desapercibidos para el derecho ni para la sociedad. Fortalecer el régimen jurídico que ya los obliga a actuar de manera responsable, los compromete a respetar al medio ambiente, beneficiando directa e indirectamente a las comunidades aledañas, es más favorable que prohibir su existencia.

No se puede hacer responder jurídicamente a un sujeto que no existe para el derecho. Por el contrario, las actividades que son reguladas, tienden a un desarrollo jurídico, económico y social más ordenado. El derecho los obliga a garantizar su buen funcionamiento otorgando fianza previa a su instalación, y en caso de negligencia o mala operación del proyecto, se les obliga a indemnizar a los afectados y, en su caso, revertir los daños al medio ambiente.

• Minería responsable.

Los actuales y futuros proyectos mineros en la República Mexicana deben funcionar en concordancia con los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por México. Además, deben ser responsables socialmente, promover el bienestar general de las comunidades involucradas directa o indirectamente, procurar la conservación de la salud e implementar acciones de remediación al medio ambiente. Los principios anteriores son los que caracterizan a la minería responsable.

En México las autoridades deben fortalecer acciones para garantizarnos a todos los ciudadanos, que las actividades mineras se desarrollan bajo una perspectiva de responsabilidad. Para ello, deben constatar que los proyectos mineros cumplen con los principios de responsabilidad y bienestar social, respeto a los derechos humanos, generación de empleos y beneficio para la sociedad.

En este sentido, se debe hacer cumplir la ley y prohibir los proyectos mineros que no cumplan con los máximos legales establecidos en la legislación vigente; y al mismo tiempo, apoyar y promover el desarrollo de la minería responsable en nuestro país.

Con fundamento en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal (LOAPF), en los temas de minería, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

“IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;” [Énfasis añadido]

Por su parte, la Secretaría de Economía, conforme el artículo 34 de la LOAPF, es la autoridad competente para formular y conducir la política nacional en materia minera:

“Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III.- Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;

[…]

XXVII.- Formular y conducir la política nacional en materia minera;

[…]

XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar;

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, […]”. [Énfasis añadido]

Con fundamento en las disposiciones citadas se concluye que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son las autoridades competentes para verificar el cumplimiento del marco regulatorio, y promover el desarrollo de la minería responsable en el territorio de la República Mexicana.

El desarrollo económico nacional debe impulsarse respetando al medio ambiente, la vida y la salud de las personas. Es necesario comprometer a toda la industria para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de minerales, de manera responsable.

Las autoridades mexicanas deben mantenerse pendientes del cumplimiento de la legislación en materia de minería e impulsar los proyectos comprometidos con la sociedad, con el medio ambiente, aquellos que realizan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales con la respectiva retribución de beneficios para la sociedad y la economía local y nacional.

El cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser coincidente con el desarrollo económico. Promover la minería responsable es una forma de conseguirlo.

Nuestro país requiere de acciones que sumen voluntades y esfuerzos para seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleos, en beneficio de las familias mexicanas, siempre bajo un marco jurídico que garantice las mejores prácticas y controles que aseguren el desarrollo responsable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar que los proyectos mineros en operación en territorio mexicano, respondan a los principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía local.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para promover la minería responsable en México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Manuel Añorve Baños.

1 Secretaría de Economía. Acciones y programas. Disponible en
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria [Consulta realizada el 22 de agosto, 2018]

2 Ídem.

3 CAMIMEX. Disponible en
http://outletminero.org/la-industria-minera-ha-pagado-por-isr-casi-24-mil-millones-de-pesos-al-tercer-trimestre-de-2017/ [Consulta realizada el 22 de septiembre, 2018]

4 Ídem.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Manuel Añorve Baños. Se turna a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Delgadillo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo, por el que se solicita garantizar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes en México.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores. Senadoras y Senadores:

El día de hoy quiero hablar de un tema que es muy importante y que compartimos muchas naciones.

El día de hoy quiero hablar a ustedes de la migración y el papel que ha jugado nuestro país frente a un fenómeno, que como lo dije, se vive en todos los países del mundo.

Lo primero que tenemos que entender es que los niños, las mujeres, los hombres que son migrantes, no se van de su país porque quieren hacerlo, se van porque en su país no pueden encontrar las oportunidades suficientes para tener una vida digna, para salir adelante.

Y quiero poner esto en contexto, porque en este momento, mientras que yo estoy en este espacio, en esta tribuna, una caravana compuesta por más de tres mil migrantes hondureños se encuentra en la frontera de México con Guatemala, dejando su hogar por la situación que encuentran en su país, entre muchas cosas, por un golpe de Estado que vivieron hace algunos años, por un fraude electoral también que enfrentaron hace tiempo y, sin duda, por un gobierno que ha sido incapaz de brindarles las condiciones para tener una vida plena.

Aquí les quiero mostrar cómo se ve la caravana migrante de nuestros hermanos hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.

Ante esta realidad, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fiel a su conocida política de “cero tolerancia” y a su discurso de odio hacia los migrantes, le ha pedido al gobierno de Honduras que detenga la caravana migrante condicionando el darle los apoyos económicos que recibe este país.

Y les muestro este tuit del Presidente de Estados Unidos, que dice: “Si la caravana de gente que se dirige a los Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no se le dará más dinero ni apoyo a Honduras”.

Y hoy por la mañana, a través de un tuit, el mismo Presidente de los Estados Unidos le ha exigido a nuestro país que “detenga y que no deje pasar la caravana por nuestro territorio”, y además amenazó con mandar al Ejército norteamericano a cerrar la frontera norte.

“En el más fuerte de los términos, debo pedir a México que detenga este ataque y si no pueden hacerlo, llamaré al Ejército de los Estados Unidos y cerraremos nuestra frontera sur”.

En Movimiento Ciudadano, en nuestro movimiento tenemos claro que Donald Trump no puede exigirle esto ni a México, ni a Honduras, ni a ningún otro país; porque hacerlo es intervenir en la política exterior, pero es intervenir también en la soberanía de las naciones.

Este gobierno tiene que despertar y tenemos que dejar por un lado esa vocación de ponernos de tapete frente a Donald Trump y debemos comenzar a alzar la voz por nuestros migrantes y por los migrantes latinoamericanos.
Tenemos que hacer valer nuestra soberanía.

Los migrantes hondureños comparten algo con nuestros migrantes mexicanos, ellos de verdad no quieren vivir en otro país, ellos salen por la falta de oportunidades, porque tienen condiciones que ponen a veces en peligro su vida y porque no pueden encontrar herramientas para sacar adelante a su familia.

Por eso el día de hoy quiero presentar ante ustedes un exhorto, para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores detenga cualquier amenaza que ponga en peligro los derechos humanos de los migrantes en nuestro país, para que permita el paso de la caravana migrante y que haga todo lo que está en sus manos para garantizar su seguridad, el respeto a sus derechos humanos y la dignidad de los migrantes centroamericanos en su paso por México, para que el Instituto Nacional de Migración brinde el apoyo y la asistencia que requiere la caravana migrante; para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos observe todo este proceso y que garantice el respeto a sus derechos.

Señoras y señores, nosotros estamos convencidos, y creo que muchos de ustedes también, que México no puede ser “candil de la calle y oscuridad de su casa”; que nosotros no podemos exigirle al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que respete los derechos de los migrantes mexicanos, cuando en México no se garantiza el derecho de los migrantes centroamericanos.

México debe ser un ejemplo internacional de solidaridad, y de trato humanitario a todos los migrantes, y ésta es una gran oportunidad para ser congruentes, para también cumplir con la responsabilidad internacional que tenemos.

Quiero concluir mandando un mensaje muy claro a nuestros migrantes mexicanos, pero también a los migrantes centroamericanos, a los migrantes que van a estar de paso por México.

Quiero decirles que no están solos, estamos del mismo lado.

En Movimiento Ciudadano, y espero que en muchos otras fracciones emprendamos una lucha para acompañarlos, para acompañar su caravana y garantizar sus derechos fundamentales y para decirles muy en claro que aquí sí son bienvenidos.

La seguridad y la dignidad de los seres humanos no pueden regatearse en ningún momento y tampoco puede ponerse en espera. Tenemos que darle a los migrantes lo que exigimos a Trump y hacerlo ya.

Por eso pido que este exhorto de manera respetuosa se someta a votación como un exhorto de urgente resolución.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El pasado 12 de octubre cerca de 2 mil mujeres, hombres, niñas y niños de nacionalidad hondureña iniciaron un largo recorrido rumbo a Estados Unidos, con la finalidad de encontrar mejores condiciones que les permitan tener una mejor calidad vida, ya que en su país de origen no han podio ser garantizadas por diferentes factores. Ante este fenómeno, autoridades mexicanas y norteamericanas han establecido una serie de posturas en contra del objetivo de estas movilizaciones masivas de migrantes, tanto para evitar el ingreso y recorrido por México, así como evitar que se logre una posible llegada a la frontera de Estados Unidos.

Por parte del gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración se ha señalado que no se permitirá el ingreso a México a quiénes no cuenten con la documentación necesaria para poder hacerlo, como es el caso de una visa vigente. Además, se han implementado operativos con policías federales, militares y agentes de migración en la frontera sur.1

Por otro lado, a través de una declaración del presidente de Estados Unidos quedó plasmada la amenaza en contra del gobierno de Honduras, ya que se dejaría de enviar apoyo humanitario y económico si no era detenida la caravana de migrantes.2

II. La situación que esta viviendo el pueblo hondureño no responde a una decisión voluntaria, se encuentran bajo una crisis humanitaria al ser forzados a desplazarse a otro país en busca de mejores condiciones de vida.

Recordemos que México debe de reconocer, proteger y garantizar el derecho de toda persona que se encuentre dentro de territorio mexicano, sin importar la calidad jurídica en que se encuentre su nacionalidad.

Por el simple hecho de encontrarse en nuestro país nuestra constitución vela por los derechos de las personas migrantes:

“Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.”3

Bajo en el entendido que toda persona cuenta con la protección constitucional es fundamental comprender que el libre tránsito debe ser otro de los derechos garantizados por las autoridades mexicanas, por lo que no deberá ser impedido a menos de una situación judicial que lo amerite.

De forma similar el derecho a la atención consular, a no ser discriminado, al asilo o refugio, son una serie de derechos que el gobierno mexicano debe de garantizar a las personas que se encuentren en tránsito en nuestro país. El simple hecho de se migrante no debe de suponer razón suficiente para criminalizar a las personas que se encuentren en esta situación, por lo que “ser migrante no implica ser delincuente”4 sino que el trato que se le proporcione debe girar en torno a la dignidad humana.

Bajo el entendido anterior, es fundamental que las autoridades mexicanas salvaguarden la dignidad humana de toda persona migrante en el país, sin menoscabar en la atención que se requiera, ofertando alojamiento digno y una hospitalidad solidaria.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación para que a través de las autoridades migratorias y de seguridad pública, sean respetados los derechos humanos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacia toda persona sin importar su calidad jurídica que guarda su nacionalidad, en particular de aquellos que se encuentran en la Caravana de migrantes originaria del país Honduras.

SEGUNDO. Se exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado Mexicano fije postura en contra de cualquier amenaza internacional que vulnere los derechos humanos de toda persona migrante, así como en contra de la crisis humanitaria que esta ocasionando el desplazamiento forzado en Honduras.

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar acciones de observancia, seguimiento, evaluación y monitoreo en relación a los derechos de las personas migrantes que se encuentran en tránsito en nuestro país, así como de llevar a cabo la investigación de los hechos que constituyan posibles violaciones graves de derechos humanos en contra la Caravana de migrantes hondureños.

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Caravana de migrantes: Trump amenaza a Honduras por el grupo de 2.000 personas que se dirigen a Estado Unidos, Alberto Nájar, BBC News Mundo, México,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45883701

2 Ibidem.

3 Derechos de las Personas Migrantes, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH,
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

4 Ibidem.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Delgadillo García.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, Senadora, antes de pasar a la votación.

Senadora Vanessa Rubio.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente yo quiero reiterar que nuestra bancada está a favor del exhorto de defender siempre los derechos humanos, en este particular, el derecho de los migrantes hondureños y a favor de exigir siempre el respeto irrestricto de cualquier gobierno, en este caso de Estados Unidos, a nuestra soberanía.

Pero, pregunto, a la Senadora proponente, si estuviera de acuerdo en que en el texto que acaba de presentar se eliminen los juicios de valor hechos en contra del gobierno hondureño, esto en respeto a los principios de política exterior de México, y en ese sentido estaríamos nosotros votando a favor del punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, solamente por procedimiento, primero vamos a consultar si se considera de urgente resolución, si no se considerara de urgente resolución lo turnaríamos a comisiones, y en las comisiones se daría la discusión.

Si se considera de urgente, entonces, procederá la respuesta de la Senadora sobre su solicitud de modificación del punto.

Adelante, señora Secretaria.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora ya se votó. Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Delgadillo.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Habría la posibilidad de que esta votación se pueda hacer nominal, por el número de los asistentes.

Estoy en mi derecho, Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aún y cuando es evidente para esta Mesa Directiva que no se reunieron las dos terceras partes, vamos a abrir el tablero para que se haga la votación, por tres minutos.

(Votación)

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Senadoras y Senadores, en virtud del resultado, no es de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Con el objeto de que puedan tomarse en cuenta los diversos matices que algunas Senadoras han expresado, y también de que se resuelva lo antes posible, se turna este punto a la Junta de Coordinación Política.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Muchas gracias. Señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy quiero abordar un tema que nos concierne a todas y a todos, porque es una degradación de la humanidad, es un tema que desgarra nuestro tejido social y sólo favorece la violencia y el crimen organizado, estoy hablando de la injusticia, la indignación, la esclavitud, la explotación sexual, en general, la trata de seres humanos.

Esta conducta es una atrocidad, no tiene lugar en un mundo civilizado, no debiera tener cabida en México.

Por eso suscribimos, junto con 147 países, la Convención de Palermo, comprometiéndonos a combatir la trata en forma integral.

Por eso, con el fin de homologar nuestro ordenamiento jurídico al referido instrumento internacional, se creó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Las entidades federativas tienen el deber de armonizar sus leyes a la Ley General.

Como país hemos intensificado nuestros esfuerzos.

He conocido mujeres que soportaron un horror indescriptible, cuya inquebrantable voluntad, carácter y capacidad de resiliencia, me recordaron que este círculo se puede romper, que las víctimas no sólo llegan a ser sobrevivientes, sino que se convierten en líderes.

Sin embargo, con estimaciones de más de medio millón de víctimas de trata de personas en nuestro país, tenemos mucho que hacer.

En este sentido, lo que nos debe unir y definir como enemigos de esta deplorable conducta no es la cantidad de incidencias y víctimas que tengamos en nuestros estados, lo que nos debe unir y definir como enemigos de la trata es, más bien, cómo estamos respondiendo a estos retos.

Por eso solicito a esta Soberanía exhorte a los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Resulta verdaderamente alarmante que después de más de 19 años de haber suscrito el Convenio de Palermo, y 6 años de haberse publicado la ley general, no todas las legislaturas hayan homologado, armonizado sus ordenamientos en la materia.

Le consecuencia es insoportable, pues, deja en un estado de indefensión a las víctimas. No sólo previene y fomenta la impunidad.

Por eso, lo único que pido esta tarde a esta Soberanía es exhortar a estos estados para que cumplan con los compromisos que hemos hecho por México con el mundo y con la ciudadanía.

Con ello, no sólo se pretende unificar y homologar las normas en materia que nos ocupa, sino incorporar por primera vez en estos estados la legislación correspondiente.

La lucha contra la trata de personas es una de las grandes causas de los derechos humanos de nuestros tiempos.

Combatirla no es tarea fácil, pero estos pasos nos pondrán en el camino adecuado para lograr nuestro cometido.

Por eso someto a consideración de esta Soberanía la proposición como punto de Acuerdo de urgente resolución por la que se exhorta a los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Es cuanto, señor Presiente.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita Senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIHUAHUA Y MORELOS, PARA QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La trata de personas es un fenómeno delictivo presente en México y que se encuentra extendido en el mundo. Cabe resaltar que se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y armas; acorde a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estima que las ganancias de la referida conducta van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, lucrando de la esclavitud y explotación de unas 27 millones de personas en el mundo.

Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres víctimas de dicha conducta se ubicaron entre 66 y 74%; de niñas, entre 15 y 20%; de niños, entre 12 y 16%, y de varones, entre 3 y 9%. De tal suerte, la población más afectada, y por ende más vulnerable a este delito, fueron las mujeres y las niñas.

Ahora, en México, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000,1 sin embargo, otros estudios calculan que dicha cifra asciende a 70,000,2 de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Por otro lado, las estimaciones del total de las víctimas en el país oscilan entre 50,000 y 500,000 casos.3

Como se puede apreciar, la exactitud de los datos no ha podido ser corroborado, pero los mismos pueden ser un indicador valido, tomando en cuenta la presencia de los grupos del crimen organizado, un crecimiento en los giros negros, así como la creciente oferta de servicios sexuales en México.

Por desgracia, este delito constituye un fenómeno creciente. En nuestro caso, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Aunando a lo anterior, se tiene una dinámica migratoria complicada, atendiendo a la situación geográfica de México, así como el aumento en el intercambio de bienes y servicios derivados de la globalización; situaciones que incrementa la incidencia de la referida acción.

Con el fin de combatir este tipo de conductas se han realizado diversos esfuerzos internacionales, el más importante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre del año 2000, mejor conocido como la “Convención de Palermo”. En conjunto, representantes de 147 países, entre ellos México, se comprometieron a combatir la trata en forma integral, es decir, investigar, disminuir la impunidad, brindar protección, atención y asistencia a las víctimas, e implementar medidas de prevención.

En este sentido, con el fin de armonizar el sistema jurídico nacional con los instrumentos internacionales, a finales de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.4 A nivel local, casi todas las entidades federativas han tipificaron el delito de trata de personas, y muchas de ellas han promulgado leyes especiales.

Después de un gran dinamismo legislativo y social en el tema que nos incumbe, el 14 de junio de 2012, se publicó la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”; misma que sustituyo y abrogo la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Incorporándose, de esta forma, las hipótesis normativas de los instrumentos internacionales al ordenamiento jurídico mexicano.

En este sentido, el tipo base de trata de personas quedo plasmado en el numeral 10, de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.”

Como se puede apreciar, en dicha definición se prevé un catálogo de conductas delictivas, relacionadas principalmente con la captación, transporte, retención y entrega de una persona, y diversas modalidades de explotación a las que atiende la acción de los delincuentes. También se puede concluir válidamente que otras hipótesis normativas contenidas en tipos penales diversos no son capaces de encuadrar la conducta antes mencionada, es decir, no se pueden sancionar como lenocinio, como corrupción de menores, violación, entre otros, como se desgraciadamente sigue sucediendo en ciertos estados de la república.

¿Por qué se tipifican conductas referentes a la trata de personas como otros delitos?, lo anterior surge por diversas razones, sin embargo, las principales son: la falta de armonización legislativa de las entidades federativas y la inaplicación por parte de las instancias de procuración de justicia estatales de la ley federal. ¿Cuál es la trascendencia de que no se armonice la ley federal en las entidades federativas?, no existe un verdadero análisis, investigación, prevención y castigo de la conducta objeto del presente punto de acuerdo, es decir, se deja a las víctimas en un verdadero estado de indefensión.

De tal suerte, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, estableció condiciones para poder establecer que se ha homologado o armonizado la ley federal en la materia, mismas que se transcriben a continuación:

I. Las entidades federativas han emitido una nueva Ley o su marco legal se ha reformado expresamente para armonizar con la Ley General, y

II. Han derogado el tipo penal de sus códigos; de su Ley local en la materia o sus códigos penales remiten a la Ley General.

Condiciones necesarias para poder cumplir de manera cabal con los compromisos establecidos en el convenio de Palermo, así como para velar con los derechos de las víctimas y que el delito no quede impune. En este sentido, y no obstante los constantes esfuerzos del estado mexicano y del legislativo federal existen varios estados que no han realizado la labor de armonización correspondiente con la nueva ley, así como con los instrumentos internacionales. Los estados de la republica que no han realizado el referido esfuerzo son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos.

Como consecuencia, existen diversas dificultades para poder investigar, prevenir y castigar estas conductas. Por una parte, el desconocimiento que persiste sobre el tema por parte de las autoridades y, por otro lado, la falta de mecanismos legislativos para incorporar o remitir a la nueva ley en relación con trata de personas, refuerza la incompetencia de los órganos de procuración de justicia para encuadrar la conducta pertinente; y no una que pudiera considerarse análoga.

Resulta verdaderamente alarmante que, a más de 19 años de haberse suscrito el Convenio de Palermo, no todas las legislaturas estatales han homologado o armonizado sus ordenamientos en la materia, lo que deja en un estado de indefensión a todas las víctimas, más aún en el contexto de violencia y auge de dichas conductas que se registra en gran parte del territorio nacional.

Por las razones aquí expuestas, es pertinente realizar un exhorto a los congresos de las Entidades Federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos), para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo.

1 Secretaría de Turismo/Universidad del caribe, Propuesta técnica para las asesorías para identificar los factores que permiten la trata de personas en el Sector Turístico (…). México, ap. III, t. I, 2011, p. 24, con más referencias (en lo sucesivo: Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica)

2 Fondation Scelles, Rapport mondial…, p. 101

3 Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica, p. 7.

4 Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2007. Esta ley fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2011, por el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 5 y 13, en relación con los anuncios publicitarios que fomenten la trata de personas

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo. Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.






Recibimos en la Mesa Directiva la proposición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología, el cual, ha solicitud de los proponentes, se turna a la Comisión de Salud.

Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA DUPLICAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 LOS RECURSOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Y A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER INFANTIL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud es un requisito necesario para el bienestar de las familias y de las naciones. Una sociedad saludable es una sociedad preparada para enfrentar los retos de la vida moderna y participar activamente en el desarrollo nacional.

En los últimos años se han logrado avances importantes en diversos aspectos del sector salud. Han disminuido la mortalidad materna e infantil, así como los casos de dengue, mientras que ha aumentado la cantidad de personas que tienen acceso a las vacunas y a la seguridad social. Sin embargo, las enfermedades no transmisibles han presentado un notable incremento. Las enfermedades del corazón, las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes mellitus son las tres primeras causas de mortalidad en la población general.1

Asimismo, los tumores malignos se mantienen como la cuarta causa de mortalidad. Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. El cáncer de próstata se mantiene como la primera causa de muerte en hombres mayores de 50 años. Y aunque en los últimos 10 años los casos de cáncer cérvico-uterino han disminuido, los de cáncer de mama han aumentado.

Más preocupante aún es el cáncer infantil, que se mantiene como la segunda causa de mortalidad en edad escolar, después de los accidentes. En 2016 hubo 1,022 defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes de 5 a 14 años.2

Se estima que en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan las leucemias, que representan el 52 por ciento del total; linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central 10%.

Para enfrentar esta situación, actualmente se cuenta con el Programa de Acción Específico "Cáncer en la Infancia y Adolescencia" 2013-2018, cuyo objetivo es favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, a través de las siguientes estrategias:3

• Fortalecer la rectoría del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia.

• Promover la capacitación y difusión en materia de cáncer en la infancia y adolescencia.

• Coadyuvar en el fortalecimiento de los sistemas de información en salud relacionados al cáncer en la infancia y adolescencia.

• Fortalecer las acciones de Sigamos Aprendiendo en el Hospital para la atención integral de pacientes con estancia prolongada en el hospital.

En línea con estas estrategias, el gobierno federal ha realizado recientemente diversas acciones para combatir el cáncer infantil:

En febrero de 2017 los titulares de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer y revisar las acciones de prevención, presupuesto, desarrollo de infraestructura, atención médica, adquisición y dotación de medicamentos del Programa de Cáncer Infantil.4

En abril de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Registro Nacional de Cáncer, que recabará toda la información de los pacientes con esta patología como el número total de enfermos, tipos de cáncer, edades, género, diagnóstico, tratamiento y sus resultados, con el fin de focalizarla para la asignación de recursos y programas.5

De 2013 a 2018 se han atendido 11 mil 725 casos de cáncer infantil con recursos del Seguro Popular. A través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cubre 15 tipos de cáncer en niñas y niños mexicanos, entre los que se encuentran: hematopatías malignas, tumores sólidos del Sistema Nervioso Central, linfoma de Hodgkin, Osteosarcoma, leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda, entre otros.6

A pesar de estos importantes avances, persisten retos importantes. En México solamente existen 27 centros estatales de oncología y cancerología. Asimismo, hay sólo 237 especialistas en oncología pediátrica y 420 oncólogos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología.7

Estos recursos humanos y materiales sin duda resultan insuficientes para atender la demanda nacional de servicios especializados de atención del cáncer infantil. También se requiere fomentar estilos de vida saludable para prevenir el cáncer infantil, evitando riesgos como la exposición al humo de tabaco, los alimentos chatarra y la falta de ejercicio.

Asimismo, es necesario fortalecer las acciones para el diagnóstico oportuno, a fin de detectar el cáncer en sus primeras etapas, en las que existe mayor facilidad y menores costos de atención, lo que implica una menor probabilidad de complicaciones que produzcan discapacidad o muerte de las niñas y niños afectados.

Para que sea posible fortalecer estas acciones, es necesario contar con los recursos presupuestarios suficientes, no solo para mantener la infraestructura actual de atención del cáncer, sino para desarrollar continuamente nuevas capacidades, enfrentar los retos y situaciones imprevistas.

En materia presupuestaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los últimos tres años indica que los recursos asignados a la atención del cáncer, a través del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), representan alrededor del 1% del Gasto Total del Ramo 12 "Salud", como se muestra en la siguiente tabla:8

Ejercicio Fiscal

Gasto Total del Ramo 12 Salud

Instituto Nacional de Cancerología

Proporción (INCAN/Ramo 12)

2016

132,216,881,794

1,607,617,333

1.21%

2017

121,817,532,748

1,072,369,744

0.88%

2018

122,557,337,320

1,243,107,539

1.01%

Fuente: SHCP

A fin de contar con los recursos necesarios para la atención del cáncer infantil y para la operación del INCAN en condiciones óptimas, se requiere duplicar los recursos asignados para este fin en el PEF.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra en el proceso de elaboración del Proyecto de PEF 2019 y debe remitirlo a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre de 2018, para ser aprobado antes del 31 de diciembre.

Por ello proponemos exhortar primeramente a la SHCP y posteriormente a la Cámara de Diputados, a duplicar los recursos asignados al INCAN y a los programas de prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil en el PEF 2019.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se dupliquen, con respecto al ejercicio fiscal 2018, los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas presupuestarios relacionados con la prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se dupliquen, con respecto al Ejercicio Fiscal 2018, los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas presupuestarios relacionados con la prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

1 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf

2 Idem.

3 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico "Cáncer en la Infancia y la Adolescencia" 2013-2018
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf

4 Secretaría de Salud. Comunicado 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. 7 de febrero de 2017
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria
-de-salud-imss-e-issste

5 Secretaría de Salud. Comunicado 179. El Registro Nacional de Cáncer permitirá políticas públicas más fuertes
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es

6 Secretaría de Salud. Comunicado 064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 11 mil casos de cáncer infantil. 15 de febrero de 2018
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil

7 La Jornada. Hay en el país pocos expertos en oncología pediátrica, lamentan. 3 de febrero de 2018
https://www.jornada.com.mx/2018/02/03/sociedad/030n1soc

8 SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación. Análisis Económico Administrativo. Ramo 12 Salud
2016: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/12/r12_aae.pdf
2017: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/12/r12_aae.pdf
2018: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/12/r12_aae.pdf

(Intervención de la Senadora Gabriela Benavides Cobos)








Recibimos de la Senadora María Antonio Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, el cual se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género, a solicitud de la proponente.

MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la H. Asamblea, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FORTALECER LOS MECANISMOS Y LAS ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DESTINADAS A REDUCIR LOS FACTORES Y CONDICIONES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, EN EL MARCO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, QUE SE CONMEMORA EL PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con los especialistas, la violencia contra las mujeres y niñas, es un atropello a sus derechos humanos, lamentable consecuencia de discriminación que se refleja en la práctica cotidiana de la realidad; es decir, acentúa las desigualdades por razones de género; condición que se puede revertir a través de acciones de prevención, entre otras medidas.

La Organización de las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".1

El 17 de diciembre de 1999 a través de su resolución 54/134, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, estableció el día 25 de noviembre, en conmemoración de los lamentables hechos sucedidos por el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal; Patricia, Minerva y María Teresa, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del entonces Presidente dominicano, Rafael Trujillo.2

Así, el 25 de noviembre de cada año, la comunidad mundial, celebrará el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer”, con el propósito entre otros, de hacernos conscientes de que aún existen condiciones de desigualdad entre géneros, a partir de actitudes patriarcales, machistas y misóginas, arraigadas en, patrones culturales, normas sociales, valores, estereotipos negativos, que normalizan la violencia, generando todo tipo de impunidad.

Lo anterior nos impone redoblar esfuerzos que fomenten el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que permitan transformar los modelos y o patrones socioculturales de conducta a través de la programas y acciones de educación formales e informales por ejemplo en los diversos niveles educativos; así como capacitando en materia de derechos humanos a todo funcionario o servidor público responsable de la procuración de justicia y de igual manera el ofrecimiento de servicios especializados de calidad, que permitan atender y proteger a las mujeres y niñas objeto de violencia; entre otras tantas acciones afirmativas, para combatir y erradicar esta lamentable condición de violencia contra las mujeres, impulsando medidas para una mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres en todos los ámbitos de la actividad humana.

De acuerdo con Antonio Guterres, actual Secretario de la ONU, datos:

…“referidos a 87 países y, recolectados entre los años 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, a o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores al ser consultadas sobre este asunto.

En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones”.3

La Organización Mundial de la Salud, en noviembre de 2017, publicó estimaciones mundiales que indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida y, un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina, generando entre otros aspectos, altos costos sociales y económicos con efectos en toda la sociedad.4

México, no es la excepción, en contraste y conforme a los resultados ofrecidos por el INEG en su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, muestran que5:

 De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual.

En la encuesta nacional en cita, se destacan 10 entidades federativas, por encima de la media nacional: la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California; ya sea por la violencia total ejercida a lo largo de la vida, o por la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses de octubre de 2015 a octubre de 2016.

Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 2 de julio del presente año, dio a conocer, el Noveno Informe Periódico de México, que presentó al Comité de expertos para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW) de las Naciones Unidas, en el contexto de 70 periodo de sesiones del citado Comité, que se realizado del 2 al 20 de julio en Ginebra, Suiza.

Con base en información oficial, el informe destaca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (Ineg), del mes de enero de 2015 a diciembre de 2016 se registró un total de cinco mil 118 defunciones de mujeres por homicidio, cifra que promediaba siete asesinatos femeninos al día.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018 registran un aumento en el número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso de 2015 a 2017 y en enero de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres”, lo que significa que “en el primer mes del año se registraron en promedio casi nueve asesinatos de mujeres al día”.6

Por ello, resulta de la mayor importancia e incluso vital impulsar medidas para una mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres en todos los ámbitos y niveles institucionales de gobierno.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, hace un respetuoso exhorto a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, a fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal.

1 http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/

2 http://elnacional.com.do/hoy-se-cumplen-57-anos-del-asesinato-de-las-hermanas-mirabal/

3 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

4 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

6 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-resum-CEDAW-2018.pdf






Tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Álvarez Icaza, para presentar un punto de Acuerdo en conmemoración de los 17 años de la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa Plácido.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la Asamblea:

Hace 20 años, la Organización de las Naciones Unidas aprobó un instrumento que está cumpliendo ya los 20, que es la declaración, conocido probablemente en términos populares, como la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, el derecho a defender los derechos humanos.

Eso se hizo en el marco de los 50 años de la Declaración Universal.

Se ha puesto como contenido sustantivo a la democracia la vigencia de los derechos humanos de todas y todos, y la evolución de esa línea de pensamiento ha llevado a reconocer el derecho a defender los derechos humanos.

Y ¿Por qué así? Porque las y los defensores de derechos humanos se han convertido en una pieza clave, centinelas, baluartes de nuestra democracia. Muchos de ellos, con su vida, han contribuido a garantizar la dignidad, han contribuido a la justicia, a la paz de muchos grupos que están en situación de vulnerabilidad: trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, víctimas de trata.

Hoy estamos evocando la memoria de una de esas personas, de Digna Ochoa, que prácticamente, el día de mañana se cumplen 17 años de su muerte, y es una buena ocasión para traer a cuenta, en el debate nacional, lo que sucede con las y los defensores de derechos humanos en nuestro país y en otras regiones, pero en particular, en nuestro país.

Déjenme darles algunos datos. En enero de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó un informe sobre la visita a nuestro país.

Y lo que dijo el Relator de Naciones Unidas es que: alrededor de 800 personas defensoras de derechos humanos, 60 por ciento de ellas, mujeres, han sido víctimas de violaciones como desaparición, tortura y detenciones arbitrarias en 24 entidades de la República.

También, el Relator Forst nos dijo: “Que el marco jurídico para la actuación y protección de los defensores y las defensoras en México está absolutamente rebasado e insuficiente”.

El séptimo informe, Defender los Derechos Humanos en México, el sexenio de la impunidad, elaborado por la acción urgente para defensores de derechos humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, nos habló de un registro de 3 mil 967 agresiones y 228 asesinatos en los últimos 12 años.

Por su parte, Global Witness, en su informe anual sobre defensores de derechos humanos en 2017, que se llama: “¿A qué precio?”, señala que México, en 2016, tres personas habían sido asesinadas, mientras en 2017, 15 personas.

El marco de actuación de lo que sucede en nuestro país para las y los defensores es uno de los de mayor riesgo en el continente. Y por eso, recordar hoy a Digna Ochoa, es un acto para recordar y valorar injusticias a las y los defensores que contribuyen.

Digna Ochoa fue una defensora, en Guerrero, que ayudó claramente a la defensa de los bosques, ella defendió a los campesinos ecologistas Cabrera y Montiel.

Ella defendió a las víctimas de la masacre del Charco.

Y ella defendió a quienes estaban en una condición de vulnerabilidad.

Por eso, el día de hoy, a nombre de la Senadora Nestora Salgado y de la Senadora Kenia López Rabadán, estamos proponiendo un punto de Acuerdo que nos sirva no sólo para honrar su memoria, sino para la defensa de los derechos humanos en Guerrero y en todo el país.

El punto de Acuerdo dice:

“Único. El Senado de la República acuerda colocar una placa conmemorativa en la cuña con el nombre de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, como una medida de satisfacción para honrar su memoria a los 17 años de su muerte”.

Queremos honrar las causas de la vida de Digna Ochoa.

En su persona significar y honrar el trabajo de las y los defensores.

Hoy en la tarde, a las 17:00 horas de la tarde, habrá un evento convocado por las y los Senadores que hemos mencionado, y mi persona, justo en ese ánimo, la contribución que hacen las y los defensores de derechos humanos.

Hemos solicitado que se turne a la Comisión de Derechos Humanos, para posteriormente regresar al Pleno.

Les pediremos su apoyo en una señal de sensibilidad de que nos importa, que al Senado le importa lo que hacen las y los defensores de derechos humanos.

Muchísimas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, les informo que iniciamos esta sesión a las 11:18 de la mañana.

Como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta cuatro horas. Ese tiempo ya se ha cumplido.

Para conocer si es posible continuar con los asuntos del Orden del Día, consultaremos a la Asamblea. Por lo que solicito a la Secretaría le consulte, en votación económica, si autoriza continuar con la sesión.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza continuar con los asuntos del Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza continuar con la sesión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La mayoría votó por continuar la sesión.






Vamos a pasar a una segunda ronda de proposiciones. Para ello, tiene el uso de la tribuna el Senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a ser del dominio público el video titulado “Atentado al licenciado Colosio”.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Compañeras y compañeros Senadores:

Hay una interrogante que flota en el aire. El 23 de marzo de 1994 los mexicanos perdimos a un gran hombre, a un gran líder, a Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Y la interrogante es:

¿Quién lo mandó matar?

¿Quién lo asesinó? Pues supuestamente Mario Aburto Martínez, uno que presentaron en la televisión, de bigote, y al otro día presentan a otro Aburto sin bigote, rasurado.

Él era el candidato presidencial del PRI, no era cualquier persona. Por eso es un magnicidio.

Y curiosamente no se indaga, no se llega hacia los autores intelectuales.

¿Quién lo mandó a asesinar?

Bueno, pues hay un video que lo tiene la PGR, el video BTC-01 titulado “Atentado al licenciado Colosio”. Ese video nos va a dar pie para indagar y saber cuántos estuvieron involucrados en su asesinato.

Un solo hombre, surgido de la nada, en medio de un mar de guardaespaldas que traía Colosio, ¿cómo es posible?, ¿cómo es creíble?, lo asesinan y luego, como si nada hubiera pasado, ponen a su candidato presidencial Ernesto Zedillo Ponce de León, sin ninguna trayectoria política, en su vida no fue ni comisario ni regidor, ni Diputado, nada; sin embargo, él es el señor que ponen y lo ponen como Presidente de la República.

El IFAI le está diciendo a la PGR que muestre esos videos.

¿Y qué ocasionó la muerte de Luis Donaldo?

En el Monumento a la Revolución él dio un discurso donde decía que: “Él veía a un México con hambre, un México con sed de justicia; de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirlas; de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, con convicción y con plena confianza declaro: “quiero ser Presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio”.

¿Y qué pasó? Lo asesinaron, lo mataron.

Y luego, seis meses, cuatro días después, asesinan a José Francisco Ruiz Massieu, y también como si nada.

Hubo un asesino solitario que lo estaba esperando, lo mató y ya, y ahí quedó.

Yo lo dije en tribuna en 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era el Presidente de la República, yo dije quién es el autor intelectual de estos crímenes: “Carlos Salinas de Gortari”, él es, él es el autor intelectual de estos crímenes.

Lo afirmo y lo confirmo, y, sin embargo, goza de absoluta impunidad.

A raíz de ahí, en este país, cada quien puede mandar matar a quien quiera, no pasa nada. Esa es la impunidad.

Por eso, aquí presento ante ustedes, ante el Pleno, este punto de Acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la República, a fin de retirar el carácter de clasificado al expediente de la investigación del caso de Luis Donaldo Colosio, cerrado y turnado al Archivo General de la Nación, en noviembre del año 2000.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la República para hacer del dominio público el video BTC-01, titulado “Atentado al Licenciado Colosio”, ya que es de profundo interés para la sociedad mexicana, conocer la verdad histórica de los hechos y marcar uno de los momentos más importante para la vida política moderna de nuestro país.

Tercero. El Senado de la República se suma a la instrucción del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, plasmada en el resolutivo con número de folio 0001700183518, expediente RRA 5480/18”.

Con este punto de Acuerdo vamos a poder lograr los mexicanos tener mayor información de lo ocurrido en Lomas Taurinas.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Salgado Macedonio. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Al no haber oradores ni oradoras.

Senador Castañeda Hoeflich, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que nosotros estamos a favor de una serie de información que tiene que ser del dominio público, sería un absurdo decir que no, sobre todo cuando se trata de algo que pudo haber cambiado la historia política de este país.

Nosotros tenemos, por supuesto, una posición política al respecto, pero también una posición de carácter personal, toda vez que el hijo de Luis Donaldo Colosio es Diputado Local por Movimiento Ciudadano, de tal suerte que es un asunto de elemental solidaridad.

Pero no quiero dejar de mencionar que me parece que es obligado hacerlo, sobre los criterios bajo los cuales este Senado de la República, considera lo que es de urgente resolución.

Se acaba de rechazar ahorita, justamente, un punto de Acuerdo de la Senadora Verónica Delgadillo, con algo que estamos viviendo justo en este momento, donde rondan una serie de amenazas sobre la integridad física de los migrantes centroamericanos, y este Senado de la República considera que ese tema no es de urgente resolución.

Más allá del tema en particular, yo lo que quiero hacer es un llamado a la reflexión de todas mis compañeras Senadoras y Senadores, para saber lo que es de urgente resolución.

Y podemos decir, quizás en este país todo sea de urgente resolución, porque tenemos retrasos impresionantes en muchísimos temas.

La Senadora Nancy acaba de plantear un tema que por supuesto es de urgente resolución, para la armonización de la legislación local en materia de trata de personas, y resulta que para este Senado de la República ese no es un tema de urgente resolución.

Hasta aquí mi comentario, con mucho respeto y solidaridad para los temas que se han tratado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Se reconoce el valor de su reflexión.

Al no haber más oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a establecer la reducción a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a gasolinas en el proyecto de la Ley de Ingresos para 2019.

El Senador Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que a partir del 1 de enero de 2017, se incrementaría fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel en nuestro país, como parte del proceso de liberalización del precio de los combustibles, previsto en la reforma energética.

A partir de ese anuncio y al día de hoy, además del deterioro de las finanzas públicas y de un elevado nivel del gasto público, notamos que el precio de los combustibles y de la energía eléctrica es cada vez mayor.

Ante tan nocivos efectos a la economía de las y de los mexicanos, Acción Nacional ha sido insistente y constante en el tema de la reducción de lEPS, inclusive, en esta Legislatura ya se presentaron dos iniciativas de ley al respecto: una en esta Cámara y otra más en la Cámara de Diputados y que hoy nos sumamos a esta dinámica.

Al presentar este punto de Acuerdo, la intención es exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el próximo paquete económico, específicamente la Ley de Ingresos, se considere la reducción de un 50 por ciento a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a gasolinas, y podamos revertir en el corto y mediano plazo, los efectos negativos que sólo han dejado incremento en la inflación y disminución del salario real de los trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Este llamado se hace en conocimiento de que la Secretaría de Hacienda está trabajando la construcción del proyecto de Ley de Ingresos 2019 con el equipo de transición y con el mismo Presidente Electo, de acuerdo con declaraciones del mismo López Obrador.

La ciudadanía está esperanzada en que exista coherencia y altura de miras en la nueva administración, así como en los grupos parlamentarios que representan sus intereses en el Congreso de la Unión.

Esa voluntad es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos impuestos por Peña Nieto.

El Presidente Electo ha manifestado en diversas ocasiones la intención de reducir los precios de los combustibles, me permito dar solamente una muestra de ello.

(Muestra un video)

Esta disposición y esta voluntad política, y quedando claro en este video, que lo pueden obtener claramente en sus smartphone o en sus dispositivos digitales, suponemos que también esa disposición es de la mayoría absoluta con la que su bancada cuenta en la Cámara de Diputados; es decir, basta con que así lo determinen para aprobar una Ley de Ingresos en los términos expuestos por el que suscribe, en beneficio de la ciudadanía mexicana.

Acción Nacional está listo para responderles a las mexicanas y a los mexicanos, habrá que esperar que también lo esté el grupo parlamentario que tanta euforia ha mostrado por tener la mayoría al interior de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

Que no se quede en presunción y se haga efectivo en beneficio de todos los habitantes de este país la tan presumida llamada reducción del precio de las gasolinas por el Presidente Electo y sus bancadas.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, someto a consideración de esta Asamblea este punto de Acuerdo de urgente resolución para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en ejercicio de sus atribuciones establezca la reducción en un 50 por ciento a las tasas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas en el proyecto de la Ley de Ingresos, que será parte del paquete económico 2019.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LA REDUCCIÓN EN UN 50% A LAS TASAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICADO A GASOLINAS, EN EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS QUE SERÁ PARTE DEL PAQUETE ECONÓMICO 2019, QUE EN SU MOMENTO PRESENTARÁ EL TITULAR DEL EJECUTIVO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, el 95% del consumo de gasolina en nuestro país es destinado al autotransporte: transporte público, uso de automóviles particulares, camiones de carga, autobuses de pasajeros, etcétera.

El autotransporte es un factor muy importante en el desarrollo económico de nuestro país, ya que mueve aproximadamente el 80% de la carga de bienes, resultando insustituible en los procesos de producción, distribución y consumo.

Por lo tanto resulta de suma importancia para la competitividad del país el analizar el precio de la gasolina y los impuestos que se le aplican, obviamente incluyendo el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); la mayoría de los productos y servicios gravados con este impuesto resultan ser no indispensables para el consumo humano, y en muchos casos dañinos, por lo que se ha pretendido inhibir su consumo, sin embargo, en el caso de las gasolinas, ocurre lo contrario al ser un bien necesario para el desarrollo de las personas y la industria.

El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, a partir del 1 de enero de 2017, se incrementaría fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel en nuestro país, como parte del proceso de liberalización del precio de los combustibles previsto en la reforma energética.

A partir de ese anuncio y al día de hoy, además del deterioro de las finanzas públicas y de un elevado nivel de gasto público, notamos que el precio de los combustibles y de la energía eléctrica es cada vez mayor.

Ante tan nocivos efectos a la economía de los y las mexicanas, Acción Nacional ha sido insistente y constante en el tema de la reducción del IEPS, inclusive en esta legislatura ya se presentaron 2 iniciativas de ley al respecto, una en esta cámara y otra más en la de diputados, y hoy nos sumamos a esta dinámica.

Presentando este punto de acuerdo, con la intención de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el próximo paquete económico, específicamente en la Ley de Ingresos, se considere la reducción en un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas y podamos revertir en el corto y mediano plazo, los efectos negativos que solo nos han dejado incremento en la inflación y disminución del salario real de los trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Este llamado se hace en conocimiento de que la Secretaría de Hacienda, está trabajando la construcción del proyecto de Ley de Ingresos 2019, con el equipo de transición y con el mismo Presidente Electo, de acuerdo con declaraciones del mismo López Obrador y en espera de que exista coherencia y altura de miras en la nueva administración que encabezará, así como en los grupos parlamentarios que representan sus intereses en el Congreso de la Unión. Esa voluntad política es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos impuestos por Peña Nieto.

Aunado a lo anterior, y en atención de que el Presidente electo manifestó en el punto 24 de su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, que a la letra dice “24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios.”, su interés e intención de encontrar y aplicar las acciones necesarias para disminuir el costo de los combustibles, propósito que reiteró en un video que se trasmitió en el programa de Aristegui el 2 de enero de 2017.

Ante esta absoluta y manifiesta disposición del Presidente Electo, y la mayoría absoluta con la que su bancada cuenta en la Cámara de Diputados, es decir, basta con que así lo determinen para aprobar una Ley de Ingresos en los términos expuestos por el que suscribe, en beneficio de la ciudanía mexicana.

Acción Nacional está listo para responderles a nuestros compatriotas, habrá que esperar que también lo esté el grupo parlamentario que tanta euforia ha mostrado por tener la mayoría al interior de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, que no se quede en presunción y se haga efectivo en beneficio de México.

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en ejercicio de sus atribuciones establezca la reducción en un 50% a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del Paquete Económico 2019, que en su momento presentará el titular del ejecutivo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Gama Basarte. Como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aunque es visible que no se reúnen las dos terceras partes, vamos a abrir el tablero electrónico, hasta por tres minutos.

(Votación)

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: En virtud del resultado de la votación no se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras Senadoras y Senadores:

La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, es una institución encargada de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, que tiene, entre otras responsabilidades, cuidar los principios básicos en la relación de consumo de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre ellos, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificaciones correctas de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riegos que representan para los consumidores, en este caso, en nuestro país.

Asimismo, en aras de garantizar y proteger los derechos del público consumidor, la Profeco tiene atribuciones para emitir alertas dirigidas a los consumidores sobre bienes, productos o servicios defectuosos o dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía de los consumidores.

En ese sentido, el 6 de agosto del presente año, la Profeco emitió seis alertas rápidas relacionadas con siete modelos de autos de reciente manufactura y que se comercializan en todo el territorio nacional, con el principal interés de proteger y salvaguardar los derechos de los consumidores ante las fallas que pudieran presentar los vehículos fabricados y comercializados por las empresas Toyota Motor y Volkswagen en México.

La primera alerta fue para Camry 2018, de Toyota, del cual, 13 unidades, posiblemente afectadas, han sido comercializadas en México. Fabricante y la comercializadora ofrecen como solución una inspección en los pistones y, si es necesario, el reemplazo del motor en este caso.

También se dio una alerta en el Sienna 2017 y Highlander 2018, de Toyota, de los cuales se han comercializado en México 39 y 11 unidades, respectivamente, y se brinda como solución el reemplazamiento de la bomba de vacío.

En el caso del Q5, Modelo 2018, de la Volkswagen. Representado por la marca Audi, son 350 unidades, posiblemente afectadas, que han sido comercializadas en nuestro país y que se ofrece como solución revisar y, en algunos casos, reparara el sistema de frenos trasero.

De los modelos A4, A5 y A6 de Volkswagen, modelo 2018, representados por Audi, son 195 unidades, posiblemente afectadas, en México y de ellas se deberá realizar la supervisión y la comprobación y si procede, sustituir la bomba del sistema de refrigeración.

También se lanzó una alerta por el Golf y GTI 2018, de Volkswagen, por 91 unidades, posiblemente afectadas, que fueron comercializadas en México, de las cuales se deberá purgar el aire del sistema hidráulico de frenos para eliminar cualquier residuo de burbujas.

Finalmente, del Vento 2017, del cual hay más de 4 mil 250 unidades, posiblemente afectadas, y que se vendieron en México, se deberán de retirar las argollas y sustituir por unas nuevas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía y en el cual se han sumado varias Senadoras y Senadores, el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor, al emitir alertas rápidas sobre modelos de autos de reciente manufactura de Empresas Toyota y Volkswagen de México, a efecto de proteger a los consumidores ante las fallas que pudieran presentar los vehículos que comercializan esas empresas.

Segundo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo como resultado de las alertas rápidas relacionados con modelos de autos de reciente manufactura; y asimismo, continúe con la implementación de medidas de protección para salvaguardar el beneficio del público consumidor.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita Senadora de la República, NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN RECONOCE LA PRONTA REACCIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR AL EMITIR ALERTAS RÁPIDAS SOBRE FALLAS DE AUTOMÓVILES DE DIVERSAS MARCAS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que, en su carácter de autoridad administrativa, se encarga de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor.

En esos términos, la LFPC establece en su artículo 1, fracciones I a XI, los principios básicos en las relaciones de consumo, entre los que destacan los siguientes:

• La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen.

• El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos.

• La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

• La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados.

• El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

En aras de garantizar y proteger los derechos del público consumidor, la LFPC también faculta a la PROFECO para emitir alertas, como se puede observar a continuación:

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor; ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor;

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

VII. Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores hayan informado esta circunstancia a la Procuraduría.”1

En ese sentido, el día 06 de agosto de 2018, la PROFECO emitió seis alertas2 rápidas relacionadas con siete modelos de autos de reciente manufactura y que se comercializan en el territorio nacional, con el principal interés de proteger y salvaguardar los derechos de  los consumidores ante las fallas que pudieran presentar los vehículos fabricados y comercializados por las empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. y Volkswagen de México, S.A. de C.V.

La primera alerta3 es por el Camry 2018, de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., del cual 13 unidades posiblemente afectadas han sido comercializadas en México y para el que la fabricante y comercializadora, ofrece como solución, una inspección en los pistones, y si es necesario, el reemplazo del conjunto del motor.

También se dio una alerta4 por el Sienna 2017 y Highlander 2018, de Toyota, de los cuales se han comercializado en México 39 y 11 unidades, respectivamente, y se brinda, como solución, el reemplazo de la bomba de vacío.

En el caso del Q5,5 año 2018, de la Volkswagen de México, S.A. de C.V, representando a la marca Audi, son 350 unidades posiblemente afectadas que han sido comercializadas en México y se ofrece como solución revisar, y en algunos casos reparar, el sistema de frenos trasero.

Del A4, A5 y A6,6 año 2018, de Volkswagen representando a Audi, son 195 unidades posiblemente afectadas en México y de ellas se deberá realizar la comprobación y si procede sustituir la bomba del sistema de refrigeración.

También se lanzó alerta7 por el Golf y GTI, año 2018, de Volkswagen, por 91 unidades posiblemente afectadas que fueron comercializadas en México, en las cuales se deberá purgar el aire del sistema hidráulico de freno para eliminar cualquier residuo de burbujas.

Finalmente, del Vento 2017,8 del que hay 4 mil 250 unidades posiblemente afectadas en México, se deberán retirar las argollas y sustituir por unas nuevas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre modelos de autos de reciente manufactura de las empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. y Volkswagen de México, S.A. de C.V., a efecto de proteger a los consumidores ante las fallas que pudieran presentar los vehículos que comercializan esas empresas.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han llevado a cabo como resultado de las alertas rápidas relacionadas con modelos de autos de reciente manufactura; y asimismo, que continúe con la implementación de medidas de protección y salvaguarda en beneficio del público consumidor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992.

2https://www.gob.mx/profeco/prensa/emite-profeco-6-alertas-de-7-modelos-de-auto-de-reciente-manufactura?idiom=es

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357172/Alerta_37_Toyota_vehiculos_2018_Camry.pdf.

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357171/Alerta_38_Toyota_Sienna_y_Highlander.pdf.

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357175/Alerta_Volkswagen_Audi_Q5_39.2018.pdf

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357176/Alerta_Volkswagen_Audi_A4A5_Y_A6_40.2018.pdf.

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357177/Alerta_Volkswagen_Golf_y_GTI_41.2018.pdf .

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357173/Alerta_Vento_2017_42.2018.pdf

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mayorga Delgado. Túrnese a la Comisión de Economía.






Tiene el uso de la palabra, la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo en torno a los ilegales acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura en la cuenca del río Colorado.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia de la Presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

A nombre del pueblo de Baja California y del pueblo de Sonora, ante ustedes expongo:

La Sección Mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA, pretende dar continuidad a la ilegítima e ilegal entrega de aguas del río Colorado a los Estados Unidos de América. A pesar de las reiteradas muestras de inconformidad en contra de lo pactado en las actas 319 y 323, la Comisión Nacional del Agua, como dependencia integrante de la CILA, tiene planeado llevar a cabo actos en desarrollo del contenido de dichas actas que son, desde luego, contrarios a la soberanía nacional.
Académicos, representantes populares y principalmente los habitantes de la cuenca del río Colorado, en los estados de Baja California y Sonora, han hecho ver a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores la falta de equidad que caracteriza a los acuerdos adoptados por la representación mexicana y de los cuales se dio cuenta en las actas que se han venido mencionando.

Las actas 319 y 323 presentan la imposibilidad jurídica de hacerlas efectivas en razón de que resultan violatorias al Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

El Poder Ejecutivo, ni ninguna Secretaría de Estado tiene la facultad para la modificación de un tratado internacional.

En estos momentos están reunidos en la ciudad de Ixtapa los directivos de la Conagua, de la Semarnat, para querer confirmar y ratificar esta modificación a este tratado internacional.

El artículo 76 constitucional da facultades únicamente al Senado de la República para la modificación de cualquier tratado internacional, máxime tratándose del agua.

El agua para México es parte de nuestra soberanía nacional.

Como se puede apreciar, tan sólo con una lectura minuciosa y detenida, el instrumento internacional no estableció, por no haberlo pactado así los Estados Partes en ninguna de sus cláusulas, la entrega de agua, una nación a otra, a cambio de infraestructura. Contrario al espíritu, letra y alcances del tratado, la sección mexicana consintió estas modificaciones, sin haber pasado por este Senado de la República.

Si nosotros permitimos en este momento que cualquier Secretaría de Estado tenga por sí misma, por sí sola, hacer modificaciones a un tratado internacional, estamos cayendo en una grave irresponsabilidad, porque esta facultad sólo es competencia del Senado de la República, y ante este Senado de la República no han pasado las modificaciones y los acuerdos de las actas 319 y 323 que modifican los volúmenes de agua que Estados Unidos nos debe de entregar por parte del río Colorado y nosotros sí estamos respetando el agua que se entrega por parte del río Bravo.

De esa índole es la magnitud de que se trata este Acuerdo.

En Baja California carecemos de agua, de los cinco municipios que tenemos, tres municipios dependen del agua del río Colorado y la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, como su nombre lo dice, del río Colorado, pues depende también del agua del río Colorado.

Por ello, propongo que se requiera con la máxima firmeza a los titulares de la Secretaría de Gobernación, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que instruyan a la Comisión Nacional del Agua, para que se abstengan, en este momento que están reunidos en Ixtapa, de que se abstengan de llevar a cabo actos tendientes a dar efectos, instrumentar o avanzar en la implementación de los acuerdos ilegales e ilegítimos por violatorios del Derecho Internacional Público y del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, contenidos en las actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que contrario al espíritu de las cláusulas y alcances de dicho instrumento internacional invocado, están autorizando en este momento, la cesión de aguas que corresponde a nuestro país, en particular a los habitantes de la cuenca del río Colorado, en los estados de Baja California y Sonora, a cambio de infraestructura.

Eso es violatorio y el único facultado, reitero, para las modificaciones a los tratados internacionales, es el Senado de la República.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SE SIRVAN INSTRUIR Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SE ABSTENGA DE LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A IMPLEMENTAR LOS ILEGALES ACUERDOS DE ENTREGA DE AGUA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A CAMBIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA DEL RÍO COLORADO, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

Traición a la Patria en la CILA.

La sección mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) pretende dar continuidad a la ilegítima e ilegal entrega de aguas del  Río Colorado a los Estados Unidos de América. A pesar de las  reiteradas muestras de inconformidad en contra de lo pactado en las actas  319  y  323, la Comisión Nacional del Agua, como dependencia integrante de la CILA, tiene planeado llevar a cabo actos en desarrollo del contenido de dichas actas que son desde luego contrarios a la soberanía nacional.

Académicos, representantes populares y principalmente los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora han hecho ver a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores la falta de equidad que caracteriza a los acuerdos adoptados por la representación mexicana, y de los cuales se dio cuenta en las actas que se han venido mencionando.

Las actas 319 y 323 presentan la imposibilidad jurídica de hacerlas efectivas en razón de que resultan violatorias del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. En efecto, como se puede apreciar tan sólo con una lectura minuciosa y detenida, el instrumento internacional no estableció, por no haberlo pactado así los Estados Partes en ninguna de sus cláusulas, la entrega de agua de una nación a otra a cambio de infraestructura. Contrario al espíritu, letra y alcances del Tratado, la sección mexicana consintió el siguiente acuerdo:
Resolución No. 8:

"Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas correspondientes, se llevarán a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, particularmente la Sección IX. "

En dicha Sección IX se establece lo siguiente:

"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5 millones de dólares a México, a través de la Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua generada conservada con esta inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 Millones de metros cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el compromiso de Estados Unidos de agua para beneficio del medio ambiente en particular del tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la sección octava, 62 metros cúbicos (50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios y 135 m3 (109,100 acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones referidas. "

El Acuerdo anterior está contenido en el Acta 323 de fecha 21 de septiembre de 2017 que afecta a nuestro país y contravienen nuestros principios normativos de política exterior.

Los mecanismos jurídicos para la distribución de aguas, ya sea que se trate de cuencas al interior de un mismo país (Como el Tribunal de Aguas de Valencia en España) o de aguas internacionales que atraviesan los límites de dos o más naciones, giran en torno a un método de interpretación y aplicación que no es otro más que la búsqueda y procuración de la máxima equidad entre las partes. Gracias a la recta aplicación del principio de equidad en materia hídrica alrededor del mundo y en particular en la cuenca del Río Colorado, las comunidades por las que atraviesa el caudal han de beneficiarse de las aguas en la misma medida y proporción, sin más afectación que la producida por los fenómenos climatológicos. En función de la equidad, reconocida en todo el planeta como principal instrumento de justicia entre las partes en materia hídrica, el Tratado de 1944 fijó con claridad los volúmenes de agua y las condiciones en que corresponden a las naciones contratantes. En ninguna parte del Tratado, ni en el cuerpo de las estipulaciones ni en las declaraciones previas, se establece bajo ningún motivo, causa o razón que los volúmenes de agua pactados puedan ser objeto de canje, permuta o trueque. La infraestructura es desde luego necesaria para la adecuada conducción y preservación del recurso hídrico en todo su trayecto desde la fuente hasta la desembocadura en el delta del Alto Golfo de California. Sin embargo, el propio Tratado contiene las bases para que los estados partes asuman el costo y financiamiento de las obras correspondientes. De ahí que no debe tener lugar ninguna acción tendiente a convalidar, confirmar o dar continuidad a los acuerdos ilegales adoptados en las actas 319 y 323 por parte de las autoridades mexicanas en particular de la Comisión Nacional del Agua.

Despojo del recurso hídrico.

Los Estados Unidos de América han pretendido, a partir de la abolición de la esclavitud bajo la presidencia de Abraham Lincoln, convertirse en el faro del mundo que irradie las libertades civiles y los valores de la democracia.1 Sin embargo, con frecuencia el vecino país del norte ha intentado interferir en los asuntos internos de la República Mexicana con la finalidad de apropiarse, con los mayores beneficios y ventajas, de los abundantes recursos naturales en nuestro territorio. Las maniobras, intrigas y agresiones a fin de apoderarse de nuestro petróleo se encuentran debidamente documentadas en los anales de la historia. En torno al agua, en los últimos 150 años, el gobierno federal al otro lado de la frontera ha tenido que lidiar con los intentos por parte de los estados por donde avanza el Río Colorado, especialmente de los granjeros de Arizona, por agotar y consumir prácticamente en su totalidad el volumen de agua que porta el caudal. El proceso de negociación al interior de la nación vecina, que llevó varias décadas, y que finalmente culminó con la celebración por parte del Ejecutivo y posterior aprobación en el Congreso, así lo demuestra. En esa tarea, el Departamento de Estado tuvo que concientizar y convencer a algunos sectores de la población de los estados de California y Arizona sobre la necesidad de compartir las aguas por tratarse de un río, como el Colorado, de carácter internacional. Sin embargo, los intentos de apropiación indebida por parte de algunos actores al otro lado de la línea divisoria son recurrentes y se atrevieron a proponer en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el canje del recurso hídrico por obras de infraestructura, lo cual, contra toda lógica, sentido de soberanía y en violación a sus obligaciones como servidores públicos, fue consentido, autorizado y aprobado por la sección mexicana.

A lo largo de nuestra historia, y en el marco de la relación bilateral, sólo una línea de conducta ha demostrado ser eficaz frente a los intentos de abuso por parte de los Estados Unidos de América. Se trata de la autodeterminación del pueblo de México y la defensa de la soberanía. La persistencia en un posicionamiento internacional firme y digno, ha terminado siempre por encontrar eco entre los sectores estadounidenses partidarios también del diálogo y el consenso como sustento de la política exterior. Así lo confirman experiencias como la recuperación de la zona de " El Chamizal ", que absorbió la nación vecina al cambiar de cauce el Río Bravo, limítrofe entre ambos países.

A partir de estas y otras experiencias de la nación mexicana, como la “Guerra de los Pasteles”, la invasión francesa y la ocupación del puerto de Veracruz a inicios del Siglo XX, se fue construyendo una política exterior con base en el respeto, el diálogo y la equidad. Las pautas adoptadas gradualmente al paso del tiempo se convirtieron por decisión del Constituyente Permanente en los principios normativos de la política exterior mexicana plasmados en el artículo 89 de la Constitución General de la República al tenor siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Es en la aplicación de dichos principios normativos, en particular de la defensa de la soberanía nacional y la promoción de los derechos humanos, que el gobierno mexicano debe, por todos los medios diplomáticos, dejar sin efecto las actas 319 y 323 en la parte que atentan contra la soberanía nacional.

Como se puede apreciar en el portal en la red informática mundial denominada Internet, la Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene adscritas, para el desempeño de sus actividades, a diversas dependencias del ámbito federal. Entre ellas destaca la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la SEMARNAT. En condiciones normales, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, dentro de su competencia y en el ejercicio de sus facultades, instrumentar lo que corresponde al Estado Mexicano en función de los acuerdos que se tomen en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. No obstante, excediéndose en sus facultades y atribuciones, a sabiendas de que las actas 319 y 323 contienen acuerdos claramente contrarios a la soberanía nacional, la CONAGUA pretende llevar a cabo acciones que perjudican a los usuarios de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora, en ejecución de las cuestionadas actas.

En los Valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora el rechazo por parte de sus habitantes a la cesión de agua a cambio de infraestructura es generalizado. En contra del despojo hídrico se han llevado a cabo marchas, mítines y plantones exigiendo a la sección mexicana gestionar la revocación de los acuerdos que causan daño a las y los mexicanos. Tanto la CONAGUA como la propia Secretaría de Relaciones Exteriores han recibido sendos y numerosos escritos haciéndoles ver la violación al Tratado de Límites y Aguas de 1944 en que la representación mexicana ante la CILA incurre al suscribir las multicitadas actas 319 y 323. Sin embargo, en lugar de cumplir con las nuevas obligaciones a cargo de los altos funcionarios de CONAGUA, derivadas de sus deberes de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos así como de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los mismos,2 dichos servidores públicos pretenden desplegar acciones que permitan instrumentar los acuerdos ilegítimos pactados y plasmados en las actas mencionadas.

Sabedores de su ilegítimo e ilegal proceder, en lugar de plantear y poner a consideración las acciones que pretenden llevar a cabo en las sedes del propio Distrito de Riego 14 en el nor-occidente del país, optaron por llevar a cabo, prácticamente de manera clandestina, la comunicación de las acciones solamente a los directivos, sin hacer del conocimiento la información a la asamblea que cuente con la totalidad de los usuarios en su conjunto. Poniendo una distancia de más de dos mil kilómetros de los auténticos usuarios, la CONAGUA pretende presentar los nuevos contratos relativos al Módulo del Distrito de Riego 14 en la ciudad de Ixtapa, en el Estado de México. Busca aprovechar el marco de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) para tratar asuntos de índole particular como los propios de la cuenca del Río Colorado, en lugar de atender asuntos de orden nacional como es el objetivo del evento a desarrollarse en Ixtapa. Es importante destacar que la pretensión de nuevos contratos y acciones para instrumentar los ilegales acuerdos contenidos en las actas 319 y 323 constituye una invasión de facultades. En efecto, la modificación de los tratados en general y del Tratado de Límites y Aguas de 1944 en particular para canjear agua por infraestructura –que desde luego no se acepta- es una facultad única y exclusiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión que usurpó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y que al pretender instrumentar la Comisión Nacional del Agua resulta partícipe también de una intromisión por parte del Poder Ejecutivo Federal en la esfera de competencias del Senado de la República, en una materia que de antemano se sabe será rechazada. En consecuencia, con el propósito de defender la soberanía nacional, preservar el marco de competencias del Senado de la República como único ente facultado por la Constitución de la República para comprometer a la nación a través de tratados y convenciones internacionales y proteger los derechos de miles de familias en la cuenca del Río Colorado, asentadas en los Valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora se eleva a la más alta consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se requiere, con la máxima firmeza, a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambientes y Recursos Naturales a fin de que instruyan y al de la Comisión Nacional del Agua para que se abstenga de llevar a cabo actos tendientes a dar efectos, instrumentar o avanzar en la implementación de los acuerdos ilegales e ilegítimos, por violatorios del Derecho Internacional Público y del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, contenidos en las actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que contrario al espíritu, cláusulas y alcances del instrumento internacional invocado autorizan la cesión de aguas que corresponden a nuestro país, en particular a los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora, a cambio de infraestructura hidráulica.

Con toda atención.

Dado en la sede del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.

1 “Las singularidades que los Estados Unidos se han atribuido durante toda su historia han dado origen a dos actitudes contradictorias hacia la política exterior. La primera es que la mejor forma en que los Estados Unidos sirven a sus valores es perfeccionando la democracia en el interior, actuando así como faro para el resto de la humanidad; la segunda, que los valores de la nación le imponen la obligación de hacer cruzada por ellos en todo el mundo.” Tomado de: La Diplomacia, Henry Kissinger, Fondo de Cultura Económica, México, 2000 página 12.

2 Véase el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora León Gastélum. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Patricia Mercado Castro, para presentar, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a armonizar los reglamentos y normatividades de los usos terapéutico y medicinal de la marihuana.

La Senadora Patricia Mercado Castro: Gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores:

El debate sobre la regulación de las drogas está ya, afortunadamente, despenalizado. Prueba de ello es que el tema ha sido analizado en las pasadas legislaturas y se han presentado más de 40 iniciativas al respecto, y además, existe cada vez más evidencia sobre el tema.

Esta Legislatura tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la política de drogas, para pasar del modelo prohibicionista, que evidentemente ha fracasado, a uno que ponga en el centro la salud de las personas.

Ya la Senadora Saldaña nos propuso un punto de Acuerdo sobre políticas de prevención, sobre todo para jóvenes, y esto es muy pertinente porque el 97 por ciento de los recursos se van en persecución y represión policiaca y judicial, y sólo 3 por ciento en prevención.

Con la entrada en vigor de la legalización de la marihuana en Canadá, ustedes se habrán informado el día de ayer, también están empezando en ese país a discutir las vías legales para otorgar amnistía a quienes en el pasado fueron señalados por posesión ilegal de marihuana.

Para eliminar la carga y el estigma, el objetivo es eliminar la carga y el estigma que representan las sanciones penales.

Vale recordar que las Senadoras y Senadores de Movimiento Ciudadano, apenas el 20 de septiembre pasado, presentamos una iniciativa de Ley de Amnistía, para las personas detenidas por posesión de marihuana como un primer paso para avanzar en la discusión sobre la regulación de las drogas.

Las drogas deben regularse no porque sean seguras, sino precisamente, porque son riesgosas.

La prohibición no sólo no ha resuelto los problemas de salud relacionados con el consumo de drogas, sino que los ha agravado.

Las sustancias que se consumen son más peligrosas por su adulteración; los consumidores se ponen en peligro porque usan jeringas contaminadas o consumen en ambientes insalubres.

Los niños y jóvenes están expuestos porque los traficantes no le piden a nadie la credencial del INE para venderles. Ya el Senador Mancera también presentó una iniciativa para agravar el delito de la venta de estos traficantes alrededor de las escuelas.

Esta Legislatura tiene en sus manos, a partir de la evidencia, cambiar una política que, decía, invierte la gran mayoría del presupuesto en persecución y no en prevención.

Es hora de que tengamos en México una política de drogas que se centre en esta prevención, en la reducción de los riesgos asociados al consumo y en el tratamiento de los consumos problemáticos; ya también en esta Legislatura se han presentado dos iniciativas: una por la Senadora Noyola, del PRD; y otra por el Senador Añorve, del PRI, sobre este camino de regulación de las drogas, y no dejarla atrás, la política de prohibición.

Recientemente la Comisión Global de Política de Drogas presentó el informe “Regulación: El control responsable de las drogas” en él las personas expertas de la Comisión Global han concluido, y coincidimos totalmente, que se requiere un cambio de paradigma hacia una regulación responsable de las drogas.

Este informe, además, se presentó en la Ciudad de México debido a que la política prohibicionista en nuestro país es una de las que más consecuencias negativas han generado en el mundo, con un aumento dramático en las desapariciones y asesinatos.

Este es un momento idóneo para alcanzar consensos, para aliviar los dolores que padecen las personas consumidoras, sus familias y sus entornos. Así como los problemas de las comunidades que por necesidad o por coerción se dedican a producir estas sustancias a las órdenes de organizaciones criminales.

Por ello, el día de hoy presentamos un punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud para que acatando lo establecido en la reforma en materia de marihuana medicinal, a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal de junio de 2017, armonicen los reglamentos y la normatividad para el uso terapéutico de la marihuana, tal y como fue aprobado en la citada reforma.

Ya empezamos por la marihuana para su uso terapéutico y medicinal, no detengamos ahí el debate, hablemos sobre cómo regular la producción, la distribución y el uso lúdico de las diferentes drogas, atendiendo la complejidad de cada una.

Discutamos con información, sin prejuicios, con voluntad de cambio. Llegó el momento de poner un alto a la política que se aplicó casi durante un siglo, con resultados desastrosos; llegó el momento de adoptar una perspectiva de salud y de derechos humanos, de arrebatar el poder sobre ese mercado al crimen organizado.

Los pasos que hemos dado han sido lentos, necesitamos acelerar el paso, y alcanzar los acuerdos posibles para legislar, que desde nuestro punto de vista es una situación, una discusión, un debate impostergable.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Patricia Mercado. Túrnese a la Comisión de Salud.

Sonido al escaño de la Senadora Margarita Valdez Martínez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para solicitarle a la Senadora Patricia Mercado, me permita suscribir su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le rogamos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe la firma de la Senadora Margarita Valdez.

Sonido en el escaño del Senador Álvarez Lima.

El Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima: (Desde su escaño) También para unirme a esta solicitud.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En el mismo sentido el Senador Álvarez Lima. Gracias.






En la tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar las acciones conducentes en materia de protección civil a fin de que se impulse un calendario de actualización programática de los Atlas de Riesgos.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señora Presidenta.

Desde hace algún tiempo, muchos años, en el mes de septiembre se ha convertido en un mes del año en el que los mexicanos estamos a la expectativa de algún acontecimiento catastrófico, ya sea por algún sismo, por lluvias, granizadas atípicas o por las consecuencias de algunos otros fenómenos naturales como son los huracanes, que normalmente, lo que ocasionan son grandes inundaciones en las localidades que se ven afectadas.

Evidentemente, hay algunos riesgos que no se pueden predecir, tal es el caso de los sismos, por lo que la existencia de un mecanismo nacional que pueda realizar de manera normal el aportar información sobre los riesgos latentes que se pueden suscitar en cada uno de los casos, se vuelve cada vez de mayor trascendencia, ya que de aquí está la clave de la prevención de desastres.

Contar con un Atlas Nacional de Riesgo que esté actualizado, será una herramienta esencial para que todos los gobiernos y entidades dedicadas a la protección civil, realicen con mayor eficiencia lo que les esté contenido legalmente en dicha materia, y que en el fondo, lo que se logre es evitar daños.

Es importante salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las y los mexicanos a través de la gestión continua de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos de desastre.

Los Atlas de Riesgo son instrumentos que sirven como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también se han convertido en herramientas que permiten hacer una planeación mejor en el desarrollo para contar con infraestructura más segura, y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres.

La información que publica el Centro Nacional de Prevención de Desastres al Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio de Observación de la Tierra, LANOT, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, se integra al Atlas Nacional de Riesgo, que hoy está disponible a través de un sistema que permite su visualización dinámica en un tablero único.

En el caso del Atlas de Riesgo de los estados como Chiapas, tenemos que su última actualización fue en el 2007; la de Puebla, 2009; la de Oaxaca, fue en el 2010; y la del Estado de México, fue en el 2012.

Por todo lo anterior, es de suma importancia que los gobiernos de los estados y de los municipios de todo el país adquieran conciencia de la trascendencia que conlleva el que cada uno de ellos implementen acciones concretas para trazarse metas y lograr objetivos en cuanto a la integración y procesamiento de la información que se incluirá en el Atlas Nacional de Riesgos, así como en el propio Atlas, según sea el caso, porque no podemos seguir esperando a que los desastres nos alcancen.

Debemos impulsar, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, las acciones pertinentes.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor del siguiente resolutivo.

Único. El Senado de la República exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias legales y reglamentarias realicen las acciones conducentes en materia de protección civil a fin de que se impulse un calendario de actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal, como municipal, según corresponda.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz. Túrnese a la Comisión de Gobernación.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la Carretera 45 Norte, en el estado de Aguascalientes.

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo: Gracias. Con la venia de la Presidencia.

Hoy presento un punto de Acuerdo para hablar de dos puentes, y no son dos puentes vacacionales, no, son dos puentes que están en proceso de construcción, y que simple y sencillamente ahí están abandonados, y que es importante poderle dar seguimiento.

La Carretera Federal 45, también conocida como Carretera Panamericana, es una de las más importantes del país, con una longitud de 1,920 kilómetros, recorriendo desde la frontera de Estados Unidos; en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Hidalgo; pasando por los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

La mañana del día 2 de octubre del año 2017, en esta Carretera 45 Norte, a la altura de la comunidad de Jesús Gómez Portugal, también conocida como Margaritas, un tráiler se impactó en la estructura del puente peatonal ubicado en dicho lugar, y debido a la magnitud del impacto el puente fue derribado.

A más de un año de este acontecimiento, dicho puente peatonal no ha sido reconstruido, por lo que ocasiona un gran problema, precisamente, para los habitantes de esa zona, al poner en latente riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos que transitan, precisamente, por esta vía.

Al ser una carretera federal, los servicios de transporte y lo que es tránsito, se encuentran a cargo del gobierno federal a través de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su custodia es responsabilidad de la Policía Federal.

El accidente ocurrido el día 2 de octubre del año 2017, que se derivó en la caída del puente peatonal, se presentó, precisamente, en esta Carretera 45 Norte, siendo competencia del ámbito federal, no sólo la construcción y mantenimiento de dicha vialidad para el transporte de personas o cosas, sino también garantizar el servicio de tránsito a peatones, lo que implica la reconstrucción del puente derribado, teniendo en cuenta que los pobladores de esa zona se ven obligados a cruzar esta importante vialidad, por lo que a diario transitan vehículos compactos y, por supuesto, vehículos también, pesados, diariamente, muchos de ellos a exceso de velocidad, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física.

Pero no nada más es esto, no nada más es el puente peatonal, sino que también, junto con esto, en el año 2016, se inició un proyecto de rescate urbano en la zona oriente de nuestro municipio de Aguascalientes, en las inmediaciones del bordo Santa Elena.

El proyecto incluiría la construcción de varios senderos peatonales, así como la edificación de un puente vehicular que serviría para concluir todo lo que es una vía muy importante, al oriente, que es la Línea Verde, vialidad que se ha convertido en un eje natural de movilidad, ya que conecta a más de 100 colonias del oriente de nuestra ciudad y de nuestro municipio.

La realización de este proyecto tenía contemplado, pues, beneficiar a más de 200 mil habitantes de la zona oriente de nuestra ciudad; sin embargo, el gobierno federal decidió retirar sus participaciones presupuestales, dejando inconclusa las labores de construcción y rehabilitación de dicha infraestructura, que sin duda, tendrá un efecto positivo, por supuesto, en el ámbito económico, pero también en el fortalecimiento del tejido social de esa zona.

A pesar de las diversas sesiones administrativas para solicitar que sean reasignados los recursos necesarios para la construcción del puente vehicular en beneficio de esa zona oriente, que se considera como una de las más desprotegidas del municipio, no han sido tomados en cuenta por la administración federal.

Por ello, es de gran importancia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contemple en el presupuesto del ejercicio del año 2019 los recursos necesarios para la terminación de dicha obra, concluyendo con ésta en mejoramiento de la movilidad y el desarrollo de la zona oriente del municipio de Aguascalientes.

Concluyo.

Punto de Acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la Carretera 45 Norte.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, los recursos públicos necesarios para la terminación del puente vehicular del bordo Santa Elena, en el municipio de Aguascalientes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA CARRETERA 45 NORTE, EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, CONOCIDO TAMBIÉN COMO MARGARITAS, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Carretera Federal 45 también conocida como Carretera Panamericana, es una de las más importantes del país, con una longitud de 1920 kilómetros recorre desde la frontera con los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la población de Portezuelo, Hidalgo, pasando por los Estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.1

La mañana del 2 de octubre del 2017 en la carretera 45 norte a la altura de la zona de la Comunidad de Jesús Gómez Portugal, conocida también como Margaritas, un tráiler se impactó en la estructura del puente peatonal ubicado en dicho lugar, y debido a la magnitud del impacto, el puente fue derribado.

A más de un año de este acontecimiento, dicho puente peatonal no ha sido reconstruido, lo que ocasiona una gran problemática para los habitantes de la zona al poner en latente peligro la integridad y la vida de la ciudadanía que tienen que transitar de un lado a otro, sobre el distribuidor vial.

Al ser una Carretera Federal, se encuentra a cargo del Gobierno Federal a través de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y su custodia es responsabilidad de la Policía Federal, esto con base en la fracción XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; fracción I y II del artículo 5 de la Ley De Caminos, Puentes Y Autotransporte Federal y el inciso a) de la fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal.

La facultad de construir y vigilar las vías generales de comunicación, y en específico los caminos y puentes de la federación, no solo se circunscribe en la finalidad de prestar un servicio de transporte, sino, que se debe de incluir el servicio de tránsito, como dejó constancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 46/20112 derivada de la controversia constitucional 18/2008, estableciendo la diferencia existente entre dichos conceptos, y por tanto, estableciendo una distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno para atender dichos servicios.

Dicha tesis establece que el servicio de transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, debido a su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. Mientras tanto, el servicio de transito es la actividad técnica, realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero.

Por tanto, y esto se concluye en la Tesis Jurisprudencial en comento, “el servicio público federal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio público estatal de tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las zonas urbanas, habida cuenta que, en términos generales, los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de jurisdicción federal o estatal.”3

El accidente del 2 de octubre de 2017 que derivó en la caída del puente se presentó en la Carretera Federal 45 norte, siendo competencia de la federación no solo la construcción y mantenimiento de dicha vialidad para el transporte de personas o cosas, sino, que con base en la jurisprudencia citada, debe de igual forma garantizar el servicio de tránsito a peatones, lo que implica la reconstrucción del puente derrumbado, puesto que los pobladores de la zona se ven obligados a cruzar una vialidad en la que transitan centenares de vehículos diariamente, muchos de ellos a exceso de velocidad, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física.

Aunado a esto, los proyectos de infraestructura urbana siguen siendo un reto por cumplir en el Estado de Aguascalientes, principalmente en la zona oriente del Municipio capital, en las inmediaciones del Bordo de Santa Elena.

En 2016 se inició un proyecto de rescate urbano de dicha zona, en el que se incluía la construcción de un vertedero de excedencias, senderos peatonales en el norte, sur y poniente, así como la edificación de un puente vehicular, con el principal objetivo de beneficiar a cerca de 200 mil habitantes con mayor iluminación, mayor seguridad, y mayores oportunidades de crecimiento económico, cultural y deportivo.

Las labores de obra se iniciaron en agosto del 2017, sin embargo, en noviembre del mismo año les fueron retirados los recursos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ejerciéndose únicamente 20 millones de pesos del total del presupuesto asignado para las labores de construcción y rehabilitación, quedando inconclusos los proyectos aprobados, entre los que se encuentra la construcción de un puente vehicular en el Bordo de Santa Elena.

De todo lo anterior, es importante resaltar el puente vehicular debido a que es el último eslabón para la conectividad total de la Línea Verde que se ha convertido en un eje natural de movilidad, ya que conecta a más de 100 colonias de la zona oriente en el Municipio de Aguascalientes.

Durante los últimos meses de 2017 y hasta el mes de octubre de 2018, se han realizado diversas gestiones administrativas para solicitar que sean reasignados los recursos necesarios para la construcción del puente vehicular y los demás proyectos que beneficiarán a la zona oriente, que es considera como la zona más desprotegida del Municipio, por lo que es de gran importancia que se contemplen en el presupuesto a ejercer en el año de 2019 los recursos necesarios para la terminación de dicha obra, contribuyendo con ello al mejoramiento de la movilidad y al desarrollo de la zona oriente del Municipio de Aguascalientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del Municipio de Jesús María, en el Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir en el proyecto de presupuesto de egresos 2019, los recursos públicos necesarios para la terminación del puente vehicular en el Bordo de Santa Elena en el Municipio de Aguascalientes.

Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/Atlas/Cartografia-2014/Mapa_Nacional_de_Comunicaciones_
y_Transportes.pdf

2 Tesis: P./J. 46/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, Octubre de 2011, Pág. 307.

3 Ibidem.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Martín del Campo. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






En una cuarta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

La tala ilegal y la deforestación constituyen dos de los más graves riesgos que afronta el medio ambiente en nuestro país y un peligro permanente para una gran variedad de especies de flora y fauna.

Según datos de la FAO, de 1990 a 2015, México tuvo una pérdida de bosques de 255 mil 500 hectáreas por año, superficie equivalente a los territorios de Chihuahua y Chiapas juntos.

Si bien los fenómenos climatológicos con motivo del cambio climático afectan a los bosques y selvas, la principal razón se encuentra en la explotación inmoderada de  los recursos forestales, actividad agrícola y pecuaria, y el desarrollo urbano no planificado.

A nivel global, México es un país que a pesar de tener reservas e inventario forestal, no se le ha brindado la atención suficiente al problema de la deforestación que padecen nuestros bosques y selvas.

Mención especial merece la tala ilícita, la cual constituye un problema asociado, incluso, a bandas criminales que han sumado su actividad a múltiples y otros delitos.

No obstante, también debe señalarse como consecuencia a la explotación de los recursos del campo bajo criterios mercantiles sin importar el cambio de uso de suelo, su degradación o su contaminación.

A pesar de estar penalizadas las prácticas de comercialización ilegal y tráfico de recursos forestales, entre un 30 y un 50 por ciento de la madera que se comercializa en nuestro país, es de procedencia ilícita, principalmente de la tala y del contrabando.

Por ello, es indispensable encontrar nuevas fórmulas para combatir la tala y la deforestación en virtud de que las acciones emprendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ha sido insuficiente para inhibir y reducir esta práctica lasciva al medio ambiente.

México se ha sumado a innumerables compromisos internacionales, entre ellos, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo cual implica profundizar y modernizar las políticas de gestión para la conservación de nuestros bosques y selvas, además de revisar el marco normativo para inhibir la práctica ilícita, respetando nuestros recursos forestales.

Es por eso que el grupo parlamentario de Morena hace la siguiente propuesta al Secretario de Medio Ambiente y a la Profepa;

1.- Fortalecer las estrategias para reducir la explotación ilegal de los recursos forestales.

2.- Incrementar el presupuesto para el combate a la tala ilegal a nivel nacional.

3.- Instrumentar campañas que informen sobre los efectos nocivos que produce el medio ambiente, la explotación irracional de los recursos madereros.

4.- Revisar la Norma Oficial Mexicana sobre los contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de los recursos maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, para que su cumplimiento fortalezca la salud y sostenibilidad de los bosques y selvas.

Senadoras y Senadores, México es el quinto país con más biodiversidad del planeta, lo cual es motivo de orgullo pero también es un motivo de enorme responsabilidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Harp Iturribarría. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros. ¿Quieren cambiarla?

Se concede, entonces, también en el mismo espacio del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el uso de la palabra al Senador Mauricio Kuri González, para presentar a nombre del Senador Marco Antonio Gama Basarte, un punto de Acuerdo que exhorta a revisar la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Queda ya sin materia, Senadora, porque es el mismo tema.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces, pasa Guadalupe ¿o no?

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) En este turno no tendríamos participación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Iniciando la quinta ronda de proposiciones, tiene el uso de la palabra la Senadora Nestora Salgado García. No está tampoco.

Sigue el del PAN. No va a pasar ya el Senador Kuri, entonces, nos pasamos a la sexta ronda de proposiciones.

Y tiene el uso de la tribuna…Tampoco está.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería, que tampoco lo veo.

Vamos a darle entrada a la séptima ronda. Tampoco lo veo.

El Senador José Narro Céspedes. No se encuentra en el Pleno.

La Senadora Minerva Hernández Ramos, tampoco.

Pasamos a la octava ronda.

Y tiene la palabra la Senadora Antares Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito a fin de que se le asigne, por lo menos, la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Con su venia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Sin duda uno de los impulsos ciudadanos más significativos de la última década fue la aprobación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en 2012, que dio pie a la creación de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana como parte de la Secretaría de Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito, Pronapred, que era su principal herramienta.

En aquel entonces le asignaron 2,500 millones de pesos destinados a la intervención social en municipios de alto riesgo.

La creación del Pronapred fue el primer paso para transitar de un enfoque punitivo a un enfoque de seguridad ciudadana con un marco jurídico de estructura, programas y presupuesto que fue muy bien recibido y acompañado tanto por organizaciones sociales, federales y locales.

Sin embargo, para 2017, tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados redujeron el presupuesto que se entregaba al Pronapred, acción que truncó cualquier posibilidad de operación para dicho año, porque lo dejaron en cero.

En 2017, por cierto, se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil habitantes que se alcanzó el 2011, en pleno desarrollo de la mal llamada “guerra contra el narco”.

Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía quien reportó en el mismo año, en 27 de la 32 entidades federativas del país, que se aumentó el número de homicidios respecto al 2016, prácticamente triplicándose en algunas entidades, por ejemplo, Baja California Sur y Nayarit.

La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención, han dado como resultado la disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, a la par de fortalecer el tejido social, generando un ambiente de estabilidad social que también brinda prosperidad en el ámbito económico.

El Pronapred ha sido el primer esfuerzo por incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y diversos actores sociales en la prevención, mediante su participación y el desarrollo de sus competencias.

Con el objetivo general de atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad, fortalecer las capacidades institucionales y asegurar la coordinación entre las dependencias federales con las locales, municipales y las alcaldías.

El alarmante aumento produjo que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, volviera a contemplar dentro del presupuesto de Pronapred, asignándole un poco menos de 300 millones de pesos, que fue sólo el 11 por ciento del presupuesto inicial en un intento de rescatar la política de prevención social, tras el rotundo error de promover su fracaso.

Las consecuencias de esa reducción presupuestal no han sido pocas y continúan teniendo impacto, tan sólo el pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años, pues en los 32 días que lo componen se registraron 2 mil 599 homicidios, conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por tales motivos y ante la próxima discusión presupuestal en la Colegisladora, someto a esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Único.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se asigne al Programa Nacional de Prevención del Delito, por lo menos, la cantidad asignada para su instalación y funcionamiento en 2013”.

Quiero agradecer también que suscriba este punto de Acuerdo la Senadora Verónica Camino, del Partido Verde Ecologista.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vázquez Alatorre. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En una novena ronda de proposiciones, tiene el uso de la palabra el Senador Casimiro Méndez Ortiz.

La Senadora Guadalupe Saldaña desea adherirse a la proposición de la Senadora Antares Vázquez.

Pregunto si está el Senador Casimiro Méndez.






De no ser así, en la décima ronda y última, tiene el uso de la palabra el Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo en torno a la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del fraccionamiento “Rinconada de los Nogales”.

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

En el año 2004, en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo la construcción de un fraccionamiento “Rinconada de los Nogales”, a espaldas de la antigua fundidora Ávalos, bajo la responsabilidad del Instituto de la Vivienda del estado de Chihuahua, hoy Comisión Estatal de Vivienda.

Sin embargo, los terrenos de la fundidora y circundantes, se encuentran contaminados por varios metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, entre otros, por lo que quienes viven en el fraccionamiento “Rinconada de los Nogales”, entre ellos, niños mujeres y ancianos, han estado expuestos por varios años a los efectos del suelo contaminado, dañando gravemente su salud.

Hace aproximadamente cuatro años, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua, realizó un estudio en dicha zona titulado “Exposición humana al plomo”, el cual consistió en análisis de sangre a 119 niños de entre 4 y 12 años de edad que asisten a centros educativos que se ubican en la periferia del fraccionamiento.

El estudio demostró que hay niños con hasta 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre; asimismo indicó que el 76 por ciento de los niños tienen niveles de plomo en su sangre superiores a los permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

Por otro lado, la misma Comisión, en noviembre de 2014, realizó otro estudio de impacto ambiental en dicho fraccionamiento para analizar muestras de agua de tinacos en las que se reveló la presencia de plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40, en niveles muy por encima de lo permisible.

Ante esta problemática, las familias afectadas conformaron la organización “Familias unidas por la salud de los niños” y el 6 de noviembre de 2015, el gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General de Gobierno y las asociaciones civiles que representan a los vecinos de este fraccionamiento, firmaron un convenio de concertación tripartita, con el objeto de fijar las bases de concertación y mecanismos de colaboración para prevenir y garantizar la salud integral de los miembros de familias unidas, sobre todo de los niños y las niñas que tienen plomo en la sangre.

Proveer el pago de 41 viviendas, brindar atención integral en materia de salud, facilitar apoyo legal en el caso de indemnizaciones por secuelas de la contaminación y entregar viviendas en comodato.

Sin embargo, el convenio no ha sido cumplido de ninguna manera, ya que sólo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas muy pequeñas e indignas.

Por esta razón y solicitándole al Presidente se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates, la propuesta de punto de Acuerdo que indica lo siguiente:

Primero. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno del estado y la Asociación Familias Unidas por la Salud de los Niños, por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del fraccionamiento “Rinconada de los Nogales”, con el objeto de garantizar los derechos fundamentales de dichas familias.

Segundo. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión, con plena observancia a la soberanía de los estados, solicita al gobernador del estado de Chihuahua un informe pormenorizado de las acciones emprendidas en relación con el resolutivo anterior, a fin de dar seguimiento y garantizar los derechos a la salud y vivienda de las familias afectadas.

Este es un asunto de derechos humanos, es un asunto de la salud de niñas y niños que ya está debidamente comprobado que tienen plomo en la sangre y que al gobierno del estado de Chihuahua no le ha importado absolutamente nada y no ha tomado una sola acción de todas las que se establecieron en este convenio para proteger a las niñas y a los niños chihuahuenses que están contaminados.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Cruz Pérez Cuéllar. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Blanca Piña se adhiere a esta proposición con punto de Acuerdo.






El Senador Miguel Ángel Navarro ya se encuentra en el recinto y va a presentar un punto de Acuerdo que exhorta a reinstalar a los maestros que fueron cesados por motivo de la evaluación magisterial.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Mi primera experiencia política que tuve, me dijo una persona que supuestamente sabía mucho: “Tú comprométete con todo aunque nunca les cumplas nada”.

Otra situación que encontré en lo largo del camino, es a aquellos que decían que “los puestos cambian a las personas”, no, los puestos desnudan a las personas y nos muestran tal como somos.

La tercera que les podría decir es el hecho de que a veces “vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro”.

Somos el primer país en migración en el mundo, somos el primer lugar en desigualdad en el mundo, estamos en un mundo en el que el 1 por ciento obtuvo el 82 por ciento de las ganancias que hubo a nivel global; y que el 80 por ciento de la riqueza nacional se encuentra en el 10 por ciento de la población. Somos, en pocas palabras, “candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Y esta situación es inconcebible cuando vemos a los maestros, sí, que no es tan manifiesto, pero se van, emigrando a otros lugares, hoy en día, a tratar de encontrar el trabajo que se les ha negado aquí.

Somos personas que damos recetas de cocina, 260 mil planteles educativos en el país, 2 millones de maestros, 34 millones de alumnos; sin embargo, en la campaña que dio como resultado electoral el 1 de julio, muchos nos comprometimos con los maestros.

Algunos dicen que es populismo, si es populismo, que así lo consideren, pero yo vengo a cumplir lo que yo me comprometí.

Y yo me comprometí venir a plantear que los maestros que fueron dados de baja al calor de una reforma educativa, que no quiero entrar en polémica, sean nuevamente incorporados. Andan de cargadores en los mercados públicos, no es pena, pero tienen una profesión.

Tienen problemas de salud sus familias, sus hijos se enferman, sus esposas, ellos mismos y no tienen derecho a la seguridad social.

Se encuentran en el buró de crédito porque no tienen con qué pagar sus deudas, inclusive, con la misma casa, pero nosotros nos hemos olvidado de nuestros compromisos.

Ojalá también hubiera una ley de evaluación a los que somos legisladores, y los que no la pasemos ojalá también nos fuéramos al desempleo, como ellos el día de hoy se han ido. 2012 fue trágico para los maestros de México.

En el 2012 se hizo la reforma en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y el 2013 les dieron la puntilla a los congresos locales, y también en febrero el Ejecutivo Federal publicó la ley que habían aprobado.

Hoy en día miles y miles se encuentran desempleados. Dicen que “solamente el que carga el muerto sabe lo que pesa”, y los maestros desempleados saben lo que pesa el hambre, la necesidad, pero además también la vergüenza que les señala la sociedad al considerarles que son maestros desaplicados. A los maestros se les ha vapuleado inmisericordemente.

Aquí nos han hecho señalamientos, pues, sí, México es un país que necesita todo de urgente resolución”. Los que aprobaron las reformas del sector energético hoy dicen que se tienen que bajar las tarifas del sector eléctrico y las gasolinas, pero no lo pensaron antes, no lo pensaron antes.

Es por eso que el día de hoy pongo a la consideración de ustedes, pero que hoy quiero que oigan todos los maestros que fueron dados de baja, que sí nos acordamos aquí de ellos, que sí son nuestros compromisos ellos, que sí vamos a sacar adelante el problema de ellos porque para ejercer la política, antes que tener conocimientos, hay que tener sentimientos, y creo que este Congreso y que esta Cámara de Senadores debe de comprometerse con los maestros de México que fueron dados de baja.

Por eso yo les pido que pudieran analizar en comisiones este punto de Acuerdo que pongo a su consideración.

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice de inmediato la reinstalación de todos los maestros que fueron cesados como resultado de la aplicación de la Evaluación del Servicio Profesional Docente.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Navarro Quintero. Túrnese a la Comisión de Educación.

La Senadora Blanca Estela Piña se adhiere a esta proposición con punto de Acuerdo, también la Senadora Ana Lilia Rivera, la Senadora Antares Vázquez, el Senador Héctor Vasconcelos, el Senador Primo Dothé, la Senadora Margarita Valdez, y la Senadora Mónica Fernández se adhiere a esta proposición del Senador Miguel Ángel Navarro.






Senadoras y Senadores, voy a dar lectura a un Acuerdo relevante de la Junta de Coordinación Política.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se establece el programa legislativo para el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política al que he dado lectura.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se ha dado lectura. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Comuníquese a los grupos parlamentarios y publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.






Les comunico el Acuerdo de la Mesa Directiva sobre las siguientes efemérides:

EFEMÉRIDES

Del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República se suma a la conmemoración de este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza al tratarse de un tema de gran importancia para la calidad de vida de los mexicanos.

El 17 de octubre de 1987, más de cien mil personas se congregaron en el Palacio del Trocadero en París, justamente ahí donde en 1948 tuvo lugar la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el objetivo de proclamar que la pobreza es una violación a los derechos humanos y rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En diferentes foros se ha planteado la grave paradoja de vivir en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, y el escándalo moral que representa que millones de personas estén sumergidos en la extrema pobreza.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. Es, en sí misma, un problema de derechos humanos pues se caracteriza por múltiples vulneraciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que provoca que las personas que viven en esa situación se vean expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad.

Por tanto, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación moral de todas las sociedades.

Es así que mediante la resolución 47/196, la Asamblea General de la ONU declaró que cada 17 de octubre se celebrara en todo el mundo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En este año el lema escogido para el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es: “Unirse con los más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados”.

Es necesario mencionar y reconocer que la medición de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es rigurosa y altamente confiable.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza debe considerar los siguientes indicadores: a) el ingreso de los hogares; b) las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y c) el grado de cohesión social.

Gracias a estas mediciones científicas, el Gobierno Federal a lo largo del sexenio ha encauzado múltiples políticas públicas principalmente en los ámbitos de la economía, educación, vivienda, vestido y salud, que han tenido como meta primordial ayudar a mejorar el estatus socio-económico de las personas en estado de pobreza y, más aún, en extrema pobreza.

Algunos de los programas implementados con éxito para erradicar la pobreza son el Programa de Fomento a la Economía Social, operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que ha contribuido a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los organismos del sector social de la economía, así como de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales que cuentan con iniciativas productivas, y el Programa de Inclusión Social “PROSPERA” , operado por la misma dependencia y dirigido a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el marco de sus atribuciones y con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer la evolución de la pobreza 2010-2016 a nivel nacional y para cada entidad federativa, donde se ha podido observar la disminución de la pobreza extrema a través de una serie de indicadores sociodemográficos y de rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, a continuación algunos datos estadísticos:

• Respecto a la evolución de la pobreza y pobreza extrema en el periodo 2010-2016, Coneval informó que el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 (43.6%) fue menor que el reportado en 2014 (46.2%), en 2012 (45.5%) y que en 2010 (46.1%).

• El número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor al reportado en 2014 (55.3 millones), aunque mayor que en 2012 (53.3 millones) y que en 2010 (52.8 millones).

•  El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2016 (7.6%) fue menor que en 2014 (9.5%), en 2012 (9.8%) y en 2010 (11.3%).

• El número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 (9.4 millones) fue menor que en 2014 (11.4 millones), en 2012 (11.5 millones) y que en 2010 (13.0 millones).

El Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional no puede estar conforme con las metas alcanzadas y reconocemos el enorme reto que aún tenemos en materia de pobreza. Pero para enfrentarlo, el Gobierno de la República tuvo la visión y el coraje suficiente para emprender las reformas estructurales que están en su etapa de maduración y que permitirán lograr un crecimiento económico sostenido, la creación de empleos mejor remunerados, la reducción de la inflación, el respeto de los derechos sociales y una disminución de las desigualdades regionales.

Las reformas estructurales son un gran paso y una realidad que los mexicanos estamos próximos a consolidar, sin embargo, no podremos alcanzar los objetivos si el crecimiento económico no toma en cuenta el restablecimiento del tejido social y el fortalecimiento de un Estado capaz de redistribuir la riqueza y consolidar programas sociales vinculados a un nuevo modelo económico que tome en cuenta los emprendimientos surgidos desde el territorio y de las comunidades que en el habitan.

Los pesimistas siempre verán el vaso medio vació, nosotros lo queremos ver medio lleno, por ello afirmamos que los resultados obtenidos muestran que la política social del presidente Enrique Peña Nieto está en la dirección correcta.

Escamotear estos avances es mezquino y no abona en nada para seguir superando los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos.

Cabe mencionar que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible:

• Fin de la pobreza;

• Hambre cero;

• Salud y bienestar;

• Educación de calidad;

• Igualdad de género;

• Agua limpia y saneamiento;

• Energía asequible y no contaminante;

• Trabajo decente y crecimiento económico;

• Industria, innovación e infraestructura;

• Reducción de las desigualdades;

• Ciudades y comunidades sustentables;

• Producción y consumo responsables;

• Acción por el clima;

• Vida submarina;

• Vida de ecosistemas terrestres;

• Paz, justicia e instituciones sólidas;

• Alianzas para lograr los objetivos.

Para cumplir esta Agenda, México debe apretar el paso y permitir que estos esfuerzos a nivel internacional se repliquen con éxito a nivel local con el firme propósito de lograr un resultado más contundente en el combate a la pobreza en todo el país.

Los mexicanos ya contamos con diversas herramientas confiables para la medición de la pobreza; ahora falta dar continuidad a lo que está funcionado y corregir ahí donde sea necesario cambiar para erradicar completamente esta situación.

El Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional les seguirá dando voz en el Congreso a las personas que viven en pobreza. Desde el Senado de la República seremos muy firmes para que México siga participando con prestancia en todas aquellas iniciativas mundiales dirigidas a poner fin a la pobreza extrema de una vez por todas.

No claudicaremos en la lucha por erradicar la pobreza y estaremos muy atentos a que el próximo Gobierno Federal se comprometa con acabar con la exclusión social y reivindicar en todo momento la dignidad de las personas sin distinción alguna.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.






De la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT, sobre el “Día Mundial de la Protección de la Naturaleza”.

“Dia Mundial de la Protección de la Naturaleza”
18 de Octubre.

México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.

El origen de esta celebración está en las palabras pronunciadas por el general argentino Juan Domingo Perón en 1972, mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas. En ellas Perón alertaba sobre "la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología" y hacía una llamada para revertir la situación. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra el 18 de octubre de cada año, desde 1972.

Es necesario anticipar los riesgos y prevenir los daños; proteger los espacios naturales, aquellos que poseen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje o geomorfología y dirigir esfuerzos para que el desarrollo humano sea compatible con la protección del entorno.

En momentos en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que se consume, la protección de la naturaleza se convierte en un asunto de prioridad esencial.

Es necesario reforzar las buenas prácticas ambientales por toda la comunidad. Crear responsabilidad ambiental es el principal objetivo de este día. 

La protección de la Madre Naturaleza, no puede ser una cuestión exclusiva de los ambientalistas. Es responsabilidad de todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y de la biodiversidad en particular.

Crear responsabilidad ambiental es el principal objetivo de este día. Una educación basada en valores ambientales aplicables a cualquier actitud social y cuyo objetivo es el de formar la capacidad de observación crítica y juicio de valor teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de Protección de la Naturaleza”.

“Día Internacional de Protección de la Naturaleza

La riqueza biológica de México lo posiciona como uno de los países más importantes en esta área, su ubicación geográfica, la diversidad del paisaje, la extensión del territorio, la cultura, entre otros aspectos ayudan a que pueda entrar en la categoría de “país megadiverso” esto significa que en su territorio se desarrolla una cantidad de especies animales y vegetales mayor al promedio mundial.

En conjunto los países megadiversos poseen el 70% del total de especies identificadas en el plantea.1

El grupo de países megadiversos lo integran 12 naciones: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.2

México es consciente de la responsabilidad que implica ser guardián de diferentes especies tanto animales como vegetales y la protección de la naturaleza siempre ha sido una de las principales misiones.

Otro rasgo característico de nuestro país es la variedad de ecosistemas que aquí se desarrollan y que son de trascendencia internacional, actualmente contamos con 142 sitios designados como “Humedales” o sitios Ramsar3, que son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos y que representan una superficie de 8,657,0574 hectáreas y para asegurar la protección de estos nichos ecológicos se trabajó para agregar el artículo 60 TER.

A la ley General de Vida silvestre que prohíbe los cortes o actividades que comprometan el flujo de agua a estas zonas.5

Además del valor intrínseco de la naturaleza también contribuye a los aspectos sociales, económicos, recreativos y culturales de los países, por este motivo el 18 de octubre se conmemora el “Dia Internacional de la naturaleza”, que es una manera de celebrar y concientizar la importancia de la flora y fauna en el mundo.

Conscientes de la importancia de la protección de la naturaleza las y los legisladores del Partido Verde hemos trabajado para desarrollar productos legislativos en la materia que permitan condiciones favorables para todas las especies tanto animales como vegetales así como la protección a los ecosistemas que permiten su existencia, ejemplo de lo anterior son las reformas a los artículos  47 Bis, 3, 104 y 120 de la Ley General de Vida Silvestre en la que se busca un mayor control en los permisos de aprovechamiento, penas más severas para los infractores en el daño al medio ambiente y asegurar ejemplares rescatados, o la adición del artículo 60 Bis 3 a la misma ley que protege el hábitat del águila real y por consecuencia esta especie se encuentra con mayor protección

Estas acciones van en función del compromiso con el medio ambiente y con la sociedad civil para garantizar un futuro en equilibrio ecológico.

En el marco del Día Internacional de Protección de la Naturaleza las y los Legisladores del Partido Verde acompañamos y celebramos los esfuerzos ciudadanos para protegerla y recordarles que estamos comprometidos a trabajar para crear una cultura de conservación y protección, siempre velando por el crecimiento del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

1 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-un-pais-megadiverso

3 https://www.ramsar.org/es/sitios-paises/los-sitios-ramsar

4 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional-los-sitios-ramsar-0

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961212&fecha=01/02/2007






Del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional del Cáncer de Mama”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional del Cáncer de Mama”

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos; en las mujeres se observa el mayor impacto en comparación con los varones, debido a que dos de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad; los datos de mortalidad entre los varones son marginales.

Se estima que en el continente americano, 2.9 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 millones mueren por esta enfermedad.1

En las mujeres mexicanas, a partir del año 2006, el carcinoma mamario se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 ocurrieron 4 mil 964 decesos atribuibles al cáncer de mama, lo que representa el 2% del total de defunciones ocurridas en mujeres. Esto significa que en ese último año murieron por cáncer de mama casi 14 mujeres cada día. Para 2016 se observaron 16 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 an?os y ma?s 2.

En este sentido, Instituto Nacional de Cancerología estima que al término de 2018 fallezcan 4 mil 624 mujeres, de 40 a 69 años, por la enfermedad.

El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre, tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado.

En este día en especial, la OMS promueve la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este tipo de cáncer.

Durante el mes de Octubre se desarrollan actividades en toda la República Mexicana que buscan la participación social orientada a tomar conciencia, a fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, de su familia y su comunidad en el cuidado de su salud e identificar y valorar factores de riesgo así como promover estilos de vida saludables que son fundamentales en esta lucha.

En México solo el 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en fases tempranas, por lo que resulta necesario reforzar las campañas permanentes de sensibilización sobre la enfermedad, impulsar la autoexploración y las mamografías, y en general, fortalecer las estrategias y programas de prevención y diagnóstico oportuno.

Con base en lo anterior en el Senado hemos tomado acciones para que exista una detección temprana y esta enfermedad no siga cobrando más vidas. Entre las acciones emprendidas se encuentran las siguientes:

• Mediante Acuerdo de la JUCOP las y los senadores de esta legislatura decidimos donar uno o dos días de nuestra dieta para apoyar a la fundación para el cáncer de mama A.C.

• Se arrancó la campaña 15 Minutos, Salva Tu Vida con la que busca prevenir el cáncer de mama y se colocaron unidades médicas móviles del Fucam a las afueras del Senado de la República, para realizar exámenes gratuitos a trabajadoras, asesoras, senadoras, incluso vecinas que habitan en los alrededores. Dichas unidades estará en operaciones hasta el 19 de octubre.

• Por otro lado, el edificio del Senado se ha iluminado de rosa como parte de la Campaña de concientización.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos comprometidos con las mujeres mexicanas para mejorar su calidad de vida.

Por ello, creemos que es prioritario conmemorar esta fecha para crear conciencia sobre el riesgo que conlleva el no realizar una detección oportuna, debido a prejuicios y falta de cuidados en la salud. Así como, realizar acciones para que mas mujeres puedan acceder a los sistemas de salud y puedan realizar los exámenes correspondiente para evitar más muertes por esta y otras causas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Sen. grupo parlamentario del Partico de la Revolución Democrática.

1 Pagina de la Organización Panamericana de la Salud
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=2&Itemid=40735&lang=es

2 Pagina del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf






Del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”. Sin texto.






De la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT, sobre el “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”.

“Dia mundial contra el cáncer de mama”

19 de Octubre

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Asociaciones y colectivos de todo el mundo celebran este día con el símbolo de un lazo de color rosa, realizando actividades de todo tipo con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir este tipo de cáncer.

A nivel internacional una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su vida, es decir, que el 12 por ciento de la población femenina actual en el mundo va a presentar esta enfermedad1, cada año se reporta un millón de nuevos casos, de los cuales aproximadamente la mitad ocurren en los países desarrollados y es en éstos donde se registran la mayoría de las muertes por esta causa2. En México los registros epidemiológicos muestran que el número de casos nuevos reportados de cáncer mamario va en aumento, así como la tasa de mortalidad por esta causa, actualmente ocupa el primer lugar como causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres mayores de 25 años y es un grave problema de salud pública en nuestro país.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum.

http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2008/abr_01_ponencia.html






Todos los textos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y se integrarán en el Diario de los Debates de la sesión de hoy.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal del 2015, en México existen cerca de 61.4 millones de mujeres1, lo que representa más de la mitad de la población nacional, es decir, el 51.4% de la población mexicana son mujeres. Las entidades que concentran la mayor presencia de mujeres son la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla.

Las mujeres mexicanas se tienen que enfrentar a diferentes complejidades, una de ellas es el tema de la desigualdad económica. De acuerdo a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el trabajo no remunerado es realizado mayormente por las mujeres, lo que en muchos de los casos, representa una doble jornada laboral, además tres cuartas partes2 del trabajo de cuidados del hogar es realizado por mujeres. Un estudio publicado en el 2014 denominado “Discriminación Salarial de la Mujer en el Mercado Laboral de México y sus Regiones”3demostró que el 85% de la brecha salarial está asociada con discriminación por razones de género y no por diferencias de capital y capacidad humano. Aunado a esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4 estima que las mujeres ganan hasta un 30% menos que los hombres realizando las mismas tareas.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el desempleo en las mujeres económicamente activas, asciende a un 40%.5, a esto hay que agregar, que las que se encuentran ocupadas (las cuales se estiman que son más de 20 millones de mujeres) se tienen que enfrentar a la informalidad laboral, la cual, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se define como

[…] una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo […]6

Al menos el 57.2%7 de las mujeres que laboran en el país, se encuentran en la informalidad, es decir, el trabajo que realizan no les brinda ni a ellas ni a sus familias protección social, ni cualquier otra prestación que se encuentre estipulada en la Ley Federal del Trabajo.

Aunque en los últimos años se hayan implementado acciones para poder incidir en la reducción y mitigación de la desigualdad económica entre mujeres y hombres, todavía quedan muchas cosas por hacer. Nuestro país, ha firmado y ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y ha asumido responsabilidades éticas, morales y políticas cuyo fin último es potenciar el disfrute de las libertades fundamentales y humanas de las mujeres mexicanas en todos los ámbitos de sus vidas. Entre esos insturmentos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género; entre otros.

Ante esta problemática, es necesaria la creación de mecanismos sólidos y confiables que garanticen seguridad económica a las mujeres, además, de apoyar a aquellas que quieran crear sus propias fuentes de ingresos. Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto la creación de Sociedades Cooperativas, las cuales brindarán certidumbre, estabilidad y seguridad a las mujeres trabajadoras del país.

Como mujer y como representante de las mismas, estoy consciente del esfuerzo y trabajo que realizamos día con día para sacar adelante a nuestra familia y a nuestros hijos, por tal motivo reitero mi compromiso con todas las mujeres mexicanas que con su amor y esfuerzo contribuyen al desarrollo de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNIO.- Se Adiciona una nueva Fracción XXV al Artículo 7 y se recorren las subsecuentes de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXIV. …

XXV. Crear Sociedades Cooperativas de ahorro y de participación estatal, para apoyar económicamente a las mujeres mexicanas que lo soliciten.

Las Sociedades deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer”. 6 de marzo del 2017. Pag. 2. [En línea]. Sitio web 
<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf>

2 Alejo Vázquez Diego en “Nexos”.  [En línea].
<Sitio web https://economia.nexos.com.mx/?p=762>

3 Rodríguez Pérez, E. y Castro Lugo D. “Discriminación Salarial de la Mujer en el Mercado Laboral de México y sus Regiones”. Pág. 46, Colegio Mexiquense, 2014. Vol. XIV.

4 Con información de “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016”.

5 STPS. Información Laboral. Octubre 2018. [En línea]. <Sitio web
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf> pag. 15

6 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa para la Formalización de la Informalidad.  [En línea].
< Sitio web http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_244404.pdf>

7 STPS. Op cit; Pág. 5






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los productos denominados “formula láctea” y “producto lácteo combinado”, de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de “leche”. Se turna a la Comisión de Economía.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROFECO, PARA QUE LOS PRODUCTOS DENOMINADOS “FORMULA LÁCTEA” Y “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES, NO PUEDAN UTILIZAR EN SU ETIQUETADO Y MARCA LA DENOMINACIÓN DE “LECHE”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este tipo de productos no son comparables con las  características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.1

Por otro lado, la NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la formula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente; de igual manera el Producto lácteo combinado es definido como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente.

Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las especificaciones de su denominación dentro de la norma.

II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados2.

De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca,  tiene un aporte calórico menor que estas, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco  no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante esta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal3.

Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos4.

Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, ha advertido que desde 1994 las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues  ese mismo año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche  por una cantidad de 2 mil 167 millones de pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 1 800 % cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de sueros, grasas Trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales5. Además, mencionan que debido a un vacío en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera6.

En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal7.”

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de las tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche8.

Por ello, creemos que el uso de la palabra leche, no puede utilizarse como denominación para referirse a los productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos.

III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos combinados o fórmulas lácteas,  genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto,  ya que al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.

Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que:  La publicidad es el modo de promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está encaminada a una doble finalidad:

1. “Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o servicio que se quiere vender; y

2. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio9.”

Así mismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 42.- El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.”

Es por esto, que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión concientizada al momento de consumir algún producto.

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante10

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo establece lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.”

Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor en su estudio “No todo lo que parece leche lo es Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente:

En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “formula láctea con grasa vegetal” o “producto lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.11

En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la denominación leche, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente vegetales.

Por todo lo anterior, debemos prever que la utilización de denominaciones de productos de origen animal se limite únicamente a aquellas mercancías que cumplan con lo establecido en la normatividad mexicana, pues su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos que cumplen con las características particulares que solo los productos de origen animal poseen, lo que genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera.

Derivado de lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para para que los productos denominados “formula láctea” y “producto lácteo combinado”, de acuerdo a las Normas Oficiales, no pueda utilizar la denominación “leche” en su etiquetado y en su marca, y que conforme a ello se revise el estatus de los productos que se comercializan en el mercado y retiren del mismo los que incumplan estas disposiciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010)
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010

2 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 55, (2018)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y

3 ibídem.

4 ibídem.

5 “México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, (2018)
https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente
-de-estados-unidos-alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html

6 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017)
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.
reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483

7 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018)
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/composicion-de-la-leche/es/

8 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor.
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf

9 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, Procuraduría Federal del Consumidor, (2006)
https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Normatividad_TomoIV/Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf

10 ibídem.

11 Ibídem.






Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio. Se turna a la Comisión de Energía.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE REVISE LAS METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL IMPACTO Y AFECTACIONES DE LOS RECIENTES INCREMENTOS EN LAS MISMAS EN EL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETIVO DE CONTENER Y REVERTIR LOS AUMENTOS DRÁSTICOS DE ESTE SERVICIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los incrementos en las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial han causado malestar entre la población y están afectando de manera particular a los sectores productivos del país. En el estado de Jalisco estos aumentos, que oscilan entre el 60 y 70 % en lo que va del año, están provocando graves afectaciones a la industria,1 y adicionalmente, según detalla el Presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA), estos incrementos en las tarifas de electricidad están provocando la salida de inversiones productivas.2

A inicios del presente mes de octubre, el suscrito recibió una carta del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Guadalajara, en donde señala que estos incrementos en las tarifas de energía eléctrica son injustificados y no corresponden a las condiciones económicas de la población, lo que está afectando al sector productivo y a las actividades económicas en dicha entidad.

Coincidimos con los señalamientos expuestos en virtud de que el salario mínimo en México se ha mantenido estancado, mientras distintos servicios mantienen una dinámica de incremento en sus costos, como son no sólo la energía eléctrica, sino el gas, la gasolina, entre otros.

Mientras que el incremento del salario mínimo entre 2017 y 2018 fue del 10.3 %, al pasar de 80 pesos a 88.3 pesos,3 los aumentos en las tarifas de electricidad oscilan entre el 60 y 70 % en el sector industrial.

La Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión Reguladora de Energía a determinar las metodologías para el cálculo de las tarifas de energía eléctrica. El artículo 12, fracción V de dicha legislación, faculta a la Comisión Reguladora de Energía a:

V. Expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y los precios máximos del Suministro de Último Recurso, y determinar las demás condiciones para dicho Suministro;

Igualmente, el artículo 139 de dicha Ley señala:

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.

Así pues, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía revisar y atender las preocupaciones de los sectores productivos del país en torno a los incrementos en las tarifas de energía eléctrica y dar cuenta del impacto y consecuencias de los recientes aumentos a las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise las metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas en el Estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Canirac y CFE, sin acuerdos por aumento en electricidad”, Milenio, 9 de octubre de 2018.
http://www.milenio.com/negocios/canirac-y-cfe-sin-acuerdos-por-aumento-en-electricidad

2 “Incremento de la tarifa de luz en México aleja inversionistas: CAREINTRA”, W Radio, 9 de octubre de 2018.
http://wradio.com.mx/emisora/2018/10/10/guadalajara/1539123739_190649.html

3 Cfr.: https://salariominimo2018mexico.com/






De la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer de próstata. Se turna a la Comisión de Salud.

MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de la H. Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE >EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, REFUERCEN E INTENSIFIQUEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con los médicos y científicos el cáncer es un padecimiento fisiológico, mortal y silencioso, definido por la Organización Mundial de la Salud, como1:

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas»2. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina «metástasis»3. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer.

Para el año 2012, la OMS informó que los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia a nivel internacional son los de pulmón, hígado, estómago, colon y recto, mama y esófago.4

Por sexo, los cinco principales en las mujeres son el de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago.

En el caso de los hombres, son el de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado (OMS, 2015).

En el ámbito mundial, en general, el cáncer, fue la principal causa de muerte, al registrarse 8.8 millones de fallecimientos en el año de 2015.5

De acuerdo cifras internacionales ofrecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso particular del Cáncer de Próstata, ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más común entre hombres.

Para el 2014, se diagnosticaron alrededor de 233 mil nuevos casos, de los cuales 29 mil 480 son mortales.

Uno de cada 7 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida, se estima que 6 de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años o más. Siendo la edad promedio los 67 años.6

En México, el Cáncer de Próstata, es la segunda causa de muerte entre los hombres; en el análisis del total de esta población los porcentajes de fallecimientos por dicha enfermedad en el periodo 2011-2016 fluctúan entre 12 y 12.5 por ciento; considerando exclusivamente los porcentajes de las principales causas de mortalidad por cáncer para los varones, es decir, dos de cada 10 muertes por tumores malignos son por esta causa. El cáncer de próstata forma parte de este grupo y es precisamente una de las neoplasias malignas más comunes en los varones de edad avanzada, lo cierto es que es diagnosticada en hombres con menos de 40 años (MedlinePlus, 2017a).7

De acuerdo con el Hospital Juárez de México, este tipo de cáncer ya es considerado como un problema de salud pública, los datos muestran que aproximadamente, 7 mil hombres mueren al año por este padecimiento y se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos.

Por ello, se requiere reforzar las acciones y estrategias en la prevención del cáncer de próstata, y así revertir el incremento en la incidencia y muertes relacionadas con este padecimiento.

En este orden de ideas, la Ley General de Salud, en su artículo 160, señala que:

“Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.8

En este sentido, resulta de la mayor importancia, incluso vital, realizar acciones coordinadas de manera interinstitucional entre las dependencias del sector salud en los distintos ámbitos de gobierno.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con sus homologas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer de próstata.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal.

1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultado el 08 de octubre de 2018

2 Neoplasia. f. Med. Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. Diccionario de la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=QP66GHm. Consultado el 9 de octubre de 2018.

3 Metástasis. f. Med. Propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. Diccionario de la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=P6D8GXM. Consultado el 9 de octubre de 2018.

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf. Consultado el 08 de octubre de 2018

5 Op. Cit. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultada el 8 de octubre de 2018.

6 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata. Consultado el 08 de octubre de 2018

7 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf. Consultado el 08 de octubre de 2018

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf. Consultado el 08 de octubre de 2019.






Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a modificar el Acuerdo por el que se implementa el Sistema Conagu@-Digital y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar mecanismos que ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades indígenas y rurales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CONAGUA PARA QUE MODIFIQUE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL, ASÍ COMO A LA SHCP PARA QUE DISEÑE MECANISMOS QUE AYUDEN A LA OBTENCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El 1 de octubre del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”. Dicho Acuerdo pretende, entre otras cosas, implementar la plataforma Conagu@-Digital, a través del cual se llevarán a cabo trámites como: permisos de descarga de aguas residuales; concesión y/o asignación de aguas nacionales superficiales, aguas subterráneas, así como para la ocupación de terrenos federales cuya administración competa a la CONAGUA; y la modificación, transmisión de derechos o prorroga de títulos. Este acuerdo entró en vigor el día 15 de Octubre de 2018.1

Según el Acuerdo, Conagu@-Digital es un sistema donde se podrán realizar trámites electrónicos de la Conagua mediante la utilización de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), con la finalidad de hacer más eficientes los procesos de atención y resolución de trámites, y permitirá un presunto ahorro de 16 mil millones de pesos, ya que actualmente el costo anual de los tramites que se presentan en Conagua asciende a casi 21 mil millones de pesos, un promedio de 376 mil pesos por cada trámite.2

El Acuerdo también establece la eliminación de modalidad A) general y modalidad B) con requerimiento de manifestación de impacto ambiental, para los trámites de concesión de aprovechamiento de aguas superficiales, de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, y de autorización para la transmisión de títulos y su registro. De acuerdo a la Conagua, esto se debe realizar porque actualmente se dificulta la identificación y comprensión de los requisitos.3

II. La publicación del citado Acuerdo ha traído consigo una serie de cuestionamiento y críticas por parte de expertos, así como de organizaciones civiles, quienes señalan que la nueva herramienta digital pone en riesgo el uso y el acceso al vital líquido.

De acuerdo a expertos de la Universidad Autonomía Metropolitana, el acuerdo promueve la desigualdad en el acceso al agua, ya que la mayoría de las comunidades rurales, pueblos originarios, así como muchos mexicanos no tienen firma electrónica ni tienen la información suficiente para tramitar alguna concesión o permiso. Adicionalmente, las aguas disponibles estarán expuestas a intereses particulares, al eliminarse distintos mecanismos de control en el otorgamiento de concesiones, mismas que podrán ser de hasta 30 años.4

Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos manifestó que “las concesiones se otorgarán por orden de presentación de las solicitudes. En otras palabras: el primero en pedir será el primer servido”5. Así mismo, miembros de la Central Campesina Cardenista mencionaron que: “Un empresario con información privilegiada podrá acapararse del agua de una comunidad sin avisarle, ni respetar sus derechos a la consulta.”6

III. La Conagua anunció este 15 de octubre que:

“Debido a que el nuevo sistema Conagu@-Digital requiere de manera obligatoria contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que algunos de los usuarios de aguas nacionales no cuentan con ella, hoy se decidió emitir un acuerdo para postergar el inicio de operaciones del sistema por seis meses, con el fin de permitir a todos los usuarios que no cuenten con ella realizar los trámites necesarios para obtenerla.”7

Si bien este anuncio resulta positivo y la nueva plataforma digital puede aumentarla eficiencia en el despacho de trámites de la Conagua, también es cierto que el Acuerdo emitido contiene deficiencias que pueden generar opacidad e inaccesibilidad para el aprovechamiento sustentable de las aguas nacionales.

Para ejemplificar lo anterior, en el acuerdo se establece que los particulares ya no deben presentar documentos que acrediten la constitución de servidumbres necesarias para el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como de documentos que acrediten la propiedad o posesión en el inmueble en el que se localizará la extracción de las aguas nacionales. Esto significa que únicamente se le  requerirá al promovente declarar bajo protesta de decir verdad que cuenta con la legal constitución de las servidumbres, propiedad o posesión, y que se compromete a presentar ante la Conagua los documentos originales que así lo demuestren cuando le sea requerido durante la vigencia del título, la cual puede ser hasta por 30 años. Este esquema podría generaría problemáticas por usurpación o invasión de áreas de promoventes que no acrediten de manera inmediata la posesión de algún terreno.

De igual manera se eliminan las evaluaciones de impacto ambiental para la solicitud de concesión o asignación de aguas nacionales superficiales o subterráneas, en caso de que la superficie no rebase las 100 hectáreas. Además, como ya se ha señalado, todas las solicitudes, avisos y repuestas a requerimientos o cualquier tipo de escrito que presenten los promoventes respecto a los tramites que se realizan en el portal, deberán ser digitales y contener la firma electrónica avanzada del solicitante de la concesión o permiso, lo que deja en desventaja a las comunidades rurales o indígenas que no tiene acceso a internet o no cuentan con información suficiente para tramitar o hacer uso de la Firma Electrónica.

Así pues, el Acuerdo emitido por la Conagua contiene algunos puntos que debe ser revisados. Por un lado, se debe abatir la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos, no se puede excluir a comunidades enteras de acceder a este servicio por el hecho de no contar con una firma electrónica; y por otro lado, se deben corregir los aspectos que dejan abierto el camino a la discrecionalidad, a la opacidad, al mal uso de información privilegiada y a los atropellos en el uso de las aguas nacionales.

Derivado de lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que modifique el “ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”, considerando lo siguiente:

A) Establecer el requerimiento obligatorio de presentar los documentos que acrediten la constitución de servidumbres necesarias para el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

B) Establecer el requerimiento obligatorio de presentar los documentos que acrediten la propiedad o posesión en el inmueble en el que se localizará la extracción de las aguas nacionales.

C) Establecer que en el otorgamiento de permisos o concesiones prevalecerán aquellos usos destinados a la protección y conservación, así como aquellos destinados para uso en comunidades rurales o indígenas, y no por simple orden de presentación de las solicitudes.

D) Dar continuidad a la realización de trámites de manera presencial en las oficinas correspondientes, así como contemplar la instalación de módulos de orientación permanentes destinados al apoyo y asesoría en el uso de la Plataforma Conagu@-Digital.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través del Servicio de Administración Tributaria, implemente mecanismos adecuados y oportunos, focalizados a los habitantes de comunidades rurales e indígenas del país, para que puedan realizar el trámite de obtención de su Firma Electrónica Avanzada, de cara a la prórroga de la entrada en vigor del “ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”.

Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”, Diario Oficial de la Federación, 2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5539572&fecha=01/10/2018

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 “Conagua busca lucrar con concesiones ‘masivas y automáticas’ por internet: Moctezuma”, Aristegui noticias, 2018.
https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/conagua-busca-lucrar-con-concesiones-masivas-y-automaticas-por-
internet-moctezuma/

5 “La Conagua otorgará concesiones de explotación del agua en línea”, Agua. org, 2018
http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/blog/noticias/item/1514-la-conagua-otorgara-concesiones-de-explotacion-
del-agua-en-linea

6 ibídem.

7 “Se pospone entrada en vigor de Conagu@-Digital por seis meses”, Comisión Nacional del Agua, 2018
https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-pospone-entrada-en-vigor-de-conagu-digital-por-seis-meses.






De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las demandas que más han sido exigidas por parte de los mexicanos en el presente y pasado inmediato, es el de solucionar el problema de la inseguridad y la delincuencia, mismo que ha sido enfrentado por la actual administración a través de diversos instrumentos, solo que aún es un proceso inacabado que requiere ser reforzado para brindarle a toda la ciudadanía las condiciones de seguridad pública y certeza indispensables, y que al mismo tiempo, también sea posible abatir paulatinamente tal amenaza.

El Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD) fue una estrategia implementada por el Gobierno Federal con la idea de desarrollar una política integral para prevenir la violencia y el delito en nuestro país, generando actividades que permitirían alejar de esta problemática a las personas con mayor susceptibilidad de verse afectados o incluidos en la misma.

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es el ordenamiento legal donde tiene su origen el PNPD y cuyos objetivos pueden ser resumidos de la siguiente manera:

1. Efectuar un diagnóstico de seguridad a partir de un análisis de las causas, de los factores de riesgo, y las consecuencias de la violencia y de la delincuencia;

2. Tener en la prevención, uno de los presupuestos que darán bienestar y calidad de vida a todos los mexicanos;  

3. Brindar especial asistencia y atención a aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad por razón de su edad, estado de salud, genero, o alguna que las coloque en desventaja social;

4. Fortalecer a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobiernos, generando mayor coordinación entre ellas, para complementar el trabajo de prevención;

5. Vincular entre sí a la ciudadanía, para que trabaje coordinadamente en lo que hace a la prevención del delito, mediante actividades deportivas y culturales u otras que logren el objetivo;

6. Recuperar espacios públicos que permitan establecer condiciones de interacción, logrando disminuir los factores de riesgo en las regiones que padezcan de manera más acentuada la problemática de la inseguridad pública;

El PNPD es desarrollado bajo los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación, quien coordina y auspicia la colaboración entre las instituciones federales y locales, para impulsar con mayor fuerza cada uno de los objetivos trazados en la ley de la materia, logrando un mayor alcance en la población para obtener mejores resultados en la prevención del delito mediante un  esquema de atención integralidad.

Al ser una estrategia implementada desde el actual Gobierno Federal, de 2013 a 2016, le fueron otorgados al PNPD, recursos por cerca de 10 mil millones de pesos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, cantidades que fueron etiquetadas a Secretaría de Gobernación para transferirlos a los municipios, quienes a su vez otorgarían tales recursos a los proyectos que cumplieran con los lineamientos requeridos, con lo cual se lograron avances paulatinos en las entidades federativas, al haberse atendido a aquellas demarcaciones que presentaban factores de riesgo muy acentuados, con altos índices de violencia e inseguridad pública.

Los recursos que fueron otorgados al PNPD mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron a los ejercicios fiscales referidos de la siguiente manera:

• En 2013 se le asignaron al PNPD 2,500 mdp.

• En 2014 se le asignaron al PNPD 2,595 mdp.

• En 2015 se le asignaron al PNPD 2,683 mdp.

• En 2016 se le asignaron al PNPD 2,015 mdp.

• En 2018 se le asignaron al PNPD 300 mdp.

Para el ejercicio fiscal de 2017, el PNPD no fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se le dio prioridad a otros programas sociales, debido a los ajustes propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener la estabilidad económica en el país, debido a la crisis económica vivida a nivel mundial durante 2016, destacándose que en el lapso de 2013 y 2016, en promedio se otorgó una cantidad de 2, 448 millones de pesos para poder desarrollar dicho programa.

Para el ejercicio fiscal 2018 se otorgó un presupuesto sólo por 300 millones de pesos, una cantidad muy por debajo del promedio que se asignó en años anteriores.

Entre los resultados del programa se puede resaltar, la recuperación y rehabilitación de diversos espacios públicos, así como la remodelación y construcción de inmuebles nuevos para programas de prevención.

De igual manera se brindó capacitación a más de 2.8 millones de jóvenes en diferentes oficios, actividades culturales y deportivas.

Con el fin de promover una cultura de no violencia, se ha realizado una amplia campaña de canje de armas a cambio de incentivos económicos y/o artículos domésticos.

En lo que va de la administración, se han retirado de las calles más de 92 mil armas de fuego, más de 2.6 millones de cartuchos de diferentes calibres y más de 9 mil granadas.

Sin embargo y pese al avance es necesario incrementar los recursos económicos otorgados al PNPD para 2019, con la idea de abonar a los esfuerzos que se realicen en el combate a la violencia e inseguridad pública, mediante la implementación de proyectos que impliquen actividades deportivas, culturales, recreativas, u otras que puedan contribuir al fortalecimiento de la política de prevención a la violencia y el delito en todo el país, al atender integralmente las causas y factores de riesgo que afecten primordialmente a aquella población que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y que tenga mayor susceptibilidad de verse perjudicada o involucrada en esa problemática.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de qué en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito, como una medida que reforzará la política de prevención a la inseguridad y violencia en todo el país.

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Martínez García.






De la Senadora Nestora Salgado García, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el resguardo directo del ex alcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Las suscrita, Senadora NESTORA SALGADO GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 numeral 1, 95, 108, 109 y 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, pone a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, AMBAS DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INVESTIGUE, Y EN SU CASO, SE IMPONGAN LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE HAYA LUGAR, POR LA DESAPARICIÓN DE 342 ARMAS QUE SE ENCONTRABAN BAJO EL RESGUARDO DIRECTO DEL EXALCALDE de ACAPULCO DE JUÁREZ, LIC. JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las diferentes expresiones de la delincuencia organizada en México han afectado gravemente al tejido social, la credibilidad de las Instituciones y la legitimidad de nuestros gobernantes. Una de las entidades federativas más afectadas por este fenómeno, es precisamente el Estado de Guerrero.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero es la segunda entidad federativa con más homicidios ocurridos en el 2017, sólo por debajo del Estado de México.

Es menester señalar que el Estado de México tiene 16,187,608 habitantes y 3046 defunciones por homicidio, mientras que Guerrero cuenta con 3,388,768 y 2575 registros, esto es, el Estado de México tiene casi cinco veces más los habitantes de Guerrero, pero únicamente 471 homicidios más.1

Asimismo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) ubica al Estado de Guerrero como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas, relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 2018.2

En ese orden de ideas, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de Guerrero es la entidad federativa con más fosas clandestinas localizadas, con el imponente número de 192.3

Dado ese entorno de violencia extrema, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) implementó un operativo de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acapulco de Juárez, ante la sospecha de infiltración de grupos delictivos en la misma.

Posteriormente, el Ejército, la Policía Federal y la Marina asumieron el control de la seguridad pública en dicho municipio, desarmando a la policía local a fin de deslindar responsabilidades.

Subsecuentemente, el 29 de septiembre del presente año, el GCG reveló que faltan 342 armas que estaban al resguardo directo del expresidente municipal, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. El cual, a su vez, tiene bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Bajo este tenor, es improrrogable e imprescindible exhortar a las autoridades competentes, con el objeto de que se deslinden responsabilidades, así como para que se esclarezca el paradero de estas armas, con la finalidad de que no sean utilizadas en la comisión de aún más delitos que laceren a la sociedad civil.

MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN

De conformidad con los artículos 108, 109 y demás correlativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, se solicita que la presente proposición sea aceptada como de urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I. La secretaría de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Acapulco de Juárez está bajo investigación federal por la presunta intervención de grupos criminales en ella;

II. Las 342 armas que no se encuentran, pueden estar en manos de grupos delincuenciales no identificados;

III. Las armas, al constituirse como instrumentos para la comisión de hechos delictuosos, ponen en grave riesgo a la población de Guerrero y a México en general; y

IV. El proceso legislativo ordinario para las proposiciones con puntos de acuerdo, establecido en el Reglamento del Senado de la República, conlleva una temporalidad que supera, por mucho, la urgencia que representa encontrar y resguardar las armas multicitadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas de Guerrero, con la finalidad de que se investigue, y en su caso, se impongan las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Nestora Salgado García.

1 Defunciones por homicidio, por año de registro. según entidad y municipio de ocurrencia, INEGI, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= .
Recuperado el 1 de octubre del 2018.

2 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNPED, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped .
Recuperado el 1 de octubre del 2018.

3 Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, CNDH, disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf .
Recuperado el 1 de octubre del 2018.






Del Senador José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El suscrito, Senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Apenas el miércoles 19 de septiembre pasado se cumplieron 33 años y un año de los terremotos que azotaron el centro de nuestro país en 1985 y 2017, y que costaron a la Ciudad de México cuantiosas pérdidas humanas y materiales.

Hoy vivimos los daños que dejó la Depresión Tropical 19-E, que ocasionó fuertes ha causado las lluvias más intensas de los últimos 10 años, dejando afectaciones, inundaciones y al menos 3 personas muertas en Sinaloa, al tiempo que se tienen cerca de 15 mil hectáreas de cultivos agrícolas con pérdida total y mil 920 hectáreas con siniestro parcial. Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán son los municipios afectados, siendo los cultivos de sorgo, ajonjolí, maíz, frijol y melón los más afectados.

Aunado a esto, el Servicio Metereológico Nacional informó que se esperan tormentas muy fuertes en Sinaloa y Michoacán, dos de los estados más afectados por las precipitaciones pluviales de los últimos días y según el reporte de Conagua, habrán tormentas muy fuertes en algunas zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, Campeche y Yucatán.

La onda tropical número 39 cruzará el sureste, sur y oriente de México.

Por esto, personal del Ejército ha aplicado el plan DN-III-E de auxilio a la población.

Lo que es una realidad, es que la ubicación geográfica de nuestro país es sumamente vulnerable a desastres naturales, y se encuentra dentro de los 10 países que están fuertemente expuestos a ellos. Tiene una constante actividad sísmica y volcánica, y por su posición, recibe los huracanes provenientes del Pacífico y el Atlántico. Más de 14 millones de personas habitan a orillas de presas, ríos, arroyos, lagunas y lagos.

Todo esto nos obliga a trabajar de manera permanente en el fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta para mitigar el impacto de siniestralidad, toda vez que el 90% del territorio mexicano ha estado expuesto a algún desastre natural y el 75% de la población vive en zonas que han sido afectadas por algún fenómeno natural. Donde el gobierno gasta anualmente, para reparar los daños causados los desastres.

Al menos en México han azotado 7 grandes fenómenos meteorológicos desde 1955:

En 1955, el huracán Janet; en 1976 el huracán Liza; en 1988 Gilberto; En 1997, Paulina. Stan en 2005; Wilma en 2005 y Manuel en 2013.

Y cada vez, el precio que paga México es la pérdida de vidas humanas, de viviendas, de infraestructura urbana y carretera, de cosechas donde el drama y el dolor se convierte en noticia que se repite año tras año al tiempo que la sociedad civil muestra su inagotable solidaridad para los hermanos en tragedia, y se vuelca para apoyar con trabajo, víveres y dinero para paliar en lo posible, el dolor de los mexicanos afectados.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO ACUERDO

PRIMERO.- Hacemos un llamado >a que CADA UNO DE LOS SENADORES donen a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los Estados del norte de la República.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un llamado a TODAS la dependencias federales a establecer Centro de Acopio de víveres, materiales de curación y ropa para nuestro hermanos afectados por la Tormenta.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a implementar de manera pronta y expedita los programas de Empleo Temporal para paliar las necesidades de dinero para alimentación y las necesidades más inmediatas de las familias que perdieron su patrimonio, además de impulsar la pronta reconstrucción de las viviendas y el pronto restablecimiento de las comunicaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. José Narro Céspedes.






De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez Decretos publicados el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Los suscritos, FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ y RICARDO MONREAL ÁVILA, Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado seis de junio del año en curso fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación diez decretos, por virtud de los cuales se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país1. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

En el marco de esta publicación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) presentó a la opinión pública un documento que identifica algunos aspectos que advierten problemas de ilegalidad en los mismos. De manera específica, destaca los siguientes2:

A. Oportunidad de los estudios técnicos. Los diez Decretos se basan en estudios técnicos que toman como referencia información generada en 2016, y en algunos casos en 2011, lo que a su consideración resulta preocupante, pues la realidad actual es diferente, sobre todo atendiendo a los efectos del cambio climático, deforestación, manchas urbanas, entre otros, hechos que afectan totalmente cualquier consideración respecto a la disponibilidad y calidad del agua.

B. Anormalidades en el proceso de mejora regulatoria de los decretos. La Ley establece la obligatoriedad de sujetar estos decretos a un proceso de mejora regulatoria a cargo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), mismo que incluye someter a consulta pública todos los actos, objeto de la evaluación. Sin embargo, pese a ponerse a consulta, algunos cambiaron de manera sustancial el texto originalmente propuesto en la consulta.

C. Implementación de los decretos en el contexto actual. Si bien es cierto que con las Zonas de Reserva se garantiza el caudal ecológico y el uso urbano del agua a través de volúmenes comprometidos especificados en cada Decreto, también lo es que aquellos volúmenes que no están comprometidos se podrán explotar, usar o aprovechar mediante la expedición de nuevos títulos de concesión y/o asignación.

D. Afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Si bien es cierto que los decretos de Reserva fueron puestos a consulta pública es claro que este instrumento no necesariamente garantiza todos los extremos que implica ese derecho humano en el contexto de los pueblos indígenas. Así pues, los decretos de referencia se pueden traducir en la vulneración del derecho de los pueblos y comunidades indígenas al territorio, a la autonomía y libre determinación, al disfrute de sus recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado, sobre actos u omisiones que puedan afectar de manera irreparable su territorio.

Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios de Chiapas que se han relacionado con la defensa del agua, la tierra y el territorio, han rechazado de manera enérgica los diez decretos de Reserva de Agua, y han considerado que son un intento ilegal por parte del Gobierno de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país, al final del mandato presidencial.

Para Miguel Ángel Montoya, especialista y consultor en este tema:

El levantamiento de un Decreto de Veda es una precondición necesaria para que Conagua otorgue nuevas concesiones. Con ese fin es que se levanta una veda, para que los volúmenes liberados puedan ser concesionados. Por lo tanto, es una media verdad —que inmediatamente se convierte en mentira— el afirmar que no se trata de otorgar nuevas concesiones3.  
  
Aunque la Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos de ninguna forma otorgarán beneficios a ningún particular, la sola sospecha de que tales instrumentos contienen veladas cláusulas privatizadoras es motivo para abrir el debate y clarificar las dudas.

En este contexto, si bien la expedición de esos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones, por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares.

Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, hablar de agua en nuestro país es hablar de un complejo entramado de normas, pero también es hablar de vida, biodiversidad, ecosistemas, y de derechos de pueblos y personas. Hablar del agua en México implica visibilizar las prácticas y el manejo que una nación ha dado al elemento más importante para la vida, al tiempo de poner a debate la efectividad de su modelo de gobernanza. Pero, sobre todo, hablar de agua es hablar de derechos humanos y de nuestros bienes sociales y culturales, los que bajo ninguna circunstancia pueden ser cercenados por visiones económicas privatizadoras. 

El debate sobre la gobernanza del agua es un tema de cardinal importancia para el país, y justo por ello las senadoras y los senadores de Morena rechazamos categóricamente cualquier tipo de acción o política pública regresiva y violatoria de derechos.

En su lugar, proponemos construir disposiciones y mecanismos que garanticen plenamente este derecho indispensable para la vida, la dignidad y la salud de las personas. Con esta convicción es que el presente Acuerdo tiene el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo federal a revocar los decretos referidos y, en su lugar, promover una discusión nacional que desemboque en la construcción de un modelo justo de gobernanza hidrológica.

En éste, como en otros temas, la ciudadanía ha expresado de forma clara su voluntad en las urnas. El mandato es evidente, y no debemos perder tiempo en materializarlo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, a que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

SEGUNDO. El Senado de la República le solicita al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. El Senado de la República hace un llamado al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para promover una discusión nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos y las mexicanas.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Freyda Marybel Villegas Canché.- Sen. Ricardo Monreal Ávila.

1 Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2018. Disponible para su consulta en línea en: https://bit.ly/2t8rxER [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018].

2  CEMDA. Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Disponible para su consulta en línea en: https://bit.ly/2N16Y5D [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018].

3 4 Montoya, Miguel Ángel. “Apuntes para el entendimiento de los decretos de veda y reserva y su relación con la privatización del agua en México”, Agua para todos. Agua para la vida, Decretos de reserva, 22 de junio 2018. Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/2zK7gch [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018].






De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a revocar los Decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

La que suscribe, Senadora de la República LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A REVOCAR LOS DECRETOS PRESIDENCIALES QUE MODIFICAN LA VEDA SOBRE CUENCAS HIDROLÓGICAS NACIONALES, MEDIANTE LOS CUALES SE SUPRIMIO LA VEDA EN LAS CASI 300 CUENCAS HIDROLOGICAS DEL PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

!No a la privatización del Agua!

El Proyecto de Ley de Aguas Nacionales, impulsada inicialmente por el Director General de Conagua, David Korenfeld Federman, fue oportunamente detenida por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
La misma Cámara frenó un segundo intento por impulsar una nueva versión corregida y aumentada, de dicha ley.

Ambos proyectos fueron severamente cuestionados porque dejaba abierta la puerta para utilizar el vital liquido en el uso del "fracking" para la obtención del gas y aceite del subsuelo, que tanto daño hace a los mantos freáticos, tierras de cultivo por la contaminación que ocasiona.

Para pavimentar el camino privatizador, el Presidente Enrique Peña Nieto expidió como primer paso, el "Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004."

Lo que se esperaría fueran facilidades administrativas para la renovación de las concesiones, se convirtió en una ventana para la asignación de nuevos títulos de concesión de aquellos concesionarios, sobre todo, núcleos agrarios y comunidades indígenas que no se hubiesen enterado o no hubiesen cumplido dentro del término concedido, con los requisitos exigidos.

En un segundo paso privatizador, el Presidente Enrique Peña Nieto, expidió suscribió el día 5 de junio del actual, 10 decretos.

En una obsesión por privatizar el agua, el Presidente Enrique Peña Nieto, haciendo uso de sus facultades ejecutivas, expidió el 6 de Junio de 2018, 10 decretos presidenciales mediante los cuales se establecen zonas de reserva parcial de agua y se suprimen vedas en diversas cuencas hidrológicas del país, siendo los siguientes:

1. DECRETO por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San Juan 2, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo Altamira, Río Santa María 1 y Embalse Zimapán, y zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en la cuenca hidrológica Río Pánuco 2, en la Subregión Hidrológica Río Pánuco, de la Región Hidrológica número 26 Pánuco.

2. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Tlaltenango, Río San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río Aguascalientes, Presa El Chique y Río Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región Hidrológica número 12 Lerma-Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

3. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Ixtapa 1, Río Ixtapa 2, Río San Jeronimito, Río Petatlán 1, Río Petatlán 2, Río Coyuquilla 1, Río Coyuquilla 2, Río San Luis 1, Río San Luis 2, Río Tecpan 1, Río Tecpan 2, Río Atoyac 1, Río Atoyac 2, Río Coyuca 1, Río Coyuca 2, Río La Sabana 1, Río La Sabana 2, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 19 Costa Grande de Guerrero y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

4. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Papagayo 1, Río Petaquillas, Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa 1, Río Nexpa 2, Río La Arena 1 y Río La Arena 2, pertenecientes a la RegiónHidrológica número 20 Costa Chica de Guerrero y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

5. DECRETO por el que se suprime la zona de veda existente en las cuencas hidrológicas Río Potosí 1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2, Arroyo Los Anegados o Conchos 2, Río Conchos, Río San Lorenzo, Río Burgos y Río San Fernando 1, de la Región Hidrológica Número 25, San Fernando-Soto La Marina, y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

6. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los uso doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas.

7. DECRETO por el que se suprimen la zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas Salado, Cocula, Ahuacatlán, Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca Ixtapa B de la Región Hidrológica número 14 Ameca y se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano, ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

8. DECRETO por el que se suprimen las zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas Río Ipala, Río Tomatlán A, Río Tomatlán B, Río San Nicolás A, Río San Nicolás B, Río Cuitzmala, Río Purificación y Río Marabasco A, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 15 Costa de Jalisco y se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

9. DECRETO por el que se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se indican, pertenecientes a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan.

10. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Presa La Concordia y La Concordia, de la Región Hidrológica número 30 Grijalva-Usumacinta y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida.

La conversión de zona de veda a zona de reserva, tiene un significado fundamental.

La zona de veda es un área específica en las regiones, cuencas hidrológicas o acuíferos, en los cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente.

En tanto que las zonas de reserva permiten la explotación, uso o aprovechamiento de esa agua, entre otras finalidades, cuando el estado resuelva explotar dichas aguas invocando utilidad pública. Y este concepto es tan genérico que por utilidad pública podrá entenderse desde su destino doméstico hasta la generación de energía eléctrica, o extracción de gas.

Es decir, se dispone ahora de las reservas de agua que contenían nuestras zonas de veda, y que aseguraban agua para nuestras futuras generaciones.

El tercer paso en camino a la privatización del agua, le correspondió ahora a ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, Director General de la Comisión Nacional del Agua, quien para acelerar el proceso privatizador mediante el otorgamiento de concesiones, expidió "ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua." Mismo que se publico el 1o. de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.

Mediante dicho acuerdo se establece el buzón electrónico conagua@-digital, que más que simplificar trámites, facilitará el otorgamiento de las concesiones de agua a los amigos del Presidente.

La organización Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF por sus siglas en ingles, es una organización de conservación, y acompaño a Peña Nieto en la firma de los 10 decretos privatizadores mencionados.

Ante la crítica por la privatización del agua a la que abonaban esos decretos, emitió un comunicado pretendiendo justificar la decisión presidencial.

Dice en su comunicado:

Que del volumen total de agua de esas casi 300 cuencas, el 70% en promedio o hasta el 93% en algunos casos, queda protegido para el ambiente, por lo que no puede ser extraído para ningún tipo de uso.

Que el 29%, y en algunos casos el 3% del total del agua restante es susceptible de ser concesionado por el Gobierno para cualquier actividad, bajo instrumentos diferentes a las reservas y mediante los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Y que el 1% queda reservado para asegurar el crecimiento de la población al 2070.

Solo el 1% como reserva y hasta el 29% de la reserva total de agua es objeto de concesión por el Gobierno Federal.

Estamos disponiendo ahora, del vital patrimonio que nos fue heredado y que no tendremos explicación a las futuras generaciones cuando nos reclamen por estas decisiones equivocadas y absurdas que se están decidiendo, por los representantes de un gobierno neoliberal mercantilista.

Cuanto pensábamos que ya la privatización de nuestros recursos energéticos era lo último que privatizarían, ahora encontramos que hasta el vital líquido se pretende entregar a los dueños del capital.

Es importante comentar que el pasado jueves once del mes y año en curso, mi compañera Senadora Freyda Maribel Villegas Canché presentó una proposición con punto de acuerdo por el que solicita la revocación de los citados decretos, pero considero pertinente insistir en lo mismo, ya que en cualquier momento la Comisión Nacional del Agua iniciará con el procedimiento digital para expedir las concesiones en forma sumaria.

Solicito que el presente asunto sea considerado como de urgente resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión.

Por lo anterior, someto a consideración la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A REVOCAR LOS DECRETOS PRESIDENCIALES QUE MODIFICAN LA VEDA SOBRE CUENCAS HIDROLÓGICAS NACIONALES, MEDIANTE LOS CUALES SE SUPRIMIO LA VEDA EN LAS CASI 300 CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL PAIS.

PRIMERO.- Se exhorta el a ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, Director General de la Comisión Nacional del Agua, para que revoque el "ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua.", publicado el 1o. de Octubre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ciudadano Licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que revoque los Acuerdos mediante los cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país, publicados el 6 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

"NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA"

Atentamente

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán.






Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo para EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS (INALI) SE CREEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA HACER EFECTIVO EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES CON EL OBJETO DE CAPACITAR E INFORMAR A LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AVANZAR PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, la condición social o económica, la lengua, entre otras diferencias que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

Conforme a la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima una población de 7.3 millones de indígenas en México. De los 7.3 millones, 6.6 millones son hablantes de alguna lengua indígena. Por lo que representa una gran importancia llevar a cabo estrategias en la práctica para dar acceso a la información y la protección de los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece expresamente este principio antidiscriminatorio, lo anterior a raíz de que en el año 2001 se reformó su artículo primero para que se prohibiera toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A raíz de la reforma, se creó en el año 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), misma que el pasado 20 de marzo de 2014 el Congreso de la Unión, reformó de manera integral para dotar al CONAPRED de mejores y más amplias atribuciones en la materia y brindar una efectiva protección del derecho a la no discriminación de las personas que viven en el territorio nacional.

No solo es importante dar acceso a la información y protección de los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas, sino debe ser prioridad garantizar el conocimiento a dichos derechos en su lengua natal, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la difusión de cualquier información sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural.

Por lo que es necesario promover el multilingüismo en el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; favoreciendo el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo a su vez la diversidad cultural.

FUNDAMENTACIÓN

Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los fundamentos jurídicos acotados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED); y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en su Artículo 2°:

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

En el apartado “A” del mismo artículo, menciona expresamente que:

“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación (…).”

En la fracción cuarta, del mismo apartado e igual artículo menciona que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a:

“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.”

En la fracción segunda, del apartado “B” y mismo artículo menciona que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

“Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva (…)

Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.”

El ámbito de competencia del CONAPRED se contempla en la LFPED, en su artículo 8°:

“En la aplicación de la presente Ley intervendrán los poderes públicos federales, así como el CONAPRED, en sus correspondientes ámbitos de competencia.”

En los apartados primero, segundo, tercero y cuarto del artículo décimo séptimo de la LFPED, menciona el objeto del CONAPRED, que a la letra dice:

“El Consejo tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional; y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.”

Así mismo, en los apartados, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo octavo y vigésimo noveno en su artículo 20° menciona las atribuciones del CONAPRED, las cuales son:

“Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación; elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación; y promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación (…).”

De acuerdo a la LGDLPI, menciona en su artículo 5°:

“El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas  y Municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá,  protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.”

En el artículo 7° de la presente ley, menciona:

“Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública (…).”

En el apartado “b” del mismo artículo, menciona expresamente que:

“La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.”

Así mismo en el artículo 13°, menciona:

“Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley. (…).”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, como legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, preocupado por propiciar la presente estrategia para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas me permito someter a consideración de este honorable recinto, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Dado en el Senado de la República, el 18 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Casimiro Méndez Ortiz.






De la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del grupo parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIHUAHUA Y MORELOS, PARA QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La trata de personas es un fenómeno delictivo presente en México y que se encuentra extendido en el mundo. Cabe resaltar que se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y armas; acorde a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estima que las ganancias de la referida conducta van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, lucrando de la esclavitud y explotación de unas 27 millones de personas en el mundo.

Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres víctimas de dicha conducta se ubicaron entre 66 y 74%; de niñas, entre 15 y 20%; de niños, entre 12 y 16%, y de varones, entre 3 y 9%. De tal suerte, la población más afectada, y por ende más vulnerable a este delito, fueron las mujeres y las niñas.

Ahora, en México, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,0001, sin embargo, otros estudios calculan que dicha cifra asciende a 70,0002; de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Por otro lado, las estimaciones del total de las víctimas en el país oscilan entre 50,000 y 500,000 casos3.

Como se puede apreciar, la exactitud de los datos no ha podido ser corroborado, pero los mismos pueden ser un indicador valido, tomando en cuenta la presencia de los grupos del crimen organizado, un crecimiento en los giros negros, así como la creciente oferta de servicios sexuales en México.

Por desgracia, este delito constituye un fenómeno creciente. En nuestro caso, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Aunando a lo anterior, se tiene una dinámica migratoria complicada, atendiendo a la situación geográfica de México, así como el aumento en el intercambio de bienes y servicios derivados de la globalización; situaciones que incrementa la incidencia de la referida acción.

Con el fin de combatir este tipo de conductas se han realizado diversos esfuerzos internacionales, el más importante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre del año 2000, mejor conocido como la “Convención de Palermo”. En conjunto, representantes de 147 países, entre ellos México, se comprometieron a combatir la trata en forma integral, es decir, investigar, disminuir la impunidad, brindar protección, atención y asistencia a las víctimas, e implementar medidas de prevención.

En este sentido, con el fin de armonizar el sistema jurídico nacional con los instrumentos internacionales, a finales de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas4. A nivel local, casi todas las entidades federativas han tipificaron el delito de trata de personas, y muchas de ellas han promulgado leyes especiales.

Después de un gran dinamismo legislativo y social en el tema que nos incumbe, el 14 de junio de 2012, se publicó la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”; misma que sustituyo y abrogo la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Incorporándose, de esta forma, las hipótesis normativas de los instrumentos internacionales al ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, el tipo base de trata de personas quedo plasmado en el numeral 10, de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.”

Como se puede apreciar, en dicha definición se prevé un catálogo de conductas delictivas, relacionadas principalmente con la captación, transporte, retención y entrega de una persona, y diversas modalidades de explotación a las que atiende la acción de los delincuentes. También se puede concluir válidamente que otras hipótesis normativas contenidas en tipos penales diversos no son capaces de encuadrar la conducta antes mencionada, es decir, no se pueden sancionar como lenocinio, como corrupción de menores, violación, entre otros, como se desgraciadamente sigue sucediendo en ciertos estados de la república.

¿Por qué se tipifican conductas referentes a la trata de personas como otros delitos?, lo anterior surge por diversas razones, sin embargo, las principales son: la falta de armonización legislativa de las entidades federativas y la inaplicación por parte de las instancias de procuración de justicia estatales de la ley federal. ¿Cuál es la trascendencia de que no se armonice la ley federal en las entidades federativas?, no existe un verdadero análisis, investigación, prevención y castigo de la conducta objeto del presente punto de acuerdo, es decir, se deja a las víctimas en un verdadero estado de indefensión.

De tal suerte, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, estableció condiciones para poder establecer que se ha homologado o armonizado la ley federal en la materia, mismas que se transcriben a continuación:

I. Las entidades federativas han emitido una nueva Ley o su marco legal se ha reformado expresamente para armonizar con la Ley General, y

II. Han derogado el tipo penal de sus códigos; de su Ley local en la materia o sus códigos penales remiten a la Ley General.

Condiciones necesarias para poder cumplir de manera cabal con los compromisos establecidos en el convenio de Palermo, así como para velar con los derechos de las víctimas y que el delito no quede impune. En este sentido, y no obstante los constantes esfuerzos del estado mexicano y del legislativo federal existen varios estados que no han realizado la labor de armonización correspondiente con la nueva ley, así como con los instrumentos internacionales. Los estados de la republica que no han realizado el referido esfuerzo son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos.

Como consecuencia, existen diversas dificultades para poder investigar, prevenir y castigar estas conductas. Por una parte, el desconocimiento que persiste sobre el tema por parte de las autoridades y, por otro lado, la falta de mecanismos legislativos para incorporar o remitir a la nueva ley en relación con trata de personas, refuerza la incompetencia de los órganos de procuración de justicia para encuadrar la conducta pertinente; y no una que pudiera considerarse análoga.

 Resulta verdaderamente alarmante que, a más de 19 años de haberse suscrito el Convenio de Palermo, no todas las legislaturas estatales han homologado o armonizado sus ordenamientos en la materia, lo que deja en un estado de indefensión a todas las víctimas, más aún en el contexto de violencia y auge de dichas conductas que se registra en gran parte del territorio nacional.

 Por las razones aquí expuestas, es pertinente realizar un exhorto a los congresos de las Entidades Federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos), para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de octubre de 2018.

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

1 Secretaría de Turismo/Universidad del caribe, Propuesta técnica para las asesorías para identificar los factores que permiten la trata de personas en el Sector Turístico (…). México, ap. III, t. I, 2011, p. 24, con más referencias (en lo sucesivo: Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica)

2 Fondation Scelles, Rapport mondial…, p. 101

3 Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica, p. 7.

4 Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2007. Esta ley fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2011, por el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 5 y 13, en relación con los anuncios publicitarios que fomenten la trata de personas






AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registra intervención)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se cita a la siguiente sesión del próximo martes 23 de octubre, a las 11 horas, en la que se abordará también el tema de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, por los grupos parlamentarios.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 17:44 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO
































PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 Decretos de levantamiento de veda en diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular de la Comisión Nacional del Agua suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos Decretos; además de citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua. Intervienen al respecto los Senadores Freyda Marybel Villegas Canché, Damián Zepeda Vidales, Salomón Jara Cruz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Alejandra del Carmen León Gastélum, Mónica Fernández Balboa, Norma Rocío Nahle García, Verónica Noemí Camino Farjat y Antonio García Conejo. Se aprueba.








































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