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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 14

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:18 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 77 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 16 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintiséis minutos del día jueves once de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del nueve de octubre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibieron dieciséis comunicaciones de las Comisiones de:

1. Administración,
2. Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
3. Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana,
4. Asuntos Fronterizos y Migratorios,
5. Asuntos Indígenas,
6. Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,
7. Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda,
8. Desarrollo y Bienestar Social,
9. Estudios Legislativos Primera,
10. Estudios Legislativos Segunda,
11. Marina,
12. Minería y Desarrollo Regional,
13. Recursos Hidráulicos,
14. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
15. Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe
16. Relaciones Exteriores Europa,

por las que informan que han quedado formalmente instaladas.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió comunicación de la Senadora Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, por la que informa que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018.- Se informó al Pleno de la emisión de la Convocatoria.El Presidente ordenó la publicación y difusión de la misma.

(Iniciativas)

El Senador Cruz Pérez Cuellar, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con Aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Kenia López Rabadán, a nombre propio y de las Senadoras Josefina Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román y Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, para analizar la política económica.

(Análisis del VI Informe de Gobierno)

En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía para analizar la política económica en el marco del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público rindió protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobado el pasado 20 de septiembre, en una primera intervención hizo uso de la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía. En la primera ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Indira Kempis Martínez de MC; Vanessa Rubio Márquez del PRI; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; y Ricardo Ahued Bardahuil de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hizo uso de la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía.En la segunda ronda de preguntas, intervinieron los Senadores:Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Verónica Martínez García del PRI; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN; Rocío Adriana Abreu Artiñano de MORENA; e Ifigenia Martínez Hernández de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la segunda ronda hizo uso de la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía. El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Secretario de Economía para dirigir un mensaje final hasta por cinco minutos. El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final de conformidad con lo establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo aprobado. La Presidencia informó que en cumplimiento al artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, y el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

(Iniciativas)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36, 73, 84, 115, 116, 122 y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila y del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI, Apartado B del artículo 20; se adicionan un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Proposiciones)

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, a nombre propio y de la Senadora Josefina Vázquez Mota, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a brindar protección y acompañamiento inmediato a la Presidenta Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, así como a todas las personas que integran el cabildo ante los hechos de violencia registrados el 10 de octubre del año en curso.- El punto de acuerdo fue presentado conjuntamente con las dos anteriores proposiciones de la Sen. Micher Camarena. Intervinieron los Senadores: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; y Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva instruyó publicar el punto de acuerdo para conocimiento de la Asamblea y estar en posibilidad de poder someterlo a consideración de la Asamblea como de urgente resolución. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; y José Erandi Bermúdez Méndez del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, a nombre propio y del Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas a acatar la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los municipios, dada en el mes de agosto del presente año en cuanto a la denominación de Origen Mezcal.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita fortalecer la prohibición del matrimonio o unión entre menores de edad.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a garantizar los recursos técnicos necesarios para afrontar el corte de agua sin precedente del 100% del Sistema Cutzamala, programado para principios de noviembre del año en curso.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Eruviel Ávila Villegas del PRI, quien presentó propuestas de adición; Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA, quien presentó propuestas de adición; y Emilio Álvarez Icaza Longoria. Las propuestas de adición presentadas por los Senadores Eruviel Ávila Villegas y Minerva Citlalli Hernández Mora, fueron admitidas a discusión. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea.Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Félix Salgado Macedonio, a nombre del Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”.- Se turnó a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Economía.

 

El Senador Cristóbal Arias Solís, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con las atribuciones en materia de asuntos editoriales para la Comisión de Cultura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las comunicaciones de las Comisiones Jurisdiccional; Radio, Televisión y Cinematografía; y Turismo, por las que informan que has quedado instaladas.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal de 2019 se incremente el presupuesto asignado al Programa "Pueblos Mágicos", por una cantidad no menor a 1,571 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se encuentran en proceso.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear un grupo de trabajo, con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación de políticas, en el desarrollo de servicios integrales y efectivos en materia de salud mental.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Nuevo León, México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer, así como el feminicidio.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Niña.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de las Aves.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y un minutos y citó a la siguiente el martes dieciséis de octubre a las once horas, en la que se realizará una sesión solemne para conmemorar el 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México y se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de sexto de preparatoria del Instituto Asunción de México, quienes vienen con su maestra Margarita Zavala.






¡Bienvenidas y bienvenidos!

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se modifica el formato de la sesión solemne en conmemoración del 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica el Resolutivo Tercero del similar aprobado el 9 de octubre pasado en torno a la sesión solemne en conmemoración del 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a la comunicación que suscribe el Presidente de la Mesa Directiva, en relación con la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen en la “Exponaval 2018”, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la Ciudad de Valparaíso, Chile.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Instruyo a la Secretaría turnar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina el expediente de la salida de tropas en cumplimiento del turno dictado y publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a otra comunicación que suscribe el Presidente de la Mesa Directiva, en relación con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la LXIII Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Instruyo a la Secretaría a turnar a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia el expediente de las propuestas de ratificación en cumplimiento del turno dictado y publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura a otra comunicación del Presidente de la Mesa Directiva, en relación con el turno de 94 proposiciones pendientes de turno, y que corresponden a esta LXIV Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Les informo que las 94 proposiciones presentadas desde el inicio de esta Legislatura y hasta el pasado 9 de octubre que no recibieron dispensa de trámites, se turnarán a las comisiones en la materia conforme al anexo que acompaña a la comunicación leída por la Secretaría. Instruyo a la Secretaría remitir a las comisiones las proposiciones en cumplimiento del turno dictado. Asimismo, publicar la relación de asuntos en la Gaceta Parlamentaria y notificarlo a los grupos parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Recibimos en la Mesa Directiva las siguientes comunicaciones de comisiones, por las que informan que han quedado formalmente instaladas.

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.








Comisión de Salud.








Comisión de Seguridad Social.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 2018, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre pasados, por personal de la Armada de México en la costa de Cartagena de Indias, Colombia.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Diputados y Senadores a formar una comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se lleven a cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma de extracción de hidrocarburos.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Energía.

Esta Presidencia declara un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne, que será presidida por la Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, Senadora Mónica Fernández Balboa.

(Receso)






PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (13:20 horas) Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento a los Acuerdos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, aprobados el pasado 20 de septiembre, que establecen las comparecencias de servidores públicos y el formato para el Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este día recibimos la comparecencia del doctor Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, para analizar la política interior del país.

Con esta comparecencia concluiremos las previstas para realizarse ante el Pleno de esta Asamblea.

El Acuerdo del 20 de septiembre dispone que las siguientes jornadas de Análisis del Informe Presidencial se realicen ante las comisiones de esta Cámara.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores: Cristóbal Arias Solís, Nadia Navarro Acevedo, Beatriz Paredes Rangel, Alejandra del Carmen León Gastélum, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Antonio García Conejo, Eunice Renata Romo Molina, Nestora Salgado García e Imelda Castro Castro, acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Se reanuda la sesión.

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le convocó por motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno que presentó el ciudadano Presidente de la República, el 1º de septiembre pasado.

Asiste usted en cumplimiento a la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 69, y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.

Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto: ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras Senadoras y los señores Senadores?

El Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: De no cumplir con el compromiso que asume ante este Pleno, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

Pueden todos tomar asiento.

La comparecencia tendrá un formato que asegure a la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea para formular preguntas.

Asimismo, el servidor público dispone de dos ocasiones para responder a las preguntas de las señoras y señores Senadores.

Previamente habrá una intervención inicial del doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, hasta por diez minutos.

Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra.

El Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras Senadoras y Senadores de la República.

Señor Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República.

Muy respetables señoras y señores Senadores, en cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudo al Senado de la República para ampliar la información sobre las políticas, acciones y resultados en materia de política interior, de los que se ha dado cuenta en el VI Informe de Gobierno del Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Comparezco ante una Cámara de Senadores plural, producto de la elección más concurrida de la historia de nuestro país con la participación de más de 56 millones de mexicanos; una elección que, pese a su complejidad, con más de 18 mil cargos de elección en juego y cerca de 80 mil candidatos transcurrió en paz y demostró la madurez y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

La jornada electoral del pasado 1º de julio, es resultado de una reforma política surgida del diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en el marco del Pacto por México, reforma que permitió por primera vez en la historia de México, tengamos prácticamente paridad de género en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, que favoreció la equidad en las contiendas mediante la regulación de la propaganda de los partidos políticos, que fortaleció a la autoridad electoral al transformar al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, dotándole de mayores capacidades y a los institutos estatales en organismos públicos locales electorales que podrán ser apoyados para el desarrollo de sus procesos electorales, el INE.

Es en ese marco, el trabajo efectivo de presidentes municipales y legisladores que ahora puede ser evaluado, calificado y reconocido por la ciudadanía mediante la reelección.

La renovación de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de forma ordenada, fue también posible gracias al intenso diálogo con dirigentes de partidos, gobernadores, candidatos, líderes sociales y autoridades electorales, para garantizar las condiciones de gobernabilidad necesarias para que se llevara a cabo con paz y con certeza.

Ese ha sido un objetivo prioritario de la política interior, que tengo el honor de encabezar, garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y paz social, tarea que corresponde a todos, a los poderes de la Unión, a los órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto.

Este gobierno ha privilegiado, ante todo, la política, el diálogo y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación del país.

Garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social es un asunto del Estado mexicano en su conjunto, exige seguir trabajando en corresponsabilidad, haciendo del diálogo la mejor herramienta para alcanzar acuerdos y superar retos por la vía de las instituciones que con el trabajo de muchas generaciones nos hemos dado los mexicanos, es como hemos resuelto nuestros conflictos y nuestras diferencias.

Es a través de las instituciones que se han puesto en marcha políticas públicas que incluyen a la gente, que son transversales, que mejoran la vida de las familias mexicanas y se ha trabajado para fortalecer el estado de derecho, aprovechando las capacidades y recursos a nuestro alcance para hacer frente a diversos desafíos, uno de ellos de enorme complejidad que es la seguridad nacional y la seguridad pública.

Es de reconocer que a pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo enormes y que los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país.

Se ha sido sensible al reclamo ciudadano de mayor seguridad y comprometidos a combatir la seguridad que nos preocupa y que nos ofende a todos los mexicanos.

La violencia tiene causas multifactoriales, muchas de ellas asociadas con algunos factores externos, como la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con crimen trasnacional que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos sirviéndose de avances tecnológicos, lo que incrementa los retos y otros de carácter interno como son los procesos de urbanización del país, el cambio en su pirámide poblacional y la transición epidemiológica que experimenta nuestra sociedad desde hace ya algunas décadas. Ante ello, esta administración emprendió un esfuerzo sin precedentes para fortalecer las instituciones de seguridad del Estado.

Se destinaron en esta administración 82 mil millones de pesos, es decir, casi un 25 por ciento más recursos que en la administración inmediata anterior para las autoridades de seguridad locales, para el mejoramiento y modernización de instalaciones, además de la capacitación y dignificación de la policía federal.

Existe una enorme debilidad institucional que presentan algunas corporaciones de seguridad pública estatales y municipales.

Cuando uno de cada cuatro municipios del país no tiene capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública al carecer de un cuerpo de policía, las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal. 

Soldados, marinos y policías federales han hecho su mayor esfuerzo con valentía, con lealtad, arriesgando su vida en auxilio de comunidades afectadas por la delincuencia. Para ellos, el mayor reconocimiento del gobierno federal.

El profesionalismo, la dedicación de los integrantes de la Policía Federal ha sido patente en todo momento en que se ha solicitado y requerido de su ayuda en cualquier rincón del país.

La participación de fuerzas federales en materia de seguridad pública requiere, no obstante, una definición del marco legal para resolver el reto que representa la convivencia de soldados y de civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz como lo establece la Constitución, siempre con irrestricto apego a los derechos humanos.

A nivel federal, se realizaron acciones significativas de fortalecimiento institucional a través de la capacitación y la profesionalización de las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Destaco, entre otras, la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las unidades especializadas en el combate a este delito en las entidades federativas, para coordinar y dar seguimiento a las acciones y para hacer frente a este grave delito. Esto ha permitido, constatado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reducir la incidencia del delito de secuestro en 54 por ciento al comparar a agosto del 2018 contra el mes de octubre de 2013, cuando este delito alcanzó su máximo histórico.

También se puso en operación el número único de atención a llamadas de emergencia, el 911, que hoy tiene cobertura en todo el país; significó pasar de 600 números de emergencia que existían en el país a sólo uno, lo que ha facilitado su identificación nacional y mejorado operación y eficacia.

Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia que concentra la información y define estrategias, así como cinco centros regionales para mejorar el intercambio de datos, la coordinación y la implementación de soluciones locales.

Por otro lado, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ha encabezado un esfuerzo nacional e internacional para construir una política intersectorial en la materia.

Se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para complementar la estrategia de seguridad del gobierno federal. Este es el primer programa transversal a nivel nacional en el que de manera coordinada las dependencias federales y los gobiernos estatales participan en la reducción de factores de riesgo y, a su vez, en la creación de factores de protección para la población más vulnerable, sea a nivel primario o sea a nivel secundario en prevención social.

Además, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, el Pronapred, se destinaron 8 mil 500 millones de pesos a 121 polígonos de atención prioritaria en todo el país, con lo que se desarrollaron 13 mil acciones en materia preventiva.

En materia de protección civil, se ha consolidado un gran sistema nacional donde hay protocolos, normas, sistemas de monitoreo y de comunicación de vanguardia que es reconocido a nivel internacional como un modelo a seguir.

Este sistema se puso a prueba, en varios momentos, con los huracanes "Ingrid" y "Manuel", en 2013; "Odile" en 2014 y "Patricia" en 2015.

En 2017 con el mayor desafío que enfrentó esta administración, no sólo como gobierno, sino como país, fueron los sismos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, y del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y nuevamente Oaxaca.

Frente a estos fenómenos de la naturaleza y sus consecuencias, especialmente en el caso de los sismos, el país pudo demostrar lo mucho que hemos avanzado en protección civil, en sistemas de monitoreo y de respuesta ante emergencias en más de 35 años.

Gracias a ello, y a pesar de la magnitud destructiva de estos fenómenos, la lamentable pérdida de vidas no se dio en la proporción que podría haber sucedido, sin el avance que como país hemos logrado en materia de protección civil.

Ante estos hechos quedó demostrada nuevamente la unidad y solidaridad de los mexicanos, ya que juntos, sociedad y gobierno, pudimos superar la emergencia.

Asimismo, hemos impulsado una política de derechos humanos integral. Durante esta administración se amplió y fortaleció el entramado institucional para su protección, promoción y defensa; así lo acredita, entre otras cosas, la política nacional de igualdad implementada por esta administración, que ha permitido avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente en el derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género.

También la construcción de más de 30 centros de justicia para las mujeres, casi la totalidad de los 40 centros de justicia que existen en operación el día de hoy, se construyó en esa administración y se puso en operación.

Muy importante ha sido, de igual manera, el avance en la atención y protección de los derechos de las víctimas, uno de los primeros compromisos cumplidos por el Presidente de la República fue la emisión de la Ley General de Víctimas que creó la Comisión Ejecutiva de Atención a las mismas.

Para mejorar la atención de las personas menores de edad, el Ejecutivo Federal presentó como Iniciativa Preferente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue aprobada por la LXII Legislatura, con lo que entró en operación todo un sistema nacional para su protección.

De especial relevancia, fue la reforma al artículo artículo 123 constitucional, que prohíbe el trabajo a menores de 15 años y que permitió que México ratificara uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, el año pasado con opinión y acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que mandata la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La cual ya está en funcionamiento y dando resultados.

A este marco jurídico, se suma la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas aprobada el pasado mes de abril, la cual facilita gestiones y trámites diversos de familiares de personas desaparecidas a partir de una declaratoria que se hace en el nivel federal.

Se publicó en 2017 la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes para investigar y perseguir de oficio este grave delito.

Se fortaleció la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas a través de la coordinación y colaboración entre dependencias federales, los poderes legislativo y judicial y los otros órdenes de gobierno, desde la cual se pusieron en marcha campañas para hacer visible y concientizar el hacer frente a este flagelo.

Para atender problemas y demandas de los pueblos y comunidades originarias del país, en 2013 se crea la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en ella se han celebrado más de mil 700 foros de consulta con comunidades indígenas de todo el país.

En esta administración se asumió la responsabilidad de concluir la fase de implementación y avanzar en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.

Para ello, este gobierno invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, representó el 90 por ciento del total de los recursos federales asignados al proceso desde su implementación que arrancó hace ya 10 años.

Mientras que en 2006 un procedimiento penal se resolvía en promedio en 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común, actualmente el 77 por ciento de los procedimientos penales se resuelven en menos de 30 días y van directamente ante un juez.

Además, este nuevo sistema da privilegio a la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de las personas.

Sin embargo, este nuevo sistema de justicia presenta enormes desafíos en varios aspectos, con lo que se ha llamado la puerta giratoria, que deben, sin duda atenderse a la brevedad.

A todo esto, se suma la reducción del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal.

Se redujo en un 14 por ciento el número de recomendaciones respecto al sexenio pasado, menos del 1 por ciento de las quejas derivan en recomendaciones, y las que lo han hecho se han aceptado en su totalidad y se han atendido. Tan sólo este año han sido atendidas más de 30 recomendaciones y se espera cerrar con otro buen número.

En materia de migración, se ha desplegado una estrategia integral desde un enfoque de derechos humanos para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país, se fortaleció el programa "Paisano", y para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan en forma definitiva se puso en marcha la estrategia "Somos Mexicanos".

Con estas acciones se ha dado apoyo a un millón de mexicanos desde 2014, de igual manera para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes que ingresan al país por nuestra frontera sur, se puso en marcha el programa "Frontera Sur" y se entregaron casi 90 mil tarjetas de visitante trabajador fronterizo y más de 500 mil tarjetas de visitante regional.

Esto, permite a los migrantes empoderarse frente a cualquier situación vejatoria que se les intente cometer, porque tienen un instrumento de identificación y de regularización, independientemente de su condición en el momento en el que están en el país.

Desde el 20 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación expidió cerca de 100 mil CURPs a extranjeros solicitantes de residencia temporal, asilo o refugio humanitario, garantizando así su derecho a la identidad y el acceso a diversos trámites y servicios.

Por primera ocasión, contar con un documento de identificación que permite empoderar a esta población y evitar, por sí mismo, que se puedan cometer abusos en su perjuicio.

En conjunto, con estas acciones se ha trabajado con Guatemala, El Salvador y Honduras en la búsqueda de soluciones, desde la óptica del desarrollo de oportunidades, de capacitación en materia laboral y de ingreso a sus países.

Se está convencido que tendiendo puentes y abriendo nuestras puertas a quienes enfrentan amenazas y se encuentran vulnerables, México fortalece internamente y sienta la pauta para que otros países sigan su ejemplo.

Es así, como en la administración del Presidente Enrique Peña hemos trabajado en favor de México y los mexicanos.

El gobierno de la República escuchó reclamos, reconoció pendientes y ha aceptado errores. Sin embargo, es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado.

Reconocemos, reitero, que los retos son muchos e importantes, no obstante ello, este gobierno no deja crisis ni política, ni económica, ni social, por el contrario, el Presidente de la República ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se alcanzaron cifras récord de inversión extranjera directa, 182 mil millones de dólares que representa 50 por ciento más que en la pasada administración.

Se tendrá una cifra histórica de 4 millones de empleos formales, adicionales, con seguridad social al concluir la administración.

Se llevan 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido, acumulando así un crecimiento 13 por ciento mayor al registrado en la administración anterior que fue de 6.8 por ciento y la antepasada que fue de 7.4 por ciento.

Pasamos por ello del lugar 15 al 6 en visitantes extranjeros en sólo 6 años.

Se han otorgado más de 10 millones de créditos para la compra, construcción o mejora de vivienda; significa que uno de cada 3 créditos en la historia del Infonavit se entregó en esta administración.

Más de 2.2 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza extrema en los primeros cuatro años de la administración. 6.2 millones de mexicanos más obtuvieron acceso al sistema de salud pública, los datos son del Inegi y del Coneval.

Se amplió la cobertura de la educación media superior de 66 a 84 por ciento y la educación superior de 32 a 38 por ciento en estos seis años.

Se impulsó un desarrollo sostenible, promoviendo siete zonas económicas especiales para llevar inversión y empleo a comunidades con mayor rezago y se han establecido reservas ecológicas, entre ellas la del Parque Nacional de Revillagigedo y sus islas.

Todos estos y otros resultados son signos inequívocos que México ha avanzado con firmeza en seis años. No se puede escatimar, como no se puede tampoco disimular los retos que quedan por venir

A poco tiempo de que concluya el gobierno del Presidente Peña Nieto, hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen internacional sólida, con finanzas sanas y con una economía estable.

Ahí están resultados que permiten poner en perspectiva que México aún tiene retos formidables en una sociedad dinámica como la nuestra, pero cuenta, sin duda, con significativos avances que dan certidumbre, confianza y estabilidad para seguir construyendo un México que todos deseamos.

Quedo respetuosamente atento a sus preguntas y cuestionamientos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Iniciamos la primera ronda de preguntas conforme lo establece el numeral 2 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado.

En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantear su pregunta.

Al término de ellas el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas.

Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado 20 de septiembre, el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria tendrá una participación de cinco minutos, previa a la de los grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenas tardes. Señor Secretario, bienvenido, junto con su equipo sean bienvenidos, un diálogo vital para la República. Muchas gracias por su presencia.

Hace seis años, el 28 de mayo de 2012, en el Diálogo por la Paz de las víctimas de las violencias con la y los candidatos a la Presidencia de la República, mismo que voy a honrar parafraseando en distintas ocasiones.

Se hizo un primerísimo diagnóstico de lo que podría representar el entonces candidato, luego Presidente, Enrique Peña Nieto. Hoy prácticamente ex titular en funciones del Ejecutivo Federal.

La verdad de las cosas, señor Secretario, es que ese diagnóstico se cumplió.

Cito lo que se decía en ese momento: "se dijo que representa el regreso al origen de la corrupción de las instituciones que, ya desbordadas desde entonces por todas partes y cuyo rostro no era sólo la violencia, el dolor, la impunidad y la guerra, sino la imposición de una Presidencia imperial de uso patrimonialista de la Nación y de la manipulación mediática frente a las legítimas protestas de la miseria y moral, la arrogancia y los intereses de los monopolios de comunicación".

Debo decir, señor Secretario, que sí hubo expectativas al inicio, la aprobación de la Ley General de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo, o incluso algunos programas sectoriales como, por ejemplo, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, que luego quedó sin recursos, o el Programa Nacional de Derechos Humanos, son prueba de ello.

Pero también quiero decirle, señor Secretario, que su gobierno se traicionó a sí mismo.

Su gobierno se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada.

A partir de la crisis ética, producto de esa naturaleza, de este sistema que hoy usted está representando aquí, señor Secretario.

Y la verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este gobierno.

En materia de derechos humanos se presentaron violaciones gravísimas, citaré sólo la tardía y luego artificiosa respuesta en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y múltiples casos más.

Y, por supuesto, se suma todo un raudal de violaciones graves de más de 37 mil personas desaparecidas, cientos de personas torturadas, también cientos de miles de personas desplazadas internamente que ni siquiera se reconoce o, por ejemplo, las más de 200 mil personas ejecutadas, y su espejo en personas sin identificar que llenan servicios forenses, tráiler o campos, fosas en cualquier lugar de la patria.

La verdad, señor Secretario, este sexenio deja una estela de violaciones a los derechos humanos, su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido fábrica de víctimas y, además, se ha recrudecido en los pobres.

En materia de corrupción, que fue la otra gran crisis de este gobierno, la verdad es que la protección al sistema de corrupción, en el que incluso se ha presumido o se presume el directo involucramiento del titular del Ejecutivo, por ejemplo, en los casos de Grupo Higa, la Casa Blanca, Odebrecht, OHL, el socavón, la "Estafa Maestra", y a saber cuántos más, según los informes que nos pueda presentar la Auditoría Superior de la Federación.

Este sexenio, señor Secretario, será recordado por los 43, por la Casa Blanca, pero, sobre todo, por dejar crecer las redes de macrocriminalidad que han generado, sí, un sustento para un pacto de impunidad que mucho nos ha dañado.

La verdad es que terminamos en un estado de emergencia con un vacío, donde el vacío del Estado es enorme.

Y la verdad difiero un poco lo que usted ha dicho, señor Secretario, su administración no escuchó el corazón dolido de la gente como lo demandaron las víctimas de la violencia, de la impunidad y de la corrupción, de la marginalidad y la pobreza en aquel 2012 y de manera subsecuente.

Quiero formularle cinco preguntas, señor Secretario:

1. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno que usted representa entienda que vivimos una emergencia nacional en materia de violaciones a los derechos humanos?

2. ¿Qué hará para que el mecanismo de defensa de personas defensoras y periodistas, radicado en su Secretaría, tenga los recursos suficientes para terminar el año y no dejar en la desprotección a más de las 700 personas defensoras que protege?

3. ¿Por qué al llegar a la Secretaría de Gobernación en lugar de fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo degradó restando la importancia, entre otras cosas, a la capacidad de interlocución con todas las instancias del Estado?

Esa decisión, señor Secretario, representa la más acabada expresión del interés superior del niño y de la niña contrario a lo que dice la Convención.

4. ¿Qué esperan para detener a César Duarte, su palabra empeñada vale algo?

5. ¿Por qué en lugar de amenazar a los migrantes que vienen de Honduras no utiliza usted las facultades establecidas en la Ley de Migración, donde se cita al menos 19 veces el concepto humanitario o, por ejemplo, invocar la fracción III, artículo 37, inciso e), para otorgar visas humanitarias a quien viene viajando en una condición donde hoy hay más muertos por día en Centroamérica que cuando las guerras civiles?

Es fundamental reconocer que hay una emergencia nacional, y ustedes entregan un país en emergencia nacional, y es vital también que el nuevo gobierno tenga absoluta claridad de ese contexto para el diseño de política pública, acciones gubernamentales porque si no el desencanto será mayor por la expectativa; pero tenemos que partir de asumir que hay una emergencia nacional.

Y por eso no hay que cometer el mismo error, señor Secretario.

La verdad es que en estos casos queda absolutamente necesario marcar ni perdón, ni olvido, sino exigir justicia.

Por su atención, muchísimas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Emilio Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Muchas gracias. Compañeras, compañeros. Con su venia, señor Presidente. Señor Secretario Navarrete:

Como representante de la "Coalición Juntos Haremos Historia", le doy a usted  y a su equipo de trabajo la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República y a esta comparecencia.

Debo comentar que me fue complicado elegir uno de los temas sobre política interior.

Pero bueno, voy a iniciar con los temas que me parecieron importantes.

Para mí grupo parlamentario es difícil imaginar un México mejor cuando la conducta imperante de este gobierno fue la de aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales, especialmente cuando aun siendo de conocimiento popular, los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencias políticas y legales de sus actos.

Es verdad que a lo largo de este sexenio se trabajó con la sociedad civil y el Congreso para construir un Sistema Nacional Anticorrupción y llevar a cabo reformas legales que permitan su correcto funcionamiento, pero de nada sirvió, pues el propio sistema enfrentó la resistencia de parte de los legisladores del partido en el poder, particularmente en los espacios de participación ciudadana.

Tanto así, que  a la fecha los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, siguen trabajando en oficinas prestadas y sin una remuneración definida; además se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht.

Esto se suma a los ya públicos e indignantes casos de abuso por parte de los ex gobernadores de Veracruz,  Chihuahua, Quintana Roo y recientemente Nayarit.

¿Cómo construir un país más equitativo, justo y próspero, cuando las responsabilidades de conducir la política pública del país utilizan sus propias responsabilidades para enriquecerse de manera personal o realizar aportes al margen de la ley para campañas políticas en todo el país?

Y la más clara muestra de ello, es la investigación periodística conocida como la "estafa maestra", que muestra cómo desde diferentes Secretarías se aplicaron mecanismos de licitación con universidades públicas y empresas fantasmas para desviar recursos que deberían llegar a programas en pro del bienestar de los mexicanos.

En este sentido, señor Secretario, le pregunto: ¿Qué se hizo desde la Secretaría encargada de la política interior para enfrentar el grave problema de corrupción que afecta la gobernabilidad y legitimidad del gobierno que usted representa?

¿Qué hizo usted desde el ámbito de su competencia para denunciar y castigar las faltas y abusos cometidos a lo largo de este sexenio?

¿Cómo justifica, señor Secretario, que el legado de este gobierno sea uno de corrupción e impunidad?

Lamentablemente su responsabilidad por omisión ha ocasionado muchas heridas al  país.

La Secretaría de Gobernación tampoco pudo cumplir con el objetivo de salvaguardar a la población y a sus bienes ante un desastre de origen natural.

Tan solo en la Ciudad de México, persisten 11 mil 495 damnificados.

Quisiera preguntarle: ¿Qué efecto tuvieron las estrategias del gobierno federal para la reconstrucción y reparación de las viviendas de las familias afectadas?

¿Cómo funcionó la propuesta del Presidente de armar tandas?

¿Qué seguimiento se le dio al Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018?

Las preguntas van en el sentido de saber realmente la efectividad para salvaguardar la vida de la población, sus bienes y su entorno.

Me refiero a acciones efectivas como el número o porcentaje de programas de protección civil estatales y municipales, que incluyeron medidas de seguridad para asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

México es reconocido a nivel mundial por su legislación y experiencia en materia de Protección Civil, pero ese reconocimiento a la experiencia es debido a la memoria y a la solidaridad de su pueblo.

Como le comentaba, tengo varios temas por cuestionar, por preguntar, por saber, y no sólo yo, el pueblo de México. Pero hasta aquí sería la primera parte de mi intervención.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Romo Molina.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Señor Secretario y al personal que lo acompaña. Público asistente y medios de comunicación.

Cada seis años acudimos a un ritual, de esperanza, de ilusión, de mucha expectativa, de que cada gobierno entrante nos pueda traer a nuestro país seguridad, paz, armonía, combate frontal a la corrupción y a la impunidad, pero sobre todo, que tengamos justicia.

Y cada seis años acudimos a un ritual de desencanto, de decepción, porque los resultados no son los que cada gobierno en turno, al inicio de su gestión, le prometió a los mexicanos.

Así nos pasó hace seis años con este gobierno saliente, con unas altas expectativas de que en México cambiara esa cruda realidad que asola, a lo largo y ancho, a nuestro país. Pero también ocurrió hace 12 años, hace 18, hace 24, y estamos hace unos días de que nuevamente este ritual de esperanza empiece su ciclo.

Culpar a unos y culpar a otros es eludir responsabilidades.

Cómo llegamos a este momento donde México no tiene paz, no tiene seguridad y que no es difícil encontrar temas para posicionar hoy aquí en esta glosa del Informe.

El gran déficit es el tema de la Seguridad.

Voy, señor Secretario, a leer una declaración de usted.

El martes 9 de octubre de este año, en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, usted declaró que hay 37 mil 485 personas desaparecidas y que seguramente es mucho más grande este número.

Abundó, que se cuenta con 26 mil registros completos con identidad digital para su búsqueda y localización y sólo 17 mil 661 cuentan con ficha, con huella y con foto.

Dijo usted, que sólo cinco mil 316 cadáveres han sido entregados gracias a este cotejo de registros biométricos. Esa es la realidad de México.

Seguramente, señor Secretario, estas más de 37 mil personas desaparecidas no son durante este sexenio, hay que reconocerlo. Pero sí el gobierno en turno es responsable de encontrar la solución a este problema. Para eso fueron electos.

Un dato de este VI Informe, indica que solamente en el año 2018 hubo 24 mil 206 homicidios registrados en todo el país". Eso es una cifra escalofriante.

Recientemente en los medios de comunicación nos enteramos de algo gravísimo y que nos enteramos por los medios, pero esa es la realidad.

Entre enero y agosto de este año, en todo el país ha habido 554 feminicidios con el alto grado de violencia que se personaliza en un feminicidio. Un crimen de odio contra las mujeres.

Aprovecho para exhortarlo, señor Secretario de Gobernación, porque muchos estados están solicitando la alerta de violencia de género en sus entidades. Eso seguramente me dirán que no resuelve el problema de los feminicidios, no, pero lo visibiliza para que podamos, como gobierno y sociedad, emprender acciones para que eso termine.

Ese dato, según el Inegi, es brutal. De acuerdo a cifras del Inegi, entre el 2007 y 2016, fueron localizados los cadáveres o restos de 22 mil 482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas. Tenemos que hacer algo, necesariamente.

Aquí entre nosotros está la Senadora Olga Sánchez Cordero y está el Senador Alfonso Durazo, a partir del 1º de diciembre cada muerte que ocurra en México será responsabilidad de ustedes, pero también estas cifras serán responsabilidad de ustedes porque se van a tener que investigar y resolver estos casos.

Señor Secretario, no le voy a formular ninguna pregunta, porque el formato de estas comparecencias permiten cosas tan aberrantes, como cuando la Senadora María Antonia Cárdenas le preguntó al Secretario de Hacienda, que estaba bajo juramento, que si el salario mínimo le alcanzaba para comer, y rehusó contestar algo que es totalmente público o lo que ocurrió con el Secretario de Economía ante la pregunta del Senador Víctor Fuentes, que declaró, desafortunadamente, que los pobres no comen gasolina, sino pollo, tortilla, etcétera.

Y seguramente muchos Senadores y Senadoras preguntaron aquí en esta tribuna y el Secretario en turno vino a eludir con cifras, con estadísticas, respuestas que son obvias y que son evidentes.

Quiero en esta última parte, solicitar a toda la Asamblea, señor Presidente de la Mesa Directiva, que hagamos un minuto de silencio. Un minuto de silencio que no se interprete como un minuto de silencio de desencanto; de un minuto de silencio donde abdiquemos nuestro derecho a exigir justicia; que sea un minuto de silencio para que se escuche el clamor de estos familiares de las víctimas por homicidios, por desapariciones, por feminicidios; que sea ese minuto de silencio la reflexión para que en los próximos seis años que entra este proyecto que inicia con ese ciclo de esperanza, entre todos los mexicanos podamos traerle a México, la tan añorada paz y justicia que estamos buscando.

Señor Presidente, si puede solicitar un minuto de silencio.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se ruega a todos ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pueden tomar asiento. Gracias, Senador Juan Zepeda.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Buenas tardes compañeras y compañeros. Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, agradecemos al doctor Navarrete Prida que esta aquí con nosotros, Secretario de Gobernación.

Quienes hicimos campaña durante el proceso electoral pasado, recorriendo casa por casa cada uno de los municipios que integran nuestros estados, sabemos perfectamente lo que la gente requiere, lo que más le preocupa, y lo que esperan, por supuesto, de nosotros sus representantes populares.

Está claro que una de las demandas más sentidas de la población es tener mayor seguridad, garantizar el respeto a la persona, a nosotros, a nuestras personas, a nuestra gente, a nuestros bienes, y que, en caso de cualquier ilícito, el derecho sirva como la herramienta, así como la justicia para resarcir los daños y materializar una efectiva procuración e impartición de justicia.

Afortunadamente en mi estado, en Yucatán, en su capital Mérida, así como en la mayoría de sus municipios, somos identificados como de los sitios más seguros del país por diversos estudios, como el Índice de Paz de México 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, o la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2018, del Inegi.

Y quiero decirles que esto se debe a la gran voluntad de todos, y lo puedo decir en mayúsculas, de todos los órdenes de gobierno y de sus titulares. ¿Por qué? Porque la voluntad se demuestra con las acciones y Yucatán es el resultado de esa voluntad de todos los órdenes de gobierno.

Aquí aprovecho para agradecerle al señor Secretario el acompañamiento que nos dieron en Yucatán para cambiar, perfeccionar nuestra normativa para poder identificar y mejorar los protocolos tanto para el feminicidio que fueron parte de un tema de una alerta de género, que la verdad llegó a muy buen fin también con el acompañamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, como Senadora y también como ciudadana mexicana, no puedo ser indiferente a lo que nos sucede en otros estados, al flagelo de la inseguridad que influye en la tranquilidad de las personas y, por supuesto, de la capacidad que tenemos para desarrollarnos en toda plenitud.

Desde el inicio de este sexenio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública e integrarla a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de dar cohesión a las acciones en esta materia e incorporarla con un componente de política interior.

Aquí le reitero lo que dije también en pasadas intervenciones, con la Secretaría o sin la Secretaría estando coordinados o bajo un Mando Único, la voluntad es lo único que nos llevará al éxito; de igual forma, insisto, es voluntad con responsabilidad.

Reconocemos desde el Partido Verde la labor valiente y leal de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde la Policía Federal, desde el Ejército, desde la Marina, los cuerpos de seguridad pública en los estados y también  en los municipios.

En este mismo sentido, considero que una política integral debe considerar la perspectiva preventiva, que se enfoque no sólo en hacer frente a la violencia y la delincuencia, sino también a prevenir y a erradicar las causas que lo provocan y los factores que pudieran favorecerla y den pie a la delincuencia; que priorice la reconstrucción del tejido social y la generación de oportunidades laborales y de desarrollo para los jóvenes; que haga de la reconstrucción y recuperación de espacios públicos sanos el elemento fundamental para generar mejores condiciones de vida para las familias y las comunidades.

Es así que celebro que en el inicio de esta administración, la prevención se convirtiera, por primera vez, en un componente clave de la estrategia de seguridad, y lo digo con toda convicción, porque fui la primera Directora del Centro de Prevención Social del Delito de mi estado, de Yucatán.

Por ello, señor Secretario, me extraña y preocupa que en los últimos dos años esta política de prevención fuera, de cierta forma, relegada, y no lo digo a propósito, pero parece relegada por este gobierno que la impulsó.

En los dos últimos años su presupuesto prácticamente desapareció, y es ahí donde nos gustaría saber a mí y a mi bancada, ¿qué pasó con esa política de prevención?

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad importante en esto, porque ahí donde se destinan los recursos, me atrevo a preguntar, si es un fracaso de la dependencia, y si lo es así, por qué falló.

¿En dónde quedaron esos millones de pesos que, señaló en su intervención, fueron destinados?, y, ¿qué seguimiento se le dio a esos recursos en los estados?

Por último, me gustaría saber su opinión sobre si este programa debiera o no continuar, y yo ruego porque su convicción sea que sí y también del gobierno que entra. 

Desde el grupo parlamentario del Verde Ecologista, le agradezco sus respuestas y le reitero nuestro reconocimiento institucional por su apertura y también al diálogo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Camino Farjat.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Partido del Trabajo.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Primero que nada, agradecerles su solidaridad y su apoyo a todos y cada uno de ustedes por los hechos que acontecieron en mi familia la semana pasada.

Muchas gracias.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sea usted bienvenido al Senado de la República.

No quiero generar un debate conceptual afirmando que los mexicanos vivimos en un Estado fallido por la ineficiencia que se ha tenido en el combate contra la delincuencia organizada y en los intentos para pacificar el país.

Tampoco, porque nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia han sido gravemente infiltradas y corrompidas por las bandas delictivas a las que ha sido imposible desarticular, ni siquiera por la existencia de cuerpos paramilitares y grupos de autodefensas en varias entidades de la Federación, como Morelos, Michoacán, Guerrero y Tabasco, por mencionar algunos ejemplos, ni porque cada vez son más frecuentes los casos de linchamiento y otras formas en los que los ciudadanos buscan hacer justicia por su propia mano, o por otros indicadores económicos y sociales que revela la desigualdad persistente en nuestra sociedad y una preocupante falta de oportunidades de desarrollo cultural, académico y material para millones de mexicanos.

No, no voy a cuestionar si vivimos en un Estado fallido o frágil. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que el gobierno encargado de conducir el Estado mexicano le ha fallado a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad pública y la protección a los derechos humanos, porque durante el tiempo en que se desarrolle esta comparecencia en México, aproximadamente 17 personas sufrirán una muerte violenta; una va a ser secuestrada, 9 van a desaparecer, se cometerán 10 robos en unidades de transporte público y 53 en distintos negocios; 9 transeúntes serán asaltados, se detectarán 6 nuevas tomas clandestinas de hidrocarburos y cientos de mexicanos serán víctimas de uno de los mil 37 delitos de todo tipo que se cometerán en nuestro país durante estas horas.

Aunque en realidad la cifra es mucho mayor, ya que el 93 por ciento de los delitos no se denuncia por la desconfianza que los ciudadanos sienten hacia las autoridades.

Al respecto, el Inegi estima que el año pasado, 25 millones de mexicanos de 18 años o más, fueron víctimas de algún delito, denunciándose sólo el 7 por ciento de ellos. Por eso no es ningún secreto que el Estado mexicano atraviesa una crisis de seguridad pública y derechos humanos que sería irresponsable negar, pues la política de  negación de la realidad bajo la cual se han conducido en las últimas administraciones, sólo ha contribuido a intensificar este problema y a reducir las posibilidades de solucionarlo.

Al respecto, desde aquí se reconoce que el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha aceptado personalmente que las estrategias que se implementaron durante su administración para resolver esta crisis, no han dado los logros y los resultados que se trazaron, literal.

Es un pequeño eufemismo para aceptar un gigantesco fracaso, pero es un buen principio para que todas las fuerzas políticas lleguemos por común acuerdo a la conclusión de que la fuerza bruta, la arbitrariedad y el derramamiento de sangre no constituyen el camino que nos llevará a lograr la paz social que con tanto dolor esperamos todos los mexicanos.

En virtud de lo anterior, le pido a usted, señor Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sólo dos cosas en esta primera ronda:

Primero. Que exponga ante esta Cámara, ¿cuáles son los motivos precisos por los que las acciones realizadas durante este sexenio para disminuir los índices de violencia y de incidencia delictiva, no fueron efectivas en vista de los más de 60 mil millones de pesos anuales que le fueron asignados a la Secretaría que dirige y a la gran estructura operativa con la que cuenta?
Segundo. Que nos indique, ¿cuáles son los ajustes que considera que debieron de hacerse a estas acciones y por qué no se hicieron en su momento?

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Alejandra León Gastélum.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

Buenas tardes a todos y todas.

Es innegable que hoy nuestro país vive una grave violencia y violaciones a los derechos humanos.

Tan sólo unas cifras de sangre: 110 mil homicidios, 15 mil feminicidios, 35 mil desaparecidos y desaparecidas duelen, porque no son cifras, tienen nombre, tienen familia.

Tenemos un sistema de justicia ineficaz que sigue perpetuando a la impunidad y un Sistema de Atención a Víctimas insuficiente que le sigue negando la verdad a millones de mexicanos y mexicanas.

Ante esta crisis, el gobierno federal decidió darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad.

Las muestras, son la imposición de la Ley de Seguridad Interior y la cancelación de la necesaria reforma para el fortalecimiento de las policías, a esto se suma el debilitamiento de las instituciones, principalmente las de seguridad y procuración de justicia, y el intento de imponer a un fiscal carnal, interviniendo para ese propósito en la vida e independencia del Poder Legislativo.

Por esto nos hacemos dos preguntas:

La primera, ¿a qué obedece que el gobierno federal le diera continuidad a una estrategia que no nos ha permitido alcanzar la paz mínima?

¿Por qué el gobierno federal decidió renunciar a su responsabilidad de Estado, de fortalecer y mejorar las policías y las instituciones civiles de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, cuando ésta es la tarea más importante que tenía en sus manos?

Segundo tema. La migración. En esta materia organizaciones como Amnistía Internacional nos colocan en el mismo nivel que Estados Unidos.

Hace unos meses esta organización señaló que México y los Estados Unidos continúan discutiendo formas de aumentar las detenciones y deportaciones de familias y personas que huyen de países golpeados por la violencia, como El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Honduras.

También Amnistía Internacional ha evidenciado que el gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en los tratados de derecho internacional que estipulan el pleno respeto de los derechos de las personas migrantes.

El VI Informe de Gobierno señala que se han llevado a cabo diferentes acciones de ayuda humanitaria; sin embargo, lo que también nos revela es la visión del Estado mexicano que tiene sobre los migrantes, ya que las acciones que presume se encuentran bajo el título de fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Es decir, que nos hemos adoptado de la misma filosofía de Donald Trump que utiliza contra los mexicanos para discriminar y abusar de los migrantes en nuestro propio territorio nacional al considerarlos y considerarlas como amenazas.

Un claro ejemplo de esta política migratoria es como lo documentó la BBC, que las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a más de 138 mil menores migrantes durante la administración de Enrique Peña Nieto; 73 mil acompañados y 65 mil sin ninguna compañía, quienes fueron trasladados a alguna de las seis estaciones concentradoras donde en algunos casos fueron separados de sus padres y donde su estancia pudo alargarse durante meses, generando condiciones y consecuencias similares a la de los infantes migrantes en Estados Unidos.

No podemos dar lo que no tenemos.

La Secretaría de Gobernación, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la instancia responsable de la política migratoria y, por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿con qué argumento podemos exigirle a Estados Unidos el respeto a los derechos de nuestros connacionales en ese país, si aquí actuamos con las mismas prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de los migrantes?

Y, por último, una pregunta adicional que como saben me gusta hacerle a cada funcionario público y me la hago como Senadora.

¿Cómo evalúa Alfonso Navarrete su ética frente a los retos de su gestión?

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Kempis.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario, sea muy bienvenido a este recinto parlamentario y a este ejercicio de diálogo republicano.

Compañeras y compañeros Senadores, este año concluye un gobierno que se ha caracterizado por saber impulsar cambios y transformaciones de fondo, pero siempre manteniendo la gobernabilidad democrática.

Y me explico y me explico bien, este sexenio ha sido el primero desde la transición democrática en el que las fuerzas políticas se sentaron a la mesa y lograron ponerse de acuerdo en temas que iban más allá de lo electoral y que tenían que ver con lo que a la gente le interesa.

Desde la calidad de la educación de sus hijos, el acceso a créditos más baratos o el dejar de pagar larga distancia, roaming automático, hasta una mayor transparencia del manejo de los recursos públicos o una mejor justicia, sin dejar de mencionar la reforma política, gracias a la cual prácticamente hay paridad de género en la integración de esta Soberanía y, por supuesto, de este Senado de la República.

Todo lo anterior fue posible gracias a que, desde un principio, el gobierno entendió que no se trataba del logro de un partido, sino de un logro para el país y buscar los acuerdos y los consensos que los mexicanos requerían.

Fue así anteponiendo el interés general al interés de grupo, como más allá de la competencia por el poder, se pudo convocar al acuerdo entre quienes pensamos distintos.

Fue así con buena política como el gobierno dividido dejó de ser sinónimo de parálisis legislativa y comenzó a significar construcción desde la pluralidad.

Lo anterior fue posible porque en este gobierno se escucharon todas las voces y nadie fue excluido, y se hizo así porque partimos del principio de que las decisiones adquieren mayor legitimidad cuando todos participan.

También se trabajó de la mano no sólo con otras fuerzas políticas, sino con la sociedad, desde campesinos, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

Por eso afirmamos que los últimos casi seis años se ha actuado con altura de miras, manteniendo este gobierno un diálogo permanente con los municipios, con los gobiernos del Estado, con las legislaturas locales, con el Congreso de la Unión y con el Poder Judicial.

Y fue así como se articularon las políticas de Estado que México requiere, entendiendo que puede haber críticas en este país de libertades, pero nadie puede negar los avances en México.

Por ejemplo, la transformación del Sistema de Justicia Penal, para avanzar decididamente en cerrarle el paso a la impunidad y pasar de juicios largos, opacos y costosos a juicios ágiles, transparentes y confiables, y esto debemos reconocerlo.

O a la articulación en materia de protección civil, una tarea, sin duda, prioritaria para un país como el nuestro, que por su posición geográfica tiene que hacer frente a fenómenos naturales de gran intensidad y que Guerrero, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados son un ejemplo de lo que aquí expongo.

Lo mismo se puede decir respecto a los derechos humanos, y en particular a violaciones graves, como la desaparición forzada.

Hoy se cuenta con leyes e instancias en la materia que se construyeron de la mano de colectivos de víctimas, tomando en cuenta la experiencia de los estados y con el apoyo de expertos internacionales.

Y así podría seguir con una larga lista que va desde los grandes esfuerzos que se han hecho en materia de migración y población hasta lo relacionado con la seguridad.

Este último es un tema de gran preocupación para las y los mexicanos, y ante el cual nuestro país presenta desafíos. Desafíos que deben de afrontarse desde el trabajo conjunto, la coordinación y la corresponsabilidad, porque se trata de un asunto que es de Estado, no de gobierno.

Y es por eso que esta administración federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad, siempre brindó un apoyo absoluto a las entidades federativas por igual.

A pesar de lo anterior, reconocemos que aún hay un camino por recorrer.

Es por ello, señor Secretario, que quiero preguntarle, ¿dónde ve los principales retos en materia de seguridad y cuáles son las áreas prioritarias que debemos seguir atendiendo desde el Poder Legislativo, para seguir consolidando el estado de derecho en todos los rincones del país?

Por su respuesta, muchas gracias, señor Secretario.

Felicidades por su trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Añorve Baños.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. ¡Bienvenido!, señor Secretario Alfonso Navarrete Prida.

A nombre del grupo parlamentario del  Partido Acción Nacional expongo:

El Estado requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, un ejercicio de autoridad que tenga como fin la realización del bien común, que implica la justicia y la seguridad y simultáneamente la defensa, el respeto, la protección de la persona y la promoción del bien colectivo.

En el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de esta administración, se estableció el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, sin embargo en 2017 al presentar su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidenció que en nuestro país aún tenemos muchas áreas de oportunidad.

De acuerdo con dicha comisión, la falta de cumplimiento y respeto a los derechos humanos, abarcó diferentes instituciones. Entre 2012 y 2017 el organismo formuló un total de 284 recomendaciones, registró 274 expedientes de queja calificados como tortura, contabilizó 5 mil 86  por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, así como 89 por desaparición forzada.

Señor Secretario, siendo los derechos humanos materia de la Secretaría que usted representa es pertinente preguntar, ¿a qué atribuye usted los resultados mencionados en este informe?, ¿cuáles son las acciones y asignaturas pendientes  que debe desarrollar en esta materia la administración que usted representa?

Sin duda alguna, una pregunta obligada que tiene que ver con un tema que sigue lastimando a millones de familias mexicanas en nuestro país, tenemos que tocarlo. no hace mucho fue noticia nacional lo acontecido en el estado de Jalisco, cuando para sorpresa de todos se anunció  que fueron localizados en contenedores de tráileres cuerpos de personas que no habían sido identificados por el servicio médico forense y, por consecuencia, no habían sido reclamados por nadie.

Los hechos son ampliamente conocidos y no quisiera  repetir esta historia, pero hoy les pido que no pensemos en números, pensemos en personas, pensemos en familias, en madres y padres que hoy están buscando de manera incansable respuestas para su dolor.

Ante este lamentable escenario que no mira ni  clase social ni condición económica, le pregunto, señor Secretario, ¿qué acciones está realizando  hoy la Secretaría a su encargo para la localización y la identificación de las personas desaparecidas y especialmente para encontrar con vida a quienes sus familias han denunciado como desaparecidos?

De igual forma, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la vida democrática de un país. La labor periodística tiene inmersa una función social que permite a los ciudadanos accesar a la información y que lleva de manera intrínseca el ejercicio de un derecho, por ello, resulta indispensable garantizar la seguridad y la integridad de quienes ejercen esta profesión. Desgraciadamente el escenario en nuestro país para este sector resulta desalentador.

La organización Artículo 19 destaca la violencia contra la libertad de expresión en nuestro país.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de la libertad de prensa, México aparece como uno de los países que representan mayor riesgo para ejercer esta profesión.

Señor Secretario, ¿qué acciones se han llevado a cabo por el gobierno para atender  esta grave problemática?, ¿cuáles son las acciones  pendientes para desarrollar en esta materia?

Por último, en materia de migración las políticas y acciones de la administración del Presidente Trump han estado provocando consecuencias graves para millones de familias migrantes y comunidades. Los impactos incluyen largos periodos de detención, previa a la deportación, audiencia ante jueces de migración sin contar con un abogado y deportaciones expeditas sin derecho de audiencia.

A nivel familiar, esto ha generado la separación de los migrantes indocumentados y sus cónyuges o hijos nacidos en Estados Unidos.

La era Trump ha provocado un clima de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes, ante la posibilidad de ser aprehendidos o deportados.

Señor Secretario, ¿qué acciones está llevando a cabo el gobierno de México para proteger los derechos humanos de quienes son forzados a regresar a nuestro país?, ¿qué se está haciendo para lograr una reinserción exitosa de los mismos?

Respecto al flujo de migrantes procedentes de Centroamérica, ¿qué medidas está tomando la autoridad para respetar sus derechos humanos?

Por su respuesta y atención, muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Nadia Navarro.

Tiene ahora el uso de la tribuna para cerrar esta primera ronda de preguntas, el Senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario de Morena.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso. Señor Secretario de Gobernación, bienvenido a esta comparecencia. Senadoras, Senadores:

Quiero empezar mi intervención recordando la pregunta que el periodista Santiago Zavala o Zavalita, como se le conocía, protagonista principal de la obra "Conversación en La Catedral" del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, cuando pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú?

Así yo también retomo y pregunto, y cabe, señor Secretario, ¿en qué momento se jodió México?

¿En qué momento se jodió México en la política de seguridad que afecta y agrava a la gran mayoría de los mexicanos?

Siendo la esencia fundamental de cualquier Estado y el garantizar en los hechos  la integridad física y patrimonial de los gobernados por parte del gobierno, así como de su patrimonio, garantizar la paz y la tranquilidad pública; sin embargo, lamentablemente en nuestro país, durante varias décadas y en este sexenio, no ha ocurrido así.

Los propios  datos estadísticos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer cotidianamente, como usted y nosotros lo sabemos, apuntan a que no tan sólo fue posible en esta administración que termina, contener y mucho menos  disminuir la inseguridad y la violencia criminal, sino que se agudizó.

Quizás podría argumentarse en defensa de esta política en materia de seguridad y de procuración de justicia que se hizo lo posible, porque es herencia de otros gobiernos, pero eso no lo justifica.

Sigue siendo noticia diaria que ofende, que causa llanto, dolor y sufrimiento, la alta tasa de homicidios, de feminicidios, de desaparición forzada de personas, de secuestros, de extorsiones, de violación a los derechos humanos, de impunidad y de corrupción en los cuerpos policiales, lo que pone en evidencia la falta o el fracaso del modelo y de la estrategia en materia de seguridad y de procuración  de  justicia en nuestro país.

Cabría también preguntar que como parte de esa herencia que se deja a nuestro país y al próximo gobierno, ¿cómo quedará, cómo queda, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, las masacres en Apatzingán, en Tanhuato?

Queda en la impunidad, como en mi caso que soy representante del estado de Michoacán que forma parte del Pacto Federal, parte integrante de la Federación, el excesivo, y a mi juicio, irregular nombramiento que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal a un paisano suyo, del Presidente, Alfredo Castillo, como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, que ni nos dejó en absoluta seguridad y mucho menos, habría que entender en qué consiste, mucho menos el desarrollo integral del Estado.

Creo que lo que estamos recibiendo de herencia los mexicanos, señor Secretario, lamentablemente es el fracaso de una política en materia de seguridad y no únicamente de seguridad pública, sino también de seguridad interior que ha rayado peligrosamente en la seguridad nacional, que ha puesto en riesgo por las amenazas y hechos reales de la delincuencia organizada, ha desafiado a las instituciones y a los elementos constitutivos del Estado mexicano llevándolo a aquello que los estudiosos de las ciencias políticas llaman Estado fallido o, por lo menos, gobiernos fallidos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Cristóbal Arias.

Señor Secretario de Gobernación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han expuesto.

El Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación: De nuevo muchas gracias a todas las Senadoras y los Senadores por permitirme acudir a este diálogo republicano que está enmarcado en nuestra Constitución General de la República.

Quisiera brevemente dar respuestas a algunos cuestionamientos serios, documentados que he recibido, y con esa misma seriedad poder dar y aportar la información con la que cuenta el gobierno de la República.

Algunas cuestiones son de diálogo republicano sobre el tema del reconocimiento de una crisis nacional.

Desde el gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar, o siquiera suponer que existe una crisis nacional.

Tenemos un país con problemas, con muchísimos problemas, con retos formidables hacia adelante y con un enorme esfuerzo de millones de mexicanos que pensar o suponer que están en crisis es menospreciar su esfuerzo de organizaciones civiles, de instituciones, de cientos de corporaciones, de sistema de salud, de sistema educativo, de sistema de protección civil, que le han costado transversalmente al país muchos lustros de esfuerzo y que, desde luego, hay retos formidables que hay que analizar, críticamente hay que reconocer qué es lo que no está funcionando o qué pudo haber sucedido o qué pudo haberse cambiado y debe de cambiarse y hacia dónde tenemos que poner el énfasis.

Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la impunidad, y mientras no se resuelva ese tema con claridad, con independencia, con certeza hacia la gente no puede haber seguridad y mucho menos pensar que se resuelven temas como corrupción, parte de la naturaleza humana, que si no hay sanción es una provocación a la repetición de acciones.

Yo no entraría a la calificación de casos concretos, si algo aprendí en mi paso por instancias de procuración de justicia, es que un procurador o un ex procurador no especula, si afirma es porque prueba, y si no solicita y exige con claridad que se actúe en los órganos de procuración de justicia, que para eso existen.

En relación al tema de protección a periodistas, que sí es un tema que preocupa porque amenaza una de nuestras libertades fundamentales, que es la seguridad de las personas y, la otra, la capacidad para ser libre y expresar lo que uno cree.

Desde el inicio de operaciones del mecanismo de protección de periodistas, en octubre de 2012 al 31 de agosto de 2018, 900 personas se han incorporado al mecanismo de protección federal; 542 defensoras de derechos humanos y 448 periodistas.

De ahí se han otorgado 365 medidas de protección en materia de infraestructura para la protección y 2 mil 995 acciones de coordinación.

Este año, 2018, es el año en que se ha dotado del mayor monto de recursos para el mecanismo de protección de periodistas, que es 200 millones de pesos y fue insuficiente, y se tendrá que reponer ese fideicomiso que existe, ese fondo, en esta semana una vez que sea reabierto el sistema en Hacienda y no está en riesgo la continuidad de los recursos para apoyo a este importante programa que representa mucho para todos.

En relación a César Duarte y algunos otros casos donde autoridades estatales han estado involucradas en asuntos que tienen que ver con procuración de justicia y persecución de delitos.

De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua, se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición.

Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador César Duarte, son delitos que por la propia ley son delitos no graves; es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad.

¿Qué significa? Que la tramitación a que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado Norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento, no es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave.

¿Qué le corresponde al Departamento de Estado Norteamericano? Procesarlo.

Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular.

Los mecanismos y el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no está degradado, es un órgano desconcentrado que tiene capacidad de actuación autónoma. La propia naturaleza de los órganos desconcentrados en materia administrativa están hechos para que funcionen con el apoyo que requieran de la autoridad central, pero para que no se subordinen y esperen que en todo  momento sea la autoridad superior la que determine qué tiene que hacer.

Ese mecanismo funciona, se está trabajando en él y ahí se publica periódicamente lo que se está haciendo, junto con otras medidas transversales.

¿Qué sucede con el tema de los migrantes?, y es un tema que se ha repetido constantemente en las respetuosas y amables preguntas que han formulado.

Existe nuestra legislación que tiene que ver con una Ley General de Población.

Esta Ley General de Población establece requisitos para el otorgamiento de visas humanitarias, que no necesitan visa, así lo señala la ley, aquellos extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Que sean solicitantes de condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor.

No existe connacional hondureño que se encuentre en esta condición.

La expresión sobre la solicitud ha sido para una caravana migrante y el gobierno de México está siendo claro en esta situación, que no engañen a la población migrante o sea utilizada con fines que no tienen que ver con la propia migración, por las características que sea.

El ir y adentrarse en una caravana, sin recursos, sin documentación, con menores no acompañados o con menores acompañados en condición de vulnerabilidad, es un enorme riesgo. Más cuando tenemos los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México, la misma posición de respeto a los derechos humanos de los migrantes, frente a actitudes que se pueden interpretar como xenófobas por parte del vecino norteamericano y que tienen aplicación de sus leyes, hay respeto a esa aplicación y no significa que no haya condena a los resultados de esa política que es separación de familias.

Eso es lo que se ha estado encargando de decir y de señalar el  gobierno mexicano constantemente, de que venir a un país sin la documentación necesaria,  siendo objeto de un movimiento que no tiene como una finalidad específica la migración, sino la propia caravana en condición de vulnerabilidad, sí es un riesgo para la población y se tiene que advertir y cuando entran a territorio nacional gozan de las garantías que da nuestra Constitución, con todos los problemas que eso significa en el transcurso y recorrido, sea en tren, sea en camión, sea por tierra, para poder otorgar alimento, las casas de refugio, la vigilancia respectiva, el diálogo con los líderes y no ha habido una sola que no haya llegado a su destino, muchos de ellos Tijuana o Tamaulipas, con muchas vejaciones.

Quiero dejar firme la posición del gobierno de México, de un rechazo absoluto a cualquier posición xenófoba, que pretenda separar a familias así sea en la aplicación  de  la ley de un país  si ésta no se apega al respeto de derechos humanos. Y menos, separar familias.

El gobierno mexicano actuará, en consecuencia, en esta circunstancia.

Sobre el tema de ese informe y la política que se debe seguir y se ha seguido en materia de derechos humanos, no es una política que haya comenzado en este sexenio.

En el año 2011, la LXIII Legislatura aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante que se ha dado en el país en los últimos 20 años.

Lo sé, porque la bancada a la que orgullosamente pertenecí, que es la del Partido Revolucionario Institucional, la apoyó, la impulsó y la hizo vigente y posible.

Su servidor era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Esa política de derechos humanos que implicó la construcción de distintos ordenamientos normativos en legislación secundaria, hoy se empieza apenas a aplicar.

Sólo en materia de desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, la legislación fue promulgada apenas este año, el 16 de enero, y tiene que empezarse a aplicar transversalmente porque es la construcción de sistemas que se tienen que hacer y de comisiones intersecretariales tanto en la Federación como en los estados.

De todos los casos que en este momento se presentan de investigación y de auditoría, lo que diría con claridad es: Esperemos el resultado de la auditoria y de lo que ella concluya, sin satanizar, lucrar o tratar de dar una opinión por más de buena fe que se tenga sobre un caso que pueda molestar, herir o indignar, si no se cuenta con las definiciones y las pruebas correspondientes.

Sé que la Senadora Eunice Renata ha dejado claramente señalado que quedan varias preguntas por responder, que no alcanzaba por tiempo.

Y con mucho gusto, tal como lo establecen también los Reglamentos, las Reglas, las Prácticas Parlamentarias y la Constitución, si las formulan y nos las hacen llegar, de inmediato, a través de la Mesa Directiva, que es el conducto que se tiene que seguir, daremos respuesta a ellas de forma puntual.

Con respecto al paisano, Senador, don Juan Zepeda, lo que el martes 9 de octubre su servidor declaró es un hecho importante, trascedente, de lo que implica un primer esfuerzo en un tema muy doloroso, que es el tema de las desapariciones forzosas y el no encontrar a familiares desaparecidos desde hace lustros.

El esfuerzo consistió en lo siguiente y el coordinador de la bancada a la cual pertenece el Senador lo sabe y lo conoce muy bien, porque él fue promotor de un sistema similar y la presentación de una iniciativa apenas la semana pasada al respecto.

La ley se aprobó el 16 de enero, se tuvo que esperar un tiempo a que el Senado de la República aprobara quién era el Comisionado encargado de búsqueda de personas.

De ahí la misma ley señala que a través de una amplia consulta debía constituirse el Consejo Técnico, eso tomó por lo menos otro mes más y de ahí empezar a establecer los mecanismos de funcionamiento.

En lo que se ha trabajado es primero tener un Registro Nacional de Personas que se hayan denunciado como desaparecidas y que la ley no distingue entre ausentes, que pueden ser voluntariamente o desaparecidos de manera forzosa.

El número que se dio de 37 mil y un poco más, tiene que ver con lo que dice la ley. Contar por primera vez con un registro y de ahí tener que empezar a depurar datos ya con nombre y apellido.

Y es un esfuerzo que se tiene que hacer.

En los colectivos de personas desaparecidas y en las familias, lo que encontramos son historias de dolor, no encontramos necesariamente un argumento racional, porque no tendrían por qué tenerlo. Es una exigencia y un reclamo y no concibo cómo puede haber un dolor más grande que el que no sepa una mamá o un papá dónde quedó su hijo, independientemente de la causa por la cual haya desaparecido.

Lo que se ha hecho con cuidado, es ver en todos los Semefos que tienen una forma de registrar huellas dactilares, que tiene que ser de impresión, compararlos con las demás bases de datos y plataformas que tenemos para buscar coincidencias.

En el Semefo se encuentra un desconocido aparentemente y se inicia una carpeta de investigación.

Lo que se tiene en el ámbito civil de registros civiles y en el ámbito federal de licencias o la plataforma que tenemos para poder corroborar datos, tiene un sistema distinto que es de huella rodada, no compatible. Había que buscarse hacer compatible, los dos sistemas.

Eso fue lo que arrojó 26 mil coincidencias, 16 mil que se podía iniciar  ya un proceso muy serio de identificación. Y ahí agradezco el invaluable apoyo del INE, que sí tiene un sistema y una plataforma de huellas dactilares, con foto y con nombre.

Esas arrojaron cuatro mil 500 personas ya con nombre y fotografía que puede ser dado a conocer a los familiares, qué ha pasado o dónde está su familiar que se había señalado como desaparecido.

Se pidió que se hiciera un doble chequeo.

¿Por qué? Porque puede ser que el INE, la credencial de elector, por alguna razón no coincida y sería un doble dolor asegurar una afirmación de algo que al final puede no resultar cierto.

El dato que se tiene en este tiempo son 350 personas, 300 de ellas con más de diez años de haberse denunciado desaparecidos.

Es un primer esfuerzo, ¿insuficiente? Absolutamente; es un tema de lustros, pero sí se tiene un camino que se puede seguir y se puede complementar con registros biométricos con el mismo sistema que se está conformando y que ahora permite tener en ausencias, no desapariciones forzosas, un registro para personas con vida, que pueden estar en refugios, en asilos, en hospitales o haber desaparecido voluntariamente.

Y que se pueda también tener la capacidad para informarle a las familias dónde está la persona, a eso se refiere esta nota que se dio a conocer el 9 de octubre, y que es un esfuerzo que, en mi opinión deberíamos de continuar porque ahí detrás de esto hay actos de justicia, no completa, seguiría la persecución de delitos en el caso de asesinatos; sí el mínimo necesario para saber y darle respuesta a familias que tienen todo el derecho a exigir qué ha pasado con sus familiares.

A la Senadora del Partido Verde.

El tema de las estructuras administrativas, y si debe ser una Secretaría la que se encargue de los temas de seguridad o depender de una Secretaría de Estado, es un tema que a este país le ha costado debates de muchos años, y no del México reciente.

Simplemente en el inicio del México del siglo XX el Procurador General de la República pertenecía y participaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La policía estaba adscrita el Poder Judicial, por eso se le llama policía judicial, se le quedó el nombre.

La ubicación de si existe una Secretaría de Seguridad Pública, si existe una agencia, si existe un organismo desconcentrado es un tema que se ha discutido mucho, importa el resultado de que efectivamente se cubran niveles de seguridad adecuados.

¿Qué ha sucedido? En 30 años partidos políticos nacionales, desde luego, ahora uno que empieza en funciones en el estado de Morelos, y a nivel federal con el nuevo gobierno que entrará en vigencia a partir del primero de diciembre, pero prácticamente todos los partidos del espectro político nacional, sin excepción, han sido gobierno.

Y no ha habido un solo partido en gobierno que haya podido darle una respuesta definitiva al tema de la seguridad pública.

¿Hacia dónde creo que debemos encaminar el esfuerzo, y qué sí se ha hecho bien?

Hoy tenemos policías con plataformas, hoy tenemos policías en algunas entidades y en la Federación con sistemas, con servicio civil de carrera, con metodología y con protocolos de investigación, con capacitación constante, con capacidad para tener un avance en la vida y promociones que tienen que ver más con el mérito que con el amigo, con sistemas que abandonan un sistema de caudillos y de comandantes a un sistema de instituciones que puedan dar respuesta. Esta parte hay que conservarla.

Se ha pensado que es el sistema de justicia, no porque no necesite perfeccionarse, se han invertido ocho años en un sistema alternativo de justicia penal, 82 mil millones de pesos, y el sistema arroja enormes retos como la puerta giratoria, donde el catálogo de delitos hace que una persona que traiga armas salga de la misma manera en que entró rápidamente, y no existe un solo gobernador, uno solo que no haya señalado y solicitado que se hagan ajustes a la legislación.

En mi opinión, porque esa fue la pregunta, se tiene que concentrar el esfuerzo en el modelo de investigación policial.

En este país cuya pirámide y embudo determina impunidad, donde el 20 por ciento de delitos se denuncian, donde el 10 por ciento, la mitad, del 50 por ciento de esos delitos llegan a un proceso penal y donde al final solamente hay cinco sentencias condenatorias de cien conductas delictivas es una apuesta, la impunidad.

Cambiar una de las  válvulas del sistema, hacerlo más ágil, poner prisión preventiva de oficio significa atrofiar otras válvulas del sistema, como era la sobrepoblación carcelaria.

Y lo que era un problema de sobrepoblación carcelaria, hoy se convierte en un tema de que se tienen una mayoría de espacios penitenciarios que se tiene que volver a reconsiderar qué hacer con esos centros penitenciarios o hacia dónde conducirse, como está pasando en algunas entidades.

El tema doloroso del proceso de justicia es, que los que llegan a proceso en un modelo de reacción policíaca donde solamente se persigue o se detiene en flagrancia, hace que el juez lo que tenga en sus manos en el momento mejor de los casos que llega a sentencia es una sola conducta delictiva, es primodelincuente, y por lo tanto se le impone una pena mínima, aunque haya cometido 80 conductas, que no están registradas, y el país pelea por aumentar las penas máximas, ya vamos en penas de 140 años, porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua, que  no se aplica; el 98 por ciento de las sentencias en México  se aplica la pena mínima, y ahí entra el beneficio preliberacional, y el delincuente vuelve a salir. No es un temor la cárcel.

Si el modelo e investigación policíaca no cambia a poder concatenar conductas compartimentadas y la detención de organizaciones criminales con varios hechos delictivos por más sistemas orales, no orales, escritos, aumento de penas no va a funcionar. Y es una tarea pendiente de todos sin tratar de señalar culpas o errores, así está el sistema.

En materia de prevención de la delincuencia sí hubo una disminución de recursos a uno de los programas. La disminución no obedeció a un capricho de parte de la autoridad del Ejecutivo Federal, obedeció a una decisión de que ante la caída de materias primas en los años pasados, que significó una caída contundente del precio del petróleo, la opción que se tomó no fue generar más impuestos o deuda, sino disminuir el gasto público, y esto constituyó más de tres puntos del PIB, que lo hizo el gobierno federal sin detrimento del presupuesto de los estados y significa, en palabras llanas priorizar.

Y los programas de prevención de la delincuencia no solamente están en este programa que disminuyó y no se perdió, se otorgaron 300 millones de pesos por año, sino se fortalecieron otros programas transversales que permiten seguir atacando el tema de la prevención primaria de la delincuencia que es con parques públicos, con labores educativas, la Ciudad de México lo hace y lo hace además muy bien, y poner mayor énfasis en la prevención secundaria, que es la persecución inicial de la comisión de delitos y en la capacitación de la policía de proximidad. Los resultados son insuficientes, pero no por una desaparición de un programa o un menosprecio, sino por razones que están documentadas y existe el por qué.

Sí duele, a la Senadora Kempis, de Movimiento Ciudadano, sí duele, y duele en la cifra de personas desaparecidas.

Detrás de cada historia de un desaparecido es una historia de dolor, de exigencia, y es real.

La pregunta es, ¿por qué siguió una estrategia fallida? No es un tema de estrategia fallida, es un tema de indefinición de una política nacional que no ha quedado clara en décadas.

¿Cuál es el modelo de policía que tiene que tener el nivel municipal y el nivel estatal?

Y se lleva discutiendo en esto, en el Congreso de la Unión, más de ocho años, sin que pueda haber una definición como tal.

La debilidad institucional donde el 25 por ciento de  los municipios de México o no tienen policía o no tienen armas, o no están ni siquiera evaluados inicialmente, y los salarios son salarios muy pequeños, dan una idea de la complejidad del problema.

El tema de la violencia y de los homicidios violentos que, también se tocó aquí, el 50 por ciento de los homicidios violentos se da en el 2 por ciento de los municipios del país, en 57.

Ahí debemos concentrar mucho de la estrategia en este fenómeno y, por otro lado, desde hace 30 años todos los gobiernos, sin excepción, recurrieron al auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, particularmente de seguridad pública.

Y la convivencia de fueros, como señalaba al inicio de la presentación, de fuero castrense y de fuero civil en tiempos de paz, en un problema tan complejo como la delincuencia, generar enormes riesgos, inclusive de violación a derechos humanos o de violencia en sí mismo por ausencia de protocolos y de legislación. Lo que está analizando la Corte, independientemente de la posición que se adopte con respecto a la Constitución, que será precisamente que digan que es constitucional y no, es de la mayor trascendencia hacia la gente.

¿Hasta dónde el fuero castrense tiene capacidad constitucional para apoyar las tareas de seguridad pública?, ¿hasta dónde no?, y, ¿bajo qué protocolos?

Sé que preguntó, hizo una pregunta importante, además, sobre la ética dentro de los cargos.

Yo sostengo esto, y no lo sostengo yo, lo decía Aristóteles: "El mínimo ético que existe es la ley", y ese es el que tenemos que cumplir todos, independientemente de lo que uno piense o no.

No hablamos nunca de detenidos, por cierto, en materia de migración, se habla de gente rescatada; y sí se habla de detenidos en el tráfico de personas, en la trata de personas, en la explotación que se hace de las mismas y de la población vulnerable migrante.

En el Poder Legislativo, al Senador Añorve, y creo que ya hablé sobre los retos que veo en materia de seguridad, ojalá sirvan como una opinión, tienen que definirse decisiones legislativas de la mayor importancia sobre lo que va a venir en los próximos meses sobre la propia estrategia de seguridad.

Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, Oxchuc, tienen que ser resueltos claramente conforme a la ley.

Aquí volvería a repetir, como ex procurador y persona dedicada a estos temas: "No se vale especular", que se den las instancias que la ley permita y se llegue a la conclusiones que el expediente soporte con claridad y a la verdad, a la legal y a la real, y en eso, sin duda alguna, cuentan con el apoyo de esta Secretaría y del gobierno federal.

Creo que son todas las preguntas que se me han formulado, y quedo atentamente a la siguiente ronda de preguntas y cuestionamientos de parte de ustedes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Doctor Alfonso Navarrete Prida.

Como lo señala el numeral 4 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado, iniciamos la segunda ronda de preguntas, para lo cual tiene el uso de la tribuna la Senadora Katya Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Bienvenido nuevamente, señor Secretario. Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Otro de los temas pendientes de este gobierno es la deuda con las mujeres. En lo que va de este año se han registrado nueve asesinatos contra mujeres por día, cifra que supera los ya gravísimos siete asesinatos diarios contabilizados en los últimos tres años de gobierno en el territorio nacional.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación para operar los mecanismos dirigidos a erradicar la violencia feminicida, y nada de lo mandatado ha sido debidamente implementado.

Se han activado 15 Alertas de Género en el territorio nacional, y desde su activación, la violencia no disminuye, por el contrario, va en aumento, y para muestra basta un botón.

El Estado de México lanzó la Alerta de Género en 2015, y para 2017 el número de feminicidios había aumentado en un 33 por ciento.

Es obvio que la alerta de género no está funcionando, y el problema no es su diseño, sino porque, como ya han apuntado diversas organizaciones de la sociedad civil, faltan recursos, atención, voluntad política y seguimiento por parte de las entidades de gobierno responsables.

Otros encargos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Secretaría de Gobernación, son el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en ambos casos, observamos una implementación tardía y una conveniente mesura en la publicación de datos.

Por lo anterior, me atrevo a plantear dos preguntas: ¿El seguimiento que se ha dado a las Alertas de Género, ha dado alguna luz para resolver el alarmante problema de seguridad que vivimos las mujeres en México?

¿El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, cuenta ya con datos suficientes para implementar política pública dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres?

La realidad concreta, es que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 8 mil 904 asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017, sólo el 24 por ciento fueron investigados como feminicidios por omisión del gobierno federal.

En ese sentido, le hago una tercera pregunta, señor Secretario.

Además de la invisibilización qué acciones llevaron a cabo usted y su predecesor.

Es claro que en materia de feminicidios la omisión, simulación e ineficacia son el sello de la administración del Presidente Peña Nieto y su gabinete.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Katya Ávila.

Para continuar, tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes a mis compañeras y compañeros Senadores. Gracias, señor Presidente.

Señor Secretario, sea usted muy bienvenido al Senado de la República y, déjeme iniciar mencionando algo que usted ya apuntó, precisamente la fecha de publicación de esta importante Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Me ha quedado ya, digamos, despejada alguna parte de lo que pensaba yo abordar en esta intervención.

Es decir, advierto que usted señala y reconoce la eficacia de este sistema, de lo que acabamos de plantear, como bien también señaló en una iniciativa del grupo parlamentario del PRD, que agradecí en su momento el apoyo de mis compañeras y compañeros Senadores.

Es decir, cambiar el protocolo para poder localizar a las personas que están con ese carácter de no identificadas, para poder lograr la identificación de ese número, muy amplio, muy grande de personas que llegan a los servicios médicos forenses, a los institutos forenses.

Y a propósito de eso, yo quisiera preguntarle algunas cosas: ¿Qué se está haciendo y en qué paró Plataforma México?

¿Cómo interviene?

¿Si interviene Plataforma México? Porque fue un programa, que pude conocer de manera personal, y unas instalaciones que pude conocer de manera personal, que son de última tecnología, al menos hasta esas fechas que yo las pude conocer.

Y me imagino que Plataforma México pudiera ser una respuesta muy importante.

Entonces, si en esto, porque hemos planteado ya la iniciativa y queremos seguirla impulsando, se puede contar con Plataforma México.

¿Qué va a ser de Plataforma México, esta inversión importantísima del gobierno de nuestro país, y que debe de estar al servicio de esto que es el tema de la seguridad, porque hoy el derrotero es poder sumar a la ciencia, a la tecnología en el combate al delito, entonces, cuál es, si es que tiene una participación Plataforma México?

También preguntarle a usted.

¿Qué se está haciendo con los servicios médicos forenses?

Yo creo que muchos de mis compañeros y compañeras aquí de los estados de la República, no me dejarán mentir, hay lugares en donde las necropsias se realizaron o se realizan en las funerarias.

¿Cómo vamos a tener datos científicos con estas prácticas, difícilmente si no invertimos en los institutos forenses o en los servicios médicos forenses?

¿Qué es lo que está planteando este gobierno, el gobierno que usted representa, en materia de presupuesto, porque será una responsabilidad, hasta donde hemos escuchado en los medios de comunicación, compartida?

Y ahí déjenme cerrar esta idea.

Presupuesto para prevención.

A mí me tocó, como Jefe de Gobierno, que tuviéramos un recorte importantísimo en materia de presupuesto, que le pedimos a la Secretaría de Hacienda que no se hiciera, y nos dejaron con presupuesto cero para prevención.

¿Qué se va a hacer?

¿Qué se va a plantear en materia de prevención?

¿Qué se va a plantear para cumplir con las medidas precautorias, porque tenemos que utilizar los brazaletes, y es un sistema por demás caro?

¿Cómo se va a plantear el nuevo esquema de presupuesto para la seguridad en nuestro país?

¿Qué es lo que se ha platicado ahí?

¿Y qué se va a hacer con los municipios en donde no hay policía hoy? Porque hablamos de modernizar a la policía, pero ni siquiera se tiene policía.

Y el número usted lo tendrá mejor que yo, y quizá nos lo pueda aclarar, porque hablamos de 600, 500 ó 400, cuando menos, municipios que hoy no tienen policía.

Entonces, Secretario, ¿cuál es la perspectiva en materia de presupuesto para poder tener claridad?

¿Qué nos espera en materia de seguridad para el próximo ejercicio de gobierno con los recursos que se requieren para poder tener una implementación exitosa de las políticas públicas de combate a la delincuencia?

Por sus respuestas, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario, Navarrete Prida, sea usted bienvenido a esta Soberanía.

Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy damos cuenta de la glosa del VI Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de política interior.

Y hablar de política interior es hablar de poder garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una nación, para la cual es imperante tener una estrecha coordinación entre todas las dependencias de la administración pública en los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal; así como una comunicación fluida con los sectores sociales, públicos y privados, es decir, se requiere hacer política y buena política. Política para tender puentes. Política para poner el poder al servicio de la gente.

Y es de reconocerse la conducción política de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que hizo del diálogo permanente el mejor método para construir los acuerdos.

Quedarán, sin duda, grabadas numerosas críticas a la presente administración. Críticas que vale la pena resaltar siempre fueron acompañadas por una franca tolerancia de este gobierno.

Pero así también quedarán grabados episodios de franca apertura al diálogo, episodios que permitieron construir el Pacto por México que trajo consigo una serie de reformas que eran sumamente necesarias para el momento que vivía nuestra nación.

Momentos quedarán grabados también en los cuales, incluso, el propio Secretario de Gobernación se reunió personalmente con distintos grupos sociales, con líderes estudiantiles, con líderes magisteriales, siempre demostrando la apertura al diálogo como una de las piezas fundamentales para ejercer la política de manera positiva en un país tan plural y con profundas desigualdades como lo es México.

Y déjenme decir, a título personal, que también quedará grabada en la memoria de muchos mexicanos, y sobre todo de mis paisanos oaxaqueños, la oportuna intervención de las autoridades en materia de protección civil para atender las contingencias que desgraciadamente sucedieron durante esta administración por fenómenos naturales en nuestro país.

Todo esto fue clave para garantizar la gobernabilidad de este país durante seis años, un país que vale la pena mencionar, vivió la fiesta de la democracia más grande de su historia este 1° de julio.

Pero si bien celebramos la apertura al diálogo y la voluntad de conciliación, no podemos perder la capacidad de autocrítica para ver en dónde nos quedamos cortos y qué problemas le siguen aquejando a la nación.

Y me viene a la memoria lo que mencionaba aquel gran Secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, que es precisamente por la existencia de los problemas que los hombres nos vemos obligados a hacer política.

Y no podemos dejar pasar que uno de los problemas más grandes de nuestro país es en el rubro de seguridad, máxime cuando vemos que el 93 por ciento de los crímenes no son si quiera denunciados o que las autoridades no inician una averiguación previa, o que ni siquiera se abre una carpeta de investigación.

Esperamos todos los mexicanos que el próximo gobierno, de la mano con cada uno de los legisladores, independiente de nuestra afiliación partidista, redoblemos esfuerzos para poder garantizar que cada uno de nuestros hijos pueda desenvolverse en un entorno de paz y de tranquilidad.

En mi carácter de oaxaqueño, no puedo dejar pasar una gran preocupación de mis paisanos, todos aquellos que se vieron afectados durante los trágicos sismos del año pasado en su patrimonio, al día de hoy la incertidumbre les invade cada día más con el proceso de reconstrucción.

Y hay un tema poco debatido pero que vale la pena mencionar y que nos preocupa mucho en la bancada del Partido Verde. Actualmente en nuestro país nacen alrededor de 400 mil hijos al año de adolescentes entre los 10 y 19 años. Decía hace unos días el Secretario de Salud, el doctor José Narro, que solamente en 2017 más de 9 mil niños eran hijos de mujeres de entre 10 y 14 años, truncando así con el futuro y la vida de estos adolescentes.

Por eso, señor Secretario, quisiera nos pudiera contestar las siguientes tres preguntas:

¿Cuál es su opinión sobre las omisiones y áreas de oportunidad para mejorar la seguridad en nuestro país en el corto y mediano plazo?

¿Cuál es el avance en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del año pasado y cuánto tiempo habrá que esperar para concluirlo?

Y tercero. ¿Qué acciones ha emprendido el gobierno de la República para prevenir el embarazo adolescente y cuáles son sus resultados?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Bolaños Cacho.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, bienvenido al Senado de la República.

Los números no mienten, y por ello desafortunadamente en el tema que hoy nos ocupa no podemos decir que ha habido avances sino más bien retrocesos, pues ya a punto de terminar la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, lamentablemente se registraron más de 100 mil homicidios dolosos, un poco más de los registrados durante el sexenio de Felipe Calderón, y sumando el número de los casos registrados de este delito durante ambos periodos, tenemos que la ola de violencia que ha azotado a México en los últimos doce años, ya ha cobrado más de 200 mil vidas, sí, más de 200 mil vidas, ha sido el costo humano de combatir la delincuencia  de manera necia y negligente, ya que creer que la inseguridad en la que vivimos es un problema que se puede resolver a fuerza de balas, ha llevado a este gobierno a repetir los mismos errores  del anterior.

Abandonar el camino de la prevención del delito y a reconocer muy tarde y de manera casi indirecta que la política de seguridad no iba ni va por un buen camino, porque además de las muertes asociadas al enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, México tiene más cosas que lamentarse, como el hecho  de que entre el 2012 y el 2018 hubo más de 10 mil 898 secuestros reportados, de acuerdo con la organización  Alto al Secuestro, lo que evidencia que la protección a la seguridad física y la libertad personal de miles de mexicanos es un derecho que les está siendo vulnerado y cuya garantía se está convirtiendo en una imperiosa necesidad que el Estado está siendo incapaz de satisfacer y que ahora depende de las posibilidades económicas, particulares que tiene cada individuo para protegerse a sí mismo y a los suyos.

Por otro lado, desde el 2006, en nuestro país  se han registrado más de 35 mil personas como desaparecidas, y lo más preocupante de esta cifra es que distintas organizaciones  defensoras de los derechos humanos, señalan que un número aún indeterminado de ellas están involucradas diversas autoridades, en otras palabras, la desaparición forzada es una práctica real cometida por agentes del Estado mexicano al amparo de la ilegalidad y la impunidad que protege a quienes abusan  del poder depositado en sus manos y los mantiene alejados del castigo, haciendo de la justicia una aspiración inalcanzable para las víctimas y sus familias.

Además, otra dolorosa realidad es que en México casi 400 mil personas son víctimas de algún tipo de trata, ya sea con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos.

Esto de acuerdo con organizaciones especializadas en la materia, como la Comisión Unidos vs Trata y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo entre el 80 y el 84 por ciento de las víctimas mujeres y niñas, por lo que deshonrosamente nuestro país ocupa el 5º lugar a nivel mundial en este delito, de acuerdo con el propio Comisionado Nacional de Seguridad, así que desafortunadamente esta batalla también se perdió y México sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de miles de personas condenadas a la esclavitud del siglo XXI.

Con lo expuesto anteriormente, no se pretende hacer una simple e infructífera distribución de culpas y reproches, todo lo contrario, lo que se busca es discutir con la mayor claridad posible el panorama delictivo al que nos enfrentamos y que pone en riesgo la gobernabilidad de nuestro país, pues como ya nos hemos dado cuenta, el narcotráfico no es el único gran problema que tenemos que resolver en vista de que el impacto de la violencia y la delincuencia se deja sentir en todas las esferas de la vida nacional.

Recordemos que de septiembre de 2017 a agosto del presente año, lo que reporta la consultora Etellekt, se registraron 850 agresiones contra políticos en todo el país, de las cuales 175 terminaron con la muerte de algún candidato a un puesto de elección popular o la de un gobernante electo.

A esto hay que agregar también que desde el año 2000, 116 periodistas han sido asesinados y que desde el 2017 a la fecha van más de 700 agresiones reportadas contra los miembros de este gremio, razón por la cual hoy en día México es uno de los países más peligrosos del  mundo para ejercer el periodismo y la política.

Por ello, en vista del riesgo que enfrenta la gobernabilidad democrática y la libertad de expresión ante la amenaza del poder de la delincuencia organizada y las violaciones cometidas al estado de derecho por las propias autoridades, es que vemos con preocupación el saldo que este gobierno deja en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos, por el cual el 75.9 por ciento de los mexicanos vive sintiéndose inseguros en sus ciudades, según el Inegi.

Ya para concluir, sólo me queda hacerle una pregunta, señor Secretario, ¿por qué después de 6 años de experiencia previa y casi otros 6 de gobierno, aún seguimos defendiendo principalmente de nuestras Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia organizada y seguimos sin contar con instituciones civiles de seguridad pública capaces de enfrentar y resolver este problema a pesar de los recursos destinados a este objetivo?

En otras palabras, ¿qué es lo que ha fallado al respecto  para que injustamente nuestros militares y marinos sigan realizando tareas que no les corresponde, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones?

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora León Gastélum.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras y señores Senadores. Señor Secretario:

Los momentos finales de cualquier gobierno son un gran momento para hacer una reflexión y sin duda ver los aciertos, pero también los errores, por dos razones, porque nos permiten saber y entender la realidad que vivimos y también nos permite tener claridad de los errores que no queremos que se vuelvan a repetir.

En este sentido, señor Secretario, hoy tenemos mucho que decir, porque si México brilló en algo, en este sexenio, fue en la ausencia de una política interior, que pudiera hacer frente a todos y cada uno de los desafíos que se presentaban en nuestro país todos los días.

Este gobierno tuvo una tentación centralista que quedó muy clara con la creación de una súper-Secretaría para poder manejar el gobierno sin pesos ni contrapesos, que se manejaba bajo un lema que decía que nos llevaría a México, que movería a México en la dirección correcta.

Hoy como saldo de este sexenio le puedo decir que sí, efectivamente movieron a México, pero no fue en la dirección correcta.

Hoy tenemos que decirlo con todas y cada una de sus letras, la seguridad, la justicia, el respeto a los derechos humanos fue un fracaso de este sexenio y también ha sido un fracaso de esta década.

Tristemente no hemos hecho lo que se tenía que hacer en temas de seguridad, porque ahí se dijo que se iba a cambiar todo, pero se cambió para dejarlo igual, continuamos con una política de seguridad fallida que sólo le ha traído más dolor, más inseguridad y menos paz a todos los mexicanos, y no lo digo yo, lo dicen los más de 112 mil homicidios dolosos que han sucedido en este sexenio hasta julio pasado, simplemente agosto fue el mes más violento en muchísimos años, nada más y nada menos con 2 mil 861 homicidios, cuatro asesinatos por hora.

Mire, este país se ha convertido en un país de desaparecidos, porque  en los dos primeros años de este sexenio, cada día desaparecían 13 personas, 40 por ciento de ellos jóvenes, ahí incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que nos siguen haciendo falta.

También en este país hay más de 37 mil familias que todos los días buscan a sus seres queridos, que fueron desaparecidos, que se los llevaron con vida y que no han regresado.

Por cierto, en un momento le voy a entregar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

Le entrego el registro de los 37 mil, esperando que los puedan atender a ellos y a sus familias.

Lamentablemente en México ser mujer también es un gran peligro, porque en lo que va de este sexenio se han asesinado a 16 mil 340 mujeres y sólo el 30 por ciento han sido investigadas como feminicidios.

Pero mire, los feminicidios son la expresión máxima de una cadena de violencias que las mujeres experimentamos de muchísimas formas, hay millones de mujeres en este país que son víctimas de trata, casi el 80 por ciento de ellas son utilizadas para la explotación sexual, y la gran mayoría de ellas son niñas.

Una de cada cuatro niñas en nuestro país se casa siendo menores de edad, y con eso se ven vulnerados sus derechos y su crecimiento y desarrollo.

Mire, este sexenio ha permitido una serie de sucesos realmente grotescos y vergonzosos. Un ejemplo es lo que pasó hace unas semanas cuando en Jalisco y en diferentes estados de la República circulaban tráilers con cadáveres, imagínense lo que eso refleja, la profunda descomposición que vive nuestro país, que nos dolió a muchísimos mexicanos.

Por eso yo le puedo decir, señor Secretario, que este gobierno no entendió o no quiso entender que la inseguridad y la violencia no se combaten con más violencia, se combaten con oportunidades, con empleo, con educación, con un salario digno.

Por eso, señor Secretario, hoy le quiero preguntar lo siguiente:

¿Por qué este gobierno decidió hacer una política de seguridad fallida a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales se manifestaron en contra?

¿Por qué, señor Secretario, por qué intentaron o cuáles fueron los intereses para intentar imponer un fiscal carnal?

Señor Secretario, ¿De qué han servido los 400 millones de pesos destinados a la búsqueda de las personas desaparecidas?, ¿cómo han apoyado a sus familias?, ¿qué harán para traer justicia y verdad a esas 37 mil familias?

Yo le pregunto, señor Secretario, ¿si usted fuera mujer caminaría tranquilo por las calles, por el transporte público, realmente podría circular por todo lo ancho de este país sintiéndose seguro?

Y le quiero decir otra cosa para terminar.

También nos queda claro que en este gobierno sus prioridades no fueron las prioridades de la gente y al parecer tampoco fueron las prioridades de esta Cámara de Senadores, le voy a poner un ejemplo.

Hace unos días fue aprobado, por unanimidad de este Pleno, un Acuerdo de urgente resolución para que fuera enviado a la Corte Penal Internacional de La Haya, sobre los delitos de lesa humanidad en los que está involucrado Javier Duarte.

Por qué si fue recibido por su oficina el 28 de septiembre, hoy que nuestro compañero Samuel está ahí defendiendo la voz de los Senadores en La Haya, no les ha llegado la notificación, ni siquiera les llegó el Acuerdo que, como le digo, era de urgente resolución, el primero que aprobamos por unanimidad de este Pleno?

Yo sólo quiero decirles, para terminar, que así como inicié, que este ejercicio nos tiene que permitir reflexionar sobre los errores, yo invito a la mayoría de Morena y al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, que no nos sigamos equivocando de camino, que si queremos echar abajo la Ley de Seguridad Interior, que si queremos tener una Comisión de la Verdad, si queremos cumplir con todos los mexicanos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Verónica Delgadillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su anuencia, señor Presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Quiero, primeramente, darle la más cordial de las bienvenidas a mi paisano y amigo, el Secretario de Gobernación, Doctor Navarrete Prida.

Bienvenido a esta Cámara de Senadores, y el grupo parlamentario del PRI, su partido, le da mucho que esté en este día rindiendo cuentas.

Las Senadoras, los Senadores del PRI lo recibimos conscientes, señor Secretario, de los grandes retos que enfrenta aún nuestro país, pero también con la claridad que son muchos los avances alcanzados.

Yo respeto, desde luego, los comentarios de mis compañeras, compañeros Senadores, Senadoras, todos merecen respeto, pero desde luego que ha habido avances muy importantes que debemos destacar.

No estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen que en estos últimos seis años no se avanzó nada, como tampoco estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen "que todo está resuelto", "que todo se entrega al cien por ciento".

Yo quiero detenerme un momento en el tema de seguridad, ya mi compañero Añorve refería el tema, pero es importante destacar que en materia de seguridad pública, si bien el gobierno federal ha sido y es responsable, también son los otros órdenes de gobierno, los ejecutivos estatales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, no lo digo yo, está muy claro y plasmado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Por eso hace un momento cuando se refería al caso de Michoacán, vale la pena referir que en enero de 2014, cuando el Presidente de la República, Peña Nieto, decide de manera responsable enviar a funcionarios públicos del gobierno federal para apoyar a este gran estado, a petición del gobernante local en turno, era por la serie de problemas muy serios en materia de seguridad.

Michoacán vivió prácticamente secuestrado por este delincuente, por todos conocido, creo yo, denominado, conocido como "La Tuta".

Tengo yo presente, les comparto, compañeras y compañeros, que en el Consejo Nacional de Seguridad, del cual sesionamos seis años autoridades federales, estatales, hasta municipales también había representación desde luego, siempre había solicitudes de gobiernos locales al gobierno de la República y particularmente a la Secretaría de Gobernación.

Hoy quiero destacar que esta petición, esta solicitud de apoyo de gobiernos locales al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, fue de diferentes gobernadores, de diferentes partidos políticos que no viene, creo yo, ese momento al caso citar cuáles sí y cuáles no.

Lo que sí puedo decir es que en esos consejos nacionales de seguridad siempre existió reconocimiento, gratitud de estos gobiernos locales de diferentes partidos, al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas.

¿Que falta por hacer? Sí, falta mucho por hacer, desde luego, y estoy cierto que si todos ponemos de nuestra parte, hacemos la parte que nos corresponde, asumimos todos nuestra responsabilidad vamos a logarlo.

Y quiero, si me permiten en estos ya muy poco minutos que me quedan, hacer referencia, señor Secretario de Gobernación, a diferentes acciones que fueron muy importantes y que impulsó la Secretaría en los últimos seis años, la Secretaría de Gobernación y usted en lo particular, Secretario Navarrete Prida.

Quiero destacar la importancia que le dio la Secretaría de Gobernación a la política de población.

Quiero destacar que en estos últimos años se interconectaron los registros civiles haciendo más práctica la forma de expedir las actas de nacimiento solamente con un clic evitando ir a otros estados por su acta de nacimiento.

Quiero destacar y reconocer que este sistema les permitió a muchas personas poder tener acceso a programas sociales o también programas de seguridad social.

Quiero destacar y reconocer ese programa que impulsó la Secretaría de Gobernación con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, para que también se pudiesen emitir estas actas en lenguas originarias, reconociendo sí, a nuestras diferentes etnias de nuestro país.

Y aquí también dejo claro el compromiso y la preocupación del grupo parlamentario del PRI para decirles a mis diferentes compañeras y compañeros, que también nos ocupa el programa en materia para prevenir el embarazo adolescente.

Hubo logros importantes, que de hecho no existían, se implementaron en esta administración, pero también es importante reconocer que falta mucho por hacer.

Y me concentro, señor Presidente, si me permite, ya en tres preguntas muy, pero muy concretas al señor Secretario de Gobernación.

Primero. ¿Qué acciones, señor Secretario, podría emprender México para coadyuvar a que la migración proveniente de la frontera sur disminuya de intensidad y se realice siempre de manera segura, de manera ordenada, con estricto apego a los derechos humanos? Que es lo más importante.

Segundo. ¿Qué medidas han impulsado para garantizar que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales que son retornados en la frontera norte,  ya sea por diferentes circunstancias legales o provocadas por el gobierno del país del norte?

Y por último.

¿Qué se ha hecho y qué debemos hacer, la autoridad especialmente, la autoridad federal, para que nunca más suceda un operativo como el que conocemos, como el "Rápido y Furioso", para evitar el ingreso de armas por la frontera norte y que se siga atentando contra la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas?

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Eruviel Ávila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Señor Secretario de Gobernación.

Una de las funciones fundamentales del Estado, es precisamente proporcionar seguridad y protección a las personas, su familia y su patrimonio.

El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, propuso mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país.

Desgraciadamente, el país atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en distintos delitos como son los homicidios dolosos, secuestros, robo de combustible, narcotráfico, entre otros.

En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que se requiere una instancia especializada para atender el tema de la seguridad.

Consideramos que es momento de que el Estado asuma ante la sociedad una de sus más importantes obligaciones que es la de brindar seguridad, a partir de un enfoque que priorice la prevención de la violencia y la delincuencia, redefiniendo la actuación para atender en forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad.

Las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional, hemos propuesto separar las funciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, creando una nueva Secretaría en la materia, pero con un enfoque ciudadano.

Proponemos una nueva política de seguridad, bajo los siguientes ejes: Protección de las personas, garantizar los derechos humanos, fortalecer la participación ciudadana.

Diversos sectores de la sociedad han propuesto éste y otros modelos de operación en la materia.

El gobierno electo ha informado que propone separar de igual manera las funciones de la Secretaría de Gobernación a su cargo, para crear una nueva Secretaría de Seguridad.

Señor Secretario, habiendo usted ejercido el cargo bajo el esquema actual, ¿Cuál es su balance y opinión al respecto?

¿Qué acciones considera tienen que reforzarse para obtener mejores resultados?

Con los elementos comentados, ¿cómo considera debe funcionar la organización en materia de seguridad?

¿Considera adecuado el esquema actual o estaría de acuerdo en las propuestas de separación de funciones de seguridad pública ya comentadas?

En Acción Nacional consideramos necesario fortalecer el modelo de la policía actual, para que la sociedad recupere la confianza en su actuación.

Por ello consideramos oportuno y adecuado insistir en nuestra propuesta de construir un mando mixto policial, cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiariedad.

Subsidiariedad que es complementariedad y ayuda escalonada.

La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario y durante el tiempo necesario.

Se deben fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno.

Nuestra propuesta busca preservar las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan estándares que aseguren un buen funcionamiento, así como diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria en las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno cuando sea necesaria.

Esta propuesta encontró eco en el Senado en la pasada Legislatura, pero fue detenida en la Cámara de Diputados por falta de consenso.

Públicamente en aquel entonces el gobierno federal manifestó su preferencia hacia el modelo del Mando Único Policiaco.

Señor Secretario, ¿cuál es su opinión respecto de ambos modelos? ¿Cuál considera usted el adecuado para atender el problema de seguridad en los años venideros?

En otro orden de ideas, una de las funciones que hoy en día tiene la Secretaría de Gobernación es, sin duda, la de la inteligencia.

Ha trascendido que el nuevo gobierno tiene la intención de desaparecer el Cisen y trasladar los servicios de inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública que pretende crear.

¿Considera usted, señor Secretario, esta acción adecuada? En su opinión, ¿qué implicaciones en la seguridad nacional puede tener esta decisión?

Otro objetivo de la Secretaría, es salvaguardar a la población  y a sus bienes y al entorno, ante un desastre de origen natural o humano, a través de la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

México ha vivido, sin duda, algunos desastres naturales que han tenido un fuerte impacto, como lo fueron los sismos de 2017.

De acuerdo a lo reportado en el VI Informe de Gobierno, los avances en la reconstrucción por los sismos,  no han sido al ritmo que la población afectada demanda.

En el Informe se establece que los avances físicos y financieros son menores al 50 por ciento de los recursos del Fonden y de una bolsa global de 38 mil millones de pesos.

Si partimos de que son más de 170 mil las viviendas afectadas en el país por este fenómeno, ¿a qué se debe este retraso que continúa afectando a miles de personas y familias damnificadas?

Considerando en lo general las distintas acciones para atender y poner remedio a los daños ocasionados por los desastres naturales y a los señalamientos de tardanza en los apoyos, ¿qué acciones considera usted se requieren para mejorar la funcionalidad del modelo actual y transitar a un modelo más oportuno, más eficaz en la atención de los desastres?

Finalmente, señor Secretario, y aun cuando ya usted abordó este tema, quiero aprovechar su asistencia para platicar sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A dos años de concluido el plazo para la implementación y a 10 de la aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, es evidente que el proceso de transformación del sistema de justicia continúe inacabado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos, que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y los rezagos.

Señor Secretario, en su opinión, ¿cuáles son los retos del sistema?, ¿qué hace falta hacer para consolidarlo?

El gobierno federal comparte la visión que este modelo ha incrementado la inseguridad, o bien, la visión de muchos jueces y académicos que señalan que esta percepción es falsa y lo que hace falta es una correcta implementación.

Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Guadalupe Murguía.

Para terminar con esta segunda ronda de intervenciones, el grupo parlamentario del Partido Morena ha partido su segunda intervención en dos. Por lo cual, una parte estará a cargo de la Senadora Nestora Salgado y la otra de la Senadora Imelda Castro Castro.

Para comenzar, tiene el uso de la palabra la Senadora Nestora Salgado.

La Senadora Nestora Salgado García: Muy buenas tardes, Pleno de la Cámara. Senadoras y Senadores de la República:

Venimos a escuchar el desinforme sobre el manejo de la política interior que el moribundo viejo régimen político nos quiso preparar para su despedida.

El saldo más reciente de los últimos seis años de atropellos al pueblo, dan como resultado 6 mil 582 casos de secuestros en lo que lleva de este sexenio. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 62 homicidios de periodistas y comunicadores, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tan sólo en el proceso electoral reciente, fueron 102 asesinatos contra políticos y candidatos a algún cargo de elección popular.

Mientras algunos organismos privados dan cuenta de casi 401 agresiones globales contra políticos y candidatos, donde, por cierto, mi estado ocupa, el nada grato, primer lugar.

A octubre del año 2016 suman 36 mil 903 desapariciones forzadas reportadas tan sólo por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

De 8 mil 904 asesinatos de mujeres documentados desde 2014 a 2017, sólo el 24 por ciento, es decir, 2 mil 188 fueron investigados como feminicidios.

Ha llegado su afin, ese estilo de antigobierno porque siempre se hacía todo sin consultar ni considerar al pueblo, violando el principio constitucional consagrado en el artículo 39 constitucional.

El nuevo gobierno que impulsará la cuarta transformación de la República recibe una nación depredada, saqueada, despedazada y humillada por la simulación de la negligencia dolosa de quienes han dirigido las instituciones nacionales alineadas a intereses de grupos políticos delictivos.

El saldo histórico de la Secretaría de Gobernación, que ustedes entregan, es de un ente oscuro, perverso y lastre de la vida democrática.

Un cuarto oscuro de negociaciones sucias, un aparato político represor que está por desaparecer.

Mi reflexión inicial es que a partir del 1º de diciembre, siempre estará por encima la participación y voluntad del pueblo, nunca más se permitirá que se victimicen a los delincuentes de cuello blanco.

La impunidad de los delitos no se canjeará por dádivas y monedas de cambio, no se perseguirá la libre expresión ni determinación de los pueblos originarios.

Tampoco se hostigará a verdaderos líderes sociales, no se formarán grupos paramilitares desde esa Secretaría, y menos, no se permitirá que la administración de justicia se pacte o trabe en acuerdos oscuros de los aparatos políticos represores.

Finalmente, no existirán presos políticos ni de conciencia.

Las únicas preguntas que tengo son, si tienen  un registro preciso de presos políticos y de conciencia en México, ¿cómo justifican que los tipos penales, característicos por los que consignan o no a la mayoría de los presos políticos y de conciencia en México sean de secuestro, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo y autoría material de homicidios y terrorismo?

Y, por último, quiero saber. ¿Por qué de manera sistemática nunca se han interesado por la salud de los presos políticos que están en sus manos?

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nestora Salgado.

Tiene el uso de la palabra, para completar la intervención del Partido Morena, la Senadora Imelda Castro Castro.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado, por favor.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente.

Es la enésima vez que la segunda intervención de Morena la divide usted en dos, sin tener facultades para ello, primero.

Y segundo, la primera ocasión que se permitió fue porque correspondía a una distinguidísima mexicana como es la maestra Ifigenia Martínez Navarrete, pero espero que no lo hayan tomado como pretexto.

Yo ruego a usted cumpla los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, no es una decisión mía que se parta la intervención en dos intervenciones.

Es una petición de un grupo parlamentario, no es el único caso donde ha sucedido, tenemos varios antecedentes de otros grupos parlamentarios y también incluso en la presentación de iniciativas se ha hecho lo mismo al respecto, incluso en la presentación plural de diversas iniciativas.

En todo caso haremos el llamado a los grupos parlamentarios a procurar que sus intervenciones sean a partir de una sola Senadora o Senador en lo sucesivo.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado, y después en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Es que si hacemos una reflexión, el único grupo parlamentario que está tomando esa práctica es el suyo, y como usted es el que da la palabra, lo está haciendo de manera indebida, porque si lo fueran a dividir, faltan 7 segundos, porque son 4 minutos 53 segundos, y de acuerdo a los criterios que se adoptaron, dan 5 minutos.

No vamos a discutir si son 3 o 4 más, lo que estamos planteando aquí, es que usted siempre se reserva en la segunda intervención para darle a su grupo parlamentario una doble intervención, y desde mi punto de vista, al amparo de los acuerdos adoptados, se está rompiendo la equidad política.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le reitero, Senador, que yo no soy el que decide las intervenciones de ningún grupo parlamentario ni del grupo parlamentario al que pertenezco, soy completamente ajeno a ello.

En todo caso es cada uno de los grupos parlamentarios quien lo ha solicitado, no sólo es el caso de Morena, también ha sucedido en otra intervención, al principio del periodo ordinario de sesiones por el Partido Acción Nacional, quien también solicitó partir su propia intervención en dos intervenciones.

Por favor, sonido en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente el tema que debemos de cuidar y respetar es el tiempo.

Es la sugerencia puntual que queremos hacer, porque en términos de tiempo, pues todos nos hemos circunscrito el poder cumplirle a la Mesa Directiva, y si se parte en dos, pues necesitamos también tener definición precisa en cuanto al tiempo de los cinco minutos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Recojo la solicitud.

Hemos tenido flexibilidad en el caso del tiempo, son cinco minutos, hay quienes se pasan un poco o no tan poquito, de todas maneras no hemos interrumpido ninguna intervención con el propósito de que se puedan expresar los puntos de vista.

Pido a la Senadora Imelda Castro, ser lo más breve y sucinta posible.

Adelante, por favor.

La Senadora Imelda Castro Castro: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero plantearles, incluso, la posibilidad de entregar mi intervención para que se pueda considerar para efectos de no incomodar la discusión y no poder robarme dos minutos más. ¿No?

Muchísimas gracias, y voy a respetar la inquietud que se ha planteado aquí.

Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Secretario de Gobernación, Doctor Alfonso Navarrete Prida:

Su Secretaría ha convertido a la frontera sur en el brazo armado de la política migratoria que ha recorrido las fronteras migratorias de Estados Unidos miles de kilómetros atrás, hasta llegar a Tapachula, y que nos ha costado llamados de atención severos de las organizaciones de derechos humanos.

México tiene el triste récord de superar a Estados Unidos en deportaciones a hermanos centroamericanos, pero esta política antimigratoria tiene su lado más doloroso, justamente en el caso de los menores deportados.

Sólo en el 2018, México ha deportado a más de mil niños salvadoreños, 20 veces más que Estados Unidos.

Por eso quiero preguntarle. ¿Qué mecanismos de protección puso en marcha para garantizar la dignidad, integridad y derechos de los menores deportados?

¿Qué medidas especiales se tomaron, en el caso de los menores, que por cierto, fueron deportados a su país, completamente solos?

En materia de población. Mientras tanto los avances en aprovechamiento y proyección poblacional, también los resultados son grises.

México continua desperdiciando el bono demográfico juvenil, y la única esperanza que hoy tenemos es no desperdiciar también el bono de género.

Por eso le pregunto. ¿Cuáles han sido las estrategias desarrolladas por su Secretaría para que el bono demográfico, por género, no sea otra de las muchas oportunidades perdidas en esta administración saliente?

En protección civil. Antes del sismo, la organización no gubernamental, Oxfam, observó tres cosas:

Primero. La carencia de sistemas para monitorear todos los fenómenos que afectan al país.

Segundo. El Atlas Nacional de Riesgos no fue utilizado como marco de referencia para elaborar estrategias preventivas.

Y tercero. Falta de diagnósticos que permitan detectar las necesidades de profesionalización de los servidores públicos en materia de protección civil.

Por eso le pregunto. ¿Cómo se ha avanzado en las estrategias y protocolos de protección civil para mejorar los problemas que Oxfam ha señalado?

Por cuestión de tiempo, pues, vamos a dejarla hasta ahí.

Nada más quisiera preguntar en esta parte. México tiene 2 mil 457 municipios, según el Inegi, con una enorme diversidad climática y problemáticas, sísmicas y niveles de riesgo por las características regionales de los estados.

¿Cómo explica usted que sólo se cuente con 372 mapas municipales de riesgo, repito, cuando tenemos casi 2 mil 500 municipios en nuestro país?

Muchas gracias.

Agradezco, de veras, muchísimo la tolerancia de esta intervención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Imelda Castro Castro.

Tiene el uso de la palabra, nuevamente, el Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, para responder a las preguntas planteadas en la segunda ronda.

El Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación: Muchas gracias.

De nueva cuenta, por permitirme dirigirme a ustedes en ésta, la última intervención de su servidor.

Y agradezco de antemano todas las intervenciones, comentarios, críticas serias, fundadas, agudas con respecto a la ejecución de política pública que ha hecho el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

El tema de la violencia de género es un tema del cual nuestro país no escapa, y es un tema muy complejo, más allá de la expresión que por motivos de género concluya o pueda concluir, incluso, en la pérdida de la vida de una mujer.

Es complejo, porque los datos arrojan una realidad que se tiene que atender y que  es mucho más difícil que la sola sanción que necesita ser ejemplar hacia quien ejerce violencia sobre la mujer.

Las cifras que se tienen, que permiten identificar los temas de violencia de género, se rescatan de las procuradurías locales, de las procuradurías estatales. Esas arrojan un registro.

La realidad es que de los 290 mil registros que hay de violencia de género que hay denunciadaS, el 93 por ciento obedecen a problemas de violencia intrafamiliar, y por eso es un tema bastante más complejo, porque se encuentra en el seno de la familia, y si nos hiciéramos el seguimiento de cuántas de esas denuncias que están enmarcadas en violencia intrafamiliar, que repercuten en violencia de género, no prosperan y llegan a sentencia, la cifra es dramática, porque admite el perdón, porque muchas veces el propio proveedor o acreedor alimentario es el generador de la violencia.

Es un tema que se tiene que tratar con mayor amplitud, que se tienen que hacer medidas precautorias, cautelares, serias, que no atenten, además, contra la propia familia y su núcleo, y del que el sistema que se está construyendo va atrasado, es incipiente y es una realidad sobre apenas a la cual se le está poniendo el foco, la atención, y que se ha hecho a través del Congreso Federal y a través de congresos locales mucha política afirmativa, y acciones afirmativas que tiendan en los hechos a generar una política de empoderamiento que es el único camino de la mujer con educación, con trabajo y con apoyos en la independencia y en la subsistencia.

En relación al cuestionamiento del Senador Miguel Ángel Mancera, si se hacía necesario cambiar de protocolos.

Se hace necesario concentrarse más en la Plataforma México. La Plataforma México tiene en este momento 800 millones de datos útiles que son pocamente compartidos con las autoridades locales por muchas razones, pero lo cierto es que son poco compartidos y con sistemas que son incompatibles entre propias autoridades federales porque obedecen a lenguajes distintos que no se hablan entre sí y no están comunicados, no de ahorita, tiene por lo menos 20 años el problema, entre una plataforma llamada P25 Motorola y otra plataforma llamada Tetrapol que tenía que ver con un sistema Matra, y que si a ustedes les interesa el tema, desde luego la información está a su disposición y se tienen que unificar.

El tema de los apoyos a los sistemas forenses por parte de la Federación, ha corrido a cargo de un sistema que se llama FAS desde inicios de la administración a cargo del hoy Senador Miguel Osorio, se han destinado 3 mil 600 millones de pesos para este propósito, 2 mil 277 sólo para fortalecer capacidades de criminalística y, desde luego falta mucho por hacer, pero mucho por hacer para que no suceda lo que en un estado, que es de los estados fuertes, desde el punto de vista económico, emblemáticos en su ubicación geográfica, pudimos enterarnos de lo que estaba ocurriendo con tráileres, y que seguramente es un tema importante que se corregirá en muy breve tiempo en ese estado de la República.

El tema de la trata, que preguntaba la Senadora Verónica Delgadillo y de la ausencia de política interior, precisamente la Secretaría de Gobernación lo que trató es de concentrar una política que permitiera de manera transversal a las demás Secretarías acompasar el esfuerzo en una materia que incide en muchas ramas: la penal, la social, la cultural, incluso la migratoria, que es precisamente la explotación de una persona y que se denomina trata, que por cierto no es un tema exclusivo de México.

Este es uno de los delitos específicos que la legislación llegó a través de la suscripción de convenios internacionales, particularmente del Protocolo de Palermo y de un antecesor del Protocolo de Palermo del año de 1996 sobre delincuencia organizada, tan antiguo como que en el siglo XIX la ley protectora en la sociedad inglesa era la de trata de blancas que se llevaban al Continente Africano.

En México hay un sistema robusto en materia de combate, de prevención y de erradicación de la trata, que va mucho más allá de lo que otras legislaciones en el continente y en el mundo tienen, porque atiende un componente adicional que es la víctima, con medidas de intervención, con medidas de protección, con medidas de cuidado de su nombre y con medidas de reinserción social efectiva a quien tiene y padece lo que ha sido la explotación de un ser humano sobre otro.

La inseguridad, desde la pregunta que me hacían, no sólo es un tema de inseguridad de género, es un tema de inseguridad social y general. Es vulnerable un niño, es vulnerable una niña, es vulnerable un adulto mayor, es vulnerable un hombre y es vulnerable una mujer, en ciertas condiciones el riesgo aumenta y la obligación desde luego es proteger a todos.

El tema del Fonden, para aclararlo, se han destinado por los sismos del año pasado, que fue una pregunta que se repitió en dos o tres ocasiones, alrededor de 30 mil millones de pesos en el Fonden; 12 mil millones que se destinaron para el sismo del 7 de septiembre del año pasado y que iban destinados únicamente para lo que las reglas de operación del Fonden otorgan, obligan, que es la reconstrucción de infraestructura, no de vivienda de particulares, de infraestructura.

Las reglas se modificaron y hubo una autorización con el sismo del 19 de septiembre para que 17 mil millones de pesos fueran utilizados para infraestructura y para reconstrucción de vivienda con apoyo de bolsas que tenían que apoyar los estados de la República y fondos transversales que también tenían que aportar distintas instancias del gobierno federal. Secretaría de Cultura, en el tema de templos e iglesias; Secretaría de Educación en el tema de escuelas. 

Los recursos están auditados, no existe manera de hacer una declaratoria de emergencia por parte del Fonden si no la pide el gobernador del estado, el titular del ejecutivo estatal. No es un tema que la soliciten particulares, asociaciones o que la gente misma lo pida, las reglas de operación y la norma que emanó del Congreso obliga a que sean autoridades locales.

A la Senadora Gastélum aprovecho para externarle la solidaridad por los lamentables hechos del año pasado del cual de inmediato dentro de las facultades de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal acudimos en auxilio, se habló del delito de secuestro, y este es un tema importante a señalar, esta es una de las historias de éxito que se han tenido en el modelo de justicia que se implementó.

La reducción significativa en un 54 por ciento del delito de secuestro de 2013 para acá, de uno de los delitos que implica perfeccionamiento de estructuras delincuenciales, de delincuencia organizada con estructura de protección institucional, es una historia de éxito, independientemente de que sigan existiendo secuestros, toda la criminalidad en el mundo y en el país, evoluciona.

Quien comienza robándose un tapón de coche y después tiene capacidad para robarse un espejo, y después tiene capacidad para ir con otro grupo de personas a un cajero automático y ahí conoce al primer elemento de autoridad policía que considera que es corrupción permisible y tiene el primer elemento de protección institucional; si no se detiene en etapas tempranas y evoluciona, termina en una de sus posibilidades pudiendo constituirse en estructuras criminales dedicadas al secuestro, con supra subordinación, con especialización del trabajo de quién contacta, quién negocia, quién aprieta, quién cuida, quién libera, quién pone a la víctima. Y por lo tanto, cuando se descabeza una organización criminal dedicada al secuestro, lo que se está quitando es una historia criminal de mucho tiempo.

El combate exitoso a ese delito significa que muchas cosas están sucediendo bien, para que dedicar recursos de inteligencia, de capacidad negociadora, de prueba de vida, de análisis de quién son la red de vínculos, están funcionando entre las procuradurías estatales y las instancias federales.

La pregunta es:

¿Por qué aquí sí el modelo funciona, el propio modelo de justicia, y no así en el resto de los delitos? Y tiene que ver con los niveles de coordinación.

Y es un tema que valdría la pena que fuera analizado en dónde se tendrían que hacer modificaciones legislativas que efectivamente funcionen.

No mide el secuestro el tema del nivel económico, mide el nivel de vulnerabilidad. Y por eso ha aumentado el delito de extorsión en la misma correspondencia, porque el delito de extorsión que está surgiendo, desde cárceles, donde no están funcionando los sistemas de monitoreo hace que se haya sacado a una estructura criminal que no tiene capacidad para operarla, pero sí tiene el modo de operación para utilizarlo, el temor a través de la solicitud de dinero o la pena o la so pena en el secuestro.

En el tema de migración y muerte de candidatos en el proceso electoral, al inicio de este año se vivía una situación extraordinariamente compleja, hubo cerca de 70, ya sean decesos, homicidios o lesiones a candidatos, precandidatos o autoridades electas. A nivel federal solamente hubo una.

El esfuerzo consistió, desde luego, en combatir lo que estaba ocurriendo en algunas regiones del país, particularmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Jalisco, y hacer un esfuerzo para que el propio proceso electoral resultara en lo que ocurrió, un proceso electoral limpio, pacífico, sin violencia y con una gran expresión ciudadana no alentada por el miedo.

¿Por qué seguimos dependiendo de las Fuerzas Armadas?

Porque no hemos podido construir una fuerza civil sólida que permita hacerle frente a los embates de la delincuencia, y porque prescindir de las Fuerzas Armadas en esta condición, sería mucho mayor riesgo para la sociedad que modificar, acotar y ceñir muy fuertemente a protocolos a las propias Fuerzas Armadas que están haciendo un trabajo sobre el cual no lo pidieron, se les solicitó intervenir.

Queda ahí el tema de, ¿qué va a pasar con la convivencia de fueros y esta Ley de Seguridad Interior?

Michoacán, quiero señalarlo, fue una historia, en el tiempo que duró ese operativo, exitosa, y además con una lógica que también otros gobiernos siguen ante una crisis, se centraliza el mando, la idea era centralizar el conjunto de recursos federales para poder con todas las dependencias federales acotar un problema.

Esa es una estrategia normal en términos de lógica, en cuanto hubo oportunidad se retiró, y sí habría que hacer un balance con mayor amplitud de qué ocurrió en ese operativo, sobre todo en función de los nuevos retos que tiene el próximo gobierno y la forma de enfrentarlos.

Los registros civiles, efectivamente, sí ha sido un éxito la posibilidad de compartitmentar y compartir información.

¿Qué acciones se pueden tomar para que la migración en el sur mejore?

La acción es clara, mientras no existan programas de empleo, de retención de población, seguirá habiendo expulsión de personas que emigren hacia otras partes del mundo.

No es un problema exclusivo de México.

En el mundo se calcula que hay 250 millones de personas migrando en algunos lugares con crisis humanitaria como en el caso de Siria.

El tema de la migración seguirá en aumento, porque las cifras de empleo y la OIT son indicadoras, de aquí a los próximos 5 años, el cálculo que se hace en materia de desempleo será entre 5 y 50 millones de personas que ahorita tienen un empleo y lo van a perder.

La razón es que el mundo no termina de crecer a la capacidad económica que tenía al ritmo de crecimiento económico de antes de la crisis de 2008, no sólo eso, hay economías en decrecimiento, particularmente en Latinoamérica y las consecuencias están a la vista.

Si no entendemos que el crecimiento económico del país que se refleje en empleo real, es decir, en formalización de empleo, es la solución en materia de migración y de retención de población migrante, ese fenómeno no se va a detener con muros, sin muros,  con policía o con Ejército, va a haber violación de derechos humanos.

En Centroamérica, ¿cuál sería la solución? Analizar las vocaciones productivas.

Mayormente, El Salvador, que tiene la tasa de crecimiento económico más bajo de Centroamérica, 1.4 por ciento y menos a veces, tiene una vocación natural al sector primario.

Honduras tiene una vocación hacia el sector de los textiles en algunas ciudades y hacia el sector turístico.

Hacer grandes inversiones como están planteando equivocadamente, curiosamente por parte del gobierno norteamericano, sí reduce efectivamente la migración en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo, y desde luego saldría mucho más barato generar programas de retención de población que genere empleo en estas regiones,  que estar poniendo vallas y guardia civil que estar presionando a los países amigos del hemisferio.

Eso fue lo que se discutió la semana pasada en una reunión en la ciudad de Washington, precisamente ese tema por parte de los presidentes centroamericanos.

Las medidas que se han adoptado para el regreso seguro de nuestros connacionales, primero habría que entender  cuál es la realidad que tienen en este momento nuestros connacionales, desde hace diez años el saldo migratorio es deficitario, es decir, hay más mexicanos que regresan al país que los que ingresan a los Estados Unidos de forma ilegal, y sobre ese saldo migratorio se generó una estrategia que se llama "Somos Mexicanos", y se han logrado atender acerca de 7 millones 343 mil personas a través de 28 dependencias.

Qué importaría hacer un círculo virtuoso con gente que viene con una capacitación adicional mayormente y que en sus lugares de origen de la migración desplazan a otra población que no tiene sus capacidades para hacer frente a la demanda o a la oferta de trabajo, habría que equipararlas a través de un  aumento quizás en el Servicio Nacional de Empleo que le permite equiparar capacidades y mejorar, por lo tanto, la capacidad productiva de la gente, programa que se tiene no concatenado a esa estrategia de "Somos Mexicanos" al día de hoy.

Para que "Rápido y Furioso" no suceda, lo que tiene que quedar es la posición del gobierno de México de cero cooperación en algo que no se le informe.

Y aquí hay un tema pendiente con el gobierno norteamericano, que explica el aumento de la violencia y de las muertes violentas.

Mientras en 2007, el 37 por ciento de los homicidios en México se cometían con armas de fuego; en el 2017 el 77 por ciento de los homicidios en México se cometen con armas de fuego, y el 93 por ciento de esas armas entran por la frontera de los Estados Unidos y nunca nos informan de detenciones, aseguramientos de armas, al margen de su segunda enmienda que permita o no la venta indiscriminada de armas a particulares.

Ciertamente la función del Estado es seguridad y protección.

Sobre si es una Secretaría independiente con funciones aisladas, que preguntaba la Senadora Guadalupe Murguía, o el modelo actual, lo que importa es el modelo que funcione, el modelo que orgánicamente acople toda la estructura del gobierno federal hacia un mismo propósito.

Si la Secretaría de Seguridad Pública implica  el cambio y modificación orgánica de la Fiscalía General, hoy Procuraduría General de la República, habrá que hacerlo y qué labores se quedan en prevención, qué labores en persecución de delitos y sobre todo, quién se encarga de la investigación de delitos en qué términos, no sería yo el indicado para opinar sobre ello, será desde luego esta Soberanía quien se encargue de decidir  las propuestas que sobre eso lleguen.

Tampoco creo que hablar sobre dónde queda adscrita hoy la estructura de inteligencia civil que tiene el país, si es un tema de seguridad pública o seguridad nacional, yo estoy seguro que en la iniciativa que se presente estará contemplado el tema de que no solamente será una Secretaría de Seguridad Pública, sino que sus funciones serán sobre seguridad en general, tanto en un ámbito como en otro ámbito.

El nuevo Sistema de Justicia Penal, preguntaba la Senadora, opinión personal, nuestro Sistema de Justicia Penal, desafortunadamente es un ornitorrinco, por un lado es extraordinariamente garantista, tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato, pelo de castor, es mamífero, pero pone huevos, vive en el agua, por otro lado es extraordinariamente inquisidor, penas de 140 años de cárcel.

Por otro lado se basa en la oralidad absolutamente, pero no termina de acompañar el  otro tipo de pruebas, mientras no sea uniforme, en escuelas de derecho, la Constitución sigue el causalismo de la acción penal, pasamos a eliminar los tipos  penales de la  escuela finalista de la acción penal, ahora están hablando de funcionalismo en el sistema de política criminal, mientras no se uniforme y tienen expertos en esa materia, el sistema no funciona, porque una cosa atrofia a la otra, incluso es hasta contradictoria una cosa de la otra, eso simplemente como opinión.

Del bono de género, lo grave es el bono demográfico.

Nuestro país, de aquí a los próximo 20 años va a tener el mayor número de jóvenes que por pura edad van a entrar al mercado laboral, curiosamente en el país más educado de su historia, quitemos el tema de la discusión de la calidad educativa.

La cantidad de gente y de jóvenes que egresan de la educación primaria, secundaria, media y profesional es la más grande que ha tenido México en su historia. Darles trabajo a 800 mil jóvenes por año, que por pura edad ingresan al mercado laboral, significaría tener un crecimiento económico anual promedio de 4 puntos, 4 por ciento.

Cada punto porcentual de crecimiento económico equivale a 200 mil empleos, dependiendo el sector.

Si este tema no se atiende con claridad, analizar las vocaciones productivas regionales, la vinculación del sistema educativo a las necesidades reales y vocaciones productivas, el tipo de educación pública que se tiene que dar y hacia dónde invertir el recurso y la vinculación con empresas, el resultado es frustrante para un país que tiene mayoría de jóvenes, y me preguntaron ,opinión personal, es un reto que se tiene que seguir y en esa va el bono de género también integrada.

Yo quisiera reconocer claramente el esfuerzo de mi antecesor en la Secretaría de Gobernación, y no es lo mismo decirlo de a fuera que haberlo vivido, y dejar con claridad que con todo lo que un gobierno y una política pública puede quedar corto o ser insuficiente o faltar hacer más, sí se cambió muchas cosas para bien en este país, que hoy son realidad, y la primera fue la capacidad para llegar a acuerdos incluyentes a todos, con todos construir un Pacto por México y darle un nuevo rostro.

Y hoy tenemos, gracias a una reforma laboral, la capacidad de tener 4 millones de empleos que significarían economía real, no en la de las cifras macroeconómicas, sino de quién tiene empleo, la capacidad que este país en economía real estuviera creciendo al 4.5 por ciento porque no es nuevo empleo, el nuevo empleo solamente se da por crecimiento económico y ese fue de 2 por ciento en promedio, la otra mitad fue formalización de empleo.

Que hoy la planta de empleo está íntegra con cuatro años prácticamente sin huelgas.

Que hoy se tiene una capacitación mejor de los jóvenes que ingresan a trabajo.

Que hoy se cuenta con una cadena de televisión más y no un duopolio.

Que hoy no se cobran largas distancias y eso no significa que se hizo por arte de magia, significa que alguien dejó de ganar dinero en miles de millones.

Que hoy se tiene una reforma fiscal que evitó que el 90 por ciento de los  privilegios fiscales solamente fueran al 10 por ciento de los contribuyentes más ricos de este país.

Que hoy se tienen condiciones para poder hablar de cambios con instituciones sólidas en democracia y con el mejor de los deseos genuinos para el próximo gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muchas gracias por su presencia y su atención para conmigo.

Hasta luego.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Doctor Alfonso Navarrete Prida.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, es frecuente que al hablar de gobernabilidad en México, irremediablemente hablemos de violencia e inseguridad.

Las cifras de estos años son, en efecto, impresionantes. Desde esa óptica, nuestra gobernabilidad parece vivir en un filo crítico permanentemente; sin embargo, con gran esfuerzo, una pluralidad de actores sociales y políticos, contribuye a mantener la estabilidad institucional del país.

En el terreno de la política es mucho lo que puede reconstruirse y recuperarse de estabilidad y certidumbre institucional.

La política en su propia esfera, distinta del tema, de la fuerza y la seguridad, es un espacio de construcción cotidiana.

En ese contexto, no se puede dejar de reconocer que la difícil gobernabilidad del país se vio fortalecida recientemente por el respeto al voto ciudadano el pasado 1º de julio por parte del Presidente de la República y los órganos electorales.

Como se ha dicho, realizamos como país una doble alternancia de partido y de proyecto, inimaginable hace algunos años, y lo hemos hecho en paz y con tranquilidad.

Más allá de la política, no obstante, los factores económicos y sociales hacen presencia y modulan la gobernabilidad.

La polarización social, la debilidad del tejido productivo son campo fértil para la violencia y la crispación.

Acaso sea el momento de reconocer también que la gobernabilidad es consecuencia del equilibrio económico y de la justicia social, por eso se ha llegado a decir que la mejor política de seguridad pública debe ser la política económica y social.

Ya el General Lázaro Cárdenas demostró, hace muchos años, que una buena política energética, por ejemplo, sí influye en el bienestar de la población.

Es deseable que las autoridades tomen en cuenta el debate que cuestiona las causas de la desigualdad actual, y por ende, aquella discusión sobre los posibles efectos polarizantes de las privatizaciones.

La paz y la tranquilidad son anhelos de una sociedad que ansía más armonía con igualdad y menos conflicto y carencia.

Desde el Senado de la República, ratificamos nuestro compromiso con la gobernabilidad democrática que señala la ley, basada en la división de poderes, el federalismo, las libertades, el pluralismo y el diálogo, y también en la aprobación de legislaciones que procuren la recuperación del bienestar social de la amplia mayoría de la población.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, el Senado de la República agradece los aportes que ha hecho el día de hoy durante su participación en la glosa, que esta Cámara está realizando a partir del último Informe Presidencial de la administración federal 2012-2018.

Muchas gracias, Secretario.

Concluimos la sesión de análisis de la política interior.

Agradecemos la presencia del Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y el resolutivo Cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la comisión designada acompañe al Doctor Alfonso Navarrete Prida cuando deseé retirarse del salón.

Como comenté al inicio de la comparecencia, las siguientes jornadas de análisis se realizarán ante las comisiones de esta Cámara.

La primera comparecencia ante comisiones es la del día de mañana  miércoles 17 de octubre, a las 12:00 horas, en la que la Comisión de Comunicaciones y Transportes recibirá al titular del ramo, como lo establece el Acuerdo aprobado el pasado día 9.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, les informo que iniciamos esta sesión a las 11:19 de la mañana.

Como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta cuatro horas.

Ese tiempo ya lo hemos cumplido.

Para conocer si es posible continuar con los asuntos del Orden del Día, consultaremos a la Asamblea.

Por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza continuar con la sesión.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a continuar con los asuntos del Orden del Día. Quienes estén porque se continúe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continuamos con el despacho de los asuntos del Orden del Día.

El siguiente rubro es la presentación de iniciativas.






En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos sólidos urbanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El inadecuado manejo de los residuos que generamos diariamente constituye a nivel mundial un problema ambiental e incluso de salud pública para cualquier país, que podría traer consecuencias desastrosas si no se atiende adecuadamente, debido principalmente a factores como el rápido crecimiento demográfico, la mala planeación de las zonas urbanas, los cambios en los patrones de consumo, la falta de políticas adecuadas y de cultura del cuidado del medio ambiente; han incrementado su generación y, por lo tanto, la contaminación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se generan diariamente 104 mil 350 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan casi el 84 por ciento y se depositan en sitios de disposición final o rellenos sanitarios. Del 78 por ciento reciclándose, únicamente el 9.63 por ciento de los residuos generados, siendo que en promedio un habitante genera 853 gramos de basura al día.

Sorprendentemente sólo en seis entidades federativas se recolecta casi la mitad de los residuos generados a nivel nacional, ocupando el primer lugar la Ciudad de México, posteriormente le siguen el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Nuevo León.

Asimismo, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones del año 2017, refiere que sólo el 2.5 por ciento de los municipios y delegaciones, ahora alcaldías del país, cuentan con un servicio de recolección, disposición final y tratamiento de residuos; mientras que el 7.3 por ciento del total de las demarcaciones no cuentan siquiera con un servicio de recolección de residuos, predominando en la mayor parte del país el manejo básico de la basura que consiste en recolectar y disponerla en rellenos sanitarios a cielo abierto, desaprovechando, por tanto, aquellos residuos que son susceptibles a reciclarse.

En comparación de países como Suiza, Alemania, Bélgica, Austria y Dinamarca donde la disposición final de los residuos que generan es de menos del 5 por ciento en rellenos sanitarios.

Aunque, en lo que sí somos líderes dentro del Continente Americano es en el acopio y reciclaje del polietileno Tereftalato, conocido como PET, ya que recuperamos casi el 58 por ciento de los pocos más de 722 mil toneladas que consumimos de PFT al año, lo cual es a causa de que lamentablemente ocupemos el segundo lugar a nivel mundial como consumidores de envases de PET, y el primero para recipientes de agua embotellada.

Actualmente existen millones de toneladas de basura confinadas en el subsuelo nacional que están emitiendo gases a la atmósfera, y líquidos al subsuelo, los cuales podrían tener una alternativa distinta para ser aprovechados en la generación de energías renovables, mediante la implementación de procesos tecnológicos como la biodigestión y termovalorización de los residuos sólidos urbanos que a su vez contribuirían para resolver problemas ambientales relacionados con la reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero, mal olores y vectores de transmisión de enfermedades.

Como sociedad sólo separamos el 11 por ciento de los residuos sólidos urbanos que generamos, siendo que es una de las medidas más simples y útiles para poder realizar, iniciando por nuestros hogares, lugares de trabajo y cualquier parte donde nos encontremos, ya que separando de una manera tan simple como lo es en orgánicos e inorgánicos no reciclables ayudaríamos a contribuir con su manejo integral y disminuiríamos la contaminación del medio ambiente, lo cual resulta en la necesidad de plantear que con esta iniciativa se establezcan dentro de los principios programas y planes de manejo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La gestión integral o separación primaria y la valoración de los residuos sólidos urbanos para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la generación de energía como alternativa de un último recurso, ya que primordialmente se establece la finalidad de fomentar una cultura de consumo responsable y manejo adecuado de la basura generada.

Es todo, gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Balderas Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.






Es el turno de presentar iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonios infantiles.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Josefina Vázquez Mota, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muy buenas tardes, con su venia, señora Presidenta.

Muy estimadas compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a presentar una iniciativa que incide directamente en el desarrollo integral de las niñas y también de las adolescentes.

Vengo a proponer la prohibición total y definitiva del matrimonio infantil.

El matrimonio temprano, precoz o forzoso, como todas y todos los que estamos aquí lo sabemos, no es exclusivo de México ni mucho menos.

Vengo aquí ciertamente en mi calidad de Senadora, pero vengo también aquí en mi calidad de madre de familia, de tres hijas que comparto con muchas y muchos de ustedes esta gran responsabilidad, y por eso quiero no solamente convocar y unirnos en torno a esta prohibición, sino hacer propia esta tarea que me parece es urgente en nuestro país.

Déjenme compartirles que en el mundo 15 millones de niñas son casadas cada año, esto significa 28 niñas cada minuto, una niña cada 2 segundos.

En México se estima que casi 7 millones de nuestras compatriotas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad.

Para nuestro pesar, insisto, para nuestro pesar, México sigue siendo parte de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles con casi 1 millón 300 mil casos cada año.

Con estas cifras México es el octavo país del mundo con mayor número de matrimonios infantiles, sólo por debajo de la India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopía, Pakistán e Indonesia, y sólo, sólo apenas después del Congo y también de Tanzania.

Así las cosas en nuestro país, 1 de cada 5 mujeres contraen una unión conyugal antes de cumplir los 18 años, y los efectos son realmente muy lastimosos.

Casi el 50 por ciento de las mujeres que se casaron antes de los 18 años sufren violencia física; casi el 70 por ciento sufren de violencia sexual; y el 16 por ciento padecen violencia económica.

Es falso, y quiero insistir en ello, porque aquí se ha dado una premisa que ha hecho muchísimo daño, es falso que una mujer menor a 18 años que no ha contraído matrimonio queda excluida de los servicios de salud, incluyendo la atención en el embarazo.

Quiero citar textual el artículo 4o., párrafo tercero de nuestra Constitución Política, que señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 17 estipula como derecho de prioridad, se brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, así como de ser atendida de manera prioritaria en todos los servicios, garantizando que las niñas, los niños y los adolescentes siempre cuenten con acceso a los servicios de salud, insisto, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación, porque se han dado argumentos y algunas y algunos de ustedes me lo han compartido, que llegan a solicitar que se apruebe este matrimonio a menores de 18 años porque si no, no tendrán derecho a servicios de salud, particularmente en estado de embarazo.

Es importante señalar que esta premisa es totalmente falsa, y que no tiene que contraer matrimonio para tener la protección de la salud.

Todos los organismos internacionales y nacionales especializados en derechos humanos convergen en el criterio de que el matrimonio temprano es una violación a los más básicos derechos de la infancia.

Con base en ello, hoy vengo a pedir su acompañamiento porque es urgente que nuestro Código Civil Federal pueda armonizarse y pueda establecer la edad para las mujeres de 18 años y no como actualmente sucede, que la mantiene en 14 años de edad.

Debo decir también, con aliento, que la gran mayoría de los estados han armonizado su legislación local para cumplir con la edad mínima de 18 años.

La propuesta que hoy traemos a este Pleno pretende reformar el Código Civil Federal. Ya hay compañeras Senadoras que han hecho esta propuesta y compañeros Senadores, sin embargo, no he encontrado una respuesta favorable.

Es urgente que este delicado asunto sea atendido por el Estado mexicano.

De manera muy respetuosa, pero urgente, convoco a todas y todos los Senadores para adherirse a esta propuesta y que nos acompañemos, que la hagamos propia de esta Legislatura y de este Senado de la República.

Es por el bien de lo mejor que México tiene: nuestras niñas, nuestras adolescentes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias a todos ustedes.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Cruz, y posteriormente en el de la Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Nada más para solicitar a la Senadora Josefina Vázquez Mota la posibilidad de suscribirme a su iniciativa, de todo el grupo parlamentario.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Todo el grupo parlamentario del PAN.

Solicita, Senadora, sumarse a su iniciativa el Senador Álvarez Icaza, con el mismo fin, la Senadora Antonia Cárdenas, el Senador, todo el grupo parlamentario del PRI.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) ¿Me permite, señora Presidenta?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Osorio Chong.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Pedirle a la Senadora Vázquez Mota, que también a todo el grupo, a las Senadoras y Senadores nos permitan adherirnos a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Delgadillo.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Para sumarnos, a nombre de todo mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y también agradecerle que forme parte también de la campaña de “Lucha como Niña”.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí la Senadora Vázquez Mota lo tiene a bien, el grupo parlamentario del PRI, el del PAN, de Movimiento Ciudadano, del Verde, del PRD y el Senador Emilio Álvarez Icaza, se sumarían a su iniciativa.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Con gusto, señora Presidenta.

Aprovecho para pedirle que sea de urgente resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la comisión, y en la comisión se pediría que fuera de urgente. El grupo parlamentario de Morena solicita también adherirse a la iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional indígena.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Ángel García Yáñez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El que suscribe, Ángel García Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, presenta esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La Organización Mundial de la Salud señala que: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, por tal motivo es un derecho humano fundamental y por tanto se deberá de buscar el grado más alto de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de la atención primaria de salud al nivel de la comunidad.

La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo”.

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias, desde los pueblos indígenas de las diferentes culturas.

Los términos “medicina complementaria”, “medicina alternativa” y “medicina natural” utilizados indistintamente, junto con el mencionado “medicina tradicional”, en algunos países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal.

El concepto de medicamentos herbarios abarca desde hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales vegetales o combinaciones de esos elementos.

Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales.

Se considera medicina tradicional mexicana al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia.

Gracias a los aportes de intelectuales como Guillermo Bonfil Batalla y a los movimientos reivindicativos de los pueblos indígenas, no sólo en México, sino en diferentes países de América Latina, las políticas públicas cambiaron de rumbo en el último cuarto del siglo XX. Producto de estas influencias, en 1992 en México se llevó a cabo la reforma constitucional que estableció que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural sostenida originalmente en sus pueblos indígenas”, generando un marco a los procesos reivindicativos de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, concretándose las reformas constitucionales de carácter nacional en los años 2001 y 2004.

Con ello, en la Constitución Política de nuestro país y con la modificación del artículo 2o., se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a preservar todos los elementos de su identidad cultural, así como a aprovechar debidamente la medicina tradicional.

No obstante, la medicina tradicional todavía no ha sido incorporada dentro del Sistemas Nacional de Salud de la mayoría de los países en desarrollo, por tal motivo, los servicios suministrados están lejos de ser plenamente aprovechados.

Actualmente, el 60 por ciento de los pacientes que acuden a una consulta médica familiar, tienen algún tipo de contacto con la medicina tradicional y alternativa. En el último año, más del 80 por ciento de los mexicanos han tomado alguna infusión herbolaria o usado algún producto natural.

Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con estas, impulsen el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la presente iniciativa con proyecto de Decreto:

Primero. Se reforma la fracción VI Bis del artículo 6o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

“Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, complementaria, alternativa, doméstica y natural, así como sus prácticas en condiciones adecuadas.

Segundo. Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de profesionalización a nivel de enseñanza superior y de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina alternativa indígena, complementaria, alternativa, doméstica y natural. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrolla en comunidades indígenas deberá adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el profesional de la salud, respetando siempre los derechos humanos, y en las zonas no indígenas se garantice el derecho de elegir la forma de tratar su enfermedad”.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Yáñez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforman los artículos 76 y 137 constitucionales, en materia de política exterior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores, Senadoras y Senadores:

La existencia de todos los seres que habitan en este planeta, depende del bienestar de la propia naturaleza.

La naturaleza, al contrario de lo que muchos creen, no le pertenece a nadie, es un bien común que tenemos que proteger y preservar, no sólo para la propia supervivencia del ser humano, sino también por una responsabilidad ética y moral, porque si hablamos del respeto a la vida y a los derechos, tenemos que hablar necesariamente del respeto a la naturaleza.

México durante los últimos años ha avanzado en la construcción y modificación de leyes entorno a la protección de la naturaleza; sin embargo, hoy seguimos teniendo grandes pendientes.

Lamentablemente, hoy en México, las políticas que se han desarrollado no han sido suficientes por una sencilla razón, que la política medioambiental en este país ha permanecido bajo los intereses de unos cuantos y ha sido reducida a una moneda de cambio de favores, sólo así se explica lo que hemos visto durante los últimos años, y les voy a poner algunos ejemplos.

En Tajamar, donde se destruyó todo un manglar y mató a cientos de miles de especies.

Vimos también cómo la política nacional en torno al medio ambiente, realmente no ha permitido ni la conservación, ni la protección, ni la ampliación de áreas naturales protegidas.

Hemos visto cómo los programas de medio ambiente son constantemente observados por la Auditoría Superior de la Federación por los malos manejos que se hacen de los recursos públicos.

También hemos visto cómo se deteriora el medio ambiente, la calidad del aire, del suelo, de los recursos y del patrimonio natural ante los graves problemas que enfrentan, nadie hace nada. Y ahí les puedo mencionar que está el caso de la Isla Espíritu Santo, que fue publicado hace algunos días en Animal Político, y también los constantes derrames de Pemex.

Lamentablemente, para muchas autoridades lo más sencillo es voltear la cara y cerrar los ojos, porque parece que con eso se resuelve el problema.

En Movimiento Ciudadano lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, cuando hablamos de naturaleza nos referimos al aire que respiramos, al agua que tomamos, a los alimentos que consumimos y al espacio que habitamos. Por eso, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.

Es por ello que junto con mis compañeros Senadores de Movimiento Ciudadano hoy presento esta iniciativa que forma parte de toda una agenda que busca reconocer los derechos de la naturaleza. Es parte de una serie de esfuerzos que busca que esta Legislatura se caracterice por una agenda avanzada en términos de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

Nuestra propuesta es muy concreta, adicionar el Título Décimo en la Constitución  Política para que estemos convencidos de que el respeto y el cuidado a la naturaleza, tiene un efecto transversal en la protección y el ejercicio de los derechos de todas y de todos.

Reconocer los derechos de la naturaleza en la Carta Magna tiene implicaciones que no son solamente simbólicas o retóricas, sino que, desde luego, tiene implicaciones muy profundas y aquí les puedo enumerar algunas de ellas:

La primera, que busca establecer obligaciones concretas para que el Estado y la población garanticen los derechos de la naturaleza, particularmente en su responsabilidad de mantener el equilibrio con las políticas de desarrollo y la protección del medio ambiente.

Instaurar bases para que el cuidado del suelo, del aire, del agua y de la biodiversidad, así como la preservación del patrimonio natural, sean consideradas como prioridad de interés público nacional.

También diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y puedan exigir las reparaciones de los daños ocasionados, porque si ya reconocemos el derecho humano a un medio ambiente sano que está declarado en el artículo 4o. constitucional, ahora le tendríamos que dar a los ciudadanos las herramientas para que hagan valer este derecho.

También buscamos que el que ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Miren, reconocer los derechos de la naturaleza hará mucho más difícil dejar en total impunidad el deterioro ambiental, permitirá construir una nueva política nacional para la protección de nuestro medio ambiente. Con esta propuesta buscamos que la política medioambiental de México esté en el nivel que merece y que nunca se le ha dado.

Quiero terminar mi participación citando una parte del discurso de Francia Márquez, una colombiana que ganó el Goldman Prize al Nobel de Medio Ambiente, que dice lo siguiente:

“Ser parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a acabar con el modelo económico de muerte, para darnos paso a construir un modelo que garantice la vida”.

Es momento de entender que los derechos no se negocian, que los derechos no se regatean y el derecho a un medio ambiente sano no le debe pertenecer a unos cuantos, sino a todos los mexicanos.

Alcemos la voz y hagamos que valga.

Es cuanto.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que si la Senadora Delgadillo lo tiene a bien pasen a recabar las firmas de los Senadores que se quieren adherir a la iniciativa, no sólo a los del PAN, sino al Senador José Luis Pech, a la Senadora Susana Harp, a la Senadora Minerva Hernández, a la Senadora Gina Cruz, al Senador Fuentes, al Senador Madero, al Senador Guadiana, a la Senadora Nestora y la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, por favor.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de juicio político y declaración de procedencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la Constitución Política Federal en materia de combate a la corrupción. Tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción, así como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; sin embargo, aún sus resultados no se ven reflejados, pues el Índice de Percepción de la Corrupción, en el 2015 estábamos en el lugar 95; en el 2016 pasamos al 123, o sea, descendimos 28 lugares; y en el 2017 seguimos descendiendo al lugar 135.

Un claro ejemplo es que continua acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de servidores públicos, entre los que se presume que ha participado el actual Presidente de la República. Casos investigados por la Auditoría Superior de la Federación como el de la empresa Evya, Oceanografía; proyecto al Tren México-Querétaro, del grupo Higa; la construcción de la Casa Blanca, la estafa maestra, la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón, la Línea 12 del Metro, en fin, son ejemplos de corrupción muy grande que ha habido en el país y que nos ha ocasionado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad.

Otro caso reciente que está sucediendo en mi estado es la aprobación, en el estado de Tabasco, que el pasado 27 de septiembre realizó el Congreso de Tabasco respecto al dictamen donde se reforman y adicionan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del estado de Tabasco.

En términos generales se estableció que cuando se trate de obras necesarias para proyectos estratégicos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico y social, o bien, que sean convenidas con la Federación o con las empresas productivas del Estado respecto a las actividades en materia energética, estas obras y compras podrán ser adjudicadas directamente, sin pasar por una licitación pública, de nada que las regule y vale la pena resaltar que las mejores prácticas de contrataciones establece que en toda adjudicación directa deben de existir límites en los montos, sin embargo, en estas leyes, en Tabasco, se están estableciendo injustificadamente excepciones, lo que permitirá el aumento desmedido de  actos de corrupción por parte de servidores públicos y particulares.

Podemos decir que en Tabasco ya se está legalizando la corrupción de la que formará parte, tristemente, la construcción de la refinería considerada como proyecto estratégico.

Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del fuero constitucional por parte de los servidores públicos, ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos pequeños grupos siguen enriqueciéndose con la aprobación de leyes y proyectos a modo, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez irán más en aumento.

Ahora bien, entre las facultades de la Cámara del Congreso está la de calificar la responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos, por lo que se puede exigir a los órganos que intervienen en la aplicación.

En este orden de ideas, las formas de proceder hoy en contra de los servidores por medio del órgano legislativo son: el juicio político, que tiene como objetivo sancionar con  destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 constitucional, los altos servidores públicos de nivel jerárquico, serían Senadores, Diputados, magistrados, secretarios de despacho, consejeros, directores, etcétera.

Esto cuando se le demuestre que hay actos u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión que ocasione perjuicio a los intereses públicos fundamentales o violaciones graves a la Constitución Federal.

En este procedimiento, la Cámara de Diputados conoce de las imputaciones que hace  cualquier ciudadano, sustancia el procedimiento y actúa como órgano instructor, o sea, investiga y de reunirse lo elementos necesarios que declaren procedente la denuncia,  lo cual no sucede en el 99 por ciento de los casos, funge como órgano de acusación ante el Senado, quien actúa como órgano de sentencia, destituyendo o inhabilitando al funcionario, sin que haya sanción económica o pena corporal.

El otro proceso es la declaración de procedencia ante una denuncia penal o cuando actúa por oficio el Ministerio Público, se inicia una investigación y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que, cuando el Ministerio Público le presente las pruebas, el propósito de presentarle pruebas será  que la Cámara de Diputados pueda eliminar el fuero constitucional  y separar a los funcionarios públicos de sus funciones para poderlos poner ante los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.

Sin embargo, este procedimiento ha perdido sentido, ya que al llegar a la Cámara de Diputados, se responde más a intereses políticos partidistas, dando como resultado el famoso “carpetazo”, lo que resta toda legitimidad a las instituciones públicas.

La Constitución Política Federal establece las responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, no obstante en el caso del Ejecutivo Federal existe una excepción a la regla, ya que el juicio político no procede en su contra y por otro lado, operar un procedimiento más complejo que tenga que pasar por la Cámara de Diputados o Senadores, pues realmente hace que se pueda  exigir responsabilidad penal para el Presidente.

En síntesis, parafraseando al Presidente Electo de la República, la corrupción, como las escaleras, se deben de barrer de arriba hasta abajo, por ello es necesario que:

Primero. El Presidente de la República forme parte de  los servidores públicos sujetos a juicio político, que pueda ser sancionado con destitución o inhabilitación, con la finalidad de inhibir los actos  que debiliten el quehacer del servicio y el interés público.

Segundo. Eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional y la  declaración de procedencia”, ya que son  figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.

Tercero. Se establezca en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, que el Presidente de la República pueda ser acusado  durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en la Constitución  y en el Código Nacional de Procedimientos Penales,  como son la delincuencia organizada, homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, secuestro, trata de personas, etcétera.

Cuarto. Con el fin de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la República, es necesario incorporarlo con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que garantice los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular.

La separación obligatoria del cargo  de los servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional, a partir del momento en que se dicte el acto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los tribunales correspondientes en materia penal como cualquier ciudadano.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, con estas  modificaciones constitucionales daremos cumplimiento a una gran demanda de nuestra sociedad que votó el primero de julio, y que de ser aprobada, estoy seguro, disminuirá la enorme percepción de corrupción, asimismo, legitimaremos la función de los servidores públicos, dejando en claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad.

Es cuanto, muchas gracias, compañeros.

Iniciativa

El suscrito, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver:

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción”.

La reforma Constitucional tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción a través del cual se prevenga la práctica de dichos actos por parte de servidores públicos y particulares, así como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Sin embargo, aún no se ven reflejados los resultados de dicha reforma Constitucional, puesto que de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado por Transparencia Internacional, México pasó de ocupar el lugar 95 en 2015 al 123 en 2016, con una calificación de 3 en una escala del 0 al 10, donde 0 es la mayor percepción de corrupción. Para 2017 México se ubicó en la posición 135 de 178 países, con una calificación de 2.9.

Un claro ejemplo, es que continúa acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de servidores públicos, entre los que se presume que ha participado el actual Presidente de la Republica. Casos investigados por la Auditoría Superior de la Federación, como Evya S.A. de C.V. (empresa contratista para PEMEX), Oceanografía S.A. de C.V. (Proveedora de servicios de ingeniería marina a PEMEX) proyecto del tren México – Querétaro (vinculada a las empresas Teya y EOLO PLUS pertenecientes a Grupo Higa), la construcción de la casa blanca (obra realizada por Grupo Higa), la estafa maestra, la autopista México – Cuernavaca donde se formó un socavón, la línea 12 del metro, entro otros más, han causado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado Constitucional de Derecho.

Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del “fuero constitucional” por parte de los servidores públicos ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos pequeños grupos siguen enriqueciéndose, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez van más en aumento.

Si bien es cierto, que la Constitución en los artículos 108 al 113 establece las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, es necesario realizar modificaciones sustanciales respecto al juicio político, la declaración de procedencia y el procedimiento para exigir responsabilidad penal al Presidente de la República, con el objeto de erradicar las constantes prácticas de corrupción.

II. Argumentos que la Sustentan:

Entre las facultades del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está la de calificar la responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos por los que se puede exigir y los órganos que intervienen en la aplicación. En este orden de ideas, las formas de proceder en contra de los servidores por medio del órgano legislativo son el juicio político y la declaración de procedencia.

a) Juicio Político

El juicio político en un medio de control Constitucional que se ejerce a través de órgano legislativo, es decir, a través de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Es un procedimiento jurisdiccional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sancionar con destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 que, por actos u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión ocasione violaciones graves a la Constitución Federal o cause perjuicio a los intereses públicos fundamentales.

En ese sentido, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece los supuestos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

• El ataque a las instituciones democráticas;

• El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;

• Las violaciones a los derechos humanos;

• El ataque a la libertad de sufragio;

• La usurpación de atribuciones;

• Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

• Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

• Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.

Conforme al párrafo segundo del artículo 74 Constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren”, es decir, instaurar la etapa de instrucción y acusación. Por lo que respecta al Senado de la República, de conformidad con la fracción VII del artículo 76 Constitucional, debe “erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho…”

Es menester señalar que, si bien es cierto, se ha logrado ampliar el catálogo de sujetos contra quienes puede instaurarse juicio político mediante ocho reformas al artículo 110 de la Constitución Federal, a la fecha, el Presidente de la República no se encuentra incluido en dicho precepto, por lo que es necesario que forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de este que debiliten el quehacer del servicio y el interés público.

b) Declaración de Procedencia

La declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados establecida en el primer párrafo de la fracción V del artículo 74 Constitucional. El propósito de este “Decreto” es eliminar el “fuero constitucional” y separar a los servidores públicos de sus funciones para que el Ministerio Publico pueda ponerlos a disposición de los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.

Cabe hacer mención que el propósito de esta inmunidad procesal es proteger la función constitucional del servicio público frente a los otros poderes del Estado, más no al ciudadano que desempeña dicha función. En ese sentido es necesario modificar el concepto “fuero constitucional” por el de “inmunidad constitucional”, con la finalidad de proteger la función constitucional antes descrita

El procedimiento para eliminar el “fuero constitucional” se encuentra establecida en el artículo 111 Constitucional, mismo que señala que para proceder penalmente en contra de algún servidor público por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, previamente, la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión respectiva, ha lugar a proceder contra el inculpado.

Sin embargo, es necesario eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la “declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhiben el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.

c) Responsabilidad Penal del Presidente de la República

Por lo que respecta al Presidente de la República, se establece un procedimiento más complejo con el objetivo de proteger su función constitucional. En ese sentido, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 110 Constitucional, es decir, la Cámara de Diputados, después de la sustanciación del procedimiento respectivo (establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) y con audiencia del inculpado, procederá a la acusación respectiva ante el Senado de la República, previa declaración de la mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en sesión.

En el caso de que la Cámara de Diputados proceda a la acusación respectiva, el Senado de la República resolverá con base la legislación penal aplicable.

Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917, se estableció en el párrafo segundo del artículo 108 que, a dicho servidor público, “durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, redacción que hoy es ambigua respecto a los delitos graves del orden común. 

Por lo que respecta a los “delitos graves del orden común”, es necesario señalar las siguientes reformas constitucionales al artículo 20:

• En el texto original de la constitución de 1917 se estableció como garantía del acusado, ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, siempre que dicho delito no mereciera ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión.

• En la reforma del 02 de diciembre de 1948, aparece por vez primera el término “medio aritmético”, al señalar que el acusado podía ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicitara bajo fianza, siempre que dicho delito mereciera ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no fuera mayor de cinco años de prisión. Dicho término se mantuvo hasta la reforma del 14 de enero de 1985.

• En la reforma del 03 de septiembre de 1993, se describió por primera vez los citados “delitos graves”(los que se enumeraron posteriormente en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales), para sustituir la operación matemática que precisaba en qué casos una persona inculpada por un delito, podía o no obtener la libertad provisional bajo fianza evitando ser recluida en prisión preventiva durante el proceso penal, toda vez que la población de las personas en prisión preventiva sujetas a proceso era mayor que el de aquellas que ya habían sido sentenciadas y estaban compurgando una pena en prisión.

Esta figura se mantuvo en las reformas del 3 de julio de 1996 y del 21 de septiembre de 2000, sin embargo, no se cumplieron los objetivos esperados.

• Con la reforma del 18 de junio de 2008 se adoptó el Sistema Acusatorio y oral, y la medida cautelar de prisión preventiva pasa a ser una excepción a la regla, es decir, primero se aplicarán otras medidas cautelares que garanticen la comparecencia del imputado en el juicio.

En ese sentido, se estableció en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.  

En ese sentido, podría considerarse que el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional establece una posible pauta de cuáles serían los delitos graves a que se refiere el artículo 108.

Asimismo, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los delitos graves del “ámbito federal” por los que el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esta redacción pone en duda si al Presidente de la Republica podría acusársele por los delitos graves señalados en dicho artículo.

Cabe señalar que, por lo que respecta a las legislaturas locales, antes a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecieron en una forma similar en sus respectivos Códigos de Procedimientos Penales, que se considerarían como delitos graves, entendidos como del orden común, los “sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años”.

Por lo anterior, es necesario señalar en el segundo párrafo del artículo 108 que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, suprimiendo los del orden común.

d) Sistema de Justicia Penal en México a partir de la reforma Constitucional de 2008

El 18 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Dicha reforma adoptó el sistema procesal penal acusatorio y oral, garantista de los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, bajo los principios de i) publicidad, ii) contradicción, iii) continuidad, iv) concentración, v) inmediación, vi) igualdad ante la ley, vii) igualdad entre las partes, viii) juicio previo y debido proceso, ix) presunción de inocencia y, x) prohibición de doble enjuiciamiento.

Los objetivos del nuevo sistema de justicia penal consisten en realizar un adecuado esclarecimiento de los hechos, proteger a los inocentes, que los culpables no queden impunes y reparar los daños ocasionados a las víctimas.

El proceso penal puede iniciar de dos formas: con la presentación de una denuncia o querella y con la detención flagrante (en el momento que se comete el hecho delictivo) del imputado (quien es señalado por el Ministerio Público como probable autor o participe del hecho delictivo).

Cabe señalar que el imputado se considerará inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declaré su responsabilidad mediante sentencia dictada por órgano jurisdiccional competente.

La Primera Etapa se denomina de investigación (concluye hasta el cierre de la investigación), en la que el Ministerio Público, en coordinación con la policía y los servicios periciales, reúne indicios para esclarecer hechos, y en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado. De existir pruebas de la comisión o participación en el delito acudirá con el Juez de Control a formular la imputación en audiencia pública.  

Aunado a lo anterior, en la audiencia inicial se informa al imputado de sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de legalidad de la detención (en caso de haber detenido), se formula imputación, se resuelve la solicitud de vinculación a proceso, de medidas cautelares y se define plazo de cierre de investigación.

Cerrada la investigación el Ministerio Público deberá: solicitar sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación.

En la Segunda Etapa llamada intermedia o de Preparación de Juicio (inicia con la formulación de la acusación y concluye con el auto de apertura de juicio), de considerar el Ministerio Público que cuenta con elementos para ejercer acción penal contra el imputado, presentará la acusación respectiva ante el Juez de Control. Asimismo, en dicha etapa se ofrecerán y admitirán medios de prueba y se realizará la depuración de hechos controvertidos que serán materia de juicio. Antes de concluir la audiencia intermedia el Juez de Control dictará el auto de apertura de juicio.

Finalmente, en la Etapa de Juicio (inicia con el auto de apertura de juicio y concluye con la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento) se celebra la audiencia de juicio en la que se desahogarán pruebas, se expondrán alegatos de clausura, se otorgará la posibilidad de réplica y duplica, se dará la palabra al acusado y se declarará el cierre del debate. Finalmente se emitirá el fallo correspondiente.

Ahora bien, de ser la etapa de investigación en la que se reúnen indicios para esclarecer hechos, y en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado, se considera que el auto de vinculación a proceso solo fija la materia de investigación y el eventual juicio, por lo que se estima que es el mecanismo jurídico idóneo en el que el Juez de Control puede solicitar a la Cámara de Diputados la separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal.

Es menester señalar que, con estas modificaciones constitucionales, daremos cumplimiento a una gran demanda de nuestra sociedad y disminuiremos la enorme percepción de la corrupción, asimismo legitimaremos la función de los servidores públicos dejando en claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad.

Por lo anteriormente señalado, se propone: a) que el Presidente de la República forme parte de los servidores públicos sujetos a juicio político, con la finalidad de inhibir los actos de este que debiliten el quehacer del servicio y el interés público; b) eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional” y la “declaración de procedencia” ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público; c) la redacción establecida en el segundo párrafo del artículo 108 Constitucional es obsoleta y no atiende la realidad social, por lo que es necesario establecer que el Presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales suprimiendo los del orden común, y; d) con el fin de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la Republica, es necesario incorporarlo con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que garantice:

I) Los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular, y;

II) La separación obligatoria del cargo de los servidores públicos señalados en el artículo 111 de Constitucional a partir del momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal como cualquier persona.
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

 

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

(Se adiciona)

Artículo 61. Las y los legisladores del Congreso de la Unión son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos administrativa o jurisdiccional por ellas.

La o el Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad parlamentaria de los miembros de la misma y por la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

Las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión omitirán cualquier conducta, expresión o acto de discriminación que atente contra la dignidad humana, por lo que en su función pública se sujetarán a lo dispuesto en la fracción III del artículo 1° de esta Constitución.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a IV. …

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

VI. a IX. …

Artículo 74. …

 

I. a IV. …

V. (Se deroga)

 

 

 

 

 

VI. a IX. …

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

 

 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

 

Artículo 108. …

 

 

 

 

 

 

 

 

La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, garantizando la inmunidad parlamentaria y constitucional de los mismos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

 

 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político, el Presidente de la República, los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los  órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los Consejeros de las Judicaturas Locales, así como los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

 

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12- 1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 111. Son sujetos de proceso penal:

A. Los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Dichos servidores públicos gozan de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeñan y se sujetarán a lo siguiente:

I. Derivado de alguna denuncia o querella contra algún servidor público a que se refiere este apartado, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la autoridad judicial a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Servidor Público;

III. De dictarse auto de vinculación a proceso por hechos delictivos no grave, no se podrá imponer al servidor público medidas cautelares de privación, restricción o limitación de la libertad y de suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

En caso de que la vinculación a proceso sea por hechos considerados como delitos graves, el juez de control comunicará a la Cámara de Diputados la situación jurídica del servidor público a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días naturales.

B. El Presidente de la República, quien goza de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeña y se sujetará a lo siguiente:

I. Derivado de alguna denuncia o querella contra el Presidente de la República en términos del párrafo segundo del artículo 108 de ésta Constitución, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Presidente de la República.

Recibida la solicitud del Ministerio Público, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará una Comisión integrada por tres Ministros, quienes resolverán sobre la existencia de elementos para dictar auto de vinculación a proceso;

III. Dictado el auto de vinculación a proceso, la Suprema Corte de Justicia comunicará a la Cámara de Senadores la situación jurídica del Presidente de la República a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días.

Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, podrá reasumir su función en el encargo público, en caso de habérsele suspendido temporalmente en el ejercicio.

Si el proceso culmina en sentencia condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.

 

 

(Se deroga)

 

 

 

 

 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los, Ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en el apartado A de este artículo, pero en este supuesto, la comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III de dicho apartado, se realizará a las legislaturas locales.

Las declaraciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son inatacables.

(Se deroga)

 

 

 

 

 

En procesos distintos a la materia penal que se entablen en contra de los servidores públicos se observaran los procedimientos correspondientes.

 

 

 

 

 

 

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 112. En el caso de que alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, no gozará de la inmunidad constitucional señalado en el mismo.

Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Artículo 114. …

 

 

 

 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

 

 

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 180 días las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos vigentes.

Tercero.- Las Legislaturas Locales de las entidades federativas, contarán con 180 días a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus respectivas Constituciones Locales.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia.

Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 61; los párrafos segundo y cuarto del artículo 108; los párrafos primero y segundo del artículo 110; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto y octavo del artículo 111; el párrafo primero del artículo 112 y el párrafo segundo del artículo 114; se adiciona un párrafo tercero al artículo 61, y; se derogan el párrafo primero de la fracción V del artículo 74; los párrafos cuarto y séptimo del artículo 111, para quedar como sigue:

Artículo 61. Las y los legisladores del Congreso de la Unión son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos administrativa o jurisdiccional por ellas.

La o el Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad parlamentaria de los miembros de la misma y por la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

Las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión omitirán cualquier conducta, expresión o acto de discriminación que atente contra la dignidad humana, por lo que en su función pública se sujetarán a lo dispuesto en la fracción III del artículo 1° de esta Constitución.

Artículo 74. …

I. a IV. …

V. (Se deroga)

VI. a IX. …

Artículo 108. …

La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, garantizando la inmunidad parlamentaria y constitucional de los mismos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político, el Presidente de la República, los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los  órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los Consejeros de las Judicaturas Locales, así como los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Son sujetos de proceso penal:

A. Los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Dichos servidores públicos gozan de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeñan y se sujetarán a lo siguiente:

I. Derivado de alguna denuncia o querella contra algún servidor público a que se refiere este apartado, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la autoridad judicial a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Servidor Público;

III. De dictarse auto de vinculación a proceso por hechos delictivos no grave, no se podrá imponer al servidor público medidas cautelares de privación, restricción o limitación de la libertad y de suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

En caso de que la vinculación a proceso sea por hechos considerados como delitos graves, el juez de control comunicará a la Cámara de Diputados la situación jurídica del servidor público a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días.

B. El Presidente de la República, quien goza de la inmunidad constitucional que corresponde al encargo que desempeña y se sujetará a lo siguiente:

I. Derivado de alguna denuncia o querella contra el Presidente de la República en términos del párrafo segundo del artículo 108 de ésta Constitución, el Ministerio Público reunirá elementos para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

II. De existir elementos de prueba de la comisión o participación en el hecho delictivo, el Ministerio Público acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a formular la imputación, solicitar medidas cautelares y la vinculación a proceso del Presidente de la República.

Recibida la solicitud del Ministerio Público, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará una Comisión integrada por tres Ministros, quienes resolverán sobre la existencia de elementos para dictar auto de vinculación a proceso;

III. Dictado el auto de vinculación a proceso, la Suprema Corte de Justicia comunicará a la Cámara de Senadores la situación jurídica del Presidente de la República a efecto de que se declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del encargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días.

Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, podrá reasumir su función en el encargo público, en caso de habérsele suspendido temporalmente en el ejercicio.

Si el proceso culmina en sentencia condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.
 
(Se deroga)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los, Ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los Comisionados, Consejeros, integrantes de las Juntas de Gobierno, directores generales y homólogos de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en el apartado A de este artículo, pero en este supuesto, la comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III de dicho apartado, se realizará a las legislaturas locales.

Las declaraciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son inatacables.

(Se deroga)

En procesos distintos a la materia penal que se entablen en contra de los servidores públicos se observaran los procedimientos correspondientes.

Artículo 112. En el caso de que alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, no gozará de la inmunidad constitucional señalado en el mismo.

Artículo 114.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 180 días las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos vigentes.

Tercero.- Las Legislaturas Locales de las entidades federativas, contarán con 180 días a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus respectivas Constituciones Locales.

Dado en el Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Fócil Pérez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudio Legislativos, Primera.






En la segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de paridad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, señora Presidenta.

Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con el propósito de impulsar la paridad de género en el Poder Judicial.

Este día que se cumplen 65 años  del reconocimiento de la participación política de las mujeres.

Siempre admiré y admiro a muchas escritoras en el mundo, una de ellas Flora Tristán, que era una feminista  francesa, de las pioneras, pensadora socialista, en 1803 nació, murió muy joven, 1840 y tantos, tenía apenas 39 o 40 años. 

Y la recuerdo, porque afirmaba que todas las desgracias del mundo, subrayo, “todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta ahora se ha hecho de las mujeres”, decía ella. Del desprecio que se tiene sobre sus derechos naturales y sobre sus derechos imprescriptibles, hablo de mil ochocientos veintitantos, por eso es que ahora presento esta iniciativa que modifica varios artículos.

Yo reconozco la lucha de las mujeres de los últimos 30 años porque es cuando he participado en la lucha política. Ha habido unidad de todos los partidos para lograr lo que hasta ahora se ha logrado. No ha sido gratuita la lucha que las mujeres han emprendido.

Y en el Poder Ejecutivo, y más en el Poder Legislativo, cuando se modificó el artículo 41 del Cofipe, todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad civil impulsaron y empujaron la modificación de la paridad de género, y ahora aquí están los resultados.

Casi la mitad, la mitad de mujeres participa e integra este Congreso de la Unión. Pero en el Poder Judicial no es así, ni tampoco en el Ejecutivo, tratándose de embajadoras y cónsules, ni en los estados tampoco existe la paridad de género, incluso en el Poder Judicial apenas el 20 por ciento de juezas y magistradas frente al 80 por ciento, es una disparidad impresionante.

En juezas y magistradas apenas el 20 por ciento; pero en magistradas de Tribunales Unitarios de Circuito el 18 por ciento; en la Corte, 19 por ciento contra el 81; en el Tribunal Federal, 80-20; en el Consejo de la Judicatura, 80-20.

Incluso, en marzo del presente año, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que se iban a hacer concursos sólo para mujeres, para un poco acortar la brecha que existe en la equidad y en la paridad de género, no ha ocurrido así y sigue el 80-20 o el 82-18.

A pesar de que me consta, hay en el Poder Judicial, actuarias, secretarias de estudio y cuenta, proyectistas, secretarias de acuerdos, mujeres extraordinarias que deberían de estar de magistradas de circuito o de tribunales unitarios o de juezas de distrito.

Por eso planteo esta modificación a estos artículos, porque a veces cuando se plantean modificaciones por este poder, que es el que nos corresponde como auténtico control del Poder Judicial, surgen notas, el otro día de voceros y de plumas de algunos ministros y dicen: “es que con esa iniciativa nos están atacando al Poder Judicial”.

No es así, es nuestra función formal modificar leyes.

¿Por qué tenemos que hacer caso de un pronunciamiento de un miembro del Poder Judicial que diga gratuitamente: “a partir de este año sí voy a lograr colocar más juezas y ministras o magistradas en el Poder Judicial”?

No dejemos a la voluntad política o al ánimo momentáneo del juez o el ministro lo que por ley debe de ser, y lo que yo planteo es que sea la ley la que determine la paridad de género en la integración de jueces de distrito o juezas de distrito, de magistrados de circuito o de unitarios de circuito, e incluso de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué modificamos si se aprobara todo el proceso formal del Legislativo? Modificar el 12, el 33, el 41, el 105 y el 114 de la Ley Orgánica.

¿Qué contienen estos artículos? Contienen “garantizar la alternancia de género en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, “garantizar la integración paritaria en la conformación de los Tribunales Unitarios Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito”.

¿Qué contiene además de eso? Que hayan concursos para que entren sólo mujeres y podamos estrechar, acortar el número tan desproporcionado que existe actualmente de jueces y juezas, repito, 80-20.

¿Por qué acudimos a este proceso formal? Porque es el que más conviene al país y a la patria lograrlo, por eso yo hablo de que el Poder Judicial debe tener una revisión profunda.

El Poder Judicial tiene un déficit de credibilidad, la impartición de justicia está gravemente afectada social y ciudadanamente.

Yo recuerdo a otra gran mujer que era líder del Movimiento Sufragista o del Sufragio en Gran Bretaña, y ella decía cuando la atacaban por estar solicitando reformas, decía: “no queremos quebrantar la ley, no queremos quebrantar las leyes, lo que queremos es redactar las leyes; nosotros no queremos quebrantar al Poder Judicial, no queremos confrontación con el Poder Judicial, queremos redactar leyes que establezcan equidad y género, paridad”.

Es hora, ya después de 65 años, de estar a la espera de una verdadera reforma en el Poder Judicial.

Señora Presidenta, le pido, por la falta del tiempo, aunque fueron muy tolerantes.

Muchas gracias.

Le pido que plasme íntegra la iniciativa que presentaré y que presento a esta Asamblea.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Monreal Ávila. Se pide a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que la iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

Y le pregunto al Senador Monreal si permite que me adhiera a esta iniciativa. Todo el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario del PT, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social nos sumamos a esta iniciativa del Senador Monreal.

El grupo parlamentario, ¿o el Senador en lo individual?

Sonido al escaño, por favor, del Senador Zamora Gastélum.

El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) El grupo parlamentario del PRI también nos queremos adherir, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El grupo parlamentario del PRI. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se suma también.

La Senadora Patricia Mercado, el Senador Miguel Ángel Mancera, el Senador Álvarez Icaza. Todos han solicitado sumarse a la iniciativa que acaba de presentar el Senador Ricardo Monreal. Si lo tiene a bien, le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que recabe las firmas conducentes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Ismael García Cabeza de Vaca, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 constitucionales, en materia de extinción de dominio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores:

El día de hoy hago uso de la tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, esta iniciativa que reforma el artículo 22 y la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en materia de extinción de dominio.

El objetivo de esta reforma constitucional, en primer término, es establecer las disposiciones que permitan fortalecer la institución de la extinción de dominio.

Segundo. Otorgar facultades al Congreso para emitir la Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

y por último, la legislación única sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y administración de bienes, objeto de dicha figura que regirá en el país en el orden federal y en el fuero común.

Comenzaré por señalar, que la extinción de dominio se incorporó a nuestra Constitución por reforma a su artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, con tres objetivos fundamentales:

1. Proporcionar a las instituciones de fiscalización, administración y procuración de justicia, un instrumento legal para atacar frontalmente la comisión de delitos.

2. Permitir a la autoridad judicial determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita a favor de la Federación.

3. Facultar a las autoridades a actuar directamente sobre los bienes resultado de actividades ilícitas y así afectar la economía de los delincuentes.

El problema es que la realidad ha superado esa reforma inicial y hoy en día la corrupción también ha dado origen que existan fortunas, bienes mal habidos y que las personas que los obtienen ilegalmente los disfruten, sin que se les pueda quitar mediante una disposición legal.

A partir de lo anterior, se considera que la extinción de dominio se justifica en caso de que exista un incremento patrimonial infundado, no se compruebe el origen lícito de los bienes o mercancías, y que aún y cuando dichos bienes sean de procedencia lícita, se utilicen para actividades ilícitas.

Tomando en consideración lo anterior, el Partido Acción Nacional, propone que la extinción de dominio sea retrospectiva e imprescriptible.

Es decir, se tomen en cuenta los hechos y acciones del pasado para poder acceder a la acción y a la extinción que esta acción no prescriba por el paso del tiempo.

Ligado al tema de la extinción de dominio, se encuentra la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Podemos afirmar que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado tiene a través del tráfico de drogas y de personas.

Pero las autoridades de nuestro país no contemplan este delito como un factor determinante en el lavado de activos.

Las operaciones de procedencia ilícita es una forma atípica y antijurídica de delinquir organizadamente, dando como consecuencia que las ganancias producidas por el delito se transformen en ingresos aparentemente bien habidos, que son manipulados por instituciones financieras, así por otro tipo de empresas como si fueran ganancias lícitas.

Me voy a tomar un poco más de tiempo para terminar, señora Presidenta.

Es por ello, que en esta iniciativa Acción Nacional propone que la acción de extinción de dominio se ejercite a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sea el instrumento, objeto, producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público de los testimonios que señala la ley.

De igual forma, como grupo parlamentario, proponemos dos puntos principales en esta iniciativa:

El primero. Otorgar la facultad al Congreso para emitir la Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Segundo. Otorgar la facultad al Congreso para emitir legislaciones únicas en materia sustantiva y procedimental de extinción de dominio y administración de bienes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Para el Partido Acción Nacional, la corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo y junto con ella la deformación jurídica que le da origen a la impunidad.

En el PAN tenemos muy claro que la corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma profunda al Sistema de Procuración, Administración e Impartición de Justicia, muy de la mano con la modernización de las leyes y procedimientos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, párrafo 3 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno con Aval de Grupo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de Extinción de Dominio, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La figura de extinción de dominio se incorporó en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en esta reforma se estableció:

A) Que no se considerará como una confiscación la aplicación de los bienes cuyo dominio se declare extinto en una sentencia.

B) Que la extinción de dominio constará de un procedimiento, regido por reglas específicas, como son:

• Que el juez sea autónomo de la materia penal;

• Que proceda sólo por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito,

C) Por último, que exista la posibilidad de que la persona que se considere afectada interponga los recursos que correspondan.

En nuestro sistema juridico mexicano, la acción de extinción de dominio se ejerce respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, siempre y cuando recaigan en cuatro supuestos concretos expresamente establecidos que son:

A) Aque?llos bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

B) Aque?llos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito,

C) Aque?llos que este?n siendo utilizados para la comisio?n de delitos por un tercero, si su duen?o tuvo conocimiento de ello y no lo notifico? a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo.

D) Aque?llos que este?n intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Se puede afirmar que la reforma constitucional tuvo como finalidad la implementación de una serie de mecanismos para combatir de forma más eficaz a la delincuencia, así, la extinción de dominio tiene reglas muy claras que la diferencian de otras figuras jurídicas:

A) La tramitación de la extinción de dominio debe ser una acción procesal autónoma;

B) La extinción de dominio debe tener sus propias pretensiones, sus propios fundamentos jurídicos,

C) Los elementos de prueba de la extinción de dominio deben ser distintos a los de la causa penal y deben contemplar sus propios medios de impugnación, a fin de garantizar la igualdad en la sustanciación del proceso.

D) En este sentido la resolución judicial que extinga el dominio se dictaría previo procedimiento en que se haya dado vista a las partes procesales y se acredite plenamente la vinculación de los bienes con la comisión de un delito.

De acuerdo con el Artículo 22 Constitucional la extinción de dominio se advierte que es limitativa, es decir, procede so?lo en cuanto a los delitos de:

• Delincuencia organizada;

• Delitos contra la salud;

• Secuestro;

• Robo de vehi?culos;

• Trata de personas.

• Enriquecimiento ilícito.

Sin embargo no considera otras tantas conductas ili?citas tipificadas como delitos y cuyos frutos o productos obtenidos con su comisio?n pudieran ser susceptibles de la aplicacio?n de la extincio?n de dominio.

Por otro lado la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la extinción de dominio como la perdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2º y 8º de la misma ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

Si bien es cierto la figura de extinción de dominio se incorporo al sistema jurídico mexicano para debilitar la actuación del crimen organizado, también lo es, que la realidad ha superado esa condición porque hoy también deben analizarse aquellos casos en donde la corrupción e impunidad han encontrado en la ley una laguna para aquellas personas que de manera ilícita adquieren o disfrutan de un bien, pero que al no estar considerado el tipo penal en la extinción de dominio no puede iniciarse los procedimientos respectivos aun y cuando sea evidente que dichos bienes son producto de un delito.

Es importante precisar que la implementación de la extinción de dominio en nuestro sistema jurídico tiene tres objetivos fundamentales:

A) Proporcionar a las instituciones de fiscalización, administración y procuración de justicia un instrumento legal para atacar frontal y directamente la comisión de delitos, donde se decomisen sus activos y se logren recuperar a favor de la sociedad los bienes que de manera ilícita han obtenido los delincuentes.

B) Permitir a la autoridad judicial determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita a favor de la Federación, mediante un procedimiento jurisdiccional sustentado en los principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y la garantía de audiencia, de forma independiente a los procesos penales seguidos por los delitos vinculados con los delincuentes.

C) Autorizar a las autoridades a actuar directamente sobre los bienes y así afectar la economía de los delincuentes, cuando sus ganancias y bienes sean el resultado de actividades ilícitas, sin que ello signifique un gasto para las finanzas públicas, para lo que se requiere crear los elementos jurídicos a la autoridad de forma que ellos puedan extinguir bienes a los delincuentes y familiares.

A partir de lo anterior se considera que la extinción de dominio se justifica en caso de que exista un incremento patrimonial injustificado, no se justifique el origen lícito de los bienes o mercancías y que aun y cuando dichos bienes sean de procedencia licita, se utilicen para actividades ilícitas.

Tomando en consideración lo anterior es importante precisar algunos puntos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero); de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano1 el concepto desarrollado etimológicamente es el de “ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”.

Para Moisés Moreno2 “el lavado de dinero consiste, básicamente, en hacer aparecer como lícito el producto de operaciones delictivas, enmarcadas bajo actividades comerciales, empresariales y financieras, perfectamente disimuladas como lícitas”.

Es importante hacer notar que las operaciones con recursos de procedencia ilícita, al aparecer como una forma estable y permanente de obrar en contravención a la ley penal viene a construir precisamente una manifestación elemental de lo que conocemos por delincuencia organizada, ya que se realizan acciones conjuntas entre miembros tendientes a la creación, mantenimiento y explotación de mercados de bienes y servicios de manera subrepticia, para invertir y, a su vez generar más ganancias, que en realidad son producto de actividades ilícitas.

Precisamente a través del lavado de dinero los miembros de la delincuencia organizada incluso personas en particular tienen acceso a la explotación de los mercados, así como al desarrollo de actividades (supuestamente) lícitas en el campo de la industria, financiero, de prestaciones de servicios, etc.

En conclusión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita es una forma típica y antijurídica de delinquir organizadamente, dando como consecuencia que las ganancias producidas del ilícito se transformen en ingresos aparentemente lícitos, que son manipulados por instituciones financieras, así como por otros tipos de empresas como si fueran ganancias licitas.

El Grupo de Accio?n Financiera (GAFI) organismo multinacional e intergubernamental que agrupa a todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de analizar los riesgos que sufre cada país como consecuencia del lavado de dinero, emitió un Informe de evaluación de medidas antilavado y contra la financiación de terrorismo en México,3 en dicho informe afirma que el Estado Mexicano da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos al desarticular a grupos de delincuencia organizada o cuando investiga redes de corrupción, lo que se traduce en un número reducido de acciones penales en contra de presuntos lavadores, en escasas condenas en contra de lavadores y en nulo decomiso de bienes.

El informe también señala que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado obtienen a través del tráfico de drogas y de personas, pero las autoridades de nuestro país no contemplan este ilícito como un factor de determinante en el lavado de activos.

Afirma también que la Procuraduría General de la República (PGR) presenta “deficiencias significativas” para investigar los casos de lavado de dinero y que no se indaga a los grupos delincuenciales por este delito cuando se han iniciado carpetas de investigación en contra de sus integrantes por otros ilícitos como tráfico de drogas o delincuencia organizada.

Además, se denuncia que las autoridades mexicanas “no persiguen el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática”, a pesar de que el decomiso y la extinción de bienes en poder del crimen organizado y redes de corrupción es de una de las políticas clave en el lavado de dinero.

Incluso, advierte que la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no utilizan las medidas cautelares o preventivas que existen en la ley para combatir el lavado de dinero “en forma apropiada y oportuna”, a excepción de una lista creada por la propia UIF en contra de personas bloqueadas (LPB) por operaciones de lavado de activos.

“Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades clave. El lavado no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se realizaron algunas investigaciones de alto perfil. En vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ej., la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al lavado de activos”.

Otro error de las autoridades federales mexicanas es que el dinero en efectivo que no se declara en aduanas, aeropuertos y puertos al momento de ingresar al país no se decomisa de forma adecuada, es decir, cuando se declara que se tiene menos efectivo del que realmente se porta este efectivo no se incauta.

Más grave aún es que el nivel de corrupción que afecta a las instituciones de justicia en México, sobre todo a nivel estatal pero también en el orden federal, socava y disminuye la capacidad de la PGR “para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”, según el reporte elaborado por nuestro país en conjunto con evaluadores de otros 17 países de América Latina.

Para el Partido Acción Nacional la CORRUPCIÓN es uno de los principales flagelos del México contemporáneo y junto con ella la deformación jurídica que le da origen: la IMPUNIDAD.

Hoy en día, México es considerado el país con mayor corrupción entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el peor evaluado del G20 en ese rubro y el primer lugar en sobornos de Latinoamérica, de acuerdo con Transparencia Internacional.

De igual forma Transparencia Internacional señala que el 61% de los mexicanos percibe que los niveles de corrupción han aumentado en el último año, y considera que el gobierno no está haciendo nada para combatir este fenómeno.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 señala que 56.7% de los mexicanos considera la corrupción como el problema más importante, con un incremento de 8.2 puntos porcentuales con respecto a 2013. Además, estima que el costo total de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 7,218 millones de pesos en 2017, 12.5% más que en 2015.

Se estima que los costos económicos de la corrupción, en términos del producto interno bruto (PIB), oscilan entre 2%, según el Fondo Monetario Internacional y 10% de acuerdo con la Organización de Estados Americanos.

En el Partido Acción Nacional tenemos claro que la corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma profunda al sistema de procuración, administración e impartición de justicia, muy de la mano con la modernización de las leyes y procedimientos.

Es precisamente en este punto donde se centra la presente iniciativa que plantea una reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer que la acción de extinción de dominio será retrospectiva e imprescriptible. Se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.

A pesar de que se han realizado innumerables acciones para combatir la corrupción, hace falta mucho por hacer con el propósito de ir cerrando el cerco a la impunidad y que estas practicas se erradiquen incidiendo en el tema neurálgico de esta conducta que son las ganancias que originan dando como resultado enriquecimientos patrimoniales inexplicables para quienes lo llevan a cabo.

Lo anterior resulta necesario en virtud de que el objeto de la regulación de la extinción de dominio en principio era adecuar las estructuras constitucionales y legales para combatir eficazmente a la delincuencia organizada, al considerar que los mecanismos que existían con anterioridad eran insuficientes; sin embargo hoy en día vemos que los delitos ligados a los hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que no están considerados en la ley como susceptibles de aplicarles la extinción de dominio son los que dejan numerosas ganancias inexplicables a quienes la practican.

Para el Partido Acción Nacional resulta igual de importante el tema de la homologación del procedimiento de extinción de dominio en todo el territorio nacional, en este sentido, es importante precisar que en la LXIII legislatura se sometió a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa que contemplaba la reforma al articulo 73 constitucional, específicamente para regular la facultad del Congreso para expedir “la legislación única en materia de extinción de dominio, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común”; derivado de lo anterior, este grupo parlamentario recoge el fundamento de dicha iniciativa y lo incorpora como elemento esencial en el cuerpo de esta reforma constitucional que ahora se presenta, en donde se privilegia la incorporación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se establece la facultad del Congreso para expedir la legislación única en materia sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y administración de bienes objeto de dicho procedimiento que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la facultad de iniciar las acciones correspondientes, con la colaboración de las instituciones de seguridad pública competentes.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 22. …

 

 

 

 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio será retrospectiva e imprescriptible. Se ejercerá a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona que se considere afectada en el procedimiento de extinción de dominio podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. …

XXI. Para expedir

A) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como minimo, los tipos penales y sus sanciones.

 

 

 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Dsitrito Federal y los municipios

B) …

C) …

 

 

 

 

 

 

XXII a XXXI. …

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. …

XXI. Para expedir

A) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, electoral y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

 

B) …

C) …

D) La legislación única en materia sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y administración de bienes objeto de dicho procedimiento que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la facultad de iniciar las acciones correspondientes, con la colaboración de las instituciones de seguridad pública competentes.

XXII a XXXI. …

 

 

 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 180 días las leyes referidas en el artículo 73 fracción XXI, materia de la presente reforma.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente decreto.

Cuarto. La Ley General en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el Congreso de la Unión expida deberá contemplar los procedimientos de prevención e identificación que correspondan, según el ámbito de atribuciones.

Quinto. Hasta en tanto no se expida el procedimiento único en materia de extinción de dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 22 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo, se derogan las fracciones I, II y III del segundo párrafo y se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma el primer párrafo del inciso a), el inciso c) y se adiciona un inciso d), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 22.-

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio será retrospectiva e imprescriptible. Se ejercerá a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga para crear un tercer párrafo.

Toda persona que se considere afectada en el procedimiento de extinción de dominio podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo. 73.-

I a XX. …

XXI.- …

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, electoral y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

...

b) …

c) …;

d) La legislación única en materia sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y administración de bienes objeto de dicho procedimiento que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la facultad de iniciar las acciones correspondientes, con la colaboración de las instituciones de seguridad pública competentes.

XXII.- a XXXI.- …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 180 días las leyes referidas en el artículo 73 fracción XXI, materia de la presente reforma.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente decreto.

Cuarto. La Ley General en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el Congreso de la Unión expida deberá contemplar los procedimientos de prevención e identificación que correspondan, según el ámbito de atribuciones.

Quinto. Hasta en tanto no se expida el procedimiento único en materia de extinción de dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

Grupo parlamentario del Partido Accion Nacional.

1 Diccionario Jurídico Mexicano, Edición Histórica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O pág. 2287

2 Moreno Hernández Moisés, “Medidas preventivas contra la delincuencia organizada”, Revista Mexicana de Procuración de Justicia, México, vol. I, núm. 3, 1996.

3 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ismael García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, en materia de delitos de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 Y 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Indira Kempis Martínez: Buenas tardes.

Tenía muchas ganas de que llegara el momento de decir: “Con su permiso, señora Presidenta”.

A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hoy comunicamos esta iniciativa a sabiendas que la violencia de género nos afecta a todos y a todas.

El piso no está parejo y esto incluye el andamiaje de lo penal. Uno de los problemas más graves y una de las razones por la que no hemos podido combatir de manera efectiva la violencia de género, es por la carencia de instrumentos adecuados para identificar y dimensionar estas violencias al interior del sistema de procuración e impartición de justicia.

Tenemos un Estado indolente e insensible ante esta problemática, como lo demuestra su carencia de políticas públicas efectivas, sus deficientes o inexistentes estadísticas y la impunidad generalizada en estos delitos.

Igualmente lo demuestran los innumerables casos de violencia de género y feminicidios, donde los ministerios públicos y los jueces no dimensionan adecuadamente este tipo de crímenes a costa de dejar en la total impunidad a los culpables, y además revictimizar a las mujeres.

Esto evidencia la necesidad urgente de concebir, diseñar y consolidar instituciones con perspectiva de género, y éste ha sido un compromiso que lo hemos asumido en Movimiento Ciudadano durante muchos años.

Por ello, proponemos una reforma al Código Penal Federal, para que cualquier delito que sea cometido tenga una pena agravada cuando concurran razones de género, es decir, para que tengamos perspectiva de género en todo el andamiaje penal mexicano.

Porque cuando hablamos de delitos de género no solamente estamos refiriéndonos a los feminicidios, hay otras formas de agresión que se cometen por esas mismas razones y no están siendo clasificadas correctamente por nuestras instituciones, lo que sigue perpetuando la impunidad y la revictimización de nosotras las mujeres.

Con esta reforma, las instituciones de procuración e impartición de justicia tendrán instrumentos para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva.

Enfrentar la violencia de género debe ser un compromiso, pero sobre todo, ante los problemas que tenemos en la parte penal debe ser una acción estratégica para lograr una sociedad más justa.

Hoy decíamos en la mañana, si se garantizan los derechos de las mujeres, entonces podemos llamar a México como un país democrático, y esta es una parte muy importante en atención a todos los agravios, la violencia y las injusticias que todavía, que se cometen en la realidad, vamos y nos enfrentamos a esta indolencia en el sistema de justicia.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 51 Y 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La violencia contra las mujeres en México es un tema central en la agenda pública del país. La promulgación de leyes específicas para su protección y las acciones de distintas dependencias de gobierno y grupos de la sociedad civil han buscado ofrecer una solución integral, sin embargo la violencia contra las mujeres sigue representando un problema complejo.

Entendemos como violencia contra las mujeres “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la[s] mujer[es], así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”1

La problemática se ha tratado desde distintas perspectivas y se ha concluido que la violencia contra las mujeres es resultado de una convergencia de factores como la pobreza, la desigualdad, la educación, entre muchas otras causas que agravan la situación actual. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Yakin Ertürk resaltó que el tema de la violencia contra las mujeres en México es “la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos”, mismos que es nuestro deber atender para poder sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

II. Desde 1989 México es país firmante de La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), principal herramienta internacional de defensa jurídica y política de los derechos humanos. Esta exhorta al Estado a erradicar la discriminación –y la violencia contra las mujeres- mediante las políticas públicas, y ya ha hecho informes con recomendaciones precisas al gobierno mexicano en este respecto.

Además de esta, La Convención de Belém do Pará, suscrita por México y ratificada en el año 1998, define en su artículo primero que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. .2

En dicha Convención los estados parte se obligaron a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad, especialmente en situaciones en las que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad a la violencia en razón de su raza, situación migratoria, discapacidad, minoría de edad, ancianidad, privada de su libertad o en situación socioeconómica desfavorable.

En el 2006 la ONU analizó diversas formas de violencia contra las mujeres en México y entregó un informe con recomendaciones y medidas para erradicarla. El Secretario General de la ONU recomendó al Estado mexicano implementar medidas adecuadas para combatir la violencia y transitar del “reino de la discrecionalidad” al Estado de derecho en el que se garanticen los derechos fundamentales de las mujeres.

Aunado a ello, en 2009 fue creada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) como parte de las acciones del Gobierno Federal para cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con diversos Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por México. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos la violencia contra las mujeres en México persiste de manera preocupante, quedando pendientes diversas acciones institucionales que contribuyan a erradicar su incidencia.

III. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras como pueden ser: amenazas, intimidación, violación, privación de la libertad o tortura, entre muchas otras que pueden, o no, derivar en la muerte.

De acuerdo a la información publicada en las “Estadísticas vitales de mortalidad” del INEGI, un 35.4 por ciento de las mujeres mayores de quince años en México ha sido víctima de violencia sexual. También se señala la forma más recurrente de feminicidios es por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, delito que, al contrastarlo con el cometido contra hombres con las mismas características muestra una dramática distancia de diez puntos porcentuales.

El aumento de los feminicidios en el país va de la mano con el incremento de muchas otras formas de violencia contra las mismas, y se agrava aún más ante la falta de actuación con perspectiva de género de las autoridades.

El feminicidio es la forma de violencia más grave en contra de la mujer, sin embargo es prácticamente la única conducta punible con perspectiva de género en la legislación penal federal. Por ello, cuando hablamos de combatir la violencia de género debemos plantear un amplio catálogo de conductas que deben normarse y sancionarse con especial severidad en la legislación penal y que seguramente impactarán en la disminución de muchos delitos de género.

A pesar del amplio abanico de expresiones de violencia de género, en el Código Penal Federal se contempla la perspectiva de género únicamente en tres conductas delictivas específicas:

1) El delito doloso cometido en contra de periodistas con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta previsto en el artículo 51, con la agravante de género normada en el último párrafo del citado artículo.

2) Los delitos de homicidio y lesiones previstos en los artículos 316 y 317 que condiciona al caso en el que el delincuente no corra riesgo de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.
3) El feminicidio previsto en el artículo 325.

Así pues, prácticamente, la legislación penal en el país se ha conformado con sancionar el feminicidio, dejando sin atención especial el resto de las conductas de violencia hacia las mujeres.

En este sentido, el Código Penal Federal no contempla la perspectiva de género para delitos como: violación, pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, turismo sexual, lenocinio, pederastia, intimidación, hostigamiento, amenazas, privación Ilegal de la libertad, abuso sexual, entre otros.

En este sentido, debemos recordar que el artículo 49 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé en su fracción XX el impulso de reformas legislativas que consideren como agravante los delitos cometidos contra mujeres por su condición de género y que atenten contra su vida e integridad. Lo anterior nos obliga a plantear una reforma legislativa, con perspectiva de género, al Código Penal Federal que contemple el aumento de penas para los delitos cometidos contra mujeres y niñas en los que se atente contra su vida, integridad o derechos fundamentales y que fueron motivados por razones de género; y que, además, contemple la agravante de violencia ejercida contra las mujeres menores de edad, ya que es nuestra responsabilidad, como lo dicta tanto la Convención sobre los derechos del Niño como nuestra Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procurar la protección de la infancia también desde el ámbito legislativo.

La presente iniciativa pretende proteger a mujeres y niñas de la comisión de delitos motivados por su condición de mujeres. Por ello, se propone:

1) Adicionar una agravante al artículo 51 del Código Penal Federal que aplique a cualquier tipo de delito en el que la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo.

Este planteamiento busca que las instituciones de procuración e impartición de justicia tengan instrumentos para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva. Es verdad que toda violencia es condenable, pero la violencia de género obedece a factores concretos que son producto de una relación y una estructura de desigualdad, que deben identificarse y atacarse con las herramientas adecuadas.

2) Adicionar una hipótesis de sanción más alta en el delito de feminicidio previsto en el artículo 325 del citado ordenamiento legal en el caso de que la víctima sea una mujer menor de edad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 51 y se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 51. […]

[…]

[…]

[…]

Cuando la víctima de un delito sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo, se aumentará la pena hata en una mitad.

Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. a VII. […]

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando la víctima sea menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad.

[…]

[…]

[…]

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dado en el Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

1 “Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”. Nota descriptiva, noviembre 2016. Tomada del portal de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Convención De Belem Do Para" disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Kempis Martínez.

Sonido al escaño de la Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Y es para pedirle que también nos turnen la iniciativa, si es tan amable.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora, Kempis, solicita la Senadora Malú Micher que sea turnada también a la Comisión Para la Igualdad de Género.

¿Está usted de acuerdo?

Gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.






En la tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena que, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, pase a presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de paridad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre propio, de la Senadora Martha Lucía Micher Camarena y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: Con su venia, señora Presidenta.

Esta iniciativa es presentada por la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, y su servidora, Bertha Alicia Caraveo Camarena.

Decía el filósofo Michel Foucault: “que sería hipócrita o ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en nombre de todo el mundo”.

Es más cruel que reconocer que se ha hecho para algunos, y que recae sobre otros.

En ese sentido, compañeras y compañeros, debemos dejar atrás la ingenuidad de pensar que la ley escrita por los hombres y para los hombres, durante siglos, nos representa automáticamente también a las mujeres.

Reconozcamos que, al contrario, la ley como un producto histórico que deviene de una cultura profundamente patriarcal nos ha excluido sistemáticamente como sujetas de derechos, y nos ha marginado de los espacios de poder.

Porque el lenguaje que da forma al mundo, tal y como lo entendemos, es vital también para la igualdad jurídica de una sociedad.

Resulta impostergable armonizar el marco jurídico nacional para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales a los que México pertenece, estableciendo en la Constitución el principio de paridad para los procesos de elección e integración de los órganos de representación, deliberación y toma de decisiones de la vida pública del país.

La presente iniciativa de reformas tiene como propósito proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en un  mandato para la participación paritaria, en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia, los organismos autónomos constitucionales y jurisdiccionales electorales, en los tres órdenes de gobierno.

De tal suerte que ninguna mujer sea discriminada por razones de preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad o cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos.

Así, esta iniciativa que hoy presentamos pretende establecer que:

1. En el Poder Ejecutivo deberá garantizarse una integración paritaria del gabinete presidencial, tanto  legal como ampliado.

2. En los ayuntamientos y las alcaldías, deberán observarse los principios de paridad horizontal y vertical.

3. En el Poder Legislativo, se exigirá la paridad de género en el encabezamiento de las comisiones y órganos de gobierno. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, deberán estar encabezadas por fórmulas de mujeres. Asimismo, resulta indispensable que 50 de las 500 diputaciones, así como 13 de las 128 senadurías, sujetándose al principio de paridad de género, sean ocupadas paritariamente por mujeres y hombres auténticamente integrantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

4. En el Poder Judicial, cuyos cargos no son de elección popular, la propuesta se dirige a los órganos del Senado responsables de la designación de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo garantizar en su designación el principio de paridad de género.

5. La misma lógica deberá aplicar el Consejo de la Judicatura Federal en los nombramientos de magistraturas para los Tribunales Colegiados de Circuito y titularidades de los juzgados de distrito.

6. Lo anterior deberá reproducirse en sus respectivos ámbitos, y según proceda, en cada una de las 32 entidades federativas, tanto a nivel estatal como municipal.

7. En idénticos términos será la integración de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos autónomos, tales como el Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

En todos los casos, la composición de las dependencias y organismos gubernamentales deberá ser paritaria, recomendándose que su presidencia sea asumida alternadamente por una persona de sexo distinto en los términos de sus periodos correspondientes. De igual forma, cuando el número de integrantes de un órgano colegiado sea impar, se considerará la posibilidad de privilegiar una mayor presencia de mujeres con el propósito de revertir la desigualdad histórica de que han sido objeto.

Es importante destacar que a las formas constitucionales encaminadas al reconocimiento e instrumentación de la paridad deben sumarse un conjunto de medidas administrativas legales y judiciales que garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad, seguridad, libres de violencia y discriminación.

Es por eso mi convencimiento de que esta iniciativa es un paso más en ese objetivo que, durante tantos siglos de lucha, las mujeres hemos anhelado en todo el mundo: la igualdad real en los espacios públicos y de decisión, sintiéndonos especialmente, sintiéndome yo, especialmente, emocionada de presentar esta iniciativa hoy, en el 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

Este Senado tiene la obligación de pasar de las palabras a las acciones para que la democracia sea de todos y todas, para todos y todas, con todos y todas.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Caraveo Camarena.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Madero, por favor.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Por su conducto, señora Presidenta, si se puede consultar a la Senadora Caraveo si me permite suscribir su iniciativa y felicitarla por la misma.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

La Senadora Patricia Mercado, con el mismo objeto.

Senadora Caraveo, si está usted de acuerdo.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: (Desde su escaño) Claro que sí.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ok. Muchas gracias.
Senadora Gricelda, es a nombre del grupo parlamentario.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Voy a repetir el turno que ya di, Senadora Malú Micher.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 constitucional, en materia de plebiscito y referéndum.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señora Presidenta.

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, porque durante los últimos meses hemos escuchado la palabra “consulta” de forma consuetudinaria.

Sin lugar a dudas, la consulta ciudadana que más especulación ha generado es la relativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que aunque se ha anunciado que se instalarán mesas de recepción, del 25 al 28 de octubre, en plazas públicas, en 538 municipios del país, y con posterioridad habrá una encuesta, dicho anuncio generó más dudas que certezas.

¿Bajo qué parámetros se diseñó la pregunta?

¿Por qué en esas fechas?

¿Por qué cuatro días?

¿Quiénes recibirán la votación y realizarán el escrutinio y cómputo de las opiniones de las y los mexicanos?

Es importante señalar que la consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel federal en ningún ordenamiento. Lo más parecido que existe es la consulta popular, sin embargo, este instrumento de participación ciudadana tiene fines y alcances muy diferentes a lo que está buscando actualmente el Presidente Electo.

Como habitante de la Ciudad de México, debo señalar que el Presidente Electo López Obrador nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias en cuanto a consultas se refiere, ejemplo de lo anterior se dio en el año 2001, cuando mediante un escueto sondeo telefónico supuestamente preguntó a los capitalinos si estábamos de acuerdo con el horario de verano, y como teóricamente no estuvimos de acuerdo, decidió enfrentarse con el entonces Presidente Fox, e intentó no aplicar el horario de verano.

Otro caso tristemente recordado se dio ese mismo año, ya que decidió preguntar, vía telefónica, si los capitalinos estábamos de acuerdo en aumentar el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro y como el supuesto resultado arrojó que más del 60 por ciento estaba de acuerdo, pues entonces aumentó el precio del Metro.

Desde Acción Nacional puntualizamos que no existe un parámetro para decir qué acciones del gobierno van a consulta y cuáles no.

Si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué el Tren Maya no?

Si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué la construcción de las nuevas refinerías no?

Si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué el corredor transístmico, que propone, no?

Si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué el precio de la gasolina no?

Consideramos que la propuesta más pulcra para llevar a cabo todas esas consultas es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de democracia participativa, como lo es el plebiscito y el referéndum. Evidentemente necesitamos eso en nuestro sistema legal mexicano.

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Poder Ejecutivo somete a consideración de los ciudadanos y ciudadanas, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio son trascendentes para la vida pública.

Igualmente se debe legislar para implementar la figura de referéndum, ya que dicho instrumento es el idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes.

Necesitamos certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que debe de realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio, e inclusive, los medios de impugnación que proceden a alguna controversia que exista.

En la presente iniciativa se propone que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleve a cabo cualquier plebiscito o referéndum.

Garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía, y será esta institución la responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Se establece que los resultados del plebiscito y el referéndum tengan carácter vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya participado al menos la tercera parte del listado nominal de electores.

Igualmente se propone que las decisiones en las materias de derechos humanos penal o tributaria no sean sometidas a plebiscito o a referéndum.

Concluyo, señora Presidenta.

Asimismo, durante los procesos electorales no podrá convocarse a plebiscito o referéndum e igualmente no podrá realizarse más de un procedimiento de plebiscito o referéndum al año.

Se establece que las controversias relativas a plebiscito y referéndum sean resueltas por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad con la ley.

En nuestra opinión, si el gobierno electo sigue promoviendo consultas “piratas”, únicamente será para justificar una decisión que podría ya estar tomada.

En el PAN decimos: “Consultas sí, manipulaciones no”.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora López Rabadán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. constitucional, en materia de consulta a comunidades indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o., APARTADO B, FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Las comunidades indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional, se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; incluso para considerarse a un individuo como indígena, éste debe tener conciencia e identidad de ello, tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes.

El artículo 6 del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes establece lo siguiente.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Del informe emitido por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, en el tema que nos ocupa, se destaca lo siguiente:

“En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales. La Relatora Especial alienta a los pueblos indígenas, al Estado y a otros factores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de auto consulta a los protocolos de relación con el Estado desarrollado por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser en sí mismo el resultado del diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales”.

En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra la construcción de una presa de jales en la mina Buenavista del Cobre, que opera el Grupo México, y resolvió que de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República; en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo de San Salvador, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debió consultarse a los integrantes de la comunidad Bacanuchi, previo a la emisión de la autorización otorgada a la empresa para construir y operar una presa de jales mineros.

En aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que cualquier consulta sobre actividades o medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y debe proporcionárseles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado.

La presente iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa un avance muy importante ya que estamos proponiendo que las consultas a los pueblos indígenas se hagan mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, lo cual reconoce el derecho de libre autodeterminación que tienen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

Hoy todos traen cambio de señales de última hora.






Tiene el uso de la palabra, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforma diversos artículos constitucionales en materia de no reelección los Senadores Armando Guadiana Tijerina y el Senador Gutiérrez Castorena, ambos han acordado dividir el tiempo de presentación de esta iniciativa. Es un proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de no reelección.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59; EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 115; EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Santana Armando Guadiana Tijerina y Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre propio y de la Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Con la venia señora Presidenta y miembros de la directiva. Senadoras y Senadores:

En este día tan importante por los 65 años del voto a la Mujer, voy a tratar rápidamente, no voy a leerlo porque ya es muy tarde y vamos a obviar tiempo, es sobre el tema que no estamos de acuerdo con la reelección continua de los legisladores federales, llámense Diputados y Senadores, así como los Diputados locales en los 32 estados; y tampoco estamos de acuerdo en la reelección inmediata de los miembros de los ayuntamientos.

Por lo tanto, pedimos las reformas a los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Carta Magna a fin de que se elimine este tema de la reelección.

Quizá muchas gentes digan que porque la experiencia que se adquiere, pero yo creo que si aquí somos 128 Senadores y en la Cámara de Diputados 500 Diputados, y somos 128 millones de habitantes en el país, siempre habrá uno mejor para cada uno de los escaños que ocupamos aquí o de las curules de la Cámara de Diputados.

En los ayuntamientos no deja de ser lo mismo, puesto que los alcaldes en funciones aprovechan su permanencia, su estancia en el poder para durante la mañana ir a levantar solicitudes y por la tarde ir a hacer campaña cumpliendo las solicitudes de la mañana; es realmente una falta de equidad en las elecciones.

Hay antecedentes desde 1857 cuando la reforma donde hubo la reelección para la Cámara de Diputados solamente porque no había Cámara de Senadores, en ese entonces.

Pero ya no voy a leer mucho, sino que solamente, ya les dije los artículos, creo que las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos tienen la sapiencia para saber las correcciones adecuadas para las modificaciones a los artículos que mencioné se hagan de la mejor manera.

Yo quisiera cederle la palabra a un compañero Senador con mayor sapiencia, experiencia y, sobre todo, conocimiento del derecho como lo es el doctor Daniel  Gutiérrez Castorena, del estado de Aguascalientes.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Guadiana Tijerina.

Para referirse al mismo proyecto de Decreto, tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gutiérrez Castorena.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Muchas gracias al Senador Guadiana por sus comentarios tan elogiosos, creo que no los merezco, pero vamos a iniciar.

El 10 de febrero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, así se estableció la elección consecutiva para los cargos de Senadores, Diputados federales, Diputados de las legislaturas de los estados, Diputados de las legislaturas de la Ciudad de México y para los integrantes de los ayuntamientos.

Al efecto, fueron reformados los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Carta Magna.

El tema de la reelección tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no es nuevo para la vida política nacional.

En las Siete Leyes de 1836, obra constitucional del Partido Conservador, no se establecía restricción alguna para ocupar en distintas ocasiones la Presidencia, y las bases de organización de la República Mexicana en 1843, así como en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 no se incorporaron artículos expresos que la prohibieran.

La Constitución Federal de 1857 no estableció ninguna prohibición para la reelección del Ejecutivo, el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, que fueron acciones políticas, cuyas propuestas giraban en torno a la no reelección.

La reforma constitucional de 1878, siendo ya Presidente Porfirio Díaz, prohibió la reelección inmediata, por lo que Díaz, hubo de ceder la silla a su amigo Manuel González.

Con la reforma de 1887 ya no hubo ningún obstáculo para que el dictador se mantuviera indefinidamente en el poder  durante más de 30 años.

Por lo que respecta a la reelección de los legisladores, existen importantes precedentes desde el siglo XIX.

En las constituciones centralistas de 1836 y 1843 quedó implícita la reelección de Diputados y Senadores.

La Constitución de 1857 contemplaba la misma expresión en su vigencia solamente estaba contemplada la Cámara de Diputados, ya que el Poder Legislativo Federal era unicameral, hasta que se reinstaló el Senado en 1874.

Ante lo anteriormente expuesto y por la falta de mecanismos de participación democrática, en 1910 surge el movimiento revolucionario mexicano con el principio “Sufragio Efectivo, no Reelección”, lo que trajo consigo que en la Constitución de 1917 quedara prohibida la reelección, para que no se volviera a ocupar el cargo de Presidencia de la República, aun con el carácter de sustituto.

Posteriormente, la prohibición de la reelección legislativa inmediata se estableció con la reforma al artículo 59 constitucional.

Actualmente, con la reforma constitucional de 2014, a partir del pasado 1º de julio, la reelección legislativa federal inmediata ya es una realidad,  cualquier Senador o Diputado podrá volverse a postular en el mismo cargo, siempre que sea candidato por el mismo partido o por algún partido de la coalición, salvo que deje de pertenecer al partido que lo postuló antes de la mitad del mandato.

De igual forma se aplican las mismas reglas para los Diputados de las legislaturas locales y de la Ciudad de México.

Asimismo, presidentes municipales, regidores y síndicos, la postulación para los Diputados podrá ser hasta en cuatro ocasiones ya siendo jurisdicción federal o de las entidades federativas, los Senadores sólo podrán postularse hasta en dos ocasiones y a nivel municipal por un periodo adicional.

Si bien es cierto, uno de los supuestos beneficios argumentados son convivencia, la conveniencia de que se premie el buen ejercicio de gobierno o legislativo, mediante la continuación del cargo, en similares términos se aduce que la reelección consolida los vínculos positivos de representante popular con su población electoral.

Sin embargo, el fortalecimiento de esta relación también favorece la creación de cuadros que se vician con el paso del tiempo, es una forma de atentar con el principio democrático, es decir, con la estructura del poder se va generando la dependencia del ciudadano, con las dádivas participativas, creando prácticas de corrupción, no de rendición de cuentas, falta de transparencia en el ejercicio del gasto público, y beneficiando un grupo minoritario que ostente el poder.

Esto conlleva a una desigualdad en la contienda electoral, atentando contra los principios democráticos retomando las viejas prácticas antidemocráticas.

No hay duda de que el trabajo de gobierno y legislativo, su éxito radica en la ciudadanía, en elegir a candidatos con preparación académica que hayan participado en la vida en la vida social, económica, profesional.

La pluralidad y la rotación periódica, el cambio generacional harán el trabajo de un gobierno exitoso, productivo, sustancioso, sin que exista la posibilidad de mafias de poder incubadas desde los partidos políticos.

No  podemos olvidar el principio de la lucha  del momento revolucionario mexicano de 1910, el principio “Sufragio Efectivo, No Reelección”, se convirtió en la base de la construcción y funcionamiento de un sistema político  que tomó un valor simbólico para  la edificación del moderno Estado mexicano, el principio de la no reelección permitió tener durante más de un silgo la estabilidad política en nuestro país, garantizando la base para la construcción de la democracia. En la actualidad, con las reformas estructurales se han adoptado viejas prácticas porfiristas, se han entregado a los extranjeros los hidrocarburos, los recursos hidráulicos metalúrgicos, etcétera.

Con la reelección estamos abriendo la puerta a la continuidad de actos de corrupción que ha dañado sustancialmente a nuestra sociedad, se ha demostrado que aún carecemos de una cultura de rendición de cuentas, de transparencia y de prácticas contra la corrupción, el Estado debe garantizar, primero, mecanismos que fomenten la participación ciudadana en los espacios públicos, rendición de cuentas, transparencia, elecciones libres de violencia y equitativas, que garanticen los principios rectores de la democracia, los cuales se han edificado este país.

Michels, el pensador alemán planteó que las élites se convierten en  lo que denominó la Ley de Hierro de la Oligarquía, la organización en la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores.
Quien dice organización, dice oligarquía.

Necesitamos acabar con esas prácticas de corrupción.

Muchas gracias, señores.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Gutiérrez Castorena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchísimas gracias. Con el permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Gracias al grupo parlamentario del Partido Verde por sumarse a esta iniciativa que viene de las comunidades de pescadores, de mi estado, de Baja California Sur, pero segura estoy que coincidirá con lo que también pasa en otros estados de la República.

Basta de acuerdos que son exclusivos de escritorio en materia ambiental.

La iniciativa que hoy me permito poner a consideración de esta Soberanía, promueve la participación ciudadana, la participación social en materia ambiental de forma ordenada y técnicamente sustentada.

De hecho se estableció en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en su Principio número 10, donde expresa que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados”, lo cual se ha plasmado en otros instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 1996, fue el primer ordenamiento jurídico del país que recogió este tema; sin embargo, estos avances no fueron considerados ni mucho menos replicados en las leyes ambientales posteriores a ésta.

La Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos carecen de instrumentos expresos de participación social que posibiliten a las personas, individuales y en grupo, su injerencia directa en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable, esto nos indica que es indispensable que esas leyes establezcan de forma expresa la obligación, a cargo de las autoridades competentes, de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de participación social de las personas afectadas en la aplicación concreta de los ordenamientos jurídicos de su competencia.

Asimismo, en el texto de renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los temas que se han fortalecido es precisamente éste, el ampliar los compromisos de las partes en materia de protección del ambiente, incluyendo fomento a la transparencia y, muy importante, participación de la sociedad en el cuidado del mismo.

En tal virtud, la presente iniciativa pretende ser un instrumento legal de cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de los demás compromisos internacionales en materia de participación social, tratándose de actos de autoridad regulados por la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de protección de la biodiversidad.

La Ley General de Vida Silvestre establece dos figuras relevantes para la conservación y protección de especies de flora y fauna silvestres y los ecosistemas que conforman, que son los hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre y las áreas de refugio para proteger especies acuáticas.

En ambos casos, los hábitat críticos y las áreas de refugio se establecen a través de acuerdos secretariales que emite el titular de la Semarnat; pero los expedientes que se integran para la creación de estas medidas de protección de la biodiversidad no cuentan con la participación de las personas que resulten o puedan resultar afectados por la expedición de dichos acuerdos secretariales. No es sino hasta después de que se publican estos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación cuando la Semarnat toma en cuenta la participación social para la emisión de los planes de manejo tratándose de hábitat críticos y los programas de protección cuando son áreas de refugio.

Participación previa es respetuosa.

Participación posterior es paliativa.

Por tal razón, consideramos que estas personas deben ser informadas, opinar y ser consideradas por la Semarnat, de manera previa a la expedición del acuerdo secretarial correspondiente, para que dicho acuerdo cause las menores afectaciones posibles y para que incorpore a los afectados en la implementación de las medidas de manejo y conservación.

En tal virtud, la iniciativa señala que en el establecimiento, administración y manejo de hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos y comunidades indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección, mitigación de impactos y conservación de las especies de interés y sus hábitats.

Para tal efecto, la secretaría suscribirá con los interesados los acuerdos y convenios de coordinación correspondientes.

Compañeras y compañeros, participación social y desarrollo sustentable es un binomio que debe presentarse de manera indisoluble en la discusión y en la toma de decisiones públicas asociadas a la preservación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar presente y de las generaciones venideras, por lo cual debemos incorporarlo en toda nuestra legislación ambiental.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. ASPECTOS GENERALES

Participación social y desarrollo sustentable es un binomio internacionalmente reconocido que debiera presentarse de manera indisoluble en todos los casos de discusión y toma de decisiones públicas asociadas a la preservación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar presente y de las generaciones venideras. La participación social o participación ciudadana es entendida como un derecho de amplio espectro, que a decir de algunas normas jurídicas se ha conceptualizado como “el derecho de las personas a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno”.1

La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo estableció, en su Principio 10, que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.” Este postulado internacional contiene los pilares de la participación social que, generados por las autoridades del Estado, deben beneficiar a las personas en lo individual para su trascendencia grupal, de manera que sea posible realizarla en todos los niveles gubernamentales que se jacten de ser democráticos. Estos pilares son:

1. El acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades.

2. La oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones, facilitando y fomentando la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.

3. El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Este principio, proveniente de un compromiso de naturaleza normativa denominada soft-law, con fuerza jurídica limitada, se ha plasmado en instrumentos internacionales de temática ambiental vinculantes, como en los casos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ambos de 1992. No siendo los primeros en hacerlo, su antecedente fue la elevación de la participación social o ciudadana en otros tratados internacionales más generales, como un derecho humano individual asociado a la libre expresión del sufragio para la elección de representantes populares, que debe respetarse y garantizarse por las autoridades estatales.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, por señalar algunos, establecen desde hace varias décadas la participación social como un derecho de todas las personas y pueblos que, detentadores originarios de la soberanía nacional, debe expresarse y asegurarse ampliamente con medidas también soberanas de índole legislativa, administrativa y de diversa naturaleza necesarias para ese fin.

En el caso de México, la participación social ha tenido diversas expresiones en el devenir de los últimos 25 años. Por ejemplo, nuestra Constitución Política establece en su artículo 35, como uno de los derechos de todo ciudadano, la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, a realizarse en la forma y términos que determine la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular. No obstante que las reglas de la consulta popular son complejas para hacerse efectiva en la realidad sensible de la población, es en la materia ambiental donde tenemos los avances más significativos de la participación social.

2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA)

La LGEEPA fue el primer ordenamiento jurídico del país que recogió los postulados del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1996 dicha Ley fue objeto de diversas reformas legislativas en las que se añadieron los siguientes elementos vigentes y aplicables:

A) El establecimiento de reglas básicas para la participación social en la integración, formulación y revisión de instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio.

B) La incorporación de la consulta pública de proyectos productivos públicos y privados, dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia de la Federación.

C) La inclusión de la participación de grupos indígenas, ejidos, academia, organizaciones no gubernamentales y otras personas interesadas en la creación y administración de áreas naturales protegidas de competencia federal.

D) La creación de un nuevo título dedicado a la participación social en los procesos de toma de decisiones, con la integración de órganos de consulta y consejos consultivos, en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales, con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental.

E) El establecimiento del derecho de toda persona a la información ambiental, con reglas de protección de la soberanía nacional y de derechos de propiedad intelectual (información reservada y confidencial), con independencia de la existencia de una afectación directa o indirecta por el asunto de que se trate (proyectos que afecten o comprometan el derecho humano a un medio ambiente sano), de manera que la autoridad ambiental correspondiente tiene la obligación de proporcionar la información ambiental de que disponga.

F) La creación de un recurso administrativo de revisión que favorece la defensa del derecho a un medio ambiente sano de toda persona que se considere posiblemente afectada por las autorizaciones emitidas con base en la LGEEPA, que permitan indebidamente la realización de obras y actividades que lesionen o puedan lesionar los ecosistemas y sus recursos naturales.

G) La optatividad de la instancia, es decir, la posibilidad de agotar el recurso administrativo de revisión o acudir al juicio de nulidad o al juicio de amparo, para la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, de manera informada (con información ambiental) y reglas procedimentales previamente establecidas en leyes procesales con alcance jurídico suficiente para dejar sin efectos jurídicos los actos administrativos otorgados en contravención a dichos derechos humanos, medio ambiente sano y acceso a la información.

3. LAS OMISIONES LEGISLATIVAS POSTERIORES A 1996

Sin embargo, los avances logrados en 1996 no fueron considerados ni mucho menos replicados en las leyes posteriores a la LGEEPA, cuando el Poder Legislativo Federal consideró conveniente escindir de este ordenamiento algunos temas que, por su importancia de protección, consideró dignos de tener su propio ordenamiento jurídico especializado.

Al respecto, las Leyes Generales de Vida Silvestre, de Desarrollo Forestal Sustentable y de Prevención, y Gestión Integral de los Residuos, carecen de instrumentos expresos de participación social, que posibiliten a las personas individuales y en grupo, su injerencia directa en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable en las agendas verde (vida silvestre, forestal) y gris (contaminación atmosférica, cambio climático y residuos).

Incluso, el legislador federal utilizó la fórmula de la supletoriedad legal para cubrir las lagunas o vacíos de las leyes especializadas con las disposiciones de la LGEEPA, sin embargo, en lo que atañe a la participación social, dicha condición supletoria no ha visto ninguna voluntad de aplicación para los casos de instrumentos reguladores o actos permisivos o autorizatorios en las materias mencionadas.

Esto nos indica que es indispensable que esas leyes establezcan de forma expresa la obligación a cargo de las autoridades competentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de participación social de las personas afectadas en la aplicación concreta de los ordenamientos jurídicos de su competencia.

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL VS. CONSULTA PÚBLICA

Suele confundirse la participación social o ciudadana con la consulta pública. Es natural, ya que la segunda es una particularidad de la primera y su tratamiento legislativo se ha encargado de no dar importancia a sus diferencias, sino a sus puntos de contacto.

En este sentido, el derecho a la participación, en un sentido amplio, es el que tienen todas las personas a intervenir, directa o indirectamente y sin limitaciones indebidas, en la dirección de los asuntos públicos de su país, especialmente cuando estos les afecten, identificándose típicamente -mas no exclusivamente- con el derecho de voto o sufragio y de representación popular.

Mientras tanto, el derecho a la consulta es aquel que tienen todas las personas a ser escuchadas y tomadas en cuenta cuando gobiernos o particulares tengan planeado impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura que puedan afectar sus vidas, las condiciones materiales para la reproducción de la misma o su medio ambiente. Se trata de un derecho de carácter procedimental, estrechamente vinculado al derecho de participación y a los principios generales de la democracia.

Esta iniciativa se refiere a la participación social, en la forma y términos previstos en la Declaración de Río, el Acuerdo de Escazú y la LGEEPA. No obstante, lo deseable es que más adelante el Estado Mexicano resuelva en los niveles legal y administrativo, mecanismos de participación social y de consulta pública más abiertos, incluyentes y de resultados más eficaces de los que hoy tenemos, sin tantas complejidades y complicaciones procedimentales.

5. UN GRAN PENDIENTE: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE PUEDAN AFECTAR O AFECTEN LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Otro tema pendiente en la agenda legislativa nacional es la ausencia, desde 1989, de una política regulatoria integral para implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), en especial el derecho a la consulta libre, previa e informada como expresión concreta de la participación social excepcional para estos grupos que históricamente han sido sujetos de abusos del poder.

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2º las bases para el reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía, no menos cierto es que los esfuerzos públicos de empoderamiento de las personas indígenas no cubren los alcances jurídicos del Convenio 169 de la OIT, y han sido lo suficientemente tímidos para lograr el efecto contrario, apartarlos de las decisiones públicas que les afectan o les pueden afectar, se trate de la realización de proyectos industriales, del establecimiento de medidas normativas que afectan sus derechos adquiridos o de la emisión de actos administrativos como la expropiación de sus bienes, la limitación de sus derechos reales, o la emisión de normas, permisos y autorizaciones, a costa de su bienestar y de su derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, preferencia supeditada a lo dispuesto por la propia Constitución, las leyes (federales y locales) y los derechos de terceros.

Bajo estos aspectos, tristemente reconocidos por la Constitución General, los pueblos y comunidades indígenas siguen sufriendo el despojo que les provoca el interés público y/o las causas de utilidad pública, previstas generalmente en ley, en sus bienes materiales y derechos, a través de instrumentos regulatorios y otros actos de autoridad que les son ajenos y dañosos. Esperamos que este próximo Gobierno, que tantas expectativas de cambio generó en la población, cumpla sus promesas y construya una estructura jurídica capaz de incorporar activamente a los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones de la actividad pública y en las acciones de desarrollo integral, sustentable y competitivo de nuestro país.

6. LA REITERACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO AL COMPROMISO INTERNACIONAL DE RESPETAR Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO SUSTENTABLE: EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Hace unos pocos días, el 27 de septiembre de 2018, el Gobierno Mexicano, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lic. Luis Videgaray Caso, con poderes plenipotenciarios, firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del presente año. Su objetivo es garantizar la implementación, plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, al desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La firma de este acuerdo por parte del Gobierno de México tuvo como antecedente inmediato la suscripción de la DECLARACIO?N SOBRE APLICACIO?N DEL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIO?N DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, en el seno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En este documento, de valimiento obvio, se expresó la necesidad de “…alcanzar compromisos para la implementacio?n cabal de los derechos de acceso a la informacio?n, participacio?n y justicia ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaracio?n de Ri?o de 1992. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde gui?as, talleres, buenas pra?cticas hasta un Convenio Regional abierto a todos los pai?ses de la Regio?n y con la significativa participacio?n de toda la ciudadani?a interesada. Ame?rica Latina y el Caribe puede y debe dar un paso significativo en esta materia.”

Dentro de las disposiciones relevantes de este Acuerdo Internacional Regional, destacan las siguientes:

A) Cada Parte adoptara? todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementacio?n del Acuerdo.

B) Cada Parte proporcionara? al pu?blico informacio?n para facilitar la adquisicio?n de conocimiento respecto de los derechos de acceso.

C) Cada Parte garantizara? un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la proteccio?n del medio ambiente, proporciona?ndoles reconocimiento y proteccio?n.

D) Cada Parte debera? asegurar el derecho de participacio?n del pu?blico y, para ello, se compromete a implementar una participacio?n abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.

E) Cada Parte garantizara? mecanismos de participacio?n del pu?blico en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, asi? como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.

F) Cada Parte promovera? la participacio?n del pu?blico en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones, relativos a asuntos ambientales de intere?s pu?blico, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.

G) Cada Parte adoptara? medidas para asegurar que la participacio?n del pu?blico sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del pu?blico sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionara? al pu?blico, de manera clara, oportuna y comprensible, la informacio?n necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.

H) El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluira? la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopcio?n de la decisio?n, la autoridad pu?blica que corresponda tomara? debidamente en cuenta el resultado del proceso de participacio?n.

I) Cada Parte velara? por que, una vez adoptada la decisio?n, el pu?blico sea oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, asi? como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisio?n y sus antecedentes serán públicos y accesibles.

J) Las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situacio?n de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participacio?n. Para estos efectos, se considerara?n los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participacio?n.

En tal virtud, la presente iniciativa pretende ser instrumento legal de cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de los demás compromisos vinculantes y soft-law en materia de participación social, tratándose de actos de autoridad regulados por la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de protección de la biodiversidad.

7. SUPERAR LA AUSENCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE PARA LA CREACIÓN DE HÁBITAT CRÍTICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DE ÁREAS DE REFUGIO PARA PROTEGER ESPECIES ACUÁTICAS

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) establece dos figuras relevantes para la conservación y protección de especies de flora y fauna silvestres y los ecosistemas que conforman, que son los hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre y las áreas de refugio para proteger especies acuáticas.

Los hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre son áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección especial. Dichas áreas son regularmente utilizadas para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o reproducción, o rutas de migración. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas tienen por objeto conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger sus hábitats.

En ambos casos, los hábitat críticos y las áreas de refugio se establecen a través de acuerdos secretariales que emite el titular de la SEMARNAT, con los elementos que le brinden sus diversas unidades administrativas, en especial la Dirección General de Vida Silvestre. Los expedientes administrativos que se integran para la creación de estas medidas de protección de la biodiversidad prescinden de la participación de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por la expedición de dichos acuerdos secretariales. No es sino hasta después de expedido el acuerdo (publicado en el Diario Oficial de la Federación) que, por disposición legal o reglamentaria, la SEMARNAT toma en cuenta la participación social en la emisión consecuente de los planes de manejo (tratándose de hábitat críticos) y los programas de protección (cuando son áreas de refugio). Véase la siguiente tabla a manera de ejemplo, tratándose de áreas de refugio:

Participación social en las áreas de refugio.

ÁREA DE REFUGIO

PARTICIPACIÓN SOCIAL - ACUERDO

Acuerdo por el que se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. (DOF, 2002)

Artículo TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, y con la participación de los sectores social y privado interesado, formularán los programas de protección.

Acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus) con el objeto de conservar y contribuir al desarrollo de esta especie, así como conservar y proteger su hábitat. (DOF, 2005)

Artículo 3. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, y con la participación de los sectores social y privado interesado, formularán los programas de protección.

Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio con el nombre de Bahía de Akumal, la porción marina ubicada frente a los poblados de San Miguel, en el Municipio de Solidaridad y los poblados de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel-Xcacelito y La Esperanza, todos estos en el municipio de Tulum. para la protección de las especies tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata); cuerno de alce (Acropora palmata), cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), corales blandos o abanicos de mar (Plexaura homomalla y Plexaura dichotoma); mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle) y los pastos marinos de las especiesThalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii. (DOF, 2015)

Artículo Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con la participación de los sectores sociales social y privado interesados, formulará el programa de protección del área de refugio.

Acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. (DOF, 2018)

Artículo Segundo. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes, y con la participación de los sectores social y privado interesados, formulará el programa de protección del área de refugio.

Acuerdo por el que se establece como Área de Refugio para la protección de la especie tiburón ballena (Rhincodon Typus), en su área de concentración que corresponde a la zona marina que se encuentra entre Islas Mujeres, Puerto Juárez, Chiquilá e Isla Holbox, frente a los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo. (DOF, 2018).

Artículo Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con la participación de los sectores social y privado interesados, formulará el programa de protección del área de refugio

Estos acuerdos secretariales tienen un fin proteccionista y de conservación importante para el desarrollo sustentable nacional, sin embargo, como actos de autoridad, afectan o pueden afectar el derecho de terceros, indígenas o no, de realizar y/o seguir efectuando actividades productivas lícitas, razón por la cual estas personas deben ser informadas, opinar y ser consideradas seriamente por la SEMARNAT, de manera previa a la expedición del acuerdo secretarial correspondiente, para que el acto de autoridad (acuerdo) se expida causando las menos afectaciones posibles e incorporando a los afectados en la implementación y consecución de posteriores medidas de manejo y conservación.

8. LA CREACIÓN DE HÁBITAT CRÍTICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEBE ESTAR PROVISTA DE ESTUDIOS JUSTIFICATIVOS PREVIAMENTE ELABORADOS

En su texto vigente (artículo 67), la LGVS establece que el establecimiento de áreas de refugio está precedido de estudios justificativos que deberán contener, de conformidad con lo que establezca el Reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos, para lo cual podrá la SEMARNAT solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes. Este respaldo de naturaleza técnica es importante para la caracterización de la decisión proteccionista, y le brinda la motivación que exige el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional a todo acto de autoridad.

Lo que ha hecho la SEMARNAT en materia de áreas de refugio es publicar el acuerdo de creación sin consulta ni conocimiento previo de quienes habitan en la zona, como sucedió el 5 de junio de 2018, en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se creó el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, en el que se reconoce que “la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboró el estudio justificativo a que se refiere el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre, en el que concluyó que resulta fundamental establecer el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta)”.

Es decir, previo a la expedición del Acuerdo, la Secretaría elaboró los estudios justificativos, pero sólo de manera interna, y fue hasta después de su publicación y entrada en vigor cuando los habitantes fueron informados de las severas restricciones que estableció a sus actividades pesqueras, no obstante que en esa misma zona ya se encontraba en vigor una zona de refugio pesquero, decretada por la SAGARPA desde tres años antes.

El soporte técnico aludido no es aplicable tratándose de hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre, debido a que la LGVS no lo dispone. Es el Reglamento de la LGVS, en su artículo 72, el que establece el contenido de los acuerdos secretariales de hábitat críticos, sin hacer referencia a los estudios justificativos, lo que hace de este instrumento protector una medida declarativa, carente de motivación técnica de fondo, siendo ésta uno de los elementos donde descansan tres derechos humanos fundamentales e interdependientes constitucional y convencionalmente reconocidos y exigibles: (1) el de seguridad jurídica que debe ofrecer todo acto de autoridad, (2) el de participación social, y (3) el de acceso a la información ambiental.

Por esta razón, se considera importante superar este vacío legal, equilibrando la necesidad de protección ambiental con el interés jurídico de respetar y garantizar los derechos humanos de seguridad jurídica, participación social y acceso a la información ambiental, mediante la adición de un último párrafo al artículo 63 de la LGVS, que establezca la obligación de la SEMARNAT de elaborar estudios justificativos que den sustento técnico a la determinación de crear hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre.

9. CONCLUSIONES

De esta forma, la Iniciativa que presenta la suscrita tiene por objeto:

A) Dar cumplimiento a los compromisos asumidos en tratados internacionales de los que México es Parte, en materia de participación social, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, como es el caso del Acuerdo de Escazú recientemente firmado, máxime que esta H. Soberanía es el Órgano del Poder Legislativo del Estado Mexicano encargado de aprobar/ratificar los tratados suscritos por el Ejecutivo Federal, así como establecer, en conjunto con la H. Cámara de Diputados, las medidas legislativas para implementar en el sistema jurídico nacional los compromisos asumidos en los tratados internacionales aprobados.

B) Llenar la laguna jurídica actual, de manera que, a partir de estas adiciones  a la LGVS, la SEMARNAT esté obligada a abrir e instrumentar procesos de participación social amplia, libre e informada, de manera previa a la expedición de los acuerdos secretariales mediante los cuales establece hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre y áreas de refugio para proteger especies acuáticas.

C) Continuar con la instrumentación del derecho de participación social y acceso a la información ambiental iniciado en 1996 a través de la LGEEPA, de manera paulatina hasta que el Gobierno Federal decida establecer una política de Estado sobre el tratamiento general y democrático de la participación pública/ciudadana como expresión del poder soberano del pueblo mexicano, aplicable a toda la actividad de los poderes públicos que incide en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país.

D) Cubrir la laguna legal sobre estudios justificativos, tratándose de la expedición de acuerdos secretariales de hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre, de forma que la SEMARNAT realice dichos estudios de manera previa a la emisión del acuerdo respectivo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, al tenor de los siguientes:

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adicionan un acápite de Capítulo I al Título IV; un nuevo Capítulo II al Título IV, compuesto por dos nuevos artículos, 17 BIS y 17 BIS 1; un último párrafo al artículo 63; una última parte al artículo 64, y una última parte al artículo 66, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

TÍTULO IV

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. ...

Artículo 16. ...

Artículo 17. ...

CAPÍTULO II

DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE HÁBITAT CRÍTICOS Y ÁREAS DE REFUGIO

Artículo 17 BIS. En el establecimiento, administración y manejo de hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos y comunidades indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección, mitigación de impactos y conservación de las especies de interés y sus hábitat. Para tal efecto, la Secretaría suscribirá con los interesados los acuerdos y convenios de coordinación, concertación o inducción que correspondan.

La participación y el proceso de suscripción de acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior, se llevarán a cabo de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 17 BIS 1. Los planes de manejo, los programas de protección y las modificaciones que se realicen a dichos instrumentos y a los acuerdos secretariales de establecimiento de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, se sujetarán a lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 63. ...

...

...:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que contendrán como mínimo su objeto, la superficie y determinación del polígono en coordenadas UTM, las medidas o acciones a realizar para su logro, el plan para la recuperación que se estime necesario aplicar al caso concreto, los mecanismos de coordinación a implementarse, las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación y los aspectos socioeconómicos considerados. En la elaboración de los estudios justificativos, la Secretaría podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.

Artículo 64. La Secretaría acordará con los propietarios o legítimos poseedores de predios en los que existan hábitats críticos, medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Para tales efectos, en el procedimiento de creación y en la expedición de los planes de manejo se estará a lo establecido en el Capítulo II del Título IV de esta Ley.

Artículo 66. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas en sitios claramente definidos en cuanto a su ubicación y deslinde por el instrumento que las crea. En el procedimiento de creación y en la expedición de los programas de protección se observará, además, lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal realizará las modificaciones conducentes al Reglamento de esta Ley, en la materia a que se refiere el presente Decreto, en el plazo de ciento veinte días naturales contados a partir del día siguiente a su entrada en vigor.

En tanto el Presidente de la República expide las modificaciones reglamentarias indicadas en el párrafo anterior, se aplicará supletoriamente, en lo conducente a la participación social, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

1 Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, Artículo 2, primer párrafo.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En la cuarta ronda de iniciativas, recibimos de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de fechas conmemorativas para el cálculo de plazos, que nos solicita la proponente sea incluida en el Diario de los Debates de manera íntegra. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La que suscribe, Senadora LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de las facultades que me son conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta soberanía la presente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, al tenor de la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adecuación de nuestras leyes representa un asunto fundamental, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión.

ARGUMENTOS

Para el derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.

Parte esencial de la labor legislativa, la constituye la actualización de las normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente y surta plena aplicación.

Con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que, atendiendo a la esencia de este Poder Reformador, el suscrito ha tenido a bien realizar un análisis minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma y buscar su constante actualización.

Así pues, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga los siguientes elementos: se señalan como días de descanso obligatorio nueve fechas, de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo anterior o posterior de la fecha de que se trate. Es decir, se crean los “fines de semana largos”.

Sin embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se ha llevado a cabo esa armonización con el precepto federal obrero patronal, por lo que sigue contemplando los días de descanso o inhábiles los contemplados antes de la citada reforma, máxime que el citado ordenamiento es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizados y también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo, y en lo particular de lo importante y transcendental que es  los términos y plazos en las actuaciones y diligencias administrativas.

Con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que propongo, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 28. ...

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación .

 

 

 

...

...

Artículo 28. ...

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero ; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo ; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre ; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

...

...

Situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los que va dirigido dicho ordenamiento, así como en las autoridades encargadas de su aplicación, en virtud de que algunos días festivos “contarían doble”, al estar contemplados en dicha Ley materia de la presente iniciativa y en la Ley Federal del Trabajo. Aunado a todo lo anterior, dicha reforma obedece en realizar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, a efecto de mejorar los Ordenamientos Legales que norman, en virtud de que las Leyes tienen que adecuarse constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando certidumbre entre los ciudadanos a los que van dirigidas.

Por tales consideraciones, someto a la valoración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero ; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo ; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre ; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

...

...

Transitorios:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán.






Esta Presidencia informa al Pleno del Senado que por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva se designó a la Senadora Vanessa Rubio Márquez como Vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, ParLatino.

La Junta de Coordinación Política remitió cinco Acuerdos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los cinco Acuerdos a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si están de Acuerdo en que se incorporen los asuntos a esta Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pasamos al trámite del primero de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido del Acuerdo por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante comisiones con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el  Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante  Comisiones, con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno. Comuníquese.






Dé cuenta la Secretaría del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la aprobación de la Mesa Directiva también. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. El Acuerdo está a discusión. Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy cuenta con el Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las dependencias e instituciones involucradas, a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Comuníquese.






A continuación, solicito a la Secretaría, dé cuenta del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de “Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad”. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Comuníquese.






Por último, daremos a conocer el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de México, sean turnados a la Comisión de Gobernación. El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo que establece que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de México sean turnados a la Comisión de Gobernación. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría de cuenta de las ampliaciones de turno que ha autorizado la Mesa Directiva en sus reuniones matutinas.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy cuenta.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva en su reunión del pasado martes 9 de octubre autorizó ampliación del turno al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado, presentado el 4 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, en su reunión del jueves 11 de octubre autorizó la ampliación de turno al proyecto de Decreto que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado el 2 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Economía.

Igualmente, en su reunión de este día autorizó las siguientes ampliaciones de turno:

Al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20, 21 y 102 constitucionales, presentado el 11 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Y al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 11 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos.

Son todas las ampliaciones de turno, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos dictados por la Secretaría.






Les comunico el Acuerdo de la Mesa Directiva sobre las siguientes efemérides.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Derecho al Voto de la Mujer”.








Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”.








De la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena, sobre el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, el “Día Mundial de la Alimentación” y el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”.

Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 72 numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presenta para su programación Efeméride en relación con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemoran cada 15, 16 y 17 de octubre respectivamente.

Efeméride del 15, 16 y 17 de octubre:

Con base en la Organización de las Naciones Unidas, el presente mes de octubre, conmemoramos fechas que son claves para garantizar el bienestar de nuestras familias, siendo estos el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), temas que están estrechamente vinculados ya que todos contribuyen en la erradicación del hambre y la pobreza a nivel mundial.

Las mujeres rurales constituyen actualmente una cuarta parte de la población mundial, ellas cultivan gran parte de nuestros alimentos, lo cual las constituye como agentes de cambio contra la pobreza, el hambre y el cambio climático.

Este año conmemoramos el Día Mundial de las Mujeres Rurales, bajo el lema, "Infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales", además de expresar nuestra solidaridad con las mujeres y niñas de las zonas rurales de nuestro país.

El Día Mundial de la Alimentación, se establece asimismo para conmemorar el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO, con el objetivo de correr la voz de lo importante que es que todos nos unamos en la lucha contra el hambre, asegurándonos de que a nivel nacional y global se cuente con los alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

Y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instituido por la Asamblea General de la ONU desde el año 1992, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y carencia de medios para sobrevivir en particular en los países en vías de desarrollo.

Alrededor del mundo más 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1.90 dólares diarios y más de 820 millones de personas sufren de subalimentación crónica, que en su mayoría viven en zonas rurales.

Con base en el Consejo Nacional de Evaluación de las políticas de Desarrollo Social en México CONEVAL, el 43.6% de la población total en nuestro país se encuentra en situación de pobreza y el 7.6% en situación de pobreza extrema. Además, que el 20.1% de la población padece de carencias para el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva.

México junto con otros 192 países, se comprometieron con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la finalidad de crear un mundo mejor para los que vivimos en él y relevantemente poder acabar con el hambre en 2030.

Por lo cual, es que existen múltiples iniciativas a nivel internacional para contribuir con erradicar la pobreza y el hambre a nivel internacional, tal es el caso de los Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe (FPH-ALC) que surge en el marco de un proceso político regional como es la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH); la cual busca construir compromisos políticos en los países y en la región, en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; que impactan directamente en la economía de las familias, logrando con ello ayudar para erradicar la pobreza en la que se encuentran.

Dichos Frentes, se forman en los Congresos de cada país, reuniendo a legisladores interesados en promover políticas públicas y legislaciones encaminadas a promover el derecho a la alimentación y combatir el hambre principalmente. Los cuales a su vez son apoyados por la Agencias de Cooperación Internacional de cada nación, como es el caso de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien es un importante aliado para el desarrollo nacional.

Por lo anterior, resulta necesario que en el marco de la conmemoración de estos días, generemos conciencia de la importancia que tiene el poner en lo más alto de las agendas políticas el fomentar programas públicos y legislaciones encaminadas a garantizar la alimentación, empoderar a las mujeres y niñas rurales y para erradicar la pobreza en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza.






De la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre el “Día Mundial de la Alimentación”.

Sobre el “Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre de 1945, durante una Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Quebec, Canadá, 42 naciones instituyeron formalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tal acontecimiento marcó el inicio de un trabajo constante en la búsqueda de acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo.

Este importante suceso ha dado pie a que, el 16 de octubre de cada año, conmemoremos el Día Mundial de la Alimentación que, de acuerdo con la FAO, tiene los siguientes objetivos:1

• Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin;

• Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo;

• Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida;

• Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo;

• Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo;

• Fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza y señalar a la atención los éxitos conseguidos en materia de desarrollo alimentario y agrícola. 

Este es un tema que preocupa a nivel mundial. En septiembre de 2015, líderes de la ONU adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. México suscribió este acuerdo.

En este sentido, el Punto 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU plantea: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

I. Específicamente, la meta 2.3 establece como objetivo para 2030: duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

II. Asimismo, la meta 2.4 propone, para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Estos objetivos identifican un reto inicial: una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación, pues las claves para la solución están en estos campos.

Es por ello que la ONU plantea la necesidad de tener políticas públicas que logren sistemas agrícolas y alimentarios eficientes e inclusivos, que tomen en cuenta la relación que existe entre este problema con la pobreza, el desempleo, el ingreso de las personas, la educación, la salud y la nutrición, y con las pérdidas relacionadas con factores climáticos adversos.

Hoy, México enfrenta grandes retos para acabar con la desnutrición y la pobreza por carencias alimentarias. Es importante recordar que, en nuestro país, la alimentación es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Para ser precisos, el artículo 4º establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

Si bien es cierto que la política pública debe poner atención en este factor, los legisladores tenemos una responsabilidad previa: crear un marco jurídico a partir del cual sea posible definir y ejecutar estrategias que garanticen el desarrollo de la de la agricultura familiar y la sustentabilidad.

Es evidente que este es un tema prioritario para el bienestar de nuestro país, sobre todo cuando revisamos las cifras de CONEVAL: La población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria constituye el 38.5%, al segundo trimestre de 2018.2 La carencia al acceso a la alimentación es un indicador que está engrosando el número de personas en situación de pobreza y que, sobre todo, afecta a los grupos indígenas.

El día mundial de la alimentación es una fecha que nos debe conducir a reflexionar sobre la situación alimentaria en nuestro país, pero sobre todo, es una conmemoración que nos debe impulsar a emprender acciones que garanticen la materialización de un derecho humano consagrado en nuestra Constitución: el de una alimentación suficiente y de calidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal.

1 FAO “Acerca del día mundial de la alimentación”, en http://www.fao.org/world-food-day/about/es/

2 CONEVAL, “Coneval presenta información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza al segundo trimestre de 2018”, en
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-10-ITLP-Segundo-Trimestre-2018.pdf






Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre:

El “Día de la Alimentación en el Mundo”.

EFEMÉRIDE

“Día de la Alimentación en el Mundo”

SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018

«Nuestras acciones son nuestro futuro.
Un mundo HambreCero para 2030 es posible».1

H. SENADO DE LA REPÚBLICA:

El derecho a la alimentación es un derecho humano básico. Invertir en sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo rural significa emprender algunos de los principales desafíos globales – de alimentar a la creciente población mundial a proteger el clima mundial, y abordar algunas de las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento.

Con base en lo anterior, cada 16 de octubre desde 1981 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que tiene como finalidad concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Según los reportes de la FAO, el progreso colectivo logrado por muchos países para erradicar el hambre ha vuelto a empeorar recientemente como consecuencia de los conflictos prolongados, los feno?menos meteorológicos extremos relacionados con el cambio clima?tico y la recesio?n econo?mica. Hoy, 821 millones de personas sufren subalimentacio?n cro?nica, según el informe de el estado de la seguridad alimentaria y la nutricio?n en el mundo 2018.

Al mismo tiempo, los niveles de obesidad esta?n aumentando ra?pidamente y muchos pai?ses experimentan la doble carga del hambre y la obesidad. 1.900 millones de personas padecen sobrepeso, de los cuales 672 millones son obesas.

México tiene este doble problema. Por un lado, en el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena. Por el otro, datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad2.

CIFRAS DE LOS DESAFI?OS HAMBRE CERO3

El mundo produce suficiente comida para alimentar a todos, sin embargo una de cada nueve personas padece hambre cro?nica.

• Se estima que 821 millones de personas sufrieron hambre cro?nica en 2017, segu?n el informe de El estado de la seguridad alimentaria y la nutricio?n en el mundo 2018.

• Aproximadamente el 60 por ciento de las personas que padecen hambre del mundo son mujeres.

Alrededor del 70 por ciento de los pobres extremos del mundo vive en zonas rurales. La mayori?a de ellos depende de la agricultura.

El hambre mata a ma?s personas cada an?o que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos.

Alrededor del 45 por ciento de las muertes infantiles esta?n relacionadas con la desnutricio?n. El retraso en el crecimiento todavi?a afecta a 151 millones de nin?os menores de cinco an?os.

• Ma?s de la cuarta parte de la poblacio?n mundial, es decir, 1.900 millones de personas, tienen sobrepeso. De estos, 672 millones son obesos y 3,4 millones de personas mueren cada an?o debido al sobrepeso y la obesidad.

• En muchos pai?ses, mueren ma?s personas de obesidad que por homicidio.

La malnutricio?n le cuesta a la economi?a mundial el equivalente a 3,5 billones de USD anuales.

• Para cubrir la demanda en 2050, la agricultura tendra? que producir casi un 50% ma?s de alimentos, forraje y biocombustible de los que produci?a en 2012.

• La mayori?a de los nin?os hambrientos y el 75 por ciento de los nin?os con retraso en el crecimiento menores de cinco an?os viven en pai?ses afectados por conflictos.

Los desastres vinculados al clima representan ahora ma?s del 80 por ciento de los principales desastres comunicados a nivel internacional

Un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o se desperdicia. Las pe?rdidas y el desperdicio de alimentos ascienden a aproximadamente 680 mil millones de USD en los pai?ses industrializados y 310 mil millones de USD en los pai?ses en desarrollo o alrededor de 1 billo?n de USD en total.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es importante conmemorar esta fecha, para promover la sensibilización y las acciones para un futuro Hambre Cero campaña que impulsa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  En este sentido, la izquierda mexicana representada por el PRD siempre ha impulsado  políticas y acciones para que la vida de los mexicanos sea mejor día con día.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández.- Sen. María Leonor Loyola Cervantes.- Sen. Antonio García Conejo.- Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.

1 Lema del Día Mundial de la Alimentación para el año 2018

2 Página de Unicef México. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html

3 Folleto de la FAO. Acciones para 2018. http://www.fao.org/3/ca0147es/CA0147ES.pdf






El día en el que la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales.

EFEMÉRIDE

La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos
conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales.

H. SENADO DE LA REPÚBLICA:

El derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto ahora como algo trivial, pero es un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo para grupo marginados por pertenecer a un grupo indígena o por su género. Es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía, ejerce un efecto directo sobre quién gobernará para todos, por lo tanto ha sido restringido por los grupos, y el género, en el poder.

El 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines. Ellas querían ver plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser electas y el político les reiteró su compromiso.

Ruiz Cortines ganó las elecciones y asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1952. Le tomó hasta el 17 de octubre de 1953 cumplir con su promesa y por fin se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal.

Aunque ese 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron, la lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía, había empezado a manifestarse mucho antes, desde finales del siglo XIX.

 Las mujeres empezaron a demandar más autonomía, gracias a las ideas de Reforma y el auge de las publicaciones femeninas de la época. En la primera revista femenina Las Violetas del Anáhuac se publicó un artículo reclamando este derecho, y a partir de ahí, poco a poco se esparció la idea del sufragio femenino, y se empezaron a formar agrupaciones en pro a este derecho, como por ejemplo “Las hijas de Cuauhtémoc”.

Más adelante en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista impulsado por el gobernador de Yucatán (estado pionero en el derecho de las mujeres) y varias mujeres líderes de opinión.

En mayo de 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista. De las principales demandas que salieron de ahí estaban: la igualdad civil para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos al igual que emitir el sufragio.

Como consecuencia de ese congreso, en San Luis Potosí la mujer pudo votar desde ese año y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso Local, pero tuvo que renunciar por las presiones sociales.

Por otro lado, en 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía, y así el voto. Cárdenas afirmaba que: “En México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura”. Pero la realidad era que al igual que en varios países católicos, el voto femenino fue retrasado por la sospecha de que sería conservador debido a la supuesta influencia que los curas podían ejercer en las mujeres.

Más tarde, en 1946 el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, eso no era sólo el inicio ya que lo que se quería era lograr el voto en las elecciones federales.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.

Esto se dio después de que la ONU había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue así que la mujer, después de una ardua lucha, obtuvo el derecho a votar y ser considerada como ciudadana. Hay que destacar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho.

Finalmente, el 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a elegir diputados federales, y aunque este fue un gran paso en el proceso de democratización del país, la realidad es que al género femenino le costó muchísimo emanciparse del yugo masculino y de la presión ejercida por sus padres y esposos.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es forzoso conmemorar esta fecha, ya que el PRD ha luchado y seguirá haciéndolo para que exista un reconocimiento completo de igualdad entre todos seres humanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández.- Sen. María Leonor Loyola Cervantes.- Sen. Antonio García Conejo.- Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.






Y sobre el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”

SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018

"En un mundo caracterizado por un nivel
sin precedentes de desarrollo económico,
 medios tecnológicos y recursos financieros,
es un escándalo moral que millones de
personas vivan en la extrema pobreza"1

H. SENADO DE LA REPÚBLICA:

Hace ya 31 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski —una de las primeras personas que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza— hizo un llamamiento para luchar contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. En 1993, la Asamblea General, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, como se puede observar en la resolución 47/196. 2

La observancia del Día tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.

El tema del año 2018: Unirse a los más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados

Este año, que celebramos el 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante recordar el vínculo fundamental que existe entre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.3

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo define como pobreza cuando una persona tiene al menos una carencia social entre los seis indicadores, que son rezago educativo, acceso a servicio de salud, de seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

A quienes presentan carencias de más de tres de estos rubros, el consejo los define como pobres extremos. Esta conmemoracio?n destaca la importancia de alcanzar a las personas en situacio?n de pobreza y de construir una alianza en torno a sus prioridades con ciudadanos y ciudadanas de toda procedencia para poner fin a la extrema pobreza.4

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática esta comprometido con erradicar la pobreza en México, es por ello, que el presentamos la iniciativa de Salario Digno, el 4 de septiembre y un punto de Acuerdo exhortando al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de la pobreza. Con ello reforzamos que es un tema prioritario para nuestra bancada.

Quienes ganan un salario mínimo el 58 por ciento está en pobreza, y el 12 por ciento está en pobreza extrema; y los que  perciben dos salarios mínimos, el 42 por ciento está en pobreza moderada, y el 4 por ciento está en pobreza extrema.

Pretendemos modificar el artículo 123 constitucional para que el salario mínimo se convierta en salario digno, y para que el nuevo Instituto regulador sea autónomo y se integre por especialistas en diversas áreas.

Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, ya que el aumento de 8 pesos al salario no ha sido suficiente e incluso resulta ofensivo para nuestra clase trabajador. Por ello, queremos acabar con la injusticia salarial en México y con ello contribuir a un mejor desarrollo de los y las mexicanas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández.- Sen. María Leonor Loyola Cervantes.- Sen. Antonio García Conejo.- Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.

1 Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf

2 Resolución  47/196. https://undocs.org/es/A/RES/47/196

3 Página de ONU México. http://www.onunoticias.mx/evento/dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-pobreza/

4 Nota explicativa de Naciones Unidas. 
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/wp-content/uploads/sites/27/2018/09/nota-
explicativa17octubre2018.pdf

Todos los textos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y se integran al Diario de los Debates de la sesión de hoy.






Les recuerdo que si se desea mantener inscritas iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberá informarse a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del artículo 8, numeral 1, fracción I del artículo 163, 164 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como parte de los pendientes legislativos que deben ser desahogados, el de la armonización de la legislación y su adecuación a la realidad en que vivimos, son una prioridad, ya que de esa manera el entramado jurídico podrá responder a las necesidades de la sociedad mexicana, máxime si dichas disposiciones tutelan derechos fundamentales de algún sector poblacional que pudiera encontrarse en condición de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes. 

Del análisis de los diferentes ordenamientos legales vigentes como lo son la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en relación con la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales, advertimos que existen disposiciones que no guardan uniformidad en su regulación, por lo que resulta necesario atender tal deficiencia y evitar la existencia de incongruencias normativas.

Al respecto, el párrafo noveno del artículo 4º constitucional, en relación con el artículo 1º constitucional1, señala lo siguiente:

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”

En ese sentido, es claro su contenido al señalar que el principio del interés superior de la niñez prioriza el cumplimiento y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como un factor que impulsará su sano desarrollo físico y mental.

En consonancia con lo anterior, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de manera genérica tutela la protección de los derechos de la niñez, solo que en su artículo 45 establece la prohibición expresa para que puedan participar en la celebración de un matrimonio, lo cual es una recurrente práctica que se ha tenido por años, por razones culturales o sociales, y que desafortunadamente se ha pasado por alto las afectaciones que ocasionan a los menores de edad que han contraído nupcias, lo anterior en los siguientes términos: 

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

El espíritu de dicha prohibición es que las niñas, niños y adolescentes no vean truncado su desarrollo físico y mental, así como el personal, permitiéndoles que paulatinamente vayan construyendo un proyecto de vida que puedan llevar a cabo, por lo que contraer matrimonio durante esta etapa de formación y desarrollo resulta un obstáculo para ello y un compromiso impropio para su edad, incluso, según las circunstancias en que sucediera su participación, estos menores de edad puede ser víctimas de la comisión de algún delito.

Desafortunadamente, el contenido de algunas disposiciones del Código Civil Federal no ha sido armonizado con la Constitución Política y con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente, ya que su redacción atenta contra los derechos fundamentales de la niñez, al permitir que los menores de edad puedan contraer matrimonio, así como también crea las condiciones legales para que ello suceda. 

En relación a ello, es inconcebible que se contemple la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer a matrimonio con una edad mínima, 14 años en el caso de las mujeres y 16 en el caso de los varones, a través de la dispensa de ese requisito a través del consentimiento que otorguen los ascendientes o incluso instituciones gubernamentales, lo que por sí misma es una transgresión múltiple a los derechos humanos.

Sobre el particular, existe una recomendación realizada al Estado mexicano por parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2015, misma que consiste en lo siguiente:

“A la luz de la observación general número 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.”2

Tal como se advierte de la recomendación anteriormente transcrita, resulta necesario que la legislación sea homogeneizada para brindar una eficaz protección a los derechos de los menores de edad.

Simultáneamente a ello, tal recomendación también advierte una realidad muy alarmante al estimarse que la población de niñas es la que mayormente se ve involucrada en la celebración de matrimonios, ya sea por prácticas sociales o usos y costumbres que violentan sus derechos humanos, o bien, también puede ser el desafortunado inicio de una preocupante cadena delictiva que tiene presencia de diversas formas con igual grado de peligrosidad, la cual debe romperse a través del trabajo legislativo que se realice para modernizar la leyes que así lo requieran.

El artículo 45 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es claro al establecer que es requisito indispensable haber cumplido 18 años de edad para contraer matrimonio, por lo que toda disposición legal que permita lo contrario o que regule las consecuencias de la celebración de un matrimonio con menores de edad, deberán ser reformados o derogados.

Por ello, es que se considera oportuno que la emancipación derivada del matrimonio, también sea suprimida de la legislación vigente, al ser una consecuencia jurídica de la participación de menores de edad en la celebración del matrimonio, ya que los menores de edad al contraer nupcias, por ese solo hecho quedan liberados de la patria potestad o tutela que se ejerza sobre ellos para poder tomar decisiones sobre su nueva condición personal y los bienes que adquiera.

En ese sentido, la eliminación de la emancipación obedece a que si la figura principal, como lo es el matrimonio en menores de edad, queda prohibida, resultaría ocioso que permaneciera vigente en la ley la regulación de sus consecuencias jurídicas.

En defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de su sano desarrollo físico, mental y personal, es que se presenta está propuesta con la idea de que nuestra legislación sea armonizada y que cuente con los elementos que permitan eliminar los obstáculos que pongan en riesgo el bienestar de esta población, creando condiciones para contribuir a la reducción de esta problemática y de otras amenazas que afectan a los menores de edad.

Siempre será mejor ver el desarrollo adecuado de la niñez en nuestro país, ver como se preparan académicamente los adolescentes o adquieren los conocimientos necesarios para ejercer un oficio, con la finalidad de preparar un proyecto de vida, en lugar de ver truncadas sus aspiraciones por su participación en un matrimonio, circunstancia que les complicara la vida  y propiciara diversos problemas como los de salud, deserción escolar, discriminación por razón de genero, rezago económico y social, mortalidad materno-infantil, entre otros, además de asumir la gran responsabilidad de todo lo que implica un matrimonio y una familia.

Es importante eliminar las incongruencias normativas que pudieran existir en nuestra legislación, pero es de mayor trascendencia proteger los derechos de los menores de edad para darles la posibilidad de que tengan un sano desarrollo físico, mental y personal, pensando en su bienestar presente y futuro.

Por lo antes expuesto, la suscrita propone ante el Pleno de este Senado de la Republica, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se derogan el artículo 93, las fracciones II y VII del artículo 98, la fracción IV del artículo 103, los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, la fracción II del artículo 156, 173, 181, el segundo párrafo del artículo 187, el segundo párrafo del artículo 209, 229, 237, 238, 239, 240, el tercer párrafo del artículo 272, la fracción II del artículo 443, 451, la fracción II del artículo 624 y 641 del Código Civil Federal; Se reforman, la fracciones I y V del artículo 98, el artículo 100, las fracciones II y V del artículo 103, el primer y segundo párrafo del artículo 113, el artículo 148, la fracción I, así como el último párrafo del artículo 156, el artículo 172, el primer párrafo de artículo 187, el primer párrafo del artículo 209, el artículo 265, el primer párrafo del artículo 272, la fracción I del artículo 438, todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 93. Derogado.

Artículo 98. ...

I. El acta de nacimiento de los pretendientes;

II. Derogado.

III. a IV. ...

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

...

VI. ...

VII. Derogado.

Artículo 100. El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado.

Artículo 103. ...

I. ...

II. Que los contrayentes son mayores de edad.

III. ...

IV. Derogado.

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio.

VI. a IX. ...

Artículo 113. El Juez del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, de su mayoría de edad y de su aptitud para contraer matrimonio.

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten, y a los médicos que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98.

Artículo 148. Para contraer matrimonio se requiere que el hombre y la mujer contrayentes, cuenten con dieciocho años de edad;

Artículo 149. Derogado.

Artículo 150. Derogado.

Artículo 151. Derogado.

Artículo 152. Derogado.

Artículo 153. Derogado.

Artículo 154. Derogado.

Artículo 155. Derogado.

Artículo 156. ...

I. Que los contrayentes no tengan 18 años de edad, como mínimo;

II. Derogado.

III. a X. ...

De estos impedimentos sólo puede dispensarse el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

Artículo 172. El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173. Derogado.

Artículo 181. Derogado.

Artículo 187. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos.

Derogado.

Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la sociedad conyugal.

Derogado.

Artículo 229. Derogado.

Artículo 237. Derogado.

Artículo 238. Derogado.

Artículo 239. Derogado.

Artículo 240. Derogado.

Artículo 265. Los que infrinjan el artículo anterior, así como las personas mayores de edad que contraigan matrimonio con algún menor de edad, incurrirán en las penas que señale el Código de la materia.

Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

...

Derogado.

...

Artículo 438.

I. Por la mayoría de edad de los hijos;

II. …

III. …

Artículo 443. ...

I. ...

II. Derogado.

III. ...

Artículo 451. Derogado.

Artículo 624. ...

I. ...

II. Derogado.

Artículo 641. Derogado.”

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Martínez García.

1 Primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”

2 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, UNICEF, ONU, ONU DERECHOS HUMANOS, 8 de junio de 2015, página 12.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Leonor Noyola Cervantes y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y del Senador Casimiro Méndez Ortiz, Presidenta y Secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas)

Los que suscriben, LEONOR NOYOLA CERVANTES, BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ, DR. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ, Senadores de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, Presidenta y Secretarios de la actual Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este recinto parlamentario, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado mexicano tiene un compromiso histórico con los pueblos indígenas residentes en su territorio. Actualmente se encuentra vigente la deuda histórica del reconocimiento de sus derechos colectivos, y más aún, del auténtico ejercicio de ellos.

Desde la última década del siglo pasado, en el sistema jurídico mexicano se reivindicó la omisión de reconocer los derechos de los pueblos indígenas con la suscripción del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27 de junio de 1989, y ratificado por esta Cámara Alta el 11 de julio de 1990. Asimismo, fue a raíz del surgimiento del movimiento social encabezado por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), en el año de 1994, que se visibilizaron los problemas y condiciones de marginación que enfrentaban los pueblos indígenas en el México moderno. Con lo cual se dio un viraje en la agenda política nacional dirigido a atender las condiciones de vida de los pueblos indígenas, que exigían el reconocimiento y respeto de su derecho a la autodeterminación política y a la conservación de su cultura.

En ese contexto, y con el auge del derecho internacional de los derechos humanos, fue que se dio la reforma al artículo 2° constitucional, del 14 de agosto de 2001, en la que se establecieron las bases esenciales del derecho indígena, al reconocer el carácter pluricultural en la composición nacional del Estado Mexicano, enfatizando que dicho carácter se sustenta en las culturas de los pueblos indígenas descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Es así, que entre los retos que aguardan a esta LXIV Legislatura del Senado de la República, se encuentra avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, para llevar a cabo los compromisos que en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida ha abanderado el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por el presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador, bajo la consigna de: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Con ese espíritu es que, en aras de reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la agenda política nacional, se propone en la presente iniciativa modificar la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar el nombre de la Comisión de “Asuntos Indígenas” por el de “Pueblos Indígenas”, acepción recogida en el citado artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las razones que sustentan la presente propuesta no se limitan a un aspecto de forma, sino que atienden a la gramática jurídica construida a partir de los antecedentes legislativos indicados en esta exposición de motivos, los cuales constituyen el asidero técnico jurídico de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, el cambio de nombre propuesto obedece también a la dignificación y el reconocimiento de los mismos como sujetos políticos vitales en la composición de nuestra Nación.

Finalmente, cabe destacar que con la modificación que se propone se homologaría el nombre de la actual Comisión de “Asuntos Indígenas” del Senado de la República con el de la Comisión de “Pueblos Indígenas” de la Cámara de Diputados, misma que adoptó este nombre recientemente, mediante el Decreto por el que se reformaron los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 5 de octubre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación, se adjunta el siguiente cuadro comparativo que recoge la modificación que se propone:

LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a II.

III. Asuntos Indígenas;

IV. a XXX. ….

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a II.

III. Pueblos Indígenas;

IV. a XXX. ….

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a II.

III. Pueblos Indígenas;

IV. a XXX. ….

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de Pueblos Indígenas. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Asuntos Indígenas previo a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas.- Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas.- Sen. Dr. Casimiro Méndez Ortiz, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre de 2018 en Haití. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.

De las Senadoras VANESSA RUBIO MÁRQUEZ y BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL y del Senador JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.

El pasado sábado 6 de octubre por la noche, Haití fue sacudido por un terremoto de magnitud 5.9 con epicentro cerca de la ciudad norteña de Puerto de la Paz. A ese movimiento telúrico siguieron numerosas réplicas y un segundo sismo de 5.4 grados ocurrido la tarde del domingo. Cientos de personas se han marchado de sus casas por temor a nuevas réplicas.

De acuerdo con datos de la Agencia Haitiana de Protección Civil, hasta el momento se tiene información sobre 14 víctimas morales, 188 heridos y cuantiosos daños materiales. Muchas casas e iglesias se han desplomado a causa del terremoto y diversos inmuebles gubernamentales han sufrido importantes daños, como algunas estaciones policiales y una cárcel.

Ante estos acontecimientos manifestamos lo siguiente:

1. Expresamos al pueblo y al gobierno de la República de Haití, nuestras más sentidas condolencias por las víctimas fatales, los heridos y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto de magnitud 5.9 ocurrido cerca de la ciudad de Puerto de la Paz, Haití, el sábado 6 de octubre por la noche.

2. Extendemos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y al gobierno de la República de Haití manifestamos nuestra confianza en la fortaleza y unión del pueblo haitiano para superar estos dolorosos acontecimientos.

3. A sus habitantes, reiteramos nuestras más sinceras condolencias y a su gobierno encabezado por el presidente Jovenel Moïse, nuestro respaldo solidario.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Sen. Vannesa Rubio Márquez.- Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel.






De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función Pública transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero. Se turna a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, TRASPARENCIA Y CERTEZA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA TELEPEAJE CARRETERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.  La Secretaría de la Función Pública afirmó que no existieron irregularidades en la licitación de telepeaje que se realizó a finales del mes de abril de 20141, concluyó que bajo su auditoría la contratación que se hizo en su momento con el proveedor para dicho sistema cumplió con los términos y condiciones que se habían fijado inicialmente en la convocatoria.

Lo anterior se originó de una serie de observaciones que se hicieron al dictamen de licitación por parte de uno de los testigos sociales, mismas que la unidad de auditoría gubernamental de la Secretaría de la Función Pública concluyó de infundadas, y no se encontró evidencia documental que afirmaran tales argumentos.

De esta forma, el fallo de la licitación para prestar el servicio de telepeaje en carreteras terminó siendo otorgado a Servicios Terrestres Telepeaje Dinámico, bajo un contrato de 4 mil 250 millones de pesos.

El contrato inicial concluía al día 31 de julio del presente año, pero este terminó siendo ampliado por ocho meses más a través de adjudicación directa, por la cantidad de 463 millones de pesos.

II. Las observaciones que hizo la testigo social de la licitación, estuvieron enfocadas en 14 probables irregularidades, en donde el argumento central de su reporte fue que existía “duda razonada de la transparencia” en el proceso de la licitación, y “posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables”2.

Adicionalmente, en el informe previo de la testigo se recomendaron dos cosas: primero que el proceso de evaluación técnica y económica fueras repuesto y segundo que se revisara la autenticidad de la documentación presentada por el licitante ganador, en el entendido que de llegar a formalizarse el contrato “podría ocasionar un grave daño al patrimonio federal”.3

Es de relevancia señalar que la figura de testigo social es precisamente de observar y señalar las posibles irregularidades en los procesos de licitación, con la única finalidad que puedan llevarse a cabo contrataciones públicas de forma transparente e imparciales. Situación que en su momento Caminos y Puentes Federales CAPUFE desacreditó al interponer queja a la labor de dicho testigo ante la Secretaría de la Función Pública.

III. Ahora bien, el día 24 del presente mes y año en el sistema de Compranet4 fue publicado el expediente 1773055, el cual establece las bases de la convocatoria para la gestión de cobro de telepeaje para la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin, donde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, en su carácter de fiduciaria expidió dicha licitación.

Esta licitación por parte de Banobras para asignar el servicio de cobro de telepeaje de 41 carreteras y autopistas del país debe de caracterizarse, como cualquier otro proceso de licitación, de una total transparencia, apegándose a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía y honradez como lo establece el artículo 134, así como lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La finalidad de lo anterior se encuentra encaminada a no dejar duda alguna de la información que se genere en dicho procedimiento de contratación, y que los procesos de la ya mencionada convocatoria no terminen siendo observados bajo irregularidades hechas por parte de los testigos sociales que la vigilen, y el fallo correspondiente pueda tener certeza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo y vigilar, la licitación pública nacional para la adjudicación del contrato de prestación de servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, en total apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Sin irregularidades en licitación de telepeaje, reitera SFP, El Universal, 20 enero 2015
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/licitacion-telepeaje-capufe-1070163.html

2 Testigo social de IAVE: el riesgo de cuestionar la licitación, Sara Cantú, Animal Político, agosto 12 de 2014,
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/08/12/testigo-social-de-iave-el-riesgo-de-cuestionar-la-licitacion/

3 Ibdídem.

4 Licitación Pública Nacional Presencial No. La006g1c003-E45-2018 Para La Adjudicación De Un Contrato De Prestación De Servicios De Gestión De Cobro Del Telepeaje, Sujeto A Estándares De Desempeño, En La Red De Autopistas Concesionadas Al Fondo Nacional De Infraestructura”
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=1561209&oppList
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De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en la isla “espíritu santo”. Se turna a la Comisión de Cultura.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL INAH A PROCEDER CON LA DENUNCIA FORMAL POR LOS DAÑOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ISLA ESPÍRITU SANTO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En enero de 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevó a cabo una estrategia participativa para la erradicación de cabras ferales de la Isla Espíritu Santo, misma que además de no haber logrado el objetivo se vio caracterizada por distintas omisiones en su aplicación, como no haber elaborado un estudio previo para llevar a cabo programas de erradicación de especies exóticas así como las implicaciones en materia de manejo ambiental o arqueológico, y que por consecuencia zonas arqueológicas sufrieron daños irreparables.

Las actividades realizadas por el grupo de biólogos y técnicos del Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, quienes fueron seleccionados como asociación para llevar a cabo la conservación de la Isla Espíritu Santo en el Golfo de California, terminaron afectando la zona arqueológica sitio j66 El Gallo, Ensenada del Gallo.

Las afectaciones pueden ser dimensionadas en el mismo informe de atención de afectación al sitio arqueológico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde además de señalar como responsable a la organización civil que realizó actividades en la zona cuantifica el daño y las posibles acciones a realizar para poder proteger dicha área.

Bajo la información emitida por el INAH, se puede identificar que el 52% de la zona arqueológica en dicha isla sufrió una destrucción irreversible; que hasta el momento no se sabe con certeza si se han realizado alguna acción de recuperación o preservación de los vestigios afectados.

Adicionalmente, los daños ocasionados pudieron haberse evitado si las actividades echas en la isla se hubieran apegado a las indicaciones del INAH para la protección de las zonas arqueológicas, por lo que es la fundamental proceder en contra de quien o quienes resulten responsables por las afectaciones al patrimonio cultural de la nación.

Los documentos anteriormente citados, donde se puede constatar la información se encuentran publicados a través de diferentes solicitudes de transparencia hechas por un destacado periodista de grupo Animal Político, bajo los folios 1615100088018, 1115100055618, y 0001600338218 ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ante Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a proceder con la denuncia formal en contra de los daños ocasionados en la zona arqueológica denominada Ensenada El Gallo, registrada como sitio J66 El Gallo II-3 que se encuentra en la isla Espíritu Santo área natural protegida y patrimonio natural de la humanidad en Baja California Sur.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.






De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigar y esclarecer el derrame de hidrocarburos en Nanchital. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A INVESTIGAR Y ESCLARECER EL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN NANCHITAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.  Se ha hecho del conocimiento público a través de diferentes notas periodísticas que en días pasados ocurrió un derrame de hidrocarburos en el arroyo de Tepeyac y Santa Elena, los cuales se encuentra muy cerca del municipio de Nanchital en el estado de Veracruz.

Como consecuencia de dicha afectación, el daño inmediato se ha podido visibilizar al encontrarse distintas especies sin vida a lo largo del caudal, y ha sido de tal magnitud que ha provocado el desalojo de los habitantes de dicha zona.

Por medio de recorridos que realizaron habitantes y grupos ecologistas han podido identificar armadillos, tortugas, peces, lagartos, víboras y aves que al parecer murieron al tener contacto con el agua contaminada con alguna sustancia altamente corrosiva.

Por el momento se desconoce la magnitud del impacto que tendrá este derrame de hidrocarburo, razón por la cual se vuelve fundamental se realicen las actividades de contención, así como dictámenes técnicos correspondientes para atender dicha problemática.

El derrame ocurrido se señala como posible responsable a Petróleos de Mexicanos PEMEX, mismos que han intentado contener el producto que está ocasionando el daño a la flora y fauna de la zona.

Al parecer este tipo de daños no han sido los primeros que suceden en la misma zona, ya que durante finales del año 2004 un derrame ocasionó daños irreparables, lo que vuelve todavía más preocupante la actual situación es que puede llegar a la cuenca del Río Coatzacoalcos.

Como se mencionó el daño ha llegado a afectar a más de 300 familias que por los gases desprendidos han tenido que ser llevado a albergues, por lo que la situación se vuelve apremiante para su atención.

Pemex llegó a informar que había realizado algunas acciones al respecto, pero debido a que supuestamente el accidente se ocurrió por un acto vandálico aún no existe con certeza responsables.

El simple hecho de adjudicar la responsabilidad a un supuesto acto vandálico, no puede ser razón justificada para deslindarse de la responsabilidad en el daño ocasionado por derrame de hidrocarburos, tanto por la magnitud y daño que ocasionan, así como por la medidas para evitar este tipo de hechos.

II. El incumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, el cual señala el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cual es una obligación del mismo Estado de garantizarlo. De igual forma, en la medida en que se contravenga el derecho anteriormente mencionado, otros derechos tampoco podrán ser garantizados como los derechos humanos a la salud o el derecho a la alimentación de calidad.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de conservación ecológica, ya que la presencia de materiales peligros están ocasionado un riesgo para el ambiente, la salud, y a los recursos naturales de la zona dañada, poniendo en peligro flora y fauna silvestre.

 El incumplimiento de lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos, ya que con este tipo de afectaciones por la presencia de materiales peligrosos se vuelve imposible mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales hidrológicos.

El incumplimiento en la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos, como lo señala el artículo 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La posible violación al derecho internacional de acceso al agua y de un medio ambiente sano, establecidos en los diferentes instrumentos en los que México ha sido parte, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, o en el Programa 21 aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos relacionados con el ecocidio ocasionado por el derrame de hidrocarburos en el municipio de Nanchital, Veracruz, y que se inicien los procedimientos en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos, actos y omisiones que han ocasionado el desequilibrio ecológico, daños al medio ambiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.






Del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a investigar a la empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta sustracción de hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP. Se turna a la Comisión de Economía.

El suscrito, CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Hace dieciocho años, Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró el primer robo de combustible de sus ductos. En ese año (2000) se conocieron las primeras 15 extracciones conocidas como “ordeñas”. En la última década, esa “ordeña” de combustible se disparó en un 868%. Desafortunadamente, para finales del año 2016 (con base en el Reporte Anual de PEMEX) el número de tomas clandestinas por donde se ordeñó combustible alcanzó una cifra récord, 6,873. Es así que entre enero y septiembre del año pasado, se reportaron 7 mil 642 perforaciones ilegales en ductos, cifra que supera, en 9 meses, los casos registrado en 2016.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de barriles que diariamente pierde PEMEX asciende a 27,000; por lo que las pérdidas en las finanzas públicas de nuestro país por ese delito ascienden, cada año, entre 15,000 y 20,000 millones de pesos (1,000 millones de dólares).

Puebla es el estado donde se encuentra en el llamado "triángulo rojo"; zona en la que se encuentran 6 municipios, y por donde pasa el poliducto Minatitlán-México. Por este ducto se transporta el 40% de combustible que llega a la Ciudad de México y que se distribuye en todo el país. Junto con Puebla, los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el estado de México, es donde se ubican el mayor número de “ordeñas” de combustible.

De acuerdo con PEMEX, Guanajuato es el lugar donde más se presenta este delito, registrándose mil 393 tomas clandestinas; le sigue Puebla, con mil 92; Tamaulipas, con 880; Veracruz, con 769; Hidalgo, con 727; Estado de México, con 726, y Jalisco, con 401. En estas 7 entidades suman 5 mil 983 del total de perforaciones ilegales, lo que significa que 8 de cada 10 tomas clandestinas se realizaron en esos sitios.

Estas cifras contradicen la visión del Gobierno Federal que está por concluir su periodo, ya que ha asegurado que estos delitos vienen a la baja, como resultado de una estrategia integral que se implementó para combatir la venta en el mercado negro de los hidrocarburos.

SEGUNDA. Los grupos delictivos que se dedican al robo u ordeña de combustible son llamados “huachicoleros”. Según El Colegio de México, la definición etimológica de la palabra “huachicolero” se refiere a la persona que se dedica a recolectar frutos de un árbol utilizando un cuachicol, que a su vez es una especie de pértiga con una canastilla en su extremo donde cae el alimento. Sin embargo, en estos días también se les llama así a los ladrones de combustibles a través de tomas clandestinas, ya que también "recolectan" poco a poco el combustible, el cual venden para obtener ganancias.

Otra acepción del término refiere que la palabra “huachicol” era utilizada para describir al producto derivado de adulterar brandy, whisky o ron con alcohol de caña. Después fue adoptada por conductores de tráilers para referirse al hidrocarburo hurtado.

En mayo de este año, un estudio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) descubrió que entre 2009 y 2016 los “huachicoleros” perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros a lo largo de la red de ductos de unos 14,000 kilómetros de PEMEX.

Pero el problema de las acciones delictivas de los “huachicoleros” no sólo es la “ordeña” o robo que se presenta en los ductos, sino que el combustible robado es vendido a dueños de gasolineras y propietarios de empresas con grandes flotas de vehículos, lo que hace a éstos cómplices de robo cometidos por los “huachicoleros”. En ese sentido, PEMEX ha localizado las tomas clandestinas e incautado los camiones con el combustible robado, pero los arrestos son poco comunes y peor aún, las sentencias a prisión. Desafortunadamente, la realidad nos muestra que los grupos delictivos de “huachicoleros” operan, en muchas ocasiones, bajo el cobijo de grupos del crimen organizado y ante la corrupción de las autoridades locales.

TERCERA. El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, y reformada por última ocasión en junio pasado), establece que se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión, y multa de 20 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley; así como a quien proveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la Ley.

En este tenor, el artículo 4 de la misma Ley precisa que será el Ministerio Público de la Federación, es decir, la Procuraduría General de la República (PGR), quien deberá proceder de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha Ley, salvo aquellos que conforme a la misma se persigan por querella de parte ofendida o del órgano regulador.

CUARTA. De acuerdo con su página de Internet, SoniGas S.A. de C.V. es una empresa perteneciente al Grupo SONI, propiedad de Salvador Oñate. La empresa, cuyo origen está en la ciudad de León, Guanajuato, en la década de los 70´s, es una de las empresas más importantes en el ramo gasero en nuestro país, lo que le ha permitido tener un crecimiento sostenido del 72.5% durante los últimos años

Sin embargo, desde el año 2000 han proliferado un sin número de quejas en contra de la operación de SoniGas. Por ejemplo, en ese año se presentaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) diversas quejas relacionadas con tanques de gas a medio llenar. Derivado de lo anterior, la PROFECO detectó que Garza Gas, Gas de Morelos y Gas Primavera, todas filiales del Grupo SONI, recurrían de manera habitual a esa práctica en la Ciudad de México, así como en diversas entidades federativas como el estado de México, Baja California, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Nayarit e Hidalgo.

Posteriormente, en el año 2015, la PROFECO en Nayarit, implementó un operativo a vehículos de gas LP de las gaseras que operaban en la entidad, el cual arrojó como resultado que a la empresa SoniGas se le inmovilizara un camión con 20 tanques de gas que pesaban menos de los 30 kilogramos establecidos.

Dicha sanción fue porque la empresa no cumplió con la NOM-002SCOFI-2011. Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación, la cual que establece las tolerancias y métodos de prueba para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados y los planes de muestreo usados en la verificación de productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. La multa osciló entre los 10 y 80 mil pesos, dependiendo de los gramos faltantes.

Otras de las prácticas realizadas por SoniGas que han sido sancionadas por PROFECO, además de vender cilindros de gas LP con bajo peso, han sido la clausura de una planta por no contar con los permisos correspondientes; clausura de plantas con sistemas contra incendios sin servir, y sanciones por maniobras de traspasos en vía pública, sin medidas de seguridad.

QUINTA. Pero las quejas presentadas y sanciones impuestas por la PROFECO a SoniGas sólo son un reflejo de la forma en cómo opera esta empresa, pues lo más grave de su operación son las diversas denuncias relativas a que también se dedica a “ordeñar” ductos de combustible de PEMEX; es decir, que SoniGas, cuenta con tomas clandestinas de combustible conectadas directamente a ductos de PEMEX en varias partes del país. Ejemplo de lo anterior fue que, en 2014, en el municipio de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, se descubrió una toma clandestina de Garza Gas de Puebla, filial de Grupo SONI, conectada a un ducto de gas LP de PEMEX.

Sin embargo, SoniGas sigue operando, lo que nos muestra que es una empresa protegida por la actual Administración Federal y por algunos gobiernos locales. Es decir, la corrupción es una forma de trabajar de esta empresa, ya que se ha atrevido a cometer delitos del orden federal, como el robo de combustible, y sigue en operaciones.

En conclusión, la empresa SoniGas S.A. de C.V. se ha posicionado en el mercado a base de artimañas y prebendas con el Gobierno Federal y diversos gobierno locales, bajo el apoyo de funcionarios corruptos; por lo que es momento de exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que se investigue y, en su caso se sancione a SoniGas S.A. de C.V., propiedad de Salvador Oñate, un banquero de cuello blanco y principal “huachicolero” de México (quien también es accionista del Banco del Bajío), por las prácticas que ha venido realizando a lo largo de estos años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir una investigación a Grupo SONI, con el objeto de verificar si SoniGas S.A. de C.V. o alguna de sus empresas filiales, ha incurrido en el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, establecido en el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, e imponga las penas correspondientes.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a llevar a cabo una investigación por presuntas prácticas monopólicas de la empresa SoniGas S.A. de C.V., en el ramo de gas LP en algunas regiones del país, en especial en la zona centro.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a realizar inspecciones a la empresa SoniGas S.A. de C.V., en relación al abasto y venta de gas LP en todo el país, para verificar si en realidad está vendiendo a los consumidores tanques de gas llenos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de octubre de 2018.

Sen. Cruz Pérez Cuéllar.






Las intervenciones de la agenda política se integrarán al Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 18 de octubre a las 11:00 horas, en la que se hará un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud del 15 Aniversario de la Fundación de esta Institución.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 19:11 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

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Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
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Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO













ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR


Comparecencia del Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.



Para la primera ronda de preguntas, intervienen los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, se inserta su intervenión; Eunice Renata Romo Medina, del grupo parlamentario del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD. A petición del Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, se guarda un minuto de silencio en torno a la ola de homicidios en el país.



Continuando la primera ronda de preguntas, intervienen los Senadores Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT; Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI; Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del PAN; y Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido Morena.



Para la segunda ronda de preguntas, intervienen los Senadores Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD; Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del PT; Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; Nestora Salgado García e Imelda Castro Castro, del grupo parlamentario del Partido Morena.




















MESA DIRECTIVA

Informa de la ampliación de turno a los siguientes asuntos:



Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado, presentada el 4 de octubre, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.



Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado el 2 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Economía.



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI, Apartado B del artículo 20; se adicionan un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 11 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.



Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 11 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.


















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