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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 13

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:26 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 75 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se abre la sesión del jueves 11 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con dieciséis minutos del día martes nueve de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, comunicación por la que determina que las 121 iniciativas presentadas en la actual legislatura, desde su inicio y hasta el 4 de octubre pasado, se turnen a comisiones, conforme a la adecuación de las denominaciones y competencias de las comisiones creadas por el acuerdo del 27 de septiembre del año en curso.- Quedó de enterado. La Presidencia instruyó remitir a comisiones los proyectos legislativos, en cumplimiento del turno dictado en su oportunidad, publicarlos en la Gaceta y notificar a los grupos parlamentarios.

 

Se recibió del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, comunicación por la que determina que el inventario de los expedientes de 720 iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 instrumentos internacionales de legislaturas anteriores se remita a las comisiones de la LXIV Legislatura del Senado.- Quedó de enterado. La Presidencia instruyó remitir a las comisiones los listados y expedientes correspondientes, publicar las respectivas listas de asuntos en la Gaceta y notificar a los grupos parlamentarios.

 

Se recibió del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, comunicación por la que informa que a partir de este día se instalará una unidad móvil de la Fundación del Cáncer de Mama, que practicará mastografías a mujeres mayores de 40 años: Senadoras, familiares de Senadores, trabajadoras o familiares de los trabajadores y vecinas del inmueble.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron dieciséis comunicaciones de las Comisiones de:

1. Ciencia y Tecnología,
2. Cultura,
3. Derechos Humanos,
4. Economía,
5. Defensa Nacional,
6. Estudios Legislativos,
7. Gobernación,
8. Hacienda y Crédito Público,
9. Justicia,
10. Medalla Belisario Domínguez,
11. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
12. Relaciones Exteriores América del Norte,
13. Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,
14. Seguridad Pública,
15. Trabajo y Previsión Social y
16. Zonas Metropolitanas,

por las que informan que han quedado formalmente instaladas.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México".- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte y de Economía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, oficio por el que informa que el 1 de octubre de 2018 tomaron protesta de ley las Alcaldesas y Alcaldes electos para el periodo 2018-2021.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Congreso del estado de Zacatecas, Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que en las modificaciones que se lleven a cabo al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la Ley General de Educación y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se respeten todos los derechos que históricamente han adquirido los maestros de México.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso f) al numeral 1 del artículo 250 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a nombre de los Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, para analizar la política exterior.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Análisis del VI Informe de Gobierno)-

En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la política exterior en el marco del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público rindió protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del VI Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobado el pasado 20 de septiembre, en una primera intervención hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. En la primera ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Beatriz Paredes Rangel del PRI; Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN; y Héctor Vasconcelos de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. En la segunda ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Sasil de León Villard del PES; Antonio García Conejo del PRD; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; y Bertha Alicia Caraveo Camarena de MORENA. Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la segunda ronda hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Secretario de Relaciones Exteriores para dirigir un mensaje final hasta por cinco minutos. El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final de conformidad con lo establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo aprobado. La Presidencia informó que en cumplimiento al artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, y el resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con los asuntos del Orden del Día.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Iniciativas)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.

 

Las Senadoras Verónica Noemí Camino Farjat y Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores que la acompañan, Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permiso laboral para la detección oportuna del cáncer.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera.

 

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, con aval y a nombre de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional laboral progresista en materia de democratización sindical y la mejora del salario real.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos Primera.

 

La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.

 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un CAPÍTULO III TER denominado "Simulación de reintegro de recursos" y su artículo 215-E al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.

 

La Senadora Bertha Alicia Careveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Segunda.

 

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Medicinas Tradicionales y Alternativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda.

 

La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, y de la Mesa Directiva.- La Asamblea en votación económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar una sesión solemne con motivo del sexagésimo quinto aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para entregar un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece la fecha para realizar una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Pronunciamiento)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un pronunciamiento de la Mesa Directiva, por el que el Senado de la República condena la agresión al Ciudadano Sergio León Gastélum, hermano de la Senadora Alejandra León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Sin discusión, el pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre el listado de candidatos inscritos al cargo de Magistrado electoral.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone realizar una donación en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instala una exposición fotográfica conmemorativa del 105 aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición  con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016, utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular denominado "Tren Maya".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los informes especiales por auditorías practicadas.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, a nombre propio y de los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué y Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Félix Salgado Macedonio, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

El Senador Mauricio Kuri González, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición  con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a asignar recursos extraordinarios a las Alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el Gobierno de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Zonas Metropolitanas.

 

PRESIDE EL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

 

El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y municipales, a establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de feminicidios que vive el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador a que presente un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo para llevar a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su sexenio.- Se consultó la dispensa de trámites, en votación nominal, no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

(Comunicación)

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores, por la que informa que ha quedado instalada.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Kenia López Rabadán y del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda.

 

De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 7, ambos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre las afectaciones al medio ambiente por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 4 de octubre de 2018 en el municipio de Nanchital, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

 

De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial Contra la Impunidad de los Delitos cometidos por altos funcionarios públicos.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Efemérides)

El Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, remitió efeméride sobre el 44 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre la conmemoración del fallecimiento de Ernesto “Che” Guevara.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Niña.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con veintiocho minutos y citó a la siguiente el jueves once de octubre a las once horas, en la que se recibirá la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Recibimos en la Mesa Directiva 16 comunicaciones de comisiones del Senado, por las que informan que han quedado formalmente instaladas, estas son:

1.- Administración.








2.- Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.








3.- Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.








4.- Asuntos Fronterizos y Migratorios.








5.- Asuntos Indígenas.








6.- Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.








7.- Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.








8.- Desarrollo y Bienestar Social.








9.- Estudios Legislativos, Primera.








10.- Estudios Legislativos, Segunda.








11.- Marina.








12.- Minería y Desarrollo Regional.








13.- Recursos Hidráulicos.








14.- Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.








15.- Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








16.- Relaciones Exteriores, Europa.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Informo al Pleno que ha quedado ya instalada la totalidad de las comisiones de trabajo del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se recibió también una comunicación suscrita por la Senadora Sasil De León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, por la que informa que se suscribió la convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la “Medalla de Honor Belisario Domínguez” del Senado de la República, corresponde al año 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Pleno queda enterado de la emisión de la convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente al año 2018. Publíquese en diarios de circulación nacional. Publíquese en el portal del Senado y en el sitio electrónico de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

El siguiente rubro de nuestra agenda es la presentación de iniciativas.






En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador Cruz Pérez Cuéllar, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 112 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de medidas contra nepotismo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL, AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras, y compañeros Senadores:

Vengo a presentar a nombre del grupo parlamentario de Morena y del doctor Ricardo Monreal Ávila y de su servidor Cruz Pérez Cuéllar, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prevenir y erradicar actos de nepotismo.

Como es sabido, hay muchos estudios que demuestran que hay un grave problema de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Basta señalar que, de acuerdo con la investigación denominada “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación” el 51 por ciento de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito.

¿Qué familiares? El 68 por ciento son familiares por consanguineidad, es decir: padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos, sobrinos.

El 32 por ciento son familiares por afinidad, que esto habla de que toda esta idea de acabar con los privilegios que se habló durante la campaña electoral y que tiene que ver con esta cuarta transformación, debe llegar al Poder Judicial de la Federación.

Hoy sabemos cómo se pagan altos sueldos y hay un derroche de recursos en el Poder Judicial y un escándalo en materia de nepotismo.

Hay casos, hay ejemplos que están en la iniciativa, y que le pido al señor Presidente sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates, por razones de tiempo, pero hay ejemplos en donde diversos procesos jurisdiccionales son resueltos por familiares, en una o en otra instancia, dado este descontrol que hay.

Por eso, esta iniciativa lo que pretende reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son dos cosas fundamentales:

Primero. Que los aspirantes que busquen acceder a alguna de las categorías en el Poder Judicial de la Federación, señaladas en el artículo 110, deberán hacer pública su declaración de intereses, la cual deberá incluir, en su caso, los vínculos familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación; que con toda transparencia los que aspiren a ser parte del Poder Judicial, en su declaración de intereses, nos digan cuáles vínculos familiares tienen en el mismo poder.

Y en el artículo 131, agregamos o adicionamos, que serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación fracción XV. Realizar o gestionar indebidamente nombramientos, promociones o ratificaciones cuando exista un interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él, para su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

En pocas palabras, la idea es que la cuarta transformación, la austeridad, la transparencia y acabar con el nepotismo, también lleguen al Poder Judicial de la Federación.

Desde mi punto de vista es el poder que más se está resistiendo a estos cambios, y tenemos que, desde el Senado de la República, desde el Poder Legislativo Federal, también en la Cámara de Diputados, incidir en que también ahí llegue esta transformación por la que el pueblo de México votó.

Y pedirle a la sociedad mexicana que también nos ayude para hacerle ver al Poder Judicial que tiene que entrar y entender que esto llegó para quedarse y que es tiempo de que el cambio también llegue al Poder Judicial, que se transparente, que se regularice, que se abra y que también entienda que la austeridad debe llegar a ellos y acabar con el nepotismo que es muy grave en ese Poder Judicial.

Es cuanto, señor Presidente.

Le pido se inserté íntegro en el Diario de los Debates.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Cruz Pérez. Se insertará íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar, con aval de su grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en materia de organización de la fuerza policiaca.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76 Y 123 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Senadoras y Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer el mando mixto policial.

El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Constitución de la República para establecer en su texto, disposiciones que contribuyan a recuperar la seguridad en todo el territorio nacional, con policías más capacitadas, coordinadas entre sí. Queremos que haya policías capaces, honestos, bien pagados y comprometidos con su comunidad, que brinden seguridad y no se alíen a los criminales.

La presente iniciativa integra diversos elementos que constituyen la postura del Partido Acción Nacional sobre este tema. Tomamos en consideración la iniciativa presentada anteriormente por Senadores del PAN, así como la opinión de organizaciones civiles, académicas y profesionales expertos en esta materia.

Empezaré por señalar algunos de los antecedentes más relevantes.

En 1994 se incorporaron a la Carta Magna las bases constitucionales para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se argumentaba en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que era urgente mejorar el sistema de justicia y la seguridad, porque era evidente que las policías estaban al servicio de la delincuencia y eran la misma cosa.

Derivadas de esa reforma se realizaron reformas constitucionales y se expidieron leyes para la evolución y mejora en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 1999 se publicó la Ley de la Policía Federal Preventiva, reglamentaria del artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública a cargo de la Federación y su objeto era regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva.

Desde su creación y con las transformaciones que ha tenido a través de los años, se buscó que la Policía Federal Preventiva fuera el modelo a seguir en cuanto a la organización y gestión de todas las policías del país.

Lamentablemente esto no ocurrió, lo peor de todo es que en la gran mayoría de las policías estatales y municipales se sigue recurriendo a las añejas y viciadas prácticas de lealtad, mérito, calificado, únicamente para los jefes y prebendas para la asignación de grados, promociones y ascensos.

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN estamos convencidos de que es necesario modificar los modelos de policía actual para que la sociedad recupere la confianza en ellos. Por ello, consideramos oportuno y adecuado relanzar nuestra propuesta de construir un mando mixto policial cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiaridad.

Nuestra propuesta es la mejor opción porque se ha demostrado que el mando único no es un remedio infalible contra la infiltración del crimen organizado.

Nuestra iniciativa parte de tres hipótesis principales.

Primera. Combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales es un problema complejo que requiere soluciones integrales.

Segundo. Mantener a las fuerzas policíales federales, estatales y municipales, siempre que cumplan con los parámetros mínimos indispensables para el desempeño de su labor.

Tercero. Para combatir con eficacia la delincuencia es necesario reconocer todas sus facetas.

Con base en estas hipótesis: proponemos ocho ejes que sustentan nuestro modelo policial:

Primero. Preservar a las corporaciones policiales municipales.

Segundo. Crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública.

Tercero. Diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las policías de los distintos órdenes de gobierno.

Cuarto. Crear modelos de control interno y externo.

Quinto. Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Sexto. Establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad y procuración de justicia

Séptimo. Establecer contrapesos institucionales.

Octavo. Regular la certificación de los agentes policiales.

A continuación referiré las propuestas concretas que integran nuestra iniciativa.

Primero. Se propone una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de seguridad pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.

Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrán a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.
Regular los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las bases de datos.

Mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.

Regular y gestionar el servicio nacional de carrera policial, que se encargará de la selección, ingreso y certificación, entre otros, de las policías de los tres órdenes de gobierno.

Proponer políticas públicas utilizando mecanismos de participación ciudadana.

Determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de recursos provenientes de los fondos y aportaciones federales de seguridad pública y realizar evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

Iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución y los procedimientos para determinar el destino de sus recursos.

Tercero. El Instituto Nacional de Seguridad Pública se integrará por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección, el Consejo elegirá de entre sus miembros a su Presidente, el cual durará en su cargo tres años sin posibilidad de reelección inmediata.

El Senado realizará los nombramientos de los Consejeros por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

El Ejecutivo podrá objetar los nombramientos.

La iniciativa incorpora mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución de una institución policial.

En los casos de policías municipales, la ratificación de la decisión del Instituto será de los congresos locales. Cuando intervenga la Federación en una entidad federativa, corresponderá ratificarla el Senado.

Se propone la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que deberá atender necesidades de servicios periciales, ciencias forenses y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos del país.

Se faculta al Congreso de la Unión para establecer el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos y las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad pública del país.

Se propone establecer un nuevo Apartado C, del artículo 123 constitucional, en donde se establece el catálogo de derechos y obligaciones laborales y prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos de personal de las instancias de seguridad del Estado mexicano.

También se propone establecer el compromiso de expedir una ley reglamentaria que deberá contener, primero, el desarrollo de sistemas nacionales de carrera para instituciones policiales.

Segundo. Promover la estabilidad laboral y el desarrollo de un sistema nacional de carrera.

Tercero. Establecer garantías laborales mínimas, como jornada máxima, prestaciones mínimas, tabulador homologado a nivel nacional, estímulos y recompensas.

Cuarto. Ampliar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso a las instituciones policiales.

Cinco. Formalizar un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre los integrantes de las instituciones policiales.

Sexto. Establecer la atención de las necesidades de seguridad social del personal de las diversas instancias de seguridad.

Concluyo, señor Presidente.

Establecer mecanismos de protección de las condiciones mínimas de trabajo y derechos del personal de las instituciones de seguridad.

Octavo. Establecer continuidad y salvaguarda de los derechos laborales de los policías acreditados en las instituciones en días de subrogación o disolución.

Senadoras y Senadores, los invitamos a apoyar esta iniciativa para ofrecer una alternativa que solucione el grave problema de inseguridad y violencia que está afectando a nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Las y los suscritos SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3;  169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76 Y 123 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Constitución de la República para establecer en su texto, disposiciones que contribuyan a recuperar la seguridad en todo el territorio nacional, con policías más capacitadas y coordinadas entre sí. Queremos un fortalecimiento de los cuerpos policiacos para contar en todo el país con policías capaces, honestos, bien pagados y comprometidos con su comunidad, que brinden seguridad y no se alíen a los  criminales.

En ese contexto, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa, la cual integra diversos elementos que constituyen la postura del Partido Acción Nacional sobre el tema, en la que se ha tomado igualmente en consideración tanto la iniciativa presentada anteriormente por Senadores del Partido Acción Nacional, como la opinión de diversas organizaciones civiles, académicas y de profesionales expertos en la materia.

ANTECEDENTES

El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo presentó ante el Senado de la República, una iniciativa para reformar sustancialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reestructurar entre otros aspectos, al Poder Judicial de la Federación, al Ministerio Público y para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 1994, la exposición de motivos de la iniciativa refería la necesidad de otorgar la seguridad que demandan los mexicanos. Por ello se propuso establecer las bases legales para la creación de un sistema nacional de seguridad pública que permita la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno.

Ya se hablaba de la urgencia de mejorar el sistema de justicia y la seguridad. Era evidente que las policías estaban al servicio de la delincuencia o que eran la misma cosa. Los ciudadanos ya expresaban su desconfianza en las instituciones responsables de la impartición y procuración de justicia y de la seguridad pública.

Se precisó que el objetivo de la iniciativa era definir a nivel constitucional las bases sobre las cuales debe regirse la seguridad pública en todo el país y desde una perspectiva doctrinal-filosófica se establece por primera vez la obligación del “Estado” de velar por la seguridad pública de los gobernados; estableciendo la obligación de la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, para coordinarse en la materia. Técnicamente, también se incorporan conceptos como la profesionalización policial, evaluación permanente del desempeño profesional, régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de la labor.

La reforma constitucional también faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que fije las bases para la Coordinación entre los tres niveles de gobierno, en el marco de un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa ley fue el producto de la reforma constitucional de 1994.

El objeto de la ley era establecer las bases de coordinación entre la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Precisaba que dicho Sistema se integraba con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la ley, tendientes es a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.

La ley definía a la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme al artículo 21 constitucional.

Se obligaba al Estado a combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

Precisaba que la función de seguridad pública se realiza en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.

La vigencia de la ley fue efímera. En la exposición de motivos de la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 30 de septiembre de 2008, en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se señala que tanto la reforma constitucional de 1994 como la ley,  cumplieron parcialmente las necesidades para las cuales fueron legisladas. Se añade que cumplieron en su momento con sus planteamientos, pero que a catorce años de su creación la realidad de nuestro país es otra y que los escenarios en el ámbito de la seguridad pública son otros.

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución para incorporar el sistema penal acusatorio. En ese contexto, se reforma nuevamente el artículo 21 de la Carta Magna. En su noveno párrafo se cambia nuevamente de concepción doctrinal respecto a la seguridad pública; textualmente dicho párrafo dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. Agrega que la actuación de la policía se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

En ese contexto, se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la exposición de motivos de la iniciativa que propone su expedición, el Titular del Ejecutivo señala que esta iniciativa, como instrumento jurídico derivado de esa reforma constitucional (2008) tiende a perfeccionar aquellos que, derivados de la reforma de 1994, han sido rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación. Es importante destacar que la iniciativa señala puntualmente que la ley que se pretende derogar tuvo poco éxito, debido al escaso interés de fortalecer las instituciones policiales.

El 4 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal Preventiva, que establecía que era reglamentaria del artículo 21 constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de la Federación y que su objeto era regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva.

En el aspecto operativo, se buscó que la Policía Federal Preventiva fuera el modelo a seguir en cuanto a la organización y gestión de todas las policías del país. A pesar de los intentos que se realizaron para lograr un servicio policial de carrera, no hubo éxito.

En un proceso paralelo, en los Estados y el entonces Distrito Federal, atendiendo el mandato de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se crearon leyes de seguridad pública locales cuyo principal objetivo fue la organización de los propios sistemas estatales de seguridad pública. Aspectos  como  las reglas de ingreso, asignación de grados, promociones, ascensos, capacitación, desarrollo y baja de sus integrantes fueron relegados a reglamentos. Lamentablemente en la gran mayoría de las policías estatales y municipales, siguieron recurriendo a las viciadas prácticas de lealtad, mérito calificado únicamente por los jefes y prebendas.

PROPUESTA DE ACCIÓN NACIONAL

Es necesario modificar los modelos de policía actuales para que la sociedad recupere la confianza en ellos. Por ello consideramos oportuno y adecuado relanzar nuestra propuesta de construir un mando mixto policial, cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiariedad.

De acuerdo con los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, subsidiariedad es complementariedad y ayuda escalonada de una comunidad superior a los individuos y comunidades menores. La comunidad debe ayudar más ahí donde hay más necesidad y por la otra, no debe suplantar o sustituir a la libre iniciativa de los particulares o de grupos, sino garantizar su funcionamiento. La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite.

En ese tenor, las y los Senadores del Partido Acción Nacional partimos de tres hipótesis principales:

1) Combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales es un problema complejo que requiere soluciones integrales. No se ha demostrado que el mando único sea un remedio infalible contra la infiltración del crimen. Tampoco lo es la concentración de funciones en el orden de gobierno estatal;

2) Mantener a las fuerzas policiales federales, estatales y municipales, siempre que cumplan con los parámetros mínimos indispensables para el desempeño de su labor. Mantener policías locales sólidas es deseable, porque garantiza la seguridad y confianza de la ciudadanía y, contribuye a formar policías con vínculos dentro de la comunidad que protegen; y,

3) Para combatir con eficacia la delincuencia es necesario reconocer todos sus ángulos. No todos los delitos pueden, ni deben, ser combatidos con policías paramilitares ni con militares en funciones de policía. Es necesario ponderar los perfiles policiales requeridos en para enfrentar a los distintos tipos de delitos que ocurren en el país.

Con base en estas hipótesis, proponemos ocho ejes que sustentan nuestro modelo policial:

1. Preservar a las corporaciones policiales municipales. Preservar las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento.

2. Crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública. Este órgano se encargará de reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno. También:

a. Regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual reglamentará la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de instituciones de seguridad pública.

La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Establecido este sistema nacional, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en él.

b. Estará encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.

c. Estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación ciudadana.

3. Diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno. Se implementarán esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de seguridad pública de una entidad o de un municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.

4. Crear modelos de control interno y externo. Los controles internos se centrarán en el cumplimiento de los principios de legalidad, disciplina y ética, mientras que los externos vigilarán el desempeño e interacción con la ciudadanía con alianzas y participación de la sociedad civil organizada.

5. Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Su objetivo será, auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales, a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local.

6. Establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad y procuración de justicia. Se busca la homologación del régimen laboral y de seguridad social para todo el personal civil de las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia. Igualmente, se establecerá la portabilidad de rango, antigüedad y prestaciones, entre el personal de seguridad y procuración de justicia de municipios, estados y federación. Se faculta al Congreso de la Unión para determinar la o las instituciones de seguridad social para el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, consolidando un régimen complementario al de derechos de los trabajadores del estado. Se establecerá, además, una nueva legislación que conozca y atienda las problemáticas sociales, económicas, familiares y de salud particulares del personal dedicado a tareas de seguridad y de sus familias.

7. Establecer contrapesos institucionales. En vista de que la amenaza de retirar subsidios federales, no ha constituido un incentivo eficiente para dirigir el uso de recursos hacia la mejora de las corporaciones policiacas en el orden estatal y municipal, nuestra reforma propone facultar al Instituto Nacional de Seguridad Pública para determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal. Este órgano será garante del destino exclusivo de dichos recursos para tales fines. Asimismo, estará facultado para llevar a cabo evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

8. Regular la certificación de distintos perfiles de agentes en un mismo orden de gobierno. Más allá de una distinción entre mandos por órdenes de gobierno, cualquier modelo policial debe comprender un catálogo de perfiles de corporaciones y elementos policiales ad hoc: sus necesidades operativas y formativas, así como su movilidad. El Servicio Nacional de Carrera Policial tendrá la facultad de establecer distintos perfiles de agentes de seguridad pública con base en los requerimientos de formación y certificación establecidos por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.

Ya referimos los ocho ejes de nuestro modelo policial. A continuación explicaremos las propuestas concretas que integran esta iniciativa.

La iniciativa que sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, propone modificar los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propone una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.

Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la ley de la materia.

El Instituto Nacional de Seguridad Pública será el órgano encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria. Para ello, dicho Instituto regulará, a través de sus reglamentos, los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a dichas bases de datos. En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional será responsable de mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.

El Instituto Nacional de Seguridad Pública tendrá como una de sus encomiendas principales la regulación y gestión del Servicio Nacional de Carrera Policial. Este Servicio será el encargado de la reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. La operación y desarrollo de dichas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. De este modo, este sistema garantizará que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado por él.

Se faculta al Instituto para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias. Para ese efecto, se utilizarán mecanismos de participación ciudadana como medio de acercamiento entre la ciudadanía y la función estatal de seguridad pública. De igual modo, bajo esta premisa, se propone la participación de la comunidad en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, como medio democrático de control de dichas instituciones.

Asimismo, se propone garantizar en el texto constitucional una distribución equitativa, eficiente y eficaz de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, para las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Se propone que el Instituto Nacional de Seguridad Pública sea el órgano del Estado encargado de determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos, como también para llevar a cabo las evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad Pública, se propone su integración por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección. El consejo elegirá de entre sus miembros a su presidente, el cual durará en el cargo tres años sin posibilidad de reelección inmediata.

Para ser designado consejero del Instituto se requiere: ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con, por lo menos, 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. Se estima que la pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública debe ser observada. De igual modo, que los aspirantes no deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo señalado, a fin de garantizar una mayor objetividad, imparcialidad y profesionalización en el ejercicio de su encomienda. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Además, los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta. Si el segundo nombramiento es objetado nuevamente por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.

Con el establecimiento de este Instituto Nacional, se añade en los artículos transitorios de esta iniciativa que los actuales Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en términos de lo establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, a fin de que su patrimonio y recursos pasen a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.

En términos de la autonomía municipal y del pacto federal, es necesario afinar los elementos con que cuenta el Estado para poder hacer frente a las más variadas crisis y emergencias en materia de seguridad pública, sin romper con la normalidad constitucional. Es por ello, que se propone un conjunto de medidas complementarias, graduales y subsidiarias para poder intervenir en una institución de seguridad pública desde las primeras señales de problemas de gestión, hasta en las grandes crisis de corrupción o abusos policiacos o penitenciarios.

La reforma establece las bases para el ejercicio de la función de seguridad pública, sujeta a las capacidades de las instituciones municipales, estatales o federales para efectivamente llevar a cabo dicha función, así como para justificar la existencia de una institución de seguridad pública o administración penitenciaria de cualquier orden de gobierno. Se prevé el mecanismo para la coordinación interinstitucional, los mecanismos de intervención para la evaluación y fortalecimiento de capacidades y su acreditación. Del mismo modo, se faculta al Instituto Nacional de Seguridad Pública para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución, ya sea su absorción por otra, la subrogación temporal del servicio de seguridad pública en otra institución, así como los procedimientos para determinar el destino de sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.

La iniciativa plantea los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de patrones sistemáticos de corrupción para justificar la disolución de una institución de seguridad pública o de administración penitenciaria, a fin de cortar de tajo el problema y evitar la perpetuación de estados de cosas inconstitucionales o riesgosos para el pleno goce y garantía de los derechos humanos de la población en general.

El destino del patrimonio y personal de una institución en proceso de subrogación o disolución se remite al cumplimiento de requisitos, así como a la capacidad y necesidad de la institución que interviene en la localidad, a fin de dar garantías de continuidad y consolidación del estado de cosas resultante.

Se propone que en los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.

También se contemplan los mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución de una institución de seguridad pública o de administración penitenciaria. En los casos de instituciones municipales y locales la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad Pública será de los Congresos de las entidades federativas, mientras que la intervención de la Federación en una entidad federativa, o la disolución de una institución federal, corresponderá ratificarlas al Senado de la República.

Un problema que afecta a todos los niveles la implementación del nuevo sistema de justicia penal y su relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el de los servicios periciales y de ciencias forenses. A lo largo y ancho del país existen laboratorios y expertos, pero la calidad, confiabilidad y pericia de sus expertos es variada y responde a las realidades culturales e institucionales de cada entidad federativa.

Como una respuesta al problema de la diversa calidad y relativa confiabilidad de todos y cada uno de los laboratorios y unidades de servicios periciales del país, es que se propone la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargue de satisfacer las necesidades de servicios periciales, ciencias forenses y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos del país.

A través de mecanismos de certificación de unidades, expertos y procedimientos, el Instituto será el encargado de garantizar la calidad, confiabilidad y certeza de los dictámenes que nutran al sistema de justicia y de protección a los derechos humanos mexicano.

Se faculta al Congreso de la Unión para establecer, además de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos, así como las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad pública del país.

Como consecuencia del esfuerzo de homologación de capacidades y perfiles del personal de dichas instituciones, es necesario que la ley que regule a nivel nacional la materia de seguridad pública, establezca también los requisitos organizacionales y procedimientos mínimos para la adecuada prestación del servicio de seguridad pública.

Se establecen los criterios y supuestos para la evaluación e intervención en las instituciones, quedando salvaguardado el Estado de derecho y la normalidad constitucional en los casos de intervención necesaria dentro de un orden de gobierno por otro.

Aunque la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 es muy clara en establecer para los policías, ministerios públicos y peritos, derechos de seguridad social complementarios, es decir, superiores a los reconocidos en el Apartado B a todos los trabajadores del Estado, en la práctica, las condiciones de los policías a nivel nacional es insuficiente en términos del respeto a sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social más básicos: malos salarios, discrecionalidad en el ascenso y en la permanencia en las instituciones; corrupción al interior de las instituciones; una cultura paupérrima de respeto a las condiciones mínimas de trabajo; falta de regularidad salarial y los castigos corporales y económicos parecen una constante en toda la República y en todos los niveles de gobierno.

La percepción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, sobre todo a nivel estatal y municipal, es de incertidumbre por sus derechos humanos, laborales y de seguridad social. La transición en muchos estados hacia un mando único ha buscado crear incentivos laborales complementarios, aunque en muchos casos, sólo ha sido meramente superficial, pues los policías tienen aún graves conflictos laborales con las instituciones municipales o estatales.

En términos de los compromisos internacionales de nuestro país, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, su Protocolo, y las Convenciones Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, es menester que el Estado mexicano reconozca explícitamente derechos y sus garantías al personal de las instituciones de seguridad a nivel nacional. Condiciones laborales mínimas, prestaciones laborales y de seguridad social, contempladas en dichos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es fundamental para extender la normalidad constitucional y convencional al régimen sui generis que en materia administrativo/laboral rige en las instituciones de seguridad.

Por esta razón, se propone establecer un nuevo Apartado C del Artículo 123 Constitucional, en el cual se sistematice y establezca de manera explícita el catálogo de derechos y obligaciones laborales y prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos del personal de las instancias de seguridad del Estado Mexicano, mismo que deberá ser desarrollado en la ley y que mínimamente deberá contener:

1. El desarrollo de sistemas nacionales de carrera para policías, ministerios públicos, peritos y personal penitenciario que sean los responsables de realizar el reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas, a fin de separar de las responsabilidades operativas del día a día de las instituciones de seguridad pública el cúmulo de responsabilidades en materia de recursos humanos, homologando criterios, estándares y capacidades.

2. Un régimen diferenciado y gradual en términos de la permanencia en una institución de seguridad pública, cuidando la solidez del sistema en términos de confianza y cumplimiento de requisitos en ley, así como acotando los supuestos de no reinstalación a procesos de responsabilidad para promover la estabilidad laboral y el desarrollo de un robusto sistema nacional de carrera.

3. Establecer dentro de la relación jurídica especial que existe entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad, garantías de tipo laboral mínimas, tales como jornada máxima, prestaciones mínimas, un tabulador homologado a nivel nacional, y los estímulos y recompensas desde la propia ley, a fin de acotar al máximo la discrecionalidad y arbitrariedad de mandos para reconocer y respetar estándares laborales mínimos en todo el país para todos y cada uno de los miembros de estas instituciones.

4. Ampliar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones de seguridad, no sólo a exámenes de control de confianza, sino también a la acreditación de conocimientos, competencias y habilidades

5. Delinear la formalización de un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre los integrantes de las instituciones civiles de seguridad, así como entre distintos servicios nacionales de carrera, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de derechos del personal adscrito a estas instituciones.

6. Establecer en la ley la o las instituciones de seguridad social que atenderá o atenderán las necesidades en la materia del personal civil de las instancias de seguridad nacional, seguridad pública, administración penitenciaria y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.

7. La ley deberá establecer los mecanismos de protección de las condiciones mínimas de trabajo y derechos del personal de las instituciones de seguridad, verifique el cumplimiento de sus obligaciones, y se establecerá una jurisdicción especializada para atender los conflictos entre el personal de instituciones de seguridad y dichas instituciones, así como los medios de impugnación efectiva en contra de sus determinaciones.

8. En términos de la propuesta de adiciones al artículo 21 constitucional, se establece continuidad y salvaguarda de derechos laborales de policías acreditados en instituciones en vías de subrogación o disolución.

A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 21.-…

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

 

 

 

 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

 

 

 

 

 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

 

 

 

 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito  así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

“Artículo 21.-…

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, la ejecución de las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La participación de los órdenes de gobierno federal en funciones de seguridad pública estatal o municipal,  y estatal en funciones de seguridad pública municipal, será temporal y se sujetará en todo momento al principio de subsidiariedad. El funcionamiento y, en su caso, la existencia de las instituciones de seguridad pública estará condicionada al cumplimiento de estándares y capacidades establecidas por la ley de conformidad con las siguientes bases:

I. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. El Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes condiciones mínimas:

a) El Instituto Nacional de Seguridad Pública reglamentará, supervisará y evaluará el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno, y promoverá la generación de capacidades institucionales. Asimismo, regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial.

b) La reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública será establecida por el Servicio Nacional de Carrera Policial de acuerdo a lo establecido en la ley. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) El Instituto Nacional será el encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria; reglamentará los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las mismas. Asimismo, será responsable de mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.
d) El Instituto Nacional estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación y consulta ciudadana.

e) Se garantizará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

f) Los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. El Instituto Nacional determinará las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos y llevará a cabo evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

II. Para fortalecer y consolidar el desarrollo integral de capacidades institucionales, la eficacia en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, y la sustitución y colaboración subsidiaria entre órdenes de gobierno, el instituto gestionará, en los términos de esta Constitución y las leyes respectivas, los siguientes mecanismos de intervención:

a) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Instituto Nacional podrá emitir observaciones y recomendaciones para la corrección o mejora de capacidades y procesos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.

b) Cuando la institución evaluada o auditada incumpla las recomendaciones y observaciones mencionadas en el inciso anterior, el Instituto Nacional podrá designar un interventor encargado de supervisar la implementación de las medidas correctivas. El Instituto podrá, en su caso, determinar la interdicción de la corporación o un área de ella cuando incumpla de manera reiterada las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La interdicción consistirá en la remoción de mandos, así como en la reestructuración organizacional y de procedimientos. La ley establecerá las bases y reglas para la ejecución de esta competencia.

c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la subrogación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública, por incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la prestación de dicho servicio, ante el Instituto Nacional, al que deberá acreditar la causa de la solicitud. El Instituto determinará la pertinencia de la solicitud, las condiciones de coordinación subsidiaria, las responsabilidades de los órdenes de gobierno y la temporalidad de la subrogación. El Instituto podrá ejercer de oficio esta competencia, con independencia de la facultad de los congresos de los Estados prevista en el inciso d) de la fracción II del artículo 115 de esta Constitución.

d) A solicitud del titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno o de oficio, el Instituto Nacional podrá iniciar el procedimiento de disolución de una corporación de seguridad pública por patrones sistemáticos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos determinadas por autoridad competente. En el caso de disolución de una corporación a nivel municipal, la legislatura del Estado de que se trate deberá confirmar esta decisión. Tratándose de la disolución de una corporación estatal, y la Federación deba asumir funciones de seguridad pública local, será el Senado de la República quien deba confirmar la resolución del Instituto Nacional. La determinación de disolución de una corporación federal deberá ser aprobada igualmente por el Senado. La ley regulará los supuestos, funciones y procedimientos de esta facultad.

El personal que cumpla con los requisitos de permanencia, asi como el patrimonio de una institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de disolución, se  integrará a la institución de seguridad pública que asuma las funciones en la localidad afectada.

e) En los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantendrá a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública. La ley establecerá las reglas y mecanismos para, en su caso, la retención o descuento en las participaciones respectivas.

III. El Instituto Nacional de Seguridad Pública contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será determinado en la ley. Con independencia de las facultades expresamente establecidas en esta Constitución, el Instituto Nacional no tendrá funciones operativas.

El Instituto Nacional se integrará por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años con posibilidad de reelección. Cada tres años, el consejo del Instituto elegirá de entre sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Para ser designado consejero, los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con por lo menos 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. La pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública deberá ser observada. No deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.

Los consejeros se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o privados, con excepción de los académicos.

IV. La Ley establecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como el órgano que tendrá a su cargo auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local. Este Instituto será un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y se regirá por los principios de independencia, ética, objetividad e imparcialidad sobre la base de los conocimientos científicos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses será presidido por un profesional titulado en alguna de las ciencias objeto de la materia de este instituto. Deberá tener experiencia y reconocido prestigio durante al menos diez años anteriores a su nombramiento. Durará en su encargo 7 años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Artículo 73. …

I a XXII. …

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV a XXXI….

Artículo 73. …

I a XXII. …

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sistema nacional de carrera policial, así como a las instituciones de seguridad pública en materia federal;

 

XXIV a XXXI….

Artículo 76. …

I…

II a XIII…

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 76. …

I…

II a XIII…

XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública establecido en el artículo 21 de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y

XV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá? expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A…

B.…

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá? expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A…

B.…

C. Entre el Estado y las instituciones siguientes:

I. Los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI del apartado B del este artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones;

II. Los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones civiles de policía se ajustarán a las bases siguientes:

a. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, ministerial, pericial y de administración penitenciaria, mismos que serán los responsables del reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas.

b. El personal de instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración penitenciaria de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán:

I. Causar baja de la institución de seguridad o ser puesto a disposición del sistema por pérdida de confianza, a juicio de la autoridad política que ostente el mando de la institución;

II. Ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos previstos en la ley para permanecer en dichas instituciones;

III. Ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, en cuyo caso no procederá su reinstalación.

c. La ley establecerá las condiciones de las relaciones entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de naturaleza civil. La ley deberá establecer la jornada laboral, el tabulador salarial nacional, las prestaciones laborales, los estímulos y recompensas.

d. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia se someterá a la acreditación de los respectivos exámenes de control de confianza, así como a las pruebas de conocimientos, habilidades y capacidades que determine la ley.
e. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la adscripción y transferencia del personal civil y sus mandos entre las instituciones de seguridad, salvaguardando su antigüedad, rango y demás prestaciones.

f. La ley determinará las instituciones de seguridad social que atenderán las prestaciones del personal civil sujeto a este Apartado y de sus dependientes económicos a nivel nacional.

g. La ley establecerá las reglas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la protección de sus derechos y condiciones de trabajo, así como para la resolución de los conflictos que surjan entre las instituciones a las que se refiere este apartado y su personal. Para tal efecto, la ley establecerá tribunales especializados, así como los medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones.

III. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes.

Por las razones antes expuestas, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS

ÚNICO. Se reforma el párrafo nueve, y adicionan las Bases I, II y III del Artículo 21; se reforma la fracción XXIII del Artículo 73; se adiciona la fracción XIV y recorre la numeración del Artículo 76; y se reforma la fracción XIII del Apartado B y adiciona un Apartado C al Artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 21.-…


La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, la ejecución de las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La participación de los órdenes de gobierno federal en funciones de seguridad pública estatal o municipal,  y estatal en funciones de seguridad pública municipal, será temporal y se sujetará en todo momento al principio de subsidiariedad. El funcionamiento y, en su caso, la existencia de las instituciones de seguridad pública estará condicionada al cumplimiento de estándares y capacidades establecidas por la ley de conformidad con las siguientes bases:

I. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. El Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes condiciones mínimas:

a) El Instituto Nacional de Seguridad Pública reglamentará, supervisará y evaluará el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno, y promoverá la generación de capacidades institucionales. Asimismo, regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial.

b) La reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública será establecida por el Servicio Nacional de Carrera Policial de acuerdo a lo establecido en la ley. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las  entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) El Instituto Nacional será el encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria; reglamentará los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las mismas. Asimismo, será responsable de mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.

d) El Instituto Nacional estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación y consulta ciudadana.

e) Se garantizará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

f) Los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. El Instituto Nacional determinará las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos y llevará a cabo evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

II. Para fortalecer y consolidar el desarrollo integral de capacidades institucionales, la eficacia en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, y la sustitución y colaboración subsidiaria entre órdenes de gobierno, el instituto gestionará, en los términos de esta Constitución y las leyes respectivas, los siguientes mecanismos de intervención:

a) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Instituto Nacional podrá emitir observaciones y recomendaciones para la corrección o mejora de capacidades y procesos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.

b) Cuando la institución evaluada o auditada incumpla las recomendaciones y observaciones mencionadas en el inciso anterior, el Instituto Nacional podrá designar un interventor encargado de supervisar la implementación de las medidas correctivas. El Instituto podrá, en su caso, determinar la interdicción de la corporación o un área de ella cuando incumpla de manera reiterada las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La interdicción consistirá en la remoción de mandos, así como en la reestructuración organizacional y de procedimientos. La ley establecerá las bases y reglas para la ejecución de esta competencia.

c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la subrogación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública, por incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la prestación de dicho servicio, ante el Instituto Nacional, al que deberá acreditar la causa de la solicitud. El Instituto determinará la pertinencia de la solicitud, las condiciones de coordinación subsidiaria, las responsabilidades de los órdenes de gobierno y la temporalidad de la subrogación. El Instituto podrá ejercer de oficio esta competencia, con independencia de la facultad de los congresos de los Estados prevista en el inciso d) de la fracción II del artículo 115 de esta Constitución.

d) A solicitud del titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno o de oficio, el Instituto Nacional podrá iniciar el procedimiento de disolución de una corporación de seguridad pública por patrones sistemáticos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos determinadas por autoridad competente. En el caso de disolución de una corporación a nivel municipal, la legislatura del Estado de que se trate deberá confirmar esta decisión. Tratándose de la disolución de una corporación estatal, y la Federación deba asumir funciones de seguridad pública local, será el Senado de la República quien deba confirmar la resolución del Instituto Nacional. La determinación de disolución de una corporación federal deberá ser aprobada igualmente por el Senado. La ley regulará los supuestos, funciones y procedimientos de esta facultad.

El personal que cumpla con los requisitos de permanencia, así como el patrimonio de una institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de disolución, se  integrará a la institución de seguridad pública que asuma las funciones en la localidad afectada.

e) En los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantendrá a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública. La ley establecerá las reglas y mecanismos para, en su caso, la retención o descuento en las participaciones respectivas.

III. El Instituto Nacional de Seguridad Pública contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será determinado en la ley. Con independencia de las facultades expresamente establecidas en esta Constitución, el Instituto Nacional no tendrá funciones operativas.

El Instituto Nacional se integrará por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años con posibilidad de reelección. Cada tres años, el consejo del Instituto elegirá de entre sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Para ser designado consejero, los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con por lo menos 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. La pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública deberá ser observada. No deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.

Los consejeros se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o privados, con excepción de los académicos.

IV. La Ley establecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como el órgano que tendrá a su cargo auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local. Este Instituto será un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y se regirá por los principios de independencia, ética, objetividad e imparcialidad sobre la base de los conocimientos científicos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses será presidido por un profesional titulado en alguna de las ciencias objeto de la materia de este instituto. Deberá tener experiencia y reconocido prestigio durante al menos diez años anteriores a su nombramiento. Durará en su encargo 7 años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Artículo 73. …

I a XXII. …

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sistema nacional de carrera policial, así como a las instituciones de seguridad pública en materia federal;

XXIV a XXXI….

Artículo 76. …

I…

II a XIII…

XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública establecido en el artículo 21 de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y

XV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá? expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A…

B.…

C. Entre el Estado y las instituciones siguientes:

I. Los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI del apartado B del este artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones;

II. Los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones civiles de policía se ajustarán a las bases siguientes:

a. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, ministerial, pericial y de administración penitenciaria, mismos que serán los responsables del reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas.

b. El personal de instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración penitenciaria de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán:

I. Causar baja de la institución de seguridad o ser puesto a disposición del sistema por pérdida de confianza, a juicio de la autoridad política que ostente el mando de la institución;

II. Ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos previstos en la ley para permanecer en dichas instituciones;

III. Ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, en cuyo caso no procederá su reinstalación.

c. La ley establecerá las condiciones de las relaciones entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de naturaleza civil. La ley deberá establecer la jornada laboral, el tabulador salarial nacional, las prestaciones laborales, los estímulos y recompensas.

d. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia se someterá a la acreditación de los respectivos exámenes de control de confianza, así como a las pruebas de conocimientos, habilidades y capacidades que determine la ley.

e. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la adscripción y transferencia del personal civil y sus mandos entre las instituciones de seguridad, salvaguardando su antigüedad, rango y demás prestaciones.

f. La ley determinará las instituciones de seguridad social que atenderán las prestaciones del personal civil sujeto a este Apartado y de sus dependientes económicos a nivel nacional.

g. La ley establecerá las reglas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la protección de sus derechos y condiciones de trabajo, así como para la resolución de los conflictos que surjan entre las instituciones a las que se refiere este apartado y su personal. Para tal efecto, la ley establecerá tribunales especializados, así como los medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones.

III. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá:

a) Realizar las adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública relativas a los artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, establecer el Instituto Nacional de Seguridad Pública y reglamentar sus facultades en los términos del mismo artículo.

b) Expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y las adecuaciones normativas para su funcionamiento.

c) Expedir la ley reglamentaria del Apartado C del Artículo 123 Constitucional en materia de condiciones laborales y seguridad social del personal ministerial, pericial, policial y de administración penitenciaria a nivel nacional, así como la ley orgánica de la institución de seguridad social para servidores públicos de seguridad a nivel nacional.

TERCERO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en términos de los establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto. Su patrimonio y recursos pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.

CUARTO.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal se constituirá a los 30 días de entrada en vigor de la presente reforma.

QUINTO.- La reinstalación del personal de instituciones de seguridad pública en ningún momento o circunstancia tendrá carácter retroactivo a la entrada en vigor de esta reforma. La posible reinstalación estará sujeta a la acreditación de los exámenes de competencia y confianza que establezca la ley para el primer ingreso a una corporación de seguridad pública.

SEXTO.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán solicitar, de acuerdo a lo que establezca la Ley General derivada de esta reforma, la intervención del Instituto Nacional de Seguridad Pública para sujetarse voluntariamente a los esquemas de subrogación y disolución de sus corporaciones de seguridad pública.

SÉPTIMO. Las corporaciones de seguridad pública que no hayan sido objeto de intervención o subrogación voluntaria se someterán a una evaluación de capacidades que aplicará el Instituto Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley de la materia. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo dentro del plazo de un año.

OCTAVO. Derivado de las evaluaciones realizadas, el Instituto Nacional determinará si las corporaciones de seguridad pública podrán permanecer en sus términos, o bien, si éstas deberán ser intervenidas, interdictadas, subrogadas o disueltas. A partir del ejercicio de su facultad de interdicción, el Instituto Nacional de Seguridad Pública podrá determinar la remoción y cambio de mandos de las distintas corporaciones de seguridad pública.

NOVENO. La Federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán los fondos y recursos necesarios para la implementación del presente decreto, para lo cual realizarán de forma inmediata los ajustes y previsiones presupuestales a efecto del cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMO. Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de procuración de justicia en materia de servicios periciales y ciencias forenses pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gina Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en Materia de Legítima Defensa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, señora Presidenta.

El 14 de octubre de 2015, Mary, una joven chihuahuense de 19 años estaba siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo el influjo del alcohol y drogas, amenazaba con ultrajarla y asesinarla.

En el forcejeo el arma se disparó hiriendo al hombre, quien posteriormente falleció.

A Mary se le acusó y sentenció de homicidio en riña con carácter de provocado.

Mary terminó en la cárcel por haber evitado su propio homicidio a manos de su novio.

Este lamentable hecho se suma a otros casos de mujeres, hombres, padres de familia, que tuvieron que enfrentar procesos penales y averiguaciones ante interpretaciones de la ley, que lejos de reconocer su situación de vulnerabilidad de víctima les da un trato de criminales.

Ante el incremento de delitos violentos en el país, muchos de ellos causados por armas de fuego y ataques dentro de domicilios, es urgente que nuestro marco jurídico corresponda con esta realidad, porque si no estamos garantizando la seguridad de las familias es realmente trágico que además de eso se termine criminalizando a una mujer o a un padre de familia por defenderse y que se proteja y dé impunidad a violadores y asesinos.

Compañeras y compañeros, el principio fundamental de la legítima defensa es que “nadie puede ser obligado a soportar lo injusto”. Por ello, la legítima defensa es una afirmación fundamental de justicia ante una agresión sin derecho, por lo cual, no constituye ningún ilícito, previa investigación del Ministerio Público.

El calificativo de legítima, se logra a través de los atributos que se encuentran recogidos en nuestro Código Penal Federal y, en forma específica, exige racionalidad en los medios empleados por quien se defiende, puesto que en caso de exceso se le castiga.

¿Cómo determinar objetivamente un exceso en la racionalidad de los medios para defenderte a ti o a tu familia, cuando está siendo atacado con una amenaza inminente y sin mediar provocación?

De ahí, que la invocación de la legítima defensa como excluyente de delito, representa en los hechos un problema para la víctima, que se agrava en la medida que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad por género, por recursos económicos o por edad, que al excederse en su legítima defensa terminan en prisión como si ellos fueran los delincuentes y no las víctimas.

Como se ha reconocido en ciertos criterios de la Corte, en la mayoría de los casos no es posible exigirle al agredido un razonamiento frío y desapasionado, para que en el momento del ataque se ponga a reflexionar sobre el objeto con que está siendo atacado y si lo que encuentra a la mano para defenderse correspondía en proporcionalidad a éste.

Es por ello que algunas tradiciones jurídicas como la alemana, establece que si el autor excede los límites de la legítima defensa por temor, confusión o miedo, entonces no será castigado.

Pero nuestro Código Penal Federal no lo contempla así, y por eso es pertinente reformarlo y adecuarlo, y establecer elementos que permitan al juez analizar de una forma objetiva y justa si la acción es punible o está justificada, dado que tal como está redactado el Código, solamente está previsto el efecto del daño, mas no el de lesión, ni privación de la vida, ni tampoco toma en cuenta los factores de miedo, temor o confusión que impiden que el individuo realmente actúe de manera racional.

Además esta falta de precisión hace que en razón a la prohibición de nuestro artículo 14 de la Constitución no puede extenderse la protección de la legítima defensa a estos resultados que por demás, son razonables en numerosas circunstancias, por lo que al incluir estos términos nos estamos poniendo de lado de las víctimas y no de los delincuentes.

Por ello, el objeto de esta iniciativa es fortalecer la legítima defensa en dos instrumentos:

Primero. Se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 34 Bis, para proteger a la mujer y la familia cuando están en el supuesto de legítima defensa motivada por violencia familiar o amenaza de feminicidio.

De tal suerte que estaremos ampliando el ámbito de protección de las mujeres que son procesadas penalmente por defenderse.

Y, finalmente, proponemos reformar el Código Penal Federal en los artículos 15 y 16, con un enfoque províctima y de género, pretendiendo, a su vez, que el espíritu de la reforma propicie la armonización del contenido correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad.

Senadoras y Senadores, las acciones de seguridad pública para garantizar la tranquilidad de los mexicanos deben complementarse con un marco jurídico acorde con la realidad, que proporcione instrumentos que garanticen, a los ciudadanos y sus familias, certeza jurídica al defender el derecho a la vida, su integridad o su patrimonio; incluso, en las más extremas de las circunstancias.

Por eso, los invito a todos a que se sumen a esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Beltrones Sánchez.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Si me lo permite la Senadora Beltrones, sumarnos como grupo parlamentario a su iniciativa.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El grupo parlamentario del Partido Verde se suma, si lo considera así la Senadora Beltrones, a la iniciativa. El grupo parlamentario del PRD. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Patricia Mercado Castro, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, en materia de fondo de pensión rural.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 239-A A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Patricia Mercado Castro: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

Bueno, pues hemos instalado ya con la Presidencia de la Senadora Gricelda Valencia, la Comisión de Seguridad Social.

En nuestro país persiste un enorme rezago en materia de seguridad social y en esta comisión, los posicionamientos de todas las fracciones parlamentarios fueron en ese sentido.

La falta de acceso a la seguridad social que asegure un retiro digno, son condiciones que nos impiden transitar hacia una sociedad más justa y equitativa, nada mejor que los derechos alrededor del trabajo que dignifican a las personas y que ya lo hemos hablado en este Pleno.

Esta situación se agrava drásticamente en el sector rural, carece prácticamente en su totalidad de acceso a este derecho, lo que obliga a muchas personas a seguir trabajando, a pesar de contar con la edad avanzada.

Más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural. De acuerdo con datos del Inegi, 60 por ciento de ellas y ellos, cuentan con 40 años o más, y otro 10 por ciento tiene entre 75 y 85 años, lo que representa 1.6 millones de personas que continúan con las labores del campo sin ningún tipo de beneficio.

De acuerdo con Coneval, la carencia social más sobresaliente y prácticamente generalizada en el campo es, precisamente, la falta de acceso a la seguridad social, sólo el 5 por ciento de los trabajadores rurales están afiliados al IMSS y otro 4 por ciento recibe la pensión de adultos mayores.

La pobreza persistente en el campo, sumada a la imposibilidad de tener un retiro digno, constituye un círculo vicioso que mantiene en la marginación a millones de mexicanos.

Esta marginación se recrudece con las mujeres que trabajan en este sector, puesto también que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 elaborada por el Inegi, sólo tres de cada diez mujeres que trabajan en el campo reciben un pago por su trabajo, ya no digamos la seguridad social.

Quiero señalar que la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en llevar los principios de la seguridad social al más alto nivel. La Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, el proyecto global de desarrollo más avanzado de la comunidad internacional hasta la fecha, incluye como uno de sus 17 objetivos el trabajo decente y el crecimiento económico, además de que establece una de sus metas, que es poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todas y todos, incluidos niveles mínimos y lograr para 2030 una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Por ello hoy, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano propone una reforma a la Ley del Seguro Social para crear un Fondo de Pensión Rural, con el que se garantizaría un retiro digno para todos aquellos y aquellas quienes trabajan en este sector.

De esta forma, se propone ordenar la política nacional de seguridad social en el campo, acabar con la atomización de los apoyos y tener un solo programa de seguridad social universal, el Fondo de Pensión Rural.

Este fondo deberá empezar siendo focalizado y así transitar después hacia la universalidad.

En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción que este Fondo de Pensión Rural será un paso más para erradicar la desigualdad y la exclusión de acceso a los derechos, un paso necesario para saldar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con el campo y con quienes trabajan en este sector.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Patricia Mercado.

Sonido en el escaño de la Senadora Malú Micher, por favor.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias. Para felicitar a la Senadora Patricia Mercado, sumarme a su iniciativa, me parece extraordinario.

Y también solicitarle que se le dé turno a la Comisión para la Igualdad de Género. No sé a quién se le va a dar turno, discúlpeme, Senadora, me estoy anticipando, pero quiero solicitar el turno a la Comisión Para la Igualdad de Género, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido en el escaño de la Senadora Susana Harp.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Gracias, sólo para adherirme también, por favor, si me lo permite la Senadora Patricia Mercado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La Senadora Verónica Martínez, la Senadora Leonor Noyola, el Senador Miguel Mancera, la Senadora Gricelda Valencia, de Colima; el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, la Senadora Xóchitl Gámez, el Senador Navarro Quintero, el Senador Méndez Ortiz, la Senadora Nestora Salgado y su servidora Mónica Fernández. Le pedimos autorización para sumarnos a su iniciativa.

Perdón, la Senadora Nancy De la Sierra, la Senadora Noemí Camino, la Senadora Guadalupe Covarrubias, el Senador Zamora Gastélum, la Senadora Nadia Navarro, el Senador Zepeda. Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que, si lo tiene a bien la Senadora Mercado, pase a recabar las firmas de los Senadores que lo han solicitado. Gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

El siguiente turno corresponde al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que por no tener iniciativas registradas decidió ceder su tiempo al grupo parlamentario del PAN.






En este sentido, tiene el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso D) a la Base VI del artículo 41 constitucional, en materia de violencia política de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) A LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Kenia López Rabadán, a nombre propio y de las Senadoras Josefina Vázquez Mota, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira de Jesús Rosales San Román y Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta.

La lucha de las mujeres para acceder a cargos de elección popular y puestos de decisión ha sido larga. A mediados del siglo pasado las mujeres exigimos nuestro derecho a votar y ser electas.

Hoy enfrentamos un nuevo rostro de violencia: se trata de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres.

La Convención de Belem do Pará considera como violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta, basada en su género, que produzca una afectación psicológica a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y también aquellas conductas tendientes a incitar que se produzca una afectación a las mujeres.

De conformidad con el “protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, realizado en 2016 y actualizado en 2017, para atender el pasado proceso electoral define: “la violencia política contra las mujeres como todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

Un ejemplo claro de violencia política de género se presentó en 2009 cuando se registraron fórmulas con mujeres titulares y hombres suplentes para competir por una diputación, ya fuera de mayoría o de representación proporcional. Posterior a la toma de posesión, las mujeres eran obligadas a pedir licencia al cargo para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus suplentes hombres.

Por ese y otros casos se crearon acciones afirmativas con el objetivo de adoptar medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre ambos sexos.

No obstante que nuestra democracia ha ido perfeccionándose con el paso de los años, los derechos político-electorales de las mujeres siguen siendo violentados.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el pasado proceso electoral en donde existieron múltiples violaciones políticas en contra de las mujeres, como las ejercidas en contra de las candidatas Martha Érika Alonso Hidalgo, hoy gobernadora electa por el estado de Puebla, o como el caso vivido por Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado de la República en el estado de Querétaro.

Es importante señalar que las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres y, en su caso, delinear acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos; asimismo, deben reparar el daño a las víctimas, lo anterior de conformidad con la “Jurisprudencia 48/2016” de nuestro más alto tribunal en materia electoral.

Igualmente es menester recalcar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 93 sentencias relativas a la violencia política en razón de género en el pasado proceso electoral, es decir, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018.

Asimismo, fue apenas el pasado 3 de agosto cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó jurisprudencia que establece los cinco elementos necesarios para que se configure la violencia política en razón de género, siendo los siguientes:

Sucede en el ejercicio de los derechos políticos electorales o de un cargo público.

Puede ser perpetrado por cualquier persona.

Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

Tiene como objetivo menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres.

Por último, se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y nos afecta desproporcionadamente.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha manifestado un gran compromiso, ya que aunque actualmente en nuestra legislación no contempla la violencia política en razón de género como causa de nulidad, emitieron sentencias que declararon nulas diversas elecciones, debido a que el candidato que ejerció violencia política en razón de género, incumplió el requisitos de elegibilidad relativo a contar con un modo honesto de vivir.

Es decir, resolvió que la violencia política por razones de género es una conducta reprochable y quien la comete, carece de un modo honesto de vivir, porque es una conducta contraria al orden social la cual debe evitar y evidentemente erradicar.

Si bien es cierto dicho criterios fueron un avance, también es cierto que son insuficientes, ya que para que las autoridades puedan actuar plenamente para erradicar tan insana práctica, se necesita, entre otras cosas, dos cuestiones primordiales:

1.- Tipificar la violencia política de género como una conducta delictiva, cuestión que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ya propuso en voz de nuestra compañera Senadora Nadia Navarro Acevedo.

2.- Establecer a la violencia política de género como una causa de nulidad de una elección, cuestión que la presente iniciativa propone.

Por todo lo anterior, los invito a que en su momento, el Legislativo, oportuno, votemos a favor de esta propuesta.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Kenia López. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento a los Acuerdos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, aprobados el pasado 20 de septiembre, que establece las comparecencias de servidores públicos y el formato para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos mexicanos, este día recibiremos la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, para analizar la política económica del país.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, por lo que solicito a las siguientes Senadoras y Senadores: Rocío Abreu Artiñano, Minerva Hernández Ramos, Nuvia Mayorga Delgado, Samuel García Sepúlveda, Joel Padilla Peña, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Antonio García Conejo, Katia Elizabeth Ávila Vázquez y Ricardo Ahued Bardahuil acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Se reanuda la sesión.

Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le convocó, con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno que presentó el ciudadano Presidente de la República, el 1 de septiembre pasado.

Asiste usted en cumplimiento a la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.

Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto: ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores Senadores?

El Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: De no cumplir con el compromiso que asume ante este Pleno, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

Favor de tomar asiento.

La comparecencia tendrá un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea.

Asimismo, el servidor público dispone de dos ocasiones para emitir sus respuestas.

Damos inicio con una intervención del Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, hasta por 10 minutos.

Señor Secretario, tiene usted el uso de la tribuna.

El Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: Con su permiso, señor Presidente.

Buenas tardes, Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura.

Saludo con respeto al Senador Martí Batres, Presidente de la Mesa Directiva.

Y saludo también al Senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Esta es la primera ocasión que tengo el privilegio, en seis años, como Secretario de Economía, de comparecer frente a este Pleno.

Sin duda, los retos que enfrentamos han sido importantes y dar cuenta y rendir cuentas a ustedes es fundamental.

He sido citado aquí para rendir cuentas sobre el VI Informe de Gobierno y también para comparecer ante ustedes para poder informar a detalle sobre resultados de la negociación para la modernización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.

Si ustedes me lo permiten, iniciaré dentro de los objetivos fundamentales del sector economía, con aquellos que tienen que ver clara y justamente con las atribuciones exclusivas del Senado, y tiene que ver con las negociaciones comerciales internacionales.

Quiero dejar claro, que no sólo como funcionario en esta ocasión, estoy a la disposición de las Senadoras y los Senadores para dar cuenta de esta negociación trascendente, sino que a partir del 1° de diciembre, como ciudadano, y como ciudadano responsable, vendré ante ustedes bajo su invitación, a partir de su invitación, para seguir completando la información, dando los argumentos de cómo avanzó esta negociación. Así es que quedaré siempre a sus órdenes.

Cuando inició esta administración teníamos un reto fundamental, teníamos que fortalecer los cuatro ejes cardinales del posicionamiento de un país que había decidido ser parte de la conformación en la integración global.

Teníamos un pilar fundamental en América del Norte que lo fortalecimos a través de acciones de modernización de fronteras, facilitación de procesos y, sin duda, la homologación de normas y estándares para reducir costos de transacción.

Con Europa contábamos con un acuerdo de libre comercio que hoy tiene 18 años de antigüedad, y que sin duda había sido de baja ambición en sectores estratégicos como el agropecuario, sobre todo en productos perecederos mexicanos y en el sector servicios.

Claramente el Presidente hizo su primer compromiso en enero de 2013 para modernizar el acuerdo con Europa, podemos rendir cuentas a ustedes que casi 6 años después, el 21 de abril de 2018, pudimos establecer un acuerdo en principio que, sin duda, da un nuevo paradigma a los exportadores mexicanos al continente europeo, a las 28 naciones que lo conforman.

En el Eje Sur habíamos recibido un acuerdo en Alianza Pacífico que no había concluido la integración comercial.

El 25 de agosto de 2014 concluimos esa negociación y pudimos integrar, por primera vez, una verdadera integración latinoamericana con tres países muy alineados en el contexto de principios fundamentales en el continente.

Ese acuerdo tuvo un relanzamiento para abrir sus puertas a la nueva integración del Asia-Pacífico.

El Asía-Pacífico se estaba constituyendo como un territorio donde México sólo había contado con un solo país socio-comercial que era Japón, con un acuerdo también, con bastante nivel de antigüedad en el 2005 y con poco nivel de ambición.

Así, esta administración arrancó con el compromiso de negociar el Tratado del Pacífico, el 3 de diciembre de 2013 lo logramos iniciar, y tres años después justamente el 25 de agosto del 2016 terminamos esa negociación.

Es sabido por todos ustedes que fue la primera acción que tomó la administración Trump, retirar a los Estados Unidos de la negociación del TPP, así es que conjuntamente con Japón, México se convirtió en pilar de cómo tener un acuerdo con el Asia al mismo tiempo que conformábamos once naciones, sin Estados Unidos, para una alternativa a México de cómo integrarse con una de las regiones del mundo de mayor crecimiento.

Íbamos hacia el cierre de este proceso y de esta visión, cuando en noviembre del 16 claramente cambió el rumbo, la orientación y el compromiso del punto de vista de integración en América del Norte.

El mayor reto profesional que el equipo de negociadores del gobierno mexicano tuvo fue cómo realizar una negociación que empezaba claramente en posiciones muy difíciles.

Fue ante este Senado de la República que informamos el 2 de agosto de 2017 el inicio de negociaciones en el contexto de América del Norte, y fue antes del inicio de negociaciones, a mediados de ese mes, que entregamos al Senado de la República los objetivos de este proceso de negociación.

El primero de estos objetivos, claramente establecido, fue fortalecer la competitividad de América del Norte, dentro de este contexto no podíamos permitir que fuéramos a llegar a un punto donde cerráramos la región a tal grado que nuestra competitividad no fuera realmente un elemento de ventaja frente a otras regiones del mundo.

Afortunadamente uno de los elementos que esto contempla es cómo definir la integración productiva regional en esta gran región de América del Norte, y logramos comprometer que de las 12 mil reglas de origen que son las que nos dicen cómo debemos de hacer la integración productiva, poder establecer mecanismos que favorezcan a la industria nacional.

Tengo la satisfacción de decirles que de esas 12 mil reglas, con excepción de 5 que fueron producto de una negociación más intensa, todas ellas favorecieron a la industria mexicana de manufactura para seguir posicionándonos, procesos de formación de valor.

Así, de las cinco reglas que fueron más detalladas, les puedo dar cuenta que la regla de petroquímicos, la de acero, la de vidrio y fibra óptica fueron alineadas a los mejores intereses de la industria nacional, conformando un esquema de integración y de generación de valor sin precedentes.

Sin duda, la regla más compleja fue la automotriz pero dentro de esta negociación visualizamos el interés de fortalecer la industria de autopartes nacional y seguir conformando desde México y América del Norte una de las regiones más poderosas en la producción automotriz en el mundo.

La regla finalmente aumenta el requerimiento de contenido regional, que nos permite exportar arancel cero y sin restricciones los automóviles que México podrá exportar en América del Norte de manera ilimitada.

También, al definir la regla, establecimos un principio que nos ayuda a resolver diferentes dificultades del inicio de la negociación.

Al arranque nuestros socios de América del Norte exigían un 50 por ciento de contenido regional, cosa que no podía ser permitido y era un mal precedente para acuerdos internacionales.

Finalmente, en la negociación logramos reducir esa expectativa a una expectativa favorable para la evolución de salarios en América del Norte.

Así establecimos que un 40 por ciento del 75 por ciento pudiera ser producido en una zona de salarios arriba de 16 dólares la hora, dejando un 60 por ciento para la producción en cualquier zona de salarios.

Con eso, sin duda, logramos el objetivo de poder mantener a México en más de la mitad hasta el 60 por ciento de los procesos de autopartes, cifra que supera la que actualmente se da en el proceso de integración.

Al fin de cuentas era innegable que teníamos que hacer frente a la incertidumbre que provoca el uso de medidas comerciales extraordinarias, y al mismo tiempo logramos una negociación que nos permitió claramente un seguro contra acciones futuras por motivos de seguridad nacional.

Así, México se protegió frente a esas acciones a través de una carta adicional al acuerdo en la cual se comprometen, los integrantes de este acuerdo a que si se establece una medida extraordinaria México podrá exportar no sólo su capacidad actual, sino hasta un 50 por ciento más en los siguientes años, no teniendo limitaciones de su futuro y producción frente a la incertidumbre que tiene el mundo del establecimiento de este tipo de acciones.

Asimismo, en este contexto, también era importante aprovechar las nuevas oportunidades del siglo XXI, sabiendo de estos objetivos logramos establecer la modernización del acuerdo en capítulos que no existían, como el capítulo sobre comercio electrónico, el capítulo sobre telecomunicaciones, los capítulos sobre mejores prácticas comerciales y todos aquellos que ponían a la economía de América del Norte en el siglo XXI.

Afortunadamente logramos esa modernización y fue parte del primer avance en la negociación en las primeras ocho rondas, modernizando diez capítulos del NAFTA. Sin duda, el comercio inclusivo es un elemento fundamental dentro de este proceso.

Y esta NAFTA es claramente diferente al original porque los derechos laborales, los derechos ambientales, el capítulo anticorrupción le dan una calidad superior al acuerdo que acabamos claramente de comprometer para supervisión de ustedes y para firma de los ejecutivos.

El capítulo laboral garantiza, no es la aplicación extraterritorialidad de leyes laborales, es el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales y sujetos a sanciones comerciales bajo su incumplimiento.

Esto sin duda, nos dice que la calidad de acuerdos internacionales debe de estar sin duda por encima, siempre incluyentes y sin duda dando beneficios a la sociedad y beneficios a los trabajadores.

Finalmente, dentro de estos compromisos, también destacamos que este acuerdo debería de ser un acuerdo que nos lleve a considerar a las pequeñas y medianas empresas, que durante mucho tiempo fueron ausentes claros de los beneficios de este acuerdo.

En esa dirección, se centran los cuatro objetivos fundamentales de la Secretaría de Economía, para hacer que la política de apertura que ha logrado abrir a la economía mexicana a una competencia sana que representa un motor fundamental para el crecimiento, su portada por cuatro ejes fundamentales: el de la política industrial basada en la innovación y en el fortalecimiento de cadenas de valor con logros fundamentales y estrategias productivas con 28 sectores estratégicos, así como impulsar a las pequeñas y medianas empresas dentro de las cadenas de valor a partir de un emparejamiento del terreno de competencia apoyados por las reformas, sobre todo en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones y, sin duda, en materia financiera.

El cuarto eje. Mejorar el ambiente de negocios, nos ha llevado con el respaldo de este Legislativo, a adoptar medidas que nos han ayudado a reducir casi a la mitad los costos de la tramitología a nivel nacional. Y con la aprobación, sin duda, de la mejora regulatoria, ahora como una reforma de Estado, podremos avanzar a nivel municipal y a nivel estatal en esos principios.

Y, finalmente, el marco de competencia y de protección al consumidor que nos ayudan conjuntamente con el eje de apertura a garantizar acceso, acceso a los productos básicos de los consumidores en condiciones de competencia libre y en condiciones de acceso.

En respeto al tiempo de los legisladores, dejaré aquí esta primera intervención para estar atento a sus preguntas y poder así contestar a sus cuestionamientos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Secretario Ildefonso Guajardo.

Iniciamos la primera ronda de preguntas, conforme lo establece el numeral 2 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado.

En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantear su pregunta. Al término de ella, el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de las preguntas.

Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado 20 de septiembre, el Senador Emilio Álvarez Icaza tendrá una participación por cinco minutos, previa a la de los grupos parlamentarios en la primera ronda.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Álvarez Icaza, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Muy buenos días.

Nos damos cita para analizar la parte económica que corresponde al VI Informe, y le doy la bienvenida, señor Secretario de Economía, Maestro Guajardo. Bienvenido.

Su presencia fortalece el diálogo de los poderes de la República que es vital para nuestra democracia. Bienvenido.

Le pido, señor Presidente, se incorpore mi texto íntegramente al Diario de los Debates, por favor.

Agradezco también, a quienes desde las redes sociales me hicieron llegar comentarios y preguntas para esta comparecencia. Es una práctica de Congreso abierto, es una iniciativa que hemos denominado "nuestra tribuna", legisladores de la iniciativa ahora lo haremos de manera permanente.

Muchas gracias.

Sobre balance en materia económica, señor Secretario.

En la página oficial de la Secretaría de Economía, entre otras cosas, la misión de la Secretaría a su cargo dice: "Fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera que mejore las condiciones de vida de las y los mexicanos".

Contrastando esa misión con la realidad, debo decirle, señor Secretario, que le queda mucho a deber a México y a su gente.

México, señor Secretario, es un país rico, lleno de gente pobre. Este es el país donde aumentan los millonarios con grandes fortunas, muchas de esas fortunas mal habidas, y al mismo tiempo crecen los pobres, crece la pobreza.

Se ha optado, señor Secretario, por un modelo que en realidad es una gran fábrica de pobres, y lamentablemente la actual administración ha reforzado ese modelo.

Y es fundamental que tengamos como claridad que lamentablemente la falta de oportunidades para millones de mexicanos ha encontrado en la economía informal la posibilidad de sobrevivencia de inclusión.

Pero hay que anotar, que muy lamentablemente, en algunas ocasiones, en esa economía informal, peligrosamente se están incorporando la delincuencia y la inseguridad, por ejemplo, la floreciente industria del huachicol.

Hay cadenas que tienen ya ubicado con la macrocriminalidad, en vinculación con servidores públicos de todo nivel, y la verdad es que esa industria simboliza a plenitud ¿Verdad? la ausencia del Estado y la ausencia de oportunidades.

Por eso es tan importante cuando vemos cómo florece toda esa actividad criminal ante la ausencia del estado de derecho. Hay quienes afirman, incluso, que ya hasta puede llegar a puntos del Producto Interno Bruto.

La verdad de las cosas es que también no puedo dejar de señalar que se ha impulsado un modelo económico depredador con el medio ambiente, en particular ha tomado impulso en esta administración, muestra de ello, son las minas a cielo abierto y la enorme cantidad de concesiones de distinto tipo de materia minera que ocupan ya, o pueden ocupar hasta una cuarta parte del territorio nacional y eso, en ocasiones, hay que subrayarlo, se ha convertido un foco rojo de conflicto con pueblos indígenas y en materia ambiental.

La verdad de las cosas, es que se está presentando un despojo y un ataque a diversos pueblos indígenas del país en esta materia.

Díganos, señor Secretario, ¿qué le puede decir al México oculto, excluido y marginado, el que está por fuera de las cifras macroeconómicas que encontró en la economía informal la forma de vida de ganarse la vida, porque no encontró otra?

¿Qué tipo de modelo defiende usted, que depreda territorios de pueblos originarios, e incluso, litiga contra ellos desde el Estado?

Respecto al Tratado de Libre Comercio, lo que usted nos ha mencionado, la verdad de las cosas, es que reproduce un poco este modelo, y el tema principal es que la mayor parte de la población no sabe de qué se trata; hay un vicio de origen en materia de opacidad. Y la verdad, yo no me puedo unir al coro de los optimistas y de los aplaudidores, porque hay reservas fundadas.

A 25 años del TLC, la mitad de la población mexicana o más, está en pobreza, y también hay motivos de reserva, señor Secretario, porque en realidad se está ofreciendo un modelo que ofrece servidumbre, como opción, y la sumisión como modelo de desarrollo, y la verdad no se puede acompañar eso.

También debo decirle que este no es un modelo de desarrollo, en realidad es un modelo de subdesarrollo.

Termino, señor Presidente.

No toda la gente está enterada, pero unos sí, el cuarto de al lado sí se enteró, la cúpula empresarial, algunos grandes empresarios sí se enteraron; pero otra vez ignoró a trabajadores, campesinos, agricultores y, una vez más, por supuesto, no se incluye a grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Ya mencionó usted algunas preocupaciones en materia automotriz, farmacéutica, textil y siderúrgica.

Termino.

Dígame, señor Secretario, ¿de qué les sirve a los pobres de México tener productos de todo el mundo, si no los pueden comprar?

Díganos, por favor, ¿en qué límite se limita, valga la redundancia, la capacidad de México para suscribir acuerdos comerciales con país alguno, por ejemplo con China?

¿Tenemos que someter a la consideración la opinión de Estados Unidos y Canadá, que México suscriba acuerdo alguno con terceros países?

La verdad es que, en esta negociación, otra vez se trató a la ciudadanía como menor de edad.

Y termino diciendo, señor Presidente, yo espero que el gobierno entrante cambie el modelo, porque la verdad de las cosas, es que cuando la opción de vida para la gente de la mayoría es la pobreza, hay una condición crítica, y me parece fundamental que no podemos irnos sólo con el triunfalismo de celebrar un modelo económico que tiene su centro en la explotación de la gente y la mano de obra barata.

Por su atención, muchísimas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Buenos días, señor Presidente. Buenos días, señor Secretario, bienvenido. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señaló como uno de sus objetivos alcanzar un México Próspero, pero al final del sexenio la realidad y los análisis internacionales evidencian lo contrario.

Por ejemplo, el Informe Global de Competitividad 2017-2018 advirtió que está en riesgo la recuperación económica debido a un fracaso generalizado por parte de los líderes y los responsables políticos para implementar las reformas necesarias que apuntalan la competitividad.

Le pregunto al señor Secretario si el crecimiento económico ha sido tan favorable, ¿por qué el 28 por ciento de la riqueza total del país se concentra en el 1 por ciento de los mexicanos?

¿Esa es su idea de un México Próspero o entendimos mal y la prosperidad sólo era un objetivo asequible para los privilegiados de siempre?

Por otra parte, a las micros, pequeñas y medianas empresas tampoco les ha ido bien, pues se enfrentan a la inseguridad, violencia y corrupción todos los días.

Los empresarios en nuestro país, según el informe publicado por el Foro Económico Mundial, observan que las principales limitantes para la competitividad son básicamente los deficientes servicios policiacos, el costo del crimen y la violencia en los negocios, el favoritismo de las decisiones gubernamentales, la ineficiencia de los políticos y el desvío de fondos públicos. En pocas palabras, inseguridad y corrupción.

Por eso le pregunto, señor Secretario, cuál es el estado de los principales objetivos planteados al inicio de este gobierno, porque la promesa de un México Próspero está muy lejos de alcanzarse.

Por lo pronto, es todo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Ávila Vázquez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros Senadores. Con su venia, señor Presidente.

Bienvenido, señor Secretario de Economía, a nuestro recinto.

La Secretaría de Economía yo la divido en dos cuestiones que tiene que atender. Una es la política interior y los objetivos principales de esta Secretaría, acorde a su informe, son el impulso del crecimiento económico, mejorar la política comercial, apoyo a emprendedores y Mipymes, y política de competencia económica y mejora regulatoria. En suma, todos estos elementos nos vinculan a un indicador fundamental que se llama competitividad.

En estos Índices de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico Mundial, tenemos datos contradictorios. Uno es positivo, por ejemplo, ubicó a México en 2013 en la posición 55 y en 2017 en la posición 51, mejoramos del 2015 al 2017; sin embargo, en transparencia pasamos del lugar 102 a 117.

En la última medición México descendió siete lugares en el indicador de instituciones para ocupar la posición 123 en esta categoría que contempla el desempeño del gobierno, la eficiencia en el gasto público y la interacción con los actores privados, estando por encima de países como Líbano y Nigeria.

Existe un deterioro en la percepción de los empresarios en las áreas de ética y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos y somos el lugar 131 en costos para los empresarios derivado de la inseguridad, el 127 en confianza en la clase política, y el 118 en la eficiencia del gobierno para solucionar controversias laborales o de derechos de propiedad. Quiere decir que sí hemos avanzado a pesar de que nuestras instituciones no están respondiendo como lo necesita nuestro país.

Y por tercer año consecutivo la corrupción es considerada el principal obstáculo para hacer negocios en nuestro país. Uno de cada cinco encuestados la apunta como su principal preocupación, esto refleja la ineficiencia de la política anticorrupción aplicada en este gobierno.

Y en otro orden de ideas, acorde al último censo económico del 2014, realizado por el Inegi, existían 4.2 millones de unidades económicas en México. De este universo el 99.8 por ciento son consideradas pequeñas y medianas empresas, Pymes, las cuales aportan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto y generan el 78 por ciento del empleo en el país.

Por lo que respecta a los apoyos para este sector y nuevos emprendedores, la Secretaría de Economía a través de su órgano desconcentrado el Inadem, señaló en su informe un total de más de 4.4 millones de beneficiarios con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en lo que va de la presente administración.

A mí me llama la atención que en 2014 había 4.2 millones de unidades económicas y con los programas de gobierno hayamos apoyado a 4.4 millones de nuevos empresarios y empresarios que ya existían, prácticamente hubo un apoyo a cada una de estas unidades económicas, lo cual está muy distante de la realidad.

Y siendo el apoyo a las Mipymes algo fundamental, ha sido un error por parte de este gobierno que haya reducido en un 57 por ciento en el 2018 la inversión para estos nuevos negocios, en vez de haber reducido el gasto corriente.

Me llama mucho la atención de estas cifras que sumando el total de inversión a través del Inadem nos da una cifra de 43 mil 845 millones de pesos, y si los beneficiarios son 4.4 millones, nos da una cifra de 9 mil 964 pesos de apoyo promedio por beneficiario, lo cual realmente es ridículo, alcanza para una computadora si acaso; o su informe está mal o algo está sucediendo con las cifras que no están cuadrando bien.

En la Auditoría Superior de la Federación de lo que tenemos información hay, cuando estuvo, señalan, el señor Enrique Jacob Rocha, 54 proyectos suscribieron convenios y recibieron dinero antes de que fueran notificados con la aprobación de dichos recursos. Aquí se pasaron de eficientes.

Además, beneficiarios que no utilizaron las cuentas bancarias exclusivamente para recursos federales y en siete proyectos que en su conjunto suman 54 millones, 7.7 millones en promedio de estos siete proyectos, cuando el promedio son 9 mil 964 pesos, realizaron transferencias de estos recursos a instrumentos de inversión. En vez de invertir en el negocio lo depositaron en el banco.

En base a esto, señor Secretario, le preguntaría, ¿cuántas de las empresas y emprendedores que han recibido apoyo a través del Inadem sobreviven?

¿Cuántas unidades económicas tenemos hoy?

¿Cuál es nuestra efectividad en el manejo de estos recursos?

¿Cuál ha sido el beneficio de tanto dinero repartido en este tipo de apoyos, o sea, cuál sería nuestro resultado?

¿Cuánto representa en el incremento en el PIB o de cuánto son las ventas, si hemos mejorado ventas con estos apoyos?

¿De estos negocios cuántos empleos han generado?

Es muy importante que podamos saber si el dinero del pueblo que se está invirtiendo nos está dando resultados positivos en la economía del país que sean tangibles.

Y como la Auditoría Superior de la Federación señala, tenemos desvíos de recursos.

La preguntaría sería, ¿qué castigo, qué consecuencias jurídicas tienen funcionarios, proyectistas y emprendedores en el caso de desvíos de recursos, proyectos inviables y tanta transa que existe con este tipo de proyectos?, a ver si hemos tenido algún seguimiento para poder castigar y que no se sigan presentando estos actos de corrupción en nuestro país.

Muchas gracias.

Y con el segundo tema de la política exterior.

Coincido que es mejor tener acuerdo comercial que no tenerlo. Entiendo que el equipo del gobierno actual, junto con el equipo del gobierno entrante negociaron, que hicieron el mejor esfuerzo para lograr este acuerdo, y en términos generales yo lo califico como muy positivo para nuestro país. Es mejor que tengamos acuerdos con países tan importantes como Estados Unidos y Canadá que nos ayudarán a que haya progreso en México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Juan Manuel Fócil.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Con su venia, señor Presidente. Señor Secretario, sea bienvenido a este recinto,

Cuál es la finalidad, compañeros Senadores, de hacer comparecer a los secretarios de Estado en esta Soberanía, podemos hacer muchas críticas, podemos hacer muchos cuestionamientos respecto de los porqués, pero pocas veces nos dedicamos a atender la finalidad de las comparecencias y lo que buscamos con que vengan aquí los secretarios de Estado.

En este caso, en este contexto en el que se encuentra México, creo que lo que necesitamos hacer con la comparecencia, es aprovechar, en este caso, las opiniones, la experiencia del Secretario para planear hacia el futuro.

¿Y qué vamos a plantear o qué es lo que debemos de tener como objetivo? Pues primero erradicar la pobreza de nuestro país, que sin importar el grupo parlamentario al que pertenecemos, todos hemos recibido quejas respecto de la pobreza.

¿Cuál otra cosa nos han pedido? Que haya un crecimiento económico en nuestro país, que haya un pleno empleo de las personas y de la capacidad de producción instalada, así como buscar estabilidad en los precios de las cosas.

Entonces, ¿cuál es la impresión de la gente, no sólo del Secretario, sino también del Senado, de la Cámara de Diputados? La impresión que tienen las personas en la calle es que no hemos dado, lo voy a decir con un eufemismo, pero no hemos dado los resultados que ellos esperan.

Qué ha provocado esa impresión o esa mala impresión que tienen no sólo de los órganos del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo inclusive del Judicial, pues que el 95.5 por ciento de las personas, ganen menos de 13 mil pesos.

Eso no puede ser aparte del 4 por ciento restante, la mitad se encuentra en seis ciudades o seis estados de la República y la otra mitad de ese 4 por ciento que gana más de 13 mil pesos se ubica en los otros 26 estados. Eso tampoco puede seguir así.

También, ¿qué ha pasado? Pues la marginación de los pueblos indígenas, la marginación de todos aquellos mexicanos que día a día sufren para comer, o sea, no es posible que eso esté ocurriendo y por eso es que tienen esa impresión de los órganos de gobierno en general.

La economía social creo que ha llegado el momento en que nuestro país aproveche esta coyuntura que ha ocurrido políticamente y que destine más recursos, más esfuerzos hacia la economía social, este puede convertirse en el sexenio de la economía social.

Respecto del Tratado de Libre Comercio, que es la otra parte que quisiera tocar, yo creo que es justo que reconozcamos el trabajo que ha hecho el Secretario que hoy nos acompaña.

Para mí ha sido pieza clave, en una opinión personal, él fue pieza clave de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se haya logrado y además que se haya logrado en los términos en los que se logró porque sabemos que había una presión muy fuerte del país del Norte, que estaba haciendo que en las condiciones en las que se pudo haber celebrado el tratado fueran más perjudiciales para nuestro país.

Dijo ahorita mi compañero Fócil que es mejor tener un tratado que no tenerlo. Yo le preguntaría ahí al Secretario, esa sería unas de mis preguntas, ¿qué sucedería si este Senado no ratificara el tratado que, en su momento, haga llegar el Poder Ejecutivo?

¿Cuál es la importancia del Tratado de Libre Comercio, compañeros? Pues representa un billón de dólares anuales en toda la región, además de que produce 2.5 millones de empleos directos en nuestro país y 7.5 millones de empleos indirectos.

Además, más del 80 por ciento de nuestro comercio se está llevando a cabo con ese país o con los países de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son las preocupaciones?, porque también tenemos que ser muy transparentes y decir las cosas que están ocurriendo y no podemos callarlas en esta tribuna.

Las preocupaciones que tienen algunos sectores es, como ya se había comentado, el artículo 32.10 del Tratado, que hace cuestionarnos respecto de la posibilidad que va a tener nuestro país de celebrar contratos con otros países, como por ejemplo China, y si bien es cierto que parece que no lo restringe, si parece que hay un candado, ahí nos gustaría escuchar la opinión del Secretario respecto de este punto.

También se ha hablado ya de la industria automotriz y por ello no voy a entrar más a detalle, pero también hay cuestiones de política macroeconómica y cuestiones de tipo de cambio acerca de la creación del Comité Macroeconómico, en donde se vigilaría la política monetaria para evitar la manipulación del tipo cambiario, que es una cuestión que también puede causar inquietud en algunas personas.

Creo, ya para despedirme, le ruego de un minuto más.

Creo que el Secretario de Economía ha manejado un vehículo que podemos decir que él conoce qué es lo que le falla, él sabe si ese vehículo necesita afinación, si necesita cambio de llantas, es un vehículo económico que tenía y que utilizó, lo conveniente es que nos haga ver qué necesita ese vehículo, si necesita un cambio de llantas, pues hay que trabajar nosotros en el Senado para dárselo, si necesita una afinación, si necesita una atención en algún sector en específico que sea urgente, creo que su experiencia aquí nos puede ser de gran valor.

Muchas gracias por su presencia y le agradezco la atención a todos mis compañeros Senadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Rogelio Zamora.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre: Buenas tardes. Bienvenido, señor Secretario. Buenas tardes a mis compañeras, a mis compañeros Senadores.

Quiero aprovechar este momento para reconocer el oficio político y negociador de Jesús Seade Kuri, quien fue designado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Hoy se sabe que fue decisiva su participación para destrabar la llamada "cláusula Sunset" o "cláusula de extinción", además logró cambios sustanciales en el capítulo energético donde se incluye lo que hoy conocemos como el párrafo soberanista, el cual dice, que los tres países tienen total soberanía sobre sus recursos naturales y energéticos, sobre sus instrumentos legales y sobre sus procesos de modificación.

A pesar de que México tiene a Estados Unidos como uno de sus principales socios comerciales, aún estamos lejos de ser competitivos con este país y con Canadá, naciones de recientes acuerdos comerciales.

En el Índice de Capital Humano, México ocupa el lugar 69 de 130 países; de 2013 a 2015, la productividad decreció y en años posteriores continúo estancada, mientras que la productividad laboral en México medida como el Producto Interno Bruto por hora trabajada fue la más baja entre los países de la OCDE. Datos de 2016.

De acuerdo al Centro Mundial de Competitividad en el ranking de 2018, México cayó del lugar 48 al 51, este es el México frente al mundo y sus socios comerciales.

Señor Secretario, permítame citar algunas declaraciones que usted hizo de manera pública y que están consignadas en la prensa nacional.

Sugirió a Estados Unidos moderar su propuesta sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o de lo contrario sería darse un balazo en el pie.

El gobierno de Trump amagó al vecino país del norte con la siguiente frase: "tenemos capacidad para responder". 6 de marzo.

Por otro lado, textualmente dijo: "México no aceptará ninguna condición que nos ponga atrás de lo que ya hemos venido logrando y construyendo en América del Norte". 28 de septiembre de 2017.

Mencionó también que el equipo mexicano no aceptaría restricciones al comercio y acotó: "esta negociación bajo ninguna circunstancia se trata de regresar a niveles de ponerse cuotas u aranceles". 3 de agosto de 2017.

"México no renegociará el Tratado de Libre Comercio si Trump insiste en imponer impuestos fronterizos", así lo cabeceo la revista Proceso y textualmente usted dijo: "en el momento en que diga Estados Unidos vamos a fijar un arancel del 20 por ciento a los autos, me levanto de la mesa". 27 de febrero de 2017.

Así podemos seguir con declaraciones de Ildefonso Guajardo previo al cierre de las negociaciones; pero contrario al discurso, al final hay varias cuestiones de las cuales se espera una explicación a esta Soberanía.

Si bien es cierto que de 1994 a 2016 el comercio se ha quintuplicado con el vecino país del norte, aún falta fortalecer el mercado interno y externo.

Llama la atención que mientras Canadá logra proteger a los productores de lácteos y al sector maderero, el equipo mexicano no fue más enérgico y estratégico en las negociaciones en materia automotriz. Estados Unidos logra imponerse.

El 75 por ciento de la manufactura de automóviles se harán en el vecino país del norte, antes el acuerdo era, ustedes lo saben, de 62.5.

Se acuerda también que los trabajadores no ganarán menos de 16 dólares la hora, lo que se traduce en beneficio a las maquilas canadiense y estadounidenses.

Señor Secretario, permítame cuestionarle, ¿se tiene en estos momentos un balance sobre el posible impacto negativo para el sector automotriz asentado en nuestro país?

¿Cuál estrategia debe asumir el empleador mexicano para poder pagar 16 dólares la hora y estar a la par en competitividad con ambos países?

Existen muchas otras inquietudes; sin embargo, en su primera exposición, que escuchamos con atención, usted reconoce que hubo cinco capítulos en particular que fueron de negociación más compleja en este acuerdo comercial con Estados Unidos.

Yo le pido que nos detalle a fondo en qué consistió la negociación sobre estos cinco capítulos a que usted hizo referencia.

Muchas gracias, señor Secretario y compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos de La Torre.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes.

La radiografía general de la economía mexicana, a pesar de algunos avances que en aspectos económicos nos coloca por encima de los promedios en América Latina y el Caribe, se ha visto seriamente afectada por la inestabilidad política, la desconfianza institucional, la opacidad en el destino de los recursos públicos y la corrupción que afectan, sin lugar a dudas, nuestra calidad de vida y bienestar individual.

Es innegable que la ciudadanía está insatisfecha con los resultados del gobierno federal, que parece indolente ante las circunstancias en las que hoy mismo miles de familias mexicanas viven mientras yo estoy hablando, porque mucha gente en este país se truena los dedos de angustia porque no les alcanza.

Ante esta realidad evidente, señor Secretario, le hago estas diez preguntas:

1. En un balance de riesgos conocidos como las tensiones geopolíticas, la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales y un menor dinamismo en la economía de Estados Unidos, entre otras variables, ¿cuáles son los tres resultados que considera más importantes de su gestión?, ¿la suya fue una apuesta de estabilidad o de crecimiento económico?

2. Uno de los objetivos de la Secretaría de Economía es la diversificación del comercio exterior, ¿cuáles son los resultados tomando en cuenta la dependiente relación comercial que tenemos con Estados Unidos?

3. ¿Qué impacto han tenido las reformas estructurales, sobre todo la energética, la de competencia económica y la de mejora regulatoria durante su administración?

4. Una preocupación de mi generación, es que las juventudes no sólo aspiramos a ser empleados, sino a ser empleadores, ¿qué ha hecho la Secretaría para que esto sea posible y cuáles son los retos futuros ante el crecimiento de emprendimiento, sobre todo de innovación tecnológica?

5. ¿Las zonas económicas especiales reducen o amplían la brecha de la desigualdad?

6. También existe una amplia discusión sobre las consultas indígenas de la Ley Minera, ¿podría explicarnos por qué la Secretaría se opone a este tipo de consultas?

7. Análisis nacionales e internacionales coinciden que ante las amenazas de Trump pudo ser peor el acuerdo del ahora casi extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de no ser porque usted tiene amplio conocimiento del tema.

A pesar de esto, sigue existiendo una gran incertidumbre sobre las letras chiquitas, los posibles goles de última hora, la opacidad y la falta de competencia que traemos como lastre desde 1994.

¿Cuáles son las certezas que debemos tener según su experiencia como nuestro negociador?

¿Cuáles son entonces los retos ante el escenario político que vive tanto Estados Unidos como nuestro país?

8. Una pregunta meramente administrativa, ¿cuál es el saldo de la Secretaría de Economía en transparencia y simplificación de trámites?

9. En su experiencia, ¿en qué hay que dar reversa y en qué no?

Y, por último, la ética es la que le da el sentido a la función pública para que realmente alcancemos los estándares no sólo de obligación legal, sino también de la responsabilidad moral que tenemos ante la ciudadanía.

Esta pregunta me la hago como Senadora y se la hago a cada funcionario público que conozco, porque como bien dice mi amigo y el profesor, el Senador colombiano Antanas Mockus, "la política y la función pública son una oportunidad para autoeducarnos y educar", y la pregunta es, ¿cómo evalúa Ildefonso Guajardo su propia ética frente a los retos de su gestión?

Es todo.

Muchas gracias por escucharme con atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Kempis.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Bienvenido, estimado Secretario Ildefonso Guajardo. Muy buenos días compañeras y compañeros Senadores:

Estamos en un mundo globalizado y nadie lo puede negar, es un mundo integrado, interdependiente, interconectado, y en ese mundo México destaca, por ejemplo, como el primer exportador de pantallas planas y refrigeradores, como uno de los cinco principales productores de automóviles y como el primer productor de plata, de jitomate, de aguacate, por señalar tan sólo algunos.

Somos el treceavo exportador a nivel mundial y el primer exportador de toda América Latina y el Caribe.

Uno de cada cinco empleos en nuestro país está ligado directamente el sector exportador y estos empleos pagan en promedio 30 por ciento de lo que se generan en el sector no exportador.

Y las exportaciones, es muy importante, sobre todo por lo que han dicho algunos compañeros con anterioridad, no son etéreas, no son aire, se materializan de manera directa en empleos que mejoran la calidad de vida de millones de familias mexicanas.

En 1993, antes de la entrada en vigor del TLC de América del Norte, el valor de nuestras exportaciones era de 52 mil millones de dólares.

En 2017, este valor fue ocho veces mayor, 410 mil millones de dólares.

Y de nuevo, compañeras y compañeros, estos son empleos, constantes y sonantes, para las familias mexicanas en nuestro país.

Se habla mucho de la concentración de nuestro comercio con Estados Unidos, y sí, es una realidad histórica y una realidad geográfica.

¿Nos hemos diversificado a menor velocidad de la que desearíamos? Así es, pero si la geografía es destino, al gobierno le corresponde negociar acuerdos y tratados para facilitar el comercio y la inversión más allá de las vecindades. Y así se ha hecho.

Pero no se nos olvide que las decisiones de dónde y cómo se hace en el comercio y la inversión, son del sector privado.

La diversificación no se da de un día para el otro, ni por decisión del gobierno. El gobierno facilita, como lo ha hecho, pero el sector privado decide dónde poner su dinero.

Contamos con una red de 12 Tratados de Libre Comercio que nos dan acceso preferencial a los mercados de 45 países, entre los cuales se encuentran las mayores economías del mundo, desde luego Estados Unidos y Canadá, pero también un marco actualizado con los 28 países de la Unión Europea.

Tenemos el Acuerdo de Integración Profunda del Pacífico, con Chile, Colombia y Perú, que es el Acuerdo de la Alianza del Pacífico y que, por cierto, ya negocia también con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.

También se firmó y ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, mismo que nos da acceso a nuevos mercados y nos une a un bloque de seis países que representan el 15 por ciento del comercio mundial y tenemos seis acuerdos de complementación económica, incluyendo a las principales economías latinoamericanas, como Brasil. Argentina y el propio Mercosur, los tres por cierto, en proceso de profundización actualmente.

Tenemos dos Acuerdos de Alcance Parcial con Ecuador y Paraguay, de los cuales poco se habla muchas veces y 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los famosos APPRIs, con 31 países.

Mi amplio reconocimiento a usted, señor Secretario y a todo su equipo de trabajo de servidoras y servidores públicos patriotas, a quien tengo el privilegio de conocer y muchos de los cuales lo acompañan el día de hoy y los saludo y los reconozco.

Me consta que estuvieron trabajando intensamente por cerca de dos años para defender los intereses de los mexicanos, buscando complejos equilibrios en el contexto de uno de los retos más importantes para la política de comercio exterior de nuestro país en el siglo XXI, logrando que prevaleciera el bien mayor para México, dándonos certidumbre y la calma que se requiere para que las inversiones sigan fluyendo, y no sólo evitar que sufrieran los empleos de las y los mexicanos, sino que se generen nuevas oportunidades de trabajo que lleven comida a las mesas de las familias mexicanas y bienestar para el país.

Adicionalmente nos dieron un bien mayor, a veces poco valorado, pero indispensable, el contar con estabilidad, contar con la certeza de seguir teniendo reglas claras y precisas de libre comercio en América de Norte, en donde se fortalezcan y privilegien cadenas productivas regionales y se incremente la competitividad de la región y la competitividad de México.

En este contexto, dos preguntas para usted, señor Secretario.

¿Cuáles considera que son los mayores logros de este fin de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá?, y, ¿cuáles son las mayores concesiones que se tuvieron que otorgar en un proceso de equilibrios sumamente complejos?

Y, por otro lado, la inclusión del Capítulo 27 en materia de anticorrupción dentro de este Tratado.

¿Qué candados adicionales plantea para evitar este flagelo en las transacciones comerciales y de inversión?

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Siguiendo la tradición, le voy a bautizar esta intervención con un nombre coloquial: Disonancia cognoscitiva.

Es un síndrome, es una desarmonía entre un sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona al mismo tiempo, dos pensamientos que están en conflictos y es lo que estamos viendo el día de hoy.

Por un lado, el lenguaje oficial, la narrativa ilusa de la danza de las cifras alegres, acompañado por la música de fondo de la publicidad oficial, pero la mayoría de los mexicanos que no están en la misma sintonía, ni que hablan el mismo lenguaje.

Pareciera que los empleos que nos presumen responden más a reclasificaciones estadísticas que a cambios en la realidad de la vida de las personas.

A la gran mayoría de las personas hoy no les alcanza con lo que ganan y están en la permanente búsqueda de mejores empleos, de mayores ingresos.

Además, hay que crear empleos decentes, con buenos salarios, con todas las prestaciones que por ley corresponden, con posibilidades de desarrollo personal y mejora en los ingresos futuros.

Hoy el 57 por ciento de la población ocupada en México carece de los derechos asociados a los empleos formales, como atención médica, acceso a pensiones, y el salario mínimo, real y nominal, están por debajo de la línea de la pobreza establecida por Coneval y esto es inaceptable.

La precariedad laboral, la elevada concentración del ingreso refuerzan el sistema de privilegios de unos cuantos, la exclusión de las mayorías, en el contexto de este sexenio marcado por la corrupción, por la impunidad y por la violencia.

Señor Secretario, queremos preguntarle, ¿qué ha hecho su administración para cambiar este modelo económico calificado como el capitalismo de cuates, que le apuesta más al gran capital, a la inversión extranjera directa de manufactura de exportación como el principal motor del crecimiento económico, en detrimento de los apoyos a los pequeños y medianos emprendedores que sólo cuentan en la práctica con apoyos simbólicos y a un mercado interno constreñido por el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población?

Nos presumen mucho el crecimiento de las exportaciones, pero no menciona que todas se concentran en un reducidísimo grupo de menos de 400 empresas.

Que la industria manufacturera de exportación, lo que antes se conocía como maquiladora, contiene una bajísima integración nacional de componentes, menos del cinco por ciento de lo que exportan estas industrias es producido por mexicanos. Importamos, ensamblamos, exportamos, esto lo han hecho otros países, pero lo han usado como un trampolín para generar innovación, desarrollo, transferencia tecnológica que en México no hemos tenido.

¿Cómo vamos a insertar a las Pymes y a la comunidad de mexicanos en este nuevo tratado que tiene un nombre difícil de pronunciar, USMCA?

Nos preocupa que en este nuevo tratado las reglas acordadas para la industria automotriz, la principal industria del sector manufacturero nacional y que representan el 22 por ciento del PIB industrial.

Nos preocupa que se aceptó la negociación, sustituir la negociación trilateral por dos negociaciones bilaterales desfasadas, primero México-Estados Unidos y después Estados Unidos y Canadá, empoderando así a Donald Trump y a su creciente belicismo comercial y proteccionismo y un desdén por el multilateralismo.

Nos preocupa que, argumentando, usando argumentos de seguridad nacional Estados Unidos se limiten las exportaciones mexicanas de autos y autopartes; nos preocupa lo establecido en el artículo 3210 que, por más que insistan, en realidad es un verdadero causal de anulación del tratado que empodera a los otros países para anularlo en menos de seis meses.

Nos preocupa que, de acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, se continúen las restricciones para el ingreso de los camiones mexicanos para realizar servicios de largo recorrido.

¿No era acaso el objetivo el negociar la apertura de mercados para nuestras empresas?

Nos preocupa la advertencia de la Asociación Farmaceútica Mexicana de laboratorios acerca de la protección de datos clínicos por 10 años pactada en el acuerdo.

Nos preocupa que se fijaron una vigencia de 16 años al nuevo pacto comercial y que se abra la puerta a caprichos políticos, a gobernadores de impulsos y que estas revisiones sexenales previstas no ayuden a generar la certidumbre a los inversionistas en el largo plazo, y además de que se crea una comisión, pero es una comisión opaca e indefinida para la revisión de cada seis años.

Por último, señor Secretario, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le solicitamos que el gobierno federal realice todas las acciones a su alcance para que antes de que se firme este USMCA, se cancele la aplicación de los aranceles del 25 por ciento a la importación del acero y al 10 por ciento para el aluminio impuesto por los Estados Unidos alegando argumentos de seguridad nacional, ya que dicha medida resulta incongruente con los principios de libre comercio y afecta a la industria nacional.

Por su atención y respuesta, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Gustavo Madero.

Para cerrar esta primera ronda de preguntas, tiene la palabra el Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del grupo parlamentario del Partido Morena, hasta por cinco minutos.

El Senador Ricardo Ahued Bardahuil: Con su permiso, señor Presidente. Lo saludo, señor Secretario. Compañeros de la Mesa. Senadoras y Senadores:

El país en estos últimos seis años ha sufrido consecuencias económicas en agravio en millones de mexicanos, eso es un hecho más allá de los esfuerzos que se hayan hecho. Quiero pensar en el progreso del país, los logros realmente no llegaron a muchos mexicanos que sí tratamos diariamente.

Nosotros en la calle, hay una pobreza verdaderamente triste y lamentable, más de 65 millones de mexicanos; se ha privilegiado a las grandes empresas, las micros y las medianas están sufriendo mantenerse con una carga tributaria enorme, con unos costos de operación extraordinarios, se empieza a generar desempleos, esa es una realidad, y hoy tenemos componentes delicados con el tema de la reforma energética donde se comentó que no iba a ser factor de inflación, de incremento de precios en el gas, en la gasolina, que está provocando la pequeña y mediana empresa problemas muy graves en la economía de los mexicanos.

Hoy en día, se están perdiendo empleos por el tema de las tarifas de la energía eléctrica, medianos hoteles, productores, fabricantes de todo tipo de cosas, hoy me comentan que los que producen hielo en este país ni vamos a poder producir, a ver si lo importamos, a ver si llega por barco, porque la energía ha subido tanto que hoy tiene problemas para cubrir con los convenios y contratos por una inflación galopante, y están comentando que va a haber un desempleo en cadena en hoteles medianos y en los productores de hielo, simplemente.

Yo lo hago porque quiero comentar que hay una crisis extraordinaria humanitaria, alimentaria en nuestro país, y eso no lo podemos dejar, y es la herencia que tenemos en estos seis fatídicos años de inconsistencias en la situación de la proyección económica y el modelo económico que puede tener cifras extraordinarias en la macroeconomía, ahí hay algunos puntos que se salvan, pero hacia abajo algo pasó, que no le llegó nunca los beneficios a los más amolados de este país.

Y como dije hace unos días, hoy tenemos una sociedad de diez millones de mexicanos con 88 pesos en nómina, tenemos otros cinco que no gana ni siquiera eso, tenemos una problemática con que no es competencia del Secretario, pero es una combinación de políticas públicas que no resolvieron el problema y hoy tenemos mucha delincuencia gracias a esta situación de política inhumana, y que traen como consecuencia que hayamos apoyado a las empresas, como dije, de otro nivel.

Y nada más les comento, yo creo que ahora que se va a firmar este tratado, yo le pediría al señor Secretario que me pudiera ilustrar si se podrá compensar lo que Estados Unidos hace en agravio de la industria mexicana, pues tratando de quitarle el arancel que se impuso a China en el aluminio, para que puedan, desde luego, tener acceso a otros mercados y que podamos tener aluminio, si es que está todavía en manos de la Secretaría de Economía eliminar este arancel que fue una demanda de dumping y, bueno, ver si podemos hacer políticas que compensen esto.

Por otro lado, le ruego respetuosamente, señor Secretario, que me ilustre y si tiene la cifra de cuál es el monto de este gobierno dentro de estos seis años con relación al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, que es el programa Pronafim.

Quisiera saber cuánto se invirtió en este sector y en qué estados fueron los beneficiados en este programa para las micro y pequeña empresa, si me pueda contestar.

Quiero terminar brevemente cuando uno que escucha los números y a veces no alcanzo a comprender lo que escucho con tal descaro y afuera, en la calle, la gente no nos entiende cuando le hablamos que crecimos, de que el mercado en México creció, de que crecimos cinco puntos, dos puntos, y ellos siguen viendo su economía deteriorada.

Entiendo que va a ser en el próximo gobierno de los compañeros y compañeras Senadoras, de la Cámara de Diputados, tal vez proponer políticas responsables, sí, pero también que vayan en sentido de mejorar la vida de millones de mexicanos que merecen cambiar este rumbo de tristeza, de hambre y de pobreza que no podemos seguir nosotros avalando.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Ricardo Ahued.

Señor Secretario de Economía, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han expuesto.

El Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: Agradezco a las señoras y señores Senadores por sus preguntas, por sus intervenciones e intentaré agrupar las respuestas en función de los temas.

Primero, compartir con ustedes que a través de más de 30 años de servicio público, y especializado en el sector de economía y dentro del comercio exterior, a mí me ha quedado claro un tema, los acuerdos comerciales internacionales para integrarnos a la economía global han demostrado, sin duda, ser catalizadores de crecimiento, pero no son instrumentos suficientes para resolver el dilema del desarrollo económico y social.

Es necesario el conjunto de políticas públicas, su orientación y determinación para enfrentar los retos que como nación tenemos.

Sin embargo su impacto positivo es innegable, como algunos Senadores y Senadoras lo mencionaron, uno de cada cinco empleos en esta economía está en ese sector, ese sector paga 30 por ciento por encima de los salarios de los sectores tradicionales.

No sólo ello, los vínculos entre el motor externo y el interno de la economía son fundamentales, y es nuestra responsabilidad poder seguir alimentando esta vinculación.

Así es como uno de los principales objetivos en el sector economía fue haber diseñado una política industrial congruente con el sector externo de la economía.

No podemos tener una política de fomento económico dándole la espalda a un realismo de integración global; una economía que en un 73 por ciento está integrada al mundo y, por lo tanto, el objetivo, precisamente como alguno de ustedes mencionaron, era cómo incrementar el valor agregado nacional en las exportaciones, y al mismo tiempo cómo realmente provocar que más pequeñas y medianas empresas se incorporaran a este proceso.

Sí, es cierto, en estos 20 años de historia de éxito de la integración en América del Norte, hemos tenido una deuda con las pequeñas y medianas empresas, por eso fue fundamental que pusiéramos atención en emparejarles el terreno del jugo.

En 1994 pretendíamos que las pequeñas y medianas empresas vinieran a competir amarradas de un pie y de una pierna, con costos de insumos estratégicos más altos por las concentraciones monopólicas existentes en este país.

Les pedíamos que compitieran cuando internacionalmente pagaban financiamientos, una tercera parte menores que los financiamientos nacionales.

Les pedíamos que compitieran cuando la energía, no sólo era muchísimo más cara, al doble de precio, que sus competidores al otro lado de la frontera, sino además llegaron a tener crisis de existencia de gas por falta de infraestructura.

¿Cómo queríamos que las Pymes fueran a formar parte de la historia de éxito, si estuvimos 20 años imposibles de emparejarles el terreno del juego? Eso, afortunadamente se solucionó, porque esta Soberanía tuvo el empuje y el coraje de aprobar reformas económicas fundamentales para incorporar más pequeñas y medianas empresas en el proceso de éxito.

Y es así como los tratados internacionales, a partir de esta administración, todos incluyen un capítulo de pequeñas y medianas empresas, porque la conexión con el mundo tiene que ser inclusiva, beneficios a empresas y beneficios a trabajadores.

Y en este contexto, así fue como el Presidente Peña propuso la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Justamente en esa creación vimos la necesidad de establecer un organismo transparente, que pudiera llevar a evaluadores las solicitudes para programas específicos. Por eso lo quitamos de una Subsecretaría que tenía muchas acciones discrecionales y lo llevamos a un instituto de la Secretaría de Economía.

Sólo para darles algunos datos. En el sexenio anterior se apoyaron proyectos Pymes por 3 mil 880 proyectos, en este sexenio fueron 95 mil 639 proyectos.

Los créditos respaldados con las garantías del Instituto crecieron casi a medio millón de créditos para Pymes.

Y quisiera simplemente aprovechar en este tema, hacer una aclaración muy pertinente. Los 4.4 millones de emprendedores apoyados es en la trayectoria de seis años, pero además incluyen apoyos que son asesorías en la Red de Apoyo al Emprendedor, porque aprendimos que la sociedad civil tenía que aportar claramente conocimiento e historia para poder promover historias de éxito en las micro y pequeñas empresas de México. Y en conjunto con esa sociedad civil organizada, pudimos impactar 4.4 millones de pequeños emprendedores para diseñar estos proyectos.

Dentro de este contexto, y siguiendo en esta narrativa, efectivamente, este país tiene distorsiones.

Hemos crecido en un México, no por en balde revistas internacionales de análisis lo han descrito como dos México, parece que vivimos en dos países: un México en el centro-norte, que está ligado a una tasa de éxito en la incorporación en la economía global, generando empleos manufactureros mejor pagados, y un México en el sur-sureste, que parecía que no se ha beneficiado de esta trayectoria de éxito.

Pero analicemos el conjunto de políticas que hemos desarrollado, y veamos los elementos fundamentales que impactan claramente en el proceso de desarrollo. Va desde elementos básicos, y aquí, cuando no es común que compartamos historias personales, yo a veces pienso la diferencia en la calidad de educación pública.

Yo fui producto de una generación que en los 60's estudiamos toda la trayectoria, desde el kínder hasta la universidad, en universidades públicas, y fuimos beneficiados con becas para estudiar posgrados en el extranjero.

Yo me pregunto. Si la calidad de la educación en todo el país hubiera sido la misma tendríamos múltiples historias de éxitos en Chiapas, en Oaxaca y en todo el territorio nacional.

La esencia del desarrollo está en nuestro compromiso con políticas públicas adecuadas, con darle al Estado mexicano la conducción en la educación para dirigir las historias de éxitos de muchos mexicanos, y esto va más allá de tratados internacionales.

Sin duda, la calidad de los tratados internacionales influye, y en esta época y en este siglo XXI, esa capacidad ha ido mejorando continuamente.

Uno de los temas que ustedes pusieron mucho énfasis, fue en el nuevo capítulo anticorrupción del TLC negociado. Este capítulo, por primera vez los hace sujeto a castigos y controversias comerciales; por primera vez responsabiliza a empresas e interlocutores de empresa en dar pagos de facilitación; por primera vez nos lleva a ser congruentes en las licitaciones públicas para poder motivar reclamos y poder apuntar a corruptos en el sector privado y público. Esto se llama transparencia y esto se llama compromiso con elementos fundamentales.

Sin duda, muchas de sus observaciones tienen que ver con cómo combatir la informalidad en este país. Y el combate a la informalidad empieza por el estado de derecho, un estado de derecho que tenemos corresponsabilidades federales, estatales y municipales.

Pero soy parte de una generación de economistas, que a través de 30 años creímos erróneamente que haber jalado a la economía exclusivamente en la modernidad económica iba a resolver los problemas fundamentales del estado de derecho.

Creo que hoy, a 30 años de este proyecto, con los éxitos y los claroscuros del mismo, debemos todos comprometernos claramente con el mejoramiento del estado de derecho en este país, y es fundamental seguir avanzando con su apoyo en las legislaciones necesarias con este objetivo.

Sin duda, muchas de las preguntas estuvieron claramente establecidas en todos los trabajos del sector de economía, y una de ellas estuvo claramente referida al tema de mejora regulatoria.

En el tema de mejora regulatoria hemos trabajado transexenalmente con la OCDE, un organismo internacional comprometido con este proceso, y puedo, con mucha satisfacción decirles que hemos logrado, no sólo a través de la aprobación del Legislativo, lograr por primera vez la mejora regulatoria para el Estado mexicano, lograrla no sólo en el marco legal sino también en la coordinación y en la aplicabilidad práctica.

Hoy en México, por primera vez tenemos claramente políticas públicas para eliminar trámites innecesarios.

El esquema 2 por 1, donde nadie puede introducir una nueva regulación sin eliminar dos existentes, que eso nos ha dado un avance importante para el combate y la tala regulatoria excesiva.

Asimismo la coordinación con estados y municipios ha dado resultados fundamentales, y hemos logrado avanzar indiscutiblemente a ese nivel que era el más rezagado para poder concentrarnos en los trámites más estorbosos para la inversión, los trámites de permisos para establecimiento, los trámites de construcción.

El resultado final es que lograremos al cierre de este sexenio haber reducido el costo regulatorio del 4. por ciento del PIB al 2.5 por ciento, medido con la metodología de la OCDE.

Muchas de sus preguntas fueron también claramente enfocadas a poder definir los logros claros de este sector.

El primero, sin duda, es haber reestablecido la importancia de una política industrial, de una política de fomento, porque en el siglo XXI va más allá de la manufactura; en el siglo XXI la manufactura ahora depende de las tecnologías de la información, y en ese sentido hemos lanzado a México en el escenario mundial para hacer una economía emergente que participa activamente en la nueva política industrial 4.0

Hemos constituido el mapa de ruta conjuntamente con el sector académico, el sector privado y el sector de investigación, y hemos establecido nuestra presencia en el Foro Internacional, para ser uno de cuatro países señalados en el World Economic Forum para conducir este planteamiento.

La nueva tecnología de la información en la manufactura no es una cosa del futuro, ya está. Y estamos trabajando con empresas medianas mexicanas para poderlas integrar en el proceso de cambio.

Si México tuvo la fortuna de tener una fuerza laboral que destacó a nivel internacional en el siglo XX en la manufactura tradicional, estamos obligados a convertirla, reentrenarla y relanzarla a los nuevos retos de la tecnología.

Hoy estamos tranquilos porque el beneficio neto de la aportación de trabajo, debido a la alta inversión extranjera directa, que en este sexenio va a llegar a 200 mil millones de dólares, un 55 por ciento más que el sexenio anterior y que en promedio están entrando mensualmente a este país 35 mil millones de dólares, esto nos ha dado un saldo neto en la creación de empleos, mejor remunerados, pero sin duda el reto no para ahí, porque el reto es que esos empleos se preparen para las nuevas tecnologías.

Muchas de sus precisiones fueron entorno al Tratado de Libre Comercio.

Y agradezco las preguntas puntuales porque no hay mejor oportunidad para poder con ustedes compartir los resultados de esta negociación.

Pediría a la Mesa si me hace favor de ver mi tiempo, porque no quiero abusar de él, a pesar de que sé que no hay límite.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Señor Secretario, tiene usted un tiempo libre que está determinado así, para que pueda contestar las preguntas que le han hecho los Senadores y Senadoras.

El Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: Gracias, señor Presidente.

En materia del Tratado es bien importante ubicar claramente los puntos comentados por ustedes.

Primero. Hay una serie de preguntas en relación a posicionamientos de un servidor antes de la realización del Tratado. Y fueron señaladas y citadas textualmente: "no aceptaremos restricciones cuantitativas o tarifas del comercio".

Puedo afirmarles, con toda seguridad, que el Acuerdo que eventualmente será remitido formalmente después de la firma de ustedes, no tiene ninguna restricción cuantitativa ni ninguna restricción tarifaria. En su conjunto el nuevo Tratado Trilateral está a la altura de los mejores acuerdos comerciales internacionales.

Sí, efectivamente, existe la posibilidad de que a través de una investigación que está en proceso en el futuro incierto, los Estados Unidos puedan decidir imponer aranceles del 25 ó 30 por ciento a los automóviles de todo el mundo. Era la obligación de los negociadores mexicanos tener una garantía contra esa acción.

Hay un millón de trabajadores mexicanos en la industria automotriz y de autopartes que merecen ser considerados con delicadeza en este proceso.

Y en esa carta adicional en el Tratado, lo que logramos no sólo protegimos el millón 750 mil vehículos exportados en el año 2017, sino sobre ello agregamos más de un 50 por ciento de crecimiento hasta llegar a 2 millones 600 mil vehículos. Esto lo que nos dice, es que tendremos el espacio de crecimiento al menos igual al que hemos tenido en todo este sexenio, un crecimiento del 9 por ciento mensual en el sector automotriz.

Pero adicionalmente obtuvimos una exención total a la exportación de camionetas ligeras, siendo México el primer país exportador o el único al mercado de América del Norte. Esa exención garantiza un crecimiento ilimitado en este sector.

Esto todo se conjunta, y para ser precisos y dar respuesta a otro comentario, en el      sector automotriz lo que se exige no es un 75 por ciento del contenido de Estados Unidos, se exige un 75 por ciento del contenido de América del Norte, de los tres países, que nos lleva del 62.5 al 75. Es necesario cumplirlos para contar con el beneficio de cero arancel.

Adicionalmente, en este acuerdo, se considera que del 75 por ciento que haremos los tres juntos, México pueda hacer un 60 por ciento, si así lo define su capacidad productiva; y un 40 por ciento será repartido hoy por los salarios existentes entre Canadá y Estados Unidos.

Frente a una posible redefinición del mercado de América del Norte frente al mundo, estas son más oportunidades para los productores automotrices mexicanos, sin duda, en este contexto.

Adicionalmente hacer referencia al hecho de nuestra capacidad de responder. Les comento que utilizando la misma excusa, el gobierno norteamericano puso un impuesto al acero y al aluminio justamente antes del fin de estas negociaciones, originalmente México era un país excluido y al fin quedó incluido igual que Canadá en este proceso, gracias que en el TLC original y gracias a que en el nuevo TLC, en el Capítulo 19, México mantuvo la capacidad de respuesta y su autonomía para iniciar paneles de controversia en lo multilateral en la OMC; o para poder claramente contestar a esta agresión fuimos el primer país que contestó a esa agresión arancelaria.

Pero no contestamos en acero, porque contestar en acero era darnos un balazo en el pie encareciendo los automóviles mexicanos y los productos y enceres domésticos mexicanos, lo que hicimos fue enfocarnos a productos estratégicos en los distritos republicanos más influyentes en el Congreso de Estados Unidos, y establecimos por 3 mil millones de dólares impactos a la pierna de puerco, impactos a los quesos, impactos a las manzanas, con claros efectos directos.

Al fin del día, esto nos da una posibilidad, antes de la firma, de ponernos de acuerdo entre los tres países, porque sería incomprensible llegar a la firma de este Acuerdo sin eliminar todas las agresiones arancelarias, sería, sin duda, mi compromiso que antes de que se terminen los siguientes 50 días estaré yo intentando solucionar esta controversia arancelaria.

Dentro de los comentarios que se hicieron en materia del Tratado de Libre Comercio hubo un comentario sobre que finalmente cedimos a la petición norteamericana de tener dos negociaciones bilaterales.

Déjenme ser muy claro.

Tuvimos ocho rondas de negociación, las agendas comerciales tienen sus diferencias, hay temas bilaterales y hay temas trilaterales, llegamos a ocho rondas formales y luego tuvimos dos encuentros intensos; uno entre abril y mayo, y uno finalmente de México en agosto y de Canadá en septiembre, pero les tengo que confirmar.

En todo este proceso la interacción de los tres países fue profunda, nunca la canciller canadiense desconoció las estrategias de negociación mexicanas y el resultado final fue que nos diferenciamos entre los objetivos a conseguir y pudimos claramente asignarnos tareas, y el resultado final fue que sumándonos pudimos lograr un mayor esfuerzo para hacer del nuevo Tratado Trilateral un Tratado en mejores condiciones con certidumbre plena y que, sin duda, parecía increíble hace un año y dos meses que empezamos esta negociación.

Un Tratado que respeta el multilateralismo comercial.

Un Tratado que respeta la no existencia de aranceles en la región.

Un Tratado que respeta los mecanismos de solución de disputas que al inicio de este proceso quería ser desaparecido por la administración en Washington.

Finalmente, preservamos nuestra capacidad de paneles de controversia entre inversionista-Estado, entre Estado-Estado, que es el Capítulo 20; y el panel de controversia comercial que es el Capítulo 19. Sin duda, de donde empezamos a donde llegamos este Acuerdo nos da gran certidumbre.

Hubo una pregunta muy específica.

¿Qué pasaría si no tenemos NAFTA? Sin duda, el equipo negociador mexicano, por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto, diseñó un escenario, el peor escenario, poder tener una estrategia para apoyarnos en nuestra estructura de tratados internacionales y avanzar.

Por ello, ustedes vieron una agenda muy activa que tuvo a los negociadores al mismo tiempo en Europa, al mismo tiempo en Asia y al mismo tiempo en América Latina. Por eso vieron que cerramos el 21 de abril la negociación con Europa en medio de un proceso muy difícil con Estados Unidos para abrirles opciones a los exportadores de productos frescos mexicanos.

La diversificación es una estrategia fundamental que gracias al apoyo del Senado de la República hemos podido sostener.

Hoy estamos parados frente a un mejor templete para poder seguir adelantando, como dijo una Senadora: "la geografía nos da destino, pero su esfuerzo puede ayudarnos a reducir la exposición a ese destino".

Y mi mejor experiencia, es que la nueva plataforma de acuerdos internacionales puede ser aprovechada en esa dirección.

En ausencia de NAFTA, yo les diría que el peor peligro no sólo es la desaparición del mejor mercado o del más grande mercado en América del Norte, les diría que el mayor peligro que siempre observamos es que al caerse el Tratado, se abrían deseos, por ahí existentes, de segmentos proteccionistas que quisieran revertirnos a la política comercial de los 70's, a cerrar la economía, a hacer más cara la vida de los mexicanos.

Me preguntaban que, ¿qué efecto tiene en nuestra política comercial, en los más vulnerables, en los más pobres? Es muy sencillo, cada vez, como lo dijo la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios, en este país, todavía en el sector agroalimentario, los mexicanos pagan más de un 80 por ciento que en otros mercados del mundo, porque hay mercados concentrados.

La política de comercio exterior y la política de competencia son los instrumentos fundamentales para ustedes, para poder establecer claramente situaciones donde luchemos contra las concentraciones y logremos estabilizar la canasta de los más vulnerables en la sociedad mexicana.

Dentro de las preguntas, y hubo muchas muy específicas, hay una en relación al acuerdo con China o el acuerdo que relaciona, como ustedes lo refieren, es un artículo dentro del nuevo acuerdo que se propone a su consideración que dice lo siguiente:

"Si alguna de las economías de esta región piensa hacer un acuerdo con alguna economía no de mercado de acuerdo a la definición que existe, tendrá que notificar a sus socios que lo va a hacer y compartir con ello sus objetivos. Una vez que lo concluya, tendrá también el compromiso de compartir lo que hizo.

Nadie restringe a México a hacer acuerdos comerciales con quien México quiera. Lo que sí es observable es que los socios de este club de América del Norte, reservan su derecho de seguir perteneciendo al club, reservan su derecho que ya existe en el actual tratado, y se preserva en el nuevo, de que con seis meses de anticipación poderse salir del acuerdo y los dos países que permanecen en el acuerdo tendrán que fortalecer su relación bilateral.

Así es que nadie cede en su soberanía en materia de acuerdos internacionales y, sin duda, reservamos nuestro derecho de pertenecer a los clubs comerciales que nosotros y ustedes nos mandatan".

Otro tema fundamental es el "Sunset", el famoso, la cláusula de terminación automática o muerte.

La propuesta original es que este Tratado debería de morir cada 5 años, la propuesta original es que sólo con la aceptación de los tres líderes de América del Norte debería de continuar, realmente es inadmisible una muerte súbita quinquenal, porque los inversionistas no van a arriesgar su dinero para la creación de empleo en un ambiente así.

Finalmente, y sin duda, el trabajo estratégico en conjunto del nuevo gobierno, a quien reconozco una atinada decisión, sumar al doctor Seade a esta negociación, pudimos definir una solución, hay que reconocer que el acuerdo original, el TLC de América del Norte, tuvo una gran falla, por 22 años nunca estuvo sujeto a una revisión de efectos y consecuencias.

Hoy, la política pública en ambientes democráticos abiertos no se puede sostener por sí sola en el tiempo, debemos de rendir cuentas a los ciudadanos, la revisión sexenal que se incorpora en este acuerdo es fundamental para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el acuerdo original, que no nos dimos cuenta que creció el disgusto de manera importante entre la sociedad norteamericana y aquellos que creyeron que se desplazaban sus trabajos y su futuro a través de la nueva integración comercial.

Seamos o no, como creo que es el caso, responsables de ello, lo que sí tenemos que hacer es el compromiso de cada seis años revalorar y poder relanzar a 16 la vida de este acuerdo. Creo que es saludable para la conducción de las políticas públicas que demanda la sociedad en este siglo.

En otro tema, que también fue tocado, es el tema de la protección de patentes.

Déjenme simplemente compartirles que en el mundo hoy existen dos líneas fundamentales, la farmoquímica y la biotecnológica.

Hoy, más del 90 por ciento de las soluciones se sigue sustentando en la farmoquímica, la biotecnología, sin duda, es la medicina del futuro.

Déjenme decirles que en el capítulo de protección intelectual es un poquito lo que incluyen muchos elementos, además del tema farmacéutico.

La negociación que nos llevó en este apartado tuvo un gran éxito, el sistema mexicano de vinculación entre Cofepris y el IMPI es un ejemplo mundial para eliminación de excusas y licitaciones innecesarias, y le ha dado una gran efectividad a la industria genérica.

Ese proceso se mantuvo intacto en la negociación y es responsable por el 90 por ciento del gasto en salud pública.

La consideración es que hoy en México, la protección de datos biotecnológicos existe por 8 años, sí en la negociación se avanzó a un reconocimiento de diez, pero es un reconocimiento que, sin duda, manda las señales para un mayor desarrollo de innovación en la medicina del futuro.

Hay enfermedades que en la farmoquímica sólo se administran y el costo-salud por una esperanza de vida larga es altísimo, la biotecnología puede dar soluciones más cortas, independientemente del costo de investigación y desarrollo.

Pero también está claramente explícito en el acuerdo que cualquier industria de genéricos puede pedir ya el procesamiento para entrar al día diez más un día directamente a la comercialización en el mercado.

No quiero abusar más del tiempo, revisaré mis notas y si hay preguntas pendientes, trataré de resolverlas y contestarlas en mi siguiente intervención.

Muchísimas gracias

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Maestro Ildelfonso Guajardo.

Como lo señala el numeral 4 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado, iniciamos la segunda ronda de preguntas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Buena tarde, nuevamente a todos.

Seré muy breve en esta segunda intervención.

La incapacidad de la administración que termina no es un tema nuevo, lo que sí es vigente es la indignación provocada por el cinismo con el que pretenden taparnos los ojos y engañarnos con cifras que si dan cuenta de alguna realidad, no es la realidad en la que dejan a este país.

Siendo así, me gustaría que nos dijera, señor Secretario, ¿cuáles son los logros en su gestión que le gustaría recordaran las 53.4 millones de personas pobres que hay en el país?

¿Cuál es su último mensaje como Secretario de Economía para los 9.4 millones de mexicanos que están en pobreza extrema?

Y finalmente, quisiera pedir su opinión como experto y saber qué le recomienda al 41 por ciento de la población que no pudo comprar la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Ávila Vázquez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su venia, señor Presidente.

Secretario de Economía, maestro Ildelfonso Guajardo Villarreal, sea usted bienvenido.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El día 1º de septiembre de 2018, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó en el Congreso de la Unión el VI Informe de Gobierno correspondiente a su administración.

De conformidad con la facultad prevista en el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace un pronunciamiento en relación con dicho Informe de Gobierno en el rubro de política económica, con motivo de la comparecencia del Secretaria del ramo, presente ante esta Soberanía.

El artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que: "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".

Por su parte, el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, señala que: "La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como que: "Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres". Esto es su plena autonomía.

El día 27 del mes de junio de 1989, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El citado convenio fue aprobado por esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 11 de julio de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto del mismo año.

De la lectura del citado convenio, que es de observancia obligatoria para nuestro país en lo que nos interesa, se advierte lo siguiente: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes de sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Quiero resaltar que de conformidad con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, más del 13 por ciento del territorio de nuestro país se encuentra concesionado a empresas mineras que, desde luego, abarcan el territorio en donde se encuentran ubicadas comunidades y pueblos indígenas, esta situación coexiste con el hecho de que más de la mitad del territorio mexicano es propiedad social, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Federal, lo cual trae como consecuencia que se lleven a cabo negociaciones entre las empresas mineras, los ejidatarios y comuneros en lo que generalmente, y dada la desventaja de estos últimos, resultan perjudicados.

Aunado a lo anterior, debe agregarse el hecho de que la Ley Minera contempla como sujeto de expropiación a todo terreno donde se encuentren los minerales y que muchas de las labores de explotación o incluso exploración por parte de las empresas mineras, dejan los suelos inservibles para su futuro aprovechamiento. Por ejemplo, la contaminación, deforestación, erosión y pérdida del suelo fértil.

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno de los temas prioritarios de su agenda legislativa es lo relativo a los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en materia de consultas previas en todos los temas que les afecten.

Por todos estos motivos, formulo al Secretario de Economía, maestro Ildefonso Guajardo Villareal, la siguiente pregunta:

¿Cuál es la situación actual en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de consulta indígena en el sector minero, y cuáles son las acciones que ha realizado su administración para atenderlos?

Por su respuesta, señor Secretario, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por la atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Leonor Noyola.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: Con su venia, señor Presidente.

Sea usted muy bienvenido, Secretario, es un gusto recibirlo en este recinto.

La relación entre el cuidado del medio ambiente y el comercio ha sido un tema de debate, es innegable que el desarrollo económico de las sociedades industrializadas en el sistema capitalista ha generado efectos ambientales adversos, muchos de ellos son irreversibles.

Sin embargo, también es cierto que dado el contexto actual, la emergencia del cambio climático y el surgimiento de nuevas tecnologías, hoy nos vemos obligados a modificar la visión que pone la generación de riqueza por encima de todo y nos obliga a buscar una nueva visión, más justa y sostenible en relación con el medio ambiente.

La adopción del TLCAN en 1994 otorgó relevancia a este tema convirtiéndose en el primer acuerdo comercial que incorporó cuestiones ambientales, lo cual sienta un precedente a nivel global.

El Tratado logró preservar espacios para instrumentar los acuerdos sobre el medio ambiente, incluso antes de que existieran como la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kyoto firmados después que se firmó el TLCAN.

En la actual Ronda de Doha los miembros han iniciado las primeras negociaciones multilaterales sobre comercio y medio ambiente de la historia.

Varios aspectos de la Ronda de Doha inciden directamente en el desarrollo sostenible y, por lo tanto, pueden contribuir en forma positiva a los esfuerzos de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, contiene un capítulo sobre el medio ambiente que busca promover políticas comerciales y ambientales que coexistan y se apoyen mutuamente, así como niveles de protección ambiental y la efectiva aplicación de las leyes ambientales.

Este acuerdo reconoce el valor de la cooperación y promueve la difusión de información y la participación pública en temas como la protección de la capa de ozono, el uso sostenible de la biodiversidad, el manejo de especies exóticas invasoras y la contaminación del medio marino, entre otros.

El CPTTP contiene, por primera vez en un Tratado de Libre Comercio, disposiciones específicas correspondientes a la transición hacia economías bajas en carbono, a la biodiversidad, especies exóticas invasoras, bienes y servicios ambientales, a la conservación y comercio, y a las pesquerías marinas.

Si bien estos son ejemplos de inclusión del medio ambiente en el comercio, la mayor parte de estos acuerdos son recientes y existe muy poca experiencia en la implementación efectiva a las medidas ambientales, partiendo de los acuerdos comerciales.

Ha sido un lento proceso de aprendizaje, continuo y del cual los países podrían tomar mayor ventaja al intercambiar experiencias para garantizar el avance de la problemática ambiental.

Señor Secretario, el tiempo se nos acaba, una nueva evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, publicada este lunes, destaca que numerosos impactos del cambio climático podrían evitarse limitando el calentamiento global a 1.5 grados Celsius en lugar de los 2 grados Celsius o más.

Algunos de estos cambios son, por ejemplo, la probabilidad de que el Océano Ártico quede libre de hielo en verano, pase de sólo una vez por siglo a un mínimo de una vez por decenio con un aumento de los 2 grados centígrados; o que los arrecifes de coral disminuyan entre un 70 por ciento y un 90 por ciento en lugar de desaparecer en su totalidad.

Este tema es de especial relevancia para nuestro país, debido a su posición geográfica, ubicado entre dos océanos, así como su latitud y relieves, pues se ve expuesto de manera acentuada a los impactos del cambio climático.

Los escenarios estimados para el periodo entre el 2015 y el 2039, proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2 grados centígrados en el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio pudiera oscilar entre uno y 1.5 grados centígrados.

En el caso de la precipitación, se proyecta una disminución de entre el 10 y el 20 por ciento.

¿Frente a estos escenarios nacionales y globales, cómo se ha preparado la Secretaría de Economía para modernizar el Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá en temas ambientales?

¿Y cuáles son los avances fundamentales en el Acuerdo en materia de mitigación y adaptación ante los impactos del cambio climático?

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Alejandra Lagunes.

Tiene el uso de la palabra a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre: Mis compañeros.

Me da gusto, señor Secretario, que presuma que su formación académica fue fundamentalmente en universidades públicas.

Paradójicamente este gobierno ha buscado y ha hecho un gran esfuerzo por cerrar universidades públicas. Pero vamos a su ponencia.

Reconoce que el gobierno está en deuda con las pequeñas y medianas empresas, por las concentraciones monopólicas.

También reconoce que a las Pymes les falta infraestructura.

Menciona que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se crearon 95 mil proyectos PyMEs y se entregaron medio millón de créditos.

Sin embargo, de acuerdo a especialistas, el 99 por ciento de las pequeñas y medianas empresas fracasan.

Le solicito que nos explique: ¿De los 95 mil proyectos PyMEs, cuántos han tenido que cerrar o cuántos han fracasado?

Porque creo que una cosa es hablar de grandes logros, pero se oculta la realidad sobre las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

En el documento del VI Informe de Gobierno se lee: que una de las principales metas del Plan Nacional de Desarrollo, es alcanzar un México próspero.

Posteriormente se desglosan los objetivos de la administración federal, que son referentes a la estabilidad económica, acceso equitativo a proyectos, empleo de calidad, economía con responsabilidad, eficiencia en la cadena productiva, desarrollo en el mercado interno y sectores estratégicos, así como garantizar la seguridad alimentaria.

Es decir, el documento plasma una serie de buenas voluntades, utopías y metas que o no se alcanzaron o se quedaron a medias.

La realidad en nuestro país es otra. Ni los mexicanos acceden a proyectos productivos de manera equitativa, no hay empleo de calidad y, sobre todo, bien remunerado; el mercado interno es dispar y estamos lejos, muy lejos de garantizar la seguridad alimentaria.

Por otro lado, al final de cada sexenio se cacarea que hay estabilidad económica. Los especialistas en materia y defensores a ultranza de este gobierno tratarán de convencer que los efectos adversos que hay en la economía mexicana se derivan de los efectos de la economía global.

Pero al mexicano que no comprende estos términos rimbombantes y eufemismos financieros, de nada le sirven en su supervivencia cotidiana.

Más que respuestas fastuosas, el mexicano quiere saber: ¿Por qué su poder adquisitivo sigue en picada, por qué no se reorientó el modelo económico mexicano con una visión más humanista y con sensibilidad social?

Yo le pido, señor Secretario, respuestas claras y comprensibles para que los ciudadanos puedan hacer sus propios juicios de valor sobre lo que se ha hecho en los últimos seis años.

Para eso son estas comparecencias, compañeras y compañeros, de un verdadero ejercicio entre poderes y un eco ante la ciudadanía.

Hagamos un breve diagnóstico del México actual.

Las autoridades federales no lograron alcanzar el crecimiento económico prometido al inicio del sexenio, además nuestro país registra el crecimiento más bajo en los últimos cuatro años, lo que afecto al sector industria y la desaceleración del sector servicios.

En 2017 la producción industrial cayó en un .6 por ciento. En las últimas tres décadas el poder adquisitivo del mexicano ha caído en un 80 por ciento.

De acuerdo a la Facultad de Economía de la UNAM, se requieren 24 horas continuas de trabajo para abastecer las necesidades básicas.

Desde hace décadas el sector primario, me refiero al sector agrícola, ha estado estancado.

Mientras los especialistas consideran que el detonante de este sector conlleva a un crecimiento y desarrollo económico, las autoridades han abandonado a los productores del campo.

Los datos más recientes refieren que la inflación sigue en aumento. Se ubicó en 5.02 por ciento anual, la más alta observada desde marzo.

Por otro lado, la productividad laboral no está en un buen momento. Es decir, se encuentra estancada.

La misión de la Secretaría de Economía es fomentar la productividad y la competitividad en México.

Sin embargo, mientras persista este modelo económico, continuará la tragedia nacional.

Secretario, le formulo las siguientes preguntas:

¿Evaluó o propuso nuevas estrategias para inducir la productividad a metas más favorables?

¿Qué justificación se tuvo desde el gobierno federal para no reorientar las políticas económicas del país?

¿Por qué supeditar el interés de los mexicanos, que es el interés de la nación, a intereses empresariales y transnacionales?

Es cuanto, Secretario.

Es cuanto, compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Samuel García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Secretario, paisano de Nuevo León, bienvenido.

Yo quisiera comenzar manifestando que me voy a abocar al nuevo Acuerdo Comercial.

Y, definitivamente, manifestarle que estamos a favor del Acuerdo.

Cómo no podríamos estarlo, si en el estado de Nuevo León, el 85 por ciento de las exportaciones están amparadas bajo el TLCAN.

La Ley de Promoción Comercial de Estados Unidos, obliga al gobierno a que dé una publicidad al dominio público de 60 días.

Si es así, se espera que será hasta finales de noviembre que se firme el Acuerdo.

Se especula que el 29 de noviembre, en la Cumbre del G-20, en Buenos Aires, será el momento idóneo.

Primer pregunta: ¿Es cierto?

Con mucha atención a su participación, nos quedan las siguientes dudas:

1.- ¿Este Acuerdo es Acuerdo, es Tratado, es Convenio? Nadie nos lo ha confirmado.

Y es muy importante, porque si fuera un Acuerdo, pues Donald Trump sin necesidad del Senado pudiera firmarlo e inclusive, salirse.

Y de ser Tratado, en Estados Unidos se obliga a dar un impacto económico, nos van a dar al Senado de la República un impacto económico del Tratado, nos van a decir, quizá, cuántas empresas automotrices van a quebrar porque su contenido viene de Asia, de Corea o de Japón, y si no, pregúntenle a Volkswagen, a Kia, por cierto, de Nuevo León, que usted tuvo gestiones, o a BMW.

Segundo, 16 dólares la hora, claro que se aplaude, ¿pero es realmente posible cumplir con esta premisa en el sector automotriz? El Tratado nos va a dar mucha interpretación porque no nos es claro si aplica únicamente a la armadora o si también a los clúster, ya que son los PyMEs quienes al final del día hacen los productos, las refacciones y obviamente los motores.

Dos. ¿Qué va a pasar cuando llegue la robotización? Ya nos alcanzó la robotización, ¿cómo se regulará ese apartado?

Tres. Transporte. Sigue Estados Unidos prohibiéndonos que entre el transporte mexicano a su territorio, pero México sigue cediendo, sin restricción alguna, a que el transporte americano pueda circular libremente por México, ¿por qué?

Cuatro. Medio ambiente. Ni se hace referencia al cambio climático ni se toma en cuenta el Protocolo de París ni de Tokio, y nada se dice respecto de la industria que contamina, nuestra tierra, Monterrey, es ya la ciudad más contaminada de América Latina, y no viene en el Tratado qué prácticas se les van a pedir a estas empresas.

Cinco. Nos presumen que el capítulo de resolución de controversias quedó intacto, pues eso es lo que me preocupa, ese capítulo, Estados Unidos lo ha violado desde el año 92, lo violó con el transporte, lo violó con el atún, lo violó con el aguacate, fuimos a los paneles, los ganamos, y nunca les hicieron caso, parecieran meras recomendaciones.

Y paso ahora sí a la más importante, cláusula sunset.

Los tres países van a revisar a los seis años si me quedo o no me quedo, con posibilidad de otros 16.

Bueno, qué va a pasar si en el 24 Canadá quizá no le gustó el tema lácteo y se sale. ¿Quiebra completamente? ¿Se elimina el TLCAN?

Siete. Capítulo de corrupción. Capítulo 27.

Ahí si pareciéramos que somos candil de la calle y oscuridad de sexenio.

Nos van a obligar a que las empresas suban a alguna plataforma, sus códigos de ética, sus procesos de nombramientos. Nos van a obligar a suspender a todos los funcionarios públicos, bajo investigación, ¿con cuántos nos vamos a quedar?, ¿cuántos funcionarios públicos no están ya en revisión?

No recomendaría usted al nuevo gobierno entrarle ya a la 3de3, muerte civil, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y vamos cerrando.

Usted detalló y muy bien en el tema de competition, países no mercado.

A mi juicio, ese apartado es muy claro y te plantea que cuando un país planea con uno no mercado tiene que avisar con 30 días, y si al otro no le agrada, me salgo, en automático.

Yo le pregunto, si al día de hoy Estados Unidos ya le puso embargo a Irán, ya le puso embargo a Cuba, ya le puso embargo a Venezuela, ¿no es una confesión expresa de que nos va a prohibir tener acuerdos con esos países?

Y por último, el acero y el aluminio, se habla de una carta paralela, se habla de un plan B, lo cierto es que el acero y el aluminio nos pega grandemente a México sobre todo en la frontera, pregúntenle a Coahuila o a Chihuahua.

Si nos van a dejar ese arancel, ¿aún y con eso nos van a pedir al Senado que ratifiquemos el acuerdo a pesar de ceder enormemente?

Y en la industria automotriz, y ya para que no me den más recaditos, es cierto si no cumplimos con el contenido de origen, nos van a poner un arancel del 2.5 por ciento.

Bueno, ya hoy en el mercado un arancel del 2.5 te saca del mercado, nada más vean cómo se pelean las agencias de carros por mil pesos, ahora imagínense que a todas las que son de Corea, de Alemania, de Asia nos pongan arancel del 2, Estados Unidos va a ganar.

Por todo lo anterior, muchas gracias, y son las dudas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Samuel García.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, señor Presidente.

Secretario, sea usted bienvenido, es un gusto tenerlo aquí y poder intercambiar opiniones.

México es un país que cuenta con finanzas sanas y una estabilidad macroeconómica, que en los últimos años ha tenido un crecimiento promedio anual del 2.5 por ciento, el más alto en los últimos 18 años.

Contamos con una inflación a la baja, que se ha reducido de manera estructural hasta llegar al 4 por ciento promedio anual; se han creado 3.7 millones de empleos formales y se prevé que podemos terminar en 4 millones, gracias a las reformas en materia económica que lograron reactivar el crecimiento, el desarrollo, la inversión en nuestro país.

La Banca de Desarrollo ha incrementado y diversificado el financiamiento, a partir de febrero de 2015 se creó el programa Crédito Joven, se otorgaron más de 6 mil 200 créditos a jóvenes emprendedores con recursos por un monto de más de 2 mil 400 millones de pesos.

El sector automotriz es otra muestra de la confianza que México genera en el mundo, en los últimos años se han establecido en México cuatro nuevas marcas globales, y se han construido 11 nuevas plantas, consolidando a nuestro país como el séptimo productor y tercer exportador de vehículos a nivel mundial.

El Instituto Nacional del Emprendedor ha beneficiado a más de 4.4 millones de emprendedores y MiPyMEs con diversos tipos de apoyo.

Estas son sólo algunas cifras que avalan que México es un país estable económicamente y en vías de crecimiento.

Nuestro país se ha caracterizado por su enorme apertura comercial, prueba de ello es que tenemos Tratados de Libre Comercio con más de 40 países del mundo, y eso es algo que también debemos reconocer.

Por citar un ejemplo, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico permitirá a nuestro país participar en una de las zonas de libre comercio más grandes en el mundo.

No puedo terminar esta intervención sin antes reconocerle a usted y a todo el equipo negociador, su acertada visión en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no obstante, el impacto de la sección 232 en el tema de los aranceles al acero y al aluminio impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, preocupa y afecta los procesos productivos y amenaza a los empleos de miles de familias mexicanas, tan sólo en los primeros meses las exportaciones de México hacia los Estados Unidos han caído en un 30 por ciento.

Celebro sus declaraciones donde ha mostrado interés porque este asunto se resuelva antes de que se firme el USMCA.

Por último, señor Secretario, un tema a tomar en cuenta, y en el cual debemos hacer hincapié, es en el de la propiedad industrial, que generó un marco jurídico estable para ofrecer a los inversionistas nacionales y extranjeros confianza y certidumbre en sus operaciones comerciales.

Sin embargo, sabemos que durante la renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, varios comités de los Estados Unidos pidieron reforzar este tema, específicamente dotar a sus farmacéuticas de un plazo adicional de vigencia de sus patentes, de hasta cinco años. Esto, evidentemente lastimaría a las instituciones como el IMSS, el ISSSTE y los mismos consumidores del mercado, castigándolos con un gasto adicional en sus finanzas.

Señor Secretario:

En este contexto le pregunto. ¿Cómo robustece el nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, México y Canadá, el esquema de protección a la propiedad industrial en materia de medicamentos innovadores?

Agradezco su atención, no sin antes reiterarle nuestra preocupación por el tema de los aranceles de acero y el aluminio.

Confiamos en que este tema se pueda resolver en defensa de los intereses de la industria mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Verónica Martínez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Fuentes, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario:

Quiero confesarle que he estado sumamente atento a todo lo que usted ha comentado el día de hoy ante todos nosotros, y que resumo comentarle que si el 50 por ciento de lo que usted ha mencionado fuera una realidad en cuanto a la economía del país, el PRI hubiera ganado.

Y si el 50 por ciento de lo que usted ha mencionado de la negociación con Estados Unidos fuera una realidad, a usted lo hubiera contratado el gobierno de Rusia y el gobierno de China para llevar a cabo las negociaciones de esos países con Estados Unidos.

Nadie tiene la menor duda, señor Secretario, que México, nuestro país, hoy juega un papel fundamental y protagónico en la economía mundial, que posee, ciertamente, una economía fuerte y vigorosa, que lo posicionan, precisamente, hoy en día en el lugar 15 en el mundo.

No son pocos los sectores de la economía mexicana que han logrado importantes y grandes avances, sólo por mencionar un ejemplo, en el sector turismo ocupamos ya, hoy en día, el lugar 6 en el ranking mundial, con más visitas que países como el Reino Unido, Alemania y Canadá.

Sin embargo, señor Secretario, usted, en su gestión en este gobierno, olvidaron lo más importante de la economía de un país, que es la enorme responsabilidad, la primordial que se tiene para garantizar el bienestar de cada una de las personas.

La economía de un país debe generar las oportunidades de desarrollo a todos sus habitantes, cosa que no sucedió en este gobierno.

El modelo económico que usted encabezó no contribuyó, en lo más mínimo, sin todo lo contrario, a la justa distribución de la riqueza.

Usted ayudó a elevar la riqueza de algunos cuantos y se olvidó de la riqueza de todos los demás, porque el modelo económico, el actual de este gobierno, del cual usted es el responsable, lejos de disminuir la brecha de desigualdad entre ricos y pobres, la amplió y nos ha convertido en uno de los países con la brecha de desigualdad más amplia, vergonzosa, con la mayor distancia entre ricos y pobres.

El modelo económico del actual gobierno es el responsable del aumento sustancial de la fortuna de unos cuantos, y lamentablemente consolidó la pobreza de las mayorías, porque gracias a las políticas monopólicas que se vieron apoyadas en el actual gobierno, y los privilegios de algunos cuantos empresarios, cifras que han salido a relucir en las últimas fechas.

Nuestro país, paradójicamente, tiene a muchos de los hombres más ricos del mundo, pero lamentablemente también tiene una de las mayores pobrezas del orbe, porque en la política económica que usted encabezó, según los datos del Inegi, el 16.2 por ciento de la población gana menos de un salario mínimo; el 28.4, gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y el 18.1, de 2 a 3 salarios mínimos, lo cual da como resultado que un poco más de la mitad de la población en México sobrevive con menos de 5 mil pesos mensuales.

Y yo le pregunto, con mucho respeto. ¿Pudieron ustedes, Videgaray, Meade, dormir tranquilos a sabiendas, que mientras ustedes apoyaban estas políticas, más de la mitad de los mexicanos tenían tan sólo ese ingreso, que está muy lejos de ser suficiente para tener una vida digna y poder sacar adelante a nuestras familias?

Porque si usted no lo sabía, el 38.5 por ciento de la población en México, según datos de la Coneval, con lo que ganan no les alcanza, ni siquiera para completar la canasta básica alimentaria.

Con estos datos lo único que podemos concluir es que su gestión y la de Enrique Peña Nieto son un fracaso, que su dedicación, empeño y trabajo se orientó a favorecer a unos cuántos, lamentablemente dejando desprotegidos a los muchos. Se hicieron más ricos los ricos, y más pobres los pobres.

Esta pobreza, esta marginación, esta desigualdad trajo consigo daños colaterales socialmente o aún invaluables.

El daño es grandísimo, abismal, por ello la sociedad optó por una vía diferente, esperando la justicia social de un modelo económico que se las negó.

Seguramente usted podrá decir, en sus respuestas, que en los 12 años del gobierno del PAN el modelo era el mismo, y además de decirle que nosotros ya asumimos, en su momento, el costo de las decisiones de nuestros gobiernos, le comento, hoy aquí, estamos evaluándolo a usted y al gobierno actual.

Pero aun así le voy a compartir algunos datos para demostrarle que para nada fuimos iguales.

En diciembre de 2012, el tipo de cambio se encontraba en los 12.9 pesos; hoy, seis años después, el precio del dólar ronda los 20 pesos, en diferentes partes del país hasta lo superan.

La tasa de interés, en enero de 2012 era de 4.79, hoy prácticamente es el doble, en septiembre de 2018, es el 8.11.

Y qué se diga del precio de la gasolina. Cuando ustedes entraron al gobierno, era de aproximadamente o poco más o poco menos de 12 pesos, según el tipo de la gasolina, hoy ronda los 20 pesos.

Su modelo económico ha generado pobreza y colateralmente muchos daños sociales, como ya se ha mencionado.

Muchos padres de familias, cientos de miles han tenido que abandonar el país a Estados Unidos ante la falta de oportunidades, por las cosas que lamentablemente no hemos encontrado en México y, que por cierto, esta marginación y el tráfico de armas no fueron parte de la fría negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos, país que maltrata a nuestros migrantes y connacionales, que separa a los niños mexicanos de sus padres de la manera más inhumana, violando gravemente sus derechos humanos, y un país que nos pasa por su frontera ilegalmente las armas con las que todos los días nos matamos los mexicanos, unos con otros, en una guerra derivada por el tráfico de drogas que pasan por nuestro país, pero que en los Estados Unidos consumen.

Pero como estos temas no son negocio, como estos temas no tienen nada que ver con lo que sus jefes le mandataron, no le dieron la importancia en la negociación que se está llevando a cabo.

Le comparto también que la situación del país, esperemos y todos confiamos como se ha comentado aquí, va a cambiar pronto.

Tan sólo hace unas semanas nuestro amigo el Senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para pasar del salario mínimo al salario digno, a lo cual nos sumamos prácticamente todos los grupos parlamentarios, porque ya basta que las grandes empresas mexicanas y más las extranjeras salgan a competir al mundo con productos elaborados en México, pagando los salarios más bajos, y porque también esta Cámara, como la de Diputados, hemos coincidido todas las fuerzas políticas en darle reversa al gasolinazo, en eliminar el IEPS a las gasolinas y al diésel, lo que traerá a la economía a nuestras familias beneficios inmediatos para evitar, entre otras muchas cosas, el aumento en el transporte público en el estado de Nuevo León.

Concluyo.

Le comento para su anecdotario como representante de la tecnocracia mexicana, que de acuerdo al Banco Mundial en 2017, retrocedimos lugares, al pasar del lugar 47 en 2016 al lugar 49 en la lista de países para hacer negocios. Y el retroceso es aún mayor si consideramos que en 2015 el país ocupaba la posición número 39, por lo que tan sólo en dos años perdimos diez lugares en ese mismo ranking.

Termino preguntándole, señor Secretario.

¿Por qué no pudimos avanzar más lugares como país?

¿Por qué tenemos retrocesos tan marcados?

¿Qué se dejó de hacer para mejorar la posición competitiva de nuestro país con respecto al mundo?

Lo mejor de todo esto, es que su gestión está por terminar, que está por concluir, y que políticos insensibles e inhumanos, como los de este gobierno, esperamos no verlos jamás.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Víctor Fuentes.

Para cerrar la ronda de preguntas, es el turno del grupo parlamentario del Partido Morena, que partirá su tiempo en dos intervenciones. Una pregunta la hará la Senadora Rocío Abreu Artiñano y la segunda pregunta la hará la Senadora Ifigenia Martínez.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muy buenas tardes.

Bienvenido, Secretario, a este Pleno, al Senado.

Y a nombre del grupo parlamentario de Morena quisiera yo tocar dos temas que son del interés general, haciendo voz al sentir, sobre todo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, relativo a la cadena textil y confección.

La cadena textil y confección exporta anualmente al mundo 6 mil 600 millones de dólares, lo que ubica a México como el onceavo lugar exportador mundial y el octavo de países productores de confeccionados.

En los últimos años esta industria ha invertido 2 mil 500 millones de dólares en nuestro país y brinda empleo alrededor de un millón 270 mil trabajadores, cifra que representa el 10 por ciento del total del empleo de manufactura en México. Además, el 80 por ciento de la fuerza laboral de la cadena textil de confección lo conforman mujeres jefas de familia.

El 24 de abril de 2018, fue aprobado dicho Tratado por el Senado.

En las reuniones previas a esta aprobación se señaló con insistencia que la cadena textil de confección sería una de las industrias que tendrían serias afectaciones a causa del Tratado y de las prácticas desleales de países como Vietnam, Malasia, con prácticas en su industria textil y de confección.

La situación es grave puesto que si la potencia del gobierno de México, los efectos del Tratado en la industria, según la proyección de la Cámara Nacional de la Industria Textil, pronostica una pérdida hasta del 36 por ciento del mercado interno para efectos de incremento de la importación más barata por prácticas desleales y, por lo tanto, una pérdida de 150 mil empleos formales.

Señor Secretario: El gobierno mexicano y la Secretaría de Economía han buscado la eliminación en la lista de escasos abastos del Tratado antes mencionado, y si no es así, ¿qué medidas ha realizado usted a la cabeza de la Secretaría para contrarrestar las distorsiones que provoca esa lista?

Y referente a este tema, deseamos saber si la Secretaría de Economía ya inició las negociaciones con su contraparte vietnamita para llegar a un acuerdo bilateral de buena voluntad que acote a un cupo con montos definidos el acceso a productos sensibles para la industria mexicana originada en Vietnam.

Quisiera yo comentar otro tema que nos tiene con mucha preocupación que es referente a los medicamentos biotecnológicos.

El llamado Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá plantea varias interrogantes. Una de éstas tiene que ver con el artículo 20-F14 que hace referencia a los medicamentos biotecnológicos y el sistema de propiedad intelectual.

En este artículo se establece que los países del AMEC deben de brindar una protección efectiva al mercado y amplía en un periodo no menor a diez años el tema de las franquicias o los medicamentos biotecnológicos.

Si hablamos de la propiedad intelectual, estaríamos hablando de 20 años que nos refiere una franquicia o la protección de la patente. Y si además de esto le sumamos diez años más dentro del Tratado, estaríamos hablando de 30 años, y nos pondría en una situación muy complicada para medicamentos que hoy en día son de difícil acceso económico para la población, pero no sólo eso, que representan temas tan sensibles como es el VIH, como es el cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas.

Nos preocupa sobremanera el por qué permitir que nos vayamos a un tema y un término de 30 años, cuando quien es el principal afectado en esta cuestión económica van a ser los ciudadanos que se encuentran enfermos.

Entonces, quisiera yo saber ¿Por qué el gobierno mexicano aceptó esta disposición?

¿Cuáles fueron los parámetros y las condiciones tomadas en cuenta que llevaron al equipo a negociar y ceder este punto que lastima tanto a la sociedad mexicana?

No cabe duda, y yo no dudo de la experiencia y de la capacidad, pero antes de emitir un juicio quisiera yo saber los planteamientos por qué aceptamos algo que lastima tanto al pueblo mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rocío Abreu.

Para concluir las preguntas del Partido Morena, tiene la palabra la Senadora Ifigenia Martínez.

Desde la tribuna o desde su escaño, donde decida.

La Senadora Ifigenia Martínez Hernández: Muchísimas gracias. Señor Secretario:

Desde que finalizó la renegociación bipartita entre México y Estados Unidos para la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio, hemos recibido poca información, detallada y puntual.

Nos preocupa en especial…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, Senadora.

Solicito atención y orden en el salón del Pleno, por favor.

Gracias.

Adelante, Senadora.

La Senadora Ifigenia Martínez Hernández: Nos preocupa en especial lo relacionado con el capítulo de hidrocarburos, específicamente el del Anexo 14-E, que se refiere a controversias de inversión en México y Estados Unidos en contratos amparados por el gobierno. La preocupación es:

¿Se limitarían las facultades del Estado mexicano para revisar la legislación existente e incluso impedir revisión de los contratos ya concedidos a empresas extranjeras para la exploración y explotación del petróleo?

¿Podría usted, señor Secretario, explicarnos el contenido e implicaciones del Anexo 14-E de este Tratado para los sectores de hidrocarburos, generación de energía, transporte, telecomunicaciones e infraestructura?

Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Maestra Ifigenia Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, para responder a las preguntas planteadas en la segunda ronda.

El Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: Con su permiso, señor Presidente.

Agradeciendo a las Senadoras y Senadores que han participado en esta segunda ronda de preguntas, y reconociendo que algunos de los temas específicos, no los mayores, importantes, merecen un comentario de la primera ronda, debido a que fueron algunas de las preguntas que quedaron sin contestación.

Hablábamos de los dos México's y hablábamos de la importancia que la política pública logre jalar a ese México que tiene que llegar a los mismos niveles de desarrollo.

El país, sin duda, lo tiene que resolver, parecería ser que esta dicotomía es una dicotomía que pudiera mantenerse, no se puede mantener, justamente en un país claro, con condiciones de viabilidad democrática, el sur-sureste tiene que estar integrado en el norte.

Las Zonas Económicas Especiales fueron diseñadas justamente con esa visión, cómo poder generar riqueza en regiones donde el desarrollo no ha podido impactar la transformación del capital humano y la viabilidad.

Ha habido múltiples intentos en el mundo, los que tienen éxito están fundamentados en cuatro vertientes, conectividad, infraestructura, disponibilidad de espacio y, sobre todo, capital humano y una población que pueda generar.

Es por eso que las cuatro zonas económicas estratégicas del sur-sureste, creadas por el Presidente Peña y aprobada la ley por este Legislativo, tiene objetivos estratégicos para la inversión.

La Secretaría de Economía tiene el compromiso de anclar inversiones importantes, lo hemos hecho ya con un compromiso en la zona de Guerrero-Michoacán con una expansión de una planta acerera y lo seguiremos haciendo en Chiapas, en la zona petroquímica, clara del Golfo de México y, sin duda, en el sector agroalimentario del sur-sureste.

Para tener éxito es necesario seguirle apostando e impulsarlo. No es con ejercicios presupuestales dispersos, sino con soluciones integrales que pueden lograr esta transformación.

Estoy seguro que en más de una ocasión vendrán planteamientos para extenderlas, el éxito de estas zonas es considerarlas privilegiadas, extenderlas en números, implicaría la responsabilidad de canabalizar los sectores productivos.

La pobreza, sin duda hay que combatirla con generación de riqueza, pero para generar una Zona Económica Especial, tiene que haber elementos como los que actualmente existen para poder dinamizarlas.

Sin duda, hay un tema que cruza a través de toda esta participación, y es la desigualdad, la desigualdad es claramente el reto más grande que tiene México; para poderla combatir, es necesario utilizar instrumentos efectivos.

Les doy un ejemplo de uno sólo, que gracias al trabajo de la administración del Presidente Peña y el Legislativo mexicano fue posible lograr, una Ley Federal de Competencia Económica que garantice realmente la protección contra el ejercicio de prácticas ilegales de concentración. Eso ha ocasionado que los mexicanos a través de muchos años hubieran pagado innecesariamente los costos de esta concentración. Por eso hay ricos tan ricos, porque no se les exigía que compitieran en condiciones de igualdad.

Es muy sencillo, en este país vivimos la responsabilidad de haber tenido durante más de 70 años un sistema político centrado en un partido hegemónico, ya no eran momentos para seguir teniendo un partido así ni un gobierno así.

Por eso acogimos la democracia, por eso acogimos la competencia.

Lamentablemente hubo una transición en el año 2000 que nos llevó a un partido político diferente en esta conducción, lamentablemente este partido quiso conducir este país con los mismos instrumentos de un partido hegemónico y, ¿cuál fue el resultado? Que los poderes fácticos se treparon encima, que los que mandaban eran los monopolios y no el interés de la gente, para transformar hay realmente que comprometerse con el cambio, hay realmente que entender los instrumentos que hay que tocar para poder realmente lograr el beneficio colectivo, y hoy, frente a un nuevo reto, yo realmente creo que estamos en el lugar y en el momento apropiado.

Hagamos de esta transición una verdadera reforma que vuelva a balancear los poderes de la gente contra los poderes fácticos, y eso está en manos del Estado mexicano.

Adicionalmente, hubo una serie de comentarios que quiero poder claramente resolver en materia del acuerdo, y me voy a concentrar en la mayor parte de ellos.

Yo diría que de las casi diez observaciones que se hicieron, empezaría a tratarlas directamente.

La primera de ellas, ¿cuándo se firma?

La firma del acuerdo, sin duda, desde el punto de vista legal, puede ser hecha o por los ejecutivos o por quienes ellos designen como sus representantes, y ésta ocurrirá, sin duda, el último día del mes de noviembre.

Pero esto no significa que tiene que ser en un espacio único, pudiera serlo, pero no tengan ustedes la menor duda que este Tratado se firmará antes de que termine la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

En segundo lugar, el status del acuerdo, ¿es Tratado o es Acuerdo?

La diferencia real, en Estados Unidos, es que cuando se vota un Tratado, se requiere mayoría calificada del Congreso, cuando se vota un acuerdo requiere mayoría simple, pero las responsabilidades mismas del acuerdo son exactamente iguales, no hay diferencia desde el punto de vista de compromisos y no hay diferencia de la restricción de legislativas.

En este contexto, atenderé la solicitud que es parte del compromiso de poder compartir con este Senado de la República, la evaluación de impactos del nuevo acuerdo, es parte de la responsabilidad que generalmente y casi, no casi, en todos los acuerdos comerciales hemos cumplido, tratar de tener una visión de impacto, como lo hicimos en el CPTPP.

Los 16 dólares la hora, es bien importante aclararlo, para evitar diferentes interpretaciones.

Primero, del 75 por ciento de composición norteamericana de un automóvil, el 60 se puede producir en México actualmente, el 40 tendrá que ser realizado en una zona de salarios por encima de 16 dólares la hora.

Quiere decir que entre Canadá y Estados Unidos, en este momento podrían localizar esa producción.

¿Qué es lo que implica?, que este 40 del 75, sus componentes cumplan la condición, es una manera indirecta de decir que hoy México pueda producir 60 por ciento del componente norteamericano de un automóvil y que Canadá y Estados Unidos pueden producir el 40.

En ese sentido, créanme, la industria de autopartes que ustedes pueden dialogar con ellos y la industria automotriz están claramente en excelente posición de tomar ventaja de esta negociación.

Pero adicionalmente, 70 por ciento de los automóviles que producimos en este país, debido a su modelo de negocio, cumplirán exactamente el día 1º de enero del 2020, con el requisito previsto en esta nueva regla automotriz, el 30 por ciento restante, al cual le tomará un tiempo adicional, el peor escenario, aun y cuando Estados Unidos lleve lo aranceles al 30 será pagar el 2.5 mientras cumplen la regla de origen.

El 2.5 por ciento lo corrige el mercado cambiario en un solo día, en un solo día hay correcciones cambiarias que representan el 2.5 por ciento, así es que esto no será elemento para poder distorsionar la ventaja competitiva de México en el sector automotriz.

Solución de controversias.

Los paneles de solución de controversias, que se incluyen en el acuerdo, que será presentado a ustedes, están en tres apartados:

El primero, controversias inversionista-Estado, Capítulo XI.

La amenaza sería que con el fin de hacernos menos atractivos Estados Unidos lo quería eliminar, después ofreció una opción de estar o no estar donde ellos decían: Nosotros no vamos a estar, pero si México quiere optar por estar es tema de México.

Los negociadores contestaron: "de ninguna manera, la Ley de Tratados Internacionales nos impide aceptar acuerdos de inversión que no sean recíprocos".

¿Cuál fue la estrategia de negociación? Pues que no se quede el XI, que desaparezca.

¿Por qué no gastamos capital negociador en el XI?

Porque los más interesados de proteger a sus inversionistas están en Washington, y así fue como llegamos a la solución de proteger el porcentaje más alto de inversiones con un Capítulo XI funcionando.

El Capítulo XIX, controversias comerciales.

¿Qué es lo que nos dice el XIX?

Si cada país aplicando sus leyes contra competencia desleal llega a una solución, los otros países se reservan el derecho, a través de un panel, de analizar que no hayan hecho trampa en el proceso.

Y aparentemente la preocupación es que tengamos paneles de solución de controversias porque en el pasado no han sido efectivos, ahí sí con todo respeto, exactamente en un panel del Capítulo XX de Estado a Estado, ganamos el tema del transporte en el 2007.

Después de casi 13 años de incumplimiento estadounidense para la entrada de transportistas mexicanos, se ganó precisamente porque obtuvimos el derecho de poner sanciones comerciales contra los Estados Unidos y fueron dirigidas a sectores estratégicos.

Gracias al Capítulo, en este caso XX Estado-Estado, pudimos ganar este posicionamiento.

En el caso específico de la medida de revisión sexenal que tiene extensión a 16 años.

Esto no quiere decir que en el sexto año forzosamente tiene que llegar el acuerdo, inicia la revisión. Se puede hacer el esfuerzo en el séptimo, en el octavo, en el noveno, en el décimo, pero finalmente en el momento que se llegue a ratificar nuestra voluntad, se extiende por 16.

En dado caso que esto no ocurra y lleguemos a un proceso de culminación, lo que pasaría concretamente, como es el escenario actual, que el país que se quiera salir se sale, pero el acuerdo no se destruye y se refuerza bilateralmente si es necesario.

En el caso concreto del uso excesivo de la cláusula 3210, sobre el no hacer acuerdos con economías que no son de mercado, sólo para precisar, el caso de Venezuela no sería el caso, porque Venezuela, claramente México tiene un preacuerdo existente a través de la ALADI y no sería incluido en estos objetivos.

Y en el caso de Irán, con toda su controversia, tampoco está considerado como economía que no sea de mercado.

Continuando dentro de estas dudas, me gustaría tocar el capítulo ambiental que fue ampliamente tocado por las Senadoras y los Senadores.

En el capítulo ambiental establecemos nuestra obligación a cumplir no sólo nuestros compromisos establecidos en nuestras leyes ambientales, incluyendo nuestros compromisos en materia de energías alternativas para reducir emisiones. Pero al mismo tiempo, señalamos nuestra adherencia a compromisos internacionales.

El hecho de que no haya una referencia explícita al calentamiento global, no cambia exactamente la política mexicana en persecución de esos objetivos.

El capítulo ambiental termina siendo fortalecido porque ahora será sujeto, dentro del acuerdo, a la solución de controversias, no como en el NAFTA original, que era un acuerdo paralelo que simplemente abogaba principios, pero no eran claramente ejecutables.

Dentro del proceso de preguntas, hubo una pregunta muy concreta de la Senadora Ifigenia Martínez Hernández, a quien le agradezco, y le agradezco no sólo su pregunta, sino haber estado claramente comprometida en la legislatura que nos tocó como Diputados en la Comisión de Economía para poder sacar adelante leyes muy importantes para este país.

Gracias, Senadora Ifigenia Martínez.

Su pregunta está asociada con los hidrocarburos y con el tema claro de solución de controversias.

El gran logro del proceso fue que el equipo negociador mexicano, fortalecido con el nuevo gobierno, logró marcar una diferencia con respecto a acuerdos internacionales previos.

El rompimiento de contratos como un elemento adicional fue retirado de los capítulos de inversión y ahí claramente fortalece al Estado mexicano y a su autonomía en la conducción.

Esa es claramente la respuesta, además de haber contribuido a dejar en una simplificación el capítulo de energía refiriendo la soberanía de México sobre sus hidrocarburos.

Una vez más el tema de biotecnología con toda razón preocupa a las Senadoras y los Senadores.

Déjenme decirles que es necesario recordar que en el modelo multilateral, en la OMC, existe el compromiso de patentes por veinte años en el mundo fármaco y en el mundo biotecnológico.

Cuando hablamos del reconocimiento de una patente de 20 años, no quiere decir que las empresas explotan comercialmente los 20 años.

Entre lo que viene el registro, el Registro de Propiedad en el IMPI, el proceso de investigación, generalmente se consumen entre 13 y 16 años sin salir a comercialización.

La defensa efectiva de la innovación para poder buscar beneficio ocurre con la protección de datos, que en el caso de farmaquímicos es cinco años, y en el caso de biotecnológicos es, hoy en México, ocho años.

Pero no quiere decir que entran sumadas al final de los procesos, pueden ser traslapadas en los procesos, entonces no es preciso hacer una referencia de 30 años de comercialización y derechos exclusivos, generalmente son muchísimo más cortos los periodos de explotación.

Siempre, en el tema fármaco, está uno en el centro del famoso lema: "no quiere tener la veladora tan cercana al santo porque lo quema, ni tan lejos porque no lo alumbra", la falta de protección a la innovación deja desabastecidos a los mercados para la solución de los problemas de salud.

El exceso retrasa la generación de genéricos para las necesidades de la política de salud pública.

En esta solución, claramente estamos apostando a la nueva medicina y estamos simplemente agregando dos años a los que hoy existen en el modelo fármaco mexicano, considerando que hoy más del 90 por ciento es farmaquímico, donde se estableció claramente el modelo de México sobre los modelos en América del Norte con un sistema sumamente eficiente y probado en México en estos últimos años.

En el tema de acero, simplemente reafirmar el compromiso que ya hice.

En los próximos 50 días que quedan, mi compromiso es no dejar mi responsabilidad sin dejarlo resuelto.

Dentro de los temas que se establecieron en la discusión, también quiero compartir con ustedes, y esto es ya para cerrar, generalmente no es mi estilo de contrastar, de confrontar, de comparar resultados o comparar sexenios.

Todos debemos de asumir nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y las responsabilidades que han sido delegadas en nosotros por nuestros líderes, en mi caso el Presidente de la República.

Pero cuando uno no ha sido gobierno, tiene el beneficio de la duda, pero cuando ya lo fue es muy difícil tener el beneficio de la duda.

Aquí se tocaron muchos temas relacionados con mi sector.

Por ejemplo, se nos comparaba en materia de competitividad.

Quiero recordarles que en el 2010, que no fue el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, caímos al peor lugar de competitividad en la historia de México, al lugar 66.

Nosotros lo estamos entregando y estamos esperando las cifras de esta semana, pero al menos en el último disponible en el lugar 51.

Sólo ahí hay 15 lugares de mejoría.

Se nos acusa de tener efectos sobre la pobreza, sobre los resultados económicos.

Pero déjenme compartirles cifras muy sencillas.

El valor adquisitivo del salario mínimo en México, en la administración de Enrique Peña Nieto, de acuerdo a cifras oficiales de órganos autónomos, se recuperó en 16.8 por ciento, en el sexenio anterior sólo en 1.3 por ciento. Más de 12 veces la recuperación.

Les comparto, crear una empresa en el 2010 llevaba más de 12 días. Hoy lleva 4 días.

Si lo vemos en términos de inflación, pues tampoco podemos decir nada distinto.

La inflación acumulada hasta el momento de este sexenio es 4 por ciento.

La acumulada en el sexenio anterior fue 4.35 por ciento.

Y la del Presidente Fox fue 4.8 por ciento superior.

Y tenemos, prácticamente, en los últimos cinco sexenios que no habíamos experimentado crecimiento positivo trimestre a trimestre en el contexto de la economía mexicana.

Y si a crecimientos vamos con todos los retos que existieron, el crecimiento de este sexenio será del 2.4 por ciento. El del sexenio anterior fue 1.7.

No es mi estilo hacer esto, pero a veces es necesario, debido al tono de las participaciones.

Déjenme comentarles sobre proteger a los pobres y utilizar los instrumentos de competencia y de apertura de importaciones para poder generar esa competencia.

El pollo, en la administración del Presidente Calderón, subió 58 por ciento.

En lo que va del sexenio, sólo ha subido 19.9, de acuerdo al Inegi.

La tortilla, en el sexenio anterior subió 66.2, en este sexenio subió 17 por ciento.

Y así nos la podemos seguir en el caso del huevo, en el sexenio anterior, claro, por la gripe aviar, dobló el precio. De acuerdo como lo recibimos el 1° de diciembre, lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de seis años.

En fin, aquí hay que medir, "los pobres no comen gasolina, comen tortilla, pollo, leche, huevo".

Señoras y señores Senadores, si me permiten, iré yo al cierre.

Cuando a uno se le confiere una responsabilidad, claramente tiene que haber congruencia en lo que uno hace.

En estos seis años el Presidente Enrique Peña nos dio instrucciones claras al sector Economía.

Primero. Avanzar en una diversificación de la plataforma del comercio exterior.

Y lo hicimos a una velocidad importante.

Modernizamos el Acuerdo con Europa, nos integramos a Asia-Pacífico, nos integramos a América Latina y enfrentamos la responsabilidad más importante de negociaciones comerciales y dejarle a este país certidumbre en un nuevo TLC que levantara la lápida de la desconfianza y la incertidumbre.

En materia de política industrial, sin duda, que empujamos hacia la creación de cadenas de valor que integraran a pequeñas y medianas empresas.

Se me preguntaba la tasa de éxito.

Mejoramos la tasa de éxito de los pequeños y medianos negocios en esta intervención.

Logramos fortalecer en 12 por ciento la integración de la cadena de valor.

Sin duda, en temas de mejoramiento del ambiente, que es lo que más sufren las pequeñas, también atendimos la creación de sociedades de acción simplificada en conjunto con este Senado de la República y en el Congreso, dándole la posibilidad a los mexicanos que generan ingresos por debajo de 5 millones anuales, de poder crear una empresa sin pagarle a un Notario y poderla construir en 24 horas cumpliendo con todas sus obligaciones.

Hoy hay más de 17 mil empresas creadas en ese sistema.

Bajamos el número de días de creación de negocios.

Fortalecimos el sistema de patentación y fortalecimos el sistema para poder impulsar la innovación aplicada al sector productivo.

Sin duda hay pendientes; sin duda nos queda y les quedará mucho por hacer.

Pero el objetivo es que todos trabajemos en la misma dirección.

Si fuimos capaces después de 20 años de intentos, de generar reformas importantes y necesarias para este país, creo que el camino claramente lo podemos seguir y lo podemos seguir trabajando todos juntos, sin distinciones partidistas, comprometidos con un solo objetivo.

Y una vez más, refrendo mi compromiso, que mi responsabilidad frente a ustedes no cesa el 1° de diciembre.

Si ustedes hacen reuniones de testimonio público, para poder explicar lo negociado, un servidor está en la mejor disponibilidad de venir aquí a compartir claramente lo que hicimos durante estos dos años de negociación.

Muchísimas gracias por su atención.

Eternamente comprometido con este Senado de la República.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Maestro Ildefonso Guajardo,

Senadoras y Senadores:

Al finalizar la actual administración, debemos reconocer que nuestro país y en el mundo se viven intensos debates sobre las políticas económicas y sobre las relaciones comerciales entre los países, inspirados en la preocupación por la intensa profundización de las brechas de desigualdad económica y social.

Esas reflexiones orientarán muchas de las conclusiones que tomen los distintos grupos parlamentarios sobre la etapa que culmina y el ciclo que comienza.

En medio de esta complejidad de desigualdades internas y globales, México ha acudido a una difícil negociación comercial con Estados Unidos de América.

Los diversos matices del acuerdo comercial actualizado con Estados Unidos y Canadá, son muestra de estas dificultades.

Reafirman la pertinencia del multilateralismo y abren también, sin embargo, un horizonte inmediato de certidumbre para la economía mexicana y de oportunidades en temas de sensibilidad social, como la cuestión laboral largamente diferida.

El Senado de la República ha comenzado a recibir información sobre dichos acuerdos comerciales y seguirá atento hasta la llegada formal del Tratado firmado por el Presidente de la República, para su discusión formal y, en su caso, aprobación de esta Cámara de Senadores.

Maestro Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía, en el marco del Análisis del VI Informe de Gobierno, el Senado agradece la información y los aportes hechos por usted, así como también reconocemos a las Senadoras y Senadores que han hecho aportaciones a lo largo de esta comparecencia.

Muchas gracias, Maestro Ildefonso Guajardo.

Concluimos la sesión de Análisis de la Política Económica, y agradecemos la presencia del Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía.

En cumplimiento al artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al Resolutivo Cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito ahora a la comisión designada acompañe al Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, cuando desee retirarse del salón.






Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales, en materia de revocación de mandato.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, 73, 84, 115, 116, 122 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El día de hoy el PRD presenta una iniciativa de reforma constitucional, en materia de revocación de mandato.

Quiero solicitarle a la Mesa Directiva, que pudiera turnar a las comisiones respectivas todo el texto íntegro, toda vez que es muy extenso, pero quiero resaltar algunos elementos sustantivos.

Primero. Nosotros incorporamos al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las y los ciudadanos para solicitar y votar en las consultas de revocación de mandato, pero esto como un derecho exclusivo solamente de ellos.

¿Esto qué quiere decir?

Ni más ni menos que no lo podrá solicitar ningún gobernante en turno o representante popular.

¿Qué quiere decir?

Pues que aquel gobernante o representante popular que por iniciativa propia quiera llamar a una revocación de mandato, pues que renuncie, si es el caso que considera que no lo está haciendo bien.

¿Por qué?

Pues porque este es un derecho de los ciudadanos a poder despedir a los gobernantes en turno.

Y aquí lo que nosotros proponemos es, que aplique al Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales o alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, así como a los Senadores, Diputados federales, Diputados locales, síndicos regidores y concejales.

Proponemos que para el caso de la revocación de mandato, en el caso del Presidente de la República, se deberán de cumplir con ciertos requisitos:

Primero. La solicitud de la revocación de mandato la tienen que solicitar al menos el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal vigentes.

Si hoy se aplicara, en México tenemos aproximadamente 90 millones de electores, se requeriría entonces la petición de 18 millones de mexicanos para que esta solicitud de revocación de mandato tuviera el curso legal que estamos proponiendo.

Esta solicitud de revocación de mandato deberá de solicitarse durante el primer año de ejercicio de la Legislatura siguiente a la elección presidencial que corresponda. Si eso lo aprobáramos tendríamos aquí ya una temporalidad, que correría del 1º de septiembre del año 2021 al 31 de agosto del año 2022. Esto significa que de ninguna manera pudiera ser en la elección intermedia del 2021.

Nosotros estamos proponiendo que esto, en el caso de la elección a Presidente o revocación del mandato de Presidente, sólo sea una vez durante el tiempo del mandato del Presidente en turno.

Involucramos a las dos Cámaras, porque ante las dos Cámaras, una de ellas puede receptar esta solicitud. De ahí, el INE tendría que participar organizando, llevando a cabo la consulta o la revocación.

Señor Presidente, voy a solicitar un poquito más de tiempo para poder explicar esto, que es muy amplio, y además muy importante para la vida pública del país.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted dos minutos más señor Senador.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias.

El INE, insisto, le daría entrada, organizaría, llevaría a cabo la consulta y estaría emitiendo el resultado.

Previo a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que analizar las causales que están presentando los ciudadanos para solicitar la revocación de mandato, entre éstas, corrupción o encubrimiento de los funcionarios o secretarios; violación sistemática de los derechos humanos, incapacidad evidente o permanente, y acciones de gobierno que pongan en peligro, por supuesto, la estabilidad económica o los planes de gobierno presentados.

Si se lleva a cabo la consulta, nosotros proponemos que debe de participar mínimo el 40 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón nominal, y para que tenga carácter vinculatorio debe de haber una mayoría absoluta a favor de la revocación del mandato.

Una vez que sea esto, y si la consulta o la revocación de mandato se aprueban, tendría 60 días el titular del Ejecutivo para separarse del cargo.

De ahí aplicaría lo del artículo 84 constitucional, donde el Secretario de Gobernación asume la Presidencia interina hasta que el Congreso de la Unión nombra en los siguientes 60 días al Presidente sustituto que terminaría el mandato constitucional.

En conclusión, esta es la propuesta que sometemos a su consideración, y esperando que en las comisiones a las que se remita podamos enriquecer este debate.

Sabemos que hay otras iniciativas concurrentes, y que ahí podamos nosotros sacar una propuesta que reivindique la iniciativa ciudadana de poder cambiar a sus autoridades cuando consideren que es necesario, pero con reglas que le otorguen esta potestad únicamente al ciudadano y no al gobernante.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Juan Zepeda. Como lo ha solicitado, esta intervención se inserta íntegra en el Diario de los Debates, y su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Y acto seguido, en la segunda ronda de iniciativas, escucharemos en el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, que presenta una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE CABILDEO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Esta iniciativa con proyecto de Decreto que presento a nombre del Senador, doctor Ricardo Monreal y de su servidor, Miguel Ángel Navarro Quintero, y del grupo parlamentario de Morena, tiene como objetivo regular y transparentar las actividades remuneradas que realizan personas físicas o morales dedicadas a promover, defender o representar los intereses legítimos de particulares ante legisladores, en lo individual o en lo colectivo, y ante los servidores públicos de las Cámaras, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades.

El cabildeo puede ser un componente invaluable en el proceso de toma de decisiones públicas, pues tiene el potencial para promover la participación democrática y para proporcionar ideas e información valiosa a los responsables de las tomas de decisiones.

No obstante, la legítima defensa de intereses por parte de grupos, de interés, ha sido percibida también dada la movilización de cuantiosos recursos como una actividad opaca, de dudosa integridad, que puede resultar en actos de corrupción, influencia indebida, competencia desleal y captura regulatoria en detrimento del ejercicio imparcial, justo y efectivo de las funciones legislativas.

Este aspecto negativo del cabildeo suele acentuarse ahí donde prevalecen los procesos nebulosos y las formas laxas.

Un marco sólido para regular las actividades de cabildeo, es particularmente deseable para construir o consolidar una democracia más fuerte, transparente y justa.

No se trata, de ninguna manera, de extinguir las actividades de los cabilderos, pero sí, pero sí de inhibir aquellas que lo hagan en perjuicio de las instituciones y de la socavación de la confianza ciudadana en ellas.

Los desafíos y el impacto del cabildeo en la toma de decisiones públicas son significativos, y esto requiere necesaria y urgentemente, una regulación que en México todavía es limitada.

En los últimos diez años se ha avanzado más que en los últimos 60 años en relación a normar el cabildeo.

Es por ello que se propone crear la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión.

¿Por qué serían los principales puntos que mencionaré?

En primer lugar, son sujetos de ley los legisladores, en lo individual o en conjunto, los servidores públicos de las Cámaras y los cabilderos.

El ordenamiento propuesto prevé derechos, pero también obligaciones para cada uno de los mismos.

En segundo lugar, se especifica que las actividades del cabildeo reguladas por la ley no son excluyentes de otras formas de participación y gestión ciudadana, ni gozarán de atención prioritaria o especial por los legisladores y servidores públicos de las Cámaras.

Se mandata la creación de un proceso de registro y la integración de un padrón con el objetivo de identificar a las personas, físicas o morales, que ejerzan el cabildeo, así como para transparentar los temas y acciones que realicen al interior de las Cámaras en el marco de sus actividades.

La ley, como cuarto punto, establece la obligación de los legisladores, servidores públicos y cabilderos de entregar trimestralmente un informe relativo a las actividades del cabildeo en las que hubieran intervenido.

Se reconoce como quinto punto, el derecho de los legisladores y servidores públicos de las Cámaras, de decidir si reúnen o no con cabilderos y de considerar sus documentos, datos e informaciones en aquellas actividades propias de sus cargos, siempre y cuando sea público el origen y la autoría.

Se prevé la creación de un archivo de cabildeo, en el cual se integren todos los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, minutas, proyectos, Decretos y, en general, cualquier acto o resolución emitida por las Cámaras.

La ley se basa en los principios de máxima transparencia y publicidad en los procesos que regulan el cabildeo, hoy que las instituciones están bajo la mira y exigencia de todos los ciudadanos.

Se incorpora un capítulo para establecer la trazabilidad de los documentos de los cabilderos. Ello implica que los documentos legislativos habrán de estar acompañados por un informe sobre las sugerencias, datos y argumentaciones que hayan sido considerados en las diversas etapas del proceso legislativo.

Se prohíbe que los legisladores y servidores públicos de las Cámaras…

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor Senador.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Un minuto, por favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Tiene usted un minuto.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Puedan ejercer durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminado el encargo, una actividad de cabildeo.

Se prohíbe, de la misma manera, a los cónyuges y parientes, por consanguineidad y afinidad, hasta en cuarto grado de los legisladores y servidores públicos de las Cámaras, ejercer actividades de cabildeo durante el tiempo que dure el encargo motivado de su parentesco o afinidad.

Se prevé un régimen especial de responsabilidades administrativas y sanciones para el caso de la inobservancia de la ley.

Por último, las multas contempladas estarán entre un rango, entre 80 a 400 mil pesos.

Como ustedes ven, no se trata de amedrentar a nadie, lo que sí se trata es que se profesionalice el cabildeo y se transparente por el bien, particularmente, de las instituciones legislativas.

Espero sea analizado con profundidad esta nueva ley que estamos proponiendo y por el bien de las Cámaras, por el bien del trabajo legislativo, sea aprobado en su momento.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senador Navarro Quintero. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Joel Padilla Peña: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: El Senador Padilla.

El Senador Joel Padilla Peña: (Desde su escaño) En mi calidad de vicepresidente del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, solicito al orador de la presente  iniciativa, autorice que todo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo suscriba la misma.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha hecho el ceño de que concede, así que está usted adherido a esa iniciativa.

Erandi Bermúdez y el Senador Madero, adelante, ambos se adhieren a la iniciativa. Víctor Castro Cosío, de Morena. Los demás que quieran adherirse a través del método acostumbrado. El Senador Mancera, muchas gracias.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales, para la creación del Instituto de Ciencias Forenses.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, APARTADO B DEL ARTÍCULO 20; SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, Y UN INCISO C) AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy buenas tardes. Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, a nombre propio y del Senador independiente Emilio Álvarez Icaza, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Uno de los principales señalamientos que se ha hecho respecto de nuestro Sistema de Procuración de Justicia, es que la autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal es la misma que coordina la realización de los dictámenes periciales que se utilizan para demostrar o no la existencia del delito y la probable responsabilidad de quien lo cometió.

En el caso Ayotzinapa, las investigaciones que llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropólogos forenses, arrojaron discrepancias y contradicciones fundamentales con la teoría del caso, señalada por la PGR.

Se ha cuestionado reiteradamente que la Procuraduría buscó dar soporte a esta denominada “verdad histórica” a través de los servicios periciales a su cargo, lo que resulta verdaderamente grave pues es a partir de la emisión de los dictámenes periciales como debe surgir la teoría del caso y no a la inversa.

Lo anterior hace evidente, impostergable, la necesidad de contar con servicios periciales forenses, autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados bajo los más altos estándares internacionales, ya que ello brindará legitimidad y credibilidad a los peritajes emitidos.

En este sentido, se pronunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christof Heyns, en abril de 2014, cuando señaló que: “debería de crearse una institución nacional de servicios forenses autónoma con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos aplicables a nivel nacional”.

De igual manera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein, en 2016, y lo reiteró en 2018, en el Informe sobre Violaciones de los Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, recomendó crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente, con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar el informe de la visita in loco, realizada entre septiembre y octubre de 2015, evidenció la falta de profesionalización de los funcionarios adscritos a los servicios forenses, por lo que exhortó a crear un instituto nacional forense autónomo, independiente de injerencias políticas y de otra índole, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos.

Ello también contribuirá a abatir los índices de impunidad que en nuestro país son alarmantes, como lo mencionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein, que dice que: “las estadísticas oficiales muestran que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver y que la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”.

Hoy la población desconfía de las policías, del Ministerio Público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales.

Los familiares de las personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente ante la inactividad de las autoridades.

Por eso y con la finalidad de atender las recomendaciones que han emitido organismos internacionales en materia de derechos humanos, es que hoy propongo la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses como un órgano independiente del Ministerio Público Federal que preste servicios periciales y que cuente con autonomía técnica en los asuntos que sean sometidos a su revisión.

Consideramos que esto coadyuvará a tener un mayor grado de imparcialidad y transparencia en los dictámenes periciales. Esto va a dar más confianza a los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia y también proporcionará al juzgador los elementos necesarios para resolver con apego a la verdad.

Senadoras y Senadores, estos son algunos de los importantes elementos que contiene esta iniciativa de reforma constitucional, esperando que cuente con la valoración positiva por parte de todos ustedes.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora María Guadalupe Murguía. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Anaya Mota, por favor.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Si me permite la Senadora que la pueda acompañar, suscribirme en su iniciativa.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Mónica Fernández. Claudia Edith Anaya, con mucho gusto. Muchas gracias, Senadora. Minerva Hernández. Muy bien.






Continuamos, entonces, dando el uso de la palabra a la Senadora Claudia Edith Anaya, del grupo parlamentario del PRI, que presenta una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de educación inclusiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente.

Alguna vez dijo Paulo Freire, que es un gran pedagogo brasileño, “que enseñar exige el respeto a la autonomía del ser educado”.

La escuela es el primer contacto con la patria y la sociedad. Por ello, el aula debe ser representativa y democrática, es decir, debe promover el respeto por la diversidad y garantizar el acceso equitativo a la educación como un medio de movilidad social para que todas las personas, independientemente de sus características, se beneficien de ella y sea una herramienta para su desarrollo. Así, la escuela es una muestra representativa de nuestra sociedad y debemos incluir a todos sus integrantes, pero no sólo como un ejemplo numerario y simbólico, sino que cada uno de los alumnos tenga las mismas oportunidades de aprender, de convivir y de participar, donde la educación repercuta en el bienestar de cada individuo, respete su dignidad, su autonomía y le reconozca y aliente su derecho a contribuir en la comunidad.

Hoy día las personas con discapacidad somos de los grupos con mayor rezago educativo. Según el Coneval, el 48 por ciento de las personas con discapacidad se encuentran en rezago educativo, el nivel predominante en adultos con discapacidad es de primaria, y solamente una de cada diez personas con discapacidad tiene la oportunidad de cursar el primer año de educación superior.

Esto nos conduce a la necesidad que tenemos como país de consolidar el modelo social dispuesto en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, al interior de la educación pública.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la educación inclusiva es un derecho fundamental de toda persona, pero su necesidad se centra en las personas con discapacidad, porque conlleva a la identificación y eliminación de las barreras que restringen el acceso con inequidad a la educación regular.

Es decir, nuestra meta como país es que todos los alumnos con y sin discapacidad compartan la misma aula, pero que los segundos tengan las condiciones necesarias para que su experiencia en el aula no sea testimonial, que participen en plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Corte, en su resolución, determinó que la educación especial no debe sustituir a la educación inclusiva, y no puede ser la vía de acceso al derecho educativo de las personas con discapacidad, porque los segrega de los demás. La educación especial debe transformarse como una opción auxiliar, que tenga como finalidad única que los alumnos con discapacidad puedan incorporarse a las aulas.

La reforma que hoy se presenta pretende armonizar el concepto de educación inclusiva como un derecho de todo educando, que respete su bienestar, valore su dignidad, su autonomía y que le permita participar en la construcción de su entorno.

Hace 102 años, Francisco J. Múgica, siendo Constituyente, al abrir la discusión relativa al artículo 3o., afirmó en el debate: “¡Se inicia el momento más solemne de la Revolución!”

Y es que la educación pública, sin duda, es el mayor legado de la Revolución.

Es entonces que con equidad esta herencia se debe transmitir a quienes hoy día aún no han recibido los beneficios de la educación pública, pero que aspiran como todos nosotros a participar en el desarrollo nacional y dejar de ser el rostro del rezago.

Es pues, que esta iniciativa armoniza nuestra legislación con la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a favor de la educación inclusiva para las personas con discapacidad, ojalá y que nos actualicemos pronto en esta materia.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senadora Anaya Mota. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Permítame concederle la palabra a la Senadora Minerva Hernández. Sonido en el escaño de la Senadora Hernández.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: (Desde su escaño) Sólo quiero suscribir, si me lo permite la Senadora Anaya, su iniciativa.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: La Senadora Anaya ha asentido.

La Senadora Saldaña.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Para sumarme con la Senadora, felicitarla, y muy bien.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

La Senadora Murguía, la Senadora Mercado, la Senadora Beltrones, también se adhieren. El Senador Añorve, lo hará seguramente a nombre de su grupo parlamentario. El grupo parlamentario del PRI queda adherido. Igualmente el grupo parlamentario del PRD.

Adelante, Senadora Mercado.

La Senadora Patricia Mercado: (Desde su escaño) El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, también se adhiere.

¡Felicidades! Es muy importante.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senadora Mercado. En esos términos queda registrado en el Diario de los Debates.

El grupo parlamentario del PAN queda adherido por completo. Muy bien.

Vamos a dar paso, entonces, a la primera ronda de puntos de Acuerdo.

Al concluir esta ronda, consultaremos a la Asamblea si se consideran cumplidos los tiempos establecidos en el Reglamento para el desempeño de los trabajos de esta sesión.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Por lo tanto, le daremos el turno de la palabra, en la primera ronda, a la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, que presenta un punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia de la entidad.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, señor Presidente.

Quiero abusar de esta Asamblea para decirles que, por azares del destino, el día de hoy se acumularon tres puntos de Acuerdo, y por ello he solicitado a la Mesa Directiva no estar pasando y pasando, sino de una vez utilizar este tiempo con ligera ampliación para poder presentar los tres puntos de Acuerdo.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, Senadora.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, señor Presidente.

El primer punto se refiere al caso de los hijos e hijas de la señora Mayte López García, que signamos mi compañera Senadora Josefina Vázquez Mota y su servidora.

Primero, expresamos nuestra solidaridad con la señora Mayte López, y decirle que no olvidamos su caso.

También queremos mencionar, en este punto de Acuerdo, que su caso no es el único, muchas mujeres en el país deambulan en las instancias de justicia pidiendo la restitución de sus hijas e hijos que les fueron sustraídos teniendo ellas la guardia y custodia.

En la mayoría hay algo en común, que se trata de hombres poderosos ejerciendo violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos; son políticos, empresarios, en muchos casos, lo que se conoce como hombres de buena familia que lamentablemente amparados en el poder del dinero y de las relaciones sociales violentan a las mujeres.

Déjenme decirles que en Europa, por mucho menos se han destituido a personas con altísimos puestos de decisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien, en Ginebra, Suiza, por haber mentido en España, en un currículum, se destituyó inmediatamente a una Secretaria de Estado.

Les decía que por desgracia el caso que nos ocupa no es único, el 2011, la Suprema Corte de Justicia premió el documental “Madres activistas en Xalapa”, producido por el “Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres” que ocupó el primer lugar el certamen anual de la Corte.

Compañeras y compañeros:

No hablo de días ni de meses, hablo de años involucrados en procesos legales, de desgaste físico, de desgaste emocional y enfermedades producto del estrés, del desgaste económico, de vivir violencia en cada audiencia, porque Mayte las ha perdido todas ante las instancias en Chiapas.

De peregrinar por los DIF o los centros de convivencia familiar, sábado tras sábado con la duda de si ese día por fin podría encontrarse con sus hijas e hijos y si logran encontrarse del dolor de la separación.

Por ello, he solicitado un punto de Acuerdo donde se exhorte al Poder Judicial que en aras del interés superior del niño, se contemple la importancia de que estas niñas y niños no estén siendo revictimizadas y llevados a una situación de desamparo jurídico con este ir y venir de la justicia en contra de Mayte López.

Es por ello, compañeras y compañeros, que estoy solicitando que se exhorte al Poder Judicial de la Federación, a establecer mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guardia y custodia de las niñas, niños y adolescentes a fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Y segundo, que se reviese el caso de los hijos de la señora Mayte López, a fin de verificar que no exista ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de amparo.

Esto es lo que estoy solicitando, lo hemos solicitado la Senadora Vázquez Mota y su servidora, y lo pongo a su consideración.

Paso al siguiente tema.

Quiero decirles a ustedes que tiene que ver con la inseguridad que se está viviendo en el estado de Guanajuato.

Quiero abrir el corazón de todas y todos ustedes y quiero apelar a Acción Nacional a que también se puedan sumar.

Miren, los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la Incidencia Delictiva, es decir, sobre la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las procuradurías, son contundentes para el estado de Guanajuato.

Entre los meses de enero y agosto de 2018 se produjeron en el país 18 mil 835 homicidios dolosos, de los cuales Guanajuato contribuyó con mil 671, la mayoría con armas de fuego, y también se registran otro tipo de delitos, lesiones dolosas, feminicidios, 726 casos de abuso y acoso sexual más violaciones.

Compañeras y compañeros:

La seguridad ciudadana es, como plantea Naciones Unidas, una condición necesaria para el desarrollo humano.

Una sociedad necesita esa seguridad para que cada uno y cada una de sus miembros, hombres y mujeres, alcancen el máximo bienestar posible.

Para contribuir a una sociedad más segura, necesitamos atender las diversas formas de vulnerabilidad social en la que surgen y se desarrollan los hechos de violencia, por eso es importante construir una política de seguridad ciudadana para el estado de Guanajuato.

Debe pasarse necesariamente la inclusión de la pluralidad de voces; sin embargo, estamos ancladas en las omisiones, en el tráfico de influencias, en una serie de prácticas que denostan, que denigran el derecho a la seguridad de todas y todos en Guanajuato.

Por eso, compañeras y compañeros, hay que atender las recomendaciones de Naciones Unidas, hay que incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la aportación de políticas públicas de seguridad, hay que trabajar los efectos y las consecuencias de la inseguridad en la vida de la ciudadanía.

Una política de seguridad debe considerar, desde luego, la mejora en la actuación de los cuerpos de seguridad, que pasa también por las condiciones laborales o por la adopción de nuevas tecnologías.

Sin embargo, y quiero sumar este punto de Acuerdo al siguiente punto de Acuerdo, no se ha presentado en Guanajuato, acaba de tomar posesión el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ratifica al Procurador, Carlos Zamarripa, al Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y no nos ha presentado un plan emergente de seguridad, no lo ha presentado.

No son enchiladas, necesitamos saber qué va a hacer con esta situación que prevalece y esta situación de inseguridad, de omisión, de complicidad en Guanajuato.

Quiero sumar este punto de Acuerdo, que no venía de urgente resolución, al siguiente punto de Acuerdo dados los hechos acontecidos el día de ayer.

El pasado 11 de mayo el candidato de Morena, en Apaseo el Alto, Remedios Aguirre Sánchez, fue brutalmente asesinado en el parque ecológico de Apaseo el Alto, nuestro compañero Remedios Aguirre Sánchez.

Días después de este artero crimen, la esposa de Remedios acepta ser la candidata de Apaseo el Alto, obtuvo una contundente victoria en la jornada electoral en este 1º de julio, y se lo agradecimos muchísimo a nuestra compañera Carmen Ortiz Terrazas.

Al asumir el cargo, la presidenta se comprometió con la población de Apaseo, que combatiría a los grupos de la delincuencia organizada que mantienen en vilo a la población, y se comprometió también a honrar la memoria de su esposo asesinado, pues mantenía la convicción y el compromiso de trabajar por y para el pueblo basándose en los principios de honradez y de valentía.

Justo ayer, ayer fue la toma de protesta de los 46 municipios en Guanajuato, igualmente en Apaseo el Alto, iniciaba una nueva etapa política de la administración de Morena, y ayer, sin pasar escasas diez horas de la toma de protesta, es asesinado el Director de Tránsito y Transportes Municipal, Santos Alonso Cerritos, a sangre fría mientras comía en un negocio ubicado en el centro de esta ciudad.

Es increíble, compañeras y compañeros, que en menos de tres meses viene un asesinato tras otro, un comando de sujetos armados irrumpen en Apaseo el Alto y asesinan a nuestras compañeras y compañeros.

La zona de los Apaseos, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, que están pegadísimos a Celaya y a Querétaro, se han caracterizado en este último año por una guerra de autoridades, de delincuentes, es una zona de las más huachicoleras que conocemos y, además, es una zona donde se ha identificado, así lo han declarado las autoridades, donde opera el Cártel de Santa Rosa y otros grupos delictivos que se disputan el control de ese territorio.

Compañeras y compañeros, el asesinato de Refugio, el asesinato de Santos, al igual que el de cientos de guanajuatenses, tenemos 8 mil 131 asesinatos en Guanajuato, nada más en este año.

No puede ser, compañeras y compañeros, que no podamos hacer algo desde este Senado.

Es por eso que estoy solicitando un punto de Acuerdo con las siguientes bases:

Es un punto de Acuerdo de urgente resolución este último, compañeras y compañeros, muy descafeinado, muy deslactosado, pero me parece contundente, nada más nos falta la media carga de café y ya acabamos de estar.

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente los hechos de violencia ocurrido en el estado de Guanajuato.

Segundo. El Senado de la República exhorta a las autoridades competentes a salvaguardar la vida e integridad de la alcaldesa de Apaseo el Alto, Guanajuato, misma que sufrió el asesinato de su esposo cuando éste era candidato en dicha alcaldía y fue ultimado en un acto de campaña.

Tercero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar las medidas necesarias para detener la violencia en esa entidad.

Cuarto. El Pleno de la Cámara de Senadores expresa su solidaridad con la alcaldesa de Apaseo el Alto en la entidad de Guanajuato.

Está signado por los grupos parlamentarios, algunos han preferido adherirse a la solicitud de urgente resolución, cosa que les agradezco de verdad, porque esto nos compete a todas y a todos en nuestro país.

No más violencia, paz para Guanajuato.

Solicito, señor Presidente, que se publique el texto completo de estos puntos de Acuerdo y que someta a su consideración este último punto de Acuerdo de urgente resolución.

Por su atención, por su solidaridad, porque lo tendríamos que hacer por todo el país, se los agradezco.

Hasta luego.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo en relación con la C. Mayte López García.

Las suscritas, Senadora MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA, integrante del grupo parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y senadora Josefina Vázquez Mota, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En semanas anteriores, se ha dado a conocer el caso de la señora Mayte López García, quien denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, Noé Castañón Ramírez, quien el 22 de septiembre de 2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en la Ciudad de México, donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza y le arrebataron a sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los niños tenga convivencia o contacto con ellos.

Mayte López acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México a fin de que a través de su intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su expareja, sin embargo, la actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia familiar de la Ciudad de México se ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha interpuesto diversos juicios de amparo en la Ciudad de México y en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la dilación en la resolución de estos juicios ha impedido que la señora Mayte pueda reencontrarse con sus hijos1 y ha impedido el ejercicio de los derechos también de los menores.

La señora Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen en el ámbito penal.

Asimismo, consideramos que se debe evitar que el fuero se convierta en una herramienta para evadir responsabilidades legales y se extienda para salvaguardar intereses personales, y porque el Senado de la República debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de las personas menores de 18 años previstos en el artículo 4o. constitucional2. En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño, niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de 18 años3.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del interés superior del niño, en los casos de guarda y custodia, implica que se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño4.

En ese sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades5.

El retardo en la resolución de los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón, ha contribuido a mantener una situación arbitraria que se ha vuelvo perjudicial para los intereses de los niños ya que se les ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia familiar sino además el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La dilación en los procedimientos jurisdiccionales en particular en el ámbito federal ha constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los niños y su prolongación en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de la propia madre de éstos.

De acuerdo con organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C., Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres A.C. y el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón” A.C, los juicios de guarda y en México suelen prolongarse de 4 a 7 años, y cuando están involucrados personajes con poder político y económico, suelen ser utilizados como una forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones de desigualdad y prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos durante la primera infancia. Es decir, el caso de Mayte López García y sus hijos, evidencia toda una práctica en México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.

SEGUNDO. Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin de verificar que no existan ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de amparo.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Martha Lucía Micher Camarena.- Sen. Josefina Vázquez Mota.

1 Se presentó un juicio de amparo el 23 de marzo de 2017 el cual fue sobreseido y actualmente se encuentra recurrido a través del amparo en revisión 80/2018 presentado en febrero de 2018. Este juicio fue motivado por la cancelación de medidas de seguridad que había solicitado Noé Castañón Ramírez en contra de Mayte López García.
El otro juicio de amparo indirecto presentado el 6 de octubre de 2016, se tramito ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 972/2016, juzgador que decreto la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se llevara  a cabo la plática con los menores hasta en tanto no se resolviera en definitiva el juicio de amparo. Este juicio, después de una revisión y diversos retrasos, fue resuelto en el mes de agosto pasado. Es decir, casi dos años después.

2 Tesis aislada: 1a. XlVii/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena E?poca, XXXiii, abril de 2011, p. 310. Registro ius: 162354.

3 Tesis aislada: 1a. XV/2011, Semanario Judicial de la Federacio?n y su Gaceta, Novena E?poca, XXXiii, febrero de 2011, p. 616. Registro ius: 162807.

4 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nin?as. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, pa?rr. 109.

5 Cfr. Asunto L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, Considerando 16.






Proposición con punto de Acuerdo en relación con la inseguridad en el estado de Guanajuato.

La que suscribe, MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X; 95; 103, numeral 2, fracción III; 108; 109; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD., con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es un hecho notorio y público el incremento alarmante de los índices de violencia en el Estado de Guanajuato, lo cual exhibe serios signos de deterioro y descomposición social, mientras que las autoridades estatales en materia de seguridad e impartición de justicia han sido incapaces e ineficaces para contener y, peor aún, para revertir el incremento en los índices delictivos de dicha entidad.

De acuerdo con las conclusiones derivadas del reporte semestral de incidencia delictiva correspondiente al periodo de enero-junio 2018, realizado por el Observatorio Ciudadano de León A.C. con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “De 13 delitos monitoreados durante el primer semestre  de 2018; 7 sufren un incremento con respecto al mismo periodo de 2015, año base de este estudio: siendo Narcomenudeo el que se ha aumentado 347por ciento, seguido de Homicidio Doloso con 135por ciento; Feminicidio con 100por ciento; Delitos contra la familia 28por ciento; Robo a negocio 25por ciento; y Homicidio Culposo y Lesiones Dolosas, con 15 y 12por ciento, respectivamente. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para el Municipio de León, Guanajuato”.

De conformidad con lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llama la atención el desinterés de la voluntad ciudadana para denunciar el delito de extorción.

Según la revista Newsweek en español, en 2017 ubicó al estado de Guanajuato como la entidad más violenta e insegura del país; dado que por sí sola representaba el 12por ciento de los homicidios dolosos, el 46por ciento de los delitos de narcomenudeo, el 17por ciento de los feminicidios y el 21por ciento de los delitos contra la familia.  Sin embargo, y aun con estas cifras oficiales, en su momento, las autoridades lo atribuyeron a una campaña de desprestigio de la citada fuente en su contra.1

De igual forma, la revista señala que, en Guanajuato, tan sólo en 2017, fueron cometidos 4,027 homicidios, de los cuales 1,423 fueron dolosos; con lo cual el estado ocupó a nivel nacional el séptimo lugar en la comisión de homicidios dolosos, y el primer lugar en homicidios culposos. Esta tendencia resulta alarmante en atención con las cifras de violencia registradas al inició del 2018, las hacen deducir que al final del año, la entidad podría consolidándose como la más violencia en el país.

Esta información se ratifica en enero de 2018, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta que en Guanajuato se cometieron, un total de 395 homicidios; de los cuales, 237 son dolosos, y de éstos, 210 se cometieron con arma de fuego.

Por su parte, diversos medios periodísticos, han proporcionado cifras que describen la situación de inseguridad que impera en el estado, en particular se destaca la nota del Doctor Arturo Mora Alva, del diario “Es lo Cotidiano” que refiere:

“En materia de seguridad y paz, en lo que va del año Guanajuato está en primer lugar de homicidios dolosos y en el feminicidios. Ocupa el lugar 22° en la tasa de prevalencia delictiva (delitos por cada 100 mil habitantes), en 2010 estaba en el lugar 13° de la tasa de prevalencia, en 2015 se registraron 28 mil delitos, aunque la tasa negra, es decir de delitos no denunciados en Guanajuato es de 92por ciento. Se tiene el 9° lugar en el índice de confianza de las unidades económicas en los ministerios públicos y la Procuraduría del estado, en 2010 era el tercer lugar”.

Aunado a lo anterior, se destaca la investigación realizada por el portal de noticias del Estado de Guanajuato “Zona Franca”, en el que refiere el hallazgo de por lo menos tres fosas clandestinas con al menos 37 cadáveres, razón por la cual ya se abrieron diversas carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado.2

Es preciso destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un muestreo hemerográfico cuyos resultados destacan que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre diversos factores, de la continua violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia de manera libre, pronta, completa e imparcial.3 Asimismo, las acciones implementadas por las instancias de procuración de justicia resultan ineficaces, vulnerando los derechos de los familiares de las víctimas sometiéndolos incluso a una revictimización.

Lo antes citado, exhibe el evidente y alarmante crecimiento de los índices delictivos en el Estado de Guanajuato.

Derivado de lo anterior, hago un llamado respetuoso al Titular del Ejecutivo Estatal, para que, en el ámbito de sus competencias y a la mayor brevedad posible, implemente un plan emergente de seguridad, a fin de revertir los altos índices de violencia que imperan actualmente en Guanajuato, y garantice la seguridad, paz y tranquilidad de sus habitantes.

En virtud de lo antes expuesto y consciente del grave problema de inseguridad y violencia que actualmente se vive en el Estado de Guanajuato, someto a consideración de esta H. Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

Único.- Por el que se exhorta al C. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Martha Lucía Mícher Camarena.

1 FUENTE: ARELLANO. S. (2018). “En enero, Guanajuato fue el más violento”, en Revista Newsweek. Disponible en: https://newsweekespanol.com/2018/03/en-enero-guanajuato-fue-el-mas-violento/

2 En la recta final de su gestión, Márquez y su procurador ocultan información de tres fosas clandestinas con al menos 37 cuerpos. http://zonafranca.mx/en-la-recta-final-de-su-gestion-marquez-y-su-procurador-ocultan-informacion-de-tres-fosas-clandestinas-con-al-menos-37-cuerpos/

3 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf.






Proposición con punto de Acuerdo en relación con la Presidenta Municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Malú Mícher.

Como se ha propuesto por urgente resolución el punto tercero, el primero se turnará a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; el segundo a la Comisión de Seguridad Pública y el tercer punto se someterá a votación, para saber si se considera de urgente resolución.

En caso de que así se considere, se abrirá la discusión. Si no se considera de urgente resolución, se turnara a la Comisión de Seguridad Pública. Por lo tanto, es que si no se considera de urgente, no vamos a abrir la discusión.

Es el punto de la Senadora Malú Micher, y como en otros casos, ha sufrido algunas modificaciones. No es la primera vez que ocurre. Vamos a someter a consideración del Pleno si es de urgente resolución.

Sonido en su escaño, de la Senadora Reynoso Sánchez.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Señor Presidente, me parece que nuevamente se violan los procedimientos del Senado de la República.

El Reglamento es muy claro en los puntos de Acuerdo que se registran para discutir en la sesión.

Invito a todos los Senadores y Senadoras, para que busquen en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de este día y ese punto de Acuerdo no está registrado.

Por lo tanto, ¿cómo podemos votar si se acepta un punto de Acuerdo que ni siquiera está registrado en la sesión, que no aparece en la Gaceta Parlamentaria y que evidentemente no fue registrado conforme el Reglamento lo indica y como nos lo han exigido a todos los Senadores y Senadoras?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Erandi Bermúdez.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Reiterando el compromiso y lamentamos mucho también los hechos que sucedieron el día de ayer en Apaseo el Alto. Lo lamentamos.

Pero el procedimiento es muy claro y para haber incluido este punto en el Orden del Día, tenía qué usted haber preguntado a esta Asamblea, si se incluía ese punto.

No podemos incluir puntos “fast track”.

Entiendo y comparto la preocupación de la Senadora Malú Micher y lamentamos y condenamos contundentemente este asesinato de un funcionario que apenas ayer tomó protesta y que horas después fue ultimado en un bar, en un bar cuando no hubo mediación de robo o cuando no hubo mediación de una riña, sino que llegó un comando y lo asesinó, como bien daba cuenta la Senadora Malú Micher.

Sabemos todos del problema que tenemos en el estado de Guanajuato, en todos los ductos por un tema que la Senadora comentaba, el tema del “huachicol”.

Y que nos interesa mucho en este Senado de la Republica el poder legislar ya para que eso sea un tema de delito grave.

Guanajuato y no solamente la zona de los Apaseos, la zona de Salamanca, el municipio de donde provengo, Pénjamo, tenemos ese grave problema.

No estamos en contra de la condena, lo que estamos en contra, señor Presidente, es de poder incluir este punto sin haber usted consultado previamente a esta Asamblea, si se incluía en el Orden del Día.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Miren, un par de aclaraciones.

Primero. El punto fue planteado en la Mesa Directiva por la mañana. Se propuso, lo  envió la Senadora Malú Micher y se propuso que pudiera ser un consenso de la Mesa Directiva.

Se buscó consensar y se presentó otra alternativa.

Quienes no estuvieron de acuerdo, nos dijeron: “Mejor que lo presente la propia Senadora Malú Micher”.

Entonces, sí se presentó en la mañana, no se dio el consenso y los propios discrepantes del punto pidieron que al no darse un consenso sobre el texto y la orientación, fuera presentado por la Senadora Malú Micher. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Yo no estaba en el momento en el que se dio paso a la presentación del punto.

Pero debo decir en justicia, que ha habido otras ocasiones en que hay puntos que se han modificado, incluso del grupo parlamentario al que ustedes pertenecen, ha habido iniciativas que no estando anunciadas en la Gaceta Parlamentaria, se han sustituido, han sido sustituidas por otras.

Entonces, con la misma flexibilidad con que hemos tratado a todos los grupos y Senadores y Senadoras, también se ha admitido el planteamiento de la Senadora Malú Micher.

Ahora, permítanme, porque pidió la palabra la Senadora Malú Micher. Sonido en su escaño.

Y después el Senador Víctor Castro.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Compañeras y compañeros.

El asesinato fue en la tarde, nos enteramos más tarde en la noche.

Evidentemente, había una responsabilidad de este Senado para incorporar un punto de Acuerdo.

No me digan que les tengo que avisar que van a matar a alguien, carajo.

Por amor de Dios, no nos apeguemos a la norma, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tener un posicionamiento en relación a una injusticia, a una situación de inseguridad.

Yo les pido, por favor, que no antepongamos en este momento la ley y la norma, porque ha habido excepciones en este momento y ha habido serias excepciones en este Senado.

A mí nadie me avisó que iban a asesinar a un compañero arteramente en Apaseo el Alto. Y no tengo por qué avisarle a nadie y pedirle permiso para ver si nos permiten solicitar seguridad para este país y para este estado.

Por favor, demos argumentos en donde no nos interesa la seguridad y donde la seguridad ciudadana no es importante para este país. Por favor.

Pero no me vengan aquí a decir, que como no está en el Orden del Día, porque no nos avisaron que lo iban a matar. Entonces, ese es el argumento.

Me parece, compañeras y compañeros, que estoy apelando a su sensibilidad.

Simple y sencillamente, Senador Erandi, usted sabe cómo están las cosas.

Senadora, usted también sabe cómo están las cosas en Guanajuato.

No estoy, fíjense, yo fui altamente condescendiente y solidaria con el ahora Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, cuando ratificó al Procurador y al Secretario de Seguridad.

Así lo dije y así lo expresé, no pedí la renuncia del Procurador y del Secretario.

Les di el beneficio de la duda, pero una muerte más, un evento en la carretera en Jerécuaro y muchos otros eventos que han puesto en riesgo a la ciudadanía, a usted y a todas y a todos nos obliga a pedir un posicionamiento sobre un plan  emergente.

Es un tema de ética, de responsabilidad y de seguridad.

No salgamos con argumentos de que no estaba en el Orden del Día, por favor, porque el señor fue asesinado exactamente en la noche cuando ya había terminado, incluso, la sesión de esta Mesa Directiva.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Erandi Bermúdez, por alusiones.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Gracias.

Yo lo dije muy claro. No estamos en contra de este punto de Acuerdo.

De hecho, incluso lo dije, el tema en los hechos, como fue suscitado en Guanajuato y que tenemos que trabajar todos por el tema de lo que muy bien decía la Senadora Malú Micher, del tema del “huachicoleo”, que Guanajuato no es el único estado que tiene este problema muy grave.

Lo que yo decía, señor Presidente, es el procedimiento que esté.

Entiendo que ni usted ni nadie sabíamos, desgraciadamente, que se iba a asesinar a un ciudadano independientemente de su filiación política; a un ciudadano que tenemos que condenar el hecho de él o de cualquier otro ciudadano que haya en este país.

Pero el Reglamento es claro y estoy a favor, Senadora Malú, de este punto de Acuerdo.

Lo que sí pido, señor Presidente, es que se siente el precedente y que se incluya en el Diario de los Debates las expresiones hechas también por usted, donde dice: “Que ha habido muchas ocasiones donde el legislador sube y puede presentar otro tipo de asuntos de los cuales no estaban enlistados”.

El Reglamento es claro y podemos modificar el Orden del Día. Ya lo hemos hecho, ya hemos hecho y hemos modificado el Orden del Día.

Y en este caso, lo digo categóricamente, no estaríamos en contra por él, no por militantes, sino por él ser un ciudadano guanajuatense y aunque fuera del país.

Por eso, solamente quiero que sí quede registrado, señor Presidente, esas expresiones, donde condenamos los hechos. El Gobernador Diego Sinhué tomó posesión el día 26 de septiembre, a escasos 15 días tomó posesión. Y yo estoy convencido que él es uno de los principales preocupados de este tema.

Hoy aquí en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión tenemos una tarea muy clara, tipificar como delito grave el robo del combustible, porque en Guanajuato hay gente que se le detiene robando el combustible, y al día siguiente ya está en la calle; hay gente que se le detiene con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y al día siguiente están en la calle.

Este es un trabajo de los tres niveles y de los tres órdenes de gobierno; es un trabajo de prevención.

Pero es un trabajo que también tenemos que pedirle al Ejecutivo Federal, que al final del día lo que está sucediendo en esta región, y lo que sucedió ayer con este ciudadano, independientemente no podemos juzgar, porque no somos la autoridad para juzgar, pero tendríamos que nosotros hacer lo conveniente para poder darle armas al Ejecutivo y al Judicial para que pongan orden en este país.

Y hoy tenemos una grave responsabilidad, nosotros los legisladores, de poder legislar.

Por eso, señor Presidente, solamente le quiero pedir que quede asentado el que no se pidió la modificación, y dejar muy claro que no estamos en contra del punto de Acuerdo; lo único es, el Reglamento es claro, y pudiéramos haber incluido este punto de Acuerdo, claro, como lo hemos hecho otras veces, modificando el Orden del Día, como lo comenta el Reglamento.

Es cuanto, señor Presidente.

Senadora Malú, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a darle la palabra al Senador Víctor Castro, y después vamos a hacer una propuesta para resolver el tema.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: (Desde su escaño) Primero, quiero adherirme al punto de Acuerdo que expresó verbalmente el compañero, yo creo que su planteamiento resume para la nación lo que está ocurriendo en su estado o no sé si sea su estado.

Pero ya van, desde el día que tomó protesta el nuevo gobernador, 40 muertos, y sería de verdad omiso este Senado por una cuestión reglamentaria, que puede usted tener toda la razón, nosotros no estamos objetando tu razón.

Tu razonamiento lo suscribo en todos sus términos, pero yo llamaría a este Senado que seamos sensibles, si no querían que supiera que estamos exhortando al gobierno del estado, al gobierno federal y a quien corresponda de lo que está sucediendo, ocurriendo aquí, pues ya lo dijiste.

Yo creo que tiene más valor tu testimonio, Senador, que cualquier escrito.

Pero lo que me parece que es poco conveniente es que cuando haya un exhorto de la magnitud de un asesinato, y lo dices, y lo deslizas con una facilidad enorme, fue en tal lugar, no importa el sitio, están muriendo tus compatriotas.

¡Ah!, porque a un futbolista, hace un tiempo le dieron un balazo en un bar, ¿no vamos a condenar la violencia?, lo que sufrió Cabañas.

No importa el sitio, lo que importa es lo que está ocurriendo y este país se está desangrando, y vamos todavía a andar con medias tintas, porque afecta a mi gobernador.

No, que se quede en tu conciencia, porque lo has expresado claramente.

Yo creo, compañeros de todos los partidos que nos sujetemos, esto puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier gente, no estamos en condiciones, de veras de oponernos a un hecho reglamentario, que tienes toda la razón, te repito, pero yo conmino a todos y a todas las Senadoras a que condenemos juntos la violencia, votemos, deja Guanajuato, pasa en Michoacán, pasa en Baja California Sur, pasa en todo el país, vamos juntos a condenar la violencia.

Ya no, no dilatemos por cuestiones de carácter técnico-administrativo.

Yo les daría mi voto de verdad, aunque la Mesa Directiva haya tenido esta situación de no consenso, pero creo que el Pleno tiene toda la autoridad política y moral para que sea este punto, un punto de Acuerdo en el Senado de la República, donde condenamos la violencia que se está viviendo en Apaseo el Grande.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Vìctor Castro Cosío.

Vamos a proceder de la siguiente manera, permítanme. Vamos a subir el texto de la Senadora Malú Micher a las pantallas para que sea de conocimiento de todas las Senadoras y Senadores.

Vamos a dar paso al siguiente punto de Acuerdo, la siguiente proposición.

Vamos a cumplir con la formalidad de que esté en las pantallas, en la Gaceta Parlamentaria para que lo conozcan y lo tengan a la mano, no sólo lo escuchen, porque de hecho ya lo escucharon, pero que tengan el texto en sus pantallas, y en lo que lo revisan, escuchamos una iniciativa, terminando la iniciativa que vamos a escuchar, regresamos a este punto para su votación y consideración.

¿De acuerdo? Bien, gracias.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de varios estados a acatar la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los municipios en cuanto a la denominación de origen del mezcal.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

A nombre de mi compañero Juan Antonio Martín del Campo, Senador por Aguascalientes, y el mío propio, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, a que acaten la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, referente a la inclusión de los municipios, dada en el mes de agosto del presente año en cuanto a la denominación de origen del mezcal; se exhorta también a la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, para que prevalezca el interés público y nacional en cuanto a la producción del mezcal, y se reconozca el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la ampliación e inclusión de diferentes municipios del país en la declaración general de origen del mezcal, al tenor de lo siguiente:

Creo que en México tenemos que estar unidos y nunca que ningún tema estatal nos divida.

En agosto del presente año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la denominación de origen a municipios de los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y Aguascalientes, después de que se cumpliera con los requisitos estipulados para ello.

Por su parte, el 19 de septiembre el Consejo Regulador del Mezcal emite un comunicado en donde dan a conocer la demanda de controversia constitucional en contra de la ampliación de la denominación de origen del mezcal, la cual, de acuerdo a dicho documento, va respaldada por el gobernador de Oaxaca. Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esta demanda por notoria improcedencia, debido a que este recurso jurídico sólo puede ser presentado ante la Corte para defender las atribuciones propias del gobierno respectivo.

Aunado a lo anterior, el 8 de agosto el Comité Económico Caminos del Mezcal, A.C., interpone un recurso de revisión en contra de la resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de Denominación de Origen del Mezcal para incluir a los municipios de Aguascalientes, bajo el folio 0216970

Por último, el 4 de septiembre se presenta ante este recinto de la Cámara de Senadores un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que en el marco de sus atribuciones reconsidere la resolución por la que modifica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del mezcal para incluir municipios de diversas entidades federativas, ya que supuestamente atentan a las tradiciones y la economía del mezcal.

En ese tenor, como originaria y representante de Aguascalientes, quiero hacer constar que la entidad cumple con los factores humanos y naturales estipulados en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 156, la cual se acredita con los resultados de investigación y documentación científica, las cuales fueron comprobados mediante el Estudio Técnico para delimitar el Área Geográfica de Producción de Mezcal en el Estado de Aguascalientes para Solicitar la Inclusión en la Denominación de Origen Mezcal, realizado por el CIATEJ.

En cuanto al argumento que supuestamente no se cumple con los factores naturales en razón del estudio del CIATEJ, no se alude al cultivo del maguey, y que por ende, se acepta que no se siembra el mismo, toda vez que no se menciona que existen magueyes silvestres como parte de la diversa vegetación a la que se alude; respecto a esto, se desprende el Estudio Técnico para Delimitar el Área Geográfica de Producción de Mezcal en el Estado de Aguascalientes para solicitar la inclusión de la Denominación de Origen Mezcal, que existen 7 especies de agave que crecen en el territorio del estado de Aguascalientes, y que dos de ellas son aptas para la elaboración del mezcal, estudio que confirma la distribución natural o inducida de las especies de agaves en el estado de Aguascalientes, y que dos de ellas son aptas para esta elaboración.

También se ha dicho que la ampliación territorial de la Denominación de Origen Mezcal originará actos de competencia desleal. Es preciso señalar al respecto, como ya lo manifestó el propio Instituto, que las denominaciones de origen gozan de una tutela mayor de protección, precisamente para conformar un derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico, que no corresponde únicamente a un empresario en concreto, pues que todos los que elaboren los productos en la zona geográfica en cuestión, de acuerdo a las reglas y controles impuestos por la autoridad prefijada en función de las características y la calidad del producto, podrán hacer uso de ese signo distintivo, en ese caso, de la denominación del mezcal, por lo que no origina, de manera alguna, actos de competencia desleal.

De los 4 millones 644 mil litros que se producen de mezcal a nivel nacional, el 50 por ciento proviene de empresas de sólo 5 productores del mezcal, los cuales han declarado la importancia de ampliar la Denominación de Origen Mezcal, los cuales han declarado que con el destilado se genera un negocio más redituable, ya que actualmente se estima que sólo se aprovecha el 0.5 por ciento de las hectáreas para la producción de mezcal.

Además es importante señalar que se estaría aprovechando más hectáreas para su producción, y derivado del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, es fundamental fortalecer la producción y la exportación de dicho producto, ya que los países vecinos del norte permitirán que en su territorio se venda tequila o mezcal cuando haya sido fabricado en México bajo las debidas normas aplicables, motivo por el cual es necesario contar con la producción suficiente para cubrir la demanda y detonación del crecimiento económico en distintas áreas geográficas que cuentan con dicha denominación.

Actualmente en Aguascalientes hay 344 productores locales de mezcal, que en su conjunto representan cerca de 4 mil 600 hectáreas que esperan producir los productos en dos años por más de 200 mil litros de bebida con valor comercial de aproximadamente 74 millones.

Es por todos estos motivos que exhortamos:

Primero. El Senado de la República ehorta respetuosamente, a los gobiernos estatales de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, para que acaten la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, referente a la inclusión de los municipios, dada en el mes de agosto del presente año para la Denominación de Origen Mezcal.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, para que prevalezca el interés público y nacional en cuanto a la producción de mezcal.

Tercero. El Senado de la República reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la ampliación e inclusión de los diferentes municipios del país en la Declaración General de Origen Mezcal.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que dé a conocer los estudios técnicos para delimitar el área geográfica de producción mezcal que tienen los municipios de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

Es cuanto.

A nombre del Senador Juan Antonio Martín del Campo y Senadora Martha Márquez, del estado de Aguascalientes.

Proposición con punto de Acuerdo.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Túrnese a la Comisión de Economía.

Antes de continuar, quiero informarles que en el salón de sesiones tenemos la visita del Contador Público Carlos Franco Cantón, quien acude por invitación del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El señor Carlos Franco es el trigésimo segundo mexicano que logra la hazaña de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Esta hazaña la logró el pasado 26 de septiembre, y es el primer mexicano, originario del estado de Yucatán, que recorrió 59 kilómetros en 55 mil 500 brazadas.

El señor Carlos Franco Cantón es orgullo y ejemplo de que la disciplina y la constancia son determinantes para lograr los objetivos.

Esta Mesa Directiva expresa el reconocimiento del Senado de la República al señor Carlos Franco Cantón.

¡Sea usted bienvenido!

Vamos a retomar el punto propuesto por la Senadora Malú Micher. Reanudamos el trámite. El documento ya fue distribuido a través de los monitores en los escaños, y como fue solicitado, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene la palabra la Senadora Malú Micher.

Sonido en el escaño del Senador Erandi Bermúdez, ¿en qué sentido, Senador?

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) A favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A favor. Vamos a escuchar, entonces, de acuerdo al Reglamento, las intervenciones. Siendo las dos a favor, y no habiendo registrada ninguna en contra, solamente se admiten dos intervenciones de distintos grupos parlamentarios.

Escucharemos las dos y procederemos a resolver.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, señor Presidente.

Simple y sencillamente, así como solicité y argumenté, también quiero agradecer.

Me parece que ha sido un gesto muy importante de todos los grupos parlamentarios sumarnos a esto, y esto, esto no, si bien tenemos que ser exigentes, también hay que tener memoria y ser agradecidas y agradecidos.

Quiero decirles que la razón que ha motivado todo esto es la justicia a la que tenemos derecho todas y todos en todos los estados; tenemos derecho a circular seguras, a circular libremente, a gozar del espacio público, a gozar de la tranquilidad de nuestros hogares, y a castigar a quienes tenemos que castigar.

Yo simple y sencillamente quiero decirles que si cada vez que estemos en una carretera, que estemos en un camino, que estemos en una comunidad pequeña, en Apaseo el Alto, y pasen un chorro de carros y empiece la policía a perseguir, y yo parada comprando las tortillas sea asesinada, me parece que es algo que no podemos permitir.

Entonces, gracias de verdad por sumarse. Qué bueno que le mandemos este mensaje no solamente a Guanajuato, sino a todo el país, porque nos preocupa Culiacán, nos preocupa Acapulco, nos preocupa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, nos preocupan todos los municipios de este país su seguridad y, sobre todo, la seguridad ciudadana a la que tenemos derecho en este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Malú Micher.

Tiene la palabra el Senador Erandi Bermúdez.

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Muchas gracias, señor Presidente.

Para reiterar la adhesión de este punto de Acuerdo que la Senadora Malú Micher acaba de presentar y que condenamos el asesinato de ésta y de todas las personas que son objeto de un tema que un punto de Acuerdo hace un exhorto, pero que al final del día nosotros los Senadores de la República tenemos que resolver, y es el problema de la inseguridad que causa el robo de combustibles, la portación de arma de fuego y que no es privativo solamente el estado de Guanajuato, que también se presenta a lo largo y a lo ancho de este país, sobre todo donde tenemos ductos petroleros y por donde circula este combustible.

Estamos en una etapa, compañeras y compañeros Senadores, que ni en Guanajuato ni en México necesitamos más divisionismo ni discordia, ya hay suficiente. Por eso es que nosotros también estamos trabajando para que el asesinato de él, independiente de su filiación política, sea aclarado, sea investigado y se llegue a las últimas consecuencias.

Pero también aprovecho desde esta tribuna para pedirle al Ejecutivo Federal que actúe en estos aspectos donde es básicamente su competencia; no del Presidente o en este caso de la alcaldesa de Apaseo el Alto; no del gobernador del estado, porque al final del día estos ductos son y deben de ser vigilados y custodiados por el gobierno federal. Es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos.

Nosotros, en esta Cámara, en próximos días, nos tocará el reto, el reto ya de tipificar el robo de combustible como delito grave, ahí está ese gran reto.

Y otro reto más que han presentado algunos otros legisladores en esta Cámara para que la portación de arma de fuego que hoy causa tanto daño también sea un delito grave.

Y como esto tenemos esa gran oportunidad, que este punto de Acuerdo y que este hecho desgraciadamente que sucedió en Guanajuato nos lleve a reflexionar qué tenemos que hacer en este Senado de la República, y a darles respuesta a los ciudadanos que para eso nos eligieron este 1° de julio.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Erandi Bermúdez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Y muchas gracias, Senadoras y Senadores, por esta aprobación por unanimidad.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la próxima Administración Pública Federal a garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve el empoderamiento económico de las mujeres como una prioridad para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Asimismo, señala que las mujeres son actoras claves en la economía como productoras de alimentos, emprendedoras, empleadoras, cuidadoras y en el caso de las comunidades indígenas, las mujeres indígenas son las guardianas y transmisoras de los elementos de identidad cultural y de los conocimientos tradicionales.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, el mejoramiento de la situación económica de las mujeres mediante el acceso a recursos financieros les permite y les ha permitido ampliar, diversificar, mejorar la calidad de su producción y aumentar la productividad, teniendo efectos directos sobre sus familias en términos de reducción de la pobreza y un mejor futuro para sus hijos.

En atención a ello, para fortalecer el papel de las mujeres, y en este caso, de las mujeres indígenas, en la producción de un desarrollo incluyente y equitativo, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, considera fundamental que el acceso al financiamiento es imperativo para cerrar las brechas e ingresos para las mujeres indígenas, que contribuye al bienestar de sus familias y de sus comunidades, por ello, es esencial generar condiciones para ampliar la cobertura de financiamiento y facilitar el acceso al crédito.

Es por ello, y esto resulta pertinente, y lo que pedimos es que las dependencias y entidades federativas de la próxima Administración Pública Federal, garanticen políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y ejecuten perspectivas de género e interculturalidad, asimismo, que en sus presupuestos establezcan previsiones presupuestales para crear fondos de garantía con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso de crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos.

Les quiero comentar que en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas este ejercicio se hizo en esta administración, la CDI otorgó garantías de crédito para las mujeres indígenas que una vez que tienen proyectos productivos, ellas quieren seguir incrementando los negocios de estos proyectos culturales, de bordado, de producción de miel, pero ahora ya necesitan, seguramente, y vimos ejemplos, que ahora ya quieren una camioneta, quieren una bodega, quieren generar una marca para lo que ya están produciendo, y creamos un Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas, que es el Fonaci, esto se creó entre la CDI y la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero.

Al crear un fondo de garantía, si ellas vieran un crédito por fuera, tendrían que pagar una tasa anual del 12 al 13 por ciento. Con este fondo de garantía que entrega la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es del 6 por ciento; aparte ya no tienen que dejar un terreno, que muchas veces es comunal o es ejidal y no pueden ellos otorgar una garantía con alguna propiedad.

Es por eso que le pedimos a la próxima administración federal que la Sagarpa, la Secretaría de Bienestar, que hoy va a ser en el futuro lo que va a sustituir a Desarrollo Social, todas las dependencias tengan este fondo de garantía para seguir apoyando y con esto evitar la marginación y la pobreza extrema que existen en las mujeres indígenas.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la próxima Administración Pública Federal a garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mayorga. Túrnese a la Comisión Para la Igualdad de Género.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita fortalecer la prohibición del matrimonio o unión entre menores de edad, y ya que viene la Senadora de Movimiento Ciudadano, se ha solicitado a esta Mesa Directiva, saludar a los jóvenes que integran la Coordinación Nacional de Jóvenes de Movimiento Ciudadano, que se encuentran aquí presentes.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores, compañeras y compañeros:

El día de hoy vengo a presentar un tema sumamente noble, que requiere de nuestra comprensión y también de nuestro apoyo.

Hoy se conmemora el “Día Internacional de las Niñas”, este es un día con un claro objetivo, hacer visibles todos los grandes problemas que tienen las niñas alrededor del mundo, y es un día también que nos convoca a luchar, a cada uno y a cada una de nosotras, desde todas nuestras trincheras, para ponerle un alto a la discriminación y un alto a la violencia que sufren millones y millones de niñas.

Y una forma de violencia es el matrimonio infantil, y aquí les voy a compartir un dato que, sin duda, debería de paralizar al mundo y también habría que moverlo a tomar una acción muy importante, porque tan sólo el año pasado, 15 millones de niñas se casaron, siendo menores de 18 años.

Esto representa que una niña se casa en el mundo cada dos segundos, y el problema es lo que sucede cuando ya se casan, porque su desarrollo físico y emocional se ve truncado, porque también se trunca el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, y quiero decirles aquí que México no es la excepción.

De acuerdo a diferentes organizaciones, somos el país número 8 en el índice de niñas que se casan siendo menores de 18 años, una de cada 4 niñas mexicanas se casa siendo menor de edad.

Y nada más fíjense, que hoy en México, allá afuera, hay 60 mil niñas que están casadas, allá afuera hay 300 mil jóvenes que viven en unión libre, allá afuera tenemos niños y niñas padeciendo las consecuencias de vivir en un matrimonio y esto es indignante porque cuando se estableció la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 2014, para prohibir el matrimonio infantil, al año siguiente se contrajeron 20 mil matrimonios de niños y de niñas.

Por eso hoy vengo a nombre de compañeros como Alejandra Lagunes, Dante Delgado, Samuel García, Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado, Xóchitl Gálvez, Juan Zepeda, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eduardo Murat, Raúl Bolaños y Beatriz Paredes a presentar un exhorto para que todos los congresos estatales refuercen sus leyes para prohibir el matrimonio y las uniones entre menores de edad, para que los gobiernos de los estados hagan todo lo que sea necesario para promover, fomentar y proteger los derechos de las niñas y evitar el matrimonio de menores.

Pero también quiero aprovechar este espacio, esta tribuna, para compartirles que los Senadores no nos tenemos que limitar a sólo presentar iniciativas y exhortos, tenemos que asumir nuestro papel como agentes para transformar la realidad de nuestro país.

Por eso, más allá de presentar este Acuerdo, que me gustaría fuera de urgente resolución, yo quiero usar esta tribuna para que nos unamos a una campaña muy noble que se titula “Lucha como niña”; esta campaña lo que busca es visibilizar los grandes problemas de nuestras niñas mexicanas, busca generar conciencia para que todos nos comprometamos con una agenda que les brinde condiciones de igualdad a todas nuestras niñas.

Propusimos la idea de “Lucha como niña”, porque lamentablemente, en nuestro país, cuando se habla como niña se subestima, porque se cree que ser niña está cargado de debilidad, de falta de valentía, cuando en realidad las niñas en México y en el mundo son valientes, son tenaces, son fuertes, y tenemos que trabajar para que crezcan sabiendo que lo son.

Hoy les digo que proponemos esta campaña para que nos comprometamos a que todas nuestras niñas puedan alcanzar sus sueños y puedan tener una vida digna, para reivindicar las luchas de las mujeres, para reivindicar la palabra de ser niña.

Hoy yo les puedo compartir en esta tribuna, a mí me enseñaron, desde muy chiquita, a ser valiente, valiente de todos los peligros, me enseñaron a defender con valores todas mis creencias, a luchar con el corazón, a no callarme con las injusticias, a reprobar la violencia.

Desde niña me enseñaron a luchar con todas mis fuerzas por mis sueños, desde niña me enseñaron a luchar como niña y hoy como Senadora, desde este espacio, lucho como niña.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo García.

Como ha sido solicitado, y con fundamento por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

No habiendo oradores inscritos para la discusión de este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se aprueba.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sólo para agregarme al punto de Acuerdo, ¿ya está?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ya fue aprobado, Senador.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Perdón, no lo escuché.

Muchas gracias.






La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene el uso de la tribuna el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia.

Informo que el Senador Emilio Álvarez Icaza me ha pedido suscribir, junto conmigo, la presente proposición, mismo que es aceptado, Senador.

Compañeras y compañeros Senadores; Mexicanos, mexicanas y colimenses:

México vive un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por edades de la población. Estamos pasando de una población joven a una población de adultos mayores.

Los adultos mayores mexicanos pasarán de ser del 11 por ciento de la población nacional en 2017 a ser el 14.8 por ciento en 2030; para 2050 se prevé la conformación poco más del 20 por ciento del total de la población.

El cambio demográfico nos alcanzó sin tener consolidado un sistema normativo y de políticas públicas que atiendan a este grupo poblacional en materia de salud, nutrición, vivienda, bienestar social, transportes, educación, seguridad de ingresos y empleo.

Los adultos mayores en México constituyen una de las poblaciones más vulnerables, la edad es la tercera fuente de discriminación en México. 8 de cada 10 adultos mayores percibe que existe discriminación hacia su persona.

En 2014, 45.9 por ciento de la población mayor de 65 años era pobre; 8.5 por ciento vivía en pobreza extrema y 37. 4 por ciento en pobreza moderada, por ello casi la mitad de los adultos mayores vive de las ayudas económicas que obtiene de sus familiares.

El 86 por ciento de los adultos mayores con empleo no tiene derecho a servicio de salud por parte de un empleador; el 43.4 por ciento de las personas mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años, han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Cerca del 44 por ciento de la población adulta mayor considera que le resultaría muy difícil e imposible conseguir ayuda para que le cuiden durante un periodo de enfermedad.

Como pueden ver, tenemos un serio problema de atención a las personas mayores, existe una baja protección a sus derechos, lo que repercute en maltrato, abuso, abandono, dependencia y baja participación.

Es urgente que la etapa de la vejez y el envejecimiento se aborden desde una perspectiva de derechos humanos. Las normas que impulsemos deben promover el desarrollo integral de las personas mayores, debemos avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente y democrática.

Por ello, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”.

Este tratado aglutina el espíritu de las diversas iniciativas de ley y punto de Acuerdo que se han presentado en esta Cámara para la atención de las personas mayores debido a que reconoce el valor de la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo.

Contiene una serie de principios sobre la igualdad y no discriminación, la valorización, el reconocimiento a la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

Establece dentro de los principales deberes, a los Estados parte, el adoptar medidas legislativas, presupuestarias y administrativas para garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

La Convención también prevé que los Estados adopten ajustes razonables y medidas afirmativas para que los adultos mayores ejerzan plenamente sus derechos.

Senadoras y Senadores, firmar y ratificar esta Convención es el primer paso para atender con justicia y dignidad a este grupo poblacional.

Las personas mayores muchas veces se sienten invisibles para la familia y la sociedad. No permitamos que esta Cámara de Senadores se vuelva ajena a sus demandas, escuchemos y atendamos sus peticiones con atención debida.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito Senador de la República, JOEL PADILLA PEÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II, 108 numeral 1, 109 numerales 1 y 2, y 110 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

México vive un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por edades de la población. Estamos pasando de una población joven a una población de adultos mayores. A medida que disminuye la fecundidad y aumenta la esperanza de vida se transforma la estructura poblacional.

De conformidad con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitan 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11por ciento del total de la población nacional. Las proyecciones estadísticas señalan que este grupo etario aumentará al 14.8por ciento en 2030 y que para el 2050 conformará poco más del 20por ciento de la población total.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que, en 2050, en esta región del mundo, se llegue a los 200 millones de adultos mayores, lo que constituiría el 26por ciento de la población.

Con este proceso de cambio demográfico, la CEPAL afirma que alrededor del año 2040 en América Latina y el Caribe habrá más adultos mayores que niños, por lo que es necesario generar normas, programas y políticas públicas que atiendan y garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, teniendo presente que el cambio en la pirámide poblacional tiene un gran impacto en la estructura familiar, en los lazos intergeneracionales, en la demanda de bienes y servicios, el mercado laboral, el transporte, etc.

Desde 1982, la Organización de las Naciones Unidas hizo énfasis en que los Estados debían emprenden acciones específicas parta atender las necesidades de los adultos mayores en materia de salud, nutrición, vivienda, bienestar social, medio ambiente, educación, seguridad de ingresos y de empleo.

La comunidad internacional adoptó principios e impulsó programas de acción para que los Estados participantes generen las medidas pertinentes a fin de que los adultos mayores gocen de una vida digna, y puedan ejercer con plenitud derechos relativos a la independencia, la participación social, la atención y la realización personal.1

Los trabajos a nivel internacional se han enfocado a diseñar una política sobre el envejecimiento que reconozca y aproveche el enorme potencial de las personas mayores en el siglo XXI.

Bajo este contexto el 15 de junio de 2015, en la 45 Sesión de la Organización de los Estados Americanos, se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la que es el primer instrumento jurídico específico, en materia de derechos humanos de personas adultas mayores para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la región, a fin de incluir su plena inclusión y participación en la sociedad.2

Dentro de los principios destacados de esta Convención se encuentran:

La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

• La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

• La igualdad y no discriminación.

• La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

• La autorrealización.

• La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

• El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

• El respeto y valorización de la diversidad cultural.

• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Dentro de los principales deberes de los Estados partes se encuentran:

• Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención.

• Adoptar las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención y abstenerse de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.

• Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

• Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

Esta Convención genera un cambio de paradigma al dejar de ver a las personas adultas mayores como sujetas de asistencialismo y observar a la población como sujeta de derechos. Es un instrumento internacional de avanzada ya que también aborda el principio pro persona y el principio de progresividad.

Investigadoras han señalado que esta Convención encuentra el equilibrio entre la dimensión protectora y la dimensión empoderadora, considera además la feminización del envejecimiento, la fragilidad que afecta a las personas adultas mayores, cuenta con una perspectiva transversal y abarca el derecho a la salud con el uso de medicina tradicional.3

La referida Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Lamentablemente la misma solo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay. México no ha iniciado el proceso para la firma y posterior ratificación de este importante instrumento de Derechos Humanos.

Es importante señalar que durante la pasada Legislatura este Senado de la República exhortó de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo a que inicie los trabajos protocolarios que permitan la adhesión y ratificación de la Convención Interamericana de sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El 15 de junio 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevaron a cabo la Mesa de Análisis: a dos años de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? los panelistas de dicha mesa, provenientes de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos Ajusco A. C. y la Universidad Estatal del Valle de Toluca, reiteraron la importancia de que el Estado Mexicano suscriba la multicitada Comisión a fin de replantear la manera de atender a la población adulta mayor y de homologarla en los estados de la República.

Es pertinente señalar que Colima fue el primer estado en 1997 en promulgar la primera legislación a favor de las personas mayores, le siguió Yucatán en 1999. En 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con un enfoque asistencialista. Expertos señalan que las demás entidades del país cuentan con leyes en la materia con diferentes alcances y salvaguarda de los derechos, lo cual hace que sean heterogéneas.4

Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena, con salud, independencia, tranquilidad y dignidad, el logro de lo anterior solo será posible en la medida en que se respeten los derechos humanos durante todo el ciclo de vida.

A propósito del Día del Adulto Mayor el Instituto Belisario Domínguez5 y el Instituto Nacional de las Mujeres6 proporcionan una seria de cifras que dan cuenta del estado en que se encuentran las personas mayores destacando dentro de ellas que:

En México el 52por ciento de los adultos mayores con empleo recibe un solo salario mínimo, de este universo el 86.4por ciento de las personas ocupadas no tiene derecho a servicios de salud por parte de su empleo.

El 26por ciento de las personas mayores presentan alguna discapacidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mientras que el 36por ciento señala que tienen limitaciones para caminar, subir y/o bajar escalones.

Cerca de 44por ciento de la población adulta mayor, y la mitad de las personas adultas mayores que viven en situación de pobreza, considera que le resultaría muy difícil o imposible conseguir ayuda para que le cuiden durante un periodo de enfermedad.

El 73.5por ciento de las personas mayores de 60 a 67 años no reciben pensión o jubilación contributiva, sólo los de 68 años y más reciben una pensión no contributiva equivalente a la mitad de un salario mínimo. El 47por ciento de los adultos mayores viven de las ayudas económicas que obtienen de familiares.

43.4por ciento de las personas mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años, ha sido víctima de algún tipo de violencia y abuso. 8 de cada diez personas percibe que existe discriminación hacia su persona.

Lo anterior da cuenta que en nuestro país existe una visión fragmentada del envejecimiento, una baja protección a los derechos humanos de las personas mayores y una visión estereotipada y prejuiciada hacía ellos.

Urge reconocer a los adultos mayores como sujetos plenos de derechos, promover su empoderamiento y alentar su participación en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.

Este Senado de la Republica debe contribuir a generar un paradigma garantista del envejecimiento, se deben priorizar tratados, normas, políticas y planes que contribuyan al reconocimiento de la valía, las capacidades, habilidades y experiencia de los adultos mayores.

Debido a lo anterior es que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Único: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Sen. Joel Padilla Peña.

1 Véase Organización de las Naciones Unidas. Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad. Recuperado de
https://undocs.org/es/A/RES/46/91

2 Organización de los Estados Americanos. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Un aporte de las Américas al Mundo. p. 8 Recuperado de
http://conferencias.cepal.org/seminario_envejecimiento/Pdf/Betildeporciento20MuporcientoC3porciento
B1ozporciento20Pogossian.pdf

3 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (2017). Relatoria Mesa de Análisis: a dos años de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? p.4

4 Idem.

5 Instituto Belisario Domínguez (s.f.) Al día las cifras hablan. Día internacional de las personas de edad. Recuperado de
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2168/AD48.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Instituto Nacional de las Mujeres (s. f.) Situación de las personas adultas mayores en México. Recuperado de
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Padilla.

Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Enseguida, tiene el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del Partido… la retiraron, perdón.






Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a garantizar los recursos técnicos necesarios para afrontar el corte de agua programado para principios de noviembre del año en curso.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta.

Muy buenas tardes compañeros Senadores y compañeras Senadoras.

El Sistema Cutzamala es un logro de la ingeniería muy importante, que desde 1992, en que fue concluida la última de sus etapas, es la encargada, y aquí quiero decirles, para muchos de mis compañeros y compañeras que vienen de fuera de la Ciudad de México, que este sistema es el encargado de dotar a la Ciudad de México y parte del Estado de México, poco más o menos del 30 por ciento de manera directa y casi el 50 por ciento del agua que llega y que se utiliza en esta Ciudad y en el Estado de México.

Se ha anunciado que habrá un mantenimiento mayor en los próximos días.

Sin embargo, déjenme comentarles que este mantenimiento que se ha anunciado implica la suspensión del 100 por ciento del suministro de agua a partir de las cinco horas del día 31 de octubre y hasta las cinco horas del día 4 de noviembre, esto es el 100 por ciento de suministro de agua por 96 horas, es un cierre que no tiene precedente, nunca se ha cerrado el 100 por ciento del suministro en este lapso.

Nosotros tuvimos, a mí me tocó un cierre también muy agresivo, muy fuerte, del 100 por ciento, pero se extendió hasta 90 horas y eso ya llenando tanques.

Yo les quiero decir que se han hecho cálculos, entre otros, que, por ejemplo, para lograr un abasto suficiente necesitaríamos cerca de 12 mil 500 pipas surtiendo de agua a la Ciudad y al Estado de México, y nos va a afectar a todos y a todas.

Solamente se tiene previsto dar poco más o menos 700 pipas, ustedes ahí pueden notar el déficit que va a haber.

¿Qué se está pidiendo ahora? Se está pidiendo que los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, pues hagamos acopio de agua, que se tenga agua en las cisternas.

Lo que nosotros estamos pidiendo, primero, es que se tome verdaderamente en serio este tema porque hablar del 100 por ciento del cierre de Cutzamala por 96 horas va a generar una grave crisis en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se calcula que se verán afectados y afectadas más o menos 9 millones de personas, es un cierre muy, muy importante el que se va a hacer.

Quiero mencionar algunas de las delegaciones que tienen total dependencia del Sistema Cutzamala: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, 100 por ciento de dependencia del Cutzamala.

Otras nueve tienen una dependencia parcial, como son: Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Sólo Gustavo A. Madero, Xochimilco y Milpa Alta no reciben agua del Cutzamala, todas las demás se van a ver afectadas.

Por eso, el grupo parlamentario del PRD está planteando y está solicitando la comprensión de ustedes, compañeros, compañeras, porque también van a resentir esta afectación en los lugares donde estén habitualmente cuando vienen a realizar su trabajo, que sea de urgente resolución y que se exhorte a la Comisión Nacional del Agua para garantizar los recursos técnicos, económicos y financieros, de planeación para el abasto necesario, a fin de enfrentar este corte.

Para exhortar también, que de manera inmediata provea a este Senado de la República, de los informes técnicos de riesgo y mejora.

¿Por qué hacer este trabajo de un solo golpe?

¿Es indispensable, se tiene que hacer así?

Bueno, pues es lo que necesitamos conocer.

Concluyo ya en breve.

Se exhorta también el plan de acciones de previsión urgente para el suministro del vital líquido.

Yo les hablé aquí aproximadamente de 700 pipas, se requieren más de 12 mil pipas.

Entonces me parece que la Ciudad de México y el Estado de México, y ustedes lo van a ver en esta fecha que acabo de comentar, que es a finales de mes, es el puente del Día de Muertos, se va a ver una crisis de abasto que puede alcanzar más o menos a nueve millones de personas, de habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México.

Por eso es que solicitamos y pedimos su comprensión, a fin de actuar rápido.

Aquí no podemos esperar a que se den informes y que cuando lleguen los informes ya nos haya alcanzado el destino.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

Senador Eruviel, por favor, sonido en su escaño.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Si me autoriza, por favor, hacer uso de la palabra a favor del punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a solicitar, primero, si es de urgente resolución, para que se abra el debate.

Sonido al escaño de la Senadora Citlalli Hernández, por favor.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Preguntarle por su conducto al Senador Miguel Ángel Mancera, si me permite suscribirlo, siempre y cuando se pueda agregar un punto, que es exhortar al actual Jefe de Gobierno, a que en esta etapa en la que se va a reducir el abasto de agua, no se lucre con las pipas de agua, como se ha hecho en los últimos años.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Lo podemos consultar en el momento del debate, si es que se aprueba el debate.

La Senadora Kenia, sonido a su escaño.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Señora Presidenta, efectivamente, por supuesto, reconocer la importancia del tema que ha planteado en este Pleno el Senador Mancera y decir que nosotros celebramos y, por supuesto, acompañamos este tema tan importante para la Ciudad de México.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En este sentido, como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Han solicitado la palabra el Senador Eruviel Ávila, del PRI y la Senadora Citlalli Hernández, del Partido Morena; el Senador Emilio Álvarez Icaza.

Por favor, Senador, son dos y dos.

¿Hay algún Senador que vaya a hablar en contra?

Les damos el uso de la palabra a los Senadores que lo han solicitado, por favor.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras Senadoras y Senadores:

Primeramente, yo quiero expresar en nombre de mi grupo parlamentario del PRI, sumarnos a esta propuesta, a este punto de Acuerdo que hace el compañero Senador, el doctor Mancera, a efecto de que se tomen las medidas necesarias y que no se afecte a la gente que vivimos en este gran Valle de México, que representa una gran parte, tanto de las alcaldías de esta gran Ciudad, como de los ayuntamientos por parte del Estado de México.

Así es que vamos a favor de este punto de Acuerdo.

Y yo quisiera poner a consideración del proponente y de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros, Senadoras y Senadores, dos puntos concretos adicionales, a ver qué les parece.

Antes de proponérselos y espero que el tiempo me alcance, quiero compartirles que estos trabajos de mantenimiento que se tienen programados, van a permitir una mayor seguridad en la operación de este sistema, el gran Sistema Cutzamala y un menor número de paros posibles para llevar a cabo trabajos correctivos en el futuro.

Si bien son necesarios, coincido en que son muchos los días de suspensión de este servicio.

Las dos propuestas concretas que hago son:

Primero. Que se exhorte también a la Profeco, para que los llamados “piperos” no hagan su agosto, que lamentablemente llega a suceder y ha pasado. Que estén muy pendientes.

Segundo. Que los ayuntamientos del Estado de México, que las alcaldías de la Ciudad de México, tomen las provisiones correspondientes de supervisión y de apoyo a la gente que lo requiera también, con el suministro de pipas de agua gratuitas.

Y por último, vaya el comercial, vaya el mensaje de la importancia de cuidar nuestros bosques, nuestros ríos, esta agua, el agua que recibimos del Sistema Cutzamala que se compone del suministro, gracias al suministro que proveen ríos, lagos, entre ellos el Lago de Valle de Bravo, por ejemplo, presas, entre otros, es gracias a nuestros bosques.

Los árboles son vida, almacenan agua y alimentan precisamente a estas presas, a estos lagos, a estos ríos y son los que finalmente llegan, después de ser potabilizados, a esta gran Ciudad de México y al Estado de México.

Así es que también dejo esta reflexión, de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y apoyar y cuidar nuestros bosques.

Gracias al proponente y pongo a su consideración estos dos puntos adicionales en este Acuerdo.

Muchas gracias.

Propuesta de modificación



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ávila Villegas.

Tiene la palabra la Senadora Citlalli Hernández, del grupo parlamentario de Morena.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, señora Presidenta.

En el mismo sentido, me parece que la problemática del agua en la Ciudad ha sido una constante que, lamentablemente, en los últimos años no se ha sabido resolver, para con la ciudadanía.

Yo soy habitante de la Delegación Iztacalco, fui Diputada en la Asamblea Legislativa.

Se aprobaron varios puntos durante los últimos tres años en los que yo estuve como Diputada, pidiendo, justamente, un informe técnico sobre la situación del agua en la Ciudad y la posibilidad de tomar medidas para resolverlo.

Se aprobaron, sin embargo, nunca tuvimos dicho informe.

Entonces, celebro que desde esta Soberanía nuevamente se puedan tomar estos exhortos y estas medidas.

Y también viví, cómo autoridades locales lucraban con la utilización de pipas y me sumo a la adhesión que propone el Senador Eruviel Ávila en ese sentido, yo propondría la siguiente redacción, al Senador Miguel Ángel Mancera para la suscripción de este punto.

Exhorto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, para que se tomen las medidas necesarias para que ninguna autoridad lucre con la distribución y entrega de pipas en la ciudad durante los recortes anunciados.

Sería cuanto, señora Presidenta.

Propuesta de modificación



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora Citlalli Hernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señora Presidenta.

Igual, para adherirme a este punto como Senador de la Ciudad de México. El tema del derecho humano al agua es cada vez más una agenda vital y urgente, necesitamos asumir que millones de personas eventualmente no van a recibir agua. Y eso va a requerir una capacidad de gobierno y de coordinación para los primeros días de noviembre, extraordinario.

Acompaño absolutamente el punto de Acuerdo en el entendimiento de la urgencia, y el sentido me parece pertinente, acompaño la reflexión de la Senadora Citlalli en el problema de lo que significa estructuralmente.

Tuve la oportunidad, hace 14 años, de presentar un informe sobre el derecho humano al agua, y la pérdida de suelo en conservación, el Senador Eruviel hacía ya subrayar la importancia de la captación.

En los últimos años se ha venido perdiendo el suelo en conservación en la Ciudad de México de manera dramática, y también en la zona conurbada, y eso ha significado algo así como reducir el tinaco de la ciudad.

Este problema va a ser recurrente si no se toman medidas estructurales para atender, y tienen que ser medidas estructurales de política pública, pero también medidas estructurales de concientización y educación.

Una parte muy importante, el agua de la ciudad casi tanto como lo que llega del Cutzamala se va en fugas; una parte muy importante del agua de la ciudad no se puede generar en un uso racional.

Y hay partes ya de la ciudad que dependen de la distribución de pipas, en Iztapalapa se estima que 800 mil personas reciben ya agua por tandeo, tres tambos de agua de 200 litros cada uno, a la semana.

De manera que yo les pediría, compañeros, como Senador de la Ciudad de México apoyar la urgencia de este punto de Acuerdo, y yo me quiero sumar al llamado, también a la autoridad local, que hizo la Senadora Citlalli, de garantizar que no haya, como dijo también el Senador Eruviel, ningún uso indebido del apoyo que se haga a través de las pipas.

Si corresponde a la autoridad federal, pero también corresponde, diría yo Senadora, si usted me permite, al jefe de gobierno y alcaldes o alcaldesas, a que los alcaldes que hoy están en función, estrenando su capacidad de gobierno, nos dirijamos como Senado también a ellos en ese nivel de gobierno, porque ellos son actores vitales importantes en la gobernabilidad de la ciudad.

Si la Senadora lo acompaña, me parece que este llamado a garantizar a la autoridad en la Ciudad de México: el Jefe de Gobierno, las alcaldesas y los alcaldes a que no haya uso indebido de la acción de emergencia bien de actores privados, bien de actores públicos para garantizar el acceso al agua, lo que próximamente estoy cierto será ya el derecho humano el derecho al agua.

Muchísimas gracias por su atención.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a consultar a la Asamblea y al Senador Mancera si son de admitirse las adiciones al punto de Acuerdo que él ha presentado; si son de admitirse a discusión las adiciones al punto de Acuerdo, para votarlas conjuntamente.

Sonido en el escaño del Senador Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Sí, por supuesto, señora Presidenta y yo le agradezco a la legisladora y a los legisladores, a Citlalli y al Senador Eruviel, así como al Senador Álvarez Icaza, y me parece que si ellos se ponen de acuerdo en la redacción de este punto adicional, por supuesto que le viene muy bien para el trabajo que se tiene que hacer.

Les agradezco mucho, y a mis compañeras y compañeros también les agradezco mucho por la solidaridad por la Ciudad de México y el Estado de México.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las adiciones al punto de Acuerdo presentado por el Senador Mancera.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones presentadas por la Senadora Citlalli Hernández, por el Senador Eruviel Ávila y el Senador Emilio Álvarez Icaza.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra de que se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Al no haber oradores registrados, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada, con las adiciones antes mencionadas.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta con las adiciones ya mencionadas.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobada la propuesta con las adiciones, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






En una segunda ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar de manera urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Buenas tardes.

Con su permiso señora Presidenta.

Estimados Senadores y Senadoras:

Me permito poner a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

Es la Secretaría de Salud Federal la encargada, por parte del Poder Ejecutivo, de hacer válido el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional, en que el párrafo dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”.

Si antes la salud se consideraba como una parte primordial en el desarrollo de cualquier nación, ahora sabemos que es un bien estratégico e impostergable.

Impostergable es el continuar ampliando la cobertura en prevención y atención de los problemas y los padecimientos de las enfermedades que más aquejan y laceran a la sociedad mexicana.

Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud son y serán, cada vez mayores, y ponen en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas.

Se requiere una profunda reforma institucional que permita mayor inversión de recursos humanos, infraestructura e innovación al modelo de atención a la salud.

Las enfermedades crónicas son ya la primera prioridad de atención a la salud en México, vinculado a cambios de los estilos de vida y el envejecimiento de la población, según lo demuestra el indicador de años de vidas ajustados por discapacidad, que suma los años de vida perdidos por muerte prematura a los años de vida ajustados por discapacidad.

Habida cuenta de las necesidades de atención y los altos costos que ellas implican, a 12 años, tendremos muy importantes consecuencias en los recursos y en el financiamiento del sector salud debido a las enfermedades crónicas, tales como ejemplos que padecemos todos los mexicanos como el sobrepeso, obesidad y diabetes.

Hago el comentario, que en espera del turno de poder tener este punto de Acuerdo, habíamos podido esperar comentar con ustedes que el día 29 de septiembre fue considerado el “Día Mundial del Corazón”.

Que en sí, las enfermedades cardiocerebrovasculares son la principal causa de muerte de nuestro país, y uno de cada tres mexicanos vamos a morir por esta causa.

Y no estamos exentos los que estamos aquí trabajando en el Senado de la República, y que es muy lamentable que, seguramente uno de cada dos, cuando lleguemos a una institución pública de salud, a una unidad hospitalaria con un padecimiento de esta naturaleza, nuestras unidades hospitalarias no cuentan con los recursos médicos para poder dar la atención que se merece, y esto hace que de acuerdo con los países de la OCDE, la mortalidad que tiene México por enfermedades cardio-cerebros-vasculares es del 28 por ciento, mientras que los países que están en esta organización la tienen del 7 por ciento.

Así es que tenemos nosotros cuatro veces más mortalidad por no estarle dando los recursos a nuestras unidades hospitalarias, a pesar de que tenemos personal capacitado, tanto médico como de enfermería.

El país enfrenta una multiplicidad de problemas, pero en todos ellos, sociales, educativos, económicos, de infraestructura, de seguridad, debemos tener presente a la salud como un eje transversal y principal fin de nuestra función, ya que es el bienestar del hombre y la mujer el valor más alto de la sociedad. La lista es interminable.

En Morena ratificamos nuestro absoluto respeto al compromiso contraído con la ciudadanía de construir con determinación una visión compartida de Nación, por lo que garantizaremos la eficiencia, la transparencia y la honestidad en la gestión pública de los recursos a la salud para proteger y garantizar el derecho a la salud en igualdad de condiciones a todos los mexicanos.

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente,  de manera urgente, políticas públicas que permitan la universalización de los servicios de salud pública, tomando en cuenta igualdad en el acceso, priorizando la población pobre y excluida con un enfoque de promoción, prevención e integralidad en la atención.

Segundo. El Senado exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud para implementar cuanto antes un programa emergente que permita avanzar en la atención universal de los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y convergencia en la atención médica, ampliando la cobertura en la atención de los problemas y los padecimientos de las enfermedades que más aquejan y laceran a la sociedad mexicana.

Tercero. El Senado de la República hace un exhorto respetuoso, tanto al equipo de transición designado por el Presidente Electo, como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta los indicadores de análisis clave del Sistema Nacional de Salud que permitan enfrentan el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y aumenten la inversión en salud de acuerdo al Producto Interno Bruto nacional.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Villarreal Anaya. Túrnese a la Comisión de Salud.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La Senadora Margarita, de Durango.

Sonido a su escaño, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para pedirle al doctor Américo Villarreal, me permita suscribir la propuesta que hace.

El Senador Américo Villarreal Anaya: (Desde su escaño) Con gusto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí acepta, Senadora.

El Senador Navarro, la Senadora Minerva Hernández, el Senador Eruviel Ávila, la Senadora Guadalupe Saldaña, el Senador Gustavo Madero, el Senador Juan Manuel Fócil, el Senador Miguel Mancera, la Senadora Noyola, la Senadora Blanca Piña, el Senador Gastélum, el Senador Añorve, el Senador Osorio Chong, la Senadora Beltrones, la Senadora Nestora Salgado, la Senadora Imelda Castro, el Senador Cristóbal Arias, el Senador Gutiérrez, la Senadora Kenia, la Senadora Cora Cecilia, todos ellos, Senador Villarreal, han solicitado adherirse a su punto de Acuerdo, al igual que la Senadora Rocío Abreu, la Senadora Marcela Mora, también, por favor.

Si usted lo tiene a bien, le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que recabe las firmas de las Senadoras adherentes.

Están aquí presentes estudiantes de la Licenciatura de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, que vienen de visita a conocer el trabajo que realiza el Senado de la República.

¡Sean bienvenidos, jóvenes!






Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a analizar y valorar la conveniencia de convocar a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señora Presidenta.

Ante la alternancia democrática y el inicio de una nueva gestión en la Presidencia de la República, el contexto es propicio para señalar cuáles son los grandes retos que enfrentan las finanzas públicas de México en materia de ingresos, gastos y deuda.

Por las noticias nos enteramos de que el proyecto de Presupuesto de Egresos presenta un incremento real del 4 por ciento respecto del aprobado, e insisto, si no entramos al fondo y resolvemos las imparcialidades presupuestales, un mayor gasto no va a redundar en el beneficio de la población.

Somos más de 120 millones de mexicanos, pero el sostenimiento de las cargas públicas solamente recae en 22 millones de personas, apenas el 18 por ciento, y de éstas, son los contribuyentes cautivos, los de siempre, los asalariados quienes aportan en mayor medida al gasto de la Nación.

En cuanto a la deuda, es conocido por nosotros que su costo se ha venido incrementando anualmente y que la presente administración no sólo se endeudó más, sino que lo ocupó en pagar los intereses de la propia deuda.

Estas fallas estructurales en las políticas fiscales, presupuestales y de gasto público, han redundado en que la economía de México no se desarrolle en beneficio de toda la población, en que la concentración de la riqueza sea una dolorosa brecha que ahonda cada vez más la desigualdad.

En Acción Nacional estamos convencidos de que es urgente plantear una reingeniería de las finanzas públicas.

Es preciso que el tema financiero no solamente esté limitado al presupuesto, sino que es necesario que desde el Congreso de la Unión veamos a las finanzas de este país como un gran sistema en el que también participan los ingresos, la deuda y el patrimonio.

En este sentido, para hacer un ordenamiento integral de nuestras finanzas, las y los Senadores de Acción Nacional consideramos que primero debe hacerse una revisión a profundidad del marco normativo del gasto público, y por eso presentamos una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto.

En segundo lugar, creemos que debe hacerse una revisión de los mecanismos de coordinación fiscal que están vigentes, puesto que las fórmulas de distribución, de aportaciones y participaciones, deben actualizarse en beneficio de un verdadero federalismo fiscal.

No podemos depender de la voluntad política, de los coordinadores estatales, ni de que se esté en sintonía con las aspiraciones propias, cuando debe ser la ley el instrumento en que se plasmen estas reglas.

Solamente así podremos arribar a la celebración de una inminente Convención Nacional Hacendaria que mejore la situación de las finanzas y de la administración del endeudamiento.

La insuficiencia de recursos financieros de la Federación, de las entidades y de los municipios, requiere de atención inmediata, es impostergable la revisión del Sistema Nacional de las Haciendas Públicas para dar mayor eficiencia al uso de los recursos que pertenecen a todo el pueblo de México.

Por eso, en este punto de Acuerdo que hoy nos ocupa estamos proponiendo exhortar a la Junta de Coordinación Política de este Senado, para que analice y valore la conveniencia de convocar a los tres órdenes de gobierno, a los congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria.

Que sean las juntas de coordinación política de este Congreso de la Unión quienes establezcan los criterios y lineamientos que habrán de regir esta Convención Hacendaria a fin de generar una nueva corresponsabilidad política, administrativa, entre los gobiernos federal, estatales y municipales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Y por último, que este Senado solicite, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda, el envió de un informe sobre el diagnóstico de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, así como diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Hernández Ramos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Zamora Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a concluir el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Aprovechando que es jueves y por la tarde, quiero comentar que hablar del mezcal es hablar de nuestra identidad, de nuestras raíces. Su producción es sumamente importante para muchas familias en este país, pues gracias a ello se han generado empleos en comunidades con rezago social y ha aportado en buena medida la economía, por lo que es prioritario salvaguardar la denominación de origen a favor de todas las comunidades mezcaleras del país.

En Sinaloa la industria mezcalera ha estado presente desde 1850. Se tiene registro de que la primera fábrica de mezcal se llamaba “La Palma”, la cual se surtía de agave proveniente del municipio de Concordia, Sinaloa.

La producción era artesanal y se expandió al sur del estado donde se llegó a producir aproximadamente 20 mil litros diarios.

Entre 1850 y 1979 el municipio de Mazatlán fue un gran productor de mezcal, logrando que el estado de Sinaloa ocupara el tercer lugar en la producción nacional de dicha bebida, siendo el cultivo y la industrialización del agave una actividad económica común.

Al paso del tiempo el tequila y el mezcal lograron denominaciones de origen para diversos territorios. Sinaloa quedó fuera de esta lista; sin embargo, la producción ha continuado.

En la actualidad, el gobierno de Sinaloa tiene como meta lograr un impacto económico fuerte para el sur del estado. Por ello, a través del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Codesin, impulsa que cuatro municipios de dicha región obtengan la denominación de origen del agave, que puede producir la región, que ya lo ha hecho, y debido a que la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero fue muy importante en esos municipios, por lo que las tierras poseen un amplio potencial para reactivar la producción debido a la superficie, condiciones climatológicas e infraestructura y servicio.

El diversificar las actividades del sur del estado permitirá que el sector rural de estos municipios impulse su economía. La inclusión de los municipios sinaloenses en el área de protección de la denominación de origen del mezcal, promoverá el renacimiento del cultivo e industrialización de éste.

Sinaloa tiene condiciones climáticas y de suelos equiparables a los municipios que actualmente, incluidos en la zona de protección, donde además existe la tradición y el conocimiento de los habitantes de la zona para la producción de la bebida.

Debo resaltar que estos cuatro municipios del sur de Sinaloa: San Ignacio, Concordia, Rosario y Mazatlán, en mucho vendría a ayudar el poder contar con esta denominación de origen para poder generar ingresos donde a mucha gente le están haciendo falta.

Por lo anterior, es preciso otorgar la denominación de origen del mezcal para Sinaloa, con lo que se estimulará, alentará la producción y exportación de este producto en el sur del estado, ya que es un producto altamente competitivo para exportar y obtener un incremento de los ingresos para el país y los municipios de mi estado.

Por ello presento ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, en el marco de la ley en la materia, concluya el procedimiento administrativo y autorice la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, de Sinaloa.

Para finalizar, señora Presidenta, le solicito, por la brevedad del tiempo, si puede incluir el texto completo, que quede inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias por su atención.

Y quien tenga duda, pruebe, no sea mezcal, pero el mezcal sinaloense, les aseguro que les va a gustar mucho, y si lo hacen en Mazatlán más les va a gustar.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA QUE, EN EL MARCO DE LA LEY EN LA MATERIA, CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y AUTORICE LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE A LA BREVEDAD SE MODIFIQUE Y AMPLÍE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL A FIN DE INCLUIRA LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO, MAZATLÁN, CONCORDIA Y ROSARIO, DEL ESTADO DE SINALOA., al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

La palabra mezcal es utilizada tanto para el maguey cocido como alimento (pencas y piña), como para el aguardiente que se obtiene de las piñas del maguey cocido.1 Esta industria ha estado presente en Sinaloa desde 1850, el registro que se tiene de ello refiere a la primera fábrica de Mezcal llamada La Palma y la cual se surtía del agave que provenía del municipio de Concordia, Sinaloa. Esta industria se realizaba de manera artesanal y se expandió por el sur del estado, en donde la actividad mezcalera producía aproximadamente 20,000 litros diarios.

Entre 1850 y 1979, el municipio de Mazatlán fue un productor de Mezcal, logrando que el Estado de Sinaloa ocupara el tercer lugar en la producción nacional de dicha bebida, siendo el cultivo y la industrialización de agave en esta localidad una actividad económica común. Con el paso del tiempo, la industria se fue modernizando, evidencia de ello se destacan en los vestigios de instalaciones industriales de gran tamaño y tecnología avanzada para su época. El sistema funcionaba con el estilo de haciendas dedicadas al cultivo e industrialización de agave obteniendo Mezcal e ixtle para cordelería.

Según López Sosa en su artículo “Mezcal Sinaloense” (2015); para mediados del siglo XIX la producción del entonces llamado Vino de Agave llegó desde el altiplano hasta la región serrana en Sinaloa. A principios del siglo XX había más de 38 casas productoras de mezcal, especialmente de Agave Espadín y Agave Azul.

También encontramos como antecedente que la producción de esta bebida se dio en otra región como: “la producción y destilación de agave en el estado tiene su historia: en el norte durante el siglo XIX en Choix, el norteamericano Manuel Lamphar, en su hacienda “Hot springns” (con tierras concesionadas por Porfirio Diaz), creó el destilado #El Lamphareño”. Con el que ganó premios internacionales en 1897. En la sindicatura de San Blas, en El Fuerte, funcionó una destilería artesanal, propiedad de la familia Estavillo, hasta que esta actividad fue prohibida a mediado de los años sesentas por el Gobernador Leopoldo Sánchez Celis”.2

Al paso del tiempo, el Tequila y el Mezcal lograron denominaciones de origen para diversos territorios; Sinaloa quedó fuera de esta lista; sin embargo, la producción continuó.

Por otra parte, se entiende como denominación de origen, a la región geográfica que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico.

El 28 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre (en adelante, la Declaración de Protección).

La Declaración de Protección ha sido objeto de diversas modificaciones publicadas en el referido órgano de difusión oficial el 29 de noviembre de 2001, 3 de marzo de 2003, 22 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 2015, 24 de diciembre de 2015, así como el 8 y 9 de agosto de 2018.

Hoy, el territorio protegido por la Declaración de Protección se integra por determinados municipios de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Morelos. Particularmente en el Estado de Oaxaca, la zona denominada de la "Región del Mezcal", comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán; San Felipe y San Luis de la Paz del Estado de Guanajuato; San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas Jaumave, Tula, Cruillas, Jiménez y Méndez del Estado de Tamaulipas; Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa del Estado de Michoacán; Acajete, Acatlán de Osorio, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Altepexi, Amozoc, Aquixtla, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Axutla, Caltepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchan, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chietla, Chigmecatitlan, Chignahuapan, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Eloxochitlán, Epatlán, General Felipe Ángeles, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izucar de Matamoros, Jolalpan, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Quecholac, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlapanalá, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlan, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán Salinas, Zautla, Zinacatepec, Zoquitlán y Xochiltepec del Estado de Puebla; Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán del Estado de México; Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá del Estado de Aguascalientes, y Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos.

En la actualidad, el gobierno de Sinaloa, se fijó dentro de sus metas lograr un impacto económico fuerte para el sur de estado, a través del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), busca que cuatro municipios de dicha región obtengan la denominación de origen del agave que puede reproducir la región, debido a que la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero fue muy importante en esos municipios; por lo que esas tierras poseen un amplio potencial para reactivar dicha actividad en términos de superficies, condiciones climatológicas, infraestructura y servicios.

El diversificar las actividades del sur de estado, reactivando el cultivo e industrialización del Mezcal, permitirá que el sector rural de estos municipios reactive su economía. La inclusión de los municipios sinaloenses en el área de protección de la Denominación de Origen Mezcal promoverá el renacimiento del cultivo e industrialización del mismo.

CONSIDERACIONES

Primera. Que se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.3

Segunda. Que el mezcal  es una bebida alcohólica destilada mexicana, 100 por ciento de maguey o agave, obtenida por destilación de jugos fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras de magueyes o agaves cocidos, cosechados en el territorio comprendido por la Resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre, publicada el 28 de noviembre de 1994, así como sus modificaciones subsecuentes.4

Tercera. Que el mezcal es un líquido de aroma y sabor derivado de la especie de maguey o agave empleado, así como del proceso de elaboración; diversificando sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, agua, productor autorizado, maestro mezcalero, graduación alcohólica, microorganismos, entre otros factores que definen el carácter y las sensaciones organolépticas producidas por cada Mezcal.5

Cuarta. Que el gobierno del Estado de Sinaloa, toda vez que ha formalizado en términos de la legislación vigente su solicitud para que se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen mezcal a fin de incluir dentro del mismo a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario de dicha Entidad.

Quinta. Que en el Estado de Sinaloa existen plantaciones de agave del tipo Agave Azul, considerado como materia prima para la producción del mezcal, específicamente en los cuatro municipios señalados en el Considerando anterior, dándose las condiciones climáticas y de suelo equiparable a los municipios actualmente incluidos en la zona de protección, donde además existe la tradición y el conocimiento de los habitantes de la zona para la producción de la bebida.

Sexta. Que la industria mezcalera en el sur del Estado de Sinaloa se remonta hasta el año de 1850, fecha en que se registró la primera fábrica de mezcal llamada La Palma y las primeras plantas de agave fueron traídas del municipio de Concordia, Sinaloa; en donde la actividad mezcalera contaba con una antigüedad mayor. Dicha actividad se fue expandiendo en toda la zona sur, formándose un grupo de mezcaleros, cuyas actividades se realizaban en forma artesanal, lo que provocó un arraigamiento social y cultural en la zona rural.

Séptima. Que con la finalidad de impulsar las actividades que conforman la cadena de valor del agave, generar empleos e impulsar la economía en el Estado de Sinaloa, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.– El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, en el marco de la Ley en la materia, concluya el procedimiento administrativo y autorice la solicitud del Gobierno del Estado de Sinaloa para que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario de dicha Entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Sen. Mario Zamora Gastélum.

1 Sahagún B. 1989, Torrentera U. 2000, Aguirre R. 2001

2 Somos Sinaloa; Sinaloa Heredera del Mezcal; Gabriela Sandoval. 2013, Ed. 10

3 Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente al 23 de marzo de 2018.

4 Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, numeral 3.17 de la, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2017.

5 Ob, cit. numeral 3.17.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Zamora Gastélum.

Se ruega a la Secretaría incluya el texto íntegro del punto de Acuerdo en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Economía.






Tiene el uso de la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a remitir la relación de contribuyentes que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señora Presidenta. Amigas y amigos Senadores:

El Senado nos invitó y vamos a representarlos con mucho gusto en la UIP, en la Unión Interparlamentaria que va a ser en Ginebra, Suiza.

Y revisando dentro de la agenda, viene la Agenda Fiscal. Dentro del Comité Económico y Social hay un subcomité fiscal.

Y déjenme, les doy un dato que los va a sorprender, como me sorprendió a mí.

En 2016 la Unión Europea, estos 20 países, la Unión Europea, en un año perdieron por evasión de IVA, vía compraventa de facturas, 147 billones de euros.

Ahorita, en la Unión Europea están implementando mecanismos para ir también por la compraventa de facturas. Atacando la compraventa de facturas atacas terrorismo, delincuencia organizada, evasión fiscal y, obviamente, recursos para los más necesitados.

México, lo he dicho reiteradamente, por la compraventa de facturas hemos perdido 2 billones de pesos. Datos oficiales.

No es un tema privativo de México, es un tema a nivel mundial donde se afectan las arcas y los erarios de todos los países.

He escuchado aquí con mucho optimismo que ya vamos a meternos de lleno contra los factureros.

Que vamos a agravar la pena.

Que vamos a hacerlo delito grave.

Que les vamos a cancelar los sellos.

Que vamos a poner el mecanismo de retención para sacarlos del mercado.

Que vamos a ir a combatir el robo de identidades de estos prestanombres. Hasta muertos que tienen clave CIEC y hacen operaciones simuladas.

Vamos contra el outsourcings.

Vamos contra la evasión fiscal.

Lo que no sé si es privativo de México es que, según los datos del mismo SAT, la mitad de las facturas fueron a la Federación, a los estados, a los municipios, a organismos descentralizados y a fideicomisos.

La mitad de la compraventa de facturas en México se usa para corrupción, se usa para sacar dinero del erario y poder, con empresas fantasmas, dispersarlo al bolsillo del corrupto.

Nada más un caso de Veracruz, en un caso se evadieron 3 mil millones con 400 empresas fantasma, y tengo los datos como también lo hicieron en Nuevo León, en Coahuila, en Chiapas.

¿Qué vengo a ofrecerles?

Enviar un exhorto al SAT, para que le llegue al Senado esa famosa lista negra, esa lista de 69 B que venga con nombre, apellido, folio, factura y fecha, todos los pagos que estas empresas fantasma recibieron del gobierno, que nos den desglosado cuánto le sacaron a la Federación, a los estados, a los municipios y que pueda nuestra Comisión de Hacienda y en una convensión hacendaria encontrar dónde están los grandes corruptos y delincuentes de este país.

Quisiera ponerlo para urgente resolución, y si no, que se envíe a la Comisión de Hacienda, por favor.

Proposición con punto de Acuerdo

El C. Senador SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA y los suscritos ciudadanos Senadores de la República integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 Fracción 1 inciso I del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta Soberanía, Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta” realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 2017, dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, a través del mecanismo llamado comúnmente como “compra-venta de facturas”.

De acuerdo con el estudio Evasión Global de Impuestos 2017, la tasa de evasión fiscal en México representó el 2.6por ciento del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510,000 millones de pesos.

El mismo estudio destacó que el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con un monto de 296,000 millones de pesos.  La tasa de evasión que tuvieron las personas morales fue de 19.9 por ciento; la tasa de sueldos y salarios fue de 11.5 por ciento; la de arrendamiento de personas físicas tuvo una tasa de 73.5 por ciento, mientras que la de personas físicas con actividad empresarial fue de 56 por ciento. En total, la tasa de evasión de ISR fue de 19.2 por ciento

El IVA es el otro gravamen que destaca, con una evasión de 188,000 millones de pesos. Del 2015 al 2016 la tasa de evasión bajó 3 puntos porcentuales al pasar de 19.4 a 16.4 por ciento; sin embargo, se mantiene aún con niveles altos.

Los niveles más bajos de evasión los registró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una cifra de 20,000 millones de pesos, la tasa pasó de 8.8 a 4.7 por ciento.

Finalmente se ubican los impuestos que se cobran por comercio exterior, con apenas 5,000 millones de pesos. La tasa en comercio exterior, que se estudia por primera vez, fue de 10.9 por ciento.

Por otra parte, según la propia Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) [483 mil 874 millones de pesos].

En ese entonces, por la vía de los impuestos, el Gobierno federal recaudó dos billones 407 mil 716.7 millones de pesos, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo en ese año.

Ello quiere decir que las transacciones afectas a simulaciones rondan alrededor de 1.7 a 2.4 billones de pesos, cuyas operaciones son objetas también del delito de lavado de dinero.

Si nosotros sumamos a este esquema de compra venta de facturas la simulación que comprende el contratar esquemas de outsourcing ilegal, que también en su mayoría está sustentado bajo esta práctica de compraventa y simulación de operaciones, de acuerdo con datos del propio SAT, la práctica ilegal asciende a 10,000 millones de pesos, cifra que no comprende la evasión por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit.

Es decir, el boquete fiscal por el esquema de compra venta de facturas y outsourcing relacionado, asciende a 520 mil millones de pesos.

Se estima que en México hay más de 230,000 trabajadores en empresas de outsourcing con sustitución de figura jurídica, y que existen 19 despachos contables y de asesoría que presuntamente atienden a diversas compañías para evadir al fisco, según información de la Procuraduría General de la República (PGR) publicada en su página de Internet; aunque, en la práctica, suponemos que en el país son muchas más.

La manera en que se comete la defraudación a través de la evasión fiscal empieza con la creación de empresas pequeñas, con un capital social de menos de 5,000 pesos, que posteriormente emiten facturas que amparan la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos.

La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio; en otras, desde el momento de la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas ya se cometen delitos, en algunas ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos se crean personas morales con documentación falsa, obviamente se presume que para tal confabulación, se requiere de la ayuda de algún funcionario público y/o fedatario, para poder cumplir, aunque con documentos falsos, con los requisitos de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Posteriormente, una vez creadas las empresas, éstas emiten facturas por operaciones inexistentes.

Estas empresas no venden los bienes y servicios que dicen vender, más bien, han sido creadas para vender facturas a contribuyentes interesados en deducir y no pagar impuestos, y en el peor de los casos, con la anuencia de funcionarios corruptos, solicitar devoluciones de impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

El beneficio de las personas que compran factura es que además de aligerar la carga fiscal, reciben el efectivo de la transacción, restándole la comisión que cobra la empresa o persona física que vende la factura, por lo que la carga monetaria del comprador de la factura ronda entre el 4 y el 7 por ciento de la totalidad de la transacción.

Estamos ante un muy grave problema, pues en México existe una amplia red de vendedores y compradores de facturas; esta práctica se ha convertido en el deporte nacional de las personas que burlan al fisco federal.

Datos del órgano recaudador, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado.

La lista negra del SAT, que entró en vigor en el 2014, se sustenta en el artículo 69-B del CFF, el cual precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien, que los causantes no se encuentren localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la facturación de operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad.

En la mesa, donde se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en esta materia, se explicó que la cifra se logró gracias a los actos de autocorrección de los contribuyentes, pues gracias a la información con que cuenta el SAT por las facturas electrónicas, se pueden detectar operaciones inexistentes y publicar qué contribuyentes las realizan.

Ante este panorama es por ello por lo que, ante el objetivo de plantear una iniciativa que erradique el problema de erosión fiscal para la Hacienda Pública solicitamos atentamente al Servicio de Administración Tributaria es importante que ésta nos proporcione la información de las empresas que simulan operaciones, su forma real de operación y que nos especifique si las mismas han tenido operaciones con entes públicos, y en su caso, especificar con quienes; razón por la cual proponemos ante el Pleno de esta Soberanía a fin de que sea votado en Sesión, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, gira atento EXHORTO al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de Contribuyentes, ciudad donde cuentan con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de publicación en la lista, monto sujeto a simulación de operaciones y una relación sucinta de la forma en que se simuló las operaciones, sobre todo señalar si emitió comprobantes a algún ente público perteneciente a la Federación, Ciudad de México, Entidades Federativas, Municipios, órganos descentralizados y cualquier otro ente que reciba y/o ejerza recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Samuel García.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el punto de Acuerdo del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa que permite el refinanciamiento de la deuda del estado de Nayarit.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, señora Presidenta. Con el permiso de la Honorable Asamblea.

Lo que vengo a proponer a su consideración es un asunto que a todos nos compete, y se refiere a un problema que ha sido recurrente en los últimos años.

El endeudamiento de las entidades federativas y municipios, problema que ha llevado a poner en riesgo la solvencia de los gobiernos y los obliga a recurrir a la Federación para cubrir sus necesidades básicas de gasto.

El crecimiento de la deuda de los estados, ha sido de tal gravedad que dio origen a la aprobación, por el Congreso, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios.

Con esta ley, lo que se busca es otorgarle al Congreso y al gobierno federal un instrumento legal que permitiera establecer reglas claras para un manejo de la deuda responsable y sobre todo transparente.

En este contexto, quiero poner a consideración de este pleno un punto de Acuerdo de urgente resolución, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de las facultades que le otorga la ley, y este Senado de la República, realicen un análisis de la viabilidad financiera de una propuesta financiera presentada por el Ejecutivo del estado de Nayarit al Congreso del estado, de manera fast track, cabe decirlo, a través del cual solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda y adquirir una deuda por 950 millones de pesos.

Ante esto, mi preocupación se centra en tres puntos:

Primero. Se argumenta en la exposición de motivos la salud y fortaleza de las finanzas públicas y en ese marco el refinanciamiento significaría reducir el peso de la deuda, sin embargo, se solicita se autorice la gestión de un crédito por 950 millones de pesos, entonces la pregunta es, si lo que se pretende es reducir el peso de la deuda, ¿por qué adquirir nuevos compromisos?

Segundo. En ningún punto de la iniciativa se especifica a qué proyecto se destinará la nueva deuda, es decir, que se estaría adquiriendo un compromiso sin tener claridad en su destino.

Tercero. Se propone su manejo a través de un fideicomiso, siendo que la Auditoría Superior de la Federación ha sido criticada por su opacidad y nula transparencia.

La deuda pública de Nayarit reportada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal como proporción del Producto Interno Bruto, fue la novena más alta entre todas las entidades federativas durante el 2016, alcanzando una proporción de 4.6 por ciento.

Sin embargo, es importante tomar estos datos con cautela, pues además del endeudamiento reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas puedan acumular otro tipo de pasivos, proveedores o fideicomisos a cuenta del erario, entre otros

En este contexto, considero que cualquier solicitud de endeudamiento de los gobiernos de los estados y municipios, debe contemplar con transparencia un desglose del destino que se les dará a esos recursos y que su uso debe ser de manera invariable para proyectos de inversión e infraestructura, beneficio social y con impacto para desarrollo del estado, pero que esos proyectos deben ser identificados con transparencia e informar al pueblo de Nayarit en qué se destinará cada peso.

Este es el objeto de éste:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito del Senado de la República, a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al Congreso del estado libre y soberano de Nayarit, por parte del Ejecutivo estatal en el cual le solicita se autorice refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos sin especificar el destino de estos recursos. Asimismo, que se solicite al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tienen destinados los recursos producto de este endeudamiento.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de septiembre, se presentó en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, una iniciativa formada por el ejecutivo estatal, a través de la cual se pone a consideración del poder legislativo la modificación a diversas disposiciones a efecto de que se autorice al ejecutivo del estado a refinanciar la deuda y adquirir deuda por 950 millones de pesos.

Ante esta solicitud, para que se autorice el endeudamiento del estado es importante considerar que de 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 107.5 por ciento, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, esto es que el monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pesos.

De acuerdo con el informe 2016 de la Auditoría Superior, la deuda pública de las entidades federativas y municipios creció a un ritmo acelerado entre 2009 y 2010, con una tasa media real anual de 19.7 por ciento respecto del saldo acumulado hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016.

No obstante, la situación actual no es alentadora. La propia Auditoría Superior indica que, al cierre de 2016, “el saldo de la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos, con un crecimiento real de 1.4 por ciento respecto de 2015”.

Aunque la Auditoría Superior asegura que la deuda pública subnacional no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero (pues en 2016 representó el 3.1 por ciento del producto interno bruto estatal), señala que “es importante revisar y dar seguimiento al nivel y evolución del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales”.

Y fue precisamente en este contexto que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, luego de que durante tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) se observó que la regulación del endeudamiento “no permitían un registro integrado de la deuda pública subnacional en la SHCP y faltaba control […], debido a que ninguna entidad verificaba que los entes públicos cumplieran con la publicación de la información financiera”.

La aplicación de esa nueva ley, se implementa en el contexto de un incremento acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los ingresos de las entidades federativas y municipios.

A la fecha, sólo 20 entidades federativas presentan un nivel de endeudamiento sostenible; y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche y Querétaro, que presentan los niveles más bajos del indicador referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición, señala el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin atender el problema.

En este contexto, uno de los grandes problemas financieros que enfrentan las entidades federativas es el costo de la deuda, cuya alza en las tasas de interés encarece este indicador, deteriorando la perspectiva estatal, es decir, destinarán más recursos a sus obligaciones y menos a programas sociales.

Al cierre del 2017, el Servicio de la Deuda y Pago de Inversión (SDPI), que contabiliza las amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de la deuda pública, ascendió a 63,292 millones de pesos, monto que significó un crecimiento anual de 15.0 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En general, el monto de la deuda se ha visto beneficiado en los últimos trimestres en todas las entidades del país, sin embargo, el servicio de la deuda se ha visto afectada por las tasas de interés que han sido más altas, por lo que algunos estados no han podido establecer una planeación que les permita dar recursos corrientes e ir liquidando sin problema sus obligaciones a algunos acreedores diversos”

El incremento del servicio de la deuda de los estados en el 2017 se debió al ascenso de la tasa de interés promedio ponderada de las obligaciones, que al cierre del año pasado se colocó en 8.10por ciento, el nivel más alto desde el 2008, cuando se ubicó en 9.60por ciento; la tasa más elevada la ostentó Nayarit, con 9.37por ciento, y la más baja, Michoacán, con 4.26 por ciento.

Los estados han hecho un esfuerzo por disminuir el monto de la deuda desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera. Sin embargo, el incremento de tasas de interés del Banco de México aumentó el servicio de la deuda potencial deteriorando la perspectiva de las entidades federativas más endeudadas. Habrá menores recursos disponibles para programas sociales”, detalló.

En el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición del Sistema de Alertas, vinculado a la capacidad de pago, Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua fueron los territorios en semáforo rojo (endeudamiento elevado) al cierre del año pasado, con coeficientes arriba de 15 por ciento. Querétaro ostenta la menor relación en México (2.2 por ciento).

En semáforo amarillo (endeudamiento en observación) se estacionaron Sonora, Veracruz, Baja California, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit.

Es así, que ante las expectativas de la economía el acudir a un mayor endeudamiento puede impactar en la estabilidad de las finanzas públicas del estado, mismo que ya soporta una deuda que en la misma iniciativa en mención se propone refinanciar.

Por lo ya expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos sin especificar el destino de estos recursos. Asimismo, que se solicite al Gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento.

Dado en el Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Cora Cecilia Pinedo.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






En una tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Félix Salgado Macedonio, a nombre del Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a auditar a las universidades e instituciones de Educación Superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

En este punto quiero ser muy preciso porque no quiero que se confunda. Yo desde luego que soy defensor de la autonomía universitaria, yo soy universitario, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ingeniero Agrónomo, y gracias a mi universidad puedo tener este grado económico, hijo de campesinos.

Y por eso mismo, preocupado por la situación tan crítica que están pasando las universidades de nuestro país, vengo a exigir al gobierno federal entregue el presupuesto a las universidades, pero también exhorto a los rectores para que dejen de lado la opacidad y rindan cuentas, se hace necesario que los señores rectores informen con puntualidad el uso que le dan al recurso público.

Todo ente público, aún en su carácter de autónomo y que recibe recursos públicos, tiene el deber moral y ético de informar con transparencia y si no lo hacen así, compañeras y compañeros, el destino de nuestras universidades públicas es el caos.

El gobierno está haciendo unas auditorías, la 2017, y creo que hasta ahorita sólo tres universidades están bien financieramente, la de Querétaro, la de Yucatán y la de Hidalgo, y el resto de las universidades están prácticamente en quiebra.

La de Morelos ya lleva dos semanas en huelga, por decir algo.

Y, bueno, la de Michoacán, que por cierto se acaban de ir los jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, pues está a punto de irse a la huelga también. ¿Por qué? Pues porque andan mal financieramente, son universidades públicas que andan quebradas.

Y, miren, quienes han sido rectores y hoy Senadores, saben perfectamente de la vida orgánica de una universidad.

¿Qué es lo que hace la universidad?

Paga nóminas, puede otorgar becas a los jóvenes, aplica el recurso para proyectos de infraestructura y mantenimiento, recursos para investigación científica y desarrollo tecnológico y también para adquisiciones y para fortalecimiento en la calidad educativa.

Yo quiero que la plantilla de académicos de la universidad tengan certeza jurídica en su empleo. Hay rectores que contratan a maestros que les llaman “horejeros”, trabajan por horas, van a la Universidad a clases una hora, dos horas o tres horas, pero no tienen las prestaciones que por ley deberían tener.

En Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero tiene a los jóvenes en instalaciones paupérrimas, casi en decadencia, y la Universidad Autónoma de Guerrero es de las que menos recursos reciben, hay otras que reciben más. Pareciera que hay universidades consentidas del régimen, y hay universidades que desprecia el régimen.

Mi universidad, la de Guerrero, repito, recibe pocos recursos y así no se puede tener calidad educativa.

Por eso se hace necesario que los señores rectores apliquen de manera correcta los recursos públicos que se les entregan, tan sólo para la Secretaría de Educación Pública, en lo general, disponen de 280 mil 968 millones de pesos, éste es el ejercicio 2018; el ejercicio 2017 lo tienen bien quebrado y en un mes van a dar los resultados de la Auditoría.

¿Y ahora qué esperamos para el 2018?

Por eso yo, preocupado, como cualquier mexicano, porque las universidades les sigan otorgando la educación a nuestros jóvenes y de calidad, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en coordinación con las auditorías de las entidades federativas en el ámbito de sus facultades, audite a las universidades e institutos de Educación Superior del país sobre el manejo de los recursos públicos asignados durante el ejercicio fiscal 2018.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan mediante mecanismos eficientes el acceso a la información sobre la aplicación y destino de los recursos públicos de las universidades e institutos.

Y, bueno, yo pido a la Mesa Directiva que se turne a las comisiones pertinentes para que de inmediato se haga de su conocimiento el exhorto a la Auditoría Superior de la Federación.

Muchas gracias por su atención, compañeras.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Salgado Macedonio. Túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Me hubiera encantado tener el Pleno lleno, pero, bueno, yo sé que los que quedan me van a poner atención en este tema tan importante y tan sensible para las familias y para los mexicanos.

Les quiero compartir algo que llegó a mí a través de una madre de familia, y yo creo que en honor a ella y a muchas, hoy hago uso de esta tribuna.

Me dijo: “la adicción que vive mi hijo ha sido una enfermedad silenciosa e invasiva que hoy siento que acaba con la vida, no sólo de mi hijo, con la vida de mi familia entera, y veo que el gobierno no está atendiendo y no está volteando a vernos”.

Su hijo tiene 13 años acabados de cumplir.

Los niños son víctimas silenciosas de las adicciones; de las drogas, del alcohol, son enemigos del futuro y de la esperanza de México, que son nuestros niños.

México enfrenta serios retos estructurales en materia social y de salud pública que en buena medida determinan el futuro de este país.

La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Encodat 2016-2017 presenta cifras alarmantes que muestran el consumo de las drogas ilícitas, que continua en ascenso, mientras que el uso y el abuso de las llamadas “drogas lícitas” como el alcohol y el tabaco, no sólo creció, sino que además se reduce la edad de nuestros jóvenes al consumo de las mismas.

Sobre el consumo de alcohol en menores nos revela que el 41 por ciento de los varones y el 37.9 por ciento de las mujeres de quienes tienen entre 12 y 17 años han consumido alcohol alguna vez en su vida y en la población adolescente el consumo aumentó significativamente.

Lamentablemente no sólo aumenta el número de menores que se inician en el consumo, sino que un alto porcentaje de éstos está pasando del consumo experimental al regular y hoy se registra el consumo entre niños de 11 y 12 años que cursan apenas el quinto y sexto grado de primaria.

Los datos epidemiológico no sólo muestran un notable crecimiento en las cifras de consumo, sino también el impacto que tiene en la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad, situación que se hace más compleja dado que las instituciones de salud, desafortunadamente, no cuentan con los recursos, ni están preparadas para enfrentar este fenómeno social emergente.

El consumo de drogas, alcohol y tabaco, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas, desencadena muchos de los problemas que hoy se exponen aquí en el Senado de la República y en la otra Cámara: fracaso escolar, desarrollo de trastornos emocionales y de conducta alimentaria, violencia, acoso escolar, abuso sexual, embarazos prematuros, suicidios, entre otros.

En las instancias de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley, menores que ya han delinquido se registra que un alto porcentaje ha cometido el delito bajo la influencia de alguna sustancia adictiva.

Los grupos de ayuda mutua y los centros especializados de tratamiento reportan un incremento en la demanda de atención para menores de edad con problemas de consumo y que no reciben la atención porque los servicios, si es que hay, que los hay pocos y atienden a personas mayores de edad, no a nuestros menores.

No se disponen de modelos ni espacios para el tratamiento en régimen de internamiento y los centros especializados para la atención de menores con ese tipo de problemas son prácticamente inexistentes.

En tal virtud, el presente punto de Acuerdo pretende hacer patente a las autoridades de salud la urgente necesidad de implementar políticas públicas y acciones concretas, a fin de reforzar la detección y tratamiento en menores de edad, así como programas de prevención de adicciones para evitar, por un lado, que los menores se inicien en el consumo de drogas, y por otro, fortalecer las capacidades de la Federación y de las entidades federativas para atender este gran problema:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, para que en coordinación con la Comisión Nacional Contra las Adicciones, lleven a cabo de manera urgente las medidas necesarias para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones, en menores de edad, de conformidad a las disposiciones indicadas en la Ley General de Salud, la Ley General para el Control del Tabaco, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de atender el alarmante crecimiento del consumo de drogas en este sector de la población y su impacto de la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad en general. Que este tema sea parte de la agenda nacional.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, considere un incremento a los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones, principalmente en menores de edad.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE LLEVEN A CABO DE MANERA URGENTE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA CAUSADOS POR LAS ADICCIONES EN MENORES DE EDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México enfrenta serios retos estructurales en materia social y de salud pública, que en buena medida determinarán el futuro de las relaciones sociales y de las políticas, así como de las prioridades que deberán asumirse desde los tres órdenes de gobierno: la obesidad y el sobrepeso; la diabetes y las cardiopatías; y el uso y abuso de sustancias adictivas.

Respecto a esto último, debemos reconocer que el Estado mexicano ha dado una deficiente atención a las políticas públicas encaminadas a la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad y que es un asunto que, salvo excepciones, está fuera de la agenda nacional.

Sobre este tema, la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017) presenta cifras preocupantes que muestran que el consumo de las drogas ilícitas continua en ascenso, mientras que el uso y abuso de las llamadas “drogas lícitas” como el alcohol y el tabaco, no sólo creció, sino que además se reduce la edad de inicio en el consumo y adicción a las mismas.

Los datos de la ENCODAT 2016-2017 registran que el consumo de alcohol, en el indicador de consumo durante el último mes para la población en general se incrementa de 44.3por ciento a 48.1 por ciento en los hombres, mientras que en las mujeres pasó de 19.7por ciento a 24.4por ciento con respecto a la encuesta de 2011.

En el caso de menores de edad (es decir, personas físicas que no han cumplido la mayoría de edad, conforme al artículo 34, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en el lapso de 2011 a 2016, el consumo excesivo durante el último mes ha aumentado significativamente (se duplicó de 4.3por ciento en 2011 a 8.3por ciento en 2016) y en el caso de mujeres tuvo un incremento de más de 3 veces (de 2.2por ciento a 7.7por ciento).

Los datos nacionales de la ENCODAT sobre el consumo de alcohol en menores, nos revelan que 41por ciento de los varones, y 37.9por ciento de las mujeres de quienes tienen entre 12 y 17 años han consumido alcohol alguna vez en su vida; hecho realmente preocupante porque, de acuerdo con la ley, ningún establecimiento tiene permitido vender bebidas con alcohol o cigarros a menores de edad.

En la población adolescente se encontró que el consumo de alcohol aumentó significativamente, no sólo en el número de jóvenes que se iniciaron en este, sino entre los que consumen con frecuencia: el consumo consuetudinario pasó del 1por ciento a 4.1por ciento, es decir, que se cuadruplicó entre 2011 y 2016, y este crecimiento es notorio en mujeres, pasando de 0.4por ciento a 3.9por ciento, es decir que creció casi 10 veces.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) muestra que entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, 7.6por ciento de los varones y 5.8 de las mujeres consumen drogas ilícitas con frecuencia, es decir consumo en los últimos 30 días; mientras que los que han consumido alguna droga alguna vez en la vida alcanza 18.6por ciento en los hombres y 15.9por ciento en mujeres.

Lamentablemente no sólo aumenta el número de menores que se inician en el consumo, un porcentaje de estos está pasando del consumo experimental al regular; por ejemplo, el consumo en el último año, alcanza a 13.2por ciento de los hombres y a 11.2por ciento de las mujeres; 9.0por ciento en hombres y 8.7por ciento en mujeres que cursan secundaria y 20.2por ciento y 15.2por ciento respectivamente de los que cursan bachillerato y lamentablemente se registra el consumo entre niños de 11 y 12 años que cursan el 5º y 6º grado de primaria, entre los cuales, poco más de tres de cada 100 están consumiendo alguna droga.

Al menos 5.5 de nuestros estudiantes de secundaria y bachillerato, requieren de un apoyo terapéutico (como consejo breve) y que el 1.3por ciento requiere un tratamiento más especializado, principalmente los varones 7.7por ciento, en comparación con las mujeres 5.9por ciento. Uno de cada 10 estudiantes de bachillerato necesita ayuda.

Por otra parte, los datos epidemiológicos no sólo muestran un notable crecimiento en las cifras de consumo, también en el impacto que tiene en la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad. Este impacto se presenta especialmente en menores de edad, ya que en la medida que es mayor el número de estos que consumen a edades cada vez más tempranas, se presenta un número creciente de menores con dependencia. Situación que se hace compleja dado que las instituciones de salud no cuentan con los recursos, ni están preparadas para enfrentar este fenómeno social emergente.

El consumo de drogas, alcohol y tabaco, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas se asocia con el pobre rendimiento y el fracaso escolar, el desarrollo de trastornos emocionales y de la conducta alimentaria; hechos de violencia como el acoso escolar, experiencias de abuso sexual y embarazo, así como actos suicidas, consumados o no, y problemas de conducta y actos antisociales, entre otros.

Las expectativas resultan preocupantes, la dinámica cultural del mundo global se relaciona con el aumento de problemáticas psicosociales en nuestros adolescentes y a ello debemos sumar las limitaciones de las familias y las escuelas para apoyar el desarrollo psicosocial de nuestros menores.

Se estima que el aumento en las cifras de consumo se mantendrá como resultado de la aceptación social que de manera creciente están teniendo los menores hacia las drogas; cada vez disminuye la percepción de riesgo que tienen hacia éstas. Por ejemplo hacia la mariguana, 30por ciento de nuestros menores considera que no es peligroso su consumo. Entre los consumidores la percepción de riesgo disminuye a más de la mitad en el caso de la mariguana y en un 22por ciento aproximadamente para las otras sustancias.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, muestra la relación que tiene el consumo con actos antisociales especialmente en menores de edad. En las instancias de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley, se registra que el 24.3por ciento de estos cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo (72.1por ciento) fue el delito más cometido por los menores. De los menores infractores entrevistados, el 68.1por ciento refirieron consumir habitualmente drogas y la mariguana fue la sustancia más reportada (35.0por ciento), seguida del alcohol (29.8por ciento) y el tabaco (27.3por ciento).

Los grupos de ayuda mutua y los centros especializados de tratamiento reportan un incremento en la demanda de atención para menores con problemas de consumo, incluso desde los 10 años y que no reciben atención porque los servicios disponibles estas diseñados para atender a personas de mayor edad. No se disponen de modelos ni espacios para el tratamiento en régimen de internamiento y los centros especializados para la atención de menores con este tipo de problemas son prácticamente inexistentes.

En cuanto a esta materia, nuestro orden jurídico vigente, encabezado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias y administrativas, establece lo siguiente:

A. El artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General crea el Consejo de Salubridad General, como la autoridad constitucional ejecutiva que depende directamente del Presidente de la República, facultada para emitir disposiciones generales obligatorias en el país y medidas en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, las cuales deben ser revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan, pero después de haberse aplicado;

B. El artículo 13, inciso “C” de la Ley General de Salud, señala que, en materia de salubridad general, la prevención del consumo de narcóticos y la atención de las adicciones es competencia de la Federación y las entidades federativas;

C. El artículo 184 Bis de la referida Ley que establece que el Consejo Nacional Contra las Adicciones, tiene como objeto “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley”;

D. Asimismo, en la Ley General de Salud se establecen programas preventivos y de tratamiento contra adicciones como el Programa para la Prevención, Reducción y Tratamiento del uso nocivo del Alcohol, la Atención del Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades derivadas del mismo, y el Programa contra la Farmacodependencia, así como las acciones que se desarrollen en la ejecución de dichos programas (artículos 182 bis a 193 Bis);

E. El establecimiento en la misma Ley General de Salud de un capítulo especial en materia de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, que comprende los artículos 473 al 482, en el que se sanciona penalmente tanto el comercio o suministro como la posesión de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la propia Ley y los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México, y

F. La creación del Programa contra el Tabaquismo en la Ley General para el Control del Tabaco, el cual derogó al programa contra el tabaquismo regulado originalmente en la Ley General del Salud, así como lineamientos sobre las acciones para poner en práctica dicho programa (artículos 10 al 13).

En el mismo sentido, el Artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;

En tal virtud, el presente punto de Acuerdo pretende hacer patente a las autoridades de salud la urgente necesidad de implementar políticas públicas y acciones concretas a fin de reforzar la detección y tratamiento en menores de edad, así como los programas de prevención de adicciones, para evitar por un lado que los menores se inicien en el consumo de drogas legales como tabaco y alcohol y las ilegales, y por otro fortalecer las capacidades de la Federación y de las entidades federativas para atender al número creciente de menores de edad que ya padecen estos problemas.

Es imperativo que si se desea atender este problema de salud pública, el Ejecutivo Federal trabaje de manera integral para armar un andamiaje estructural y planes pilotos a nivel federal, para poder controlar y prevenir las adicciones en los niños y jóvenes.

En esta materia se requiere un cambio estructural que vaya más allá de las políticas públicas que se han impulsado en los últimos años; acciones de fondo y de carácter integral que vayan a la raíz del problema y que aporten soluciones reales a esta situación de emergencia que amenaza con seguirse agravando.

Entre las acciones inmediatas, sin que sean las únicas, se encuentran algunas que mediante la acción coordinada tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden emprenderse para atender el problema de las adicciones en menores de edad, entre ellas:

1. Que se fortalezcan de manera urgente los programas de prevención universal, selectiva e indicada, dirigidos a menores de edad.

2. Que se fortalezcan las medidas de vigilancia epidemiológica de las adicciones para determinar el impacto de problema en menores de edad a través del Observatorio Mexicano en Alcohol Tabaco y Otras Drogas (OMEXTAD).

3. Que se destine un porcentaje de las camas en los centros gubernamentales de tratamiento de adicciones para atender a menores con problemas de adicciones.

4. Que un porcentaje de los recursos que se destinan para apoyar a los centros de tratamiento de adicciones con modalidad de tratamiento residencial, se etiqueten para atender a menores de edad con problemas de adicciones.

5. Que las instituciones gubernamentales que atienden problemas de adicciones fortalezcas sus modelos y herramientas terapéuticas para la atención de los menores con problemas de adicciones y sus familias; y,

6. Que se fortalezcan los acuerdos de coordinación entre el sector salud y las instituciones de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley con problemas de adicciones para fortalecer las acciones de tratamiento.

De todo lo referido anteriormente, a la luz de los resultados señalados, queda claro que las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno federal no han resuelto el problema de las adicciones y menos aún en los menores de edad, por lo cual es urgente que desde este Poder Legislativo exijamos el diseño y aplicación de acciones que permitan enfrentar esta situación.

Desde este Senado debemos llamar la atención del nuevo Gobierno federal que iniciará sus funciones a partir del próximo primero de diciembre, en el sentido de que este es un tema que no debe relegarse u omitirse su atención, cuando las cifras y los datos nos están señalando la urgencia de enfrentarlo adecuadamente.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República Honorable, del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, para que, en coordinación con la Comisión Nacional Contra las Adicciones, lleven a cabo de manera urgente las medidas necesarias para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad, de conformidad las disposiciones indicadas de la Ley General de Salud y de la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de atender el alarmante crecimiento del consumo de drogas en este sector de la población y su impacto en la salud física y mental de éstos, en la dinámica familiar y en la sociedad en general.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere un incremento en los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones, principalmente en menores de edad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Túrnese a la Comisión de Salud.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del Cráter del Chicxulub, Yucatán, en el Programa Geoparques Mundiales de la UNESCO.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Mis estimados amigos, claro que hay quórum, miren cuánta gente hay.

Voy a pedirle a Servicios Parlamentarios sea tan amable de ponernos unas imágenes que también tienen ustedes ahí en sus monitores.

Miren, lo que estamos viendo es nada más y nada menos que el accidente, el fenómeno más importante en la historia del planeta.

El Planeta Tierra, éste en el que nos preciamos y nos sentimos orgullosos de caminar, respirar, nunca se vio tan afectado como el día que un poderosísimo asteroide de 12 kilómetros de diámetro impactó la corteza terrestre, más y nada menos que en la Península de Yucatán.

Lo que ustedes ven ahí, no está remarcado en la fotografía del Servicio Geológico, el impacto del meteorito fue la mitad adentro de la tierra, en la parte correspondiente a la Península de Yucatán y la otra mitad en el mar.

Muchas veces me han preguntado: “¿Bueno, entonces nosotros estamos arriba o abajo del meteorito, del cráter?” Estamos en el cráter.

Ese impacto hizo que el círculo, el semicírculo que ustedes ven dibujado, que abarca más o menos unos 200 kilómetros, de Celestún hasta Dzilam Bravo, ese círculo está representado por un anillo de cenotes.

Esos puntos blancos que ustedes ven, son precisamente cenotes. Se produjeron a partir del choque de este impresionante elemento cósmico con la corteza terrestre y todo cambió a partir de entonces.

Lo más conocido es que a partir de entonces, la obscuridad que produjo la nube inmensa de polvo que duró años en la atmósfera provocó la extinción de los dinosaurios y los reptiles con notorias excepciones, como el de la voz.

Pero lo que no dice, lo que poco decimos, es que precisamente somos una potencia petrolera gracias al meteorito.

Sí, las rocas carbonatadas que se formaron a partir de este choque, imagínense por un momento lo impresionante de esta colisión.

Bueno, esas rocas carbonatadas nos permiten tener los inmensos yacimientos de petróleo, de los que disfrutamos hoy y todavía en ellos se basa la economía de nuestro país.

Pero lo más simpático de todo esto y podríamos extendernos muchísimo explicando los efectos geológicos, lo más simpático de esto es que a diferencia de otras partes del mundo donde ha ocurrido muchísimo menos, México no tiene un peso de ser precisamente el sitio geológico más importante de todo el planeta.

Y me gustaría que ustedes pudieran ver cómo y de qué viven los habitantes de Chicxulub, Yucatán, y los habitantes de toda la costa yucateca, con una economía por demás precaria, basada en una cada vez más decadente pesca ribereña, y sujetos, pues a todos los problemas que seguramente son inherentes a otras costas de México.

Pero estos hombres y mujeres están parados sobre una inmensa riqueza.

Lo que vengo a pedirles es que hagamos válida esta riqueza, que convirtamos de acuerdo a los estatutos y requerimientos de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO concretamente, convirtamos a Chicxulub, Yucatán, en el más importante Geoparque Mundial de nuestro planeta, no es una cuestión de recursos.

Hoy muy tímidamente está señalado, en algún lado, que allí ocurrió el impacto.

De manera muy precaria el gobierno del estado y los habitantes de Chicxulub han tratado de dignificar que allá ocurrió este impresionante fenómeno, obviamente sus recursos nunca alcanzarán para magnificar algo del impacto, del tamaño del impacto de este meteorito y de su trascendencia para el planeta.

Hoy vine a pedirles que en una fórmula por demás sencilla, le pidamos al Servicio Geológico Nacional que haga todo lo necesario, todos los trámites necesarios para elevar a Chicxulub, Yucatán, como un Geoparque Mundial, y obtener la denominación de Geoparque, significa cumplir una serie de requisitos, es algo que el Servicio Geológico ha estudiado e incluso practicado en otras regiones del país, como la del volcán Tacaná.

Por eso les pido a ustedes, señores Senadores, que exhortemos al Servicio Geológico a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”.

Para ello, pedimos que el Senado exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores, a la de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coadyuvar con el Servicio Geológico en el ámbito de sus facultades para lograr este objetivo y poder incluir a Chicxulub, Yucatán, en el índice de Geoparques Mundiales.

Les aseguro, estimados amigos, Senadoras y Senadores, que no es mi orgullo yucateco el que habla, es mi orgullo de mexicano y la necesidad absoluta de que le demos a las cosas de nuestro país el valor que merecen, como este importantísimo evento geológico.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Muchas gracias, Senador Ramírez Marín.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Rocío Nahle.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Para ver si el ponente me puede aceptar una pregunta.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Me parece muy interesante lo que usted está planteando, nada más preguntar si el esquema para pedirle al Servicio Geológico que sea reconocido como un parque mundial, sería en el sistema público-privado o sería exclusivamente en el sistema público como patrimonio de México.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto que sería público, y se convertiría en un patrimonio del pueblo de México, lo cual nos haría todavía más orgullosos.

Quiero reconocer, además de la atención de la Senadora Nahle, la participación de los Senadores Raúl Paz y Verónica Camino, Senadores por el estado de Yucatán en apoyo a este punto de Acuerdo.

Sí, Senadora, sería un parque geológico cien por ciento mexicano, no privado.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ramírez Marín.

Sonido en el escaño del Senador Bolaños.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

En solidaridad con nuestros paisanos de Yucatán, la bancada del Partido Verde solicita adherirse al presente punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: También han solicitado adherirse, si usted lo tiene a bien, el grupo parlamentario del PRD; la Senadora Nancy De la Sierra, del PT; su servidora; el Senador Víctor Castro; la Senadora Cora Cecilia Pinedo, del PT y la Senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.

Y le pedimos, si el Senador lo tiene a bien, que la Secretaría de Servicios Parlamentariaos pase a los escaños de cada uno de ustedes para recabar sus firmas, de adhesión. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido Morena, quien presentará un punto de Acuerdo para integrar una mesa de trabajo para elaborar una reforma integral que dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y Senadores:

Quiero, en nombre del doctor Ricardo Monreal, Senador y Coordinador del grupo parlamentario, y el mío propio, dar lectura a esta proposición con punto de Acuerdo que propone integrar la mesa de trabajo, una mesa de trabajo con objeto de enseñar y elaborar una reforma integral que dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto.

Consideraciones.

En los países democráticos las instituciones legislativas tienen la responsabilidad de representar y materializar fielmente los intereses ciudadanos a través del diseño y emisión de legislación, la fiscalización y el control del poder. Infortunadamente, esta relación virtuosa entre representantes y representados enfrenta diversos desafíos que han impedido la articulación correcta entre demandas e intereses de la ciudadanía y las decisiones fundamentales de los cuerpos legislativos.

En el modelo clásico, la representación política se consuma en el momento mismo de la elección, tras la cual el legislador goza de plena libertad para actuar en el cuerpo legislativo según su razón, lucha y juicio en nombre de la nación y sus intereses, sin que en ello medien la voluntad o la opinión de los representados. En este sentido, las tareas legislativas se conciben como un proceso de racionalidad individual en el que no cabe la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de quienes originalmente emana el poder.

Para Edmund Burke, uno de los máximos defensores de este modelo de representación, el pueblo debe conceder a las y los representantes la mayor libertad para que actúen como juzguen conveniente, pues, el representante que sacrifica su juicio a la opinión de los electores “les traiciona en lugar de servirles”.

Con el paso del tiempo, esta limitada concepción del papel del parlamento ha mutado hacia la construcción de modelos que incentivan la participación ciudadana en la toma de decisiones. En este nuevo esquema, el rol de la ciudadana o del ciudadano no se actualiza únicamente a través del voto, sino que valida la efectividad de sus representantes, en tanto que éstos le garanticen una relación más articulada, receptiva, próxima, incluyente y transparente.

Lo cierto es que en la actualidad nadie puede pensar en un parlamento genuinamente eficaz y democrático sin que existan mecanismos que abran los procesos de decisión que tienen lugar al interior de las asambleas.

A diferencia de otras instituciones legislativas con una tradición democrática más sólida, nuestro Congreso se ha distinguido por mantener un modelo clásico de representación en el que las decisiones se reservan a la dinámica de las fuerzas internas y a los recursos de sus partidos. En este sentido, el proceso legislativo y las tareas inherentes a él se han desarrollado en un entorno de centralización y opacidad, carente de apertura a la participación de la sociedad.

Esta lógica de “parlamento cerrado” ha contribuido a generalizar la desconfianza y el descontento ciudadanos respecto del Poder Legislativo, tal como fue revelado por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, la cual muestra que sólo una quinta parte de la población confían en el Congreso de la Unión.

Cabe destacar que el pasado mes de abril, diversas organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza para el Parlamento Abierto, dieron a conocer el Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México, en el que se evaluó la accesibilidad, transparencia, proactividad y cercanía ciudadana de 34 instituciones legislativas del país mediante 97 indicadores. Los resultados arrojados a través de este ejercicio evidenciaron la existencia de significativos pendientes relacionados con mecanismos de contacto ciudadano, información parlamentaria y presupuestal, datos abiertos, accesibilidad y difusión, entre otros.

Es imperante que esta Cámara refrende su compromiso con una labor parlamentaria abierta, receptiva e innovadora, que trabaje con y para la gente. Sin duda, abrir el proceso legislativo a la participación ciudadana contribuirá a legitimar la representación, generará mayor confianza en nuestra institución legislativa y permitirá tomar decisiones mejor informadas y cercanas a la realidad de las personas.

Todo ello, eventualmente, generará que las acciones de nuestro Poder Legislativo sean de la mayor calidad y efectividad.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a la consideración de esta Asamblea, el presente:

Punto de Acuerdo.

Primero. El Senado de la República acuerda integrar, a través de su Junta de Coordinación Política, una mesa de trabajo conformada por Senadoras, Senadores y representantes de los sectores público, social y privado interesados en el fortalecimiento del Congreso, con el propósito de diseñar y proponer una reforma integral que dé plena vigencia a la figura del Parlamento Abierto a fin de garantizar que los procesos de decisión sean transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. La Junta de Coordinación Política emitirá los lineamientos para la integración y funcionamiento de la mesa de trabajo en materia de Parlamento Abierto.

Segundo. Esta mesa de trabajo deberá constituirse antes de la conclusión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de la LXIV Legislatura, y sus trabajos no podrán extenderse más allá de la conclusión del Segundo Periodo Ordinario del mismo año.

Tercero. Al término de sus trabajos, la referida mesa entregará al Pleno del Senado un informe que incluirá conclusiones y propuestas concretas de modificación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, a efecto de incorporar la institución legislativa del Parlamento Abierto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el día 11 del mes de octubre de 2018.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Arias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Toda vez que no integro la Junta, hacer saber, por su conducto, a la Junta de Coordinación Política que tengo interés en ser considerado en formar parte de la mesa, si es tan amable, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador. Se hace del conocimiento de la Junta de Coordinación Política.






La Junta de Coordinación Política remitió tres Acuerdos: uno, por el que se modifica la integración de comisiones; otro, en relación con las atribuciones en materia de asuntos editoriales para la Comisión de Cultura; y uno más que modifica y amplía los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los tres Acuerdos a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a la agenda de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación de los tres Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Dé cuenta la Secretaría con el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo en relación con las atribuciones en materia de asuntos editoriales para la Comisión de Cultura.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rehace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo con atribuciones en materia de asuntos editoriales para la Comisión de Cultura. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai. Publíquese en dos diarios de circulación nacional los días 12 y 15 de octubre. Comuníquese.






COMUNICACIONES

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva tres comunicaciones de Comisiones del Senado, por las que informan que han quedado formalmente instaladas, éstas son.

La Comisión Jurisdiccional.








La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.








Y la Comisión de Turismo.



La Asamblea ha quedado enterada.






Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Nuevo León, México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer, así como el feminicidio. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE, A LOS ESTADOS DE; NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA Y GUERRERO PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS Y DIRIGIDAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ASÍ COMO EL FEMINICIDIO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como ustedes saben y fue informado ante esta representación por mi compañero zacatecano el senador José Narro Céspedes, apenas hace unos días fue encontrada en Zacatecas, Paloma Jacaranda, de 20 años, quien fuera maestra de un Centro de Desarrollo Infantil y una brillante estudiante de derecho.

Su camino ha sido truncado, uno más en Zacatecas y ya suman 22 feminicidios en esta entidad en lo que va del año.

La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres. Se concentra en poblaciones que presentan problemáticas tales como: adicciones, inseguridad, desigualdad, pobreza y un nivel por debajo de la media en el tema de educación.

De ahí la necesidad de que el Estado ponga un interés mayor para detonar el desarrollo en estas zonas donde se acentúa esta problemática.

El tema adquiere una relevancia fundamental debido a que, en nuestro país, según datos del INEGI, el 66% de las mujeres han sufrido agresiones ya sea de tipo sexual, física, laboral o emocional.

Es decir, la violencia contra la mujer parece ser una práctica común, cosa que como sociedad no podemos permitir y debemos de combatir día a día.

Solo de 2015 a 2017 las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1 mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en nuestro país. Y en este año la cifra no es mejor, al contrario, es cada vez más alarmante pues en el primer semestre del año fueron registrados como feminicidios 387 asesinatos, es decir, 2 mujeres fueron privadas de su vida al día.

Es importante señalar que desde la sociedad civil se ha denunciado que estas cifras están por debajo de la realidad.

Inaceptable que el simple hecho de ser mujer se convierta en una debilidad y en un riesgo a la seguridad de todas nosotras.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio las calles, carreteras, parques, se han convertido en las tumbas de las mujeres mexicanas.

Ya no estamos seguras en nuestras poblaciones.

Las entidades que encabezan la lista de feminicidios son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Guerrero.

Pero por otro lado, por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está en primer lugar, seguido de Sinaloa, Colima y nuevamente Chihuahua y Guerrero de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como mujer, me indigna que Fresnillo y Guadalupe, se encuentren entre los 100 municipios de todo el país con mayor número de feminicidios.

Como  mujer, no veo una política pública efectiva dirigida a erradicar la violencia en estos estados.

Si el ser brutalmente asesinadas no fuera suficiente, las familias de las víctimas se enfrentan a ministerios públicos con poca capacidad de reacción, pues en muchas ocasiones no se llega a una sentencia por el delito de feminicidio, ya sea por falta de pruebas o simplemente se cataloga como un homicidio.

Concluyo mi participación.

Esta situación ha llegado al límite, ya no podemos taparnos los ojos, es hora de defender a nuestras mujeres a través de mejores políticas públicas, pero sobre todo trabajar en la prevención del delito.

¡Hoy todos somos Paloma y nos duele!

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación así como a los gobiernos estatales de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Colima para que informen a esta Soberania sobre las politicas publicas aplicadas y los resultados de estas en la erradicación  de la violencia contra la mujer y el feminicidio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre del 2018.

Suscribe

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre.






Del Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal de 2019, se incremente el presupuesto asignado al Programa “Pueblos Mágicos”, por una cantidad no menor a 1,571 millones de pesos. Se turna a la Comisión de Turismo.








Del Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.








De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se encuentran en proceso. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

La que suscribe, ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) A NO SUSPENDER NINGUNO DE LOS PROGRAMAS, PLANES O CONVOCATORIAS QUE YA HAN SIDO PUBLICADAS Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO; QUE TIENEN POR OBJETO HACER DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, PILARES PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas dos décadas nuestro país ha experimentado una serie de cambios importantes respecto a su régimen político, particularmente en los procesos de cambios de gobierno.

Las transiciones gubernamentales implican el traspaso de gobierno entre funcionarios de distinto y/o mismo partido político, suponiendo un proceso clave y complejo en el traspaso de las funciones y el ejercicio de gobierno a un nievo jefe del Poder Ejecutivo.

La importancia que adquiere la transición en los sistemas democráticos, como el nuestro, es de especial importancia para garantizar el óptimo funcionamiento de la administración pública en sus distintos niveles. Una transición planificada debe ser concebida como un proceso cuyo propósito es la asunción y el ejercicio de gobierno por parte de un nuevo titular, permitiendo la posibilidad de conocer de manera anticipada datos e información necesaria para la elaboración e implementación de un nuevo programa de gobierno.

De acuerdo con algunos autores la transición se entiende como “un proceso de cambio de la administración, que inicia luego de las elecciones generales en el que la administración saliente tiene la responsabilidad de suministrar a la administración entrante toda la información pertinente sobre el estado de las agencias y corporaciones públicas del Estado1.

En México nos encontramos en etapa de transición, después de haber llevado a cabo un proceso electoral el pasado 1 de julio, para la cual se el pasado mes de julio del año pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Este documento establece las bases generales que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como las empresas productivas del Estado en el proceso de rendición de cuentas al término de cada administración gubernamental; así como los servidores públicos federales al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, en el proceso de entrega-recepción de los asuntos a su cargo.

El pasado martes fue circulada en redes sociales una carta dirigida al Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), signada por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien ostentándose como integrante del equipo de transición del Presidente Electo 2018-2024 y fundamentándolo en un artículo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción, le solicita que suspenda toda convocatoria abierta dentro del CONACYT que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes.

Lo anterior levanto una serie de comentarios y temores de parte de la comunidad científica que a través de algunos de los servicios que brinda el Conacyt vio en ello una posible limitación a sus investigaciones y trabajos científicos. Además de contrastar con lo mencionado por el entonces candidato presidencias y ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que durante la campaña presidencial ofreció como candidato que en el rubro de ciencia y tecnología se daría “el fortalecimiento del Conacyt”, así como “un plan en el que se dibuje un país que destine más recursos a esa área, porque no se cumple la ley. La ley establece que se debe destinar el 1% del PIB a ciencia y tecnología”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. – El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a no suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se encuentran en proceso; que tienen por objeto Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

1 http://governeo.org/wp-content/uploads/2016/03/Transiciones-Planificadas-Documento-de-Pol%C3%ADtica.pdf





Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear un grupo de trabajo, con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación de políticas, en el desarrollo de servicios integrales y efectivos en materia de salud mental. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Senador MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO integrante del grupo parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Protección a la Salud que tienen todos los mexicanos, se encuentra establecida en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello que la salud, es un componente importante del desarrollo socioeconómico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco que corresponde al Estado garantizar este derecho humano a la población que es parte toral para el desarrollo del país, es por ello la importancia del tema del presente instrumento legislativo.

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre de cada año, con el objetivo de concienciar sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que, la mayor parte de las enfermedades comienzan en la adolescencia, sin embargo, no se detectan ni se tratan. Cabe destacar que, dichas enfermedades se pueden prevenir.

Entre las principales causas de muerte en adolescentes, relacionadas a la salud mental se encuentran las siguientes:

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años.

La depresión ocupa el tercer lugar. El uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas entre los adolescentes es un gran problema en muchos países y puede generar comportamientos peligrosos, como las prácticas sexuales de riesgo o la conducción imprudente (primera causa de muertes en adolescentes). Otro problema público, son los trastornos alimentarios.

Se calcula que en 2015 murieron 1.2 millones de adolescentes en el mundo, es decir, más de 3000 al día, en su mayoría por causas prevenibles o tratables.1

De acuerdo con el programa de acción específico salud mental 2013-2018, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la mayoría de los países de América Latina.

La depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. Considerando la discapacidad como el deterioro en el funcionamiento que se espera de un sujeto en el trabajo, en    su vida social, en su hogar y en sus relaciones cercanas.

24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento suicida. Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida, como  lo  refiere  la  Encuesta Nacional de Psiquiatría.2

De acuerdo con Gerhard Heinze, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México “el número de psiquiatras en México aún está por debajo de la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La distribución por género está cambiando hacia una más equitativa. Se encontró que los psiquiatras están agrupados en las zonas urbanas del país. El número de psiquiatras y paidopsiquiatras es insuficiente para cubrir las necesidades de salud mental del país”.

Éste investigador, contabilizó un total de 3 823 psiquiatras para una población total de 112 000 000 de habitantes en el año 2012. Se obtuvo una tasa de 3.47 psiquiatras por cada 100 000 habitantes y de 0.69 paidopsiquiatras sobre una población de 100 000 habitantes menores de 15 años. El 56% se encuentra en la Ciudad de México, existen 1.8 psiquiatras varones por cada mujer en esa especialidad.3

De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la CDMX (EDIS 2017),

• El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) con base en la EDIS 2017 Coloca al Derecho a la Salud, como el más importante identificado por las y los ciudadanos, seguido por el Derecho a la Educación.

• En consonancia, observamos que en el año 2013 la pobreza se asociaba de inmediato con el término “discriminación”, para 2017 la ciudadanía lo vincula de manera más acertada con la “falta de respeto”, la “desigualdad”, el “maltrato”, las “humillaciones” y el “racismo”.4

Evidentemente, las circunstancias anteriores, afectan el desempeño socioeconómico de las personas en los ambientes educativos, laborales, familiares, de pareja y sociales, debido al nivel de tensión emocional y los posibles daños a la “salud mental”.

Es importante mencionar que los principales problemas que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, es su capacidad de respuesta a los problemas de salud mental, son, entre otros, la infraestructura insuficiente con una distribución inadecuada y de difícil acceso, personal especializado, también insuficiente y mal distribuido, en el territorio nacional y carencia de recursos económicos para brindar un servicio adecuado con la infraestructura existente.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para crear un grupo de trabajo, con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin construir un marco legal para la formulación de políticas, en el desarrollo de servicios integrales y efectivos en materia de salud mental.

SEGUNDO: Realizar una revisión de los recursos económicos destinados al tratamiento y atención de enfermedades mentales

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero.

1 OMS (2018). Día Mundial de la Salud Mental 2018. 10 de octubre. Disponible en:
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/es/.

2 Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018. Disponible en:    
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf

3 Heinze, Gerhard. (2016). “Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016”, en Revista Salud Mental Vol. 39, No. 2, marzo-abril 2016. Disponible: http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-sm-39-02-00069.pdf

4 Fuente: Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. Disponible en:
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/publicaciones/2018/discriminacion/4%20edis%202017.pdf






Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides y de la agenda política se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.

Sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”

Nuestro planeta es un sistema complejo y cambiante. El manto y la corteza terrestre están en constante movimiento, provocando erupciones volcánicas y sismos. Asimismo, los fenómenos meteorológicos como huracanes, sequías y heladas son procesos normales que ayudan a regular la temperatura del planeta.

Aunque no todos los fenómenos naturales generan consecuencias devastadoras, la combinación de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen al originen de los desastres.

A nivel global, durante los últimos 20 años, más de 1.35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales. Además, más de 4 mil millones de personas han tenido que desplazarse, han perdido su hogar, han resultado heridas, lesionadas, o han requerido ayuda de emergencia.1

Adicionalmente, el número de muertes a causa de desastres naturales se han duplicado durante los últimos 40 años, debido a factores como el cambio climático y los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Por su ubicación geográfica, el territorio mexicano está expuesto a sismos frecuentes, así como sequías, inundaciones, heladas e incendios forestales, que cada año afectan a la población de distintas regiones.

Tan solo durante 2017, se reportaron más de 26 mil sismos de diferente intensidad, 84 de ellos con magnitud mayor a 5 puntos.2 Durante el mismo año, afectaron el territorio mexicano 4 huracanes en el Pacífico (Beatriz, Calvin, Lidia y Max), y 2 en el Atlántico (Franklin y Katia).3

Nadie está a salvo de ser víctima de un desastre natural. Sin embargo, la prevención es la primera acción para la reducción del riesgo. Todos podemos contribuir, sin importar nuestras actividades o condición social. Por ello, debemos prepararnos para saber qué hacer ante una emergencia.

Por este motivo, en 2009 las Naciones Unidas declararon el 13 de octubre de cada año como Día Internacional para la Reducción de Desastres, con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos, como su prevención y mitigación, e incluyan actividades de preparación.4

En 2018, el tema de este Día Internacional es “Reducir las pérdidas económicas en los desastres”, como parte de la campaña “Sendai 7”, que se centra en las siete metas mundiales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.5

De manera específica, la meta mundial C del Marco es: “Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030”.

En el ámbito nacional, las acciones de prevención y atención de emergencias están a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), fundado a partir del   sismo de 1985, a fin de generar mejores condiciones para la seguridad de los mexicanos.6

Asimismo, se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un instrumento financiero para atender los efectos de desastres naturales, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.7

A pesar de la eficiencia comprobada del SINAPROC y del FONDEN, siempre existen oportunidades de mejora para que la prevención y atención de emergencias se realice de manera más efectiva.

Por ello, en el Partido Verde hemos presentado diversas propuestas a fin de:

• Dar celeridad a la entrega de recursos del FONDEN cuando ocurren emergencias como sismos, sequías e inundaciones.

• Que el presupuesto asignado al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales fuera equivalente al 10% del presupuesto del FONDEN.8

• Considerar como amenazas a la seguridad nacional los desastres producidos por los fenómenos naturales como consecuencia del calentamiento global.9

Por estas razones, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, las Senadoras y Senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar trabajando para concientizar a la población sobre medidas preventivas ante los desastres, y para mejorar las acciones gubernamentales de atención de emergencias.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

1 Naciones Unidas. Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/

2 Servicio Sismológico Nacional. Estadísticas de los sismos reportados por el SSN (Consultado en octubre de 2018)
http://www2.ssn.unam.mx:8080/estadisticas/

3 CONAGUA. Resumen de la temporada de ciclones tropicales del año 2017
http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2017.pdf

4 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2009, 64/200. Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. 25 de febrero de 2010
https://undocs.org/es/A/RES/64/200

5 UNISDR. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

6 Presidencia de la República. Conoce el Sistema Nacional de Protección Civil. 13 de octubre de 2013
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conoce-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil

7 SEGOB. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 24 de noviembre de 2016
https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-fonden

8 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Protección Civil. Presentada por el Dip. Javier Octavio Herrera Borunda el 13 de octubre de 2015.

9 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional. Presentada por el Dip. Javier Octavio Herrera Borunda el 3 de diciembre de 2015.






Del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Niña”.








Del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.








De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de las Aves”.

Sobre el “Día Mundial de las Aves

Desde que se ha comenzado con el estudio de los animales en el planeta, las aves son una especie que ha causado gran fascinación por la belleza de sus plumajes y en la mayoría de los casos su capacidad de volar.

Las aves son vertebrados de sangre caliente que comenzaron a desarrollarse en el planeta desde la época de los dinosauros en la era del Jurásico hace unos 150 millones de años.

En la actualidad, en el mundo se conocen más de 10,400 mil especies de aves1 que tienen la capacidad de adaptarse a casi todos los ecosistemas que hay en el planeta, esto las convierte en una de las especies más adaptables que conocemos.

La riqueza biológica de México es de las más sobresalientes del mundo, en  nuestro territorio se alberga alrededor del 12% de la diversidad terrestre del planeta2 y  gracias a nuestra ubicación entre las regiones Neotropical y Neártica, y a los extensos litorales y ambientes insulares es que se pueden desarrollar hábitats idóneos para la biodiversidad, resultado de lo anterior podemos encontrar 1,107 especies de aves de las cuales 102 son exclusivas de México, esta diversidad coloca a nuestro territorio en el sitio 11 de los países con mayor riqueza avifaunística3; México tiene más especies de aves que la suma de las especies existentes en Canadá y Estados Unidos de América4.

Las aves juegan un papel vital en los ecosistemas, son especies que ayudan a la polinización como los colibríes, a la depredación y control de plagas como los hacen los halcones, aguilillas, búhos y lechuzas, la eliminación de animales en descomposición como los zopilotes y auras, la dispersión de semillas y también como alimento para otras especies.

Una manera de reconocer la importancia de estas especies es la conmemoración del Día Mundial de las Aves, con el cual se busca resaltar la importancia de la vida de estos animales y su conservación.

En este 2018, es un año de transición para la conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias con la unificación de los principales corredores del planeta de aves migratorias, o rutas de migración. Esta conmemoración se realiza dos veces al año, el primero de ellos se celebra el segundo sábado de mayo y el segundo en octubre, con la finalidad de llegar a un público más amplio y amplificar su mensaje para la conservación de aves5.

Con este día se busca crear conciencia en las personas no solo de la presencia de las aves, también del cuidado de sus hábitats para su correcto desarrollo, en el país se han creado diferentes programas que las protegen, como el  Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) del Gobierno de la República, el cual ha clasificado unan serie de aves en riesgo: águilas real y arpía, codorniz mascarita, pavón, cóndor de California, cotorras serranas occidental y oriental, gorriones de Worthen y serrano, guacamayas roja y verde, entre otras, que requieren acciones específicas para su protección.

Trabajar para proteger a las aves garantiza ecosistemas saludables es por lo que las y los legisladores del Partido Verde trabajaremos para seguir creando consciencia ecológica y fomentar la participación ciudadana en el cuidado y protección de la flora y fauna.

Como parte de las labores en favor de la protección de las aves, el Partido Verde ha presentado diferentes iniciativas para reformar diversas leyes, como la presentada en 2014 que reformaba la Ley General de Vida Silvestre con el objeto de generar mayor conocimiento sobre las especies migratorias.

Con estos trabajos se busca dar cumplimiento a las exigencias de las diversas organizaciones de la sociedad civil que buscan defender a estas especies por la importancia que tienen y con la convicción de que todos los seres vivos merecen respeto.

En el marco del Día Mundial de las Aves las y los Legisladores del Partido Verde acompañamos y celebramos los esfuerzos ciudadanos para proteger y reconocer estas bellas especies.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016

2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016

4 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016

5 http://www.worldmigratorybirdday.org/






AGENDA POLÍTICA

De las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 16 de octubre a las 11:00 horas, en la que se realizará sesión solemne para conmemorar el Sexagésimo Quinto Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México y se recibirá en sesión ordinaria la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, con motivo del Análisis del VI Informe de Gobierno.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 18:41 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

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Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

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Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO


























ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA


Comparecencia del Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía.



Para la primera ronda de preguntas, intervienen los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, se inserta su intervención; Katia Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del PES; Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del PT; Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI; Gustavo Enrique Madero Muñoz, del grupo parlamentario del PAN y Ricardo Ahued Bardahuil, del grupo parlamentario del Partido Morena.



Para la segunda ronda de preguntas, intervienen los Senadores Katia Elizabeth Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del PES; María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del PRD; Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN; Rocío Adriana Abreu Artiñano e Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Morena.









De la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a brindar protección y acompañamiento inmediato a la presidenta municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, así como a todas las personas que integran el cabildo ante los hechos de violencia registrados el 10 de octubre del año en curso. Intervienen al respecto los Senadores Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, José Erandi Bermúdez Méndez, Martha Lucía Micher Camarena y Víctor Manuel Castro Cosío. El Presidente informa que se da paso a la siguiente proposición, para luego regresar y votar esta. Se continúa con la discusión e intervienen al respecto los Senadores Martha Lucía Micher Camarena y José Erandi Bermúdez Méndez. Se aprueba.












De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al Congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.























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